Labor Parlamentaria

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica disposiciones sobre subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros.

Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Jaime Mulet .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 104ª de la presente legislatura, en miércoles 13 de noviembre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Certificado de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 108ª de la presente legislatura, en miércoles 20 de noviembre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 7.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca , en reemplazo del señor Jaime Mulet .

El señor ILABACA (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, originado en un mensaje de su excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que modifica disposiciones sobre subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros.

I.- Constancias previas

1.- Idea matriz o fundamental del proyecto

En primer lugar, el proyecto propone una extensión de tres años al período en el cual el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones puede negociar directamente con los responsables de servicios de transporte público.

Asimismo, con el objeto de mantener vigentes (2018-2022) facultades regulatorias del ministerio, que permiten incorporar mejoras de calidad o rebajas de tarifa a través de los actuales prestadores, terminar con las prórrogas continuas de condiciones de operación en zonas que estuvieron licitadas desde 2002.

También generar aprendizajes para los operadores en uso de indicadores de calidad de servicios (KPI, SLA), empresarización y uso de tecnología en la operación y/o medios de pago, aplicar rápido el beneficio de la tarifa adulto mayor (agenda social-glosa ley de presupuestos).

Por último, solucionar problemas de interpretación que mantiene perímetros detenidos en la Contraloría General de la República.

Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado

El proyecto no contiene normas de esas categorías.

Trámite de Hacienda

No se requiere trámite en la Comisión de Hacienda, según se advierte en el informe financiero.

Aprobación del proyecto

La idea de legislar se aprobó por mayoría de votos. De la misma forma se aprobaron en particular ambos artículos de la iniciativa en informe, sin cambios.

Votaron a favor los diputados señores René Alinco , Karim Bianchi, Juan Antonio Coloma , Félix González , Javier Hernández , Iván Norambuena , Eduardo Durán y Leopoldo Pérez . En contra lo hizo la diputada señora Jenny Álvarez .

Señor Presidente, desde 2013, la ley Nº 18.696 contiene la modalidad regulatoria denominada “perímetros de exclusión”, que consiste en la determinación de un área geográfica en la que se exige, a todos los servicios de transporte público que operen en la respectiva área y por un plazo determinado, el cumplimiento de ciertas condiciones de operación y de utilización de vías, y de los demás lugares y espacios donde se desplacen o transiten tales vehículos, y otras exigencias, restricciones, diferenciaciones o regulaciones específicas, tales como tarifas, estructuras tarifarias, programación vial, regularidad, frecuencia, antigüedad, requerimientos tecnológicos o administrativos, entre otras.

Los perímetros de exclusión serán dispuestos por resolución fundada del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, previo informe técnico del secretario regional ministerial respectivo. Los servicios de transporte que operen en un perímetro de exclusión se sujetarán a las disposiciones de la resolución que disponga su establecimiento y la verificación de su cumplimiento quedará sujeta a lo que se señale en las respectivas resoluciones y en las demás normativas aplicables.

La correcta, efectiva y adecuada prestación de los servicios por parte de los prestadores será constatada, para estos efectos, por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el que, en caso de incumplimiento, aplicará las sanciones correspondientes.

Los perímetros de exclusión son, por su naturaleza, concursables; sin embargo, la misma ley Nº 18.696 dio al ministerio, por tres años, la facultad de negociar directamente estas condiciones con los operadores vigentes.

En 2015, mediante la ley Nº 20.877, se extendió por dos años más, pero el resultado de esos primeros años fue solo de dos perímetros: Villarrica y Castro .

En 2018, el ministerio modificó las condiciones de la regulación y logró que un buen número de operadores llegara a acuerdo sobre el perímetro, y hay una buena cantidad de ciudades que están ad portas de cerrar las negociaciones, lo que permite llevar de manera efectiva y eficiente una serie de mejoras para los usuarios en calidad de servicio y rebaja de tarifas.

Además, al incorporarse tecnología en la operación, el ministerio empieza a recabar una importante cantidad de información operacional exacta, lo que permite habilitar licitaciones en el corto plazo y proveer información en tiempo real para los usuarios.

En consecuencia, mediante esta iniciativa de ley se propone una extensión de tres años al período en el cual el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones pueda negociar las condiciones de los perímetros de exclusión con los responsables de servicios de transporte público de las respectivas regiones.

Adicionalmente, resulta necesario aclarar el hito formal a partir del cual se contabiliza el plazo de duración de la herramienta regulatoria denominada perímetro de exclusión, en razón de que, según la interpretación de la Contraloría General de la República, actualmente el plazo de vigencia empieza a correr con anterioridad al inicio de los servicios de transporte y aun antes de haber iniciado la tramitación definitiva de los actos que los regulan.

Para precisar lo anterior, se requiere que la validez de los contratos suscritos se inicie a contar de la fecha de total tramitación del acto administrativo que los aprueba, de forma tal que exista debida armonía entre el plazo de inicio de vigencia y el de inicio de la operación de los servicios.

Actualmente, se encuentran en trámite de formalización los siguientes perímetros de exclusión:

Perímetros en trámite:

Aprobados: Castro y Villarrica

En toma de razón (CGR): Quellón y Quintero .

En toma de razón (retirados por problemas de interpretación): Gran Valparaíso , Calama , Iquique y Alto Hospicio.

En Ministerio de Hacienda: Antofagasta y Linares En panel de expertos: Valdivia .

En acuerdo: San Bernardo rural.

En conversaciones avanzadas con los operadores: Gran Concepción, Antofagasta , Melipilla-Talagante , Rancagua-Machalí , Osorno y La Serena-Coquimbo.

En proceso de negociación: Temuco y Puerto Montt. Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, en la partida correspondiente al próximo año del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha sucedido algo extraordinario: por primera vez, después de muchos años, y luego de que varios parlamentarios trataran durante largo tiempo de hacer un reconocimiento a nuestros adultos mayores, en la discusión que tuvimos en la Comisión Mixta, y durante la tramitación del primer trámite constitucional en la Sala, se logró rebajar los pasajes de los adultos mayores. Es cierto que en la Región Metropolitana hay una rebaja en el metro, pero no es verdad que el carné que se distribuirá les servirá para obtener rebajas en los pasajes de los buses del Transantiago. Estoy totalmente de acuerdo con esa rebaja. Los esfuerzos se están haciendo.

Participé en esa discusión desde el primer minuto, tanto en la Comisión Mixta como en la Sala. El tema de fondo se refiere a las platas que comenzaron a entregarse con la lógica del peso por peso, lo que luego devino en la “ley espejo”.

Al respecto, hubo una amplia discusión, en la que incidió un grupo de parlamentarios de la Región del Biobío, junto con un dirigente que ya falleció, don Miguel Mendoza , que en paz descanse, quien fue líder indiscutido en su tiempo. La Asociación Provincial de Dueños de Taxibuses de Concepción congregaba al 80 por ciento de los más de 2.000 taxibuses que recorren las diez comunas del Gran Concepción. Pues bien, en ese entonces se llegó al acuerdo -se lo planteamos al Ejecutivo; quien habla era diputado de gobierno para que en la partida correspondiente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de ese año comenzara a operar para todo Chile el sistema peso por peso, que consistía en que por cada peso que se entregara al Transantiago, otro peso iría a regiones. Eso fue extraordinario como no se imaginan. En el Gran Concepción esos aportes contribuyeron a la construcción del eje O´ Higgins-Manuel Rodríguez , la segunda etapa de Paicaví, el mejoramiento de las calles de San Pedro de la Paz y la ejecución de los trabajos del corredor 21 de Mayo hasta Colón.

Además -lo dijo la ministra de Transportes y Telecomunicaciones-, se creó un subsidio a las máquinas, pero fijando las reglas del juego después de la licitación de la tarifa. Si hoy día no hubiera subsidio, automáticamente la tarifa en el Gran Concepción subiría 97 pesos.

Siempre hemos hecho un seguimiento a esta materia. Tuvimos la visión, la seriedad, la responsabilidad, con el apoyo de nuestro gobierno, de llegar a un entendimiento con todo el sector del transporte, que en su mayor parte son pequeños empresarios. En ese sentido, no puede ser que la única zona donde desde hace nueve o diez años existe rebaja de pasajes para los adultos mayores -alcanza a 40 por ciento sea el Gran Concepción. Estoy de acuerdo con lo que se propone, pero no puede significar que cambiemos las reglas del juego en el Gran Concepción. Sería algo increíble. Insisto en que estoy de acuerdo con lo que se impulsa, pero deben mantenerse las condiciones que corresponden. ¿Por qué lo expreso? Porque el financiamiento de los subsidios en todo el país -para que lo sepan los colegas no se ve en una ley permanente, sino en la ley de presupuestos, la que tiene que ratificarse año a año.

Voy a apoyar los mejoramientos dirigidos a los adultos mayores, pero quiero manifestar con esto termino que no puede ser, distinguidos colegas, que quieran quitarle plata a la “ley espejo”, menos aún restarlas de programas que se encuentran en ejecución. En la zona que represento esas platas las maneja el gobierno regional. Aquí el problema no es quién maneja los recursos, sino que se gasten bien en pos del mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes de la Región del Biobío.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Pardo .

El señor PARDO.-

Señor Presidente, este proyecto de ley, que es muy breve, contiene precisiones importantes para corregir problemas que hemos tenido en distintos perímetros de exclusión y servicios de transportes que son de gran importancia en nuestras regiones. La imprecisión en algunas cláusulas ha significado grandes demoras, con el consiguiente perjuicio para los usuarios, como consecuencia de la interpretación que la Contraloría General de la República ha hecho del texto actual.

Quiero agradecer especialmente a la ministra de Transportes por el apoyo que nos ha brindado para tramitar, por ejemplo, el perímetro de exclusión de Quintero y su extensión a Puchuncaví, que hoy, felizmente, está a punto de ser tramitado en la Contraloría General de la República, pero que se ha demorado años como consecuencia de fallas en el diseño original de la ley que esperamos corregir con este proyecto.

Por lo tanto, anunciamos nuestros votos favorables a la iniciativa. Esperamos que este instrumento de utilización de los “fondos espejo” pueda continuar siendo un aporte efectivo para cada una de nuestras regiones.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, me alegra que se esté discutiendo esta iniciativa que, sin duda, es un instrumento que permite llevar mejoras sustantivas a los usuarios del transporte público y, particularmente, para hacer la distinción entre lo que ocurre en Santiago y lo que sucede en provincias.

Por su intermedio, quiero decirle a la ministra de Transportes que ha sido tremendamente valorado en las comunas del Gran Concepción el hecho de que hoy día las mismas formen parte de ese perímetro, pero también quiero manifestar que con esto no estamos implementando tecnologías para fiscalizar, sino mejoras no menores respecto de la tarifa que se está pagando. Eso sin duda tiene un tremendo valor.

Señor Presidente, por su intermedio, quiero hacer un sincero reconocimiento por este trabajo que se ha venido desarrollando, porque, en el caso del Gran Concepción, los destinatarios finales son los usuarios del transporte público.

También, quiero decirle a la ministra de Transportes que valoramos lo que han hecho los empresarios que prestan servicios entre Concepción, Coronel y Lota, los esfuerzos que han hecho los empresarios que prestan el servicio entre Tomé y Concepción, y, por cierto, también los de Santa Juana y Florida. Ellos han venido trabajando desde hace mucho tiempo para que este beneficio también sea para esas comunas, y yo estoy cierto de que, con la disposición que ha mostrado el ministerio para llevar estos beneficios a los distintos lugares en que los empresarios están haciendo esfuerzos para prestar mejor servicio, esta herramienta permitirá agilizar el trámite para que eso sea una realidad a la brevedad posible.

Reitero mi reconocimiento a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, porque este proyecto significa mejoras en el servicio, particularmente para aquellos miles de usuarios que utilizan a diario el transporte público.

En nombre de la bancada, anuncio nuestro voto a favor de esta iniciativa.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, y también a los trabajadores del Congreso Nacional que nos acompañan en las tribunas y que legítimamente hoy se manifiestan.

