Labor Parlamentaria

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta en ejercicio).-

En el Orden del Día, corresponde iniciar la discusión del informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos de gobierno, desde el 2008 a la fecha, realizados a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Pensiones, en relación con la concesión y denegación de pensiones de invalidez y sobrevivencia, y su apego a las normas legales vigentes.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este informe se destinará una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas según los tiempos que indicaré a continuación:

Comité Renovación Nacional, 13,56 minutos; Comité Unión Demócrata Independiente, 11,37 minutos; Comité Socialista, 7,21 minutos; Comité Demócrata Cristiano, 5,25 minutos; Comité Partido Comunista-Independientes, 3,29 minutos; Comité Radical, 3,06 minutos; Comité Mixto Liberal, Comunes e Independientes, 3,06 minutos; Comité Partido Revolución Democrática-Independientes, 2,43 minutos; Comité Partido por la Democracia, 2,43 minutos; Comité Partido Evolución Política, 2,19 minutos; Comité Federación Regionalista Verde Social-Independientes, 2,19 minutos, y Comité Mixto Humanista, Ecologista Verde e Independientes, 1,56 minutos.

Antecedentes:

-El Informe de la Comisión Especial Investigadora, Cei 16, se rindió en la sesion 36ª de la presente legislatura, en jueves 6 de junio de 2019.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta en ejercicio).-

En discusión el informe.

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señora Presidenta, el informe de la comisión investigadora nos da una visión bastante completa del Sistema de Calificación de Invalidez de nuestro régimen previsional, el que, indudablemente, debe ser mejorado para garantizar absoluta imparcialidad a los solicitantes de pensiones de invalidez, tanto a aquellos afiliados a las AFP como a los que acceden al pilar solidario mediante una pensión básica solidaria de invalidez, cuestión que se aborda en la reforma previsional que ingresó el gobierno a tramitación a esta cámara, que, por algunos trámites excesivos, lleva más de 8 meses de tramitación.

Si bien la reforma previsional de 2008 mejoró el Sistema de Calificación de Invalidez, eliminar el costo de la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia de los gastos de administración de las AFP y la creación de los médicos asesores de los afiliados, se concluyó que todavía existen ciertas particularidades del proceso que generan eventuales conflictos de intereses, los que debemos propender a eliminar.

Algunos ejemplos de las irregularidades que se detectaron en la comisión son el alto porcentaje de rechazo de licencias médicas por parte de los prestadores de salud privados a personas que se encuentran tramitando su pensión de invalidez. Además, las isapres, como entidades prestadoras de planes de salud privados, tienen la facultad, por ley, incluso a espaldas de los usuarios, ante la hipótesis de licencias médicas prolongadas, solicitar la calificación de invalidez ante la AFP correspondiente.

Por otro lado, la Compin, entidad a la cual son enviadas las apelaciones de las licencias médicas, no tiene un sistema que registre y cruce los datos para determinar si una persona en paralelo a que se encuentra con licencia médica, está tramitando su calificación de invalidez, con el objeto de detectar esas situaciones y tomar medidas para proteger la situación de los afiliados.

Por otra parte, la Superintendencia de Salud, y según la propia presentación del superintendente, no tiene facultades para fiscalizar el cumplimiento de las normas e identificar las razones por las cuales son rechazadas las licencias médicas de personas que se encuentran tramitando su pensión de invalidez.

En ese sentido, la mayoría de las propuestas formuladas coinciden con aquellas que la Superintendencia de Pensiones, organismo fiscalizador del Sistema de Calificación de Invalidez, propuso en la comisión, por lo que van en el mismo camino del órgano regulador.

Algunas de las propuestas más relevantes y que quiero destacar son, por ejemplo, la modificación al artículo 11 bis del decreto ley N° 3500, de 1980, para suprimir la participación del representante de la Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Pensiones y del representante de la Asociación de Compañías Aseguradoras de Chile en la Comisión Técnica de Invalidez, encargada de las normas para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al sistema, y la solicitud al Ejecutivo de la presentación de un proyecto de ley que defina un nuevo mecanismo de integración de dicha comisión, bajo los siguientes criterios: agregar un médico representante del sector público de salud, con conocimiento en redes asistenciales; un médico nombrado por la Superintendencia de Seguridad Social, con conocimiento en patologías de origen laboral y en patologías que constituyen las principales causas de solicitudes de pensiones de invalidez.

Otra propuesta consiste en establecer una inhabilidad temporal en virtud de la cual las personas que han ejercido cargos directivos en la Superintendencia de Pensiones, desde el cargo de jefe de unidad hasta el cargo de superintendente de Pensiones, no puedan ser contratados por las AFP o compañías aseguradoras que participan del sistema de licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia, dentro los doce meses siguientes a la fecha en que han dejado el respectivo cargo.

Otra propuesta sobre la cual se discutió en la comisión se refiere al procedimiento de las comisiones médicas.

Primero, se deben establecer sanciones administrativas por el incumplimiento de los plazos señalados en la ley para el fallo de las solicitudes de calificación de invalidez total o parcial.

Segundo, levantar el secreto del expediente médico para las partes e intervinientes del proceso de calificación de invalidez, que le permitan al afiliado y a sus asesores, en caso de tenerlos, acceso a través de un sistema informático, con acceso restringido a los intervinientes para resguardar la privacidad e información de los solicitantes.

Tercero, debemos estudiar la creación de un mandato único, a través de formulario, mediante el cual los solicitantes transfieran poder de representación a sus asesores o terceros, para poder realizar los trámites y actuaciones ante las comisiones médicas.

Cuarto, es necesario hacer aplicable normativamente a los procedimientos ante las comisiones medicas regionales y central lo dispuesto en el artículo 63 de la ley N° 19.880, reduciendo los plazos legales a la mitad de lo establecido para las solicitudes de calificación de invalidez en casos de enfermedades graves y urgentes, calificados por la comisión médica respectiva.

Quinto, corresponde reformular la figura del médico asesor del afiliado y sustituirla por una comisión asesora de los afiliados, con profesionales interdisciplinarios que puedan acompañar a los afiliados que lo soliciten, asesorarlos en su procedimiento de calificación de invalidez y eventuales apelaciones, sin costo para los afiliados.

Valoramos estas y otras propuestas sugeridas; no obstante, hay algunas que debemos considerar con cautela, porque importan un gasto fiscal adicional, en tiempos en que nos encontramos con poca holgura fiscal. Es así como la propuesta que persigue que todo el Sistema de Calificación de Invalidez sea pagado por el fisco, esto es, adicionar a los gastos que ya cubre el Estado los gastos administrativos del funcionamiento de las comisiones médicas regionales y central, médicos interconsultores y exámenes, todo ello en la parte que corresponda a los afiliados a una AFP, significa incurrir en un gasto adicional anual de más de 12.000 millones de pesos, cantidad que actualmente están pagando las compañías aseguradoras que participan del sistema y las administradoras de fondos de pensiones. Si bien esta medida garantiza mayor independencia en el funcionamiento de las comisiones médicas, debemos sopesarla con cautela en el período actual, en el que no tenemos suficiente holgura fiscal.

Lo anterior no impide que se establezcan diversas medidas que garanticen dicha independencia e imparcialidad en el otorgamiento de este beneficio previsional.

La prohibición expresa a la compañía aseguradora de cuya propiedad participe como controlador o dueño de cualquier porcentaje una administradora de fondos de pensiones, de participar y adjudicarse la licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia, sin perjuicio de que en esta propuesta debe entenderse que la prohibición expresa es a que la compañía de seguros forme parte del mismo grupo económico o tenga un controlador común con la AFP, ya que las AFP no pueden tener como filiales o coligadas compañías de seguros, debe analizarse a la luz de nuestra legislación de libre competencia.

Respecto de la propuesta que garantice el pago del subsidio de incapacidad laboral o licencia médica durante la tramitación de la pensión de invalidez, es una medida que debe considerarse y dar una solución al problema actual que viven los chilenos que no consiguen configurar un menoscabo que les otorgue una pensión de invalidez, pero sí configuran una enfermedad como irrecuperable y, al tener tal carácter, no tienen derecho a recibir el pago de la licencia médica, la que, por definición en nuestra legislación, es para enfermedades recuperables.

Antes de terminar mi intervención, no puedo dejar de señalar que somos especialmente perjudicados en las regiones. Lamentablemente, nuestra Región de Ñuble es la que presenta más pensiones de invalidez y también es la que más rechazos tiene.

Por lo tanto, es especialmente importante que todos los proyectos de ley sugeridos en la comisión investigadora se lleven adelante y ojalá contemos con el respaldo transversal para apoyar estas medidas que son tan importantes para nuestros adultos mayores.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Juan Luis Castro .

El señor CASTRO (don Juan Luis).-

Señora Presidenta, junto con la diputada Gael Yeomans , que presidió la comisión investigadora, y parlamentarios de todas las bancadas presentamos este informe, que tuvo aprobación unánime y que pretende abordar un problema de larga evolución en nuestro país referido a personas que se encuentran enfermas y requieren pensionarse por invalidez porque su enfermedad les impide continuar trabajando.

De la lectura del informe queda meridianamente claro que si en el mundo hoy el 15 por ciento de la población tiene condición de invalidez, no es sostenible que en Chile tengamos 0,2 por ciento de personas con declaración de invalidez.

¿A qué obedecen estas cifras aplanadas y bajas en Chile? A que hay un conjunto de distorsiones, que son precisamente las que investigamos y que queremos pedir que el Ejecutivo corrija a través de una nueva iniciativa.

En primer lugar, en la actualidad los usuarios se encuentran en una total indefensión para lograr neutralidad y objetividad en los juicios médicos al momento de apelar ante la comisión médica de su región o a la Comisión Médica Central. Es inaceptable, y así lo constató la comisión investigadora, que a raíz del decreto ley N° 3.500, de 1980, no solo tengamos el espectáculo que vimos semanas atrás sobre el trámite de las licencias médicas en las Compin, que es obsoleto y burocrático, sino una situación aún peor en el caso de las pensiones por invalidez.

¿Por qué? Porque, para que la gente y nuestros colegas lo sepan, es inaceptable que los médicos especialistas que hacen peritajes e informan sobre las personas que están pidiendo la pensión de invalidez sean contratados por las compañías de seguros, los que, a su vez, son parte de los holdings de las AFP. Nadie en Chile imagina que la remuneración de un médico que debe dar un veredicto, por el hecho de ser especialista y porque el sistema nunca se ha cambiado, provenga finalmente de una parte interesada, como son las compañías de seguros, que tienen todos los incentivos para que no se otorguen las pensiones de invalidez. Ese es un hecho capital y decisivo respecto de las contradicciones y las profundas desigualdades que hoy tiene el sistema de otorgamiento de este tipo de pensiones.

En segundo término, me referiré a un drama todavía peor. Una persona enferma necesita una licencia médica para justificar su ausencia al trabajo y recibir su sueldo. Pero si al mismo tiempo esa persona está tramitando su pensión de invalidez y tiene menos de 65 años de edad, se le rechaza la licencia médica mientras no obtenga dicha pensión. Por tanto, ese usuario enfermo, posoperado o fracturado o con una enfermedad profesional entra en un verdadero “comprahuevos”, porque no tiene ni lo uno ni lo otro. Ese es el drama de miles de chilenos que tienen licencias médicas rechazadas y, a la vez, con una pensión de invalidez en trámite por años, sin poder obtenerla.

¿A qué obedece este modelo tan perverso? A que en definitiva el Estado no ha sido capaz de tener una mirada sobre cómo enfocar la discapacidad del cotizante en cuanto a su ausencia al trabajo en el presente, o, a futuro, al subsidio por incapacidad laboral, porque no puede seguir ejerciendo determinadas funciones en su trabajo, ajena a todos los conflictos de intereses que tienen hoy cinco AFP o muy pocas compañías de seguro, por ley. Digámoslo así: la ley vigente permite que la comisión técnica de invalidez la integren, entre otros, un representante de las compañías de seguros y un representante de las AFP, que incluso dictan las reglas y condiciones bajo las cuales un trabajador puede obtener su pensión.

Con esto no quiero justificar en nada los abusos, porque siempre hay unos pocos que pueden abusar de determinado instrumento. Pero aquí están pagando miles de chilenos por pocos pecadores en un sistema basado en la sospecha: sospecha del afiliado, sospecha del médico, sospecha del empleador, sospecha de la compañía de seguros y sospecha de la AFP, lo que finalmente impide al trabajador hacer uso de un derecho social.

Es vergonzoso que mientras en el mundo se acoge la siniestralidad por invalidez al 15 por ciento de la población -incluso en países OCDE-, en Chile solo sea el 0,2 por ciento. Esa contención a la baja se debe a que el sistema está definido sobre una perversidad en la que hay incumbentes -en este caso, los mismos financiadores de las pensiones, que son las compañías de seguro y las AFP que están interviniendo en el trámite, supuestamente autónomo y estatal, mediante el cual una persona busca calificar para la obtención de la pensión de invalidez.

