Labor Parlamentaria

XI.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA

1. Certificado:

2. Notas:

3. Comunicaciones:

4. Oficios:

Oficio de la Comisión Especial Investigadora de los actos de Conaf, el SII y otros órganos de la Administración del Estado, en relación con los procedimientos de autorización de planes de manejo forestal en regiones, en los últimos 10 años, por el cual solicita recabar el acuerdo de la Sala para prorrogar en 60 (sesenta) días su mandato, a contar del próximo 24 de junio, en razón de que faltan varias autoridades que presten su testimonio ante ella.

Oficio de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social por medio del cual solicita el acuerdo de la Sala a fin de prorrogar el plazo reglamentario para emitir su informe respecto del proyecto de ley, originado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, que “Mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica”, boletín N° 12.212-13, todo ello en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 190, en relación con lo preceptuado en el artículo 187 del Reglamento de la Corporación.

Oficio de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional por el cual, de conformidad con lo dispuesto en la ley N°19.067, que establece normas permanentes sobre entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República y salida de tropas nacionales del mismo, remiten el Informe Semestral sobre Operaciones de Paz, correspondiente al segundo semestre de 2018. (005611).

Oficio del Director de Presupuestos por el cual remite la respuesta al oficio N° 14.735, del 15 de mayo de 2019, en relación con el eventual impacto financiero de la moción que “Declara feriado el día 10 de agosto de cada año en la Región de Tarapacá, con ocasión de la festividad religiosa de San Lorenzo”, y comunica que la Dirección de Presupuestos se encuentra impedida de emitir un pronunciamiento sobre el tema, debido a que este proyecto es de aquellos cuya iniciativa corresponde en forma privativa al Presidente de la República, de acuerdo al N° 4 y al inciso tercero del artículo 65 de la Constitución, por cuanto la creación de feriados altera las bases que determinan beneficios económicos y el orden macroeconómico del país. (1085).

Respuestas a Oficios

Ministerio de Relaciones Exteriores

Proyecto de Resolución N° 547, Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, entregue apoyo jurídico y material al señor Patricio González Gálvez, a fin que pueda recuperar a sus nietos desde el campamento de refugiados Al-Hawi, en la República Árabe Siria, y agotar las instancias diplomáticas para que el Reino de Suecia cumpla con el deber ético jurídico de que todos los niños y niñas de dicha nacionalidad retornen a su país de origen de la manera más rápida posible. (2749).

Proyecto de Resolución N° 382, Solicita a S. E. el Presidente de la República disponer las gestiones diplomáticas correspondientes con la República Argentina, para finalizar la construcción del Paso Río Mayer, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez Del Campo, con el fin de fomentar el turismo, el desarrollo y la explotación de la zona. (38).

Proyecto de Acuerdo N° 8, Exhorta a S. E. el Presidente de la República para que reconsidere el contenido de la declaración efectuada, el día 11 de abril pasado, por los representantes permanentes de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Chile sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en los términos que se proponen. (5630).

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

DiputadaHernando, doña Marcela. Tenga a bien recibir las cartas de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, de la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Salud Pública y la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Técnicos de los Servicios de Salud que trabajan en el Hospital Regional Dr. Leonardo Guzmán de la Región de Antofagasta, que se acompañan, respecto a su preocupación por la permanencia de imputados internados en el servicio de psiquiatría de ese centro asistencial. (3421 al 27708).

Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas adoptadas en virtud de las denuncias presentadas por la Directiva Regional de Atacama de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Menores, contenidas en la carta entregada el 2 de abril de 2019 a la Dirección Nacional del Servicio, respecto a falta de dotación de personal, problemas de gestión y maltrato laboral por parte del Director Regional del Servicio de Atacama, en los términos que requiere. (3514 al 25350).

Ministerio de Defensa Nacional

DiputadaParra, doña Andrea. Posibilidad de efectuar el estudio técnico pertinente que permita determinar si la laguna Quepe, de la comuna de Vilcún, provincia de Cautín, podría ser incorporada a la nómina oficial de lagos navegables por buques de más de 100 toneladas. (12600 al 1649).

Ministerio de Agricultura

Diputado Rentería, don Rolando. Beneficios y proyectos asociados a los trabajadores desvinculados de la empresa Industria Azucarera Nacional S.A., planta Linares, en la Región del Maule. (519 al 9466).

Ministerio de Salud

DiputadoSauerbaum, don Frank. Reitera el oficio N° 22.067 de esta Corporación, de fecha 20 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña. (2551 al 25737).

Diputado Schalper, don Diego. Factibilidad de incrementar las horas médicas en el Centro Comunitario de Salud Familiar Santa Teresa (CECOSF) de la comuna de Machalí, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. (2614 al 24285).

Diputado Velásquez, don Pedro. Factibilidad de regularizar la situación de los pagos que se adeudan a los proveedores de agua potable que utilizan camiones aljibe en las zonas rurales, especialmente en las provincias de Choapa y Limarí, quienes llevan 9 meses sin recibir emolumentos por sus servicios prestados. (2646 al 23603).

Diputado Meza, don Fernando. Situación de contaminación medioambiental que afecta a las comunas de la Región de La Araucanía, señalando las medidas que se adoptarán para combatir y mitigar dicha circunstancia. (2647 al 22444).

Diputado Ilabaca, don Marcos. Conclusiones de las respectivas fiscalizaciones realizadas a las plantas de tratamiento ESSAL S.A en el sector de la Aguada y al sistema agua potable rural Amargo San Carlos, durante el último año. Asimismo, refiérase a la posible existencia de descargas irregulares en las playas la Ballenera y la Aguada. Finalmente, indique las causas que originan la presencia de veneno diarreico en mariscos extraídos en la bahía de Corral. (2648 al 22494).

Diputado Eguiguren, don Francisco. Autoridad que tiene la facultad de fiscalizar el estado de los productos en la comercialización de pescados y mariscos, en atención a que el Secretario Regional Ministerial de Salud de Coquimbo habría señalado carecer de facultades para realizar dicha tarea. (2649 al 23831).

Diputado Eguiguren, don Francisco. Autoridad en quién recae la facultad para fiscalizar el estado de mariscos y pescados que se venden de forma ilegal en la Región de Coquimbo. (2649 al 23879).

Diputado Álvarez, don Sebastián. Proceso de consulta con los trabajadores, antes de la implementación de la nueva “ficha médica para buceo”. Asimismo, refiérase a la relación de la mencionada ficha y el existente examen ocupacional anual para los trabajadores en condiciones hiperbáricas, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (2651 al 23823).

Diputado Rosas, don Patricio. Acciones dispuestas para enfrentar la plaga de moscas que afecta a la comuna de Los Lagos, debido a la contaminación por residuos líquidos industriales que genera la empresa de productos lácteos Prolesur. (2653 al 25475).

Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de reevaluar el rechazo de las licencias médicas extendidas a la señora Guadalupe Martínez Cerda. (2654 al 23687).

Diputado Castro, don Juan Luis. Factibilidad de reevaluar el rechazo de las licencias médicas extendidas al señor Pablo Martínez González. (2655 al 23681).

Diputada Cicardini, doña Daniella. Medidas adoptadas por ese Ministerio para resolver los problemas que afectan a los alumnos de varios establecimientos educacionales de la comuna de Copiapó, producto de la emanación de gases tóxicos que han generado la suspensión de clases en reiteradas oportunidades. (2656 al 22360).

Diputado Winter, don Gonzalo. Situación sanitaria que afecta a los vecinos de la calle Carabineros de Chile esquina Portugal, donde existe un contenedor de residuos del supermercado Unimarc, que acumula desechos que constituirían una amenaza sanitaria. (2657 al 25226).

Diputado Mellado, don Miguel;,DiputadoKuschel, don Carlos; DiputadoRathgeb, don Jorge; DiputadaLuck, doña Karin. Porcentaje de leche que contienen los cinco productos lácteos de mayor volumen e importancia económica importados a Chile. Asimismo, refiérase a la relación, si la hubiera, entre el aumento de las importaciones de esos productos y de la obesidad en el país. (2658 al 22096).

Diputado Kort, don Issa. Situación que afecta al señor Rodrigo Iván Ferrer Solis, debido al rechazo de su licencia médica por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, señalando las razones de dicha determinación, en virtud de los antecedentes que se acompañan. (2659 al 23194).

Diputado Soto, don Leonardo. Posibilidad de agilizar la tramitación de las licencias médicas que se encuentran pendientes, otorgadas a la señora Alejandra Eloísa Madrid Vásquez, usuaria del Fondo Nacional de Salud. (2660 al 23846).

Diputado Mirosevic, don Vlado. Ingreso y gasto del programa “Alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado” en la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2018, indicando el estado de ejecución, información de desempeño, evaluaciones del programa realizadas por la Dirección de Presupuestos y su cobertura en los últimos 8 años respectivos. (2661 al 15557).

Diputado Flores, don Iván. Situación que afecta a vecinos de la comuna de Corral, Región de Los Ríos, debido a las diversas formas de contagio del virus Hanta, analizando la factibilidad de decretar alerta sanitaria en la zona, con el objeto de resolver dicha problemática. (2662 al 25578).

Diputado Flores, don Iván. Situación que afecta a vecinos de la comuna de Corral, Región de Los Ríos, debido a las diversas formas de contagio del virus Hanta, analizando la factibilidad de decretar alerta sanitaria en la zona, con el objeto de resolver dicha problemática. (2662 al 25579).

Diputada Pérez, doña Joanna. Decisiones adoptadas por ese Ministerio, en relación con los presuntos malos olores que afectan a las comunas de Lota y Coronel, Región del Biobío, señalando sus resultados. (2663 al 22381).

Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de disponer medidas a fin de enfrentar el impacto de la contaminación por olores que afecta a la comuna de Coquimbo, especialmente en los sectores de La Herradura Oriente, Faro de Coquimbo, Panul y en las inmediaciones del terminal pesquero. (2664 al 21586).

Diputado Rosas, don Patricio. Posibilidad de priorizar en el presupuesto para 2020, una asignación de recursos destinados a financiar el desarrollo de una vacuna contra el virus Hanta, cuyos estudios se realizan en la Universidad de Concepción y Austral de Valdivia. (2665 al 25481).

Diputado Mulet, don Jaime. Factibilidad de contratar a un nuevo médico psiquiatra en el Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando Ariztía Ruiz, con el objeto de cubrir las necesidades de sus pacientes. (2671 al 23984).

Diputado Naranjo, don Jaime. Posibilidad de ampliar el horario de atención de la posta que atiende a la población de la localidad de Quilhuiné, en la comuna de Chanco, o de establecer un mecanismo de transporte con horario extendido, de cargo estatal, para que puedan acceder a establecimientos de salud más alejados. (2672 al 25241).

Diputada Cicardini, doña Daniella. Situación que afecta al Centro de Salud Familiar de Chañaral, debido a la eventual falta de médicos permanentes. Asimismo, señale las medidas en desarrollo para la solución de esta problemática. (2674 al 24254).

Diputada Pérez, doña Joanna. Datos estadísticos de los pacientes dializados cuyos domicilios corresponden a la provincia de Arauco, Región del Biobío, incluyendo la periodicidad de su tratamiento y los recintos asistenciales donde están siendo derivados mientras no se construye el centro de diálisis en dicha provincia, en los términos que requiere. (2675 al 25333).

Diputado Jarpa, don Carlos Abel. Procedimiento interno realizado por el Hospital Clínico Herminda Martín, de la comuna de Chillán, Región de Ñuble, respecto a la denuncia formulada por la familia de Claudia Canales Soto, fallecida debido a una eventual negligencia médica, indicando si existe un sumario interno que permita determinar los hechos y las responsabilidades administrativas. (2676 al 25373).

Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de ejecutar las gestiones correspondientes a fin que se proceda a la intervención quirúrgica que requiere el señor Luis Díaz Cortés, de la comuna de Ovalle, por las consideraciones que expone. (2677 al 25444).

Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de ejecutar las gestiones correspondientes a fin que se proceda a la intervención quirúrgica que requiere el señor Luis Díaz Cortés, de la comuna de Ovalle, por las consideraciones que expone. (2677 al 25445).

Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de ejecutar las gestiones correspondientes a fin que se proceda a la intervención quirúrgica que requiere el señor Luis Díaz Cortés, de la comuna de Ovalle, por las consideraciones que expone. (2677 al 25447).

Diputado Rosas, don Patricio. Detalle de la deuda que mantienen las Instituciones de Salud Previsional con la red de salud pública en todo el país, en el último quinquenio, desagregada en los Servicios de Salud y establecimientos experimentales. (2679 al 25472).

Proyecto de Resolución N° 422, Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya al Ministro Secretario General de la Presidencia, al Ministro de Desarrollo Social y al Ministro de Salud, con el objeto de adoptar medidas concretas para la atención temprana de niños y niñas con Síndrome de Down. (2652).

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

DiputadoGutiérrez, don Hugo. Remita copia de las “Cartas compromiso Serviu” con los grupos postulantes y las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) respectivas, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase a las sociedades inmobiliarias que se adjudicaron licitaciones para la construcción de proyectos en el periodo que indica. (1624 al 23719).

Diputado Vidal, don Pablo. Estado actual del catastro de campamentos en el país, especificando los plazos y etapas en que se realizará la actualización y los beneficios a los que podrán optar los pobladores empadronados. (183 al 18564).

Diputada Castillo, doña Natalia. Estudios y análisis estadísticos que posea ese ministerio, respecto al número y ubicación geográfica de campamentos a lo largo del país. (184 al 10984).

Diputada Castillo, doña Natalia. Reitera el oficio N° 10.984 de esta Corporación, de fecha 13 de septiembre de 2018, cuya copia se acompaña. (184 al 22146).

Diputado Venegas, don Mario. Terrenos fiscales que se han transferido a título gratuito a Aldeas S.O.S. en el país y su estado actual, considerando los antecedentes que se acompañan. (185 al 21194).

Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de efectuar un nuevo catastro de los pobladores del Campamento Granadilla 4, ubicado en el sector de Miraflores Alto, comuna de Viña Del Mar, considerando que el realizado en 2011 excluyó una parte importante de su población. (186 al 9781).

Diputado Díaz, don Marcelo. Reitera el oficio N° 9.781 de esta Corporación, de fecha 22 de agosto de 2018, cuya copia se acompaña. (186 al 25426).

Diputado Paulsen, don Diego; DiputadoNorambuena, don Iván. Ejecución de los subsidios habitacionales rurales, desde los años 2014 a 2017, a nivel nacional. (188 al 23638).

Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de disponer una fiscalización para verificar el estado de la calle y la existencia de eventuales socavones generados por la construcción del edificio Mirador Barón, emplazado en la Avenida Diego Portales N° 449 del Cerro Barón, comuna de Valparaíso. (4164 al 24750).