Lo que para algunos de nosotros es un privilegio, para ellos es un derecho. Pero eso hay que discutirlo, no hay que descalificar. Eso es lo que hoy quiero pedir a los trabajadores del Congreso Nacional: mantener el respeto.

Va a haber instancias donde vamos a poder discutir e intercambiar opiniones, pero sobre todo debemos mantener el respeto y el ánimo de respeto entre todos, entre los parlamentarios de todos los sectores.

Por lo tanto, esa es la solicitud que hago a los trabajadores que legítimamente se manifiestan: que lo hagan sin denostar y sin descalificar ideas o posiciones que puedan tener los compañeros en este hemiciclo.

Dicho eso, me parece importante este proyecto de ley; pero quiero plantear muy sinceramente a la ministra -por su intermedio, señor Presidente que aquí se habla de zonas de exclusión, pero lo que se hace -en chileno castizo es extender un cheque en blanco para que el ministerio pueda seguir negociando, durante tres años más, ciertos beneficios, de los que no tenemos conocimiento como parlamentarios.

Mediante este proyecto de ley, se pretende que entreguemos una extensión al Ministerio de Transportes para que pueda, directamente con los responsables del servicio del transporte público remunerado de pasajeros, establecer una regulación por tres años más. No me parece adecuado que se haga a través de una negociación directa entre el ministerio y las distintas empresas de transporte público, sin considerar la participación de los parlamentarios o de los ciudadanos. ¿Por qué digo esto? Porque la transparencia de la inversión de los recursos públicos es fundamental y porque este proyecto beneficia a ciertas zonas de exclusión y no a todo el país. Particularmente, me refiero a la Región Metropolitana y las zonas que yo represento.

En la Región Metropolitana existen 52 comunas, de las cuales 34 tienen Transantiago , subsidiado en casi el 60 por ciento por el Estado, pero no hay distinción en los pasajeros, entre estudiantes y adultos. Además, los conductores del Transantiago tienen un sueldo fijo. Sin embargo, en las 18 comunas rurales de la Región Metropolitana no hay perímetros de exclusión, licitación ni una adecuada fiscalización a los servicios, y los empresarios y los trabajadores tienen que soportar el ciento por ciento de la tarifa.

¿Por qué hablo de transparencia en la inversión de los recursos? Porque hay un tema, ministra -por su intermedio, señor Presidente-, que hemos planteado durante muchos años, no solo en este gobierno, sino en cuatro o cinco gobiernos anteriores, que es el metrotrén a Melipilla. Tuvimos que llegar a la Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos porque ni el Ministerio de Transportes ni EFE nos entregaron la información adecuada al respecto.

Se hacen anuncios para indicar que va el proyecto de metrotrén a Melipilla, pero, en concreto, ni siquiera está aprobado. Solo tiene aprobada la resolución de calificación ambiental en mayo recién pasado, lo que fue anunciado por el propio Presidente de la República. Luego, en septiembre, hubo noticias, pero hasta la fecha solo anuncios.

Insisto en que tuvimos que llegar a la Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos para que el gerente general de EFE -el diputado Pepe Auth también estaba presente en esa comisiónnos dijera que este proyecto no está afinado ni terminado, y que 20 millones de dólares del Plan Trienal de EFE 2017-2019 eran única y exclusivamente para ingeniería complementaria, la cual esperaban tener lista en marzo.

Entonces, lo importante es decir la verdad. ¿Por qué yo voy a confiar y entregar tres años más al ministerio, para que negocie directamente, si es un tema que me interesa, que son las comunas rurales de la Región Metropolitana, particularmente de las provincias de Talagante y Melipilla? No se dice la verdad de que el proyecto de metrotrén de Santiago a Melipilla no está aprobado y que no existen los recursos para la ejecución. Ello, porque no puede ejecutar el proyecto, aunque sea vía bullet o crédito, si ni siquiera está aprobado.

Es importante transparentar la información. No me parece que, a través de esta norma, se extienda el período de exclusión y se negocie directamente entre el Ministerio de Transportes y los empresarios.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, hoy no tengo una minuta de mi asesor en la mesa. Para nosotros eso es muy importante, porque nuestros asesores legislativos permanentemente trabajan y tienen contacto con los asesores ministeriales y pueden llegar, no necesariamente a un consenso, sino a plantear el punto de vista que tiene cada uno de los diputados y de las diputadas para discutir un proyecto de ley.

Perdóneme que me extienda en este tema, pero ayer se votó en la Comisión de Constitución la reducción de la dieta y de los beneficios que tenemos, temas con los cuales estoy absolutamente de acuerdo. Pero disminuir todo lo relacionado con las asignaciones parlamentarias para pagar a nuestros asesores es una aberración absoluta. ¡Absoluta!

(Aplausos)

Porque ellos son los que nos permiten el análisis del detalle. Disminuiremos la calidad de lo que hacemos si no tenemos a nuestros asesores y a la gente que nos conecta el distrito con la Cámara de Diputados, cuando estamos sesionando.

Por eso, lamento lo ocurrido ayer y manifiesto mi absoluto respaldo a todos los asesores que se están pronunciando y que están diciendo lo que piensan a través de los distintos carteles que tienen en las tribunas.

(Aplausos)

Ahora, en relación con el proyecto en discusión, todo lo que tenga que ver con un subsidio que permita buscar la fórmula de disminuir los costos hacia las familias y las dificultades de accesibilidad de los sectores rurales y más alejados de nuestra población, que repercuten directamente en los bolsillos de las familias, bienvenido sea.

Tenemos que buscar la fórmula más acertada. Quiero conocer bien lo que significa este fondo para las regiones, a fin de determinar cómo vamos a hacerlo operativo y cómo puede funcionar mejor. Al respecto, por lo que conozco de los sectores más apartados, fundamentalmente rurales, hay una necesidad urgente de poder reactivar esta conexión y todos los tipos de subsidios que se necesitan para que las zonas aisladas, que tienen un costo superior por la lejanía y por la amortización de los vehículos, y también la ciudadanía puedan recibir algo tan básico como es la posibilidad de acceder a la educación de los niños, a los centros de salud, etcétera.

Por eso, quiero escuchar a la ministra. Desde el punto de vista técnico, yo tengo la mejor impresión de ella y no tengo ningún reparo, a pesar de las complicaciones que ha podido tener en los últimos meses.

Por lo tanto, espero que la ministra nos explique lo que significa este fondo para las regiones, así como también que busquemos la fórmula de acceso a través de este subsidio, fundamentalmente para aquellas personas más humildes que necesitan en forma urgente los servicios a través del transporte.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones.

Me sumo a las palabras del diputado Raúl Leiva y de la diputada Alejandra Sepúlveda , y quiero saludar, felicitar y agradecer a quienes están en las tribunas representando al ciento por ciento de los trabajadores y asesores de nosotros, los parlamentarios. Tenemos distritos muy grandes, con mucha gente que necesita de nuestra presencia, y si nuestros equipos no estuvieran trabajando, más desprestigiados estaríamos.

Un cartel que está desplegado en las tribunas dice algo muy cierto: “Sueldos millonarios de los trabajadores: 300, 400 o 500 lucas mensuales.”. Esa es la gran diferencia. De manera que respaldo a los trabajadores. Y no quiero que me aplaudan; lo hago porque lo siento y porque creo que es necesario que se manifiesten como lo están haciendo, de forma pacífica.

Dicho lo anterior, por su intermedio, señor Presidente, quiero pedir la atención de la señora ministra.

Ministra, creo en verdad que usted ha hecho un gran trabajo. Hay que reconocer que usted puso sobre la mesa el tema del alza de 30 pesos del pasaje en el tren subterráneo. No fue escuchada y después le quisieron pasar la cuenta. Usted ha hecho un trabajo comprometido con el servicio público y con el ministerio que representa.

Ministra, espero que los recursos que se generan por la “ley espejo” vayan a las regiones, pero donde realmente se necesitan. Estos recursos no pueden destinarse a la reparación de veredas, de soleras o de paraderos. En las regiones en general, particularmente en aquella a la que pertenece el distrito que represento, el distrito N° 20, se necesitan recursos para la chatarrización de los vehículos y para la renovación del parque vehicular de taxibuses o taxis. Hoy, ministra, no los hay.

Quiero agradecer el compromiso que usted tiene con el transporte de pasajeros en general, particularmente con el de Lota, Coronel y Concepción. Usted fue invitada a una actividad un fin de semana. Los empresarios de la región han invertido más de 2 millones de dólares de su propio bolsillo para tener lo que se les exige. ¡Mire que curioso, ministra! En el gobierno anterior les exigieron pintar los taxibuses de un color, y hoy se les exige que sean pintados de otro color. Eso tiene un costo. Se les exigen cámaras de vigilancia, uniformes, entre otras cosas. Los empresarios de la Región del Biobío, esto es los de Coronel, de Tomé, de Concepción, de Lota y de otras comunas están dispuestos a firmar un contrato de trabajo con sus conductores, pagar sus imposiciones y asegurar que tengan sus horas y sus vacaciones; pero para eso requieren, ministra, de la voluntad suya y de la del gobierno para que les lleguen los recursos, de modo que esto se concrete a la brevedad.

Ministra, en verdad creo que ha hecho un gran trabajo. Falta por hacer, es cierto. Obviamente, los recursos van a tener que destinarse a recuperar lo que se ha destruido durante los últimos treinta días. Lo que como país nos costó construir en treinta o cuarenta años se ha tirado por la borda en treinta días; pero si están la voluntad y las ganas, y si los recursos se destinan donde corresponde, no me cabe duda de que más temprano que tarde nos volveremos a poner de pie.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gastón Saavedra .

El señor SAAVEDRA.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la señora ministra. Seguramente hemos estado en más de alguna oportunidad en su oficina, ministra, con muchos dirigentes sociales de la provincia de Concepción, y el planteamiento que hemos hecho siempre ha sido terminar con la segregación y con la exclusión que se produce con la asignación de este subsidio al transporte público en la Región del Biobío, particularmente en la provincia de Concepción. En ella hay distancias gigantescas. Me refiero a la comuna de Tomé, cuyos habitantes, ciudadanos y estudiantes, tienen que viajar a Concepción a trabajar o a estudiar. Esa es una discriminación que tenemos que superar. Debemos hacer un esfuerzo por incluirlos en este beneficio, en este subsidio, que debe ir directo a aquellos que demandan dignidad en el trato.

En el otro extremo de la provincia están Coronel y Lota. La gente de Arauco también está excluida de los beneficios de la “ley espejo” y de otras asignaciones que se han entregado desde un tiempo a esta parte.

Por cierto, la entrega de dichos beneficios está correcta para los habitantes de la conurbación más urbana de la provincia; pero no se trata de desvestir un santo para vestir otro. Hoy, cuando la sociedad nos interpela, tenemos que hacer un esfuerzo fiscal para resolver esta situación y para concretar el principio de universalidad en la entrega de beneficios.

Por ello, le solicito, ministra, que con prontitud se resuelva este problema que se viene planteando desde hace mucho tiempo. Llevo un año y ocho meses en la Cámara, pero he sido parte de una demanda que se viene transmitiendo desde hace mucho tiempo.

Sé que siempre desde Hacienda va a haber un planteamiento distinto respecto de la contracción de los recursos y del crecimiento, pero hoy el momento histórico requiere de otras condiciones, requiere de otros criterios para la asignación de los recursos y requiere también de la suficiente capacidad para entender las demandas de los ciudadanos.

Hoy es más necesaria que nunca la integración social. Hoy es más necesario que nunca escuchar a la ciudadanía respecto de las necesidades que tienen.

En esta materia, mi petición es en representación de los habitantes de Tomé, que lo han planteado en innumerables oportunidades, y de los de Coronel, de Lota y de Arauco, que requieren ser integrados al beneficio social que se entrega en la provincia de Concepción.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, también estoy impresionado por el grado de improvisación de medidas y por los anuncios populistas.

