Labor Parlamentaria

El señor QUINTANA (Presidente).-

En primer lugar, corresponde ocuparse en el oficio mediante el cual Su Excelencia el Presidente de la República solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, la permanencia de tropas y medios nacionales en Bosnia y Herzegovina, con informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, y la urgencia establecida en el párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.

--Los antecedentes sobre el oficio (S 2.097-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Se da cuenta en sesión 87ª, en 18 de diciembre de 2019.

Informe de Comisiones:

Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional (unidas): sesión 88ª, en 19 de diciembre de 2019.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, dejan constancia de que recibieron información sobre la materia de parte del señor Subsecretario de Defensa y del señor Director de Seguridad Internacional y Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores, y resolvieron, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Araya, Guillier, Insulza, Moreira, Pérez Varela y Pugh (como miembro de ambas Comisiones), recomendar que se otorgue el acuerdo solicitado por Su Excelencia el Presidente de la República.

Nada más, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Muchas gracias, señor Secretario General.

El señor LAGOS.-

Señor Presidente, el Senador Insulza, titular de las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, me pidió que en esta oportunidad informara sobre este asunto.

Como ya se señaló, el Presidente de la República ha solicitado, a través de un oficio, el acuerdo del Senado para prorrogar, desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, la permanencia de las tropas y medios nacionales en Bosnia y Herzegovina.

La Sala de la Corporación acordó, el 18 de noviembre del año en curso, que dicha solicitud fuera conocida por las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas.

Ahora bien, en el oficio respectivo el Primer Mandatario hace presente que la República de Chile, actuando bajo el mandato de la Organización de las Naciones Unidas, participa activamente en operaciones de paz, dando de esta forma cumplimiento a su política nacional sobre esta materia.

En particular -agrega-, nuestro país se incorporó a la Misión de la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina (Eufor Althea) el año 2005, por medio de un acuerdo suscrito con dicho organismo internacional. Añade que, en el presente, Chile mantiene un contingente militar de operaciones de paz con personal destacado en el Cuartel General de la Misión Eufor Althea en Sarajevo y cuenta, además, con un puesto de observación y enlace en la ciudad de Banja Luka, en Bosnia y Herzegovina.

Destaca que nuestra política exterior se ha visto fortalecida por la presencia del contingente nacional en la Misión Eufor Althea, cuya labor se materializa en el marco de un esfuerzo multinacional en el cual la participación de nuestro país ha recibido altos niveles de reconocimiento tanto de las autoridades de la Unión Europea como del mando militar de la Operación.

Asimismo, señala que durante el año 2019...

El señor QUINTANA (Presidente).-

Ruego a Sus Señorías guardar silencio.

El señor LAGOS.-

... han persistido una serie de elementos de tensión en el sistema político de Bosnia y Herzegovina, lo que mantiene abierta la preocupación sobre la viabilidad del sistema imperante, en conformidad con los acuerdos de paz de Dayton y el posible agravamiento del conflicto político de tipo étnico nacional. En razón de esta situación, las Naciones Unidas, la Unión Europea y el mando de Eufor Althea han considerado necesario prolongar la presencia de esta fuerza multinacional durante el año 2020.

Indica que recientemente, en el ejercicio de las atribuciones que le concede el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de dicha organización internacional autorizó a sus Estados Miembros a establecer, actuando por conducto de la Unión Europea o en cooperación con ella, y por un nuevo período de doce meses contados desde la aprobación de la citada resolución, una fuerza multinacional de estabilización. Precisa que esta fuerza funcionará bajo un mandato y control unificados y cumplirá sus funciones en relación con lo dispuesto en el Acuerdo Marco General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Además, actuará de conformidad con las disposiciones convenidas entre esta última organización y la Unión Europea y que han sido comunicadas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Conforme a las disposiciones institucionales, el personal considerado para integrar esta fuerza es de dieciséis efectivos del Ejército de Chile, distribuidos como sigue: ocho en el Cuartel General de Sarajevo y ocho en el Equipo de Observación y Enlace Banja Luka.

Se estima fundamental continuar con la contribución de nuestro país a la Misión Eufor Althea, conforme a lo establecido en la Constitución Política de Chile, así como en las demás normas legales que regulan esta materia.

Cabe señalar, señor Presidente, que la prórroga solicitada es para que comience a regir a partir del 1° de enero del 2020. Por consiguiente, estamos al límite del plazo para que el Senado apruebe la permanencia de las fuerzas chilenas en Bosnia y Herzegovina.

Desde el punto de vista financiero, el costo de la participación nacional en esta operación es de aproximadamente 2 millones de dólares. Además, hay una estimación de reembolsos por 12 millones de pesos a nuestro país por parte de Naciones Unidas.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente, uno entiende la premura que muchas veces hay por despachar determinado asunto. Sin embargo, llama la atención que no esté presente en la Sala nadie del Ministerio de Defensa.

El señor WARD (Ministro Secretario General de la Presidencia).- ¡Vienen!

El señor DE URRESTI.-

¿Vienen? ¡Pero se vinieron en Transantiago, seguramente, porque no han llegado...!

Señor Presidente, yo le pediría que, antes de votar esta propuesta, se aclarara la información aparecida en distintos medios de comunicación en estos días: "Comunidad haitiana exige justicia y reparación para las mujeres abusadas por militares chilenos"; "A través de una carta pública, cuatro organizaciones de haitianos residentes en Chile exigieron al gobierno investigar exhaustivamente los casos de soldados chilenos que abusaron y violaron a mujeres estando en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Además, solicitaron que los responsables paguen con el máximo de las penas por los hechos cometidos".

Se señala también que Chile es el cuarto país, después de Uruguay, Brasil y otro, con mayor cantidad de embarazos en esta misión de paz.

Agrega la información que otras mujeres mencionaron relaciones consentidas que terminaron cuando los soldados dejaron Haití .

Se manifiesta, asimismo, que hay uniformados acusados de haber engendrado niños en Haití y que venían de trece países distintos, pero principalmente de Uruguay y Brasil. Chile está en el cuarto lugar, con un 20 por ciento.

Niñas de once años fueron abusadas sexualmente o fecundadas, ¡niñas de once años!

Estos son delitos internacionales.

A mí me impresionan esos hechos, señor Presidente, y le pediría que no se votara todavía. Y solicitaría especialmente a las bancadas y a la Comisión de la Niñez que pusieran atención.

Aquí no se trata de que un militar tuvo un desliz o una situación en la noche; es algo que ocurrió en forma reiterada en la Misión de Paz, en representación de Chile y con menores de edad.

No conozco en particular la legislación de Haití, pero estos casos en otros países serían crímenes imprescriptibles y perseguibles. Sin embargo, el Estado de Chile, el Ministerio de Defensa, no presente en esta Sala, no ha dicho nada. Lo único que se nos manifiesta es: "Miren, por favor, avancen en esto porque tenemos que cumplir esta misión, que se renueva el 1° de enero".

Señor Presidente, yo pido segunda discusión, si corresponde, o que no se vote mientras no esté el Ministerio de Defensa en la Sala. Y lo señalo por una situación ética de Chile.

Dado nuestro compromiso con los derechos de los niños y las niñas y con las convenciones internacionales que nosotros hemos suscrito, me parece inadmisible que no se informe qué se está haciendo con esos militares, que son el 20 por ciento de la fuerza involucrada, no en abusos, sino en trata de blancas, con menores de edad, con embarazos. Y aquí no hay ningún informe.

Revisando los antecedentes de lo que ha pasado por Relaciones Exteriores, se observan simplemente datos, los clásicos documentos que aquí nos piden. Y se nos dice: "Miren, es muy bueno esto; es una gran contribución internacional de Chile a la paz".

Pero estamos teniendo violadores, ¡violadores!, de menores de edad. Y ellos están ahí, como cascos azules, representando al Ejército y al Estado de Chile. Y es este Senado el que debe visar este tipo de situaciones.

Por eso, señor Presidente, sin perjuicio de si reglamentariamente no podemos hacer una segunda discusión, creo que sería de una irresponsabilidad supina el aprobar esta solicitud sin un informe efectivo.

Por tanto, así como en la discusión anterior estábamos viendo lo de las distintas Comisiones que tienen que intervenir específicamente, pido que la Comisión de Infancia entienda esta situación. Porque aquí se ha abusado no solo de mujeres, sino además de menores de edad, por soldados chilenos en una misión de paz que respaldamos nosotros con nuestra votación.

Señor Presidente, mientras esa información del Ministerio de Defensa no esté detallada, pormenorizada, y se sepa si se han iniciado las denuncias en los tribunales correspondientes...

El señor MOREIRA.- No se trata de algo comprobado. Es una denuncia.

El señor DE URRESTI.-

Así es, estimados Senadores de la bancada de enfrente. Pero si no está comprobado, considero que en este tipo de situaciones el principio preventivo es fundamental. Si hay un soldado que violó a una menor, eso requiere una investigación y una sanción que no podemos dejar pasar por alto.

He dicho.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, las Naciones Unidas tienen un problema: en muchas acciones de las fuerzas de paz se han ido masificando denuncias de delitos sexuales contra la población femenina donde ellas actúan. El de Haití no es un caso aislado. Por desgracia, hay múltiples ejemplos de países africanos donde ha ocurrido lo mismo.

Entonces, me parece pertinente la inquietud que ha planteado el Senador que me antecedió en el uso de la palabra: hay un problema objetivo en los mecanismos de control que deben existir sobre las tropas, de las cuales a veces somos parte integrante, y respecto de su comportamiento en territorios donde actúan bajo diferentes capítulos conforme al mandato de las Naciones Unidas cuando se despliegan militares en aquellos lugares.

Este no es un problema que sea cómodo -¡es muy incómodo!-, porque son los parlamentos los que aprobamos los recursos en todo el mundo para que estas fuerzas de paz se desplieguen: aprobamos los presupuestos relacionados con las Naciones Unidas y los presupuestos de nuestras Fuerzas Armadas.

Se ha hecho una denuncia, señor Presidente, y sería de tremendo interés que el Ejecutivo, representado aquí por el Ministro Ward, tomara la palabra y asumiera un compromiso ante el Congreso Nacional acerca de la necesidad de que se informe debidamente de las acusaciones que han sido publicadas. Algunos dirán que son infundadas -quizás tengan razón-, y otros, que están muy fundamentadas.

Tenemos una tremenda comunidad haitiana en nuestro país, que es parte de nuestra comunidad y que cree que son ciertas.

Señor Presidente, no me opongo a la participación de nuestro país en las fuerzas de paz, ni voy a generalizar la responsabilidad de todos los militares o uniformados, e incluso civiles, que han participado en diferentes acciones de paz donde ha estado involucrado Chile. Pero es de una mínima responsabilidad de este Congreso el exigirle al Gobierno de turno, a través del Ministerio de Defensa, que nos entregue un informe sobre lo que se ha denunciado.

Yo no veo por qué algunos se escandalizan con estas denuncias. Por desgracia, esto ha ocurrido casi siempre cuando hay presencia de militares en situaciones de ocupación o de resguardo. ¡Ocurre!, en particular cuando hay poblaciones vulnerables. Y no cabe duda de que en el caso de Haití estábamos y estamos frente a una situación tremendamente compleja.

En atención a lo anterior, señor Presidente, antes de votar, sí me gustaría escuchar al Ejecutivo, que manifieste en esta Sala un compromiso respecto de una denuncia gravísima que ha existido.

Creo que corresponde que el Gobierno se comprometa, en un plazo relevante, a informar a esta Sala. ¿Por qué lo digo? Porque está en juego el prestigio de Chile, el prestigio de las instituciones que nos representan en el exterior. Y es bueno que no tengamos ninguna duda.

Yo espero que sean absolutamente falsas todas las denuncias. Pero corresponde que el representante o quien está a cargo del envío de nuestras tropas al exterior pueda refrendar aquello, darnos garantías en ese sentido antes de que aprobemos la mantención de estas operaciones, que -reitero- voy a respaldar. No soy partidario de que se postergue esta decisión. Sin embargo, me parece correcto que el Ejecutivo pueda, para lo que viene, entregarnos informes detallados de las acusaciones que hay; quiénes fueron los integrantes de nuestros destacamentos que en esas épocas estuvieron en Haití, y ver si tienen alguna veracidad o no las denuncias que se han presentado.

He dicho.

El señor PÉREZ VARELA.-

Señor Presidente, en la misma línea del Senador Letelier, yo quiero decir que la misión de Chile y de los distintos países latinoamericanos en Haití salvó vidas, impidió un genocidio. Y, por lo tanto, es indignante conocer hechos de esta naturaleza, que han sido denunciados hasta ahora por una universidad. No hay denuncias en ningún tipo de tribunales. Pero, sin duda, eso no significa que no debieran ser investigados.

¿Quién puede investigar esto? Las Naciones Unidas. Las tropas chilenas actuaron bajo el mando de las Naciones Unidas y las autoridades de nuestro país, tanto las del Gobierno pasado como las actuales, no tenían informaciones sobre este tema.

Por lo tanto, creo que debemos separar las misiones de paz y nuestro rol de aprobar esta tarea específica en Bosnia y Herzegovina del requerimiento que la Cancillería tiene que hacer a las Naciones Unidas para que investigue, porque se pone un manto de duda sobre la acción que durante catorce años realizaron miles de militares chilenos de una manera correcta, abnegada, y cuyos resultados fueron eficaces, pues -reitero- se evitó un genocidio en la república hermana de Haití.

Lo que hicieron las tropas chilenas fue contribuir a la paz en Haití y, si alguno de sus soldados cometió un hecho delictual, no hay duda de que debe ser investigado.

