Labor Parlamentaria

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en moción y mensaje refundidos, que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución eléctrica y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica.

Diputada informante de la Comisión de Minería y Energía es la señorita Daniella Cicardini .

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 118ª de la presente legislatura, en miércoles 4 de diciembre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 11.

-Certificado de la Comisión de Minería y Energía. Documentos de la Cuenta N° 6 de este boletín de sesiones.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputada informante, paso a realizar una relación de la sesión celebrada en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento de la Corporación, acerca del proyecto de ley que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica. Se hace presente que la urgencia del proyecto ha sido calificada de discusión inmediata.

Modificaciones introducidas por el Senado:

Al artículo único: Al Nº 3:

Explicó el Ejecutivo que en el artículo 182 bis se determina cómo se deberá calcular la tasa de actualización y sus componentes. En particular, para determinar el riesgo sistemático de las actividades del rubro, se considerará el promedio de los seis meses previos contados desde la fecha de referencia del cálculo de la tasa de actualización.

La modificación busca permitir que, por motivos fundados, la Comisión Nacional de Energía considere un período de tiempo distinto, de manera de dar mejor representatividad al instrumento elegido. El ejercicio de esta facultad no obsta a que el cálculo de la tasa es observable por los participantes ante la Comisión Nacional de Energía y discrepable ante el panel de expertos.

Al Nº 4:

El artículo 183 establece las restricciones que enfrenta la empresa real, las que deberán ser tenidas en cuenta por la empresa modelo.

La modificación busca, expresamente, que el diseño de la empresa modelo cumpla con la normativa de distribución, especialmente en los niveles de seguridad y calidad que determine la normativa técnica vigente. Esto pretende asegurar que el análisis y valoración de los costos de la empresa modelo considere el cumplimiento de los índices de calidad y seguridad de servicio que se definen en la Norma Técnica vigente.

Al Nº 5:

El artículo 183 bis que se refiere, entre otras materias, al proceso de observaciones y discrepancias, establece los plazos en los cuales el panel de expertos de LGSE debe realizar las audiencias públicas para conocer de las discrepancias respecto de las bases preliminares y del informe técnico preliminar.

Para el primero, el plazo aprobado por la Cámara de Diputados fue de quince días y el Senado aumentó a veinte días. Para el segundo, el fijado en el primer trámite es de veinte días y se aumentó a treinta días. Esta modificación fue sugerida por el panel de expertos, en atención al nuevo procedimiento de fijación tarifaria.

Además, dentro de la nueva forma del proceso de fijación tarifaria, se establece que Comisión de Energía, en las bases del estudio de costos, podrá agrupar los diferentes costos para efectos de la formulación de discrepancias.

De este modo, las agrupaciones permiten realizar agrupaciones en materias afines y así no mezclar, por ejemplo, discrepancias sobre costos de inversión con costos de operación. Esto no solamente desincentiva el extremo de posiciones, sino también que se formulen discrepancias por cada uno de los costos, demorando en demasía el proceso. La agrupación puede ser observada, pero no objetada ante el panel.

Al Nº 6:

Respecto de la estructuración de las tarifas básicas preliminares, se incorporó la exigencia de que ellas deben ser coherentes con los costos que originan el valor agregado de distribución (VAD), debiendo explicitarse conjuntamente con la propuesta de fórmulas tarifarias.

El sentido de esta modificación es hacer explícita la coherencia entre las tarifas que defina la CNE, en base al estudio de costos reflejen efectivamente los costos definidos. Esta es una coherencia necesaria, pues la tarifa debe representar los costos de prestar el servicio. Es importante aclarar que esto no tiene incidencia en la determinación de la tarifa, sino que en la práctica consistirá en una explicación fundada que dé cuenta de la relación entre costos y tarifas.

La modificación incorpora dos nuevos incisos al artículo 185, que hacen observables ante la Comisión Nacional de Energía las tarifas básicas preliminares, debiendo esta dar respuesta fundada a las observaciones planteadas por los participantes en el proceso.

El Senado modificó la banda de cuatro puntos para determinar las tarifas básicas preliminares por una banda asimétrica de dos puntos al alza y tres puntos a la baja.

Dentro del proceso de fijación de tarifas, para determinar si las tarifas básicas preliminares son adecuadas, la comisión debe calcular si ellas permiten al conjunto agregado de las instalaciones de distribución de las empresas concesionarias, obtener una tasa de rentabilidad económica después de impuestos a las utilidades, que no difiera en más de cuatro puntos de la tasa de actualización que se calculará periodo a periodo.

A fin de guardar coherencia con la rebaja de la tasa de actualización, se estableció una banda asimétrica de más de dos puntos y de menos de tres puntos. De esta manera, por ejemplo, para una tasa de rentabilidad de 6 por ciento después de impuestos, se entenderá aceptada la tarifa básica preliminar presentada por la comisión si ella se ubica entre 8 y 3 por ciento.

En el Nº 3 del inciso tercero del artículo 185, se incorporó al proceso de chequeo de rentabilidad una precisión para mejorar su detalle, en particular respecto de la vida útil considerada para los activos de las empresas mediante establecimiento de una fórmula que permita reflejar la vida efectiva de los activos, pues se ha observado que en la práctica, hay vidas útiles distintas.

A las disposiciones transitorias: Al artículo tercero:

El Senado modificó el plazo en el cual deberán comunicarse las bases técnicas y administrativas para iniciar el proceso de fijación tarifaría, pasando del 4 de noviembre a dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación de la ley.

Disposiciones transitorias nuevas

El Senado incluyó un nuevo artículo décimo segundo transitorio que autoriza a la Comisión Nacional de Energía, dentro de los 12 meses siguientes a la publicación de la ley, a emitir una resolución exenta mediante la cual se establezcan las condiciones para aplicar las normas relativas al giro único y a la contabilidad separada.

El Senado incluyó un nuevo artículo décimo tercero transitorio que contiene un mecanismo de estabilización de precios de la componente distribución. En virtud de este mecanismo las tarifas permanecerán constantes en pesos hasta el término de su vigencia, quedando los saldos pendientes reajustándose por IPC y deberán devolverse como máximo dentro de los dos periodos tarifarios siguientes.

Asimismo, se incorporó una disposición que, frente a dudas de interpretación que pudieran presentarse, señala expresamente que las disposiciones de la ley N° 21.185, que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas, es aplicable a los sistemas medianos, tales como Aysén y Magallanes .

Finalmente, un artículo décimo cuarto transitorio que incorpora una obligación de informar a la Comisión Nacional de Energía a efecto de que anualmente informe a las comisiones de Minería y Energía de ambas Cámaras, a contar del primer año de aplicación del período tarifario que considere las modificaciones introducidas en la presente ley, respecto de los recursos que las empresas distribuidoras dejaron de percibir por concepto de rentabilidad con respecto a la tasa actual de 10 por ciento, antes de impuestos.

Recomendación de la Comisión

Al término de la sesión, la comisión consideró recomendar:

-Rechazar la modificación al Nº 3 del artículo único del proyecto.

Puesta en votación la modificación, se produjo empate de votos, entendiéndose rechazada. Votaron a favor los diputados señores Eguíguren , Gahona , Kort , Kuschel y Alessandri , y en contra las diputadas Cicardini y Hernando y los diputados Juan Luis Castro , Esteban Velásquez y Pablo Vidal .

-Aprobar el resto de las modificaciones, por las votaciones y en los términos consignados en la respectiva acta. Si bien hubo quienes votaron en contra, no se alcanzó la mayoría simple para rechazarlo.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, desde ya solicito a la Cámara de Diputados que rechace las modificaciones del Senado a este proyecto de ley.

Se supone que el espíritu de la modernización de la rentabilidad que anima este proyecto es que el objetivo final sea siempre un costo mínimo para los clientes, pero se señala que la tasa de rentabilidad debe reflejar los riesgos que tiene el negocio de distribución eléctrica.

¿Qué riesgo tiene el negocio de distribución eléctrica cuando se trata de una empresa monopólica? ¿Cuál es la competencia y el riesgo real?

Quiero llamar la atención sobre otro punto. Hoy estas empresas tienen un margen de utilidad del 10 por ciento. Es decir, dentro de sus “costos”, está garantizar una rentabilidad de 10 por ciento. A través de esta iniciativa, se modifica a 6 por ciento. ¡Gran cosa! ¡Que sigan ganando millones y millones de pesos a costa de todos los chilenos, porque a esas empresas se les garantiza entre el 6 y el 8 por ciento, sin competencia!

Se considera que son empresas modelo, pero hace rato que no invierten. Los monopolios no invierten en Chile y eso está demostrado, por ejemplo, con las empresas sanitarias y, particularmente, con ENEL.

Cabe tener presente que Enel ha debido pagar millonarias multas por bajos estándares de calidad en la entrega del suministro, por las continuas interrupciones del servicio. ¡Caen dos gotas de agua y se corta la luz! ¡Ese es el monopolio que invierte en Chile! ¡Así invierte el monopolio! ¡Y más encima, nosotros, los estúpidos, les tenemos que garantizar 6 por ciento de rentabilidad a esas empresas!

Me parece realmente vergonzoso que en el contexto actual del país estemos tramitando un proyecto de estas características. No vamos a dejar que ganen ese 10 por ciento. Sin embargo, seguirán teniendo millonarias utilidades, continuarán haciendo las cosas mal y seguirán siendo monopolio. Esas son las reglas del juego que tenemos que cambiar: que no haya monopolio en Chile, que las empresas no sigan abusando.

Sabemos en Chile que el regulador es comprado por el regulado. ¡Así ocurre permanentemente! Yo no estoy disponible para apoyar este proyecto; no estoy disponible para seguir asegurando una rentabilidad millonaria a las empresas de servicios básicos.

Cabe recordar que hace pocas semanas, poquitos días después del comienzo del estallido social, aprobamos un fondo de estabilización para que la tarifa eléctrica no subiera de manera tan drástica. O sea, el Estado, con recursos de todos los chilenos, crea un fondo de estabilización para, finalmente, pagarles el costo, para que las empresas eléctricas sigan asegurando sus ganancias. ¿Eso es lo que hace este Parlamento? ¿Asegurar las ganancias a estas grandes empresas? ¡No, yo no estoy disponible para eso!

Votaré en contra este proyecto.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, en los días posteriores al inicio de denominado “estallido social” de octubre pasado, como Congreso nos hicimos cargo de discutir una serie de iniciativas que buscaban hacer sentido ante aquello que la gente demandaba a través de las movilizaciones, principalmente en torno del aumento sostenido que ha tenido el costo de la vida para los chilenos y chilenas en los últimos años.

