Labor Parlamentaria

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la portabilidad financiera.

Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo es el señor Joaquín Lavín .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 69ª de la presente legislatura, en miércoles 4 de septiembre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, sesión 95ª de la presente legislatura, en jueves 24 de octubre 2019. Documentos de la Cuenta N° 24.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor LAVÍN (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, vengo en informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en un mensaje de su excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma”, que regula la portabilidad financiera.

La idea matriz del proyecto es modificar diversos textos legales con el propósito de crear y regular un procedimiento de portabilidad financiera que permita otorgar las facilidades necesarias a los consumidores, tanto personas naturales como microempresas y pequeñas empresas, para que puedan cambiarse de proveedores financieros, y así obtener la contratación de productos o servicios financieros en condiciones más favorables con un nuevo proveedor.

En suma, a través del proceso de portabilidad financiera se procura que exista una mayor facilidad para cambiarse de proveedor financiero y que haya más competencia entre ellos, generando así mejores condiciones para el consumidor.

El proyecto no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado.

Fue aprobado en general por unanimidad. Votaron a favor la diputada señora Sofía Cid y los diputados señores Alejandro Bernales , Harry Jürgensen , Joaquín Lavín , Miguel Mellado , Cristhian Moreira , Rolando Rentería , Alexis Sepúlveda y Pedro Velásquez .

El proyecto consta de 31 artículos permanentes y de 3 transitorios.

A través de los artículos 1 al 28 se consagra una nueva institucionalidad que crea y regula la portabilidad financiera.

El artículo 29 modifica la ley Nº 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, para adecuarla a la nueva institucionalidad de portabilidad financiera.

El artículo 30 modifica la ley de timbres y estampillas, y se reemplaza la expresión “Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras”, por la de “Comisión para el Mercado Financiero”.

Mediante el artículo 31 se modifica la ley Nº 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño, en orden a hacer aplicable la ley sobre portabilidad financiera a los actos y contratos celebrados entre los microempresarios y pequeños empresarios y sus proveedores.

En la discusión y votación particular, el contenido del mensaje fue objeto de numerosos cambios consensuados, a través de indicaciones parlamentarias, apoyadas de manera transversal, con miras a mejorar y perfeccionar la propuesta que regula la institucionalidad de portabilidad financiera.

A continuación, se exponen someramente las principales modificaciones introducidas.

En las definiciones, la definición de proveedor establece que no basta con que solo se cumpla con las condiciones para que una institución coloque fondos de manera masiva, sino que esta también debe tener el otorgamiento de crédito como giro.

En la solicitud de portabilidad se explicita que solo el cliente puede presentar la solicitud de portabilidad, y se incorpora un nuevo inciso tercero para efectos de permitir que se solicite el refinanciamiento de créditos rotativos, sin que sea necesario solicitar el bloqueo de dichos productos.

Sobre la contratación de productos y servicios financieros, se mejora el proceso de portabilidad de crédito rotativo, de manera de dar certeza al nuevo proveedor respecto de la deuda total a pagar y de dejar al cliente el menor tiempo posible sin productos, señalando que el nuevo proveedor deberá tener habilitados los nuevos productos a más tardar al día siguiente hábil contado desde la notificación.

Acerca de la portabilidad financiera con subrogación, se adecua la redacción para que no quede duda de que los fondos del nuevo crédito, específicamente los excedentes, pueden usarse para el pago de otros créditos, independientemente del porcentaje que representen dentro del crédito.

Sobre el monto del nuevo crédito, se consagra explícitamente que independiente del límite del monto del nuevo crédito, el cliente y el nuevo proveedor siempre podrán acordar la celebración de créditos adicionales, constituyendo nuevas garantías sobre el bien que garantizaba el crédito inicial. Esto sucederá, por ejemplo, cuando el bien ha aumentado su valor con respecto al valor que tenía en la fecha en que se otorgó el crédito inicial.

Sobre los cargos o derechos, como el monto del nuevo crédito está limitado al capital inicial, nunca podrá considerarse como que hay una modificación -aumento- al capital del crédito. Por lo tanto, nunca se cobrará recargo para el nuevo crédito.

Se agrega un nuevo artículo, que pasa a ser 29, que es una norma de publicidad que obliga a los proveedores a informar a los clientes los derechos y obligaciones que tienen el cliente y el proveedor en un proceso de portabilidad.

En su artículo primero transitorio se rebaja de 120 a 90 días el plazo de entrada en vigencia de esta ley en proyecto.

El artículo segundo transitorio disminuye de 180 a 45 días el plazo para dictar el reglamento que hará operativa esta futura ley.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, el proyecto que nos convoca hoy es sencillo y ha sido muy bien sintetizado en el informe que acaba de leerse.

Básicamente, las personas van a poder cambiarse de banco con mucha mayor facilidad que en la actualidad, con menos trámites, con más rapidez y reduciendo los costos del crédito.

Hoy, más del 90 por ciento de las familias chilenas están endeudadas con algún tipo de instrumento financiero. Las que más sufren son aquellas que no tienen acceso al mercado bancario, por lo que tienen que endeudarse con las tarjetas del retail, es decir, con aquellas que cobran más de diez veces los intereses de una tarjeta bancaria.

Gracias a este proyecto, en pocos días más las personas van a poder llevar sus créditos de consumo, sus créditos hipotecarios y las deudas de su tarjeta de crédito a otros bancos de la competencia, manteniendo las mismas garantías. Ya no va a ser el cuentacorrentista quien va a estar persiguiendo a su ejecutivo para lograr un refinanciamiento de tasas o persiguiendo a su banco para que le dé mejores condiciones, sino que van a ser los bancos los que van a ir a tocarle la puerta al cliente y le van a ofrecer mejores condiciones.

Esto cambia la carga de la rebaja, y todos sabemos lo importante que puede ser para una familia reducir el costo de la cuota mensual. En promedio, una familia en Chile destina el 25 por ciento de sus ingresos a pagar créditos.

Todos habrán leído últimamente en la prensa que, debido a las rebajas de tasas del Banco Central, muchas personas han ido a repactar sus créditos hipotecarios, a bajar su cuota mensual de 300.000 pesos a 220.000 pesos.

¿Cuál es el banco que menos créditos hipotecarios ha repactado? El BancoEstado. Hoy tiene 680.000 créditos hipotecarios, y es el banco que menos créditos ha repactado y el que lo ha hecho más lento.

Las personas que optan a un crédito hipotecario en el BancoEstado no son necesariamente las de más altos ingresos; por el contrario, frecuentemente son aquellas personas que con mucho esfuerzo pagan su cuota, que alcanza al 25 por ciento de sus ingresos, y a veces más.

La modificación de la ley significará que el BancoEstado va a tener que “ponerse las pilas” y salir a bajarles las tasas a sus clientes, porque de lo contrario se va a quedar sin cartera. Los otros bancos lentamente van a levantarles sus clientes con mejores propuestas.

En 2011, cuando aprobamos la portabilidad de los números de teléfonos celulares, las cuentas bajaron un 85 por ciento. Antes, especialmente en los años 90, las cuentas de teléfonos celulares eran extremadamente caras, y había todo tipo de amarres para que uno no se pudiera ir de la compañía.

Estoy seguro de que esta normativa provocará que baje el costo de los créditos y significará un alivio directo no solamente a los 680.000 personas que tienen un crédito hipotecario con el BancoEstado, sino también al 90 por ciento de las familias chilenas que destinan el 25 por ciento o más de sus ingresos al pago de tarjetas, de créditos hipotecarios y de créditos de consumo.

Doy una alerta a los operadores de tarjetas del retail, que, a nuestro juicio, están abusando de sus clientes, pues cobran intereses absolutamente desproporcionados e imponen cláusulas abusivas que no permiten el prepago.

Quiero que el Parlamento entienda, de una vez por todas, que el retail es una industria que debe entrar en la competencia, pero modernizarse. Hoy hay aplicaciones llamadas fintech que permiten buscar financiamiento en otros lugares, más económicos y sin amarres.

¡Viva la competencia, especialmente cuando va en beneficio de los ciudadanos comunes y corrientes de nuestro país!

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, a algunos les sorprenderá la rapidez con que actuó la Comisión de Economía sobre esta materia. Lo hizo porque vio la enorme trascendencia e importancia de este proyecto, partiendo de la base de que las tasas de interés se encuentran en niveles bajísimos. Eso nos motivó a dar al proyecto un trámite excesivamente rápido, porque hay que aprovechar el fondo, significado y objetivo de la portabilidad financiera y hacerla coincidir con las tasas de interés que operan en el mercado.

El objetivo de la iniciativa es facilitar de manera expedita que cualquier persona que mantenga préstamos de cualquier naturaleza pueda buscar nuevas oportunidades o nuevos ofertantes para mejorar las condiciones del crédito que ha solicitado. Hoy, ese trámite no solo es tremendamente engorroso, sino que tiene un alto costo. La gran virtud de la iniciativa es que se facilita el proceso de cambio y, además, permite hacerlo con un costo bastante menor. Claramente, esto es una gran ayuda para los pequeños empresarios, las pymes, los deudores hipotecarios, etcétera.

Por otra parte, se establecen procedimientos bastante sencillos para, por ejemplo, pedir certificados de liquidación a la institución financiera con la cual se tiene deuda, efectuar la solicitud de portabilidad a otra institución, buscar ofertas de distintas instituciones financieras que permitan, de acuerdo a los antecedentes que tengan del solicitante; acceder a un nuevo sistema financiero, aceptar la oferta y contratar los nuevos productos o servicios financieros.

Repito: se ha establecido un procedimiento relativamente simple y claro que permitirá que cualquier persona que a lo mejor no tiene mucha familiaridad con el sistema financiero, haga estos trámites y acceda de manera rápida y sencilla a un crédito bastante más barato que el que tiene hoy.

Hago una sola observación o hincapié respecto de la iniciativa: el proyecto establece un reglamento. Al respecto, todos somos testigos de que muchas veces la elaboración del respectivo reglamento demora seis o siete meses, e incluso más de un año.

Si en paralelo, una vez que el Parlamento apruebe esta iniciativa legislativa, no se despacha rápidamente el reglamento, el proyecto no va a tener ningún sentido y probablemente la portabilidad financiera no va a coincidir con las tasas de interés que hoy operan en el mercado.

Repito: se requiere que el reglamento opere con suma urgencia para hacerlo coincidir con las bajas tasas de interés que hoy operan en el mercado y así facilitar que las personas que hoy se encuentran muy endeudadas y pagando tasas de interés muy altas, accedan a un sistema financiero mucho mejor.

Por todo lo anterior, vamos a aprobar esta iniciativa.

Ojalá que la agenda social que el gobierno pretende impulsar contenga proyectos de esta naturaleza, no iniciativas que no van en la dirección correcta de lo que uno espera aprobar en esta materia.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, aprovechando las cámaras y este hemiciclo, ya que hablamos de economía, y sabiendo que el gobierno hará lo suyo en el Chile que cambió desde hace unas semanas, llamo a los grandes empresarios de este país a hacer lo suyo. Hubo un empresario que dijo que iba a pagar 500.000 pesos como sueldo mínimo. Le diría al señor Luksic que hable con sus contratistas para que paguen lo mismo a sus trabajadores. Lo propio deberían hacer las grandes forestales, los del retail, etcétera. Hay que hacer la parte que corresponde para humanizar a Chile.

Este proyecto permite que cualquier consumidor, microempresa o pequeña empresa que esté interesado en cambiarse de institución financiera o refinanciar sus créditos solicite a la entidad en la cual es cliente un certificado de liquidación que contendrá la especificación de todos sus productos, junto con la tasa, las comisiones aplicables y el valor que se debe desembolsar para prepagar cada uno de los créditos. El cliente podrá solicitar ese certificado online. Con ese documento, podrá cotizar préstamos y productos en otras entidades crediticias. Si estima que otros le ofrecen condiciones más favorables o, por alguna razón, no está conforme con los servicios que ofrece la institución financiera con la cual mantiene créditos, podrá presentar una solicitud de portabilidad financiera a un nuevo proveedor, solicitando la apertura de productos financieros y ordenando -si así lo desea- el cierre de los que mantenía vigentes.

Recibida la solicitud de portabilidad, el nuevo proveedor financiero estudiará los antecedentes del cliente y le entregará una oferta de portabilidad con las principales condiciones de los nuevos productos financieros a contratar y con la especificación de los productos vigentes que el cliente solicita terminar.

El cliente podrá solicitar dicha oferta y, con ello, otorgará un mandato de término al nuevo proveedor para que pague y solicite la cesación de los créditos vigentes al proveedor inicial.

En caso de que el cliente decida cerrar algunos o todos los productos que mantiene vigentes con su acreedor, será el nuevo proveedor financiero el que, a través del referido mandato de término, deberá pagar la deuda con fondos de los nuevos productos y notificar al proveedor financiero del cierre de productos, debiendo este último proceder a ello en el plazo de cinco días hábiles de efectuada la notificación.

¿Cuáles son los beneficios?

Disminución de tiempo.

En la actualidad, cambiar de proveedor financiero resulta un proceso largo y complejo. Primero existe un periodo de cotización o negociación y después sobreviene el proceso de cambio de proveedor, el cual variará dependiendo del tipo de producto y servicios financieros que se pueden refinanciar.

Uno de los productos financieros que toma más tiempo para cambiar es el crédito hipotecario. En la actualidad, cambiar un crédito hipotecario de un banco a otro implica un tiempo aproximado de 75 días hábiles. Ese tiempo contempla, primero, un plazo para entregar el certificado de liquidaciones; segundo, un plazo de negociación entre el cliente y el nuevo banco; tercero, un plazo para que el acreedor realice un estudio de título y tasación; cuarto, un plazo para que el acreedor prepare el borrador de escritura del nuevo crédito; quinto, un plazo para la carta de resguardo; sexto, un plazo para la firma de la escritura, y, séptimo, un plazo para gestionar trámites en el conservador de bienes raíces.

Este proyecto de ley disminuye el plazo para cambiar créditos hipotecarios de un banco a otro, principalmente en lo que respecta al tiempo que implica la carta de resguardo enviada por el nuevo proveedor financiero y los trámites que deben realizarse ante el respectivo conservador de bienes raíces.

La disminución de plazos se produce en virtud de la creación de una figura especial de subrogación, mediante la cual un crédito nuevo subroga a un crédito inicial que se paga, pasando la garantía de este último a beneficiar al nuevo crédito y al nuevo acreedor, para que la referida subrogación ocurre de pleno derecho. Al crear esta figura, ya no se hace necesaria la carta de resguardo, pues el nuevo proveedor financiero ya no necesita comprometerse a pagar la deuda, una vez que alce las respectivas hipotecas, como lo señalan las cartas de resguardo, pues la hipoteca pasará a beneficiar al nuevo proveedor financiero de pleno derecho, desde que se pague el crédito…

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

¡Por favor!

(Manifestaciones en las tribunas)

¡Salgan de la sala, por favor!

(Manifestaciones en las tribunas)

¡Salgan, por favor!

(Manifestaciones en las tribunas)

Voy a suspender la sesión para que desalojen a las personas de las tribunas.

