Labor Parlamentaria

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones incorporadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas.

De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios adoptados hoy, el plazo para solicitar votación separada vence hoy, a las 12.00 horas.

Diputado informante de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos es el señor Bernardo Berger Fett .

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 65ª de la presente legislatura, en miércoles 21 de agosto de 2019. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, sesión 70ª de la presente legislatura, en miércoles 4 de septiembre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 2.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BERGER (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, paso a informar sobre el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de simple, sobre relocalización de concesiones de acuicultura.

Por acuerdo del pasado 3 de septiembre y en virtud de lo señalado en el artículo 120 del Reglamento, la Sala de la Cámara dispuso el envío a esta comisión del proyecto de ley en informe, remitido por el honorable Senado en tercer trámite constitucional, con el propósito de que se pronunciara acerca de los alcances de las modificaciones introducidas por aquel.

Asimismo, debo hacer constar que la comisión se abstuvo en cuanto a recomendar la aprobación o rechazo de las enmiendas propuestas por el Senado.

A continuación me referiré de manera sucinta a explicitar el sentido y alcance de los cambios introducidos por el Senado al proyecto de ley en informe, tomando como referencia el articulado de la Cámara de Diputados:

1.Respecto del artículo 1, inciso primero, se precisa que la relocalización debe darse dentro de la comuna respectiva, y considera una excepción a la regla cuando la concesión se encuentre en un límite comunal y ello implique ingresar total o parcialmente en otra comuna.

2.Respecto del artículo 1, inciso cuarto, se precisó que el término “ajustar” se refería a meros ajustes cartográficos.

3.Sobre el artículo 1, inciso quinto, se explicita en el texto de reemplazo que la subsecretaría estará habilitada para realizar ajustes de coordenadas geográficas de oficio o a petición de parte interesada.

4.Sobre el artículo 2, inciso tercero, se hace una distinción clara entre concesiones a perpetuidad y concesiones con vigencia de veinticinco años. Concesión de tipo indefinido será cuando se esté en presencia de concesiones que no cambien de ubicación, o sea, que se trate de meros ajustes cartográficos y cuyo concesionario sea un acuicultor de pequeña escala. En caso contrario, tendrá una vigencia acotada de veinticinco años, renovables.

5.Sobre el artículo 4, número 5, inciso tercero, se plantea una modificación de carácter formal, que elimina las palabras “de los actos”, porque se encuentran repetidas.

6.Sobre el artículo 4, número 5, inciso cuarto, se rebaja a un mes el plazo que tiene la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (Crubc) para pronunciarse sobre la propuesta que cada cinco años la subsecretaría realiza de áreas que serán destinadas a colecta de semillas, conforme a los antecedentes técnicos y observaciones que correspondan.

7.Sobre el artículo 75 sexies, inciso quinto, se precisa que el incumplimiento de la obligación de retiro de los colectores, salvo caso fortuito o fuerza mayor, trae aparejado dejar sin efecto el permiso especial de colecta, agregando igual sanción para el caso de que se constate la instalación de estos excediendo el número máximo por superficie.

8.Sobre el artículo 75 sexies, inciso sexto, se explicita que la actividad de colecta de semilla se puede realizar no solo en áreas de manejo, sino también en espacios costeros marinos de pueblos originarios, sin atender a permisos especiales.

9.Se agrega un inciso final, cuya síntesis es la siguiente: La Subsecretaría podrá ampliar el plazo de retiro de los colectores en caso de que algún evento de carácter medioambiental afecte una o algunas áreas de colecta.

10.El texto del artículo segundo transitorio fue reemplazado íntegramente, disponiendo un procedimiento pormenorizado para optar a un permiso especial de colecta, cuyos aspectos principales son los siguientes:

a) La determinación de polígonos según el procedimiento que se indica pormenorizadamente. Luego, se hacen tres llamados, aplicable en la Región de Los Lagos. Al primer llamado pueden postular solo los colectores de semilla históricos. Deben haber desarrollado la actividad de colecta en la Región de Los Lagos; haber sido titular de al menos dos permisos de escasa importancia fundados en resoluciones de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura dentro del período comprendido entre el 2000 y el 31 de diciembre de 2018; contar con una solicitud de concesión de acuicultura en trámite en el mismo polígono al que postula. De existir polígonos disponibles, los llamamientos posteriores se van completando en la medida en que se cumplan los requisitos, atenuados en exigencias, teniendo preferencia siempre los colectores de semilla históricos.

Por último, se corrige un error de cita.

La obligación del Servicio de elaborar la información ambiental se encuentra en el artículo 122 bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado Pablo Prieto Lorca .

El señor PRIETO.-

Señor Presidente, en nuestro país la acuicultura de mitílidos ha adquirido una importancia y peso notables. De hecho, Chile es el segundo productor mundial de choritos y el primer exportador mundial. Cabe mencionar que en 2017 la cosecha de mitílidos superó las 332.000 toneladas.

Teniendo en cuenta la importancia de este sector en nuestro país, el proyecto que venimos a discutir nuevamente tiene por objeto proteger y traer certeza jurídica al sector productivo de mitílidos.

El sector de cultivo de mitílidos, a diferencia de lo que ocurre en la salmonicultura, es un sector integrado, pues hay grandes, medianas y pequeñas empresas, pero su mayor concentración viene dada por estas últimas, puesto que constituyen el 89 por ciento del sector. Por ello, con este proyecto de ley venimos en proteger a los pequeños y medianos empresarios.

El presente proyecto aborda dos principales temáticas: la ordenación territorial de los cultivos de mitílidos y el perfeccionamiento y reconocimiento de la actividad de colecta de semillas.

Con este proyecto de ley avanzamos en el proceso de ordenamiento de la acuicultura, como ya se hizo en su momento con los cultivos de salmones. Ahora debemos culminar este trámite para poder establecerlo respecto de los cultivos de mitílidos, tarea particularmente relevante, especialmente en la Región de Los Lagos.

En lo que respecta al permiso especial que recae sobre la actividad de colecta de semillas, cabe tener presente que las modificaciones incorporadas establecen claramente que se preferirá y protegerá a aquella persona que históricamente ha desempeñado dicha actividad, lo que es particularmente importante en la Región de Los Lagos.

Sin perjuicio de que se protege a los productores históricos, no por ello se excluye totalmente a aquellos que quisieran acceder a los permisos especiales que se establecen en el proyecto, en el caso de que los primeros no hagan uso de su preferencia y no asistan a los llamados correspondientes de la subsecretaría.

Cabe destacar que estos permisos vienen a permitir la extensión del plazo de otorgamiento para poder desarrollar dicha actividad y, asimismo, permiten una adecuada fiscalización, mediante la entrega de información sobre la actividad.

Finalmente, cabe hacer presente que las indicaciones incorporadas han sido respaldadas por la generalidad del sector productivo, por la unanimidad del Senado y, además, tuvieron el apoyo del gobierno.

Por las consideraciones señaladas, manifiesto mi voto favorable a este proyecto. He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Javier Hernández Hernández .

El señor HERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, el proyecto en discusión busca solucionar los problemas de carácter territorial que afectan al desarrollo de la actividad acuícola en Chile, considerando que actualmente muchas de las concesiones se encuentran desplazadas del lugar en que se otorgaron originalmente y que no existe un procedimiento de relocalización de las concesiones que contienen cultivos diferentes a los salmones.

El proyecto se hace cargo de esta realidad y busca ordenar la actividad acuícola, reconociendo su importancia en términos productivos y sociales, sobre todo en el sur de nuestro país y especialmente en la Región de Los Lagos, donde se erige como una de las principales fuentes de empleo. En este sentido, la iniciativa es especialmente importante para esta región, ya que concentra el 99 por ciento de la producción nacional de choritos.

El proyecto fue objeto de modificaciones introducidas por el Senado, a fin de precisar el texto acordado por esta Cámara, pero sin hacer cambios sustanciales.

Sin embargo, se realizó una modificación de fondo al artículo segundo transitorio, que dice relación con la asignación de permisos especiales de colecta en la Región de Los Lagos, donde se harán tres llamados de concurso.

Lo relevante de este nuevo procedimiento de asignación es que da preferencia en primer lugar a los históricos captadores de semilla. Es así que da un reconocimiento a las personas que históricamente han ejercido esta actividad y genera una oportunidad más favorable de trabajo, con mayor estabilidad en el tiempo.

Bajo este orden de ideas, el proyecto pretende formalizar la actividad y dar certeza jurídica a los colectores de semillas, otorgándoles una mayor capacidad de negociación y posibilidades de proyectar su negocio.