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Diputado Undurraga, don Francisco. Estado del procedimiento de dictación de los reglamentos señalados en la ley N°21.137. Del mismo modo, indique la metodología establecida para la determinación de los criterios de pesaje y dimensiones que se aplicarán a los vehículos pertenecientes a los Cuerpos de Bomberos, en los términos que requiere. (225-4896 al 26867).

Ministerio Secretaría General de la Presidencia

Diputado Vidal, don Pablo, Diputada Fernández, doña Maya. Razones por las cuales el Coordinador de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, señor Patricio Moya, realiza funciones ajenas a su cargo, como es la defensa del obispo evangélico señor Gonzalo Durán. (816 al 25304).

Diputado Mulet, don Jaime. Hacer presente la urgencia en la discusión del proyecto que busca modificar la ley 19.327, de Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional, con el objeto de hacer extensiva su aplicación al fútbol amateur, boletín N° 11.303-29 (817 al 27743).

Diputado Ascencio, don Gabriel. Factibilidad de realizar las gestiones pertinentes para que S.E. Presidente de la República haga presente la urgencia en la discusión del proyecto de ley sobre Colegios Profesionales, boletín N° 6562-07, actualmente en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados. (819 al 24774).

Proyecto de Resolución N° 560, Solicita a S. E. el Presidente de la República hacer presente la urgencia con el carácter de suma, en la discusión del proyecto de ley que modifica las leyes Nos. 19.968 y 20.066 para incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático., boletín N° 9715-07 e ingrese una indicación para enmendar sus deficiencias técnicas y jurídicas. (818).

Ministerio del Medio Ambiente

Diputada Álvarez, doña Jenny. Individualización de la empresa que estaría contaminando la playa y aguas a orillas del río Huicha. Si ha sido objeto de otras denuncias por estos hechos e indique el tipo de autorización que posee para su funcionamiento. Asimismo, emita un pronunciamiento de las demás interrogantes que formula. (192337 al 24011).

Diputada Pérez, doña Catalina. Proyectos que se encuentran en evaluación ambiental, respecto a la extracción de agua en el lado sur de la cuenca del Salar de Atacama, indicando si consideran la disponibilidad de dicho recurso para el futuro.

Asimismo, refiérase a la existencia de planes que eviten los impactos ambientales en bofedales y en el uso que hacen las comunidades indígenas. (192340 al 18175).

Diputado Bernales, don Alejandro. Acciones adoptadas frente a la denuncia formuladas por vecinos del sector de Pargua, comuna de Calbuco, de la existencia de dos vertederos clandestinos, disponiendo su clausura y el retiro de los residuos que contienen. (192347 al 25262).

Diputada Pérez, doña Catalina. Medidas adoptadas por su Ministerio respecto a la prevención, mitigación y reducción de los incendios forestales. Asimismo, refiérase a los ambientes afectados y a la baja representatividad que ha tenido el Sistema Nacional de Áreas Silvestres protegidas por el Estado, en los términos que requiere. (192351 al 21259).

Diputada Pérez, doña Catalina. Reitera el oficio N° 21.259 de esta Corporación, de fecha 8 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña. (192351 al 25757).

Diputado Bernales, don Alejandro. Situación que afecta al borde costero de la ciudad de Ancud, debido a la presencia de 16 mil coliformes fecales en 5 mililitros de agua, analizando la posibilidad de fiscalizar y crear una mesa de trabajo con el objeto de abordar sus problemáticas. (192355 al 23104).

Diputado Bernales, don Alejandro. Posibilidad de realizar un catastro de todos los desagües que se encuentran conectados a los dos ríos que desembocan en la playa de Ancud y considerar convocar a una mesa de trabajo intersectorial para aclarar responsabilidades y comprometer soluciones a corto plazo a esta problemática. (192355 al 23682).

Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

Diputado Bernales, don Alejandro; Diputado Ascencio, don Gabriel. Situación actual del Servicio Regional de la Mujer y la Equidad de Género de la Región de Los Lagos, en relación con el clima laboral y la posibilidad de conformar una mesa de diálogo a fin de resolver el conflicto laboral suscitado entre directivos y funcionarios de dicho organismo. (429 al 27687).

Diputado Espinoza, don Fidel. Se sirva tomar conocimiento de su exposición efectuada el día de hoy, en la que se refiere a la denuncia realizada por funcionarios de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, en relación con eventuales despidos masivos en los servicios públicos, especialmente en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. (432 al 23550).

Subsecretarías

Diputado Castro, don José Miguel. Procesos, planes o medidas que se han adoptado para hacer frente a las constantes problemáticas de incendios y emanación de gases tóxicos en el sector El Peumo, debido al actual centro de depósito de Residuos de Construcción y Demolición (Rescon) en la comuna de Calama. Asimismo, refiérase a las implicancias de la aplicación de la ley N° 20.920. (192342 al 25244).

Diputada Cid, doña Sofía. Cifra total de solicitudes de establecimiento de espacios costeros marinos para los pueblos originarios de la Región de Atacama, en los términos que requiere. (821 al 25742).

Intendencias

Diputada Nuyado, doña Emilia. Desalojo y destrucción de viviendas ocurrido el día 8 de mayo en la comuna de Peñalolén, especialmente la situación que aqueja a la señora Liliana Díaz Elgueta. Asimismo, refiérase al número de años que esta señora y su familia llevaban ocupando el inmueble. Finalmente indique los motivos del eventual exceso del uso de la fuerza en el procedimiento que se llevó a cabo. (1962 al 27795).

Diputado Ascencio, don Gabriel. Situación de turbiedad que presentan las aguas del río Puelo, en el sector de Llanada Grande, en la comuna de Cochamó, disponiendo una investigación de sus causas y adoptando las medidas preventivas que correspondan para el cuidado de la salud de las personas. (402 al 23172).

Empresas del Estado

Diputado Noman, don Nicolás. Remita un informe que contenga el plan de auditorías a la Empresa Nacional de Minería para el año 2019, señalando las acciones de fiscalización realizadas en plantas mineras, precisando aquellas irregularidades similares a las ocurridas en la PlantaManuel Antonio Matta. (79 al 27264).

Servicios

Diputado Ascencio, don Gabriel. Número de atenciones realizadas en el Servicio de Médico Legal, específicamente en sus oficinas de Castro y Ancud, en los términos que requiere, indicando los servicios que prestan en cada oficina de la provincia de Chiloé. (10768 al 27833).

Diputado Matta, don Manuel. Posibilidad de realizar una visita inspectiva al sector de Las Camelias, en la comuna de Retiro, para analizar una solución al denominado “Camino Viejo”, el que requiere una intervención definitiva. (1083 al 23797).

Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones por las cuales el Servicio Médico Legal de Los Lagos, estaría demorando la entrega de resultados a diversos peritajes toxicológicos solicitados por el Ministerio Público, señalando las medidas que se adoptarán al respecto. Asimismo, refiérase a los tiempos promedios de respuesta del Servicio para los distintos procedimientos que realiza, a nivel nacional como regional. (10973 al 23187).

Diputada Álvarez, doña Jenny. Individualización de la empresa que estaría contaminando la playa y aguas a orillas del río Huicha. Si ha sido objeto de otras denuncias por estos hechos e indique el tipo de autorización que posee para su funcionamiento. Asimismo, emita un pronunciamiento de las demás interrogantes que formula. (139872 al 24010).

Diputada Yeomans, doña Gael. Instalación de la mega planta de hormigón premezclado Santiago Sur, en la avenida Ochagavía que comunica las comunas de El Bosque y San Bernardo, indicando si se realizó su calificación de impacto ambiental, la eventual contaminación por ruido provocada por fuentes móviles y el control de la emisión de contaminantes. Asimismo, remita antecedentes acerca de los proyectos industriales que se están instalando en el parque industrial entre las comunas de San Bernardo, El Bosque y Lo Espejo y que cuentan con resolución de calificación ambiental vigente, precisando si se encuentran en concordancia con el plan de descontaminación de la Región Metropolitana. (190654 al 25436).

Diputado Santana, don Juan. Se sirva informar sobre las contrataciones desde 2016 a la fecha, con las empresas Hopin Chile SpA, Happy Bunny Spa, Kauai Labs SpA, Mobile Safety SpA, Inversiones Lelan Ltda. e Inversiones Lelan SpA, indicando las bases de postulación, fechas, número de postulantes, montos comprometidos y medios de publicación o cualquier otra referencia que considere importante, en los términos que requiere. (1998 al 27751).

Diputado Naranjo, don Jaime. Tenga a bien informar sobre la existencia de contratos de suministro con la empresa Hopin Chile SpA, desde el 2017 a la fecha, indicando los montos de los mismos. (1999 al 27758).

Diputado Bernales, don Alejandro. Operación del aeródromo La Paloma de Puerto Montt, especialmente las diferencias protocolares con la torre de control del aropuerto El Tepual, el motivo por el que no se exige que aviones vuelen con dos pilotos, los protocolos de fiscalización y aprobación de mantenciones de aeronaves y las pistas alternativas de aterrizaje para casos de malas condiciones climáticas. (820 al 25254).

Varios

Diputado Galleguillos, don Ramón. Estado de avance y ejecución del proyecto “Cementerio de Alto Hospicio”, indicando el plazo para finalizar la obra y las multas cursadas a la empresa contratista por operar fuera de plazo, en los términos que requiere. (0056 al 26192).

Diputado Bianchi, don Karim. Se sirva remitir en formato digital la información requerida, en oficio anterior, acerca de los montos totales recibidos y los gastos efectuados por ese municipio con cargo a la Ley de Subvención Escolar Preferencial, durante 2018. (0724 al 27556).

Diputado Hernández, don Javier. Número de postulaciones a ofertas de empleos durante los años 2017 y 2018, realizadas a través de la oficina de intermediación laboral de esa municipalidad. (10 al 17146).

Diputado Hernández, don Javier. Reitera el oficio N° 17.146 de esta Corporación, de fecha 22 de noviembre, cuya copia se acompaña. (10 al 24341).

Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna, durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación como alumnos regulares. (100018 al 26044).

Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las demandas de atención de la población que atiende. (1005 al 26445).

Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las demandas de atención de la población que atiende. (1051/139 al 26307).

Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las demandas de atención de la población que atiende. (1101 al 26344).

Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad. Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (1107/147 al 21814).

Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron mensualmente ante el o los juzgados de Policía Local de su comuna, durante 2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben mensualmente. (1124 al 27112).

Diputado Lavín, don Joaquín. Existencia de un proyecto que contemple la pavimentación de calle Camino Los Talaveras, ubicada en el sector de Santa Ana de Chena, indicando los plazos para su ejecución. (1150 al 20428).

Diputada Hoffmann, doña María José. Fecha de atención de la interconsulta y operación de la señora Luisa Mercedes Islas Valencia, en el hospital Gustavo Fricke, de acuerdo al antecedente que se acompaña. (1151 al 26808).

Diputado Santana, don Juan. Descuento que se ha producido en los consumidores residenciales después de la implementación de la Ley de Equidad Tarifaria, remitiendo antecedentes de las tarifas a nivel nacional y en la Región de Atacama, antes y después de su aplicación. Asimismo, indique el número de usuarios con capacidad instalada para generar energía eléctrica, el precio de compra y la cantidad vendida, precisando la capacidad instalada de generación y consumo en la Región de Atacama en relación con la ley N° 20.571. Del mismo modo, señale si se cuenta con estudios sobre el potencial energético de la mencionada región. (11613 al 21152).

Diputado Santana, don Juan. Reitera el oficio N° 21.152 de esta Corporación, de fecha 7 de marzo de 2019, cuya copia se acompaña. (11613 al 26748).

Diputada Hernando, doña Marcela. Causas de los apagones que se produjeron en la ciudad de Taltal, el 8 de mayo de 2019, remitiendo el registro de estos hechos ocurridos en la región durante el presente año e indicando las medidas adoptadas para evitar su reiteración. (11637 al 26830).

Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron mensualmente ante el o los juzgados de Policía Local de su comuna, durante 2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben mensualmente. (1/211 al 26967).

Diputado Torres, don Víctor. Estado de avance del proyecto de construcción del Hospital Claudio Vicuña, en la comuna de San Antonio, indicando las condiciones laborales, contractuales y de pago de remuneraciones a los trabajadores de la empresa contratista que lo ejecuta. (1242 al 27281).

Diputado Torres, don Víctor. Funcionamiento de la sala de cuidados intermedios del Servicio de Urgencia del Hospital Claudio Vicuña, de la comuna de San Antonio. (1256 al 27265).

Diputada Fernández, doña Maya. Nivel de proyección de las pensiones de jubilación en los próximos años, indicando si experimentarán un alza o baja y su porcentaje. (12802 al 26642).

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los antecedentes solicitados al respecto. (1291 al 24824).

Diputado Matta, don Manuel. Medidas de seguridad adoptadas para la época de verano en las piscinas municipales de Sauzal, Estadio Fiscal Manuel Moya Medel y Complejo Deportivo Miguel Alarcón Osores, la dotación de personal con la que contarán, su nivel de capacitación, las normas de funcionamiento y los requisitos de ingreso. (1313 al 17008).

Diputado Matta, don Manuel. Reitera el oficio N° 17.008 de esta Corporación, de fecha 21 de noviembre de 2018, cuya copia se acompaña. (1313 al 25669).

Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron mensualmente ante el o los juzgados de Policía Local de su comuna, durante 2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben mensualmente. (1313 al 26906).

Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron mensualmente ante el o los juzgados de Policía Local de su comuna, durante 2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben mensualmente. (1322 al 26876).

Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron mensualmente ante el o los juzgados de Policía Local de su comuna, durante 2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben mensualmente. (1350 al 27136).

Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las demandas de atención de la población que atiende. (138 al 26222).

Diputada Nuyado, doña Emilia. Instalación de un relleno sanitario en la comuna de Quemchi de la Región de Los Lagos, sin considerar que afectaría a una comunidad Mapuche-Huilliche. Asimismo, indique la forma en que se implementará la consulta indígena establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el estado de tramitación de acuerdo a la normativa medioambiental. (1460 al 27695).

Diputado Trisotti, don Renzo. Existencia de una solicitud de subsidio de arriendo por parte de la señora Vilma Rodríguez Alfonso, indicando su estado de tramitación, en los términos que requiere. (1551 al 26687).

Diputado Hirsch, don Tomás. Fundamentos y estudios técnicos que avalan la fusión o cierre programado de los colegios Complejo Educacional Eduardo Cuevas, Instituto de Estados Americanos y San José de la comuna de Lo Barnechea, en los términos que requiere. (1623 al 28821).