(Manifestaciones en las tribunas)

Tienen todo el derecho a expresarse, pero, por favor, salgan de la sala. Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, me parece insólito que usted, frente a una manifestación pacífica, de manera inmediata, haga sonar los timbres, para que los carabineros desalojen a las personas de las tribunas.

Hasta ahora eso no había pasado. No entiendo por qué, cuando la ciudadanía se está movilizando y aquí vienen personas a manifestar una posición, y lo hacen pacíficamente una sola vez, pero usted, de manera inmediata, ordenó el desalojo.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Diputada Cariola , fue en uso de mis atribuciones.

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, me parece insólito.

Quiero decir que estoy absolutamente en desacuerdo con la decisión que tomó. No corresponde que aquí se trate a las personas de esa manera y que cada vez que haya ciudadanos en las tribunas sean desalojados a la primera oportunidad en que se manifiestan. ¿Qué costumbres se le están pegando, Presidente?

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Diputada, tiene todo el derecho a estar en desacuerdo, pero yo estoy conduciendo la sesión y tengo la atribución de evaluar si esta puede continuar con la intervención de las personas en las tribunas.

-Manifestaciones en la Sala.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Diputado Alinco ,…

El señor ALINCO.-

¡Pero déjeme hablar, señor Presidente!

¡La costumbre que tienen los famosos secretarios de empezar a cuchichear enseguida!

Mis asesores están inscritos, son funcionarios de este Congreso y no los dejan estar en las tribunas.

Además, solidarizo con lo que dijo la diputada Karol Cariola . ¿Cómo es posible que una persona aplauda, dé un par de gritos y enseguida se tenga que ir de las tribunas? ¡Supuestamente, este es el templo de la democracia! ¡A dónde vamos a llegar!

Chile se está despedazando y usted está preocupado por este proyecto.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Señora diputada, si se refiere a la salida reciente, fue público y notorio que la di yo.

Ahora, si se refiere a la decisión sobre la presencia de los asesores en las tribunas, fue tomada por el Presidente en la sesión anterior respecto de esta y de las sesiones sucesivas. Yo ya he dado mi opinión.

Para terminar con su intervención, tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, agradezco que haya puesto orden en la Sala.

Este proyecto va en directo beneficio de la gente que está endeudada en distintos lugares de Chile, tanto si ha comprado un vehículo y quiere traspasar la deuda a un banco o si tiene un crédito hipotecario en una institución determinada y quiere traspasarlo a otra institución. Estas son las medidas sobre las que tenemos que legislar rápido. Por eso es urgente que aprobemos este proyecto, para que vaya al Senado y finalmente se convierta en ley de la república.

Finalmente, anuncio que aprobaremos este muy buen proyecto.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, sin duda, hoy el cambio de gabinete demuestra dos cosas claras: había que hacer cambios en lo político-institucional y en lo que se ha conversado sobre avanzar hacia una nueva Constitución. Se requieren cambios institucionales, se requiere dar señales desde el Congreso, como bajar las dietas y disminuir las reelecciones; incluso, algunos señalan que es necesario volver al voto obligatorio. Hay muchas propuestas que, sin duda, son necesarias.

Y también, por cierto, se requieren cambios en lo económico, porque este gobierno claramente estaba equivocado. Se necesitaba una mirada especial en lo que también han denunciado muchos y que tiene que ver con los abusos, con la colusión y con la concentración económica.

Este proyecto quizás venía leyendo, en cierta medida, lo que sentía la gente. Desde ese aspecto, lo valoro, porque no solo está pensado para las personas, lo que es muy importante, sino también para las pymes, que es un espacio donde la bancada de la Democracia Cristiana ha querido poner el acento. Se estaba pidiendo a gritos que las pymes también fueran consideradas en la portabilidad.

Estamos ante un proyecto, iniciado en mensaje y presentado en septiembre de este año, cuya tramitación se realizó en forma bastante rápida. Por ello valoro lo que hizo la Comisión de Economía.

Ahora, el proyecto busca facilitar el cambio de créditos entre una institución financiera y otra, de acuerdo con la conveniencia de los usuarios, ya sean personas naturales o pequeñas o microempresas, de manera que puedan abaratar y ordenar sus obligaciones crediticias. En principio, esto me parece una buena noticia, pero es más complicado que presentarlo como si se tratara de la portabilidad de un número telefónico o de una línea de celular. En el proceso de transferencia entre una fuente de financiamiento y otra hay un costo que aún no se conoce. Se nos dice que en la actualidad este tipo de transferencia tiene un costo promedio de 600.000 pesos y que demora dos meses y medio. Con las nuevas normas, se reducirían los costos y los tiempos, pero no se sabe con certeza cuál es el ahorro que se obtendría. ¿Por qué? Porque sabemos que existe una caja negra que tiene que ver, una vez más, con los abusos, en este caso de las notarías y de los bancos en relación con los trámites, los procedimientos y la burocracia. Es a ello a lo que también debemos apuntar.

Sabemos que dos tercios y más de los hogares chilenos mantienen alguna deuda y que su pago consume entre el 25 y el 50 por ciento de los ingresos familiares. Si esta iniciativa ayuda a reducir esta situación de angustia que viven tantos de nuestros compatriotas, bienvenida sea. Pero si se trata de perpetuar la condición de endeudamiento de las personas, habría que buscar la forma de garantizar que se cumpla efectivamente con el rol social que deben tener las leyes, especialmente en el marco del descontento popular por las desigualdades al interior de nuestra sociedad. En este sentido, llama la atención que el proyecto reserve a un reglamento posterior la facultad de establecer condiciones y requisitos adicionales -lo dijo el colega Naranjo - a los que se señalaban en este cuerpo legal. Con los reglamentos no hemos tenido la mejor de las experiencias, pues muchas veces han sido elaborados a espaldas del Poder Legislativo. Tenemos que ser específicamente cuidadosos en esta materia, con el fin de no generar expectativas para después, con una ley que intenta ser buena, defraudar a los consumidores, porque en el reglamento y en las medidas administrativas se abusa de esa facultad. Por ello, debemos ser cuidadosos, especialmente en un aspecto tan delicado como es el endeudamiento de las personas y de las mipymes.

Se han tratado de hacer cosas positivas en esta línea, como el proyecto que presentó el senador Ossandón , que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito, que hoy está en la Comisión Mixta. Llevamos casi tres meses paralizados en esa instancia, porque no hemos podido sacar adelante el proyecto. Si bien contiene elementos positivos, hoy existe la posibilidad de que un juez decida que no se pague, porque basta con que se presente o se diga que se tiene alguna posibilidad de alguna prueba, sin presentarla, y no hay una decisión de un juez que lo acredite. Solo basta que el banco diga que no va a pagar. Ese es otro asunto que debemos revisar.

En relación con el proyecto en discusión, obviamente lo voy a apoyar. Creo que hoy tenemos muchas más posibilidades de revertir esa desconfianza que hoy nos está señalando la gente en las calles y cuya solución pasa también por medidas económicas.

Por ello, celebro que se haya cambiado al ministro. Espero que pueda entender cuáles son las prioridades: romper la desconfianza, eliminar la concentración económica, la colusión y la desigualdad económica, sobre la base de dar mejores y más funciones a la superintendencia, pero a una superintendencia que realmente proteja los intereses de los consumidores.

Por lo tanto, anuncio que voy a apoyar este proyecto, pero voy a estar expectante, porque en cualquier espacio de este mismo Congreso las leyes se desvirtúan -por eso la gente no cree-, como también sucede en el espacio del Poder Ejecutivo.

Es un compromiso país sacar mejores leyes, tanto desde el Congreso como también desde la autoridad de gobierno en lo administrativo.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Molina .

El señor MOLINA.-

Señora Presidenta, lo que propone esta iniciativa es una gran noticia para nuestra clase media. Por eso, en nombre de Evópoli, agradezco al Presidente de la República que haya hecho presente la urgencia de “discusión inmediata”. Lo digo, porque en la última conversación que sostuvimos con él, hace aproximadamente un mes y medio, planteamos una serie de medidas en materia financiera que considerábamos urgentes.

Una de las aristas del proyecto, entre varias que contiene, obligará a los bancos a dejar la comodidad de que gozan en la actualidad y tener que comenzar a competir para ofrecer mejores garantías a sus clientes.

La industria de la banca está conformada por catorce o quince actores, pero curiosamente todos ganan, a todos les va bien. La explicación técnica de esa situación es que el país de esa manera tiene estabilidad.

También se señala que como esta es una industria que sufrió, que tiene un pasado que obligó al Estado a reaccionar y a tener que pagar para ir en su ayuda, el precio de esa estabilidad normalmente la pagan los más necesitados, los más vulnerables, aquellos que durante estos días se han manifestado. Ellos son los que han estado pagando la estabilidad que explica que todos los bancos ganen y que no podamos someterlos a una situación que les genere algún tipo de problema o de estrés.

Lo que propone este proyecto es muy positivo, puesto que permite ir en ayuda de los consumidores mediante el establecimiento de normas que facilitarán a las personas y a las microempresas y pequeñas empresas cambiar de un proveedor de servicios financieros a otro. Para ello se dispone, entre otras cosas, la emisión de un certificado de liquidación para término anticipado regulado según las normas sobre protección de los derechos de los consumidores.

Por lo tanto, la estructura que se propone a través de esta iniciativa permitirá que los créditos hipotecarios no se encuentren cautivos en una entidad bancaria.

Debido a la imposibilidad de movilidad de los clientes, los bancos, en muchos casos, les prestan plata a corto plazo, con tasas muy altas, mecanismo a través del cual, a mi entender, se les provoca el mayor daño, porque las diferencias que se producen son enormes. Así, por ejemplo, si alguno de nosotros solicita a un banco un crédito a treinta días, este seguramente se lo otorgará con un interés mensual que puede llegar incluso hasta el 0,25 por ciento, pero a un ciudadano que se encuentra de la puerta de esta Sala para afuera, el banco le va a prestar a una tasa de interés mensual muy distinta, que tal vez puede llegar al 1,6 por ciento. Es decir, estamos hablando de diferencias, por el mismo producto, que en algunos casos puede alcanzar, aproximadamente, hasta el 700 por ciento, lo que constituye una vergüenza.

¿Por qué sucede eso? Porque muchos bancos prestan a corto plazo porque cuentan con la garantía hipotecaria, con lo cual terminan, por decirlo de algún modo, de matar a los clientes.

Lo que propone este proyecto permitirá a las personas facilitar el cambio de institución financiera y negociar sus créditos hipotecarios con la entidad bancaria que les resulte más conveniente.

La realidad financiera de muchas familias de nuestro país representa un problema grave. Tal como aquí se ha dicho, el dividendo de un crédito hipotecario no debiera superar el 25 por ciento del sueldo de una persona, pero como generalmente está llena de otras deudas, como las contraídas con casas comerciales y otros bancos y entidades financieras, lo habitual es que cada persona destine más del 50 por ciento de sus ingresos para el pago de deudas financieras.

El proyecto en debate, que espero cuente con un amplio respaldo para su aprobación, establece un plazo de cuarenta días para la elaboración del reglamento de portabilidad que posibilitará operativizar la ley. ¿Por qué es importante que la iniciativa sea aprobada con prontitud? Porque hoy tenemos las tasas más bajas de la historia de nuestro país, y la pronta entrada en vigencia de la ley permitirá a muchas personas de clase media facilitar el traslado de su crédito a una entidad financiera que le ofrezca mejores tasas, una cuota más baja o efectuar una renegociación con su actual banco con mantención de la cuota y la inyección de recursos frescos. Así, al ir a pactar con alguna entidad bancaria puede recibir algunos recursos, que quizás no son tan pocos, y seguir pagando la misma cuota, con el mismo plazo, porque la tasa de interés bajó, o puede bajar su cuota y mantener el mismo crédito, el mismo monto.

En consecuencia, creo que es muy importante lo que propone este proyecto, porque a partir de su entrada en vigencia serán los clientes los que comenzarán a presionar a los bancos que los han apretado toda la vida. Por lo menos, vamos a hacer que esa persona se siente frente al ejecutivo y le diga: “Bueno, señor, ahora le toca a usted bajarse algún tipo de vestimenta al frente mío.”.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señora Presidenta, este proyecto, presentado por el ministro de Hacienda, señor Larraín , que hoy ha dejado su cargo, es especialmente importante para la clase media del país, porque tiene por objeto terminar con los impedimentos de que es objeto mucha gente que es cliente de un banco y que desea cambiarse a otro que otorga créditos hipotecarios con tasas de interés más bajas. Esta iniciativa ayudará a las personas a efectuar el cambio de institución financiera, porque al eliminar las reglas establecidas facilitará la tramitación respectiva, terminará con las largas esperas y disminuirá los costos.

En resumidas cuentas, este proyecto hará posible que los ciudadanos puedan vitrinear, por decirlo de algún modo, entre los distintos bancos, a fin de determinar cuáles son los que ofrecen mejores condiciones, mayores plazos y menores intereses en los créditos hipotecarios y de consumo, entre otros productos.

Eso se puede lograr cuando existe voluntad política para hacerlo, tal como lo demostró el anterior ministro de Hacienda, quien colaboró personalmente para que este proyecto fuera tramitado con rapidez.

Los distintos expertos que concurrieron a la comisión técnica en que se trató la iniciativa compartieron que era necesario que la banca tuviese movilidad, con el objeto de que se iniciara una especie de competencia.

¿Qué quiero rescatar de este proyecto? Que dependerá de cada uno decidir a qué banco se cambia si tiene un crédito hipotecario. En ese sentido, sería muy importante que la misma facilidad que se propone establecer la pudiésemos incorporar en otras instituciones, a fin de que, por ejemplo, la gente tuviera la facilidad de cambiarse de un sistema previsional a otro. ¿Por qué no se puede lograr algo así? ¿Por qué no puede también haber voluntad política para abordar otras materias muy sensibles, respecto de las que el país entero está haciendo un llamado para repensar?

En ese ámbito, quiero destacar que los diputados integrantes de la Comisión de Economía, prácticamente por unanimidad, nos fuimos poniendo de acuerdo en aquella letra chica que era interesante sacar, a fin de dejar un proyecto lo más limpio y transparente posible, y que fuera beneficioso para todos los chilenos.

Hay algo que quiero compartir con uno de nuestros parlamentarios, el diputado Alessandri , en el sentido de que el Banco del Estado, que es el banco del Estado, hoy se rige como un banco más de los tantos que hay y, por tanto, hay que hacerle profundas y necesarias modificaciones.

Ojalá que los nuevos ministros de Economía y de Hacienda puedan entender que Chile necesita un Banco del Estado cuya principal función sea la reactivación de las pymes y los emprendedores, que preste dinero a bajos intereses y que no preste, como ha ocurrido en el pasado, grandes cantidades de dinero, millones de dólares, a empresarios como los Luksic, mientras a los más pequeños les dilata los créditos y no les entrega el dinero que requieren para poder crecer.

Hoy se trata de un Banco del Estado cuyas sucursales, de norte a sur, son cada día más pequeñas por la gran cantidad de tarjetas CuentaRUT existentes y no tienen las comodidades suficientes. Se trata de un Banco del Estado que está haciendo agua en muchos aspectos. Por lo tanto, es conveniente y necesario modificar esta legislación por la cual los chilenos nos vemos, obligadamente en algunos casos, a concurrir a él, mientras que otros bancos, muy parecidos a las clínicas, cuentan con una serie de comodidades y beneficios que no entrega la institución bancaria creada con el objetivo de servir a los chilenos, a aquellos que tienen menos posibilidades de acceder a créditos, lo que no se ha logrado.

