Labor Parlamentaria

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta en ejercicio).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que perfecciona los procedimientos penales en materia de extradición.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Hugo Gutiérrez .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 31ª de la presente legislatura, en miércoles 29 de mayo 2019. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 87ª de la presente legislatura, en martes 15 de octubre 2019. Documentos de la Cuenta N° 12.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor GUTIÉRREZ (de pie).-

Señora Presidenta, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona los procedimientos penales en materia de extradición.

La idea matriz o fundamental de la iniciativa consiste en perfeccionar los procedimientos penales de extradición regulados en el Código Procesal Penal y en el Código de Procedimiento Penal, a fin actualizarlos y ajustarlos a los requerimientos que surgen en el marco de la cooperación jurídica internacional entre los Estados.

El proyecto consta de dos artículos.

El artículo 1° sustituye el Título VI del Libro IV del Código Procesal Penal, modificando el procedimiento de la extradición, tanto activa como pasiva.

Las modificaciones principales consisten en lo siguiente:

En lo que se refiere a extradición activa:

a.Reformulación de la formalización especial en ausencia del imputado, con fines de

extradición activa. Deja establecido con claridad que procede la formalización del extraditable ausente, con el solo efecto de interrumpir la prescripción de la acción penal y no los restantes efectos que se dan en la formalización en cuerpo presente.

b.Delimitación de las competencias del juez de garantía y de la corte de apelaciones. Se establece con claridad que al juez de garantía solo le corresponde efectuar un control formal de mérito de la solicitud de extradición activa y que, en caso de dar curso a la solicitud, deberá elevar los autos a la corte de apelaciones respectiva, que deberá hacer el análisis y resolver el fondo.

c.Otorga un tratamiento diferenciado a las hipótesis de extradición con fines de enjuicia-

miento y a aquellas con fines de ejecución de condena, adaptándose el procedimiento a cada caso.

d.Se incorpora en el derecho interno la salvaguarda de no imponer una pena superior a la

máxima prevista en el Estado requerido. De manera que si el Estado requerido para la entrega de un imputado pone como condición, conforme con las normas del derecho internacional, que no se le aplique una pena más alta que la establecida para ese delito en su ordenamiento jurídico, ahora el procedimiento interno incorporará esa exigencia, disponiendo los procedimientos adecuados para ello, para entregar esta salvaguarda.

e.Se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico la seguridad de abono del tiempo en caso de privación de libertad por medida cautelar o detención previa. Es decir, si el imputado requerido es sometido a una detención cautelar en el país en que se encuentra, también el nuevo procedimiento contempla esta posibilidad, estableciendo los mecanismos para otorgar esta seguridad y proceder a imputar el tiempo de tales medidas a la condena que el extraditado reciba en nuestro país. En cuanto a extradición pasiva:

a.Se radica el conocimiento de la solicitud de extradición pasiva en el ministro de la Corte Suprema que hubiere resuelto la detención previa, simplificando el procedimiento.

b.Se incorpora en forma expresa el cese de las medidas cautelares cuando la persona extra-

ditada, una vez puesta a disposición del Estado requirente, no fuere trasladada a aquel dentro del plazo señalado en el respectivo tratado o, a falta de este, en el término de dos meses.

El artículo 2° del proyecto de ley introduce dos artículos al Código de Procedimiento Penal, esto es, al procedimiento penal antiguo, en relación con la extradición activa, a efectos de incorporar la salvaguarda y seguridad referidas en las letras d) y e) del número 1 anterior. Más allá de algunos ajustes formales para insertar la salvaguarda y seguridad en la estructura inquisitiva del procedimiento establecido en dicho código de enjuiciamiento, estas conservan sustancialmente los elementos y características ya mencionados.

Durante el debate se escuchó al ministro de Justicia y Derechos Humanos y a representantes de la Defensoría Penal Pública, del Ministerio Público y de la academia.

Por último, la comisión aprobó el proyecto en informe, e, igualmente, recomienda a la Sala su aprobación.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta en ejercicio).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Matías Walker Prieto .

El señor WALKER.-

Señora Presidenta, agradezco al diputado Hugo Gutiérrez , miembro de nuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por su completo informe respecto de este proyecto de ley, que despachamos con la celeridad que las circunstancias requerían. La iniciativa perfecciona los procedimientos penales en materia de extradición regulados en el Código Procesal Penal y en el Código de Procedimiento Penal, en este último caso para todos aquellos delitos perpetrados antes de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal.

Hemos sabido de casos contingentes, por ejemplo, de condenados y procesados del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en su momento por delitos cometidos en otros países y también respecto del cumplimiento de fallos en nuestro país. Eso dice relación, como bien explicó el diputado Gutiérrez , con la extradición activa, vale decir, cuando es Chile el requirente, el que solicita que una persona que se encuentra en el extranjero sea formalizada o procesada acá, o bien, si ya fue condenada, cumpla sentencia en nuestro país.

Obviamente, esto se relaciona también con la aplicación de los pertinentes acuerdos de extradición en materia internacional suscritos por Chile y los principios de reciprocidad que allí se consignan.

Dispongo de muy pocos minutos, por lo que no repetiré todo el procedimiento -el diputado Gutiérrez lo detalló muy bien en su informe- que se lleva a cabo ante el Ministerio Público, las cortes de apelaciones, la Corte Suprema y el ministro designado a estos efectos para informar y llevar adelante la solicitud. Pero quiero detenerme en un tema muy importante, relativo a la extradición pasiva, es decir, cuando otro Estado requiere la extradición de un residente en Chile -puede ser un connacional- para que sea juzgado o cumpla condena en ese país.

En la comisión nos detuvimos mucho en ese tema. Escuchamos a importantes académicos, como el profesor Picand , y al Ministerio Público, e hicimos algo que no siempre se hace en la Cámara de Diputados y que ojalá se replicara en el tratamiento de todos los proyectos que tratan materias como esta: escuchar a la Defensoría Penal Pública. Ello, porque hay un asunto muy delicado, que es cuando otro Estado, que no necesariamente cumple con las mismas garantías que Chile, esto es, no tiene las mismas reglas del debido proceso que nosotros o no cuenta con igual independencia, por ejemplo, del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo, requiere que nuestro país le envíe a un connacional para juzgarlo.

Pensemos en el caso del juzgamiento a dos chilenos ocurrido en Malasia, quienes estuvieron en muy malas condiciones en una cárcel de ese país; pensemos en el caso de que exista un requerimiento por parte de Filipinas, cuyo Presidente dijo que el mejor delincuente era aquel que estaba muerto. Debemos ponernos en esa situación. Por eso quedó incorporado el punto.

(Hablan varios diputados a la vez)

El señor WALKER.-

Lamentablemente, algunos diputados están diciendo que el

Presidente de Filipinas tiene razón.

Entonces, es muy importante lo que nosotros incorporamos en estas exigencias.

Así, cuando es otro el Estado requirente tienen que cumplirse todos los principios del debido proceso, las garantías descritas en el artículo 19, número 3º, de la Constitución Política; el cese inmediato de las medidas cautelares cuando la persona no fuere trasladada dentro del plazo señalado; que el Ministerio Público también actúe como representante, en su caso, del Estado requirente. Como sabemos, dicho organismo se rige por el principio de objetividad y debe ponderar cuál es el hecho constitutivo de delito que se exige dentro de los requisitos, además de suponer una pena en abstracto de más de un año de prisión preventiva para proceder a esta solicitud.

Por desgracia, no tengo más tiempo. Mi llamado es a aprobar este proyecto de ley, porque nos estamos poniendo al día con los compromisos internacionales de Chile en materia de extradición, pero siempre resguardando las normas del debido proceso. He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín .

Comparto con el diputado Matías Walker que este proyecto es importante y debemos aprobarlo.

En primer lugar, la iniciativa reformula la formalización especial con fines de extradición en ausencia del imputado. Claramente, se trata de una hipótesis que merece un tratamiento distinto, diferenciado respecto de la formalización estándar, regulada en el artículo 229 del Código Procesal Penal, que tiene como requisito de validez la presencia de aquel.

En segundo término, delimita las competencias de los jueces de garantía y de las cortes de apelaciones, cuyas facultades no se encuentran establecidas de modo preciso. El proyecto busca que el juez de garantía, una vez recibida la solicitud de extradición, efectúe un control formal y de mérito de la causa antes de elevar los autos, luego de lo cual la corte de apelaciones realizará el examen de fondo, verificando el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de extradición.

En tercer lugar, otorga un tratamiento diferenciado a las hipótesis de extradición, entre aquellas que tienen por finalidad el enjuiciamiento del extraditado y aquellas que tienen por finalidad la ejecución de la condena, en atención a que se trata de dos situaciones distintas y con implicancias diversas, pero que actualmente se regulan de manera conjunta. El proyecto busca dar un tratamiento independiente y una regulación propia, tanto a nivel de juez de garantía como a nivel de corte de apelaciones.

En cuarto lugar, incorpora en nuestra legislación la salvaguarda de no imponer una pena superior a la máxima prevista en el Estado requerido. Resulta imperioso incorporar en nuestro ordenamiento jurídico la norma de no imponer al extraditado una pena superior a la prevista en el Estado requerido para el delito por el cual se solicita su extradición, norma que no forma parte de nuestra legislación en la actualidad, lo que, en la práctica, ha producido la dilación o denegación de extradiciones activas.

En quinto lugar, reconoce en nuestro ordenamiento jurídico el abono en caso de privación de libertad por medida cautelar o detención previa. Este principio tampoco se encuentra incorporado a nuestra normativa interna, lo que también ha ocasionado dilación o denegación de extradiciones activas, por lo que el proyecto se hace cargo de esta situación y la incorpora. En cuanto a la extradición pasiva, el proyecto incorpora dos principios, a saber:

Uno, la radicación del conocimiento de la solicitud de extradición pasiva en el ministro de la Corte Suprema que hubiere resuelto la detención previa. Con esto se busca agilizar la resolución de la extradición pasiva en caso de que aquella se hubiese solicitado anteriormente por el Estado que la ha requerido.

Dos, se incorpora expresamente el cese de las medidas cautelares para cuando la persona no fuere trasladada dentro de un plazo o, a falta de este, dentro de dos meses.

Durante el debate en la comisión, se planteó que este proyecto podría venir a perfeccionar los procesos penales en materia de extradición, con motivo de la solicitud de extradición de los implicados en el asesinato del senador Jaime Guzmán y, en particular, de Ricardo Palma Salamanca .

