Labor Parlamentaria

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde tratar las modificaciones incorporadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 21.131, que Establece Pago a Treinta Días, para permitir que los contribuyentes del sector agropecuario y de la pesca artesanal emitan guías de despacho en soporte de papel.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado. Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de sesiones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En discusión las modificaciones del Senado.

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero recordar a los colegas que en octubre aprobamos un proyecto de ley, que nació en la Comisión de Economía, que decía: “Agréganse, a continuación de la expresión “en papel.”, las siguientes oraciones: “En el caso del sector agropecuario y la pesca artesanal las guías de despacho se podrán emitir, a elección del contribuyente, como documento electrónico o en papel. Los contribuyentes que sólo emitan documentos en papel podrán emitir guías de despacho que no importen ventas por este mismo medio.”.”.

Eso fue lo que aprobamos, estimados diputados -para que se acuerden-, en esta Cámara por amplia mayoría. Pero el proyecto se fue al Senado y, como muchas veces pasa, en esa cámara casi lo hicieron de nuevo. El proyecto ahora quedó con dos artículos. Definitivamente, estoy de acuerdo con que se aplace la entrada en vigencia de la obligatoriedad del uso de guía electrónica para la agricultura. Esta es una actividad que se desarrolla en sectores rurales, donde no necesariamente hay internet. La ruralidad no es solo aquel sector que está a orilla de la carretera o en zonas llanas. Por eso, el proceso para los agricultores implica una complejidad adicional.

Sin embargo, creo que hay algunos puntos del artículo 2°, del cual pedí votación separada, que son impracticables, porque los agricultores venden organismos vivos: animales, plantas, granos, tubérculos, frutas y hortalizas, que modifican su peso y su calidad durante el transporte.

Además, la transacción se hace según la recepción del destinatario del producto, o sea, de la agroindustria. Es decir, es el comprador quien pone las condiciones. Por ende, la transacción se regirá según los parámetros definidos por el comprador -molinos, ferias de animales, ferias de abasto, etcétera al momento de recibir la carga. En el caso de la fruta, se hará según la recepción en el país de destino; es decir, las manzanas se pagarán según la recepción en Filadelfia o en China.

En el caso de los animales, es muy distinto enviar un novillo a Santiago o a Antofagasta, o trasladarlo desde Punta Arenas a Osorno, porque el transporte puede ser hecho en barco o por tierra, vía Argentina. ¿A qué voy con esto? A que el Servicio de Impuestos Internos tendrá que establecer márgenes a permitidos especiales prácticamente para cada ciudad del país. Es decir, se van a modificar los márgenes permitidos.

En el caso de los granos, cuando un agricultor los despacha, puede suponer con mediana estimación los kilos que transporta, pero es imposible suponer siquiera su calidad. Es común que entre las distintas categorías del trigo que un molino compra existan 2.000 pesos de diferencia. Solo por ese concepto hablamos de más del 10 por ciento de diferencia.

En caso de que el trigo fuera rechazado por el molino, por ejemplo, por ser trigo nacido -que es una actividad fisiológica imperceptible al ojo humano-, ese producto ya no servirá como trigo, sino solo para alimentación animal, con lo cual su precio bajará –escuchen al 50 por ciento del valor esperado por el agricultor.

En el caso del avellano europeo, el agricultor despachará 25.000 kilos de avellanas comunes, que se liquidarán con una factura por 8.000 kilos de avellanas descascaradas y secas; es decir, los kilos vendidos representan el 30 por ciento de lo despachado.

¡Impracticable, entonces! Y apenas he mencionado tres ejemplos. Ahora, ¿cuántos productos existen en la agricultura? ¿Diez mil? ¿Quince mil? No lo sé. Solo sé que esta tabla de márgenes será un dolor de cabeza permanente, aumentará innecesariamente la burocracia, provocará que miles de agricultores estén haciendo filas para explicar la veracidad de la guía de despacho, y generará muchos falsos positivos, como dice Roberto Heise , agricultor de la zona y presidente de la SOFO, es decir, contribuyentes que estarán explicando lo que han hecho bien, mientras que los pillos seguirán operando libremente. Solo agregará burocracia a los que cumplen.

Por otro lado, creo que generará una peligrosa zona de margen permitido en el que se moverán los que desean hacer malas prácticas. Por ningún lado se le ve algo positivo a esta tabla, que está en el segundo punto de las modificaciones hechas por los senadores.

Hay que recordar que los agricultores liquidan contra recepción en la agroindustria. Si la agroindustria está iluminada, es ahí donde debemos mover la puntería, es decir, si está iluminado o no el sector al que debe moverse la carga, a fin de evitar las malas prácticas. Siempre todo llega a la industria. Es más, muchas veces he escuchado que la industria forestal compra los mismos palos que a ella le roban.

Pregunto: ¿cómo vamos a hacer esta práctica? Lo que salió de la Cámara de Diputados fue un proyecto y lo que llegó del Senado es uno distinto.

Pedí votación separada, porque estoy completamente de acuerdo con el primer punto, en el sentido de postergar seis meses la entrada en vigencia para los agricultores y para la pesca artesanal, pero no estoy de acuerdo con la segunda parte, respecto de la tabla de márgenes, que será muy discrecional para la agricultura y para la pesca artesanal.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, creo que las modificaciones del Senado, sin lugar a dudas, desnaturalizaron el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados.

Quiero recordar que el proyecto de ley fue iniciado en moción de los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , José Miguel Castro, Iván Flores , Camila Flores , Javier Hernández , Harry Jürgensen e Ignacio Urrutia , entre otros.

A raíz de las complejidades generadas por la modificación de la ley N° 21.131, avanzamos en el establecimiento del pago a treinta días; pero, por otro lado, se introdujo una disposición para que las guías de despacho fueran emitidas en formato electrónico, al igual que otros documentos. Se establecieron algunas excepciones, pero estas quedaron en manos del Servicio de Impuestos Internos.

La Cámara de Diputados aprobó la inclusión del sector agropecuario y del sector de la pesca artesanal dentro de los contribuyentes beneficiados. Nos preocupan las modificaciones del Senado, porque prácticamente eliminan el sentido original de este proyecto de ley.

Por lo tanto, con excepción de la prórroga en seis meses de la entrada en vigencia de la guía de despacho electrónica, consideramos que la iniciativa debe ser rechazada y enviada a comisión mixta, para que pueda ser despachada antes del 16 o 17 de enero.

Consideramos que las enmiendas introducidas por el Senado no abordan los problemas de fondo que afectan a muchas regiones, en las que un gran número de localidades no cuentan con servicio de internet. Por ejemplo, en la Región de Atacama, que es muy extensa desde el punto de vista geográfico, hay decenas de caletas y múltiples pueblos en sus valles, como el caso de Copiapó y del río Huasco, en donde hay pequeños agricultores, pequeños pescadores, artesanos y crianceros.

Se trata de pequeños empresarios que realizan una actividad económica muy importante, pero que tienen el problema de no contar con conexión a internet y de ser analfabetos digitales.

¿Qué vamos a hacer con ellos? Si continuamos aislándolos terminaremos por impedir que puedan desarrollar su actividad económica. ¿Es eso lo que queremos? En esas condiciones, ¿cómo vamos a obligarlos a que emitan guías de despacho digitales? Yo entiendo que es deseable que así sea, pero el Estado tiene que dar garantías a todos.

Hace veinte, treinta o cuarenta años no se garantizaba la educación; la educación básica era obligatoria, pero la educación media se estableció como garantía hace aproximadamente veinte años. Muchas personas que hoy tienen sesenta, setenta u ochenta años de edad no tuvieron acceso a la educación, pero no por falta de voluntad, sino porque el Estado era muy precario y discriminatorio en ese aspecto.

Entonces, no estoy dispuesto a dejar fuera de la economía -prácticamente eso es lo que se hace a través de este proyecto de ley a importantes sectores de nuestro país que están aislados y que tienen dificultades para hacer una guía de despacho electrónica, ya sea porque no tienen energía eléctrica o porque no son alfabetos digitales.