Se aprobó un proyecto de ley que permitió al Presidente de la República congelar el aumento en el alza del pasaje del metro; se aprobó el proyecto de ley sobre seguro catastrófico; se aprobó el proyecto de ley que permitió la estabilización de las tarifas de la electricidad, iniciativa que beneficiará, en el corto plazo, a millones de familias chilenas. Complemento de ello es la iniciativa legislativa que discutimos hoy.

No solo debemos atender a las alzas de las tarifas de los servicios básicos cuando se producen de manera reactiva, buscando su reducción, sino que debemos revisar su estructura y el proceso tarifario a través del cual se llega a dicha tarifa, especialmente en aquellos servicios públicos que, dado su carácter de monopolio natural, los elementos que determinan el precio para los consumidores depende, en gran medida, de normas y variables económicas.

La ciudadanía nos pide transparencia e información respecto de los mecanismos a través de los cuales se llega a determinados precios en bienes y servicios básicos, a fin de que se les cobre precios reales y justos.

No cabe duda de que el modelo económico que durante tres décadas ha mostrado notables avances para las familias y que ha transformado el país, haciéndolo más moderno y próspero, hoy necesita de reformas urgentes. Las empresas deben hacerse parte de ese desafío, principalmente aquellas cuyo giro es proveer de servicios básicos, servicios especialmente sensibles para todos en su quehacer diario.

Espero que la aprobación de este proyecto de ley tenga como repercusión que volvamos a discutir en este hemiciclo mecanismos a través de los cuales se puedan reducir, dentro del marco legal, las tarifas y precios de otros bienes y servicios de primera necesidad.

Por ello, espero que prontamente también discutamos y se apruebe la iniciativa que reduce la rentabilidad asegurada para las empresas de servicios sanitarios, entre otras iniciativas urgentes. La idea es que los beneficios del progreso económico que Chile ha vivido en las últimas décadas lleguen a todos de manera equitativa.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Sandra Amar .

La señora AMAR (doña Sandra).-

Señor Presidente, me referiré a la situación de la Región de Magallanes, que represento.

La realidad sobre la producción energética está muy alejada de la de Santiago, por ejemplo. En mi región, específicamente en las cuatro ciudades con más habitantes, la energía se produce en plantas aisladas, es decir, no hay interconexión entre las distintas plantas, volviendo aún más compleja la distribución de las mismas, lo cual se ve reflejado directamente en los elevados precios que los magallánicos debemos afrontar.

El proyecto original en comento no incluía como beneficiarios del congelamiento de tarifas ni a Magallanes ni a la Región de Aysén. De hecho, ese problema fue examinado con ocasión de iniciativas anteriores, realidad que era inaceptable teniendo en consideración que el costo de la vida en zonas extremas, que más que tendencia es una realidad, es más elevado que en el resto del país.

Junto con la diputada Aracely Leuquén y el diputado René Alinco solicitamos al Ejecutivo, a través del ministro y subsecretario de la cartera de Energía, que este proyecto también incluyera a la Región de Magallanes y a la Región de Aysén, pues es menester entender que la realidad de nuestras regiones lo amerita, no solo por considerarse como una región extrema, sino por una necesidad de igualdad al momento de legislar.

Agradezco la voluntad del ministro Jobet y del subsecretario López , quienes tomaron en cuenta nuestra voz y la de miles de personas que representamos, quienes resultarán beneficiadas con este sistema.

Del mismo modo agradezco que se hayan presentado indicaciones para adelantar el ingreso de una iniciativa de ley que reforme la legislación actual en esta materia y que considere a las regiones extremas, que tienen un sistema tarifario aislado.

En mi rol de trabajadora social me tocó ver gente que carecía de los recursos hasta para alimentar a sus hijos, que no tenía ni para pagar el gas. Sé, por lo tanto, lo necesario que resulta que la ley considere a las regiones de Aysén y de Magallanes.

Señor Presidente, por su intermedio le hago hincapié al Ejecutivo, representado por su subsecretario, que ponga énfasis en agilizar esta materia, tal como señala el protocolo de acuerdo, de modo que las regiones extremas tengamos igualdad.

He dicho.

El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, como bien se ha señalado, el proyecto contiene modificaciones introducidas por el Senado.

Los regionalistas no votamos a favor la iniciativa cuando se tramitó en la Cámara, porque intentamos infructuosamente, en la comisión y después en la Sala, reponer algunas indicaciones que nos parecen fundamentales. En lo sustantivo, nada cambió en el Senado. Cambiar la cifra de 10 por ciento de rentabilidad garantizada antes de impuesto por 6 por ciento después de impuesto es bastante más estrecho que lo que parece.

Con todo, con este proyecto de ley el Ejecutivo saca el riesgo de impuesto a la tasa y la baja, con lo cual, obviamente, introduce mayores niveles de seguridad.

Dada la metodología que establecía el proyecto para calcular la tasa de interés -me refiero a Capital Asset Pricing Model , conocido como modelo CAPM, que incorpora el riesgo-, propusimos que no hubiera una tasa garantizada, sino que se usara ese procedimiento que ya llevaba implícita la renta. Por lo demás, es una metodología para calcular la rentabilidad de los proyectos en el largo plazo. Esa indicación no fue aceptada en la Sala, por uno o dos votos, de manera que se perdió.

Asimismo, también propusimos que se modificara otro elemento que nos parecía esencial, que tenía que ver con la participación de consumidores o ciudadanos organizados en el proceso de fijación tarifaria y que se estableciera un concurso público, con ciertos recursos para que los privados, los ciudadanos o las asociaciones de consumidores pudieran participar, ya que es costoso participar en un proceso de fijación tarifaria. Entonces, teóricamente hay un proceso plenamente transparente y abierto al público, pero la verdad es que participar activamente en él, sin tener un interés directo como empresa distribuidora -incluso para el propio gobierno-, es imposible.

Entonces, pedimos recursos para eso: quinientos, seiscientos u ochocientos millones cada cuatro años nos parece una cifra importante para que las asociaciones de consumidores, las escuelas, los colegios profesionales u otros estamentos interesados pudieran participar y pagar a los expertos. El Ejecutivo tampoco aceptó esa propuesta, de manera que nos pareció que no existió voluntad en esa materia.

Tampoco se acogió la idea nuestra de que las resoluciones del panel de expertos puedan recurrirse ante un órgano jurisdiccional independiente, como la Corte Suprema. Si bien es cierto eso muchas veces puede alargar un proceso de fijación tarifaria, nos da la seguridad de la imparcialidad en dicho proceso, ya que el panel de expertos generalmente está compuesto por gente relacionada con la industria eléctrica, la que, como todos sabemos, tiene algunos grados de captura, del regulado al regulador, por la propia definición de un mercado tan estrecho como el chileno, como quedó demostrado, de alguna manera, en la comisión investigadora sobre medidores, de cuyo trabajo se dará cuenta próximamente en la Sala.

Entonces, por parte del Ejecutivo no se acogieron esos tres elementos, que nos parecen esenciales para haber podido votar a favor.

Hoy, lo que llega del Senado no cambia sustantivamente ninguna cosa, de manera que nuevamente no vamos a apoyar este proyecto, en su tercer trámite constitucional, menos en el contexto actual, ya que, a nuestro juicio, más bien termina beneficiando y asegurando la rentabilidad de las empresas, y beneficiando tangencialmente a los consumidores de nuestro país.

He dicho.

-Aplausos.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, hace un tiempo votamos un proyecto acerca de la regulación de las tarifas eléctricas. Hoy nos enfrentamos a un proyecto que no se hace cargo de lo que en esa oportunidad se conversó aquí en la Sala, cual es que muchos opinamos que las empresas monopólicas, como las empresas eléctricas o las empresas sanitarias, no pueden tener ese nivel de utilidades. Hablamos de 6 por ciento después de impuestos y de una rentabilidad muy por encima de muchas otras actividades económicas, teniendo en cuenta, además, que respecto de los medidores inteligentes, en esta misma Cámara analizamos que el cambio debía ser voluntario, porque iba a producir una distorsión el hecho de que lo iban a pagar los usuarios.

¿Qué ha ocurrido con esta situación? Que los medidores inteligentes también han tenido su efecto en la población. Nosotros lo hemos escuchado cuando estamos en terreno y conversamos con las personas que nos eligieron, quienes nos dicen: “Desde que me cambiaron el medidor, me subió la cuenta”. ¿Y por qué? Porque obedece a otra de estas intrincadas ecuaciones que finalmente redundan en que la cuenta aumente al usuario. Y aquí nuevamente tenemos una intrincada ecuación, con factores que la ciudadanía no va a comprender, para que la empresa llegue al 6 por ciento de ganancias después de impuestos, entendiendo que es una empresa monopólica, que no corre prácticamente riesgos.

Además, tenemos la complicación de que son empresas que prácticamente no podemos fiscalizar.

Esto lo vivimos con el caso de Essal, en Osorno, cuando la Superintendencia no podía acceder a sus instalaciones, salvo que fuera invitada, porque se trata de una empresa privada. Nosotros, como diputados, tampoco podíamos acceder, porque es una empresa privada.

Entonces, finalmente, ¿quién fiscaliza a esas empresas? Nosotros tampoco tenemos luces sobre esto. Es un tema en que, como órgano fiscalizador, debemos representar a la comunidad para que no llegue a ver afectado su bolsillo.

Me voy a oponer a este proyecto, primero, porque creo que la regulación de la tarifa debe ser con una ganancia muy inferior a esto -hablamos de bajar de 10 por ciento antes de impuestos a 6 por ciento después de impuestos, lo que es prácticamente nada-, y segundo, porque tenemos los continuos reclamos de los usuarios que dicen que les han aumentado las tarifas con los medidores inteligentes y que han tenido interrupciones del servicio en múltiples lugares, sin ninguna reparación de sus artefactos eléctricos, ninguna compensación y ninguna preocupación por las personas electro dependientes que sufren alguna enfermedad y que están conectadas a un dispositivo médico eléctrico.

Y máxime si consideramos que, en El Mercurio de 2 de diciembre de 2019, Enel dice que este año tiene proyectadas utilidades por 1.700 millones de dólares, vale decir, 1,8 billones de pesos -eso es casi un cuarto del presupuesto del sector salud-, y que para el 2022 tiene proyectadas ganancias por 1.900 millones de dólares, es decir, dos billones de pesos.

