Labor Parlamentaria

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, quiero solicitar a la Sala oficiar al Ministro del Interior para que se nos informe por las quince personas fallecidas durante estos días de estado de emergencia.

Hay quince familias que se preguntan en qué condiciones fallecieron sus familiares. El Gobierno reconoce cuatro baleados por fuerzas militares. El estado de conmoción interna de este país debiera no solo cambiar la agenda legislativa del Senado, sino que también llevarnos a que nos aboquemos de manera exclusiva y fuerte a buscar una salida a esta crisis. Yo lo he planteado en los Comités: creo que poner una agenda de proyectos legislativos es estar al margen de lo que está pasando en Chile.

Además, solicito un minuto de silencio por las quince víctimas de este estado de emergencia.

Pero, sin duda, lo que los familiares quieren es la verdad, la transparencia, buscar a los responsables y esclarecer los hechos. Se han perdido quince vidas. Y quiero decir una cosa terrible: esta noche van a morir más.

El señor CASTRO.-

Señor Presidente, yo estoy en la misma posición señalada por la Senadora Rincón. Creo que este Senado tiene una tremenda responsabilidad en relación con lo que está pasando a nivel nacional y debemos ser capaces de suspender la normalidad de la legislación y dedicarnos a trabajar, para ver cómo apoyamos al Presidente de la República para que controle lo que está pasando en el país. Mantener la seguridad de la población es muy importante.

A mi juicio, tenemos esa responsabilidad: ser capaces, como Senado, de conversar, de reunirnos y poder llevarle una proposición para que se restablezca esa seguridad social, que tanto necesitamos.

La señora PROVOSTE.-

Señor Presidente, usted ya lo ha expresado. Este fue un debate que se dio en la reunión de Comités y existe plena conciencia de aquello. Tendríamos que ser demasiado miopes para no ver que la agenda legislativa de este Parlamento debe variar, a partir de las determinaciones y de las exigencias de una demanda social tan amplia y tan profunda.

Por lo tanto, creo que nadie podría tener alguna duda al respecto.

El primer proyecto de la tabla se relaciona con aquello, con si somos capaces o no de legislar para que no exista corrupción y, por consiguiente, el trabajo que hace la Ministra Rutherford pueda seguir adelante.

Entonces, pareciera que hay quienes tratan de esconder esto con miras a cambiar la agenda, a raíz de los problemas sociales.

Este proyecto tiene que ver con los problemas sociales; tiene que ver con la corrupción. Y por eso los Comités hemos decidido que sea el primer punto de la tabla en el día de hoy.

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, pensaba no hablar, pero algunas intervenciones me han motivado a hacerlo.

Yo quiero, de cara al país, señalar con extraordinaria responsabilidad que este Congreso, particularmente la Mesa que usted dirige, no ha estado ajeno a la situación que estamos viviendo momento a momento en nuestro país.

Si alguien pretende señalar que nosotros acá tenemos casi una agenda en paralelo al problema que enfrenta el país, no solo miente, sino que vuelve a hacer un profundo daño a una institución que, con enorme responsabilidad, está asumiendo el desafío que la historia nos demanda frente a una situación como la que estamos experimentando.

Yo estoy claro -y le preguntaba denantes a usted sobre eso- que mañana hay una sesión especial. Obviamente, lo más probable es que esa sesión se prolongue, porque la situación que enfrenta nuestro país no solo es grave, ¡es gravísima!

Asumo como propio lo que ha señalado el Senador Navarro: oficiar a las autoridades respectivas. Efectivamente, tenemos que asumir la responsabilidad de conocer los detalles, en qué circunstancias estas personas han fallecido. Y eso lo estamos reclamando como institución, lo estamos reclamando como Senado. No somos, y no podríamos ser, indiferentes frente a la muerte de quince personas hasta este momento. Y por eso es que hago ver que este Senado tiene la obligación de solicitar todos los antecedentes en esta materia.

Y mañana nos vamos a abocar en detalle a la situación que enfrenta el país y de qué manera este Congreso, este Senado en particular, buscará con altura de miras vías de solución, de colaboración, para encontrar caminos de salida a una situación grave como la que enfrenta nuestro país.

Por cierto, nosotros tenemos en esta materia una extraordinaria responsabilidad para asumir lo que está reclamando, con legítima justicia, la gente a lo largo de todo Chile.

MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORAS RINCÓN Y ÓRDENES Y SEÑORES COLOMA, HARBOE Y PIZARRO CON LO QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL 26 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DE LA ELECTROMOVILIDAD (13.006-15)

I. CONSIDERANDO

1. Nuestra Constitución Política de la Republica, en su artículo 19 número 8, establece "el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza".

2. Diversas situaciones, referentes a la contaminación ambiental, han afectado a distintas ciudades de nuestro país, reconocidos son los casos de Santiago, Temuco y Coyhaique, en donde por distintas razones, se ha decretado emergencia ambiental.

Esto por distintas razones, ya sea por el uso de combustible leña para calefacción, o por la emanación de gases contaminantes por parte de los medios de transporte a base de combustible o diésel, entre otras.

3. Este año 2019, nuestro país será sede de la COP25 (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas (CMNUCC)), cuyos objetivos según los medios de difusión de la Secretaría General de Gobierno son "impulsar políticas activas para cuidar y proteger el planeta [...] fijar criterios para el cumplimiento del Acuerdo de París y mejorar las metas de reducciones de los países. Además, este año el Gobierno ha propuesto como temas de discusión en la cita planetaria el cuidado de los océanos y la Antártica, la importancia de la electromovilidad y energías renovables, potenciar la economía circular y la protección de ecosistemas, bosques y biodiversidad."

4. Que los días 26 y 27 de noviembre del año 2016 se realizó la primera Conferencia Global de Transporte Sustentable organizada por la Organización de las Naciones Unidas en Ashgabat, Turkmenistan, en la cual

se dialogó sobre la fundamental importancia de este para la conectividad de las personas y el desarrollo de las comunidades a nivel global.

5. Debemos hacer los gestos para avanzar en la reconstrucción cultural en lo que se refiere al cuidado del medio ambiente.

La electricidad, en la actualidad, se sitúa como la alternativa para los combustibles fósiles, principalmente para los medios de transporte. Es en ese sentido, que distintas marcas fabricadoras de automóviles han innovado con diversos modelos que operan 100% con electricidad. A ello se le ha llamado "Electromovilidad".

6. Se considera como "Electromovilidad" al uso de vehículos eléctricos, cuyo combustible y/o energía alternativa es la electricidad almacenada en baterías de larga duración que impulsan uno o más motores eléctricos. Dichos vehículos se consideran dentro de diversas categorías, ya sean con "baterías eléctricas", los "PHEV o híbridos enchufables" y aquellos de "celdas de combustibles". Éstos últimos pueden ser vehículos de dos o tres ruedas, automóviles, camionetas comerciales ligeras, autobuses, camiones y otros.

7. Desde el aspecto cultural, cada situación y experiencia con la etectromovilidad ha sido distinta, y la incorporación de esta alternativa energética ha sido progresiva y con el compromiso de las autoridades y la ciudadanía. Es así, como ha sido a lo largo de la historia, que esta alternativa ha sido implementada. El servicio de Metro en la Región Metropolitana, los Trole Buses en Valparaíso el metro, o los troles en Valparaíso, o la importancia que el mismo Gobierno le ha dado a la Red Metropolitana de Movilidad como un ejemplo moderno de transporte público urbano, esto a través de la incorporación de una nueva flota de buses eléctricos marcando un hito pionero en el desarrollo de la electromovilidad en la región.