Por lo tanto, esperamos y confiamos que los nuevos ministros presenten pronto un proyecto para modificar no solo el sistema económico, sino, por cierto, también al Banco del Estado, que hoy cobra por cada retiro de dinero con las tarjetas CuentaRUT, de 300 a 600 pesos, dependiendo del número de veces que se hagan retiros de las respectivas cuentas por esa vía, situación que afecta especialmente a la gente de los sectores más modestos.

En consecuencia, vamos a aprobar este proyecto.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Cito a reunión de Comités sin suspensión de la sesión.

Tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales .

El señor BERNALES.-

Señora Presidenta, este proyecto, como bien se ha señalado, fue trabajado rápidamente en la Comisión de Economía.

Desde ahí, y hablando a la ciudadanía, en el contexto en que estamos, señalo que todos los parlamentarios hemos trabajado incansablemente para tener una serie de agendas relacionadas con la protección de los derechos de los consumidores. Por eso, hace muy pocas semanas aprobamos el proyecto proconsumidor, al cual los parlamentarios de oposición hicimos indicaciones y lo mejoramos, por ejemplo, tocando la industria automotriz, las líneas aéreas, el retail, para acabar con los abusos que cometen contra los consumidores. A la vez, estamos tramitando la iniciativa que elimina el seguro antifraude, que hoy se encuentra en trámite de Comisión Mixta y es importante que llegue rápido de vuelta la Cámara de Diputados. Dicho proyecto busca eliminar tales seguros y ver el tema de los fraudes con tarjetas de crédito.

El proyecto que estamos discutiendo hoy, de portabilidad financiera -lo han dicho algunos colegas-, no solo toca a los bancos, sino que también trata la posibilidad de mover los créditos que una persona tiene, que pueden ser hipotecario, de consumo, automotriz u otros.

En la comisión repetimos incansablemente que hoy las chilenas y los chilenos vivimos ahogados por las deudas. El 66 por ciento de los hogares chilenos tiene deudas, y muchas de ellas, que corresponden a créditos, se van en el pago de intereses y amortizaciones de la banca.

Además, este proyecto no solo nos favorece a todas las personas, sino que también incluye a las pymes, que nos pidieron poner especial atención en apurar su tramitación. Ello, porque hoy muchas pymes ven que, por ejemplo, uno de sus créditos que tienen en un banco les convenía tomarlo con la tasa de interés del banco de al lado, pero las amarras y las dificultades que ponen dichas entidades para que la gente pueda salirse de ellas hacen muy complejo el cambiarse de una institución financiera a otra.

Esta iniciativa, en palabras sencillas, busca generar mayor facilidad, menos trámites y menores costos para los usuarios a la hora de cambiar de banco.

¿Cómo se hará eso? De una manera también muy simple: el banco entregará al cliente un certificado de liquidación, que hoy se consigue solo de manera presencial, pero que con la ley en proyecto será posible pedir a través de internet. Con ese certificado, el cliente podrá ir a otra institución financiera para que le haga una propuesta y se lleve los respectivos créditos.

Se ha dicho que las tasas de interés hoy están muy bajas. Por lo tanto, es importante acelerar la aprobación de este proyecto para que las personas tengan el beneficio de poder cambiar sus créditos de un banco a otro.

Lo más importante en relación con los bancos -en verdad hemos sido muy duros con los bancos- es hacer que se abran a competir. No puede ser que uno se haga cliente de un banco y que después le sea tan difícil salir de él.

Parlamentarios de distintas bancadas han dicho que el rol de BancoEstado debe volver a ser el de antes: el banco para las chilenas y los chilenos; no puede ser que tenga tasas de interés más caras que otro tipo de bancos.

Por lo tanto, lo que hará este proyecto es que entre bancos, entre otras instituciones financieras, puedan ir ofreciendo mejores tasas y productos a sus clientes; en el fondo, que compitan, tal como lo hizo la industria de telefonía. Cuando se estableció la portabilidad numérica se generó una disminución en el costo de los planes porque, al ver las ofertas de las diferentes empresas, las personas empezaron a cambiarse de compañía muy rápidamente y de manera sencilla. Esta iniciativa busca justamente hacer eso con los proveedores financieros.

Se trata de un proyecto sencillo, pero importante para los ciudadanos, porque una vez convertido en ley les permitirá cambiarse de banco con rapidez, de manera simple y, además, a menores costos. Al respecto, muchos de los costos -aquí se viene otro gran tema que hemos conversado acá y en el que debemos seguir profundizando- tienen que ver con los cobros de los notarios. Hoy es muy caro, y depende del crédito hipotecario que uno tenga, si es posible cambiarse de institución acreedora. Esa puede ser una razón para no cambiarse de una institución financiera a otra.

Finalmente, algunos podrían decir -también lo discutimos bastante en la comisión- que los clientes ya hacen el cambio de un banco a otro. Este proyecto regula cómo se hará dicho cambio, facilitando las reglas para que sea en forma eficiente, con menos trámites y a menor costo.

He dicho.

-Aplausos.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Meza .

El señor MEZA.-

Señora Presidenta, honorable Sala, estamos discutiendo el proyecto de ley sobre portabilidad financiera.

¿De qué se trata esto? Lo diré para que lo entienda la mayoría de los ciudadanos: se trata de dar a la gente que tiene un crédito -sobre todo, hipotecario, al que me referiré- la posibilidad de elegir, de arrepentirse de la entidad financiera con que está trabajando porque le cobra demasiados intereses, y cambiarse a otra con intereses más bajos.

Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto de ley que, en alguna medida, aliviará la vida y el bolsillo de la gente que hasta hoy, como hemos visto en las últimas semanas, ha manifestado su tremendo dolor, su gran desesperanza, su frustración, su indignación por las situaciones que todos y todas hemos permitido que escalen hasta los niveles que conocemos.

Por cierto, los bancos han hecho su agosto de manera permanente en Chile. Hace un momento, alguien dijo en la Sala que en el pasado hubo necesidad, incluso, de ir en auxilio de la banca chilena, para sacarla de la crisis en la que estaba sumida, y eso lo pagamos todos los chilenos y chilenas, no obstante lo cual la banca no se ha cansado de estrangular económicamente al pueblo de Chile.

Este proyecto permite agilizar los trámites para, por ejemplo, cambiar de banco el crédito hipotecario que uno tiene, proceso que hoy tarda entre ochenta y noventa días.

Ahora que las tasas están bastante bajas, la gente de la clase trabajadora podrá elegir el banco que mejor atienda su bolsillo. Es increíble cuánta falta hace tener una casa cuando se tiene una familia. Esto aliviará los trámites y dará la posibilidad de pagar menos por un crédito hipotecario.

Pero eso no es todo; esta iniciativa también servirá para aquellas personas que tienen otros tipos de créditos, como aquellos con financieras automotrices.

Aprovecho este momento para levantar mi voz, una vez más, en contra de los abusos tremendos que cometen las cajas de compensación. Llevo muchos años en esta Corporación, para bien o para mal, y desde el primer día he criticado a las cajas de compensación, que han hecho uso y abuso del bolsillo de nuestros adultos mayores, a los que les entregan 200.000 pesos y les cobran 500.000, o entregándoles 500.000 pesos y les cobran un millón y medio.

De esa manera los están esclavizando económicamente. Muchos de ellos fallecen sin poder pagar sus deudas y, en algunos casos, sus familias heredan esos compromisos.

Buscamos mejorar la vida de las personas, por lo cual también me referiré al tema de las AFP, que han usufructuado de la gente. Cuando llegué acá, había un estudio que decía que las AFP ganaban 400.000 millones de pesos anuales, solo por concepto de intereses, y esa es una situación que se ha ido incrementando en forma desmesurada.

¿Por qué al jubilarse una persona no puede hacer lo que está pidiendo el diputado Fidel Espinoza , al igual que decenas de otros parlamentarios: que un jubilado o jubilada por el sistema de AFP pueda retirar, al menos, el 30 por ciento de sus dineros al momento de jubilar? Esos son dineros propios con los cuales podría cumplir un sueño, como iniciar su propio emprendimiento, satisfacer algún apetito personal, un viaje, un regalo para su familia o vivir de forma más digna los años que Dios quiera darle en este mundo. Son cosas que van directamente al corazón de los problemas que tiene la gente.

Por cierto, vamos a rebajar nuestra dieta. Se ha mentido incansablemente sobre los dineros que recibimos, sobre todo por los medios de comunicación, tanto los escritos como los audiovisuales. Es verdad que recibimos 6 millones y tanto de pesos líquido todos los meses, pero hace unos días El Mercurio publicó que ganábamos alrededor de 17 millones de pesos.

Se dicen muchas mentiras y se exacerba el odio y la molestia contra los parlamentarios, que se han acrecentado por parte de la ciudadanía, porque se ha mentido en torno a las funciones que realizamos, por lo que quisiera que la rebaja de nuestra dieta la realizara una comisión externa, que estudiara bien cuánto tiene que ganar el Presidente de la República, los ministros y todas las altas autoridades públicas, incluidos, por cierto, los parlamentarios.

Las peticiones de la ciudadanía referente a pensiones, salud, educación, vivienda debieran plasmarse en una nueva Constitución, que termine con este Estado de neoliberalismo exacerbado, que nos tiene a todos muy preocupados. Necesitamos un plebiscito, con el que estamos de acuerdo. No entiendo por qué acá se empieza a promover y a aplaudir el tema de la nueva Constitución, con la que estamos practicante todos de acuerdo. ¡Tenemos que hacerlo!

Por lo tanto, es hora de sentar bien la cabeza, enfriar los ánimos, pensar en que tenemos una gran responsabilidad y actuar en ese sentido, para salir de esta crisis con medidas como la portabilidad financiera, que vamos a aprobar.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Aprovecho este instante para saludar al ministro Felipe Ward Edwards , quien hoy ha sido nominado como nuevo ministro de la cartera Secretaría General de la Presidencia.

¡Bienvenido a la Cámara de Diputados, señor ministro!

(Aplausos)

Tiene la palabra el diputado Enrique van Rysselberghe Herrera .

El señor VAN RYSSELBERGHE.-

Señora Presidenta, en su momento, la portabilidad numérica, convertida en ley durante el primer gobierno del Presidente Piñera, permitió a las personas ser dueñas de sus números telefónicos, aumentando considerablemente la competencia entre las distintas empresas del rubro, con lo cual se produjo una disminución sustantiva en los precios de los planes de telefonía móvil, pues las empresas se vieron obligadas a ofrecer mejores alternativas y promociones a sus clientes.

Fue con ese mismo espíritu que el gobierno ingresó el proyecto de ley en discusión, con el genuino impulso de su gestor y promotor, Felipe Larraín , nuestro exministro de Hacienda, para permitir a los consumidores cambiarse de banco o institución financiera de forma simple, rápida y con menos costos.

Desde otro punto de vista, esta iniciativa no puede haber llegado en mejor momento, considerando las bajas históricas que presentan las tasas de interés.

Teniendo en cuenta los acontecimientos que se han producido en los últimos días en nuestro país, esta futura ley beneficiará directamente a los chilenos. ¿Cómo lo hará? La portabilidad financiera traerá varias ventajas, entre las cuales quisiera destacar las siguientes:

Primero, personas y pymes podrán solicitar online, ya no en forma presencial, un certificado de liquidación, para cotizar productos en otras entidades bancarias.

Segundo, si el cliente se cambia de banco, podrá cerrar sus productos, otorgando un mandato a la nueva institución, desligándose de trámites engorrosos y malos ratos, trámites de los que se ocupará el banco al que se cambiará.

Tercero, disminuirán los gastos operacionales ante notarios y conservadores. Por ejemplo, si una persona contrata un crédito de 1.033 UF, cercano a las 29 millones de pesos, el costo de los conservadores pasará de aproximadamente 270.000 pesos a alrededor de 2.000 pesos, y el de los notarios bajará de 77.000 a 5.000 pesos, aproximadamente.

Cuarto, facilitará el refinanciamiento de todo tipo de créditos, con lo cual aliviará de manera importante el presupuesto de las familias, hoy altamente endeudadas y muchas de ellas morosas.

Por último, en cuanto a la reducción de tiempos, el plazo para poner término a los productos bajará, en promedio, de 10 a 5 días hábiles. En general, en todo el proceso habrá un ahorro importante de tiempo.

En síntesis, este es un gran proyecto, que beneficiará a los chilenos y cuya pronta aprobación es imprescindible para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Así, votaré a favor de este mensaje e insto a los colegas presentes a hacerlo de igual forma.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger Fett .

El señor BERGER.-

Señora Presidenta, tal como señalan los fundamentos de este proyecto, la gran mayoría de los chilenos viven endeudados y casi el 97 por ciento de la población adulta del país mantiene, al menos, un servicio o producto financiero.

Una forma de obtener ventajas comparativas en el mercado financiero es precisamente facilitando la portabilidad, ya que hasta ahora consiste en un procedimiento largo y engorroso.

No es ningún secreto que más de la mitad de las personas que mantienen créditos está dispuesta a cambiarse de institución financiera, en particular ante una mejor oferta respecto de intereses o comisiones, o en razón de beneficios o calidad del servicio prestado.

Las deudas son uno de los productos financieros más críticos para los hogares chilenos, que representan casi el 66 por ciento del total, y constituyen una carga más que relevante en el presupuesto familiar, sobre todo para las familias de clase media.

Por otro lado, las pymes de Chile representan también un sector importante del país, que se ve forzado a endeudarse para continuar el ruedo comercial y cumplir con todas las obligaciones de pagos y cotizaciones sociales a sus trabajadores, sobre todo en un mercado en que los pagos, a pesar de la nueva ley del pago a 30 días, continúan teniendo un plazo superior a los 90 días.

Por lo tanto, el refinanciamiento de créditos es uno de los principales mecanismos a través de los cuales los hogares y las pequeñas y microempresas pueden planificar y organizar sus finanzas, así como también beneficiarse de las disminuciones que pueden presentarse respecto del costo de los créditos con otros proveedores que otorguen mejores ofertas crediticias.

Espero que este proyecto sirva para que las familias logren desahogarse de sus deudas. He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señora Presidenta, saludo al nuevo ministro Felipe Ward.

¡Qué buena noticia poder discutir y votar hoy este proyecto!

Cuando se implementó el proyecto de portabilidad numérica -vale recordar a ese gran ministro que fue Pedro Pablo Errázuriz -, las personas se convirtieron en dueñas de sus números telefónicos.

Quiero recordar que hasta ese momento el número telefónico era propiedad de las compañías y no del cliente, y si eventualmente uno perdía su teléfono o decidía cambiar de compañía, no le quedaba otra opción que cambiar el número telefónico, con todos los problemas que ello implicaba, sobre todo en una sociedad en la cual ocupamos el aparato telefónico para funciones que van mucho más allá de las llamadas telefónicas.

Ese hecho produjo una reacción enorme en el mercado, lo que permitió que los planes de telefonía móvil bajaran su valor y que el soberano finalmente ya no fuera la compañía telefónica, sino el usuario.