En conclusión, esta iniciativa constituye un aporte significativo para la productividad del sector y para los miles de personas que durante años se han dedicado a la acuicultura de pequeña escala, muy especialmente en la zona sur de nuestro país.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger Fett .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, hoy en día es un hecho que las concesiones operan en coordenadas distintas de las autorizadas, lo que constituye un hecho transversal que no distingue titulares ni especies.

En la realidad que se vive hoy, es esperable que el impacto de esta iniciativa recaiga en meros ajustes cartográficos. En consecuencia, salvo casos muy puntuales de conflicto, que creo que no irán más allá del 10 por ciento, no se presentará un mayor uso de las relocalizaciones.

Hoy, las aguas de ríos y mares se han convertido en verdaderos puzles, debido a la coexistencia de múltiples concesiones para el cultivo de algas, ostiones, abalones, choritos, etcétera, las cuales, en muchos casos, fueron otorgadas de manera inexacta por la autoridad marítima, situación que ha provocado el encadenamiento de concesiones que en algunos casos fueron objeto de errores o de abusos de instalación por parte de sus titulares, lo que ha generado un problema generalizado que hoy requiere de una solución urgente.

Sin embargo, para solucionar ese problema es importante que las facultades de la autoridad tengan ciertos límites, y que cualquier ajuste o relocalización tenga lugar dentro de las áreas apropiadas, y en ningún caso fuera de ellas.

Por otro lado, debe respetar la zonificación del borde costero y, en caso de relocalización, esta debe ser efectuada siempre en la comuna respectiva y debe someterse, cuando corresponda, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

En fin, esta iniciativa nos permite avanzar en el ordenamiento territorial de la actividad, con el objeto de lograr un mejor desempeño y evitar los conflictos derivados del posicionamiento de las concesiones otorgadas antes de 1990, cuando la cartografía disponible era más bien imprecisa.

Con la tramitación de este proyecto estamos dando cumplimiento al compromiso asumido con el contralor general de la República, en orden a regularizar la situación de los acuicultores medianos y pequeños.

Finalmente, quiero señalar que apoyo la iniciativa en todas sus partes.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet Martínez .

El señor MULET.-

Señor Presidente, luego de leer el proyecto me ha surgido una duda que me gustaría fuera aclarada por el diputado informante, a pesar de que se refirió al punto al final de su intervención.

A propósito de la ampliación del procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que propone esta iniciativa, me gustaría que el diputado Berger precisara si ese procedimiento, en algunos casos, excluye el estudio o la declaración de impacto ambiental, duda generada a partir de una de las indicaciones presentadas que aparece consignada en el informe.

En concreto, me interesa saber si en ese procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura establecido en este proyecto queda excluido el estudio o la declaración de impacto ambiental respectiva.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Si bien no se permiten los diálogos durante el debate de una iniciativa, ofreceré la palabra al diputado Bernardo Berger para que responda su consulta.

Tiene la palabra, su señoría.

El señor BERGER.-

Señor Presidente, los procedimientos de relocalización a concesiones de acuicultura deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental cuando corresponda. Eso se encuentra establecido en el articulado de la iniciativa, tal como fue concebido y acordado tanto por la comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados como por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del honorable Senado.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, tengo curiosidad respecto del proyecto.

Según entiendo, la relocalización de actividades acuícolas se llevará a cabo cuando ya se saturó y se ensució un lugar, con la finalidad de que se vuelva a hacer lo mismo en otra parte.

Por lo tanto, coincido con el diputado Mulet en que hay que poner más atención a ese punto.

En forma paralela, me preocupa mucho que los glaciares no tengan ninguna protección.

No he visto ninguna ley que proponga siquiera algo en ese sentido.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Cerrado el debate.

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Miguel Mellado Suazo .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, parece que ni siquiera con los reportajes de televisión aprenden algunos diputados. En este momento hay 39 diputados en la Sala, por lo tanto no tenemos quorum para sesionar, en circunstancias de que al inicio de la sesión había más de 100 diputados en la Sala. Creo que hay que hacer un llamado de atención a los parlamentarios.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Diputado Mellado , se está llamando a los señores diputados a través de los timbres para que concurran a la Sala. Es responsabilidad de cada uno hacerse presente cuando corresponde.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley N° 19.712, del Deporte, en materia de definición de lo que debe entenderse por deportistas de proyección internacional, seleccionados de alto nivel y deportistas de alto rendimiento, cuyo informe se encuentra rendido.

De conformidad con los acuerdos adoptados hoy por los Comités Parlamentarios, para el debate de esta iniciativa los discursos serán de hasta cinco minutos.

Antecedentes:

-El informe de la Comisión de Deportes y Recreación se rindió en la sesión 69ª de la presente legislatura, en miércoles 4 de septiembre de 2019.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En discusión el proyecto.

Se encuentra inscrita para intervenir una de las autoras del proyecto, la diputada Érika Olivera . Sin embargo, por motivos de fuerza mayor, en su reemplazo hará uso de la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, voy a dar a conocer a la Sala lo que la diputada Érika Olivera tenía preparado para expresar hoy con mucho entusiasmo:

“Hace algunas semanas, fuimos testigos de los excelentes resultados que obtuvieron los deportistas que representaron a Chile en los Juegos Panamericanos Lima 2019, evento en el que se obtuvieron 50 medallas en total. Fue en esta Cámara donde saludamos y homenajeamos a quienes nos representaron. La semana recién pasada culminaron los Juegos Parapanamericanos, en los cuales nuestros representantes nacionales también hicieron historia, logrando cosechar la mayor cantidad de medallas en la historia del deporte paralímpico: 34 preseas.

Sin duda, la carrera del deportista muchas veces es vista como un hobby y no como lo que realmente es: una profesión. Mi desafío es precisamente que sea reconocida como tal.

Por este motivo y otros, junto con algunos colegas presenté este proyecto, con la finalidad de que en la Ley del Deporte no solo se reconozca o defina el deporte, sino también lo que entendemos por deportistas y categorizar cada una de las etapas que a ellos les corresponde enfrentar. Por eso, considero que el deporte, en todas sus etapas, hasta el final de la carrera de un deportista, debe ser de interés para el Estado, ya que constituye un factor esencial en el desarrollo de la salud y del aspecto deportivo, en virtud de las exigencias técnicas y científicas de su preparación y por su función representativa en las pruebas o competiciones deportivas oficiales de carácter internacional.

La Ley Nº 19.712, del Deporte, entrega una introducción respecto a qué debemos entender por tal, cuáles son sus beneficios y los deberes del Estado respecto al mismo. Sin embargo, parece ser insuficiente al momento de entender qué es un deportista de formación, uno de alto nivel y otro de alto rendimiento. Esto siempre descansa en directrices de distintos estamentos. Además, las medidas de fomento asociadas a dicha cualidad, con el fin de mejorar la inserción en sociedad y facilitar la dedicación al deporte con miras al alto rendimiento de quienes lo ejercen, carecen de una regulación que permita facilitar aún más la preparación técnica de los deportistas, su plena integración en el sistema educativo y en la vida social, entendiendo que el deportista dedica muchas horas al día a la planificación, entrenamiento y participación en competencias.

Como mencionamos, la idea central de la iniciativa es modificar la ley Nº l9.712, entregando un nuevo concepto y requisitos para establecer la distinción en los deportistas de Alto Rendimiento entre deportistas de Proyección Internacional, deportistas seleccionados de “Alto Nivel”, y deportistas de Alto Rendimiento, esto porque el artículo 8 de la Ley del Deporte define lo que es el Deporte de alto Rendimiento y de proyección Internacional, pero no define al deportista en cada una de sus etapas y no olvidemos que quienes se dedican a esa actividad son personas.

Presidente, algunos colegas me preguntaron, por qué es necesario y la importancia de reconocer a los deportistas en cada etapa. Agradezco a quienes les nació esa inquietud.

El deporte se vive en diferentes etapas, en la etapa formativa el deportista continúa desarrollando todas sus cualidades y habilidades, pero ya está compitiendo en torneos regionales y nacionales y con esto el deportista comienza a proyectarse en un deporte y prueba específica. Aquí podemos ver a jóvenes deportistas siendo uno de los mejores en la región y clasificando a campeonatos nacionales.

En la etapa de proyección internacional, el deportista ha logrado ser el mejor o estar dentro de los mejores del país, logrando ser seleccionado nacional y muchas veces ser finalista en un campeonato sudamericano por ejemplo.

En la etapa de alto Rendimiento, el deportista ha logrado llegar a los eventos más importantes, (…).