8. Pese a ello, la electromovilidad, nos releva a ciertos inconvenientes que nos hacen darle mayor realce a esta alternativa energética, para efectos de encontrar soluciones. En primer lugar, el estado actual del vehículo eléctrico es la autonomía que este puede adquirir en sus viajes. De esta manera, el promedio actual respecto a la distancia que puede avanzar es de unos 400 Km, pudiendo esta aumentarse gracias a las capacidades de autorecarga interna del vehículo, aplicable en aquellos casos que se frena en distancias cortas (principalmente en tráfico de ciudad) Y, en segundo lugar, es el valor comercial que tienen respecto de la competencia. Es así como los vehículos eléctricos más baratos en Chile, alcanzan un precio medio de $30.000.000.- (treinta millones), a comparación de los vehículos de combustible fósil, cuyo valor es cercano a los $6.000.000 (seis millones) de los modelos de menor valor. Así también, cabe tener en consideración los modelos híbridos, los cuales, si bien utilizan en menor medida un motor de combustión, permiten una cercanía a los precios de un vehículo de gama media o alta para estándares de nuestro país, con precios rondando los 15.000.000 de pesos.

9. Los distintos días conmemorativos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, nos permiten colocar en la agenda nacional el dialogo acerca de las políticas públicas que se deben generar y promover relativas al cuidado del medio ambiente.

10. Comprendiendo que esas fechas se encuentran ad-portas de la COP25 organizada por Chile, y que institucionalizar el día 26 de noviembre como Día Nacional de la Electromovilidad sería un gran hito de carácter político y social de cara a la Conferencia de Partes, mediante el cual Chile podría marcar un liderazgo de carácter planetario en los compromisos a adquirir.

11. En consideración de lo anterior, que organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Recyclapolis, líderes en el desarrollo sustentable de Chile, han promovido la instauración del día 26 de noviembre como el "Día Nacional de la Electromovilidad."

Esto como una forma de comprometer al Estado de Chile con los enormes desafíos económicos y ambientales que emanan del combate al cambio climático, así como dar una señal de unidad de todos los sectores de la nación respecto a la responsabilidad de nuestro país con las importantes temáticas pioneras a nivel mundial enfocadas en el cuidado de las personas y el medio ambiente.

12. Al instaurarse el día 26 de noviembre de cada año como el Día Nacional de la Electromovilidad, nuestro país será pionero en la promoción de la utilización de energías limpias en materia de transporte, por lo que podrá situarse como un referente en lo que a la Electromovilidad se refiere, generando un compromiso intra y extra gubernamental en la materia.

Es por las razones previamente expuestas que los Senadores abajo firmantes, venimos a presentar este Proyecto de Ley que establece el día 26 de noviembre de todos los años, el "Día Nacional de la Electromovilidad".

II. PROYECTO DE LEY

"Artículo Único.- Establézcase el día 26 de noviembre de todos los años como el "Día Nacional de la Electromovilidad", para lo cual se dispondrán las actividades necesarias para la difusión e información sobre las razones de la celebración y los beneficios que la Electromovilidad trae para el cuidado del medio ambiente."

(Fdo.): Ximena Rincón González, Senadora.- Ximena Órdenes Neira, Senadora.- Juan Antonio Coloma Correa, Senador.- Felipe Harboe Bascuñán, Senador.- Jorge Pizarro Soto, Senador.-

MOCIÓN DEL SENADOR SEÑOR OSSANDÓN CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LAS REGLAS DE IMPUTACIÓN DEL PAGO DE LOS INTERESES Y EL CAPITAL ADEUDADO (13.007-03)

I.- Fundamentos del proyecto

Desde la dictación del Código Civil en el año 1857 se estableció en su artículo 1595 que en materia de créditos cuando se debe el capital e intereses, salvo a disposición a contrario, el monto pagado debe imputarse primeramente a los intereses y luego al capital. En tal sentido, el artículo citado señala "Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital".

Como se puede apreciar, la norma es claramente pro acreedor, ya que es beneficioso para éste que se paguen primero los intereses y luego el capital, ya que el capital devengará intereses hasta que no sea pagado en su totalidad, a diferencia de los intereses que no devengan más intereses, a menos que sean capitalizados. El Código Civil reafirma la utilidad de la norma para el acreedor al señalar "a menos que el acreedor consienta en ello".

Si bien la norma citada es de carácter supletoria o residual de la voluntad de las partes -pudiendo éstas en virtud del principio rector de la autonomía de la voluntad establecer algo distinto- es que se vislumbra como conveniente cambiar la regla residual, para que, en caso que tal asunto no sea pactado por las partes, exista una norma general que sea pro deudor más que una pro acreedor. Tal reforma se plantea porque no han sido pocos los casos de deudores que han pagado largo tiempo cuotas de créditos -respecto de las cuales los primeros años se suele pagar los intereses y luego el capital- frente a lo cual consultan por el capital adeudado y se encuentran que después de pagar años el capital está integro o íntimamente pagado o, lo que es peor, cuando por alguna razón dejan de pagar al estar el capital insoluto éste no hace más que generar más intereses, generando una verdadera bola de nieve que lleva a la ruina a muchos deudores.

Tal criterio pro acreedor se mantiene vigente y ha sido repetido por algunas leyes especiales que han regulado créditos específicos, como es el caso en materia previsional, respecto del cual el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, Libro II, Título IX, Letra B de cobranza judicial de cotizaciones previsionales, señala "Capítulo VIII, sobre Imputación de los abonos, semana "Los abonos o pagos parciales se imputarán con arreglo a las siguientes normas:

a) Cada período mensual de cotización adeudado, se considerará una deuda independiente, incluyendo su reajuste, interés penal recargo, según corresponda.

b) Los abonos o pagos parciales se imputarán primeramente al período mensual adeudado más antiguo, de modo que extinguida completamente la deuda correspondiente a dicho período, el remanente que quedare se imputará al período mensual que sigue y así sucesivamente.

c) Si el abono o pago parcial no fuere suficiente para cubrir completamente un período mensual adeudado se imputará a la deuda de ese periodo en el siguiente orden de prelación:

1° Interés penal, excluido el recargo del 50%:

2° Capital nominal reajustado (Cotización nominal reajustada) [cursivas nuestras]:

3° Recargo afiliado;

4° Recargo AFP, cuando corresponda, de acuerdo a lo señalado en el número 4 del Capítulo XII de la presente Letra B;

5° Costas procesales; y

6° Costas personales"

(el subrayado es nuestro).

Sin embargo, pocas han sido las normas que ha invertido la lógica impuesta por el Código Civil, manteniéndose como excepciones al régimen de créditos general chileno. Tal es el caso del artículo 139 de la Ley número 20.720, de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, que señala "Artículo 139.- Reajuste y cálculo de intereses. En virtud de la dictación de la Resolución de Liquidación y desde la fecha de ésta, las acreencias del Deudor, vencidas y las actualizadas de conformidad con el artículo 137:

1) Se reajustarán y devengarán intereses según lo pactado en la convención, en el caso del número 1) del artículo 137.

2) Se reajustarán según lo pactado, en el caso del número 2) del mismo artículo.

3) Devengarán intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables en el caso de los números 3) y 4) del artículo 137.

El Liquidador podrá impugnar los intereses pactados en caso de estimarlos excesivos.

Las obligaciones contraídas en moneda extranjera se pagarán en la misma moneda establecida en la convención y devengarán el interés pactado en ella.