¿Qué puede ir más en la línea de lo que hoy nos está pidiendo la ciudadanía que tratar de empoderar al usuario y terminar con el monopolio que ejercen las instituciones crediticias? Hoy los clientes están cautivos de un crédito hipotecario, de un crédito de consumo, de una tarjeta de tienda de retail, etcétera.

¿Qué significa portabilidad financiera? Desde hace mucho tiempo veníamos pidiendo este proyecto, insistentemente, al entonces ministro Felipe Larraín . La portabilidad financiera tiene efectos concretos y evidentes. Hoy, el endeudamiento de las familias alcanza a cerca de 73 por ciento de su ingreso disponible. Más del 25 por ciento del salario de una persona de menores ingresos se destina exclusivamente al pago de deudas y muchos consideran el cupo de una tarjeta o de una línea de crédito como un activo, como parte de su patrimonio.

Por lo tanto, se hace necesario introducir mayor competencia en este mercado financiero, porque eso permite ir en la línea de evitar los abusos que millones de chilenos denuncian día a día, y por lo que tantos compatriotas se expresaron la semana pasada en las calles.

¿Cuántas veces nos ha sucedido que nos cobran algo que no sabemos a qué corresponde? ¿Cuántas veces, aprovechando una baja en las tasas, hemos a tratado de cambiar las condiciones de un crédito y no lo hemos podido lograr porque los trámites lo hacen imposible? La ciudadanía termina pagando altas tasas de interés porque no puede tomar la mejor oferta que se genera a partir de la mayor competencia entre los bancos. Así, finalmente, los clientes terminan siendo rehenes del crédito que han adquirido.

Mientras exista más y mejor competencia, vamos a tener un mercado financiero más sano, más abierto y más competitivo. Hoy, una familia que pide un crédito de consumo, un crédito hipotecario o que se endeuda con cualquier otro tipo de instrumento financiero queda atrapada por ese crédito, incluso, en algunos casos, de por vida.

Los costos de los notarios, de los conservadores de bienes raíces y la miríada de trámites burocráticos que hacen imposible o muy difícil negociar el crédito y acceder a mejores condiciones financieras se van a ir terminando. Incluso, en los tiempos que corren, en que las tasas de interés son bajas, no han sido muchas las familias que se han beneficiado de ello, en general, o lo han hecho quienes conocen mejor el sistema bancario o financiero. No puede ser que cada vez que se solicita un crédito hipotecario en mejores condiciones las personas tengan que presentar hasta una fotocopia de los intestinos.

¿Cómo el proyecto permite acceder a este beneficio? Primero, se saca al banco inicial de la ecuación, permitiendo, tal como se hizo en el mercado de los teléfonos, que la relación del deudor sea con el banco al cual quiere cambiarse. Obligar a los consumidores a pedir los antecedentes de deuda total al banco, casi como si les estuvieran haciendo un favor, permitía que este pusiera una serie de trabas para impedir o restringir el cambio de banco.

Otro cambio fundamental es eliminar los cobros y requisitos de trámites notariales y ante el conservador de bienes raíces. Este tipo de costos, en la práctica, compensaba cualquier beneficio de una mejor tasa de interés. Todas las mejoras financieras, entonces, disminuían por el costo que había que pagar en un abogado y en trámites asociados a la portabilidad de ese crédito; por lo tanto, este proyecto también se complementa con la reforma al sistema de notarios.

Gracias a esta reforma no va a pesar ni en el nuevo banco ni en el deudor el deber de inscribir las garantías en el Conservador de Bienes Raíces, ya que no será necesario hacer el estudio de título, con los cambios que se van a implementar en el folio real.

En nombre de nuestro partido, agradezco a los exministros de Economía y de Hacienda que hoy han dejado sus cargos, porque tomaron la propuesta de Evópoli, la volvieron una prioridad para este gobierno y le dieron la urgencia legislativa, para que podamos aprobar hoy, ojalá por unanimidad, este muy buen proyecto.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito Hasbún .

El señor BRITO.-

Señora Presidenta, de acuerdo con el Informe de Inclusión Financiera en Chile de 2019 de la Comisión para el Mercado Financiero, el 97 por ciento de la población adulta del país mantiene al menos un servicio o producto financiero.

Los hogares chilenos tienen una deuda que equivale al 73,3 por ciento del ingreso disponible, superior en 3,2 puntos porcentuales al cierre del año anterior; es decir, va en aumento. No sé si han ponderado bien este dato: ¡el 73 por ciento del ingreso disponible! ¡La mitad de las trabajadoras y de los trabajadores chilenos no gana más de 400 lucas al mes, y el 73,3 por ciento de sus ingresos los destina a pagar deudas!

Algunos parlamentarios señalaron que más competencia iba a solucionar este problema, pero en realidad se le está dando un analgésico para aliviar un síntoma, pero el origen de la enfermedad es otro.

Este sistema se sostiene de manera tremendamente violenta. Ahora mismo todos nosotros estamos sintiendo ese gustito a lacrimógenas que entra por algunas ventanas de este edificio, cuando la primavera de Chile se está dando hace días en las calles. El Instituto Nacional de Derechos Humanos reconoce, al menos, más de 1.132 personas heridas en los hospitales, producto del actuar de agentes del Estado: 40 por balas, 300 por tiros de escopeta, 400 más por otras armas. ¿Eso no es suficiente para llamar la atención de esta Sala? ¡Y nosotros estamos hablando de portabilidad financiera! ¡Qué indolencia se siente en este espacio!

Para muchos fue violento lo que ocurrió recién en esta Sala, cuando fueron desalojados de las tribunas los representantes de la Mesa Social por la Salud de Valparaíso, que esperaban la discusión y votación del proyecto que crea el seguro único de salud, que es la única propuesta que este gobierno le ha dado a la salud pública. Ese proyecto aumenta el financiamiento a las clínicas privadas en desmedro del financiamiento a los hospitales públicos. Cabe hacer presente que, en Valparaíso, desde hace días que no tenemos equipo directivo en el hospital Carlos Van Buren , porque renunció debido a la falta de insumos. Dijeron que no podían hacerse responsables de más muertes.

¿Qué niños han muerto en el hospital Carlos Van Buren ? Amelia, una niña de un año y nueves meses, cuyos papás acaban de ser desalojados de las tribunas. ¿De qué murió? Según el diagnóstico, de neumonía. Pero a Amelia no la mató la neumonía; a Amelia la mató el sistema de salud, el sistema público desmantelado. ¿Y qué podemos hacer para evitar esto? Muchas cosas, pero les aseguro que ninguna dice relación con legislar sobre la portabilidad financiera.

Al igual que Amelia, Ana María Jiménez -la madre de un amigo-, hace un mes y medio, estuvo dando bote en el hospital sin ningún diagnóstico y falleció de hemorragia estomacal. ¿Esto tiene que ver con la portabilidad financiera, con el origen del problema? Por supuesto que sí. Si mi amigo hubiese tenido las lucas, habría ido a una clínica privada y se habría solucionado el problema. Con portabilidad financiera habría pagado mejor la deuda, su mamá estaría con él, no fallecida. Como se ve, el sistema se sostiene de una manera tremendamente violenta.

Propusimos una agenda No Más Abusos -debemos discutirla ahora- para prohibir el cobro por el cambio de los medidores eléctricos. Ese cobro no se facturaba a empresas como Enel, que reporta cifras superiores a 349.000 millones de pesos en utilidades. Esas empresas eran públicas, del Estado de Chile; hoy son privadas.

Cuando usted enciende una ampolleta en Santiago, el 60 por ciento de la utilidad que genera se la lleva el Estado de Italia. Por lo tanto, nosotros estamos subsidiando los programas sociales y la educación pública de Italia. Eso habla muy bien de los italianos, pero muy mal de nosotros los chilenos, los que, llenos de talento y de esfuerzo, no somos capaces de hacernos cargo de nuestros servicios básicos.

Vamos a aprobar el proyecto de portabilidad financiera. Lo hemos revisado y fue trabajado por nuestro diputado Giorgio Jackson ; sin embargo, la iniciativa solo ataca el síntoma. Entre darle una vitamina C y darle un paracetamol a alguien que tiene malestar general, obviamente vamos a preferir darle paracetamol, pero eso no va a solucionar el malestar general. El Congreso puede dar pasos sustantivos en mejorar la vida de la gente bajando costos, cuestión que aún no ha querido hacer el gobierno por medio de este enroque ministerial.

Señora Presidenta, por favor tramitemos ya el proyecto que consagra el derecho al agua como un derecho humano fundamental, el proyecto que baja las tarifas eléctricas, así como otros tantos. Ahora vamos por el plebiscito, que ya está en trámite. No puede ser ilegal en nuestro país que la gente decida.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señora Presidenta, el proyecto de ley que hoy votaremos permitirá que cualquier persona, y también pequeñas empresas o microempresas que estén interesadas en cambiarse de institución financiera, pueda refinanciar sus créditos. Estas podrán solicitar a la entidad de la cual son clientes un certificado de liquidación, el que contendrá la especificación de todos sus productos, junto con la tasa y comisiones aplicables y el valor que deben desembolsar para prepagar cada uno de sus créditos. Este certificado podrá ser solicitado de manera online.

Con dicho certificado, el cliente podrá cotizar préstamos y productos en otras entidades crediticias. Si estima que existen condiciones más favorables o si por alguna razón no está conforme con los servicios de su actual institución financiera, podrá presentar una solicitud de portabilidad financiera a un nuevo proveedor financiero, pidiendo la apertura de productos financieros y ordenando, si así lo desea, el cierre de los productos financieros que mantiene vigentes con su proveedor financiero actual.

Recibida la solicitud de portabilidad, el nuevo proveedor financiero estudiará los antecedentes del cliente y le entregará una oferta de portabilidad con las principales condiciones de los nuevos productos financieros a contratar y con la especificación de los productos vigentes que el cliente solicita terminar. El cliente podrá aceptar dicha oferta y, con ello, otorgará un mandato de término al nuevo proveedor para que pague y solicite el término de los créditos vigentes con el proveedor financiero inicial.

En caso de que el cliente decida cerrar alguno o todos los productos que mantiene vigentes con su actual acreedor, será el nuevo proveedor financiero el que, a través del referido mandato de término, deba pagar con los fondos de los nuevos productos contratados y notificar al proveedor financiero inicial respecto del cierre de productos, debiendo este último proceder al cierre de productos antes de que se cumplan cinco días hábiles de notificada la decisión del cliente.

El proyecto de ley además crea una figura especial de subrogación, que consiste en que un contrato de crédito se reemplaza por otro, eliminando así gran parte de los costos asociados a la constitución de nuevas garantías. Esto es muy relevante para todo tipo de créditos garantizados con algún bien, especialmente para los créditos hipotecarios.

Señora Presidenta, según el informe Estudio comparado el futuro del dinero y la banca de consumo en Chile y EE.UU., de la Pontificia Universidad Católica, la Cámara de Comercio de Santiago y el USC Center for the Digital Future, un 52 por ciento de la población chilena adulta está dispuesta a cambiarse de banco. Sin embargo, una proporción similar de la población considera que hacerlo es muy difícil. Esto demuestra que, si bien hoy es posible cambiarse de proveedor financiero, no muchas personas lo hacen en virtud de las dificultades que esto representa: tiempo, gasto, complejidad del proceso, etcétera, especialmente cuando el cambio está asociado con créditos a largo plazo y garantizados, como es el caso de los créditos hipotecarios.

Esa es precisamente una de las principales preocupaciones que pretende abordar el proyecto de ley, pues su objetivo principal es facilitar la portabilidad de productos y servicios financieros, de manera que las personas que quieran cambiarse de proveedor financiero puedan hacerlo de forma rápida, sencilla y barata, evitando así que se sientan atadas a un proveedor financiero determinado por haber firmado un contrato de crédito.

El proyecto logra este objetivo a través de una serie de cambios, como la modificación al certificado de liquidación, la creación de una figura de subrogación especial de créditos y la disminución del costo y plazo que implica un cambio de proveedor financiero, entre otros.

Al facilitar la portabilidad de productos financieros, el cliente cuenta con mayor facilidad para terminar todos sus contratos financieros con un proveedor en cualquier momento y sin tener que refinanciarlos uno por uno.

Como consecuencia de esto, los proveedores de productos o servicios financieros deberán competir aún más, tanto para evitar que sus actuales clientes cambien de proveedor como para conseguir nuevos clientes. Para ello deberán mejorar la calidad de sus servicios y, sobre todo, disminuir el precio de los productos financieros ofrecidos. Un ejemplo de esto se puede ver con la entrada en vigencia de la ley de portabilidad numérica, que logró disminuciones de precios de servicios de hasta 70 por ciento en tan solo cuatro años.

En suma, este proyecto permitirá que las personas se vean beneficiadas no solo por la disminución de los costos operativos de la portabilidad financiera, como la eliminación de recargos notariales o de conservadores de bienes raíces, sino también por mejoras en la calidad de los servicios prestados y la disminución de precios que se produzcan en virtud del aumento de competencia entre los proveedores financieros, lo que aumentará la cantidad de ingreso disponible para las personas, microempresas y pequeñas empresas.

En momentos en que las tasas de interés se encuentran a la baja, este proyecto de ley se hace más importante y relevante que nunca para nuestros consumidores, nuestros ciudadanos y también para la pequeña empresa que busca refinanciamiento.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

¿Habría acuerdo de la Sala para que haga ingreso el subsecretario de Hacienda, señor Francisco Moreno ?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señora Presidenta, en primer lugar, quiero decir que frente a las complicaciones vividas por los chilenos y chilenas, vinculadas con los abusos, este proyecto de ley de alguna manera viene no sé si a reparar, pero sí a proponer un mejoramiento en las condiciones que hoy viven las personas y las pymes en relación con el endeudamiento.

Cuando recibimos a las pymes con ocasión del estudio de la moción parlamentaria que busca rebajar la jornada laboral de 45 a 40 horas, estas nos plantearon tres o cuatro materias.

La primera es que las pymes tenían 1,5 por ciento de uso de capacitación en relación con la franquicia tributaria.

La segunda se relacionaba con complicaciones en la comercialización. Nos colocaban el ejemplo de que solo usaban el 3 por ciento para exportar.

La tercera que plantearon es que si ellas tuvieran un sistema de portabilidad financiera, sin duda podrían mejorar su competitividad y su eficiencia. Por eso, el proyecto tiene que ver con un proceso hacia los consumidores respecto del abuso, pero también con cómo hacer más competitivas las pymes.

Además, hay varias cosas que deberíamos mejorar y empezar a plantearnos. Por ejemplo, en el tema del endeudamiento de la familia, cuáles son esas condiciones y cómo es la contratación de los productos y servicios financieros. Por eso me parece muy pertinente este proyecto de ley.

Aprovechando que está presente el ministro Felipe Ward , quiero pedirle -por su intermedio, señora Presidenta- que vea la posibilidad de calificar con urgencia una moción que tiene que ver con la obligatoriedad del Sernac financiero. ¿Por qué? Porque en el primer gobierno del Presidente Piñera se planteó este sello del Sernac financiero como una forma de resguardar al consumidor en los distintos contratos que se suscriben con las distintas instancias financieras, pero se dijo que el Sernac financiero no era obligatorio, sino voluntario. Nosotros pedimos una estadística y todas las informaciones a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y cero instituciones financieras entraron al Sernac financiero. ¡Cero! ¡Ninguna! Ningún banco o institución financiera quiso revisar sus contratos y la letra chica de dichos contratos.