Somos veinte los parlamentarios que, en esta Sala, desde marzo de 2018, estamos planteando rebajarnos la dieta a la mitad. Me alegro de que eso se haya aprobado en la comisión, porque le hace bien a Chile. Sin embargo, no me parece que haya que rebajar los sueldos de los asesores a la mitad o reducir la dotación de asesores a la mitad. Creo que eso le hace mal al Parlamento y le hace mal a Chile.

Personalmente, voy a pagar los costos políticos que sea, pero voy a votar en contra esa medida aprobada en la comisión.

También -lo señalo producto de una conversación con mis asesoresllegó el momento de que los fondos para asesorías dejen de ir a personas jurídicas, es decir, dejen de ir a instituciones como la Fundación Jaime Guzmán , la Fundación Chile 21 o cualquier otra fundación que asesore a parlamentarios. Tenemos que ser transparentes ante el hecho de que empresas aportan a fundaciones para asesorar a parlamentarios. Esa transparencia la vamos a exigir a través de una modificación legal.

¡Los asesores no se tocan! ¡Los necesitamos y los vamos a defender!

Sobre el proyecto de ley en cuestión, que acabamos de aprobar en la Comisión de Transportes, me parece muy bien la idea de ampliar el plazo de un subsidio; lo voté a favor. Sin embargo, por su intermedio, señor Presidente, quiero pedir a la ministra que nos diga que, aprobado este proyecto, bajará el costo de los pasajes en nuestras regiones. Quiero saber cuánto va a bajar el pasaje en Concepción, en Tomé, en Coronel y en otras comunas de la Región del Biobío.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, no es fácil hablar en estas circunstancias, pero no soy de los que ocultan sus opiniones.

Soy de los que votaron a favor de la reducción en 50 por ciento no solo de la dieta…

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Usted conoce mejor que yo el Reglamento, diputado Saffirio…

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, pero si usted hubiera aplicado -créame que se lo digo con mucho cariñoel mismo predicamento respecto de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, yo no habría hecho uso de esta.

Por lo tanto, le pido que comprenda eso; a la misma razón, la misma disposición.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Continúe con el uso de la palabra, señor diputado.

El señor SAFFIRIO.-

Señor diputado, como decía, yo fui uno de los que votaron para reducir la dieta en 50 por ciento y, además, las asignaciones parlamentarias. Y lo hice por una razón que no tiene que ver con que no me afecte desde el punto de vista personal, y se lo quiero decir así a mis colegas parlamentarios.

Me causa un perjuicio y un daño probablemente tanto o más grave que a cualquiera de muchos de los que están aquí, porque soy un profesional que vive de su sueldo como parlamentario, porque, además -eso es bueno decirlosomos parte de la única profesión en Chile que tiene prohibición para ejercerla liberalmente, porque tenemos dedicación exclusiva al cargo.

¡Estoy disponible! ¡Yo puedo ceder el ciento por ciento de mi dieta! Pero entonces déjenme ejercer mi profesión, porque tengo que comer. Primera cosa.

Respecto del tema de las asignaciones parlamentarias, creo que la ciudadanía nos está representando, con una vitalidad y una fuerza nunca vista, la necesidad de reconectarnos con los ciudadanos.

Hagamos el ejercicio de olvidarnos de lo que ha sido el ejercicio de la función parlamentaria desde el retorno a la democracia hasta ahora. Digamos las cosas como son: aquí corrían ríos de whisky en el primer período parlamentario, y nadie decía nada. Total, el Congreso tenía una buena percepción ciudadana y podían darse esos lujos. ¡Hoy no podemos darnos esos lujos!

La realidad del ejercicio de la función parlamentaria y la realidad de cada uno de nuestros distritos es distinta; no cabe la menor duda. La forma como cada uno, incluso dentro de su propio distrito, ejerce su función es distinta, pero no me pueden decir que no es posible ahorrar recursos de asignaciones.

Lo primero que tenemos que hacer es dar señales, en el sentido de que esta Cámara tiene aparatos administrativos que no dan el ancho, porque nos entregan a los parlamentarios información distorsionada y diferente cada vez que hacemos una consulta. Ese aparato administrativo tendrá que ser el futuro responsable de administrar todas las asignaciones parlamentarias o los gastos en que vamos a incurrir con ocasión del ejercicio de la función parlamentaria. ¡No necesitamos que nos entreguen dinero a nosotros! ¡Somos trabajadores y es suficiente con que nos paguen nuestro sueldo! ¿Por qué tenemos que administrar recursos que no son nuestros? ¡Ningún sistema público lo hace!

Allí está, en gran medida, el origen de la distancia, de las dudas, del encono y de la rabia. Tenemos un país que está transitando por las calles y que se está incendiando por los cuatro costados. Y discúlpenme la expresión, pues no suelo usar palabras de esa naturaleza: ¡Por la cresta, cómo no nos vamos a dar cuenta de que un país entero está esperando que tomemos decisiones atinadas y acertadas de una vez!

¡Que duela! ¡Que duela! ¡No sé cómo voy a pagar mis deudas bancarias, y así de crudo se los digo! ¡No sé cómo lo voy a hacer! Pero yo no fui elegido para proteger mis intereses personales; todos fuimos elegidos para representar a los electores de nuestros distritos. ¡Y miren cómo nos grita un grupo de funcionarios de los propios parlamentarios, que contratamos nosotros! Lo están haciendo porque en la Comisión de Constitución aprobamos la reducción de las asignaciones parlamentarias en 50 por ciento. ¡Es insólito!

Creo que tenemos que hacer -ese es un llamado un esfuerzo de generosidad, pero diría que, más que de generosidad, un esfuerzo de respeto. Nosotros somos elegidos para representar a los ciudadanos -¡por favor!-, y esa representación ciudadana nos exige estándares de control, estándares éticos, estándares políticos, estándares de toda naturaleza. Cada uno, según sus creencias, póngale el nombre que quiera.

No podemos hacer abstracción de lo que está ocurriendo en el resto del país. Simplemente, no podemos hacerlo, porque van a pasar por sobre nosotros; ya no van a pasar por el lado.

¡Van a pasar por sobre nosotros si no somos capaces de tomar las decisiones adecuadas! Hacer eso tal vez cause dolor, pero un dolor que tal vez es mucho menor que el que los ciudadanos han tenido que sufrir para que se produzcan estos cambios.

Mis disculpas, señor Presidente.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez .

El señor PÉREZ (don Leopoldo).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la ministra. El objetivo de este proyecto es llenar un vacío que existe en nuestra legislación, fundamentalmente en la ley Nº 20.378, referido al denominado subsidio fondo espejo para aquellas zonas de operación de locomoción colectiva mayor distintas de lo que se denomina el Transantiago, es decir, distintas a las de la provincia de Santiago, más las comunas de Puente Alto y San Bernardo .

Algunos de los parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra se refirieron a que se requiere prolongar los denominados perímetros de exclusión y establecer facultades para fijar las condiciones de operación. Se requiere la prolongación de esa facultad debido a que los sistemas de transportes de regiones no tienen absolutamente nada que ver, desde el punto de vista de su conformación y estructura de carácter empresarial, con lo que sucede en Santiago. Por eso se propone disponer la posibilidad de hacer un tratamiento distinto al sistema de transporte público en regiones, con el objeto de que se pueda acceder a la rebaja de la tarifa consagrada en la ley Nº 20.378, la que puede ascender hasta el 50 por ciento de los fondos espejo destinados a tarifas previo cumplimiento de determinadas condiciones.

El propósito de esta iniciativa es destrabar administrativamente un problema que, a interpretación de la Contraloría General de la República, demora entre 10, 12 o 14 meses: la aprobación de los contratos o los acuerdos que se tomen con distintas empresas, muchas veces unipersonales, de transportes en regiones. Y tenemos varias ciudades que hoy estarían en condiciones de entrar a operar, como Quellón, Quintero , Iquique , Alto Hospicio , Gran Valparaíso , Calama , Antofagasta , Linares y Valdivia .

En consecuencia, si aprobamos este proyecto -no me cabe duda de que así ocurrirá-, daremos señales a los miles de habitantes de esas ciudades y comunas, así como de las que vendrán a continuación.

Por lo tanto, me parece que es un proyecto adecuado, que no es una novedad, porque dice relación con una materia que ha sido planteada desde 2002 por los distintos ministros, en el sentido de ir, de una vez por todas, dando cuerpo a que el fondo espejo se vaya a la tarifa y no a otro tipo de uso.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, en verdad, me sorprendió un poco este proyecto, que no teníamos tan bien estudiado, pero entiendo que está muy relacionado con lo que ocurrió con el acuerdo que salió en el Senado, del cual el conjunto de la oposición se ha hecho parte, en particular con lo que tiene que ver con la rebaja en 50 por ciento del pasaje para los adultos mayores.

Por lo tanto, entiendo que varias de las normas que están en este proyecto de ley permiten que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones actúe con más flexibilidad para homologar los distintos escenarios que tenemos, en términos de contratos del Estado con el transporte público en distintas regiones.

Lo primero que quiero plantear a la ministra es algo que le dije en la respectiva Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos. En la Región de Coquimbo nos prometieron, hace dos años, el perímetro de exclusión, y de lo último que nos hemos enterado es que para 2020 no hay ningún cambio ni avance en ese sentido. Por lo tanto, en materia de transporte público, nosotros vivimos en lo que se podría llamar la “ley de la selva”. ¡Vaya a pararse a una esquina a esperar que pase una micro! ¡No se sabe cuándo pasará! Un sábado o un domingo es imposible tomar micro en La Serena o en Coquimbo. ¡Es imposible!

Por lo tanto, es muy importante que el ministerio ordene esta situación y enfrente también los conflictos locales.

Hay que decirlo sin miedo. ¿Por qué ocurre esto? Porque en algunas regiones, como Coquimbo, en particular en la ciudad de La Serena, los dueños de microbuses se sienten dueños de las calles y no aceptan que se abran nuevas líneas. Cuando se abre una nueva línea ellos hacen un boicot, un paro, y la autoridad se asusta y se echa para atrás. Eso es lo que genera que el servicio sea de muy mala calidad: no hay competencia ni tampoco incentivos.

Desde ese punto de vista, quiero decir que apoyamos esta iniciativa en general y que entendemos el efecto que va a tener.

También quiero decir que lo que se ha experimentado en materia del acuerdo que se generó es un avance indudable, porque el gobierno nos había propuesto que esta rebaja del pasaje para el adulto mayor fuera solo de 20 por ciento y que, además, tuviera letra chica, es decir, que solo beneficiara al 60 por ciento más pobre de los adultos mayores. Sin duda, para mí eso era imposible de explicar. ¿Por qué se discrimina al adulto mayor? ¿Por qué la rebaja era solo de 20 por ciento, entendiendo que eso no tiene impacto directo, a diferencia del 50 por ciento?

Bueno, es obvio que esta rebaja que hoy se está proponiendo y que votaremos el próximo lunes tiene impacto en la calidad de vida.

Asimismo, quiero agregar que esto es muy importante para las regiones. Este tema siempre lo hemos debatido en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y es tremendamente significativo. En regiones, las platas de la “ley espejo” no llegan, las mejoras al transporte público no se notan; por eso es tan significativo que hoy día se esté comprometiendo que la rebaja de 50 por ciento del pasaje para los adultos mayores va a operar de Arica a Magallanes, o Punta Arenas.

Pero tengo una preocupación, que manifesté personalmente a la ministra: el acuerdo dice que esto se implementa en un cronograma el mes de junio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que algunas regiones, que son más complejas, más complicadas, van a quedar para el mes de junio, y que en otros lados, en que esto es más fácil, se parte en marzo, como podría ser, por ejemplo, la Región Metropolitana? Yo espero que no. Espero que eso implique que se aceleren los tiempos para que esto se haga realidad ojalá en abril, mayo o junio, pero en forma simultánea en todo Chile, y que aquellas regiones en las que estamos peor en materia de transporte público no sean doblemente castigadas con una medida de un cronograma que nos podría tirar al final, por ser de las más difíciles.