El Estado debe preocuparse de ese aspecto, porque es su obligación llegar a todos los sectores; tiene que crear las condiciones sociales y económicas para que todos y cada uno de sus integrantes puedan desarrollar las actividades económicas que les permiten sustentar a sus familias.

La solución que se propone es que sean los pequeños empresarios, por ejemplo, de localidades de la Región de Atacama, como Carrizal Bajo, Carrizalillo , Conay y Los Loros, los que tengan que concurrir al Servicio de Impuestos Internos para demostrar que se encuentran en una zona que no está conectada con internet o que carece de energía eléctrica, sin perjuicio de que además pueden ser analfabetos digitales. Entonces, ¿por qué tenemos que cambiar las reglas a esas personas? ¿Acaso no son chilenos y chilenas igual que nosotros?

Por lo tanto, me parece que esta iniciativa no apunta en el sentido correcto. Seguramente se le facilitarán las cosas al Servicio de Impuestos Internos, ¿pero a costa de quién? A costa de los pequeños empresarios, de gente de esfuerzo. Estamos pensando en los pequeños empresarios, porque en este país siempre se arregla y facilita todo para los grandes empresarios.

Lo señalado también es parte de la protesta social. Los sectores rurales muchas veces están hasta la coronilla con el Estado, con el sistema político, económico y social vigente. Por eso, en esas localidades también han protestado.

La materia que estamos debatiendo forma parte de aquellas cosas que, de alguna manera, alejan y complican la vida de sus habitantes.

Por las razones señaladas, anuncio que estoy por rechazar este proyecto de ley y por aprobar lo que originalmente se acogió en la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para que haya un Estado que dé un trato justo e igualitario a todos los chilenos y chilenas, no solo a los urbanos y alfabetos, sino también a los rurales, a los analfabetos, esto es, a todos por igual. No les cambiemos las reglas.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Dado que tenemos reunión de Comités, daré ahora la palabra a la diputada Alejandra Sepúlveda .

Tiene la palabra, su señoría.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, deseo a todos los presentes un muy buen año, y en forma especial a usted, como también, por su intermedio, al ministro. Espero que el personero tenga un muy buen año, además en un ministerio que tiene altas complejidades, pero que es muy importante para el país.

Ministro, usted ha escuchado por lo menos a dos parlamentarios -yo soy la tercera que no están de acuerdo con las modificaciones del Senado. Asimismo, creo que la mayoría de los parlamentarios en esta Sala vamos a estar en sintonía respecto de lo siguiente: que las modificaciones del Senado fueron absolutamente contradictorias con el espíritu de los mocionantes, a quienes, además, quiero felicitar, porque creo que su propuesta fue muy pertinente, precisamente al alero de la discusión en su minuto sobre el proyecto que establece pago a treinta días.

Por tanto, le solicito que apoye el que votemos en contra las enmiendas para que vayamos a comisión mixta, porque creo que lo que hizo el Senado es no entender lo que hoy día ocurre en los sectores rurales, es no entender lo que le pasa a la pequeña agricultura.

Ministro, no se trata solo de un problema de internet. Ese de un concepto absolutamente urbano, porque lo único que dice es: “Donde no hay cobertura, tenemos que hacer esta excepción”. Y supongo que esta excepción la hará el Servicio de Impuestos Internos con la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Se lo pregunto, ministro.

Pero aquí hay un problema cultural. Además, los pequeños agricultores tienen en promedio sobre 50 años de edad -comparto lo que planteó el diputado Mulet y no tienen la posibilidad -también lo digo por mí de incorporar estas nuevas tecnologías a un tema tan delicado, que tiene que ver no solo con la factura, pues la factura ha sido algo super complejo y super difícil para los agricultores, sino también con la clave, porque muchos deben entregarla. ¿Y saben quién tiene hoy el poder en esta situación? Los contadores, a quienes los pequeños agricultores entregan su clave.

Entonces, decir “sumemos también la guía de despacho electrónica” es doblemente complejo, porque se supone que eso es mucho más rutinario.

Yo creo que esto es un error, porque será bajo las condiciones de precariedad de comunicación, pero, además, de un analfabetismo digital, que lo tenemos muchos de quienes tenemos sobre 50 años de edad.

Entonces, ¿por qué no se hace optativo -lo hemos dicho aquí para los que crean que esto es más fácil o para que la gente se vaya incorporando paulatinamente?

Además, ministro, ¿usted sabe cuál es la cobertura del Sence en capacitación para la pequeña agricultura? Para el pequeño empresario urbano, es de 1,5 por ciento, y cero por ciento para el rural. Entonces, ¿cómo aprende el pequeño empresario? ¿Cómo lo hace para aprender?

(La diputada señora Alejandra Sepúlveda exhibe su celular)

¿Usted cree que los pequeños agricultores tienen un celular como este para poder emitir su guía de despacho electrónica? ¡No es así! Entonces, esta falta de realismo, esta falta de pies puestos en la tierra, esta falta de sensibilidad hacia sectores que son distintos, este urbanismo excesivo que tenemos en cada una de nuestras leyes es lo que nos tiene como estamos: aislados del mundo rural.

Ministro, ¿usted conoce los niveles de precariedad y pobreza que tenemos en los sectores rurales, a diferencia de los urbanos? Tenemos 30 por ciento más de pobreza y de complicaciones en los sectores rurales.

Por eso, invito a todos los que están en la Sala y que me están escuchando a que votemos en contra de todas las modificaciones que hizo el Senado al proyecto. Y el lunes deberíamos estar trabajando en la comisión mixta, solo con una intención: tener esta ley a dos años más, pero siempre con la posibilidad de que la persona pueda elegir y, si fuera factible, ir midiendo cómo se está dando este traspaso de tecnología y de metodología hacia la pequeña agricultura.

Lo segundo es que hay que agregar al sector forestal, a la pequeña agricultura forestal. No sé si está pensado así por los senadores. Pero -¡ojo! no se nos vayan a subir por el chorro los grandes empresarios forestales, porque ahí sí que estaremos en el peor de los mundos. O sea, todo esto está pensado solo para la pequeña agricultura, para los pequeños productores forestales, para la pequeña agricultura familiar campesina.

Ministro, espero que cuando escuche la mayoría de las intervenciones hoy en la Sala pueda llegar a la convicción de que esta Cámara de Diputados está en terreno, de que sabe lo que pasa en la pequeña agricultura, de que no somos de teoría y de que no estamos votando sin entender las distintas sensibilidades de los sectores rurales.

Espero que todos o la mayoría de nosotros votemos en contra de este proyecto de ley. Por último, vuelvo a felicitar a los mocionantes. Espero que el espíritu que ellos tienen se…

-Aplausos.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, probablemente el ministro se va a cansar de escuchar a uno y a otro parlamentario y parlamentaria decir que no está de acuerdo con las modificaciones introducidas por el Senado, pero no es ninguna sorpresa lo que estamos viendo, pues en varias ocasiones las ideas matrices de los proyectos o iniciativas que plantea la Cámara de Diputados son modificadas posteriormente por el Senado, y muchas veces, lamentablemente, para peor, no para mejor.

En esta ocasión, señor ministro, creo que una vez más nos encontramos en esa situación. Pareciera ser que el diagnóstico de los senadores es muy distinto al que tenemos los diputados. Una vez más se pretende mirar al país como si fuera homogéneo, como que la modernidad hubiera llegado a todos los sectores del país, no obstante que eso no es así.

Más aún, aunque usted nos señale que el Servicio de Impuestos Internos determinará las zonas que puedan estar liberadas de esta situación, puede ocurrir que en una que se califique como conectada haya personas que sean analfabetas digitales. ¿Qué va a pasar en esas circunstancias? Quizá usted me diga que podrán concurrir a dicho servicio para solicitar la modificación, pero lo más importante es que cuando hay gente marginada del acceso a internet y a la modernidad, nosotros, en vez de imponerles cosas, debemos adaptarnos a su realidad, y no para que vulneren la ley o no paguen impuestos, sino para facilitarles las cosas y que, dentro de la precariedad en que viven, puedan normalizar su situación y no transformarse en personas que actúan al margen de la ley. Porque con estas modificaciones los estamos llevando a que actúen en sentido contrario, y creo que esa no es la finalidad de esta iniciativa.

