Labor Parlamentaria

-Nota de la diputada señora Yeomans por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 18 de julio de 2019, para dirigirse a Buenos Aires , Argentina.

-Nota del diputado señor Baltolu por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 27 de julio de 2019, para dirigirse a Tacna, Perú .

-Nota del diputado señor Barrera por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 24 de julio de 2019, para dirigirse a Venezuela.

-Nota del diputado señor Bellolio por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 27 de julio de 2019, para dirigirse a la República de China (Taiwan).

-Nota del diputado señor Gutiérrez , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la labor parlamentaria el día 25 de julio de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones a celebrarse en esa fecha.

-Nota del diputado señor Kort , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la labor parlamentaria, el día 24 de julio (a partir de las 15:00 horas.), y el día 25 de julio de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones a celebrarse en tales fechas.

-Nota del diputado señor Santana, don Juan , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la labor parlamentaria, entre el 24 y el 25 de julio de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones a celebrarse en tales fechas.

-Nota del diputado señor Gutiérrez , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la labor parlamentaria el día 25 de julio de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones a celebrarse en esa fecha.

-Nota del diputado señor Kort , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la labor parlamentaria, el día 24 de julio (a partir de las 15:00 horas.), y el día 25 de julio de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones a celebrarse en tales fechas.

-Nota del diputado señor Santana, don Juan

, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la labor parlamentaria, entre el 24 y el 25 de julio de 2019, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones a celebrarse en tales fechas.

-Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica a la diputada señora Fernández , quien deberá permanecer en reposo por un plazo de tres (3) días, a contar del 18 de julio de 2019.

-Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al diputado señor Jackson , quien deberá permanecer en reposo por un plazo de dos (2) días, a contar del 16 de julio de 2019.

-Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al diputado señor Saffirio , quien deberá permanecer en reposo por un plazo de siete (7) días, a contar del 15 de julio de 2019.

-Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica a la diputada señora Parra , quien deberá permanecer en reposo por un plazo de tres (3) días, a contar del 17 de julio de 2019.

-Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica a la diputada señora Del Real, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de cuatro (4) días, a contar del 22 de julio de 2019.

-Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica a la diputada señora Amar , quien deberá permanecer en reposo por un plazo de cuatro (4) días, a contar del 23 de julio de 2019.

-Comunicación de la diputada señora Ossandón , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las sesiones a celebrarse entre 28 de julio y el 4 de agosto de 2019.

-Comunicación de la diputada señora Orsini , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las sesiones a celebrarse entre el 23 y el 25 de julio de 2019.

-Comunicación del diputado señor Barrera, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las sesiones a celebrarse entre el día miércoles 24 de julio, a partir de las 14:00 horas, y el jueves 25 de julio de 2019, hasta las 14:00 horas.

-Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados del Partido Revolución Democrática por la cual informa que la diputada señora Castillo reemplazará al diputado señor Vidal en la Comisión Especial Investigadora de los actos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otros actos del Gobierno, en lo relativo al nombramiento y denuncias sobre la conducta de jueces y empleados judiciales de la Región de O'Higgins” (CEI 28).

XI. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitarlo por la cuenta pública celebrada ayer. Creo que fue muy buena y, además, entregó cifras que eran importantes que conociera la Corporación y todas las personas invitadas a dicha sesión.

En ese sentido, es preocupante la cifra que usted dio a conocer en materia de oficios de fiscalización, la cual señala que 40 por ciento de los oficios enviados por esta Corporación no han sido respondidos por el Ejecutivo.

Por lo tanto, pido que se reitere el envío de esos oficios, porque son parte de la función de fiscalización que desarrollan los diputados y las diputadas.

Solicito que se analice una fórmula para ello. Debiéramos revisar ese punto en reunión de Comités, para determinar qué ministerios están en deuda no solo en cuanto a la cantidad, sino también respecto de la calidad de la información que se entrega.

En segundo término, deseo plantear que, como Federación Regionalista, estamos muy preocupados por la denominada ley corta de medidores. Tal como lo mencioné en reunión de Comités, situación que conversé con el oficial mayor de la Secretaría señor John Smok , quiero que se agilice la incorporación en la Tabla de dicha iniciativa.

Por último, solicito que el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.362, que Crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, sea enviado también a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, de la cual soy integrante. He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Sobre el primer punto, debo informar a los señores diputados y a las señoras diputadas que, al preparar la cuenta pública de ayer, pude observar que al parecer no se trata de un problema con el presente gobierno, sino se viene arrastrando, porque lo chequeamos en otras circunstancias. De 24.782 oficios fiscalizadores enviados por los señores diputados y las señoras diputadas, solo se han respondido alrededor de 12.000. Por lo tanto, 60 por ciento de los oficios fiscalizadores -ruego a los funcionarios públicos presentes, incluyendo el señor ministro, que escuchen esta información, porque les atañe directamente- que la mayoría de nosotros hemos solicitado no ha tenido respuesta.

Se están recopilando los antecedentes sobre el particular para pedir el pronunciamiento de la Contraloría General de la República.

Reitero que pareciera que comienza a ser una tradición de los distintos gobiernos no responder los oficios de los parlamentos, lo cual debemos conversar con el Ejecutivo. Es un tema pendiente para conversar con su excelencia el Presidente de la República.

Señora diputada, respecto de los otros dos temas, tomaremos nota para considerar sus planteamientos.

ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pablo Prieto .

El señor PRIETO.-

Señor Presidente, junto con sumarme a las felicitaciones a usted y a la Mesa por la cuenta pública rendida ayer, que me dejó bastante contento, solicito que el proyecto de ley que figura en el número 15 de la Cuenta sea visto por la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud formulada por el diputado Pablo Prieto ?

Acordado.

-o-

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario General para hacer una aclaración.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Honorable Cámara, para que no se confundan la opinión pública ni los señores diputados, quiero hacer presente que, conforme al Reglamento de la Corporación, la Constitución Política [artículo 52, número 1), letra a)] y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, los proyectos de acuerdo son el ejercicio de la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados. A través de los proyectos de resolución -entendemos que a ese tipo de proyectos se refirió el diputado Barros - no se ejerce la facultad fiscalizadora.

Respecto de los oficios enviados en virtud del artículo 9° de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que es la mayor cantidad de oficios sin responder, debo señalar que su respuesta es una obligación. La obligación de responder los oficios de petición de antecedentes de carácter público se encuentra establecida por dicha ley.

La Constitución también consagra la facultad de la Corporación para solicitar antecedentes con un tercio de sus miembros, pero eso no ocurre regularmente. Eso es todo, señor Presidente.

-o-

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones de la Comisión Chilena del Cobre, el Ministerio de Minería, la Dirección del Trabajo y otros órganos de la administración del Estado en relación con irregularidades en procesos de licitación realizados por Codelco, en particular en el proceso de licitación del Servicio de movimiento de material mina y planta División El Salvador, en orden a sesionar en forma paralela el jueves 25 del mes en curso, de 10.30 a 12.00 horas, en razón de que, encontrándose cercano el vencimiento del plazo para su cometido, hay audiencias pendientes que son relevantes para la investigación.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Iván Flores , y con la asistencia de las diputadas señoras Loreto Carvajal , Marcela Hernando , Claudia Mix y Alejandra Sepúlveda , y de los diputados señores Álvarez, don Sebastián ; Ascencio , Auth , Barrera, Berger , Celis, don Ricardo ; Hirsch , Rocafull y Urrutia, don Osvaldo , acordaron por unanimidad lo siguiente:

1. Fijar las 12.00 horas del día de hoy como plazo para solicitar votación separada y para la inscripción de las diputadas y los diputados para hacer uso de la palabra en el proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional (boletín N° 7678-02). Si los inscritos no alcanzan a intervenir en esta sesión, la discusión del proyecto continuará en la sesión ordinaria de mañana, y se procederá a su votación.

2.- Remitir a la Comisión Derechos Humanos y Pueblos Originarios, por una sesión, el proyecto de ley que modifica la ley N° 4.808, que Reforma la Ley sobre el Registro Civil, para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y sepultación (boletín N° 12018-07), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento de la Corporación, para que se pronuncie sobre el alcance de las enmiendas introducidas por el Senado.

3.- Fijar un tiempo previo de 20 minutos, distribuidos en 5 minutos para cada diputado, para las intervenciones de la señorita Emilia Nuyado y de los señores Javier Hernández , Harry Jürgensen y Fidel Espinoza en la sesión especial citada para el día de hoy con el objeto de analizar el funcionamiento en el país de las empresas concesionarias de servicio público sanitario, en especial el de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos, Essal S.A., y los problemas ocurridos en su planta de tratamiento de agua potable, que han ocasionado una emergencia sanitaria y ambiental en la comuna de Osorno.

4.- Retirar de la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana jueves 25 de julio el proyecto de ley que prorroga la entrada en vigencia de la Ley N° 21.134, que Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el Objeto de Regular la Captura de la Jibia (boletín N° 12693-21).

5.- Rendir un homenaje en la Sala al destacado periodista don Fidel Oyarzo Salgado , recientemente fallecido, en una fecha por definir.

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Propongo integrar la Comisión Especial Investigadora sobre el funcionamiento de las Compin en relación con la demora en resolver las licencias médicas y las eventuales irregularidades en el rechazo de licencias por parte de las isapres con los siguientes señores diputados y señoras diputadas: Nino Baltolu Rasera , Karol Cariola Oliva, Juan Luis Castro González , Andrés Celis Montt , Miguel Crispi Serrano , Carlos Abel Jarpa Wevar , Karin Luck Urban , Javier Macaya Danús , Manuel Monsalve Benavides , Erika Olivera de la Fuente, Alejandra Sepúlveda Orbenes , Daniel Verdessi Belemmi y Gastón von Mühlenbrock Zamora .

¿Habría acuerdo?

Acordado.

SALUDO A AUTORIDADES DIPLOMÁTICAS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Se encuentra presente en la tribuna de honor su excelencia el embajador de México en Chile, señor Francisco Olavarría Patiño , acompañado por el segundo secretario de la embajada, señor Enrique Romero Leal . La Mesa y la Cámara de Diputados de Chile les dan la bienvenida.

-Aplausos.

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Meza, Ascencio, Auth; Celis, don Ricardo; Fuenzalida, don Gonzalo; Mirosevic, Schilling y Torres, y de las diputadas señoras Carvajal y Vallejo, que “Modifica la ley N° 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, para determinar el plazo máximo para su pago” Boletín N° 12781-11

Vistos:

Lo dispuesto en los Artículos 63° y 65° de la Constitución Política de la República; en la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.

Considerando:

1.- Tras una serie de denuncias y hechos lamentables dados a conocer a través de la prensa nacional, como es el caso de un usuario de 60 años que había llegado a la sucursal del Compin ubicada en pleno centro de Santiago y luego de verificar que aún no había respuesta sobre su requerimiento de pago de licencia médica, habría tomado la decisión de cortarse los brazos con un objeto corto punzante. O el caso de otra persona en silla de ruedas que activó el extintor de la misma sucursal, a modo de protesta por el no pago de su licencia médica. A la fecha se registran más de 27 mil licencias médicas retrasadas -27.104- y 20.700 retrasadas en más de 60 días.[1] [2]

2.- Esta cruda realidad la viven miles de personas a lo largo de nuestro país y aún cuando el gobierno a través del Ministro de Salud, Jaime Mañalich y la Subsecretaria de Salud, Paula Daza, se ha comprometido a que el 66% de las licencias atrasadas serán pagadas la primera semana de julio y lo restante antes del 15 del mismo mes, los parlamentarios que suscribimos el presente proyecto, consideramos que es necesario realizar modificaciones de fondo al sistema respecto de cómo se tramitan las licencias médicas, sus plazos y las responsabilidades que generaría el rechazo o demora arbitraria de quienes tienen la obligación de tramitarlas y pagarlas en tiempo y forma.

3.- La Cámara de Diputados ha manifestado su preocupación en esta materia a través del informe de la Comisión Especial Investigadora sobre los actos de Gobierno, desde el año 2008 a la fecha, realizados a través del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Pensiones, en relación con la concesión y denegación de pensiones de invalidez y sobrevivencia, y su apego a las normas legales vigentes, el que logró detectar parte de los problemas, relacionados con la solicitud de pago del seguro por pensión de invalidez, donde precisamente el retraso o lisa y llanamente el rechazo de las licencias médicas, aparece como una de las mayores dificultades que enfrentan las personas que solicitan pensión de invalidez.

A saber el Informe entre sus conclusiones señaló:

“Las personas que solicitan calificación de invalidez para optar a una pensión se encuentran en una situación muy compleja desde el punto de vista de la protección a sus condiciones socioeconómicas. Por lo general son personas que poseen alguna enfermedad, por la cual solicitan la pensión, y al mismo tiempo, licencia médica ya que se encuentran impedidos de trabajar. Dependen para subsistir del reemplazo en su remuneración que les brinda la licencia médica a través de su prestador de salud. Durante el trabajo de esta comisión se pudo constatar varias irregularidades respecto del pago de licencias médicas a personas que se encuentran tramitando su calificación de invalidez, siendo las más relevantes las siguientes:

a) Alto porcentaje de rechazo de licencias médicas por parte de los prestadores de salud privados a personas que se encuentran tramitando su pensión de invalidez.

b) Las Isapres, como entidades prestadoras de planes de salud privados, tienen la facultad por ley de incluso, a espaldas de sus usuarios ante la hipótesis de licencias médicas prolongadas, solicitar la calificación de invalidez ante la AFP correspondiente. Facultad que es excesiva a ojos de la Comisión Investigadora por cuanto constituye un triunfo seguro para su interés que es el de no seguir pagando la licencia médica. Lo anterior debido a que, si la persona efectivamente es calificada como inválida, pasa a ser beneficiario y acogerse al seguro, por lo que dejan de pagar la licencia y, por otra parte, si la persona es rechazada su calificación de invalidez, tienen el fundamento legal para rechazar la licencia médica, puesto que la persona no se encuentra enferma y de igual forma, detener el pago de la prestación.

c) La COMPIN, entidad a la cual son enviadas apelaciones de las licencias médicas, no tiene un sistema que registre y cruce los datos para determinar si una persona en paralelo a que se encuentra con licencia médica está tramitando su calificación de invalidez, con el objeto de detectar esas situaciones y poder tomar medidas para proteger la situación de los afiliados. El incumplimiento de los plazos de las comisiones médicas en fallar y determinar las calificaciones de invalidez, sumado al rechazo de las licencias médicas por parte de los prestadores de salud, deja a los afiliados en una situación de ambigüedad y completa desprotección. El caso más crudo hasta ahora es el de Alejandra Vidal, ex trabajadora de AFP Provida, quien durante 36 meses tramitó su pensión de invalidez hasta que finalmente la obtuvo. Durante todo ese periodo que comprende tres años, su prestador de salud rechazó su licencia médica, por lo que no tuvo ingresos propios durante esos meses, teniendo que vivir a expensas de otras personas y de la caridad de terceros. Asimismo con respecto a lo anterior, han existido cuestionamientos en su funcionamiento, como se expuso cuando la Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió recurso de protección presentado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), por no cancelar 25 licencias médicas y les ordenó pagar a la recurrente los subsidios correspondientes por incapacidad laboral. Este fallo del 4 de septiembre de 2018 en la causa Rol 16.860-2018 de la Tercera Sala del máximo tribunal, confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que estableció el actuar arbitrario al no acceder al pago de las licencias por dolencia lumbar crónica e invalidante .

d) La Superintendencia de Salud, y según la propia presentación del Superintendente de dicha cartera, no tiene facultades para fiscalizar el cumplimiento de las normas e identificar las razones por lo cual son rechazadas las licencias médicas de personas que se encuentran tramitando su pensión de invalidez”.[3]

4.- Lo dicho respecto de las personas que están tramitando su pensión de invalidez y que además presentan licencia médica, no es muy diferente a lo que ocurre con quienes presentan licencias médicas por otro tipo de enfermedades que no califican para invalidez, pues se ha logrado comprobar los retrasos y los problemas administrativos que presenta el sistema, que impiden avanzar en el pago de las mismas.

5.- Además de lo indicado, que dice relación con problemas del sistema de tramitación de las licencias propiamente tales, una de las situaciones que dificulta el pago de éstas en tiempo y forma, son los retrasos o datos incompletos que presentan los empleadores al momento de acompañar una licencia médica ante la institución que corresponda, sea Isapre o Compin. De acuerdo a dichos de la Subsecretaria de Salud, Paula Daza sobre el particular, se destaca “hay paradas en la oficina del contralor médico por diferentes motivos, porque no hay registros o no ha recibido certificados y el segundo obstáculo es que vemos un cuello de botella en el cálculo de la subvención, porque faltan antecedentes que deberían haber entregado principalmente al empleador”. [4]

6.- El artículo 56 del Reglamento sobre autorización de licencias médicas señala la sanción aparejada a la presentación d ella licencia por parte del trabajador fuera de plazo, o con datos erróneos, falsos o incompletos. No obstante al ser una norma de carácter reglamentario en la práctica solo se sanciona por la licencia presentada fuera de plazo y no en los demás casos.

Artículo 56°.- La Compin o ISAPRE podrá autorizar las licencias médicas presentadas fuera de plazo por el empleador o entidad responsable y aquellas en las que éstos hayan registrado antecedentes erróneos o falsos, omitido datos o adulterado su contenido, siempre que el trabajador acredite su ninguna participación en estos hechos.

En estas circunstancias será responsabilidad del empleador o entidad encargada pagar al trabajador lo que legalmente le corresponde con motivo de la licencia médica autorizada.

La idea del presente proyecto en este sentido, es contemplar una norma similar a la establecida en el reglamento, en la ley señalando además claro un plazo para el pago de la licencia.

7.- La ley que regula el otorgamiento y uso de licencias médicas, es la ley 20.585 de 2012 cuya dictación tuvo por finalidad simplificar el proceso de otorgamiento de licencias médicas, establecer sanciones ante irregularidades y asegurar el derecho de los afiliados a los distintos sistemas de salud a percibir el pago por concepto de descanso parcial o total a través de la licencia en cuestión. De hecho la ley en su artículo 1° señala que ésta tiene por objeto establecer regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las ISAPRES y de FONASA, mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización y de sanciones respecto de las consultas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento.

8.- No obstante lo dicho precedentemente en la ley, ésta no contempla plazos para la resolución sobre la tramitación de una licencia médica en los casos que el profesional que la emitió no aporte mayores antecedentes que la justifiquen ni concurra a la entrevista con la COMPIN, la ley solo establece la posibilidad de sancionar a dicho profesional, por tanto se advierte que puede transcurrir un largo lapso, que no tiene otro afectado más que la persona que pretende hacer uso de su licencia. Lo mismo ocurre en los casos en que un profesional es investigado por otorgar una licencia, que a criterio de la COMPIN, carece de fundamento médico.