Por eso, en la comisión acordamos con mucha fuerza y por unanimidad pedir al Primer Mandatario que legisle sobre estas materias, que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Al igual que el doloroso y deplorable sistema de tramitación de licencias médicas, el de pensión por invalidez es otra arista de cómo en Chile una persona que tiene una enfermedad que le impide trabajar no puede acceder a ese beneficio por más que lo haya acreditado y fundamentado, porque el perito que evalúa su enfermedad no es independiente o autónomo -en el caso que nos ocupa, me refiero al médico especialista, pagado, financiado por una compañía de seguros-, y la institucionalidad del sistema es burocrática, lapidaria y muchas veces humillante para las personas que deben peregrinar durante años por entidades del Estado para obtener ese beneficio tan largamente anhelado, que es lo que les permitirá sobrevivir en el futuro.

Por lo expuesto, en nombre de la bancada del Partido Socialista, solicito a la Sala que apoye con mucha fuerza el informe de la comisión investigadora. Además, pido que el Ejecutivo se haga cargo de esta materia, porque aquí va a encontrar asidero para tener una legislación en materia de pensión de invalidez y de licencias médicas, que después de 1980 nunca ha sido modificada.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans Araya , quien además hará uso del tiempo correspondiente al Comité Revolución Democrática, lo que suma cinco minutos y cincuenta y seis segundos.

La señorita YEOMANS (doña Gael ).- Señora Presidenta, quiero comenzar mi intervención haciendo un reconocimiento público a la Fundación Valídame, que durante bastantes años ha luchado para que este tema saliera a la luz; a las distintas organizaciones sobre la materia y a las personas que pudieron dar su testimonio y acompañar los antecedentes de lo que, lamentablemente, les tocó vivir, que no les permitió seguir trabajando y las obligó a solicitar la pensión de invalidez para subsistir. También saludo a aquellos que hoy no nos pueden acompañar presencialmente porque su enfermedad se los impide, o porque, por desgracia, murieron esperando su pensión. Vaya desde aquí mi más sentido pésame a los familiares de esas personas.

Quiero saludar especialmente a Alejandra Vidal , extrabajadora de AFP Provida, quien vivió ambas caras de la moneda, como trabajadora y como solicitante de una pensión de invalidez. Alejandra entregó información relevante y valiosa para nuestra investigación. Además, tuvo que soportar más de treinta y seis meses de espera para obtener su pensión, sin ningún tipo de ingreso económico, ya que permanentemente sus licencias médicas fueron rechazadas, por lo que tuvo que vivir de la caridad de terceros.

El trabajo de la comisión investigadora fue arduo, pero permitió comprobar las sospechas que teníamos desde el inicio sobre las irregularidades que existían respecto del funcionamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia.

Durante nuestro trabajo acreditamos que existen denuncias no resueltas por manipulación de la cantidad de personas acogidas a pensión de invalidez, sobre lo cual ninguna autoridad ha realizado investigaciones rigurosas con posterioridad a 2008.

Asimismo, que el sistema funciona con un alto grado de conflicto de interés tanto en su financiamiento como en su estructura administrativa.

Quiero decir lo siguiente sin rodeos: Acá existe control de siniestralidad, a pesar de que el superintendente lo negó insistentemente. Las AFP, como dijo Paola González -ella también sufrió obstaculizaciones en el reportaje que transmitió TVN hace algunas semanas, crearon un sistema siniestro, ya que financian desde el sistema informático que utilizan las comisiones médicas y el personal administrativo hasta -escúchenlo bien, colegas los honorarios de los médicos interconsultores, que son determinantes para definir si se concede o no una pensión de invalidez.

Las AFP y las compañías aseguradoras tienen, por ley, un representante cada una en la Comisión Técnica de Invalidez, que cuenta con un total de cinco integrantes. Ella es la instancia encargada de definir si una enfermedad habilita o no para que se otorgue una pensión y de calificar los grados de invalidez; es decir, las AFP deciden a qué enfermedades se les debe considerar objeto de pensión de invalidez y su grado, definición que luego aplican las comisiones médicas de salud en el examen que hacen a los usuarios.

Solo un ejemplo del poder que ejercen: a petición de las compañías aseguradoras, la fibromialgia es una invalidez tipo 3. ¿Qué implica esto? Que las personas que padecen esta enfermedad jamás podrán acceder a una pensión de invalidez total y, por ende, recibirán una pensión paupérrima que no les permitirá costear su tratamiento médico y dejar de trabajar, no obstante que su enfermedad se lo impide.

Por si fuera poco, la ley no prohíbe la participación de las compañías de seguros relacionadas o dependientes de las AFP en la licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia. Por ende, no está prohibido el conflicto de intereses; acá se permite por ley.

En términos simples, son los mismos dueños de las AFP, los mismos dueños del seguro de invalidez de las compañías aseguradoras que se adjudican la licitación, lo que ha ocurrido en varias oportunidades desde 2008, año en que se realizó la última reforma previsional.

La ley tampoco contempla sanciones para cuando se incumplen los plazos en el fallo de los expedientes médicos. Tampoco se cumple el derecho de todo afiliado a contar con un asesor médico.

Eso significa, lamentablemente, que estamos amparando que se incline la balanza en favor de las compañías aseguradoras, que cuentan con los recursos necesarios para financiar a los médicos interconsultores, lo que no ocurre con los afiliados, que ni siquiera pueden revisar el expediente de invalidez.

Finalmente, quien pone la lápida acá es la Superintendencia de Pensiones, que ha tenido un rol activo en posibilitar los abusos de los privados. En 2012, a petición de la gerencia de una AFP, la Superintendencia de Pensiones autorizó un procedimiento llamado “agendamiento de horas”, que impone más requisitos que los establecidos en la ley. En efecto, la ley establece que a una persona que quiere optar a una pensión de invalidez se le debe pedir solo su carné de identidad. ¿Qué hizo la Superintendencia? Estableció más requisitos a través del agendamiento de horas, con lo cual se postergó la posibilidad de los afiliados de acceder a su pensión de invalidez en el tiempo que corresponde.

Ante tales hechos, no queda otra que citar a Violeta Parra : “Todo es penuria y quebranto, de las leyes de hoy me espanto”. Así debería espantarse la Cámara de Diputados de lo que está sucediendo al amparo del Estado, porque, lamentablemente, tenemos enfermos sin pensión de invalidez, por lo cual, lastimosamente, deben seguir trabajando.

¿Con qué cara les vamos a ir a hablar a esas personas? Me parece tan indignante, que es necesario que el gobierno se pronuncie al respecto y lo incluya en su reforma de pensiones. Como digo, no tengo cara para mirar a esas personas.

He dicho.

-Aplausos.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Nino Baltolu Rasera .

El señor BALTOLU.-

Señora Presidenta, al escuchar los discursos de pronunciados por diputados, me queda la impresión de que sienten que tenemos la culpa de lo que está sucediendo en esta materia, pero lo cierto es que no tenemos la culpa de nada.

Llevamos poco tiempo en el Congreso Nacional y recién nos estamos dando cuenta de la situación en que se encuentra nuestra sociedad. El gobierno actual lleva poco más de un año al mando del país, y, tal como dijo la diputada Yeomans , desde 1980 que no se ha modificado este sistema.

Sabemos que la gente enfrenta cada vez más problemas de salud. El haber formado parte de esta comisión especial investigadora nos ha permitido sentir esa realidad como si la viviéramos en carne propia.

A lo que estamos llamados como parlamentarios es a tratar de resolver problemas, aunque sabemos que en este caso la iniciativa debe venir del gobierno, porque se requieren recursos económicos para ello. No obstante, desde la Cámara de Diputados podemos contribuir a mejorar las acciones de las personas, y creo que lo podemos lograr si aunamos nuestras voluntades.

Sin duda, hay un problema de conjugación, porque si bien todo el mundo le echa la culpa a las isapres, la mayoría de las personas están afiliadas al Fonasa. Eso hay que dejarlo sumamente claro. Es uno de los predicamentos que he tenido, porque, al parecer, aquí todo es contra la empresa privada, no obstante que así como hay isapres para la salud, también está el Fonasa para la salud.

Cuando una persona se enferma y le otorgan licencia médica, estas dos empresas o compañías, si es que se las puede llamar así, entregan los subsidios por el sueldo que no recibe ese trabajador. Lamentablemente, cuando hay un inconveniente, la Compin se demora en resolver -pronto tendremos una comisión especial investigadora al respecto y no da explicaciones. En esa caso, el trabajador que está esperando su resolución se queda sin recibir ingresos, lo que a veces se prolonga por dos, tres, cuatro, cinco, seis meses o más.

¿Qué le dicen? Que al final le van a pagar; pero esa persona necesita el flujo de caja ahora. Sé que a muchos no les gusta que utilice ese concepto, pero las personas son como las empresas, es decir, deben contar con un flujo de caja. Por ejemplo, si me enfermo y no me pagan la licencia médica, obviamente no puedo cumplir con el pago de la cuota de mi casa, no puedo pagar la cuenta de la luz, no puedo pagar la cuenta del agua, y se viene todo un desastre, además de la enfermedad.

Por lo tanto, lo que debemos hacer es aunar nuestras voluntades para solucionar este problema. A lo mejor se trata solo de falta de comunicación.

Sabemos que hay personas a las que les emiten licencias médicas falsas, pero es evidente que cuando una persona lleva un año con licencia médica, incluso pagada, alguien debe poner la voz de alerta, porque no es lo normal. Cuando eso sucede, el caso debería tomarlo otra comisión, para que decida qué hacer con ese ciudadano, con todo el respeto que merece.

Por lo tanto, llamo a no enrostrarnos por las cosas que hemos escuchado o hemos visto; la Cámara de Diputados está para solucionar problemas.

En ese sentido, los invito a pronunciar discursos más amables, aunque escuchemos o sepamos de casos de personas sufrientes. Si hay personas que no están recibiendo los recursos que les corresponden para vivir o sobrevivir, enfoquémonos en resolver ese problema.

En un momento dije que tanto el Fonasa como las isapres debían estar al lado de los enfermos. Entonces, si una persona afiliada a una isapre lleva un año sin trabajar, incluso con licencia pagada, evidentemente que la isapre debe ponerse al lado de ese trabajador y ayudarlo a obtener la pensión correspondiente, con lo cual pasan a ser socios en ese intento. Esa debe ser la figura.

Por lo tanto, invito a los diputados, a los pocos presentes en la Sala, a aunar nuestras voluntades para llegar a acuerdos que nos permitan mejorar esta situación. Llamemos a los técnicos del ámbito de la salud para que nos ayuden en este intento.

Lo casos que conocimos en la comisión son dramáticos, por el problema económico y por las enfermedades que afectan a esas personas y porque muchas de ellas no tienen ninguna solución.

En definitiva, invito a los parlamentarios a que nos pongamos del lado de los enfermos. He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Muy bien, señor diputado. Se harán sonar los timbres de llamada.

Tiene la palabra la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen).-

Señor Presidente, sin duda que esta comisión especial investigadora detectó graves irregularidades en el funcionamiento del sistema de concesión de pensiones de invalidez. La primera de ellas, las denuncias no resueltas con posterioridad a 2008 por prácticas del llamado “control de siniestralidad”, que no es otra cosa que la implementación de medidas estructurales por parte de ciertas AFP para evitar el acceso a pensiones de invalidez para trabajadores cubiertos por el seguro correspondiente.

La segunda irregularidad detectada es la del funcionamiento de las comisiones médicas y el incumplimiento de la ley respecto de las calificaciones técnicas para optar a las pensiones de invalidez, lo que dice relación con las irregularidades en el funcionamiento del procedimiento administrativo para calificar la invalidez ante las comisiones médicas regionales y la comisión médica central, y la cantidad de conflictos de intereses existentes en ese ámbito.

Por otra parte, está el problema de la falta de fiscalización y de recursos adecuados para intervenir a las AFP y a las compañías aseguradoras que operan en el sistema. Se estableció que la capacidad de fiscalización sobre los expedientes médicos corresponde, en promedio, a 300 anuales, de un total aproximado de 16.000 solicitudes por año.

De esa forma, se da por sentado que la capacidad de fiscalización de oficio de la Superintendencia de Pensiones no constituye ninguna muestra representativa del universo de procedimientos realizados.

Por otro lado, la superintendencia, a través de diferentes actuaciones normativas, habría contribuido y autorizado a las AFP para establecer trámites y requisitos más allá de lo que fija la ley, que, sin duda, obstaculizan el acceso al trámite de la pensión de invalidez, por sobre los requisitos establecidos en la ley.

Se han hecho varias propuestas legislativas que nosotros aprobamos.