Los reajustes y los intereses, en su caso, gozarán de iguales preferencias que el respectivo capital al cual acceden.

Sin embargo, los intereses que se devenguen con posterioridad a la dictación de la Resolución de Liquidación quedarán pospuestos para su pago hasta que se pague el capital de los demás créditos en el Procedimiento Concursal de Liquidación

(el subrayado es nuestro)

Llama la atención que el año 1981 cuando se dictó la Ley número 18.010 de Operaciones de Crédito de Dinero, no se regulara expresamente el tema relativo a la imputación de pago de intereses y el capital, por lo que sigue vigente el artículo 1595 del Código Civil. Sobre la materia, la Biblioteca del Congreso Nacional [1] señala que adicionalmente se revisaron las siguientes normas sin encontrar una regla especial:

• DL N° 3.501 sistema de cotizaciones previsionales.

• Ley N° 19.496 protección al consumidor.

• Ley N° 18.883 de Cajas de Compensación.

• Recopilación Actualizada de Normas de Banco de la Superintendencia de Bancos (hoy Comisión para el Mercado Financiero), capítulo 7.1 sobre intereses y reajustes.

• Decreto Ley N° 824 aprueba Texto que indica de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

• Decreto Ley N° 830 aprueba Texto que señala del Código Tributario.

• Decreto Ley N° 825 Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios

• Código del Trabajo

Por las razones antes descritas y considerando que la norma del Código Civil sigue vigente después de más de un siglo y medio, se vislumbra como útil modificarla para proteger a los deudores, recordando que, de todos modos, las partes siempre podrán pactar algo distinto en virtud de la autonomía de la voluntad, manteniéndose tal regla de imputación como una de carácter residual o supletoria.

Relacionado con lo anterior se encuentra el denominando anatocismo o capitalización de intereses. Tal circunstancia está prohibida en materias civiles en países como Colombia[2]; está prohibida de manera general y permita excepcionalmente en Argentina [3] y en Francia [4] [5] se permite capitalizar intereses, pero solo después de transcurrido un año desde que no se pagan. Nuestra legislación permite el anatocismo en virtud del artículo 9° inciso primero de la Ley 18.101, sobre Operaciones de Crédito de Dinero, que dice "Podrá estipularse el pago de intereses sobre intereses, capitalizándolos en cada vencimiento o renovación. En ningún caso la capitalización podrá hacerse por períodos inferiores a treinta días". Tal norma si bien fomenta el pago oportuno de la deuda por parte del deudor, si es relacionada con las reglas de imputación al pago de intereses se convierte en extremadamente beneficiosa para el acreedor y muy perjudicial para el deudor, generando un fuerte desequilibrio entre las partes. Si se considera que por regla general el deudor es la parte más débil de la relación crediticia (instituciones financieras versus personas de clase media), tal situación puede generar un problema social, siendo deber del legislador establecer un reequilibrio en este tipo de operaciones. Por tales razones, con el fin de no sobreproteger al acreedor y perjudicar en exceso al deudor, es que se propone aumentar el plazo mínimo para capitalizar intereses de 30 a 60 días.

II.- Objetivo y contenido del proyecto

El presente proyecto de ley tiene por fin modificar el Código Civil en su artículo 1.595 de manera de invertir la actual regla general de imputación de pago de intereses y el capital, debiéndose imputar primeramente el pago de capital y luego los intereses, si es que las partes no han pactado algo distinto. En segundo lugar, el presente proyecto de ley tiene por objetivo modificar la Ley número 18.010, de Operaciones de Crédito de Dinero, en su artículo 9° inciso primero, de manera tal de aumentar el plazo mínimo para capitalizar intereses de 30 a 60 días.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Se modifican los siguientes cuerpos legales en la forma que se indica:

1) Al Código Civil, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, junto al de otras leyes, se encuentra el DFL N°1 del año 2000 del Ministerio de Justicia. Se sustituye el inciso primero del artículo 1.595 por el que sigue "Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente al capital, salvo que las partes estipulen algo distinto".

2)A la Ley número 18.010, que Establece Normas Para las Operaciones de Crédito y Otras Obligaciones de Dinero que Indica. En el inciso primero del artículo 9° sustituir la palabra "treinta" por "sesenta".

Fdo.): Manuel José Ossandón Irarrázabal, Senador.

MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR CHAHUÁN, SEÑORAS ARAVENA, ÓRDENES Y RINCÓN Y SEÑOR BIANCHI CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE FIJA NUEVAS EXIGENCIAS A LOS PROGRAMAS DE COLABORADORES DEL SENAME EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES (13.008-07)

Exposición de motivos.

Mediante Decreto Ley 2.465 de fecha 10 de enero de 1979, se creó el Servicio Nacional de Menores (SENAME) y su ley orgánica, N° 20.032, establece en el artículo 15 y siguientes, a las "instituciones colaboradoras".

La citada ley 20.032 establece el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME y su régimen de subvención; en su artículo 26 se consagran los contenidos de los convenios de subvención que suscribe SENAME con los colaboradores; en el artículo 27 la duración de estos convenios y el artículo 29 establece el monto de las subvenciones.

El reglamento de la ley 20.032 establece en su artículo 15 el contenido que deberán consagrar los llamados a concurso para la adjudicación de los diferentes programas y en el N° 2 del citado artículo se establece el monto de subvención.

Las normas antes señaladas, establecen la forma y condiciones en que SENAME subvencionará a sus colaboradores acreditados, velando para que la acción desarrollada respete y promueva los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención. En este sentido, se señalan como uno de los principios inspiradores para SENAME y sus colaboradores el respeto y la promoción de los derechos humanos de las personas menores de dieciocho años contenidos en la Constitución Política de la República, las leyes vigentes, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y los demás instrumentos internacionales.

Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a nuestra legislación a través del D.S. N° 830 del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1990, dispone en su artículo 3: "1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos, legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada"

A su vez, el artículo 4 establece: "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

El artículo 12 de la Convención señala: "1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.

Asimismo, el artículo 19 de la Convención señala: "1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial."

Conforme a nuestra legislación vigente, la Convención Internacional de Derechos del Niño se ha materializado en distintas normas cuyo objetivo ha sido el de promover la protección de los derechos de la infancia. Pese a lo anterior se ha visibilizado grandes falencias en esta materia que han motivado al Presidente Sebastián Piñera, en marzo del año 2018, a convocar a un acuerdo transversal de infancia, en donde se de una mirada de Estado a esta problemática; acogiendo el llamado de distintos sectores políticos del país que han conformado la mesa de trabajo por la infancia y en la cual se han logrado grandes avances al respecto.

No obstante, los esfuerzos que se han realizado, aun requieren de mayores acciones y que involucren a los distintos agentes que participan directamente en el trabajo de la protección de derechos de la infancia y adolescencia. Permanentemente, se adoptan mediadas en la búsqueda de mejorar las políticas de infancia, existiendo en la actualidad una posibilidad concreta de separar las funciones que cumple SENAME (Penal y proteccional), entregando las áreas correspondientes a los servicios o ministerios directamente relacionados con cada materia.