Si nosotros hacemos posible la portabilidad financiera y, al mismo tiempo, tenemos el Sernac financiero, permitiremos que exista mayor certeza, tanto para las pymes como para las personas, respecto de los contratos y, al mismo tiempo, de la portabilidad. Esto quiere decir que se generará un menor interés. Por consiguiente, vamos a tener mayor seguridad en términos de cuándo, cómo y en qué condiciones firman los contratos, tanto los consumidores como las pymes.

Por eso, solicito al Ejecutivo calificar con urgencia una moción que nosotros presentamos hace un tiempo, como Federación Regionalista Verde Social, que actualmente está en la Comisión de Economía. Esperamos que se pueda ver lo antes posible, porque complementa este proyecto, que vamos a votar favorablemente.

También sería interesante revisar lo que tiene que ver con el CAE, en términos de las complicaciones financieras que tienen las familias, y lo que tiene que ver con el interés compuesto, toda vez que en todas las instancias financieras se nos cobra ese famoso interés compuesto, que hace algún tiempo quisimos modificar en el Parlamento.

Por eso vamos a votar favorablemente el proyecto, entendiendo que este es su primer trámite constitucional. Además, esperamos poder chequear lo que planteó la diputada Joanna Pérez , porque tiene todo el sentido. Tenemos que chequear y revisar el reglamento que viene, así como también si esta futura ley va a lograr su objetivo más importante, que es reducir las tasas de interés y tener menor complejidad en los créditos, tanto para los consumidores individualmente considerados como para las pequeñas y medianas empresas. He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker Prieto .

El señor WALKER.

Señora Presidenta, este proyecto, sobre portabilidad financiera, es muy importante.

¿Sabe quiénes más nos han insistido en legislar al respecto? Las pymes, a las cuales todos dicen querer representar, pero que no siempre son tomadas en cuenta al momento de legislar. Nos hemos reunido con la Asech, con Conapyme, con la multigremial y con las mismas pymes, que también quieren cambiar Chile, que quieren un Chile más justo, en que haya menos concentración económica.

Por eso, como Democracia Cristiana, hemos propuesto un impuesto a la concentración económica, por ejemplo, un impuesto a los grandes grupos económicos.

Las mismas pymes nos han dicho que una de las principales inquietudes que tienen es la falta de acceso al crédito. Por eso, en la reforma tributaria nos jugamos por la cláusula propyme. Algunos se olvidan, pero lo que nos plantearon las pymes es que el principal problema que tienen es la falta de capital de trabajo, porque los bancos no les prestan plata. Los bancos prestan plata solo a las grandes empresas. ¿Y cuál es el único capital que tienen las pymes? Sus propias utilidades, que generan sobre la base de mucho esfuerzo y de grandes problemas de acceso a la libre competencia, como ha quedado de manifiesto en tantas crisis que hemos tenido en nuestro país.

Por eso, este proyecto, si bien no soluciona todos los problemas de falta de acceso al crédito, ayudará enormemente a las pymes. Los abogados que hemos ejercido esa profesión y nos ha tocado asesorar a pymes, sabemos lo que cuesta renegociar los créditos: todos los papeleos, los informes de título, los informes jurídicos respecto de las sociedades y de cada una de las modificaciones en los estatutos sociales, las copias actualizadas que les piden en los registros de comercio respecto de cada uno de los cambios.

Por eso, avanzamos en la reforma al sistema notarial y de los conservadores, en lo que dice relación con el repositorio digital, es decir, con la posibilidad de que finalmente pueda haber un archivo digital de todas las inscripciones en los registros de comercio y de los registros de las propiedades en el conservador de bienes raíces. La idea es que la portabilidad también sea digital en cuanto a los documentos, porque el esfuerzo que tienen que hacer las pymes, primero, para renegociar los créditos, y segundo, para contratar abogados, pagar conservadores, pagar papeles para volver a actualizar todos sus informes jurídicos de título societario, es una cosa enormemente complicada. Por eso, este proyecto es importante.

Algunos colegas me decían: “¿Por qué estamos viendo este proyecto si no tiene nada que ver con lo que está pasando afuera en la calle?”. Tiene mucho que ver, porque las pymes también son parte de la demanda social, generan más del 70 por ciento del empleo y están pidiendo más recursos a través del Sence para capacitar a sus trabajadores.

Por eso, aprovechamos la presencia en la Sala del nuevo ministro secretario general de la Presidencia, nuestro excolega Felipe Ward , para pedirle que en esta nueva agenda legislativa podamos tener mayores consideraciones hacia las pymes y poner los recursos donde hemos puesto las palabras, por ejemplo, aumentando significativamente el presupuesto de las pymes en los recursos para el Sence o los recursos para el BancoEstado, que está llamado a apoyar a las pymes, o también otorgando mayores recursos a la Corfo en cada una de las regiones que representamos, para apoyar a nuestros emprendedores.

Por eso, vamos a apoyar este proyecto, que no es todo lo que necesitábamos, pero que va en la dirección correcta, porque nos consta que es lo que han solicitado las pymes, junto con otras medidas.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza Dueñas .

El señor SANHUEZA.-

Señora Presidenta, en primer lugar, lamento profundamente la oposición del diputado Daniel Núñez a que ingrese el subsecretario, porque este es el espacio de diálogo necesario. Qué importante es escucharnos, pero parece que algunos no quieren hacerlo.

Las características que tiene este proyecto van en la dirección correcta de escuchar lo que apremia a los chilenos y chilenas que han estado marchando en el último tiempo. Una de las cosas que los apremia es la situación económica que se vive en cada uno de los hogares.

Con este proyecto, las familias tendrán la posibilidad de portar sus créditos a otra entidad financiera. Por eso, quiero enfocar mis palabras principalmente en la gran cantidad de pequeños emprendedores, pequeños comerciantes, que van a tener un instrumento más para poder ampliar su capital de trabajo necesario para seguir desarrollando su actividad.

En el último tiempo nos hemos enterado, por las noticias, de que bajan las tasas de interés, pero muchos de nuestros pequeños emprendedores, pequeños comerciantes, se ven imposibilitados de acceder a esas mejores tasas, producto de lo engorroso del sistema y porque los costos que tiene traspasar la deuda de un banco a otro, al final terminaba transformando en un mal negocio esta operación, porque genera un mayor gasto.

Creo que esta iniciativa que envió el Presidente Sebastián Piñera va en el camino correcto, pues la portabilidad financiera es un instrumento que permitirá cambiar los créditos de un banco a otro con más facilidad, pero que además ayudará, en gran medida, a tener el oxigeno necesario mediante el acceso a un capital de trabajo a un costo más barato, que permitirá hacer nuevos emprendimientos o mejorar el que se está desarrollando.

Esta iniciativa contribuye a la demanda que había por parte de la ciudadanía, que siente un ahogo financiero, pues los recursos finalmente no le alcanzan para cumplir todos los compromisos.

Este proyecto es clave, principalmente para los comerciantes, para los pequeños emprendedores, que tienen hipotecadas no solamente las propiedades de sus negocios, ya que normalmente, cuando inician su actividad, hipotecan la casa o una vivienda familiar.

Reitero que esta iniciativa permitirá que el traslado de los créditos se haga a un costo más bajo y de manera mucho más expedita.

Votaré a favor este proyecto, porque va en el camino correcto de desahogar la estrechez financiera que tienen muchos pequeños comerciantes.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ.-

Señora Presidenta, la verdad es que no soy miembro de la Comisión de Economía y no estuve presente en el debate en detalle de este proyecto de portabilidad financiera; no obstante, escuché muchas veces al anterior ministro de Hacienda, Felipe Larraín , comentar acerca de él. Lo más interesante es que, en su momento, cuando constituimos una mesa de trabajo con todas las organizaciones de pymes para discutir cómo podíamos implementar las 40 horas, la Conapyme y otros dirigentes nos plantearon temas y señalaron que valoraban este proyecto de portabilidad financiera.

Aquí no se trata de decir que porque es un proyecto de Piñera es malo a priori. Se trata de comprender cuál es el objetivo. Entiendo que existe un problema real con el poder que tienen los bancos, que operan como entidades monopólicas u oligopólicas en muchos sectores. Desde ese punto de vista, este proyecto puede ser un pequeño avance.

Sin embargo, me pregunto: ¿Chile espera que nosotros sigamos con los mínimos, pequeños o casi imperceptibles avances, o espera cambios más profundos? Creo que esa es la pregunta que hoy se hace la gente en la calle.

Ya que nos acompaña el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward , quiero preguntarle, por su intermedio, señora Presidenta, si la agenda que dio a conocer el ministro Blumel es la misma que va a adelantar él. Lo pregunto porque estaba en el set de Televisión Nacional en el que se anunció que la agenda social del Presidente Piñera contiene quince iniciativas. En ese set de TVN el ministro Blumel , en directo desde La Moneda, dijo que de esas quince iniciativas de la agenda social, siete serían proyectos de ley que ya se están tramitando y las otras ocho serían nuevos proyectos. Pero resulta que al otro día, cuando llegamos a la Sala de la Cámara de Diputados, nos encontramos con la sorpresa de que había 19 proyectos de ley con suma urgencia, todos proyectos que ya se estaban tramitando antes de estas históricas movilizaciones.

Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Cuál va a ser la agenda del ministro Ward? ¿La agenda de Sebastian Piñera para resolver esta crisis histórica, estas movilizaciones, este malestar que hoy día está en toda la sociedad chilena, son 19 proyectos de ley que ya venía promoviendo antes de que la gente saliera a la calle? ¿Esa es la respuesta? ¿Tiene algún sentido que esta Cámara de Diputados debata y apruebe con suma urgencia 19 iniciativas que no reflejan en nada la preocupación que la gente ha puesto en las calles? ¿Tiene eso sentido? Yo lo encuentro absolutamente ilógico, impresentable, y me parece que hasta podría decir indigno para lo que tiene que ser la respuesta a toda esta movilización histórica que ha ocurrido.

Además, quiero hacer un llamado a la oposición: ¿Vamos a seguir legislando esas 19 iniciativas a las que el gobierno puso suma urgencia, para tener que discutirlas con la presión de las urgencias que vencen? ¿O vamos a ser capaces de poner en discusión lo que la gente espera?

Hoy, los Comités acordaron poner en debate, para buscar los mecanismos institucionales, seis proyectos de oposición que creo que reflejan mucho mejor y de verdad lo que la gente espera de nosotros. En primer lugar, el proceso constituyente. Espero que la Comisión de Constitución avance. ¿Por qué no damos a la gente la posibilidad de resolver si quiere o no una nueva Constitución? ¡Dejemos de tenerle miedo a la ciudadanía!

En segundo lugar, mencionaré algo que también está en discusión y que es muy importante: la rebaja de la dieta parlamentaria. No tenemos ningún problema al respecto. Por el contrario, saludamos la iniciativa y hay que votarla.

En tercer lugar, el proyecto de las 40 horas, que está en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Esas tres iniciativas, que son mociones, podrían ayudar a sintonizar en algo con lo que hoy la gente nos está pidiendo. Les pido que tengamos esa cuota de realismo, porque si solo vamos a legislar sobre 19 iniciativas del gobierno -¡por favor!- lo único que vamos a lograr es que no tengamos a 100.000 personas marchando hacia el parlamento, como ayer, sino a 150.000 o a 200.000 personas. ¿Qué queremos? ¿Que lo quemen, para entender? ¡Esa es la realidad que hoy en día está viviendo y sintiendo la gente en la calle!

Por último, no puedo dejar de referirme a la molestia que planteó un diputado porque no autoricé la entrada del subsecretario. Y no la autoricé -fue una resolución de la bancada de diputados y diputadas del Partido Comunista, conversada recién con el jefe de bancada- por un motivo muy simple: porque este gobierno no ha sido capaz de dialogar ni de escuchar a la gente que se moviliza. La gente que se moviliza se ha estado organizando en cabildos. Existe una mesa de unidad social que ha convocado a manifestaciones pacíficas gigantescas, pero el gobierno ha sido incapaz de escuchar.

Le pido al ministro -que está muy preocupado de hablar con un diputado de gobierno, pero al que no le interesa escuchar lo que dice la oposición- que cite a la mesa de unidad social y que escuche las demandas que tiene la gente, porque esto no se va a resolver en un Parlamento encerrado entre cuatro paredes. Se lo pido y se lo exijo.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Señor diputado, la Mesa conoce el Reglamento y los diputados también. De acuerdo con lo que hemos escuchado, el diputado Núñez ha dedicado las tres cuartas partes de su intervención al proyecto. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con su observación.

De todas maneras, hago presente a los diputados y diputadas que sus intervenciones obviamente deben tener relación con el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Guillermo Ramírez .

El señor RAMÍREZ.-

Señora Presidenta, en el primer gobierno del Presidente Piñera se presentó un proyecto, que se transformó rápidamente en ley, sobre portabilidad numérica, que aumentó considerablemente la competencia entre las compañías telefónicas.

De acuerdo con la Subtel, desde esa fecha, alrededor de 14.500.000 números se han portado de una compañía a otra. Esto permitió una disminución en los precios de los planes de telefonía móvil y obligó a los proveedores a ofrecer mejores alternativas y mejores promociones a sus clientes.

Siguiendo esta misma lógica, en septiembre de este año, el gobierno ingresó un proyecto de ley de similares características, pero para el mercado de los créditos, que va a permitir a los consumidores cambiarse de banco o institución financiera de forma simple, con menos trámites y con menos costos.

La iniciativa no puede llegar en un mejor momento, considerando las bajas históricas en la tasa de interés que estamos observando en este momento. Este antecedente hace imprescindible que como Cámara de Diputados aprobemos rápidamente este proyecto, de manera que todos aquellos que tienen algún tipo de deuda o de crédito puedan aprovechar estas tasas históricas.

Este proyecto es muy relevante, no solamente para las personas naturales, como se ha dicho aquí, sino también para las pymes. Quiero explicar algo muy sencillo: en primer lugar, las personas van a poder pedir un certificado de liquidación en su institución financiera, con el cual van a poder cotizar el mismo crédito o el mismo producto en otras instituciones financieras.

En segundo lugar, este proyecto permite a las personas cerrar todos sus productos en la institución financiera que dejan, pero eso lo va a hacer la institución financiera a la que ellos decidan ingresar. Es decir, los trámites para cerrar los productos no lo harán las personas o las pymes, sino la correspondiente institución financiera que los recibe.

En tercer lugar, se van a reducir los costos de cambio. Esto es especialmente relevante, ya que se espera que algunos costos operacionales, tanto en el conservador de bienes raíces como en las notarias, se reduzcan en 99 y en 93 por ciento, respectivamente.

Por ejemplo, si se contrata un crédito de 1.000 UF, el costo del conservador de bienes raíces pasará de aproximadamente 270.000 pesos a alrededor de solo 2.000 pesos, mientras que el costo de los trámites notariales bajará de 77.000 pesos a 5.000 pesos. Es decir, se trata de disminuciones sustantivas.

En términos de tiempo, se estima que el plazo que tomará el ingreso, la negociación o el cambio de institución financiera se reducirá a la mitad, aspecto que será muy positivo para las pymes.