En primer lugar, es necesario modificar el artículo 11 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, para suprimir la participación del representante de la Asociación Gremial de las Administradoras de Fondos de Pensiones y del representante de la Asociación de Compañías Aseguradoras de Chile, en la Comisión Técnica de Invalidez.

Sin duda, es necesario pedir al Ejecutivo la presentación de un proyecto de ley que defina un mecanismo transparente de integración de dichas comisiones.

También estamos por establecer una inhabilidad temporal, en virtud de la cual las personas que han ejercido cargos directivos en la Superintendencia de Pensiones, desde el jefe de unidad hasta el superintendente, no puedan ser contratadas por las Aseguradoras de Fondos de Pensiones o por las compañías aseguradoras que participen en el sistema de licitación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que han dejado el respectivo cargo, porque la manera actual de la designación es impresentable.

Asimismo, solicitar al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que establezca un sistema de financiamiento público, con cargo al presupuesto de la Superintendencia de Pensiones, para las comisiones médicas regionales y la Comisión Médica Central.

Por último -los demás antecedentes los dejaré en la Mesa-, solicitar al Presidente de la República efectuar las modificaciones legales y reglamentarias que sean necesarias...

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Señora diputada, ha concluido su tiempo. Cerrado el debate.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación.

Hago presente a la Sala que se han presentado indicaciones. Por lo tanto, el proyecto podrá ser votado en general si se cierra el debate.

Diputada informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana es la señorita Camila Vallejo .

Antecedentes:

-Moción, sesión 19ª de la legislatura 366ª, en martes 8 de mayo de 2018. Documentos de la Cuenta N° 13.

-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión 21ª de la presente legislatura, en martes 21 de mayo de 2019. Documentos de la Cuenta N° 17.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

La diputada Claudia Mix. Tiene la palabra la diputada informante.

La señorita VALLEJO, doña Camila (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en una moción de las diputadas Karol Cariola , Carmen Hertz , Camila Rojas y Camila Vallejo , que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación.

Cabe señalar que el proyecto no está calificado con urgencia por el Ejecutivo.

Este proyecto, conocido como “sin consentimiento es violación”, viene a resolver una deficiencia de nuestro Código Penal en materia de violencia hacia las mujeres. Si bien el proyecto no distingue género de la víctima, sabemos que las mujeres son las principales afectadas por el delito de violación. Nuestra sociedad asume que las mujeres debemos estar siempre dispuestas a la relación sexual, nos sexualiza al punto de tratarnos como objetos a disposición del placer sexual del victimario.

Casos como el de La Manada, en España, y otros brutales ataques en nuestro país han hecho presente que no basta con tipificar la violación desde oposición de resistencia, entendiendo que en este delito existe casi siempre coerción, amenazas, situaciones de dependencia, miedo paralizante e, incluso, estado de inconsciencia, al ser las víctimas drogadas para poder cometer el abuso.

Cabe hacer presente que, mediante oficio Nº 14.410, de fecha 18 de diciembre del 2018, la Cámara de Diputados accedió a la petición de esta comisión en el sentido de tramitar la iniciativa.

Por razones de tiempo, omitiré tanto la nómina de invitados y sus exposiciones, las cuales constituyeron un crucial aporte a la discusión de esta iniciativa parlamentaria, como también los fundamentos y antecedentes de la misma, haciendo presente que todo ello se encuentra a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados en el informe.

Ideas matrices o fundamentales

Las ideas centrales del proyecto se orientan al siguiente objetivo:

Modificar el Código Penal, con la finalidad de establecer como una cuarta hipótesis, en la comisión del delito de violación, la exigencia de la concurrencia, en la perpetración de los hechos, de más de una persona, como asimismo contemplar de manera explícita la ausencia del consentimiento como elemento para tipificar este delito.

Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado.

No contiene disposiciones con este carácter.

Normas que requieren trámite de Hacienda.

No contiene disposiciones que requieran ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

El proyecto fue aprobado en general por unanimidad.

En la sesión Nº 38, del 10 de abril del 2019, puesta en votación la idea de legislar, fue aprobada por todos los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Votaron a favor los diputados señores Miguel Ángel Calisto -Presidente-, Gonzalo Fuenzalida , Andrés Longton -en reemplazo de la diputada señora Marcela Sabat -, Cristhian Moreira , Osvaldo Urrutia y Daniel Verdessi , y las diputadas señoras Maite Orsini , Andrea Parra , Camila Vallejo y Gael Yeomans .

Artículos e indicaciones rechazados o declarados inadmisibles. Artículos rechazados.

El artículo único que compone el texto de la moción, con ocasión de aprobarse sendas indicaciones sustitutivas. Es decir, el artículo único fue modificado por completo, a través de una indicación sustitutiva, acordada por todos los diputados y todas las diputadas presentes.

Indicaciones rechazadas o declaradas inadmisibles

Dos indicaciones, de los diputados señores Meza y Mulet , conforme se consigna en el informe.

Relación descriptiva del proyecto

La iniciativa parlamentaria consta de un artículo único, que sustituye el artículo 361 del Código Penal, que sanciona el delito de violación, agregando como Nº 4 una nueva hipótesis que se puede dar para que concurra este acto ilícito y que acaece cuando hay participación de más de una persona en la perpetración de los hechos; además, regula la ausencia de consentimiento como elemento esencial para tipificar el delito de violación, y establece, respecto de este delito, que la mera inacción o falta de resistencia de la víctima no constituye manifestación de consentimiento.

Disposiciones legales que el proyecto modifica

La iniciativa en estudio modifica el Código Penal, en la forma descrita en el acápite anterior.

Discusión y votación del proyecto A.- Discusión general

Teniendo en vista las consideraciones y los argumentos contenidos en la moción y las opiniones expresadas por las autoridades e invitados, la unanimidad de las señoras diputadas y de los señores diputados fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia.

Las opiniones y observaciones formuladas por las diputadas y los diputados, como por el Ministerio Público, las autoridades policiales y los invitados se consignan latamente en el informe respectivo.

B.- Discusión y votación particular

El artículo único de la moción, que reemplaza íntegramente el artículo 361 del Código Penal, luego de un extenso debate, según se detalla en el informe pertinente, fue objeto de una indicación sustitutiva formulada por los diputados señores Miguel Ángel Calisto , Álvaro Carter , Mario Desbordes , Gonzalo Fuenzalida , Andrés Longton , Enrique van Rysselberghe y Daniel Verdessi , y las diputadas señoras Karol Cariola , Maite Orsini , Andrea Parra , Camila Rojas y Camila Vallejo , que, en definitiva, concentra en esta modificación diversos delitos de connotación sexual, además del delito de violación.

1.-Reemplázase el artículo 361 por el siguiente:

“Artículo 361: El acceso carnal o la acción sexual que consistiere en la introducción de objetos de cualquier índole, incluyendo otras partes del cuerpo ya sea por vía vaginal, anal o bucal, o cuando se utilizaren animales en ello, sin el consentimiento de la víctima, constituye violación y será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio, en los siguientes casos:

1º Cuando se usa de fuerza o intimidación o cuando exista coacción;

2° Cuando se aprovecha de la privación de sentido de la víctima o de su incapacidad o imposibilidad para oponerse. Se entenderá especialmente que hay incapacidad o imposibilidad para oponerse cuando la víctima haya sido coaccionada por la participación de más de una persona en la perpetración de los hechos.

3° Cuando se abusa de la enajenación, trastorno, anomalía o perturbación mental, aun transitoria de la víctima.

Se aplicará la misma pena a quien, para realizar la conducta descrita en el inciso primero, obtenga el consentimiento abusando de una situación de vulnerabilidad de la víctima, de una relación de dependencia o una condición de subordinación a la autoridad, como en los casos en que el agresor está encargado de su custodia, educación o cuidado, o tiene con ella una relación laboral; así como también en los casos en que se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima o valiéndose de engaño.

Cuando la víctima sea una persona menor de 14 años, la pena asignada al delito será la de presidio mayor en cualquiera de sus grados, aunque no concurra circunstancia alguna.

La mera inacción o falta de oposición de la víctima no constituye manifestación de consentimiento.”.

Puesta en votación esta nueva indicación sustitutiva, se aprueba por unanimidad.

La indicación formulada por los diputados Miguel Ángel Calisto , Álvaro Carter , Mario Desbordes , Gonzalo Fuenzalida , Andrés Longton , Enrique van Rysselberghe y Daniel Verdessi , y por las diputadas Karol Cariola , Maite Orsini y Camila Rojas señala:

“i. Deróganse los artículos 362, 363, 365, 365 bis y 375.

Se derogan los artículos que consagran los delitos de violación a menores de catorce años o del mismo sexo y el delito de estupro, los que se plasman en el nuevo artículo 361, y se elimina del ordenamiento jurídico penal el delito de incesto.

ii. En el artículo 366, sustitúyese, en su inciso primero, los vocablos “enumeradas en el” por el vocablo “del”.

b. Elimínase su inciso segundo.

iii. Para modificar en el artículo 366 quáter, inciso tercero, eliminando la referencia al artículo 363.

iv. En el artículo 366 quáter:

a. Sustitúyese las palabras “del numerando 1° del” por “contempladas en el”.

b. Elimínanse los vocablos “o de las enumeradas en el artículo 363”.”.

Puestas en votación las indicaciones signadas con los literales i, ii, iii y iv, fueron aprobadas por asentimiento unánime. Todas estas son adecuaciones al Código Penal en materia de delitos sexuales, dado que se contempla una nueva formulación en el artículo 361.

Para concluir, se formula una indicación por la diputada Andrea Parra para eliminar el inciso final del artículo 369 del Código Penal, que se refiere al perdón del ofendido. Se trata de una propuesta que formuló en su momento el Ministerio Público y que pareció razonable.

Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad.

En la discusión, entre otros aspectos tratados, se señala que uno de los caminos para abordar el cambio que se pretende es modificar todos los delitos sexuales de manera sistemática, en cuanto ellos tengan como base el delito de violación, o la otra alternativa es introducir modificaciones para cada tipo penal en particular y que se encuentren vigentes.

Se advierte que al establecer como ejemplo los que se indican en el respectivo artículo, ellos dejan de ser circunstancias comisivas, y eso significa hacerse cargo del delito de abuso sexual en cuanto se refiere a las circunstancias comisivas del artículo 361 del Código Penal, que ya no existirían.

Una de las formas de abordarlo es poner estos ejemplos bajo la regla de la ausencia de consentimiento de la víctima y para ello se requiere la modificación del abuso sexual.

Por otra parte, si no se hacen las modificaciones sistémicas de los otros artículos, se estima que corresponde dejarlos como taxativos o cerrados, pero ello depende de regular el artículo 361 con ausencia de consentimiento o abordar los cambios de manera sistémica.

Respecto a la situación de participación de más de una persona, que aparece fundamental en este proyecto, se señala que es complejo colocar un ejemplo dentro del tipo penal. Más que a la perpetración, si bien en el numeral 1° se incluye la coacción, se habla también de coacción en el ejemplo, de manera que este caso de coacción se refiere a la imposibilidad para oponerse o a la existencia de coacción. Por ello propone modificar la frase “cuando una persona sea coaccionada por la participación de más de una persona”, porque no es claro que se asuma en dos situaciones.

En el caso del numeral 3° se trae a este artículo lo que se conoce como estupro y explica que las circunstancias comisivas del actual artículo 363 apuntan a la vulnerabilidad de fondo. Por lo tanto, estos serían ejemplos de situaciones de vulnerabilidad de la víctima, como la relación de dependencia, subordinación a una autoridad, etcétera, y el grave desamparo de la víctima, con lo que se desarrolla una relación de especie a género en el que la vulnerabilidad incluye otros ejemplos que se escapan del enunciado.

Se plantea que como las circunstancias anteriores apuntan a la ausencia de consentimiento, el caso del numeral 3° corresponde a un consentimiento viciado u obtenido por el actor aprovechándose de ciertas cosas. Por ello, conviene precisarlo más, agregando “cuando el consentimiento se logre aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima.”, porque en este caso se obtiene consentimiento -no está ausente-, pero está viciado, por lo que se podría exponer como un inciso nuevo.

Acerca de la pluralidad de los actores en el delito de violación, se sostiene que habría que distinguir lo siguiente.

En primer lugar, se aclara que no todos deben acceder a la víctima para entender que son autores del delito de violación, mientras esas personas realicen algunas de las acciones descritas en el artículo 361 del Código Penal. Así, por ejemplo, si una persona ejerce fuerza y es otro el que accede carnalmente a la víctima, ambos son autores del delito de violación, porque la fuerza se encuentra dentro de las circunstancias comisivas del delito de violación, de manera que cualquier persona que cometa alguna de las acciones contenidas en el delito de violación será penado como autor, acceda o no acceda carnalmente a la víctima.