Quiero prever eso. Sería muy importante que usted, ministra, nos pudiera aclarar más cómo es esto del cronograma, porque eso genera una incertidumbre que nos puede llevar, incluso, a que la gente sienta que le hacemos un anuncio que después no se materializa.

Por último, no puedo obviar lo que recién señaló el diputado Saffirio y otros diputados y diputadas que han intervenido.

Por supuesto que estamos relativamente contentos y satisfechos porque hay un avance. Es indudable que era necesario rebajar la dieta de los parlamentarios, y la bancada del Partido Comunista apoyó la rebaja de 50 por ciento que se propuso. Pero como ocurre muchas veces en el Parlamento, esto tiene letra chica, que dice que esto es transitorio hasta que opere la nueva decisión que tendría que tomar, teóricamente, el Banco Central.

Creo que en eso hay que tener mucho cuidado, en el sentido de no generar nosotros mismos una expectativa que después rebote en contra nuestra. ¿Se llegará a aplicar realmente la rebaja del 50 por ciento? No, no se va a aplicar. No se va a aplicar, porque lo que va a quedar en definitiva es lo que acuerde el Banco Central.

Entonces, creo que nos haremos un flaco favor si no somos francos en decir lo que está ocurriendo. Yo estoy convencido de que se debe aplicar la rebaja del 50 por ciento, y por lo menos vamos a proponer que esa indicación se presente, independiente del acuerdo que puede haber respecto de la famosa norma que va a establecer el Banco Central.

Pero lo que sí me parece absolutamente injustificable -no comprendo para nada las palabras del diputado Saffirio , quien me antecedióes la rebaja de las asignaciones parlamentarias en 50 por ciento. Entiendo el espíritu. Si me dicen: “Queremos que el Congreso funcione mejor con menos recursos”. ¡Perfecto! ¡Hagámoslo! Yo no tengo ningún problema, pues también creo que hay muchas cosas en las cuales acá se puede ser mucho más eficiente. Pero hagámoslo bien, en forma seria y responsable.

He escuchado muchas ideas en ese sentido, como, por ejemplo, el tener una sola sede para todos los parlamentarios de una región para disminuir los costos de arriendo de sedes. ¡Perfecto! Pero hagámoslo bien, como corresponde, con los tiempos, con las medidas, con los análisis.

Y lo más grave de todo: no perjudiquemos a trabajadores a los cuales uno les dio cierta certeza, que hoy perciben un ingreso y que por una decisión política, por un empate que hizo acá la UDI, hoy los están dejando en la más absoluta incertidumbre. Me parece que eso es inhumano y de una irresponsabilidad mayúscula. Creo que eso refleja plenamente como actúan y piensan algunos políticos: “Mi interés primero”. Y la gente que hoy día depende de una salario y que tiene la amenaza de ser despedida o…

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Cuando se ha instalado una práctica, es difícil modificarla; pero les ruego que no le faltemos el respeto a la ministra y hablemos sobre su proyecto.

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra Hutt y la felicito por el acuerdo en que se ha ido avanzando sobre la rebaja de la tarifa para los adultos mayores y por este proyecto de ley, que aumenta las facultades al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para poder negociar con los proveedores.

Yo creo que no le falto el respeto a la ministra cuando la hago parte de una reflexión que tiene que ver con un momento del país, que es cómo enfrentamos mejor la situación de desprestigio, no solo del Congreso, sino también de la política en general.

Pienso que tenemos que leer bien a la ciudadanía. El clamor no es unívoco, como pretenden establecer algunos, sino que hay distintos clamores. El clamor principal es por la agenda social, por la agenda que realmente afecta el bolsillo y el nivel de ingresos de muchos chilenos. Aquí algunos quisieran que el clamor tuviera que ver con el proceso constituyente, que por cierto es muy relevante, pero digamos la firme: no es el clamor principal. Por lo tanto, nada peor que las clases políticas ensimismadas en sus agendas, con una incapacidad de leer las problemáticas que realmente atañen al Chile profundo.

En consecuencia, proyectos como este van en la dirección correcta.

Entendiendo el llamado que usted, señor Presidente, hizo, me permito brevemente terciar en el debate que aquí se ha iniciado.

El desprestigio de la política también tiene que ver con la falta de rigurosidad y de capacidad para decir las cosas como son. En eso creo que todos hemos pecado al sumarnos muchas veces a olas populares de corto plazo -me incluyopara quizás ahorrarnos tener que decir las cosas como son. Las asignaciones parlamentarias en Chile son las más altas de la OCDE, y solo son comparables con las de Inglaterra y Estados Unidos.

Por lo tanto, las asesorías debiéramos poder recibirlas de la Biblioteca del Congreso Nacional y no tener que pagar asesores externos por ese concepto. Así funcionan los países modernos. Ahí tendríamos, diputado Saffirio -por intermedio, señor Presidente-, un ahorro.

Después están los equipos de trabajo. Bueno, cada uno tendrá que decir en qué tiene contratados a sus equipos. Yo, al menos, he dado tranquilidad a mis equipos, porque tengo la tranquilidad de que todos mis equipos están contratados para labores parlamentarias. No sé si todos pueden decir lo mismo; tendrán que rendir cuenta de sus equipos parlamentarios. Yo he dicho a mis equipos que están contratados para trabajar y no para venir a expresar puntos de vista, como lo vimos minutos atrás, protestando en plena crisis, con harta agresividad respecto de los parlamentarios.

Creo que hay algunos que están un poquito nerviosos porque quizás tienen un par de personas contratadas sin justificación y deben rendir cuenta al país sobre la razón de tales contrataciones.

Respecto de los autos -perdone que entre tan al detalle, Presidente-, ¿cuándo vamos a tener el coraje para decir de una vez por todas que los parlamentarios necesitamos un auto para estar en nuestros distritos? Nos fregamos de vergüenza para reconocerlo. Yo represento trece comunas, y salvo que alguien tenga algún sistema de alas que me pueda prestar, tengo que moverme en auto.

¿Cuándo vamos a asumir que la Cámara tiene que hacer un contrato marco con un proveedor y proveer de un auto a cada uno de nosotros a un precio mucho más barato que lo que nos cuesta el arriendo por separado?

(Hablan varios diputados y diputadas a la vez)

No se agite, diputada Santibáñez .

¿Cuándo vamos a asumir que los que vienen de Aysén y de Arica se tienen que alojar? Salvo que queramos poner carpas afuera, ese alojamiento alguien tiene que pagarlo. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a decir la verdad, la firme, a la ciudadanía?

No se trata de la letra chica, sino de terminar con la patudez de que sea el mismo Parlamento el que se fija su sueldo. Eso, diputado Daniel Núñez , es simplemente una cosa de sentido común.

¿Cuál es el problema de rebajar la dieta de manera precipitada? Que, al final, aquí podrán llegar solo los que tienen su vida resuelta o los que estén casados con alguien de mucha plata. Por lo tanto, allí está el desafío de hacer esto con un poquito más de seriedad. Yo creo que hay que decir de una vez por todas que hay que terminar, como dijo el diputado Saffirio , con la exclusividad, y que uno pueda ejercer su profesión si efectivamente vamos a tener rentas más bajas.

Quiero hacer una invitación a esta Cámara, muy humilde, pero también muy honesta, a que empecemos a valorar más la labor parlamentaria, a decirle “la firme” a la ciudadanía, a que contrarrestemos las dudas que se han instalado. Lo digo, porque uno sabe cómo empiezan estas cosas, pero no cómo terminan, y si seguimos en este permanente afán de desprestigiar la labor no solo parlamentaria, sino política en general, lo que sobrevendrá no es el triunfo de algún sector político en particular, sino el socavamiento de las instituciones, lo que da paso a las dictaduras y a los populismos.

Todos tenemos algún grado de responsabilidad en lo que está ocurriendo. Siempre es más fácil tomar el camino sexi de saltarse las reglas, pero la verdad de las cosas es que la institucionalidad tiene la gran gracia de permitirnos vivir en democracia, en paz y en tranquilidad.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señora SANTIBÁÑEZ (doña Marisela).-

Señor Presidente, creo que usted fue muy claro al pedir que, como una señal de respeto hacia la ministra, nos refiriéramos al proyecto que estamos debatiendo, pero me parece que no le han hecho caso.

Por otra parte -esto es una crítica a su forma de conducir el debate-, usted habla del “doctor” Schalper , y no me queda claro si es médico o si es doctor. Le recuerdo que lo que nos piden para ser diputados es haber aprobado cuarto medio, así que no corresponde que otorgue ese tipo de tratamientos. Los que solo tenemos cursado hasta cuarto medio también merecemos respeto.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señora NUYADO (doña Emilia).-

Señor Presidente, con mucho respeto me dirijo, por su intermedio, a la señora ministra y a las demás autoridades presentes en la Sala, para plantearles lo siguiente.

La discusión de este proyecto de ley no señala en absoluto la realidad de todo Chile, porque, por ejemplo, no recoge la realidad que viven muchas familias de la ruralidad, en condiciones de aislamiento, con dificultades para trasladarse de un lugar a otro.

Por ello, si bien la iniciativa entrega más facultades al ministerio, no resuelve en absoluto la situación del costo de los pasajes ni de cómo mejorar las condiciones de accesibilidad para las familias que viven en la ruralidad.

De ese Chile quiero hablarle, con mucho respeto, por intermedio del señor Presidente, a la señora ministra.

Fue precisamente la falta de revisión de la normativa que permitió aumentar el valor del pasaje del metro lo que llevó a que jóvenes tuvieran que evadir aquellos pagos y a que la ciudadanía saliera a las calles a responder. Quizás la situación habría sido otra si los ministros hubieran escuchado el clamor del pueblo chileno, lo que no ha sido escuchado, como no han sido escuchadas, históricamente, las familias de la ruralidad, que tampoco han tenido acceso a la justicia o siquiera posibilidades reales de desarrollo.

Hay muchas familias que no cuentan con caminos por los cuales trasladarse o transitar en forma expedita.

Lamentablemente, esa es la realidad. Quiero representarla, porque en la mayoría de las comunidades de San Juan de la Costa, de San Pablo, de Río Negro, de Purranque, de parte de Llanquihue y también de Chiloé hay familias que necesitan contar con medios de transporte seguros y de calidad, que les den la posibilidad de llegar sin problemas hacia los lugares más céntricos de sus regiones ni tener que incurrir en grandes gastos.

Los subsidios de transporte que se aplicaron en la región a través de la “ley espejo”, debo decirle que se han eliminado. Han sido muy pocas las licitaciones que se han podido asignar para aquellos sectores donde no transita nadie, donde ya el pequeño empresario de microbús que transportaba en la ruralidad dejó de transitar, ya no va más, y ha dejado esas vías sin la posibilidad de que alguien se haga cargo.

Por lo tanto, creo, señora ministra, que hay que revisar aquella situación en los sectores rurales, para que podamos hacer mayor justicia.

Además, quiero decir que siguen muy vigentes las propuestas que hizo en alguna oportunidad quien fue nuestro gran Presidente Salvador Allende , a quien brindo todo mi reconocimiento. Él señaló que no fabricaríamos ricos con recursos del Estado; pero lo que se ha hecho en Chile es, justamente, eso: fabricar ricos con recursos del Estado, porque, por ejemplo, aquí hay muchos que llevan cuatro, seis o siete períodos, por lo cual están en mejores condiciones económicas que aquellos que hemos llegado por primera vez al Parlamento. Lo mismo debo decir de quienes ocupan cargos directivos en diversas instituciones del Estado, cuyos sueldos superan los 14 millones, 20 millones y hasta 40 millones de pesos. Esa es una situación a la que debemos poner término.

Algo similar ocurre con las Fuerzas Armadas, cuyas remuneraciones deben ser revisadas, al igual que todas las que pagan las diversas instituciones del Estado.

Debemos mejorar el sueldo mínimo, que es una injusticia.