Pero pongamos las cosas en su exacta dimensión. Lo que tenemos aquí es una universidad que ha emitido un informe. No lo minimizo ni lo descarto; hay que investigarlo. ¿Quién tiene que hacerlo? Sin duda, las Naciones Unidas, porque nuestros tribunales carecen de jurisdicción al respecto. Por lo tanto, no es factible pedirle ni a un tribunal ni al Ministerio Público que investigue lo que ciertos miembros de las fuerzas chilenas pudieron haber hecho o no hecho en Haití.

Las Naciones Unidas, en cambio, dado que nuestras tropas actuaron en su nombre y bajo su dirección, sí tiene los instrumentos necesarios y puede determinar las acciones del caso para investigar. Y creo -esta es una opinión personal- que debe hacerlo, porque reitero que esta fue una misión de paz exitosa que debiera hacernos sentir orgullosos a todos los chilenos. Por eso esta mancha hay que superarla completamente y, si alguien cometió un delito, sin duda tiene que ser sancionado.

Pero eso no puede usarse como argumento para no aprobar la decisión del Presidente de la República en el sentido de seguir enviando tropas a Bosnia y Herzegovina en el marco de un acuerdo que tenemos desde el año 2005, cuyo propósito es defender los derechos humanos de muchas personas que vivieron y siguen viviendo en un clima de tensión, tal como lo menciona Naciones Unidas, en especial su Consejo de Seguridad, en su informe de noviembre recién pasado, en el cual se sostiene que siguen existiendo tensiones étnicas y conflictos en ese sector y, por lo tanto, la presencia de las tropas de la Unión Europea -en este caso, Chile actúa también en el contexto de Naciones Unidas, pero bajo el mando directo de la Unión Europea- debe continuar y perseverar.

Y como esta autorización vence el 1 de enero, se hace absolutamente indispensable que nosotros tomemos la resolución respectiva y aprobemos este mandato hoy día.

Sin perjuicio de ello, señor Presidente, pido que la Sala remita un requerimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores con el objeto de que solicite a las Naciones Unidas una investigación a la brevedad, acuciosa, para determinar con claridad si estos hechos sucedieron verdaderamente o no y, si ocurrieron, ver la manera de sancionar a las personas que los ejecutaron.

He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).-

La verdad es que, escuchando las distintas intervenciones -la del Senador Letelier y también la del Senador Pérez-, me parece urgente que el Gobierno nos clarifique qué es lo que pasa, porque entiendo que si esta autorización no se aprueba hoy día las tropas tendrían que devolverse mañana.

El señor PÉREZ VARELA.-

La Cancillería, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).-

Por supuesto.

Entonces, resulta sumamente importante que el Ejecutivo se haga cargo de los emplazamientos que ha recibido y los explique.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, en otras ocasiones yo siempre he advertido sobre el extremo cuidado que debemos tener como Parlamento con respecto a la salida de tropas al extranjero, porque solicitarla es una facultad excluyente del Presidente de la República, pero el Senado es el que la aprueba. Esta es una facultad especialísima de nuestra Corporación y, por tanto, tiene que ser asumida con la mayor seriedad, tanto por las vidas que supone de los chilenos que van a una misión como por los efectos que esto puede tener en el lugar donde se origina.

Yo comparto plenamente -y no de ahora, sino desde hace muchos años- la preocupación adicional que debería tener este Parlamento por la situación que se produce en aquellos países a los cuales se concurre.

En esta perspectiva, yo me opuse muchas veces -ustedes lo recordarán- a la salida de tropas en el caso particular de Haití, pues respondía a la lógica de una misión confusa. No me opuse siempre, pero sí casi siempre. Cuando está claro cuál es el objeto de una misión no tengo problema. Pero en este caso el objetivo cambió cuatro veces: para evitar un genocidio, para asegurar la democracia, para resguardar la institucionalidad y después para que se pudiera ratificar el cambio de gobierno.

Y al final fue una misión que, desde el punto de vista internacional, yo la considero fallida.

Otra cosa distinta es que, desde una perspectiva interna, para las Fuerzas Armadas esa misión pudo haber sido importante en todo lo que dice relación con el desarrollo de sus capacidades.

Sin embargo, como política, analizada históricamente, me parece que la Minustah fue un fracaso. Y tanto es así que la situación actual de Haití es muy parecida a la que se instaló hace unas décadas sin que se haya apreciado ningún cambio significativo y a un costo gigantesco.

Dentro de esos temas, en su momento se planteó la inquietud de quién respondía por que todas las cosas se hicieran en conformidad a la norma. Y aquí se me dijo -en esto hay varios Gobiernos; no este, sino el anterior, el anterior y el anterior- que Naciones Unidas era el gran garante de estas misiones.

Sin embargo, hoy día nos damos cuenta -es verdad que se trata de un informe todavía preliminar- de que Naciones Unidas falló estrepitosamente en este tipo de tareas.

Entiendo que la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades fiscalizadoras, está impulsando -y les corresponde a ellos- una Comisión que analice esta materia.

Pero yo comparto, para que no haya ningún doble estándar, la inquietud severa, que debe asistirnos como Senadores que autorizamos la salida de tropas, por no tener claridad con respecto a qué ocurre después con los controles que se deben asumir, no solo para las tropas chilenas, ni tampoco con los beneficios directos que se obtienen de esta salida.

Entonces, tuvimos una experiencia muy dura en Haití, que a mi juicio fue un fracaso global. Eso ya está definido a esta altura. Por algo hubo un retiro y por algo la situación de dicho país es hoy día preocupación internacional en todos los lugares.

Esta salida de tropas a Bosnia y Herzegovina ha sido distinta, porque está bajo un mando diferente también. Sin embargo, para mí no deja de ser preocupante que Naciones Unidas, aun cuando la misión que ahora nos ocupa se cumple a través de la Unión Europea, sigue teniendo un rol y, mientras no dé explicaciones, a mí me parece razonable que algunos Senadores planteen la necesidad de requerir un informe a la Cancillería acerca de qué está ocurriendo en dicha organización internacional con relación a esta investigación.

Eso a mí me parece correcto.

Ahora, también es verdad -y ha sido un problema de este Gobierno y de los anteriores- que siempre estas autorizaciones han llegado al filo del plazo para mantener o retirar las tropas. Por eso hoy día pareciera complejo votar en contra, porque simplemente tendrían que retirarse las tropas.

No es deseable, pero puede ser inevitable.

En ese contexto, yo preferiría que se aprobara esta autorización con el compromiso, como decía el Senador Pérez, de pedir un informe formal a la Cancillería para conocer cómo ha evolucionado esto.

Por último, señor Presidente, respecto de este tema, yo no tengo claro -y vi el informe- que la situación de Bosnia y Herzegovina sea igual que la de hace diez años. No lo tengo claro. Me da la impresión de que uno se acostumbra a concurrir internacionalmente a este tipo de acciones sin una evaluación nítida.

Yo no sé si es indispensable o no, porque ese es el rol que uno debería asumir, que las tropas permanezcan ahí.

Y también me pareció extraño el informe financiero -no sé si lo vi bien o mal-, porque la devolución para estos efectos es de 12 mil dólares frente a un gasto de casi 2 millones de dólares, que no deja de ser importante.

¿Me da un minuto más, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Presidente).-

Muy bien.

El señor COLOMA.-

Gracias.

Entonces, entiendo que estamos ante una situación en que se nos vencen los plazos. Pero, a mi juicio a lo menos, en el evento de que se vote y se apruebe la solicitud, es fundamental pedir a la Cancillería que nos entregue un informe real de lo que ha ocurrido, sea para sancionar a los responsables o sea para exculparlos, pues también puede ocurrir que todo sea una gran falsedad. Sin embargo, queda instalada una falta de control interno con respecto a lo que pueda suceder.

Segundo, a mí me gustaría que en un eventual próximo informe quedara más claro por qué es indispensable ir a Bosnia y Herzegovina, pues no tengo nitidez al respecto. He leído algunos informes extranjeros y señalan que la situación no es la misma de antes. Entonces, si vamos a ir para toda la vida, no sé si responde a una vocación chilena estar toda la vida en dicho lugar.

Y, por último, respecto al informe financiero, se aprecia un cambio en las reglas del juego.

He dicho.

La señora RINCÓN.-

Señor Presidente, me hago cargo de lo que señalaba el Senador Alfonso de Urresti. Creo que antes de poder aprobar esta presentación del Ejecutivo es fundamental que este nos explique cuáles son los antecedentes o qué ha hecho después de conocida la investigación a la que hacía mención el Senador Víctor Pérez.

Me parece que ya no estamos en circunstancias ni en posición de desconocer las acusaciones cuando estas se presentan, y creo que el Senador Víctor Pérez iba en esa línea. Es fundamental que nos hagamos cargo de ello, porque, sin lugar a duda, en el contenido de este informe hay algo que hoy día la sociedad ya no permite: el abuso de poder. Y tratándose de circunstancias en que menores han resultado supuestamente afectadas por este, no podemos dejarlo pasar.

En virtud de aquello, y para no dilatar esta exposición, hemos conversado con el Senador Alejandro Navarro y hemos decidido que sesionen en conjunto las Comisiones de Derechos Humanos y de Infancia para revisar y conocer los antecedentes del informe. Y, obviamente, nos gustaría que antes de votar esta presentación podamos tener una respuesta del Ejecutivo.

Además, me sumo a las palabras pronunciadas por el Senador Juan Antonio Coloma, en el sentido de que los cambios en las reglas del juego en materia de financiamiento ameritan que revisemos si es necesaria o no nuestra presencia en este caso.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, este tema es absolutamente reiterativo y lo hemos señalado en los diversos gobiernos.

Doce años en Haití; en Bosnia y Herzegovina otros tantos.

Y la pregunta es qué hicieron las tropas chilenas en Haití. La verdad es que hicieron poco desde el punto de vista de lo planteado inicialmente, porque aquí se señaló que íbamos a ayudar a recuperar la democracia, el orden y la seguridad en Haití. Esa era la misión de las tropas. No eran policías, no se trataba solo de controlar el orden. Había una misión estratégica de las Naciones Unidas, no de Chile.

Y de manera permanente, todos los años, cada vez que se solicitaba que aprobáramos un presupuesto, yo les decía a los Ministros que nos acompañaban en la Sala -hoy día está el Ministro Ward-: "Dennos una explicación política. ¡Este es el Senado de la República!". Si quieren declarar sesión secreta, háganlo. Pero necesitamos una explicación de lo que ocurre políticamente en Bosnia y Herzegovina, de cuál es el sentido de la salida de nuestras tropas.

Si le hacemos caso al informe, deberemos concluir lo que nos dice el Subsecretario de Defensa, Cristián de la Maza, en el sentido de que tenemos una importante misión de aprendizaje en ciberseguridad. Lo expresa también el Director de Seguridad Internacional y Humana de la Cancillería, Francisco Devia, quien comentó que su dirección tiene como prioridad la ciberseguridad y defensa y que han pedido que con ocasión de la próxima visita de la Presidenta de Estonia venga un especialista de ciberseguridad en el área del Registro Civil.

Del mismo modo, el Senador Araya plantea que es muy importante la mantención del contingente militar para la imagen internacional del país. Y luego consultó por qué solo ocho de los efectivos tenían pistola y a cuánto asciende el costo total de la operación.

La verdad es que a mí no me interesa cuántos tienen pistola y cuántos no la usan. Porque si es importante para la imagen internacional de Chile, dicho por la Cancillería; si es importante para la experiencia en ciberseguridad, manifestado por el Subsecretario de Defensa, entonces, somos nosotros los que estamos aprovechando nuestra presencia en Bosnia y Herzegovina para intereses legítimos, pero propios de Chile.

No se expresa en el informe cuál es el interés político internacional. Y aquí debiera existir un informe de las Naciones Unidas si quieren que este Senado apruebe 1 millón 642 mil dólares, que no es una cifra significativa para este tipo de operaciones, pero sí para lo que el Presidente nos ha dicho a cada instante, en el sentido de que hay prioridades, que faltan recursos. Si hubiera coincidencia con aquello, uno estaría discutiendo los recursos.

Los Senadores de Derecha no lo han hecho. En alguna oportunidad el Senador Coloma lo repitió y yo participé de aquello. Que nos digan en qué se va a gastar el dinero, pero también cuál es el objetivo político.

Por tanto, no pueden solicitarnos que autoricemos la mantención de tropas chilenas en Bosnia y Herzegovina sin tener claridad acerca del objetivo político que nos pide Naciones Unidas. Cabe recordar que la primera vez que autorizamos esta salida la misión estaba en el marco de la OTAN y luego cambió al ámbito de las Naciones Unidas, que me parece bien, porque la OTAN es una organización bélica, de autodefensa. Encuentro apropiado que esté en manos de las Naciones Unidas, con los cascos azules, para poder llevar la paz.

Pero sigo planteando, al igual que en años anteriores, que el Gobierno se toma a la liviana este asunto. Todas las Administraciones se toman a la ligera el informe que rinden al Senado sobre esta situación.

Yo esperaría que hubiera un informe político que nos dijera cuáles son las condiciones políticas; cuál es el análisis político-social que hace las Naciones Unidas sobre Bosnia y Herzegovina. Porque si al final del día el informe que tengo en mis manos, y con el que cuentan todos los señores Senadores, dice que es importante nuestra permanencia porque estamos aprendiendo sobre ciberseguridad, porque es bueno para la imagen internacional de Chile, entonces, estamos utilizando nuestra presencia allí para fines legítimos, pero particulares, no como aporte a una situación ¡que no logro divisar en el informe! ¿Qué es lo que hay? ¿Un estado de conmoción? ¿Un estado de guerra? ¿Un estado de crisis política? ¿Cuál es el leitmotiv de la presencia de las tropas chilenas?