Sin embargo, aun cuando se reconoce los grandes avances en estos asuntos, nada se ha reflexionado en torno a los programas que día a día realizan labores con los niños niñas y adolescentes, La ley 20.032, establece distintos programas a ejecutar por organismos colaboradores, entre los que se encuentran, Oficina de Protección de derechos de la infancia y adolescencia, Programas de prevención Focalizada, programas de Reparación de Maltrato Grave, residencias, etc., todos los cuales son ejecutados en forma externa al Servicio Nacional de Menores, por adjudicación mediante licitaciones;

Cada programa cumple funciones propias y especificas acorde a los lineamientos respectivos, entre las que se encuentran intervenciones psicosociales, asesorías jurídica y curadurías ad litem, actividades de difusión, capacitación y prevención de eventuales vulneraciones de derechos.

Dichos lineamientos y materias, requieren de profesionales con alto conocimiento teórico y práctico de las funciones señaladas, además de habilidades sociales especificas propias del trabajo con infancia y vulneración de derechos; dado lo complejo de las materias, resultará altamente necesario, contar con profesionales capacitados, y con proyección de permanencia alta para lograr adherencia de los usuarios, cumplir los objetivos de los distintos planes de intervención y finalizar los procesos satisfactoriamente en los tiempos establecidos. Actualmente este escenario ideal no se logra principalmente por las condiciones laborales poco motivantes, producto de remuneraciones bajas, inestabilidad laboral producto de los tipos de contratos, utilización errónea de la prestación de servicios profesionales en relaciones de carácter laboral, etc.

Actualmente existe una alta rotación de personal en los distintos programas que trabajan en estas materias, lo que impide adherencia de los usuarios, y eficiencia en los procesos, existiendo programas en los que incluso se han cambiado uno o más profesionales de las duplas Psicosociales cada dos meses, impidiendo que se logre el primer y gran objetivo de estos programas que es el de frenar y/o reparar el daño causado a los niños niñas y adolescentes.

El principal objetivo de estos programas es el de abordar la vulneración de derechos, evitando que esta ocurra, o terminando con ella si ya se ha cometido, pero dicho objetivo no será posible de alcanzar si los profesionales a cargo, por razones absolutamente legítimas, se encuentran en permanente búsqueda de mejores condiciones laborales, y ante la primera oferta que signifique un mejor ingreso o mayor estabilidad, por mucha vocación que exista, deban emigrar hacia otras áreas. No se desconoce la vocación de quienes trabajan en esta área, sin embargo, no se puede desconocer la necesidad de cubrir las necesidades económicas que tienen los profesionales, y por esta razón se hace necesario corregir la falencia que existe en la materia, haciéndose necesario contar con mecanismos concretos que otorguen mayor motivación a profesionales altamente capacitados para formar parte de la red de programas de SENAME, y mantenerlos en tiempo suficiente para alcanzar los objetivos en la medida de lo posible.

En virtud de lo anterior, se hace necesario establecer exigencias concretas a las instituciones colaboradoras de SENAME en cuanto al perfil y permanencia de los profesionales que integran sus programas, por lo cual sometemos a la aprobación del Senado de la República, el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único: Modifíquese la Ley N° 20.032, que establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME, y su régimen de subvención, en el siguiente sentido:

a) En el artículo 26, agréguese como nuevo número 7° el siguiente: "el perfil profesional, años de experiencia requerida en materia de infancia, y modalidad de contratación, acorde a las exigencias del Código del Trabajo."

b) En el artículo 27 incorpórese el siguiente inciso final: "no obstante la duración de los convenios suscritos, los organismos colaboradores, garantizarán la estabilidad laboral de sus trabajadores, conforme a las normas del Código del Trabajo."

(Fdo.): Francisco Chahúan Chahuán, Senador.- Carmen Gloria Aravena Acuña, Senadora.- Ximena Órdenes Neira, Senadora.- Ximena Rincón González, Senadora.- Carlos Bianchi Chelech, Senador.

MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORAS RINCÓN, ARAVENA Y GOIC Y SEÑORES CHAHUÁN Y LAGOS CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE LAS FARMACIAS DE VENDER AL PÚBLICO EL FÁRMACO ORIGINAL AL PRECIO ESTABLECIDO PARA EL PRODUCTO GENÉRICO CUANDO NO DISPONGAN DE ESTOS PARA LA VENTA (13.009-11)

FUNDAMENTOS

1. Importancia de las políticas de fomento a los medicamentos genéricos.

El Estudio sobre los efectos de la Bioequivalencia y la Penetración de Genéricos en el ámbito de la Libre Competencia [1] realizado por la Fiscalía Nacional Económica en el año 2013, analizó, desde la perspectiva de la libre competencia, la importancia de las medidas de bioequivalencia y las políticas de fomento a los medicamentos genéricos, en tanto mecanismos para reducir las actuales distorsiones que exhibe el mercado nacional de fármacos.

En la actualidad, existen elementos estructurales en esta industria que hacen que la competencia en precios resulte desviada hacia otras variables que no benefician a los consumidores, como es el caso de la promoción médica, la entrega de incentivos a las farmacias y la creación y proliferación de marcas. Según lo expresado por la Fiscalía, "en un contexto caracterizado por fuertes asimetrías de información y problemas de agencia, dichas variables introducen distorsiones que afectan en forma considerable el proceso competitivo y perjudican por tanto a los consumidores del país".

De acuerdo con dicho Estudio, la revisión de la experiencia comparada y de la literatura económica sobre el particular sugiere que el fomento de la competencia en el mercado de medicamentos requiere una serie de medidas que deben aplicarse conjuntamente:

"En primer término, las medidas destinadas a certificar la eficacia terapéutica de los medicamentos genéricos desempeñan un rol fundamental. En este contexto, las políticas de bioequivalencia permiten homogeneizar la calidad de los productos, disminuyendo las asimetrías de información de los consumidores y favoreciendo, consecuentemente, la toma de mejores decisiones económicas. Dichas medidas permiten, a su vez, atenuar la percepción de "menor calidad" de los medicamentos genéricos, factor que tiende a funcionar como una barrera de entrada para la oferta de tales productos [2].

"En segundo lugar, la introducción de una competencia efectiva en el mercado de medicamentos requiere de una serie de medidas orientadas a garantizar una amplia libertad de elección por parte de los consumidores. Ello implica, por una parte, revisar el modo en que los médicos prescriben medicamentos y los mecanismos que permiten que el paciente (consumidor) los sustituya en la farmacia" [3].

Es sabido que la capacidad de los médicos y de las farmacias para canalizar pacientes hacia ciertas marcas, fomenta la entrega de incentivos por parte de los laboratorios e induce la prescripción hacia medicamentos que representan un mayor costo para el paciente, sin mayores beneficios aparejados para éste. Según concluye la Fiscalía Nacional Económica, "en la medida que no exista evidencia acerca del mejor desempeño del medicamento de marca, y que el Instituto de Salud Pública procure velar por la calidad en los procesos de fabricación y manufactura de los medicamentos, parecen existir pocas razones para aumentar el poder de prescripción y dispensación en manos de médicos y farmacias, en desmedro de la mayor libertad del consumidor" [4].

2. La multiplicidad de formas de comercialización de medicamentos en el país y la falta de información a su respecto que afecta la libertad de elección del consumidor.

La Fiscalía Nacional Económica llama la atención acerca de la existencia de genéricos de marca y asimetrías de información. Conforme su estudio, al analizar el mercado de medicamentos chileno, uno de los primeros factores que debe ser considerado es que la división simple entre medicamentos originales y medicamentos genéricos multifuente es demasiado tosca como para dar cuenta de la actual multiplicidad de formas de comercialización de medicamentos en el país.