Presidente, este proyecto es el inicio de otros que vendrán a futuro, en los cuales por ejemplo buscaré que el deportista cuente con algo tan esencial como es la previsión en salud. Pido a mis colegas aprobar este proyecto, ya que con esto estarán apoyando un cambio que por años el mundo del deporte ha buscado.

He dicho, muchas gracias. Érika Olivera .”

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock Zamora .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, la iniciativa en debate ha estado en muchas oportunidades en tabla en condiciones de ser analizada. Así, quiero valorar el hecho de que por fin nos encontremos discutiendo este proyecto, iniciado en moción, que viene a regular y definir qué entendemos por deportistas de proyección internacional, deportistas seleccionados de alto nivel y deportistas de alto rendimiento.

Afirmo la importancia de lo anterior, ya que realizar esta clasificación no es algo baladí ni circunstancial, pues las distinciones señaladas se construyeron a partir de un análisis profundo respecto de cómo nuestro país ve a sus deportistas y, a partir de ello, cómo se generan las políticas públicas que les permitan desarrollarse con mayor profesionalización y dignidad en sus derechos.

Sabemos que en Chile han nacido ilustres deportistas que han sido un ejemplo ante el mundo y han demostrado sus grandes capacidades, como es el caso del gimnasta Tomás González , de la pesista María Fernanda Valdés , medallista de los recientes Juegos Panamericanos, y de la portera Christiane Endler , recientemente nominada al premio The Best FIFA, que implica ser considerada la mejor arquera del mundo.

¡Vaya a todos ellos mi gratitud y reconocimiento!

Entrando en el contenido específico de este proyecto, cabe indicar que su votación unánime en la discusión tanto general como particular demostró el espíritu de avance y la importancia de robustecer la ley en torno a lo que nuestro país debe otorgar a sus deportistas, más aún cuando se proyectan o han conseguido logros de talla mundial.

Es por ello que incorporar tales conceptos en el artículo 8º de la ley Nº 19.712, Ley del Deporte, viene también a poner a Chile en el estándar de legislación de países tales como Brasil, Francia, Colombia y Suiza, que impulsan fuertemente la actividad deportiva.

Por último, felicito a los autores del proyecto, así como a la Comisión de Deportes y Recreación por haberlo puesto en discusión. No me cabe duda de que será un gran aporte para todos los deportistas que actualmente se están esforzando y trabajando por Chile y para los que vendrán en las futuras generaciones.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth Stewart .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, como dijo el diputado Von Mühlenbrock , esta iniciativa es muy loable y extremadamente positiva, porque al cambiar la definición de deportista de alto rendimiento lo que hace automáticamente es expandir de manera muy significativa el universo de beneficiarios del conjunto de respaldos financieros, técnicos y otros que le debe brindar el Estado obligatoriamente. Por supuesto, esa es una iniciativa extremadamente positiva para la situación de desmedro y de abandono en que se encuentra hoy día el deporte.

Dicho lo anterior, quiero destacar y llamar la atención sobre el doble estándar del gobierno cuando analiza la admisibilidad o la constitucionalidad de los proyectos. El gobierno ha anunciado que, eventualmente, enviará al Tribunal Constitucional un paquete de diecisiete proyectos con indicaciones que considera inadmisibles, algunas por tener eventuales impactos financieros indirectos, como los tendrían, por ejemplo, la elevación de penas a determinado delito, porque mantener en la cárcel por más tiempo a una persona por cometer el mismo delito obviamente significa un aumento de recursos fiscales, o la reducción de la jornada semanal de trabajo, ya que podría impactar indirectamente en la medida que el Estado tuviera que contratar más personas para realizar la misma función.

Pero aquí llamo la atención sobre la inadvertencia completamente arbitraria del gobierno de no señalar la inadmisibilidad de una iniciativa que no tiene impacto indirecto como las que mencioné, y, por tanto, su admisibilidad podría discutirse. Aquí estamos hablando de un proyecto que tiene un impacto fiscal directo y automático, porque al cambiar la definición y ampliar el universo de beneficiarios, obviamente obliga al Estado a invertir mucho más recursos que los que está invirtiendo hoy. Esta iniciativa es espectacular, pero convengamos que requiere el patrocinio del Ejecutivo.

Yo no entiendo a un Ejecutivo que anuncie que mandará al Tribunal Constitucional iniciativas legales que tienen efectos financieros indirectos y no envíe aquellas que tienen impacto fiscal directo. Me parece que eso es una inconsistencia mayor por parte del gobierno y de los parlamentarios que concurrieron alegremente a validar, contra la opinión de la Mesa, la admisibilidad de una iniciativa que tiene nítido y directo impacto financiero, para luego llenarse la boca criticando la admisibilidad de iniciativas cuyo impacto es mucho menos directo que aquel que genera esta iniciativa.

Por supuesto que votaré a favor este proyecto, porque es loable y positivo, y espero que el gobierno lo valide por medio de su patrocinio. En todo caso, me parece que debe terminar con este doble estándar de tratar los proyectos del oficialismo como admisibles, por inadmisibles que sean, y declarar categóricamente inadmisibles los proyectos de la oposición cuya admisibilidad sea discutible.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Issa Kort Garriga .

El señor KORT.-

Señor Presidente, no tenía considerado intervenir en la discusión de este proyecto, porque no participé en el debate en detalle, pero el discurso del diputado Pepe Auth me impulsó a pedir la palabra, ya que concuerdo con él en que debemos usar la misma medida para todos los trámites legislativos.

Como parlamentario oficialista, comparto absolutamente el fondo de este proyecto. Quién podría no querer un proyecto que mejore las opciones de los deportistas de alto rendimiento si les dimos tantos aplausos en este mismo hemiciclo a quienes obtuvieron medallas en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Debemos ser consecuentes entre lo que decimos y las políticas públicas que proponemos.

Creemos que se debe respetar en todo momento el Reglamento que nos rige en la Cámara de Diputados. Por ello, a través de los medios de comunicación, en las comisiones y también acá, en la Sala, planteamos un debate respecto de la admisibilidad del proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Y en el caso de este proyecto de ley, no podemos dejar de reconocer que no tendrá un impacto fiscal directo, pero aplicado a un deportista en particular, significará un mayor gasto fiscal para el país.

Quiero ser muy responsable en esta reflexión -insisto: me hizo pedir la palabra lo que planteó el diputado Pepe Auth -, porque, más allá de fijar posiciones o trincheras de bancadas políticas, que son muy legítimas, lo que nos corresponde es fijar una postura formal y consecuente respecto de todos los proyectos de ley.

Vamos a votar a favor este proyecto de ley, pero si pasa este trámite en la Cámara de Diputados, se deberá resolver en el Senado, donde debería contar con el patrocinio del Ejecutivo, a través del Ministerio del Deporte, para que lo que aprobemos pueda ser letra viva, no letra muerta, pensando en la consecuencia y en los deportistas de nuestro país.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pablo Prieto Lorca .

El señor PRIETO.-

Señor Presidente, este proyecto modifica la Ley del Deporte, N° 19.712, para precisar lo que debe entenderse por deportistas de proyección internacional, seleccionados de alto nivel y deportistas de alto rendimiento.

Comprendo las intervenciones anteriores, pero estuvimos discutiendo esto y, según lo que establece el artículo 63, número 8), de la Constitución Política de la República, considero que esta iniciativa no tiene impacto financiero alguno.

El proyecto pretende especificar y diferenciar de mejor manera los conceptos de deportistas de alto rendimiento, con sus correspondientes matices, esto es, incorporar la definición de deportista de proyección internacional, de deportistas de alto nivel y de deportistas de alto rendimiento.

Actualmente, las diferencias establecidas en el proyecto de ley entre los conceptos de deportistas de alto nivel y deportistas de alto rendimiento son mínimas, hacen parecer que casi no existe diferencia alguna. La única diferencia entre ambos conceptos está en su parte final, en la letra c) del artículo único, donde dice: “…fruto de la práctica sistemática y de alta intensidad de la respectiva disciplina”. A mi parecer, tanto un deportista de alto nivel como uno de alto rendimiento obtendrán sus logros en virtud de una práctica sistemática de alto nivel.

Por ello, en la comisión presenté una indicación para simplificar la clasificación y establecer solo deportistas de proyección internacional y deportistas de alto rendimiento.

Más allá de ese punto, el presente proyecto es noble en su fundamento, ya que pretende estandarizar y ser más específico al identificar a esas personas, para que puedan acogerse a los beneficios de las políticas de fomento y de otras establecidas en la Ley N° 19.712, del Deporte.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, al igual que al diputado Issa Kort , la intervención del diputado Pepe Auth me motivó a intervenir en este proyecto, que no analicé en ninguna de las comisiones en que participo.