Por eso, cuando discutimos el proyecto en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y después en la Sala, éramos partidarios de eliminar de ese trámite a los pequeños artesanos de la pesca y a los pequeños productores silvoagropecuarios del sector rural.

Tal como hoy se encuentra el proyecto, nuevamente caeremos en una situación que los dejará en un cuadro muy incómodo. Para qué vamos a estar postergando algo que lo más probable es que después tengamos que modificar nuevamente porque la realidad nos vuelva a golpear en la cara.

Pido al ministro que entienda que nada de lo que planteamos puede entorpecer al Servicio de Impuestos Internos. De hecho, actualmente dicho servicio tiene la facultad de operar con aquellos que tienen guías de despacho en papel y no están acogidos al sistema electrónico de internet.

Por lo tanto, si ya tiene esa facultad, por qué no la dejamos “clarita” para quienes no puedan acceder a la modernidad. Si dicha institución ya tiene esa facultad, dejémosla abierta y no presionada a que el día de mañana vaya a dividir el territorio en zonas donde tengan acceso a internet y las que no lo tengan.

Reitero que la mayor cantidad de analfabetos digitales están localizados en el sector rural, a quienes no solo debemos ayudarlos a que se integren como alfabetos digitales, sino también facilitarles las cosas para que no caigan en una situación difícil. Ya es incómodo para ellos acudir al Servicio de Impuestos Internos, porque sabemos cómo algunos funcionarios públicos atienden al público cuando va a consultar. Uno queda prácticamente peor que antes de ir a hacer la consulta.

Entonces, ustedes pueden apreciar que hay una mirada transversalmente compartida entre quienes somos diputados de zona rurales, porque conocemos muy de cerca esa realidad.

En razón de lo expuesto, reitero que lo más sano para resolver el problema y no dar una solución parche es que vayamos a comisión mixta, dentro del plazo que aún nos queda. Dicha comisión podría ser citada para el próximo lunes, a fin de resolver bien el problema y no dejarlo en una situación de suspenso o inquietud, que ya la tiene.

Probablemente a muchos de los parlamentarios que han intervenido en el debate se les ha acercado gente del sector rural para conversarles sobre esta situación. En mi caso, he escuchado muchas inquietudes de pequeños productores que, a pesar de tener la facilidad de acceso a internet, no saben cómo acceder a las plataformas. Incluso, nos dicen que por favor modifiquemos tal cosa, porque, de lo contrario, los pondrán en una situación tremendamente difícil y angustiante. Si ya tienen un problema, no les agreguemos uno más. Debemos ver bien cuál es la realidad y legislar conforme a ella.

Tengo la impresión de que, un vez más, el Senado se ha equivocado al hacer las modificaciones que nos propone, porque cambió totalmente el espíritu de lo que conversamos en la Comisión de Economía sobre esta propuesta legislativa.

En razón de las consideraciones expuestas, reitero nuevamente que rechazaremos las modificaciones propuestas por el Senado.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia .

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Economía, a quien expreso mi deseo de que tenga un muy buen año. Para ello, partamos con el pie derecho y modifiquemos las propuestas del Senado, como han pedido quienes me precedieron en el uso de la palabra.

En verdad, era muy sencillo el proyecto que salió de la Cámara de Diputados. Se trata de una iniciativa del diputado Harry Jürgensen , quien tuvo la amabilidad de invitarnos a varios diputados a suscribir la moción. Decía algo tan sencillo como que, en el caso del sector agropecuario, las guías de despacho se podrán emitir, a elección del contribuyente, como documento electrónico o en papel.

Se daban ambas alternativas. Era algo tremendamente sencillo. No había para qué enredarlo en materia alguna, pero quedó bastante confuso y complejo. Algo tan simple como dar una alternativa a los agricultores en esta materia se complejizó demasiado.

Ahora bien, si se quería agregar al sector de la pesca artesanal, era tan fácil como señalarlo y otorgarle exactamente la misma alternativa. ¿Para qué meterle una cuña -eso fue lo que hicieron que enreda y complica sobremanera el tema?

Como se ha dicho -no lo voy a repetir-, las dificultades que tienen muchos agricultores y campesinos del sector rural no solo se debe a la falta de acceso a internet, sino también, y principalmente, a no saber emitir una factura electrónica.

Además, lo que agrega el Senado al final del proyecto, el tema del precio, es muy complicado. Hoy, cuando un agricultor gira una guía, pone un precio aproximado, que normalmente no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, porque el precio final es muy distinto al que puso inicialmente. El precio se pone un poco al lote, porque es imposible saber cómo se va a finiquitar la operación en caso de que, por ejemplo, se lleven animales a una feria.

En cuanto a los ejemplos dados por el diputado Miguel Mellado respecto del trigo, es muy difícil saber a qué precio se liquidará esa carga. Por lo tanto, es muy complicado poner un precio; no es un asunto fácil.

Por eso, haría un esfuerzo ahora para solucionar este problema. No creo que sea buena la alternativa del reglamento. En general, hay un poco de desconfianza con los reglamentos -se lo digo de frentón-, sobre todo en el sector agrícola. No es con usted, señor ministro, sino con los reglamentos, porque estos no son hechos por usted, sino por los asesores. Hay una cierta desconfianza allí. Por lo menos en el sector agrícola hemos visto que se hacen reglamentos, pero estos no quedan realmente como deberían quedar.

Todavía tenemos plazo. Este proyecto está calificado con discusión inmediata; por lo tanto, hay que mantenerla, y lo enviamos a comisión mixta, que perfectamente puede ocurrir la próxima semana, como dijo el diputado Naranjo , para que antes del 17 de enero se pueda promulgar la ley, después de haber sido despachada desde el Congreso Nacional.

Hagamos bien las cosas desde aquí. No cometamos el error de enviar un proyecto mal hecho y que después quedará al arbitrio de un reglamento que nadie sabe si será el adecuado y ayudará, sobre todo a la pequeña agricultura.

Al menos como diputado del Partido Republicano, estoy por rechazar algunas modificaciones del Senado.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a todos los colegas diputados y diputadas y al ministro de Economía, a quienes les deseo un feliz año 2020.

Este proyecto tiene su origen en una moción de varios diputados integrantes de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, como Harry Jürgensen , Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, José Miguel Castro , Camila Flores, Iván Flores , Javier Hernández , Frank Sauerbaum , Ignacio Urrutia y Cristóbal Urruticoechea .

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Cámara a comienzos de octubre pasado. Luego el Senado introdujo varias modificaciones que complementan el texto aprobado, aunque incorporó una modificación en el articulado transitorio que afecta los derechos de los productores a quienes va dirigido el proyecto.

El objetivo original era modificar la ley Nº 21.131, que Establece Pago a Treinta Días, con el propósito de permitir a los contribuyentes del sector agropecuario y de la pesca artesanal decidir por sí solos entre emitir guías de despacho en papel o de forma electrónica.

Reitero: esa era la idea original del proyecto.

La citada ley se publicó en enero del año pasado y entraría en pleno vigor a partir de este 16 de enero. Sin embargo, el Senado determinó que, en el caso del sector agropecuario y de la pesca artesanal, ello ocurriría a partir del décimo octavo mes de la publicación en el Diario Oficial de la ley, esto es, el mes de julio de este año, por lo que la posibilidad de elegir entre un formato y otro queda suspendida hasta dicho mes.

Esta norma se hizo necesaria cuando, de manera inadvertida, se estableció que las guías de despacho solo podrían entregarse en formato electrónico, lo que perjudica de manera significativa al sector agropecuario, que no siempre tiene acceso a la tecnología.

Efectivamente, los diputados que representamos zonas agrícolas o silvoagropecuarias sabemos que hay muchas localidades que no tienen conectividad. Ese es un tremendo desafío para el país: lograr la conectividad de internet en todos los sectores. Ese es el ideal, pero lograrlo en seis meses es un plazo absolutamente utópico. Necesitamos mucho más tiempo para lograr la conectividad de todos los sectores del país, lo cual sería casi un sinónimo de un mayor desarrollo del país. Hoy eso no es posible.