Por lo tanto, aparentemente la empresa está dando por hecho que esto se va a aprobar y que este es un mero trámite que va a pasar por la Cámara de Diputados. Al respecto, me pregunto por qué. ¿Acaso los votos están arreglados aquí? ¡No puede suceder ese tipo de cosas!

Entonces, debemos tener un análisis muy serio de lo que está ocurriendo con estas empresas eléctricas, que son monopolios y que prácticamente en sus libros de cuentas ya están presentando esto como un hecho real de la causa y como ganancias aseguradas.

En consecuencia, voy a votar en contra este proyecto, porque creo que una empresa como esta no puede seguir teniendo una ganancia de 6 por ciento después de impuestos. ¡Es un exceso!

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Gahona .

El señor GAHONA.-

Señor Presidente, hoy estamos discutiendo un proyecto de ley que es urgente para la ciudadanía. Aquí hemos escuchado varios discursos de diputados que me han precedido en el uso de la palabra, que la verdad de las cosas o no entienden o mienten.

Después de casi ocho meses de tramitación de este proyecto de ley corta, tenemos hoy la posibilidad de tener una ley que haga la fijación de las cuentas de la luz, en el ámbito de la distribución, más participativa, transparente y justa para los usuarios.

No faltará quien diga en esta Sala, como ya ha ocurrido, que hay en estas indicaciones del Senado costos para los usuarios o una letra chica.

A ellos solo les puedo decir que tenemos un proyecto depurado, que entregará a la ciudadanía una cuenta de la luz justa, sin abusos tarifarios por parte de las empresas. Si este proyecto ha llegado a esta Sala, lo hizo superando varios escollos: indicaciones en algunos de sus trámites que no guardan relación con la realidad del país; con demoras, omisiones y resistencias inentendibles. Solo podría explicarse, porque sus efectos ciertamente se dejan sentir sobre las empresas distribuidoras, que gozan de un régimen legal invariable desde que se dictó la Ley General de Servicios Eléctricos, en 1982.

Este proyecto de ley corta remece a un sector económico que, con urgencia, debe ser reformado, y nos consta que el gobierno está empeñado en ello.

¿Qué tiene este proyecto de ley que causa tanta resistencia en algunos, como lo hemos escuchado aquí?

En primer lugar, rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución eléctrica de 10 por ciento a una tasa que se calcula cada cuatro años y que deberá ubicarse entre 6 y 8 por ciento.

Según ha estimado el gobierno, solo esta rebaja incide en ahorros para la gente por cerca de 600 millones de dólares en cuatro años.

En segundo lugar, se modifica la forma en que se determinan las tarifas. Ahora será solamente la Comisión Nacional de Energía la que calculará las tarifas, sacando del cálculo de estas a las empresas, ya que no se considerarán estudios de ellas para ponderar el tarifado.

Hoy nuestras tarifas se construyen con mucha incidencia de las empresas. Eso es precisamente lo que cambia esta futura ley y lo que algunos no quieren que se cambie.

Esta modificación genera ahorros para las familias por otros 600 millones de dólares aproximados en un periodo de cuatro años.

Quiero preguntar a quienes se oponen a este proyecto de ley: ¿Están dispuestos a regalar 1.200 millones de dólares a las compañías eléctricas de distribución? Eso deberán respondérselos a los chilenos. Estamos hablando de un total de 1.200 millones de dólares que se podrán ahorrar las familias chilenas y que están en juego en esta sesión.

¿Qué hay de las modificaciones introducidas por el Senado, que a algunos tanto preocupan? Agrupadas, son de dos clases: una, la que permite tener una tarificación más precisa, esto es, que las empresas solo cobren lo que tienen que cobrar, que nos cobren lo justo; es decir, fueron modificaciones que permiten tener mayor justicia tarifaria. La otra es la que amplía el congelamiento de las tarifas a los componentes de distribución eléctrica y deja inequívocamente establecido que los congelamientos también se aplican a los sistemas medianos, como los de Aysén y de Magallanes.

En consecuencia, me parece que este proyecto de ley es bueno y debemos aprobarlo con todas las modificaciones que se le introdujeron en el Senado.

No puedo dejar pasar que en dicha Cámara el trámite no fue sencillo. Hubo mucha resistencia e incluso reportajes de investigación periodística. Recomiendo que lean el reportaje de Ciper Chile del 5 de noviembre de 2019, que señala quiénes pusieron tantas indicaciones y resistieron tanto estas modificaciones.

Hay que decirlo: el gobierno dio una pelea fuerte y trae hoy a consideración de esta Cámara un proyecto que es una mejora significativa en 40 años a un proceso que hoy es anacrónico e ineficiente.

Pero hay un último asunto: este proyecto de ley, como otros que afectan a grandes intereses, ha sido resistido y demorado para evitar su promulgación. Aquí no ha sido diferente. Pero hay una agravante: el próximo proceso de fijación de tarifas comienza dentro de poco, y si este proyecto de ley no es aprobado hoy, corremos el serio riesgo de que sus beneficios no lleguen a las personas. Todos sabemos que ir a una comisión mixta solo por una modificación que no se quiera aprobar del Senado demorará casi hasta enero el trámite de este proyecto de ley.

No nos hagamos trampa y legislemos por los chilenos. Aprobar hoy todas las modificaciones del Senado y permitir la congelación de tarifas eléctricas de distribución dentro de un par de días es lo que debemos hacer.

No permitamos que las empresas distribuidoras se embolsen 1.200 millones de dólares en cuatro años producto de las demoras que podamos hacer.

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Angel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, he escuchado atentamente lo que ha señalado el diputado Gahona . Sin embargo, creo que debemos hacer un poco de historia respecto de lo que hemos aprobado como Cámara de Diputados. En definitiva, hemos sido cómplices de garantizar que las empresas eléctricas tengan ganancias estratosféricas, yo diría que inmorales, que atentan contra las personas, contra los más pobres y sobre todo contra las personas que viven en los sectores más aislados.

Hace algunas semanas aprobamos un fondo de estabilización, que es una especie de aspirina que entregamos a los usuarios, a toda la ciudadanía, para evitar el alza de las tarifas de distribución eléctrica. Yo emití el único voto en contra, principalmente porque no estoy disponible para ser cómplice de seguir entregando las ganancias a las grandes empresas eléctricas.

A la Cámara de Diputados le consta que he votado favorablemente varias iniciativas del gobierno, porque me parece que están en la línea de hacer correcciones. Pero hoy el gobierno llega con un nuevo proyecto que lo único que hace es mantener un modelo, un sistema que claramente atenta contra las personas, un sistema que hoy no resiste más análisis. Debemos hacer un cambio radical en materia de servicios básicos, principalmente respecto de las tarifas eléctricas.

Por su intermedio, señor Presidente, pregunto al subsecretario, al gobierno, cómo se garantiza la rebaja real de las tarifas eléctricas a las zonas extremas, de lo cual tanto se ha hablado en esta Cámara. Por ejemplo, una persona de Villa O'Higgins o de Amengual paga actualmente entre 225 y 240 pesos el kilowatt/hora, mientras que una persona en Santiago, en el centro de Chile, paga entre 110 y 120 pesos el kilowatt/hora. Eso es una desigualdad absoluta. He escuchado a senadores -también a algunos senadores de mi región que señalan que esta iniciativa va a bajar el precio del costo de la energía eléctrica para las familias de Aysén. Eso no es verdad. Este proyecto no permitirá en ningún caso garantizar que la gente de las zonas extremas pague lo mismo que una persona de la zona central.

Entonces, ¿qué estamos provocando? Un sistema que sigue generando inequidad y que castiga a aquellos que viven en zonas australes, en zonas extremas, cobrándoles más el costo de la energía eléctrica. Recién lo dijo aquí un diputado: ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que son electro dependientes? Ayer conocí el caso de una persona que paga costos altísimos de energía eléctrica porque depende de elementos médicos para poder sobrevivir.

Por lo tanto, siento que este proyecto, que viene en su tercer trámite desde el Senado, lo único que hace es contribuir a fortalecer un sistema injusto, inmoral y que sigue garantizando ganancias a las grandes empresas eléctricas, que en muchas zonas como las nuestras son monopólicas.

Claramente esto debe acabar de una vez por todas. No estoy disponible para seguir garantizando ganancias para las grandes empresas eléctricas. Por lo tanto, anuncio mi voto en contra, tal como hice en el proyecto anterior, y no votaré a favor ningún proyecto eléctrico si no considera derechamente la rebaja de los costos eléctricos para las zonas aisladas, para las zonas extremas, como corresponde y por justicia.

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren .

El señor EGUIGUREN.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al subsecretario y al director de la Comisión Nacional de Energía.

Haré un poco de historia. Esto partió en septiembre, cuando en Renovación Nacional y en Chile Vamos denunciamos que las tarifas eléctricas iban a subir, porque entre octubre y diciembre de 2018 teníamos una variación cercana al 25 por ciento, y en marzo proyectamos una variación de 30 por ciento en las cuentas de la luz.

El ministro Juan Carlos Jobet y el gobierno se hicieron cargo de esa situación y propusieron un mecanismo de estabilización de precios que abordó el 70 por ciento de las cuentas de la luz. Faltaba el resto, y hoy este proyecto de ley corta se hace cargo del 20 por ciento de distribución. Es decir, ya tenemos un 90 por ciento de la cuenta de la luz estabilizado de aquí a 2021. Tenemos la certeza de que nuestros clientes, los usuarios de Chile, que son quienes más resienten este costo en su bolsillo, tendrán al menos el 90 por ciento de su cuenta de luz ya estabilizado y congelado de aquí a 2021. El gobierno cumplió. Todavía falta el 10 por ciento restante, que será abordado próximamente.

Pero hoy debemos valorar este proyecto de ley corta. Aquí se ha demonizado mucho a toda la industria. Pero veamos qué aborda este proyecto de ley corta. Primero, rebaja la rentabilidad de las empresas distribuidoras de energía eléctrica de 10 por ciento a un piso de 6 y a un techo de 8 por ciento. Eso no se había hecho nunca y era una aspiración absolutamente transversal, porque todos estuvimos de acuerdo en la comisión. Se discutió y concordamos en que eso era lo razonable. Todos estuvimos de acuerdo en la Comisión de Minería y Energía en ponerles ese techo y ese piso.