Diputado Hirsch, don Tomás. Cierre y fusión de tres colegios municipales en la comuna de Lo Barnechea, remitiendo los antecedentes del nuevo proyecto educativo que fundamenta y justifica dicha determinación. (1624 al 28634).

Diputado Castro, don José Miguel. Funcionamiento de la planta de ácidos de Chuquicamata, debido a la aparición de una nube tóxica que habría alcanzado las localidades de San Francisco de Chiu Chiu y Lasana, dando respuesta a las demás interrogantes que plantea. (1730 al 27250).

Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Posibilidad de realizar una fiscalización al depósito de fecas humanas que se estaría desarrollando en los predios de la comuna de Litueche en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, en virtud de los antecedentes que se acompañan. (1733 al 25744).

Diputada Amar, doña Sandra. Legalidad de la extracción de áridos en un predio cercano al pasaje Anubis, ubicado en el kilómetro 12 de la ruta 9 Norte, sector de Río Seco, Loteo Vrsalovich y Loteo Varillas, comuna de Punta Arenas, en los términos que requiere. (1738 al 22173).

Diputado Romero, don Leonidas. Proyectos de reparación de condominios de viviendas sociales existentes en la región durante el 2017 y 2018, señalando la modalidad de contratación a las empresas que realizaron las obras y el encargado de realizar la adjudicación. (1758 al 25832).

Diputado Durán, don Jorge. Situación que afecta al departamento N° 101 ubicado en calle Los Conquistadores, debido a la existencia de un socavón en el inmueble, analizando la factibilidad de disponer los equipos profesionales pertinentes con el objeto de solucionar dicha problemática. (1860 al 23645).

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere. (1912 al 28198).

Diputado Saavedra, don Gastón. Factibilidad de ejecutar una auditoría integral a los emisarios de evacuación de aguas servidas instalados en las bahías de Coronel, Concepción y Penco, en la Región del Biobío, remitiendo sus resultados. (1938 al 24306).

Diputado Crispi, don Miguel. Planificación del año 2018 en la adquisición, compra de insumos y medicamentos para el Centro de Salud Familiar Los Quillayes, de esa comuna, precisando su nivel de cumplimiento. Asimismo, emita un pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que plantea. (213 al 23661).

Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron mensualmente ante el o los juzgados de Policía Local de su comuna, durante 2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben mensualmente. (222 al 26998).

Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las demandas de atención de la población que atiende. (239 al 26491).

Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las demandas de atención de la población que atiende. (2391 al 26208).

Diputado Matta, don Manuel. Criterios de selección de beneficiarios de viviendas. Asimismo, indique las postulaciones realizadas por el señor Hugo Alfredo Espinoza, las razones que fundan su rechazo y las posibles soluciones que se le pueden otorgar. (2481 al 17009).

Diputado Matta, don Manuel. Reitera el oficio N° 17.009 de esta Corporación, de fecha 21 de noviembre de 2018, cuya copia se acompaña. (2481 al 25688).

Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron mensualmente ante el o los juzgados de Policía Local de su comuna, durante 2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben mensualmente. (27212 al 27212).

Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las demandas de atención de la población que atiende. (2733 al 26214).

Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las demandas de atención de la población que atiende. (299 al 26473).

Diputado Longton, don Andrés. Factibilidad de realizar una inspección en terreno y dar solución a los problemas de acumulación de maleza, corte de árboles y mantención de lomos de toro ubicados en la calle El Progreso, sector Barrio Norte de su comuna. (305 al 24055).

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los antecedentes solicitados al respecto. (307 al 24828).

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los antecedentes solicitados al respecto. (307 al 24958).

Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron mensualmente ante el o los juzgados de Policía Local de su comuna, durante 2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben mensualmente. (31 al 26958).

Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna, durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación como alumnos regulares. (32 al 26060).

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de los proyectos financiados con esos recursos. (324 al 24633).

Diputado Bianchi, don Karim. Situación previsional del señor Luis Guillermo Maragaño Hernández. Del mismo modo, refiérase al procedimiento que contempla el reglamento de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional para que el mencionado señor efectúe sus cotizaciones previsionales en ese organismo. (33/1 al 27226).

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los antecedentes solicitados al respecto. (333 al 25008).

Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna, durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación como alumnos regulares. (350 al 25878).

Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las demandas de atención de la población que atiende. (3501/27/10 al 26309).

Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las demandas de atención de la población que atiende. (357 al 26526).

Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las demandas de atención de la población que atiende. (36/822 al 26419).

Diputada Sabat, doña Marcela. Factibilidad de realizar el bacheo de las aceras del pasaje Corral de Año Nuevo, población Poeta Neruda. (375-646-441544 al 26813).

Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las demandas de atención de la población que atiende. (385/234 al 26395).

Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron mensualmente ante el o los juzgados de Policía Local de su comuna, durante 2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben mensualmente. (396 al 27105).

Diputado Ascencio, don Gabriel. Medidas contempladas por la autoridad para disminuir los niveles de contaminación en la comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, en los términos que requiere. (401 al 23728).

Diputado Prieto, don Pablo. Totalidad de sociedades de servicios médicos que hayan sido contratadas por esa Dirección de Salud o por alguno de los centros asistenciales de la red, desde el 2017 a la fecha, indicando los integrantes y socios de cada una de ellas, en los términos que requiere. (408 al 27655).

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los antecedentes solicitados al respecto. (409 al 24807).

Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de agilizar el proceso de regularización de títulos de dominio para los integrantes del Comité de Allegados Los Alelíes del sector de Santa Julia, en la comuna de Viña Del Mar, gestionando la correspondiente entrega de terrenos al Ministerio de Bienes Nacionales. (4090 al 26747).

Diputado Bianchi, don Karim. Se sirva remitir en formato digital la información requerida, en oficio anterior, acerca de los montos totales recibidos y los gastos efectuados por ese municipio con cargo a la Ley de Subvención Escolar Preferencial, durante 2018. (410 al 27315).

Diputado Díaz, don Marcelo. Situación que afecta a los integrantes de los comités de vivienda El Legado y Caupolicán del sector de Santa Inés, en la comuna de Viña Del Mar, quienes han sido comunicados para hacer abandono del terreno que actualmente ocupan, debido a que parte de él corresponde a la feria libre del lugar, considerando una solución en términos formales mientras se implementa un proyecto de construcción de viviendas definitivas. (4117 al 27765).

Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de adoptar medidas en favor de las familias que habitan en el sector 2 de El Olivar, en calle Calizama de la comuna de Viña Del Mar, cuyas viviendas serán demolidas para dar paso a un proyecto de construcción de viviendas sociales, a pesar de habitarlas por más de sesenta años, permitiéndoles regularizar su dominio. (4118 al 27753).

Diputado Díaz, don Marcelo. Acciones y medidas dispuestas para efectuar las reparaciones que requiere el Camino Real o Camino Viejo, desde su conexión con la Avenida Bernardo O'Higgins, en el cerro San Roque de la comuna de Valparaíso, hasta el sector de Camino La Pólvora, en la misma comuna. (4154 al 27873).

Diputado Torres, don Víctor. Zonificación que el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso contempla para el sector de Aguas Buenas, comuna de San Antonio, indicando la posibilidad que se realice un “seccional” en dicho lugar. (4155 al 27863).

Diputado Torres, don Víctor. Estado de avance del proyecto de pavimentación y solución de aguas lluvias en la calle José Elías Santis de la comuna de San Antonio, indicando los plazos para su ejecución. (4158 al 27861).

Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de agilizar el proceso de regularización de títulos de dominio para los integrantes del Comité de Allegados Los Alelíes, del sector de Santa Julia, en la comuna de Viña Del Mar, gestionando la correspondiente entrega de terrenos al Ministerio de Bienes Nacionales. (4161 al 26747).

Diputado Díaz, don Marcelo. Posibilidad de disponer una asignación de recursos destinados a la pavimentación de la calle Los Arrecifes, en la Población Lomas de Mar de la comuna de Viña Del Mar, la que constituye su único acceso. (4162 al 26750).

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de los proyectos financiados con esos recursos. (438217 al 24490).

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de los proyectos financiados con esos recursos. (446 al 24657).

Diputada Pérez, doña Joanna. Situación que afecta al club deportivo Lincoyán Independiente de la Comunidad de Callaqui, comuna de Alto Biobío, señalando las alternativas de solución al respecto. Asimismo, refiérase a la posibilidad de generar un comodato que permita el acceso a las oportunidades existentes para el club mencionado. (450 al 27277).

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los antecedentes solicitados al respecto. (454 al 25071).

Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron mensualmente ante el o los juzgados de Policía Local de su comuna, durante 2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben mensualmente. (478 al 27120).

Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad, especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018. Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (479 al 28300).

Diputado Trisotti, don Renzo. Asignación de subsidios por concepto de Tarjeta Nacional Estudiantil en la Región de Tarapacá, específicamente en la comuna de Iquique, indicando las características y condiciones técnicas que se exigen a los medios de transporte para percibirlos, el número de máquinas en circulación que los reciben y acerca de las demás interrogantes que plantea. Asimismo, señale si es efectivo que el microbus identificado bajo sigla y número XT57-31, cuya foto se acompaña, es beneficiario del referido subsidio, en los términos que requiere. (492 al 25407).

Diputado Jürgensen, don Harry. Empresas adjudicatarias de las licitaciones efectuadas de los servicios de aseo y ornato de esa Municipalidad, indicando si los trabajadores “barrenderos” tienen a su disposición servicios sanitarios, en los términos que requiere. (495 al 25182).

Diputado Kuschel, don Carlos. Posibilidad de considerar en la localización del nuevo o los nuevos rellenos sanitarios, el bypass que va desde la comuna de Castro a la comuna de Ancud, la doble vía a Quellón y la conveniencia de ubicarlos en la vertiente poniente u occidental de las aguas en la Isla de Chiloé. (496 al 25599).

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los antecedentes solicitados al respecto. (497 al 24971).

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de los proyectos financiados con esos recursos. (55/864 al 24555).

Diputada Pérez, doña Joanna. Patentes municipales que pagan de modo anual las principales empresas de esa comuna, en los términos que requiere. (571 al 26658).

Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron mensualmente ante el o los juzgados de Policía Local de su comuna, durante 2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben mensualmente. (577 al 27206).

Diputada Cicardini, doña Daniella. Situación que afecta a la señora Clara Esperanza Delgado Díaz, de la comuna de Huasco, Región de Atacama, indicando las razones por las cuales no ha podido acceder a la Pensión Básica Solidaria. (59253 al 26202).

Diputado Espinoza, don Fidel. Situación que afecta a personas que no han sido informadas de la posibilidad de retornar al antiguo sistema de previsión social, emitiendo un pronunciamiento respecto del estado de la solicitud de desafiliación del señor Carlos Manuel Roa Oppliger. (59255 al 25747).

Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Razones y fundamentos por los cuales se le habría dejado de pagar el aporte familiar permanente a la señora Alejandra Aliste Villagra. (59257 al 27889).

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los antecedentes solicitados al respecto. (593 al 24877).

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de los proyectos financiados con esos recursos. (596 al 24562).

Diputado Matta, don Manuel. Estado del proyecto presentado al Fondo Regional de Iniciativa Local por la escuela Jerónimo de Lisboa, de la comuna de San Javier, para el mejoramiento de su cocina y comedores. Del mismo modo, refiérase al proyecto de construcción para una sala de prebásico del mismo establecimiento. (611 al 26553).

Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron mensualmente ante el o los juzgados de Policía Local de su comuna, durante 2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben mensualmente. (616 al 27189).

Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron mensualmente ante el o los juzgados de Policía Local de su comuna, durante 2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben mensualmente. (618 al 26986).

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de los proyectos financiados con esos recursos. (626 al 24685).

Diputado Ilabaca, don Marcos. Situación en que se encuentra el plan regulador de la comuna de La Unión, señalando su etapa y cronograma al respecto. (654 al 26643).

Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna, durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación como alumnos regulares. (661 al 25999).

Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones por las cuales no han sido recepcionadas definitivamente las obras con permiso de edificación de la propiedad del actual Presidente de la República, Rol 132-8 con dirección en la comuna de Pucón, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase a las acciones que implementará la Municipalidad de Pucón para realizar un correcto avalúo de la propiedad para el pago del impuesto territorial. (666 al 26180).

Diputado Ascencio, don Gabriel. Razones por las cuales no han sido recepcionadas definitivamente las obras con permiso de edificación de la propiedad del actual Presidente de la República, Rol 132-8, con dirección en la comuna de Pucón, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase a las acciones que implementará la Municipalidad de Pucón para realizar un correcto avalúo de la propiedad para el pago del impuesto territorial. (666 al 26181).

Diputado Naranjo, don Jaime. Estado del trámite de recepción de obras en la Dirección de Obras Municipales de la comuna de Pucón, respecto al inmueble de propiedad de S. E. el Presidente de la República, ubicado en la rivera del Lago Caburgua. (666 al 26685).

Diputado Prieto, don Pablo. Tarifa establecida por ese municipio para licencias de conducir clase B y para su renovación, el número de personas que la han efectuado entre 2014 y 2018, segregado por año y edad. Asimismo, indique si su comuna posee medidas destinadas a la reducción del valor de las mencionadas licencias para adultos mayores, adjuntando copia del acto administrativo que lo otorgó, en los términos que requiere. (688 al 21955).

Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron mensualmente ante el o los juzgados de Policía Local de su comuna, durante 2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben mensualmente. (690 al 26932).

Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las demandas de atención de la población que atiende. (708 al 26400).

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los antecedentes solicitados al respecto. (709 al 24990).

Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las demandas de atención de la población que atiende. (71 al 26517).

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere. (711 al 28149).

Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las demandas de atención de la población que atiende. (73 al 26428).

Diputado Rosas, don Patricio. Escapes de gas que han afectado a varios jardines infantiles de la Fundación Integra de la Región de Los Ríos y las medidas adoptadas para evitar su reiteración, mejorando la seguridad de los menores que albergan. (757 al 27788).

Diputado Celis, don Andrés. Juicios laborales que esa municipalidad ha tenido en calidad de demandada desde 2016 a la fecha, por las materias que se indican, precisando los casos en que la demanda fue acogida, el monto total que ha sido obligada a pagar a cada uno de los demandantes y si ha sido condenada al pago de costas indicando su monto. (827 al 25698).

Diputado Berger, don Bernardo. Existencia de un servicio de urgencia prehospitalario dental dentro del sistema de salud primario de esa comuna, la extensión del horario y su presupuesto anual aproximado, precisando el monto y/o porcentaje de cargo de la municipalidad y el que se cubre con recursos sectoriales e indicando si actualmente los aportes disponibles satisfacen las demandas de atención de la población que atiende. (833 al 26268).