Si bien ese asesinato toca de manera directa a nuestro partido, y efectivamente no vamos a descansar hasta que se haga justicia por ese crimen y que cada uno de los implicados vuelva a Chile a cumplir condena, quiero aclarar que este proyecto no está hecho para ese caso ni tiene el nombre y apellido de él. Se trata de una modificación necesaria a nuestro ordenamiento interno para que responda a las exigencias y estándares contemporáneos en materia de extradición, y para que se adecue a las exigencias que nos imponen los tratados a los que hemos adherido en este ámbito, como Estado de Chile, en los últimos 29 años.

Contar con un derecho interno que dé garantías suficientes a los demás Estados en cuanto a que Chile cumple con los estándares internacionales, tanto en extradición activa como pasiva, nos pone a la altura de los más modernos estándares en el ámbito internacional, y busca impedir que existan dilaciones o denegaciones de extradiciones activas, actuales o futuras.

Asimismo, busca exigir garantías suficientes cuando otro Estado nos solicite una extradición. Con esto daremos garantías de que Chile podrá juzgar a personas que cometieron crímenes y que actualmente no se encuentran en el país para llevar un procedimiento en su contra, o bien para exigir que se cumpla una condena impuesta por un tribunal chileno, sin importar el color político de quien haya cometido el delito.

Por estas razones, anuncio que nuestra bancada votará favorablemente esta iniciativa y hago un llamado a aprobarla por unanimidad.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, que nos acompaña en este debate.

Claramente, el proceso de globalización y el alto porcentaje de inmigrantes que estamos recibiendo hace totalmente necesario que realicemos ajustes en materia de procedimientos de extradición, con el fin de que se mantengan mecanismos eficaces de cooperación entre las naciones en materia penal y no se eluda la justicia por parte de personas que se han trasladado a un país extranjero o que vienen ingresando al nuestro.

Tanto el Código de Derecho Internacional Privado como el de Procedimiento Penal, que ha tenido reiteradas modificaciones, pero en otras materias, son de larga data en materia de extradición, tanto pasiva como activa, por lo que la actualización de la regulación de esta institución jurídica resulta más que evidente, sobre todo en estos tiempos, en los que enfrentamos un mundo cada día más globalizado.

Modificar el requisito de presencia del imputado del artículo 229 del Código Procesal Penal se hace imprescindible, así como delimitar las competencias de los jueces de garantía y de las cortes de apelaciones, ya que la legislación vigente no se encarga de ello.

Asimismo, es imprescindible otorgar un tratamiento diferenciado a las hipótesis de extradición con fines de enjuiciamiento y a aquellas con fines de ejecución de condena, ya que la actual legislación las trata en forma conjunta, sin delimitar ni diferenciar una de otra.

En cuanto a la garantía de no imponer una pena superior a la máxima prevista en el Estado requerido, me parece una garantía de reciprocidad que necesariamente debemos considerar.

Asimismo, me parecen de total pertinencia las demás disposiciones relativas a la extradición pasiva, como las que propone el proyecto en cuanto a radicar el conocimiento de la solicitud en el ministro de la Corte Suprema que haya resuelto la detención preventiva, así como también el cese de las medidas cautelares cuando la persona no fuere trasladada dentro de plazo, no obstante seguir el proceso vigente para efectos del traslado, naturalmente.

En fin, apruebo el proyecto en todas sus partes.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Issa Kort .

El señor KORT.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín .

Destaco la tramitación que se ha dado a este proyecto de ley, tal como han planteado el diputado informante y los diputados que han intervenido en el debate, en particular los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. No formo parte de esta comisión; sin embargo, veo con especial atención este avance que se genera a partir de un mensaje que envió el gobierno.

En lo personal, me ha tocado estudiar y hacer seguimientos a distintos procesos de extradición que la justicia chilena ha solicitado a otros países. En concreto, he podido conocer los sistemas de extradición de la India, Francia y Argentina, tres países en los que ha habido involucramiento de personas que están procesadas en ausencia o formalmente condenadas y prófugas de la justicia chilena, como es el caso de quienes atentaron contra la vida del senador Jaime Guzmán , o contra la libertad, por ser responsables del secuestro del empresario Cristián Edwards , delitos que están tipificados, reconocidos, condenados, sancionados y con quebrantamiento de condena, tal como han determinado los tribunales de justicia.

Valoro en este mensaje el que en el proceso de extradición chileno se genere una autonomía, una independencia esencial respecto de la administración política del Estado. Tenemos un Presidente que es jefe de gobierno y jefe de Estado. En su condición de jefe de gobierno, no tiene ningún tipo de involucración en los procesos de extradición, ni para requerirlos ni para encausarlos. Sin embargo, el Estado, a través de dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial, sí tiene injerencia. El Poder Judicial, a partir de un ministro instructor de una causa, cuando procede el sistema procesal antiguo, eleva una solicitud a la Sala Penal de la Corte Suprema; la Corte Suprema acepta la extradición y, luego, por oficio, es trasladada al otro Poder del Estado, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

No hay ningún tinte político en la administración de esto. Y es por eso que voy a destacar el compromiso que vi, durante el gobierno anterior, del canciller Heraldo Muñoz y de la entonces Presidenta Michelle Bachelet en los casos que me tocó seguir en India, Francia o Argentina.

Ese mismo compromiso lo he visto en el actual gobierno, tanto en el actuar del entonces canciller Roberto Ampuero como del actual, don Teodoro Ribera . Por eso es importante diferenciar entre procesos políticos y procesos judiciales.

Al respecto, nos ha tocado enfrentarnos a países como Argentina, en la que su Corte Suprema, de manera unánime, aprobó la extradición de Galvarino Apablaza , imputado en delitos terroristas, pero después el Poder Ejecutivo, de manera sorpresiva, no ejecutó la extradición, y además le concedió el carácter de refugiado. Situación similar ocurrió con Francia en un caso mucho más grave, porque hablamos de una persona condenada por un delito: Ricardo Palma Salamanca .

Sin embargo, hace poco se concretó la extradición desde Brasil del señor Mauricio Hernández Norambuena . Al respecto, se produjo una polémica bastante grande en la prensa debido al procedimiento empleado. En este caso, fue el ministro Mario Carroza a quien le correspondió la tarea de actualizar las condenas para cumplir los tratados internacionales en temas de extradición.

¿Por qué pasa eso? Porque es muy usual que el país requerido le exija al país requirente que la pena a la cual se arriesga el solicitado no supere la pena que debe cumplir en su país. Esto es así porque está pensado para el caso de países con realidades distintas, como, por ejemplo, países de religiosidad extrema, en donde algunas conductas -por ejemplo, que las mujeres muestren el rostro- son consideradas delitos gravísimos y, por lo tanto, pueden recibir una condena muy alta, en tanto que en países como el nuestro podrían ser consideradas una simple falta. En ese sentido, el sistema busca proteger los derechos de los requeridos, razón por la cual creo que la iniciativa propuesta es muy buena porque actualiza, independiza y objetiviza los procesos de extradición pero, sobre todo, le da seguridad a Chile del cumplimiento del Estado de derecho, y también le da certeza al país requerido que nuestro país hace cumplir el Estado de derecho en todas partes.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, este proyecto que hoy estamos analizando perfecciona los procedimientos penales en materia de extradición, a fin de actualizarlos y ajustarlos a los requerimientos que surgen en el marco de la cooperación jurídica internacional entre los Estados.

El proyecto fue analizado con mucha profundidad en la Comisión de Constitución. Revisamos de manera extensa todo el estatuto y, en especial, el capítulo de la extradición, el que no había sido modificado sustantivamente desde comienzos del siglo XX, por lo que ya tenía signos de obsolescencia y de desajuste con la realidad dinámica de la cooperación actual de los Estados en materia de derecho penal y de persecución transnacional de los delitos.

El análisis se realizó en el contexto de un cierto cuestionamiento que ha existido en la comunidad jurídica internacional respecto de si Chile garantizaba, en la misma medida que otros Estados, los estándares del Estado de derecho en materia de persecución transnacional. Varios países han puesto en tela de juicio nuestros procedimientos, porque nos decían que estaban desactualizados, que no garantizaban ciertos mínimos, que no daban garantías del debido proceso y que se aplicaban normas que provenían de la dictadura, que no eran plenamente democráticas.

A nadie le gustó que nos cuestionaran nuestro Estado de derecho. Sin embargo, parece que los que hacían esas críticas no estaban tan lejos de la realidad, tanto a nivel nacional como internacional, puesto que hoy estamos haciendo una modificación completa de los procedimientos de extradición activa y pasiva. Y lo estamos haciendo de buena manera, con un debate extenso y profundo, en el que escuchamos al Ejecutivo, que es el impulsor de este proyecto de ley, al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública, que estuvo presente en todas las sesiones de la Comisión de Constitución; a expertos en materia de derecho internacional privado y derecho internacional público, que fueron un gran aporte para lograr una reforma integral al estatuto de extradición.

Las normas que existían se modernizaron y perfeccionaron, pues se incorporaron principios de los últimos tiempos, actualizándolas al sistema adversarial, donde siempre tienen que estar presentes dos partes en la discusión, aunque esté ausente el extraditado o la persona respecto de la cual se solicita la extradición. Siempre debe haber dos partes, siempre tiene que haber audiencias y tribunales de buen nivel, con mucha autoridad para resolver estos temas, y con la cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hubo dos puntos que fueron bastante novedosos y de cierta complejidad, relacionados con la extradición activa, es decir, con la petición que hace el Estado chileno a otros Estados para que le envíen algún nacional o extranjero que cometió delitos en Chile, con el fin de que sea juzgado en nuestro país. Se establecía -y ese es un principio de derecho internacional- que los países requeridos entregan a las personas que han cometido delitos siempre y cuando que se les garantice que en el Estado requirente -Chile- no van a ser sometidos a una pena superior en los delitos que ellos tienen incorporados en su orden interno. La segunda exigencia que colocan los países cuando van a remitir a una persona imputada o condenada por delitos cometidos en Chile, es que se reconozca el tiempo que estas mismas personas pudieran haber estado privadas de libertad en el extranjero, por los delitos materia de la extradición.

Esas dos garantías, que se exigen casi en todo el mundo, en Chile no tenían una consagración legal; no existía ninguna norma que le permitiera al Estado chileno, al Poder Judicial, a la Corte Suprema, dar la garantía o la seguridad a los otros países de que se iba a cumplir con tales estándares y garantías.

Pues bien, llenamos ese vacío e hicimos el debate correspondiente, por lo que, en base a estas garantías, nadie en Chile o en el extranjero va a poder utilizar las fronteras de los países para lograr impunidad cuando ha cometido delitos graves. Hoy el Estado de Chile va a poder entregar esas garantías y, de esa manera, quienes cometan delitos graves purguen las condenas que corresponden.