Creo que es importante para la experiencia de las tropas chilenas. Pero el informe es deficiente y la ausencia de los Ministros del ramo para explicar al Senado por qué Chile tiene que enviar tropas al extranjero me parece insultante. Debiera estar o el Ministro o el Subsecretario de Defensa, porque este es un tema no menor, es la salida de tropas militares de Chile a una misión internacional.

La ausencia del Gobierno para dar esta explicación es ofensiva para el Senado, no se lo merece.

Voy a votar en contra esta vez, señor Presidente. Demasiadas veces me pronuncié a favor esperando un informe político-social que nunca llegó.

He dicho.

El señor ALLAMAND.-

Señor Presidente, solamente expresaré un par de palabras para aportar de alguna manera la visión que uno tiene en estos temas como ex Ministro de Defensa.

En primer lugar, quiero señalar que para mí la participación de Chile en operaciones de paz dice relación con un compromiso muy profundo del país, que se enmarca, ni más ni menos, en la defensa de los derechos humanos y también, ciertamente, de la democracia. En consecuencia, he sido siempre muy partidario de que esta política de Estado se mantenga, persevere, e incluso se aumente.

Creo que naciones como la nuestra tienen distintas maneras de actuar en el ámbito internacional. ¡Y qué manera más eficaz para un país como Chile que participar en estas operaciones de paz cuando se reafirma un compromiso con valores tan importantes para nosotros!

En segundo lugar, debo mencionar que, por cierto, tengo una visión positiva de la participación de las Fuerzas Armadas chilenas en Haití. Desde el punto de vista del país, decir simplemente que la operación fue un fracaso no se condice con la realidad. Además, las Fuerzas Armadas chilenas contribuyeron muy eficazmente a sus tareas y recibieron también, por supuesto, los beneficios del entrenamiento de nuestra gente, que es algo que se debe tener en cuenta.

Y en relación con este punto quiero simplemente señalar lo siguiente: yo no tengo ninguna duda -como lo han manifestado el Senador Letelier y varios otros colegas que me han antecedido en el uso de la palabra- de que debe efectuarse una investigación muy profunda respecto de estas denuncias, y tendrá que hacerse por intermedio de la Cancillería, a través de métodos internos. Yo siento que existe un compromiso del país en orden a efectuar una investigación completa y acuciosa.

Pero dicho lo anterior, señor Presidente, quiero hacer una consideración: vincular la situación que estamos tratando, respecto de esta denuncia en Haití, con una eventual resolución adversa para mantener nuestras tropas en Bosnia y Herzegovina, creo que sería verdaderamente delicado, a lo menos, en un doble aspecto.

En primer lugar, nosotros tenemos compromisos muy serios en el ámbito de la defensa precisamente con la Unión Europea, y que en forma abrupta simplemente no renováramos nuestra presencia en Bosnia y Herzegovina sería muy difícil de entender para quienes también participan con nosotros en ese esfuerzo.

Más aún, tengo la impresión de que el informe que se dio a conocer en las Comisiones especializadas que trataron esta materia, a diferencia de lo que se ha dicho en esta Sala, fue contundente; basta revisarlo. Y además, señor Presidente, tengo la siguiente impresión: si no hubiera sido así y hubiera sido un informe superficial -como se ha señalado acá-, yo estoy seguro de que los colegas que participan en las Comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores lo habrían hecho ver. Y hasta donde entiendo, durante el examen de esta solicitud no hubo ninguna expresión de alguno de nuestros colegas especializados de estas dos Comisiones en términos de manifestar, por ejemplo, que no se justificaba la presencia de nuestras tropas en Bosnia y Herzegovina, o que el informe que se había solicitado estaba incompleto. Yo tengo la impresión contraria. Creo que ese informe fundamenta adecuadamente nuestra presencia.

Por lo tanto, considero que sería una señal muy equivocada. O sea, tendríamos que devolver el personal que en este minuto se encuentra desplegado, porque esa es la consecuencia de que no exista la autorización. Si no hay autorización, simplemente no podemos tener desplegadas nuestras tropas -en este caso, oficiales, fundamentalmente- en el exterior.

Lo que estamos diciendo es que si no aprobamos esto ahora, simplemente abandonamos nuestra presencia en las operaciones de paz que tienen lugar en este minuto en Bosnia y Herzegovina. Y si alguien en esta Sala cree que eso no va a generar ningún efecto, pienso que está profundamente equivocado.

Por consiguiente, esta no es una decisión administrativa, sino una decisión con un tremendo contenido político. Esto significaría que Chile abandona la presencia en esta operación de paz.

Y para terminar, señor Presidente, también creo que la lectura que se podría hacer, más aún en virtud del debate que hemos tenido, sería inconveniente. Ello porque, de alguna manera, cuando todavía las investigaciones están en curso, se están iniciando, estaríamos dándoles pábulo en circunstancias de que la información que existe relacionada con nuestras tropas en Haití es -¿cuál es la palabra exacta?- yo no diría poco fundamentada, quizás no suficientemente explícita.

Entonces, por una parte, estaríamos dándoles pábulo a antecedentes que deben ser investigados y, de alguna manera, les estaríamos dando una especie de credibilidad a priori. Yo no digo que haya que darles credibilidad o no, sino que estoy señalando cuál es el hecho objetivo que se va a producir. En consecuencia, si todos estamos de acuerdo en que debe haber una investigación, dejemos que esta concluya.

Por otro lado, simplemente terminar con nuestra presencia en una operación de paz en la que hemos estado hace muchos años, considero que es una decisión que no debe adoptarse, que tendría graves consecuencias y, sobre todo, que es profundamente incorrecta.

He dicho.

El señor GUILLIER.-

Señor Presidente, quiero destacar, en primer lugar, que la política exterior de Chile, que es una política de Estado, no de Gobierno, ha consistido siempre en ser parte de la solución en los conflictos internacionales, y ello me parece correcto.

En segundo término, esto permite que el personal de nuestras Fuerzas Armadas se desarrolle tecnológicamente.

En tercer lugar, se establecen vínculos con fuerzas militares de otros países y eso ayuda a mejorar los estándares.

Por consiguiente, creo que ha sido una política acertada, correcta, más allá de que en el caso de Haití la permanencia de nuestras tropas se haya alargado mucho más de lo que se calculó o que haya habido complejidades que, por cierto, deben aclararse.

Pero también quiero señalar que este no parece ser un tema generalizado en las fuerzas chilenas. Aparentemente, sería un caso puntual en Haití que no se da en otras partes.

En particular, lo que estamos discutiendo y lo que debemos votar hoy no es la política general de nuestro país -es correcta, es una política de Estado-, sino la presencia de fuerzas militares chilenas en una misión muy específica. Son dieciséis efectivos, oficiales y suboficiales de alta formación, que además se encuentran en un área de un país que posee un informe de riesgo de violencia étnica todavía permanente. Y, a la vez, es una zona donde Chile cumple funciones que pueden ser importantes para la formación de nuestro propio personal. Por lo tanto, no son solo aspectos formales de imagen exterior, sino que esto conlleva beneficios operativos.

De esos dieciséis efectivos, la mitad se va a desempeñar en el Cuartel General en Sarajevo, donde se va a trabajar fundamentalmente en el análisis de información de inteligencia para tomar decisiones; y la otra, en un equipo de observación y enlace en Banja Luka, donde los efectivos tendrán un trabajo en terreno, buscando información como base para el análisis de inteligencia posterior.

En tal sentido, para nuestro país resulta de mucho interés generar esa relación con países europeos, toda vez que el tema de la ciberdefensa es un objetivo de nuestras Fuerzas Armadas que hoy día tiene seria delimitación.

Por eso, señor Presidente, creo que hoy día lo prudente es escuchar, por supuesto, al señor Ministro, porque lo de Haití merece una explicación y que luego se tomen medidas preventivas y que se aclare. Pero no debemos confundir eso con lo que ocurra en otros destacamentos, en otras misiones, en otros lugares, como es el caso de Bosnia y Herzegovina, donde nuestras Fuerzas Armadas además no son un contingente numeroso, es altamente especializado y no se ha detectado ninguna observación o reproche.

Hay que ser prudentes, pragmáticos; hay que tomar las medidas preventivas, pero no por eso cambiar una política que es de Estado y que se debe mantener.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, voy a votar a favor de esta solicitud porque me parece que es importante remarcar el rol que ha jugado Chile desde que se creó Naciones Unidas.

Chile, pese a ser un país aislado y pequeño, al fin del mundo, ha sido artífice en la construcción del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial y un promotor del multilateralismo y la solución pacífica de los conflictos.

Y creo que las misiones en las cuales ha participado nuestro país contribuyen, en primer lugar, a remarcar nuestro compromiso con los derechos humanos, con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Eso a veces se olvida en casa, a propósito de lo que ha acontecido en las últimas semanas.

Por tanto, hemos sido parte de múltiples misiones de Naciones Unidas, obviamente, bajo el marco de la ley internacional, en distintas partes del mundo. Y cada vez que se ha tomado una decisión se ha evaluado en su mérito. Hace poco tiempo el propio Gobierno, y así lo ratificó la Comisión de Defensa del Senado, decidió poner fin a una misión en África que no cumplía con las condiciones fundamentales de las misiones en las cuales ha participado nuestro país.

Creo que esto nos prestigia. Con estas misiones formamos parte de la arquitectura internacional, jugando un rol muy relevante. Además, sirve de experiencia para las tropas chilenas; contribuye sin duda a que en terreno tengan una formación que es fundamental para las labores que puedan desarrollar en el futuro.

Respecto de la situación de Bosnia y Herzegovina, yo quiero insistir en que, de acuerdo con la información que plantean los propios europeos, quienes señalan que es necesario mantener esta misión, lo que corresponde es que Chile siga formando parte de ella.

El conflicto de los Balcanes es el más cruento que ha vivido Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y existe un riesgo de violencia étnica que se expresó en hechos dramáticos que sin duda la comunidad internacional condena de manera enérgica. Bajo el paraguas de la ex Yugoslavia convivían comunidades diversas; pero una vez que se desintegró, ello se tradujo en una limpieza étnica, en asesinatos masivos no solo de militares, sino de civiles, mujeres y niños. Ahí deben convivir comunidades católicas, ortodoxas y musulmanas, que durante mucho tiempo formaron parte del mismo país, pero que poseen una identidad cultural distinta.

Esta misión es relativamente pequeña: cuenta con dieciséis militares, la mitad de ellos en Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina, y la otra mitad en Banja Luka, capital de la República Srpska, dentro de la Federación de Bosnia y Herzegovina, donde están radicados aquellos que forman parte de la identidad de los serbobosnios.

Pero creo que no hay que confundir esta situación con lo que se está planteando, a propósito de la denuncia en los medios de comunicación, en Haití.

Respecto de este último país, siempre fui partidario de las misiones que desarrolló Chile. Se criticó la presencia de las grandes potencias para solucionar conflictos en el mundo. A mi juicio, era un absurdo que América Latina no se hiciera cargo del drama de Haití y que no fuesen tropas latinoamericanas las que contribuyeran a la paz en ese territorio, porque eso hubiese ido en contra de lo que predicamos durante mucho tiempo.

Pienso que Chile jugó un rol muy importante, independientemente de que existan problemas estructurales en Haití, que son difíciles de solucionar de forma permanente.

Respecto de la denuncia, lo que corresponde es que se investigue y, en caso de determinarse que lo denunciado es verídico, que se apliquen sanciones ejemplares, porque tales conductas inadecuadas, que todos condenamos, no pueden poner en tela de juicio el rol que corresponde a Naciones Unidas y a Chile dentro de dicha Organización, en misiones de paz que son fundamentales para preservar el respeto irrestricto a los derechos humanos en cualquier país.

Por lo tanto, distingamos las cosas.

Yo soy partidario de estas misiones, en las cuales Chile ha participado, siempre que se cumpla con los requisitos que nuestro propio país y nuestros distintos gobiernos han definido. Por cierto, los hechos relatados deben ser investigados. Y, en el caso de Bosnia y Herzegovina, lo que procede es mantener esta misión, pues da cuenta del compromiso que Chile tiene a nivel internacional con la promoción de la paz y los derechos humanos, siempre en el contexto de los mandatos de Naciones Unidas y la ley internacional.

Por eso, reitero que voy a votar a favor.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, creo que nosotros hoy día cumplimos una etapa respecto de estas tareas de las Fuerzas Armadas chilenas en el extranjero, una etapa en la que nosotros hicimos fe de un trabajo que no nos mereció reparos en algunas aristas. Por eso, en forma permanente -entiendo yo-, el Senado aprobó esta política internacional de Chile y, consecuentemente, las salidas al extranjero de tropas pertenecientes a las distintas ramas de nuestras Fuerzas Armadas.

Hoy día, lo nuevo es que ha surgido una denuncia respecto de las tropas en Haití y, por tanto, se nos prende una luz amarilla con relación a un riesgo que no visualizamos en la primera etapa.

Pienso, por lo tanto, que terminamos una primera etapa, y que ahora se abre una segunda, que da cuenta del hecho de que en las próximas autorizaciones vamos a tener que examinar detenidamente aspectos de riesgo que no habíamos previsto en la que yo llamo "primera etapa".

Yo voy a votar a favor, en el entendido de que, a partir de ahora, vamos a tener que analizar en detalle otros riesgos a los cuales se pueden ver expuestas las tropas chilenas que enviamos al extranjero, sin perjuicio de concordar en lo positivo que significan estas misiones para la inserción de Chile en el ámbito internacional y para la formación profesional de nuestros oficiales y suboficiales.