9.- Recordemos que las licencias médicas son otorgadas por facultativos médicos-cirujanos; cirujanos-dentitas o matronas. Al cuestionarse el otorgamiento de una licencia médica, principalmente por estimar que falta justificación, lo que se está cuestionando es el diagnóstico y el tratamiento y ante ello la persona que presenta la licencia no tiene mucho que decir porque no es facultativo ni experto en la materia, por tanto si no ha sido parte de un ilícito se le debe pagar su licencia médica dentro de un plazo razonable.

10.- La idea del proyecto, relacionado con este último punto, es establecer en la ley que regula el procedimiento de licencias médicas, plazos claros y acotados para aquellos casos en que una licencia es rechazada o retrasado su pago a causa de falta de antecedentes o de hechos ajenos al usuario quien hace uso de dicha licencia.

11.- Por tanto, y en mérito de lo expuesto, los diputados que suscriben, vienen en someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único Modifíquese la Ley Nº 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas en el siguiente sentido:

1.- Incorpórese un inciso final al artículo 2° que señale:

“En los casos indicados en los incisos 1° y 2° precedentes, la licencia médica en cuestión deberá ser pagada al cotizante o beneficiario en un plazo máximo de treinta días, y siempre que la demora en su otorgamiento se deba a situaciones ajenas a él. Mismo criterio se aplicará a quienes se encuentren tramitando una licencia médica y además hayan solicitado seguro de invalidez”.

2.- Incorpórese en el artículo 3° inciso 3° a continuación de la expresión “licencia médica” y antes del punto a parte lo siguiente:

“en un plazo no superior a treinta días”.

3.- Incorpórese en el artículo 5° un inciso 5° nuevo que señale:

“Con todo el procedimiento de investigación y posterior sanción descrito en los incisos precedentes no impedirá el pago de la licencia médica en cuestión, cuando ésta se resuelva vía reclamación ante entidad distinta a la Superintendencia”.

Diputados señores Meza, Ascencio, Auth; Celis, don Ricardo; Fuenzalida, don Gonzalo; Mirosevic, Schilling y Torres, y de las diputadas señoras Carvajal y Vallejo

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Meza, Ascencio, Auth, Bellolio, Bernales, Jiménez, Mirosevic, Monsalve y Soto, don Leonardo, y de la diputada señora Hernando, que “Exige del comercio minorista que se desarrolla a través de plataformas digitales, proveer al público información, transparente y de libre acceso, sobre los precios de los productos que comercializa” Boletín N° 12782-03

Considerando:

1.- El comercio electrónico ha sido uno de los sectores de más crecimiento en los últimos años. En ello ha tenido mucha implicancia la evolución de las estrategias de marketing, el uso de la tecnología aplicada a las ventas o la mayor confianza del usuario por el entorno “on line”.

2.- Sin embargo, estas estrategias o tecnologías aplicadas, muchas veces juegan al límite de lo ético o derechamente mienten al momento de ofertar sus productos, engañando al consumidor mediante la presentación de descuentos que no son lo que parecen, o muchas veces “inflando” precios para que al momento de presentarlos al consumidor final parezcan una gran oportunidad.

3.- Variados estudios que se vienen realizando desde la aparición de los ya conocidos “Cyber Days” o “días de ofertas virtuales”, han dejado de manifiesto la existencia de manipulación en la información publicada por los grandes comerciantes, lo que ha llevado incluso a crear iniciativas privadas para poder exponer este tipo de “estrategias” que derechamente engañan a la gente.[1]

4.- El volumen del comercio electrónico en Chile en 2018 alcanzó los US $5.000 millones, ubicándose en el tercer lugar dentro de Latinoamérica, continente donde registramos un aumento del 15% en ventas a través de este tipo de comercio. Numero que además está en constante alza. Se estima que en Chile, esta alza va en alrededor de un 35% y se espera que las ventas se dupliquen de cara al 2020.[2]

5.- No existen dudas que este tipo de comercio, será en el corto plazo, uno de las principales formas en que los chilenos adquirirán sus productos minoristas, y es por eso que el Estado debe anticiparse y precaver eventuales fraudes, tomando los resguardos necesarios que aseguren una actividad exenta de estafas y engaños. Importantes avances se han dado ya con la regulación que protege a los consumidores, sin embargo aun falta, sobre todo en el ámbito del comercio electrónico.

6.- El presente proyecto de ley tiene por objetivo crear un registro público emanado desde el SERNAC que contenga todos los precios de productos publicados por los comerciantes minoristas en donde el consumidor final podrá ver y comparar el verdadero efecto de una publicidad u oferta, respecto del valor informado de un determinado articulo.

7.- Por todo lo antes dicho, los Diputados aquí firmantes venimos en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo 1: Creése el registro nacional de precios en plataformas digitales para comerciantes minoristas, el cual tiene por objetivo mantener información verídica sobre el valor de un determinado producto en el inventario de un comercio.

Este registro servirá como antecedente frente a cualquier irregularidad en ofertas y/o publicidad engañosa, publicada en los sitios web y plataformas digitales de los comerciantes minoristas obligados a publicar en éste.

Artículo 2: Será obligación de cada comerciante minorista registrado en el servicio de impuestos internos y que posea un sitio web u otra plataforma digital para promocionar sus productos, publicar en enero de cada año, o cada vez que ingrese un nuevo producto en su inventario digital, el nombre del mismo, su descripción detallada y su valor de venta; asimismo deberá informar una vez al año sobre variaciones superiores o inferiores al 20% en el precio del producto.

Artículo 3: Se implementará un sistema que permita a los comerciantes minoristas poder publicar la información solicitada en el artículo anterior; y a su vez ejercer la supervigilancia del cumplimiento de la obligación ahí señalada.

Artículo 4: El registro deberá ser de público acceso a todos los ciudadanos y separado por comerciante.

Artículo 5: El incumplimiento de las obligaciones contempladas en la presente ley serán sancionadas con la multa establecida en el inciso segundo del artículo veinticuatro de la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores.

Diputados señores Meza, Ascencio, Auth, Bellolio, Bernales, Jiménez, Mirosevic, Monsalve y Soto, don Leonardo, y de la diputada señora Hernando

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Hernández, Alessandri, Baltolu, Bobadilla, Coloma, Gahona, Lavín, Macaya, Noman y Norambuena, que “Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, para exigir que en el Registro de Vehículos Motorizados se consigne el número de siniestros que cada vehículo haya sufrido” Boletín N° 12783-15

I. IDEAS GENERALES.

La información representa un valor sumamente preciado en el Chile de hoy, las personas con el correr de los años ha tomado mayor conciencia acerca de la relevancia de contar con la mayor información posible a la hora de tomar una decisión, la que, indudablemente, repercute en la regularidad de las relaciones jurídicas y económicas, existente en una sociedad.

Así las cosas, la presencia de este principio rector del actuar humano, repercute con gran intensidad en ámbitos como los regulados en la ley del Consumidor, preceptiva que además cuenta con normas que garantizan el acceso a la información por parte de los consumidores, erigiendo al mismo tiempo, en una obligación para los distintos oferentes de bienes y servicios existentes en nuestro país. En efecto, de acuerdo a lo preceptuado en la ley 19.496, sobre protección de los derechos del consumidor, la información básica comercial se regula como aquellos “datos, instructivos, antecedentes o indicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al público consumidor, en cumplimiento de una norma jurídica.”, ofreciéndose al público por medios que aseguren un “acceso claro, expedito y oportuno. Respecto de los instructivos de uso de los bienes y servicios cuyo uso normal represente un riesgo para la integridad y seguridad de las personas, será obligatoria su entrega al consumidor conjuntamente con los bienes y servicios a que acceden.”

La regularidad de las transacciones jurídicas implica el conocimiento por parte de las personas de las verdaderas condiciones materiales y jurídicas de los bienes y productos que consumen, conociendo por lo mismo y, de primera fuente, la verdadera entidad de la cosa adquirida y la relativa conmutatividad del precio que se está pagando por ella.

II.- CONSIDERANDO.

1.- Que, en materia de comercio de vehículos usados, existe en nuestro país, múltiples casos en que este sistema se ha prestado para la comisión de actos dolosos tendientes a defraudar a los adquirentes, mediante la entrega de una falsa información o al menos incompleta acerca del verdadero estado del bien.

2.- Que, así las cosas la concurrencia de obligaciones de información con que cuente el adquierente, resulta se insuficiente para prevenir estas espureas conductas, constituyyendo este hecho en un claro vacío legislativo que debe ser reparado en beneficio de miles de personas en Chile.

3.- Que, así las cosas, iniciativas como la penalización por la adulteración del odómetro u otros actos fraudulentos que tanto daño ocasionan a la fe pública constiuyen iniciativas que van en la dirección correcta en torno a promover en nuestra sociedad mayores estándares de probidad en la ejecución de tales actos.

4.- Que, Pensamos que una de los elementos que debe tomar en consideración todo vendedor que compra un vehículo usado es, junto con su kilometraje, el hecho si tal vehículo ha sido protagonista de un choque y la gravedad del mismo, con la finalidad que pueda hacer un examen completo de todos y cada una de las condiciones mecánicas del vehículo. Por lo demás conocer la historia de un vehículo, como de todo bien que se adquiere constituye, a nuestro juicio, un elemento de la máxima importancia que debe estar a plena disposición del adquirente.

5.- Que, iniciativas como éstas efectivamente han entrado en la palestra legislativa, es así como en el pasado se han promovido iniciativa similares tendientes a promover mayores niveles de transparencia a la hora de vender un vehículo usado, situación altamente aconsejable en un país como el nuestro, donde todo acto reñido a estos principios debe quedar en el pasado.

III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.

De acuerdo a lo indicado el presente proyecto de ley modifica la ley del tránsito con el objeto de establecer en el certificado de anotaciones vigentes del vehículo, el número de siniestros que éste sufrió en sus anteriores usos.

IV.- PROYECTO DE LEY.

Artículo Único: Incorpórese un nueva parte final en el artículo 39 de la ley 18.290 sobre Tránsito de acuerdo al siguiente tenor:

"Deberá además consignarse el número de veces en que el vehículo ha sufrido un siniestro"

Diputados señores Hernández, Alessandri, Baltolu, Bobadilla, Coloma, Gahona, Lavín, Macaya, Noman y Norambuena

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Santibáñez, Castillo, Girardi, Olivera y Vallejo, y de los diputados señores Alarcón, Fuenzalida, don Gonzalo; Mulet, Núñez, don Daniel, y Urrutia, don Ignacio, que “Dispone la realización de partidos preliminares de las categorías de fútbol femenino y juvenil, con ocasión de los partidos oficiales de la primera división A, del fútbol profesional chileno” Boletín N° 12784-29

ANTECEDENTES:

En la reciente celebración del Mundial de Fútbol Femenino desarrollado en Francia, llamó tristemente la atención la declaración de la Capitana de la campeona selección de los Estados Unidos Megan Rapinoe, quien señaló que: "Todas las jugadoras durante este Mundial hemos brindado el espectáculo más increíble. No se puede hacer nada más para impresionar. Hay que pasar a la etapa superior. Estamos listas para tener la igualdad salarial", Ya anteriormente se había referido a la falta de respeto de parte de la FIFA refiriendo que: "Es un insulto para el fútbol femenino, es una idea terrible jugar la final de la Copa América y la Copa Oro el mismo día que nuestra final. Hablamos de una final mundial, debería paralizarse todo en el fútbol para darnos visibilidad”.

Claramente el fútbol femenino y el fútbol joven no tienen la misma atención ni el mismo trato, ni menos la destinación de los mismos recursos que el futbol adulto masculino. Esta brecha necesita ser atendida por la legislación, dada la importancia de estas actividades en desarrollo de los países.

En este sentido, es sabido que la actividad física es de las disciplinas que necesita mayor fomento y promoción por parte de la autoridad pública. Los altos índices de enfermedades asociadas a la falta de prácticas deportivas es alarmante y nuestro país no escapa de esta realidad.

Por otro lado, el desarrollo del deporte competitivo es sumamente importante, ya sea en la práctica de la actividad física como en la promoción de la misma. En este sentido, el Estado tiene como preocupación central el desarrollo integral de los individuos que componen la población del país, lo que implica que debe incentivar la práctica de actividad física y velar por la promoción de los espectáculos deportivos que en mayor o menor medida logran que parte importante de la población se motive a realizar.

En nuestro país, aunque el espectro de disciplinas que se practica es amplio, el balompié es el deporte más popular de los practicados entre los chilenos, y así lo confirma la encuesta llevada a cabo en el año 2016 por el Ministerio del Deporte. Este estudio reveló que el 26,1% de los chilenos juega fútbol o uno de sus derivados (futbolito y baby fútbol, entre otros). Es, por lejos la actividad deportiva más practicada en el país. Pero el balompié no solo es el deporte más practicado, es también el que aporta con más funciones -o espectáculos- deportivas cada año, según el Informe Anual de Cultura y Tiempo Libre 2014, elaborado por el I.N.E. y el I.N.D., superando ampliamente al tenis, al básquetbol y al voleibol. Casi la mitad de los espectáculos deportivos disponibles para la población corresponde al fútbol amateur (44%). Según el mismo informe, la mayoría de los espectadores de disciplinas deportivas concurrió a un partido de fútbol profesional y/o de fútbol amateur. Sumados, representan el 69,4% de asistentes. Por otro lado, la Asociación Nacional de Fútbol Amateur es la organización más grande a nivel nacional en cuanto a jugadores que practican fútbol. Hay un millón de jugadores registrados activos jugando todos los fines de semana, y 4.600 clubes", según datos aportados por la Asociación Nacional de Fútbol Amateur.

Estas importantes cifras deben ser contrastadas por otras más preocupantes. Según la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes (2015) del Ministerio del Deporte (Mindep). un total de 10.875.906 de chilenos (80,2% de las personas de más de 18 años) son sedentarios. De este porcentaje 2.834.245 personas son además, inactivos que nunca han practicado actividad física ni deportes y peor aún, no desean o no les interesa hacerlo. Por esta razón es tan necesaria la implementación de políticas deportivas que fomenten la práctica del deporte.

Además, es necesario recalcar las importantes participaciones de los distintos combinados nacionales ya sea en series menores o en la rama femenina. Esta última, por ejemplo, ha participado de gran forma en el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino desarrollado este año en Francia y pese a quedar eliminada en la primera ronda dejó una grata impresión en la afición. Asimismo, la Selección Chilena Sub-17 ya se encuentra clasificada para participar en el Campeonato Mundial de la categoría a disputarse este año en Brasil y se espera pueda representar de buena forma a nuestro país.

Por esto, este proyecto viene a contribuir en eliminar las discriminaciones y a hacer nacer un elemento de difusión y apoyo ya sea del fútbol joven o del fútbol femenino dentro de nuestro país, todo esto en el marco de la realización de los espectáculos deportivos regidos por la ley 20.844 ofreciendo una excelente oportunidad para que los jóvenes talentos y las ramas de fútbol femenino puedan seguir el camino de su desarrollo en la práctica del fútbol.

OBJETIVO:

La presente ley tiene por objeto establecer, respecto de los organizadores de los espectáculos deportivos de fútbol profesional de la Primera División A del Campeonato organizado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), la obligación de organizar y programar un partido de fútbol preliminar al que se desarrollará en las fechas oficiales de los respectivos campeonatos señalados, un partido de fútbol de carácter oficial o amistoso en donde se enfrentarán equipos que representen al fútbol joven o a una categoría de la rama femenina de fútbol de esa entidad con otro equipo de la misma categoría,

POR TANTO, Venimos en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,

PROYECTO DE LEY.

Artículo Único: “En los partidos oficiales de la primera división A del fútbol profesional, los organizadores tendrán la obligación de programar un partido preliminar entre equipos de la categoría de fútbol femenino o entre equipos de divisiones inferiores, sean de carácter oficial o amistoso”.

Diputadas señoras Santibáñez, Castillo, Girardi, Olivera y Vallejo, y de los diputados señores Alarcón, Fuenzalida, don Gonzalo; Mulet, Núñez, don Daniel, y Urrutia, don Ignacio

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Trisotti, Alessandri, Baltolu, Carter, Fuenzalida, don Gonzalo; Gahona, Norambuena, Sanhueza y Urrutia, don Osvaldo, y de la diputada señora Amar, que “Modifica el Código Penal para aumentar las penas asignadas a los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas” Boletín N° 12785-07

I. IDEAS GENERALES.

Con la publicación de la Ley 20.507 de 8 de abril de 2011, que tipifica los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, se vino a dar cumplimiento a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile, especialmente con la ratificación de la llamada Convención de Palermo[1] [2].

Así, nuestro ordenamiento jurídico interno, en los artículos 411 bis y siguientes, reguló la trata y el tráfico de personas. Si bien ambos tipos penales tienen elementos comunes, son figuras independientes. En efecto, por trata de persona se refiere a la utilización de determinados medios, así el Código Penal en su artículo 411 quáter dispone: “El que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a ésta, o extracción de órganos”. Por otro lado, el tráfico de personas dice relación con “facilitar o promover la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente, motivado por un ánimo de lucro” el que se encuentra sancionado en el artículo 411 bis de nuestro Código Penal.

Ahora, ¿cuáles son las causas que propenden a la proliferación de éste tipo de comportamiento criminal? Entre las causas comúnmente mencionadas destacan la mundialización de la economía, la apertura de los mercados, la brecha cada vez más evidente entre países ricos y pobres, la mayor facilidad en el transporte y el fuerte crecimiento demográfico[3]. En efecto, este delito es uno de los flagelos de la sociedad moderna, donde las características propias del mundo actual favorece la proliferación de condiciones materiales para que la criminalidad organizada aproveche las mismas, y haga de los delitos de tráfico de personas, drogas y armas, un negocio altamente lucrativo que les permite detentar niveles de poder importantes.

Por su parte, debe tenerse presente que la trata y tráfico de personas, es una figura penal que atenta gravemente contra la dignidad de la víctima, la que cosificada ante los ojos del victimario, la expone a tratos comparables sólo con la esclavitud, aprovechándose de la especial situación de vulnerabilidad que enfrenta.

En este sentido, los diputados suscribientes del presente proyecto de ley consideramos debe endurecerse la legislación penal, atendido especialmente la gravedad de los hechos punibles, aumentándose las penas que actualmente contempla la legislación chilena.

II. CONSIDERANDO.

1.Que, la gran frontera que separa a Chile con los países colindantes del norte, se ha constituido como escenario ideal para que bandas criminales de tráfico y trata de personas operen en nuestro país. En efecto, en los últimos años se ha visto la aparición de “coyotes”en el norte del país, es decir, personas encargadas de hacer cruzar la frontera a extranjeros no residentes por pasos fronterizos no habilitados. Esta forma de operar, común en países como México u otros, son un grave peligro para el país.

2.Que, estas bandas criminales no sólo se dedican al tráfico y trata de personas, sino que a menudo son también parte de redes de tráfico de drogas y de armas. Por lo mismo, el poder que detentan, los vuelven grupos altamente peligrosos y violentos.