Incluso, con el proyecto se impide que las empresas incidan en la determinación de las tarifas. ¿Eso es malo? Yo creo que es muy bueno, porque hace que el proceso tarifario sea mucho más transparente, más participativo y, sobre todo, más justo para los usuarios.

Aun cuando el diputado Gahona ya lo dijo -no es malo repetirlo-, las modificaciones que se propone introducir generarán ahorros de 1.200 millones de pesos en un período de cuatro años. ¿Qué familia chilena vería como un perjuicio un ahorro de esa naturaleza? Valoremos lo que se está tratando hoy en este proyecto de ley.

Señores, estamos contra el tiempo, el proceso tarifario está por empezar y necesitamos luego una ley para traspasar estos beneficios a los consumidores.

Finalmente, por su intermedio, me dirijo al gobierno para solicitarle un esfuerzo más. Primero, quiero solicitar que sigamos adelante con este proceso de congelamiento de los precios de la cuenta de la luz y que abordemos prontamente ese 10 por ciento en transmisión que falta.

Segundo, que en marzo sea ingresado a tramitación legislativa el proyecto de ley larga para regular diversos aspectos de la distribución eléctrica. Ese fue el gran compromiso del gobierno, a través del ministro de Energía, señor Juan Carlos Jobet , y del subsecretario de Energía, señor Francisco López .

El proyecto de ley larga en materia de distribución eléctrica permitirá tener una industria mucho más competitiva, generar competencia y bajar los precios de la cuenta de la luz a los usuarios. Eso es lo que queremos: que en verdad los usuarios sientan que la cuenta de la luz no es una carga que se hace dramática cada vez que llega, debido a que sube paulatinamente, que sepan que la cuenta de luz será una cuenta abordable.

En ese sentido, en Renovación Nacional trabajaremos incansablemente para que las familias en Chile tengan la tranquilidad de que el costo de su cuenta de la luz siempre estará congelado y de que lucharemos para que día a día su valor sea cada vez más bajo, más barato y más abordable por las familias en Chile.

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort .

El señor KORT.-

Señor Presidente, quiero saludar al ministro subrogante de Energía, señor Francisco López , así como al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, con quienes hemos trabajado incansablemente en este proyecto de ley todos los miembros de la comisión de Minería y Energía, iniciativa que lamentablemente no es tan corta como nos habría gustado, pero que se denomina así por el carácter de urgencia que tiene, porque busca resolver un punto específico de la tarifa eléctrica y rebajar las utilidades de las empresas distribuidoras de energía.

¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se inicia este proyecto de ley? Por una coincidencia entre el programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera y las propuestas de parlamentarios liderados por el diputado Pablo Vidal , incluidos diputados de todos los sectores políticos.

Por lo tanto, ya nos cuesta encontrar coincidencia absolutas entre miembros de todas las bancadas del Congreso Nacional con un programa de gobierno. Así se inicia esto: el gobierno recoge la moción y presenta una indicación sustitutiva con un mensaje. Uno de los compromisos que se tuvo por parte especialmente de la oposición fue aprobar este proyecto de ley corta para que el próximo 1 de marzo se iniciara la tramitación de la ley larga. Pero, ¿qué ha pasado? Está pronto a comenzar el mes de diciembre y el proyecto de ley corta aún no ha sido aprobado.

El diputado Gahona recién hizo referencia a una investigación que presentó y publicó Ciper Chile -medio que no se puede decir que sea cercano al gobierno-, en la cual se plantea que hubo entrampamiento en el Senado para poder asegurar a las empresas distribuidoras ganancias por 1.200 millones de dólares.

Solicito que seamos responsables con la información que entregamos en el debate, pues no aprobar este proyecto implica 1.200 millones de dólares. Esos 1.200 millones de dólares, ¿quién los recibe? Las empresas distribuidoras. ¿Quién los pagará? La gente de este país; no nosotros. Los pagará la gente más humilde de este país.

Por lo tanto, votar en contra de este proyecto de ley es un portazo a la clase media y al mundo más popular del país, que no puede llegar a fin de mes a pagar las cuentas de la luz.

Por lo tanto, invito a actuar y a legislar con responsabilidad. No nos demos gustitos políticos, ya que no están los tiempos para darse gustos políticos de un lado o del otro.

Lamento profundamente que en la Cámara de Diputados existan aún personas que creen que esta crisis solo afecta al gobierno. Esta crisis afecta a la clase política, a todos nosotros.

Por lo tanto, si queremos ser respetados por la ciudadanía, actuemos en consecuencia.

A las personas que han estado siguiendo este debate, pero especialmente a los legisladores que debemos prepararnos en esta materia, quiero consultarles si saben cómo se compone una tarifa eléctrica. Yo se los voy a decir a grandes rasgos: 70 por ciento de la tarifa va al generador, 20 por ciento al distribuidor y 10 por ciento al trasmisor. Este proyecto de ley busca rebajar las utilidades, de manera que va al corazón de la empresa -cualquier empresa se genera para conseguir utilidades-, pues tiene por objeto rebajar las utilidades solo a los distribuidores, no a los generadores ni a los trasmisores.

Además, hablamos de una tarifa de un VAD dolarizado. Pero como el dólar pasó de 700 pesos a 835 pesos, ¿a quién le va a pegar? A la gente más pobre. Eso no se va a resolver por rebajar las utilidades a las personas. ¿Por qué sucede aquello? Porque tenemos una matriz dolarizada, la cual fue presentada y aprobada durante el gobierno anterior, de la Presidenta Bachelet . Insisto en que no es tiempo de buscar responsabilidades políticas; es tiempo de actuar responsablemente.

Por eso, hago un llamado a todos los legisladores del Congreso Nacional, especialmente de la Cámara de Diputados, pues este proyecto de ley está en su tercer trámite constitucional. Nosotros nos reunimos durante esta mañana como Comisión de Minería y Energía para conversar esta situación, y hubo votaciones separadas, porque se llamaba a votar en contra.

¿Sabe qué se consigue con eso? Llegar a una comisión mixta. ¿Sabe qué se consigue con eso? Que esta ley corta se alargue. ¿Sabe qué más se consigue? Que le pongamos riesgo al bolsillo de la clase media y de los más pobres del país, a través de algo tan necesario como la energía eléctrica.

Hoy en las casas no hay teteras ni nada por el estilo; todo es eléctrico: hervidores, cargadores de celular, refrigeradores, televisores. Todo es eléctrico. La clase media y el mundo popular dependen de la energía eléctrica, pero aquí vemos a algunos parlamentarios que, irresponsablemente, quieren alargar esta ley. ¿Para qué? Para que le pegue al bolsillo de la gente más pobre y de la clase media.

Por eso, hago un llamado a no hacer el espectáculo de alargar este proyecto de ley, como lo hizo el Senado. Cada senador sabe quién alargó este proyecto de ley. Espero que la Cámara de Diputados esté a la altura y actúe con responsabilidad, pueda cumplir sus compromisos, los compromisos firmados, y el próximo 1 de marzo iniciar la tramitación de la ley larga.

Esta ley corta es urgente, de modo que necesitamos aprobar las modificaciones del Senado, ojalá por unanimidad. Por eso, hago un llamado a las bancadas a que votemos este proyecto de ley responsablemente, porque el resto lo vamos a ver el 1 de marzo.

He dicho.

El señor ESPINOZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .

La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-

Señor Presidente, quiero hacer un poco de memoria. Este proyecto de ley nace a propósito de los medidores, en un escenario totalmente distinto, antes del estallido social. Y la señal que se quería dar desde el Congreso Nacional era respecto del abuso, pues, como dijo con mucha claridad el Presidente de la República, el cliente y el usuario paga todo, sobre todo en un negocio redondo, con tremendas utilidades, rentabilidad garantizada a un monopolio natural, donde no existe competencia y sin riesgo alguno.

Claramente, eso es parte de la indignación, de la rabia, de la frustración que existe en nuestra comunidad. El pueblo chileno dice que no quiere más abusos, no quiere más usura, no quiere más explotación.

Inicialmente, este proyecto de ley tenía un bonito eslogan. Quiero explicar a los que nos están viendo a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados que la cuenta de la luz está conformada por un 70 por ciento de generación, 20 por ciento de distribución, que es lo que estamos tocando, y 10 por ciento de transmisión. Si vamos a meter mano a este 20 por ciento probablemente lo que va a resolver es marginal. Estábamos hablando, en algún minuto, de que la rebaja de la tasa de 10 a 8 por ciento como techo, y de 6 por ciento como piso, se traduciría en una rebaja de 3 por ciento. En una boleta de 10.000 pesos estamos hablando de 300 pesos.

El problema es que Chile cambió; el problema es que el dólar cambió. Por lo tanto, sumado a las enmiendas del Senado, este proyecto claramente tiene letra chica.

Quiero ser sumamente responsable en lo que diremos al ciudadano y a la ciudadana: que efectivamente va a haber una baja. Yo no lo creo tan así, porque además se están incorporando elementos que no estaban regulados por ley, lo que llama profundamente la atención y genera mucha suspicacia. Yo podría deducir que probablemente es un colchón el poder generar las condiciones para poder amortiguar el efecto que esto podría tener en las empresas distribuidoras.

Como bancada del Partido Socialista, queremos –por supuesto que sí dar una señal a los chilenos bajando en algo esta carga al bolsillo de los chilenos, sobre todo en servicios básicos, como la electricidad; pero hagámoslo bien.

¿Estamos disponibles para avanzar en una ley corta que tenía ese objetivo y no otro? Estamos disponibles. ¡Por cierto que sí! Pero en este último trámite que nos convoca como Sala de la Cámara de Diputados para resolver lo que viene del Senado, que más bien pareciera beneficiar a las empresas distribuidoras que al cliente final, creemos que es mucho mejor generar el debate para incorporar algunas indicaciones en una comisión mixta, a fin de que podamos cumplir ese objetivo.

Nosotros estamos acá para legislar para los chilenos, no para las empresas distribuidoras. En el proyecto de ley larga, cuyo ingreso, de acuerdo con lo que comprometió este gobierno, se hará en marzo del próximo año, se justifica incorporar esas otras materias que no estaban comprometidas en esta discusión.

Por lo tanto, la bancada del Partido Socialista va a rechazar las enmiendas del Senado para poder perfeccionar este proyecto en comisión mixta.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, en conversaciones con los diputados Jaime Mulet , Miguel Ángel Calisto , Daniella Cicardini y otros fuimos estudiando este proyecto. Empezamos de nuevo a buscar cuál era la letra chica, cuál era la manipulación del lenguaje, cuáles eran los trucos y las trampas: el bonito eslogan del 70 por ciento de la generación y el 20 por ciento de la distribución, lo que por lo demás solo produce una pequeñísima ganancia.