Sin embargo, creo que de aquí en adelante el Gobierno debe tomar nota de que, con la calma necesaria, tendremos que examinar los otros aspectos que hoy día se hallan en el ámbito de la discusión pública, sin perjuicio de que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes, por la posible comisión de delitos. Mientras tanto, soy partidario de aprobar esta prórroga y dar inicio a una segunda etapa, distinta, que nos permita tomar en cuenta las actuales circunstancias y otros riesgos que las noticias nos dicen que han sucedido.

Por eso, votaré favorablemente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Montes, señoras Aravena, Ebensperger y Rincón, y señor Lagos, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.418, con el objeto de fortalecer el rol de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias en la representación de la comunidad y apoyar la acción de sus dirigentes, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.

--Los antecedentes sobre el proyecto (12.047-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Montes, señoras Aravena, Ebensperger y Rincón y señor Lagos):

En primer trámite: sesión 47ª, en 4 de septiembre de 2018 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Vivienda y Urbanismo: sesión 53ª, en 8 de octubre de 2019.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El principal objetivo del proyecto es mejorar la actual regulación orgánica de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, sus funciones y atribuciones, las formas y modalidades de participación en los territorios vecinales, locales y comunales, y los mecanismos de vinculación y responsabilidad recíproca respecto de las autoridades municipales.

La Comisión de Vivienda y Urbanismo discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Aravena y señores Montes, Navarro y Sandoval.

Cabe tener presente que los números 3 (artículo 9o bis); 5 (artículo 14 bis, letras b) y h)); 6 (artículo 14 ter); 7 (artículo 14 quáter); 14 (artículo 24, incisos tercero y cuarto); 16 (artículo 28 ter); 17 (artículo 37, incisos segundo a noveno); 18 (artículo 38, inciso primero); 19 (artículo 38, inciso segundo); 20 (artículo 42, número 6); 21 (artículo 42, números 6 y 8); 22 (artículo 43, número 1, letra d), artículo 43, número 4, letra c) y número 4, letras c) y e)), y 26 (artículo 52 bis), todos del artículo primero, tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación 23 votos favorables.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 58 a 72 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Es todo, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

En discusión general.

El señor SANDOVAL.-

Señor Presidente, como Presidente de la Comisión de Vivienda, donde se inició la tramitación de este proyecto, puedo informar que este se encuentra en su primer trámite constitucional; se inició por moción de los Honorables Senadores señor Montes, señoras Aravena, Ebensperger, Rincón y señor Lagos, y consta de dos artículos permanentes -el primero, compuesto por veintiséis numerales- y un artículo transitorio.

La Comisión llevó a cabo un detenido análisis de esta iniciativa legal. Se convocó al Ministerio Secretaría General de Gobierno; a las dos asociaciones de municipalidades (la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación de Municipalidades de Chile); a la Asociación de Secretarios Municipales, que tiene mucho que ver en esta tramitación respecto de las organizaciones territoriales; a la Federación Chilena de Consejeros de la Sociedad Civil; a la Asociación de Consejeros de la Administración Central del Estado, y a más de quince organizaciones comunitarias tanto de Santiago como de regiones.

Como se ha consignado, el objetivo de este proyecto es mejorar la actual regulación orgánica de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, sus funciones y atribuciones. Todos sabemos las enormes dificultades que han enfrentado estas organizaciones en su legitimidad. Se ha manifestado que entre las muchas causas de su debilitamiento, una de ellas es la eternización de algunos dirigentes, lo que va generando en los vecinos desinterés por participar.

Además, se debe destacar el surgimiento de un gran número de organizaciones, originadas por diversos objetivos, que muchas veces nacen por motivos acotados, específicos. Surge la organización, se logra el objetivo y luego desaparece. Asimismo, se ha creado una red con numerosos caminos alternativos para la expresión de la participación comunitaria en diferentes órganos e instancias con diversos mecanismos. Chile es testigo de lo que ha sucedido en el último tiempo en este sentido.

Por eso, el proyecto contempla la intención de procurar avanzar en esa tarea.

El Ministerio Secretaría General de Gobierno señaló compartir el espíritu de la moción. Y los representantes de esta Cartera anunciaron que, iniciada la discusión particular, formularán propuestas específicas en relación con las normas en cuestión.

Por otro lado, señor Presidente, se consultó a la Corte Suprema, la que, al emitir su parecer en cuanto a la iniciativa, también hizo presente una serie de observaciones al articulado que habrá que tener en cuenta en la discusión particular.

En consecuencia, con ocasión del segundo informe -ahora estamos en el primer trámite, de la votación en general- resultará pertinente introducir las modificaciones necesarias para que los objetivos perseguidos por el proyecto en examen se logren adecuadamente y de manera armónica con la Constitución.

Luego de un análisis muy general, se estima que la iniciativa presenta algunos aspectos de inadmisibilidad en nueve artículos, que habrá que analizar y revisar en detalle.

Por último, en conversaciones de la Comisión de Vivienda con la Comisión de Gobierno, donde usualmente se hace una revisión de este tipo de propuestas, se procuró avanzar en una tramitación conjunta de los dos referidos organismos.

Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor QUINTEROS.-

Señor Presidente, este proyecto contiene innovaciones muy importantes y largamente esperadas por las organizaciones comunitarias: mayor incidencia en la discusión de proyectos que afectan su territorio; habilitación para actuar judicialmente en representación de los intereses de la comunidad; nuevas normas para evitar los conflictos de interés entre dirigentes y autoridades municipales; juntas territoriales que fortalezcan la capacidad de acción de juntas de vecinos hoy dispersas dentro de una misma unidad vecinal; acceso más fluido y justo a la infraestructura comunitaria disponible en los territorios, y posibilidad de financiamiento de los gastos de funcionamiento de las organizaciones dentro de los fondos que reciben para la ejecución de proyectos.

Todas estas son demandas que vienen planteando los dirigentes vecinales desde hace muchos años y que este proyecto recoge acertadamente. El diagnóstico es muy conocido: debilidad de las organizaciones, dificultades para su financiamiento, pocas atribuciones, desconfianza y baja participación.

A pesar de esto, las juntas de vecinos siguen presentes y activas en la vida comunitaria, tanto en el mundo urbano como rural, constituyendo una contraparte fundamental para la acción de los municipios.

Es cierto que, en forma paralela a ellas, existen muchas otras organizaciones que han ido surgiendo alrededor de demandas específicas o agrupando segmentos particulares. En los últimos años han crecido los clubes de adulto mayor, los comités de seguridad vecinal y las organizaciones de usuarios de la salud, ambientalistas y culturales. También han nacido colectivos de todo tipo para impulsar o rechazar determinados proyectos. En el mundo rural, y producto de la megasequía que afecta al país, ha aumentado el número de comités de agua potable rural.

Pero las juntas de vecinos son las únicas organizaciones sociales que logran agrupar el conjunto de las preocupaciones, intereses y demandas de la comunidad, permitiendo canalizarlas con una perspectiva más general.

Esto es particularmente relevante en el marco de la realidad política actual, marcada por la debilidad de las instituciones en general y hasta del propio sistema democrático, que ha desembocado en un estallido social.

La movilización de la gente, especialmente de los jóvenes; los centenares de cabildos realizados; la gran convocatoria que tuvo la reciente consulta organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades; la masiva participación que se espera para el plebiscito del 26 de abril, son todos signos, señales evidentes de que se ha abierto un nuevo ciclo.

Por lo tanto, este proyecto es completamente pertinente. Incluso, es posible que se quede corto, puesto que el actual marco constitucional constituye una limitación para avanzar más allá en varios de sus objetivos.

Por estas razones, votaré a favor de la idea de legislar.

Señor Presidente, se autorizó abrir la votación, pero con el tiempo adecuado.

Me voy a permitir tomarme un par de minutos en esta, la última sesión del año 2019, para compartir una breve reflexión.

Este ha sido, sin lugar a dudas, un año inusual y complejo, marcado por la molestia de la ciudadanía frente a la profunda desigualdad generada por el modelo económico vigente, por la desconfianza hacia las instituciones y por el desprestigio de la actividad política y de nosotros, los políticos.

Este año que termina hemos atestiguado, con dolor e impotencia, cómo el respeto por los derechos humanos es todavía, para un sector de nuestra sociedad, una cuestión relativa, su violación justificable y su responsabilidad omisible.

Confío, sin embargo, en que el año que está por comenzar traerá consigo la oportunidad de impulsar los cambios que el país reclama.

Desde la bancada socialista, estamos totalmente disponibles para avanzar durante el 2020 en reformas profundas que den respuesta efectiva a las demandas que, con tanta fuerza, claridad y valentía, la ciudadanía ha expresado en estos meses.

Reformas profundas en pensiones, que resuelvan las carencias de los adultos mayores de hoy y que aseguren el bienestar a los jubilados del futuro, sobre la base de un sistema solidario y equitativo y, sobre todo, alejado de las manos de quienes solo buscan lucrar con los recursos de todos.

Reformas en salud, que garanticen una atención de calidad a partir de un seguro universal que no deje a nadie en el desamparo, en el que las isapres sean solo un seguro complementario y las farmacias, especialmente las grandes cadenas, cobren un precio justo por aquellos medicamentos que el Estado no pueda garantizar.

Reformas en educación, que definitivamente devuelvan a la educación pública las cualidades de calidad, inclusión y excelencia que perdió a manos de los privados que, al igual que en la salud y la previsión, convirtieron la enseñanza en un negocio, y que garanticen a los estudiantes universitarios que nadie quedará sin estudiar por falta de recursos o endeudado por décadas con instituciones financieras.

Reformas al empleo, que aseguren estabilidad, salarios dignos y un trato laboral adecuado, con tiempo libre para la familia y el descanso, con movilidad laboral y opciones de perfeccionamiento y capacitación.

El año 2019 pasará a la historia como un punto de inflexión en el que ha quedado instalada la idea de que Chile debe ser distinto. Estoy seguro de que desde este Senado sabremos estar a la altura de lo que la ciudadanía nos exige. Pocas veces en la vida tenemos la oportunidad de mirar de frente a la historia y menos todavía la opción de incidir en el curso de esta.

Hoy nosotros estamos enfrentados a ese momento. El 2020 debe ser el año de los cambios profundos, reales y positivos. Y es también la oportunidad de que demostremos que la actividad política es un aporte y no un obstáculo para el desarrollo del país.

Quiero saludarlos y desearles lo mejor en este año que ya comienza: que sea un espacio de crecimiento para el país y un tiempo que nos permita restituir la confianza y la dignidad de la política como una buena herramienta para cuidar la democracia y garantizar el bienestar de Chile y de cada uno de sus habitantes.

He dicho.

La señora EBENSPERGER.-

Señor Presidente, yo creo que es terriblemente indispensable modificar la ley N° 19.418, para fortalecer el rol que deben cumplir las juntas de vecinos en cada comuna a lo largo del país. Por algo participé concurriendo con mi firma a la presentación de este proyecto, conforme a la invitación que me hiciera el Senador Montes.

Dicho eso, también quiero señalar que, no obstante que hay mucho articulado que no comparto, creo que es importante avanzar en esta materia y mejorar el proyecto en su discusión en particular.

Puntualmente, creo que nos debemos preocupar, en esa discusión particular, de no crear un gobierno paralelo para los municipios: hay que fortalecer el rol de las organizaciones comunitarias, lo reitero, pero en las materias que les son propias, y que son distintas de las que tienen los alcaldes, aunque muchas de ellas estén relacionadas. Lejos de mis intenciones está debilitar a los gobiernos comunales: creo que los municipios hacen una gran labor en cada una de las comunas, particularmente en las zonas rurales donde generalmente son las únicas autoridades que están en esos sectores, y son la única opción de la gente para buscar solución a sus problemas.

También me parece relevante, por lo que dijo el Senador Sandoval en el informe de este proyecto, que esta iniciativa sea vista por la Comisión que le corresponde, que es la de Gobierno (recuerdo que esta iniciativa viene a la Sala desde la Comisión de Vivienda y Urbanismo).

Y como mencioné unas sesiones atrás -me dijeron que no era así, pero sí lo era-, el Senador Montes presentó este proyecto cuando era el Presidente de la Corporación, y quedamos en que se mandaba primero a Vivienda y Urbanismo por el exceso de trabajo que tenía Gobierno, pero que pasaría por ella -naturalmente tiene que pasar por esta Comisión- en el entendido, y en el compromiso que ha señalado el propio Presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, de que en su discusión en particular estará en la Comisión de Gobierno, lo cual es importante.

Yo, esperando que este proyecto sea mejorado en su discusión en particular, por lo menos en la redacción de aquellos artículos que a mí particularmente me preocupan y de algunos que podrían resultar inadmisibles, voy a aprobar la idea de legislar.

Gracias.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar el informe del Senador Sandoval, que pienso que sintetiza bastante bien lo que está en discusión.

Quiero, también, sumarme a su propuesta de que este proyecto vaya a Comisiones unidas de Vivienda y Gobierno para darle fluidez, a fin de que, más que una secuencia de una primero y otra después, estas dos Comisiones sean el centro del debate.

Quisiera hacer una reflexión más global sobre el tema. Yo creo que la junta de vecinos es una creación chilena que tiene un inmenso potencial, al cual, desgraciadamente, no le hemos podido dar las condiciones necesarias para desplegarlo. Y esto es parte de lo que estamos discutiendo ahora: cómo revaloramos el rol que pueden cumplir y cómo abrimos una nueva etapa en la junta de vecinos.