Se presentó la siguiente indicación, que contó con el respaldo tanto de diputados de Chile Vamos como de algunos parlamentarios de la oposición, que celebré en su minuto y que he comentado en algunos programas radiales, que expresa: “Con todo, las personas que estén en mora de pagar pensiones de alimentos no podrán acceder a la portabilidad financiera. El reglamento determinará la forma de acreditar esta circunstancia.”.

Al respecto, quiero señalar que comparto la idea de fondo, esto es, que las personas que estén en mora en la pensión de alimentos sean objeto de algún tipo de sanción. Por eso, en un principio aplaudí esa indicación firmada, como dije, por muchos parlamentarios de Chile Vamos y de la oposición, pero he estado averiguando sobre la materia y he observado que hay un problema: el certificado de mora de alimentos solo puede ser extendido por el Poder Judicial. Aquello resulta complicado, porque si se exige ese certificado para acceder a la portabilidad financiera, el tiempo que tomará esperar ese documento hará que se pierda todo lo que se busca avanzar con este proyecto en esa materia.

Es más, según me comentaron algunas personas del Poder Judicial a las que consulte al respecto, si bien lo que propone este proyecto permitirá facilitar a las personas acceder a servicios y productos financieros en mejores condiciones de costo, la indicación a la que he hecho referencia podría hacer que el cambio de institución financiera demore más que en la actualidad.

Por lo tanto, si bien en teoría el objetivo de la indicación es positivo: que las personas que están en mora se pongan al día en el pago de las pensiones de alimentos, en la práctica puede significar la pérdida de todo el tiempo que se gane cuando entre en vigencia lo que dispone este proyecto.

En consecuencia, solicito a los parlamentarios de Chile Vamos y a los de oposición que firmaron esta indicación que la retiren o la rechacen, a fin de no ralentizar el proceso de cambio de una institución financiera a otra, porque eso nos terminará por afectar a todos, tanto a las personas que están en mora como a las que lo no están, que son la gran mayoría de los chilenos.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado René Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señora Presidenta, estoy de acuerdo en que cada diputado puede decir lo que quiera. Eso es bueno, porque además nos permite saber que hay diputados que nunca estarán satisfechos, sin importar lo que se proponga.

En consecuencia, va a ser muy difícil terminar las conversaciones. Queremos escuchar a todo el mundo, el gobierno está dispuesto a hacerlo, pero cuando vemos que para algunos todo es insuficiente, todo es poco, queda muy poco para conversar.

Quiero contar a mis colegas algo que pasó hace años, aunque hay muchos en esta Sala que ya lo saben.

Algunos comparan la iniciativa que estamos debatiendo con el proyecto que estableció el modelo de portabilidad numérica para los teléfonos celulares, proyecto de ley que presenté junto con el diputado Meza . En ese momento, los representantes de las compañías de la industria telefónica nos dijeron que lo que proponíamos era imposible de implementar, porque no se contaba con la tecnología para hacerlo. No obstante, a los tres meses, el gobierno de turno ingresó a tramitación legislativa un proyecto en el mismo sentido.

Señalo ese ejemplo porque así se les mete el dedo en la boca a los consumidores. Cuando en su momento nos dijeron que lo que planteábamos era imposible de implementar, con el diputado Meza lo creímos de buena fe; pensamos que estaban diciendo la verdad. Lamentamos que eso no se pudiera hacer, ya que presentamos esa iniciativa porque considerábamos que era lógico que si la persona se cambiaba de compañía conservara el mismo número, debido a que todos sus clientes, amigos, conocidos y familiares lo tenían.

Para algunos, aquello fue como echar aceite al agua; no nos quisieron pescar. Los representantes de las compañías nos trataron como si nuestro propósito hubiera sido reventarlas. Sin embargo, los mismos que habían venido a decir que nuestra propuesta no se podía llevar a cabo, a los tres meses estaban absolutamente de acuerdo con el proyecto enviado por el gobierno de turno.

Por lo tanto, conozco perfectamente cómo funciona todo lo relacionado con la portabilidad, incluida aquella que se propone a través de esta iniciativa.

En relación con este proyecto, a uno se le cae la cara de vergüenza cuando uno se entera de boca de los propios clientes que en algunos casos han tenido que esperar hasta 80 días para que los agentes del banco concurran a la notaría respectiva a firmar el respectivo documento. Eso significa que la persona que se iba a ahorrar 10.000.000 de pesos por concepto de intereses ha tenido que pagar casi la mitad en dos meses y medio, porque el banco pone trabas para quedarse igual con la plata.

¿Qué estamos proponiendo? ¿Qué queremos nosotros? Que los bancos desvinculen de inmediato a la persona que así lo solicita, con el objeto de que esta comience de inmediato a pagar sobre la base del nuevo y más conveniente interés pactado.

El objetivo que se busca es muy simple, de manera que no le demos más vuelta al asunto, por ejemplo, poniéndoles trabas a los que no están al día en el pago de la pensión de alimentos, porque menos las van a pagar si les dan menos crédito, porque van a quebrar antes, lo cual será mucho más complicado para la familia involucrada. Por eso, vamos por partes.

Para decirlo en palabras simples, el fondo del asunto es este: la idea es que mi deuda yo la negocie con la institución que yo quiera. Aquella que me ofrezca las mejores condiciones es con la que me voy a quedar para negociar, proceso que se debe llevar a cabo en forma inmediata.

Hay créditos hipotecarios por los que algunos están pagando una tasa de interés de hasta 4,8 por ciento, en circunstancias de que hoy esos créditos se están ofreciendo a una tasa que varían entre 1,2 y 1,4 por ciento. Se trata de una gran diferencia, casi el triple menos.

Ese tipo de situaciones son injustas. Entonces, uno se pregunta si se podría haber hecho algo antes. La respuesta es que claramente sí se podría haber hecho antes. Sin embargo, como los bancos no son tontos, se adelantan a la ley y dicen: “Sacan leyes respecto de asuntos de los ya estábamos conscientes, de los que ya nos estamos ocupando”.

A nosotros no nos interesa eso. Nos interesa que a los bancos se les abra la conciencia y se den dando cuenta de que la gente también se está cabreando.

Lo que hacen las cajas de compensación es un verdadero robo armado. He escuchado a colegas, entre ellos el diputado Fernando Meza , que han denunciado estas cosas hasta que se han cansado, tal como lo ha hecho también el diputado Mario Venegas , de la Región de La Araucanía. En reuniones parlamentarias sostenidas con los diputados Ricardo Celis , Saffirio , Molina y Álvarez hemos conversado estos temas. ¡Pero nada se hace! Parece que recién hoy se dieron cuenta de que a los viejitos había que pagarles más.

Para terminar, voy a contar una anécdota. Leí una entrevista de Cristiano Ronaldo, gran futbolista, en la cual señala que la vida es muy injusta, porque cuando era pobre no tenía qué comer ni qué ponerse, época en que si iba a una tienda de ropa tenía que pagar por lo que necesitaba, pero que ahora que es rico le llegan cajas y cajas de ropa a su casa para que la use, porque a las tiendas les interesa que les haga propaganda.

¡Esto es lo mismo! Algunos diputados han señalado que les han ofrecido créditos con tasas que llegan al 0,3 o 0,4 por ciento. Eso pasa porque se piden 200 millones de pesos o más, y los pueden pagar sin muchos problemas. La pregunta es cuánto puede pagar una pyme a la que le están dando 20 millones de pesos. ¡Esa es la pregunta!

¿Por qué a las pymes se les dan créditos con una tasa de 1,8 por ciento, pero a los que tienen mucho más a una tasa de 0,3 por ciento? ¡Esa es la pregunta que debemos hacernos!

Las pymes son las que dan más trabajo en el país, de modo que si queremos defenderlas -me estoy refiriendo a las que cumplen- se deben establecer las condiciones para que puedan competir en igualdad de condiciones con las grandes empresas en materia de créditos.

Hoy ya tenemos problemas con las pymes, puesto que no van a poder pagar a sus trabajadores. ¿Eso es culpa de ellos? No lo es, y tenemos que ayudarlas, porque a lo mejor luego de una marcha convocada para pedir soluciones a las injusticias sociales que afectan al país se puede generar una protesta que tenga como resultado que muchos trabajadores pierdan sus fuentes de empleo, los que terminarían en peores condiciones en relación con las que tenían antes de la marcha.

Lo que queremos es que exista un justo equilibrio entre empresas, trabajadores y pensiones.

El otro día leí en un artículo que las AFP estaban dispuestas a pagar los aguinaldos de las personas, noticia que resulta muy curiosa, porque hasta hace poco decían que no se podía. ¡Qué curioso!

Solidarizamos con esa gente, pero queremos hacer bien las cosas. No se trata de decir que todo fue malo. Tengamos el honor de ser los chilenos y la Cámara de Diputados que arregló el problema de este país.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet Martínez .

El señor MULET.-

Señora Presidenta, he escuchado con mucha atención este debate. Creo que es un paso importante y necesario este pequeño avance que han explicado muy bien algunos de mis colegas.

Quiero traer a colación un proyecto de ley que se aprobó no recuerdo si en 1999, 2000 o 2001 -el diputado José Miguel Ortiz me dice que fue en 1999-, a iniciativa del entonces diputado Sergio Elgueta , quien es un gran abogado. ¿Por qué lo digo? Porque ese año, a través de una modificación a la ley N° 18.010, sobre operaciones de crédito de dinero, logramos que se dejaran de cancelar los intereses futuros cuando se prepagaba una deuda. Ello, porque el sistema bancario instaurado en dictadura era tan abusivo que si uno prepagaba una deuda, lo obligaba a cancelar los intereses hasta el último día. Si uno tenía un crédito a sesenta meses y lo pagaba en el mes tres, debía pagar todos los intereses hasta el mes sesenta, aunque lo hubiera prepagado el tercer mes. Finalmente, se hizo ese cambio legislativo, que costó mucho.

Recuerdo que en su momento Sergio Elgueta me invitó a suscribir dicho proyecto, que fue un pequeño paso. ¿Por qué lo señalo? Porque hoy se está resolviendo otra situación, que es más bien pequeña, pero ya es demasiado tarde: hay cientos de miles de pequeños y medianos empresarios, de personas naturales que cayeron y quedaron en el camino gracias este sistema tremendamente abusivo, a quienes el interés máximo convencional se los comió, a quienes la deuda tributaria, con los intereses que aplica la ley de rentas, más bien todo el Código Tributario, liquidó.

Al respecto, me alegro de que esté aquí el nuevo ministro secretario general de la Presidencia, el señor Ward -no sé si el ministro anda por ahí; recién estaba en la Sala-, porque quiero darle el siguiente mensaje.

Nuestro país, dentro de las múltiples deudas que tiene, también tiene una deuda con esos cientos de miles de pequeños empresarios que cayeron en el camino, que fueron muertos jurídicamente. Se trata de empresas que cayeron porque debían pagar intereses, no usurarios desde el punto de vista legal, porque eran legales, pero sí tremendamente abusivos, con una banca concentrada y una ley de operaciones de crédito de dinero hecha por los bancos en favor de los bancos, en dictadura, lo que es grave. Y ahí están esperando habilitarse algunos de los que están vivos.

Expreso lo anterior con mucha pasión, porque este tema es muy razonable. ¡Cómo no vimos antes la posibilidad de reprogramar deudas! ¡Es un mínimo de sentido común! Porque para reprogramar hay que ir a una notaría y pagar de nuevo la hipoteca, pagar de nuevo esto, pagar de nuevo esto otro. Todo ello hace imposible reprogramar, y liquidó a esos pequeños empresarios. Entonces, a estas alturas del partido, hay que darles un caramelo mayor. Esto, que es poquito, lo vamos a aprobar; pero es un pasito dado demasiado tarde.

Fíjense que, además, en 1990 había treinta y seis bancos en Chile; hoy van quedando veinte. Los cinco primeros bancos, sumado el Banco del Estado, concentran el 90 por ciento de las operaciones de crédito de dinero. ¡Cinco bancos concentran el 90 por ciento de las colocaciones! ¡No hay competencia en la banca, queridos amigos y amigas diputados! Tienen otra protección: no pueden operar bancos extranjeros en Chile, de manera que existe una barrera de entrada para que entren otros grandes operadores a colocar dinero. Ellos no pueden operar en nuestro país. Para eso deben constituirse en empresas chilenas, por una serie de razones. Pero ¿quién pierde siempre? El más débil: el pequeño empresario, el pequeño comerciante.

¿Cuál ha sido la rentabilidad de la banca durante los últimos veinte años? Miren, el año pasado, que ya ha venido bajando un poco, era del orden del 20 por ciento en algunos bancos; del 23 por ciento en Banco Falabella; del 20 por ciento en Banco Santander Chile; del 19 por ciento en Banco Ripley; del 13 por ciento en Banco Bice, entidad que en esos momentos existía, pero entiendo que se fusionó con otro banco, no sé si con el Scotiabank o el BBVA. También desaparecieron varios bancos en el último tiempo.

Entonces, aquí tenemos un problema grave.

Quiero decir al señor ministro, aunque en este momento no se encuentra en la Sala, que debemos avanzar también en cuanto a la tasa de interés máxima convencional. Hace algunos años se dio un paso al respecto, ¡y vaya que costó!, con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, que lo impidió durante muchos años, y se logró bajar un poquito. ¡Se iba a caer el mundo si acaso se limitaba la tasa de interés máxima convencional! Dicha tasa ha operado bien, pero hay que bajarla más.

En este sentido, anuncio que en los próximos días presentaré un proyecto de ley, porque tenemos iniciativa para reducir más esa tasa. Es posible dar esos pasos; para qué decir más.

Quiero terminar mis palabras señalando al gobierno que en este proceso que está viviendo Chile es oportuno dar una señal a esos pequeños empresarios que quebraron, que murieron, otorgándoles la posibilidad de un perdonazo tributario. Hay cientos de miles de deudores de impuestos que ya no se pagaron, que llevan impagos cinco o diez años. Hay que hacer ese perdonazo para que esos pequeños empresarios se puedan habilitar. Ellos murieron en el camino frente a bancos e instituciones abusadoras, muchas veces frente al Estado abusador, con enormes tasas, impuestos y multas penales a las deudas tributarias. Hay un espacio para habilitar a cientos de miles de pequeños empresarios deudores que cayeron en el camino por el abuso de los bancos. Ojalá que el gobierno escuche. Lo hizo en 1990; lo hizo antes…

-Aplausos.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Ha terminado su tiempo, su señoría.

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señora Presidenta, quiero partir por destacar la relevancia de este proyecto.

Tal como lo dijo el diputado Walker , esta iniciativa va en la dirección correcta de destacar a los pequeños y medianos emprendedores, que son el corazón de nuestra economía, y de corregir aspectos que en verdad no se explican. No se explica por qué debemos tener el nivel de resguardo que tenemos y no podemos cambiarnos con facilidad de un banco a otro.

Quizás -esas son las reflexiones que nos convocan en este momento-, debemos cuestionar si este modelo individualista, en que en definitiva el único motor parecía ser la maximización de las utilidades y el resguardo de ciertos intereses, tiene que ir mutando hacia un modelo más solidario.