3.Si bien no existen cifras actualizadas al interior de nuestro país que nos permitan estimar la cantidad de personas que son víctimas de estas bandas de “coyotes”, sí se sabe que, aprovechándose de la desesperación y vulnerabilidad de la gente, estas bandas atraviesan el desierto chileno -con todos los riesgos que ello implica-, y hacen ingresar a nuestro país a un importante número de extranjeros no residentes de forma ilegal para que ejecuten labores clandestinas o de prostitución, muchas veces mediante engaños. Otros en cambio, son abandonados a su merced en el desierto, luego de haber pagado grandes sumas de dinero[4].

4.Como se ve, nuestro país no es ajeno a este fenómeno, y dada las condiciones materiales de los países de la región, el aumento de “coyotes” y bandas criminales que se dedican al tráfico y trata de personas, es sólo cuestión de tiempo. Es por esto, que el presente proyecto de ley tiene por objeto endurecer las sanciones actualmente contempladas en nuestra legislación para estos tipos penales, las que hoy alcanzan la pena de presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, una pena privativa de libertad de simple delito que equivale a 301 días a 540 días; cuestión del todo insuficiente atendido al bien jurídico protegido que subyace a estos delitos, a saber, la dignidad de la persona.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

El presente proyecto de ley introduce modificaciones a los artículos 411 bis, 411 ter y 411 quáter del Código Penal, con el objeto de aumentar las penas asociadas al tráfico y trata de personas, pasando la calificación actual de simple delito a la de crimen.

IV. PROYECTO DE LEY.

Artículo Primero: Modifíquese el inciso primero del artículo 411 bis del Código Penal, de acuerdo al siguiente texto:

Sustitúyase la expresión “reclusión menor en su grado medio a máximo” por “reclusión mayor en sus grados mínimo a medio”

Artículo Segundo: Modifíquese el artículo 411 ter del Código Penal, de acuerdo al siguiente texto:

Sustitúyase la expresión “reclusión menor en su grado máximo” por “reclusión mayor en su grado medio.”

Sustitúyase la expresión “veinte” por “cincuenta.”

Artículo Tercero: Modifíquese el inciso primero del artículo 411 quáter del Código Penal, de acuerdo al siguiente texto:

Sustitúyase la expresión “reclusión menor en su grado mínimo a medio” por “reclusión mayor en sus grados mínimo a medio”

Diputados señores Trisotti, Alessandri, Baltolu, Carter, Fuenzalida, don Gonzalo; Gahona, Norambuena, Sanhueza y Urrutia, don Osvaldo, y de la diputada señora Amar

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Prieto, Álvarez-Salamanca; Celis, don Ricardo; Espinoza, Lorenzini, Meza, Molina, Paulsen, Pérez, don José, y Sabag, que “MODIFICA LA LEY N°20.380, SOBRE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES, PARA REGULAR LAS CARRERAS DE PERROS” BOLETÍN N° 12786-12

FUNDAMENTOS Y ANTECEDENTES

1. SOBRE LA NECESIDAD DE REGULAR LAS CARRERAS DE PERROS

Las carreras de perros constituyen una actividad tradicional en distintas regiones de nuestro país, así como en varias partes del mundo. Efectivamente, en países como Irlanda, Inglaterra o Australia, esta actividad convoca a muchos seguidores y participantes y se desarrolla con altos estándares de cuidado y seguridad para los animales.

En Chile, se calcula que existen alrededor de 200 pistas de carrera, también denominadas “canódromos”, en las cuales participan preferentemente perros de la raza galgo. Los perros de raza galgo se ubican entre los 20 animales más veloces del mundo y su condición de animal velocista es siempre destacada.

De un tiempo a esta parte, en nuestro país, se ha suscitado el debate acerca del control por sobre esta actividad, atendidas las legítimas denuncias de grupos de protección animal que señalan y evidencian prácticas del todo condenables y que constituyen maltrato. Lamentablemente, no puede desconocerse que muchas de esas situaciones ocurren en la organización de carreras de perros, por lo que urge establecer estándares y una regulación que, al mismo tiempo de velar por el cuidado de los animales y la seguridad en estos eventos, permita su realización como manifestación típica en distintas localidades y grupos humanos, tal como ocurre con otras actividades como el rodeo o la hípica, en las que la reglamentación imprime un estándar de protección necesario.

Al contrario, oponerse de manera absoluta y tajante a la realización de estas actividades es finalmente desconocer la idiosincrasia de vastos sectores de la población por lo que creemos desde ya que es una medida que no conduce a un buen fin.

Cabe hacer presente que, en nuestra legislación, se han producido durante el último tiempo varios cuerpos legales que buscan la protección y cuidado animal. Primero, en 2009, se promulgó la ley N° 20.380 sobre protección de los animales, mismo año en que se incorporó el delito de maltrato animal en el artículo 291 bis del Código Penal y, recientemente en 2017, se promulgó la ley N° 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas de compañía, la que establece un registro especial de perros mascota.

En el contexto de la legislación anteriormente citada, la Subsecretaría de Desarrollo Regional ha informado que, a mayo de 2019, existen 579.071 perros inscritos en el registro de la ley N° 21.020, todos portadores de su chip de identificación. De ellos, más de 10.000 pertenecen a la raza greyhound o galgo. Así, no ha existido una vulneración a la ley en la tenencia de estos animales los que, como se dijo, son reconocidos en todo el mundo por su capacidad para correr y participar en competencias de tal índole.

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Así las cosas, con el objetivo de regular la organización y realización de carreras de perros, buscando conjugar el cuidado animal con el respeto por las costumbres y actividades tradicionales, sin caer en excesos prohibicionistas, la propuesta que aquí se plantea dispone una regulación exhaustiva de las carreras de perro, señalando que estarán permitidas siempre que aseguren la integridad, protección y cuidado del animal, se desarrolle en un ambiente seguro y no fomente otras actividades ilícitas, como las apuestas no autorizadas.

Por su parte, se establece una regulación pormenorizada sobre los requisitos y condiciones que debe cumplir la carrera para cumplir con los estándares anteriormente señalados sobre protección del animal, disponiendo finalmente que, en caso de cumplimiento y sin perjuicio de la sanción penal a conductas graves que puedan constituir el delito de maltrato animal contemplado en el Código Penal, la no observancia de estos requisitos se sancionará con multa de entre 10 a 50 UTM y podrá incluso importar la clausura del lugar donde se desarrollan.

Punto relevante es también que la propuesta se inserta en la Ley N° 20.380 sobre protección de los animales, estableciendo una regulación orgánica y sistematizada en los capítulos que corresponden.

IDEA MATRIZ

El presente proyecto busca modificar la ley N° 20.380 sobre protección de los animales, con el objeto de regular y reglamentar la realización de carreras de perros, disponiendo sanciones para el caso en que ellas fuesen desarrolladas sin observar tales requisitos.

NORMATIVA LEGAL VIGENTE AFECTADA POR EL PROYECTO

Ley N° 20.380 sobre protección de los animales

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: efectúense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.380:

1. Reemplácese el inciso segundo del artículo 13 por uno nuevo del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo anterior, en las infracciones de los artículos 5, 11, 14 bis y 14 ter podrá imponerse la clausura temporal, hasta por tres meses, o la clausura definitiva del establecimiento, lugar o recinto de realización de la actividad, aplicándose el procedimiento señalado en el inciso anterior.”

2. Agréguese un nuevo Título VII con unos nuevos artículos 14 bis, 14 ter, 14 quáter y 14 quinquies, pasando el actual Título VII a ser el Título VIII, del siguiente tenor:

Título VII: Sobre las carreras de perros

Artículo 14 bis: la organización de carreras de perros sólo estará permitida si ellas cumplen de manera estricta y copulativa con los siguientes requisitos:

(1)Asegurar la integridad, la protección y el debido cuidado de los animales involucrados en dicha actividad, cualquiera que sea el rol que cumplan en ella. En concordancia, la simple participación del animal no podrá significar daños y/o lesiones al mismo, sin perjuicio de aquellas que accidentalmente puedan ocurrir. Asimismo, no podrán ser fomentadas ni ejecutadas conductas que impliquen, de manera previa o posterior a la actividad, un maltrato al animal, tales como entrenamientos tortuosos, prácticas alimenticias o farmacéuticas que lo vulneren, la participación forzosa en la carrera pese a la opinión contraria de un médico veterinario y, en general, toda clase de actos de similar naturaleza y consecuencias.

(2)Desarrollarse en un ambiente seguro.

(3)No fomentar, ni inducir, de manera directa o indirecta, la realización de actividades ilícitas, en especial las de apuestas ilegales.

Artículo 14 ter: Se entenderá que la carrera implica la protección y cuidado del animal y que se ha desarrollado en un ambiente seguro, de conformidad a lo dispuesto en los números 1 y 2 del artículo anterior, si cumple con las siguientes condiciones:

1)Condiciones de la pista de carrera:

a. La extensión de la pista de carrera, en el caso de ser recta, no podrá ser superior a los 200 metros, a lo cual deberá sumarse una extensión adicional para freno de un máximo de 100 metros. Se prohíbe la realización de carreras en pistas o “canódromos” de tipo ovalado y de cualquier otra forma que no sea la de una pista recta unidireccional.

b. El ancho de la pista de carrera deberá ser tal que permita al menos una distancia de 1,5 metros entre cada animal, pudiendo correr un máximo de 4 ejemplares simultáneamente.

c. La pista deberá contar con un cierre perimetral que la cubra en su totalidad, con la finalidad de evitar el contacto entre humano y animal y evitar asimismo el ingreso de otros animales durante la carrera.

d. La pista de carrera debe ser de un terreno lo suficientemente blando y ancho como para no generar daños y exponer a peligros al animal, evitándose específicamente el choque o tropiezo entre los mismos. En consecuencia, no podrá ser de un material que dañe los pies y uñas del animal, debiendo preferirse un suelo humectado de arena, tierra o una mezcla de ambos.

e. El recinto que alberga la pista deberá contar con recepción municipal de obras y/o con patente municipal comercial, según sea el caso.

2)Condiciones de cuidado del animal:

a. Los animales sólo podrán participar de una carrera por día. Asimismo, las condiciones térmicas de la carrera y los entrenamientos a que sean sometidos no deberán dañar o poner en peligro su integridad, salud y bienestar.

b. Los animales participarán en condiciones aptas y seguras según su peso y talla, debiendo procurarse una competición equilibrada entre ejemplares para así no sobre exigir a alguno de ellos.

c. Los animales deberán estar debidamente inscritos en el registro que corresponda según la raza y características de animal, de conformidad a lo dispuesto en el Título VI de la Ley N° 21.020.

d. Todas las vestimentas y accesorios de tal naturaleza que sean utilizados en los animales no deberán dañarlos.

e. Los animales deberán ser transportados en condiciones tales que no se dañe o ponga en peligro su integridad, salud y bienestar, dando especial cumplimiento a las normas que la respecto dispone la Ley N° 18.290.

f. Los animales deberán habitar en espacios que no dañen o pongan en peligro su integridad, salud y bienestar. Los caniles deberán estar acondicionados para cumplir idéntico objetivo.

3)Condiciones de seguridad en la carrera:

a. Contar con la asesoría de un médico veterinario de manera presencial en la carrera. El médico veterinario presente en la carrera estará obligado a denunciar ante la autoridad respectiva cualquier trasgresión que constate respecto de esta ley o bien de hechos que pudieren revestir el carácter de maltrato animal tipificado en el artículo 291 bis del Código Penal. La omisión en el cumplimiento de esta obligación será sancionada conforme lo dispone el artículo 177 del Código Procesal Penal.

b. Se deberá levantar y mantener un acta o registro de cada carrera que indique, al menos, los ejemplares participantes, la duración y resultados del evento.

c. Los organizadores podrán aplicar el Reglamento de la Corporación Greyhound Chile en complementariedad de los aspectos regulados en esta ley.

Artículo 14 quáter: Sin perjuicio de la responsabilidad penal eventualmente involucrada, la contravención a lo dispuesto en a los dos artículos anteriores será sancionado con multa de 10 a 50 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, la multa podrá elevarse al doble. Esta sanción será conocida, tramitada y aplicada por el Juzgado de Policía Local que resulte competente, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.287.

Artículo 14 quinquies: a la organización y desarrollo de carreras de perros no serán aplicables lo dispuesto en la Ley N° 19.473 y en su respectivo Reglamento.

3. Agréguese al inicio del artículo 16 la siguiente frase: “Con excepción de lo dispuesto en el Título VII,”

Diputados señores Prieto, Álvarez-Salamanca; Celis, don Ricardo; Espinoza, Lorenzini, Meza, Molina, Paulsen, Pérez, don José, y Sabag

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Moreira, Alessandri, Bobadilla, Calisto, Carter, Fuenzalida, don Gonzalo; Melero y Verdessi, y de las diputadas señoras Amar y Troncoso, que “Modifica el Código Penal para aumentar las penas asignadas al hurto falta y adecuar su tipificación” Boletín N° 12787-07

I. IDEAS GENERALES.

El hurto, ha sido definido por nuestra legislación en el artículo 432 del Código Penal. Así, se entiende que comete hurto quien se ha apropiado, sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse, de cosa mueble ajena, sin utilizar la violencia, intimidación o fuerza. Por su parte, el artículo 494 bis del Código Penal, regula y sanciona lo que en doctrina se ha denominado como hurto-falta, cuya hipótesis consiste en la apropiación de cosa mueble cuyo valor no exceda media unidad tributaria mensual.

La redacción de este tipo penal no ha estado exento de modificaciones y críticas. La primera gran reforma que sufre el hurto-falta, dice relación con la ley N°19.950 del año 2004, cuyo objeto era aumentar la sanción al hurto y facilitar su denuncia e investigación. Con dicho objetivo, se redujo el valor de la cosa hurtada como límite entre la falta y el simple delito, y la decisión de penalizar las etapas anteriores al hurto-falta, además de adicionar a la pena de multa, una pena privativa de libertad. Sin embargo, la poco acertada redacción de este artículo transformó al mismo inaplicable para las hipótesis de hurto frustrado o tentado, ya que no se señalaba sanción expresa, constituyéndose así una ley penal en blanco inconstitucional. Lo anterior fue expresado por la Corte Suprema en sentencia del año 2005[1]. Por otro lado, la importancia de determinar cuando se entiende consumado o no el hurto-falta tomó especial importancia, dado que la respuesta a dicha consecuencia permitía determinar si era sancionable o no, penalmente, dicha conducta.

Posteriormente, con la dictación de la ley N.º 20.140 que establece penas para el caso del hurto-falta en grado frustrado, se busca subsanar los errores del tipo penal del artículo 494 bis del Código Penal y se establece la sanción correspondiente para el delito de hurto falta frustrado, desechándose la sanción para el hurto-falta tentado.

II. CONSIDERANDO.

1.Que, las modificaciones llevadas a cabo por el legislador en materia de hurto-falta, revelan la intención y el profundo compromiso que ha existido en torno a perfeccionar la legislación vigente y consecuencialmente facilitar la persecución y sanción de este ilícito.

2.El Código Penal en esta materia ha sufrido modificaciones importantes que incluso han llevado a apartar esta figura de las reglas generales del derecho penal. En efecto, se ha determinado que las etapas previas del iter criminis serán punibles, lo que constituye una importante excepción a la regla contenida en el artículo 9° del Código Penal, que dispone “las faltas se castigan sólo cuando han sido consumadas”.

3.Que, como se ha dicho, las modificaciones tienen por objeto directo disminuir las altas tasas de comisión asociadas a este ilícito. Sin embargo, las modificaciones realizadas en esta materia, si bien han estado colmadas de buenas intenciones, no han permitido alcanzar los efectos deseados en la práctica. Vale preguntar entonces, ¿porqué la comisión de este tipo de ilícitos no disminuye? Al respecto, una de las principales críticas que elabora la doctrina en esta materia es que la rebaja del límite económico que permite distinguir al hurto como constitutivo de falta o como constitutivo de simple delito -que asciende a media unidad tributaria mensual-, no contribuye a una menor comisión del hurto-falta, sino que solamente altera el modus operandi de quienes cometen estas infracciones, es decir, no se produce una baja en las estadísticas relativas a la perpetración del hurto-falta sino que se produce un cambio de conducta en el delincuente dado que ajustará su actuar al límite de media UTM cuidándose de no apropiarse de especies que excedan dicho valor y así por tanto mantenerse dentro del rango de falta[2]

4.Por su parte, otro problema que se ha originado en la práctica es determinar en qué momento el hurto-falta se considera consumado. Lo anterior, en un principio importada para determinar la absolución o no del imputado, dado que las faltas sólo se sancionan cuando están consumadas. Luego, con la modificación de la ley N.º 20.140 la importancia viene dada por que al grado de frustración no se le hace aplicable la pena de prisión, razón por la cual nuestros tribunales aún se enfrascan en discusiones con el objeto de determinar el momento exacto en que se produce la consumación, existiendo diversos criterios al respecto[3].

5.Con todo, las cifras relacionadas a la comisión del hurto-falta no han visto disminuciones sustanciales, no cumpliéndose con los objetivos previstos con estas reformas legales. En ese sentido, se estima que, al año, las perdidas en la industria a nivel nacional por este tipo de delitos alcanzan los US$ 250 millones. Es decir, unos $160 mil millones en moneda nacional (cifras reveladas por el Grupo Alto)[4]. Lo anterior por tanto, ha generado un complejo escenario donde el comercio formal y establecido, que es el principal ente afectado por este ilícito, decide no recurrir a las soluciones legales entregadas por el ordenamiento jurídico y muchas veces intentan dar respuesta a este problema con sus propios medios, lo que nos ha significado conocer importantes casos de abusos y transgresiones al ordenamiento jurídico. Así las cosas, es evidente que estamos frente a un problema grave donde el Estado no ha podido responder adecuadamente ni hacer frente a estos hechos criminales que han afectado al comercio desde hace décadas.

6.Por tanto, el presente proyecto de ley busca aumentar las multas a las que estarán afectos quienes incurran en este ilícito, de manera considerable, para que la onerosidad misma de la multa genere el anhelado efecto disuasivo en la población y a su vez establecer un momento preciso y claro desde el cual se entenderá consumado el hurto-falta.

7.Finalmente, también es intención de la presente moción realizar una adecuación formal al artículo 494 bis del Código Punitivo en el sentido de mejorar la redacción al referirse al monto de la cosa hurtada.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

El presente proyecto de ley introduce modificaciones al artículo 494 bis del Código Penal, aumentando las multas previstas para el tipo penal de hurto-falta, y a su vez establece un momento exacto desde el cual se entenderá consumada la falta.

IV. PROYECTO DE LEY.

Artículo único: Modifíquese el artículo 494 bis del Código Penal de acuerdo al siguiente texto:

1. En el inciso primero, reemplácese la palabra “pasa” por “excede”

2. En el inciso primero, reemplácese la frase “una a cuatro” por “cuatro a seis”

3. Reemplácese el inciso segundo de acuerdo al siguiente texto:

“La falta de que trata este artículo se sancionará como consumada aún cuando se encuentre en grado de frustrada”

4. Agréguese un nuevo inciso tercero, pasando el actual tercero a cuarto y así sucesivamente de acuerdo al siguiente texto:

“El tribunal podrá siempre imponer la pena accesoria de realización de trabajos determinados en beneficio de la comunidad, señalando expresamente el tipo de trabajo, el lugar donde deba realizarse, su duración y la persona o institución encargada de controlar su cumplimiento. Los trabajos se realizarán, de preferencia, sin afectar la jornada laboral o de estudio que tenga el infractor, con un máximo de ocho horas semanales. La no realización cabal y oportuna de los trabajos determinados por el tribunal importará la aplicación de la pena principal aumentada en un grado.”