Sacamos un libro desde la Presidencia del Senado, hicimos un par de encuentros con el Salón de Honor lleno, porque era un tema que preocupaba a dirigentes de todos los sectores políticos. Hay algo latente, aquí hay un potencial que tenemos que recoger.

Quizás, si reflexionáramos más a fondo en lo ocurrido en el país en el último tiempo, habría que ver si a nivel social, de base, falta una organización que cumpla un conjunto de roles respecto a los cuales me voy a referir.

¿Cuál es la historia de la junta de vecinos?

Las juntas de vecinos en Chile parten en el siglo XIX, sin lugar a dudas, y han tenido distintas etapas en la vida. Por ahí por los años sesenta llegó a este país un cura a quien se le ocurrió estudiarlas y que dijo, aquí en Valparaíso, en los cerros...

El señor LAGOS.-

Era un sacerdote belga.

El señor MONTES.-

Un cura belga, sí, y que dijo: "Qué raro es este país: hay una tremenda densidad comunitaria que no tiene ninguna expresión en el Estado, que no tiene capacidad de incidir". Y de ahí surgió esta idea de la promoción popular, de que estas organizaciones deben tener condiciones para proyectar en el Estado y, a su vez, para lograr articular mejor a la población.

Y de ahí surge el primer proyecto, que fue de Radomiro Tomic, a partir de los cerros de Valparaíso, que era una excepción y un ejemplo en esta materia.

En adelante tuvimos distintas etapas, costó harto, en 1968 salió la primera ley que le dio un poder fuerte a la junta de vecinos: el presupuesto municipal se discutía primero en la junta de vecinos a partir de la propuesta del alcalde y, después, en el concejo municipal, en fin, había distintos roles. Tenía un papel, estaba muy articulada con el municipio, colaboraba con la gestión del municipio.

Desgraciadamente vino, después de este período de 1968 a 1973, el golpe, y lo que se había hecho en los Gobiernos de Frei Montalva y de Salvador Allende, que había fortalecido el rol de la junta de vecinos, se revirtió. En vez de ser una expresión desde abajo hacia arriba, con las demandas, preocupaciones, para incidir en el Estado, articularse de otra manera en los temas de la época, que eran la escuela, el pavimento, la vereda y el consultorio, empezaron a abrirse a otras cosas.

La dictadura nombró durante diecisiete años a los dirigentes de la junta de vecinos. Y no solo los nombró, sino que se estableció un sistema para operar con el nivel territorial de premio y castigo: al que se portaba bien le daba proyectos, al que no se portaba bien no le daba proyectos, mucho de lo cual se mantiene hasta el día de hoy con este esquema de los fondos concursables y de las asignaciones de proyectos.

Estos diecisiete años tienen muy marcadas a las actuales juntas de vecinos porque hay desconfianza de los vecinos, particularmente de los jóvenes. Y, a su vez, los dirigentes tratan de hacerlo distinto pero van chocando con la barrera de estos años.

Llega la democracia y se trata de revertir la situación: en el Gobierno de Aylwin se presentan dos proyectos y los dos terminan en el Tribunal Constitucional, y Maximiano Errázuriz, que había compartido la visión española franquista original que llevó a modificar estas organizaciones, impide que tengan avance y quedan muy restringidas. Para que no hubiera cincuenta juntas de vecinos en una unidad vecinal pusimos un requisito bien absurdo que es un quorum bastante alto, y así quedó.

La verdad es que durante estos años las juntas de vecinos han colaborado con los municipios, han colaborado con el Gobierno, pero no han logrado una dinámica en otro conjunto de aspectos que podrían ser muy importantes.

¿Cuál es el potencial?

Pensemos solamente que en Chile hay cinco mil dirigentes de juntas de vecinos, y que cada uno de ellos se juega diariamente de distintas maneras por su comunidad. Pensemos que la democracia, es decir, el discutir, conversar, proyectarse, tratar de influir en los procesos más generales tiene ahí un espacio privilegiado, de gran calidad, pero se ha empobrecido fundamentalmente porque se han politizado en el mal sentido y han quedado adscritas por sector político, principalmente del alcalde, muchas juntas de vecinos.

Es un espacio de educación cívica, es un espacio donde la diversidad tiene que convivir, aprender a convivir, a desarrollarse. En ese sentido es profundamente democrático.

Hemos discutido distintos cambios posibles en todos estos encuentros, oyendo a los dirigentes, y yo me atrevo a decir que son tres los principales problemas, los principales bloqueos que presenta.

Primero, el tipo de relación que se establece entre la junta de vecinos y el municipio. Aquí se requiere construir un sistema descentralizado; o sea, subdividir el territorio comunal en unidades vecinales, en unidades territoriales, en cada una de las cuales haya una junta de vecinos. Y que el municipio trate de hacer que esta instancia, como dice incluso la Constitución actual, por una indicación en alguna reforma, sea un espacio de desarrollo y de participación a nivel territorial.

Hay que replantear la relación con los municipios. Y analizar cómo hacerlo. La información a lo menos la tiene la unidad vecinal, se cuenta con ella en la junta de vecinos: se sabe qué pasa en el territorio respectivo. Hoy día hay muchos programas que ni siquiera se conocen, porque una norma posibilita que no se conozcan en el territorio, particularmente los programas de desarrollo social.

En la discusión sobre las diversas ferias y sobre bastantes aspectos se requiere que el municipio sea un actor que contribuya, que aporte.

La segunda cuestión clave es que para tener algún poder, alguna incidencia, se requiere que por cada una de estas unidades territoriales, que se llaman "unidades vecinales" en la ley vigente, haya capacidad de coordinación, de articulación entre las organizaciones territoriales, juntas de vecinos, y las organizaciones funcionales, que son de distinta naturaleza.

Cuando se crean demasiadas juntas de vecinos por unidad vecinal, ninguna tiene mucho peso. Lo que se plantea en el proyecto es que al menos haya una junta territorial que las coordine a todas, y en cabildo, con el resto de las organizaciones y en la relación con el municipio. O sea, generar una estructura que permita que el desarrollo, que la perspectiva de avance sea compartida por la diversidad del territorio.

Y el tercer problema central es cómo se fortalece la democracia al interior de las organizaciones; cómo se fortalece a los dirigentes; cómo se genera el espíritu de equipo: muchos dirigentes hoy día hablan de "mi directiva", "mi junta de vecinos", "mi proyecto"; perdieron el carácter del "nosotros", una visión más colectiva, más del conjunto. Y eso hace que se produzcan broncas de distinta naturaleza. El sistema perdió bastantes de las potencialidades que contenía.

Y lo más grave es lo que sucede con los jóvenes.

No existe otro sector que se sienta más lejano a la junta de vecinos que los jóvenes, que sienten que no tienen nada que ver con ellos. Y es algo que debemos tratar de revertir. Durante la dictadura se crearon los famosos clubes de rock para lograr tal objetivo, y fracasaron en todos lados, porque el joven tiene una manera particular de insertarse en los procesos y hay que trabajar con esa orientación.

Yo quiero señalar aquí que resulta clave discutir el asunto con toda la calma que plantea la Senadora Ebensperger, además de ser precisos en el establecimiento de las normas, a los efectos de salir del proceso recuperando, fortaleciendo, revitalizando a las juntas de vecinos como parte de la construcción democrática en los territorios, en el gobierno de la comuna, para que el ámbito correspondiente presente otras características.

Quiero manifestar una cosa adicional: nunca en la historia de Chile, a nivel territorial, los municipios han contado con tantos proyectos como en estos últimos años. ¡Nunca! Y aquello les otorga capacidad para negociar con una organización territorial muy grande. Ese ritmo de crecimiento de proyectos obviamente que no va a seguir igual, porque respondía a un período cuando nuestro per cápita era de 5 mil dólares, pero pasamos a un per cápita de 25 mil dólares; o sea, se experimentó un cambio muy drástico, muy fuerte.

Aquí se requiere más participación, más conversación, más capacidad de aprender unos con otros; más capacidad de asumir las necesidades de los niños, de los adultos mayores, que se suman comunitariamente y por la política pública. Se requiere otra visión, se requiere abrir otra etapa de las juntas de vecinos. Y ojalá que logremos producir una ley que avance, que aporte en esta perspectiva.

Yo creo que ha sido muy bueno que hayamos trabajado con mucha unidad al respecto, buscando objetivos comunes y tratando de mejorar los mecanismos para concretarlos.

Y repito, señor Presidente, que considero que sería muy importante que se acordara que el proyecto se viera en Comisiones unidas de Gobierno y de Vivienda en un segundo momento.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para que la iniciativa se analizara en Comisiones unidas?

El asunto también lo había planteado el Senador Sandoval.

¿Habría acuerdo en lo solicitado?

El señor BIANCHI .-

Sí

--Así se acuerda.

El señor GUILLIER.-

Señor Presidente, quiero destacar que este proyecto de ley es de real importancia, porque ayuda a fortalecer la democracia desde los territorios.

Se enmarca y conversa muy bien con el proceso de descentralización del país, sobre todo en la descentralización de la toma de decisiones, pero además en materia de organización de la sociedad en el territorio, generando un efectivo fortalecimiento de la sociedad civil.

Asimismo, establece mecanismos reales de participación ciudadana desde la base o desde las instituciones más cercanas a las personas, como las juntas de vecinos y otras organizaciones comunitarias: clubes de adulto mayor, clubes deportivos, centros de madres, agrupaciones de jóvenes, etcétera, que existen en muchas comunas de nuestro país, pero que carecen de la fuerza de la ley, del respaldo de los recursos, y también de la dignidad y el reconocimiento.

Se trata de un proyecto que tiene algunas complejidades, porque incide no solo en la ley N° 19.418, de Juntas de Vecinos, sino también en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la N° 18.695, y en la Ley sobre Asociaciones o Consejo de la Sociedad Civil, los cosoc (N° 20.500). Aparentemente podría haber algunos puntos en que se tocaran las normativas, y es necesario despejarlo.

En segundo lugar, desde el punto de vista técnico el proyecto se ve muy interesante, porque aborda problemas que ya todos conocemos:

La excesiva fragmentación y atomización de las organizaciones territoriales, como juntas de vecinos, en una misma unidad vecinal.

Se busca generar una mayor incidencia para la acción, al abrir mejores oportunidades para que las juntas de vecinos jueguen un rol importante en materias que siempre nos plantean los vecinos cuando vamos a conversar con ellos: vivienda, urbanismo y medio ambiente; participación vecinal; seguridad pública; beneficios económicos y de servicios en el territorio; educación, cultura y recreación; protección de derechos; fortalecimiento y capacitación organizacional, o sea, la formación de dirigentes.

En tercer lugar -y dentro de eso mismo-, se plantean modalidades que permiten mejores dinámicas de relaciones de las juntas de vecinos con otros entes comunitarios de la sociedad civil, que debemos valorizar y donde muchas chilenas y chilenos participan a nivel del territorio.

Por otro lado, se toca históricamente con los cabildos. Recordemos que los cabildos fueron muy importantes en el período colonial, pero además están en la fundación de la república, como un espacio en donde los vecinos toman decisiones que afectan el destino de todos. En este caso, los cabildos autoconvocados en numerosas partes están dando la señal de que ese germen que se halla en la historia institucional de nuestro país, tanto del período colonial como republicano, y que se fue apagando posteriormente por el centralismo, pueda recuperar hoy todo su esplendor.

También aborda inteligentemente las infracciones y sanciones por faltas a la probidad. El tema radica en la excesiva dependencia de los dirigentes territoriales con respecto al gobierno municipal, donde se transforman a veces en clientela asegurada, que recibe beneficios según la aproximación con el gobierno de turno de su comuna y, por lo tanto, generan una pérdida de autonomía de tales organizaciones, cuya dignidad, independencia, financiamiento y formación tiene que acompañar el proceso correspondiente.

Además, les otorga titularidad para ejercer acciones de interés público ante los tribunales de justicia, cuando los vecinos se vean afectados colectivamente por un tema no resuelto de manera adecuada. Aquello podría, incluso, llevarlos a desafiar al municipio local.

Establece también reglas de democracia interna sobre participación y control financiero (rendición de cuentas).

Y además, consagra mecanismos de asignación reservada de gastos de administración, que se incorporan a las subvenciones o recursos que los municipios transfieren a través del Fondo de Desarrollo Vecinal para el desempeño de sus dirigentes.

Señor Presidente, para no alargar mi intervención, señalo que el proyecto reúne todos los méritos para aprobarlo; sin embargo, requiere despejar algunas cuestiones que pudieran complicarse más adelante.

La posibilidad, por ejemplo, de unificar en una sola entidad la voluntad de varias organizaciones.

Segundo, hay que recordar que la propia Corte Suprema de Justicia ha sido consultada por este proyecto en particular, y advierte que aquí es necesario precisar materias como cuál es el territorio jurisdiccional; los posibles conflictos con el gobierno local y con los cosoc; eventuales trabas que pudiesen producirse en la gestión de los municipios; gastos que pudiesen involucrar al erario y que son de iniciativa del Ejecutivo.

Finalmente, la facultad de representar judicial y extrajudicialmente a los vecinos, sin contar, por ejemplo, con un mandato expreso, pudiese ser un eventual foco de conflicto.

Especificados aquellos elementos, considero que se trata de un proyecto que se halla muy a tono con el nuevo Chile que todos queremos y que es una constante en la demanda de los vecinos y de los ciudadanos.

La gente quiere participar en la toma de decisiones, sobre todo respecto de aquellas cuestiones que más les afectan a las personas en su vida cotidiana. Obviamente, la organización del poder debe partir desde el gobierno vecinal, territorial, para luego crearse los gobiernos locales o comunales (no las administraciones municipales, sino los gobiernos), los gobiernos regionales y el gobierno nacional.