Debemos incorporar en la agenda -lamento que no esté aquí el ministro Ward; a lo mejor me escuchará- el tema del endeudamiento, un flagelo que afecta directamente a la clase media. Debemos instar al Banco del Estado a que renegocie todos los créditos hipotecarios y de consumo que actualmente tiene, de manera que genere mejores condiciones para los deudores, ya que es el banco del Estado, es decir -se supone-, el banco que ofrece mejores condiciones.

El diputado Mulet tiene razón en lo que dijo hace unos momentos. Soy un convencido de que parte de esta rabia que existe en Chile tiene que ver con la concentración que hay prácticamente en todos nuestros mercados productivos, y la banca no es la excepción. Por lo tanto, todo lo que tienda a generar más competencia va en el camino correcto. Nadie que crea en la economía social de mercado puede amparar concentraciones de mercado, porque eso contradice la competencia, y, por lo tanto, no tiene nada que ver con los principios de aquella.

Este proyecto va en la línea correcta, y fue aprobado por unanimidad en la comisión.

Sé que en estos tiempos a veces es más sexi estar por la confrontación; pero lo que saca adelante a los países, colegas, es el diálogo, son los acuerdos, las negociaciones. Las democracias no funcionan sobre la base de la confrontación permanente, sino de la capacidad de dialogar y lograr puntos de encuentro.

Esta iniciativa también va en la línea correcta, porque va al destinatario correcto. Si hacemos un estudio más o menos sociológico de lo que ha ocurrido en las actuales movilizaciones en nuestro país, nos encontraremos con que la inmensa mayoría de chilenos que han salido a protestar, las víctimas de la desproporción que existe hoy entre la élite y el ciudadano promedio, no creen en la violencia, pero protestan porque no quieren más guerra con la angustia que viven en el día a día. Cosa distinta son los colectivos políticos que se aprovechan de esa angustia como un contexto para levantar sus causas individuales, sus agendas sus ideologías, que muchas veces se valen de la violencia. El Parlamento tiene el deber moral de eliminar ese contexto de injusticia, que es el que da alguna posibilidad a esa violencia.

La tarea de las fuerzas democráticas del Congreso Nacional es entender que debemos dialogar para lograr los acuerdos que permitan una vida más llevadera a las víctimas del sistema que efectivamente han padecido injusticias. Si no somos capaces de dialogar entre nosotros, de aislar la intransigencia de derecha y de izquierda y la de los sectores radicales, significará que no hemos entendido cómo funcionan las democracias modernas. Los intransigentes no tienen cabida en democracia.

Por último, por su intermedio, señora Presidenta, me permitiré contestar brevemente un punto al diputado Daniel Núñez . Él dijo que había que empatizar con la ciudadanía. Pero lo que quiere la ciudadanía no es confrontación, no es la agenda ideológica de algún partido en particular, sino que nos pongamos a trabajar en comunión para superar los problemas sociales que agobian al Chile profundo, al Chile que aquí no sale. Al menos eso es lo que expresan todos los modelos de opinión.

El diputado Núñez preguntó si queremos que quemen el Congreso para entender. En verdad, espero que nunca quemen nada ni a nadie, porque soy partidario de las marchas pacíficas, de poner los temas sobre la mesa de esa manera.

Señora Presidenta, por su intermedio le digo al diputado Brito que soy un convencido de que no puede haber dos visiones en el Congreso. Tenemos que condenar irrestrictamente y sin vacilación toda violación a los derechos humanos que haya surgido del abuso de la fuerza.

No obstante, pido que seamos rigurosos y digamos que la institucionalidad de derechos humanos ha funcionado. Desde el primer minuto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha estado encima del tema. El Presidente Piñera se reunió con el director nacional del INDH el primer día que surgió la necesidad. Además, fue el gobierno del Presidente Piñera el que invitó a la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a Human Rights Watch.

¿Hay un contexto del cual nos tenemos que hacer cargo? Sin duda que sí. ¿Hay que condenar las violaciones a los derechos humanos? Sin duda que sí. Pero, paralelamente a eso, la ciudadanía espera que atendamos la angustia social, que tiene asfixiados a tantos chilenos y chilenas, porque hemos sido incompetentes y lentos para responder a ese desafío.

He dicho.

La señora CID (doña Sofía) .-

Señor Presidente, quiero decir que este es un buen proyecto y muy esperado por la ciudadanía.

Desde que el gobierno hizo el anuncio, las personas empezaron a preguntar por esta modificación.

El objetivo de este proyecto es facilitar a las personas, microempresas y pequeñas empresas el cambio de proveedor de productos financieros: cuentas corrientes, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos de consumo y créditos automotrices.

En la Comisión de Economía tuvo un buen recibimiento y logramos grandes acuerdos con todos los sectores políticos. ¡Estos son los acuerdos que Chile nos pide! ¿Por qué? Porque la ley está pensada sobre todo en las personas y las pymes.

Por su intermedio, señor Presidente, quiero decir que Chile también nos pide cumplir y respetar estos acuerdos.

Este proyecto viene a mejorar las condiciones para los consumidores y para las pymes. Además, ha nacido como una respuesta para aprovechar de mejor manera el bajo nivel de tasas de interés que enfrentamos en este periodo.

Quiero decir en simple que este es un proyecto ciudadano, para los consumidores y las pymes de Chile.

Si bien hoy podemos cambiarnos de una institución financiera a otra, con esta ley en proyecto se podrá hacer con menores costos, menos papeleo y en menos tiempo.

En la actualidad, más de la mitad de las personas desean cambiarse de institución financiera. La misma proporción de personas percibe barreras y obstáculos para realizar dicho cambio.

Esto tiene que cambiar, y depende de nosotros.

Este proyecto ha sido objeto de una serie de cambios, impulsados por los parlamentarios, en conjunto, modificaciones que han sido conversadas con el Ministerio de Hacienda.

Por eso, votaré a favor este proyecto.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en mociones refundidas, relativo al proceso de recambio de medidores eléctricos.

Diputado informante de la Comisión de Minería y Energía es el señor Sergio Gahona .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Minería y Energía, sesión 82ª de la presente legislatura, en jueves 3 de octubre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 7.

-El primer informe de la Comisión de Minería y Energía se rindió en la sesión 61ª de la presente legislatura, en jueves 8 de agosto de de 2019.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor GAHONA (de pie).-

Señora Presidenta, en mi calidad de diputado informante, paso a dar una breve relación de lo obrado por la Comisión de Minería y Energía en el segundo trámite reglamentario, dentro del primer trámite constitucional, respecto del proyecto de ley del epígrafe.

Como deben recordar, la Sala de la Corporación, en sesión del 23 de abril, accedió a la solicitud de la Comisión de Minería y Energía en orden a refundir y, en consecuencia, tratar conjuntamente, siete mociones que tenían una idea matriz en común: imponer a las empresas concesionarias de servicio público de distribución los costos de retiro e instalación de medidores de energía eléctrica.

La Sala de la Corporación aprobó en general los proyectos refundidos en su sesión de 8 de agosto de 2019.

Los Comités Parlamentarios otorgaron sucesivos plazos para efectos de que la Comisión de Minería y Energía despachara su segundo informe, a saber, 21 de agosto, 12 de septiembre y, finalmente, 2 de octubre.

La Comisión de Minería y Energía hace presente que la necesidad de extender el plazo obedeció exclusivamente a que el 22 de agosto próximo pasado, la Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó el anexo técnico del valor agregado de distribución (VAD) interperiodo de septiembre de 2018. Además, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) emitió instrucciones en esa materia entre las señaladas fechas, que inciden en el análisis cabal de los fenómenos comprendidos en la idea matriz de las iniciativas refundidas.

La comisión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 223 del Reglamento, procedió a invitar a autoridades y expertos para ilustrar el debate y encontrar respuestas a las interrogantes planteadas durante la discusión en general en la Sala de la Corporación.

Con tal objetivo, concurrieron el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), señor José Venegas ; el superintendente de Electricidad y Combustibles, señor Luis Ávila ; el contralor general de la República, señor Jorge Bermúdez ; el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile (USACh), señor Humberto Verdejo ; el country manager de la empresa CGE, señor Luis Zarauza , y el gerente general de Chilquinta, señor Francisco Mualim , quienes aportaron valiosos antecedentes, cuyo tenor consta en las actas y en el informe que obra en vuestro poder.

En síntesis, en el segundo trámite, y a partir del tenor de las indicaciones recibidas, la comisión buscó tomar cabal conocimiento de la magnitud del problema generado por el cambio de medidores mecánicos por otros estáticos, quiénes los habían cambiado y qué actitud o medidas adoptó la autoridad y la industria.

En ese marco, se conoció que los cambios fueron de alrededor de 300.000 unidades de medidores y que, de ellas, 116.000 correspondían a medidores de propiedad de los usuarios.

Dichos cambios fueron realizados mayoritariamente por dos empresas: Chilquinta y ENEL. La primera decidió no cobrar a sus clientes por el aparato y entregarlos en comodato; la segunda, ENEL, no concurrió a la comisión ni presentó su posición por escrito.

La autoridad, particularmente la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, detuvo los cobros que anunció ENEL por dichos medidores. La decisión se encuentra en sus etapas administrativas de resolución.

En la especie, la comisión rechazó las indicaciones formuladas en la Sala y aprobó el articulado en los mismos términos que en el primer trámite, incorporando una norma transitoria destinada a evitar legalmente el cobro por los medidores eléctricos efectuado por las empresas distribuidoras con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto supremo Nº 5T (VAD interperiodo), de 28 de septiembre de 2018, del Ministerio de Energía, hasta la entrada en vigencia de la presente iniciativa.

Como consecuencia de lo expuesto, la Comisión de Minería y Energía recomienda aprobar el siguiente texto:

“Artículo Primero.- Sustitúyase en el decreto con fuerza de ley Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley General de Servicios Eléctricos, el artículo 139 bis por el siguiente:

Artículo 139° bis.- El retiro y reposición del empalme y medidor será íntegramente de cargo de la empresa distribuidora de energía, siempre que la inutilización de la obra se haya producido por una fuerza mayor, como sismo, salida de mar, temporal u otra calamidad, y que la autoridad competente haya decretado zona de catástrofe. Este retiro y reposición no quedará condicionado a la existencia de morosidad en la cuenta o saldo pendiente en el momento en que se produzca la fuerza mayor y se haya decretado por la autoridad competente zona de catástrofe.

Artículo Segundo.- Deróguense los artículos primero, segundo y tercero transitorios de la ley Nº 21.076.

Artículo transitorio.- El cambio de medidores efectuado por las empresas distribuidoras con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto supremo Nº 5T (VAD interperíodo), de 28 de septiembre de 2018, del Ministerio de Energía y hasta la entrada en vigencia de la presente ley, no generará derecho alguno, a las citadas empresas, a cobrar por su instalación, arrendamiento o uso.”.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señora Presidenta, por fin llegó a la Sala este proyecto de ley, que, en los hechos, nos permitirá derogar la ley N° 21.076, dictada en enero de 2018, en todas aquellas materias que se modificaron en el Senado. Ha vuelto y se ha retomado la iniciativa tal como salió de la Cámara de Diputados en aquella oportunidad, antes de ir al Senado, en orden a que la reposición de los medidores sea solventada por las empresas en caso de catástrofe.

Lo anterior es muy atendible, porque cuando una familia o cualquier persona pierden su casa a causa de una catástrofe, no existen recursos para reponer la energía. Era razonable, entonces, que eso pasara a ser responsabilidad de las empresas y se solventara conforme a las reglas generales en esta materia.

Lo relevante es que estamos derogando, dejando sin efecto, aquella parte del proyecto de ley que se modificó en el Senado, mediante el cual se traspasó gratuitamente a las empresas distribuidoras de energía eléctrica, a las concesionarias de distribución de energía eléctrica, todos los medidores y empalmes de todos los chilenos y chilenas -reitero: gratuitamente-, porque se dijo que la concesión de distribución de energía eléctrica comprendía los empalmes y los medidores, y ese era un negocio tremendo que había detrás. Era un negocio, como lo reconoció el propio secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, del orden de 1.400 millones de dólares que costaba la implementación y, obviamente, con la debida rentabilidad que tiene el sistema de distribución eléctrica, que una vez que entre en vigencia la ley que se tramita en el Senado acortará dicha rentabilidad.

Entonces, fue un negocio y, más que un negocio, un negociado el que se hizo en el Senado, porque fue un traspaso de dominio e, indirectamente, un traspaso neto de recursos hacia las compañías distribuidoras de energía eléctrica, las que prontamente empezaron a cambiar los medidores, porque rentaban con los medidores inteligentes, que por supuesto los vamos a tener que implementar, porque son parte de las transformaciones que vienen, y nadie de opone a eso. A lo que nos oponemos quienes fuimos patrocinantes de los distintos proyectos de ley es al negocio que hubo detrás de la instalación de estos medidores, pues le quitaron, le expropiaron sus medidores a más de 4 millones de chilenos y chilenas. El negocio que está detrás de eso es lo que investigó la comisión que presidió el diputado Vidal .

Costó mucho sacar adelante este proyecto de ley. Se demoró demasiado; de hecho, tuvimos la oportunidad de votarlo en la Sala y alguien pidió que volviera de nuevo a comisión para un ajuste menor. Hoy se debe aprobar, porque lo que estamos haciendo es deshacer lo que aprobó equivocadamente el Congreso -en este caso, el Senado- en 2017 y en enero de 2018.

Los regionalistas que hemos trabajado en este tema desde que lo hizo público un medio de comunicación y lo transmitió a cientos y miles de chilenos y chilenas. Estamos dispuestos, con el mayor gusto, a votar a favor para dejar las cosas en su lugar. El mensaje que tenemos que dar a todos los usuarios de servicios eléctricos de nuestro país -cerca de 6 millones- es que los medidores son de propiedad del cliente.

El 30 por ciento de los medidores, desde hace muchos años es de propiedad de las distribuidoras de energía eléctrica, pero el 70 por ciento restante pertenece a los 4,6 millones de usuarios y no a las compañías distribuidoras de energía eléctrica. Ahora bien, en algún momento, cuando sea necesario, obviamente tenemos que avanzar hacia la instalación de medidores inteligentes, porque la tecnología se va a imponer, pero nosotros, los usuarios, tenemos que seguir siendo dueños de esos medidores y, obviamente, poder hacer los cambios.

Hay que considerar también la llamada tercera revolución industrial pero con este proyecto de ley se restablecen las cosas en su justo lugar, por lo que me alegro que, después de seis o siete meses de discusión, podamos aprobarlo en la Sala, restableciendo un orden justo con los consumidores y usuarios de energía eléctrica.

Con mucho gusto vamos a votar a favor este proyecto de ley que da respuesta a los millones de chilenos que en algún momento fueron estafados, pero que hoy recuperan su patrimonio.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señora Presidenta, este proyecto va en la línea correcta, pues reconoce a los consumidores, a los usuarios, un derecho que les corresponde, y raya la cancha a las empresas que abusan de sus clientes.

¿Las empresas eléctricas tienen derecho a expropiar los medidores de los clientes? Eso es lo que la gente se pregunta cuando, con el aval del Congreso Nacional, se anuncia que las empresas pueden cambiar los antiguos medidores por medidores inteligentes a costo de la misma gente. Eso tenemos que revertirlo, para entregar dignidad a la gente respecto de sus derechos.