Intervengo, en primer lugar, porque se refirió a un problema real que ha sido parte del debate de estos días. Ayer, el gobierno anunció el eventual envío de diecisiete mociones al Tribunal Constitucional para que las declare inadmisibles, lo que plantea un problema más sustantivo, que tiene que ver con la forma en que el gobierno entiende que la Constitución fija cuáles son las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

En esta materia la doctrina tiene una interpretación clarísima: que eso es de interpretación estricta, de derecho estricto, es decir, no puede ser interpretada de manera general, de modo tal que cualquier decisión que tome el Congreso y que tenga impacto fiscal sea de por sí inconstitucional.

Sin ir más lejos, ayer, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, discutíamos la composición del Tribunal Constitucional, donde acordamos proponer el aumento de su composición en un miembro. Recuerdo que el diputado Gonzalo Fuenzalida dijo: “Bueno, pero es que esto tiene gasto fiscal. Como es reforma constitucional, sí podemos hacerlo”. Ese es un buen ejemplo de que no es un principio absoluto el que todo aquello que tenga impacto en el erario nacional debe ser de iniciativa del Ejecutivo.

El diputado Pepe Auth puso un buen ejemplo: cuando aumentamos las penas a un determinado delito, eso se traduce en mayores tiempos de reclusión y, por ende, en mayor gasto fiscal. Aquí somos rebuenos para presentar proyectos para aumentar penas. Pasa algo, y vamos corriendo a la oficina de partes a presentar un proyecto para elevar las penas.

Eso tiene impacto fiscal y, digámoslo así, esta futura ley tiene impacto fiscal. Lo dijo el diputado Auth , lo dijo el diputado Kort , lo digo yo. No porque yo lo diga tiene más valor, sino que desde distintas bancadas somos conscientes de que, al cambiar las definiciones, habrá impacto fiscal. ¿Alguien tiene dudas sobre la admisibilidad de este proyecto? El gobierno, claramente no, porque si hizo un examen de todos los proyectos y este lo dejó fuera de la lista de los que debía impugnar ante el Tribunal Constitucional, quiero creer que no fue porque lo patrocina una diputada de su coalición; si fuera así, sería un chiste. No quiero pensar que el gobierno es tan arbitrario que no objeta la constitucionalidad de mociones parlamentarias presentadas por sus diputados o diputadas, y sí las de la oposición.

No creo que sea así, ni tampoco creo que haya pasado inadvertido que este proyecto generará gasto fiscal. Digo esto porque hay que defender una potestad soberana del Congreso Nacional, lo cual es independiente de quién gobierne: que el principio de que un proyecto no implique gasto fiscal no es absoluto, sino de derecho estricto.

Quiero decir a muchos diputados, quienes a lo mejor no lo saben, que esto de las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República no es la norma general en el derecho constitucional comparado; es una materia discutible. De hecho, en la mayoría de las constituciones de los países con los que usualmente nos comparamos no existe ese tipo de norma. Algunas tienen normas sobre la administración financiera del Estado, pero -reitero- materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo no son la regla general. Es cierto que está en nuestra Constitución y hay que respetarla, y las normas de derecho público deben ser interpretadas en sentido estricto.

Voy a apoyar este proyecto de ley no solo porque es un buen proyecto, sino también porque es perfectamente constitucional. Quiero dar un ejemplo, a propósito de las fiestas patrias. Hace muchos años se aprobó un proyecto que presenté junto con otro diputado para declarar feriado el día 17 de septiembre porque se daba una situación parecida a la de este año en cuanto a la semana en la que se celebra, pero hace poco un diputado -no me acuerdo quién fue- propuso lo mismo y le dijeron que no podía presentar ese tipo de proyectos, porque hubo un informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres) al respecto.

¿Creen que alguna vez la Dirección de Presupuestos va a decir que podemos presentar proyectos sobre cualquier cosa que mueva un peso de la caja fiscal?

La Dirección de Presupuestos, un órgano de tercer nivel de la administración del Estado, no es la que fija las competencias del Congreso Nacional, sino que es el propio Congreso. Y si este proyecto ha sido declarado constitucional, y lo votaremos hoy en la Sala sin que nadie lo objete, es constitucional. Este proyecto tiene impacto fiscal, porque a los parlamentarios no se les está vedado presentar proyectos que tienen impacto fiscal indirecto; de lo contrario, es mejor que cerremos el Congreso.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Keitel Bianchi .

El señor KEITEL.-

Señor Presidente, estamos discutiendo sobre la definición de deportista de proyección internacional, deportista de alto nivel y deportista de alto rendimiento. Viendo el lado positivo de este proyecto, creo que la categorización de los deportistas servirá de estímulo a muchas personas que ya practican deporte masivo y aspiran a llegar al deporte competitivo. Y llegar a ser un deportista de alto rendimiento es el estatus más alto que se puede alcanzar dentro del deporte chileno. La categorización de los deportistas es un primer paso hacia el profesionalismo en el deporte.

Todos tenemos muy claro que el deporte en Chile es esencialmente amateur, pues prácticamente no existen deportes profesionales más allá del fútbol y, en algunos casos, del básquetbol.

Entonces, sería bueno que, de una vez por todas, el deporte se desarrolle y que los gobiernos de turno, independiente del sector político al que representen, consideren el deporte como algo muy importante, no solo a nivel masivo, sino también competitivo.

Tal como lo dije en el discurso de la ceremonia de reconocimiento a los medallistas panamericanos, espero que no solo nos acordemos de los deportistas semiprofesionales cada cuatro años, cuando compitan en los Juegos Olímpicos o en los Juegos Panamericanos. Espero que reciban el trato que corresponde a deportistas profesionales, que se les paguen sus respectivas cotizaciones; que los gobiernos de turno no mantengan al deporte en el patio trasero de sus prioridades. Realmente, quienes hemos practicado deporte en algún momento de nuestras vidas y los que lo harán en el futuro merecemos que a este tema se le dé la importancia que merece.

Por supuesto, apoyaré este proyecto y felicito a quienes lo impulsaron. Vamos a seguir luchando para que el deporte en Chile obtenga la atención y la preocupación que realmente merece.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca Cerda .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, en los últimos meses nuestros deportistas han obtenido grandes logros en diferentes disciplinas. Los resultados de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos han mostrado un ascenso en el desarrollo deportivo de alto rendimiento.

En la Cámara de Diputados y en la Comisión de Deportes y Recreación hemos homenajeado a nuestros deportistas y hemos destacado la importancia del deporte en el desarrollo de un país. En ese objetivo se enmarca este proyecto de ley, porque por primera vez en Chile se establece una categorización de los deportistas: de proyección internacional, seleccionados de alto nivel y de alto rendimiento. Ahora bien, eso no va a servir de mucho si en la discusión no incorporamos algo que ya se ha mencionado en esta Cámara, relacionado con los recursos que se deben invertir en el deporte. También dice relación con la preocupación que el país tiene respecto del desarrollo de la actividad física y deportiva. Por eso, lamento la decisión del Ministerio de Educación de eliminar las clases de educación física en el ámbito escolar, porque si realmente queremos potenciar el deporte, no basta con la categorización de los deportistas que plantea esta iniciativa, sino que se requiere necesariamente una política seria de fomento de la actividad física deportiva, lo que implica comenzar su práctica desde la edad más temprana.

Necesariamente, hay que invertir en los deportistas y en eso nuestro país, lamentablemente, está al debe, porque no nos hemos preocupado de desarrollar adecuadamente el deporte en cada una de sus fases.

Hoy si los deportistas no reciben apoyo de sus familias o de sus clubes, ya que el Estado no invierte lo suficiente, no les será posible alcanzar buenos resultados. Esa realidad la han vivido todos los deportistas, incluso, aquellos que ya están retirados y que hoy forman parte de esta Corporación.

Quiere dar algunos ejemplos. El remo es el deporte que más medallas ha entregado a Chile y es la base de los medalleros; sin embargo, hoy los clubes de base de remo están en deplorables condiciones. Tenemos el caso del club de remo Arturo Prat, que ha sido históricamente campeón nacional, pero que hoy, para contar con la implementación necesaria para que sus niños practiquen, deben organizar bingos y rifas. Eso demuestra que, en definitiva, el Estado de Chileno no muestra ninguna preocupación por los deportistas chilenos.