Diputado Berger, don Bernardo. Situación actual en su territorio de competencia, a marzo de 2019, de las listas de espera de pacientes no Acogidos al plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, distinguiendo las consultas por especialidad, por exámenes y por cirugías y especificando en cada ítem las medidas que se están implementando a corto plazo para su reducción. (843 al 22267).

Diputado Schilling, don Marcelo. Cartolas de recorridos de las diversas salidas de locomoción desde La Ligua hacia las zonas rurales de dicha comuna. (875 al 18821). (875 al 18821).

Diputado Schilling, don Marcelo. Reitera el oficio N° 18.821 de esta Corporación, de fecha 21 de diciembre de 2018, cuya copia se acompaña. (875 al 27684).

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de los proyectos financiados con esos recursos. (899 al 24712).

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de los proyectos financiados con esos recursos. (917 al 24553).

DiputadoMatta, don Manuel. Factibilidad de gestionar una visita e implementar un programa de desratización en la población Horacio Villablanca, de la comuna de Parral. Asimismo, indique la posibilidad de organizar un programa de capacitación para reciclar residuos. (930 al 25193).

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de los proyectos financiados con esos recursos. (964 al 24663).

Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna, durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación como alumnos regulares. (978 al 25841).

Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los antecedentes solicitados al respecto. (994127 al 24897).

III.ACTAS

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

El acta de la sesión 27ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 28ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.

IV.CUENTA

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Ofrezco la palabra sobre la Cuenta. Ofrezco la palabra.

VII.HOMENAJE

VIII. COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES

-Se abrió la sesión a las 14.52 horas.

El señor VELÁSQUEZ, don Pedro (Presidente accidental).-

En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

DOCUMENTOS DE LA CUENTA

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Mix, Orsini, Rojas, y Santibáñez y de los diputados señores Barrera, Boric, Rosas, Soto, don Raúl; Velásquez, don Esteban, y Winter, que Modifica la Carta Fundamental, para consagrar el carácter unicameral del Congreso Nacional. Boletín N° 12687-07

Antecedentes:

1. Considerando la constante necesidad de modernizar el Estado y sus diferentes órganos con el objetivo de mejorar su funcionamiento y que pueda cumplir las legítimas expectativas de la ciudadanía.

2. Que el Congreso Nacional, representante de la voluntad soberana de nuestro país, debe ser parte de este esfuerzo modernizador del Estado.

3. Que la instalación en Chile de una función legislativa bicameral responde a una inspiración del modelo estadounidense durante su proceso emancipador en el que una cámara representaría la población y la otra, a los Estados que la conforman con el objetivo de equiparar el peso político entre los Estados con grandes diferencias demográficas. En este sentido, la idea un Poder Legislativo bicameral corresponde más a un Estado Federal que uno Unitario, como en el caso chileno.

4. Que la discusión de crear un Poder Legislativo en Chile que se unicameral no es algo reciente, ya en el año 1971 cuando el entonces Presidente Salvador Allende envió al Parlamento un Proyecto de Reforma Constitucional que proponía la unicameralidad para la función legislativa afirmando en dicho documento que: “En nuestro país, que es un Estado unitario, formado por ciudadanos a los que la Constitución asegura la igualdad ante la ley y confiere los mismos derechos políticos, el sistema bicameral no responde a ninguna necesidad real y en la actualidad contribuye a dilatar la adopción de decisiones políticas oportunas, a dificultarlas artificialmente y a crear en la opinión pública una suerte de desconfianza y recelo frente al proceso de formación de la ley que se estima costoso, lento e ineficaz”.

5. Existe altos niveles de desconfianza por parte de la ciudadanía hacía el Poder Legislativo, la que debería ser utilizada como una oportunidad para realizar cambios y reanudar confianzas con la labor legislativa.

6. El proponer una cámara única aumentaría el sentimiento de responsabilidad de los representantes electos. Al día de hoy, cada ciudadano tiene dos representantes en el Congreso Nacional, sin que sepa necesariamente cuales son las funciones que cumplen cada uno de estos. Al tener un representante, los ciudadanos sabrían quién es la persona que los representa en el poder legislativo lo que fortalecería el vínculo de responsabilidad.

7. Entre los argumentos más importantes a favor del bicameralismo están:

a. Es necesario que haya una distribución del poder legislativo para que existan contrapesos internos. Para el caso de nuestro país, es muy improbable que se llegue a una situación en la que el Poder Legislativo pueda adquirir una hipotética acción autoritaria frete a los otros poderes del Estado, Justamente, los contrapesos a uno u otros poderes del Estado son los otros poderes.

b. La bicameralidad promueve una mayor reflexión de las leyes. La bicameralidad, según lo vemos hoy en día, no asegura una mayor reflexión en torno a la creación de leyes. Más bien genera una excesiva burocracia parlamentaria en la que se vuelven a debatir leyes con los mismos argumentos otra vez. La calidad del debate depende de los representantes electos y no de dicha estructura.

8. Que es necesario que el Estado responde de manera ágil y pertinente frente a las demandas de cambio de la población, y por ello, vemos en la uicameralidad una oportunidad de agilizar el debate legislativo y de eliminar barreras que entorpecen artificialmente la promulgación de leyes. Dicho cambio debe ser acompañado de mayor trasparencia de la función legislativa de los representantes. Es necesario aprovechar los cambios para que reanudar los lazos de confianza dela opinión pública respecto de la desprestigiada función parlamentaria.

9. Respecto de la cantidad de representantes, se deberá discutir la pertinencia de reducir la cantidad de electos, o de sumar la cantidad establecida hoy en día de Diputados y Senadores e una misma Cámara. Sin perjuicio de lo anterior, la elección de representantes deberá responder a un sistema proporcional.

Es por lo anteriormente mencionado, proponemos un cambio a la Constitución Política, en la que se establezca que el Poder Legislativo quedará representado en el Congreso Nacional conformado por una Cámara única.

Proyecto de ley de reforma constitucional que modifica el capitulo V de la Constitución Política de la República sobre el Congreso Nacional.

Artículo 1. Reemplácese el Capítulo V de la Constitución Política del Estado, por el Siguiente:

"Capítulo V, CONGRESO NACIONAL"

Artículo 46.- El Congreso Nacional se compone de parlamentarios elegidos en votación directa, cuyo número, distritos electorales y sistema de elección será determinado por la ley orgánica constitucional respectiva.

Artículo 47.- Para ser elegido parlamentario se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplidos veintiún años de edad, haber cursado la enseñanza media o equivalente, y tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día de la elección.

Artículo 48.- El Congreso Nacional se renovará íntegramente cada cuatro años.

Artículo 49.- Las vacantes de parlamentarios se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido.

Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados. Los parlamentarios elegidos como independientes que hubieren postulado integrando lista en conjunto con uno o más partidos políticos, serán reemplazados por el ciudadano que señale el partido indicado por el respectivo parlamentario al momento de presentar su declaración de candidatura.

El reemplazante deberá reunir los requisitos para ser elegido parlamentario. El nuevo parlamentario ejercerá sus funciones por el término que faltaba a quien originó la vacante.

Artículo 50.- Son atribuciones del Congreso Nacional:

1) Fiscalizar los actos del Gobierno. Para ejercer esta atribución el Congreso Nacional puede:

A) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto de la mayoría de los parlamentarios presentes, los que se transmitirán por escrito al Presidente de la República, quien deberá dar respuesta fundada por medio del Ministro de Estado que corresponda, dentro de treinta días.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier parlamentario, con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes del Congreso Nacional, podrá solicitar determinados antecedentes al Gobierno.

El Presidente de la República contestará fundadamente por intermedio del Ministro de Estado que corresponda; dentro de¡ mismo plazo señalado en el párrafo anterior. En ningún caso los acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes afectarán la responsabilidad política de los Ministros de Estado;

B) Citar a un Ministro de Estado, a petición de a lo menos un tercio de los parlamentarios en ejercicio, a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo. Con todo, un mismo Ministro no podrá ser citado para este efecto más de tres veces dentro de un año calendario, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio. La asistencia del Ministro será obligatoria y deberá responder a las preguntas y consultas que motiven su citación, y

C) Crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos dos quintos de los parlamentarios en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno.

Las comisiones investigadoras, a petición de un tercio de sus miembros, podrán despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los Ministros de Estado, los demás funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación mayoritaria, que sean citados por estas comisiones, estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten.

No obstante, los Ministros de Estado no podrán ser citados más de tres veces a una misma comisión investigadora, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.

La ley orgánica constitucional del Congreso Nacional regulará el funcionamiento y las atribuciones de las comisiones investigadoras y la forma de proteger los derechos de las personas citadas o mencionadas en ellas.

2) Conocer de las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas:

a) Del Presidente de la República, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras el Presidente esté en funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante este último tiempo no podrá ausentarse de la República sin acuerdo del Congreso Nacional;

b) De los Ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución; y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno;

c) De los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República, por notable abandono de sus deberes;

d) De los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, y

e) De los intendentes y gobernadores, por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.

Las acusaciones referidas en las letras b), c), d) y e) podrán interponerse mientras el afectado esté en funciones o en los tres meses siguientes a la expiración en su cargo. Interpuesta la acusación, el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso del Congreso Nacional.

La acusación se tramitará en conformidad a la ley orgánica constitucional relativa al Congreso Nacional.

Una Comisión especial, compuesta por diez parlamentarios elegidos al azar, excluyendo a los acusadores, reunirá los antecedentes que estime necesarios para comprobar los hechos y presentará un informe al Congreso Nacional, dentro de los diez días siguientes a la interposición del libelo.

El Congreso Nacional resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. La acusación se entenderá rechazada si no recayere ningún pronunciamiento sobre la misma dentro de los quince días siguientes a su formulación.

La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los dos tercios de los parlamentarios en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra del Presidente de la República y por la mayoría de los parlamentarios en ejercicio en los demás casos.

El acusado quedará destituido en sus funciones desde el momento en que el Congreso Nacional le declare culpable de la acusación y no podrá desempeñar ninguna función pública por el término de cinco años.

El funcionario destituido será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares;

3) Decidir si ha o no lugar la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar en contra de algún Ministro de Estado, con motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por acto de éste en el desempeño de su cargo;

4) Conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia;

5) Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía en el caso del artículo 17, número 3° de esta Constitución;

6) restar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República, en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran. Si el Congreso Nacional no se pronunciare dentro de treinta días después de pedida la urgencia por el Presidente de la República, se tendrá por otorgado su asentimiento;

7) Otorgar su acuerdo para que el Presidente de la República pueda ausentarse del país por más de treinta días o en los últimos noventa días de su periodo;

8) Declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones; y declarar asimismo, cuando el Presidente de la República haga dimisión de su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla. En ambos casos deberá oír previamente al Tribunal Constitucional;

9) Aprobar, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la declaración del Tribunal Constitucional a que se refiere la segunda parte del N° 10° del artículo 93;

10) Aprobar, en sesión especialmente convocada al efecto y con el voto conforme de los dos tercios de los parlamentarios en ejercicio, la designación de los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional, y

11) Dar su dictamen al Presidente de la República en los casos en que éste lo solicite.

12) Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado requerirá de los quorum que corresponda, en conformidad al artículo 68, y se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley.

El Presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formularle.

El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional, en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional.

Las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley. No requerirán de aprobación del Congreso los tratados celebrados por el Presidente de la República en el ejercicio de su potestad reglamentaria.

Las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional.

Corresponde al Presidente de la República la facultad exclusiva para denunciar un tratado o retirarse de él, para lo cual pedirá la opinión del Congreso Nacional, en el caso de tratados que hayan sido aprobados por éste. Una vez que la denuncia o el retiro produzca sus efectos en conformidad a lo establecido en el tratado internacional, éste dejará de tener efecto en el orden jurídico chileno.

En el caso de la denuncia o el retiro de un tratado que fue aprobado por el Congreso, el Presidente de la República deberá informar de ello a éste dentro de los quince días de efectuada la denuncia o el retiro.

El retiro de una reserva que haya formulado el Presidente de la República y que tuvo en consideración el Congreso Nacional al momento de aprobar un tratado, requerirá previo acuerdo de éste, de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva. El Congreso Nacional deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción del oficio en que se solicita el acuerdo pertinente. Si no se pronunciare dentro de este término; se tendrá por aprobado el retiro de la reserva.

De conformidad a lo establecido en la ley, deberá darse debida publicidad a hechos que digan relación con el tratado internacional, tales como su entrada en vigor, la formulación y retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia del tratado, el retiro, la suspensión, la terminación y la nulidad del mismo.

En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado podrá el Congreso autorizar al Presidente de la República a fin de que, durante la vigencia de aquél, dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento, siendo en tal caso aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes del artículo 65, y

13) Pronunciarse, cuando corresponda, respecto de los estados de excepción constitucional, en la forma prescrita por el inciso segundo del artículo 40.

Artículo 51.- El Congreso Nacional se instalará e iniciará su período de sesiones en la forma que determine su ley orgánica constitucional.

En todo caso, se entenderá siempre convocado de pleno derecho para conocer de la declaración de estados de excepción constitucional.

La ley orgánica constitucional señalada en el inciso primero, regulará la tramitación de las acusaciones constitucionales, la calificación de las urgencias conforme lo señalado en el artículo 74 y todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley.

Artículo 52.- El Congreso Nacional no podrá entrar en sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio.

El Congreso Nacional establecerá en su propio reglamento la clausura del debate por simple mayoría.

Artículo 53.- No pueden ser candidatos a parlamentarios,-

1) Los Ministros de Estado;

2) Los intendentes, los gobernadores, los alcaldes, los miembros de los consejos regionales, los concejales y los subsecretarios;

3) Los miembros del Consejo del Banco Central;

4) Los magistrados de los tribunales superiores de justicia y los jueces de letras;

5) Los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales;

6) El Contralor General de la República;

7) Las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal.

8) Las personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado;

9) El Fiscal Nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos del Ministerio Público, y

10) Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, el General Director de Carabineros, el Director General de la Policía de Investigaciones y los oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección; excepto respecto de las personas mencionadas en los números 7) y 8), las que no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura y de las indicadas en el número 9), respecto de las cuales el plazo de la inhabilidad será de los dos años inmediatamente anteriores a la elección. Si no fueren elegidos en una elección no podrán volver al mismo cargo ni ser designados para cargos análogos a los que desempeñaron hasta un año después del acto electoral.

Artículo 54.- El cargo de parlamentario es incompatible con todo empiece o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial.