Hemos conocido de muchos abusos de parte de distintas empresas. Recién hablamos sobre el abuso de la banca con todos los consumidores, en especial con la clase media. En el caso de este proyecto, se devuelve la propiedad de los medidores a los clientes, pero creo que debemos ir más allá y analizar el costo de la electricidad.

En el caso de Santiago, el costo eléctrico es de 110 pesos el kilowatt/hora, que es muy diferente al costo en las comunas más extremas. Por ejemplo, en el caso de Coyhaique, Puerto Aysén, Chile Chico o Cochrane, el valor es de 163 pesos el kilowatt/hora. Por lo tanto, hay una gran diferencia ente Santiago y estas comunas de la Región de Aysén, lo que también se replica en la Región de Magallanes, en la Región de Los Lagos y en las regiones del norte del país. Ahora, vamos al interior de las regiones, a localidades como Villa O'Higgins o isla Las Huichas, el valor se duplica; es decir, una persona de Santiago paga la mitad del costo de la luz que una persona de isla Las Huichas o de Villa O'Higgins, y eso es desigualdad.

A todos los chilenos se nos dijo que íbamos a avanzar hacia la equidad tarifaria, pero solo vemos desigualdad entre las comunas y entre las regiones.

A propósito de los derechos de los consumidores y del alto costo de la vida, también tenemos que poner sobre la mesa -por eso le pido al gobierno que revise la legislación- y trabajar por una tarifa eléctrica única a nivel nacional, en que el Estado deberá poner su parte, porque le corresponde. No se puede seguir cometiendo esta injusticia con la gente que vive en las zonas extremas. Tenemos que generar las condiciones para que los habitantes de localidades como isla Las Huichas, que pagan 221 pesos el kilowatt/hora, no sigan pagando ese valor y sean beneficiados con la tarifa única nacional. Ahora, si bajamos el precio de la energía eléctrica en Santiago -espero que así ocurra, y por eso hago un llamado al gobierno para que escuche el clamor de la gente-, también se debe hacer justicia con las regiones, especialmente con las comunas más alejadas.

Como diputado, no voy a permitir que se le baje el precio de la electricidad a una región y no ocurra lo mismo con las regiones extremas, a una de las cuales represento en el Congreso.

Por lo tanto, quiero pedir al gobierno que dé urgencia a este proyecto. También presenté un proyecto de ley, que ingresó a la Comisión de Minería y Energía, respecto de una serie de modificaciones para generar justicia tarifaria en la energía eléctrica. Hoy debemos bajar el costo de la vida, no solamente de la luz eléctrica, sino también del agua potable, de los servicios básicos en general y, por supuesto, del transporte de los adultos mayores.

Hoy se requiere mayor conciencia social para corregir el modelo que impera en Chile.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señora Presidenta, con ocasión de la problemática que hoy analizamos y frente a las demandas sociales que hemos tenido en estos días, quiero traer a colación la ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

Creo que las políticas públicas como estas, que afectan a todas las chilenas y los chilenos, debieran ser conversadas y consensuadas con la ciudadanía, para que todo el mundo esté consciente de las ventajas y de los costos que ello implica. De lo contrario, las leyes que se han dictado anteriormente en relación con la participación de la ciudadanía en políticas públicas tan importantes como esta terminan siendo letra muerta y, por otro lado, seguimos teniendo problemas, y graves, pues, como ya hemos comprobado, la ciudadanía está más que molesta con el actuar entre cuatro paredes y sin consulta previa. Creo que está en su justo derecho.

Por otro lado, la falta de información hacia la ciudadanía es precisamente lo que transforma políticas, que en la práctica son beneficiosas, en conflictos y en material para que grupos opositores las utilicen en contra del bienestar y del bien común de la población.

Si bien apoyo este proyecto, creo que, así como están las cosas, tendremos que estudiar un mecanismo para informar a la población antes de seguir adelante.

Entiendo que toda la información sobre la continuación del proceso de medición inteligente en cuanto a voluntariedad, beneficios para los clientes, costos y protocolos que se trabajaron con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), etcétera, se encuentra actualmente en la página web de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y que existe una consulta pública para la futura norma técnica que reemplazará a la que dio origen al decreto promulgado el año recién pasado. Sin embargo, la gente no sabe sobre esto, por lo que debemos ver la forma de darlo a conocer por medios informativos masivos, como la televisión, redes y otros medios.

En fin, volviendo al proyecto en análisis, creo que por lo menos se hace cargo de reparar el daño ocasionado a los usuarios producto de una política pública mal implementada, mal informada y mal ejecutada desde anteriores administraciones.

Apoyo el texto del proyecto aprobado en la Comisión de Minería y Energía de fecha 2 de octubre.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Meza Moncada .

El señor MEZA.-

Señora Presidenta, me voy a referir brevemente al drama que se instaló en 2017 y 2018 relacionado con los llamados medidores inteligentes.

Quiero que la ciudadanía sepa que desde la Sala de la Cámara de Diputados se despachó un proyecto de ley bien claro que en el Senado fue modificado. Ahora regresa tal como lo presentó el diputado Gahona .

En Chile, como se ha dicho, efectivamente hay 6 millones de usuarios de servicios eléctricos. Cuatro milllones y medio de medidores pertenecen a vecinos y vecinas de Chile y solo 1.800.000 pertenecen a compañías distribuidoras. Sin embargo, aun así se les ocurrió cobrarles a los usuarios, a las personas, la instalación del nuevo medidor eléctrico inteligente. ¡Pero qué frescura más grande! Y no solo se cobró la instalación, sino también el medidor, abusando una vez más, como se ha denunciado en los últimos tiempos, de la voluntad y del bolsillo de las chilenas y de los chilenos.

Este proyecto de ley viene a poner orden. Señala que el retiro y la reposición del empalme y medidor serán íntegramente de cargo de la empresa distribuidora de energía, siempre que la inutilización de la obra se haya producido por fuerza mayor -terremoto, salida del mar, temporales u otra calamidad-, y que el retiro y reposición no quedarán condicionados ni siquiera a las morosidades, es decir, a la deuda o saldo pendiente que el cliente pueda tener por consumo de energía eléctrica.

El artículo transitorio también es importante, porque el cambio de medidores efectuado por las empresas distribuidoras después de la entrada en vigencia del decreto publicado el 28 de septiembre de 2018, del Ministerio de Energía, no va a generar derecho alguno en favor de las empresas distribuidoras de energía para cobrar por concepto de instalación, arrendamiento o uso.

Por lo tanto, en términos generales, el proyecto viene a hacer justicia en esta materia. Los parlamentarios, como líderes de opinión, tenemos la posibilidad de explicar a la ciudadanía, a través de entrevistas y programas radiales, que la situación injusta que se produjo con los denominados medidores inteligentes se ha corregido.

¿Cómo es posible que le cobren al usuario? Valga esto también para los TAG. ¿Por qué los usuarios deben pagar el dispositivo que detecta el paso de un vehículo por una determinada carretera? Ello es insólito e injusto. Si me están cobrando algo y las empresas utilizan un sistema técnico para cobrar, para saber cuántas veces pasamos por determinadas carreteras, ese aparato, al igual que los medidores, debería ser pagado por las concesionarias. Por lo tanto, también este es un llamado de atención para que se vayan terminando otros tipos de abusos, como el denunciado en materia de medidores.

No me cabe la menor duda de que la Cámara de Diputados aprobará esta iniciativa. La bancada del Partido Radical presentó un proyecto en este sentido, el que fue refundido con esta iniciativa que elimina el cobro por la instalación y y recambio de medidores eléctricos.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Señores diputados, pido su atención.

Hay 4 parlamentarios inscritos para intervenir y el acuerdo es votar este proyecto hoy.

Entonces, quiero solicitar el acuerdo para que puedan intervenir 3 minutos cada uno, cerrar la discusión y poder votar. Significaría alrededor de 10 minutos.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-

Señora Presidenta, en febrero de 2018 se aprobó la ley N° 21.076, que dispuso que los actuales empalmes y medidores de electricidad, antes instalados por los usuarios en su propiedad, fueran reemplazados por medidores inteligentes. Además, se entregó a las grandes empresas distribuidoras el monopolio para la instalación de los medidores inteligentes y la facultad de cobrárselos a los usuarios.

Jamás se había visto un abuso como ese, el que además fue refrendado por una ley transformada en el Senado y que no correspondía a lo que la Cámara de Diputados había aprobado.

Por ello, quiero celebrar que a través de la presentación de diferentes mociones que transformaron el proyecto mal aprobado en el Senado, se pueda promulgar una ley que dejará los medidores en manos de los usuarios y permitirá que la instalación sea solo de cargo de las empresas. Con esto se repara un abuso gigantesco, como tantos otros, como tantas colusiones y como tantas situaciones que hoy en día reclaman los usuarios.

Aprobaremos con mucho agrado este proyecto de ley, agradeciendo a todas y todos los diputados que presentaron mociones, en especial al diputado Cosme Mellado , quien propuso una solución aceptada en conjunto y de manera unitaria en la comisión.

Este es un avance desde el punto de vista de los usuarios, que pone término a un tremendo abuso generado en el Senado.-

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señor Presidente, creo que soy el diputado menos letrado en política, pero eso no significa que no me doy cuenta cuando me quieren meter el dedo en el ojo.

Mi desconfianza nace tal vez de mi formación de obrero, por haber sido explotado desde cabro chico. Me hice hombre en el mundo de la producción bajo este sistema neoliberal, que, como dijo el papa, es cruel e inhumano.

Digo esto porque, a pesar de tanta sabiduría que hay en este hemiciclo, no nos damos cuenta de cómo el gobierno ha sido audaz para llevarnos a su terreno.

Es así como el domingo 20 de octubre nos tiró el primer proyecto “caramelo”, y esta honorable Sala casi por unanimidad -menos mi voto- lo aprobó.

Hoy continuamos con lo mismo, porque nos trae proyectos muy importantes que, sin lugar a dudas, van a servir a un gran sector de chilenos y chilenas; pero nos olvidamos de una cosa importante: de que hoy el pueblo chileno no está peleando por proyectos secundarios, sino por proyectos estructurales y de fondo. Si bien es cierto estos proyectos, que, sin lugar a dudas, se van a aprobar, van a servir a nuestra gente, a la denominada clase media, a las pymes, no son las soluciones de fondo por las que está peleando nuestro país. Nuestro país está peleando por reformas estructurales, y el grito es uno solo: el pueblo chileno hoy quiere una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente, en donde pueda tener participación; quiere una nueva Constitución en donde sea tan importante la forma como el fondo.

La futura Constitución que debemos construir tiene que llevar el alma de los chilenos. Nosotros, tal vez en forma descuidada, nos dejamos llevar paso a paso por el gobierno, para enfriar las aguas y evitar que los trabajadores, los hombres, las mujeres, los estudiantes que se han movilizado prácticamente desde hace diez días continúen haciéndolo.

Hoy estamos llevando adelante estos proyectos -no sé de dónde salió la rapidez para legislar estos proyectos, en circunstancias de que el lamento del pueblo en estas materias se extiende desde hace mucho tiempo- para calmar las aguas y evitar que el pueblo se siga movilizando, olvidando que deberíamos escuchar el clamor popular y por qué nos eligieron. Caímos en la trampa del sistema, en la trampa del gobierno para llevarnos a su terreno. Nos olvidamos del verdadero problema de fondo por el cual han muerto ya veinte compatriotas, por el cual hay cientos de chilenos encarcelados, por el cual muchos jóvenes chilenos han sido torturados y también violados, pasando a llevar los derechos humanos, y damos prioridad a proyectos que, si bien son importantes, no representan en nada la lucha que nuestro pueblo ha llevado por tantos días.

Creo que aún es tiempo para que los que tenemos conciencia de clase, los que creemos representar al pueblo necesitado, a los parias de nuestro país, revirtamos la situación y, como Cámara de Diputados de Chile, democráticamente elegida, tengamos nuestra propia agenda legislativa, la cual debe comenzar con un proyecto que signifique llamar a un plebiscito para una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente. ¡Eso es lo que quiere el pueblo chileno!

Si bien estos proyectos son importantes, primero debemos terminar con el mal de todos los males: la Constitución que heredamos del dictador Pinochet y que los gobiernos pseudoprogresistas no fueron ni fuimos capaces de cambiar.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, en dos minutos quiero plantear algo que me parece que es importante tener presente.

Lo que nosotros estamos haciendo aquí es corregir una modificación que introdujo el Senado y que produjo toda la situación con este cambio de medidores eléctricos, que nos sorprendió mucho a nosotros y a todo el país. Eso es lo primero.

Un grupo de diputados presentamos una indicación que busca impedir que se vuelva a cometer un error grave. Lo digo por lo siguiente: el artículo 139 bis dice: “El retiro y reposición del empalme y medidor será íntegramente de cargo de la empresa distribuidora de energía,”, y establece dos requisitos fundamentales: “siempre que la inutilización de la obra se haya producido por una fuerza mayor, como sismo, salida de mar, temporal u otra calamidad, y que -el segundo requisito- la autoridad competente haya decretado zona de catástrofe.”.

Distinguidos colegas -por su intermedio, señor Presidente-, la zona de catástrofe es un estado de excepción constitucional que está establecido en el artículo 41 de la Constitución. No puede ser que las empresas eléctricas se hagan cargo del retiro y de los empalmes solo cuando la autoridad competente, que es el Presidente de la República, decrete un estado de excepción constitucional, como es el estado de catástrofe. ¡Es insólito! Por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito de gran magnitud que destroza una casa, ese propietario no va a tener derecho a que la compañía le reponga el medidor porque no es una calamidad pública.

Por lo tanto, señor Presidente, pido que recabe la unanimidad para aprobar la indicación y no volver a equivocarnos.

Aprobemos esa indicación, porque de esa forma nos aseguramos de que a todos a quienes se les destruya el medidor por distinta razón, les sea repuesto por la compañía eléctrica.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

¿Habría unanimidad para incorporar esa indicación?

Acordado.

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, en relación con la indicación que ha propuesto el diputado René Saffirio , si bien él tiene toda la razón desde el punto de vista social, este proyecto ha sido discutido en reiteradas oportunidades en la Comisión de Minería y Energía. No soy miembro de ella, pero he asistido a varias sesiones respecto de este proyecto.

Hay que tener cuidado con la extensión. La lógica de la zona de catástrofe es restringir, sin lugar a dudas, la reposición y hacer cargo de esta a la empresa en caso de catástrofe decretada por la autoridad.

Lo planteo, porque si se deja la norma de manera extensiva y abierta, va a quedar más o menos como la norma actual que queremos cambiar, porque en el fondo el cambio de medidor será posible, por ejemplo, cuando sea destruido producto de un choque o de otro accidente, y, en definitiva, su costo va a ir a la tarifa, porque hay que entender -es lo que no entienden algunos- que el cambio de medidores, cuando uno se lo traspasa a la empresa, lo pagamos todos en la tarifa.

Entonces, la discusión vuelve de nuevo al mismo problema que resolvimos. Si decimos que siempre lo pagará la empresa, es una quimera, porque finalmente lo pagaremos nosotros en la tarifa.

Entonces, a mi juicio, es un error el que comete el diputado René Saffirio …