Otro ejemplo es el de Javiera Gómez , quien está a punto de convertirse en la primera gran maestra internacional de ajedrez de Chile. Es una niña de 17 años y su único apoyo es su familia y sus amigos, quienes a través de bingos y rifas han logrado generar los recursos económicos para que ella entrene y compita a nivel internacional, a fin de darle una satisfacción a Chile. Ese tipo de hechos ilustra cómo se vive el deporte hoy en Chile.

Entonces, si el Ministerio del Deporte no se compromete en serio con los deportistas y establece políticas públicas claras para apoyar en términos económicos al deporte, esta categorización que hoy vamos a apoyar de manera unánime no va a servir de mucho, sino solo será un estímulo para que los deportistas puedan escalar.

A partir de esta nueva categorización, deportistas, como lo fue mi querido amigo Sebastián Keitel , ya no van a ser un mero deportista de alto nivel, sino un deportista de alto rendimiento. La ajedrecista Javiera Gómez y los remeros Eber Sanhueza y Soraya Jadue serán deportistas de alto rendimiento, pero hoy, tal cual está la norma, sin ningún tipo de recursos económicos asociados a la mejoría en la categorización del deporte, lamentablemente, esto va a ser un mero título honorífico.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado René Manuel García García .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, en la Cámara de Diputados hemos tenido y actualmente tenemos a grandes deportistas, a quienes admiramos, pues muchas veces vibramos con sus logros.

Siempre me he preguntado cuáles son los verdaderos deportistas chilenos, porque salvo un par de excepciones, la mayoría no puede vivir de su pasión, que el deporte. Chile ha sido trampolín de futbolistas, que hoy figuran en importantes clubes, y que, incluso, destacan por estar entre los mejores pagados del mundo: Alexis Sánchez , Gary Medel y Arturo Vidal , entre otros.

Hoy estamos hablando de nuestros deportistas, pero me da mucha pena recordar el caso, por ejemplo, de nuestro gimnasta Tomás González , quien ha ganado varias medallas de oro, y que agradecía a un empresario -el señor Farkas -, quien le había regalado las colchonetas y otros equipos para entrenar. Felicito al señor Farkas ; sin embargo, me parece que un país que goza y recibe medallas gracias a la labor de sus deportistas, pero no se preocupa por ellos -solo corren para sacarse la foto con los deportistas-, no tiene mucho futuro en el deporte.

Por eso creo que es importante contar con un fondo para tener a nuestros deportistas en buenas condiciones.

Otro punto es que, en el caso de los deportistas, esa es su profesión; ellos no trabajan para sí mismos, sino para darle satisfacciones al país. Por lo tanto, es el país el que tendría que asignarles un sueldo para que ellos no pasen ningún contratiempo, estén tranquilos y puedan practicar sus deportes, que nos han dado tanta gloria.

Por eso que es importante no solamente promulgar una ley del deporte, sino ver cómo contamos con un financiamiento permanente para todos los deportistas. En las academias hay gente que no ha podido continuar entrenando porque no tiene recursos para vivir. Por un lado impulsamos el quehacer de los deportistas, pero por otro los tenemos en la miseria. Este proyecto es importante para que los deportistas se sientan protegidos, participen en competencias y sigan dándonos alegrías.

Los deportistas son de todos los chilenos. Hemos vibrado con ellos y les damos las gracias por todos los buenos momentos que nos han hecho pasar.

Este es un proyecto de ley que hace tiempo debió haber sido tramitado para que los deportistas cuenten con el financiamiento que necesitan. No es posible que nuestros deportistas de categoría mundial deban andar pidiendo por favor que los ayuden para contar con implementación. Me parece una falta de respeto a gente que ha dado su vida por nuestro país.

Chile les debe gratitud a nuestros deportistas.

Por lo tanto, votaré muy contento este proyecto de ley. Espero que esto no se vuelva a repetir, en el sentido de que esta iniciativa ayude a que los deportistas puedan tener un mejor pasar, un mejor rendimiento y tranquilidad para trabajar en lo que hacen, es decir, en el deporte. De ese modo darán satisfacciones a miles y miles de chilenos que seguimos por televisión su participación en el extranjero.

Felicito a todos y a cada uno de los deportistas que nos han dado triunfos; también a los que no han triunfado, porque igualmente su sacrificio ha sido muy importante. Quizás no han obtenido medallas, pero han hecho los mismos sacrificios que los que las han ganado.

En consecuencia, para todos nuestros deportistas y quienes representan a nuestro país en distintas disciplinas, mis mayores felicitaciones.

Votaré favorablemente y con mucho entusiasmo este proyecto de ley. He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mociones refundidas, que modifica textos legales que indica en relación con la seguridad y la salud en el trabajo.

De conformidad a los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios el día de hoy, las señoras diputadas y los señores diputados dispondrán de hasta cinco minutos para intervenir.

Antecedentes:

-El informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social se rindió en la sesión 59ª de la presente legislatura, en miércoles 7 de agosto de 2019.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Ramón Galleguillos Castillo .

El señor GALLEGUILLOS (don Ramón).-

Señor Presidente, en estas últimas décadas se han logrado importantes avances en favor de los trabajadores, que son el corazón de la familia. Esta, a su vez, es el núcleo fundamental de la sociedad para nuestra legislación. Por tanto, si podemos proteger este corazón -entiéndase la familia-, estaremos cuidando el bienestar del país.

Tarapacá es una región con una importante presencia minera. Estas empresas se encuentran, por lo general, a gran altura geográfica, lo cual conlleva inminentes riesgos. El organismo comienza a experimentar alteraciones debido a la menor disponibilidad de oxígeno, lo que técnicamente se conoce como hipoxia. En personas muy susceptibles, este problema puede manifestarse incluso a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Esto potencia el riesgo ante cualquier acción a realizar.

En minería, los cuidados del trabajador parten con los exámenes, que intentan minimizar estos peligros, pero aun así hemos debido lamentar tragedias, especialmente en los traslados.

Estoy consciente de la preocupación que tienen muchas familias al ver partir a sus seres queridos a faenas por una semana o más. Por tanto, se requiere entregar, a través de las leyes, tranquilidad y confianza a las familias.

Tengo presente nuestra obligación y compromiso con la integridad física y psicológica de los trabajadores. Por ende, estaré siempre a favor de las iniciativas que busquen su seguridad y sancionar a quienes prefieran cuidar sus intereses económicos por sobre la vida de los trabajadores.

Es por ello, señor Presidente, que este proyecto me parece un avance y apunta en la dirección correcta en lo que a seguridad y salud laboral se refiere.

Respaldo la iniciativa y solicito la voluntad de los parlamentarios de esta Sala para apoyarla de manera transversal.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger Fett .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, está claro que hoy, con la actual regulación del sistema penal por accidentes del trabajo, se dificulta atribuir responsabilidad al empleador o a los encargados de la prevención de riesgo al interior de la unidad empresarial. Esto ocurre porque la acción tiende a ser diluida en diversos intervinientes que operan en el funcionamiento de la empresa.

Por regla general, los incumplimientos de deberes de prevención de riesgos en el ámbito de las personas jurídicas implican responsabilidad de varios actores dentro de la entidad empleadora, desde el gerente general, pasando por el gerente de seguridad y salud y terminando en las jefaturas.

Hoy, la tendencia en derecho comparado ha sido reconocer desde la perspectiva penal la existencia de ilícitos cometidos contra el trabajador, más allá del ámbito común. Las razones para mostrarse a favor de una regulación especial son variadas: aumento en la cantidad de accidentes ocasionados por dolo o culpa grave de la empresa, importancia de los bienes jurídicos que se protegen en torno al trabajador, relación asimétrica entre el empleador y la víctima, favorecer conductas de prevención general negativa y obligaciones de cuidado, entre otras.

Por lo tanto, creo que teniendo a la vista la legislación comparada, así como la necesidad de perfeccionar la legislación chilena en cuanto a la consagración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el proyecto en debate será un gran avance en esta materia. He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Cito a reunión de Comités Parlamentarios. Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca Cerda .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, cada día la tasa de accidentabilidad en el trabajo asciende de manera abismante.

Muchas veces para la empresa es más fácil pagar una multa y algunas indemnizaciones, en vez de invertir en seguridad, y se da una situación bastante complicada: muchas veces quienes responden por responsabilidad penal, en particular, no son los dueños de la empresa ni tampoco la empresa, sino generalmente mandos medios; porque hoy no responde la empresa como organización, sino las personas naturales que han participado en la ejecución del hecho punible. Pero, muchas veces, esta responsabilidad se diluye, porque los intervinientes son excesivos.