Asimismo, el cargo de parlamentario es incompatible con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.

Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el parlamentario cesará en el otro cargo, empleo o comisión incompatible que desempeñe.

Artículo 55.- Ningún parlamentario, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en el artículo anterior.

Esta disposición no rige en caso de guerra exterior; ni se aplica a los cargos de Presidente de la República, Ministro de Estado y agente diplomático; pero sólo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de parlamentario.

Artículo 56.- Cesará en el cargo el parlamentario que se ausentare del país por más de treinta días sin permiso del Congreso Nacional o, en receso de éste, de su Presidente.

Artículo 57.- Cesará en el cargo el parlamentario que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, el que actuare como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio contra el Fisco, o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. En la misma sanción incurrirá el que acepte ser director de banco o de alguna sociedad anónima, o ejercer cargos de similar importancia en estas actividades.

La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que parlamentario actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte.

Artículo 58.- Cesará en su cargo parlamentario que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes. Igual sanción se aplicará al parlamentario que actúe o intervenga en actividades estudiantiles, cualquiera que sea la rama de la enseñanza, con el objeto de atentar contra su normal desenvolvimiento.

Artículo 59.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15° del artículo 19, cesará, asimismo, en sus funciones el parlamentario que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la Nación.

Quien perdiere el cargo de parlamentario por cualquiera de las causales señaladas precedentemente no podrá optar a ninguna función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de dos años, salvo los casos del inciso séptimo del número 15° del artículo 19, en los cuales se aplicarán las sanciones allí contempladas.

Artículo 60.- Cesará, asimismo, en sus funciones el parlamentario que, durante su ejercicio, pierda algún requisito general de elegibilidad o incurra en alguna de las causales de inhabilidad a que se refiere el artículo 53, sin perjuicio de la excepción contemplada en el inciso segundo del artículo 55 respecto de los Ministros de Estado.

Artículo 61.- Los parlamentarios podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Constitucional.

Artículo 62.- Los parlamentarios sólo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión.

Ningún parlamentario desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema.

En caso de ser arrestado algún parlamentario por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el parlamentario imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.

Artículo 63.- Los parlamentarios percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan.

Artículo 64.- Sólo son materias de ley:

1. Las que en virtud de la Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales;

2. Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley;

3. Las que son objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra;

4. Las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral, sindical, previsional y de seguridad social;

5. Las que regulen honores públicos a los grandes servidores;

6. Las que modifiquen la forma o características de los emblemas nacionales;

7. Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las municipalidades, para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargo a los cuales deba hacerse el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá de una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de duración del respectivo período presidencial. Lo dispuesto en este número no se aplicará al Banco Central;

8. Las que autoricen la celebración de cualquier clase de operaciones que puedan comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos y de las municipalidades. Esta disposición no se aplicará al Banco Central;

9. Las que fijen las normas con arreglo a las cuales las empresas del Estado y aquellas en que éste tenga participación puedan contratar empréstitos, los que en ningún caso, podrán efectuarse con el Estado, sus organismos o empresas;

10. Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión;

11. Las que establezcan o modifiquen la división política y administrativa del país;

12. Las que señalen el valor, tipo y denominación de las monedas y el sistema de pesos y medidas;

13. Las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra, y las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, como, asimismo, la salida de tropas nacionales fuera de él;

14. Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República;

15. Las que autoricen la declaración de guerra, a propuesta del Presidente de la República

16. Las que concedan indultos generales y amnistías y las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente de la República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia. Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de quórum calificado. No obstante, este quórum será de las dos terceras partes de los parlamentarios en ejercicio cuando se trate de delitos contemplados en el artículo 9°;

17. Las que señalen la ciudad en que debe residir el Presidente de la República, celebrar sus sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional;

18. Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública;

19. Las que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general, y

20. Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico.

Artículo 65.- El Presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley.

Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones ni al plebiscito, como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado.

La autorización no podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional ni de la Contraloría General de la República.

La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones, restricciones y formalidades que se estimen convenientes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el Presidente de la República queda autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución. En ejercicio de esta facultad, podrá introducirle los cambios de forma que sean indispensables, sin alterar, en caso alguno, su verdadero sentido y alcance.

A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de estos decretos con fuerza de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida.

Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley,

Artículo 66.- Las leyes pueden tener origen por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de los miembros del Congreso Nacional Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez parlamentarios.

Artículo 67.- Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos, y con las materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 64.

Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para:

1. Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión;

2. Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones;

3. Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales, autónomas, de los gobiernos regionales o de las municipalidades, y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del Fisco o de los organismos o entidades referidos;

4. Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la Administración Pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados, como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes;

5. Establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar, y

6. Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.

El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República.

Artículo 68.- Las normas legales que interpreten preceptos constitucionales necesitarán, para su aprobación, modificación o derogación, de las tres quintas partes de los parlamentarios en ejercicio.

Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional requerirán, para su aprobación, modificación o derogación, de las cuatro séptimas partes de los parlamentarios en ejercicio.

Las normas legales de quórum calificado se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio.

Las demás normas legales requerirán la mayoría de los miembros presentes, con excepción de lo dispuesto en el inciso final del artículo 73.

Artículo 69.- El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser presentado por el Presidente de la República al Congreso Nacional, a lo menos con tres meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir; y si el Congreso no lo despachare dentro de los sesenta días contados desde su presentación, regirá el proyecto presentado por el Presidente de la República.

El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente.

La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de Presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley, corresponderá exclusivamente al Presidente, previo informe de los organismos técnicos respectivos.

No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto.

Si la fuente de recursos otorgada por el Congreso fuere insuficiente para financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe, el Presidente de la República, al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría General de la República, deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza.

Artículo 70.- Los proyectos de ley se discutirán en general y en particular. Dicha discusión podrá realizarse conjuntamente.

El proyecto que fuere desechado en general no podrá renovarse sino después de un año. Sin embargo, el Presidente de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar al Congreso Nacional reconsiderar esta negativa.

Artículo 71.- Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, pero en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.

Artículo 72.- Aprobado un proyecto por el Congreso Nacional será remitido al Presidente de la República, quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación

como ley.

Artículo 73.- Si el Presidente de la República desaprueba el proyecto, lo devolverá al Congreso Nacional con las observaciones convenientes, dentro del término de treinta días.

En ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo.

Si el Congreso Nacional aprobare las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al Presidente para su promulgación.

Si el Congreso Nacional desechare todas o algunas de las observaciones e insistiere por los dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgación.

Artículo 74.- El Presidente de la República podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto, en uno o en todos sus trámites, y en tal caso, el Congreso Nacional deberá pronunciarse dentro del plazo máximo de treinta días.

La calificación de la urgencia corresponderá hacerla al Presidente de la República de acuerdo a la ley orgánica constitucional relativa al Congreso, la que establecerá también todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley.

Artículo 75.- Si el Presidente de la República no devolviere el proyecto dentro de treinta días, contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley.

La promulgación deberá hacerse siempre dentro de¡ plazo de diez días, contados desde que ella sea procedente.

La publicación se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio."

ARTICULOS TRANSITORIOS.

ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: Toda mención que el actual texto de la Constitución o las leyes hagan referencia al "Senado", "cámara de origen" u otra expresión similar será entendida que se efectúa al "Congreso Nacional",

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: Se faculta al Presidente de la República para que en un plazo de 60 días promulgue un texto concordado, sistematizado y refundido de la Constitución Política de la República de Chile.

Diputadas señoras Mix, Orsini, Rojas, y Santibáñez y de los diputados señores Barrera, Boric, Rosas, Soto, don Raúl; Velásquez, don Esteban, y Winter

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Crispi, Brito, Jackson y Vidal, y de las diputadas señoras Orsini y Pérez, doña Catalina, que Modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de instaurar la segunda vuelta en las elecciones de alcaldes. Boletín N° 12688-06

FUNDAMENTOS

Diagnóstico

Hoy en Chile, las elecciones municipales de alcaldes/as se realizan mediante elección popular directa, vía sistema de mayoría simple, el cual define al ganador según el/la candidata/a que saque más votos, independiente si no llega al 50% de los votos o su distancia con el/la segundo/a candidato/a con más votos. Además, existe un mecanismo de primarias para que los partidos políticos, individualmente o en pactos electorales, nominen a sus candidatos/as [1]. Este mecanismo define el pacto de alcaldes/as para la elección final de candidatos y candidatas a alcalde, siendo estos pactos independientes de aquellos que contengan las listas para las concejalías.

La elección por mayoría simple y no absoluta, y la imposibilidad - en comparación con otros sistemas - de no poder establecer una segunda priorización de candidatos/as, pone en duda cuán representativos de los ciudadanos/as de sus localidades son finalmente los alcaldes y alcaldesas electas. Además, entrega pocos incentivos a candidatos/as fuera de dos grandes coaliciones para competir, manteniéndose los incentivos según una lógica binominal.

De esta manera, las/os ganadores son elegidos por menos de un 40% del total de los habilitados para votar, e incluso existe un 20% de comunas donde el alcalde fue electo con menos del 28% de los electores (SERVEL, 2016). Si tomamos en consideración los porcentajes sólo entre las personas que efectivamente votaron, los números son más positivos, pero persisten 146 comunas, equivalentes al 41% del total, donde las/os alcaldes fueron electos por menos del 50% del total de votantes, es decir, la mayoría de los votantes en su comuna prefería otra opción. Por ejemplo, en el extremo, las comunas que eligieron sus alcaldes con menor porcentaje de votos lo hicieron con un 23%, 24% y un 26%, equivalente a un 7%, 13% y 9% del total de las/os habilitados para votar en dichas comunas, respectivamente. En otras palabras, en todos estos contextos más del 70% de las y los votantes prefería otro candidato/a.

En la siguiente tabla se observa la distribución según decil:

A diferencia de la elección de cargos no unipersonales, como son los sistemas de elección de parlamentarios o concejales, donde la asignación final de cupos es relativamente proporcional a la cantidad de votos, la elección de cargos unipersonales vía sistema de mayorías puede ser mejorada velando porque efectivamente los que sean electos cuenten con mayor respaldo y adhesión de la ciudadanía hacia sus proyectos comunales.

Para fortalecer la democracia a nivel local, se propone entonces, a través del presente proyecto de ley, modificar la ley orgánica constitucional de Municipalidades para agregar un sistema de “doble turno cerrado ”, es decir, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, los dos candidatos o candidatas de más alta votación pasan a una segunda elección.

Este criterio es normalmente aplicado a nivel comparado para la elección de los jefes del ejecutivo en sistemas presidencialistas y a nivel de gobiernos locales y se ha concluído que contribuye a :

En los casos de elecciones unipersonales, dar al candidato ganador la legitimidad de haber ganado por la mayoría absoluta de votos (Pasquino, 2011). y consolidar apoyo tras el o ella (Norris, 1997).

Fomentan el voto sincero en primera vuelta - es decir en favor del candidato que realmente se prefiere - y no estratégico (Pasquino, 2011).

Dar más incentivos a los partidos o coaliciones más chicas entrar en competencia.

Reducir la fragmentación política, fomentando alianzas - coaliciones más amplias de partidos políticos, haciendo que estas alianzas duren más de una vuelta electoral, pero al mismo tiempo no sean excesivamente rígidas (Pasquino, 2011; Norris, 1997).

Desde el punto de vista del votante, medir de mejor manera la capacidad del candidato, conocer su correspondiente consenso electoral y respetarlo (Pasquino, 2011)

Desde el punto de vista político, el cambio de sistema binominal a un sistema más proporcional legitima la necesidad de incluir en el sistema político chileno a más fuerzas de manera de que nuestras autoridades sean más representativas de la diversidad política y social hoy presente en Chile. Establecer la segunda vuelta para las elecciones municipales, permite avanzar en la misma dirección que ya se avanzó con la reforma a la elección parlamentaria, de manera simple, flexible, mejorando el nivel de información hacia el votante y otorgando una de mayor legitimidad dado que cada alcalde o alcaldesa sería elegida por una mayoría absoluta de votos.

Además, no sólo la implementación del sistema proporcional para elegir a los representantes del Congreso avanzó en reconocer esta mayor diversidad de proyectos políticos en el país, así también lo hizo la elección de Gobernadores Regionales, cuya elección - al ser unipersonal y por mayoría - reconoce la necesidad de un mecanismo de priorización cuando un candidato no alcanza un umbral de votos.

Evidencia comparada

A nivel comparado, existe cierta diversidad de criterios a la hora de elegir las cabezas de los gobiernos locales. Una división relevante entre los diferentes mecanismos, es que en algunas ciudades se elige de manera indirecta, es decir, se hace a través de un Consejo, similar a como funcionan los sistemas parlamentarios y en otros, mediante elección directa. La tendencia a nivel de Europa occidental al menos, es avanzar hacia métodos directos de elección (Magre Bertrana, 2007). Además, se observa en general que, en lugares donde existe elección directa, existen metodologías para priorización en caso que un candidato no sobrepase el 50% de los votos.

La siguiente tabla resume algunos de los sistemas utilizados en diversas partes del mundo:

Marco normativo actual

Conforme a la Constitución Política de la República, la administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo. El artículo 119 inciso primero de la Carta Fundamental dispone, en tanto, que una ley orgánica constitucional determinará la forma de elegir al Alcalde.

De este modo y por mandato de la Constitución, el Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley n°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, regula en su título V las elecciones municipales.

De acuerdo a lo dispuesto en este texto legal, las elecciones municipales se efectuarán cada cuatro años, el último domingo del mes de octubre, y tanto el Alcalde como los miembros del Concejo que resulten electos iniciarán su período el 6 de diciembre siguiente, fecha en la cual se instalará el Concejo.

Ahora bien, para resultar electo Alcalde, la ley orgánica en comento dispone en su artículo 127 lo siguiente:

“Artículo 127.- Será elegido alcalde el candidato que obtenga la mayor cantidad de sufragios válidamente emitidos en la comuna, esto es, excluidos los votos en blanco y los nulos, según determine el tribunal electoral regional competente.

En caso de empate, el tribunal electoral regional respectivo, en audiencia pública y mediante sorteo, determinará al alcalde electo de entre los candidatos empatados”.

Por otra parte, conforme al DFL 1- 19175 que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado, y actualizado de la ley n° 19.175, orgánica constitucional sobre administración regional, en caso de requerirse una segunda elección para dirimir quién resultará electo, las elecciones -cuya primera vuelta se realizó en conjunto con la elección municipal- se verificarán el cuarto domingo después de efectuada la primera. De este modo, una segunda votación para determinar el Alcalde o Alcaldesa en una determinada comuna puede perfectamente realizarse en conjunto con la segunda vuelta de Gobernadores Regionales, utilizando los mismos recursos dispuestos para ella.