Diputados señores Moreira, Alessandri, Bobadilla, Calisto, Carter, Fuenzalida, don Gonzalo; Melero y Verdessi, y de las diputadas señoras Amar y Troncoso

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Paulsen; Fuenzalida, don Gonzalo; García, Jürgensen, Kuschel; Mellado, don Miguel; Prieto, Rathgeb, Saffirio y Walker, que “Modifica el Código Penal para sancionar con penas privativas de libertad el delito de ocupación ilegal o usurpación de inmuebles, en los casos que indica” Boletín N° 12788-07

CONSIDERACIONES

1.Cuando se habla del derecho de propiedad, algunos autores, lo consideran como un derecho de importancia para la tranquilidad social, el progreso económico y el desenvolvimiento de las facultades de los individuos[1], con lo cual – bajo esa visión – resulta lógico que la ley gaste un gran esfuerzo para protegerlo. Siendo ejemplo de aquello numerosas disposiciones del punto de vista de la legislación civil, comercial y en particular el Libro II en su Título IX del Código Penal.

2.Si bien en nuestra legislación no existe una ley específica que trate respecto a la ocupación de un inmueble por personas que son ajenas a la propiedad, tanto en derecho real o por uso y goce temporal de la cosa. Nos encontramos que en nuestro Código Penal, se establece específicamente en su artículo 457, inciso primero, señala “al que con violencia en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real que otro poseyere o tuviere legítimamente (…)” se le aplicará una multa de 11 a 22 UTM; y posteriormente en su artículo 458, para el caso de ocupación o usurpación ilegítima sin violencia, una multa de 6 a 10 UTM.

A nivel de legislación comparada, en el caso de la usurpación mediante el uso de violencia, las diversas legislaciones han optado por criterios diferentes ante la realización de este delito, posicionándolo entre el castigo de hurto o robo de inmuebles; otras ni siquiera se preocupan por este hecho; solo se concentran en la alteración de deslindes, como mero daño en bienes raíces y otros como solo pena de usurpación violenta, dejando sin sanción a los hechos constitutivo de usurpación clandestina[2].

Es sabido también que, en nuestro país, quienes han debido pasar por estas situaciones, deben esperar un largo periodo de tiempo para volver a ingresar a su inmueble, ya que si bien existe la acción de comodato precario[3] al ser una acción civil, conlleva un prolongado tiempo para llegar a una solución.

3.Como hemos visto, existe una protección de la propiedad en nuestro Código Penal, pero resulta también necesario tener en claro si aquella usurpación violenta que se refiere el Código es solo violencia física, o moral o intimidación o la acción conjunta de ellas. Por ello que debemos tener en claro que si bien no se define expresamente lo que se entiende por violencia en el artículo 457, podemos encontrar ideas de aquello en el artículo 439, cuando se habla de robo con violencia en donde se establece que se entenderá “por violencia o intimidación en las personas los malos tratamientos de obra, las amenazas ya para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, ya para impedir la resistencia u oposición a que se quiten, o cualquier otro acto que pueda intimidar o forzar a la manifestación o entrega”.

De aquello se desprende de manera clara que los hechos de violencia pueden realizarse tanto de manera física, como por la vía de malos tratos y mediante amenazas. A su vez, el Código Civil en su artículo 710 nos señala que “la posesión violenta es la que se adquiere por fuerza. La fuerza puede ser actual o inminente”, con lo cual al hablar de fuerza actual se refiere a la violencia física y al referirse a la fuerza inminente, a la intimidación, que no es otra cosa que la “coacción de la voluntad por el temor de un mal inminente”[4].

4.Teniendo aclarado lo anterior, es que queda por resolver a quién debe afectar o más bien agraviar aquella ocupación o usurpación por violencia, si solo debe sufrirla el dueño o legitimo poseedor o tenedor o cualquier persona con motivo del delito, pero una cosa que queda clara es que el Código Penal no limita el alcance del término, aunque, el Código Civil estable en su artículo 55 que las personas son todos los individuos de la especie humana cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Pero a modo de establecer un “límite en aquello es que como establece Juan Pablo Ramos, “la violencia contra las personas puede ser empleada contra el dueño de la cosa o contra un tercero. El delincuente puede necesitar hacer uso de la violencia contra un tercero, separar a otro, anularlo de cualquier manera, con el fin de facilitar el delito”[5] y ello, ejerciendo violencia física o de intimidación, mediante la amenaza.

5.Así las cosas, a modo de ejemplo, se ha establecido, por parte de Sociedad de Fomento Agrícola y Ganadero (SOFO), ante situaciones acontecidas en la región de la Araucanía que “durante los últimos meses se han constatado más de 70 usurpaciones violentas, las cuales se desprenden de las demandas territoriales del pueblo mapuche, siendo catalogados por los agricultores como hechos terroristas.” [6]

6.Finalmente, en razón a lo anteriormente expuesto es que resulta necesario disponer de manera clara que la consumación del delito de ocupación violenta también puede recaer sobre personas distintas del legitimo poseedor o tener de la cosa.

IDEA MATRIZ

La presente iniciativa busca modificar el Código Penal con el propósito de explicitar los sujetos agraviados al momento de cometerse del delito de ocupación o usurpación del bien raíz y establecer una sanción no tan solo pecuniaria, sino que una pena de presidio menor en su grado mínimo para quienes realicen ocupación pacífica y para aquel que efectúe agresiones (física o verbal) al propietario, arrendatario, cuidador o fuerza policial, la pena ascienda a presidio menor en su grado medio.

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO. Agrégase al Código Penal las siguientes modificaciones:

a)Incorpórese un inciso tercero en el artículo 457, en el siguiente tenor:

“El sujeto que efectúe la ocupación o usurpación de inmueble privado destinados a la vivienda o a la explotación agrícola en los términos del artículo 457 inciso primero y 458 del presente Código, además de las multas pecuniarias establecidas en ellos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo, y de incurrir este en agresiones tanto verbales o físicas al propietario, arrendatario, cuidador o fuerza policial, la pena ascenderá a presidio menor en su grado medio.”.

Diputados señores Paulsen; Fuenzalida, don Gonzalo; García, Jürgensen, Kuschel; Mellado, don Miguel; Prieto, Rathgeb, Saffirio y Walker

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Paulsen; Fuenzalida, don Gonzalo; García, Jürgensen, Kuschel; Mellado, don Miguel; Prieto, Rathgeb, Saffirio y Walker, que “Modifica el Código Penal para establecer una nueva hipótesis y un nuevo plazo de flagrancia para el delito de ocupación ilegal de inmuebles” Boletín N° 12789-07

CONSIDERACIONES

1.A inicios de este año, fue conocido por parte de la opinión pública un reportaje, titulado “Tomas ilegales de casas de veraneo aumenta en el litoral central”[1], en donde se aprecia que pobladores de la comuna del Quisco se encontraron con su propiedad ocupada por otros individuos, quienes inclusive han llegado a efectuar arreglos en ella.

Lo cual, se ha transformado en un problema recurrente para los vecinos, dado que ha llevado a que algo más de una decena de viviendas se encuentren en situación de ocupación, por personas que no son dueñas del inmueble, ni mucho menos se encuentran en situación de arrendatario.

2.Si bien en nuestra legislación no existe una ley específica que trate respecto a la ocupación de un inmueble por personas que son ajenas a la propiedad, tanto en derecho real o por uso y goce temporal de la cosa. Nos encontramos que en nuestro Código Penal en su artículo 457, inciso primero, se establece que “al que con violencia en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real que otro poseyere o tuviere legítimamente (…)” se le aplicará una multa de 11 a 22 UTM; y posteriormente en su artículo 458, para el caso de ocupación o usurpación ilegítima sin violencia, una multa de 6 a 10 UTM.

Es sabido también que quienes han debido pasar por estas situaciones, deben esperar un largo periodo de tiempo para volver a ingresar a su inmueble, ya que si bien existe la acción de comodato precario[2] al ser una acción civil, conlleva un prolongado tiempo para llegar a una solución.

3.Por otra parte, según los terminos que establece el artículo 130 del Código Procesal Penal, si bien las policías podrían proceder a la detención de los sujetos que realizan la ocupación violenta, pero ocurre que, en sectores rurales o localidades aisladas, la acción de la policía se ve dificultada en razón a los tiempos de desplazamiento, situación climática, lo cual hace que generalmente tengan lugar fuera del periodo de flagrancia que establece el código.

Con lo cual, resulta necesario establecer a la ocupación o usurpación como un delito de efectos permanentes, atendidas las complejidades que tiene la resolución del conflicto tratándose de este tipo penal, y del perjuicio económico para los propietarios del inmueble.

4.A su vez, se ha establecido, por parte de Sociedad de Fomento Agrícola y Ganadero (SOFO), ante situaciones acontecidas en la región de la Araucanía que “durante los últimos meses se han constatado más de 70 usurpaciones violentas, las cuales se desprenden de las demandas territoriales del pueblo mapuche, siendo catalogados por los agricultores como hechos terroristas.” [3]

5.Finalmente, en razón a lo anteriormente expuesto es que resulta necesario disponer del estado de consumación del delito de usurpación, para efectos de proceder a la detención en flagrancia. Ello, entendiendo en la negativa de los ocupantes a salir del inmueble, la concurrencia de los elementos configuradores del delito: violencia o ánimo de permanecer en él.

IDEA MATRIZ

La presente iniciativa busca modificar el Código Penal con el propósito de aumentar el plazo de flagrancia en la ocupación de inmuebles que se emplacen en localidades aisladas, pasando de las actuales doce horas a veinticuatro.

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO. Agrégase al Código Penal las siguientes modificaciones:

a)Incorporese un artículo 461bis, en el siguiente tenor:

“Artículo 461 bis.- Tratándose de la ocupación de inmuebles privados destinados a la vivienda o a la explotación agrícola, se entenderá que existe flagrancia, y concurren los elementos de violencia o ánimo de permanecer en él, si requerida la salida de los ocupantes por la fuerza policial, estos se resistieran a desocuparla.

En el caso en que el inmueble se encuentre en localidades aisladas, con compleja accesibilidad por las condiciones geográficas y climáticas, el plazo de flagrancia será de veinticuatro horas a fin de que la actuación de las policías pueda ser efectiva.”.

Diputados señores Paulsen; Fuenzalida, don Gonzalo; García, Jürgensen, Kuschel; Mellado, don Miguel; Prieto, Rathgeb, Saffirio y Walker

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Pérez, don José; Desbordes, Jarpa, Longton, Ortiz, Paulsen, Prieto, Sabag y Torres, y de la diputada señora Hernando, que “Modifica la ley N°21.100, que Prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional, para obligar a los establecimientos comerciales a implementar embalajes reciclables para el transporte de los productos, sin costo para el cliente final” Boletín N° 12790-12

Considerando:

Con fecha 20 de Julio se promulgó la ley que eliminó la entrega de bolsas plásticas que contienen algún tipo de polímero derivado del petróleo. Esta nueva normativa se aprobó con el acuerdo de la gran mayoría de los parlamentarios porque se estaba consciente del gran aporte a un cambio cultural que traería consigo. La reutilización de bolsas y la disminución de embalajes fabricados con derivados del petróleo era su principal objetivo.

No obstante lo anterior, los grandes ganadores de la implementación de esta ley, más que el planeta, son los dueños de retail. A través de esta norma les quitamos el peso de tener que comprar y proveer de bolsas plásticas a los consumidores y les pasamos esa responsabilidad a quienes van a comprar a sus locales. Se apoyan en una ley que beneficio al medioambiente, para evitar un gasto millonario.

Lo cierto es que hoy, son los consumidores finales quienes asumen el costo de disminuir la contaminación ambiental a través de la compra de embalajes que el propio comercio les vende. Embalajes que por cierto, siguen conteniendo materiales derivados del petróleo y que por ende contaminan.

El objetivo de este proyecto de ley, es traspasar el costo de la adquisición de embalajes reciclables a los establecimientos de comercios y que estos a su vez no contengan como elemento principal ningún tipo de polímero derivado del petróleo.

Por todo lo antes dicho, los Diputados aquí firmantes venimos en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo único: Agréguese un inciso tercero al artículo 3º de la ley 21.100 conforme a lo que sigue:

“No obstante lo anterior, será responsabilidad del establecimiento de comercio proveer de algún sistema de embalaje reciclable que no contenga como elemento principal algún tipo polímero derivado del petróleo que permita el transporte de los productos, sin costo asociado al consumidor final. “

Diputados señores Pérez, don José; Desbordes, Jarpa, Longton, Ortiz, Paulsen, Prieto, Sabag y Torres, y de la diputada señora Hernando

Proyecto iniciado en moción del diputado señor Garín, que “Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados para sancionar la interposición de denuncias o recursos temerarios ante la Comisión de Ética y Transparencia Boletín N° 12791-07

Vistos.-

Según dispone el artículo 63 y 65 de la Constitución Política de la República, lo indicado en la ley Orgánica Constitucional del Congreso de Nacional N° 18.918. y lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Considerando.-

El Reglamento de la Cámara de Diputados regula el funcionamiento de la Comisión de Ética de la Corporación, la cual se encarga de conocer y sancionar las eventuales faltas a los deberes parlamentarios. En específico, el título tercero regula el procedimiento ordinario y las sanciones estipuladas. Así, entre los artículos 351 al 358 encontramos las reglas sobre competencia, las normas sobre admisibilidad, las pruebas, las notificaciones, el recurso de reposición y otros asuntos de la Comisión de Ética.

Dentro de este marco, se observa la notoria falta de la figura del litigante temerario. Esta denominación reciben aquellos litigantes que se desenvuelven dentro del procedimiento con ausencia de cuidado. Esta ausencia de cuidado es relevante en tanto trae como consecuencia un detrimento para la contraparte. En ese marco, es necesario prevenir aquella situación donde un grupo parlamentario, un diputado o una diputada en específico utilicen las reglas del procedimiento ordinario con fines temerarios, es decir, para irrogar un daño a la contraparte. Así las cosas, parece pertinente incluir normas semejantes a las que existen respecto a la “condena en costas” del litigante temerario civil o del abogado que patrocina a litigantes temerarios, en el Código Orgánico. Así las cosas, al incluir esta figura se lograría un mejor equilibrio entre la posición del denunciante y la posición del denunciado. Esto, toda vez que los procedimientos en la Comisión de Ética han cobrado gran relevancia pública que genera una presunción de culpabilidad sobre el acusado y no una presunción de inocencia, como debiera ser lo natural y obvio. Sin embargo, dado este contexto, las denuncias ante la Comisión de Ética aparecen como verdaderas armas políticas en contra de adversarios e incluso en contra de aliados, buscando marcar diferencias “morales” y “éticas” entre unos y otros. Esta tendencia lleva a una cultura litigante dentro de la corporación donde los conflictos políticos terminan “judicializados” en la Comisión. Cabe recordar que las sanciones que emite la Comisión de Ética funcionan en el marco de la potestad punitiva del Estado, es decir, esta institución administra la ejecución de reproches estatales sobre la conducta ética de los parlamentarios. Esta tarea resulta sumamente compleja en el contexto de la justicia entre pares, donde son los propios colegas quienes sancionan. De este modo, resulta obvio que se deben aplicar los estándares del debido proceso que, en cualquier contexto, deben resguardar siempre la presunción de inocencia y la disuasión de la litigación temeraria.

Por ende, quien presente ante la Comisión de Ética una denuncia o un recurso que manifiestamente carezca de fundamento, podrá ser sancionado de oficio por la Comisión con la medida disciplinaria de Amonestación contemplada en el artículo 347. A eso se debe agregar la multa asociada a la amonestación según lo dispuesto por el artículo 348. En concreto, esto se plasma en dos modificaciones reglamentarias, la primera en el artículo 356 para incluir la figura del litigante temerario y darle a la Comisión de Ética la potestad de sancionar. En seguida, se modifica el artículo 358 para hacer extensiva la regla anterior al recurso de reposición.

Proyecto de Ley

Artículo Único: Para modificar el Reglamento de la Cámara de Diputados, en los siguientes términos:

A.- Para eliminar en el Artículo 352 inciso tercero la expresión “por unanimidad,”

B.- Para modificar en el artículo 352 inciso tercero después de la palabra “requirentes” donde el punto (.) final, pasa a ser puntos seguido.

C.- Para agregar en el artículo 352 inciso tercero después de la palabra “requirentes.”, el siguiente párrafo:

“Realizada tal declaración, la Comisión de Ética aplicará a la parte temeraria la medida de Amonestación y el monto de la multa que se estime pertinente en el marco del artículo 348 del presente Reglamento”.

D.- Para modificar el Artículo 358, agregando después de la palabra “anterior.” la siguiente oración

“y se aplicará lo dispuesto en el artículo 352.”

E.- Para modificar el artículo 358, eliminando el punto final después de la palabra “anterior”

Diputado señor Garín

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Garín, Alarcón y Winter, que “Modifica la ley N°19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, para generar mayor transparencia y participación de los coproprietarios en la administración de condominios, y promover una mayor equidad de género en la composición de sus órganos internos” Boletín N° 12792-14

Visto.-

Según dispone el artículo 63 y 65 de la Constitución Política de la República, lo indicado en la ley Orgánica Constitucional del Congreso de Nacional N° 18.918. y lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Considerando.-

Las disposiciones de la Ley 19.537 sobre Copropiedad inmobiliaria regulan las relaciones que se producen dentro de un condominio. Son normas administrativas que dan un marco reglamentario a la representación y la participación en asambleas que pueden tener carácter ordinario como extraordinario. El artículo 20, en particular, regula la asistencia a las Asambleas de Copropietarios, sea que éstos asistan personalmente o debidamente representados. Debido a la gran cantidad de arrendatarios que hay en cada condominio, así como la desidia y falta de entusiasmo en la participación en las sesiones de la asamblea, estos espacios han ido quedando desiertos o con muy baja participación. Mediante este proyecto buscamos otorgar mayor transparencia en la administración de los condominios; favorecer la convivencia y participación de los copropietarios y propender a una mejor organización y gestión de los bienes comunes.