No se aceptó la participación de la asociación de consumidores ni la de colegios profesionales.

Este es un monopolio sin riesgo y sin fiscalización, cuya rentabilidad garantizada es una montonera de plata: 6 por ciento, ¡muy alta!; no es transparente.

El tema de los expertos, como órgano, tampoco funcionó. Esto es igual que el aumento de tarifas del medidor.

Parecería que la votación estaría asegurada acá, pero esto está lleno de letra chica, de trucos, de tipos especuladores de bolsa; trucos para arriba, trucos para abajo.

¡No, pues! No apoyaremos esta iniciativa de ley. Se lo aseguro. Invito a toda la gente con sensibilidad a parar este proyecto.

Ley sin espíritu, nada; con espíritu, todo.

En contra de esta iniciativa de ley estamos reunidas muchas personas, y esto seguirá creciendo.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señor Presidente, la verdad es que, sin lugar a dudas, este proyecto sirve también a la Región de Aysén. Pero siempre tiene un gusto a poco, de dulce y de grasa; no de agraz, sino de grasa, como hablo yo. Por lo tanto, no es lo que nosotros esperábamos.

Según el Ejecutivo, nosotros también como región vamos a salir, entre comillas, favorecidos si se congela la tarifa eléctrica. Pero en verdad, desde hace mucho tiempo, no solamente en este gobierno, sino en el anterior y en el anterior, la verdad es que desde que recuperamos la democracia, hay una gran cantidad de chilenos que quiere cambios fundamentales y estructurales. Eso es lo que quiero plantear hoy día.

¡Cuándo nosotros, como parlamentarios, representantes de la sociedad chilena, elaboraremos proyectos de fondo! Porque, es cierto, las grandes y millonarias utilidades que tienen las empresas eléctricas pueden ser relativamente tocadas -no dañadas, sino tocadas en este proyecto de ley, lo que no es malo, pues significará un ahorro para el consumidor, para los trabajadores, para el pueblo chileno. Pero la mascada del león la van a seguir manteniendo estas grandes empresas, estas empresas transnacionales, extranjeras, por ejemplo, europeas, españolas, en fin.

A lo mejor, con este proyecto también existe la posibilidad de crear sociedades anónimas. Ahí también hay un peligro, que es quiénes van a conformar esas sociedades anónimas.

¿Las AFP? ¿Los grandes empresarios de Chile? ¿O esos grandes empresarios chilenos, muy selectos por lo demás, que tienen fondos y riquezas en paraísos fiscales? Porque esto da para eso, y a nosotros nos dan una migaja.

Si se congela el 9 por ciento, obviamente que le sirve a la gente; pero tras esa prebenda o esa migaja hay un interés de miles y miles de millones de dólares. Hay que tener cuidado con eso. Siempre está la trampita, y ni siquiera es la letra chica, sino que hay que mirar el reverso de la hoja.

Lo otro importante que planteé es que tenemos que ir legislando proyectos estructurales y de fondo. Este no es la solución, ya lo dije. La solución es, señoras y señores diputados, que de una vez por todas Chile recupere sus riquezas básicas y sus empresas estratégicas.

No es posible que la electricidad dependa de un gringo en Estados Unidos o en Europa.

¡Es una empresa estratégica! En cualquier situación de conflicto la energía es fundamental.

Por lo tanto, tiene que llegar el día en que las empresas eléctricas, el agua, el litio, el cobre, todas nuestras riquezas básicas; las empresas estratégicas, las empresas de telecomunicaciones deben pertenecer al Estado chileno. Tal vez la administración debe ser mixta, entre Estado y privados -eso se puede discutir-, pero la propiedad de esas empresas debe ser del Estado. No me estoy refiriendo al gobierno, sino al Estado chileno.

Por eso es importante lo que está gritando y planteando Chile, desde Arica a Punta Arenas: una nueva Constitución. Pero no una nueva Constitución creada entre cuatro paredes, como la que están haciendo en Santiago los catorce, quince o dieciséis elegidos; lo que se quiere es una Constitución elaborada con la participación de la gente, con asambleas constituyentes comunales, provinciales y regionales. ¿Por qué le tememos a eso?

Debemos destruir esta Constitución que nos tiene amarrados y no nos deja legislar como corresponde.

Aprobaré este proyecto, pero que quede constancia en cuanto a que tiene sabor a poco. Espero que el Ejecutivo cumpla su compromiso de presentar en enero un proyecto que favorezca a las zonas extremas, tanto a las del norte como a las del sur del país.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, todos vivimos las consecuencias de las alzas en los precios de la electricidad, del agua y de los recursos básicos para la vida de las familias en los diversos territorios, barrios y comunidades que representamos.

Seguramente todos fuimos testigos de la noticia que se publicó hoy respecto de una iniciativa que surge en Recoleta, comuna que cuenta con un alcalde que se preocupa de desarrollar iniciativas populares, iniciativas para doblarle la mano a la falta de desarrollo respecto de ciertas cuestiones a las que el mercado se ha encargado de ponerle dificultades, pero que debieran estar permanentemente a disposición de la comunidad.

Se nos ha dicho en forma reiterada que los comunistas queremos entregar todo gratis; incluso más, la compañera Camila Vallejo se burlaba un poco de eso a propósito de esa noticia.

En verdad, no se trata de eso, sino de garantizar el respeto a la dignidad de nuestra gente, de entregar acceso a lo que debiese ser un derecho, de entregar condiciones de vida básica que sean dignas. Se trata, en definitiva, de entregar mejor calidad de vida, cuando el Estado tiene capacidad para hacerlo, respecto de aquellas cosas que son fundamentales y elementales.

Hoy nos enteramos de que el alcalde Daniel Jadue busca desarrollar un proyecto de electricidad popular en la comuna de Recoleta, entregando mecanismos de generación de electricidad fotovoltaica en los techos de las casas de los vecinos más pobres de la comuna.

Creo que el Estado de Chile debería masificar y hacer propias iniciativas como esa. Debería hacer cada vez más accesibles aquellas cosas que hoy escapan de las posibilidades de los ciudadanos, de los vecinos y vecinas, que cada día y cada mes tienen que hacer rendir más los precarios salarios que reciben por su trabajo.

Al respecto, recordemos que otro de los debates que estamos dando aquí, y de las demandas que se han dado a conocer desde el movimiento social, tiene que ver con que el salario mínimo no alcanza para vivir, que sigue siendo insuficiente, mientras aumenta la concentración de la riqueza entre los mismos que cobran la tarifa del agua, de la luz, de las carreteras, etcétera, que es precisamente lo que tiene desbancadas a las familias de nuestro país.

Sobre eso estamos discutiendo hoy, pero esta vez a través de un cambio que nos permita solucionar el problema del alza de las cuentas de la luz.

Lamentablemente, una vez más, no obstante que hay quienes dicen que el Senado entrega soluciones a aquellas cosas que a veces la Cámara hace mal -parece ser que respecto del proyecto de ley antisaqueos sí aportarán una solución, porque hicieron una modificación a lo que aquí malamente se aprobó-, en esta oportunidad el Senado se equivocó, razón por la cual la bancada del Partido Comunista rechazará las modificaciones propuestas por la Cámara Alta.

A nuestro juicio, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados era bueno, pero las modificaciones introducidas por el Senado no nos parecen del todo correctas.

Esta iniciativa busca resolver un problema, un error que se cometió en el Senado. Quiero recordar aquella trampa que se introdujo en un proyecto que partió con una buena intención, a propósito del problema de los medidores, pero que el Senado distorsionó en su momento, decisión por la cual todos tuvimos que pagar el costo.

Hoy, para poder modificarlo y resolver o paliar las alzas en el precio de la electricidad en función de las condiciones de vida que tienen los ciudadanos en nuestro país, estamos llevando adelante esta moción parlamentaria que busca rebajar la tarifa de la luz a propósito de ciertos abusos que se generan y que impactan en su valor, que dicen relación con ese 10 por ciento de utilidad asegurada para las distribuidoras y estos incentivos para la sobrestimación de costos, dada la exposición de la tarifa a la volatilidad del dólar, que son precisamente las cosas que tienen que cambiar.

En este sentido, comparto lo que han dicho aquellos colegas que señalan que hay recursos que tienen que estar garantizados por el Estado.

En definitiva, vamos a rechazar las modificaciones del Senado, porque creemos que lo que salió de la Cámara de Diputados era lo correcto.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, no logro entender el título del proyecto. La mayoría está hablando aquí de una rebaja tarifaria. Cuando una escucha hablar de rebaja tarifaria, dice: perfecto, vamos a votar todos a favor, porque qué mejor que eso.

No obstante, cuando una ve cómo está el negocio de las eléctricas, dice: aquí hay clientes cautivos; una no se puede cambiar de una empresa eléctrica a otra; una no puede decir:

¿Sabe? No me gusta, no quiero estar en esta empresa.

Por lo tanto, qué negocio más atractivo este en el que se tiene cautiva a la clientela, a las familias y, al mismo tiempo, se cuenta con una herramienta tan potente como cortar el suministro de electricidad. Claro, porque si se corta la luz, la gente pagará lo que sea para que le repongan el servicio, por la necesidad que tiene de contar con él. Le guste o no, tendrá que pagar.

Nosotros, como Federación Regionalista, presentamos varias indicaciones a este proyecto de ley, las que, lamentablemente, perdimos, aunque por pocos votos.

Una se pregunta por qué si existen todas estas condicionantes, clientes cautivos, personas que no se pueden cambiar, es decir, si las empresas tienen la sartén por el mango, pues si no les pagan, cortan el servicio, además debemos garantizar la rentabilidad del negocio a dichas empresas. Porque la rentabilidad del negocio es sustancial para establecer cuál será la rebaja para los usuarios.

Nosotros planteamos que no exista garantía de utilidad alguna para la empresa. Si ya tienen la garantía que les entrega el modelo de negocio, ¿por qué además debemos ofrecer otra cosa absolutamente beneficiosa para la empresa?

También perdimos la segunda indicación, sobre la que conversábamos con los diputados Mulet y Velásquez , que tiene que ver con cómo incorporamos la participación ciudadana en todo el proceso se generación de los pagos y con cómo se estructuran los costos de estas empresas.