En la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, de la cual soy su presidente, discutimos que hay que volver a la idea original del proyecto, como sugirieron los diputados patrocinadores de la moción, esto es, que exista la opción de que el agricultor emita la guía de despacho en formato papel o en forma digital. La idea es dejar abierta la posibilidad, no como lo ha propuesto el Senado.

La mejor solución, como lo planteó el diputado Naranjo , es discutir el proyecto en comisión mixta para volver a la idea original.

Rechazaré las modificaciones del Senado para poder, en un breve plazo, corregir la ley en proyecto, que entrará en vigencia en algunos días más, el 16 o 17 de enero.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señor Presidente, saludo al ministro de Economía, Fomento y Turismo.

En Ñuble, según la encuesta Casen 2017, tenemos 24,6 por ciento de pobreza multidimensional, cuyos factores de medición son, entre otros, el nivel de escolaridad, la seguridad social y la habitabilidad. La pobreza en los sectores rurales se vive de forma distinta a la de las ciudades.

La pobreza en los sectores rurales se vive sin agua potable, sin acceso a caminos, sin posibilidades de tener centros médicos o educacionales cercanos, pero, a diferencia de las grandes ciudades, la gente sale al patio de su casa y puede comer una papa con un tomate. La gente tiene con qué alimentarse, pero no cuenta con los servicios básicos.

Este proyecto tiene relación con la calidad de vida que tienen quienes viven en sectores rurales; porque ahí la mayoría no tiene acceso a internet. La realidad que vivimos en el campo es que la mayoría son personas mayores, pues cada vez menos jóvenes viven en los campos.

El hecho de forzar a los agricultores a tener acceso a internet y hacer los trámites a través de esta vía me parece un despropósito.

La iniciativa que nosotros presentamos -varios de sus autores somos miembros de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural tenía como objetivo, en primer lugar, modificar el artículo 54 de la ley del IVA, referente a la obligación de emitir documentos tributarios en formato electrónico o de papel. Agregamos como excepción a la obligación de emitir guías de despacho electrónicas a los contribuyentes del sector agropecuario.

El proyecto se basaba fundamentalmente en que no es suficiente la excepción que contempla la ley, esto es, contribuyentes ubicados en sectores geográficos sin cobertura de datos móviles o fijos, en zonas declaradas en estado de catástrofe o sin energía eléctrica, quienes no están obligados a emitir documentos tributarios electrónicos. El acceso intermitente a datos móviles que tenemos en la Región de Ñuble y en otros sectores rurales, causado por efectos climáticos, no exceptúa de la obligación de emitir documentos electrónicos.

De implementarse la ley como está actualmente el proyecto, se fomenta la informalidad, y eso lleva a menores ingresos tributarios, y, además, compromete, por ejemplo, la trazabilidad del ganado.

En resumen, desde mi punto de vista, el proyecto fue modificado de manera negativa en el Senado. En ese sentido, pido al ministro no transformar esta norma en un “medidores dos”. No volvamos a cometer ese error.

Aquí influenció gente que no conoce la realidad del mundo rural, por lo que cambió el espíritu original del proyecto, que establecía la posibilidad de emitir documentos en papel para el sector agropecuario y de la pesca artesanal. Ahora simplemente se retrasa la implementación de la guía de despacho electrónica por 18 meses para ambos sectores.

Se modificó un artículo de la llamada ley del IVA, el decreto ley N° 825, del Ministerio de Hacienda, con las excepciones a la obligación de emitir documentos electrónicos tributarios. Sin embargo, la corrección propuesta sigue sin considerar el caso de intermitencia de datos móviles. Se agrega un inciso nuevo en la ley del IVA, que incluye normas sobre diferencias de peso y precio en guías de despacho y facturas; se faculta al Servicio de Impuestos Internos para emitir circulares que lo normen.

La verdad es que vemos que se complejizó el proyecto que habíamos presentado. Hoy existen tres ministerios involucrados en la redacción de un nuevo reglamento y vemos un aumento de la burocracia. Por eso, queremos proponer algo bastante más simple: ¿Por qué no tener un registro de estos pequeños agricultores? ¿Por qué no permitir que se inscriban en el Servicio de Impuestos Internos para seguir haciendo sus guías de despacho en papel, dadas todas las condiciones que he expresado?

Hoy en día cuesta mucho implementar un sistema electrónico en los sectores rurales, no solo por la falta de internet, sino porque no todos tienen el conocimiento para poder llevarlo a cabo. Vale la pena recordar que la mayoría de nuestros pequeños agricultores son gente mayor, lo que complejiza el aprendizaje de esta norma.

Vamos a votar en contra las modificaciones del Senado para que el proyecto vaya a comisión mixta, de manera de devolver a su espíritu inicial, que es permitir a los contribuyentes del sector agropecuario seguir adelante con las guías de despacho en soporte de papel, como lo han solicitado ellos mismos.

El viernes estuvimos los diputados de Ñuble en una entrega de beneficios de Indap. En la oportunidad, ese fue uno de los requerimientos que ellos mismos nos hicieron. Están tremendamente preocupados por la forma como trasladar sus productos desde los distintos sectores agrícolas, muchas veces apartados, a los centros de las ciudades, por ejemplo, al centro de Chillán. Les preocupa hacer las ventas sin que esta medida los perjudique; consideran innecesaria la emisión de facturas y guías de despacho electrónicas, porque sienten que eso les dificulta el negocio y finalmente termina solo aumentando la burocracia.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández .

El señor HERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, en primer lugar saludo al señor ministro.

El proyecto, en general, tiene bondades. Actualmente, las guías de despacho pueden ser emitidas a elección del contribuyente en formato electrónico o en papel. Sin embargo, la ley de pago a treinta días incorporó una modificación a la normativa vigente, estableciendo que las guías de despacho consistirán exclusivamente en documentos electrónicos.

Preocupados por los problemas que podrían derivar de esta obligación y afectar a los sectores agropecuario y de la pesca artesanal, un grupo de parlamentarios presentamos el proyecto en discusión, el que en su texto original, aprobado por la Cámara, otorgaba al sector agropecuario y de la pesca artesanal la posibilidad de emitir las guías de despacho en formato electrónico o en papel, esto, principalmente, porque la conectividad de dichos sectores puede ser intermitente debido a distintas variables.

Tengo entendido que el Senado introdujo una indicación propuesta por el Ejecutivo en conversación, me imagino, con los integrantes del Senado -creo que también se informó a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados-, la que, finalmente, se aprobó.

Por su intermedio, señor Presidente, le quiero manifestar al señor ministro que estamos absolutamente de acuerdo con la postergación de seis meses, porque ello permite analizar todo lo que pueda ocurrir entremedio.

También estamos de acuerdo con haber incorporado al sector forestal, a la silvoagricultura y a la pesca artesanal. Sin embargo, hay aspectos considerados en las indicaciones, que fueron aprobados en el Senado, que es necesario someter a una discusión mucho más profunda.

El diputado Miguel Mellado solicitó votar separadamente el artículo 2°. Por mi parte, llamo a votarlo en contra, de manera de obligar a que se constituya una comisión mixta que tenga la posibilidad de discutir esas materias. La idea es considerar algunas condiciones culturales que en el mundo rural se dan con mucha fuerza, como la falta de información, la falta de conectividad y la falta de infraestructura. Por ello es necesario efectuar un análisis más profundo.

Por todo lo señalado, invito a los colegas a votar en contra el artículo 2°, de manera que esta materia sea discutida junto con el Senado.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Harry Jürgensen .