En particular esta norma en algo viene a ayudar para el control y la fiscalización de los accidentes del trabajo en las diferentes empresas. Hoy, nuestro sistema, en el ámbito de los accidentes del trabajo y la seguridad laboral, tiene un número difuso de actores que están a cargo de los procesos de fiscalización, pero lamentablemente, como es así de difuso, se diluyen y, al final, no se hace el trabajo.

¿Quiénes participan? Participan las seremis de Salud, las seremis del Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección del Trabajo, y las mutualidades. Pero lo cierto es que muchas veces el empresario queda al margen de ese proceso de participación, en circunstancias de que debe ser el más interesado en que en sus empresas no ocurran accidentes del trabajo, en una protección efectiva para los trabajadores.

En este marco, felicito las diferentes mociones que confluyen en este proyecto, en orden a establecer una modificación a la ley Nº 20.393, sobre responsabilidad de la empresa. Le vamos a decir al empresario y a las empresas, en particular: “¿Saben qué? La principal obligación respecto de la seguridad laboral, los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales será de ustedes”. Es decir, obligamos a las empresas a desarrollar una acción positiva, en orden a que no existan tantos accidentes del trabajo y, de alguna forma, veamos disminuir esta alza en la accidentabilidad laboral.

También quiero rescatar una norma que va a ayudar bastante a los trabajadores. Actualmente, existe un catálogo de enfermedades profesionales. Esta norma permitirá solicitar a los trabajadores la declaración de enfermedades que no se encuentren en ese catálogo, y la autoridad, de manera fundada, también va a tener que señalar si la va a acoger.

Claramente estas normas son insuficientes, porque las normas respecto de accidentes laborales y enfermedades profesionales se encuentran bastante obsoletas.

Es necesario, por parte de la autoridad y en particular por parte del ministro del Trabajo y Previsión Social, proceder a dictar alguna normativa más bien global que intente sistematizar de manera efectiva y moderna lo que hoy ocurre en el ámbito del derecho laboral.

Espero que la propuesta en que estaría trabajando el Ejecutivo salga pronto a la luz, pero, claramente, el proyecto que hoy votaremos aquí es un aporte; es reconocer que hoy la empresa, como institución jurídica, tiene responsabilidad y una obligación, que es proteger efectivamente a sus trabajadores, quienes son la fuente de su emprendimiento.

Por lo tanto, voy a votar a favor este proyecto de ley, atendido el hecho de que va a proteger a los trabajadores de nuestro país.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda Orbenes .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, solo quiero reiterar algo que para nosotros fue muy importante cuando hicimos algunas de estas mociones, cual es que todo esto se originó en una comisión investigadora, a partir de la cual se pudieron detectar muchas falencias en relación con cómo los trabajadores y las trabajadoras podían ocupar los beneficios e informarse de lo que ocurre cuando sufren algún accidente laboral.

Por eso en uno de los proyectos incorporamos solo lo que tiene que ver con modificaciones para incorporar estipulaciones mínimas dentro del contrato de trabajo; que haya una cláusula obligatoria que indique los datos más relevantes en el evento de que un trabajador sufra un accidente o una enfermedad profesional, en lo relativo al organismo al que se encuentra afiliado o a los centros a los que tiene que acudir en caso de emergencia, dado que el trabajador o trabajadora no está informado y no sabe a dónde tiene que recurrir.

Aquí existen los comités paritarios o la información que les pueda dar el propio empleador. Sin embargo, existe un nivel de desinformación, de ignorancia. ¿Cuál es el instrumento que el trabajador lee para estar consciente de sus derechos? El contrato de trabajo. Por eso lo incluimos en una indicación parlamentaria.

Lo otro que para nosotros es muy importante es la modificación de la definición de enfermedad profesional y de la definición de riesgo que se alude en la misma.

Por ello, se propone -es la tercera modificación a la ley Nº 16.744- que no sea carga del afiliado acreditar la enfermedad profesional, sino que sea un derecho solicitar su declaración, recayendo la prueba en el profesional de la mutual.

Quiero pedir a la honorable Cámara aprobar este proyecto de ley, iniciado en cinco o seis mociones refundidas. Como bien explicó el diputado Ilabaca , esto no es lo que pretendíamos y queríamos, pero, de alguna manera, viene a tapar ciertas complicaciones que tienen los trabajadores. Hubiésemos esperado algo mucho más macizo de parte del Ejecutivo para abordar un tema tan relevante como es la salud laboral.

En el gobierno anterior se planteó la idea de establecer políticas de salud laboral, pero eso solo quedó en algo general y no se tradujo en proyectos o en las modificaciones legales que son necesarias.

Se permite que a través de mociones los parlamentarios abordemos esta materia, porque no tenemos posibilidad constitucional de desarrollar otro tipo de proyectos que sean coincidentes con el plan de salud laboral del anterior gobierno, que espero que este gobierno también lo tome. Pero las iniciativas finalmente solo quedan en cosas declarativas y no en modificaciones legales que permitan, de verdad, proteger la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.

Espero que la comisión investigadora de la Compin o las comisiones investigadoras que hemos creado en materia de salud laboral puedan ir incorporando ese tipo de indicaciones.

No obstante, si el gobierno no entiende que es fundamental que se haga carne la protección de la salud de los trabajadores por parte del Estado, no lograremos nada y solo ayudaremos un poco con estas mociones y con estas modificaciones legales.

Lamentablemente, en lo central, ninguno de los gobiernos se ha hecho cargo de la salud laboral de los trabajadores y de las trabajadoras.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Cerrado del debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones refundidas, que modifica la Carta Fundamental con el propósito de garantizar la protección de la infancia y la adolescencia.

Antecedentes:

-El debate del proyecto se inició en la sesión 37ª de la presente legislatura, en martes 11 de junio de 2019 -oportunidad en que se rindió el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento- y su discusión continuó en la sesión 68ª de la presente legislatura, en martes 3 de septiembre de 2019.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz González .

La señora MUÑOZ (doña Francesca).-

Señor Presidente, quiero partir señalando un asunto para despejar una duda que ha surgido a propósito del debate de este proyecto en las sesiones anteriores: solo por el hecho de que un concepto esté contemplado en algunas leyes o normas de inferior rango en nuestro ordenamiento jurídico no significa que inexorablemente deba estar consagrado en la Constitución Política de la República, que es la norma de mayor jerarquía y que establece las bases de nuestra institucionalidad.

Ahora bien, la tendencia que sigue este proyecto es la que hemos señalado en otras oportunidades, es decir, generar cada vez una mayor independencia de los niños respecto del rol que les compete a los padres como una pieza clave en su desarrollo y crianza, con lo cual no estoy de acuerdo.

Asimismo, en el marco del proyecto de eutanasia, se pretende que incluso algunos menores de edad puedan optar a la muerte asistida sin la autorización o consentimiento de sus padres, cuestión que claramente traerá un conflicto familiar.

Todo lo anterior se plantea sobre la base del mismo principio de autonomía progresiva, que algunos esgrimen como el santo grial en la protección de los derechos de la infancia, en circunstancias de que lo esencial en la materia no es más autonomía, individualismo o separación, sino que se aborden los problemas asociados a la infancia desde una perspectiva familiar, dando apoyo a los padres en la crianza de sus hijos, lo que permitirá construir en la familia una base sólida para nuestra sociedad.

No es efectivo, como señalaron algunos colegas, que al no aprobarse esta iniciativa prácticamente quedarían sin eficacia todos los proyectos relacionados con la infancia. Eso no es así bajo ningún aspecto. La falta de eficacia, si se produce, no se soluciona con una reforma constitucional. Chile ya posee una abundante regulación en materia de infancia, incluso a nivel de tratados internacionales. Por lo tanto, este proyecto de reforma constitucional se hace completamente innecesario.

Por último, reitero la idea de generar mecanismos que realmente den eficacia a nuestras normas mediante una oferta programática idónea, que sea respetuosa de la unidad y el vínculo familiar y que promueva y fortalezca habilidades parentales, abordando la infancia no desde una perspectiva autónoma o individual, sino desde una perspectiva familiar y respetuosa del rol de los padres en la crianza de sus hijos.

Por ello, reitero mi voto en contra.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo Muñoz .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, la autonomía progresiva es el derecho que tienen los niños a ir ejerciendo por sí mismos todos los derechos que se les garantizan en términos de infancia a medida que van creciendo y desarrollándose física y mentalmente.

Reducir la autonomía progresiva al deber de los padres de establecer la crianza de los hijos es reducirla a su mínima expresión. No se debe confundir. Los padres sí tenemos derechos y deberes para con nuestros hijos; pero ello en ningún caso debe confundirse con una suplantación de su identidad ni con hacer cosas que vayan en contra de su voluntad.