Estas son normas procesales, normas adjetivas, con las que no se afecta el derecho sustantivo en estas materias. Su norte es poner al día, perfeccionar y actualizar normas que estaban prácticamente obsoletas.

En consecuencia, la bancada del Partido Socialista va a dar su aprobación a este nuevo y moderno estatuto de extradición, que permitirá efectivamente la persecución penal de toda persona que haya cometido delitos graves en Chile o que afecten a chilenos en cualquier parte del mundo.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, este proyecto viene a mejorar considerablemente las normas de extradición vigentes en nuestro país.

Aunque nunca habrá la seguridad absoluta de captura de quienes tengan órdenes de detención, así como de quienes incluso se hayan fugado y se refugien en otros Estados, es labor de cada país tener normas lo suficientemente eficaces que permitan que, una vez capturado el sujeto-objeto de extradición, la tramitación de su retorno al país sea lo más expedita posible, para evitar que los crímenes cometidos queden impunes.

Más aún, en circunstancias de que han aumentado los flujos migratorios, la soberanía nacional acotada exclusivamente al territorio y la jurisdicción como manifestaciones de esa soberanía requiere mayores complejidades e instancias de colaboración conjunta entre países.

Por lo tanto, el perfeccionamiento de las normas de extradición es una forma de garantizar la no impunidad de quienes tienen pendientes procesos penales o derechamente han sido condenados y no se encuentran en el territorio del Estado que lo requiere.

En Chile hay casos emblemáticos de delincuentes que, habiendo sido condenados, se han fugado y se han radicado fuera del país, la mayoría de las veces continuando con su acción delictiva. El caso más conocido es el de los asesinos del senador Jaime Guzmán : Raúl Escobar Poblete , Ricardo Palma Salamanca , Mauricio Hernández Norambuena y Galvarino Apablaza . De todos ellos, solo Mauricio Hernández Norambuena ha sido extraditado con éxito en estos días, después de treinta años de haber cometido el crimen. Aún se encuentra pendiente la extradición de quien ha sido sindicado como autor inductor del crimen del senador Guzmán , Galvarino Apablaza . Dicha extradición ha sido tramitada entre los Estados de Chile y Argentina. Sin embargo, se ha visto ralentizada por gestiones de carácter político por parte de la exgobernante de ese país, señora Cristina Fernández . Actualmente, ya no tiene la calidad de refugiado político. Sin embargo, la Corte Suprema de dicho país no se ha pronunciado al respecto.

Algo similar ha ocurrido en el caso del autor material del crimen del senador Guzmán , Ricardo Palma Salamanca , quien fue capturado en Francia, donde se le otorgó asilo político por la Oficina de Protección de Refugiados y Apátridas, y donde diversas organizaciones internacionales han abogado por su protección, blindándolo mediática y judicialmente.

Chile solicitó su extradición y esta fue denegada por considerar que en Chile, curiosamente, no existen las condiciones legales para su extradición al habérselo enjuiciado en virtud de confesiones supuestamente obtenidas bajo torturas, consideración que debe ser rechazada por ser absolutamente falsa.

A su vez, es necesario indicar que este proyecto modifica el trámite, tal como se ha dicho aquí, en los procesos del trámite de extradición, tanto activa como pasiva, reformulando especialmente la solicitud en ausencia del imputado, delimitando las competencias del juez de garantía y de la corte de apelaciones, otorgando un tratamiento diferenciado a la hipótesis de extradición con fines de enjuiciamiento y aquellas con fines de ejecución de condena, incorporando en el derecho interno la salvaguarda de no imponer una pena superior a la máxima prevista en el Estado requerido, reconociendo en nuestro ordenamiento jurídico la seguridad de abono en caso de privación de libertad por medida cautelar o detención previa; y en cuanto a extradición pasiva, radicando el conocimiento de la solicitud de extradición pasiva en el ministro de la Corte Suprema que también hubiera resuelto la detención previa e incorporando expresamente el cese de las medidas cautelares cuando la persona no fuere trasladada dentro del plazo previsto.

La opinión de la Corte Suprema sobre este proyecto ha sido favorable, ya que no genera variaciones en el número de ingreso de extradiciones y, por lo tanto, no habría mayor incidencia en las cargas de trabajo de los tribunales encargados de resolver estos asuntos. Tampoco afectaría la orgánica de los tribunales ni tampoco tendría un impacto económico. Por las razones expuestas, llamo a votar afirmativamente este proyecto.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ.-

Señor Presidente, es siempre conveniente recordar estos casos emblemáticos que están en espera de extradición. Sin duda, estas normas podrían eventualmente ayudar el día de mañana a que nuestra justicia pueda terminar con la impunidad en muchos casos. En efecto, tenemos el caso de exuniformados sanguinarios, terribles torturadores, criminales cuya extradición ha sido solicitada por la excelentísima Corte Suprema.

También se espera que estas normas permitan facilitar su extradición.

En estos días, en el norte chileno se recuerda el paso de la Caravana de la Muerte, la que un día 16 de octubre de 1973 iniciaba su recorrido criminal, empezando por La Serena para, posteriormente, trasladarse a las ciudades de Copiapó, Antofagasta , Calama , Arica y Pisagua , dejando una estela de muertos, luego de torturas, maltratos inhumanos y juicios mentirosos y engañosos.

Uno de los integrantes de la Caravana de la Muerte se llama Armando Fernández Larios , protegido hoy en Estados Unidos, cuya extradición está pendiente. Este sí es un caso emblemático. No estamos en presencia de un sujeto a quien el diputado que habla le impute la muerte de un ser humano: los tribunales, las cortes de nuestro país, le imputan la muerte de cientos de personas.

Cuando uno escucha los testimonios de sobrevivientes, en el caso de Fernández Larios uno no puede dejar de estremecerse ante un comportamiento de tamaña criminalidad. Se ha querido extraditar a este criminal a nuestro país, para que sea juzgado.

Esperamos que estas normas también permitan la extradición de Pedro Barrientos , otro criminal inculpado por la muerte de Víctor Jara . Carlos Minoletti es otro más, como también Adriana Rivas , la secretaria personal del llamado Mamo Contreras . Todos estos sanguinarios y sanguinarias están esperando la extradición. Y no por la muerte de una persona; no por haber participado en un acto criminal: son cientos, quizás miles, los chilenos y chilenas que sucumbieron ante estos genocidas. Por cierto, este gobierno no apoya las medidas para pedir la extradición de estos criminales.

Esperamos que estas normas, que hoy estamos por aprobar, permitan la extradición de Fernández Larios, de Barrientos, de Minoletti y de Adriana Rivas.

Creo que estamos dando un paso importante y sustantivo, pero también no debemos olvidar que en muchas ocasiones las solicitudes de extradición no tienen ningún resultado positivo ante la justicia internacional, porque se piden a la luz del Código de Justicia Militar. Cuando ese código es examinado por los tribunales internacionales ellos no saben si tirarlo al tacho de la basura o vomitar. Así es el Código de Justicia Militar. Y resulta que hasta el día de hoy no se hace nada para modificar esa normativa. Lo mismo ocurre respecto de la ley antiterrorista, la cual fue diseñada durante la dictadura y que ahora quiere ser usada para pedir extradiciones.

Mientras no haya un cambio en las normas sustantivas, obviamente los pedidos de extradición no tienen futuro. Nosotros estamos pidiendo que se ejecute ese procedimiento judicial en virtud de delitos contra la humanidad. En eso, lamentablemente, este gobierno no se hace parte y no contribuye en lo más mínimo a que esos pedidos de extradición prosperen, como sí lo hace en otros casos.

Por eso, esperamos que estas normas permitan, el día de mañana, la extradición de todos estos genocidas, la que se encuentra pedida desde hace muchos años.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco}, el ministerio de Minería, la Dirección del Trabajo y otros órganos de la administración del Estado, en relación con irregularidades en procesos de licitación realizados por Codelco, en particular en el proceso de licitación del "Servicio de movimiento de material mina y planta en la división El Salvador”.

Diputada informante de la Comisión Especial Investigadora es la señorita Daniella Cicardini .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y otros órganos de la administración del Estado, en relación con irregularidades en procesos de licitación la Corporación del Cobre (Codelco), en particular en la División El Salvador” (CEI 17), sesión 64ª de la presente legislatura, en martes 20 de agosto de 2019. Documentos de la Cuenta N° 18.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (de pie).-

Señor Presidente, cumplo con informar acerca del cometido y de los resultados de la investigación realizada por esta comisión, cuyo mandato se origina en una solicitud presentada por 67 diputadas y diputados, quienes establecen algunos objetivos, tales como investigar las actuaciones de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el Ministerio de Minería y la Dirección del Trabajo, entre otros órganos de la Administración del Estado, en relación con:

Diversas irregularidades denunciadas en el proceso de licitación del "Servicio de movimiento de material mina y planta en la División El Salvador” de Codelco a la empresa Trepsa Cerro Alto S.A.

Otras licitaciones que se realizaron por parte de la Corporación Nacional del Cobre de Chile que pudieren configurar una grave afectación del principio de probidad o eventuales errores, vicios u omisiones en la fiscalización de estas operaciones.

Como asimismo investigar la eventual intervención de altos personeros de la empresa estatal, a fin de determinar posibles irregularidades o infracción a los deberes del cargo, a partir de los antecedentes denunciados por medios de comunicación social, y

Cualquier otro antecedente que pueda ser relevante para el desarrollo de la investigación.

La relación del trabajo desarrollado por la comisión investigadora en el cumplimiento de su cometido, incluyendo las exposiciones efectuadas por los invitados, se describen en el respectivo informe, precisando que esta comisión sesionó entre los meses de noviembre del 2018 y agosto del presente año, donde asistieron los representantes de todos los organismos investigados, representantes de trabajadores, empresas involucradas y ejecutivos de Codelco.

Respecto de las principales materias abordadas en nuestras conclusiones, puedo informar lo siguiente:

1.Hubo un término anticipado del contrato con la empresa Santa Elvira , sin justificación ni acciones legales iniciadas por Codelco hasta la fecha.

2.En cuanto a la elaboración del Plan Minero y el "error" de cálculo, la comisión llegó a la conclusión de que el error de cálculo en el Plan Minero consistió en confundir recursos minerales con reservas mineras. Codelco no adoptó a tiempo ninguna medida para corregir el error de cálculo ni sancionó a los responsables, limitándose solo a pedir la renuncia voluntaria de los involucrados.

3.Sobre irregularidades en el proceso de licitación pública de movimiento de material, se abrió un proceso de licitación pública con información errónea, donde existían diferencias evidentes entre el plan minero y lo solicitado por la gerencia de la División El Salvador.