Es decir, en la base de una estructura democrática, de la institucionalidad participativa las juntas de vecinos y las otras organizaciones sociales son determinantes para el futuro de nuestro país.

Por eso esta iniciativa se anticipa a lo que -imagino- va a abordar el debate constitucional en Chile. Por lo tanto, la vamos a aprobar con mucho entusiasmo.

Felicitamos, por cierto, a sus autores.

Voto a favor.

El señor LAGOS.-

Señor Presidente, soy uno de los parlamentarios que firmaron este proyecto, y debo decir que a instancias del Senador Carlos Montes. De modo que quiero hacerle un reconocimiento a Su Señoría, pues ha tenido una preocupación constante en materia de juntas de vecinos, de gobiernos locales.

Esta iniciativa -y hablaba el punto con el Senador Jorge Soria- debe conversar con los gobiernos locales, con los municipios de Chile. Pero, sin duda, el esfuerzo que se está haciendo con ella tiene que ver con tratar de dar una institucionalidad distinta y fortalecer un tejido social que hoy día pareciera estar a contrapelo con lo que ocurre en nuestro país, con un excesivo individualismo y con una institucionalidad distinta que han debilitado profundamente el trabajo colectivo ciudadano.

Quienes tenemos la posibilidad de representar popularmente a Valparaíso o a otras regiones urbanas muy grandes, podemos señalar que las juntas de vecinos siguen jugando un rol. Sin embargo, creo que esta institucionalidad se halla muy debilitada.

El solo hecho de que puedan existir en un mismo sector diversas expresiones de asociatividad requiere, si bien debemos valorar la riqueza de esas distintas miradas, establecer algún criterio que permita trabajar de consuno, a fin de dar cierta institucionalidad y jerarquía al interior de las juntas de vecinos, de esas diferentes confluencias o miradas colectivas.

Asimismo, creo que hay que ampliar los derechos y las áreas en que aquellas se desenvuelven. Antiguamente, eran para lo tocante a las viviendas, para el funcionamiento básico de la comunidad. Hoy día, junto con ello (aún siguen bregando por esto), se hallan preocupadas por el transporte público, la cuestión medioambiental, las mascotas, la seguridad, en fin. Y cada vez más tienen una relación creciente -y no pocas veces frustrada- con los gobiernos locales y los municipios.

Además, este proyecto persigue -y eso está por verse, una vez que lo mejoremos- conectar algo muy dramático que ocurre en Chile y que dice relación con el hecho de que, demográficamente, las personas más jóvenes presentan escasa participación en las juntas de vecinos, y se constituyen otros referentes, vinculados con la cultura, con el deporte, con ciertas temáticas que los convocan,...

El señor PIZARRO (Presidente accidental).- Con los comités de vivienda.

El señor LAGOS.-... o con los comités de vivienda; sin embargo, conversan poco con las juntas de vecinos.

Entonces, siento que ahí se está perdiendo una energía muy grande. Entiendo, además, que el forzar una institucionalidad nueva envuelve darles más carácter y personalidad -lo digo con el mayor respeto- a las juntas de vecinos, por cuanto tal vez podrán empujar los proyectos de los propios grupos que representan y no solo los de ciertos sectores o visiones políticas que también tienen el legítimo derecho a influir en ello.

Pienso que una institucionalidad más fuerte, que pueda llevar a cabo un esfuerzo por tratar de hacer converger miradas distintas al interior de una colectividad como las justas de vecinos, probablemente alejará la captura del clientelismo o prácticas similares que también generan distanciamiento de otros ciudadanos respecto de las juntas de vecinos.

Señor Presidente, sin mayores palabras, quiero señalar que votaré favorablemente este proyecto. Asimismo, debo decir que comparto la decisión de que sea analizado en particular por las Comisiones unidas de Vivienda y Urbanismo y de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

Sé que estas cuestiones, al lado de todo lo que vivimos en Chile en los últimos sesenta y seis días, parecen nimias; no obstante, creo que el fortalecimiento de la base social puede colaborar también a lo que viene más adelante.

Así que con gusto voto a favor.

El señor SORIA.-

Señor Presidente, estimados colegas, me parece que estamos tocando un tema que cada uno en sus corazones puede ver como perfecto: que el pueblo, que nace en las juntas de vecinos, realmente pueda gobernar.

Sin embargo, creo que, en paralelo, esto va a ser letra con una linda música celestial si al verdadero gobierno, que es la comuna dirigida por el alcalde, cada día se le quitan más atribuciones.

La mejor educación de nuestro país existía hace cincuenta años en las comunas, y quienes la manejaban eran los gobiernos comunales. Yo diría que aquello se ha perdido lentamente, y hoy vemos en parte de una ley que se les quita a las municipalidades el mando en materia educacional.

En tal sentido, yo les puedo asegurar que, cuando un municipio se preocupa -y voy a contar mis cincuenta años de experiencia; pero así pasaba en un minuto-, pueden crearse cosas que en Chile no se han hecho, como la Escuela de las Artes que está en Iquique, por señalar una nomás.

O sea, el municipio es el que va a establecer tales cuestiones, no las juntas de vecinos. Estas pueden ser como la Cámara de Diputados o el Senado, que apoyan al alcalde. Pero si desde esta Alta Corporación le vamos cercenando facultades a aquel, también le estaremos quitando atribuciones en materia de salud.

En Iquique tuvimos las primeras clínicas móviles de Chile, y acercamos la salud a todos los barrios. Entonces, no es todo lo contrario: que los barrios lo hacen. ¡No! Es el gobierno, junto al presidente, el que lleva la salud y la organiza en el barrio.

Yo puedo señalar que poseemos el mejor consultorio de nuestra nación hecho en un barrio, donde contamos con diez a doce máquinas equipadas completamente -se trajeron en veinte a treinta años; de a poco, pues no había plata- para que a una persona puedan revisarla mediante los sistemas más modernos.

Hace treinta días -no está inaugurada aún- que tenemos una cámara hiperbárica para doce personas simultáneamente. Ni siquiera la Clínica Alemana posee una de esa calidad.

Sobre eso debemos hacer conciencia colectiva nacional tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Aquí como que los municipios nublan la posición de la política chilena, y se les quitan y quitan facultades. Ya se las han restado -reitero- en materia de educación; en salud: ¡cero!

Señor Presidente, creo que el error más grande que está cometiendo la nación es quitarles el poder a las regiones e inflar hoy día el que los gobiernos reales van a ser las comunidades que ahora nos hallamos apoyando: estamos haciendo un juego con palabras en nuestro país.

Veamos qué pasa en el resto del mundo.

Parto por Miami. Yo nací socialista, pero hice la primera comuna de Chile ¡con Miami, ciudad hermana! Se me criticó por esto, y poco menos que me echaron del partido.

Yo les digo que en Miami el dueño del puerto -yo he luchado cincuenta años para mejorar el de Iquique, y ahora les mando un folletito entero, un librito para salvar a todos los puertos chilenos- es el alcalde; el dueño del metro es el alcalde, en fin. ¡Tengo para hablarles una hora sobre estas cuestiones...!

¡Todo parte del alcalde al lado de las juntas de vecinos!

No es que establezcamos nuevas cosas, sino que las fortalecemos. Y si no robustecemos al municipio, todo esto que se plantea -lo conocen bien Sus Señorías, pues muchos vienen de los municipios- será letra muerta.

Aquí el alcalde se ve como el posible candidato a cualquier cosa. Entonces, estamos diluyendo. Perdonen que se los diga y con sinceridad: ¡aquí lo que queremos es que el alcalde no exista, para que no sea candidato a Diputado ni a Senador! No sé qué país queremos.

Yo les ruego a Sus Señorías que vean lo que es China: el alcalde es el que maneja todo; que vean lo que es Estados Unidos: el alcalde es quien maneja todas las cosas. Y en Europa ocurre lo mismo.

Lo que vi en el mundo está todo hecho en Iquique. Y no estoy hablando de que no necesitemos nada. Vivimos al tres y al cuatro, porque no nos dan la plata que requerimos y no hay presupuesto para estas cuestiones.

Ahora bien, en cuanto a lo que ahora estamos discutiendo, si no van el alcalde y las juntas de vecinos unidos, en el ámbito territorial, todo quedará en bonitos discursos que felicito, pues han sido excelentes y he aprendido harto al respecto. He mandado pedir copia de todos ellos, porque quiero llevarlos a la región.

Sin embargo, les ruego que vean este asunto como un todo.

Un Senador me señaló: "Tienes razón". Y me lo dijo altiro, porque nunca habíamos tocado el tema acá. Si no partimos por arriba, no llegamos abajo; y si no partimos de abajo, no llegamos arriba: ¡es un todo!

Hay que devolverle al municipio todas las facultades.

En cuanto a las atribuciones que se les están dando a las juntas de vecinos, me parece excelente lo que se plantea. Yo no tengo problemas sobre el particular. Trabajo con juntas de vecinos; viven en mi oficina. Reitero: ¡es un todo!

Señor Presidente, he tratado de resumir mi experiencia de cincuenta años así, improvisadamente, pues entiendo que todos ustedes son viejos, sabiondos en estos temas también. Lo que señalo es un poquito para ponerlos en la mira nomás.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).-

¡Los Senadores -por decirlo de alguna manera- somos todos un poquito antiguos; las Senadoras no...!

La señora ARAVENA.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que acompañamos al Senador Montes a firmar este proyecto hace unos meses, pues lo consideramos importante tanto por la relevancia que tienen las juntas de vecinos como por el tiempo que ha pasado para darles a estas también mayor modernidad y orden acerca de su funcionamiento y su vinculación con la institucionalidad.

En tal sentido, considero relevante mencionar que, de las 15 mil juntas de vecinos actualmente inscritas, hay 9 mil activas.

Hoy día constituyen la categoría organizacional cuantitativamente más poblada y la que más crece en nuestro país. Representan un tercio del total de organizaciones de la sociedad civil y han crecido casi cinco veces en los últimos diez años.

Sin duda, quienes hemos trabajado en el sistema público sabemos que las juntas de vecinos juegan un rol fundamental, por lo que claramente resulta necesario apoyar su estructura y su funcionamiento.

El 2018 la División de Organizaciones Sociales realizó 430 capacitaciones a dirigentes vecinales. Al respecto, es importante decir que se apreció una mayoritaria asistencia femenina, cuestión que en la práctica uno ve en muchos otros tipos de organizaciones. De los 25 mil participantes que tuvieron las Escuelas de Formación Social y los Diálogos Participativos, más del 70 por ciento fueron mujeres.

Ello es muy destacable, y así lo hizo presente también el jefe de división, quien dijo que: "Las mujeres de nuestro país no solo se preocupan día a día por la familia -y hoy día, además, por sus trabajos-, sino también por sus vecinos y comunidades".

¡Quién no ha visto a las presidentas de los comités de vivienda! En su mayoría son mujeres las que se hacen cargo de algo tan anhelado como es la obtención de la primera casa.

Entonces, en ese contexto este proyecto, que es bastante amplio, evidentemente requiere mejoras, y no todas tienen que ver con el ámbito del ejercicio de los Senadores, sino que son de iniciativa del Ejecutivo, por lo que vamos a tener que requerir su patrocinio. Sobre el particular, ya hemos estado en conversaciones para los efectos de incorporar algunas indicaciones que claramente son de resorte del Presidente de la República respecto de algunos artículos que se están modificando.

En general, quisiera destacar básicamente cómo hoy día estamos mejorando la definición de las funciones de las juntas de vecinos; sus atribuciones; las formas y modalidades de participación en los territorios vecinales.

También considero fundamental el que estemos definiendo las áreas que abordan, que son bastante amplias: vivienda, urbanismo y medioambiente; convivencia y participación vecinal; seguridad pública, (participan activamente, a través de sistemas funcionales, en proyectos vinculados con seguridad); atribuciones económicas y de servicios; educación, cultura y recreación; protección de derechos, y fortalecimiento y capacidad organizacional.

Hago un punto en ello, pues una de mis críticas permanentes es la utilización de las juntas de vecinos muchas veces como instrumento público.

Creo que ahí hay un aspecto que debe analizarse en profundidad: cómo nos hacemos cargo del establecimiento de instrumentos públicos. Unas veces pedimos que sea a través de las juntas de vecinos; pero otras no procedemos de la misma manera. Y empezamos a instrumentalizar y a crear nuevas organizaciones que compiten con la organización madre, que, en este caso, es la junta de vecinos.

Se trata de un asunto que debemos ver más en profundidad, porque, finalmente, estamos creando organizaciones con una función específica y que después mueren. Y eso va generando un descontento en los dirigentes.

Otro punto que encuentro muy valioso es que estamos pidiendo incorporar normas sobre administración y control financiero; asimismo, se establecen infracciones y sanciones por faltas a la probidad a las organizaciones que mal usen principalmente los dineros que en su mayoría provienen de fondos públicos o de recaudación de los mismos asociados.

En general se trata de una iniciativa bastante amplia y muy compleja, que requiere muchas modificaciones. Sin embargo, valoro inmensamente que el Senador Montes haya tenido la apertura para entrar en una materia tan compleja como las juntas de vecinos, que son tan importantes, pues, a la hora de trabajar con la sociedad requerimos instrumentos eficaces y democráticos para que la ciudadanía sienta que tiene un espacio de participación.

Voto a favor de este proyecto. Y en su momento presentaremos indicaciones para mejorarlo.

--Se aprueba en general el proyecto (27 votos a favor, 1 abstención y 1 pareo), dejándose constancia de que se cumple el constitucional exigido.

quorum

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Ossandón, Pizarro, Prohens, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

Se abstuvo la señora Van Rysselberghe.