En efecto, dentro del grupo de medicamentos genéricos es importante distinguir los medicamentos genéricos que se venden por el nombre de su componente activo, es decir que usan la denominación común internacional (DCI) (sin que exista un nombre de fantasía o marca asociado al mismo) y aquellos genéricos "de marca". A su vez, dentro de estos últimos, pueden distinguirse los medicamentos "similares" de aquellas marcas propias comercializadas por las cadenas de farmacias. [5]

Conforme a los datos presentados por Danzon y Furukawa [6] en un estudio comparativo sobre precios y disponibilidad de medicamentos en 12 países, entre los que se incluye Chile, los medicamentos genéricos de marca presentan diferencias de precio considerables en relación a los medicamentos genéricos que usan la denominación común internacional (DCI), no obstante los primeros no cuentan con estudios que permitan acreditar equivalencia terapéutica con el medicamento original, ni garantizar una mayor eficacia que el medicamento genérico común.

En términos de su comercialización en farmacias, en Chile se distinguen los medicamentos Genéricos, de Marca, Similares y de Marca propia. Los genéricos incluyen fármacos que se venden bajo el nombre de su principio activo independientemente de si ha probado su equivalencia terapéutica.

Los medicamentos "Similares" corresponden a aquellos fármacos comercializados bajo un nombre distinto al principio activo. Los medicamentos “Marcas Propias" son aquellos producidos por laboratorios de la misma farmacia. Finalmente, los "medicamentos de marca" son aquellos producidos por el laboratorio que es dueño de la patente.

A partir de esta diversidad, en la distribución de medicamentos en el sector privado -principalmente farmacias- los autores destacan la incertidumbre acerca de la calidad de los medicamentos como el principal escollo a la competencia en precios. En este tipo de mercados, afirman, los productores de medicamentos hacen un uso intensivo de marcas para señalizar calidad, alterando el resultado esperable del proceso competitivo [7].

En efecto, la persistencia del poder de marca, aun en presencia de fuertes políticas de acreditación de bioequivalencia, no debe ser despreciada, pues actualmente, los medicamentos genéricos de marca ofrecen mayores márgenes a los laboratorios que los producen, en relación a aquellos comercializados mediante su DCI.

Los datos presentados por el Ministerio de Economía permiten dar cuenta de esta diferencia: utilizando información de mercado de las tres principales cadenas farmacéuticas, el Ministerio determinó que los medicamentos genéricos sin marca representaron un 28,5% de las unidades vendidas por las farmacias, pero dieron cuenta sólo de un 5,3% de sus ingresos, mientras que los medicamentos genéricos "similares". [8]

Conforme a esta evidencia, todo aumento en la información sobre la calidad de los medicamentos y su homogenización, así como toda medida tendiente a generar una oferta efectiva de todas las formas de comercialización de medicamentos en el país tenderá a fomentar una competencia en precios.

3. Escollos en el acceso al medicamento genérico en la farmacia

Tal como lo señala la Fiscalía Nacional Económica, "la posibilidad de sustitución de fármacos será imperfecta si las farmacias no cuentan con medicamentos genéricos a disposición del público".

La ley N ° 20.724 que Modifica el Código Sanitario en materia de regulación de Farmacias y Medicamentos, promulgada en febrero del año 2014, conocida como la "Ley de Fármacos I", estableció que las farmacias están obligadas a vender remedios genéricos, tener como opción bioequivalentes aprobados por el Instituto de Salud Pública (ISP), y funcionar con turnos para que en una comuna siempre haya una farmacia disponible.

No obstante, resulta difícil fiscalizar la multiplicidad de formas en que los laboratorios pueden incentivar la dispensación de fármacos específicos por parte de las farmacias, especialmente cuando, como ocurre en el contexto chileno, las principales cadenas se encuentran verticalmente integradas con laboratorios específicos o tienen externalizados con laboratorios la producción de marcas propias. De hecho, la actual regulación sobre la materia ha sido escasamente aplicada, fundamentalmente por tratarse de una normativa con altos costos de fiscalización. En segundo lugar, la existencia de un poder de marca, por sí solo, puede retardar la entrada de genéricos a raíz de la fidelidad que dicha marca puede artificialmente generar en los consumidores.

Los datos presentados por el Ministerio de Economía sobre el mercado de medicamentos en Chile son consistentes con lo anterior [9]. A partir de dicho estudio, puede constatarse una paulatina pérdida de participación de mercado por parte de los medicamentos genéricos sin marca, a manos de medicamentos similares o aquellos de marcas propias de las farmacias. Los datos corresponden al año 2008, y son elocuentes:

-34,1% han crecido los ingresos de las farmacias en 5 años: En el 2008 las ventas fueron de 545.446 millones de pesos y alcanzaron a 731.424 millones de pesos en el 2012.

-ingresos por medicamentos de marca y similares predominan: Un 46,5% de los ingresos por medicamentos son por venta de similares y un 41,1% por medicamentos de marca. El 12,3% restante se reparte entre marcas propias y genéricos.

-Cae comercialización de genéricos: Entre el 2008 y el 2012, las unidades vendidas de genéricos cayeron en un 14,6% en las tres principales cadenas farmacéuticas.

- Mayor crecimiento en medicamentos de marca propia: En los últimos 5 años, los ingresos de las farmacias aumentaron un 100,7% en medicamentos de marca propia, un 34,9% en medicamentos de marca, un 28,7% en similares y un 20,0% en genéricos [10].

Un estudio del SERNAC de octubre de este año 2019, confirma similares resultados: significativas diferencias los precios de los medicamentos originales de marca y bioequivalentes. El análisis incluyó los precios de 1.127 medicamentos comercializados en 33 locales, ubicados en la Región Metropolitana, por las farmacias Ahumada, Belén, Cruz Verde, Dr. Simi, Espoz, Farmaprecio y Salcobrand.

El SERNAC realizó un ejercicio de cotización de medicamentos para conocer la experiencia que viven los consumidores en la compra de estos productos.

La metodología fue chequear que el medicamento genérico (de menor valor) indicado por la farmacia estuviera a la venta, y en caso de contrario, detectar si ofrecían alternativas. Además, este ejercicio buscó verificar si las empresas cumplen con la obligación legal de disponer para los consumidores un mecanismo de auto consulta de precios, por ejemplo, un libro o un tótem.

Para ello tomó como referencia un listado aleatorio de 24 farmacias correspondiente a las 8 cadenas. En cada una de ellas se consultó por dos remedios obtenidos de una muestra de los medicamentos más baratos declarados por la cadena.

De un total de 46 medicamentos consultados, 22 de ellos (48%) no estaban a la venta. Según lo informado por los dependientes, 13 de ellos no eran comercializados por el local. Información que además es contradictoria con la información entregada vía oficio a SERNAC por las propias cadenas de farmacias.

El Reglamento de Farmacias establece que este tipo de establecimientos debe contar con una lista de precios de productos farmacéuticos permanentemente actualizada y accesible al público de forma directa a través de una lista impresa o dispositivos electrónicos que permitan la consulta directa de la persona, por ejemplo, un libro o un tótem.

De las 24 farmacias consultadas, 15 de ellas (63%) tenían tótem informativo. De las farmacias que sí contaban con este instrumento, ninguna de ellas cumplía con las exigencias de información que establece la normativa, que incluye, por ejemplo, el laboratorio del medicamento, si el producto es bioequivalente, nombre de principio activo, entre otros, impidiéndoles a los consumidores cotizar y tener información relevante de los medicamentos antes de adquirirlos.