Además, la licitación no cumplió con el objetivo de diversificar las empresas que prestarían los distintos servicios requeridos.

Por su parte, la Contraloría General de la República detectó varias irregularidades en este proceso, como la precalificación y adjudicación de contratos a empresas sin cumplir los requisitos, la falta de formalidad de los antecedentes que respaldan el proceso licitatorio, que el módulo declarado desierto en el proceso de licitación se adjudicó por trato directo a empresa vinculada con Indak y ratifica que en materia de eventual conflicto de interés, la normativa interna de Codelco es más débil y de menor extensión que lo dispuesto por la legislación común.

4.Irregularidades posteriores al proceso de licitación: hubo vinculación entre la empresa Indak y el hijo del entonces presidente ejecutivo de Codelco, don Nelson Pizarro , como también entre el Consorcio Transportes San Antonio con la empresa Indak . Además, se evidenciaron los incumplimientos de Indak y las gestiones realizadas por el nivel central de Codelco para dar continuidad a esta empresa al interior de la cuprífera.

5.Un aspecto que resulta de toda gravedad es que existieron consecuencias económicas negativas para la división El Salvador, sin cuantificar hasta la fecha.

6.Por todos los antecedentes expuestos, la comisión concuerda en identificar las siguientes responsabilidades administrativas y políticas a nivel corporativo de Codelco.

A nivel central de la administración de Codelco, la dirección superior y administración de la empresa corresponden a su directorio, a cargo de su presidente, que en el período anterior fue el señor Óscar Landerretche , y en el actual, el señor Juan Benavides .

Fundamentalmente, cabe responsabilidad en el presidente ejecutivo, cargo que desempeñaba el señor Nelson Pizarro Contador en el lapso investigado.

A los personeros individualizados cabe agregar a los siguientes:

El auditor general de Codelco, don César Correa Parker , quien dentro de sus funciones debía expresamente investigar denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas en contra de Codelco y sus filiales.

El vicepresidente de Operaciones Norte, don Álvaro Aliaga , quien fue informado por los propios trabajadores de los errores del plan minero y no adoptó ninguna medida que permitiera evitar sus nefastas consecuencias para la división El Salvador.

El vicepresidente de Gestión de Recursos Mineros y Desarrollo, señor José Pesce , sobre quien recae la responsabilidad por el "error" conceptual entre recursos mineros y reservas mineras.

El vicepresidente de Productividad y Costos, señor José Robles , responsable de liderar el conjunto de iniciativas estratégicas y planes corporativos de reducción de costos y aumento de la productividad.

A nivel de la División El Salvador, el anterior gerente de la división El Salvador, señor Juan Carlos Avendaño , y el actual gerente general de la división El Salvador, señor Christian Toutin , quien asumió en el año 2018, cuando las irregularidades que se investigaron por esta comisión ya se estaban cometiendo.

7.Existió una serie de denuncias realizadas por los trabajadores, cuya finalidad era evitar pérdidas económicas arriesgando el futuro de la división El Salvador, debido a su estrecho margen operacional. Al respecto, debemos destacar que los trabajadores denunciantes pueden desempeñar un papel importante para develar o descubrir actividades que pueden dañar o poner en riesgo el patrimonio de Codelco por el despilfarro de recursos públicos. Sin embargo, el temor a las represalias, a la pérdida del empleo y el temor a la estigmatización o persecución, son factores importantes que mantienen a las personas en silencio dentro de las organizaciones empresariales, lo que no se puede continuar permitiendo, y menos cuando se trata de una empresa estatal como Codelco.

8.Respecto de la actuación de Cochilco, quedan en evidencia las graves y profundas falencias del trabajo desarrollado por esta institución, identificando, entre otros, los siguientes cuestionamientos:

a)No consideró la denuncia que le hicieron llegar directamente los trabajadores respecto del proceso de licitación y las irregularidades detectadas en el plan minero de la división El Salvador. Fue solo después de que esta misma denuncia fuera puesta en conocimiento de la Contraloría General de la República, que remitió los mismos antecedentes a este organismo, cuando Cochilco inició su fiscalización.

b)Trabajo poco prolijo, según lo planteado por la misma Contraloría.

c)Existen evidentes problemas de gestión al interior de la institución, donde pasaron

varios meses sin lograr designar al vicepresidente titular y con funcionarios subrogantes en los cargos más altos.

d)No se cuenta con el personal necesario para desarrollar una labor de fiscalización efi-

ciente y profunda, sobre todo considerando que el principal fiscalizado es la empresa minera más importante para el Estado de Chile.

e)Se observó con preocupación una vinculación con Codelco, bastante "fraternal", más

que evidenciar que se trata de un organismo fiscalizador que debe cumplir su mandato legal.

f)Se requirió profundizar el primer informe de fiscalización, dado que se identificaron

varios aspectos que Cochilco no contempló, tanto por el ministro de Minería como por el contralor general de la República. Para ello se abrieron nuevos plazos y se dieron nuevos espacios para que Codelco respondiera con sus observaciones. Pasaron meses sin que este trabajo concluyera y finalmente se impidió a los miembros de la comisión acceder al trabajo finalizado, situación que cuestionamos directamente en el desarrollo de nuestro trabajo.

g)En virtud de todos estos antecedentes, se cuestiona de manera enfática el actuar de Cochilco, ya que no contribuyó de manera sustancial a esclarecer una serie de aspectos que eran fundamentales en la investigación.

9.Por lo expuesto, la comisión concuerda en identificar responsabilidades administrativas y políticas respecto de las autoridades de Cochilco: del vicepresidente ejecutivo de Cochilco, el señor Manuel José Fernández , aunque debe tenerse presente que en la fecha en que se iniciaron las fiscalizaciones el cargo lo ejercía el señor Sergio Hernández , en tanto que la señora Sonia Esturillo era la directora de Fiscalización de la entidad.

10.Finalmente y teniendo presente los antecedentes recabados por la comisión investigadora, se estimó que la Contraloría General de la República debería iniciar un proceso de fiscalización especial directa respecto de todos y cada uno de los hechos cuestionados, dado que existen circunstancias especiales que así lo ameritan.

En cuanto a las recomendaciones, proponemos lo siguiente:

1.- En esta investigación ha quedado de manifiesto que existe una clara debilidad en la fiscalización que debe haber hacia la empresa más importante y valiosa que tenemos como país, que es Codelco, que busca evitar la fiscalización de los organismos que hoy tienen alguna facultad sobre ella, como Cochilco o la propia Contraloría General de la República y la Cámara de Diputados. Por lo tanto, es fundamental aumentar el poder de fiscalización sobre Codelco.

Específicamente, es deseable que se entreguen atribuciones a la Contraloría General de la República a fin de que pueda fiscalizar los procesos de licitaciones tanto para la adquisición de materiales como para la contratación de servicios al interior de la empresa.

2.- La gravedad de los hechos ocurridos en la División Salvador, los recursos perdidos y dilapidados, la displicencia frente a las denuncias oportunas de trabajadores que alertaron de los errores cometidos hacen necesario y urgente revisar el gobierno corporativo de Codelco, sus divisiones y sus primeras líneas ejecutivas, para que queden claramente establecidas las responsabilidades en cada nivel.

3.- Ha quedado de manifiesto también la necesidad de que se establezcan procedimientos modernos para que cualquier trabajador o trabajadora de la corporación pueda hacer y canalizar con seguridad las denuncias sobre irregularidades, ilegalidades o incumplimientos que detecten al interior de la empresa.

4.- Hay que fortalecer e internalizar en Codelco la cultura del cuidado de los recursos y de la austeridad, entendiendo que en ella se están administrando recursos que pertenecen a todos los chilenos y chilenas. Para ello, se deben revisar los protocolos y mecanismos de control interno que permiten dar garantías de transparencia y probidad en la gestión y administración de los recursos.

5.- Se requiere una profunda reforma a Cochilco, tanto en su gobierno corporativo como en sus mandos ejecutivos, por la dependencia y relación política que tiene con el Ministerio de Minería y el gobierno de turno. Por lo tanto, hay que entregar mayores atribuciones a Cochilco que den garantías de su autonomía e independencia para realizar sus funciones. Además, es necesario terminar con la obligación de reserva de las actuaciones y fiscalizaciones que pesa sobre sus funcionarios, porque en nada contribuye con su accionar y atenta contra los principios de transparencia y de probidad de su misma gestión.

6.- Finalmente, en virtud de lo expuesto en el artículo 318 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la comisión propone remitir los resultados de esta investigación a las siguientes autoridades: al Presidente de la República, señor Sebastián Piñera ; al contralor general de la República, al fiscal nacional del Ministerio Público, al ministro de Defensa Nacional, señor Alberto Espina ; al ministro de Minería, señor Baldo Prokuriça ; al director del Servicio de Impuestos Internos, al vicepresidente ejecutivo de Cochilco, al presidente ejecutivo de Codelco, a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado y al presidente de la Comisión para el Mercado Financiero.

Es todo cuanto puedo informar a la Sala.

He dicho.

El señor ESPINOZA.-

(Presidente accidental).-

Muchas gracias, diputada Cicardini .

Hacía mucho tiempo no veíamos un informe tan contundente como el que usted acaba de entregar.

En discusión el informe.

Tiene la palabra, hasta por dos minutos y diecinueve segundos, el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, seré muy breve en mi intervención.

Sin lugar a dudas, el informe de la comisión investigadora es muy bueno. Creo que se hizo un excelente trabajo en dicha instancia. Comparto lo que usted dijo hace unos instantes.

Más que referirme a lo que ya señaló la presidenta de la comisión en su informe, quiero decir que mi impresión es que en algún momento hubo una voluntad de liquidar la División Salvador de Codelco, cuando no estaba la solución de Rajo Inca, un proyecto minero muy importante, que ahora se está aprobando y permitirá la continuidad de la referida división por cuarenta años más.

De alguna manera, aquí hubo una negligencia, como relató en forma muy clara una serie de ejecutivos. Confundir recursos con reservas es una equivocación abismante. Ello es absurdo en un ingeniero de minas, en un técnico de minas, en una persona que trabaja en una compañía minera. Y eso llevó a tener ese contrato sobrevalorado.

Además, quiero destacar la función de los trabajadores y trabajadoras que hicieron la denuncia y cuidaron el patrimonio de Codelco. Pienso que la empresa está en una crisis profunda y que esto, de alguna manera, revela eso: la falta de control, los conflictos que tiene con Cochilco, los conflictos que tiene incluso con la Cámara de Diputados, los conflictos internos, los vínculos y conflictos de intereses no debidamente regulados, la evidencia y la negligencia en los contratos de El Salvador y el grave daño que ha provocado esta actuación negligente a su patrimonio, la pérdida sistemática y progresiva de Codelco en el mercado del cobre y en la fundición y refinación, que es brutal.