Asimismo, el artículo 371 establece que si la persona tiene algún vínculo con la víctima, el que es participe o cómplice, pero no hace estas acciones, como, por ejemplo, la madre que encierra a la víctima, también se juzga como autor del delito de violación, pero además existe el artículo 368 bis, que sanciona como agravante cuando existan dos o más autores del delito.

Se advierte que hay distintas normas que se deben considerar antes de aplicar una pena.

Por último, quisiera destacar la importancia de este proyecto, que viene a reparar una doble injusticia que sufren principalmente las mujeres víctimas de una violación. Además de sufrir tal crimen, deben enfrentar una legislación que las cuestiona si no oponen suficiente resistencia. Recientemente, la Corte Suprema española subió la pena de los atacantes del caso La Manada, que violaron y torturaron en grupo a una mujer, al considerar que sí se había configurado el delito de violación, a diferencia de lo que estableció el Tribunal de Navarra, que había señalado que el caso constituía solamente abuso sexual, pero no violación. La Corte Suprema entendió que la víctima no opuso mayor resistencia por miedo a que el ataque fuera peor, por miedo a que la mataran.

Si bien este fallo es un paso adelante en la justicia, las mujeres no podemos seguir dependiendo del criterio de los jueces de turno para que se haga justicia. Necesitamos leyes que, como mínimo, reconozcan nuestro derecho a la indemnidad sexual y a la justicia.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Ramón Galleguillos .

El señor GALLEGUILLOS.-

Señor Presidente, en primera instancia, me referiré a un hecho que concitó el interés mundial.

Estas últimas semanas, los seis jóvenes de Manresa se han enfrentado a la Audiencia de Barcelona acusados de abusar sexualmente de una chica de 14 años. Los hechos ocurrieron en una fábrica abandonada en octubre de 2016 y es conocido como el “Juicio de La Manada”. Ellos se encontraban celebrando cuando, según ha explicado la fiscalía de ese país, los acusados aprovecharon la situación de embriaguez de la menor para abusar de ella.

En primer lugar, uno de los acusados se llevó a la menor a una caseta abandonada y abusó sexualmente de ella. Momentos después, volvió junto a sus amigos para animarles a hacer lo mismo que él acababa de realizar con la menor. Y así sucedió: seis jóvenes se fueron turnando cada quince minutos para abusar sexualmente de la adolescente, mientras otro de los jóvenes se masturbaba observando la agresión, sin impedirla.

Horas después de la violación múltiple, según el escrito de la acusación, cuando en la fábrica abandonada solo quedaban la víctima y su amiga junto a dos de los procesados, estos volvieron a agredirla sexualmente.

La Fiscalía de Barcelona pide una pena de cárcel de entre 10 y 12 años. Al no mostrar resistencia la víctima, anulada por el consumo de alcohol, y, por tanto, ante la inexistencia de violencia o intimidación de los agresores, el tipo penal por el que se les acusa no permite imponer una pena mayor. La víctima, en tanto, a través de su abogado, alega que los acusados llevaron a cabo un claro delito de agresión sexual reiterado y defiende la existencia de violencia e intimidación para que la menor no se opusiera al ataque. Por ello, pide una pena de entre 15 y 20 años de cárcel.

El caso de La Manada, que impactó mundialmente, no es el único y Chile no está tan alejado de esa cruel realidad ni de hechos de violencia sexual, principalmente, contra niñas, adolescentes y adultos.

Por ello, este proyecto, que busca modificar el artículo 361 del Código Penal y que respaldaré con mi voto, establece que siempre sin consentimiento hay violación y busca enmendar que la mayor fuerza de la prueba en un juicio esté puesta en la resistencia que pueda oponer la víctima, y si la víctima no se resiste, no hay cómo respaldar la acusación de violación.

Las estadísticas del Ministerio Público del 2018 muestran un significativo aumento de los delitos sexuales, llegando a 24,81 por ciento en todo el país, lo que significa un total de

28.132 casos más que en el mismo período de 2017, el mayor registro desde el inicio de la reforma procesal penal en Chile.

De esa cifra se desprende que los abusos sexuales registraron un incremento de 25,35 por ciento y las denuncias por violaciones crecieron 22,9 por ciento. De esos porcentajes, el 71,3 por ciento corresponde a víctimas menores de 18 años.

Para mayor abundamiento, según cifras de la fiscalía, entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año, hay 9.544 causas de delitos sexuales ingresadas en el sistema del Ministerio Público, lo que sigue marcando una inclinación al alza durante el último tiempo.

El aumento reportado en el ingreso de estas causas no debe ser entendido necesariamente como un alza en la comisión de los delitos, ya que podría explicarse por una mayor disposición a la denuncia, sobre todo si se consideran variables contextuales que han traído consigo una mayor visibilización de esos ilícitos, que, en la mayoría de las ocasiones, permanecen circunscritos a la esfera del secreto y de lo privado.

Como parlamentarios, nos corresponde el rol de promover reformas legales que garanticen la protección a las víctimas y que las leyes contemplen los rangos de penas adecuados para los autores de esos delitos.

Ojalá que esta iniciativa contribuya a no seguir sumando casos como el de Belén, Gabriela, María y muchos otros más que han impactado a Chile entero. El proyecto en sí aporta al incorporar teorías de género y la normativa internacional sobre derechos humanos, junto con facilitar el ejercicio de la acción penal y la protección de las víctimas.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea).-

Señor Presidente, el jueves 26 de abril de 2018, el mundo se conmovió con la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra, que condenó por el delito de abuso sexual continuado a cinco hombres en España.

El caso conocido como La Manada perturbó profundamente a la ciudadanía y principalmente a movimientos de mujeres que se rebelaron ante un fallo que, en su parte medular, argumentaba que el acto no podía ser considerado violación porque la víctima no opuso resistencia al ataque y no se pudo acreditar ni violencia ni intimidación por parte de los acusados, pese a ser penetrada sin consentimiento por todos ellos.

Si bien el Tribunal Superior de Justicia de Navarra decidió recientemente revocar esa sentencia, lo ocurrido en Pamplona vino a plantearnos la necesidad de modificar el Código Penal chileno con el propósito de dejar expresamente establecido en su articulado que el sexo sin consentimiento es violación.

En rigor, la moción ingresada por las diputadas Camila Vallejo , Karol Cariola y Carmen Hertz busca resolver los vacíos que presenta el artículo 361 del Código Penal, haciéndonos cargo de aquellas situaciones de no oposición consciente, es decir, de aquellos casos en que existe un estado de inconsciencia o disminución de los sentidos, y de los casos en que existe una paralización por parte de la víctima por encontrarse en una situación de vulnerabilidad.

Evidentemente, es un acto de injusticia depositar en la víctima, que está siendo agredida en su dignidad, la responsabilidad de tener determinadas conductas, para luego acreditar el o los delitos ante los tribunales.

¿Acaso no es esperable que una mujer entre en shock o se paralice ante un delito de esta naturaleza, cuando, incluso, frente a un delito común tendemos a no oponer resistencia con tal de no sufrir una mayor agresión? Es más, la evidencia y la literatura comparada comprueban esa hipótesis. Un estudio clínico publicado en Suecia en 2017 reveló que el 70 por ciento de las casi trescientas mujeres supervivientes de violación evaluadas experimentó parálisis involuntaria durante la agresión.

En el último tiempo, a medida que los casos de violencia de género se han ido visibilizando con mayor fuerza, surge el debate en torno a la idoneidad de la justicia penal para hacer frente a la misma.

El delito de violación es una de las más graves violencias sexuales y hasta ahora no se le había dado una mirada desde la objetivación de la mujer por parte del agresor.

De acuerdo con diversas instituciones especializadas en la materia, los Estados tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias para proteger a las mujeres de ese tipo de violencia. Es más, particularmente el sistema de Naciones Unidas ha recomendado a los países corregir la definición de violación, pues, según su aproximación, la mayoría de las actuales legislaciones en el mundo tiende a revictimizar a la víctima cuando se le cuestiona su comportamiento frente a un acto de violación.

Por lo tanto, el proyecto en debate, que propone modificar el Código Penal, sin duda, es un gran avance en materia de género y justicia. Incluso su tramitación, precursora en América Latina, lo ubica a la par de diez países europeos, como Suecia, Alemania, Bélgica , Irlanda , Islandia , Portugal y Grecia, los cuales regulan el delito de violación en función del consentimiento y no en base a la existencia de violencia o intimidación.

Hoy queremos decir sin ambigüedades, fuerte y claro: ¡El sexo sin consentimiento constituye violación! Así de simple. Cualquier interpretación distinta sería profundizar el dolor de la víctima y amparar al agresor y su acción delictiva.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, este proyecto tiene como antecedentes hechos que son siempre dramáticos, delitos repugnantes, generalmente en contra de mujeres que han sido violadas o abusadas en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Sin embargo, bajo ciertos regímenes jurídicos, algunas de esas conductas no pueden ser sancionadas. Escuchamos el relato muy ilustrativo del diputado Galleguillos respecto del caso de La Manada, en España. Lamentablemente, en Chile tenemos nuestra propia manada, de la que fue víctima una ciudadana argentina. Probablemente, hay muchos hechos de esa índole que están en silencio en el corazón de las mujeres que, por distintos motivos, no van a contarlos ni tampoco acuden a pedir justicia.

El problema es que la legislación penal chilena cae dentro de esos regímenes jurídicos injustos, debido a la indefensión que provocan. De ahí la importancia de este proyecto de ley, que, desde ya, invito a aprobar. Me parece que es un proyecto muy acorde a los tiempos, que probablemente ayudará a disminuir las violaciones -ojalá así seao, por último, permitirá que los violadores paguen caro.

En efecto, el proyecto apunta a dos fines fundamentales, que me llaman la atención.

El primero de ellos es simplificar la regulación de los delitos de connotación sexual -la forma-. Hasta hoy los delitos están regulados de manera diferente, pero en el fondo tienen el mismo significado y gravedad. Así, por ejemplo -la diputada Vallejo la mencionó, a pesar de ser una situación muy dura-, la acción sexual de introducir objetos por vía vaginal, anal o bucal, o la utilización de animales en ello, no es considerada violación, sino otro delito, que muchas veces es calificado solo como abuso sexual agravado. El proyecto viene a modificar esa situación, incluyendo esa acción dentro de un único delito de violación, lo que constituye un tremendo avance en materia jurídica.

El segundo fin -tal vez el más importante-, que dice relación no solo con la forma, sino con el fondo, es algo de lo que en muchos lados la gente se ha mofado, en el sentido de que cuando tenga una relación, va a tener que pedir consentimiento y va a tener que firmar un papel. Creo que debe dejarse de lado esa mofa, porque lo que busca el proyecto es algo mucho más profundo.

La regulación actual del delito de violación sugiere -lo han dicho todos los diputados que han intervenido que para que este se configure, debe haber oposición o resistencia de la víctima. Como bien dijo mi antecesora, la diputada Parra , eso es no entender nada, porque cuando una mujer se ve enfrentada a una violación que intenta perpetrar una persona -para qué decir si son varias-, el uso de la fuerza o de la intimidación provoca distintas reacciones en la víctima, que van desde el shock hasta quedarse inmovilizada, o también un sentido de supervivencia que la lleva a pensar “si me resisto, me matan”. Y así es. Cuando uno conversa estos temas en la intimidad con personas que han sido violadas, precisamente señalan que no han opuesto resistencia y se han dejado violar, con todo lo que eso conlleva, porque hay una reacción y un sentimiento de supervivencia ante ese acto tan violento y tan injusto, que lleva a la mujer, aparentemente, a no oponer resistencia física. Pero lo que les ocurre por dentro es absolutamente otra cosa.

Por eso estoy muy de acuerdo con este proyecto, y quiero invitar, sobre todo a los varones, a que paremos la mofa hacia este “sin consentimiento es violación”, porque es así.

Esto va a cambiar. Espero que las violaciones disminuyan. Creo que es de las cosas más injustas que existen cuando dichos actos se cometen sobre todo contra menores de edad. Una violación, un acto sexual sin consentimiento, afecta la vida de una mujer -para qué decir la de un niño que es abusado para toda la vida, lo que muchas veces no tiene reparación. Pero, al menos, cuando uno siente que la justicia está del lado de uno, algo de esa pena disminuye. Sin embargo, en aquellos casos en que la mujer fue abusada por un grupo de hombres, pero dicho abuso no se consideró violación porque no existió un acto de defensa personal, la sensación de impunidad que queda después es brutal y lo único que hace es agravar más aún la pena de la víctima, de esa mujer.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención con la mejor de las disposiciones, y espero que así se entienda, pero contándoles dos malos chistes que hace algún tiempo nos tocó escuchar. El primero dice así:

“Cuando una dama dice que no, quiere decir “tal vez”; cuando dice “tal vez”, quiere decir que sí; cuando dice que sí, no es una dama.”.