¿Alguien cree que con los acuerdos a los que se llegó en el Senado, y con un presupuesto insuficiente, se calmará la rabia, el odio que está manifestando la gente en las calles y, en general, las familias que han vivido permanentemente marginadas? Claro que no. Eso no va a ocurrir.

Si queremos evitar que nuevamente sean solo los ricos los que lleguen al Congreso y que la labor parlamentaria se transforme en un hobby, debemos detenernos a pensar seriamente y a establecer cuál debe ser la forma responsable de hacer política: escuchando a la ciudadanía.

No comparto lo que hacen quienes realizan su actividad política pensando solo en velar por sus intereses. Debemos ser serios. La gente espera que el Congreso Nacional sea serio; pero no le hemos respondido adecuadamente con todas estas leyes “parche”, y está cansada de que aprobemos lo que queremos y no lo que ellos quieren.

Necesitamos entregar dignidad a la gente de nuestros territorios.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señorita PÉREZ (doña Joanna) .-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la señora ministra de Transportes y Telecomunicaciones.

Es claro que uno tiene que abocarse al proyecto en discusión, sin duda. Lo digo, porque el populismo en esta Cámara exacerba. Por eso, muchas veces el Ejecutivo prefiere llegar a acuerdos con el Senado, porque parece ser que en esta Cámara no estamos a la altura de lo que se requiere.

La verdad es que tengo reparos acerca de cómo se ha administrado el problema del transporte público de pasajeros, pero estoy disponible a validar lo que ha avanzado la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. No obstante, ministra, déjeme decirle que le podemos dar el espacio para negociar, para avanzar, pensando en los jóvenes. Se puede celebrar que estemos escuchando a los adultos mayores y avanzando en responder a las demandas sociales; pero soy de la provincia de Arauco, represento esa zona, y quiero decirle que tenemos promesas incumplidas, que espero que se incluyan en algún momento en un proceso de negociación futuro, porque los perímetros de exclusión no llegan allá.

Claramente, usted sabe cuál es la demanda de Arauco y de las comunas del territorio denominado Arauco 7, que están agrupadas, que se han reunido y en las que los gremios ya trabajan en conjunto, pero no logran obtener respuestas del gobierno. Si bien se eliminó en su minuto el perímetro de exclusión y no se dio respuesta, pese a los gastos y la inversión que se hicieron, hoy el transporte en el territorio que represento, de las provincias de Arauco, Biobío y la comuna de Lota, requiere seguridad, por las condiciones de nuestra zona; calidad, y, por cierto, mayores incentivos para llegar a los territorios aislados, como Alto Biobío, donde falta regulación, donde se cobran peajes, donde se cobra por bultos.

Falta regulación del Estado, cuestión que hemos manifestado al seremi de Transportes.

Entonces, ¿esto es un proyecto? Sí. ¿Cómo han sido gastados los recursos del FAR? De mala manera. Lo constaté en el gobierno regional, donde falta más fiscalización y ser más duro.

Podemos dar más atribuciones al ministerio para que negocie en estas materias o para llegar a un acuerdo, pero creo que estamos al debe en materia de transporte público y en cómo se están utilizando los recursos del Estado.

No estamos llegando de la mejor manera a cubrir esta demanda, esta inequidad territorial. Más allá de que Santiago requiere de todo nuestro apoyo por lo que ha sucedido con el metro, no podemos soslayar la realidad de las distintas comunidades y territorios, donde tenemos grupos que lo pasan mal, a los que se los ha marginado del avance, del desarrollo, de las oportunidades para estudiar, para ir a un consultorio, etcétera.

Podemos estar de acuerdo con esto, pero creo que, en materia de transportes, ministra -por su intermedio, señor Presidente-, hay grandes desafíos. Le hago un llamado para que podamos revisar lo que ocurre con las provincias que han requerido de mayor apoyo, que son las zonas de rezago, como Arauco y las comunidades cordilleranas, donde tenemos grupos que han quedado aislados y el transporte público ha estado al debe.

Vamos a aprobar este proyecto, pero me gustaría conocer de boca de la ministra los programas y las políticas que existen sobre esta materia, y sobre los cuales la Asociación Arauco 7 ha demandado claridad a ese ministerio. ¿Qué políticas en materia de perímetros de exclusión existen para Arauco y Lota, y, en general, para Biobío?

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA.-

Señor Presidente, quiero sumarme a las palabras que ha vertido en esta Sala la colega diputada de mi distrito, Emilia Nuyado .

Discutimos una iniciativa de ley que modifica las disposiciones sobre el subsidio nacional de transporte público remunerado de pasajeros. Como ocurre muchas veces, si bien favorece a un número importante de compatriotas, carece de un elemento de enorme relevancia -creo que la señora ministra lo conoce-, cual es una visión sobre las regiones. Esa realidad ocurre a pesar de los avances experimentados gracias al subsidio de transportes entregado en zonas aisladas, pues ellos son tremendamente insuficientes.

Tenemos, en la práctica, como bien aquí se ha planteado -voy a hablar desde una visión regional-, zonas, localidades y comunas donde efectivamente aumentar las posibilidades para el transporte público de pasajeros y su subsidio se hace inmensamente necesario. Me refiero a San Pablo, por el norte, hasta la aislada provincia de Palena, pasando por Chiloé, en el sur.

La provincia de Llanquihue, si bien está más cerca de la capital regional, Puerto Montt, tiene una serie de localidades en Calbuco, Cochamó , Los Muermos , Fresia , Río Negro, Purranque , donde se hace tremendamente imperioso que el Estado forje esfuerzos en la materia que nos convoca.

No podemos negar que en los últimos años ha habido avances, pero como lo decía al inicio de mi intervención, ellos han sido absolutamente insuficientes. Por eso, creemos que cuando hablamos de las desigualdades de carácter territorial; cuando abogamos porque los municipios, en el marco de esta tremenda ebullición social que ha vivido el país, en que la ciudadanía está pidiendo mayores niveles de igualdad, también tenemos el derecho como regiones de pedir a nuestra ministra mayor igualdad en el ámbito del transporte público de pasajeros.

Cada vez que se invierten millones y millones de dólares en una línea del metro para Santiago -ello está bien y no me opongo, porque son compatriotas que utilizan el metro para llegar a su fuente de trabajo-, en nuestras regiones se opta por la licitación o la concesión. Ello ocurrió, por ejemplo, con la ruta 215, en Osorno, que conecta con el segundo paso fronterizo más impotente del país. En Santiago ello no ocurre.

Esto también nos pasa en lo que respecta al subsidio de transporte público de pasajeros. Tenemos una carencia importante en esa materia, y, por lo tanto, la necesidad de apoyar con mucha más fuerza los subsidios en esa área. Lo digo desde el punto de vista de la Región de Los Lagos, pero seguramente esto también pasa en Aysén, en Punta Arenas, en Copiapó, en el sur y en el norte del país.

Tenemos que hacer un esfuerzo para lograr que estas inequidades territoriales no sigan ocurriendo y las regiones sientan que, efectivamente, el progreso no es solo para Santiago, sino también para nuestras zonas más apartadas.

Anoche los senadores celebraban los acuerdos a los que se llegó en materia de pensiones, lo que me parce muy bien. Ojalá seamos capaces, en un futuro cercano, de celebrar, junto con la ministra, una mayor equidad para las regiones en el ámbito del transporte público de pasajeros.

No puedo terminar mi intervención sin referirme brevemente a las palabras del diputado Schalper . Él habló del prestigio y orgullo que debemos tener por ser parte de esta Corporación. Comparto eso. La labor parlamentaria ha sido tremendamente vilipendiada en el último tiempo, y es injusto que se meta a todos en un mismo saco por las malas prácticas en que algunos han incurrido. Eso pasa, lamentablemente, en toda nuestra sociedad. Sin embargo, no podemos desconocer que el prestigio nace en casa.

Así como hablamos de injusticia en relación con el transporte, también ella se da en otros ámbitos. Hemos visto a un exministro, el señor Golborne , pagando 11 millones de pesos después de haber llegado a un acuerdo con la fiscalía. Eso también causa indignación profunda en la ciudadanía, pues al ciudadano común y corriente le aplican las penas del infierno y al poderoso no le pasa nada.

Lo mismo pasa en el Parlamento. Hay parlamentarios que han sido cooptados por empresarios que les redactan hasta las indicaciones que deben presentar con ocasión del tratamiento de proyectos de ley. Eso le hace daño a la política y también causa indignación en la ciudadanía.

Para prestigiar nuestra actividad, tenemos que partir por casa.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el representante de la Región de Los Ríos, diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, me honro en ser usuario del metro, del transporte público. Es muy importante que como ciudadanos, considerando lo que sucede en la calle, donde la gente exige mejoras relacionadas con la dignidad y con la equidad, también reflexionemos sobre este proyecto, que aumenta facultades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para negociar mejor con los proveedores del transporte público y acercar la conectividad a las regiones.

Quien habla representa a la Región de Los Ríos. Cuando viajaba a Santiago en mi calidad de director de hospital o de Servicio de Salud para ir al Ministerio de Salud, encontraba que el transporte público era una maravilla. Sigo encontrando una maravilla el sistema interconectado y la modernidad que existe en Santiago. Luego, uno volvía a su región y se encontraba con falta de conectividad, con que a veces en la “ley espejo” no se consideraban las inversiones que tenían que ver, por ejemplo, con conectividad fluvial, porque está fuera de la mirada el tema de subvencionar lanchas para conectar islas. La Región de Los Ríos necesita mucha conectividad fluvial, pues muchos chilenos y chilenas viven en condiciones de muy poco acceso a las ciudades y de poca conectividad.

Ahora, la pobreza está encubierta a nivel rural, porque las personas tienen lo necesario para subsistir y alimentarse, pero no disponen de lo que se llama capital, no tienen el dinero para pagar en forma directa el transporte público.

Por eso es tan importante que hoy estemos hablando de estas nuevas facultades que van a permitir bajar el pasaje del transporte público para los adultos mayores. Aquí, durante muchos años, se han presentado diversos proyectos en relación con este tema, y la Cámara de Diputados los ha votado a favor, porque son muy necesarios y sabemos que las pensiones de los adultos mayores son bajas.

Por lo tanto, así como en otros países los adultos mayores tienen estos beneficios, nosotros también tenemos que apoyarlos, porque la situación social más compleja hoy la viven los adultos mayores.

De más está repetir el tema de las pensiones, del acceso a medicamentos, de la esperanza de vida y de cómo los adultos mayores tienen la más alta tasa de suicidios, debido a que no pueden vivir con lo que el Estado les proporciona o con lo que la seguridad social les prometió y no cumplió.

Por eso, voy a apoyar este proyecto. Pero también quiero hacer una petición a la ministra respecto de un tema relacionado con la “ley espejo”, cual es fiscalizar la forma en que se gastan esos recursos. ¿Por qué? Porque sabemos que llegan fondos a las regiones, pero la falta de operación, de profesionalismo, de capacidad de compra y de analizar los proyectos que existen en las regiones, lamentablemente, hace que estos presupuestos se terminen ejecutando a fin de año y se compren cosas que nada tienen que ver con el transporte o con los beneficios para la conectividad de las personas.

Al respecto, es importante que el ministerio fiscalice que los fondos de la “ley espejo” terminen siendo bien ejecutados, y para eso existen medios. Hemos conversado con algunos diputados que tienen experiencia en Mideplán respecto de que existen medios para ranquear proyectos en cuanto a su impacto, a la cantidad de personas que van a ser beneficiadas, a si van a ser beneficiadas las personas más vulnerables. En conclusión, existen formas de ranquear proyectos, de ejecutarlos con tiempo y de programar su ejecución.

Por consiguiente, también pido que profesionalicemos el tema de la fiscalización adecuada y la forma de gestionar los recursos a nivel de las regiones.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, voy a acoger su llamado y me voy a referir al proyecto que hoy nos convoca por respeto no solo a los que están escuchando la sesión, sino también a la ministra Gloria Hutt , que hoy nos acompaña con santa paciencia.