Por eso hoy tenemos una Codelco que está en una situación tremendamente dañina, y lo que pasó en El Salvador lo revela.

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, ¿quién puede poner en duda la importancia que tiene Codelco para Chile? Celebro el trabajo de esta comisión investigadora, porque cuando Codelco es afectada también son perjudicados todos los chilenos, dado que es la principal empresa productora de cobre de mina en el mundo.

Esta comisión investigadora se abocó particularmente al proceso de licitación del servicio de movimiento de material mina y planta en la División Salvador, y como resultado de su trabajo llegó a establecer, entre otras cosas, responsabilidades administrativas de los directivos y de otros niveles jerárquicos, que aparecen en el correspondiente informe.

La misión fundamental del directorio de Codelco es gobernar y administrar la empresa de modo de proteger y valorizar su patrimonio en el largo plazo, maximizando su aporte a través del uso eficiente de sus activos e inversiones y de una gestión de excelencia. O sea, lo que hagan el directorio, los ejecutivos y la plana mayor de Codelco tiene una trayectoria y una trascendencia muy importante.

Cabe destacar que el informe dice específicamente: “La dirección superior y la administración de la empresa corresponden a su Directorio, a cargo de su Presidente, que en el período anterior fue el señor Óscar Landerretche , y en el actual es el señor Juan Benavides .

Fundamentalmente, cabe responsabilidad en el Presidente Ejecutivo, cargo que desempeñaba don Nelson Pizarro Contador , en razón de todos los antecedentes expuestos y las consideraciones de este informe.”.

Es decir, el señor Nelson Pizarro , ex presidente ejecutivo de Codelco, se lleva gran parte de la responsabilidad en este informe. Quiero decir aquí, frente a todos ustedes, que es curioso que quede fuera de toda responsabilidad el ex presidente ejecutivo señor Landerretche .

Es natural preguntar sobre las falencias de controles internos y la clara falla en la selección de los altos ejecutivos de esa época. Es curioso que el directorio y su presidente no tengan ninguna responsabilidad. Me gustaría que se mencionara que durante la presidencia del señor Landerretche se realizó todo el proceso contractual investigado por esta comisión. Lamentablemente, no se menciona alguna relación entre el señor Landerretche y cualquier responsabilidad, dado que en ese minuto era el presidente de Codelco.

Estoy por votar a favor el informe con los resultados de esta comisión investigadora. Me parece muy prudente todo lo que se ha señalado como recomendación, pero resulta a lo menos curioso que no se toque a un personaje que hoy está en la contingencia política, en la primera línea, considerando que en ese minuto era el presidente de una institución tan importante.

Lo digo con mucha responsabilidad, porque no hace mucho fui parte de una comisión que investigó a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), a la cual el señor Marcelo Tokman no llegó a declarar, aunque fue de los primeros invitados, pero al menos no quedó fuera del informe. Sin embargo, en este caso, la máxima autoridad de la empresa no es mencionada.

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .

La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-

Señor Presidente, no iba a intervenir, porque ya había presentado el informe de la comisión, el cual explica de manera bien amplia el contenido de las conclusiones y recomendaciones.

Solo quiero precisar a la diputada Ossandón que sí se atribuyeron responsabilidades al presidente del directorio anterior, señor Óscar Landerretche ; para el actual, señor Juan Benavides , así como al presidente ejecutivo, señor Nelson Pizarro , quien ocupó el cargo durante el proceso investigativo de esta comisión.

Esta comisión tuvo varios problemas y se encontró con varias piedras en el camino respecto de la entrega de información. Quedó en evidencia el secretismo y el hermetismo que imperan en Codelco.

Quiero ser muy enfática en señalar, a propósito de las denuncias que hicieron en reiteradas oportunidades los trabajadores de la División Salvador, que estas no son antojadizas ni se presentan para dañar a la empresa estatal; por el contrario, lo que se quiere es protegerla, cuidarla y darle proyección y viabilidad por más años, sobre todo a la División Salvador, aunque muchas veces esa no sea la percepción que tienen en Codelco, donde terminan esbozando, a través de la prensa, que esto es una estrangulación para la empresa estatal, que es un daño importante de imagen y que no se condice con la realidad.

En la licitación concreta que nos correspondió investigar hubo un horror de cálculo que costó millones y millones de pesos a todos los chilenos y chilenas, y que generó un daño importante en términos económicos, no solo a la División Salvador, sino a todo el país, y no se asumieron las responsabilidades correspondientes. ¡Nadie hizo nada! Es más, no se activaron los protocolos internos de denuncia.

Un organismo que tiene un rol fiscalizador, como Cochilco, parece tener una relación cercana y fraternal con Codelco, en lugar de ser la institución encargada de fiscalizar a una empresa tan importante. Además, las responsabilidades que se debiesen haber asumido solo terminaron en renuncias voluntarias de algunos personeros pertenecientes a los altos mandos ejecutivos de la empresa.

Entonces, queda en evidencia que hubo un plan minero en el que se cometieron errores garrafales, como confundir las reservas mineras con recursos mineros. Obviamente, queda una tremenda incertidumbre respecto de qué está pasando en Codelco, pues es posible que esto solo sea la punta del iceberg. No quiero imaginar siquiera lo que pasa a nivel corporativo y a nivel divisional respecto de otras licitaciones.

En este caso se realizó una licitación sobre la base de un plan minero erróneo, sin base real, porque se sobreestimaron recursos, trabajadores, maquinaria. Tal es así que esta licitación se adjudicó para remover 104 millones de toneladas, pero durante el proceso de investigación se concluyó que se debían remover solo 54 millones de toneladas, y cuando ya estaba culminando la investigación de la comisión, descubrimos que solo eran 24,6 millones de toneladas.

Codelco terminó diciendo: “No se preocupen, pórque acá no se perdió nada de los recursos, porque vamos a reubicar estos servicios en otra división”.

Hace un par de semanas recibimos a trabajadores de la División Gaby, quienes nos dijeron que, evidentemente, es un servicio mucho más caro que lo que podría haber costado con otra licitación.

Lamento mucho que los trabajadores hayan hecho las denuncias una vez que se entregó información formal, cuando los acompañé a la Contraloría General de la República. Recién ahí Codelco reconoció este error de cálculo, y lo hizo a través de la prensa. Para mí es una irregularidad a todas luces. Creo que todavía tenemos mucho que hacer.

Tenemos que avanzar en reformular, reestructurar y entregar mayores atribuciones fiscalizadoras a Cochilco, pero también a la Contraloría General de la República.

Es tan grave esta situación que vamos a remitir todos estos antecedentes al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, al Consejo de Defensa del Estado y al propio Presidente de la República, para que no quede en la impunidad, porque este es un daño que se le ha hecho a todos los chilenos y chilenas.

Queremos cuidar a la empresa estatal más grande que tenemos, que se codea con las mayores empresas a nivel mundial y cuyos recursos, en estricto rigor, se reflejan en políticas públicas que van en beneficio de la calidad de vida de todos los chilenos y chilenas. Por ello, debemos cuidar estos recursos para que no ocurra el despilfarro que constató esta comisión especial investigadora.

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Pablo Vidal .

El señor VIDAL.-

Señor Presidente, respaldo y apoyo el resultado del trabajo de la comisión investigadora dado a conocer hoy en la Sala.

Lo primero que quiero destacar -es muy relevante para el resultado de esta comisión e, incluso, para que esta existiera- es la valentía de los trabajadores y trabajadoras que denunciaron incansablemente esta situación. Lo hicieron en cuanto ocurrió a través de todos los canales que pudieron encontrar.

Asimismo, vale reconocer la decisión de la diputada Cicardini , quien impulsó la creación de esta comisión, porque está claro que los hechos lo ameritaban. Sobre todo -reitero-, reconozco el impulso que le dieron los trabajadores.

El informe muestra que se cometieron muchos errores y existieron muchas irregularidades en la toma de decisiones realizadas tanto por las anteriores planas directivas de Codelco como también por la actual. Entre otras, tenemos el término anticipado del contrato con la empresa Santa Elvira , que hasta hoy no ha tenido justificación legal -ni siquiera se ha ejercido alguna acción legal por parte de Codelco-, y el error de cálculo, explicado por la diputada Cicardini con muchos detalles, sobre el cual Codelco no tomó ninguna medida posterior ni aplicó sanción alguna a las personas que llevaron a la empresa a cometer un error tan grande y significativo.

También existieron irregularidades en la licitación pública. Cuando se hizo la licitación eran cinco paquetes, con el objetivo de que se diversificara el abanico de oferentes, pero, finalmente, se calificó de manera condicional a empresas que no cumplían con los requisitos necesarios y terminaron otorgando la concesión a esas empresas, en un proceso que el contralor calificó en la comisión como completamente irregular y fuera de norma. Codelco actuó como si fuera un Estado independiente dentro de otro Estado independiente e hizo lo que quería.

Respecto de Cochilco, también quedaron en evidencia las graves falencias en su trabajo de fiscalización, al constatar que ignoró sistemáticamente las denuncias que hicieron llegar los trabajadores de la división El Salvador, pese a que con esos mismos informes la Contraloría General de la República pudo identificar de manera rápida las múltiples irregularidades que el informe constata.

Una conclusión que quiero destacar es que Codelco trató de evitar la fiscalización de los organismos que hoy tienen alguna facultad sobre la misma, como la Comisión Chilena del Cobre, como la Contraloría General de la República e, incluso, como la misma Cámara de Diputados.

Por lo tanto, es importante aumentar la capacidad de fiscalización sobre Codelco, dado que los hechos investigados son graves y que son muchos los recursos perdidos y dilapidados, por lo que es completamente necesario revisar el gobierno corporativo de Codelco, sus divisiones y su primera línea ejecutiva para que queden claramente establecidas las responsabilidades en el orden político, administrativo y empresarial.

Necesitamos que Codelco sea una empresa que mire hacia el futuro, que esté al servicio de Chile para que pueda explorar otros recursos de manera sustentable, innovadora, agregando valor e incorporando a Chile en cadenas de valor global.

Por lo tanto, Codelco no tiene que seguir funcionando al margen de la normativa de transparencia y probidad que tiene nuestro país y que se aplica a nuestros organismos públicos, sino, por el contrario, tiene que dar el ejemplo y dar un paso hacia adelante.

Esta comisión, que destapó irregularidades, nos permitió saber dónde tenemos que apretar a Codelco para que funcione de mejor manera en el futuro.