El segundo lo escuché con más entusiasmo que el primero, y dice así:

“Me sugieren un juego muy entretenido; es muy sencillo: todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas, y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos.”. Ambos los dijo el Presidente Sebastián Piñera . Creo que es importante reflexionar al respecto, porque parecieran ser simples chistes, pero son frases dichas al aire que se expresan en un sentido coloquial y, probablemente, muchas veces de forma inconsciente de la repercusión que tienen en el desarrollo de la cultura social y política que estamos construyendo, sobre todo si consideramos de quién vienen. Creo que esto tiene dos graves y muy serias consecuencias. La primera es que tales frases son dichas por un Presidente de la República en pleno uso de su cargo, y la segunda es que no parece que se está consciente de lo que se está diciendo. Creo que son chistes que forman parte de lo que podemos llamar derechamente la cultura patriarcal que se ha construido durante muchos años en nuestro país, de la que hacemos eco sin darnos cuenta de lo que estamos construyendo como sociedad y de lo que estamos transmitiendo como país desde las más altas autoridades.

Esta cultura trae como consecuencia hechos concretos, lo que desde el feminismo se ha llamado, incluso, “la cultura de la violación”. En el primer chiste se pone en duda la capacidad de consentir y se relativiza el “no” de las mujeres. El segundo es más brutal aún: hay un llamado explícito al abuso.

El proyecto “sin consentimiento es violación” busca introducir el concepto del consentimiento en la legislación chilena para la tipificación del delito de violación, debido a que, contrariamente a lo que el sentido común podría pensar, el consentimiento no figura en nuestra legislación para la tipificación de este delito. Cuando presentamos este proyecto de ley junto con las diputadas Camila Vallejo , Carmen Hertz y Camila Rojas , fueron muchas las burlas que surgieron en redes sociales. Se nos dijo de todo, y no es casual que haya sido así.

Uno de los mayores logros del debate del feminismo actual es que hemos podido iluminar hasta en los rincones más insospechados en que el patriarcado ha logrado estructurar no solo discursos, sino también realidades, hábitos y conductas. Desde el feminismo hablamos de una cultura de la violación bajo el patriarcado en que se naturaliza el abuso.

Algunos dicen que exageramos. Lo peor es que esta cultura de la violación se expresa no tan solo en chistes, como los que cité, sino también en estructuras que determinan comportamientos y conductas, en estructuras que pueden determinar la inocencia o culpabilidad de un agresor sexual.

Quiero citar otro ejemplo, pero ya no de chistes ni de frases coloquiales dichas al paso, sino de palabras de un académico en un manual sobre Derecho Penal. Cito textual: “No debe confundirse la verdadera violencia, que generalmente dejará en las ropas y el cuerpo de la víctima otras señales que la del acto sexual mismo, con la discreta energía con que el varón vence el pudor de la doncella, que en realidad desea y consiente.”.

Repito, por si no lograron captar: “... la discreta energía con que el varón vence el pudor de la doncella, que en realidad desea y consiente.”. No estamos hablando de una conversación de pasillo o en una esquina. El profesor Sebastián Soler plasma esas palabras en su libro Derecho Penal Argentino, editado en Buenos Aires. Y pese a que es la frase de un profesor argentino, en nuestro país los tribunales no escapan a esta misma concepción y realidad jurídica. En 2015, un tribunal de Antofagasta, para desestimar una denuncia de violación, utilizó el siguiente argumento, en el que puso en el centro cómo debió comportarse la víctima al momento de una agresión: “Una mujer no acepta ir a un hotel ni se empieza a sacar la ropa hasta quedar desnuda frente a su pareja, si es que no desea tener relaciones sexuales con ella. Si ella estaba cansada y quería dormir, ¿por qué no se quedó en su pieza en el regimiento, que quedaba a escasos metros del casino de suboficiales donde se celebró la fiesta, en lugar de ir a un hotel con el acusado?”.

Este caso es parte de un reportaje de La Tercera.

Por lo tanto, no estamos hablando de simples nociones o ideas. Estamos hablando de estructuras bajo las cuales las víctimas no son protegidas ni tienen resguardos. Al contrario, son los agresores quienes parecen tener la sartén por el mango, como bien queda explícito en la carta que publicaron las víctimas de Herval Abreu, conocido productor televisivo, quienes señalaron: “La ley penal chilena considera que, pese a que no haya consentimiento, no hay violación ni abuso si no hay utilización de fuerza física u otra causal establecida en la ley. Por tanto, el problema aquí no es que falten antecedentes, sino que los hechos son atípicos, lo que no hace más que evidenciar las deficientes políticas criminales que inspiran nuestra legislación.”.

Esta es nuestra realidad social, jurídica y cultural: estructuras mentales que tienen soportes materiales en la ley que las sostiene, lo que da vida y sentido a que, en el caso de ocurrir los graves hechos que implican una violación, la víctima, en vez de ser considerada como tal, corre el riesgo de ser puesta en el banquillo de los acusados de manera permanente, debiendo demostrar que no quería y que no pidió que los hechos denunciados le sucedieran a ella, como si alguien por el solo hecho de usar determinado tipo de vestimenta, andar a ciertas horas de la noche, haber bebido alcohol o simplemente visitar la casa de un tercero, estuviera disponible para el sexo o se hiciera merecedora de una agresión sexual.

Incluso más, ha habido juicios en los que a algunas mujeres se les ha cuestionado por su comportamiento sexual o por su supuesta vida casquivana o licenciosa, utilizándose aquello como justificación de haber sido objeto de abuso o violación. Ese es el criterio que han utilizado algunos jueces en nuestro país para desestimar delitos de violación. Por eso, el consentimiento hasta ahora no era importante como elemento para tipificar este delito.

Ese es el gran valor de este proyecto, lo que justifica la urgencia de su aprobación.

Me siento orgullosa de ser la autora de la iniciativa, y como tal solicito a la Sala que votemos a favor de las mujeres de Chile, así como de todas las víctimas de este delito. Es necesario terminar con estas conductas, que encuentran amparo en usos culturales, como los que reiteradamente ha mostrado nuestro Presidente, y que tienen su correlato, incluso, en la ley que hoy se propone rectificar.

Necesitamos avanzar en estas transformaciones, porque no es solo una transformación política y legislativa, sino también el paso a una transformación cultural.

El caso de La Manada demostró que la ley en España estaba equivocada. Por suerte, esos criminales, esos violadores están hoy recibiendo la justicia que merecían; el tiempo nos dio la razón. Tal como lo dio a conocer la diputada Ossandón , las mujeres en España señalaron: “Si nos resistimos, nos matan; si consentimos, nos violan”. Es decir, si consentimos, lo que estamos haciendo es entregar la impunidad a esos violadores. Las mujeres tenemos que, sencillamente, entregarnos a las condiciones que nos imponen, en un momento de absoluta vulnerabilidad, por ejemplo, cuando cinco, seis o siete tipos nos obligan a tener relaciones sexuales en contra de nuestra voluntad.

Por todas esas razones, votaremos a favor este proyecto, y pedimos a la Sala que proceda de la misma manera para hacer justicia a todas las mujeres.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Gonzalo).-

Señor Presidente, entre los antecedentes y fundamentos de esta moción se cita el caso de una joven de 28 años de edad que el año pasado fue violada por cinco personas en las cercanías del Estadio Nacional, en Santiago; también se relata el caso de Gabriela Marín , una joven de 23 años de edad, parvularia de profesión y madre de dos niños, quien fue brutalmente violada por tres agresores, los que fueron absueltos por la justicia en Chile sobre la base del argumento de que no se habían hallado pruebas suficientes. Esa ausencia de justicia llevó a esa joven madre a quitarse la vida.

Casos como esos nos hablan de un Código Penal que no contempla la hipótesis de que una mujer sea violada por una manada; de un Código que sanciona la violación, pero que, tal como aquí se ha señalado, se basa en el principio de que cuando una mujer dice “no”, en realidad quiere decir “sí”.

Tal como lo mencionó recién la diputada Cariola , ese concepto ha sido contemplado incluso en la doctrina penal. Algunos autores penales señalan que no hay que penalizar la energía que puede tener un hombre en vencer el pudor de la mujer, porque, en el fondo, la mujer lo desea y lo consiente. O sea, en nuestra ley penal se entiende que la mujer siempre está disponible, y que la única manera de que se demuestre lo contrario es que esta haya sido coaccionada o abusada. Si eso no se demuestra, no es violación; quizás puede ser abuso sexual, pero no violación.

En nuestra legislación penal las mujeres tienen la carga. Ellas deben luchar para no ser violadas, pero no se establece tipificación, condena ni reproche alguno a la conducta de los autores de esos actos. Por eso, algunas mujeres se demoran décadas en atreverse a denunciar los delitos sexuales de que fueron víctimas cuando eran menores de edad. Muchas niñas y mujeres mayores de edad no acuden a la justicia porque no confían en el sistema penal, debido a lo cual muchos violadores quedan impunes.

Mediante este proyecto de ley tenemos la oportunidad de cambiar esa situación, con el objeto de que el principio de nuestra legislación en esta materia sea distinto. ¿Cuál es el principio que se propone establecer? Que el sexo sin consentimiento es una violación, lo que es de sentido común.

Repito: el sexo sin consentimiento es una violación. Se trata de algo que han entendido muchos países de Europa, como Grecia y Portugal, que han cambiado su legislación en materia de tipificación del delito de violación.

Lamentablemente, primero tuvo que ocurrir un hecho que causó conmoción internacional: el acontecido en España, donde una mujer fue violada por un grupo de cinco hombres, los que se autodenominaron “La Manada”. Debido a ese caso se armaron grupos de presión, pero la justicia no sabía qué ley aplicar, situación que obligó a los parlamentarios a modificar rápidamente la ley respectiva.

Sobre la base de los hechos relatados, países fueron cambiando su legislación y se centraron en la necesidad de establecer de manera explícita la ausencia del consentimiento como elemento para tipificar el delito de violación.

En el Código Penal chileno el delito de violación no se centra en la falta de consentimiento, sino en los medios de comisión, en cómo se comete, en cómo evitamos que la voluntad se forme. El delito penal lo describe a través de dos formas: mediante la coacción, ya sea por la fuerza o la intimidación, o a través del abuso, cuando se aprovechan de la vulnerabilidad de la víctima, porque no puede formar voluntad o no puede formar consentimiento. Nuestro Código Penal se centra en eso. Es decir, se centra en que para que haya habido violación la penetración debió haberse producido tras coacción o debe haber ocurrido que la víctima no se formó la voluntad.

Sin embargo, ¿qué pasa cuando la víctima se paraliza para evitar un mal mayor, como que la maten a ella o a alguien de su familia, por ejemplo, en el caso de un delito de robo con intimidación en el domicilio, situación en la que se siente atemorizada por la vida de sus hijos, y se deja violar? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Entendemos que consintió porque no dijo “no”?

La diputada Parra señaló que en un estudio realizado en Suecia, en 2017, a más de trescientas víctimas, se estableció que el 70 por ciento de las mujeres sobrevivientes de una violación manifestaron que tuvieron parálisis involuntarias en el momento de la perpetración del delito en su contra, es decir, no se opusieron a su agresor porque se les produjo inmovilidad total.

Lamentablemente, cuando una víctima no opone resistencia a su victimario, a su violador, no se le cree que no consintió. Eso también pasa en Chile: cuando una víctima no se opone a su agresor, la justicia, con la ley penal actual, entiende que consintió.

Por eso, este proyecto es una oportunidad. ¿Vamos a esperar que en Chile suceda un caso como el de La Manada, ocurrido en España, para legislar sobre esta materia o lograremos avanzar mediante este proyecto para tener una ley que regule esos casos?

Desde mi punto de vista, los dos aspectos más importantes de este proyecto son los siguientes:

Primero, propone el establecimiento de una norma de sentido común al modificar el artículo 361 del Código Penal con el objeto de establecer que la mera inacción o falta de resistencia de la víctima no constituye manifestación de consentimiento.

Si bien con dicha modificación no vamos a evitar que se cometan violaciones, porque seguramente van a seguir ocurriendo, por lo menos la mujer va a saber, cuando vaya a la justicia, que el hecho de no haber manifestado expresamente su falta de voluntad no redundará en que no le van a creer y que lo sucedido vaya a terminar siendo catalogado como un abuso, no como una violación.

Por otra parte, se propone introducir dentro de los medios comisivos la coacción de una o más personas, en caso de que en Chile se produzca un delito de violación por un grupo de hombres, como el caso de La Manada, en España. El primer tribunal que tramitó la causa en ese país dictaminó que lo ocurrido había sido un abuso sexual, no una violación, sentencia que con posterioridad la corte corrigió; pero el primer tribunal dijo que había sido un abuso sexual. Eso pasaría en Chile. ¿Por qué? Porque cuando se trata de una “manada” que viola a una mujer la verdad es que el consentimiento da lo mismo. Da lo mismo que la mujer haya dicho “No”, porque es una “manada”.