En primer lugar, quiero señalar cuáles son los objetivos del proyecto:

Primero, ampliar, de 2022 a 2025, el plazo de entrega del subsidio para establecer rebajas de tarifas para estudiantes en zonas donde no existan concesiones de vías o condiciones de operación. Ese es el primer beneficio.

Segundo, proponer una extensión de tres años del período en el cual el Ministerio de Transportes puede negociar directamente con los responsables de los servicios de transporte público para la implementación de perímetros de exclusión en determinadas zonas geográficas, como comunas, cerros, localidades.

Tercero, modificar el hito a partir del cual se contabiliza el plazo de duración de la referida herramienta regulatoria, estableciendo como criterio, para tales efectos, la aprobación de los respectivos contratos y convenios de adscripción.

Cuarto, fijar que la validez de los mencionados contratos se inicie en la fecha en que se concluya la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba.

Me parece que los objetivos son claros y precisos, y están contenidos en el informe del proyecto de ley.

El proyecto consta de dos artículos permanentes, con las siguientes modificaciones a la ley N° 20.696, que modificó la ley N° 20.378, que Crea un Subsidio Nacional al Transporte Público Remunerado de Pasajeros, para incrementar los recursos del subsidio y crear el Fondo de Apoyo Regional (FAR). Por lo tanto, estamos incrementando el monto del subsidio para las personas que usan el transporte público.

Como señalé, en el proyecto también se extiende el período por tres años, de 2022 a 2025, en el cual el Ministerio de Transportes puede negociar directamente con los responsables de los servicios del transporte público remunerado. Esto tendrá como objetivo terminar con las prórrogas que condicionan a las zonas que estuvieron licitadas entre los años 2002 y 2010.

Una práctica usada intensamente por el gobierno anterior fue hacer una prórroga de estas licitaciones, lo que fue objetado por la Contraloría General de la República.

Las principales zonas que se beneficiarán son el Gran Valparaíso, las comunas que componen el Gran Valparaíso, el Gran Concepción, Antofagasta y Alto Hospicio , donde tenemos severos déficits de transporte público.

Por último, modifica el plazo de duración del perímetro de exclusión, con la finalidad de traducir el efecto del subsidio en una mejora real al servicio.

Para los que no saben, el perímetro de exclusión consiste en la determinación de un área geográfica, que puede ser un cerro, un barrio, una localidad, en la que se exige a los servicios de transporte público que operan en esas zonas, por un plazo determinado, que cumplan con ciertas frecuencias, con los horarios, porque no se respetan, y con ciertas tarifas.

En este proyecto se considera ampliar el plazo para la negociación de los perímetros de exclusión y el plazo de entrega del beneficio para rebaja estudiantil. Esta figura se crea con la finalidad de traducir el efecto del subsidio en una mejora en la calidad del viaje de las personas.

Como dije, se beneficia a las regiones y provincias distintas de Santiago, ya que esta legislación pretende convocar, durante los cinco primeros años de vigencia de la futura ley, a los responsables de los servicios de transporte remunerado de pasajeros de las respectivas zonas rurales y urbanas, con el objeto de incorporar los efectos de los recursos resultantes de aplicar este mecanismo de subsidio en los correspondientes perímetros de exclusión.

Como ha dicho la ministra, este proyecto tiene varias virtudes.

Primero, incorpora mejoras de calidad o rebajas de tarifa a través de los prestadores, aumentando la frecuencia, respetando horarios de servicio y manteniendo una tarifa adecuada.

Segundo, termina con las permanentes prórrogas de condiciones de operación que se mantuvieron hasta 2010, práctica muy usada por los gobiernos anteriores y que fue objeto de observaciones severas por parte de la Contraloría General de la República. Por lo tanto, este proyecto viene a solucionar un problema real.

Además, genera aprendizajes en el uso de los indicadores, al medir la calidad de las prestaciones y la frecuencia, para que se pueda decidir su continuidad. También puede servir como insumo para las futuras licitaciones que den lugar a contratos definitivos.

Finalmente, desarrolla una nueva tecnología en la operación y en los medios de pago de servicios.

En fin, puras buenas noticias para el transporte público que, según sabemos, en muchas de nuestras comunas funciona en forma deficitaria, porque algunas veces no se cumplen las frecuencias y los horarios o a veces ni siquiera llega.

Los cambios que se pretende incorporar con esta legislación, a medida de que se vayan implementando los perímetros de exclusión, posibilitarán introducir controles más efectivos y tecnológicamente fiscalizables, que permitirán al ministerio hacer fiscalizaciones reales cosa que no se ha hecho durante mucho tiempopara lograr que se preste un servicio de calidad y verificar que el operador de ese servicio de transporte público efectivamente está desarrollando el servicio en los términos en los que se comprometió con el ministerio.

Por lo tanto, no hay ninguna razón para votar en contra el proyecto, y, por consiguiente, votaré a favor.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, no soy un técnico enterado de todos estos elementos, pero al escuchar a la diputada Emilia Nuyado me dan ganas de que aquí haya más diputados mapuches.

Por el diputado René Saffirio , me enteré de que la Región de La Araucanía tiene la más amplia red de caminos, pero sin pavimento. Voy a apoyar este proyecto de ley, que espero que también disponga más exigencias y más vigilancia.

Me doy cuenta de que generalmente no se sabe qué hacer para que los adultos mayores de esa zona puedan trasladarse. ¿Cómo se hace para que los niños puedan ir a clases? Uno habla ahora del valor adecuado del pasaje para la tercera edad, pero ¿qué se hace en la Región de La Araucanía con su amplia red de caminos sin pavimento? La capacidad de representar las necesidades de la gente justifica la presencia aquí de parlamentarios de esa zona. Debería haber también aquí representantes independientes, y no solo de los partidos.

Apoyo lo que pide el colega Patricio Rosas: una exhaustiva fiscalización del uso de los recursos de la “ley espejo”. En general, la fiscalización en todo el ámbito de este país es muy deficiente.

Por supuesto que vamos a votar a favor el proyecto de ley, aunque no es tan completo como debiera ser. Agradezco por informarme de lo que sucede en las regiones apartadas de mi país.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal Ambiado .

La señora CARVAJAL (doña M.a Loreto).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la ministra, quien está presente en la discusión de este proyecto.

Aunque tal vez no es el punto en discusión, pero tiene que ver con él, quiero recordar que hace algunos meses se produjo un terrible accidente de bus, que motivó la creación de una comisión investigadora, en el cual falleció una menor de 10 años. En estos días se cumpliría un año más de vida de la pequeña Florencia Fernández Ceballos . Se constató, incluso con antecedentes en el tribunal, que había patentes adulteradas y otras anomalías, lo que probablemente sea la causa de que ella no esté con nosotros. Me permito en este punto extender un abrazo a su familia.

A esta Cámara y a nosotros nos compete la responsabilidad de garantizar un buen servicio a los usuarios.

Dicho esto, y haciéndome cargo estrictamente de lo que propone este proyecto, la verdad es que hay que desmitificar lo que se ha dicho sobre esta iniciativa, cuyas disposiciones son más bien de índole administrativo. En nada denota este proyecto -lo digo claramenteque su aprobación vaya a significar una rebaja, por ejemplo, en el pasaje para los adultos mayores o que vaya a establecerse un subsidio excepcional o adicional al transporte público de pasajeros en regiones. Este proyecto no tiene nada que ver con eso. Lo que se ha mencionado en relación con eso tiene que ver con una suerte de acuerdo convenido, que ha sido materia de propuestas de proyectos de ley en nuestra Cámara, respecto de lo que se está discutiendo en el proyecto de ley de presupuestos, para otorgar una rebaja del pasaje de los buses a los adultos mayores. Eso no tiene que ver con este proyecto, y es importante decirlo.

En relación con esta iniciativa, si bien me parece muy engorrosa su redacción, quiero decir que es bien claro su objetivo. En definitiva, lo que pretende es extender en tres años el plazo y las condiciones de operación para aquellas empresas que ya han sido subsidiadas y que tienen un perímetro de exclusión definido. Es decir, el objetivo es que los contratos suscritos hasta el 2022 se extiendan hasta el 2025.

Pero, por otro lado -al respecto me gustaría que la ministra se pronunciara-, se pretende dar la opción y la posibilidad al Ministerio de Transportes de hacer, de cierta manera, un baipás a aquello y negociar directamente con las empresas prestadoras de servicios de transporte interurbano, lo que a mi juicio es una responsabilidad de la cual yo, como diputada, no puedo hacerse cargo. Creo que un llamado a licitación para prestar un servicio no puede sino ser fomentado; es lo más necesario y lo más transparente de hacer que una negociación directa entre el ministerio y los prestadores. Esta acción que pretende este proyecto no la comparto; creo que lo que hace es transmitir la desigualdad de la cual nosotros también tenemos que hacernos cargo.

La inversión y el financiamiento del transporte en la Región Metropolitana y en las grandes regiones del país no tiene nada que ver con lo que ocurre en el resto de las regiones. Lamentablemente, cuando uno representa las quejas, la problemática y las necesidades de los vecinos y vecinas de los sectores rurales, se da cuenta de que, al no existir un perímetro de exclusión ni una mirada más igualitaria respecto de la distribución de los recursos, sobre todo en las zonas rurales, lo que ocurre en definitiva es que dichas necesidades no son atendidas.

Hoy la única chance, la única opción que tiene el transporte rural, transporte en el que no se quiere invertir, porque los caminos son malos, porque las maquinas se deterioran y porque las personas, por no tener recursos, teniendo necesidades, no pueden trasladarse como quisieran por el alto costo de los pasajes, es obtener un subsidio a través de las seremías. No existe una política de Estado que diga derechamente: “Hoy les vamos a rebajar los pasajes a los adultos mayores mediante un financiamiento directo y un llamado a licitación en regiones para que se preste ese servicio”. Eso no existe. Por eso, me parece que dar facultades al ministerio para extender la posibilidad de negociar de manera directa con los responsables de los servicios de transporte público no va en el sentido correcto.

Estoy por defender el transporte en todas sus dimensiones, pero particularmente cuando se trata de la dimensión rural. En este caso, lo que debiera haber es una apertura, un subsidio directo, como se pretende hacer vía financiamiento del presupuesto, pero dándoles garantías y ojalá prerrogativas a las seremías para que puedan trabajar directamente con las empresas de buses rurales de manera permanente, a fin de que podamos tener transporte gratuito en los sectores rurales o, al menos, rebajado, como ocurre en Santiago.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Nino Baltolu .

El señor BALTOLU.-

Señor Presidente, en verdad quise pedir la palabra porque no he escuchado nada con respecto a la historia del Transantiago, un proyecto cuyo manejo se ha tratado de mejorar, pero que nadie repara que ha costado, durante más de ocho años, 750 millones de dólares en Santiago, es decir, 525.000 millones de pesos anuales. Esta inversión tiene una réplica en regiones, porque cuando el gobierno de la Presidenta Bachelet vino al Congreso a pedir recursos económicos para poder financiar el Transantiago, que era un desastre en ese momento, los regionalistas de nuestra comunidad, de nuestra Cámara de Diputados, le dijeron: “¿Y qué pasa con nosotros, con nuestras regiones?”. Por lo tanto, la medida fácil fue decir entregar otros 750 millones de dólares a las regiones para que en el Congreso aprueben los recursos, porque dada la coyuntura que había en Santiago en ese momento, que era la de una crisis gigante, indudablemente había que apagar el incendio.

Ahora, si ese monto se multiplica hoy por un valor de 700 pesos por dólar, equivale a

525.000 millones de pesos. Escuchen: 525.000 millones de pesos, que si los divido por 365 días de un año significan 1.450 millones de pesos diarios para Santiago y 1.450 millones de pesos para regiones.

Por lo tanto, si no somos capaces de administrar esos 1.450 millones de pesos diarios y, en lugar de hacerlo, estamos peleándonos con la gente, quiere decir que estamos todos locos.