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, el tema en discusión es muy relevante, y no solo en mi caso, como diputado por Atacama, región donde está ubicada la división El Salvador, sino para todo Chile. Codelco es la principal empresa del Estado -lo hemos dicho una y otra vez-, pero la verdad es que su actuar deja mucho que desear.

La investigación que realizó la comisión lo señala con claridad. Leeré de manera resumida las recomendaciones que se adoptaron por unanimidad y que son muy importantes:

“1.- En esta investigación ha quedado de manifiesto que existe una clara debilidad en la fiscalización…” de Codelco.

“2.- La gravedad de los hechos ocurridos en la División El Salvador, investigados y comprobados por esta Comisión Investigadora; los recursos perdidos y dilapidados; la displicencia frente a las denuncias oportunas de trabajadores que alertaron de los hechos cometidos…”.

“3.- Ha quedado de manifiesto también la necesidad de que se establezcan procedimientos modernos para que cualquier trabajador o trabajadora de la Corporación pueda hacer y canalizar con seguridad las denuncias…”, sin que los persigan. Lo digo, porque persiguen a los trabajadores.

“4.-Fortalecer e internalizar en Codelco la cultura del cuidado de los recursos y de la austeridad,…”.

“5.- Se requiere una profunda reforma de Cochilco…”, que es el fiscalizador. Su gobierno corporativo es muy débil frente a una empresa como Codelco.

Estas y otras cosas se señalan en las recomendaciones de la comisión investigadora.

La verdad es que no sé si quieren destruir Codelco y privatizarlo o desarmarlo, pero al revisar los antecedentes queda claro que los ejecutivos, los responsables directos de hacer perder una cuantiosa cantidad de recursos a la división más pobre y más pequeña de Codelco, la división El Salvador, la que requiere mayor cuidado incluso en el manejo de recursos -aunque lo requieren todas-, no escucharon a los trabajadores, quienes, preocupados de defender a su empresa y defender al país, hicieron la denuncia de manera oportuna, lo que evidencia que había una situación de mala fe o de distracción de recursos.

Por eso, pedimos que los antecedentes sean enviados al Ministerio Público para que se realice la investigación correspondiente.

¡Miren los sueldos que ganan los ejecutivos! Según la página web de Codelco, un vicepresidente de operaciones de Codelco gana 558 millones de pesos al año; un gerente de división, 262 millones de pesos anuales; un auditor general, que tiene una tremenda responsabilidad en esto, 400 millones de pesos al año; un gerente de división, 398 millones de pesos al año. Y así, suman y siguen los sueldos millonarios. Nos tienen acostumbrados a escucharlos decir que esos sueldos están de acuerdo con el mercado para los cargos ejecutivos de empresas similares. ¡Pero las empresas similares no se dan el gusto de perder tantos recursos ni de confundir recursos con reservas minerales! ¡En una empresa privada los echarían al día siguiente! ¡Aquí no echaron a nadie! Recomendaron, con una actitud muy débil y con una lenidad que me parece muy grave.

Por eso, creo que aquí hay un muy buen trabajo y un muy buen informe de la comisión.

Ahora nos anuncian que venderán Ventanas porque ya no funciona bien; si es así, en el país perderemos capacidad de fundición y de refino, como la hemos venido perdiendo sistemáticamente en los últimos años. Seguramente, después perderemos Paipote . ¡No! ¡Hay que hacer buenas y nuevas fundiciones y refinerías!

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe de la comisión especial investigadora en los siguientes términos:

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mociones refundidas, que agrega a la ley N° 19.981, sobre Fomento Audiovisual, un Capítulo IV sobre cuotas de pantalla.

Antecedentes:

-El debate del proyecto se inició en la sesión 61ª de la presente legislatura, en jueves 8 de agosto de 2019 -oportunidad en que se rindió el informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones- y continuó en la sesión 84ª de la misma legislatura, en miércoles 9 de octubre de 2019.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, este proyecto ha sido de lata discusión. Me ha correspondido examinarlo en las dos comisiones en las que me corresponde participar, esto es, en la Comisión de Cultura y en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El proyecto busca modificar dos normativas: en primer lugar, la ley de Fomento Audiovisual, la cual dispone la repartición de un fondo de unos 7.000 millones de pesos al año para fomentar y promover el arte audiovisual en Chile, y establece un consejo que, a través de distintas líneas, promueve, por la vía concursal, el fomento de películas chilenas y la producción de series. En segundo término, la ley que crea el Consejo Nacional de Televisión, para fijar, de manera general, un porcentaje desde 40 por ciento de producción chilena en los programas que transmitan los canales de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción.

El proyecto introduce la idea de “media de continuidad”, que es la cantidad mínima de entradas, contadas dentro de la semana siguiente al estreno oficial, en exhibiciones de obras audiovisuales de producción y coproducción nacional a las que se les haya asignado el beneficio de cuota de pantalla, que genera la obligación al exhibidor de mantener las referidas obras en exhibición durante la semana siguiente en las mismas condiciones, considerando siempre todas las funciones de la sala, cuando la tasa de ocupación como media de continuidad, de jueves a domingo, alcance al menos 10 por ciento en temporada alta y 6 por ciento en temporada baja.

Por otro lado, como ha quedado dicho, se pretende fijar, de manera general, un porcentaje desde 40 por ciento de producción chilena en los programas que transmitan los canales de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción. Dentro de ese porcentaje general de producción chilena al menos 15 por ciento deberá corresponder a exhibición de obras cinematográficas o audiovisuales chilenas, con propiedad intelectual protegida, como largometrajes, series, miniseries y unitarios o telefilm, tanto de ficción, documental y animación, en horario de alta audiencia.

¿Cuál es el problema en ambos casos? Voy a tratar de fundar mi voto contrario, con una excepción.

Al fijar una media de continuidad se le pone un gravamen al exhibidor, es decir, al privado, pues se lo obliga a mantener en exhibición películas de cine chileno a pesar de contar con baja audiencia. Todos sabemos cómo funciona la industria de los exhibidores. Además, se trata de una industria bastante acotada, donde existe la posibilidad de llevar gente al cine con otro tipo de producciones.

Aquí no existe subsidio del Estado a producciones nacionales ni extranjeras, es decir, es un gravamen que debe soportar la cadena por sí misma, sin tomar en cuenta criterios de exhibición o de carácter curatorial que puedan regir a determinadas salas.

Repito: el gravamen lo soporta solo el exhibidor, el que nada le debe al Estado, salvo el pago del impuesto que hace cualquier contribuyente.

Entregaré un ejemplo práctico que sucedió en 2011, precisamente para examinar lo que estaba sucediendo con la falta de público en relación con cine chileno.

A partir de recursos que conseguimos con la Dipres, la sala Huérfanos comenzó a exhibir solo producciones nacionales. Dicha sala era administrada por personas que eran muy duchas, buenos administradores, personas de negocios que siguen trabajando hasta hoy en la industria del cine. El proyecto contaba con un subsidio de aproximadamente 700 millones de pesos al año para exhibir películas nacionales, pero, lamentablemente, el público no acompañó las exhibiciones. El consejo audiovisual, luego de recibir un informe de los responsables de la sala, finalmente tomó la decisión de no seguir aportando dineros. El proyecto duró dos años. La sala, por sí misma, no pudo seguir sosteniendo el negocio, porque incluso con el subsidio no alcanzaba. Nadie al interior del consejo quiso prolongar la idea, porque, como digo, esta no funcionó del todo.

¿Qué sucedió con la ley del 20 por ciento de música chilena? En 2011, para evitar establecer una cuota de cine chileno, como existe hoy, junto con Luis Pardo , colega y en ese entonces presidente de la Archi, y Alejandro Guarello y la Profovi, financiamos tripartitamente un software para medir los porcentajes de música chilena transmitidos por las emisoras en gran parte del territorio nacional. Ese software -entiendo que su funcionamiento se va a renovar- arrojó que del total de música transmitida por las emisoras, el 17,5 por ciento correspondía a música chilena. Luego, se estableció una cuota de 20 por ciento, y hoy la misma llega a un poco más de 22 por ciento.

Por lo tanto, no es que la cuota haya hecho una diferencia tan notoria respecto de aquello que requería regular. Además, hay que considerar que la industria de las radios se encuentra bastante más atomizada y cuenta con mayor cantidad de emisores y oferentes que las salas de cine.

¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo -esto es, a veces, difícil de aceptar- es que si bien el producto audiovisual chileno tiene presencia en festivales y es recogido por los especialistas, le cuesta más hablarle al público nacional y no convoca al público a pesar de la calidad que tiene. Llevado al cine, el producto audiovisual chileno no lleva público a las salas de exhibición. Basta con ver la progresión de cifras en los anuarios de cultura y tiempo y en las distintas encuestas que se hacen. En 2000, los anuarios de cultura y tiempo publicados tanto por el INE como por el Ministerio de Cultura dieron cuenta, por ejemplo, de que películas como Sexo con amor o Machuca lograron congregar hasta un millón de espectadores; hoy no llegamos ni siquiera a las cuatro mil o seis mil personas en promedio.

En Argentina se logró, a punta de subsidios, dar cierta subsistencia a películas que llevaban poca gente, pero esto no terminó solucionando el problema, lo que derivó en que finalmente los apoyos fueran a la parte más creativa y comercial, precisamente para que los productos de venta y de intercambio se transaran en los distintos mercados mundiales. Así, Argentina, Brasil y Colombia, entre otros, pudieron poner sus productos en el mundo. Sus productos no solo se ven en salas de cine o televisión, sino en distintas plataformas.

El escenario ya no hace distinción mayor entre si es un contenido de cine, de serie o de televisión; se trata, como dije, de contenidos que finalmente se exhiben en distintas plataformas de carácter digital.

¿Puede pasar la solución por la generación de normativa? Por supuesto que sí, pero debe ser una normativa funcional a los objetivos que pretende conseguir.

Si queremos incentivar, por ejemplo, la producción nacional, promovamos una legislación como la neozelandesa o la misma colombiana, que devuelve hasta un 40 por ciento del gasto en transporte o servicio de alojamiento en que incurren las producciones que se elaboran en el país, lo que significa un beneficio tanto para los nacionales como para los extranjeros. Nosotros tratamos de implementarlo en algún minuto. La Dipres, con esa receptividad que tiene respecto de la cultura, nos dijo que era imposible. Y eso ha sido imposible no solamente en este gobierno, sino también en los gobiernos anteriores. Pero efectivamente una normativa como esa ha permitido generar en Latinoamérica polos de producción, nodos de producción, que están en contacto productivo permanente con otros países, con industrias más desarrolladas de manera más estable, y ha permitido transferencia de conocimiento, que es relevante y que nos permitirá, así como hemos tenido resultados notables en Cannes, San Sebastián , Venecia y Berlín , comprender que también debemos construir audiencias y considerar al público, algo que en Chile nos cuesta entender, dado que consideramos que aquello que la audiencia puede comprender, en general no tiene profundidad ni fondo.