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente, la ley que establece el pago a treinta días fue una regulación muy esperada por todos. Acortar los plazos de pago, que en algunos casos llegaban a noventa o, incluso, a ciento veinte días, es una demanda de toda pyme. Sin embargo, esa ley también incluye aspectos no del todo aplicables a todos los sectores económicos, como es el caso de la agricultura, la ganadería y la pesca artesanal. Estas actividades del Chile profundo o de campo sin duda presentan limitaciones, ya que muchas veces no cuentan con acceso a internet y, adicionalmente, no todas cuentan con la tecnología necesaria o energía eléctrica para emitir una guía de despacho u otro documento en formato electrónico. Por ejemplo, un pequeño agricultor, ya mayor, que debe despachar madera desde un lugar en la cordillera de la costa de mi región quizá puede tener conexión esporádica, pero se le dificulta entender y aprender la tecnología digital.

Por eso, junto con un grupo de colegas, hace algunos meses presentamos una moción para modificar la ley que establece el pago a treinta días, ya que establecía la obligatoriedad de emitir guías de despacho electrónicas a todos los contribuyentes del país, olvidándose justamente de las características y necesidades especiales de contribuyentes del sector agrícola o de la pesca artesanal.

El proyecto es muy simple, pues busca que estos contribuyentes, dada las dificultades que tienen para cumplir este requisito y que todos acá entienden, puedan emitir guías de despacho en soporte papel o electrónicas, a elección del contribuyente.

Lamento que el Senado haya modificado el proyecto aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara, restringiendo las posibilidades para que agricultores, principalmente los que representan a la agricultura familiar campesina, y los pescadores artesanales, puedan hacer uso de la excepción propuesta, limitándolo nuevamente a quienes exclusivamente el Servicio de Impuestos Internos haya autorizado a hacerlo, ya sea de oficio o por solicitud de uno o más contribuyentes, cuando no cuenten con cobertura de datos móviles, energía eléctrica o se encuentren en un lugar decretado como zona de catástrofe.

Si bien el Ejecutivo se hizo presente hace algunas semanas en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados -soy uno de sus integrantes para exponer sobre la indicación sustitutiva que presentaría a este proyecto y que fue lo que aprobó el Senado, el ministerio, al parecer, no sintonizó con las principales observaciones que se hicieron en tal instancia. La excepción establecida olvida la alta tasa de analfabetismo digital que existe en zonas rurales.

Además, en caso de que las personas que tengan que emitir el documento accedan a datos móviles y a energía eléctrica, pueden no contar con la tecnología necesaria para efectuar el trámite.

La realidad en la ciudad es muy distinta a la de los campos. No todos usan teléfonos de última generación, y muchos otros, especialmente pertenecientes a la tercera edad, no tienen o no saben usar un computador que les permita emitir una guía de despacho desde el lugar del envío de sus productos, que muchas veces se ubica en la cordillera o en un potrero en el campo.

Es positivo que la obligatoriedad de la emisión de la guía de despacho electrónica para los sectores silvoagropecuarios y de la pesca artesanal se posponga por otros seis meses. Sin embargo, solo estaremos postergando los problemas que se presentarán para los contribuyentes que no puedan acogerse a las excepciones establecidas por la norma. A diferencia de la factura, que puede emitir el contador de cada contribuyente desde la ciudad, la guía de despacho debe registrarse en el momento de que el comerciante sube los animales al camión, o al momento de despachar el trigo, o las frutas, y en el caso de la pesca artesanal, los mariscos recolectados ese mismo día.

En conclusión, y a pesar de considerar que el proyecto es perfectible y que podría haber mejores formas de solucionar el problema que presenta la emisión de guías de despacho electrónica para estos sectores económicos, es necesario tener conciencia de que esta es una materia que urge regular.

Esperemos que vía reglamento se corrijan las debilidades evidentes del proyecto. Lo digo, porque así lo sienten los pequeños agricultores y gremios de la zona que represento.

Corregir estas debilidades que planteo debe hacerse antes de que la ley de pago a treinta días entre en vigencia en los próximos días de enero.

Por eso, pienso que es necesario discutir y darle una vuelta a este proyecto. Probablemente, una comisión mixta llegue a acuerdo respecto de lo que necesita el sector para acceder a facilidades al momento de emitir sus guías de despacho y no se vea impedido de hacerlo porque existe obligación de realizarlo electrónicamente.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Andrés Celis .

El señor CELIS (don Andrés).-

Señor Presidente, luego de su segundo trámite constitucional, el proyecto dista mucho de su esencia, pero, a mi juicio, sin duda, se trata de indicaciones que mejoran, aclaran y, efectivamente, van en la línea de la modernización tributaria que, desde hace varios años, se presenta en nuestro país.

Sabemos que el proyecto original busca eximir completamente al sector agropecuario de la emisión electrónica de la guía de despacho. Sin embargo, recogiendo las inquietudes del sector y ponderando ventajas y desventajas de este planteamiento, el Senado ha determinado solamente atrasar la entrada en vigencia de la obligación electrónica en dieciocho meses. Sin esta modificación, comenzará a operar el 16 de enero de 2020.

A mi parecer, la propuesta del Senado es acertada, ya que la guía de despacho electrónica constituye el mejor instrumento para anclar la fecha en función de la cual se calcula el plazo para que al mes siguiente, dentro de los primeros diez días, deba emitirse la factura, cuestión que, desde luego, es relevante, considerando que justamente a partir de esta última emisión puede determinarse el pronto pago en el plazo de treinta días.

Además de lo anterior, no se justifica eximir totalmente de la obligación de emitir guía de despacho electrónica a sectores completos de la economía, cuando, por cierto, algunos de ellos sí pueden hacerlo. En efecto, el porcentaje de contribuyentes que emiten electrónicamente sus documentos es bastante alto: alrededor de 65 por ciento.

A mayor abundamiento, los casos de excepción -es decir, aquellos contribuyentes que por razón de conectividad no pueden emitir electrónicamente sus guías de despacho se encuentran actualmente exceptuados mediante circulares del Servicio de Impuestos Internos, el que además se encarga de determinar, en conjunto con otros organismos, los lugares que tienen tal característica.

Así, mantener la obligación de emitir guías de despacho electrónicas es esencial para dar fecha cierta a la emisión de la factura, lo que conlleva algo más relevante aún, cual es el pago oportuno, esto es, dentro de treinta días.

Entonces, la pregunta es si corresponde atrasar el plazo de vigencia de la ley, que es lo que en definitiva estamos discutiendo hoy. Sin duda, esto se debió a las inquietudes y problemáticas levantadas por algunos gremios.

En lo concreto, el plazo adicional de prórroga de la exigibilidad de la factura electrónica respecto de dos sectores específicos se debe, en lo fundamental, a las siguientes dos circunstancias: la necesidad de redactar los reglamentos y que el Servicio de Impuestos Internos termine de elaborar la aplicación offline que permita hacer la guía en un aparato celular u otro, aun cuando no haya conexión a internet o transferencia de datos, para que a la hora de conectarse a la señal la guía ya hecha sea expedida automáticamente. Tal aplicación está terminada, pero aún en período de prueba.

Adicionalmente, el Senado efectúa modificaciones relevantes en torno a la determinación y variación de los volúmenes de la carga y la determinación de las localidades sin conexión, que quedan entregadas al Servicio de Impuestos Internos con auxilio de organismos expertos, lo cual a todas luces me parece acertado.

De conformidad con lo anterior, estoy de acuerdo con las modificaciones planteadas por el Senado.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB.-

Señor Presidente, claramente, esta iniciativa pretende dar mayor celeridad a los trámites.

Hoy se quiere establecer la posibilidad de que entidades del sector agropecuario y también otras entidades puedan evitar la entrega de la factura electrónica. Lo señalo particularmente por la Región de La Araucanía, que es una zona ganadera, pero de pequeña escala, de pequeños agricultores, quienes deben recurrir al contador o a quien haga sus veces, para elaborar la guía de despacho para el transporte de animales.

En la guía de libre circulación de animales va indicado, además, la identificación animal, que se denomina DIIO, Dispositivo de Identificación Individual Oficial, que es un formulario que en estos casos se hace a mano. Pero la guía electrónica es un documento que debe realizarse con anterioridad.