IDEA MATRIZ

La idea matriz del presente proyecto de ley es establecer la obligación de alcanzar al menos el 50% en la elección de Alcalde para resultar electo, y disponer que, en caso que ningún candidato/a alcance el referido porcentaje, se proceda a una segunda votación entre las dos más altas mayorías relativas, de modo que quien finalmente resulte electo, cuente con el apoyo efectivamente mayoritario de la ciudadanía que participó del proceso electoral, aumentando su nivel de representatividad.

CONTENIDO

El proyecto de ley consta de un artículo único, que modifica el artículo 127 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley n°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, para establecer la posibilidad de segunda votación en la elección municipal de Alcaldes.

Por las razones expuestas, vengo en proponer junto a los Diputados y Diputadas que suscriben, el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único. Sustitúyase el artículo 127 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley n°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, por el siguiente:

Artículo 127.- Será elegido alcalde el candidato que obtenga la mayoría de los sufragios válidamente emitidos en la comuna respectiva, esto es, excluidos los votos en blanco y los nulos, y siempre que dicha mayoría sea equivalente, al menos, al 50% de dichos votos, según determine el tribunal electoral regional competente.

Si ninguno de los candidatos hubiere obtenido la mayoría señalada en el inciso anterior, se procederá a una segunda votación donde participarán los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas. En esta segunda votación resultará electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta elección se verificará el cuarto domingo, después de efectuada la primera.

El proceso de calificación de la elección de alcalde deberá quedar concluido dentro de los quince días siguientes, tratándose de la primera votación, o dentro de los treinta días siguientes tratándose de la segunda votación.

En caso de empate, el tribunal electoral regional respectivo, en audiencia pública y mediante sorteo, determinará al alcalde electo de entre los candidatos empatados.”

Diputados señores Crispi, Brito, Jackson y Vidal, y de las diputadas señoras Orsini y Pérez, doña Catalina

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Olivera, Flores, doña Camila; Leuquén, Muñoz, y Ossandón, y de los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo, y Longton, que Modifica el Código Civil, el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil, en materia de competencia para conocer del juicio de partición de la comunidad hereditaria. Boletín N° 12689-07

I. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO:

Es muy frecuente en nuestro país que existan comunidades hereditarias en las cuales no se han adjudicado bienes singulares para los herederos. Esto se da con mayor frecuencia en aquellos casos en que la comunidad hereditaria en su conjunto no cuenta con los recursos necesarios para solventar un juicio de partición.

Esto debido principalmente a que el artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales dispone como uno de los casos de arbitraje forzoso la partición de bienes. Al efecto, la ley dispone que la única forma a través de la cual sea posible determinar la división de la comunidad hereditaria sea mediante a intervención de un juez árbitro, sustrayendo –en principio- la intervención de un juez civil ordinario en dicho proceso.

Esta disposición legal es criticable desde variados puntos de vista. Desde un punto de vista exclusivamente jurídico, el mantenimiento de una norma de este tipo, a la luz de las preceptos constitucionales que regulan el derecho de acceso a la justicia, pareciese tener ribetes de inconstitucionalidad. Esto en cuanto a que restringe el acceso a la justicia, condicionando la resolución de un conflicto de relevancia jurídica a la intervención de un juez privado cuyos gastos deben ser solventados por las partes de manera directa, sin ningún tipo de ayuda estatal.

Por otro lado, la imposición del arbitraje desconoce la naturaleza y la función de la institución dentro del sistema jurídico nacional. Ella se basa en la autonomía de la voluntad de las partes en cuanto que puedan decidir si sustraer o no un determinado conflicto del conocimiento de la justicia estatal, renunciando a su intervención, pero a su vez asumiendo los costos de un juez privado, entendiendo que su intervención será más eficiente desde el punto de vista de los costos procesales. Las ventajas del arbitraje que consideran las partes para que un conflicto sea sometido a él pueden ir desde la rapidez de la resolución, el específico conocimiento que el juez árbitro tenga sobre la materia, como también la intención de las partes de que el conflicto se resuelva en base a reglas procesales distintas a las ordinarias.

Por lo anterior, resulta criticable la subsistencia del arbitraje forzoso relacionado a específicas materias como la partición de bienes, en vista a las exigencias actuales de un Estado de Derecho. Esto en cuanto a la inexistencia de fundamentos que justifiquen que se obligue a las partes a recurrir a un determinado mecanismo de resolución de conflictos y obligarles a solventar dicho procedimiento aun cuando no tengan lo recursos necesarios para ello. Esto representa una evidente limitación del ejercicio del derecho de acción consagrado en nuestro orden constitucional, derecho que todo ciudadano tiene por ser tal y que le asegura el respeto y reconocimiento de sus derechos por parte de los órganos jurisdiccionales estatales de manera efectiva.

Como ya se ha indicado, también existen motivos prácticos por los cuales es posible criticar el arbitraje forzoso en materia de partición de bienes, particularmente en aquellas situaciones en la cuales la cuantía de la masa hereditaria partible es baja y que, en comparación con los costos del arbitraje, resulta bastante oneroso para los herederos proseguir mediante el juicio de partición. Esto produce que en la práctica la comunidad hereditaria permanezca indefinidamente en la indivisión, produciendo no sólo conflictos de orden familiar, económico y jurídico, sino también congelando la libre circulación de los bienes y la posibilidad de que los herederos puedan hacer efectivos los derechos que forman parte de su patrimonio, como el derecho real de herencia. En este sentido, las partes en un juicio de partición deberán solventar, entre otros aspectos, los honorarios del abogado solicitante, del receptor judicial, del juez árbitro, del ministro de fe del tribunal arbitral, entre otros.

Ante la imposibilidad de solventar con normalidad los costos de un juicio de partición estos se detienen y se mantienen en el tiempo sin llegar a partir la masa hereditaria. Por otra parte, con frecuencia los herederos mal emplean el Decreto Ley Nº 2.695 que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella. Su aplicación permite realizar la partición de bienes de manera administrativa, la cual no siempre termina beneficiando a todos los herederos que tienen derechos sobre el inmueble regularizado. En este sentido, la mala utilización del decreto ley mencionado ha representado una afectación de los legítimos derechos que algunos herederos tiene respecto de la masa hereditaria, excluyéndolos del uso y goce del inmueble, sin poder haberse opuesto a dicho procedimiento administrativo, particularmente porque se adjudica la posesión –y posteriormente el dominio- de un determinado bien a un solo heredero, imposibilitando que los restantes puedan ejercer sus derechos con posterioridad.

Por otra parte, aun cuando la partición sea conocida por un juez árbitro, muchas veces las partes recurren de apelación o casación, por lo cual aspectos de la partición igualmente terminan siendo resueltos por los tribunales ordinarios de justicia, con las ventajas y desventajas del funcionamiento de dichos tribunales, e igualmente deben ser cubiertos los honorarios de los intervinientes en el juicio de partición previo.

Como se ha expuesto, las sucesiones intestadas que se encuentran actualmente pendientes de partición es una problemática social cuyos efectos no se traducen exclusivamente a la generación de un conflicto jurídico, sino que muchas veces familiar y económico. En este sentido, corresponde al legislador proponer mecanismos más eficaces para la resolución de estos conflictos, teniendo en vista que la legislación procesal civil no puede establecer mecanismos de resolución discriminatorios respecto de determinados sectores de la sociedad que no tienen los recursos para acceder a un juicio de partición.

II. CONTENIDO DEL PROYECTO

El presente proyeto de ley propone modificaciones al Código Civil, Código Orgánico de Tribunales y Código de Procedimiento Civil en lo relativo a la partición de bienes de las comunidades hereditarias.

En primer lugar, se incorpora un un inciso final al artículo 1325 del Código Civil, permitiendo que los herederos o causahabientes puedan efectuar la partición ante el juez civil del último domicilio del causante, en el caso de que la masa a partir no exceda de las 600 Unidades Tributarias Mensuales, o bien, en caso de que la masa hereditaria solo conste de un bien inmueble siempre y cuando avalúo de este inmueble no supere las 1200 Unidades Tributarias Mensuales.

En el Código Orgánico de Tribunales se agrega una frase al numeral segundo del artículo 227 que establece la obligatoriedad del arbitraje en el caso de la partición de bienes, permitiendo que la justicia civil ordinaria pueda intervenir en los casos señalados en el inciso final nuevo del artículo 1325 del Código Civil.

En lo que respecta al Código de Procedimiento Civil, se incorporan modificaciones a fin de establecer un procedimiento breve y concentrado, con la finalidad de que el juez pueda contar con todos los antecedentes necesarios para determinar la masa hereditaria en cuestión y proceder en su partición. El juez podrá valorar la prueba acorde a las reglas de la sana crítica, la sentencia será impugnable de acuerdo a las reglas generales y se permite expresamente la intervención de terceros interesados, resguardando sus derechos dentro del proceso.

Se consagra un plazo de caducidad de la solicitud de partición, la cual sólo podrá presentarse ante el juez civil dentro del plazo de dos años contados desde la fecha del decreto de posesión efectiva. Por otra parte, en atención a las sucesiones intestadas que requieran partición y que se hayan abierto con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, se contempla un plazo de cinco años contados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley.

III. PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO PRIMERO: Agréguese el siguiente inciso final al artículo 1325 del Código Civil:

"Con todo, en el caso de sucesiones intestadas en las cuales el avalúo de la masa hereditaria no supere las 600 Unidades Tributarias Mensuales, o bien en las que se compongan de un solo bien inmueble cuyo avalúo no supere las 1200 Unidades Tributarias Mensuales, la partición podrá efectuarla el respectivo tribunal con competencia en lo civil".

ARTÍCULO SEGUNDO: Modifíquese el numeral 2) del inciso 1° del artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales en el siguiente sentido:

Reemplácese ";" por "," y agréguese la siguiente frase: "sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 1325 del Código Civil."

ARTÍCULO TERCERO: Introdúzcanse los siguientes artículos nuevos al Código de Procedimiento Civil:

1. "Art. 645.- En los casos en que la partición de bienes sea de competencia del juez civil, podrá ser solicitada por cualquier heredero o causahabiente dentro del plazo de dos años contados desde la fecha de la resolución que decreta la posesión efectia intestada. Será competente para conocer de dicha solicitud el tribunal con competencia sobre el último domicilio del causante.

El heredero o causahabiente solicitante deberá en la solicitud individualizar el nombre, domicilio y profesión u oficio de todos los miembros de la comunidad, además de acompañar copia de la resolución de posesión efectiva intestada, copia del formulario de declaración y pago del impuesto a las herencias, un inventario simple de los bienes que conforman la masa hereditaria, e indicar la existencia de litigios pendientes que afecten la masa hereditaria individualizándolos en la misma.

Cumplidos los requisitos mencionados, el juez declarará admisible la solicitud y citará a todos los interesados a una audiencia para el quinto día de practicada la última notificación. El plazo anterior se aumentará conforme al artículo 259."

"Art. 645 bis.- En el caso del artículo anterior, la audiencia se celebrará con las partes que asistan y en ella se deberán promover todas las cuestiones previas e incidentales. Asimismo, las partes podrán recomendar al juez la forma y plazo en que sea practicada la partición. Dentro de los diez días siguientes a la realización de la audiencia, el juez citará a las partes a oír sentencia o recibirá la causa a prueba. En el caso de recibir la causa a prueba, ésta se rendirá conforme a las reglas generales de los incidentes y se valorará de acuerdo a las reglas de la sana crítica. El juez podrá decretar de oficio las diligencias informativas o probatorias que estime convenientes.

Citadas las partes a oír sentencia, procederá el juez a practicar la partición en un plazo máximo de sesenta días, teniendo en especial consideración lo expuesto por los herederos y causahabientes que hubieren concurrido a la audiencia de rigor, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1337 y siguientes del Código Civil.

La sentencia será recurrible mediante recurso de apelación y casación, conforme a las reglas generales. Para la vista y fallo del recurso de apelación será aplicable lo dispuesto en el artículo 692."

"Art. 645 ter.- Los terceros podrán efectuar reclamación u oposición ante el juez civil, hasta antes de la citación a oír sentencia. Toda intervención de tercero se substanciará en cuaderno separado y no suspenderá la causa principal.

Si la reclamación u oposición se hace por quien no tiene derecho, el tribunal, desestimándola de plano, dictará resolución sobre el asunto principal y lo condenará en costas".

2."Art. 645 quater.- El juez civil denegará la partición en los siguientes casos:

1. Cuando el simple inventario de bienes que haya acompañado el solicitante sea diferente al declarado ante el Servicio de Impuestos Internos, para efectos del pago del impuesto a las herencias;

2. Cuando el monto bruto de la masa hereditaria exceda de las 600 Unidades Tribunales Mensuales, o bien cuando la masa hereditaria esté compuesta por un único bien inmueble cuyo avalúo exceda las 1200 Unidades Tributarias Mensuales.

3. Cuando exista testamento, debiendo acompañarse copia de la resolución respectiva que concedió la posesión efectiva testada;

3. “Art. 645 quinquies: En todo lo no previsto por los dos artículos precedentes se aplicarán las reglas generales del procedimiento sumario,”

ARTÍCULO CUARTO:

“Artículo único transitorio: Los herederos y causahabientes de sucesiones hereditarias con decreto de posesión efectiva intestada cuya fecha de apertura sea anterior a la entrada en vigencia de esta ley, podrán solicitar la correspondiente partición ante el juez civil en el plazo de cinco años contados desde la fecha de entrada en vigencia."

Diputadas señoras Olivera, Flores, doña Camila; Leuquén, Muñoz, y Ossandón, y de los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo, y Longton

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Naranjo, y Castro, don Juan Luis, que Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, para fijar plazo a la solicitud de recepción definitiva de una obra y sancionar su incumplimiento. Boletín N° 12690-14

I. FUNDAMENTO.

1. Que de acuerdo a la normativa actual, en nuestro país la recepción de obras definitivas de una construcción urbana o rural, debe ejecutarse por el Director de Obras Municipales de la municipalidad respectiva, conforme lo establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Ley General de Urbanismo y Construcción.

2. Que conforme lo establece la Ley General de Urbanismo y Construcción en su artículo 116, “la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario.”

3. Una vez pedido el permiso, el Director de Obras Municipales concederá el permiso o la autorización requerida si, de acuerdo con los antecedentes acompañados, los proyectos cumplen con las normas urbanísticas, previo pago de los derechos que procedan, debiendo fiscalizar las obras de edificación y de urbanización que se ejecuten dentro de la comuna, como asimismo el destino que se dé a los edificios, teniendo los funcionarios municipales libre acceso a todas las obras de edificación y urbanización que se ejecuten en la comuna, para ejercer las inspecciones que sean necesarias.