Por eso es tan importante que el principio de autonomía progresiva tenga reconocimiento constitucional.

Es curioso. Este debate se estaba dando en términos más o menos pacíficos, pero se empezaron a levantar algunas voces que señalan que este proyecto no es necesario -como se dijo recién- o que derechamente atenta contra el derecho de los padres. Eso no es así. De hecho, nuestra legislación ya reconoce el principio de autonomía progresiva en distintas materias. Por ejemplo, en materia laboral, se permite trabajar a los menores de edad bajo algunas condiciones y con la firma de sus padres; en materia de derechos civiles, incluso se permite el matrimonio para menores de 18 años; en materia penal existe un sistema de responsabilidad penal adolescente que se sustenta justamente en que los niños son sujetos de derechos y también sujetos de obligaciones y, por tanto, pueden ser responsables en la ocurrencia de algunos hechos que puedan ser constitutivos de delito.

No es comprensible que hoy se quiera quitar el piso a esta reforma constitucional, en circunstancias de que es una reforma necesaria. Es necesario que se reconozcan los grupos específicos -como también discutimos en su momento el reconocimiento de las personas mayores como grupo específico que debemos proteger y garantizar- y la autonomía progresiva de los niños.

Por eso, me voy a pronunciar a favor de este proyecto y espero que hoy pueda ser finalmente aprobado.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull .

El señor ROCAFULL.-

Señor Presidente, hoy nos regimos por una Constitución que ya tiene casi cuarenta años y que la ciudadanía demanda cambiar, por muchos motivos. Uno de ellos es su desactualización. Si bien el artículo 19 de la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida, a la integridad física y una serie de protecciones o garantías, lo hace en general, pero no específicamente en un tema tan importante y fundamental como son los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Me parece que deberíamos modernizar la Constitución en alguna de sus partes y reconocer, ya que es un tema que hoy está en discusión, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Debemos determinar desde qué perspectiva se deben abordar.

Hoy vemos la aplicación de normas entre algunos ministerios, como el de Desarrollo Social, que transgreden de alguna manera el derecho internacional o, mejor dicho, las convenciones internacionales, específicamente en la encuesta que llevó a cabo a través de la Universidad Alberto Hurtado, con el objeto de contar a los niños y las niñas de la calle, pero no se aplicaron medidas de protección hacia ellos.

Por interpretaciones como esas, a través de las cuales se vulneran los derechos de los niños, es que debiéramos consagrar sus derechos.

Por lo tanto, si los niños están primero, si los niños están antes que todo, entonces debiéramos tener explicitados y claramente establecidos en nuestra Constitución Política sus derechos y garantías, a fin de normar mucho mejor todas las políticas que se quieren aplicar para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En cuanto a la autonomía progresiva, estimo que de alguna manera se encuentra consagrada en la Constitución Política, porque uno de sus artículos dispone, con claridad, que también serán parte de nuestra legislación las convenciones internacionales que se suscriban como Estado, y ese principio ya se encuentra establecido en las convenciones que hemos firmado, pero, a diferencia de lo que se ha señalado, eso no significa que se vaya a quitar a los padres la tutela o crianza de sus hijos. ¡En absoluto! ¡Es todo lo contrario!

En nuestra sociedad actual, del siglo XXI, tenemos que reconocer el derecho de los niños a expresar sus necesidades y demandas de acuerdo con su edad.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado Suazo .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, al estudiar este proyecto quedan algunos aspectos dudosos que quiero plantear.

La semana pasada, un honorable diputado dijo algo con lo que concuerdo plenamente. Señaló que nuestro país avanza en muchos sentidos, pero que no estaba de acuerdo, al igual que yo, con la dirección que estamos tomando en temas valóricos, en materias como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, la eutanasia, etcétera. Y ahora nos estamos dando el lujo de permitir que nuestros hijos avancen en autonomía progresiva. ¡No estoy de acuerdo con ello! Soy y seré siempre un defensor del núcleo familiar y del derecho que tienen los padres a criar y formar a sus hijos hasta que sean mayores de edad.

En realidad, este proyecto puede tener muchos aspectos positivos, pero trae entre líneas algo que me parece de cuidado.

Por ejemplo, la iniciativa agrega el siguiente inciso final al artículo 1° de la Constitución Política: “También es deber del Estado velar especialmente por la protección de niños, niñas y adolescentes, reconociéndolos como sujetos de derecho, resguardando su interés superior y autonomía progresiva.”.

En Argentina y en España se ha interpretado esta etiqueta de “sujetos de derecho” como una forma de eliminación de un supuesto paradigma paternalista. De este modo, según la jurisprudencia de esos países, correspondería al Estado tomar la posición de garante de los niños, incluso contra la voluntad de sus padres, especialmente respecto de temas de autopercepción sexual o de género.

Por otro lado, sería completamente redundante decir que los niños, las niñas y los adolescentes son personas que tienen dignidad y derechos, o que deben protegerse, pues ello está ya absolutamente incorporado en las normas fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. La modificación es innecesaria.

Este texto solo consagraría una autonomía progresiva para oponerse a la voluntad de sus padres y una obligación por parte de los demás, incluyendo padres y colegios, a respetar dicha autonomía.

Además, este proyecto incorpora a la Constitución Política un nuevo artículo 19 bis, que expesa: “La Constitución asegura a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y goce de sus derechos, particularmente los reconocidos por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

El Estado fomentará la concurrencia de las familias y la sociedad en la promoción, respeto y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.

La Ley establecerá un sistema de protección integral de los derechos de la niñez.”.

Este artículo, por una parte, elimina las discusiones en torno al rango y jerarquía de los tratados internacionales con respecto a la Carta Fundamental, pero cediendo soberanía chilena. La Constitución Política misma daría prioridad a los tratados internacionales por sobre los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, como se reconoce en su artículo 5°. Y si tenemos presente también la idea, propuesta por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la interpretación evolutiva de los tratados internacionales, la soberanía chilena quedaría completamente anulada en materia de infancia.

No está de más decir que los tratados internacionales se acatan según la interpretación de las cortes internacionales sobre el texto del tratado, habida consideración de la interpretación evolutiva ya señalada.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado en muchos casos, incluyendo casos contra Chile, estableciendo derechos sexuales y reproductivos que no existen en nuestro ordenamiento jurídico.

Además, propone un rol preponderante del Estado en esta materia, hasta el punto de establecer que debe fomentar que las familias y la sociedad promuevan y respeten los derechos de niños, niñas y adolescentes, los cuales se encuentran protegidos por los tratados internacionales, lo que sería especialmente perjudicial en temas de género.

Como se puede ver, el proyecto incorpora a nivel constitucional la terminología “niños, niñas y adolescentes”, y propone reconocer constitucionalmente muchos modelos de familia. Pero la iniciativa no se queda allí: propone acción constitucional, cuya base normativa serían los tratados internacionales. Cuando sea un niño, una niña o un adolescente quien sufra una perturbación, privación o amenaza de cualquiera de los derechos constitucionales, resguardados por el recurso de protección, estos deberán ser interpretados resguardando su especial condición y teniendo presente lo dispuesto en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Además de ceder soberanía, una vez más, este inciso agrega la idea de la “especial condición” del niño, niña y adolescente de que se trate. Este término es, a todas luces, un concepto normativo que admite muchas interpretaciones. Sería equivalente a dejar un cheque en blanco a la judicatura en materia de infancia, entre otros puntos, respecto de género, así como para el caso mencionado de la oposición de los padres a una determinada decisión del hijo.

Por otro lado, estas modificaciones se dan en el capítulo I, que es el más importante, Bases de la Institucionalidad, y después en el artículo 19, que establece los derechos fundamentales, lo que a nivel de interpretación dice mucho, puesto que se cambiarían las bases mismas de la institucionalidad de Chile y los derechos que la Constitución Política asegura.

Por los motivos señalados, votaré en contra este proyecto.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis Araya .

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señor Presidente, en el último período de campaña el gobierno generalizó -qué bien que haya sido así- el siguiente concepto: “Las niñas y los niños primero”.

Por lo tanto, ¿a quién le pudiera parecer extraño que esa aseveración estuviese acompañada de algunas medidas concretas, como el otorgamiento de derechos a niñas, a niños y a adolescentes?

El proyecto da especial protección constitucional a los menores en materia de derechos esenciales, como la vida, la integridad, la igualdad, el bienestar sociocultural, la salud, la educación, la seguridad social y la vida familiar, de acuerdo con muchos tratados internacionales. En el fondo, cuando aseguramos que estos niños van a tener derechos consagrados con rango constitucional, les estamos diciendo que aspectos que tienen que ver con su vida, como la educación, la salud y la participación son cuestiones a los cuales podrán acceder con rango constitucional. Ello está de acuerdo con los tratados internacionales. La autonomía progresiva también está incluida en los convenios internaciones, y la razón y el sentido común nos dicen que es correcto avanzar en ese sentido.