Pues bien, en más de una ocasión, me ha tocado presenciar que el agricultor llega al lugar prefijado o establecido con el medio de transporte -el camión a cargar los animales, que están ubicados en su corral, en el cargadero, identificados cada uno de ellos con sus características de raza, color, sexo y tipo de especie, y que, por razones ajenas al propio agricultor, los animales no suban al transporte, o sencillamente se hayan fugado, y que este decida finalmente no llevar la cantidad que tenía considerada, sino una cantidad inferior.

A esa hora no encuentra a la persona que le hizo la guía de despacho en forma electrónica, a la persona que pueda realizar ese trámite, por lo que sencillamente ese pequeño agricultor no puede transportar sus animales a la feria o a otro espacio que estaba previamente establecido, por cuanto no tiene la posibilidad de hacer la guía de despacho en papel.

El hecho de que se dé la posibilidad de que el agricultor pueda realizar este trámite en el lugar mismo, con su talonario, facilita que particularmente los pequeños agricultores puedan realizar sus trámites y no quede frustrada su gestión de traslado de animales a la feria o al lugar donde los va a comercializar.

Lo mismo sucede respecto de otros productos que, por ser rechazados o tener alguna dificultad, finalmente no son calificados como tales. Por ejemplo, avena o trigo de primera calidad para consumo animal o trigo para consumo humano, que por distintas razones durante el viaje o al momento de ser calificado no cumplen con los parámetros mínimos para su recepción. Si no está la posibilidad de hacer una guía en forma manual y tampoco se puede hacer en forma electrónica, no se puede hacer el cambio, y eso dificulta claramente el trabajo de nuestros queridos agricultores.

Para la Región de La Araucanía este proyecto es indispensable para dar agilidad al trabajo comercial.

Sabemos que hoy se quiere tener un sistema centralizado, en que finalmente la información llegue de manera rápida, pero nos encontramos con estas dificultades que hacen que definitivamente nuestros queridos agricultores no puedan realizar sus actividades como realmente corresponde.

Contarán con el voto favorable de este diputado, por cuanto la iniciativa va en el sentido correcto. Esperamos que las dificultades que tenga en el camino puedan ser solucionadas, a fin de que la actividad económica de la Región de La Araucanía y de otras regiones que también tienen la característica de ser agrícolas o agropecuarias se pueda realizar de buena manera.

Agradezco la presencia del ministro de Economía, porque ha ido resolviendo las inquietudes que se han ido planteando en este hemiciclo.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia) .-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al señor ministro de Economía.

Los parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra señalaron la dificultad que genera para la pequeña agricultura, para la agricultura familiar campesina, el tener que disponer de una guía electrónica. El proyecto original planteaba la posibilidad de eximir a esos contribuyentes de la guía electrónica.

Sin embargo, a pesar de lo dificultoso de aquello, me parece que la modificación del Senado de haber incorporado al sector silvoagropecuario era necesaria, lo cual no se señalaba en el proyecto original.

El ministro señaló que se iba a incorporar un reglamento. Me parece que la entrada en vigencia de esta ley respecto del uso de la guía de despacho electrónico debiera extenderse más de seis meses. Me parece que este plazo es insuficiente, por la situación de muchos sectores aislados donde todavía no hay conexión digital. Esta normativa va a generar dificultades a aquellas personas que permanentemente viven en lugares aislados y que no han tenido la posibilidad de capacitarse y de estar conectadas digitalmente. Por lo tanto, si por parte del ministro se planteara en el reglamento la extensión del plazo, se podría subsanar aquello.

Varios parlamentarios han solicitado votar por el rechazo de parte de lo que ha modificado el Senado, no de la totalidad, porque es necesario que también el Servicio de Impuestos Internos, en el artículo 55° de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, al menos señale las diferencias que hay en las guías de despacho como en la factura. Creo que es necesario que haya una resolución específica al respecto.

Lo prioritario, y que en cierta forma cambia el proyecto, era eliminar o eximir de la obligación de emitir la guía de despacho electrónica.

Por lo tanto, no sé qué posibilidades tendrá el señor ministro de Economía en la propuesta del reglamento de extender el plazo de seis meses. De lo contrario, sería en junio la entrada en vigencia de la ley, lo cual es tiempo insuficiente para aquellos contribuyentes que no tienen acceso a internet y más aún para aquellos que no han tenido capacitación digital.

El Senado introdujo en el proyecto a un sector importante, como es el silvoagropecuario, que no estaba incorporado en el proyecto inicial.

Por lo tanto, debo valorar el aporte que hace el Senado. Si este proyecto va a comisión mixta, me parecería mucho mejor. En ese sentido, concuerdo con lo que señalaban los diputados Rathgeb y Celis respecto de que son necesarios todos los aportes que vayan en vías de mejorar las condiciones de este proyecto, para que a aquellas personas que no están conectadas, a aquellas personas de la agricultura familiar campesina y de la pesca, y a aquellos emprendedores que desarrollan con muchas dificultades su actividad productiva se les entreguen las herramientas necesarias. Lamentablemente -reitero-, un plazo de seis meses es insuficiente para ellos y los va a dejar en una gran desventaja.

Y aquí también queda clara la realidad de Chile: una gran cantidad de personas no tiene acceso a internet. Debiera ser un derecho que todos pudieran estar conectados digitalmente. En esta brecha, que aún no se ha podido estrechar, es necesario que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones haga su aporte, para que cada uno de los contribuyentes tenga la posibilidad de estar conectado digitalmente.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Álvarez .

El señor ÁLVAREZ (don Sebastián).-

Señor Presidente, no cabe duda de que cuando se inició la discusión del proyecto sobre pago a 30 días, lo que se buscaba era beneficiar a muchas pymes, a medianas y a grandes empresas. Fue así que comenzó a discutirse en la Comisión de Economía el proyecto de ley de pago a 30 días. Estuvimos muy contentos cuando se aprobó la ley.

Sin embargo, se observa un problema con la emisión de las guías de despacho electrónicas. Lo empezaron a expresar distintos representantes de diferentes industrias. En el caso puntual de la Región de La Araucanía, de forma muy expresa, a través de la SOFO, nos hicieron ver que la cobertura y la tecnología que estaban disponibles en la Región de La Araucanía no permitían dar cumplimiento a la ley. En consecuencia, si lo que buscaba la ley era entregar mayor celeridad y mayor transparencia a todos los procesos tributarios, dicha situación finalmente podría generar una afectación mayor: menos transparencia y menor celeridad.

Muchas veces ocurre que en educación, en salud, en muchas industrias y en muchos sectores se ve la tecnología como un paso importante para agilizar los trámites y los procesos, y para dar un mejor servicio a los usuarios. Sin embargo, hay que tener en consideración el tema de la cobertura digital en muchas regiones del país. Un estudio reciente señala que la Región de La Araucanía es una de las que tiene la brecha digital más grande de Chile. La Región de La Araucanía tiene más de 300 localidades sin acceso a internet, lo que profundiza esta falta de acceso. Todo ello, como digo, lamentablemente iría en contra del objeto que tenía la ley.

Entre los principales perjudicados con la normativa que estamos comentando se encuentran la agricultura familiar campesina, los pescadores artesanales y otros servicios menores, en algunos casos de transportes, que muchas veces prestan servicios en localidades que no cuentan con internet.

Por lo tanto, valoro que se otorgue un plazo mayor -eso hay que reconocerlo-, de modo que la ley no entre en vigencia con fecha 16 de enero.

Sin embargo, sabemos que lograr cobertura digital en más de 300 localidades -lo digo para referirme a la Región de La Araucanía, aunque esto pasa en muchos lugares de las otras regiones de Chile va a tomar más de seis meses. Por lo tanto, tiene que haber una consideración a los plazos y a los tiempos, de manera de ser coherentes. La idea es que los plazos tengan relación con el tiempo en que vamos ampliando la cobertura digital.