4. Una vez finalizadas las obras, el propietario y el arquitecto solicitarán su recepción definitiva a la Dirección de Obras Municipales, y mientras ésta no se hubiera recepcionado, no podrá ser habitada o destinada a uso alguno mientras su recepción definitiva parcial o total no sea otorgada.

5. Las sanciones que contempla la ley al incumplimiento de la solicitud de recepción definitiva, son multas y además la inhabilidad de la obra, hasta que se obtenga su recepción, y el desalojo de los ocupantes, con el auxilio de la fuerza pública, decretada por el Alcalde, a petición del Director de obras Municipales.

6. En atención a lo anteriormente señalado, actualmente no existe un plazo para solicitar la recepción de obras por parte de la municipalidad respectiva, sino que ello depende de la mera voluntad de quien la termina.

7. Para evitar que las regularizaciones de obras o construcciones queden a la mera decisión y voluntad de él o la propietaria, es que este proyecto de ley pretende, mediante una modificación a la ley General de Urbanismo y Construcción, establecer un plazo máximo para solicitar la recepción definitiva, así como sanciones más potentes asociadas a su incumplimiento.

II. IDEA MATRIZ.

El presente proyecto de ley busca que una vez finalizadas las obras, el o la propietaria, así como el o la profesional encargado de la construcción de la obra, soliciten su recepción definitiva dentro de un plazo de 30 días a la Dirección de Obras Municipales respectiva, estableciendo que mientras ésta no se hubiera recepcionado, no pueda ser habitada o destinada a uso alguno. Para lograrlo, el presente proyecto de ley establece sanciones al incumplimiento que se extienden no sólo al propietario o propietaria, sino que también a la persona encargada de ejecutar las obras, con miras a forzar la regularización de las obras e impedir así que éstas se mantengan en la irregularidad, lo que, eventualmente, puede repercutir en los impuestos asociados a la propiedad.

Finalmente, en caso que el retaso en la regularización supere los 90 días, el presente proyecto de ley establece como sanción, además de la demolición de la obra construida, la suspensión del título profesional de la persona encargada de la misma que podrá ir desde los 30 días a 6 meses.

PROYECTO DE LEY:

Artículo único: Modifíquese el DFL 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que Aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcción, en el siguiente sentido:

a) Agréguese un nuevo inciso segundo al artículo 20, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“Las multas señaladas en el inciso anterior, se aplicarán tanto al propietario de la obra, así como a él o la profesional encargada de la misma.”

b) Agréguese un nuevo inciso segundo al artículo 144, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“La recepción definitiva deberá solicitarse, como máximo, dentro de los 30 días siguientes al momento en que las obras se hubieren terminado. En caso que no se cumpla con el plazo establecido, se aplicarán las sanciones correspondientes tanto al profesional encargado o encargada de ejecutar las obras, así como al propietario o propietaria de la obra respecto de la cual se solicita la recepción conforme lo establece la presente ley.”.

c) Agréguese un nuevo inciso final al artículo 144 del siguiente tenor:

“En caso que la demora en la solicitud de la recepción de las obras supere los 90 días, se procederá a la demolición de la obra construida, cualquiera sea su avaluación, y a la suspensión del título profesional de la persona encargada de la misma que podrá ir desde los 30 días a 6 los meses.”.

d) Reemplácese en el inciso final del artículo 145 por el siguiente:

“Sin perjuicio de las multas que se contemplan en el artículo 20°, cuando la obra tenga una avaluación que supere las 1000 UF, la infracción a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo se sancionará, además, con la inhabilidad de la obra, hasta que se obtenga su recepción, y el desalojo de los ocupantes, con el auxilio de la fuerza pública, que decretará el Alcalde, a petición del Director de obras Municipales.”.

Diputados señores Naranjo, y Castro, don Juan Luis

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Santana, don Juan, y Soto, don Raúl, y de la diputada señora Vallejo, que Modifica la Carta Fundamental para determinar los períodos de reelección de los cargos de elección popular. Boletín N° 12691-07

I. FUNDAMENTOS

La desligitimación de las autoridades y de las instituciones se ha tomado la agenda coyuntural del país. En la última encuesta CERC – Mori de mayo de 2019 se da a conocer que la política y sus instituciones se encuentran en el momento más negro desde que se empezaron a medir hace 30 años. En efecto, el desinterés en la política se mantiene en niveles muy altos dentro de la comunidad (75%), lo que afecta particularmente a senadores y diputados, quienes presentan índices de confianza de un 6% y 7% respectivamente [1].

Dentro de las bases de los sistemas democráticos encontramos la libertad de postularse a cargos públicos, en efecto, nuestra Constitución asegura a todas las personas el derecho a la admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes. Asimismo, el principio de igualdad en un sistema democrático debe garantizar que todos los ciudadanos tengan el derecho a participar y ser parte de la vida pública. En este sentido, se hace evidente que aquella persona que ha permanecido durante muchos periodos en el mismo cargo tiene ventajas considerables para salir reelecto.

Bajo este clima de descrédito y disconformidad que vive el país, los partidos políticos y movimientos sociales tienen la tarea de reinventarse y eregir sus proyectos y candidaturas de cara a la ciudadanía.

Una limitación a la reelección permite generar las condiciones para competir bajos estándares de igualdad, contrarrestando los factores de experiencia, redes de poder, visibilidad y los recursos económicos con los que cuentan los candidatos reelectos. De esta forma cualquier ciudadano podría postularse a un cargo de elección popular, lo que supone una necesaria renovación de ideas y liderazgos.

A mayor abundamiento, cabe mencionar el caso de la última elección municipal en las que, según datos otorgados por SERVEL, un 72,6% de los ediles resultaron reelegidos, lo que marca una diferencia de 10 puntos respecto del período anterior e instaura en los máximos cargos comunales a candidatos que llevan más de 20 años en el poder.

Asimismo, desde la reapertura del Congreso Nacional en 1990, al menos 20 representantes llevan más de 25 años como legisladores. Antecedentes que resultan desalentadores si lo que queremos es fortalecer nuestra democracia y estimular dinámicas de participación.

Lo anterior se explica principalmente por la generación de un efecto de incumbencia, según el cual los representantes usan los privilegios y recursos con los que cuentan por el hecho de detentar un cargo público para ganar ventaja electoral para sí mismos y sus partidos [2].

Con el propósito de aportar a un mejoramiento de la percepción ciudadana de los políticos e instituciones públicas, además, de establecer un marco legal que impulse una mayor participación ciudadana en los procesos públicos, es que proponemos limitar la reelección de los cargos de elección popular que a continuación se indican:

II. IDEA MATRIZ

El presente proyecto de ley tiene por objeto limitar la reelección de las autoridades públicas de elección popular, tales como Alcaldes, Concejales, Consejeros Regionales, Diputados, Senadores y Presidente de la República.

III. LEY VIGENTE AFECTADA POR EL PROYECTO

Actualmente, el artículo 25 de la Constitución Política de la República, impide que el Presidente pueda ser reelegido para el período siguiente, por lo cual tenemos períodos de gobierno de 4 años.

La propuesta contenida en la presente moción consiste en que pueda ser reelegido, pero sólo por una vez, y que ésta debe ser en el período inmediatamente siguiente. Lo anterior, producto que el actual período presidencial es acotado para la ejecución de determinados procesos políticos que requieren plazos más extensos, promoviéndose con ello el desarrollo de gobiernos con visión de Estado, a largo plazo y por un período total máximos de 8 años en el ejercicio del cargo público.

El artículo 51 de la Constitución Política de la República, autoriza tanto a Diputados como Senadores a ser reelegidos en sus caros indefinidamente, sin límite temporal alguno.

La propuesta, consiste en adecuar la norma para que los Diputados y Senadores no puedan ejercer más de dos períodos consecutivos el ejercicio del mismo cargo, permitiendo su reelección sólo para el periodo siguiente.

El artículo 111 de la Constitución Política de la República, actualmente limita el ejercicio del cargo de Gobernador Regional a 8 años, ya que autoriza la relación sólo para el período siguiente, siendo actualmente de 4 años. Pero no se realiza mención alguna respecto a los consejeros regionales.

La moción propone establecer el mismo límite temporal respecto de los integrantes del consejo regional, modificando el artículo 113.

Actualmente, en el artículo 119 de la Constitución Política de la República, se regulan aspectos relativos a la administración comunal, en particular la forma de elección de los concejales, la extensión de 4 años en el ejercicio del cargo y la posibilidad de reelección, sin límite temporal, haciéndose una referencia a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, respecto de otras materias. Misma lógica que utiliza el artículo 118, respecto del Alcalde. A su vez, los artículos 57 y 72 de la Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone respecto de los Alcaldes y Concejales que cumplen su mandato durante 4 años y puedan ser reelectos, sin establecer un límite temporal para ello.

La moción, propone establecer el mismo límite temporal de 8 años para el ejercicio del mismo cargo, por lo cual, ambas autoridades locales sólo se podrán reelegir en una oportunidad.

IV. PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Modifícase la Constitución Política de la República cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, se encuentra en el Decreto Supremo N°100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en el siguiente sentido:

1) Reemplácese, en el inciso II del artículo 25, el adverbio de negación “no”, por el adverbio “solo”.

2) Para reemplazar en el inciso II del artículo 51 la frase “Los parlamentarios podrán ser reelegidos en sus cargos”, por “Los parlamentarios no podrán ejercer más de dos períodos consecutivos en el mismo cargo, pudiendo ser reelegidos consecutivamente sólo para el período siguiente.”.

3) Para agregar en el inciso II del artículo 113, antes del punto seguido que antecede a la expresión “La misma ley”, la siguiente frase “consecutivamente sólo para el período siguiente.”.

4) Para agregar al final el inciso I del artículo 118, la siguiente frase: “Ambas autoridades durarán en el ejercicio de sus funciones cuatro años, pudiendo ser reelegidos consecutivamente sólo para el período siguiente.”.

Diputados señores Santana, don Juan, y Soto, don Raúl, y de la diputada señora Vallejo

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Núñez, don Daniel; Barrera, Labra, Mulet, y Soto, don Leonardo y de las diputadas señoras Hertz, Mix, y Vallejo que Modifica la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, para restringir la adquisición, tenencia y porte de armas de fuego por parte de personas naturales. Boletín N° 12692-02

Durante el último tiempo en Chile se ha instalado y debatido ampliamente acerca de la seguridad pública concentrándose principalmente sobre aquellos delitos denominados de alta connotación social. Para la ciudadanía el problema de la seguridad resulta una preocupación central en el marco de una creciente demanda por mejores marcos de convivencia, mayor certeza y bienestar en su vida; demandas que la ciudadanía percibe, no han encontrado resolución en las políticas públicas en torno a la seguridad ciudadana ni por parte de las instituciones policiales y judiciales.

En este sentido existen varios factores que pueden contribuir a esta sensación de inseguridad que van desde el nivel institucional al nivel subjetivo. Institucionalmente inciden la efectividad y legalidad de los procedimientos policiales; la resolutividad de los delitos de alta connotación social, la violencia con que estos últimos acontecen y la sobreexposición de esta clase de delitos en los medios de comunicación.

Desde la perspectiva institucional se puede señalar que el abordaje de la seguridad pública en el Chile post-dictadura para enfrentar la criminalidad ha funcionado sobre la base de un cuerpo de Carabineros que no ha sufrido modernizaciones importantes desde la dictadura, que opera sobre un cuerpo poco profesionalizado en base a tácticas cuya efectividad está en cuestión.

En el caso del control preventivo de identidad, orientado a la prevención del delito, su utilidad ha quedado desmentida, ya que según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito solo el 2,6% de los controles de identidad hechos el primer trimestre de 2018 proporción que no varía significativamente de los años anteriores.

La inutilidad del control preventivo se suma a la baja cantidad de detenidos con que culminan los DMCS, por ejemplo, de los 532.341 DMCS ocurridos en 2017, solo el 24% casos culminan con detenidos [1]. Lo anterior, da cuenta del escaso éxito de los procedimientos policiales para prevenir y sancionar la ocurrencia de delitos.

La realidad descrita se expresa a nivel subjetivo en el grado de (des) confianza ciudadana en las instituciones que policiales y judiciales, impacta en una sensación de abandono individual, exposición al crimen u otro tipo de amenazas a la convivencia, impunidad y desconfianza en las instituciones que imparten y administran la justicia

Respecto a la sensación de inseguridad, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) del año 2018 constata este fenómeno, ya que mientras que el porcentaje de la población afectada por delitos de alta connotación social alcanza un 25% de la población, la percepción por parte de la ciudadanía de exposición estos delitos alcanza el 38% y, a pesar de que la ocurrencia de esta clase de delitos se mantiene constante sin variaciones significativas a lo largo del tiempo, el 77% de los chilenos cree que la delincuencia ha aumentado en el país [2].

Por otro lado, la desconfianza en las instituciones vinculadas a la seguridad y justicia ha ido en aumento, por ejemplo, la cantidad de personas que se han mostrado insatisfechos de la labor de Carabineros (más allá de los casos de corrupción) ante denuncias por delitos aumentó a un 44% en 2017. Lo mismo ocurre con el Ministerio Público (evaluado con nota 2,9) y los jueces (evaluados con nota 2,5).

Los denominados Delitos de Mayor Connotación Social (en adelante DMCS) son los que más impacto tienen en la opinión de la ciudadanía y su sensación de inseguridad, entre los cuales el acceso a las armas como variable favorece la violencia de los delitos y, si bien en Chile existe una baja tenencia de armas [3], su incidencia en esta clase de ilícitos resulta altamente relevante.

A partir de lo anterior se puede establecer que si bien la inseguridad se representa en una sensación de aumento de la delincuencia, su origen objetivo no deriva de altos niveles de comisión de delitos de alta connotación social, ya que de hecho estos representan una baja proporción de la masa de delitos cometidos en un año [3], sino que deriva de la baja resolución con que culminan las investigaciones y procesos judiciales en torno a estos delitos y la alta violencia con que estos acontecen, en donde la tenencia y circulación de armas es una variable relevante.

El creciente uso de armas de fuego en delitos de alta connotación social, particularmente de armas inscritas, ha llevado a la necesidad de discutir la efectividad de los mecanismos de fiscalización y control de armas; la idoneidad de las exigencias para que la población acceda a una y la eficiencia con que la autoridad -en este caso Carabineros- está ejerciendo el control de las armas de fuego inscritas en manos de civiles.