No votó, por estar pareado, el señor Galilea.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).-

Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señoras Provoste y Órdenes y señor Navarro.

Corresponde fijar plazo para la presentación de indicaciones.

¿Les parece que sea hasta el lunes 9 de marzo, a las 12 horas?

Acordado.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).-

En virtud de lo acordado, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 21.131, que establece pago a treinta días, para permitir que los contribuyentes del sector agropecuario y de la pesca artesanal emitan guías de despacho en soporte de papel, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "discusión inmediata".

--Los antecedentes sobre el proyecto (12.836-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 55ª, en 15 de octubre de 2019 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Economía: sesión 89ª, en 30 de diciembre de 2019.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Cabe destacar, señoras y señores Senadores, que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados modifica el artículo 3o de la ley N° 21.131, que establece pago a treinta días, con el propósito de permitir que los contribuyentes del sector agropecuario y de la pesca artesanal, a su elección, puedan emitir guías de despacho en papel o de forma electrónica.

Por su parte, el proyecto de ley propuesto por la Comisión de Economía tiene por finalidad modificar la referida ley N° 21.131, con el objeto de prorrogar por seis meses la obligación de emitir guías de despacho electrónicas para el sector silvoagropecuario y de la pesca artesanal.

También introduce enmiendas a los artículos 54 y 55 del decreto ley N° 825, Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, en relación con lo siguiente:

-Contribuyentes que desarrollen su actividad económica en un lugar geográfico sin cobertura de datos móviles o fijos de operadores de telecomunicaciones que tienen infraestructura, o sin acceso a energía eléctrica o en un lugar decretado como zona de catástrofe conforme a la ley N° 16.282 (artículo 54).

-Márgenes máximos permitidos de diferencia de precio y peso entre las guías y las facturas en consideración a los tipos de animales o productos por transportar, para el sector silvoagropecuario y de la pesca artesanal (artículo 55).

La Comisión de Economía discutió el proyecto en general y en particular por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó con las modificaciones señaladas y las votaciones que registra el respectivo informe.

El texto que se propone aprobar se consigna en la página 34 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Hago presente que el acuerdo de Comités fue incorporar y tratar este asunto sin discusión.

Es todo, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).-

Muchas gracias, señor Secretario.

El señor GALILEA.-

Señor Presidente, no es para fundamentar el voto. Simplemente leeré el pequeño informe de la Comisión de Economía.

De hecho, yo estoy pareado, así que no puedo votar.

La Comisión de Economía tiene el honor de emitir su primer informe acerca del proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado por los Diputados Camila Flores, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, José Miguel Castro, Iván Flores, Javier Hernández, Harry Jürgensen, Frank Sauerbaum, Ignacio Urrutia y Cristóbal Urruticoechea.

Cabe hacer presente que, por tratarse de un proyecto de ley de artículo único, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado, la Comisión lo discutió en general y en particular a la vez.

La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados modificaba el artículo 3° de la ley N° 21.131, que establece el pago a treinta días, con el propósito de permitir que los contribuyentes del sector agropecuario y de la pesca artesanal, a su elección, emitan guías de despacho en papel o de forma electrónica.

Por su parte, lo que propone la Comisión de Economía es simplemente prorrogar en seis meses la obligación de emitir guías de despacho electrónicas para el sector silvoagropecuario y de la pesca artesanal.

También introduce algunos cambios a los artículos 54 y 55 del decreto ley N° 825, Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios.

En dos palabras, señor Presidente, aquí lo que se buscaba originalmente con la ley de pago a treinta días era imponer la guía electrónica, a fin de darles una trazabilidad a las mercancías que estaban siendo trasladadas y mejorar con ello las fechas de pago.

Esto generó una serie de aprensiones respecto de la posibilidad de emitir esas guías en las zonas donde no hay suficiente cobertura de internet, o en caso de que los aparatos que usan los pescadores artesanales o los pequeños agricultores no tuvieren la capacidad para hacer este trámite. Y, por lo tanto, lo que finalmente la Comisión de Economía del Senado dijo fue: "Tenemos que avanzar a la digitalización; debemos prepararnos mejor".

Pero el sistema offline del Servicio de Impuestos Internos recién está empezando su marcha blanca. Así que lo prudente era postergar en seis meses el inicio del mecanismo.

Además, se aclaró -y así lo tendrá que asumir Impuestos Internos- que en los reglamentos correspondientes deberá hacerse especial mención a las guías de despacho que no implican ventas, sino simplemente traslados. Porque hay muchos productos, y también animales, que se trasladan, pero ello no necesariamente significa venta: pueden ir a una feria y, si no se vendieron, tienen que volver. Lo mismo puede ocurrir con los granos: es posible llevarlos a un lugar y que por alguna razón -florecimiento del grano, en fin- no sean recibidos, debiendo ser trasladados a otra parte, y así sucesivamente. Impuestos Internos va a tener que aclarar esto.

Sin embargo, lo que a todos les parecía complemente oportuno era que se postergara la guía electrónica para estos sectores por seis meses, tema en que nos parece que el país debe avanzar, pero dándonos este margen de tiempo para que el asunto madure.

Ese es el contenido del informe de la Comisión de Economía, señor Presidente.

La señora PROVOSTE.-

Señor Presidente, yo quiero partir saludando esta moción porque creo que tenía un propósito inicial positivo, que era entender la diversidad de nuestro país y, además, la distinción de conectividad que existe en el mundo urbano y en el mundo rural. Sin embargo, este proyecto de ley lo único que hace es aplazar durante seis meses esta medida y permitir que los pequeños agricultores y los pequeños pescadores artesanales realicen su trámite en papel.

Es pertinente señalar que si bien es cierto que nosotros hemos tramitado iniciativas que han permitido en el día de hoy tener factura electrónica, la distinción, la diferencia que existe entre ese documento y la guía de despacho es que esta última se tiene que hacer en el acto, a diferencia de la factura electrónica, que el contribuyente la puede emitir con desfase o que puede ser extendida por el contador.

Quiero en esto colocar un caso reciente.

En vísperas de la Navidad, en la comuna Alto del Carmen tuvimos tres días de corte de suministro de energía eléctrica. El proveedor de conectividad no pudo reponerles el servicio durante todo ese tiempo a los pequeños agricultores, los cuales son cooperantes de una pisquera y tienen cooperativas para la uva de exportación. ¡Durante tres días estuvieron sin suministro de energía eléctrica!

Y esos pequeños agricultores no le pueden decir al camión: "Mire, ¿sabe qué?, tenemos que esperar tres días; usted no mueva la fruta porque no tengo la posibilidad de realizar la guía electrónica en este momento".

Por lo tanto, señor Presidente, creo que implementar políticas públicas desconociendo la realidad de la conectividad que existe en el mundo rural, desconociendo la conectividad escasa que se da en el mundo costero de nuestro territorio es, francamente, generar una discriminación inaceptable en nuestras políticas públicas.

Lo único que hace esta moción es trasladar esa realidad durante seis meses y permitir que los pequeños agricultores y los pequeños pescadores artesanales puedan desfasar la fecha y mantener un sistema mixto, de papel o electrónico, durante seis meses, pero eso no resuelve el problema de fondo.

Nosotros debiéramos ser capaces de mantener un sistema mixto o de papel en todas aquellas zonas donde exista debilidad de la conectividad o, simplemente, no haya conectividad. Pero seguir tramitando estas iniciativas es desconocer la realidad que viven muchos pequeños agricultores de las zonas rurales de nuestro país, los cuales tienen los mismos derechos que los grandes empresarios agrícolas de realizar exportaciones a través de cooperativas o del modo que ellos se hayan definido.

Yo lamento que en esta discusión no tengamos a nadie del Gobierno. ¡A nadie!

Entonces, cuando el Gobierno le pone a 35 proyectos de ley urgencia "suma" -entre ellos, el que nos ocupa-, que al menos se dé el trabajo de estar presente en la Sala.

Voy a votar a favor de esta iniciativa, pero esperaría del Ejecutivo el compromiso de discutir y buscar una solución real a aquellos pequeños agricultores que viven en zonas rurales y que no tienen conectividad asegurada, pues esta iniciativa les va a generar un alivio por seis meses, pero después volverá la incertidumbre en torno a cómo ellos deberán hacer este trámite, que es fundamental.

Insisto: este problema no es igual al de la factura electrónica, porque ese trámite se hace con desfase y lo realiza un contador. En el caso de nuestros territorios, los pequeños agricultores que viven en Los Loros o en Amolanas habitualmente mandan esa información a Copiapó y quienes habitan la comuna de Alto del Carmen, a Vallenar, pues en esas ciudades los contadores tienen una conectividad asegurada, a diferencia de lo que se vive diariamente en las localidades mencionadas.

Sin embargo, al momento de despachar un camión, por ejemplo, esta iniciativa les va a generar problemas a aquellos que tienen mayores dificultades para incorporarse a los avances de la tecnología y que, además, viven hoy problemas reales en territorios donde el Estado de Chile no ha asegurado la conectividad ni mecanismos de respaldo frente a los cortes de suministro de energía eléctrica.

He dicho.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, en honor a la verdad -se lo digo, por su intermedio, a la Senadora Provoste-, si no hay nadie del Gobierno en la Sala es porque se decidió tratar este proyecto sobre tabla recién hoy.

La señora PROVOSTE.-

¡Pero la urgencia no!

El señor MOREIRA.-

Sin embargo, quiero puntualizar que estoy muy de acuerdo con la Senadora Provoste en este tema, porque la realidad que ella ha descrito es la misma que ocurre en la Región de Los Lagos, sobre todo en el mundo rural donde no hay electricidad o en sectores en los cuales el suministro se corta a cada instante.

Por eso, este proyecto no se condice con la realidad que se vive en muchas regiones, sobre todo en provincias como las de Llanquihue, de Osorno, de Palena, donde nuestros agricultores carecen de la tecnología y de los medios para acceder a ella, y con mayor razón en Chiloé, donde los pescadores están en las mismas condiciones.

Sin embargo, esta postergación ayuda en algo: la posibilidad de consensuar medidas que permitan salvar la situación con el objeto de que la guía de despacho de papel y también la electrónica sean solamente voluntarias.

Y qué curioso: en países donde hay mayor cultura, mayor desarrollo, como es el caso de España y de Holanda, este trámite es totalmente voluntario. ¡Totalmente voluntario!

Por eso, yo quiero valorar este proyecto de ley. Falta mucho por hacer, pero tenemos que conversar un poco más y tratar de señalarle a Impuestos Internos la necesidad de ponerse en el lugar y en la realidad de muchas regiones agrícolas, donde existe un problema de aislamiento, de falta de medios.

También quiero recordar que Impuestos Internos tampoco sabe cómo va a hacer esto. No nos ha dicho cómo lo va a hacer.

Otro aspecto que quiero destacar es que la respuesta que nos dio el Director Nacional de Impuestos Internos frente a esta necesidad fue que las mismas aprensiones, el mismo temor se dieron con respecto a la factura electrónica. En aquella oportunidad nos entregaron los mismos argumentos.

Pero esto es distinto.

Y en ese contexto de cosas, a mí me parece muy importante -agradecemos la presencia del Ejecutivo- que logremos consensuar con Impuestos Internos y nos coloquemos en el lugar de esa gente.

Yo les he dicho a los agricultores, especialmente a aquellos que enfrentan problemas a raíz de este tema: busquemos una solución. Tenemos que ponernos en el lugar de la gente, y la tecnología que no llega a muchos lugares debemos hacerla asequible.

Pero, más allá de eso, creo que es posible tomar medidas que permitan que esto sea voluntario.

Si queremos que haya mayor emprendimiento, si queremos darle facilidades a la gente para que mejore su calidad de vida, su empresa; para que encuentre una perspectiva distinta en esta etapa nueva de la cual estamos hablando, creo que debiéramos impulsar ciertas medidas -no son tan difíciles de implementar; solo se requiere voluntad política para hacerlo- e insistirles al Gobierno y al Ministro de Economía que busquen una fórmula tendiente a satisfacer la necesidad de un amplio sector del país y que reclama la Región de Los Lagos, sobre todo las provincias de Osorno, de Palena, de Chiloé y de Llanquihue.

Podemos colaborar con la agricultura, y lo vamos a hacer.

Este es el primer paso.

Voto a favor.

El señor MONTES.-

¿De qué Gobierno habla usted? ¡Aclárenos ese concepto de "el Gobierno"...!

El señor GARCÍA.-

 Señor Presidente, voto a favor de este proyecto de ley, porque el tema de las guías de despacho, tanto para los pequeños agricultores de La Araucanía como para la pesca artesanal de nuestra región, es una dificultad.

Creo que el hecho de prorrogar en seis meses finalmente nos da tiempo para encontrar las normas adecuadas que nos permitan subsanar este problema.

Yo tengo especial preocupación por la norma que faculta al Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, para dictar un reglamento que le permita al Servicio de Impuestos Internos establecer los márgenes máximos permitidos de diferencia de precio y peso entre las guías y las facturas, en consideración a los tipos de animales o productos por transportar.

La verdad es que esta norma en mi opinión excede las facultades y las atribuciones de un servicio público.

¿Cómo se puede demostrar que lo que ha ocurrido en la práctica -una disminución del peso, una disminución de precios- es contrario a lo que va a decir ese reglamento?

Me parece que eso termina haciendo más burocrática y dificultando la situación de pequeños productores agrícolas, de pequeños campesinos y también de pequeños pescadores artesanales.