De esa manera vamos a poder optimizar los procesos y mejorar los procesos tributarios de los distintos contribuyentes, vamos a lograr entregar mayor transparencia y vamos a poder optimizar los pagos oportunos, como lo busca el proyecto, pero resguardando que todo ello se pueda realizar. De lo contrario, estamos hablando de un imposible. Por ejemplo, los pescadores artesanales de la caleta La Barra no tienen internet. En la caleta Queule el internet es muy malo. Por lo tanto, cuando hagan el despacho de sus distintos tipos de productos, no lo podrán hacer de manera eficiente, con lo cual estaremos generando casi un mercado negro, porque lamentablemente la gente de todos modos estará despachando sus productos. Además, tendríamos problemas en las fiscalizaciones.

Anuncio que voy a votar a favor el proyecto de ley. Sin embargo, es importante considerar algunos de los matices que se han planteado en esta exposición.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales.

Hago presente a la Sala que los Comités fijaron un plazo hasta las 12.30 horas para pedir votación separada.

Antecedentes:

-El debate del proyecto se inició la sesión 111ª de la presente legislatura, en martes 26 de noviembre de 2019, ocasión en que se rindieron los primeros informes de las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; y de Hacienda.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tal como lo señaló el diputado Saffirio , este proyecto de ley, que reforma al sistema notarial en Chile, es muy profundo. Se trata de una iniciativa a la que a fines de diciembre se le presentaron nuevas indicaciones, cuanto todavía no había sido calificada con urgencia “suma”.

Por lo tanto, si realmente queremos hacer las cosas en serio y con profundidad, estoy convencido de que debiese agotarse la discusión completa. Hay diez diputados inscritos y once que han venido a consultar.

Lo señalo, para que se tenga en consideración ese punto, sin perjuicio de que estoy absolutamente consciente de que no hubo unanimidad de la Sala para cambiar el acuerdo de los Comités.

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, sin perjuicio de lo que hayan resuelto los Comités, como antecedente adicional señalo que el informe que tenemos en nuestro escritorio tiene 427 páginas y 162 normas que modifican distintos cuerpos legales.

No por mucho madrugar amanece más temprano. Además, este sistema tiene ciento cincuenta años de existencia.

En consecuencia, acogiendo su planteamiento, señor Presidente, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para que iniciemos el debate en general e incluso tener la votación en general, y dejar el debate y la votación en particular para el próximo martes. Es muy peligroso meter mano a un sistema tan complejo como el referido a la fe pública.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Sobre un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, todavía están en reunión de Comités. No hubo acuerdo de que se postergara la votación de hoy. En la reunión de Comités se acordó que se votara hoy el proyecto.

Si quiere volver a someter a votación la propuesta de postergar la votación, hágalo, pero no voy a dar la unanimidad, porque no fue ese el acuerdo adoptado en reunión de Comités.

Estoy seguro de que los diputados de la Comisión de Constitución hicieron un buen trabajo. Llevamos demasiado tiempo esperando que se vote este proyecto. Es muy importante que de una vez por todas cambiemos esta legislación y que, tal como se acordó en reunión de Comités, se vote hoy esta iniciativa en su totalidad.

Si recaba la unanimidad para que se postergue la votación, le reitero que no la daré.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Está clarito, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, agradezco el reconocimiento que nos hizo el diputado Bellolio a los miembros de la Comisión de Constitución.

Fue un trabajo muy extenso, y este proyecto del Ejecutivo sufrió muchas mejoras y perfeccionamientos.

Propongo una solución intermedia: que los diputados de las comisiones de Constitución y de Hacienda, que revisamos este proyecto, informemos por diez minutos antes de votar el proyecto en general y en particular hoy, a la hora que sea. Para mí, como Presidente de la Comisión de Constitución, es imposible explicar en seis minutos un proyecto tan complejo.

En resumen, pido que los miembros de las comisiones -tal como ha ocurrido en otras ocasiones podamos exponer por diez minutos.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado Matías Walker ?

No hay acuerdo.

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, teníamos ganas de que este proyecto se viera en la Sala.

Durante un largo proceso, a partir del trabajo de la Comisión de Constitución con el Ejecutivo, en particular con el ministro de Justicia, se logró ir arribando gradualmente a acuerdos que permiten dar sustento a una modificación importante del sistema notarial y de conservadores de bienes raíces de nuestro país.

Tengo profundas diferencias con el ministro de Justicia en materia de menores, de derechos humanos y otras, pero en este tema creo que el Ejecutivo hizo un gran esfuerzo para consensuar un proyecto que significa un alto beneficio para los usuarios del sistema.

Hoy mismo, desde Arica a Punta Arenas, cientos de miles de chilenos están en distintas notarías y conservadores de bienes raíces sufriendo o padeciendo el tener que realizar costosos y demorosos trámites, sin tener, por lo general, respuestas eficientes, sin que se consideren las urgencias del usuario, sino la disponibilidad del prestador del servicio, que es el notorio o el conservador.

Daré algunos datos que es importante tener presente respecto de los notarios.

A modo de ejemplo, en la comuna de Puente Alto hay un notario por cada 113.000 habitantes; en Valparaíso, la ciudad donde estamos, hay nueve notarios, lo que significa que hay un notario por cada 32.000 habitantes; en Temuco, mi ciudad, hay cinco notarios, lo que significa que hay un notario por cada 56.000 habitantes. ¡Y fíjense ustedes qué coincidencia!, en Santiago hay treinta y ocho notarios. Uno diría: “Claro, el volumen de la población.”. Pero son treinta y ocho notarios, lo que significa que allí hay un notario por cada 10.000 habitantes.

Entonces, no solo el funcionamiento, sino también la discrecionalidad del sistema, tanto notarial como registral -entiéndase conservadores de bienes raíces-, es, desde mi punto de vista, abusivo.

En la historia de nuestro país -el sistema tiene ciento cincuenta años-, los notarios, evidentemente, y los conservadores de bienes raíces, en general, han sido un aporte sustantivo para la fe pública. En efecto, genera certeza jurídica el contar con ministros de fe o con archiveros o con conservadores de bienes raíces, que, por la naturaleza de su función, son los encargados de dar cuenta o de elaborar, registrar y desarrollar todas las actividades necesarias que nos permiten reducir el volumen, la magnitud de las cuestiones, de los asuntos, de los negocios, que, si no fuera así, deberían ser resueltos por los tribunales de justicia. O sea, la judicialización es inversamente proporcional a la eficacia del sistema notarial y registral. Sin embargo, el tiempo hace necesario que incorporemos elementos nuevos, que tienen que ver con la dispersión territorial, la población, la incorporación de tecnología y, por sobre todo, con un aspecto que en lo personal considero básico, y que en estos últimos meses, además, resulta fundamental hacerlo presente: terminar con un conjunto de abusos contra los usuarios, como señalé, desde el punto de vista de los tiempos, de los costos, en definitiva, de la eficacia del sistema.

El proyecto de ley que estamos comentando crea un repositorio digital nacional, que estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. Allí se van a volcar todos los documentos protocolizados del país, incluidas las escrituras públicas.

Se va a establecer un registro digital de poderes. No es un registro digital del poder en el sentido de que “nosotros tenemos el poder”, sino que se refiere al mandato que una persona otorga a otra para que en su nombre realice determinada gestión. Eso estará en línea, y también será de responsabilidad del Servicio de Registro Civil de Identificación.

Se crea una figura nueva cuyo nombre incluso va a llamar la atención: el fedatario, que podrá ser además…

Señor Presidente, ¿sabe qué? Este informe tiene 427 páginas, y son 160 modificaciones legales. No puedo dar cuenta de este proyecto en los 18 segundos que me quedan. Prefiero no seguir hablando.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Recabo la unanimidad de la Sala para otorgar diez minutos adicionales al diputado Saffirio .

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.

Quiero hacer la siguiente aclaración, porque las palabras del diputado Bellolio se prestan a confusión. El acuerdo de los Comités no es votar este proyecto al final de esta sesión, sino que se votará en la medida en que hayan podido intervenir todos los inscritos. De lo contrario, pasará a la sesión ordinaria del próximo martes, y, probablemente, la urgencia con que se calificó determinará que sí habrá que votarlo.