Las disposiciones del artículo 21 de dicha ley estipulan que, en la primera sesión de la asamblea de copropietarios, se deberá designar un Comité de Administración. Este Comité tendrá la representación de las asambleas ordinarias con todas sus facultades, excepto aquellas que deban ser materia de una asamblea extraordinaria. Además, permite dictar normas que faciliten el buen orden y la administración de la comunidad. Por otra parte, el artículo 23 del citado ordenamiento, señala las funciones y atribuciones de los administradores, estableciéndose en su inciso final, la obligación de rendir cuenta documentada de su administración en las épocas en que se le hayan fijado y, además, cada vez que se lo solicite la asamblea de copropietarios o el Comité de Administración, en su caso. Esta obligación también rige al término de su gestión. No obstante, en la práctica se ha constituido en una costumbre bastante frecuente que en las rendiciones de cuenta que hacen los administradores, con una frecuencia fijada por el reglamento respectivo, no se pormenoriza ni los ingresos que ha tenido la administración, como los egresos que ha debido afrontar, lo que afecta la debida transparencia de la administración ante los copropietarios.Se hace necesario modificar la referida disposición, con el fin de que se establezca, por una parte, que esta rendición se haga en forma mensual y, por otra, consignar en forma clara y categórica que la cuenta que deben rendir los administradores debe ser pormenorizada. De manera que los ingresos y gastos queden específicamente detallados, para que los propietarios conozcan a cabalidad dichos movimientos, siempre con acceso a la documentación correspondiente.

Cabe señalar que el artículo 30 establece que una vez enajenado el 75% de las unidades que formen parte de un condominio nuevo, el administrador deberá convocar a asamblea extraordinaria, la que se pronunciará sobre la mantención, modificación o sustitución del reglamento de copropiedad que dicte el propietario “primer vendedor” del condominio. Con el objeto de evitar diversos problemas que normalmente se producen entre el propietario primer vendedor y los copropietarios del condominio, proponemos que la asamblea extraordinaria destinada a pronunciarse sobre la mantención, modificación o sustitución del reglamento de copropiedad, pueda ser realizada una vez enajenado dos tercios de las unidades del condominio. Esto permite dar autonomía a la asamblea y a los copropietarios con anterioridad, dando curso a las medidas necesarias que toda comunidad debe adoptar al hacerse cargo de un condominio o edificio. La regla de los tres cuartos dilata ese proceso y mantiene en tensión a una mayoría de propietarios con el primer vendedor. Entre otras modificaciones, se limita el mandato de representantes electos a fin de terminar con la reelección indefinida, fomentando la rotación en los cargos dentro de la comunidad. Asimismo, estimamos necesario modificar algunas disposiciones de cuerpo legal ya mencionado, por una parte, otorgando mayor grado de transparencia a la administración de los condominios y fomentando un mayor grado de participación.Por tanto; Los diputados y diputadas vienen en suscribir el presente proyecto de ley.

Artículo Único.: Modifique la Ley 19.537.- sobre Copropiedad Inmobiliaria, en la forma que a continuación se indica:

1.- Para agregar en el artículo 20 de la Ley 19.537, incorporando un nuevo inciso pasando a ser el séptimo y octavo final, en el siguiente tenor:

“El extravío del Libro de Actas por parte de cualquiera de los miembros del Comité de Administración, será sancionado con una multa de entre cinco y diez unidades tributarias mensuales, la que se duplicará en caso de reincidencia

Copia de las actas que se mencionan en este artículo, deberán ser remitidas a todos los propietarios para su conocimiento, en un plazo máximo de treinta días, contados desde la celebración de la asamblea respectiva”.

2.- Para modificar el Artículo 21 en su inciso primero de la Ley 19.537. , para eliminar “sin perjuicio de poder ser reelegido indefinidamente”, reemplazandolo por la siguiente oración; “pudiendo ser reelegido hasta por un período consecutivo más”.

3.- Para modificar el Artículo 21, agregando un nuevo inciso a la Ley 19.537.- incorporando el siguiente párrafo:

“Las asambleas de copropietarios deben fomentar al máximo la participación de sus miembros, de manera que todos tengan la posibilidad de integrar los comités de administración o comisiones revisoras de cuentas. La integración nunca podrá estar compuesta por hombres o mujeres que superen el sesenta por ciento del total respectivo”

4.- Para intercalar en el artículo 23, entre el actual inciso sexto y séptimo agregando un inciso sexto nuevo a la Ley 19.537, quedando bajo el siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en cada condominio existirá una comisión revisora de cuentas, compuesta por tres copropietarios designados por la asamblea, que durarán dos años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos hasta por dos período consecutivos y que tendrán las facultades que en esta materia contemple el respectivo reglamento de copropiedad. La composición no se podrá integrar por hombres o mujeres que superen el sesenta por ciento del total respectivo”

5.- Para modificar el artículo 30 de la Ley 19.537 en su inciso primero eliminando el guarismo “75 %“ y reemplazándolo por el la expresión “dos tercios”.

6.- Para modificar el artículo 30 de la Ley 19.537 en un inciso primero eliminando la palabra “administrador” por la frase “o los propietarios”

Diputados señores Garín, Alarcón y Winter

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Garín, Alarcón, González, don Félix; Jürgensen, Lavín y Sepúlveda, don Alexis, y de la diputada señora Ossandón, que “Modifica la ley N°19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para exigir que en la publicidad de las operaciones de crédito de dinero se incluyan consejos para educar sobre el endeudamiento responsable” Boletín N° 12793-03

Visto.-

Según dispone el artículo 63 y 65 de la Constitución Política de la República, lo indicado en la ley Orgánica Constitucional del Congreso de Nacional N° 18.918. y lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Considerando.-

En la actualidad existen poco más de 4.500.000 de tarjetas de personas naturales que se encuentran en Dicom, debido a que registran morosidad en el sistema financiero. Cabe señalar que dicho número es mayor a todos los Chilenos que eligió al Presidente de la República en la última elección presidencial. La tendencia al crecimiento de ciudadanos en Dicom crece un 3% respecto del año 2018 y siendo el crecimiento del país de un 1,5%, se podría decir que la morosidad en nuestro país crece al doble de lo que crece nuestra economía. Del total de los chilenos registrados en Dicom, un 6,9% se encuentra cesante a marzo de 2019, con ello se genera un círculo vicioso porque cuesta salir del Dicom para encontrar un trabajo y como no sale de Dicom, no encuentra trabajo.

Esto hace sentido con la evolución del gasto familiar. Hace diez años, el 36% del gasto familiar se dedicaba al pago de deudas. Hoy ese porcentaje ha subido a un 73%, mientras que la OCDE señala como promedio normal en torno a un 25% para el pago de deudas. De esta forma, en Chile el gasto mensual familiar para deudas es 3 veces superior a lo que dice la OCDE, lo que se traduce en una alta desmotivación laboral y problemas psicológicos por este 73 por ciento de deuda.

La distribución de la deuda corresponde a 21% de deuda hipotecaria, 12% de educación, 4% es deuda automotriz. En tanto, un 53% se estructura por consumo, destinado a bienes que se consumen y no permanecen en el tiempo y por ello no incrementa necesariamente el patrimonio de una familia de clase media. Al analizar esa deuda, el estrato económico más bajo presenta hasta un 37% de deuda comercial y solo el 16% es bancario, los segmentos medios presentan un 40% de deuda comercial y un 33% bancaria y el segmento más alto tiene una deuda de un 32% comercial y de una deuda comercial del 54%. Este dato permite deducir que los sectores más endeudados son los sectores de ingresos más altos, porque ellos se endeudan con la banca, lo que se traduce en créditos hipotecarios y bienes que incrementan su patrimonio.

Frente a la situación de sobreendeudamiento se dicta la ley 20.720, ley de insolvencia y reemprendimiento que habilita a las personas naturales para someterse a un procedimiento que les permite salvaguardar su endeudamiento, sea a través de una renegociación, con mayor plazo para pagar o condonación de intereses, o remisión de deuda. También se abre la opción de un proceso de liquidación voluntaria o quiebra individual que permite extinguir la deuda y rehabilitarse financieramente.

La deuda que proviene del consumo se ha instalado al interior de la familia chilena y por ello toda actividad que favorezca el endeudamiento irresponsable no es positiva para las economías domésticas de cualquier familia de clase media o clase media baja. Por dicha situación y antes las razones expuesta el presente proyecto de ley, busca de distintas formas, informar sobre endeudamiento y las consecuencias que el sobreendeudamiento significa.

Por tanto: Los presente diputados vienen en suscribir el presente proyecto de ley.-

Proyecto de ley:

Artículo Único: Para modificar en el artículo 1° en su número 4, de la Ley 19.496, agregando un nuevo inciso segundo y un nuevo inciso tercero, en los siguientes términos:

“Respecto de la publicidad de las operaciones de crédito de dinero, incorporarán en su publicidad gráfica y audiovisual un anuncio explícito, educando sobre el endeudamiento responsable.

Dicho anuncio, deberá ocupar al menos el 20% de la superficie de las pieza gráfica. Respecto a las piezas audiovisuales deberá ser destacada por medio de una locución que ocupará al menos el 20% del spot audiovisual”.

Diputados señores Garín, Alarcón, González, don Félix; Jürgensen, Lavín y Sepúlveda, don Alexis, y de la diputada señora Ossandón

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Garín, Alarcón y Alinco, y de la diputada señora Parra, que “Modifica la ley N°20.216, que Establece normas en beneficio del circo chileno, para prohibir la utilización de animales en espectáculos circenses” Boletín N° 12794-12

Visto.-

Según dispone el artículo 63 y 65 de la Constitución Política de la República, lo indicado en la ley Orgánica Constitucional del Congreso de Nacional N° 18.918. y lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Considerando.-

La historia del circo en nuestro país comienza cerca de 1880, cuando los hermanos Pacheco llegaron a Valparaíso desde el extranjero e inauguraron el primer circo chileno. No obstante los primeros antecedentes que tenemos del circo son de inicios del Siglo XIX, en esa época se presentaban funciones de equitación con números ecuestres con caballos amaestrados. Los primeros circos en Chile, por lo general, eran pequeños, con carpas reducidas y pocos integrantes, de tal manera que los artistas debían cumplir varias funciones en el espectáculo, funciones que iban desde cortar los boletos en la entrada, realizar funciones en la pista o producir el evento circense.

Pese a los avances significativos y transformaciones globales, el circo chileno ha logrado mantenerse vigente, constituyendo un importante elemento cultural para la población. Es por este motivo que en septiembre del 2007 se aprobó la ley N° 20.216 de protección y fomento de la actividad circense nacional, que reconoció al circo como una manifestación tradicional de la cultura chilena. Dicho cuerpo legal prescribe en su Artículo 2°, lo que se entiende por circo, señalando que son: “aquellos establecimientos preferentemente habilitados en carpas que, debidamente autorizados, están destinados a la celebración de espectáculos circenses y cuya programación se orienta especialmente a los niños. Se entenderá por espectáculo circense la ejecución o representación en público de ejercicios físicos de acrobacia o habilidad, de actuación de payasos, malabaristas, prestidigitadores e ilusionistas, músicos, animales amaestrados y otras similares.”

Por otra parte, el artículo 3° del mismo cuerpo legal, dispone que las autoridades competentes, ya sean intendentes, gobernadores, jefes de servicios, alcaldes, entre otros, deben tomar todas las medidas necesarias correspondiente para promover las actividades del circo Chileno tanto en su entretención, recreación y formación cultural.

En el año 2012, un grupo de destacados científicos por medio de la Declaración de Cambridge señalan: “La ausencia de un neocórtex no parece prevenir que un organismo experimente estados afectivos”. Evidencia convergente indica que los animales no humanos poseen los substratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de estados conscientes, así como la capacidad de exhibir comportamientos deliberados. Por consiguiente, el peso de la evidencia indica que los seres humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos necesarios para generar conciencia. Animales no humanos, incluyendo todos los mamífero,pájaros y muchas otras criaturas también poseen estos sustratos neurológicos. Considerando que en la programación de los circos, no se encuentra prohibido por ley el uso de animales, siendo que este tipo de espectáculos se encuentran orientados hacia los niños, resulta contradictorio formar a dichos menores desde temprana edad en una cultura de utilización de los animales, considerando las condiciones de maltratos, físico y psicológicos de las cuales se ven sujetos los animales. El hecho de sacar a los animales de su hábitat natural, constituye de por sí un proceso de deterioro, imposibilitando un normal desarrollo tanto social, como cognitivo del animal.

Por tanto: Los presentes diputados vienen en suscribir el presente proyecto de ley.

Proyecto de Ley.

Artículo Único: Modifíquese la Ley. 20.216, que establece normas para el beneficio de circo Chileno, en los siguientes términos:

1.- Para eliminar del artículo 2° inciso primero de la Ley 20.216 la expresión “animales amaestrados”

2.- Para agregar un nuevo inciso segundo en el Artículo 2° de la Ley 20.216.- en los siguientes términos:

“Queda prohibido dentro del territorio nacional el ingreso, desplazamiento y función de establecimientos circenses que incluyan animales, tanto números artísticos, acrobáticos, exhibiciones o prestación de servicios públicos, por considerarse esta práctica un acto cruel e inapropiado en contra de estos. La infracción a estas disposiciones significan el decomiso de los animales, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que correspondan.

Artículos Transitorios:

Artículo 1°: Los circos que incluyan animales dentro de sus números artísticos, tienen el plazo de 1 año desde la promulgación de la presente ley, para adecuar sus espectáculos.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 3° de Ley. 20.216, las autoridades nacionales competentes deberán otorgar las facultades necesarias y suficientes para adoptar todas las medidas que corresponden, para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 2°: Todas las autoridades mencionadas en el Artículo 3° de la Ley 20.216, deben modificar sus normativas legales en un plazo no superior a 120 días, desde la promulgación de la presente ley.

Diputados señores Garín, Alarcón y Alinco, y de la diputada señora Parra

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Crispi, Castro, don Juan Luis; Celis, don Ricardo; Durán, don Jorge; Ibáñez, Labra, Rosas y Verdessi, y de las diputadas señoras Mix y Ossandón, que “Modifica el decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, y el Código Sanitario, para impedir la integración vertical entre prestadores de salud e isapres, y entre laboratorios y farmacias, así como el control societario conjunto de unos y otros, por un mismo controlador” Boletín N° 12798-11

1. FUNDAMENTOS

De acuerdo al enfoque de organización industrial, la integración vertical es la absorción por parte de una sola firma de dos o más procesos técnicos relacionados verticalmente, donde uno de los ejemplos clásicos es la generación, transmisión y distribución eléctrica. Si bien, cada segmento de la cadena de valor puede constituir un mercado por separado, la integración vertical consiste en unir los procesos al interior de una sola unidad económica[1].

Si se considera que esta forma de relación vertical puede ser económicamente eficiente en el ámbito de la salud, reduciendo costos y ofreciendo prestaciones adecuadas, la pregunta que queda es ¿quién obtiene los beneficios económicos de esta mayor eficiencia?

Bajo un mercado competitivo, podría esperarse que los beneficios de la mayor eficiencia fueran trasladados hacia las y los beneficiarios. Sin embargo, cuando existen limitaciones a la competencia en uno o en ambos segmentos del mercado, las ganancias de eficiencia pueden no trasladarse hacia la o el beneficiario y que en el ámbito de la salud puede afectar gravemente la garantía de un derecho social.

Esta situación ha sido conocida por la opinión pública por la concentración que tiene el llamado mercado de la salud en Chile y que destaca un alto porcentaje de dominio del mismo cuando se trata de grupos económicos Al respecto, la Superintendencia indicó que "si se considera la participación por grupos económicos propietarios de Isapres, se tiene que el conjunto Banmédica-Vida Tres obtiene una participación de mercado de 23,7%, dando como resultado que este holding obtenga la primera posición"[2].

En consecuencia, el control de decisiones en la propiedad conjunta de actores relevantes en el ámbito de la salud (como pueden ser, instituciones de salud previsional y prestadores institucionales privados o laboratorios farmacéuticos, droguerías y farmacias) debiera tener una regulación que limitara: la participación de prestadores de salud en las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), el control sobre prestadores e Isapres en una misma persona y a su vez, estas mismas relaciones en el ámbito farmacéutico en donde la relación relevante se da entre los laboratorios y farmacias.

Las isapres y los prestadores institucionales privados

En este caso particular, se trata de las relaciones económicas entre los prestadores de salud privados y las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), las que actúan como pagadores o financiadores de los primeros.

El fenómeno de la integración no se limita a la relación entre Isapres y prestadores de salud en materia de bonificación de prestaciones, sino que también alcanza a las operaciones de financiamiento e inversión, que ocurren en los mercados de activos financieros y físicos. Mientras la legislación actual prohíbe que una Isapre otorgue prestaciones de salud en forma directa, debiendo limitarse a financiar una cobertura regulada, no ocurre lo mismo en materia de operaciones de financiamiento e inversiones[3].

Nuestra actual legislación prohíbe la integración vertical "hacia atrás" -vista desde el seguro hacia el prestador-, ya que una Isapre no puede participar de la propiedad y administración de un prestador de salud. De esta manera, el inciso primero del artículo 173º del DFL 1º de 2005 del Ministerio de Salud (artículo 22º de la Ley 18.933) indica que: "Las Instituciones tendrán por objeto exclusivo el financiamiento de las prestaciones y beneficios de salud, así como las actividades que sean afines o complementarías de ese fin, las que en ningún caso podrán implicar la ejecución de dichas prestaciones y beneficios ni participar en la administración de prestadores':

Conforme a esta norma, el espíritu del legislador es que las Isapres se concentren en el financiamiento de prestaciones, beneficios de salud y actividades afines y no en la ejecución de estas. Por ello, se ha cuestionado la efectividad de esta norma en los casos que la Isapre forme parte del mismo grupo controlador que prestadores de salud. Esta situación en la realidad chilena no ha significado una vulneración al citado artículo 173º, ya que se ha interpretado que la Isapre que comparte controlador con un prestador de salud no sería propietaria ni administradora del mismo.

Esta norma al ser la única que regula las relaciones entre actores del sistema privado de salud, requiere un refuerzo adicional que permita hacerse cargo de los efectos de la integración entre Isapres y prestadores y que además permitirá "visualizar [...] mercado de prestadores que compitan por precio y calidad para captar afiliados de cualquier isapre[4]4.

Al respecto, el departamento de estudio de la Superintendencia indicó que "[a]simismo, parece ser demasiado limitada la prohibición de relaciones verticales directas "hacia atrás" por parte de las isapres, sin contemplar ninguna prohibición a los procesos de integración vertical a través de sociedades financieras o de inversión controladoras de grupos económicos ligados a salud: el tema de los holdings"[5].

Además, la norma tampoco se pronuncia sobre la participación de los prestadores en la propiedad de las isapres -integración vertical "hacia adelante" vista desde el prestador hacia el seguro.

Si bien la legislación de Isapres contempla una prohibición estructural, todavía se mantiene en la primera dimensión del problema. En consecuencia, resulta una regulación parcial que se limita a prohibir el funcionamiento de determinadas estructuras empresariales que favorecen o consagran la integración entre actores relevantes en materia de salud, ya que "pone el énfasis en aspectos formales que condicionan los resultados finales para los diferentes agentes económicos. No obstante, esa concepción no logra capturar otros aspectos objetivos tales como la conducta de los agentes, ni las consecuencias económicas de tales condiciones estructurales''[6].

Como se pudo observar, las Isapres y prestadores de salud se mantienen relacionadas a través de distintos mecanismos, como puede ser compartir quien los controla. De esta manera, resulta relevante que una modificación a la ley tenga como objeto limitar este control paralelo.