Por eso, solicito a la ministra que se establezca un freno a lo que se propone, con el objeto de que se revisen los recursos que se plantea entregar a través de un mal proyecto. De hecho, nuestras regiones debieran tener todos sus problemas resueltos en materia de transporte, ya que, si dividiéramos los 525.000 millones de pesos anuales que ha costado financiar el Transantiago, llegaríamos a una cifra de aproximadamente 90 millones de pesos diarios para cada una de nuestras comunidades.

A propósito de lo planteado por el diputado Rosas, quiero señalar que cuando estoy en Santiago me traslado en metro, y en Valparaíso utilizo Merval y trolebús, porque no arriendo automóviles por la Cámara, de manera que conozco lo que significa el transporte público.

Por eso, quiero reiterar que con el dinero que se despilfarra diariamente -1.450 millones de pesos diarios en la Región Metropolitana, para el Transantiago, y 1.450 millones de pesos diarios en regiones, para el financiamiento de las tarifas del transporte público a través de los denominados “fondos espejo”podríamos tener un transporte público mucho mejor en las regiones, tal como me lo han manifestado en conversaciones que he sostenido con empresarios de la locomoción colectiva y dueños de taxis básicos y colectivos de Arica y Parinacota .

Finalmente, quiero insistir a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones respecto de la necesidad de efectuar un análisis económico de los recursos que el gobierno dispuso por diez años para el subsidio del transporte público. Entiendo que de dicho plazo ya llevamos ocho años, de modo que está ad portas de terminarse, y no hemos avanzado mucho, por lo menos en regiones.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, aquí se habla del transporte público de la Región Metropolitana como si no existieran San José de Maipo y Pirque . De hecho, para continuar el recorrido hacia esas comunas no hay metro, de modo que en la plaza de Puente Alto tengo que tomar un taxi colectivo o una micro local, medios de transporte en los que no puedo pagar con la BIP, tarjeta que en el resto de las comunas de la Región Metropolitana utilizo habitualmente.

Lo señalo, porque no sé de qué manera la ampliación del período de negociación directa con los responsables de servicios de transporte para la implementación de perímetros de exclusión en determinadas zonas geográficas favorecerá a ese sector, pues se trata de un sistema desregulado. Incluso, no sé si en las comunas mencionadas se llevan a cabo procesos de licitación, porque los horarios de los recorridos de las micros no son muy normales y la fiscalización es supermala.

La ruta entre esas comunas es una de las que presenta mayor cantidad de accidentes, y no tan solo en la Región Metropolitana, sino tal vez a nivel nacional.

Por esa ruta, de solo dos vías, circulan vehículos pesados que transportan material de faena del proyecto Alto Maipo, los que además de infringir las normas de la RCA respectiva, generan problemas debido a que transitan por ella en períodos no autorizados, lo cual provoca el deterioro de las vías y el peligro de accidentes.

Muchos vecinos y muchas vecinas de las comunas mencionadas se han quejado de que por vivir en un lugar un poco más aislado pareciera que las autoridades no se interesaran en concurrir a ellas para fiscalizar lo que en estas ocurre, situación que al parecer se replica en varias ciudades y comunas del país.

Se dice que en Santiago está todo centralizado. De hecho, en la capital hay por lo menos 7 millones de personas, pero no todas tienen acceso al transporte público, lo que desde las regiones reclaman. Hay muchos sectores que funcionan como pequeñas ciudades, donde no ha llegado todavía el metro.

Respecto de las críticas que se han hecho al Transantiago, cabe señalar que este sistema fue un intento mal logrado entre la empresa privada y el Estado para descentralizar el transporte público. Muchas cosas se hicieron muy mal, y hay otras que se hicieron bien, como el metro de Santiago. Es importante que el metro llegue a todos lados; entre más líneas tengamos, mejor, y si se regula mejor el transporte público desde las estaciones del metro, mejor aún.

En 1988, Canadá tenía estacionamientos en las estaciones de metro. Reitero: eso fue en 1988. Uno llegaba al metro, dejaba allí su auto -el que tenía un vehículoy utilizaba ese sistema de transporte público. Mediante esa modalidad mixta de transportes se podrían solucionar muchas cosas. ¿Dónde están en nuestro país los estacionamientos para bicicletas y para automóviles en las estaciones del metro?

Por lo tanto, se requiere que el Estado lleve a cabo esa forma de planificación centralizada, con el objeto de regular el transporte público para que en verdad esté al servicio de las personas, al servicio de su pueblo.

En el caso del metro de Santiago, fue un panel de expertos el que tomó una decisión que nos tiene muy complicados. Por eso, solicito a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones que me explique qué hay que hacer para que el ministerio que encabeza disponga que el sistema de transporte público que opera en la mayor parte de la Región Metropolitana se pueda extender a las comunas de San José de Maipo y Pirque. Necesito una respuesta en ese sentido, porque los habitantes del distrito que represento requieren que se les dé una explicación.

Se han instalado semáforos para disminuir la velocidad de los vehículos que transitan por la ruta de esas comunas; una norma de tránsito establece que los pasajeros de la locomoción colectiva no pueden viajar en esos vehículos de pie. Además, se sabe que por una zona urbana no se puede circular a más de 50 kilómetros por hora. Por eso, quiero saber cómo se fiscaliza el cumplimiento de tales normas en los lugares más apartados, porque un accidente fatal se puede producir en cualquier momento.

Una de las medidas que propone este proyecto es la ampliación del período de negociación directa con los servicios de transporte en determinadas zonas geográficas.

Por eso, solicito que la ministra me explique, en palabras simples, de qué manera funcionará ese sistema en las comunas de San José de Maipo y Pirque, a fin de explicárselo a mis representados.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .- Señor Presidente, al compañero Labra y a mí nos corresponde representar al mismo distrito, junto con las diputadas Ossandón y Pamela Jiles , y los diputados Miguel Crispi y Leopoldo Pérez .

Tal como lo señaló el diputado Amaro Labra , las empresas dedicadas a que los habitantes de Pirque y San José de Maipo puedan desplazarse desde sus trabajos o sus lugares de estudio a su casa, y viceversa, nos han planteado algunas preocupaciones.

Una de estas dice relación con la imposibilidad que han tenido en el último tiempo para acceder a los subsidios y recursos que otorga el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, situación que ha llevado a que las tarifas, a que los cobros a los usuarios sean altos, pero también a las pocas posibilidades que tienen de mantener un buen servicio.

En esos sectores es muy importante poder facilitar un adecuado transporte, que la verdad no es público, sino subsidiado -sería ideal que fuera público-. Se les ha imposibilitado acceder a un buen sistema de transporte, generando un incentivo a que finalmente los usuarios paguen taxi o colectivo en vez de micro. Ese es un problema en esas zonas, donde el atochamiento y las horas de congestión de vehículos han generado una fuerte crisis. Así, llegar a San José de Maipo en las horas claves o salir de ahí para, por ejemplo, ir al trabajo, a la universidad, al colegio, a atenderse a un centro de salud, a hacer las compras, etcétera, corresponde a horarios en que existe mucha congestión.

Entonces, si tenemos un incentivo puesto al uso de autos, sean taxis, colectivos o autos particulares, producto de que el servicio destinado para esas zonas no está garantizando una adecuada tarifa, una tarifa rebajada, acorde con la que tiene el resto de la Región Metropolitana, o de que el servicio se ha deteriorado, es un desincentivo perverso que afecta la situación climática, que afecta la situación de congestión, que afecta a esas zonas, como San José de Maipo y Pirque .

Por lo tanto, me sumo a la inquietud del diputado y compañero Amaro Labra respecto a cómo este proyecto de ley puede permitir una oportunidad real a estas empresas para acceder a recursos del Estado no solo para rebajar la tarifa del transporte, sino que también para mejorar la calidad del servicio en su conjunto.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, por su intermedio deseo expresar a la señora ministra que si bien este es un paso, un pequeño paso en materia de transporte público en el país, claramente no apunta a los problemas fundamentales que este tiene.

He escuchado con atención y sorpresa cómo los parlamentarios de la Región Metropolitana reclaman por la poca o mala calidad del servicio de transporte público en su región. O los parlamentarios de la Región Metropolitana no han ido a regiones o no conocen el transporte público en regiones, porque si lo conocieran en profundidad, podrían saber que ahí, primero, el pasaje es más caro; segundo, la calidad del servicio es peor, porque los buses que transportan a los pasajeros son antiguos, prácticamente de la Colonia; tercero, la frecuencia de los buses es superirregular: con suerte, a veces tienen un bus de ida en la mañana y otro de vuelta en la tarde, y no hay más locomoción. Para qué hablar del pasaje. Fíjese que en la Región Metropolitana la gente de la tercera edad tiene rebaja en el pasaje del metro. Eso en las regiones no existe. ¡Ya quisiera la gente de regiones tener siquiera la mitad de la calidad que tiene el servicio de transporte público de la Región Metropolitana!

Entonces, ministra, ¿qué quiero decirle? Si hay algo desigual, si hay algo injusto es justamente el transporte público en el país. Entonces, tengamos una mirada para cada realidad regional en materia de transporte público y no sigamos con que la gente de regiones siga pagando -no se puede decir de otra manerael costo para que quienes viven en la Región Metropolitana tengan un mejor transporte.

Permítame señalarle un ejemplo. ¿Cuántas veces los parlamentarios de regiones hemos dicho que se ocupen los ferrocarriles como transporte público, que se hagan inversiones en transporte público a través del ferrocarril? ¿Sabe qué nos dice la gente en regiones? Nos dice: “Fíjese que hay millones de dólares para invertir en el metro de Santiago, que va a beneficiar a un millón de personas, y resulta que en esta región vivimos la misma cantidad de personas, pero hay cero pesos para mejorar el transporte público a través de ferrocarriles.”. ¿No le parece injusto, ministra? ¿No le parece desigual? ¿No le parece que eso incentiva la rebeldía social en el país?

Fíjese que algunos parlamentarios de la Región del Maule venimos impulsando un sueño mínimo al lado de los tremendos sueños que se hacen realidad en Santiago: tener un metrotrén que una a tres regiones: la del Maule, la de Ñuble y la del Biobío. ¿Por qué aspiramos a aquello? Porque esas tres regiones son como una macrozona y están interrelacionadas de diversas maneras, tales como turísticas, estudiantiles, económicas. ¿Y qué respuesta hemos tenido hasta la fecha? ¡Ninguna! ¡Cero respuesta!

Fíjese que hay un solo tren que llega hasta Chillán , que prácticamente va una vez al día hacia el sur y después vuelve hacia el norte, que ni siquiera para en todas las estaciones, sino solo en Rancagua, San Fernando , Curicó , Talca, Linares y Chillán .

Fíjese que con lo que se invierte en una sola línea del metro se podría mejorar todo el transporte público en las regiones; sin embargo, se sigue invirtiendo en la Región Metropolitana. No digo que no sea justo. ¡No! Me parece bien que mejoren el transporte público. Pero, por favor, tengamos siquiera una mirada mínima en términos regionales. Qué cuesta distraer algunos recursos para mejorar el transporte público de las regiones con el fin de que puedan contar con un tren, tal como ocurría en el pasado, cuando este país era más pobre, cuando el ingreso per cápita era la décima parte del que tiene hoy día, y, sin embargo, teníamos un ferrocarril que unía Santiago y Puerto Montt. Hoy día, que, según algunos, somos un país más rico, que ya tenemos un ingreso per cápita de país que está bastante avanzado, resulta que tenemos un transporte público cuya calidad es cada vez peor, particularmente para las regiones.

Así, ministra, si acaso puedo pedirle algo, le pido que tenga una mirada regional para abordar el transporte público, porque es justamente en las regiones donde el servicio es más caro y malo. Para qué hablar de la realidad rural del transporte público -más de algún parlamentario ha tocado el punto-. El transporte público que une el sector rural con el sector urbano en las regiones ya no tiene nombre, es arcaico, con tarifas caras, con frecuencias nulas.

Entonces, si queremos hacer las cosas bien, este es un pasito, un paso muy pequeño para que el transporte público sea igualitario y justo en todo el país.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que permite a los profesionales de la educación poner término a su relación laboral sin perder la bonificación por retiro voluntario.