Por lo tanto, las condicionantes no han cambiado absolutamente en nada. El Senado no acogió las indicaciones que presentamos para que la situación cambiara y se aplicara una lógica distinta en la estructura de costos, con participación de las personas.

¡Es brutal garantizar un 6 por ciento de utilidades! ¡Es brutal!

Me gustaría saber a cuánto asciende la rebaja, porque según los antecedentes que tenemos, una cuenta de 20.000 pesos disminuye 600 pesos y una cuenta de 10.000 pesos, baja en 300 pesos. Esa es la disminución real que verán reflejadas en sus cuentas las personas y por eso es importante que tengamos en cuenta las dimensiones de lo que estamos normando para que después la gente no nos tire esto por la cabeza, para que no aleguemos que no teníamos conciencia de lo que estábamos aprobando.

Vamos a votar en contra las modificaciones del Senado porque no queremos seguir cimentando el abuso y un negocio que está absolutamente resguardado, pues el Estado garantiza el 6 por ciento de utilidades a esta empresas.

He dicho.

El señor PAULSEN.-

Señor Presidente, pido que solicite la unanimidad de los diputados para que ingrese a la Sala el subsecretario Juan Francisco Galli .

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Está presente el ministro de la cartera, de manera que el subsecretario no necesita autorización.

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, el debate de hoy es absolutamente relevante porque, a partir de una moción presentada antes del estallido social, nos trae a colación el negocio que está detrás de la generación y transmisión de electricidad en nuestro país.

Quizás la moción parlamentaria no iba al fondo del asunto y solo respondía a dar una solución de corto plazo, es decir, a disminuir la rentabilidad asegurada -asegurada en la dictadura militar del 10 por ciento del negocio privado de la energía eléctrica a 6 por ciento.

¡Bienvenida la iniciativa! Pero a partir del estallido social uno hubiese esperado que en el Senado la discusión del proyecto se hubiese profundizado, ya no en la línea de asegurar la rentabilidad de las empresas, sino de combatir el monopolio de la energía en nuestro país. Pero el Senado, y bien lo señaló el diputado Alarcón , introduce de nuevo la letra chica y no solo relativiza el nuevo límite a la baja de la rentabilidad sino que establece un rango, que va desde el 6 al 8 por ciento. Además, establece plazos muy largos, amarrando este debate que incluso puede cambiar durante el debate constituyente y por otras normas que podemos discutir con una mirada de más largo plazo.

Lo señalado por la diputada Karol Cariola es muy importante. ¡Qué coincidencia la propuesta del compañero Jadue , en Recoleta, con la discusión de este proyecto! Al final, esto no se trata de poner un límite a la rentabilidad, sino desmonopolizar este negocio. No puede ser que las chilenas y los chilenos estemos amarrados a ciertas empresas, en este caso de generación y de distribución eléctrica, sin que exista ninguna perspectiva de desarrollo sustentable.

Debemos seguir un ejemplo concreto y, en esta línea, lo que está haciendo Recoleta lo pueden hacer todos los municipios de nuestro país. Es una medida concreta y eficaz para combatir el monopolio de las empresas de distribución eléctrica y permite reducir a cero las tarifas de los hogares, es decir, las familias trabajadoras pagarán cero pesos por las cuentas de la luz. No solo puede ocurrir eso, sino que también permite generar más energía de la que la familia consume y ese excedente se puede utilizar para otros propósitos.

También se hace cargo del cambio climático porque utiliza energías renovables, en este caso, paneles fotovoltaicos. Entonces, ¿se puede hacer algo distinto? Claro que se puede hacer y el Parlamento, el gobierno y los alcaldes deben sumarse a esa iniciativa. Si podemos aportar con iniciativas legales para reforzar ese ejemplo, ¡hagámoslo! Si los alcaldes se pueden unir a esta idea, ¡que lo hagan, por favor! De lo contrario, simplemente vamos a estar discutiendo agendas cortas que, además, vienen con letra chica para asegurar el negocio de los grandes monopolios de nuestro país.

Por eso, nuestro llamado es claro a apoyar estas iniciativas de gobiernos locales populares y a rechazar la letra chica que viene en las modificaciones del Senado.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado.

Diputados informantes de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social, y de Hacienda son la señorita Gael Yeomans y el señor Pepe Auth , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 102ª de la presente legislatura, en jueves 7 de noviembre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 115ª de la presente legislatura, en jueves 28 de noviembre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 6.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 118ª de la presente legislatura, en miércoles 4 de diciembre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 13.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

La señorita YEOMANS, doña Gael (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, me ha correspondido informar ante ustedes el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y reglamentario, que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado, con urgencia calificada de suma.

A las sesiones que vuestra comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron el señor ministro de Hacienda, don Ignacio Briones ; el señor ministro secretario general de la Presidencia , don Felipe Ward ; el señor ministro de Desarrollo Social y Familia, don Sebastián Sichel ; la subsecretaria de Evaluación Social, doña Alejandra Candia , y don Francisco del Río Correa , asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

El proyecto fue aprobado en general en la sesión ordinaria del 27 de noviembre del año en curso por 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Votaron a favor las diputadas señoras Cariola , Orsini , Sepúlveda y Yeomans , y los diputados señores Barros , Eguiguren , Jiménez , Melero , Ramírez , Saavedra , Santana, don Alejandro ; Sauerbaum y Silber .

El contenido original del proyecto que informo contenía, entre otras materias, la creación de un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado, la administración del subsidio, el deber de informar por parte del empleado, el mecanismo de postulación al mismo, etcétera, materias todas que están contenidas en el informe que los colegas tienen en su poder.

Durante la discusión de este proyecto de ley, la mayoría de la comisión, en atención a la necesidad de situar el ingreso mínimo en la línea de la pobreza y al imperativo ético de focalizar el subsidio solo para los trabajadores que laboren en pequeñas y medianas empresas cuyo tope máximo de ventas sea de 75.000 UF anuales en el último año calendario, con el objeto de no subsidiar a las grandes empresas y así obligarlas a aumentar el salario de sus empleados, aprobó indicaciones que, entre otras, aumentaron su valor a la suma de 199.479 pesos, lo que permite fijar el salario mínimo en 550.336 pesos brutos, y fijó en 75.000 UF dicho tope máximo de ventas anuales de las empresas en las cuales sus trabajadores serán beneficiarios de este subsidio.

Por el contrario, la minoría de la comisión argumentó que este subsidio va dirigido al trabajador con independencia de donde trabaje, y constituye un subsidio al ingreso de las personas con salarios más bajos del país. Sostuvo que este subsidio no discrimina según el tamaño de las empresas porque va al bolsillo directo del trabajador y no sería justo que un empleado que labore en una gran empresa no pueda disfrutar de este beneficio por el solo hecho de no trabajar en una pyme.

Por último, me permito hacer presente que la comisión estimó que el proyecto no contiene normas orgánicas constitucionales, pero que su articulado es de quorum calificado, por incidir en materias propias de la seguridad social, en atención a lo dispuesto en el número 18° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Como consecuencia de todo lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda a esta Sala la aprobación del proyecto de ley en los términos aprobados por la comisión, de modo de contar con un aumento del salario mínimo y no solo con un subsidio estatal.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor AUTH (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre la incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado del proyecto de ley, iniciado en mensaje del Presidente de la República, ingresado a tramitación el 7 de noviembre del año en curso, que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado.

La iniciativa fue informada, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, y se encuentra con urgencia calificada de “suma”.

Concurrieron a presentar el proyecto el ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones ; el ministro de Desarrollo Social y Familia, señor Sebastián Sichel -presente-, acompañado de la subsecretaria de Evaluación Social, señora Alejandra Candia , y el ministro secretario general de la Presidencia, señor Felipe Ward .

La idea fundamental del proyecto es asegurar un ingreso mínimo garantizado para alrededor de 500.000 personas que integren un hogar perteneciente a los nueve primeros deciles, de acuerdo con el Registro Social de Hogares, mediante la creación de un seguro de cargo fiscal que les permita, por una parte, mejorar su calidad de vida, y por otra, incentivar la contratación mediante un empleo formal que garantice al trabajador poder optar a instrumentos de seguridad social.

El proyecto crea un subsidio para los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, de cargo fiscal, con las siguientes características:

Se crea un subsidio mensual, de cargo fiscal, dirigido a los trabajadores dependientes, regidos por el Código del Trabajo, con una jornada ordinaria superior a treinta horas semanales.

Tendrán derecho al subsidio los trabajadores que perciban una renta bruta mensual inferior a 384.363 pesos y que integren un hogar perteneciente a los nueve primeros deciles, de acuerdo con el Registro Social de Hogares.

Para los trabajadores con jornada de 45 horas, cuya remuneración bruta mensual sea igual o superior a 301.000 pesos, que corresponde al ingreso mínimo actual, e inferior a 384.363 pesos, el monto del subsidio corresponderá a la diferencia entre el aporte máximo y el valor afecto a subsidio, donde el aporte máximo es 59.200 pesos y el valor afecto a subsidio corresponde al 71,01 por ciento de la diferencia entre la remuneración bruta mensual y 301.000 pesos.

Para los trabajadores con jornada de 45 horas con remuneración bruta mensual inferior a 301.000 pesos, el valor del subsidio corresponderá al 19,67 por ciento de la remuneración bruta mensual.

Para ambos tramos del subsidio, este se calculará de manera proporcional para los trabajadores con jornadas superiores a 30 horas semanales e inferiores al límite de la jornada ordinaria de trabajo.

Se establece que el subsidio se devengará mensualmente, y se tendrá derecho a este solo en virtud de un contrato de trabajo. Este subsidio no será imponible, tributable ni embargable, ni estará afecto a descuento alguno.

Los trabajadores que puedan impetrar alguno de los subsidios al empleo establecidos en la ley Nº 20.338, que Crea el Subsidio al Empleo, y en el artículo 21 de la ley Nº 20.595, que Crea el Ingreso Ético Familiar que Establece Bonos y Transferencias Condicionadas para las Familias de Pobreza Extrema y Crea Subsidio al Empleo de la Mujer, tendrán derecho al subsidio que le otorgue un mayor beneficio, mediante un mecanismo de reliquidación.

Se mandata al Ministerio de Desarrollo Social y Familia a la administración del subsidio, y se establecen las funciones para la administración, el procedimiento de solicitud del beneficio y el plazo de cobro del subsidio.

Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social la supervigilancia y fiscalización del subsidio, sin perjuicio de las facultades de la Dirección del Trabajo en virtud de las normas que la rigen.