Otra manera de entender la legislación nacional, es que la prohibición recae en una integración vertical pura y no en las relaciones verticales efectivas que se expresan en acuerdo económicos. En el primer caso, existe una prohibición total de que las isapres realicen prestaciones de salud y que tengan participación en la propiedad y la administración de los prestadores de salud. En cambio, en el segundo caso, no existe ninguna regulación de carácter económico de dichos contratos verticales. A esto último se agrega hasta ahora, la posibilidad de relación vertical a través de holdings, la que en la práctica no se encuentra regulada.

Configuración del Mercado de Aseguradoras y Prestadores

La Universidad Católica de Valparaíso en el año 2012 realizó, por encargo de la Fiscalía Nacional Económica, un amplio análisis del mercado privado de la salud, que incluyó un apartado que aborda los problemas de integración vertical seguro -prestador y recomendaciones específicas sobre el tema. El estudio es cauteloso y más bien crítico sobre las posibles ganancias de eficiencia de este tipo de organización y pone el énfasis en la regulación sobre la propiedad de ambos tipos de agentes[7]• En este estudio se puede verificar las relaciones de propiedad que existe entre Isapres y prestadores institucionales de salud que son relevantes para este proyecto de ley.

Para ejemplificar la situación chilena, se destaca que una Isapre X como sociedad anónima puede tener como accionista a una Clínica X. Asimismo, una Isapre Y también puede tener como accionista a dicha Clínica X. A su vez, ambas isapres se pueden constituir como sociedades filiales de una misma Sociedad Matriz que puede ser propietaria de dicha Clínica X[8]. Estas relaciones de propiedad no tienen regulación nacional alguna, lo que permite que una sociedad matriz a través de sus filiales no solo se ocupe del aseguramiento de las prestaciones, sino que también de otorgarlas a través de otras filiales de la misma matriz.

Otro tipo de relaciones que destaca el estudio es el que se da entre Isapres y sociedad anónimas cerrada de prestadores ambulatorios, que a su vez tienen participación en centros médicos. Una manera indirecta de cómo las isapres se relacionan con prestadores de salud.

Este estudio logra revelar una alta concentración del mercado, que también había sido revelado por la Superintendencia de Salud el año 2001[9]. Al año 2012 cinco actores controlaban el 96,27% del mercado (Isapre Banmédica y Vida Tres (25,23%), Consalud (21,73%), Cruz Blanca S.A. (19,77%), Colmena Golden Cross(16,07%) y Masvida S.A.(13,41 %).

Asimismo, se ha concluido que la integración vertical anunciada en ese año se ha mantenido e incluso incrementado. La concentración del mercado unida a la relación estrecha que mantienen las isapres con prestadores de salud, "constituyen una barrera de entrada importante para nuevos actores, ya que cualquier actor interesado en el mercado de lsapre no podrá incorporarse competitivamente sin vincularse o crear directamente una red de prestadores relacionados"[10].

Los laboratorios, droguerías y las farmacias

Existe otro tipo de integración que afecta el acceso a la salud, como es la relación que mantienen los laboratorios, las droguerías y las farmacias. Al respecto la Fiscalía Nacional Económica en un estudio de 2013 indicó que, "resulta difícil fiscalizar la multiplicidad de formas en que los laboratorios pueden incentivar la dispensación de fármacos específicos por parte de las farmacias, especialmente cuando, como ocurre en el contexto chileno, las principales cadenas se encuentran verticalmente integradas con laboratorios específicos o tienen externalizados con laboratorios la producción de marcas propias. De hecho, la actual regulación sobre la materia ha sido escasamente aplicada, fundamentalmente por tratarse de una normativa con altos costos de fiscalización."[11].

En vista de la escasa información pública sobre integración vertical en materia de medicamentos, destacamos el trabajo del Tribunal de la Libre Competencia (TLC) que en su resolución Nº 15/2006 indicó que las droguerías o distribuidoras de medicamentos con que se abastecen Farmacias Ahumada y Salcobrand serían cerradas. Y en caso de Farmacias Cruz Verde se abastecerán de droguerías abiertas (Socofar S.A) que venden a otras farmacias.

De esta manera, en la cadena de integración tenemos: laboratorios (que producen el "medicamento"); droguería (distribuidora de medicamentos) y farmacias (venta de medicamentos). De esta manera cuando hay integración vertical, quien es dueño/a de una droguería obtiene los medicamentos de esa droguería, que a su vez puede ser cerrada (solo abastecen a la farmacia con la que están integrados), abierta (en donde abastecen a otras farmacias) o mixta. Existiendo alta concentración del mercado de los mismos, particularmente en las Farmacias, lo que justificaría una iniciativa que busque limitar esta situación.

La propuesta en esta materia busca que quienes fabrican medicamentos no tengan participación de las farmacias que los venden a consumidores finales. Ya que una de las razones más importantes por la cual la integración vertical puede ser perjudicial para los consumidores es la distorsión de precios. Particularmente, cuando hablamos de bienes sociales como los medicamentos.

II. IDEA MATRIZ

Establece un marco regulatorio de la relación económica entre instituciones de salud previsional y prestadores institucionales de salud y a su vez, entre laboratorios y farmacias.

111. PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO 1º: Modifíquese el artículo 173 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes Nos 18.933 y 18.469, de la siguiente manera:

1) Agréguese al inciso primero del artículo 173, luego del punto seguido, la siguiente frase:

"A su vez, los prestadores institucionales de salud no podrán participar en la administración de instituciones aseguradoras de salud'

2) Agréguese un nuevo inciso segundo, pasando el actual a ser tercero y así sucesivamente, del siguiente tenor:

"Las Instituciones de Salud Previsional no podrán ser controladas por la misma persona, sea natural o jurídica, que controle a su vez una o más instituciones prestadoras de Salud'~

ARTÍCULO 2º: Agréguese un nuevo artículo 127º Bis al Decreto con Fuerza de Ley N° 725 que contiene el texto íntegro del Código Sanitario, del siguiente tenor:

"Los proveedores de productos farmacéuticos como laboratorios, no podrán participar de la administración de farmacias o almacenes farmacéuticos, ya sea directamente o a través de terceros. La misma obligación recaerá sobre farmacias y almacenes farmacéuticos, respecto de los primeros. Con todo, estas prohibiciones no podrán afectar la elaboración y dispensación de recetarios magistrales.

Los proveedores de productos farmacéuticos como laboratorios no podrán ser controladas por la misma persona, sea natural o jurídica, que controle a su vez una o más farmacias o almacenes farmacéuticos"

Diputados señores Crispi, Castro, don Juan Luis; Celis, don Ricardo; Durán, don Jorge; Ibáñez, Labra, Rosas y Verdessi, y de las diputadas señoras Mix y Ossandón

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Pérez, doña Joanna; Cicardini; Pérez, doña Catalina, y de los diputados señores Calisto; Castro, don José Miguel; Garín, Molina, Morales, Sabag y Verdessi, que “Dicta normas sobre prevención, fiscalización y sanción de la contaminación por malos olores, y modifica la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente al respecto” Boletín N° 12799-12

ANTECEDENTES:

1.-Existe amplio consenso en que los malos olores son una forma de contaminación y que, en el caso de Chile, trasgreden la disposición constitucional que garantiza a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación[1], pese a lo cual no existen en nuestro ordenamiento jurídico normas de rango legal explícitas y de carácter general que sancionen esta conducta, sino disposiciones puntuales y poco efectivas dirigidas a elementos específicos.

De acuerdo con Ministerio del Medio Ambiente[2], el olor “es una sensación que ocurre cuando los odorantes estimulan los receptores en la cavidad nasal”. En el mismo documento se precisa que el olor “como el ruido, las vibraciones y la luz son considerados estresores ambientales. Esto significa que pueden causar efectos en la salud a niveles de exposición que están por debajo del nivel de ocasionar un daño físico real o efectos tóxicos. Así, un olor puede llegar a ser muy molesto y afectar la calidad de vida”. Si bien no constituyen un daño objetivo, la sensación de malestar sí puede provocar alteraciones emocionales de consideración.

Es precisamente este efecto el que justifica la preocupación por un mayor control en la emisión de los olores en el territorio nacional y fundamenta los reclamos de una ciudadanía cada vez más atenta a sus derechos.

2.-La literatura especializada reconoce la dificultad para medir y cuantificar la intensidad de los malos olores, ya que se trata de una percepción subjetiva que por definición puede variar entre las personas, por la existencia de elementos externos que afectan la percepción de distintos grupos de estos en razón de su mayor o menor sensibilidad, cercanía, humedad ambiental, temperatura y viento, entre los principales factores, y porque no hay una medida de unidad objetiva, ni instrumentos estandarizados para su medición, aunque se pueden convenir escalas de medición subjetiva.

En términos generales, la legislación internacional así como la estandarización han tendido a establecer varios grados en la percepción que van desde su inadvertencia por parte de las personas hasta la provocación de trastornos de salud, pero no hay una cuantificación objetiva, sin perjuicio que lo sean los efectos visibles en la salud o la medición de los gases, que es solo uno de los componentes del olor. En este sentido, es preciso aclarar que, si bien los gases pueden causar malos olores, el mal olor no es un gas en el sentido químico del término como tampoco lo son la presencia de partículas en el aire.

La definición del olor difiere de acuerdo con las fuentes consultadas, aunque tienen como elemento común su percepción.

De esta forma, olor es la sensación resultante de la recepción de un estímulo por el sistema sensorial olfativo.

Lo que se huele es el objeto de percepción del sentido del olfato, que se genera por una mezcla de gases, vapores y polvo.

Dentro de las distintas especies de mamíferos, el olfato humano es uno de los sentidos más desarrollados. Al nacer y durante la infancia somos capaces de distinguir el aroma de nuestra madre entre un grupo de personas y cuando se llega a la vida adulta, se pueden distinguir entre cuatro mil y diez mil aromas diferentes e incluso combinaciones de olores, lo que permite afirmar que nuestro sistema olfativo es altamente sensible y hasta este punto del desarrollo de la tecnología puede ser más eficientes que el mejor de los equipos de detección.

La experiencia internacional se ha inclinado por el sistema denominado Olfatometría Dinámica, en el que se combinan la depuración de sustancias medibles en un líquido y la percepción de un panel de personas especialmente entrenadas para este propósito.

La observación de los métodos aplicados en otras naciones permite seleccionar en particular algunos casos en que cada país creó su propia norma de estandarización de olores para proteger la salud de sus ciudadanos. En Francia se utiliza el "Method of the measurement of the odor of a gaseous effluent bureau the normalization", a partir de 1986; en Alemania se usa el "Olfactometry, Odour threshold determination, Fundamentals. Verein Deutsche Ingenieure Verlag", desde 1989; y en los Países Bajos el "Air Quality. Sensory Odour Measurement using an Olfactometer", desde 1995.

Las experiencias en cada caso, unidas a un propósito continental por homologar las distintas regulaciones, llevó a la Unión Europea a emitir el año 2001 la norma (EN 13725) que rige dentro de todo el territorio de la Unión Europea, superando las exigencias nacionales.

En el caso de Chile, desde el año 2009 se inicia un proceso de regulación ambiental en materia de olores molestos, en respuesta a las crecientes quejas de vecinos y trabajadores por industrias que emiten olores molestos. E s así como el 2010 se aprueba la norma Nch3190 “Determinación de la concentración de olor por olfatometría dinámica”, definiéndose así el método por el cual se debe estimar la concentración de olor de una determinada muestra[3].

En los estudios que acompañan esa norma se define el olor como una “propiedad organoléptica perceptible por el órgano olfativo cuando inspira determinadas sustancias volátiles”.

También se lo define como la “sensación que ocurre cuando los compuestos o sustancias olorosas estimulan los receptores en la cavidad nasal”

La complejidad del olor está relacionada con el proceso de percepción humana que está condicionado a su vez por numerosos factores, pero hasta la fecha no ha sido posible predecir una sensación olorosa a partir de la estructura química de una sustancia olorosa con vista a establecer un sistema de clasificación de sustancias olorosas.

En términos generales, es posible hacer algunas distinciones, partiendo por distinguir entre olor simple y el olor compuesto. El olor simple es el que percibe el olfato como consecuencia de la emisión de un compuesto químico o de una sustancia olorosa determinada. Por ejemplo, el ácido sulfhídrico (H2S) es una sustancia olorosa. Los olores de tipo simple suelen ser fácilmente identificables

El olor compuesto, en cambio, es el que se percibe como consecuencia de la mezcla de más de un olor simple. En la mezcla de sustancias olorosas pueden producirse fenómenos de sinergias, interferencias e inhibiciones, y por lo mismo, en la percepción del olor compuesto no siempre es fácil identificar las moléculas que lo causan. De esta manera la percepción fisiológica del conjunto no es el resultado de la suma sensorial de sustancias olorosas individuales, es decir, el olor no puede ser definido como la suma de las sustancias olorosas que lo conforman porque cuando se agregan dos o más substancias se genera un agente odorífero nuevo.

Además, el olor se compone de diversos factores:

*La Concentración, que se define como el número de unidades de olor en un metro cúbico de gas en condiciones normales (En la norma europea se le conoce por la expresión OUE/m3). De esta forma, el umbral de detección se refiere a la concentración teórica mínima para generar un estímulo que pueda ser detectado en un porcentaje específico de la población, por convención de la norma generalmente se usa el 50% de la población.

*La Intensidad, que se refiere a la fuerza con la que el olor se percibe y que aumenta en función de la concentración del olor. La intensidad no está relacionada directa ni necesariamente con la molestia, sino que es un parámetro independiente de esta, es decir, se pueden tener intensidades altas de olor que no producen molestia. La intensidad de un olor se determina mediante olfatómetros por panelistas calibrados.

*La Calidad del olor indica cómo huele la emanación, lo que permite su clasificación en diversos grupos en función de descriptores como floral, frutal, vegetal, medicinal, etc., que nuevamente corresponden a convenciones sociales subjetivas y aprendidas de generación en generación, que no pueden ser explicitadas por medio de una fórmula científica.

*El Tono Hedónico, que se refiere a la propiedad de un olor para ser percibido como agradable o desagradable, lo cual también es subjetivo y varía de persona en persona ya que se trata de un juicio de placer.

En cuanto a las unidades de olor señaladas con anterioridad, de acuerdo a las normas europeas, se ha establecido la siguiente escala[4]:

01

3.-De hecho, la medición del olor se hace con un panel de expertos humanos que califican el aire que respiran y no es posible confiar a una máquina este proceso que depende en gran medida de la percepción de las personas. Se pueden utilizar máquinas detectoras para el caso de los gases dentro de una muestra, pero el sistema olfativo humano sigue siendo el más eficiente.

Existen, sin embargo, algunos consensos establecidos por la ciencia respecto de la naturaleza de los distintos olores. El siguiente cuadro muestra algunos ejemplos, aunque no todos son de naturaleza molesta para las personas.

02

En cuanto a la naturaleza química de los olores, la clasificación comprende aminas, sulfuros, ácidos grasos volátiles, fenoles, mercaptanos, alcoholes y carbonilos.

La división puede ser aún más detallada, pero cada nuevo nivel agrega subjetividad al esquema.

03[5]

En el curso de los estudios para definir una norma nacional se ha recogido la información de las fuentes emisoras, a partir de las denuncias formuladas por la ciudadanía, constatándose que casi la mitad proviene de plantas de crianza de animales, y en porcentajes mucho menores pero similares las pesqueras, el tratamiento de las aguas servidas y la disposición final de residuos[6].

Del mismo modo, se han identificado alrededor de dos mil establecimientos que potencialmente generan olores, lo que cuenta nuevamente que no se trata de un problema aislado. Las actividades señaladas agrupan un 85% del total de las instalaciones y del resto de las actividades que corresponden al 15% de instalaciones restantes, ninguna de ellas alcanza el 5% del total por sí sola.

La recopilación de estos antecedentes ha permitido conformar un mapa de los conflictos que demuestra que estos problemas se producen preferentemente en sectores sociales vulnerables, ya sea por razones de distancia o aislamiento, o por condiciones socioeconómicas[7].

4.-Llama la atención que en nuestro país existan varias normas por la vía del decreto y reglamentarias, sin que ninguna se refiera de modo explícito a este asunto ni tenga un rango formal de cuerpo legal. Del mismo modo, dos mociones legislativas han permanecido sin tramitación por años, aunque aún no han sido archivadas. La presente moción recoge aspectos de esas propuestas e incorpora otros elementos.

En el mes de julio del año 2009 los diputados Marcos Espinosa, Guido Girardi Briere, Marta Isasi, Carlos Abel Jarpa, Juan Lobos, Alberto Robles, Roberto Sepúlveda, Esteban Valenzuela y Patricio Vallespín presentaron una primera moción, signada como Boletín N° 6577-12. Este proyecto crea el concepto de contaminación olfativa y lo condiciona a que sea detectable por las personas, regula las emisiones; reconoce el derecho a queja de los ciudadanos y clasifica las infracciones como leves, graves y muy graves de acuerdo a las consecuencias provocadas; faculta a la autoridad a clausurar los establecimientos contaminantes y a suspender sus actividades hasta por seis meses, aplicando multas equivalente a un rango del último ingreso anual declarado de la empresa a partir del 5 por ciento.

Por su parte, el Boletín N° 10268-12 corresponde a una moción ingresada el 20 de agosto del año 2015 por los diputados Daniella Cicardini, Maya Fernández, Iván Fuentes, Clemira Pacheco, Denise Pascal y Alejandra Sepúlveda. Tiene un solo artículo que modifica la Ley de Bases del Medio Ambiente para reconocer expresamente al olor como un agente contaminante.

La ocurrencia de diversos casos de malestar ciudadano y los conflictos con las empresas causantes, en la mayoría de los casos plantas faenadoras de animales, llevaron al Ministerio del Medio Ambiente a promulgar una Estrategia para la Gestión de Olores en Chile actualizada el año 2017. En este marco dentro del fortalecimiento del marco regulatorio, el Ministerio se encuentra analizando técnica y jurídicamente propuestas de regulación de olores[8].

La revisión de las normas vigentes permite constatar que, salvo declaraciones genéricas, no hay disposiciones explícitas ni realmente aplicables. La ley de Bases del Medio Ambiente no dice nada al respecto[9], del mismo modo que el Decreto que Aprueba el Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión[10], el Decreto que Aprueba el Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, Retc o establece norma de Emisión de Material Particulado a Fuentes Estacionarias Puntuales que indica[11], el que Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes asociados a las descargas de Residuos Industriales Líquidos a Sistemas de Alcantarillado[12], el que Reglamenta el Funcionamiento de los Establecimientos Emisores de Anhídrido Sulfuroso, Material Particulado y Arsénico en todo el territorio de la República[13].

Las normas que contienen alguna referencia general son el decreto que Aprueba el Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, RETC[14], Establece la Norma de Emisión de Compuestos TRS, Generadores de Olor, asociados a la fabricación de Pulpa Kraft o al Sulfato[15], al igual que el que Aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básica en los Rellenos Sanitarios[16], pero se refieren a actividades y productos específicos, sin que exista una norma de aplicación general.