Por eso en el proyecto de ley se establece la coacción como medio comisivo del delito de violación, lo que es importante, porque si se produjera en Chile un caso como el de España, no habría que buscar una forma legal para incluirla. Ahora estará incluida.

En la Comisión de Seguridad Ciudadana votamos a favor la propuesta, porque creemos efectivamente que guardar silencio o no decir “no” no es lo mismo que dar el consentimiento. Ese es el principio, y reitero que por eso nos pronunciamos favorablemente.

No soy autor del proyecto, pero lo considero justo y necesario, y es preciso que lo aprobemos hoy para modificar nuestro Código Penal. Felicito a las autoras de la iniciativa, no solo por la sensibilidad que tuvieron para tratar este tema, sino también por el coraje de ponerlo en discusión y no esperar a que vivamos un hecho como el ocurrido en España para que nos impulse un frenesí legislativo o un sentido de urgencia que nos lleve a elaborar una ley sobre el particular.

Hoy tenemos la oportunidad de aprobar las modificaciones al Código Penal que se proponen para que efectivamente podamos contar con una legislación robusta que establezca un principio -lo repito que es de sentido común: que el sexo sin consentimiento es violación.

Por tanto, anuncio mi voto favorable al proyecto. Espero que la Sala lo apruebe por unanimidad.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, me quedo con las recientes palabras de mi compañero de pupitre Gonzalo Fuenzalida , en el sentido de que esta es una gran oportunidad. También agradezco, de verdad, a las autoras del proyecto por haberlo presentado.

Sin embargo, lamento que aquí se nos esté pidiendo aprobar por unanimidad la iniciativa, porque creo que eso debiera ser así.

Asimismo, el que otros colegas hayan expresado en sus discursos ciertos diagnósticos en tono de burla en contra de este u otros temas lo considero tremendamente lamentable. Las violaciones se viven así y también de otras maneras; se viven en el hogar, en la relación de pareja, en el matrimonio. Pero esto debe terminar hoy.

Por tanto, no creo que aquí se deba pedir que todos votemos a favor del proyecto. Eso debiera ser un impositivo. Esta cuestión sencillamente no puede seguir.

Quiero aprovechar esta gran oportunidad que se ha levantado con este proyecto que nos encontramos debatiendo para agregar algo. Hace casi un año ingresé un proyecto que pretende tipificar en el Código Penal el delito de suministración de drogas a una persona sin su consentimiento o sin que lo sepa. Por desgracia, hoy eso no existe, sino solo lo que viene después: la violación o el robo.

Hay distintas formas de drogar a una persona: a través de un aerosol, a través de un polvo conocido como “burundanga”, que se puede agregar a una bebida, a una cerveza, a un trago con alcohol o a un vaso con agua. Obviamente, el que no esté penado el hecho de drogar a alguien sin su consentimiento o sin que lo sepa puede conllevar perjuicios como los que estamos viendo hoy. Las personas se paralizan cuando les suceden este tipo de cosas. Pero una persona que no está en sí ni siquiera alcanza a paralizarse, o sea, se la puede ultrajar de todas las formas posibles.

Insisto en aprovechar esta gran oportunidad que han levantado hoy las cuatro diputadas autoras del proyecto, que agradezco, para pedir al Ejecutivo que también entienda lo que nosotros estamos intentando hacer a través de la iniciativa que presentamos, que incorpora en el Código Penal la tipificación del delito de suministración de drogas a una persona sin su consentimiento o sin que ella lo sepa, con la finalidad de que se ponga sobre la mesa a fin de que se estudie en la comisión correspondiente, porque tiene cierta similitud o relación con este proyecto.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, por cierto, agradezco las intervenciones que apoyan esta iniciativa.

Quiero poner en contexto ciertas situaciones que han ocurrido.

Todos quienes somos padres o madres hemos dicho más de alguna vez que haríamos cualquier cosa por nuestros hijos o hijas, que somos capaces de morir por ellos y ellas. Me gustaría que, por un momento, pensaran en sus hijos y en esa idea.

Esto fue lo que pensaba una mujer boliviana que visitaba Chile el 2007. Esa mujer fue secuestrada y encerrada durante tres meses bajo la amenaza de que la matarían a ella y a sus hijos. Durante ese tiempo fue violada y sometida a golpes con cadenas, fierros, palos, pies y puños. Aunque todas sus lesiones fueron constatadas por un perito, el tribunal en su fallo absolvió al imputado porque no dio por probada la falta de consentimiento necesario para configurar el tipo penal.

El fallo establece textualmente que “de acuerdo a las lesiones efectivamente constatadas de acuerdo a la declaración del perito, no se condicen con el nivel de agresión que señala la víctima en su declaración.”. A su vez, señala que “la entidad de las lesiones no son tales como para suponer que constituían un medio idóneo para quebrantar su voluntad y retenerla por casi tres meses”.

Peor todavía, la psiquiatra perito señaló que, al tener la víctima educación, las amenazas de matar a sus hijos no eran suficiente para que no se resistiera a la agresión. Se indica que la mujer “contaba con una educación secundaria completa, lo que permite suponer que con ese nivel de educación se requiere algo más que simples amenazas para doblegar su voluntad”.

Además de ser víctima de uno de los peores crímenes que existen, esta mujer debió soportar todo el aparataje de un sistema que la juzga y la pone a prueba, que decide por ella cuándo hay una violación y cuándo no.

Otro caso es el vivido por Gabriela Marín Mejías , joven chilena de 23 años, educadora de párvulos y madre de dos niños.

Gabriela fue violada por tres agresores el 7 de agosto de 2012, en San Fernando. Fue brutalmente agredida, golpeada y violada, incluso haciendo uso de piedras. Pese a que Gabriela reconoció a dos de sus atacantes, estos fueron absueltos. La única que fue expuesta y revictimizada en este caso fue Gabriela, quien, ante la ausencia de justicia, decidió terminar con su vida. La joven madre dejó algunas breves cartas rogando por que alguna vez se pudiera hacer justicia para su caso y para los de otras mujeres.

Quiero que tengan en mente el caso de Gabriela cuando escuchen burlas y acusaciones sobre este proyecto de ley, cuando alguien diga que estamos pidiendo una firma en notaría para tener sexo, cuando digan que ahora las mujeres se van a poner a inventar violaciones por venganza. Quiero que puedan entender lo que debe sufrir una mujer, como víctima, en un proceso penal de este tipo, que la cuestiona en su vida sexual, en su privacidad, en su intimidad -ello, sin ni siquiera mencionar el rol que juegan los medios de comunicación-, que incluso la humilla y la expone públicamente. Yo, al menos, no conozco mujeres que quieran y estén dispuestas a pasar por algo así por venganza. Y me parece que ante legislaciones como estas, que buscan entregar justicia principalmente a las mujeres, poner el acento en estas críticas o ridiculizaciones es carecer absolutamente de empatía o de consideración con las mujeres como seres humanos.

De acuerdo con el informe estadístico de la Fiscalía, las denuncias por delitos sexuales observaron un aumento significativo de 24,81 por ciento en 2018 con relación al 2017, lo que significa un total de 28.132 denuncias más, el mayor registro desde el inicio de la reforma procesal penal en Chile.

Es preocupante el aumento del delito de abuso sexual en 25,35 por ciento, y el de violación, que incrementó sus denuncias en 22,9 por ciento. De este total, 71 por ciento de las víctimas son menores de 18 años.

Yo solo estoy mencionando las denuncias; ni siquiera me refiero a las violaciones de hecho que no fueron denunciadas. Por cierto, del total de esas denuncias, no todas llevaron a establecer penas; muchas quedaron en la impunidad.

¿Cuántos delitos de violación y de abuso sexual quedan sin denuncia producto de nuestra legislación, de un sistema que tan seguido deja impune a los victimarios y que, por el contrario, expone a las víctimas al escrutinio público?

Las modificaciones que se proponen al artículo 361 del Código Penal, que fueron aprobadas en la comisión, se encuentran en línea con la Regla 70 de las Reglas de Procedimiento y Prueba para la aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En cuanto a casos de violencia sexual, la Regla 70 establece:

“a) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre;

b) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre;

c) El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual;

d) La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o de un testigo.”.

¿Qué estamos haciendo nosotros? Adecuar nuestro Código Penal a los estándares internacionales, a lo que establece el propio Estatuto de Roma, lo que ya varios países han hecho, particularmente de Europa.

Si avanzamos en adecuar, modernizar, actualizar a los estándares internacionales nuestra norma penal -en este caso, el Código Penal respecto del delito de violación, seremos el primer país de Latinoamérica que logra avanzar en esa dirección, adelantándonos a muchas discusiones que todavía, lamentablemente, no se dan en los congresos de Latinoamérica.

Esto es necesario y urgente.

¿Qué dice concretamente nuestro Código Penal? Algunos lo han señalado en sus intervenciones. El problema es que el Código Penal chileno, al no incorporar el principio del consentimiento -como bien expresó el diputado Gonzalo Fuenzalida , cuando hay sexo sin consentimiento, es violación-, dice básicamente que, cuando hay una violación por la vía de los hechos, el derecho -en este caso, el derecho penal no lo considera.

Es decir, cuando muchas mujeres u hombres, pero principalmente mujeres menores de edad, sufren una violación por la vía de los hechos, no tienen posibilidad alguna, en nuestro sistema, de acceder siquiera a la justicia, a iniciar un procedimiento judicial, porque se desestima.

La mayoría de los casos de violación se producen porque la mujer se paraliza de miedo. No es que tenga una discapacidad mental ni que esté en estado de coma etílico, sino que sufre una parálisis momentánea, transitoria. Y como eso no está en las circunstancias comisivas del delito, se desestima.

Ni siquiera estoy mencionando las dificultades que tienen que sufrir en el procedimiento judicial; se desestima de entrada, lo cual genera un manto de impunidad tremendo, y la impunidad lleva a que el delito se siga produciendo. Cuando esa mujer no encuentra justicia, no encuentra sanción penal contra su victimario, este queda libre y posibilitado de seguir cometiendo el delito.

Entonces, ¿qué ocurre? Que los delitos sexuales, particularmente la violación, van en aumento en nuestro país.

Por eso este proyecto de ley no solo busca adecuarnos a los estándares internacionales, sino que es también una medida para prevenir otros casos y para dar una señal política de que nuestro Código Penal requiere incorporar la mirada de género, porque, si no, vamos a seguir cometiendo injusticias tremendas contra las mujeres y niñas de nuestro país.

Por eso, señor Presidente, nuestra bancada, al igual que las parlamentarias firmantes del proyecto y los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana, pedimos el apoyo unánime a esta propuesta, que es de todo sentido común.

No puede ser que haya personas a las que les cueste tanto entender que cuando alguien tiene una relación sexual con quien no ha consentido en ello lo que se produce es una violación, y crean que pueden penetrarla o penetrarlo vía bucal, anal, vaginal, mediante acceso carnal u otro objeto, y que además crean que eso es normal. Eso no está bien.

Nuestra propuesta es establecer posibilidades de justicia, pero también entregar una señal política. Esto tiene que parar, esto tiene que cambiar. Debemos entender de otra forma las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales deben ser consentidas, independientemente de su forma o de cuántos participen.

Ese es el centro de la discusión, y para ello también se requiere generar un cambio cultural y no solo penal.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, estamos tratando un proyecto de ley que es de extrema importancia, por lo cual felicito a sus autoras.

Si bien en un inicio, cuando recién se planteó, produjo una polémica sobre cómo debía describirse el tipo penal y lo que ello podría implicar, me parece que la solución final a la que llegó la Comisión de Seguridad Ciudadana es muy buena, y no solo porque moderniza y pone a punto, como dijo la diputada Vallejo , el tipo penal de acuerdo a estándares internacionales, sino porque es evidente que en nuestro Código Penal hay muchos tipos penales que están en desuso y otros que están completamente anticuados.

A pesar de no ser experto en materia de seguridad ciudadana ni en el ámbito penal, es interesante analizar el comparado para ver cómo cambia la descripción del tipo.

Por supuesto, el uso de la fuerza o intimidación quedó exactamente igual, pero se agrega la coacción, que es una forma menos evidente, que a veces está más oculta, pero que puede significar el mismo hecho de abuso.

En segundo lugar, si bien en términos generales estaba incorporada la privación de sentido o la incapacidad para oponerse, es también un ámbito demasiado relevante que a veces se dejaba pasar en algunos fallos, como los que comentó la diputada Vallejo , porque a veces la imposibilidad de oponerse parecía significar que había consentimiento. Dentro del concepto de libertad sexual hay un ámbito esencial: el del consentimiento.