Se dispone que el hecho de que el trabajador perciba el subsidio en ningún caso podrá significar que el empleador reduzca, de manera injustificada, la remuneración bruta mensual pactada, en comparación con la remuneración pagada por este en el período anterior a la percepción del subsidio, y se regulan las sanciones en caso de incumplimiento a esta ley en proyecto por parte del empleador o del trabajador.

En el debate, como se sabe, el Ejecutivo presentó indicaciones en la Comisión de Hacienda para subir los montos señalados originalmente en el proyecto de ley, de 370.000 pesos a 384.363 pesos el máximo con derecho a subsidio, y de cuarenta y nueve mil y fracción a cincuenta y nueve mil y fracción el subsidio máximo, hecho que fue valorado por los integrantes de la comisión.

Del mismo modo, en el debate se aprobó una indicación parlamentaria para dar fecha cierta, tres meses -indicación del diputado Pablo Lorenzini -, al reglamento que deberá ser dictado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para regular la forma de solicitar el subsidio, los procedimientos de tramitación y vigencia de la solicitud; la determinación, concesión y pago del mismo; la época de pago del subsidio, los antecedentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos, pudiendo considerarse para estos efectos, entre otros, el contrato de trabajo electrónico, la declaración que realice el empleador de las cotizaciones de seguridad social del trabajador y las demás normas necesarias para la aplicación y funcionamiento del subsidio.

De acuerdo con lo anterior, el proyecto de ley irrogará un mayor gasto fiscal de 166.184 millones de pesos para el año 2020 y de 168.438 millones de pesos para el año 2021, cifras que irán en descenso en los años siguientes.

El mayor gasto fiscal que represente la futura ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público.

La comisión, en definitiva, aprobó las indicaciones hechas presentes en este trámite por el Ejecutivo, como asimismo los demás artículos de competencia de la Comisión de Hacienda en la forma que se explica en el informe respectivo.

Concurrieron con su voto la diputada Sofía Cid y los diputados Giorgio Jackson , Pablo Lorenzini , Patricio Melero , Manuel Monsalve , Daniel Núñez (Presidente), José Miguel Ortiz , Leopoldo Pérez , Guillermo Ramírez , Alejandro Santana , Marcelo Schilling , Gastón von Mühlenbrock y quien habla, Pepe Auth .

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Señores diputados, les recuerdo que la discusión de este proyecto se cerrará en la sesión de mañana, oportunidad en que se llevará a efecto su votación, y que las intervenciones serán de hasta seis minutos.

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros Sebastián Sichel y Felipe Ward , y a la subsecretaria que los acompaña.

Del análisis de las exigencias de los movimientos sociales, podemos desprender que uno de los factores que es común a todas es que en nuestra sociedad existen personas a quienes los recursos con que cuentan no les resultan suficientes para solventar sus gastos, relacionados con remedios caros, aranceles impagables y deudas universitarias prolongadas en los años, precios de los servicios básicos muy altos y sobreendeudamiento.

Centrándose solo en esa esfera de las exigencias, la solución puede venir de dos lugares: de la reducción de los costos que tienen que pagar las personas o del aumento en sus ingresos.

En el primer camino el Estado ya ha respondido con fuerza. Es indiscutible que se puede avanzar más, pero de manera responsable, con una hoja de ruta clara y de manera gradual. Así, se han reducido los gastos de todos los chilenos. En ese sentido, se han tomado medidas para disminuir el precio de los medicamentos mediante la compra directa de Cenabast, estabilizar la tarifa eléctrica, congelar el aumento del precio del transporte y reducir a la mitad la tarifa que deben pagar los adultos mayores. Espero sinceramente que la próxima vez podamos incorporar a los discapacitados en esto.

Pero el gobierno no se queda ahí y vuelca sus esfuerzos no solo a reducir costos, sino también a aumentar los sueldos de los chilenos, garantizándoles un ingreso mínimo mensual, el que viene a ser plata directamente en sus bolsillos para su libre disposición. Con ambos caminos complementarios se busca que las personas tengan más y se vean obligadas a gastar menos.

El esfuerzo que se hace responde a un momento único de nuestro país, con toda la fuerza que nos permite nuestra realidad económica y con inteligencia fiscal.

Si bien no es una solución definitiva, es la máxima alza histórica en el ingreso mínimo mensual. Esta alza, sumada al aumento en el sueldo mínimo que este gobierno realizó el 2018 en más 30.000 pesos, significará un incremento, en menos de dos años, de 30 por ciento de los ingresos mínimos de todos y de cada uno de los chilenos.

Pese a todos estos esfuerzos enormes que se están haciendo, que hay que transmitir a las personas, en esta Cámara y en especial en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social continuamente se han aprobado indicaciones que no solo son inconstitucionales, lo que ya es absolutamente condenable, sino además imposibles de cumplir.

Lo anterior es profundamente grave, sobre todo porque desatiende el compromiso que realizamos cuando ingresamos a esta Cámara de respetar el orden, las leyes y el Estado de derecho, y porque genera expectativas en las personas, que, salvo un descalabro financiero, no es posible asegurar. Así, primero, se corroe la credibilidad en las instituciones, y segundo, se pervierte la posibilidad de las mismas de dar efectivas respuestas a las necesidades de la gente.

Por eso, agradezco a los diputados de la Comisión de Hacienda, quienes con madurez y altura de miras comprendieron la realidad social y política, y han vuelto a presentar un proyecto realizable, inteligente y que responde en la medida de lo posible a las necesidades de los chilenos.

Tengo la impresión de que vamos avanzando, pero también creo que falta mucho y que nuestro rol como políticos aún no se acaba. Debemos buscar mecanismos para construir un país más justo para todos, pero en el camino no acelerar el tranco imprudentemente, pasando a llevar y tirando por la baranda lo que con esfuerzo hemos construido.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea).-

Señor Presidente, a propósito de la agenda de reactivación económica que el gobierno anunció la semana pasada, es pertinente recordar algunas líneas contenidas en la intervención del ministro de Hacienda, Ignacio Briones . El ministro expresó de manera textual: “De lo que se trata ahora es enmendar definitivamente el rumbo y trazar una hoja de ruta social compartida que nos permita seguir avanzando de forma creíble y responsable.”. Adicionalmente, el ministro sentenció: “No podemos volver a fallar aquí ni deshonrar las expectativas que los chilenos y chilenas depositan en nosotros.”.

Quiero entender que de estas palabras se desprende un genuino interés por parte del gobierno de alcanzar acuerdos con el Congreso y con la ciudadanía en materias tan relevantes como pensiones, acceso a la salud de calidad, medicamentos, financiamiento estudiantil, ingreso mínimo, entre otras.

Realmente se trata de una señal muy relevante que el titular de Hacienda se abra a pactar una hoja de ruta que proponga abordar los problemas de fondo, los temas estructurales que hasta ahora han sido intocables. Sin embargo, a pesar de las declaraciones bien intencionadas, hemos visto a un gobierno que aún no comprende la profundidad de la indignación ni la injusticia con la que viven millones de chilenos y chilenas.

Sin duda, el mayor estallido social que ha experimentado el país desde el retorno a la democracia requiere respuestas de igual dimensión. No es suficiente poner sobre la mesa 5.000 millones de dólares para reactivar la economía; tampoco lo es aumentar la deuda por sobre el 30 por ciento. Lo que requiere el país es avanzar hacia una nueva reforma tributaria que rompa con la arquitectura impositiva que nos distingue, la que, lejos de generar orgullo nacional, debería avergonzarnos.

Es insostenible continuar con un modelo en que el 1 por ciento de la población concentra el 26,5 por ciento de la riqueza y en que el 66,5 por ciento de los habitantes reúne solo el 2,1 por ciento del capital.

A mi juicio, no es lógico poner todos los énfasis en la billetera fiscal. Dada la delicada situación que experimenta el país, lo que corresponde, lo que es imperativo, ético y urgente, es recaudar más a través de nuevos instrumentos.

No podemos seguir dilatando una reforma que nos permita aumentar los ingresos con impuestos a los que tienen más. Un gravamen al patrimonio inmobiliario es un retoque mínimo. Todos sabemos que es necesario que los dueños de los grandes capitales contribuyan más al país y dignifiquen más la labor de sus trabajadores.

Según el Informe sobre Desarrollo Humano liberado hoy por Naciones Unidas, de los cincuenta países con mayor desarrollo humano, Chile tiene la desigualdad de ingresos más alta. Esta vergonzosa realidad debe enfrentarse ahora con medidas efectivas y urgentes. No es posible seguir con este nivel de indignidad.

El proyecto del gobierno que eleva el ingreso mínimo, en lugar de exigir compromiso financiero y ético de quienes concentran el capital, les alivia la carga a través de un subsidio directo a sus trabajadores. La iniciativa debería poner el foco en las empresas más pequeñas, pues según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), las personas que trabajan en organizaciones con doscientos y más empleados, perciben los ingresos medios y medianos más altos del país. En consecuencia, es clave concentrar los esfuerzos en las organizaciones más pequeñas, porque son ellas las que requieren un apoyo más significativo por parte del Estado.

La mitad de los trabajadores en Chile gana 400.000 pesos o menos al mes, y la mayoría son mujeres y trabajadores informales. Por lo tanto, los énfasis deben dirigirse a ese sector, no hacia las grandes empresas, cuyos propietarios terminan siendo favorecidos por las transferencias fiscales. Son mujeres, adultos con más de 55 años de edad y habitantes de las regiones de Ñuble, del Maule y de La Araucanía -a la que represento los que, en promedio, ganan menos que en el resto del país.

Tenemos datos concretos para abordar esta desigualdad multicausal, la que debemos enfrentar con decisión entre todos, sin exclusión.

Recogemos la invitación del gobierno a construir una hoja de ruta compartida, en beneficio de los más postergados, pero partamos hoy respondiendo una de las principales demandas de la ciudadanía, la que se ha manifestado pacíficamente por más de cincuenta días.

El ingreso mínimo de 350.000 pesos es aún insuficiente para el costo de la vida que caracteriza el país. Es por ello que votaré a favor la indicación que aumenta el ingreso mínimo a 550.000 pesos para los trabajadores que se desempeñan en empresas cuyos ingresos por ventas y servicio excedan las 75.000 UTM.

En verdad, como está el proyecto, nos hace dudar y pensar que no estamos entendiendo cuál es el foco al que debemos apuntar. La dignidad no resiste más postergaciones.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, hace algunos años se instaló la discusión sobre la necesidad de que se implementara en nuestro país un ingreso ético que vaya más allá del salario mínimo que anualmente fijamos por ley.