Antes de estas disposiciones, aunque no resultan suficientes, se deben considerar el decreto que Establece Normas para Evitar Emanaciones o Contaminantes Atmosféricos de Cualquiera Naturaleza[17] y el que Aprueba el Reglamento sobre Normas Sanitarias Mínimas Municipales[18], a los que se debe hacer mención especial de la Ley de Vivienda y Urbanismo que prohíbe el funcionamiento en los barrios de locales con malos olores[19], al igual que la norma sobre Contaminación Atmosférica [20] y el Código Sanitario[21], que hacen menciones generales sin disponer un sistema de sanción a los infractores ni una metodología para la clasificación de los malos olores.

5.-De la exposición de todos estos antecedentes se puede concluir que una primera aproximación a un intento por legislar sobre los malos olores debe comenzar necesariamente por la definición del olor y su clasificación en los distintos tipos de hedores identificados hasta el momento por los estudios sobre la materia.

6.-En cuanto a los daños, si bien hay casos en los que se pueden producir reacciones alérgicas y enfermedades, se debe hablar de irritación del organismo, principalmente de las vías respiratorias, más que de envenenamiento, aunque no se debe descartar que, por la vía de las alergias, se puedan producir problemas serios de salud en que el olor desencadena una situación médica previa que estaba en condición de latencia.

7.-En el caso de Chile, los casos conocidos de contaminación por malos olores han estado asociados a labores productivas sin el debido cumplimiento de las normas medioambientales, por lo que cualquier posible sanción a quienes emitan elementos que dañen a las personas por vía aérea deben ser sancionados directamente en la raíz de su conducta, es decir su fuente productiva porque no se trata habitualmente de una acción cometida por un particular en su domicilio.

CONSIDERANDO:

1.-El derecho garantizado por la Constitución a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, reconociendo que es imposible la eliminación absoluta de los malos olores por lo que se busca es su reducción a límites aceptables y tolerables para la mayoría de las personas y que los antecedentes muestran que la mayoría de los abusos e incumplimiento de normas sectoriales se produce en sectores socialmente vulnerables.

2.-La obligación del Estado de resguardar el bien común, entendiendo que los olores molestos pueden llegar a ser nocivos para la salud de las personas, y que al Ministerio del Medio Ambiente le corresponde la tarea de proponer las políticas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones legales y los convenios internacionales vigentes, aunque de acuerdo al artículo N° 70 de la Ley de Bases del Medio Ambiente tiene pocas facultades ejecutivas, lo cual frena la potestad del Estado para garantizar los derechos constitucionales señalados en los antecedentes[22].

Adicionalmente, a esta Secretaría de Estado le corresponde la tarea de realizar y fomentar la capacitación y actualización técnica a funcionarios públicos y privados en materias relacionadas con las funciones encomendadas al Ministerio, por lo que ya cuenta con las facultades legales para cumplir con una importante función de coordinación con el conjunto de la comunidad nacional en lo que se refiere a fomentar el conocimiento respecto a olores, creando material de difusión y fomentando instancias de participación.

3.-La necesidad de concordar algunas definiciones básicas que permitan legislar sobre las emanaciones y sus consecuencias, lo que requiere necesariamente la participación de la ciudadanía.

4.-La inexistencia de normas claras y explícitas en nuestra legislación y la conveniencia de aprovechar la experiencia internacional en la materia, en particular la Norma Europea UNE EN-13725:2004, que rige en todo el territorio de la Unión Europea.

En razón de los antecedentes anteriormente expuestos y en uso de mis facultades constitucionales, vengo a proponer el siguiente:

PROYECTO DE LEY QUE SANCIONA Y TIPIFICA COMO DELITO Y LA EMISIÒN DE MALOS OLORES

ARTÍCULO 1º.-Para los efectos de esta ley se entenderá por:

a)Olor: Sensación resultante de la recepción de un estímulo por el sistema sensorial olfativo. Pudiendo ser este estímulo producido por un gas, una mezcla de gases, vapores y polvo, o una mezcla de todos los anteriores;

b)Mal olor: Olor existente en la atmósfera que causa una sensación de desagrado en la mayoría de las personas expuestas a su contacto, producida por gases, vapores, polvo o una mezcla de estos;

c)Mal olor grave: Aquellos gases, vapores, polvos o una mezcla de estos. esparcidos al medio atmosférico por un agente emisor de malos olores, que causa reacciones físicas de rechazo, enfermedades, trastornos o afecta seria y documentadamente el bienestar físico, psíquico o el desarrollo social de una persona o grupo de personas.;

d)Agente emisor de malos olores: Cualquier persona natural o jurídica responsable de despedir al medio ambiente gases, vapores, polvos o combinaciones de estos que sean percibidas por el sistema olfativo de las personas como malos olores o que, sin ser percibidas, provoquen trastornos que requieran atención médica.

ARTÍCULO 2º.-Todos los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación Ambiental regulado por el Decreto 40 de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente deberán acreditar una distancia mínima de sus instalaciones respecto de los asentamientos humanos que asegure que cualquier mal olor no afecte a las personas.

En el caso de poblados con más de cien habitantes permanentes, la distancia mínima deberá ser de un kilómetro. Tratándose de poblados con más de cinco mil habitantes, la distancia mínima deberá ser de cinco kilómetros.

ARTÍCULO 3º.-Serán titulares de la acción de denuncia todas aquellas personas que se vean afectadas por la emisión de elementos molestos para las vías respiratorias o que provoquen malestares que requieran atención médica.

Para el análisis de dicha denuncia, se deberá contar con grupos de personas que harán las veces de paneles de evaluación de olores. En estos paneles la mitad de los participantes deberán ser vecinos de la misma comuna que hayan alcanzado la mayoría de edad y no hubiesen presentado reclamos previos contra el agente emisor de malos olores.

Respecto del procedimiento de las denuncias y fiscalización señaladas en los incisos anteriores, serán aplicables, en todo lo que no revista tramitación especial, las normas del Título III de la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

ARTÍCULO 4°.-En caso de acreditarse la emanación de malos olores por alguna empresa o persona jurídica que persiga fines de lucro, se podrá pedir que se aplique una sanción equivalente al 5 por ciento de las utilidades declaradas por la empresa responsable en el año anterior. Si el mal olor es calificado como grave, la multa será del 10 por ciento.

En caso de reincidencia en un período de cinco años contados desde la sanción, la multa podrá ser doblada en cada nueva oportunidad.

Las decisiones en esta materia podrán ser apeladas al Tribunal Ambiental correspondiente al domicilio de la fuente emisora de malos olores.

ARTÍCULO 5°.-Modifíquese la la ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en el siguiente sentido:

a.Agréguese en el literal c) del artículo segundo de la ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, luego de la palabra “energía” y antes de la frase “o combinación de ellos”, la expresión “, olores” quedando en los siguientes términos:

“c) Contaminación: la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía, olores o combinación de ellos, en concentraciones o concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente;”

Diputadas señoras Pérez, doña Joanna; Cicardini; Pérez, doña Catalina, y de los diputados señores Calisto; Castro, don José Miguel; Garín, Molina, Morales, Sabag y Verdessi

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Núñez, doña Paulina; Girardi, Rojas y Vallejo, y de los diputados señores Bellolio, Jackson, Pardo, Sauerbaum, Schalper y Venegas, que “MODIFICA LA LEY N° 21.091, SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR, Y LA LEY N° 20.370, GENERAL DE EDUCACIÓN, PARA DISPONER EL COBRO DE ARANCEL PROPORCIONAL Y PROHIBIR LA DENEGACIÓN DE TÍTULOS Y GRADOS ACADÉMICOS EN RAZÓN DE DEUDAS IMPAGAS DE LOS ESTUDIANTES, EN LOS CASOS QUE INDICA” BOLETÍN N° 12801-04

FUNDAMENTOS Y ANTECEDENTES

Desde el 2016 rige en nuestro sistema de educación superior el beneficio de gratuidad, mediante el cual el Estado financia la formación universitaria de aquellos estudiantes que pertenezcan al 60% de hogares de menos ingresos del país y que decidan iniciar y proseguir su formación superior en planteles de educación terciaria, universitarios o técnicos profesionales, que cumplan los diversos requisitos dispuestos para acceder a este beneficio[1].

La implementación de esta medida modificó asimismo la forma en que se fijan los aranceles y derechos de matrícula y titulación que las casas de estudio cobran a sus estudiantes, ya que se unificó, respecto de todas las universidades y centros de formación técnico profesional que accedan a la gratuidad, un solo sistema para tal determinación. Hoy, según dispone la Ley N° 21.091 en sus Párrafos 3° y 5°, una Comisión de Expertos fija los aranceles en cuestión, según bases técnicas que son propuestas por la Subsecretaría de Educación Superior y por el Ministerio de Hacienda y que recogen valores nominales y generales para los aranceles regulados y para los derechos por matrícula y titulación, ya que, evidentemente, el Estado debe otorgar las coberturas financieras en base a cobros generales y uniformes y no según la libre determinación de cada plantel.

Así las cosas, en materia de aranceles y derechos, existen hoy dos regímenes, ya que en el caso de las instituciones que se acojan a la gratuidad rige el mecanismo unificado de la Ley N° 21.091, mientras que para las instituciones que no acceden al beneficio, por no cumplir los requisitos legales dispuestos para ello o simplemente por rechazar su aplicación, existe una libertad en la determinación de los aranceles. Al mismo tiempo, los estudiantes se acogen también a distintos regímenes, ya que existen algunos que estudian con el beneficio de gratuidad y otros que no, pudiendo estos últimos acceder a créditos o financiar directamente su carrera.

1.Pago de arancel proporcional al cursar sólo algunas asignaturas

En todos los casos, existe una situación particular en la cual el estudiante queda en desventaja, ya que ocurre, muy comúnmente, que este curse sólo una o dos asignaturas de duración semestral, pese a lo cual debe pagar íntegramente el arancel. Esto se extrae de la denominada “duración nominal de las carreras”, la que es determinada e informada por las instituciones formativas al Ministerio de Educación en cumplimiento de lo señalado en el artículo 105 de la Ley N° 21.091. Por tanto, las universidades e institutos técnico o profesionales informan cuál es la duración nominal de las carreras, comúnmente en número de semestres necesarios para dar cumplimiento a todas las asignaturas y actividades que conducen al egreso de la formación, a lo cual deben sumarse las actividades de obtención del grado académico y del título profesional, si así procediere.

Los motivos para cursar menos asignaturas son variables, pero en el caso de aquellos estudiantes que lo hacen en el último año del período nominal es a razón de haber agrupado su carga académica en el primer período de los estudios, mientras que aquellos que requieren más tiempo del nominal para concretar el egreso, pueden haber enfrentado distintas circunstancias, tales como el embarazo y la maternidad/paternidad, alguna complicación de salud, la necesidad de compatibilizar estudios con trabajo, entre muchas otras. En todas estas situaciones y a la luz del presente proyecto de ley, se cree que existe una justificación para evitar que el estudiante deba pagar la totalidad del arancel nominal, puesto que, si la fijación de los aranceles debe contemplar los costos de los recursos que se requieren para impartir la carrera (artículos 89 y 90 de la Ley N° 21.091), estos claramente disminuyen cuando el estudiante demanda sólo un par de asignaturas.

2.Imposibilidad de condicionar la entrega de un grado académico o título profesional en caso de deuda del estudiante con la institución de educación

Otra situación que se ha hecho pública y que ha sido conocida por tribunales superiores de justicia, es la práctica habitual de varios planteles de educación superior, que condicionan la entrega de un grado académico o de un título profesional al saneamiento de una deuda.

Efectivamente, muchos planteles, ya sean públicos o privados, disponen en su normativa interna que la entrega de un grado académico o de un título profesional, cuando corresponda, se sujeta a la condición de no existir una deuda entre el estudiante y la casa de estudios, o bien encontrarse esta saneada y/o negociada.

Muchos estudiantes morosos han recurrido a tribunales superiores de justicia, aduciendo una vulneración de sus derechos fundamentales, como son la igualdad ante la ley, al verse discriminados en relación con el universo de otros estudiantes, y el derecho de propiedad por sobre el contrato y la matrícula, instrumentos que imponen a las instituciones de educación el deber de proveer la enseñanza hasta su finalización, la que indefectiblemente ocurre con el egreso, la licenciatura y/o titulación.

En un reciente fallo de 2018, la Excelentísima Corte Suprema declaró al respecto que: “…el acto en referencia importa un comportamiento discriminatorio contra la recurrente que atenta contra el derecho que le garantiza el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues la priva de continuar su proceso de titulación hasta su término natural a diferencia de otros alumnos que en su misma situación académica han podido finalizarlo debidamente…”[2]

A mayor consideración, el mantener esta situación desnaturaliza la prerrogativa de entrega de grados y títulos, ya que tal facultad se constituye en una herramienta de cobranza de una deuda, que posee una regulación legal y un carácter compulsivo mucho más álgido que los procedimientos legales de ejecución, puesto que el estudiante no tiene una alternativa distinta a resolver su situación financiera si desea obtener su grado o título. En dicho contexto, muchas instituciones han optado por ejercer esta medida arbitraria y ahorrar así los costos de las acciones regulares de cobranza.

Asimismo, el artículo 11 de la Ley N° 20.370 General de Educación, señala claramente que: “El no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el padre o apoderado no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar y nunca podrá servir de fundamento para la retención de su documentación académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del sostenedor o de la institución educacional, en particular, los referidos al cobro de arancel o matrícula, o ambos, que el padre o apoderado hubiere comprometido.”

Si bien esta última norma pertenece a la Ley General de Educación y no específicamente a la de Educación Superior, ilustra el espíritu que debe primar en todo el sistema educativo: no condicionar el avance académico y la formación a la situación financiera de los estudiantes.

Por todo lo que se ha señalado, se proponen las siguientes medidas:

(1)Modificar la Ley N° 21.091 en el sentido de imponer a los planteles de educación superior regidos por la Ley N° 20.370, ya sean universitarios o institutos técnicos profesionales, la obligación de efectuar un cobro proporcional al estudiante que, estando en el período de finalización de sus estudios, curse menos asignaturas que las propuestas e informadas por la respectiva malla de avance curricular de su carrera.

Para estos efectos, se entenderá, que un estudiante está en el período de finalización de sus estudios, cuando se encuentre cursando el penúltimo, el último o cualquier otro semestre adicional en relación con los semestres indicados como duración nominal de la carrera. Así, si la carrera posee una duración nominal informada por el plantel de 10 semestres, se estará en el período de finalización al cursar el 9°, el 10° o cualquier otro semestre adicional por sobre este último.

Por su parte, el cobro proporcional se establecerá en relación con el arancel que fija la institución, ya sea que éste se encuentre regulado por el mecanismo de la Ley N° 21.091 o bien que haya sido fijado de manera libre por no encontrarse el plantel supeditado a la aplicación de dicho mecanismo.

El plantel deberá cobrar la proporción que el número de ramos cursado represente respecto del total de ramos propuestos por la respectiva malla curricular para dicha etapa de estudios (la de finalización, esto es, el 9°, el 10° o cualquier semestre adicional), considerando un límite de 4 ramos, sobre el cual se deberá pagar el arancel completo.

A este derecho accederán aquellos estudiantes que cursen sus estudios en una institución acogida al beneficio de la gratuidad y, asimismo, por todos los estudiantes que cursen sus estudios en una institución que no esté acogida a la recepción del beneficio de la gratuidad.

En el caso de aquellos estudiantes que cursen sus estudios con beneficio de gratuidad, cuando el retraso en el avance curricular haya obstado a que opere el beneficio, se aplicará la misma medida sin distinción, ya que es el estudiante el que asume el pago de su arancel, puesto que el beneficio de gratuidad sólo cubre el período nominal de duración. En estos casos no existe una justificación de peso para diferenciar entre estudiantes con y sin beneficio de gratuidad.

(2)Asimismo, modificar la Ley N° 20.370 en el sentido de impedir que los planteles de formación superior condicionen la entrega de cualquier grado académico o título técnico o profesional al hecho de encontrarse saneada o regularizada la situación financiera del estudiante, sin perjuicio de las vías y acciones ordinarias que podrá mantener la institución para perseguir el cobro de tales obligaciones.

IDEA MATRIZ

El presente proyecto modifica la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior y la Ley N° 20.370 General de Educación, con el objeto de implementar la obligación para planteles universitarios y de formación técnico profesional, consistente en establecer un arancel proporcional al número de asignaturas cursadas por un estudiante durante el último período de sus estudios, así como impedir que se niegue la concesión de un título académico, técnico o profesional a un estudiante, por el hecho de presentar éste alguna clase de deuda pecuniaria con la institución de educación superior.

NORMATIVA LEGAL VIGENTE AFECTADA POR EL PROYECTO

Ley N° 21.091 sobre Educación Superior

Ley N° 20.370 General de Educación

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO PRIMERO: Introdúzcase un nuevo artículo 94 bis a la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior, del siguiente tenor:

“Toda institución de educación superior regida por la presente ley, ya sea de carácter universitaria o técnico-profesional, deberá implementar un cobro proporcional de arancel respecto de aquellos estudiantes que se encuentren en el período de finalización de sus estudios.

Para lo anterior, se entenderá que un estudiante se encuentra en el período de finalización de sus estudios, si está cursando el penúltimo, el último o cualquier semestre adicional en relación con los semestres de duración nominal de la carrera dispuestos e informados por la institución de conformidad al artículo 105.

Encontrándose en la situación anterior, el estudiante deberá pagar un valor proporcional que será equivalente al porcentaje que el número de asignaturas cursadas representa respecto del número de asignaturas informadas por la malla curricular de la carrera para el período semestral en que el estudiante se ubica. Con todo, este valor proporcional considerará un tope de 4 asignaturas cursadas, sobre las cuales se cursará el total del arancel correspondiente.

El arancel al cual se alude en los incisos anteriores será el estimado de conformidad a lo dispuesto en el Párrafo 2° del Título V de esta ley o bien el que libremente haya fijado la institución de educación superior, según sea el caso.

Lo dispuesto en este artículo será plenamente aplicable a los estudiantes destinatarios del beneficio de gratuidad a que alude el artículo 82, cuando deban cursar semestres adicionales a la duración nominal de la carrera y, en consecuencia, deban asumir el financiamiento de sus estudios.”

ARTÍCULO SEGUNDO: Introdúzcase un nuevo inciso 3° al artículo 10 de la Ley N° 20.370 General de Educación, pasando el actual inciso 3° a ser el 4°, y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“En concordancia con lo anterior, los alumnos y alumnas, de cualquier nivel educacional, tienen derecho a obtener el grado académico, el título técnico o el título profesional que corresponda, mientras hayan dado satisfactorio cumplimiento a todas las asignaturas, actividades y evaluaciones que a ello conducen. En consecuencia, ningún estudiante podrá ser impedido de la obtención de dicho grado o título por detentar alguna deuda pecuniaria para con la institución de educación a que asiste, sin perjuicio de las acciones ordinarias de cobranza que por esta última pueden ser ejercidas. Toda indicación que contravenga lo aquí dispuesto y que haya sido estipulada en sus reglamentos internos por una institución de educación, cualquiera esta sea, será nula de pleno derecho.”