El problema grave adicional que encontramos en el ámbito de la violación, que es un delito castigado con penas altas, es que trasgrede no solo el consentimiento, sino también la dignidad de la víctima. Es, asimismo, un crimen que tiene un sesgo de género muy importante, porque la mayor parte de las víctimas son mujeres y la mayor parte de los perpetradores son hombres, quienes, abusando de su fuerza, usando coacción o de los espacios en blanco de la legislación, cometen este delito.

Además, cuando participe más de una persona en la perpetración de esos hechos, estamos también ante una forma de coacción. Tal como dijo muy bien el diputado Gonzalo Fuenzalida -me siento muy interpretado por sus palabras-, el hecho de que haya dos o más personas implica -aunque no siempre que la víctima puede quedar paralizada para salvar su propia vida o para salvar la vida de otros, y ello jamás podría interpretarse como que está consintiendo la relación sexual, al igual que el hecho de no oponer resistencia. Eso no implica que esté “de acuerdo” con lo que le está pasando.

Por supuesto eso nos parece de toda lógica; sin embargo, en el proceso penal hay que probarlo como tal.

Me parece que esta nueva descripción del tipo penal se resume bastante bien en aquella parte que establece que la mera inacción o la falta de oposición de la víctima no constituyen manifestación de consentimiento. Con ello se actualiza el tipo de la violación a las normas que ya conocíamos en el derecho comparado, pero, al mismo tiempo, se establece, en resumen, una cuestión bien sencilla: que la libertad sexual tiene un límite y que este es el consentimiento. Por tanto, cuando hay un acto sexual sin consentimiento, ello no puede sino ser una violación.

Es exactamente por eso que vamos a votar a favor el proyecto. Me parece que, tal como se ha dicho, ya han sido demasiadas las mujeres que han sufrido violación y han sentido temor de recurrir a la justicia porque muchas veces ella no estaba de su parte, y eso hacía que muchos crímenes quedaran en la impunidad y que algunos hombres siguieran ocupando su fuerza o medios de coacción, o por el hecho de hacerlo en grupos, como ocurrió en el caso de España y, también lamentablemente, en algunos casos en Chile, en que se han aprovechado de esa situación y de la potencial paralización o inacción de sus víctimas para seguir perpetrando el delito.

Porque no queremos más impunidad, porque no queremos más violaciones, estamos en este camino que avanza en forma muy positiva hacia una nueva legislación, hacia una nueva tipificación y hacia una mejor manera de enfrentar este delito.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, la presentación de este proyecto es una tremenda oportunidad para actualizar el artículo 361 del Código Penal, que, con el pasar de las décadas, ha ido cayendo, si no en desuso, en una desactualización. Eso ha llevado a un grupo de diputadas -a quienes aprovecho de felicitara impulsar este proyecto, que está ad portas de ser aprobado en la Cámara y de pasar a cumplir su segundo trámite constitucional en el Senado.

Quiero referirme a dos temas que me han consultado. Es importante aclararlos durante el debate, para que queden en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, mecanismo de hermenéutica legal que sirve a los jueces para interpretar objetivamente el espíritu de la ley, que no siempre está claro en su texto.

Primero, en el caso de la reforma al artículo 361, número 3º, inciso segundo, del Código Penal, se indica que se aplicará la misma pena de presidio mayor establecida en el inciso primero, a aquel agresor respecto del cual la víctima tenga una relación laboral. Leído así, podría entenderse que la sola existencia de un vínculo laboral podría dar lugar a que se tipificara el delito de violación.

Creo que no es ese el sentido de la norma; no está propuesto así. Yo lo interpreto en el sentido de que en todos los casos que se señalan en el inciso segundo del número 3º hay un segundo requisito, que es copulativo, que tiene que ver con el carácter abusivo del uso de la relación laboral, que es lo mismo que ocurre cuando se sanciona a quien comete el delito de violación abusando de una situación de vulnerabilidad de la víctima, de una relación de dependencia o una condición de subordinación a la autoridad, como -lo cita como ejemplo en los casos en que el agresor está encargado de su custodia, educación o cuidado, o tiene con ella una relación laboral. En todos estos casos, el abuso es un elemento constitutivo del tipo, es decir, tienen que concurrir copulativamente ambas condiciones.

Segundo, se me han formulado consultas sobre la naturaleza o características de la víctima, es decir, quién puede ser víctima de este delito. Deseo precisar que todo el texto del nuevo artículo 361 recoge las condiciones en las que se encuentre la víctima, pero sin especificarla. Gran parte de los discursos han estado orientados a las víctimas mujeres, pero, a mi juicio, el espíritu de la ley señala que cualquier persona puede ser víctima.

Es importante aclarar esto cuando, simultáneamente, en el Congreso Nacional comienzan a debatirse normas respecto de la identidad sexual de las personas.

Entonces, debo entender que cuando se habla de víctima, se refiere a una mujer, porque, desde el punto de vista estadístico, las mujeres sufren la mayor cantidad de delitos de violación; pero también se está hablando de hombres, de personas transgénero y -lo cito solo a modo de ejemplo personas bisexuales.

Quiero hacer referencia a la situación específica del hombre, porque algo que está ocurriendo con más frecuencia de la que desearíamos, que en realidad deseamos que sea ninguna, es la violación de niños varones.

Si precisamos en esta dimensión la norma, creo que le estamos dando al tipo penal que se está configurando la amplitud necesaria como para entender que la indemnidad sexual de las personas, en su sentido más amplio, es lo que protege esta figura.

Quería poner en discusión estos dos elementos sobre la mesa, porque serán muy importantes al momento en que los jueces tengan que hacer una interpretación más fina o detallada del tipo penal que estamos creando.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Mario Desbordes .

El señor DESBORDES.-

Señor Presidente, felicito a las parlamentarias autoras de este proyecto, que es necesario y oportuno.

En su momento, tal como ellas señalaron, cuando se presentó la propuesta, en redes sociales hubo una serie chistes y mofas, más bien dirigidos al color político de quienes la presentaban que contra el fondo de la iniciativa. Era evidente que esas personas no habían leído lo planteado ni escuchado los argumentos que entregaron las colegas autoras de la iniciativa.

La situación generada habla mal del debate público que se produce, en el sentido de que se parte del lugar en el que alguien está ubicado políticamente y no de lo que esa persona plantea.

Deseo destacar el trabajo que se hizo en la comisión. Bajo la recién asumida presidencia del diputado Miguel Ángel Calisto , la Comisión de Seguridad Ciudadana trabajó mancomunadamente en este proyecto. En efecto, más allá de colores políticos, ideologías o posturas legítimas de cada uno, hicimos un esfuerzo colectivo para sacar adelante una iniciativa importante, valiosa y urgente. Incluso más, en la comisión pedimos al Ejecutivo la postergación de la tramitación del proyecto de ley sobre control de identidad para así poder tramitar y aprobar este otro proyecto.

Hay que dejar en claro que los menores de 14 años no pueden mantener relaciones sexuales, porque se entiende como una violación. En su caso no puede haber consentimiento porque no tienen la madurez para hacerlo. Por eso se trata de una norma para mayores de 14 años.

Respecto de lo que planteaba el diputado Saffirio , la norma anterior no habla de hombre o mujer, sino de persona, y la actual, de víctima en términos genéricos. Por lo tanto, se entiende exactamente lo mismo, es decir, persona de cualquier género. Cuando se habla de víctima, aunque pareciera de género femenino, no lo es, y además está recogido en la historia de la ley.

La violación debe ser uno de los delitos más terribles. En mi época de juventud, como carabinero, varias veces tuve la amarga experiencia de estar frente a víctimas de este delito. Es doloroso y terrible, porque el daño que provoca, más allá del daño físico, es enorme. El trauma psicológico es espantoso y dura años.

Creo que es muy importante tener presente que se trata de uno de los delitos en que los victimarios tienen el peor pronóstico de reinserción y la mayor probabilidad de reincidencia. Al inicio del proceso de evaluación, los violadores son inmediatamente calificados como probables reincidentes. Es por ello que algunos países han abordado la sanción más allá de la privación de la libertad, incluyendo medidas como la castración química para aquellos delincuentes que tienen un pronóstico de reinserción muy malo.

Si un violador queda impune, se convierte en un verdadero depredador suelto en las calles. Por eso es importante actualizar la norma.

Destaco el trabajo de quienes concurrieron a la comisión, en particular de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y del Ministerio Público. Agradezco la colaboración de Ymay Ortiz y de Maurizio Sovino, dos abogados del Ministerio Público que no solo expusieron, sino que además trabajaron junto con la comisión para hacernos ver su punto de vista. No bastaba con actualizar el delito de violación; también había que hacerlo con el estupro, a fin de perseguirlos como delitos sexuales.

Los dos profesionales que el fiscal nacional puso a disposición de la Comisión de Seguridad Ciudadana actuaron como verdaderos asesores, lo que se agradece. Eso significa que podemos trabajar con otros órganos, en este caso con un órgano autónomo como el Ministerio Público.

El sentido de esta iniciativa es mejorar las posibilidades del persecutor, para que, finalmente, se logre hacer justicia. Lo que se hizo fue actualizar completamente ambos tipos penales, yendo más allá de la idea original que habían planteado las diputadas autoras del proyecto de ley. Antes, solo se sancionaba como violación lo que nuestro vetusto Código Penal, de 1874, consideraba como tal, es decir, el acceso carnal del hombre con su denominado miembro viril. Hoy se agregan una serie de otras posibilidades. Algunas aberraciones, en el mejor de los casos, se podían perseguir como abuso sexual; sin embargo, es evidente que los efectos de otros tipos de penetración son tan graves que también merecen pertenecer a la categoría de violación. Al margen de que no se produzca el embarazo, obviamente indeseado, que contemplaba la definición antigua, resulta necesario agregar otras conductas al delito de violación.

A la fuerza o intimidación se agrega el concepto de coacción. Se aclara que la imposibilidad para oponerse al ataque sexual considera la presencia o participación de una o más personas. En efecto, puede que haya un violador y tres o cuatro personas acompañándolo. Ese solo hecho constituye una tremenda coacción que imposibilita que la víctima pueda defenderse.

Antes era difícil obtener condena en los casos en que la víctima padecía de un trastorno de carácter psicológico momentáneo, no permanente o transitorio. Esta modificación contempla la transitoriedad del trastorno.

Se sanciona a quien obtenga el consentimiento abusando de una situación de vulnerabilidad, de una relación de dependencia o subordinación o de la superioridad que se tiene respecto de la víctima. En esos casos hay vicio de consentimiento. El consentimiento no puede ser considerado como tal cuando entre la persona que viola y la víctima existe una situación de poder que hace que la víctima se someta, lo que debe probarse.

Respecto de los delitos sexuales cometidos contra menores de 14 años, cabe señalar que muchos de ellos son cometidos por familiares de la víctima o por personas que tienen menores a su cuidado. Con esto último me refiero a los hogares de menores. Este avance ayuda en el trabajo del persecutor, lo que permitirá hacer justicia en más casos.

Finalmente, se deja expresa constancia de que la falta de oposición de la víctima no puede, en ningún caso, constituirse como una manifestación de consentimiento. Este es uno de los elementos fundamentales de la modificación. La ausencia de oposición, la incapacidad para frenar la acción, muchas veces por temor, no puede ser considerada como una forma de consentimiento.

Fue un buen proyecto en su inicio, pero fue perfeccionado en su paso por la comisión, con el apoyo de muchos. En eso -insisto-, destaco el trabajo del Ministerio Público.

El proyecto nos pone al día y permitirá que el órgano persecutor haga justicia en muchos casos que antes gozaban de una terrible impunidad. Cuando hay impunidad hay dos opciones: que la víctima quiera hacer justicia por su propia mano, impulso de cualquier persona que se ve enfrentada a una situación de este tipo, o que la sociedad deje de creer en las instituciones.

Espero que el proyecto sea aprobado por la unanimidad de la Sala.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker Prieto .

El señor WALKER.-

Señora Presidenta, por su intermedio felicito a las autoras de este proyecto de ley, principalmente a la diputada Camila Vallejo .

Sin duda, me hubiera encantado tratar este proyecto en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Lo digo como Presidente de dicha instancia; sin embargo, es un tema de Seguridad Ciudadana. Por lo tanto, felicito el trabajo que se realizó en dicha comisión, donde se analizó y perfeccionó el proyecto en comento.

Claramente, esta iniciativa viene a llenar un vacío legal advertido en distintas situaciones ocurridas en Chile, que se repiten en el mundo. Por ejemplo, el 7 de julio de 2016, en Pamplona, España, con motivo de la celebración de las fiestas de San Fermín, la denominada manada cometió una violación con una crueldad que sorprendió al mundo entero. La noticia dio la vuelta al mundo, sobre todo por el fallo de primera instancia, que resolvió la impunidad de los victimarios. Favorablemente, dicho fallo fue enmendado y se estableció que, efectivamente, sí hubo violación.