La relación entre el grado de violencia de los delitos y la existencia de armas de fuego resulta evidente, por ejemplo, si se revisa su incidencia en los homicidios, según datos entregados por la campaña “Desafío desarmemos Chile”, que en nuestro país seis de cada diez asesinatos son cometidos con armas de fuego.

En Chile actualmente existen 838.511 armas de fuego, de las cuales 813.355 se encuentran activas (92,3%) reguladas por la Ley Nº 17.798 sobre control de armas. Dicha ley prescribe que se llevará un Registro de Armas y que estas deberán permanecer en el domicilio declarado al momento de la inscripción siendo fiscalizados por Carabineros y la autoridad competente a partir de una orden escrita por el Comisario de la jurisdicción correspondiente.

A su vez si se compara el año 2018 en comparación al año inmediatamente anterior las armas inscritas aumentaron en un 12% lo que evidencia una clara tendencia al alza del número de armas en circulación en nuestro país.

No obstante lo prescrito por la Ley de Control de Armas en torno a la fiscalización y ejercicio efectivo de este control, del total de armas de fuego inscritas y legales que se encuentran entre la población la Dirección General de Movilización Nacional (en adelante DGMN) consignó en su informe que, a lo menos desde 2005 a 2018, existen 25.980 armas de fuego extraviadas, 21.113 robadas y 471 hurtadas, es decir, más de 47.564 armas de fuego inscritas que se encuentran fuera del control de la autoridad. Respecto del extravío, hurto o robo de armas la misma DGMN señaló en este mismo informe que “la serie histórica muestra que es un fenómeno que va en relativo aumento” [4].

Sin embargo, según indicado por el Ministro del Interior a través de medios de comunicación, el volumen de armas de fuego inscritas sin control por parte de la autoridad resulta mucho mayor ya que el propio Ministro del Interior asumió que “tenemos cerca de 240.000 armas, que estando inscritas no sabemos en qué lugar están o quién las tiene”.

Por consiguiente, existen miles de armas inscritas cuyo uso no se encuentra controlado por la autoridad y que eventualmente pueden caer en manos del narcotráfico, la delincuencia o ser manipuladas por menores de edad o personas no capacitadas generando accidentes fatales.

En virtud de los antecedentes anteriores es qué consideramos que la Ley de Control de Armas no impide que las armas de fuego caigan en manos de la delincuencia así como tampoco asegura el control de las armas inscritas por parte de la autoridad.

Por ello, es que resulta necesario modificar dicha norma de manera tal de reducir drásticamente la circulación de armas en el país mediante la prohibición del porte y tenencia por parte de particulares para ayudar a prevenir y reducir la frecuencia y violencia con que se cometen los denominados delitos de mayor connotación social.

A nivel comparado, se puede mencionar las experiencias de Gran Bretaña, Australia y Japón. En el caso del país asiático desde 1992 existe una prohibición absoluta de porte y tenencia de armas salvo condiciones excepcionalísimas, lo que impactó en la reducción de los delitos asociados a armas de fuego [5]. En los casos de Gran Bretaña y Australia se adoptaron leyes de control, porte y tenencia de armas más estrictas que significaron una disminución en la tasa de delitos con armas de fuego [6].

Proyecto de ley

Artículo único.- Modifíquese el Decreto 400, de 1977, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798, sobre control de armas, en el siguiente sentido:

1.- Suprimase, en el artículo 3 inciso primero, la frase “que no sean de los señalados en las letras a) o b) del artículo 2°”.

2. Suprimase, en el artículo 4° inciso segundo, la frase “sin la autorización de la misma Dirección o de las autoridades a que se refiere el inciso siguiente dada en la forma que determine el reglamento. Sin embargo, tratándose de las armas y elementos establecidos en la letra a) del artículo 2°, esta autorización sólo podrá ser otorgada por la Dirección General de Movilización Nacional”

3.- Deróguese el inciso tercero y cuarto del artículo 4°.

4. Sustituyese el inciso primero del art. 5° por el siguiente:

“Excepcionalmente se podrá autorizar la posesión y porte de armas a las personas que al momento de la solicitud de inscripción, se acrediten como deportistas o cazadores, como también a las personas indicadas en el Decreto Ley 3607 .”

 

5. Reemplácese, en el inciso undécimo del artículo 5º, la frase “Las personas que al momento de inscribir un arma ante la autoridad fiscalizadora, se acrediten como deportistas o cazadores” por “las personas indicadas en el inciso primero del presente artículo” y la frase “dos años” por “seis meses”.

6. Modifíquese el artículo 5° A en el siguiente sentido:

a. Intercálese, entre la expresión “tenedor” y la palabra “cumpla”, la frase siguiente “acredite ser deportista y cazador y”.

b. Para reemplazar el literal a) por el siguiente: “a) Ser mayor de edad”.

Artículo transitorio: Las personas que, a la entrada en vigencia de esta ley, tengan inscritas armas de fuego, tendrán un plazo de seis meses para entregarlas a la autoridad competente.

Diputados señores Núñez, don Daniel; Barrera, Labra, Mulet, y Soto, don Leonardo y de las diputadas señoras Hertz, Mix, y Vallejo

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Undurraga, Berger, Cruz-Coke; Pérez, don Leopoldo; Saavedra y de la diputada señora Carvajal, que Prorroga la entrada en vigencia de la ley N° 21.134, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia. Boletín N° 12693-21

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República, lo previsto en la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido en el reglamento de la H. Cámara de Diputados y conforme a los antecedentes y fundamentos que se indican a continuación, vengo en presentar la siguiente moción.

I. Antecedentes:

1. Tramitación de la Ley N° 21.134.

Con fecha 7 de agosto de 2014, los señores diputados don Víctor Torres Jeldes y don Daniel Núñez Arancibia, presentaron el proyecto de ley que Modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, incorporando una regulación para la captura de Dosidicus gigas o Jibia mediante potera y/o línea de mano como único arte y/o aparejo de pesca. A dicho proyecto se le asignó el número de boletín 9.489-21.

En el proyecto se argumentaba que era necesario restringir los artes o aparejos de pesca que pueden utilizarse en las capturas de la jibia, tan solo a la potera o línea de mano, métodos usados principalmente por los pescadores artesanales, puesto “Que la crisis actual de las pesquerías en Chile ha significado la reorientación de muchos pescadores artesanales hacia nuevas pesquerías y es un hecho cierto que muchos de ellos como consecuencia de lo anterior, desarrollan su actividad con la jibia contribuyendo con ello al sustento de numerosas familias chilenas, […]”.

Lo anterior, aduce claramente a que uno de los principales factores al momento de proponerse este proyecto, fue que los autores estimaban que la jibia significaba una salida para muchos pescadores artesanales, quienes se veían afectados en su trabajo dada la crisis existente en las demás pesquerías, ya que este recurso se encontraba en abundancia en las costas chilenas y se había generado un mercado para el mismo.

También se argumentó por parte de los mocionantes que, con el objeto de asegurar un tratamiento sustentable de los recursos naturales, y dado que en el caso de la jibia el “conocimiento del ciclo biológico de la jibia en aguas chilenas es preliminar e insuficiente”, era necesaria la aplicación del principio precautorio que contempla la Ley General de Pesca y Acuicultura. Lo anterior justificaba que se prefirieran en su captura los artes o aparejos de pesca más selectivos y que permitieran reducir el descarte o bycatch.

Es decir, a criterio de los autores del proyecto, existían argumentos económicos, sociales y de sustentabilidad suficientes como para hacer una excepción a la norma general de que la determinación de los artes y aparejos de pesca admitidos en una determinada pesquería corresponde hacerla a la Subsecretaría de Pesca, y que en este caso lo conveniente sería fijarlos por ley.

Si bien el boletín se tramitó desde antes, fue el año 2018 en el cual tuvo su principal atención legislativa, siendo aprobado por amplias mayorías, no sin oposición, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en el Primer, Segundo y Tercer Trámite Constitucional.

La Ley N° 21.134 fue publicada en el Diario Oficial el día 16 de febrero de 2019, con el siguiente articulado:

Artículo único.- Incorpórase en el artículo 5 del decreto supremo N° 30, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los incisos tercero y cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente:

“La especie Dosidicus gigas o jibia sólo podrá ser extraída utilizando potera o línea de mano como aparejo de pesca. Se prohíbe cualquier otro tipo de arte o aparejo de pesca. Los armadores que infrinjan el presente artículo serán sancionados con multa de 500 unidades tributarias mensuales y el comiso de las especies hidrobiológicas y de los productos derivados de éstas.”.

Artículo transitorio.- La presente ley entrará en vigencia seis meses después de su publicación.

Dado lo contemplado en el artículo transitorio, a la fecha de presentación de este proyecto la ley en comento aún no produce sus efectos, entrado esta en plena vigencia el día 16 de agosto.

2. Situaciones ocurridas en la pesquería de la jibia luego de la publicación de la Ley N° 21.134.

Ante la dictación de la Ley N° 21.134, existieron grupos que manifestaron su apoyo por la nueva ley, pero también existieron actores que a través de hechos y opiniones expresaron su malestar y disconformidad con la ley emanada del Congreso Nacional al verse sus intereses, según ellos, pasados a llevar.

Así, por ejemplo, se dio a conocer a través de la prensa que algunas pesqueras industriales cerrarían sus operaciones de captura y algunas de sus plantas de procesamiento de jibia, con el consecuente impacto en los empleos, a raíz de la imposibilidad de mantener el abastecimiento necesario del recurso para hacer eficiente su negocio, con la reforma a la que tendrían que someter sus barcos de arrastre de media agua a la potera o línea de mano para poder cumplir con la Ley N° 21.134 dentro del plazo indicado.

A propósito de lo anterior, los sindicatos y trabajadores de dichas empresas han manifestado recurrentemente y por distintos medios, que se sienten con temor por la estabilidad de sus puestos de trabajo y que ven inviable que puedan, luego de largos años embarcados de manera profesional, reconvertirse a otros rubros.

Ahora bien, resultaría imprudente indicar que el único motivo por el cual estas industrias han cerrado es a raíz de la dictación de la Ley N° 21.134, puesto que tal como se señaló por parte de la autoridad pesquera en la sesión ordinaria de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos celebrada el día 17 de abril de 2019, si bien no es posible descartar que la nueva normativa haya incidido en los anuncios de cierre de las operaciones de captura y de las plantas procesadoras, es también cierto que influye en la toma de esta decisión el hecho de que, ya sea por factores medioambientales o por su misma condición migratoria, la población de jibia en las costas de nuestro país ha disminuido considerablemente desde la dictación de la ley, habiéndose desplazado a otras latitudes, lo cual ha provocado tasas de captura tanto de pescadores artesanales como industriales abruptamente inferiores a las de años anteriores.

3. Desafío futuro ante la ORP-PS de pesquería chilena de la jibia.

A través del Decreto Supremo N° 89 de 2012 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile promulgó la Convención para la Conservación y Manejo de Recursos Pesqueros de Alta Mar del Pacífico Sur (en adelante “ORP-PS” o la “Convención”), entrando ésta en vigor el día 24 de agosto de 2012.

La Convención tiene como principal motor el adoptar las medidas de conservación y manejo para los recursos pesqueros del área, como también el monitoreo del cumplimiento y vigilancia de la implementación de las normas de conservación y manejo, todo lo cual de acorde a un enfoque ecosistémico y precautorio.

A la fecha la ORP-PS no ha dictado aún las medidas de conservación y ordenamiento del recurso jibia, pero en su última reunión anual en enero de 2019 se analizaron los resultados de una auditoría externa sobre su funcionamiento, la cual arrojó como prioridad alta la necesidad de regularlo.

El texto de la Convención señala en su artículo 21 número 1 que:

Al adoptar decisiones relativas a la participación en la captura de cualquier recurso pesquero, incluida la asignación de una captura total permisible o un esfuerzo total permisible de pesca, la Comisión considerará la situación del recurso pesquero, el nivel actual de esfuerzo de pesca respecto de ese recurso, y los siguientes criterios en la medida en que sean pertinentes:

(a) la captura histórica, los patrones de pesca pasados y actuales, y las prácticas en el Área de la Convención.

Por lo tanto, uno de los criterios a considerar por parte de la ORP-PS al momento de determinar la cuota de captura global que tendrá nuestro país respecto al recurso jibia, es la historia, el promedio de lo actual como lo pasado, que se ha capturado por nuestros pescadores, sean estos artesanales o industriales.

Este criterio, en razón de la poca captura ocurrida durante el año 2019, sin dudas será perjudicial para los intereses del país, puesto que incide de manera directa en el promedio acumulado.

II. Conclusión:

Dado el actual estado de sobrexplotación que tiene un importante número de las pesquerías en Chile y las consecuentes limitaciones al esfuerzo pesquero que este estado impone, se hace sumamente necesario mantener al recurso jibia como una alternativa para el sector artesanal e industrial, ambos grandes generadores de empleo dentro de nuestro país.

Ahora bien, tras las situaciones ocurridas luego de la dictación de la Ley N° 21.134, es preocupante que el sector industrial se reste de la captura de la jibia, sea cual sea el motivo esgrimido (ausencia de biomasa o imposibilidad de hacer sostenible su negocio con la adecuación del aparejo o arte de pesca), puesto que su cuota no será capturada, lo que incidirá directamente en el criterio de captura histórica que evaluará la ORP-PS al determinar la participación en la captura de Chile.

En el mismo sentido y respecto a la misma preocupación de la captura histórica, resulta también preocupante que atendido la migración de la jibia, el sector artesanal no logre capturar totalmente su cuota. En base a los antecedentes del Servicio Nacional de Pesca a la fecha durante el año 2019 no se ha alcanzado a desembarcar el 10% del promedio que se había capturado en los últimos 5 años.

Por lo anterior, y bajo el supuesto que en los próximos años la ORP-PS determinará la participación en la captura correspondiente a Chile y adoptará las medidas de conservación y ordenamiento relativas al recurso jibia en toda el Área de la Convención, resulta a lo menos irresponsable o temerario el restringir los artes o aparejos de pesca permitidos para la captura de esta especie si se tiene en mira al menos mantener la cuota global de 200.000 toneladas que en la actualidad poseemos, y que le han permitido a muchos pescadores tanto artesanales como industriales participar en este mercado.

Por esto, y con el objeto de resguardar la posición del país ante la próxima determinación de la participación en la captura de la jibia en el marco de la ORP-PS, venimos en presentar el siguiente proyecto de ley:

Artículo Único: Reemplazase el artículo transitorio de la Ley N° 21.134 por el siguiente:

“Artículo transitorio. - La presente ley entrará en vigencia veinticuatro meses después de su publicación.”.

Diputados señores Undurraga, Berger, Cruz-Coke; Pérez, don Leopoldo; Saavedra y de la diputada señora Carvajal