Espero que en las etapas que vienen esta norma se revise, porque cuanto más dificultades le ponemos a la actividad de los emprendedores, cuanto más burocrática la volvemos, le estamos haciendo un flaco favor al desarrollo de nuestras regiones, particularmente al de sectores más apartados, donde hay más necesidades, más carencias, sobre todo en las caletas pesqueras en las cuales, por supuesto, no hay ninguna conexión a internet.

Entonces, entiendo las facultades del Servicio de Impuestos Internos; entiendo que todos queremos, por supuesto, que esté debidamente regulado el cumplimiento de la obligación tributaria, pero creo que este tipo de normas nos alejan mucho de la realidad, especialmente -como digo- de la que se vive en las zonas más rurales y en las caletas pesqueras más apartadas de nuestro país.

No obstante, este proyecto lo tenemos que despachar, para que avance, para que demos la señal de que queremos a lo menos postergar la entrada en vigencia de la norma.

Por esas razones, voto a favor.

Gracias, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).-

Les recuerdo a Sus Señorías que tenemos todavía pendiente la votación de la solicitud de permanencia de las Fuerzas Armadas en Bosnia y Herzegovina.

El señor MONTES.-

¡Pero ya no llegaron las tropas, Presidente...!

El señor PIZARRO (Presidente accidental).-

¡Están llegando, no se preocupe...!

¡Han avisado a través de todos los mecanismos de inteligencia y big data que ya vienen...!

Así que les pido, por favor, que fundamenten su voto lo más brevemente posible.

Tiene la palabra el Senador García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Muy bien, señor Presidente. Le haré caso.

En primer lugar, valoro esto, porque si el país estuviera todo conectado, no habría mayor problema. Pero hay una dificultad adicional. Hay muchas personas que emiten sus guías de despacho y a fin de mes hacen la factura electrónica, pero muchas de ellas no tienen formación en las nuevas tecnologías, fundamentalmente en algunos sectores del mundo rural.

Por lo tanto, si esto no se hacía ahora, la evasión iba a aumentar. Y, por eso, hay que prepararse. Sin embargo, no sé si el plazo de seis meses es lo que corresponde, porque en ese lapso no creo que vayamos a tener una verdadera evaluación de la conectividad que requiere nuestro país y de la formación que necesitan tanto pescadores artesanales como agricultores.

En segundo lugar, entiendo y comparto lo que plantearon la Senadora Provoste y el Senador Moreira en cuanto a todo esto. Pero el Senador José García habló de algo muy importante, relacionado con el reglamento.

Quienes conocemos el mundo agrícola sabemos, por ejemplo, lo que sucede con un camión con maíz de un pequeño agricultor. Ese maíz va húmedo y, por lo tanto, se ponen siempre pesos aproximados, porque después del secado se coloca el precio de venta.

En consecuencia, estar enrareciendo y burocratizando esto va a significar mucho conflicto.

Para qué decir en el tema del ganado. Ocurre lo mismo. Por ejemplo, en los animales que van para la venta desde la zona de La Araucanía a Santiago se produce una diferencia de peso, y eso es obvio. ¿Quién la va a calcular? ¿Quién va a decir: "Ah, es que algunas vaquillas, algunos novillos bajan más de peso"? O sea, estamos abriendo un flanco muy muy peligroso.

Por eso, quiero compartir la preocupación que tiene el Senador García respecto a este punto.

En consecuencia, señor Presidente, creo que el plazo de seis meses es bastante corto. No sé si vamos a estar prorrogando el día de mañana esta misma ley.

Por lo tanto, voto favorablemente, pero dejando establecidas mis aprensiones al respecto.

Gracias.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, se prorroga por seis meses la entrada en vigencia de la ley en los sectores que se han mencionado. Pero los problemas del sector artesanal van a subsistir en Lebu, en Coronel, en Talcahuano, en Coliumo, en Dichato, en todas las caletas, porque el procesamiento de esos sindicatos y esos pescadores no va al ritmo administrativo que les queremos exigir en esta normativa. Las dificultades se van a mantener después de los seis meses.

La pregunta es por qué se fijan seis meses y no un año, para hacer las cosas bien. No porque la ley diga "seis meses" el aparato del Estado procederá en ese lapso. ¡No lo va a hacer!

Además, se le pide al Ministerio de Hacienda el dictamen de circulares, de reglamentos que permitan establecer lo que aquí se ha planteado.

La Senadora Provoste ya se refirió al tema de los seis meses; el Senador García hizo presente las dificultades que tienen los pequeños agricultores, y yo llamo la atención respecto a los pescadores artesanales.

El asunto de la factura electrónica es un problema respecto de la capacidad real y, en especial, de la configuración de la responsabilidad si hay variaciones. Y aquí estoy hablando del principio de la buena fe; de la disponibilidad de acceso a mecanismos modernos, como es, por cierto, la factura electrónica.

Quiero hacer especial referencia a lo establecido en la página 11 del boletín comparado, relativo a la ley original, señor Presidente, que dispone que "La no emisión de guías de despacho oportunamente, será sancionada en la forma prevista en el Nº 10 del artículo 97 del Código Tributario, siendo responsable solidario quien transporte las especies cuando no identifique al vendedor o prestador del servicio sujeto del impuesto.".

¿Por qué les cargamos el tema a los transportistas? Si estos últimos lo que hacen es transportar. El que genera el producto y el que lo compra son los responsables. Esto es buscar un responsable alternativo, y en materia de productos del mar, si no se transportan a tiempo, se pierden. Por lo tanto, hay una presión adicional.

Establecer que la ausencia de la guía de despacho hace responsable solidario al transportista es un exceso. Aquí los responsables son el que vende y el que compra. Ellos generan la firma.

La guía de despacho -usted algo sabe, señor Presidente, de este tema- es una exigencia para acreditar la mercadería que se transporta. Sin embargo, ya hemos tenido problemas en materia de áridos, en la Región Metropolitana, respecto a las exigencias de las autorizaciones por cada comuna, lo que nos llevó a hacer una ley especial para que no sea por cada comuna y que la guía de despacho tenga la función de ratificar al que compra y el lugar de destino, en el caso de los áridos. Ese proyecto de ley fue aprobado por este Senado de manera expedita.

Yo solo quiero hacer esa salvedad respecto de la responsabilidad solidaria. Creo que la principal responsabilidad es del que vende y del que compra, y allí tienen que estar centrados todos los mecanismos para garantizar que lo que va arriba del camión transportado sea la mercadería que refieren el que compra y el que vende.

En segundo lugar, debo señalar que seis meses es poco. Todos le tienen un poquito de miedo a Impuestos Internos, porque dicho servicio no distingue nada, da un tratamiento, según ellos, igualitario para los chicos y para los grandes. Pero cuando uno le pide la información de los grandes contribuyentes, dicen que no se puede porque es reservada. Pero cuando un local pequeño no da boleta por una bebida que se tomó el sobrino al interior del local, le pasan el parte. O sea, hay un tratamiento desigual.

Es un tema para revisar en otra oportunidad.

Pero no creo que la circular ni el reglamento del Ministerio de Hacienda vayan a estar a tiempo. Sería importante poner un mayor plazo, y este es el momento de hacerlo.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

He dicho.

El señor MONTES .-

¡Votó en contra el otro día...!

La señora RINCÓN.-

Señor Presidente, seré muy breve.

Quiero justificar mi abstención en este proyecto de ley, no porque no crea que tengamos que solucionar este problema, sino porque con la indicación del Ejecutivo se desvirtuó lo que venía de la Cámara de Diputados. Tratamos de incorporar el punto y que se entendiera en la Comisión de Economía. Pero fue imposible. Yo, de hecho, voté en contra, y en esta parte me abstuve.

Y dejo constancia de esto en la Sala: en seis meses no van a llegar con los informes, no van a llegar con la solución. El Gobierno, o el Estado -para no echarle la culpa al Gobierno- no se compromete con la capacitación, con las herramientas tecnológicas, para que nuestros agricultores puedan cumplir efectivamente con esta exigencia.

Estamos dilatando o chuteando seis meses este tema, pero no lo estamos resolviendo. Hay sectores en El Maule, como Nirivilo, que llevan más de diez años sin conectividad. Lo hemos planteado en todos los tonos y a todos los gobiernos, en la primera Administración del Presidente Piñera, en el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet. Lo hemos manifestado y reiterado. Esto va a ser un problema nuevamente en seis meses más, y deberemos legislar de nuevo para que no se haga aplicable.

¿Por qué no tomamos los ejemplos de otros países y lo hacemos voluntario? ¿Por qué no creamos incentivos para que cuando se haga electrónicamente haya beneficios para los contribuyentes? ¿Por qué no escuchamos a quienes trabajan en el sector, que relatan los dramas con los que se encuentran en la actividad? Al final, nos ponemos obstáculos.

Hemos escuchado al Ejecutivo, a los directivos de las reparticiones públicas. Pero, lamentablemente, no escuchamos una respuesta para los productores que hacen un esfuerzo tremendo en el día a día.

No voto en contra porque me parece que ganar seis meses es algo. Pero no respaldo lo propuesto porque no es la solución al problema.

Gracias.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).-

A usted, Senadora.

Se le agradece también el uso reducido de su tiempo.

La señora ARAVENA.-

Señor Presidente, escuchando atentamente a la Senadora que me antecedió, la verdad es que yo debo reconocer que voy a votar a favor principalmente porque es absolutamente importante para mi región aprobar la medida hoy día. Pero comparto gran parte de lo que ella planteó. Efectivamente, considero que en seis meses vamos a estar discutiendo lo mismo.

Quienes hemos trabajado en los sectores rurales sabemos que hoy día no existen las condiciones para solicitarles ni a los agricultores ni a los pescadores esto, que evidentemente es un avance. Sabemos que Impuestos Internos tiene la mejor de las iniciativas al tratar de colocar esto en línea, porque, evidentemente, ordena la casa y disminuye la evasión. Pero debemos hacernos cargo de las diferentes realidades del país, y claramente la Región Metropolitana no es Chile, pues hay muchísimas comunas en nuestra Región de La Araucanía que no tienen acceso a internet.

Quiero hacer un último punto, que se refiere a las modificaciones propuestas al artículo 55. Lo mencionó nuestro Senador García Ruminot y deseo reiterar esa preocupación.

Para la agricultura y la ganadería es grave que se haga este tipo de análisis de márgenes máximos permitidos. Todos sabemos que los animales se destaran veinticuatro o cuarenta y ocho horas de salidos del predio al lugar donde finalmente se van a vender (en una feria de animales). Por lo tanto, es imposible que el peso de salida sea igual al peso en que se venden.

Cuando uno cosecha trigo este se sigue deshidratando. Lo más probable es que el peso de salida jamás sea el peso en el camión cuando el trigo se venda. Hay sectores en mi región donde los camiones esperan cinco días afuera de los molinos para que sean ingresados.

Por lo tanto, pido mayor profundidad en el análisis. Aquí hay análisis técnicos y de realidad del que muchas veces adolecen nuestras leyes. Esta es una oportunidad en la que veo que existe transversalidad respecto de una misma opinión. Debemos hacernos cargo de lo que significan las actividades pecuaria, agrícola y pesquera del país. Por lo tanto, evidentemente, hay que facilitar el pago de impuestos y no transformarlo en una complejidad además de todas las que ya posee la actividad económica, sobre todo para los más pequeños.

Voto a favor, pero estaremos disponibles para colaborar en la mejora de este proyecto.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (32 votos a favor, 2 abstenciones y 2 pareos) y queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Provoste, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

Se abstuvieron la señora Rincón y el señor Navarro.

No votaron, por estar pareados, los señores Galilea y Pérez Varela.

--Se aprueba la solicitud de Su Excelencia el Presidente de la República para prorrogar, desde el 1° de enero de 2020 al 31 de diciembre del mismo año, la permanencia de tropas y medios nacionales en Bosnia y Herzegovina (26 votos a favor, 2 abstenciones y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes y Rincón y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.

Se abstuvieron la señora Provoste y el señor Navarro.

No voto, por estar pareado, el señor Coloma.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).-

En consecuencia, queda autorizada la permanencia de tropas nacionales en Bosnia y Herzegovina.

El señor PIZARRO (Presidente accidental).-

Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, en lo tocante a la infracción consistente en estacionar en un espacio destinado a vehículos para personas con discapacidad, sin derecho a ello, con nuevo primer informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "simple".

--Los antecedentes sobre el proyecto (12.071-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 21ª, en 4 de junio de 2019 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Transportes y Telecomunicaciones: sesión 44ª, en 3 de septiembre de 2019.

Transportes y Telecomunicaciones (nuevo primer informe): sesión 55ª, en 15 de octubre de 2019.

Discusión:

Sesión 48ª, en 11 de septiembre de 2019 (se envía el proyecto a la Comisión de Transportes para un nuevo informe).

El señor PIZARRO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones hace presente que la Sala del Senado, en su sesión ordinaria 48a, de fecha 11 de septiembre, durante la discusión del primer informe emitido por dicha instancia, le envió la iniciativa para un nuevo primer informe.

El objetivo del proyecto es superar la antinomia actualmente existente entre el N° 28 del artículo 200 y el N° 1 del artículo 201, ambos de la Ley de Tránsito, ya que estos preceptos sancionan, simultáneamente, como faltas de distinta entidad, al empleo irregular de estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad. El primero, como infracción grave, y el segundo, como infracción menos grave.

Para ello, ambas disposiciones son modificadas con la finalidad de establecer con claridad que el estacionarse, usar u ocupar tales aparcamientos sin derecho a ello constituye una contravención grave.

La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió el proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chahuán, García-Huidobro, Letelier y Pizarro, con las modificaciones que consigna en su informe.

El texto que se propone aprobar se consigna en la página 16 del nuevo primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.