En Chile hemos conocido casos semejantes. El 29 de abril de 2018, en las inmediaciones del Estadio Nacional, con ocasión de la realización de un partido de fútbol profesional, cinco personas, integrantes de una barra, violaron a una joven de 28 años. También hemos conocido el caso de Gabriela Marín , educadora de párvulos de 23 años, quien fue objeto de violación por parte de múltiples agresores en 2012 en la comuna de San Fernando.

Claramente, este proyecto busca proteger dos bienes jurídicos fundamentales: la libertad y la indemnidad sexual, así como su desarrollo, cautelados y tutelados por el derecho internacional de los derechos humanos.

En ese sentido, es dable recordar que Chile firmó y ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1989.

Básicamente, este proyecto, que consta de un artículo único que sustituye el artículo 361 del Código Penal, que sanciona el delito de violación, agrega un numeral 4°, que establece una nueva hipótesis muy relevante y atingente, que se puede dar para que concurra este acto ilícito cuando hay participación de más de una persona en la perpetración de los hechos. Además, regula la ausencia de consentimiento como elemento esencial para tipificar el delito de violación, estableciendo que la mera inacción o falta de resistencia de la víctima no constituye manifestación de consentimiento.

Efectivamente, al principio algunos quisieron ridiculizar este proyecto, al señalar que prácticamente se iba a requerir un consentimiento escrito para desvirtuar la hipótesis de la violación.

Quiero recordar que en la Comisión de Seguridad Ciudadana -en ese momento, me correspondió presidirla avanzamos en el proyecto que sancionó el acoso sexual en la vía pública, el acoso callejero, el cual también se intentó ridiculizar, ya que se decía que tipificaba los piropos. Curiosamente, los proyectos presentados para proteger a las mujeres, su libertad y dignidad, son ridiculizados. Finalmente, sacamos un muy buen proyecto para sancionar el acoso en la vía pública, que, por lo demás, fue una iniciativa ciudadana de ley del Observatorio contra el Acoso Callejero, que contó con una participación muy importante del Ministerio Público, el cual también tuvo un rol muy importante al aportar ideas para perfeccionar esta iniciativa.

De esta manera, el presente proyecto -que, sin duda, aprobaremos establece un catálogo completo de todas aquellas circunstancias que configuran el delito de violación, impidiendo que existan vacíos legales al respecto y terminando con la impunidad de uno de los delitos más cobardes que pueden existir y que nuestro ordenamiento jurídico siempre ha sancionado con las más altas penas, como es el caso del artículo 361 del Código Penal, que se propone reemplazar. Por ello, vamos a aprobarlo.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero Sáez .

El señor ROMERO.-

Señora Presidenta, voy a ser bien breve.

Quiero felicitar y agradecer a las autoras de este proyecto. Creo que llegamos tarde, pero es necesario.

Aquí se ha hablado mucho del caso de La Manada que violó a una mujer en España y de lo que ha ocurrido en nuestro país. Sin embargo, me quiero referir a otra manada: a la manada de degenerados que ha violado a muchos niños en nuestro país -que los ha homosexualizado-, lo cual desgraciadamente no se ha atacado con la misma vehemencia que se ha hecho con la violación a las mujeres. No estoy en contra de aquello, es necesario –de hecho, voy a apoyar y aprobar este proyecto-, pero cuando veo que personajes de nuestro país se pasean por nuestros pasillos y son autores de varias de estas situaciones bastante anómalas que avalan y respaldan la homosexualidad en esos niños, y no se dice mucho al respecto, me hubiese gustado que con la misma vehemencia -felicito y agradezco a nuestra colega, la diputada Karol Cariola , que puso el acento en la violación de las mujeres nos preocupáramos y ocupáramos de la violación a los niños.

Intervine en esta discusión pues es necesario visibilizar lo que está pasando con cientos de niños en nuestro país, respecto de lo cual se dice muy poco o nada.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas Valderrama .

La señorita ROJAS (doña Camila) .-

Señora Presidenta, también voy a ser breve, porque las diputadas que me antecedieron en el uso de la palabra pusieron suficientes antecedentes sobre la mesa.

Actualmente, el Código Penal no valida la violación en todas sus expresiones. De hecho, señala tres casos específicos: cuando se usa de fuerza o intimidación, cuando la víctima se halla privada de sentido o se aprovecha su incapacidad para oponerse y cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima.

Con esto muchas de las situaciones vividas por las niñas y mujeres quedan completamente anuladas. Por eso hoy tenemos el deber de avanzar en reconocer que la inacción o la falta de resistencia de la víctima no significan dar consentimiento en ningún caso. ¡Sin consentimiento es violación!

Como señaló la fiscal del caso La Manada, no se puede exigir a las víctimas una actitud peligrosamente heroica.

Reconocemos, y me alegra personalmente, el gran avance que este proyecto significará para las niñas y mujeres de nuestro país. Para no ser repetitiva, solo quiero agregar la importancia de no olvidar la violación correctiva en contra de mujeres y niñas lesbianas, bisexuales y trans dentro de las hipótesis que podrían incorporarse pronto en nuestra legislación.

Espero que ello pueda ser considerado, porque, por ejemplo, nos hemos enterado de casos gravísimos de jóvenes violadas por sus familiares cercanos, quienes deberían cuidarlas y apoyarlas en su proceso de autodescubrimiento, pero que las violan con el afán de “corregir” su orientación sexual o identidad de género.

No podemos desaprovechar la oportunidad que tenemos por delante. Agradezco a la autora del proyecto, la diputada Camila Vallejo , y a todas las diputadas y diputados que han puesto su compromiso y esfuerzo en este acto de justicia y en que en Chile avancemos para dejar muy claro que, toda vez que no haya consentimiento, lo que está ocurriendo allí es una violación.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señora Presidenta, no me voy a referir a detalles del proyecto, pero sí quiero felicitar el trabajo que se ha realizado, por cuanto viene a simplificar una serie de trámites.

Hay que tener presente que actualmente, en el Código Penal, el delito de violación tiene asignada una pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio y que el estupro y otros delitos sexuales tienen penas inferiores.

Lo que hace esta normativa es trasladar todas las hipótesis de estupro y de otros delitos sexuales al delito de violación y, con ello, dejar homogeneizada la pena, permitir una sanción más efectiva a estas situaciones y excluir la posibilidad de que haya una tercera interpretación y se busquen otras figuras jurídicas para no sancionar por violación, al calificar la situación como estupro u otros delitos sexuales que tienen hipótesis distinta.

Por lo tanto, el día de mañana no va a haber excusa para sancionar a quienes cometan el delito de violación, escudándose en que constituye una figura jurídica atípica distinta. Se trasladan todos los ejemplos y las características, incluso la dependencia y la introducción de distintos objetos a la víctima, al delito de violación.

Claramente, el día de mañana no va a haber ninguna excusa para sancionar con penas más drásticas, porque hay que señalar que el delito de estupro, en que las víctimas tienen entre 14 y 18 años, y otros delitos sexuales tienen penas inferiores.

En consecuencia, anuncio mi voto favorable y solicito a la Sala su apoyo a esta iniciativa.

Felicito el trabajo realizado en este proyecto de ley.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo Muñoz .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señora Presidenta, quiero partir agradeciendo a las autoras de este proyecto, que nos obligaron a este debate que estábamos esperando desde hace mucho tiempo: las diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo . También agradezco a las organizaciones que trabajaron en este proyecto, porque durante mucho tiempo estuvimos esperando la gran reforma al Código Penal, pero todavía no pasa nada.

Este proyecto se hace cargo de una materia urgente: sacar el injusto de la violación, que es un delito de los más graves que se pueden cometer, especialmente en contra de las mujeres, aunque no somos las únicas víctimas, pero sí las que mayoritariamente sufrimos este tipo de delitos. Como decía, el proyecto saca el injusto en relación con el hechor, en cuanto a la fuerza que pueda ejercer sobre la víctima y a las distintas circunstancias que este pueda aprovechar y que hacen a la víctima más vulnerable, y pone el centro del injusto en el consentimiento, estableciendo que cualquier relación sexual que no sea consentida va a ser siempre una violación. Esto es un avance, principalmente para los derechos de todas las mujeres de nuestro país.

Lamentablemente, los violadores existen antes que las minifaldas y seguirán existiendo. Por ello, debemos generar un acuerdo para avanzar en estas materias y elaborar políticas públicas de prevención de este tipo de delitos, por ejemplo, a través de una educación no sexista, que se haga cargo de los estereotipos de género, para dejar de ver a las mujeres como objetos de deseo y no como sujetas de derecho.

También quiero señalar que este proyecto es un avance importante, pero debemos tener ojo con los asuntos pendientes que tenemos en nuestro sistema probatorio. Muchos de los delitos de violación se ven enfrentados a largos procesos judiciales, en los que las víctimas no tienen todas las garantías ni cuentan con todas las herramientas para que una vez hechas las denuncias se les acoja en el sistema y se les permita llevar un proceso lo más sanamente posible.

Hay que fortalecer las fiscalías regionales y locales y dotarlas de unidades especializadas en delitos sexuales y violentos. También debe fortalecerse su Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit).

Sin más que agregar, anuncio que vamos a apoyar este proyecto.

Espero que el Senado apriete un poquito el acelerador, porque las mujeres de Chile lo necesitamos.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini Pascal .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señora Presidenta, no hay espacio para que la legislación chilena actúe como un cómplice pasivo de los violadores. No es aceptable un Chile así, como no fue aceptable una España donde a los violadores de La Manada no quisieron llamarles como lo que son: violadores.

Nuestro Código Penal sigue, en varios aspectos, anclado en el siglo XIX. Por ejemplo, aún le ha falta comprender -espero que hoy lo comencemos a remediarlo fundamental que es el consentimiento en toda relación humana, particularmente en las relaciones sexuales. Las mujeres no somos espacios donde el hombre deje correr libremente su deseo sexual. Las mujeres somos sujetos de derecho, que decidimos libremente vivir la sexualidad. Sin embargo, esa libertad no existe si no hay consentimiento, y el consentimiento no existe si hay sujetos o contextos actuando como amedrentadores.

Nuestra legislación actual no considera que no hay solo tres maneras de actuar sexualmente sin el consentimiento de la víctima, sino que hay muchas más. Esto debe cambiar de manera urgente, porque es evidente que el uso explícito de la fuerza o el aprovechamiento de la incapacidad de la víctima para oponerse solo son algunas maneras en las que la voluntad de la mujer queda anulada en un acto sexual.

Colegas, el o los violadores no hacen siempre el mismo camino. Esto es más que claro si miramos como ejemplo el caso de La Manada, en España, en el que un grupo de cinco hombres, luego de que llevaran a la fuerza a una mujer a un callejón, la violaran, la golpearan y la grabaran, se defendieron diciendo que “nunca se había negado a los actos sexuales”, tesis que, además, fue acogida por el tribunal de la instancia. Las preguntas que surgen en este caso son variadas y cuesta creer que en pleno siglo XXI sean tan pertinentes. ¿Por qué el derecho espera que las mujeres intenten repeler solas una acción de carácter sexual y ante cinco hombres? ¿Por qué partimos de la presunción de que las mujeres siempre quieren tener relaciones sexuales, a menos que digan que no? ¿Por qué el derecho presume nuestro consentimiento sexual?

Cada mujer tiene derecho a vivir su sexualidad como le plazca. Nuestro Código Penal debe tener la obligación de resguardar esa libertad, lo que incluye no regalar coartadas a quien tiene como intención violar y que, en efecto, viola. ¿Cómo lo hacemos? Caminando de manera urgente hacia una nueva visión de nuestro Código Penal, que no sea la de los hombres que lo redactaron en el siglo XIX.

Este proyecto no solo va en la dirección correcta, sino que mira el mundo actual con los ojos del mundo actual, y abre la posibilidad de resguardar la integridad de las mujeres y de hacerse cargo de lo que ha sido un bolsón histórico de impunidad.

Agradezco a los miles de mujeres movilizadas que han sido parte de esta demanda. Agradezco a las diputadas y compañeras de la bancada feminista Camila Vallejo y Karol Cariola por haber abierto esta discusión en el Congreso. También agradezco a la Comisión de Seguridad Ciudadana, que nos permitió consagrar a nivel legal, con mucha solidaridad y con mucho respeto, que sin consentimiento es violación.

Quiero aprovechar de celebrar que por fin hayamos terminado con los tipos penales morales que establecían una manera de relacionarse sexualmente de acuerdo con la moral de unos pocos. Me refiero al delito de sodomía y al delito de incesto, que por fin fueron erradicados de nuestra legislación.

Somos feministas, no estamos locas, porque decir no a la impunidad de los violadores no es una locura, sino un mínimo ético.

He dicho.