En cuanto a las alzas y diferencias de precios, la mayor diferencia se detectó en el caso del medicamento con el principio activo Capecitabina de 500 mg. de 120 unidades, indicado para el tratamiento de cáncer del tracto gastrointestinal y de mama. El medicamento original de marca Xeloda, elaborado por el Laboratorio Roche Chile, tuvo un valor mínimo de $481.045; el bioequivalente de marca denominado Categor, producido por Laboratorio Novartis Chile se encontró a un valor de $439.620; mientras que el bioequivalente genérico denominado Capecitabina de Laboratorio Chile tuvo un precio de $299.995.

Es decir, al comprar el bioequivalente genérico, una persona se puede ahorrar $181.050 con respecto al original de marca. Por otro lado, si elige el mismo bioequivalente genérico se ahorraría $139.625 en relación con la copia de marca.

Otra diferencia significativa se detectó en el medicamento con principio activo Atorvastatina de 20 mg. de 30 unidades, indicado para la reducción del colesterol. El original de marca Lipitor presentó un precio de $54.590, mientras la copia de marca y el bioequivalente genérico tuvo un valor de $1.880. En este caso, entre el original de marca y sus bioequivalentes la diferencia es de 2.804%. Es decir, por el precio del más caro de marca, un consumidor podría comprar hasta 29 cajas del medicamento genérico.

4. Incumplimiento de la obligación establecida en la ley N° 20. 724 para los establecimientos de expendio de a vender remedios genéricos y tener como opción bioequivalentes aprobados por el Instituto de Salud Pública.

La introducción de los medicamentos bioequivalentes en Chile venía acompañada de importantes promesas para los consumidores: básicamente, menores precios para productos de la misma calidad y eficacia. Pero en la práctica, lo que se ha visto es menor disponibilidad de remedios y mayores precios.

Un estudio, que contó con el financiamiento del banco de desarrollo de América Latina (CAF), desarrollado por los académicos de Juan Pablo Atal (Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos) y Morten Saethre (Escuela Noruega de Economía), y el doctorado en Economía por la Universidad de Chicago José Ignacio Cuesta permitió contar con una evaluación rigurosa de su impacto, y dio cuenta de "efectos competitivos adversos" derivados de esta política que pretendía abaratar los remedios. Costos de la certificación y particularidades de las recetas médicas figuran entre los problemas.

Lo que en definitiva concluye una investigación es que si bien una gran cantidad de medicamentos obtuvo la certificación de bioequivalencia, "el número total de drogas en el mercado disminuyó en 25% como resultado de la política. Además, encontramos que los precios medios pagados aumentaron en 10% y que la cuota de mercado de los genéricos se mantuvo sin cambios". [11]

En la constante búsqueda de que los medicamentos tengan un precio justo, y para que Chile deje de ser unos de los países con los remedios más caros del continente, es que parlamentarios han avanzado en proyectos para su regulación. Hoy en el Congreso se discute una nueva iniciativa parlamentaria que precisamente apunta a reducir los precios para los usuarios. Se trata del Boletín 9914-11 que Modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias, en actual tramitación en el Senado. Conocida como Ley de Fármacos II busca que los médicos entreguen la receta con la denominación común internacional, de manera que la persona pueda consultar en la farmacia por el remedio de marca y el bioequivalente, para que así decida en función del precio.

Conforme a todos los fundamentos antes referidos, resulta evidente la necesidad de adoptar medidas adicionales que derriben las trabas que aún permanecen. Una de ellas, sin duda, es incentivar la obtención del certificado de bioequivalencia. Otra, a la que apunta esta iniciativa, es buscar mecanismos que competan a las farmacias al cumplimiento de la obligación de contar con un completo stock de medicamentos que permita efectivamente la libre elección del consumidor.

Las farmacias deben contar no sólo con los medicamentos originales o referentes y copias de marca, que son los de más alto valor, sino también con medicamentos bioequivalentes. Dentro de éstos, han de disponer no sólo de bioequivalentes de marca- que no necesariamente cuenta con la certificación del Instituto de Salud Pública (ISP) y tiene un costo más elevado que los sin marca, sino también de bioequivalentes genéricos que se comercializan con el nombre de su componente activo, es decir que usan la denominación común internacional (DCI). Además, y en todo caso, deben contar con medicamentos genéricos que no requieren de la certificación de bioequivalencia de acuerdo con las normas del ISP.

La "Ley de Fármacos I" es clara: estableció que las farmacias están obligadas a vender remedios genéricos y a tener como opción bioequivalentes aprobados por el Instituto de Salud Pública (ISP).

Atendidos todos los fundamentos antes referidos, los abajo firmantes venimos en proponer el siguiente proyecto de Ley:

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: Refórmese el Código Sanitario en la siguiente forma:

Agréguese un inciso sexto al artículo 101 del siguiente tenor:

"Será obligación de los establecimientos de expendio tener disponibles para la venta al público medicamentos genéricos. A falta de éstos, deberán vender al paciente el fármaco original al precio establecido para el producto genérico".

(Fdo.): Ximena Rincón González, Senadora.- Carmen Gloria Aravena Acuña, Senadora.- Carolina Goic Boroevic, Senadora.- Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.

MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR CHAHUÁN, SEÑORAS ARAVENA, GOIC Y MUÑOZ Y SEÑOR MOREIRA CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE DISPONE RESERVAR UN PORCENTAJE DE PUESTOS DE TRABAJO EN LAS ENTIDADES QUE INDICA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS (13.011-11)

Exposición de motivos.

La ley N° 20.422, establece en su artículo 1° que el objeto de dicho texto legal es "asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad."

Por su parte, el artículo 4° de este cuerpo normativo dispone que "es deber del Estado promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad".

A su turno, en su artículo 44 se obliga al Estado a crear condiciones y velar por la inserción laboral y el acceso a beneficios de seguridad social por parte de las personas discapacitadas.

Tales disposiciones constituyen una aplicación clara de las garantías fundamentales que nuestra Constitución Política contempla, consagradas en el artículo 19 N°.2 y que establece que "La Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley"; y 3, "La Constitución asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos".

Ahora bien, no obstante estos nobles principios que se consignan tanto en nuestra Carta Fundamental como en la ley citada, es del caso consignar que en nuestro país, en el año 2017, se promulgó una modificación al artículo 45 de la ley referida, denominada Ley de Inclusión Laboral, en virtud de la cual, se establece lo siguiente: "En los procesos de selección de personal, los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 1 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral, la Justicia Electoral y demás tribunales especiales creados por ley, seleccionarán preferentemente, en igualdad de condiciones de mérito, a personas con discapacidad. En las instituciones a que se refiere el inciso anterior, que tengan una dotación anual de 100 o más funcionarios o trabajadores, a lo menos el 1% de la dotación anual deberán ser personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Las personas con discapacidad deberán contar con la calificación y certificación que establece esta ley".

A este respecto es útil recordar que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativa, ratificada por nuestro país el 17 de septiembre de 2008, establece en su artículo 27 N° 1, lo siguiente: "Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación"

Entre las medidas legislativas que los países signatarios deben adoptar, en el literal c) de este mismo numeral 1, se prescribe: "Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás".

Y en el literal e), la Convención dispone: "Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo". A su vez en el literal g) de esta misma norma, se establece: "Emplear a personas con discapacidad en el sector público.

Acorde con estas normas de inclusión, diversos países han establecido una especie de reserva de cupos laborales para personas discapacitadas, en las empresas que se fijan en porcentajes, que oscilan entre un 2% y un 5%.