Por ende, voy a votar negativamente. Creo que la cuota no sirve. En general, las cuotas no sirven, salvo que sean transitorias y para casos muy acotados, porque lo que suele pasar es que terminan beneficiando a grupos de interés. En el caso de la transitoriedad, sí pueden servir.

Haré solo una excepción con la cuota del 40 por ciento: que el 15 por ciento vaya a producción nacional, dado que es una cuota que está establecida, y eso lo votaré a favor. He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, al leer el proyecto, uno se da cuenta de que se está legislando para atrás y no para adelante. En el caso de la televisión, vamos hacia la televisión digital, con un apagón analógico dentro de un par de años; sin embargo, se está legislando sobre una televisión antigua, a la que se le fijan cuotas que vulneran la Constitución Política de la República. Voy a explicarlo a la gente.

Existen muchos canales de televisión que son pequeños, que son locales, comunales o regionales, a los cuales se les va a cercenar la posibilidad de generar algo de ingresos, en circunstancias de que muchas de las producciones audiovisuales son financiadas con platas de todos los chilenos. Debería establecerse que, de esas platas, un porcentaje sea entregado al canal de televisión comunal por la exhibición que va a hacer de ese cortometraje o de la producción que fuere.

Respecto de la televisión, como bien dijo el diputado Cruz-Coke , el porcentaje lo cambió el proyecto. Actualmente es hasta 40 por ciento; con la iniciativa será desde 40 por ciento. En consecuencia, se le va a cercenar al canal de televisión la propiedad que tiene respecto de qué va a exhibir, porque el proyecto de ley dispone que la transmisión de obras chilenas tiene que realizarse incluso en horario de alta audiencia, cuando los canales comunales o regionales presentan las noticias, que son bastante vistas por las personas que están en las comunidades. En consecuencia, los canales van a dejar de generar ingresos y van a tener que exhibir largometrajes, series, miniseries y unitarios o telefilms, etcétera.

Quiero decir a las personas y a los parlamentarios que el proyecto presenta las siguientes vulneraciones a la Constitución Política de la República:

1.Al derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19, número 2°, de la Constitución Política de la República, el cual consagra: “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;”.

El proyecto aparece como un acto arbitrariamente discriminatorio, pues no se aplica a otros actores relevantes de la industria.

2.Al derecho a la libertad de expresión, garantizado en el artículo 19, número 12°, de la Constitución Política de la República, el cual señala: “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.

La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social.”.

Más adelante este número agrega: “La ley regulará un sistema de calificación para la exhibición de la producción cinematográfica;”.

El proyecto aparece como una imposición legal que limita la libre expresión de los exhibidores de obras audiovisuales y de los canales de televisión.

3.El derecho de propiedad, establecido en el artículo 19, número 24°, de la Constitución Política de la República, el cual consagra: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. (…)

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.”.

Esos son los problemas del proyecto respecto de las facultades que otorga el derecho de propiedad.

¿Cuáles son las disposiciones inadmisibles en esta iniciativa?

En el artículo 19 del Capítulo IV, que el artículo 1 del proyecto incorpora en la ley N° 19.981, se establece que el reglamento suscrito por los ministerios de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y de Hacienda “determinará el órgano de la Administración del Estado encargado de otorgar las respectivas cuotas de pantalla a las obras audiovisuales de producción nacional, por orden de precedencia, que se encuentren inscritas en el registro público que para estos efectos llevará el mismo órgano; y, establecerá la potestad de fiscalización que recaerá en dicho órgano, (…)”.

Asimismo, dispone que dicho reglamento “establecerá la potestad de fiscalización que recaerá sobre el órgano (…), respecto del cumplimiento por parte de los exhibidores de obras audiovisuales…”.

Esta norma es inconstitucional, pues corresponde a una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, según lo establece el artículo 65, inciso cuarto, de la Constitución Política de la República, que señala: “Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República, la iniciativa exclusiva para:

(…)

2° Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones;”. El proyecto de ley, en su artículo 3, señala: “Incorpórase, en el numeral 1 del artículo 1 del artículo 8 de la ley N° 18.985, que Establece Normas sobre Reforma Tributaria, que aprueba el texto de la Ley de Donaciones con Fines Culturales, el siguiente inciso segundo (…):

“Del mismo modo, serán beneficiarios los productores audiovisuales (…) respecto de la realización de obras audiovisuales de producción nacional o en coproducción.”.”.

Por lo tanto, se trata de una norma de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, referida a proyectos sobre tributos, según señala el artículo 65, inciso cuarto, de la Constitución Política de la República.

En el artículo 20 del Capítulo IV que el artículo 1 del proyecto de ley incorpora en la ley N° 19.981, se establece lo siguiente: “Las infracciones a las obligaciones que impone esta ley por parte de los exhibidores audiovisuales, acreditadas por el órgano designado en el reglamento por medio del correspondiente procedimiento administrativo tramitado de conformidad a las reglas generales de la ley N° 19.880, serán sancionadas con multa a beneficio fiscal, desde 200 hasta 600 unidades tributarias mensuales si la infracción es reiterada, sin perjuicio de las acciones que competan al afectado en resguardo de sus intereses.”.

Esta norma también es inconstitucional, pues se refiere al establecimiento de multas, las cuales solo pueden ser aplicables por el órgano del Estado. Es decir, se refiere a funciones de dichos órganos, por lo que corresponde a una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, según lo establece el artículo 65, inciso cuarto, número 2° de la Constitución Política de la República, que dispone: “Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados…”.

La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), actual Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, señala que existirá una discrepancia entre estos dos proyectos de ley fusionados y el Tratado de Libre Comercio de Chile con Estados Unidos.

En primer término, respecto del proyecto de ley boletín 8620-24, que tiene por objeto establecer una cuota de pantalla mínima para obras audiovisuales a ser exhibidas en salas, la Direcon señala que existiría una discrepancia entre este proyecto de ley y el tratado de libre comercio suscrito entre Chile y Estados Unidos, específicamente respecto de la obligación contenida en el artículo 10.5, Requisitos de desempeño, del Capítulo Diez, de Inversión, sección A, que, en lo relevante, establece: “Ninguna Parte podrá imponer ni hacer cumplir cualquiera de los siguientes requisitos o hacer cumplir ninguna obligación o compromiso, en relación con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación o venta o cualquier otra forma de disposición de una inversión de un inversionista de una Parte o de un país que no sea Parte en su territorio para: (…)

(b) alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional;”.

Por lo tanto, las normas de cuotas serían incompatibles con las normas de requisitos de desempeño. De esta manera, si a un exhibidor audiovisual de origen extranjero se le exige cumplir con una cuota de pantalla, se contravendría una obligación internacional.

En segundo término, respecto del proyecto de ley boletín 11867-24, para asegurar la exhibición de producción cinematográfica chilena en el porcentaje y horario que indica, la Direcon señala que existiría una discrepancia entre este proyecto de ley y el tratado de libre comercio suscrito entre Chile y Estados Unidos, por cuanto, según se establece en el Anexo I del tratado de libre comercio, se podría fijar en televisión una cuota de hasta 40 por ciento de producción chilena, a diferencia de lo que señala el proyecto de ley, que establece que se podría fijar, de manera general, un porcentaje desde 40 por ciento de producción chilena en los programas de transmisión de canales de televisión.

Por lo tanto, cualquier porcentaje que se fije en el proyecto de ley superior al 40 por ciento infringiría los compromisos internacionales del Estado de Chile.

Por otro lado, el proyecto establece otras cuestiones complejas. Así, el artículo 21 señala: “El Ministerio de Educación tendrá la facultad de incluir en los programas educativos de la enseñanza básica y media, asignaturas que tengan por objeto la formación de audiencias a través de la enseñanza del lenguaje audiovisual, sin perjuicio de las políticas, planes o programas que puedan desarrollar otros organismos públicos en materia de formación de audiencias con respecto al cine y al resto de los medios audiovisuales.”. Aun cuando la redacción señala “tendrá la facultad”, será complejo que en el futuro se quiera interpretar esto como una obligación para el Ministerio de Educación.

Por todo lo anterior, llamo a rechazar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales .

BERNALES .-

Señor Presidente, luego de escuchar a los parlamentarios de Chile Vamos, me doy cuenta de que están en contra de sumar cuotas de pantalla a las producciones audiovisuales chilenas.

Entonces, les quiero pedir que se la jueguen por rechazar el recorte que se ha hecho en cultura, porque si no quieren que exista exhibición de películas chilenas en televisión, en cines, entonces apoyen aumentar el presupuesto del Consejo Nacional de Televisión, que una vez más va a bajar, o que pongan toda su disposición y le pidan al gobierno que acelere el prometido canal cultural, donde también se podrían exhibir películas chilenas.

Aquí lo que les molesta no son las cuotas de pantalla, sino las temáticas y el contenido que tocan el cine chileno y los documentalistas. Eso es lo que realmente les molesta, porque, tal como sucedía en el siglo XV, piensan que quien coloca la plata les dice a los artistas qué tienen que pintar y qué tienen que tocar.

Por lo tanto, mientras menos espacio de exhibición y de muestras para el mundo de la cultura existan, mejor para ellos.

Entonces, me parece ilógico que mientras exista el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que para el próximo año va a tener 9.000 millones de pesos en fondos concursables para el mundo audiovisual, no tengamos espacios suficientes para que películas que incluso han recibido el premio Óscar no tengan dónde exhibirse.

Si una película chilena llega a regiones, está en cartelera una semana. Además, la colocan en un horario de difícil acceso para el público. Aun más, las mismas salas de cine no hacen promoción del cine chileno. De hecho, si uno va al cine, se da cuenta de que el afiche de la película chilena está escondido en un rincón; antes se encuentran los carteles de películas de los estudios Marvel , como Ironman y Los Vengadores, pero el de la película chilena queda relegado. En las sinopsis ocurre más o menos lo mismo.

La realidad es que los cines hicieron lobby, se reunieron con parlamentarios, porque quieren la sandía calada: que se privilegie a las películas extranjeras. No estoy en contra de que lo hagan, pero también se debe dar espacio a las producciones que se financian con plata de todos los chilenos y chilenas, y tenemos varias instancias en las que podemos fomentar la exhibición de cine chileno.