Lo anterior no quiere decir que los padres vayamos a perder la tuición y la autoridad sobre nuestros hijos, niños, niñas y adolescentes, sino que ellos tienen derechos consagrados constitucionalmente, los cuales podrán invocar, y que nosotros, los padres, la familia, tenemos un rol que cumplir durante su crianza: la educación sobre tales derechos. Con esto quiero decir que el ejercicio de un derecho no es una cuestión neutra, sino que tiene sentido familiar, que conlleva educación, códigos, rol que le corresponderá a la familia, a los padres, a quienes tengan la tutela de los niños.

Por contraposición, los derechos siempre van acompañados de deberes, y, obviamente, cuando se establecen respecto de los niños, niñas y adolescentes, se resguarda que la familia tenga el deber de acompañarlos en su ejercicio.

Por lo tanto, el proyecto en discusión tiene que ver con cómo somos capaces de garantizar derechos específicos a los menores de edad, consagrándolo constitucionalmente. Así como en otras ocasiones se han consagrado derechos y garantías a otros grupos específicos, aquí se está haciendo lo mismo respecto de los niños, niñas y adolescentes.

Por lo expuesto, anuncio que la bancada del Partido por la Democracia votará a votar a favor del proyecto en discusión, porque está acorde con los tratados internacionales y porque apoyamos la autonomía progresiva, un elemento que es parte de la sociedad moderna y a lo que debemos aspirar como país en cuanto a tener una legislación en sintonía con los tratados internacionales y con la legislación sobre la materia en el resto del mundo.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En su segundo discurso, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ignacio Urrutia Bonilla .

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señor Presidente, pedí nuevamente la palabra, no para argumentar con respecto a este proyecto de ley, porque eso ya lo hice en mi primer discurso, en que expresé mi opinión negativa, la misma que, por lo demás, otros diputados de mi sector político también han venido reiterando. Pedí la palabra porque quiero protestar por el tratamiento que se ha dado a esta iniciativa.

Este proyecto de ley le interesa a un grupo muy importante de nuestra población, especialmente a agrupaciones de personas profamilia que han seguido su tramitación. Lamentablemente, ellas pudieron participar mientras el gobierno mantuvo la calificación de suma urgencia a la iniciativa, porque efectivamente se estuvo viendo. Pero una vez que el gobierno le retiró dicha urgencia, el proyecto se puso todas las semanas en el cuarto o quinto lugar de la tabla, sin la certeza de si se podrá ver o no. Por lo tanto, esas agrupaciones que querían participar y poder asistir hoy a las tribunas no han podido hacerlo porque no han tenido la seguridad acerca de si el proyecto se discutiría en esta sesión.

Señor Presidente, sé que tiene una reunión y que está conversando con el Vicepresidente Auth y con todos los demás diputados que están en la testera, pero le estoy haciendo un reclamo.

Me parece que las organizaciones profamilia tienen todo el derecho a participar en este proyecto de ley, pero no lo pueden hacer porque lo que ha hecho usted, como Presidente de la Mesa, o los Comités, o quienes hayan acordado hacerlo así, es ponerlo en el cuarto o quinto lugar de la tabla de cada sesión, con el problema de que no se sabe si se alcanzará a tratar o no.

Aunque se ha alcanzado a discutir la iniciativa en estas últimas dos semanas, no existía la certeza de ello, razón por la cual las organizaciones profamilia interesadas en este tema no han podido venir y sentarse en las tribunas de la Corporación.

Señor Presidente, como ahora tampoco se podrá terminar de ver el proyecto, porque el Orden del Día termina en diez minutos, y, por tanto, con suerte van a alcanzar a intervenir uno o dos diputados más, en circunstancias de que quedan más de siete inscritos, le pido que para la próxima vez se decida en función de si realmente se verá el proyecto, para que las organizaciones profamilia asistan con seguridad al Congreso Nacional.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Como la Mesa ha sido aludida, quiero explicar a la Sala el procedimiento adoptado para el tratamiento de este proyecto, que además es el que corresponde reglamentariamente.

El proyecto se encuentra en el cuarto lugar de la tabla exclusivamente porque el Ejecutivo le retiró la urgencia, de tal manera que, conforme al Reglamento -lo hemos explicado-, siempre prevalece el orden por las urgencias, partiendo por los proyectos calificados con discusión inmediata hasta los que tienen urgencia simple, continuando según su estado de tramitación, esto es, si se encuentran en primer, segundo o tercer trámite constitucional.

En esta oportunidad, el acuerdo de los Comités, estimado diputado Urrutia , fue incluso colocar este proyecto en tabla si se daba la posibilidad, y por esa razón recién lo ratificamos.

Estamos actuando en estricto orden de ubicación de los proyectos en la tabla de acuerdo con las urgencias, de manera que no hay, ni cerca, ninguna intención de la Mesa ni tampoco de los Comités de postergar esta discusión o de que no se informen quienes asisten a las tribunas.

Aclaro el punto, porque hemos sido extremadamente apegados al Reglamento y muy justos en el tratamiento de cada proyecto.

Tiene la palabra el diputado Fernando Meza Moncada .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, honorable Sala, estamos debatiendo un proyecto de reforma constitucional que tuvo su origen en mociones de varios parlamentarios y parlamentarias, para modificar la Carta Fundamental con el objeto de garantizar la protección de la infancia y la adolescencia.

En el último tiempo, hemos sido tristes y también molestos testigos de hechos que vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hemos sufrido con ellos las denuncias que se han realizado sobre la comisión de delitos sexuales en su contra, y participamos activamente para que estos fueran imprescriptibles.

¡Cómo no vamos a estar dispuestos a entender que las familias y los colegios tienen, sin duda, un papel importantísimo a la hora de defender las garantías y derechos de los niños, niñas y adolescentes! Sin embargo, como en muchas otras ocasiones, es necesario que esto quede refrendado en la Carta Fundamental, la que, como dijo el diputado Rocafull , necesita varias modificaciones para adecuarla a los momentos que está viviendo nuestra sociedad.

Ya sabemos que el deber de una familia correcta, bien constituida y bien educada es proteger a sus hijos, pero se debe consagrar expresamente el deber del Estado de proteger a los niños, niñas y adolescentes y asegurar el ejercicio y goce de sus derechos, conforme con las obligaciones de nuestro país, de acuerdo con los tratados internacionales suscritos. ¿Para qué firmar tratados internacionales si no los vamos a respetar?

Mediante este proyecto se incorpora un nuevo inciso final al artículo 1° de la Constitución, del siguiente tenor: “También es deber del Estado velar especialmente por la protección de niños, niñas y adolescentes, reconociéndolos como sujetos de derecho, resguardando su interés superior y autonomía progresiva.”.

También se asegura a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y goce de sus derechos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por Chile.

Tenemos que fomentar, desde el Estado, la concurrencia de las familias y de la sociedad en general en esta materia, abrazando estos ideales, esta conducta que tenemos que reformar en algunos que están equivocados en su actuar.

Por lo tanto, señor Presidente, cómo no estar absolutamente de acuerdo con este proyecto, cómo no estar de acuerdo con esta protección integral de los derechos de la niñez. A fin de cuentas, son ellas y son ellos, las niñas y niños, quienes seguirán formando nuestra sociedad. Ellos son los llamados a estar en esta Cámara de Diputados, en el Senado, en los ministerios, en las subsecretarías, en las gobernaciones regionales, en la Presidencia de la República, por lo que debemos evitar que continúen sufriendo los traumas que los aquejan por culpa, precisamente, de la falta de educación que hay en nuestra sociedad, educación que se deterioró a partir del golpe militar, que hizo desaparecer muchas asignaturas que en el pasado fueron garantía de una formación cívica adecuada para contar con una sociedad civil inteligente e ilustrada.

El nuevo inciso tercero que este proyecto agrega al artículo 20 de la Carta Fundamental establece: “Cuando sea un niño, niña o adolescente quien sufra una perturbación, privación o amenaza de cualquiera de los derechos constitucionales resguardados por el recurso de protección, estos deberán ser interpretados resguardando su especial condición y teniendo presente lo dispuesto en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Por lo tanto, conforme a lo que dispone el referido inciso tercero, protejamos a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, porque así estaremos protegiendo a la patria que decimos tanto amar, lo que no solo se demuestra con palabras, sino también con hechos.

He dicho.