Diputado informante de la Comisión de Educación es el señor Diego Schalper .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 36ª de la presente legislatura, en jueves 6 de junio de 2019.

Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Educación, sesión 48ª de la presente legislatura, en jueves 4 de julio de 2019. Documentos de la Cuenta N° 3.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor SCHALPER (de pie).-

Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Educación paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley, iniciado en moción, que permite a los profesionales de la educación poner término a su relación laboral sin perder la bonificación por retiro voluntario.

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en posibilitar que los profesionales de la educación puedan poner término a su relación laboral sin perder la bonificación por retiro voluntario.

La moción que dio inicio al proyecto de ley señala, en primer lugar, que la ley Nº 20.976 estableció un bono de incentivo al retiro a los profesionales de la educación del sector municipal.

No obstante la existencia del bono, se han conocido variados casos de profesionales en una situación bastante compleja y, en muchos casos, dramática, que guarda relación con la imposibilidad de terminar la relación laboral sin perder el derecho a la bonificación de incentivo al retiro, lo que se debe a que, de acuerdo a la legislación vigente, el término de la relación laboral solo se produce una vez que el empleador pone la totalidad de la bonificación a disposición del profesional.

Lo anterior, sumado a la demora en los pagos a los beneficiados, ha significado que muchos docentes, que por razones de salud están incapacitados de seguir trabajando, se vean obligados a mantenerse en sus cargos para no perder el beneficio. Incluso en un caso, una docente falleció esperando el pago de su bonificación.

En tales casos, la solución consistió en permitir que los docentes que hayan sido beneficiados con un cupo para recibir esta bonificación puedan, por razones justificadas, solicitar el término de la relación laboral sin, por ello, perder su derecho a percibir el referido bono.

En el Senado, el proyecto fue conocido únicamente por la Comisión de Hacienda. En esta instancia se sometió a votación general y fue aprobado por unanimidad.

La indicación también fue aprobada por unanimidad.

Por otra parte, en la Sala del Senado el proyecto fue aprobado en general y en particular por unanimidad.

La Comisión de Educación discutió y votó la iniciativa en tabla de fácil de despacho, teniendo en consideración que se trataba de un proyecto de artículo único, aprobado por unanimidad en el Senado, tanto en la Comisión de Hacienda como en la Sala.

Surgieron algunas dudas respecto de la compatibilidad de esta iniciativa con el proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.070, que aprueba el estatuto de los profesionales de la educación en diversas materias de orden laboral -boletín Nº 11780-04-, recientemente aprobado por la Comisión y por la Sala de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, se aclaró que ambas iniciativas son perfectamente compatibles -de hecho, son complementarias y tienen por objeto perfeccionar la posibilidad de acceso al bono de retiro de los profesionales de la educación.

El proyecto se aprobó en los mismos términos en que lo hiciera el Senado. Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el número 7 del artículo 304 del Reglamento de la Corporación, la comisión deja constancia de que no se introdujeron enmiendas al texto propuesto por el Senado.

El proyecto no contempla normas de rango orgánico constitucional ni de quorum calificado.

De acuerdo con el artículo 226 del Reglamento, el artículo único del proyecto de ley debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.

Concurrieron a la aprobación del proyecto los diputados Jaime Bellolio , Sergio Bobadilla , Loreto Carvajal -en reemplazo de Cristina Girardi-, Rodrigo González , María José Hoffmann , Luis Pardo , Hugo Rey , Camila Rojas , Jaime Tohá -en reemplazo de Juan Santana -, Diego Schalper , Camila Vallejo , Mario Venegas y Gonzalo Winter .

Es todo cuento puedo informar.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos del Instituto Nacional de Estadísticas ejecutados entre los años 2014 y 2019, en relación con el cálculo de la variación del Índice de Precios al Consumidor.

De conformidad con los acuerdos de los Comités, se destinarán diez minutos para la rendición del informe y una hora para el debate, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.

Diputado informante de la comisión especial investigadora es el señor Jaime Naranjo .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora de actos del Instituto Nacional de Estadísticas, ocurridos entre los años 2014 y 2019, en relación con el cálculo de la variación del Índice de Precios al Consumidor (CEI 29), sesión 103ª de la presente legislatura, en miércoles 13 de noviembre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 13.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor NARANJO (de pie).-

Señora Presidenta, cumplo con rendir el informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos del Instituto Nacional de Estadísticas ejecutados entre los años 2014 y 2019, en relación con el cálculo de la variación del Índice de Precios al Consumidor, conocido como IPC.

Por oficio Nº 14750, de 28 de mayo del presente año, se constituyó esta comisión, que tuvo como finalidad fiscalizar los actos del gobierno y, particularmente, del Instituto Nacional de Estadísticas, ejecutados entre los años 2014 y 2019, en especial en relación con la eventual manipulación en el cálculo de la variación del IPC y los posibles efectos que dicha irregularidad pueda tener en las remuneraciones, pensiones alimenticias, rentas de arrendamiento, intereses de productos bancarios, planes de isapre y todo otro bien o servicio que se calcule en base a su variación o de la unidad de fomento.

Dicha fiscalización indagó las razones por las cuales se produjo esta eventual irregularidad en las actuaciones de los funcionarios respectivos que participaron en la toma de decisiones que llevó a la eventual manipulación, y las decisiones previas y posteriores de las autoridades del INE y del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo respecto de estos hechos.

Para lo anterior, la Comisión reunió el testimonio y los antecedentes de los ministerios y servicios públicos competentes, expertos y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de elaborar propuestas que permitan reorganizar el Instituto Nacional de Estadísticas como un ente autónomo del Estado.

Cabe señalar que la asistencia y las intervenciones de las autoridades de gobierno y los diputados se encuentran en el informe y en las actas respectivas publicadas en la página web de la Cámara de Diputados, por lo que omitiré hacer referencia a ellas.

Respecto de las conclusiones y recomendaciones, la comisión llegó a lo siguiente:

1. Los hechos informados y denunciados por el señor director del Instituto Nacional de Estadísticas aparecen como graves, en tanto afectan la credibilidad y seriedad de la entidad frente al mercado y a la sociedad, en materia de indicadores económicos de alto impacto en la vida cotidiana de las personas.

Sin embargo, la gravedad asignada a los hechos se encuentra directamente relacionada con la veracidad de estos o con la interpretación que se les asignen.

Al respecto, es necesario advertir que no ha sido completamente dilucidado que las supuestas manipulaciones hayan afectado el cálculo del IPC durante los meses cuestionados, en tanto diversos expertos han observado que la imputación estadística forma parte de las labores comprendidas en el proceso de determinación del indicador.

Por lo anterior, antes que manipulación de los datos, las conductas impugnadas por el director del instituto habrían sido parte de una etapa habitual del trabajo estadístico, avalada y regulada rigurosamente por las normas internacionales de general aceptación.

Como resultado de lo anterior, cabe estimar que las declaraciones y actuaciones de la dirección superior del instituto, que acusaron irregularidades, incoaron investigaciones e interpusieron denuncias, aparecen como insuficientemente fundadas e incluso precipitadas.

La evidencia recogida por esta comisión permite concluir que la dirección del instituto adoleció de falta de suficiente prudencia para ponderar los hechos observados por la unidad de auditoría interna, investigarlos y analizarlos detenidamente, y solo entonces, en caso de mantenerse alguna sospecha de irregularidad o manipulación, haber recurrido a instancias investigativas externas, junto con informar a la opinión pública de la situación detectada.

2. Debido a que el sumario interno instruido por la autoridad de la institución como la investigación efectuada por el Ministerio Público se encuentran aún en desarrollo y sujetas a la reserva respectiva, no se dispone a esta fecha de la versión definitiva de los hechos ni de las conclusiones de la investigación, condición que ha restringido el alcance de nuestra investigación y el acceso a información clave.

3. Es necesario empoderar al Instituto Nacional de Estadísticas, concediéndole mayor independencia del poder político y una gestión autónoma de sus recursos y prioridades. Como una entidad de carácter predominantemente técnico, el INE no debe estar sujeto a los intereses particulares de un sector político ni a los altibajos de la contingencia, pues debe concentrar sus esfuerzos en cumplir con precisión, oportunidad y veracidad los objetivos que la ley le asigna y la sociedad le exige.

4. Las consecuencias en el ámbito económico de haber efectuado el anuncio de desviaciones en el cálculo del IPC no pudieron ser determinadas con precisión por la comisión. De acuerdo con la opinión del Banco Central, el impacto acotado de las eventuales diferencias detectadas se evidenciaría en que esa entidad no alteró en ningún ámbito sus evaluaciones, ni tampoco se ha conocido de otras entidades que redefinieran sus decisiones.

En los hechos, ninguno de los invitados se atrevió a estimar los efectos concretos en la economía de esta eventual manipulación ni a identificar a los posibles ganadores y perdedores de la operación.

Otros invitados a la comisión consideraron que el impacto de mayor relevancia del problema en investigación se relaciona con la merma en la credibilidad técnica del INE, debilidad que se adiciona a los cuestionamientos que sufrió hace algunos años con motivo del fallido censo poblacional.

5. No se acreditó alguna relación entre una eventual manipulación de los datos que determinan el cálculo del IPC y la utilización de información privilegiada por parte de algún actor del mercado. Más aun, algunos expertos sostuvieron que la manipulación intencional de datos debería ser mucho mayor para provocar un efecto relevante en el cálculo final del IPC. Sin embargo, llama la atención a esta comisión, por no ser habitual, el alto número de modificaciones o adecuaciones realizadas en el último momento del proceso de determinación del IPC, referido a agosto de 2018, con la apertura de 626 registros de precios.

6. Una opinión transversalmente escuchada durante las sesiones fue la necesidad de investigar los hechos denunciados y determinar su veracidad, pues existe coincidencia en que se trataría de una situación grave para la confianza y respetabilidad de nuestra institucionalidad estadística.

Asimismo, y cualquiera que sea el resultado de cada una de las investigaciones que se desarrolla en la actualidad, se espera de la autoridad pertinente una adopción de decisiones que garantice que hechos similares no se reiteren en el futuro.

Las recomendaciones de la comisión fueron las siguientes:

1. Institucionalidad del INE: con el objetivo de fortalecer la institucionalidad del INE y concederle mayor autonomía en su operación, resulta imperativo acelerar la tramitación del proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional (boletín Nº 10.372-03), que se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado.

2. Gestión del INE: la gestión superior del INE debe recaer en profesionales altamente calificados, seleccionados mediante el sistema de Alta Dirección Pública.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor BERGER.-

Señora Presidenta, coincido plenamente con el informe emanado de la comisión investigadora, de la cual fui parte.

Después de meses de trabajo, todos llegamos a una visión similar, cual es que en esta materia el Congreso Nacional poco o nada puede aportar desde su labor fiscalizadora, mientras no se resuelvan las investigaciones que se llevan adelante en el Ministerio Público, en orden a precisar si existió intención de defraudar, si se trató de un error o si las acciones respecto del cálculo del IPC y sus correcciones forman parte del sistema normal y habitual de trabajo del Instituto Nacional de Estadísticas respecto de este factor económico.

No obstante, ha quedado de manifiesto un tema muy por encima de la coyuntura generada con el cálculo del IPC, que se refiere a la urgencia de dar curso a los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso Nacional en la línea de fortalecer la institucionalidad y de robustecer su gestión, apuntando a mejorar la profesionalización, la alta calificación de sus integrantes y la autonomía técnica de que debe gozar, con prudencia en el empleo de criterios político partidarios o de los gobiernos de turno.

Es todo cuanto se puede aportar por ahora. Sacar otro tipo de conclusiones por parte de esta Cámara sería irresponsable y poco prudente, a la luz de los pocos antecedentes técnicos existentes, más aún cuando se mantienen investigaciones judiciales en curso.

Por lo expuesto, me declaro a favor de aprobar este informe, tal como lo hicimos en la Comisión Especial Investigadora.

He dicho.