ARTÍCULO TRANSITORIO: La presente ley entrará en vigor en el año calendario siguiente al de su publicación.

Diputadas señoras Núñez, doña Paulina; Girardi, Rojas y Vallejo, y de los diputados señores Bellolio, Jackson, Pardo, Sauerbaum, Schalper y Venegas

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Schalper y Cruz-Coke, que “Instituye el 1 de agosto de cada año, como el Día Nacional de la Gratitud” Boletín N° 12802-24

1.- Antecedentes

Como ya es tradición, el mes de agosto se celebra en Chile el denominado "Mes de la Solidaridad", que celebra y conmemora la vida y obra del santo sacerdote jesuita que falleció el 18 de ese mes, en el año 1952. Durante este mes, todo Chile celebra el valor del dar, la entrega desinteresada hacia los demás que tanto promovió e incentivó Alberto Hurtado Cruchaga.

Este mes comenzó a celebrarse a partir de la consagración legal en 1993 del 18 de agosto como el "Día de la Solidaridad", y desde esa fecha tradicionalmente el Presidente de la República en ejercicio visita la tumba de Alberto Hurtado para conmemorar el aniversario de su muerte, como una forma de reconocer y rendir homenaje al hombre que hizo de la solidaridad y la lucha por mayor justicia social el centro de su vida. También año a año se realiza una multitudinaria caminata de jóvenes, hasta el "Santuario" del santo, que cada año reúne a más de 15 mil jóvenes.

También el 31 de agosto de cada año se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad, por decreto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fecha que coincide con el aniversario del movimiento fundado por el premio Nobel de la paz Lech Valesa.

Todas estas conmemoraciones tienen por finalidad poner en relieve la importancia de la solidaridad como motor de cambio, como una potente herramienta que puede contribuir a disminuir la pobreza, la hambre, la indigencia y la falta de oportunidades. Sin embargo, el dar tiene como contrapartida el agradecer, y la solidaridad a la gratitud, y es así como desde los mismos actores que impulsan y organizan año a año el Mes de la Solidaridad ha surgido la demanda por un día en que se ponga de relieve la gratitud hacia quienes dan, el agradecimiento al solidario.

Es así como se propone que el inicio del Mes de la Solidaridad esté marcado por el "Día de la Gratitud", por una fiesta para dar las gracias. El día podrá estar acompañado de actividades que pongan en relieve lo importante que es agradecer al que nos da, y también agradecer todo lo que se ha recibido y los privilegios de los que se goza. En un país que imitó una festividad extranjera como es el "halloween" norteamericano, parece más razonable replicar otra festividad que genera unión y cohesión social, como es el destinar un día al año a dar las gracias. No hay un mejor día para esto que el 1 de agosto, el día en que se inicia el mes de la solidaridad.

2.- Contenido del Proyecto

El objeto de este proyecto es establecer el día 1 de agosto de cada año como el "Día Nacional de la Gratitud", con la finalidad de relevar el dar las gracias en el contexto de un mes que tradicionalmente se ha enfocado en la solidaridad. Así, se busca generar una instancia en que las mismas organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones no gubernamentales puedan contar con espacios de agradecimiento a quienes colaboran con su importante labor, y que familias, empresas y personas puedan agradecer por lo que se tiene y a quienes han colaborado en su bienestar. Así también aportar a las futuras generaciones en un aspecto fundamental del espíritu colaborativo y del pensar en forma comunitaria: reconocer y agradecer el aporte de los demás para alcanzar metas conjuntas.

Por consiguiente, y con el mérito de los antecedentes expuestos, vengo en someter a la consideración de ésta Honorable Corporación, el siguiente Proyecto de Ley:

PROYECTO DE LEY

Artículo Único: Institúyase el día 1 de agosto de cada año como el "Día Nacional de la Gratitud", marcando el inicio del Mes de la Solidaridad. En este día se fomentará en todo el país aquellas actividades destinadas a dar las gracias por lo que se tiene y a reconocer la importancia de la solidaridad.

Diputados señores Schalper y Cruz-Coke

Proyecto iniciado en moción del diputado señor Garín, que “Modifica el Código Orgánico de Tribunales para ofrecer una nueva opción de práctica profesional a los postulantes al título profesional de abogado” Boletín N° 12803-07

Vistos.-

Según dispone el artículo 63 y 65 de la Constitución Política de la República, lo indicado en la ley Orgánica Constitucional del Congreso de Nacional N° 18.918. y lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Considerando.

Son abogados todas aquellas personas, revestidas por la autoridad competente, de la facultad de defender ante los Tribunales de Justicia los derechos de las partes litigantes. Esta definición legal, se encuentra en el Código Orgánico de Tribunales en su Titulo XV, en el artículo 520. Es una norma que define la profesión de abogado. Es el Código de Orgánico el que dispone que, por medio de una audiencia pública, se puede optar al título de abogado, no obstante se debe cumplir con algunos requisitos que el mismo cuerpo legal señala, esto lo indica el Artículo 521.Cabe señalar que dichos requisitos se encuentran en dos artículos posteriores, como son el artículo 523 y el artículo 526. Hasta antes de la dictación del DFL 1 de 1980 del Ministerio de Educación tan sólo 6 Universidades dictaban la carrera de Derecho, con la creación de universidades privadas se ha producido un crecimiento impensado de la carrera de derecho, pese a ser una carrera que no tiene mayores gastos, salvo las horas hombres y un lugar físico para desarrollarla. No así como otras carrera por ejemplo medicina que necesita un campus clínico para sus alumnos. En la actualidad la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales se imparte en 46 universidades a través de 141 programas con una matrícula aproximada de 36.000 estudiantes a lo largo de todo el país.

Gran parte de nuestro tribunales han sido parte de un proceso de reformas tanto en materia civil, penal, laboral entre otras. Esas modificaciones persiguen no solo aumentar la capacidad y celeridad del sistema para poder resolver conflictos, sino en ocuparse en el modo cómo logramos que las decisiones que se obtengan sean percibidas de manera legítima y transparente, dentro de un marco que busque acuerdos pacíficos. La presente iniciativa tiene por objeto dar una alternativa a los estudiantes de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, considerando un lugar en donde poder realizar la práctica profesional sea en los tribunal ordinarios de justicia, cumpliendo labores dentro de esos espacios institucionales. Dichas labores serán designadas por medio de su superior jerárquico quien será el juez titular del tribunal donde se encuentra, siendo él quien lo calificará después de cumplir su práctica profesional.De esta manera el postulante puede realizar su práctica profesional donde se considere más idóneo dependiendo de las características que busca perfilar cada estudiante.

Proyecto de Ley

Artículo Único: Para modificar el Artículo 523 n° 5 del Código Orgánico de Tribunales, agregando un nuevo inciso, pasando a ser el segundo y el actual segundo pasando a ser tercero, en los siguientes términos:

-Artículo 523 n° 5 nuevo inciso segundo:

“Los postulantes también podrán cumplir su práctica profesional en los tribunales ordinarios de justicia. Su calificación será realizada por el juez titular del tribunal donde realizó sus funciones. Las designaciones de los postulantes serán efectuadas por la Corte de Apelaciones respectiva.”

Diputado señor Garín

Proyecto iniciado en moción del diputado señor Garín, que “Modifica la ley General de Bancos en materia de plazos para el pago y la oposición del deudor, y de remate o adjudicación de inmuebles, en juicio hipotecario” Boletín N° 12804-03

Visto.-

Según dispone el artículo 63 y 65 de la Constitución Política de la República, lo indicado en la ley Orgánica Constitucional del Congreso de Nacional N° 18.918. y lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Considerando.-

El presente proyecto de ley tiene por objetivo ayudar en una racional y justa medida al procedimiento que existe para los deudores hipotecarios de los bancos, los cuales tienen un régimen diferenciado respecto de los deudores que regula el procedimiento ejecutivo, según dispone el Código de Procedimiento Civil. Si bien son procedimientos distintos, la situación a la que se ve enfrentado el deudor es relativamente parecida, debido a que el bien inmueble va ser subastado en un futuro cercano. Si bien podemos escoger el mejor mecanismo para cobrar las deudas bancarias, siempre debemos tener presente que el inmueble debe ser subastado, salvo las disposiciones que la misma ley señala. El objetivo de la presente modificación legal, es ampliar el plazo que tiene el deudor cuando es requerido de pago por parte del juez, a solicitud del requirente. Actualmente este plazo es de 10 días y lo que se busca es ampliarlo a 20, es decir, darle al deudor 10 días más para poder realizar todo tipo de gestiones a fin de pagar el requerimiento que está realizando el acreedor, por medio de un tribunal ordinario de justicia.

Por otra parte el deudor puede oponerse dentro del plazo de 5 días según dispone la misma norma y dicha oposición sólo será admisible en 3 casos, los que son; el pago, la prescripción del título y, por último, no empecer el título ejecutivo. Otra de las modificaciones que busca el presente proyecto es ampliar el plazo por un periodo de 5 días más, siendo aumentado al doble, al igual que el plazo anteriormente descrito. La modificación en cuestión es integral y mantiene la coherencia legislativa respecto a los plazos que existen actualmente y no atenta contra el espíritu mismo de la norma, el cual es el cobro de la deuda por medio de un procedimiento ejecutivo.Esta es la importancia de la ampliación del plazo el darle un poco más de tiempo al deudor para buscar una alternativa a una situación que según el procedimiento ejecutivo termina en virtud de un remate de un bien inmueble. Lo cual significa perder dicho bien después de tanto sacrificio para lograrlo, por ejemplo en una enfermedad catastrófica, un desempleo prolongado, entre otras razones usuales dentro de nuestro país.

Por lo tanto; Por las razones expuestas previamente, los Honorables Diputados suscribientes vienen en presentar el presente proyecto de ley en los siguientes términos;

Proyecto de Ley

Artículo Único: Para introducir las siguientes modificaciones al Decreto con Fuerza de Ley N° 3 de 1997 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley General de Bancos.

1.- Para modificar el Artículo 103 del D.F.L. N° 3 de 1997 en su inciso primero, eliminando la expresión “diez” y reemplazandola por la expresión “ veinte”.

2.- Para modificar el Artículo 103 del D.F.L. N° 3 de 1997 en su inciso segundo, eliminando la expresión “cinco” y reemplazandola por la expresión “díez”

3.- Para agregar un nuevo inciso final en el Artículo 103 del D.F.L. N° 3 de 1997, del siguiente tenor:

“Si el día del primer remate fijado no se presentaren postores, se aplicarán las disposiciones del artículo 499 y 500 del Código de Procedimiento Civil, con excepción del numeral 3 de este último artículo”.

Diputado señor Garín

Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Muñoz, y de los diputados señores Calisto, Coloma, Desbordes; Durán, don Eduardo, y Flores, don Iván, que “Modifica la Carta Fundamental para incluir el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, entre aquellos amparados por la acción constitucional de protección” Boletín N° 12805-07

El día 16 de abril del 2019, se publicó la ley Nº21.150 que vino a modificar la denominación del “Ministerio de Desarrollo Social” por “Ministerio de Desarrollo Social y Familia.”

Como lo explicó el gobierno en su momento, esta ley no solo busca un cambio meramente nominal, la idea de trasfondo radica en la necesidad de que la oferta programática del Ministerio de Desarrollo Social tenga un enfoque familiar. Es decir, cuando, por ejemplo, existe un caso de vulneración de derechos de un menor, alcoholismo, drogadicción, etc. no solo se atienda al individuo aisladamente, sino que se aborde la problemática de forma integral otorgando ayuda a la familia en su totalidad para evitar que dichas situaciones se repitan.

Creemos que este enfoque programático apunta en la dirección correcta. La Constitución Política establece en las Bases de la Institucionalidad, a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Este rol se debe proteger y fomentar por parte del Estado.

En este sentido, el deber y derecho que tienen los padres de educar a sus hijos en los valores que mejor estimen convenientes su formación y desarrollo, se enmarca dentro de la protección que le debe dar el Estado a la familia y la preeminencia que tiene esta en la sociedad.

Nuestra constitución establece claramente este derecho preferente en su artículo 19º Nº 10 inciso segundo:

“Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”

Esta norma está en especial concordancia con lo estipulado en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 12.4:

“Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

En efecto, lo padres no solo tiene el derecho de escoger el establecimiento educacional para sus hijos, sino además tiene el derecho preferente elegir libremente el contenido de dicha educación, máxime cuando se trata de valores y convicciones morales. El Estado no puede contravenir la voluntad de los padres en esta materia, y se debe limitar a dar protección a este derecho-deber.

En el año 2018 se presentó un recurso de protección por parte de un grupo de apoderados en contra de un colegio en Concepción, por cuanto alumnos de 3º medio habían impartido un taller de sexualidad a alumnos de 4º básico con contenido que iban en contra de lo que ellos habían enseñado a sus hijos en la materia.

Si bien, la Corte hizo presente la falta de conveniencia en el hecho de que alumnos de 3º medio impartan un taller a sus compañeros de 4º básico con un contenido altamente controversial, rechazó el recurso estimando que no se verificaba ninguna ilegalidad o arbitrariedad por cuanto dicho contenido era parte de una “política” del ministerio de educación y realizada en horario de clases.[1]

Más allá de la pobre argumentación de la Corte, esta no podía pronunciarse respecto a la vulneración al derecho preferente que tienen los padres de educar a sus hijos del artículo 19º nº 10 por cuanto está excluido del artículo 20 de la Constitución y por lo tanto no es susceptible de ser invocado en la acción de protección.

De esta manera el Estado de Chile tiene una deuda en cuanto al mandato constitucional del propio artículo 19 nº10 inciso segundo de la Constitución, que le exige establecer los mecanismos para dar especial protección a este derecho.

Idea Matriz

En ese sentido, que se hace necesario dotar de mecanismos reales de protección del derecho fundamental en comento, no solo para proteger a los padres, sino a la familia en su totalidad como núcleo fundamental de la sociedad. Por ello, se propone incorporar el derecho preferente que tienen los padres de educar a sus hijos dentro de aquellos que son susceptibles de ser amparados por vía de la acción de protección del artículo 20 de la Constitución.

Por lo expuesto es que venimos en someter a vuestra consideración el siguiente:

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO ÚNICO: Incorpórese en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, a continuación de la expresión “final,” y antes del guarismo “11º” lo siguiente:

“10º inciso segundo en lo relativo al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos,”

Diputada señora Muñoz, y de los diputados señores Calisto, Coloma, Desbordes; Durán, don Eduardo, y Flores, don Iván

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Díaz, Crispi y Rosas, y de la diputada señora Fernández, que “Modifica el Código Sanitario para posibilitar la fijación de precios de referencia de los productos farmacéuticos, alimenticios, cosméticos, entre otros, y los elementos de uso médico que indica” Boletín N° 12800-11

Fundamentos

1.- En Chile, el derecho a la salud se ha convertido en motivo de una preocupación ciudadana constante y sostenida. En el centro de la discusión se encuentran las obligaciones que tiene el Estado en su protección y garantía frente a las progresivas expectativas de las personas por acceder a mayores y mejores prestaciones en este ámbito.[1]

Debido a esta premisa es que vemos con preocupación que hoy el Estado no asuma un rol más protagónico en su protección, y no actúe como un efectivo garante de este derecho.

Vemos con preocupación que la salud, al igual que otros derechos sociales, esté siendo peligrosamente entregada a los vaivenes del mercado y la falta de una regulación adecuada en varios de sus aspectos más esenciales.

2.- En este sentido, este proyecto de ley tiene su foco en un tema específico del ámbito sanitario, pero que es especialmente sensible para el bolsillo de las personas: Nos referimos a las diferencias preocupantes que existen entre los precios que cobran las clínicas privadas y los precios que cobran las farmacias por los productos farmacéuticos, productos alimenticios, producto cosméticos, productos de higiene y odorización personal y elementos de uso médico. Esto se debe, en nuestra consideración, a que el Estado no ha abordado el tema de una forma eficaz.

3.- Por eso, creemos firmemente en la necesidad de contar con una regulación adecuada en este ámbito, pues solo así pondremos un freno a los abusos que a diario sufren las personas por este tema.

La regulación de precios de los medicamentos es una respuesta a la estructura del mercado y a las características propias de un bien de primera necesidad del que debe evitarse el sub consumo por motivos de precio.[2]

El método escogido para regular los precios es el siguiente: Establecer un rango de precios para cada producto farmacéutico, producto alimenticio, producto cosmético, producto de higiene y odorización personal y elemento de uso médico.

Proponemos que se pueda establecer un precio de referencia de cada uno de éstos insumos y, a partir de dicho precio, los establecimientos privados de salud solo puedan cobrar hasta un diez por ciento adicional, de manera que nos existan diferencias tan abismantes y así, las personas puedan efectivamente acceder a bienes de tan vital importancia.

A continuación, buscamos establecer la obligación a los establecimientos asistenciales de salud de carácter privado de respetar el rango de precios que facultativamente pueda establecer la autoridad sanitaria sobre cada uno de estos insumos.

De esta manera contribuiremos a frenar la cultura del abuso y precarización de nuestros derechos. Es preciso que las entidades privadas den las explicaciones que correspondan por las conductas abusivas que cometen a diario, y se sometan a nuevas obligaciones que permitan un mejor resguardo de los derechos sociales.

Hoy el derecho afectado es la salud, y mañana puede ser la educación, la seguridad social o la vida. Lo decimos fuerte y claro: No más abuso ni menoscabo a nuestros derechos.

En consideración a todo lo anteriormente señalado, venimos en proponer el siguiente:

Proyecto de Ley

Artículo Único.- Agréguese en el Código Sanitario, un nuevo artículo 111 Bis del siguiente tenor:

“Artículo 111 bis.- Se establecerá un rango de precios para cada producto farmacéutico, producto alimenticio, producto cosmético, producto de higiene y odorización personal y elemento de uso médico a que hacen mención los artículos anteriores.

Para la elaboración del rango de precios señalado en el inciso en el inciso anterior, se establecerá un precio de referencia para cada producto farmacéutico, producto alimenticio, producto cosmético, producto de higiene y odorización personal y elemento de uso médico. Para ello, se tomará en consideración, entre otros factores, los precios vigentes observados en las cadenas farmacéuticas, laboratorios, droguerías y otras distribuidoras de estos insumos en el país y las compras realizadas directamente por la autoridad sanitaria competente.

El rango de precios en el que deberá situarse el precio que cobren los establecimientos asistenciales de salud de carácter privado por cada producto farmacéutico, producto alimenticio, producto cosmético, producto de higiene y odorización personal y elementos de uso médico, no podrá superar en un diez por ciento el precio de referencia mencionado en el inciso anterior.

El precio de referencia para la elaboración del rango de precios señalado precedentemente será actualizado semestralmente.

Será obligatorio para los establecimientos asistenciales de salud de carácter privado respetar el rango de precios establecido en los incisos anteriores.”.

Diputados señores Díaz, Crispi y Rosas, y de la diputada señora Fernández