Estimamos que, a fin de asegurar la inclusión para los discapacitados que nuestra ley persigue, es necesario establecer un 3% de cupos para ellos, en empresas y demás entidades empleadoras que constituyan fuentes laborales, y asimismo establecer que los trabajos que se asignen a estas personas, deben ser acordes con sus discapacidades.

Para tal efecto, se requiere modificar el artículo 44 de la ley N° 20.422.

En mérito a lo expuesto, sometemos a la aprobación del Senado de la República, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

Artículo único: Sustitúyase el texto del inciso segundo del artículo 45 de la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, por el siguiente:

"En los procesos de selección de personal, los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 1 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral, la Justicia Electoral y demás tribunales especiales creados por ley, seleccionarán preferentemente, en igualdad de condiciones de mérito, a personas con discapacidad. En las instituciones a que se refiere el inciso anterior, que tengan una dotación anual de 100 o más funcionarios o trabajadores, a lo menos el 3% de la dotación anual deberán ser personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Las personas con discapacidad deberán contar con la calificación y certificación que establece esta ley.

Asimismo, el trabajo que se asigne a una persona con discapacidad deberá ser acorde a sus capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su integridad en el desempeño de sus labores; proporcionando los implementos técnicos y tecnológicos para su realización; y, adecuando o readecuando su ambiente o área de trabajo en la forma que posibilite el cumplimiento de sus responsabilidades laborales."

(Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Carmen Gloria Aravena Acuña, Senadora.- Carolina Goic Boroevic, Senadora.- Adriana Muñoz D`Albora, Senadora.- Iván Moreira Barros, Senador.

MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES NAVARRO, GALILEA, LATORRE, QUINTANA Y SANDOVAL CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE INCORPORA COMO OBJETIVO DE LAS JUNTAS DE VECINOS DE LAS REGIONES QUE INDICA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y LA FORMACIÓN DE BRIGADAS PARA EL COMBATE DE ESTOS SINIESTROS (13.012-06)

Fundamentos y Antecedentes.

• Es un hecho que el país enfrenta todos los años desde comienzos de la primavera hasta ya terminado el verano, una "temporada de incendios forestales" que año a año, no solo destruyen el recurso natural, sino que también toman vidas humanas y destrucción de la vivienda de personas que viven en zonas cercanas.

• LA CONAF ha manifestado que "Los incendios forestales son recurrentes en cada temporada estival causando daños y pérdidas estimadas en 2.255 dólares por hectárea año (Bosnich, 2005), impactando en los bienes y servicios tanto de uso directo como indirecto que proporcionan los ecosistemas boscosos a las sociedades y comunidades. La principal causa de los incendios forestales son antrópicas (causadas por humanos).

La planificación de los recursos destinados a la detección, ataque, control y extinción de los incendios forestales se realiza sobre la base territorial administrativa geopolítica, en que se desarrollan planes de protección contra incendios a nivel comunal en función de tres parámetros componentes riesgo, peligro y daño potencial.

En Chile es CONAF (Corporación Nacional Forestal) quien está encargada de la planificación de las actividades de prevención, uso del fuego, combate y control de incendios forestales en terrenos públicos, parques nacionales, reservas nacionales, propiedades de pequeños y medianos propietarios y en las zonas denominadas de interface. Mediante el Departamento de Protección contra Incendios Forestales (DEPRIF) quién coordina y gestiona los recursos a través de sus distintas áreas." [1]

• Cuadros obtenidos de la página Web de CONAF [2] Número de incendios y superficie afectada

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•Por su parte la prensa ha informado que "Expertos sostienen que los incendios forestales serán cada vez más rápidos, frecuentes y difíciles de controlar en Chile, Debido a los efectos del cambio climático en el país, especialistas afirman que la prevención es clave para evitar que nuevos incendios afecten zonas del país. De forma inusual, en agosto se declararon cuatro incendios forestales en las regiones de Valparaíso y La Araucanía." [3]

• En los registros de la ONEMI, se expone el detalle de afectación asociado a los incendios forestales desde el 1 febrero 2019 hasta la fecha dé 13 de octubre 2019, en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Maule, Nuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén:

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Cabe señalar, que el día 5 de febrero se decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para la Región del Biobío, a excepción de las comunas de Concepción y Talcahuano; para la Región de La Araucanía, excluyendo la comuna de Temuco; y para las comunas de Mariquina y Panguipulli, Región de Los Ríos. Por otra parte, el día 6 de marzo, se amplió el periodo de vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en la Región de La Araucanía hasta el sábado 6 de abril. [4] Estos datos son del año 2019.-

• Es claro que el país vivirá nuevamente jornadas de incendios forestales, por ello resulta urgente aumentar la prevención y capacitación para evitar y combatir incendios forestales. Esto particularmente en las regiones que a todas luces son las más afectadas.

• Quienes creen en el cuerpo vivo de la sociedad y, que quienes padecen un problema como este, son los primeros en tener interés y conocimientos para enfrentar estas emergencias, es que el presente proyecto de ley pretende otorgar una herramienta más para el combate de los incendios forestales, facilitando la capacitación tanto en prevención como en el combate a las juntas de vecinos que se encuentran en las regiones más golpeadas por esta causa.

Idea matriz.

La presente moción continúa como otras iniciativas en la senda de prevenir y combatir los incendios forestales. Para ello establece modificaciones a la al Decreto 58 del ministerio del interior que "fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley n° 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias" confiriéndoles a las juntas de vecinos de determinadas regiones el objetivo de prevención e incluso formación de brigadas de combate de incendios, contando con preferencia para utilización del fondo de desarrollo vecinal establecido en la misma ley.

En razón a los planteamientos anteriormente expuestos los senadores que suscribimos concurrimos en presentar el siguiente:

Proyecto de ley

Artículo Único. Incorpórese al Decreto 58 del ministerio del interior que "fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley n° 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias", el siguiente artículo 41 bis:

"Artículo 41 bis.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, tratándose de las regiones Valparaíso, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía y Aysén, las juntas de vecinos tendrán como objetivo la prevención de incendios forestales, pudiendo formar incluso brigadas de combate, las que podrán ser asesoradas por Bomberos o personal de la CONAF, para ello podrán contar con a lo menos un veinte por ciento del fondo establecido en el artículo 43"

(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- Rodrigo Galilea Vial, Senador.- Juan Ignacio Latorre Riveros, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.- David Sandoval Plaza, Senador

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL INICIADO EN MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR QUINTANA, SEÑORAS GOIC Y ÓRDENES Y SEÑORES ELIZALDE Y LAGOS QUE SUSTITUYE EL ARTÍCULO 62 DE LA CARTA FUNDAMENTAL EN LO RELATIVO A LA DIETA PARLAMENTARIA (13.015-07)

Fundamentos:

La dieta de los parlamentarios en Chile equivale casi a 32 veces el sueldo mínimo [1]. No solo eso, nuestro país tiene los parlamentarios mejor pagados de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) donde figuran potencias mundiales de la talla de Estados Unidos, Canadá, España, Francia o Australia. Chile comparte esta ubicación junto a México, nación con la que además tenemos índices similares de desigualdad.

Esta desigualdad lamentablemente se ha ido profundizando, puesto que a medida que la dieta de nuestros congresistas se incrementa, los sueldos y calidad de vida de miles de compatriotas no mejora. La cifra descrita anteriormente es el resultado de aumentos constantes, estimándose ellos en más de un 240% durante los últimos quince años. Una de las mayores críticas que la ciudadanía realiza contra la clase política, particularmente diputados y senadores, es precisamente a los altos sueldos que perciben, sumado lo anterior a que por muchos años se beneficiaron además del reajuste al sector público. Todo ello en un país donde los salarios del 70% de la población están bajo los $500.000.