En la sesión pasada escuché la intervención del diputado Marcelo Díaz sobre esta iniciativa, y le encontré mucha razón. También lo conversamos en la Comisión de Cultura con su presidente, el diputado Amaro Labra . Por ejemplo, los centros culturales en regiones son lugares que muchas veces no tienen programación y no tienen siquiera los recursos para programar; allí hay una oportunidad para que se puedan programar y tener más películas chilenas.

Quiero hacer un homenaje también a los cines de regiones que no forman parte de las grandes cadenas independientes, porque promueven cine chileno y cine independiente con mucho éxito; les va muy bien.

Hay que ver las producciones nacionales que se exhiben en los distinto canales de nuestra televisión, como Lugares que Hablan, que es un programa que tiene mucha convocatoria, mucha sintonía y es una producción chilena que puede ir en un horario prime. Es decir, existen muestras de que la producción local funciona.

Para terminar, lo único que pido a los parlamentarios de gobierno que votarán en contra el proyecto es que en la discusión del proyecto de ley de presupuestos se pongan las pilas con el cine chileno y que rechacen el recorte en cultura, que aprueben que aumente el presupuesto del Consejo Nacional de Televisión y que promuevan con fuerza la idea del canal cultural abierto en Chile.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Pardo .

El señor PARDO.-

Señor Presidente, el proyecto de ley en debate, como tantos otros, tiene un buen propósito; sin embargo, como tantas veces nos pasa, no atiende a la realidad.

Los promotores de la iniciativa olvidan que la situación de los medios de comunicación y del espacio público ha cambiado drásticamente en los últimos años y que nuestros canales de televisión se verán afectados por este proyecto de ley, lo que se sumará al conjunto de cargas que les hemos impuesto a través del tiempo, como la franja política gratuita y el 40 por ciento de producción nacional, entre muchas otras.

Los canales de televisión tributan en Chile de acuerdo con todas las normas vigentes y cumplen con todas la exigencias que en distintos órdenes les hemos impuesto. Además, deben competir con los gigantes digitales que no pagan impuestos en Chile y que captan parte importante de la publicidad que sustenta y financia a nuestros medios de comunicación locales.

Lo que propone este proyecto impondrá una nueva carga para los canales nacionales, que tendrá no solo efectos económicos, en términos de poder financiar y comprar la producción necesaria para cubrir este 25 por ciento o el 40 por ciento de producción independiente, sino que la cantidad de horas que implica ese 25 por ciento también generará un problema práctico y de audiencia que hará aún más difícil la sobrevivencia y la competencia de la televisión nacional con los medios internacionales que hoy, reitero, compiten y ocupan el espacio público.

De más está decir el impacto que esto tendrá en los pequeños canales de televisión de regiones. Se hizo un esfuerzo, que demoró bastante tiempo, para tener la ley de televisión digital terrestre, que da lugar a canales de televisión en regiones. Estos no solo no dispondrán del material, sino que también tendrán que asumir los costos en dinero y en audiencia de esta imposición, que, como dije al principio, tiene un buen propósito, pero que responde a una visión totalmente alejada de la realidad sobre cómo funcionan las audiencias, la sociedad y los medios de comunicación en nuestro país y el resto del mundo.

Anuncio que haré reserva de constitucionalidad sobre este proyecto, y, además, que lo votaré en contra, no porque no me parezca necesario fomentar e impulsar el cine chileno, sino porque considero que el instrumento es totalmente extemporáneo, ajeno a la realidad y generará graves daños a los medios locales -por “medios locales” me refiero a medios chilenos en sus distintos niveles-, que se verán obligados por esta nueva imposición onerosa que les estamos estableciendo sin el criterio ni el conocimiento suficientes acerca de los impactos que tendrá en esa industria.

He dicho.

AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones tuvimos un debate profundísimo sobre este proyecto. Así lo expresaron en forma muy clara el diputado Marcelo Díaz , la diputada Carolina Marzán y el diputado Alejandro Bernales , quienes me antecedieron en el uso de la palabra.

No es que no conozcamos la realidad. La realidad no es una sola. Hay algunos que se creen dueños de la realidad, que tienen el monopolio de la realidad.

En la comisión recibimos a los gremios empresariales, discutimos con los dueños de los cines, llegamos a las mismas conclusiones y aprobamos el proyecto. Esa discusión ya se hizo en comisiones.

Así, pido a los diputados que por lo menos acepten que hay otras maneras de ver las cosas. Por ejemplo, si no hubiesen existido las cuotas para mujeres en las elecciones parlamentarias -me refiero a la igualdad de género-, habríamos tenido muchas menos posibilidades de que hubiera mujeres aquí. Esa es una realidad concreta y no un invento nuestro.

En el cine pasa exactamente lo mismo con las producciones. La desregulación, que algunos pretenden mantener en todos los sistemas, solo favorece la desigualdad que genera. En las cuestiones productivas también. Se ha hecho cine con mucha dificultad. Aquí se ha logrado la manera de promover a los artistas nacionales, a los hombres y mujeres que producen cultura en este país. Pero ello no nace solo del empresariado, que -es una expresión muy entretenida- hace cultura contra los impuestos y contra hacer marketing. Porque además de que se le rebajan los impuestos, el empresariado también hace marketing en favor de sus propias marcas. Esa es la cultura que promueven las empresas. Siento que también debemos pensar eso como una realidad.

La desigualdad que existe en Chile para poder producir es enorme. Hay grandes valores y artistas que no tienen ninguna posibilidad de llegar a los grandes canales y tener exposición, porque eso está regulado por el mercado.

Por lo tanto, les pido que hagamos un esfuerzo en instalar también esa realidad: la desregulación; el mercado libre libre no existe. En las pensiones vemos los daños que produce la desregulación, y en un montón de otras realidades; genera una desigualdad. Es cuestión de recorrer los barrios para verla, salvo que algunos quieran aludir lo que se señaló sobre el agua en días anteriores. En efecto, en una discusión sobre el desastre de Essal se dijo que era suficiente con que todos tuviéramos agua potable, que en Chile todos teníamos agua potable. Está bien; pero el esfuerzo que ha hecho nuestro país para producir la riqueza que tiene ha sido a costa de un montón de trabajadores y trabajadoras, y no es suficiente solo con tener agua potable en casi todas las casas, porque tampoco eso es así en todos los lugares. Sin embargo, eso no les preocupa a los empresarios. Es cosa de ver cómo se mantenían las inversiones que hacían en Essal, en las empresas en Osorno.

Esta es una mirada global. Si miramos globalmente, nos daremos cuenta de que hay que seguir fomentando el cine, porque nos ha dado buenos resultados. En este sentido, las cuotas de pantalla son necesarias desde nuestra realidad -¡por supuesto que sí!-, desde la realidad de los que no tenemos relación con la gran empresa.

Asimismo, hay que dar las posibilidades para que la empresa coopere, haga filantropía, la que finalmente no es tal. Las empresas hacen filantropía, pero obtienen una rebaja de impuestos y, además, logran promover sus marcas. Respecto de las marcas, debemos tener en cuenta sus efectos, pues no necesariamente producen beneficios para las personas. Cito como ejemplo los alimentos que causan obesidad. Además, el Estado lanza campañas muchas veces neuróticas. Por ejemplo, por un lado promueve una mejor salud para todos, y por el otro deja que marcas dañinas para la salud ocupen los espacios públicos.

Entonces, la realidad que plantean algunos no tiene necesariamente una pura interpretación. Entiendo a los diputados de Chile Vamos, del oficialismo, que votarán en contra este proyecto, pero esa es la posición que hemos venido a trabajar aquí para que nuestro pueblo crezca y tenga conciencia. Para que crezca y tenga conciencia debemos poner a disposición el trabajo que desde la cultura hacen los productores y cineastas, los actores y las actrices. Eso es avanzar en el terreno cultural. Ese es el Estado cultural al que tenemos que llegar; ese es el Estado que producirá una relación virtuosa, sana para todos.

Agradezco haber participado en esta discusión en la comisión, donde se dan los debates más ricos, más cercanos a la realidad, porque ahí tenemos los antecedentes. Ahí nos confrontamos cara a cara con los diputados Cruz-Coke, Andrés Celis y Alarcón , y cada uno hizo su aporte al proyecto. Así, la iniciativa llegó a la Sala con una discusión importante, que espero representar hoy con mis palabras.

A lo mejor se pueden presentar indicaciones al proyecto. Pero decir que es absolutamente malo o malísimo me parece que está muy lejos de los análisis de la realidad que estamos viviendo.

Para el cine chileno, para los artistas chilenos, para la cultura chilena, este es un avance realmente importante, potente, así es que vamos a votarlo a favor.

Agradezco a la diputada Carolina Marzán y a los diputados Alejandro Bernales , Marcelo Díaz , Florcita Alarcón y a otros por este avance cultural, que espero se apruebe por unanimidad, ya que significará el desarrollo de lo que llaman “la industria audiovisual”; pero lo que me interesa es el desarrollo de la cultura audiovisual chilena.

He dicho.

Tiene la palabra, señor diputado.

ALARCÓN .- Señora Presidenta, estamos felices porque el cine nacional va a tener una ventana interesante.

El cine nacional ha sido premiado internacionalmente, incluso con premios Oscar .

Todo mi “curso” está feliz con el cine nacional. También Luis Pardo . A él le gusta reclamar, porque cuando era presidente de la Archi reclamó en contra del 20 por ciento, porque creía que no iba a haber producciones. Pero hubo producciones y ahora las radios ponen mucho más música chilena que el 20 por ciento que pedimos. De eso también estamos felices.

Celebro con ustedes este proyecto de ley maravilloso. Me alegro por nuestros videístas, por nuestros documentalistas… En la tribuna está de visita un amigo que es documentalista.

Estamos felices; tenemos que darnos más vueltas con la felicidad que significa darle una ventana en la televisión a nuestros heroicos cineastas. Los dos hijos del ministro de Justicia y Derechos Humanos están haciendo cine, y me hicieron aparecer a mí también.

Esto de que haya un mínimo de pantalla está justificado, primero, porque tenemos amor por lo chileno, por nuestras producciones, que han conseguido muchos premios, como un Oscar, y ahora van a conseguir el apoyo de mis “compañeros de curso”. Ojalá sea por unanimidad. Quiero pedir, por su intermedio, señora Presidenta, la unanimidad al diputado Luciano Cruz-Coke , para que tengamos una bonita ley, apoyada por todo el Congreso Nacional, por todos mis “compañeros de curso”.

Apoyamos esta iniciativa que significa una ventana en televisión para aquellos heroicos constructores de cine chileno.

He dicho.