Como lo dice su concepto, se trata de una consideración ética, de una responsabilidad social retribuir de manera justa el trabajo que millones de chilenas y chilenos realizan día a día. La crisis social que actualmente vivimos tiene como una de sus razones fundamentales la falta de conciencia o ética sobre el trabajo y sobre la provisión de bienes básicos para todas las personas, que permitan su pleno desarrollo personal y el de sus familias.

Hoy volvemos a pensar en un ingreso mínimo ético, ya no como una alternativa, sino como una urgencia.

El proyecto de ley que discutimos busca crear un subsidio que permita alcanzar el ingreso mínimo garantizado mediante un aporte monetario directo a cargo fiscal, con el objeto de que las remuneraciones brutas mensuales queden fijadas en 384.363 pesos. Es una medida que permitirá complementar las remuneraciones que percibe gran parte de los chilenos, lo que ayudará a darles un alivio en sus gastos mensuales.

Es un avance importante y que va en sintonía con las demandas sociales de los últimos tiempos, pero en ningún caso entregar este subsidio es una solución definitiva. Como país somos responsables de generar políticas permanentes proempleo, que permitan a todos los chilenos acceder a mejores empleos y remuneraciones.

Tenemos que hacernos cargos de fomentar aún más el empleo joven, de fomentar aún más la inserción de las mujeres en el mercado laboral en iguales condiciones y remuneraciones que los hombres, de fomentar aún más los empleos de los adultos mayores, con especial consideración por sus necesidades y habilidades, y de fomentar aún más la contratación de personas con discapacidad en puestos de trabajo cada vez más importantes y con remuneraciones dignas.

Debemos esforzarnos por pensar de qué forma podemos incorporar al mundo del trabajo humanidad y empatía por el otro. Pero entendemos que por algo concreto debemos partir.

Los cambios a nivel país toman tiempo y ameritan responsabilidad en el uso de los recursos que se destinan para lograrlos. Parte del descontento que la gente siente por la clase política se debe a que alguna vez se les prometió más de lo que en la práctica se podía hacer. Hoy no es tiempo de ilusiones, sino de cambios concretos y palpables para las personas en su diario vivir.

Por lo tanto, votaré a favor de este proyecto que crea un subsidio que permitirá a millones de chilenos alcanzar un mejor ingreso mínimo garantizado, pero espero que durante los próximos meses tratemos en el Congreso Nacional proyectos de ley que permitan generar las condiciones indispensables para que el aumento en las remuneraciones no sea únicamente efecto de un subsidio, sino del mejoramiento sostenido en las condiciones de trabajo de las chilenas y de los chilenos, tal como sus esfuerzos merecen.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Desarrollo Social y Familia, señor Sebastián Sichel .

Hablar del ingreso ético nos hace recordar lo importante que es considerar en la política la incorporación de un perfil que a veces tanta falta hace en la Cámara de Diputados, el cual dice relación con el ámbito espiritual.

Hace tiempo comenzó la discusión respecto de qué debemos hacer para que las familias chilenas perciban un ingreso adecuado que les permita obtener lo que necesitan para desarrollarse, tal como corresponde desde un punto de vista ético. En ese sentido, quiero señalar que participo de varias comunidades jesuitas, en las que es muy frecuente llevar a cabo procesos de reflexión acerca de cómo llevar a cabo mejores políticas en el contexto de un escenario de crisis como el que estamos viviendo.

Al respecto, el proyecto que estamos debatiendo es positivo, porque propone la creación de un subsidio para que aproximadamente 500.000 personas reciban un sueldo de 500.000 pesos, monto que se acerca a los 625 dólares que podría considerarse como un ingreso ético. Quiero reiterar que estamos frente a una buena iniciativa, en especial si la analizamos desde la perspectiva del daño que han sufrido y las dificultades que enfrentan hoy las pequeñas empresas. De modo que en estas debiera ser focalizado ese esfuerzo.

Algunas grandes empresas han hecho un esfuerzo y han dado el ejemplo de que se puede alcanzar un ingreso mínimo como el señalado. De hecho, algunas empresas se han sumado a la iniciativa Desafío 10X, que busca reducir la diferencia entre sus sueldos máximos y mínimos. Asimismo, universidades como la USACh han puesto fin a las contratas y ha pasado a más de 300 trabajadores a planta. Por lo tanto, hemos visto ejemplos en nuestra sociedad de que sí se puede.

Es cierto que el proyecto irrogará gastos al Estado por un monto aproximado de 207 millones de dólares, pero cabe recordar que hace poco el Banco Central debió inyectar 4.000 millones de dólares al mercado para frenar la caída del peso. Frente a eso, el gasto que significará este proyecto, que involucra solo 207 millones de dólares, que beneficiará con un subsidio a 500.000 personas y que se focalizará principalmente en las pymes, parece pequeño.

Este proyecto apunta en el sentido correcto: de actuar con el sentido ético de ponerse en el lugar del otro, de ponerse en los zapatos de las personas que menos ganan.

Apoyaré este proyecto con entusiasmo y espero que toda la Cámara de Diputados proceda de igual manera, con el objeto de dar una señal, porque la gente que hoy está movilizada está pidiendo eso: no más abusos. La gente está diciendo: “Dennos la oportunidad; dennos la posibilidad de desarrollarnos”. La gente ya no resiste más y necesita medidas como estas para ir en su auxilio. Lo que propone la iniciativa constituirá un alivio para 500.000 personas y permitirá retroceder en el tiempo como consecuencia de la mejora continua que significará el sueldo mínimo.

En consecuencia, este es un buen proyecto, planteado desde la mirada de una discusión iniciada hace varios años por monseñor Goic, de manera que cuenta con todo mi apoyo, y espero que con el de toda la Cámara.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gastón Saavedra .

El señor SAAVEDRA.-

Señor Presidente, los tiempos que vive el país requieren de acuerdos, pero fundados sobre la base de la ética, en los que nos pongamos en el lugar del otro y que entendamos que lo que nos exige hoy el país movilizado en las calles no son cuestiones mínimas, sino que requieren de nuestro esfuerzo máximo. Tengo claro que los resultados no serán inmediatos, pero debemos dar señales claras de que somos capaces de construir un acuerdo económico, social y ético, para contribuir a que las familias superen la pobreza.

Todos hemos parafraseado lo que hace diecisiete años monseñor Goic dijo que se requería: un sueldo ético, el cual se debe reflejar en el bienestar y progreso de las familias de nuestro país. En ese sentido, debemos entender que lo que estamos haciendo ahora nos permitirá avanzar un poquito, pero no lo suficiente, para que aquellos que hoy están pidiendo dignidad en las calles se sientan interpretados por los actores políticos.

Así como se logró un acuerdo para sacar adelante un objetivo político perseguido hace cuarenta años: el establecimiento de una nueva Constitución Política que garantice derechos a todos los chilenos, es también dable pensar que es necesario avanzar en un acuerdo político para lograr un ingreso ético que dé por superadas las condiciones de pobreza en que aún viven miles de familias en el país.

De allí que es indispensable no olvidar que el conflicto social estalló porque todavía están pendientes en la sociedad las tareas de la igualdad, de la inclusión social y de alcanzar los grados de dignidad que requieren las personas.

Si queremos construir un país mejor, tenemos que alcanzar un acuerdo sobre un mínimo social convenido por todos, y eso significa escuchar lo que quiere la ciudadanía.

Al respecto, la agenda social requiere del orden de 534.000 pesos. Yo no los pido que se otorguen de inmediato, pero sí que construyamos un acuerdo que permita establecer en cuánto tiempo seremos capaces de superar la brecha entre lo que nos propone el gobierno y lo que se necesita para superar el estado de pobreza que tienen millones de chilenos. No olvidemos que de los 6 millones de personas que están en las AFP, aproximadamente 2,5 millones de personas ganan menos de 400.000 pesos, y esa es una situación que no podemos tolerar; en los tiempos que corren no podemos aceptarlo.

Por lo tanto, por su intermedio, quiero proponer al ministro de Desarrollo Social y Familia que avancemos en el desarrollo social y construyamos este acuerdo para superar la brecha de la pobreza que hoy viven millones de chilenos.

Esa es la interpelación que hoy nos hace la sociedad. No tenemos que seguir haciendo más de lo mismo, porque eso nos llevará a aumentar la desigualdad, la exclusión social y a no resolver los problemas que hoy exigen solución. El valor de la ética es parte de lo que consideran quienes votaron por nosotros.

Por otra parte, nosotros, los socialistas, hemos dicho: focalicemos en las empresas de menor tamaño, en aquellas que hacen un gran esfuerzo para generar empleo, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos a través de la autovalencia, es decir, del trabajo. A eso deben estar enfocados los recursos que el Estado está destinando, de modo que es necesario una focalización distinta, una focalización en el uso de los recursos, no para las grandes empresas, que ya nos dijeron a los chilenos que iban pagar un sueldo no menor a 500.000 pesos.

Por lo tanto, nuestro esfuerzo, nuestro acuerdo, debe direccionarse a que los recursos públicos potencien y generen más empleos para que sean entregados a las empresas de menor tamaño, sobre todo a la microempresa, aquella que hace un esfuerzo cotidiano por salir adelante, aquella que ha sido afectada por la violencia que se ha expresado en las calles.

Llamo a este Congreso, a esta Cámara de Diputados a tener consideración en ese punto, que es tremendamente importante a la hora de tomar decisiones, y que no nos aboquemos solo a los fríos números, que puede que dejen contentos por un minuto a más de alguno, pero en el largo plazo nos volverá a estallar el conflicto porque no estamos dando cuenta de una solución que de una vez por todas supere los niveles de pobreza que tiene el país. Construyamos un camino en que la igualdad, la inclusión social, la sensibilidad por aquel que vive peor se exprese en nuestro voto, para construir este acuerdo con un mínimo social aceptado por todos, en que este “aceptado por todos” sea lo que nos plantea la calle.

Ya sé que muchos lo han planteado desde las diferentes comisiones, pero creo que nos asiste el deber ético y moral de construir un acuerdo –reiteroque sea aceptado por todos para el beneficio y bienestar de todos los chilenos.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Ha terminado el tiempo del Orden del Día.

El debate de este proyecto continuará en la sesión ordinaria de mañana, que estará dedicada íntegramente a su tratamiento, para después proceder a su votación.

Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.