Ahora bien, los parlamentarios no solamente reciben recursos públicos por concepto de dieta, sino que además por asignaciones. Al respecto, cabe tener presente que se trata de ítems de distinta naturaleza y fines, que sin embargo tienden a confundirse.

En términos generales, la dieta parlamentaria puede ser definida como la remuneración que recibe un parlamentario por el ejercicio de sus funciones y existe en nuestro ordenamiento desde la Constitución de 1925. El fundamento de su introducción es que toda persona independiente de su origen puede desempeñarse como congresista, cumplir sus funciones con independencia y libre de presiones, a diferencia de lo que ocurría anteriormente donde solamente aquellos que contaban con recursos podían dedicarse a esta labor. Es en este texto normativo donde se consagró por primera vez, estableciéndose en su artículo 44 N° 6 que era materia de ley "fijar las remuneraciones de que gozarán los diputados y senadores". Transitoriamente se determinó un monto de 2.000 pesos mensuales de la época, mientras se dictaba la ley definitiva, que finalmente se promulgó en 1965, aprobándose la siguiente formula: "Los Diputados y Senadores sólo percibirán como dieta una cantidad equivalente al sueldo base de los Ministros de la Corte Suprema y además, para gastos de representación y como única "asignación complementaria por el desempeño de su cargo, una suma correspondiente al cincuenta por ciento de la dieta".

El mecanismo descrito anteriormente es bastante similar al que rige actualmente. La Comisión Ortúzar trabajó sobre la base de dos proyectos presentados bajo los gobiernos de Alessandri y Frei, que consideraban para los parlamentarios una dieta equivalente a la de un ministro de Corte Suprema. En la Constitución de 1980 con el propósito de evitar que los congresistas fijen sus propias dietas, se estableció en su mismo articulado una disposición que equipara sus dietas a la de los ministros de Estado con todas las asignaciones que estos reciben. En consecuencia, lo que actualmente reciben los congresistas como dieta parlamentaria es el mismo monto que los ministros de Estado, y se trata de un monto similar al que además recibe el presidente de la Corte Suprema.

Por su parte, se entiende por asignaciones parlamentarias los recursos que se les entrega a los congresistas para financiar todos aquellos gastos relativos a la función parlamentaria, es decir, para el conjunto de actividades tendientes a satisfacer las funciones y atribuciones que, a los parlamentarios, les confiere la CPR y la ley, tales como la función de representación popular, las labores políticas, labores fiscalizadoras (caso de la Cámara de Diputados), entre otras. Se encuentran consagradas en la ley N° 20.447 y reguladas por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditoría Parlamentaria.

En efecto, como ha señalado el Consejo Resolutivo en su Resolución n° 4 de 29 de junio de 2018 "la remuneración (dieta) y la asignación parlamentaria son dos montos completamente diferentes, no sumables y que cumplen propósitos y finalidades diversas", tanto es así, que la dieta al ser una "remuneración o renta", se incorpora en el patrimonio del parlamentario, pudiendo gozar y disponer de ella a su arbitrio. De hecho, paga una tasa marginal de segunda categoría de 40%, conforme al artículo 52 bis del DL 824 sobre impuesto a la renta, y de la misma dieta también, se efectúan los descuentos para la seguridad social y previsión de salud. A su turno, las asignaciones poseen un régimen diferente. Están sometidas a importantes restricciones y controles; el monto, destino, reajustabilidad, y los criterios de uso son controlados por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y auditados por el Comité de Auditoría Parlamentaria, todo lo cual, "es consistente, con las obligaciones de probidad y transparencia establecidas en el artículo 8° de nuestra Carta Fundamental y en el artículo 5°A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, así como por las exigencias de austeridad en el uso de los recursos públicos" [2].

Clarificada la distinción anterior, y más allá de la estrecha relación que existe entre la dieta y la remuneración de los ministros de estado, lo que ha sido objeto de cuestionamiento por la ciudadanía, es el monto que en definitiva implica. No se trata de un cuestionamiento en cuanto a su legitimidad, sino más bien por su cuantía, en atención al promedio de remuneraciones que recibe la mayoría de personas del país. Por ello que es absolutamente necesaria una rebaja de la dieta, como una señal de austeridad y de sintonía con la realidad económica que el país vive en el día a día. Servir a la patria y representar a la ciudadanía, constituye en sí mismo un privilegio, donde el monto de los emolumentos recibidos deben ser los adecuados para el cumplimiento de la función.

Lo dicho, es ratificado por el informe la BCN de 2016 denominado "Dieta Parlamentaria en Chile - Estado de la situación y propuestas de modificación", al señalar que:

"una de las principales críticas de la opinión pública y de algunos miembros del propio parlamento ha sido el monto de la remuneración mensual o dieta de los parlamentarios chilenos. Según un estudio del Centro de Investigación Periodística (CIPER Chile), si se toman en consideración el Producto Interno Bruto (PIB) y el Ingreso Mínimo Remuneraciones (IMR) de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), la dieta de los parlamentarios chilenos es la más alta, lo que sería desproporcionado a la realidad país"

Asimismo, de acuerdo al PNUD, "de los países sin dedicación exclusiva, Chile tiene la dieta parlamentaria, más alta del conjunto de países estudiados" [3], donde el sueldo parlamentario representa 13 veces el PIB per cápita, solo superado por Lesoto, Nicaragua, Colombia e India.

En efecto, y en esta misma dirección, el informe del "Consejo asesor presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción" o comisión Engel, señaló corno una de sus recomendaciones esenciales, la reducción de dietas y sueldos de las máximas autoridades intendentes ministros parlamentarios ejecutivos empresas públicas [4].

Con todo, es necesario recalcar que este debate no es nuevo, de hecho ha estado presente desde hace muchos años en el ámbito parlamentario, cuestión que envuelve un importante valor, pues se ha podido discutir, aunque sin mucho éxito algunos aspectos esenciales de un tema de tan alto interés ciudadano, tal es el caso del Boletín n° 9.304-07 de los diputados (as) Aguiló, Boric, Carvajal, Girardi, entre otros, y el Boletín n° 11.151-07 de la otrora Senadora Pérez San Martín.

Sin embargo, hoy, una modificación como la que se propone se torna esencial, como una manera de dar una señal de austeridad y de convicción de parte de este Parlamento.

Idea matriz

La presente reforma constitucional apunta a modificar el actual artículo 62 de la Constitución Política de la República, con la finalidad de que sea la propia ley orgánica del Congreso Nacional, la que fije el monto y forma de reajustabilidad de la dieta parlamentaria. Esta modificación, además de entregar a la ley la fijación del monto, se hace cargo de los "aumentos" a la dieta como efecto, del reajuste de las remuneraciones de los Ministros de Estado.

Es sobre la base de estos antecedentes y fundamentos que venimos en proponer el siguiente:

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Artículo único:

1. En el Decreto N° 100 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de 17 de septiembre de 2005 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile, reemplázase el actual artículo 62 por el siguiente:

Artículo 62: Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta, cuyo monto y reajustabilidad serán determinadas por la ley.

(Fdo.): Jaime Quintana Leal, Senador.- Carolina Goic Boroevic, Senadora.- Ximena Órdenes Neira, Senadora.- Álvaro Elizalde Soto, Senador.- Ricardo Lagos Weber, Senador.