Aclarada esta circunstancia, tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, junto con saludar al ministro y dar la bienvenida al nuevo subsecretario Valenzuela -él fue muy importante también en esta iniciativa, al menos durante la parte de la tramitación que correspondió a la Comisión de Constitución, que integro, en la que estuvo aquella por una buena cantidad de meses-, señalo que este es un proyecto que a uno le da gusto discutir, votar y, finalmente, aprobar.

Es muy importante mejorar uno de los sistemas más añejos y, probablemente, más sujetos a la captura de intereses particulares, que es un fiel reflejo de aquello que nosotros como partido, y algunos como sector, desde hace mucho tiempo hemos tratado de señalar: que el Estado debe estar al servicio de los ciudadanos y no las personas al servicio del Estado.

Hoy hay una serie de defectos en nuestro sistema registral (conservadores y archiveros) que hacen que este cambio que estamos votando hoy día se vuelva urgente. Se trata de una materia que la iniciativa en discusión, luego de muchos años de intentos fallidos, termina por abordar.

Luego de las intensas semanas de movilización social, este proyecto afortunadamente se adelanta a un asunto que es de suyo evidente, cual es la inequidad que se produce en materia de conservadores de bienes raíces, tal como lo señaló el diputado Saffirio , por la cantidad de conservadores que existen. ¿Cómo podemos comprender que se asigne al conservador de bienes raíces de Santiago, en una región con más de 7 millones de habitantes, el monopolio de las inscripciones de todos los actos relacionados con bienes raíces? ¿Cómo es posible que esto se haya mantenido intacto por décadas, y que, además, aquel sea el funcionario que recibe el sueldo más alto de todo el país? Algunos cifran su remuneración en más de 700 millones de pesos, pero la verdad es que eso no lo sabemos, pues tal información no está disponible para toda la ciudadanía de manera transparente.

Entonces, ¡vaya paradoja!, estamos regulando las remuneraciones de altos funcionarios públicos, pero justamente la remuneración del conservador de bienes raíces de Santiago, la más alta del país, se nos estaba quedando fuera.

Respecto de los notarios, ¿cómo se explica que su competencia esté limitada a un mercado notarial, por decir lo menos, restringido a algunos pocos actores? Si hay colas en las notarías es precisamente porque hemos generado un mercado poco competitivo con un exceso de trámites burocráticos que han otorgado un poder excesivo a los mismos notarios.

Hoy son millones las intervenciones de notarías que tienen poca justificación, ya que los funcionarios de mesón son quienes, en desmedro del tiempo y del dinero de las personas, timbran documentos automáticamente, aportando poco a la fe pública, como señaló el diputado Saffirio , ya que la presencia del notario es simplemente muy difícil de verificar.

Asimismo, hay una serie de protocolizaciones de documentos que son inútiles, autorizaciones de firmas para presentar documentos ante el mismo Estado, salvoconductos, declaraciones juradas, y un listado innumerable de burocracia creada únicamente en beneficio del propio sistema notarial y no necesariamente de las personas. Para qué decir que gran parte de esto, ante la existencia de la tecnología suficiente hoy día, de clave única y firma electrónica, podría perfectamente evitar a las personas realizar la penosa acción de tener que concurrir presencialmente para tramitar asuntos que hoy día fácilmente se pueden solucionar en línea desde cualquier parte del país.

En tal sentido, este proyecto incorpora un repositorio digital del Servicio de Registro Civil e Identificación, que se crea precisamente para estos efectos, en el que estarán las escrituras públicas e instrumentos que se hubieren protocolizado por el notario, así como los autorizados por él, cuando sus suscriptores así lo soliciten.

También obliga a los notarios a disponer de medios telemáticos para la emisión, transmisión y recepción de información; llevar repertorios, índices u otro tipo de documentos que les competan de manera electrónica; contar con sistemas electrónicos para el archivo y gestión de documentos extendidos o protocolizados en notaría, un sitio web que contenga información básica sobre el funcionamiento y sus costos, un correo electrónico con firma electrónica avanzada; garantizar la disponibilidad y el acceso a sus registros públicos, e informar trimestralmente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre los aranceles de las distintas actuaciones que realicen.

También se avanza en materia de designaciones, pues si bien no podemos decir que se trate de procesos poco transparentes, al menos dejan algunas dudas, lo que perjudica el rol fundamental del Poder Judicial, que es impartir justicia, pues lo hace responsable de designaciones que, finalmente, poco tienen que ver con su función y lo expone a los intereses que este mercado ha ido generando durante décadas, muchos de los cuales han buscado intervenir en este mismo debate, aunque -debo señalarlos in éxito.

Por tanto, se establece un procedimiento de designación de notarios, conservadores y archiveros a través de concursos públicos, en el que se incorpora un examen de conocimientos jurídicos, el deber de confeccionar ternas entre los diez mejores puntajes y la toma de decisiones por un Consejo Resolutivo de Nombramientos.

Podría seguir hablando de los beneficios que tiene este proyecto, pero tengo poco tiempo. En todo caso, considero que se trata de un avance, por lo cual lo votaremos a favor.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín , y al flamante subsecretario de la cartera, señor Sebastián Valenzuela , con quienes trabajamos mucho en este proyecto de modernización, de reforma al sistema notarial y registral.

Qué lástima tener solo seis minutos para sintetizar el enorme trabajo que realizamos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento con el objeto de revisar y perfeccionar este proyecto; sin embargo, entiendo que la Sala está haciendo un acto de confianza, y lo agradezco. Por lo tanto, solo enunciaré los titulares.

Este proyecto busca reducir las barreras de entrada y la discrecionalidad en los nombramientos, y para ello acogimos sentencias y dictámenes de la propia Fiscalía Nacional Económica. Asimismo, busca perfeccionar el sistema de fiscalización, aumentar la competencia en el sistema notarial, disminuir las asimetrías de información e incorporar estándares de transparencia y probidad, modernizar la actividad notarial y registral, y disminuir los trámites que se realizan ante o por un notario, “desnotarizando” una serie de trámites que no tenía ningún sentido que se ejecutaran ante estos ministros de fe.

Gran noticia para el ministro de Justicia y Derechos Humanos, pues ya no recaerá en él la responsabilidad, dado que los cargos vacantes se proveerán por concurso, mediante ternas que elaborarán las cortes de apelaciones respectivas.

Habrá un proceso de postulación, pero con la aprobación de un examen de conocimientos jurídicos; habrá un sistema de nombramiento en que la corte de apelaciones respectiva confeccionará las ternas, y habrá un Consejo Resolutivo de Nombramiento de Notarios, Conservadores y Archiveros, por lo que la decisión ya no estará radicada en el gobierno de turno.

Ese consejo estará integrado por dos decanos de facultades de Derecho, elegidos por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), pero uno de ellos deberá ser de regiones. Fue un requisito que pedimos expresamente los diputados que representamos a regiones.

Se limitará la edad o tiempo del ejercicio de la función hasta los 75 años o hasta cumplir 21 años en el cargo. Sé que esto afectará intereses con nombre y apellido, pero es muy importante para renovar las personas que ejercen este oficio. No puede haber cargos vitalicios. En aplicación de este criterio presentamos un proyecto de ley que limita la reelección de nuestros propios cargos como parlamentarios, como a usted le consta, señor Presidente.

Se radicará en la Fiscalía Judicial la función de fiscalización de los oficios de los notarios, conservadores y archiveros. Se crea la figura del fedatario, que permitirá aumentar la oferta y facilitará el acceso de los ciudadanos a los servicios notariales, mediante funciones relativas a la certificación de hechos, siendo la más frecuente la autorización de firmas en instrumentos que no requieren ser incorporados a un registro público.

Gran noticia para las regiones, para todas las comunas de Chile, particularmente para las rurales. Los secretarios municipales en cada uno de los municipios del país podrán ser ministros de fe. Los habitantes de la comuna de Río Hurtado, por ejemplo, ya no tendrán que trasladarse hasta Ovalle para hacer un trámite ante un ministro de fe. Lo mismo para los oficiales del Servicio de Registro Civil e Identificación, pues también podrán actuar como ministros de fe.

Se crearán nuevos oficios aplicables a notarios, conservadores y archiveros, según el número de habitantes, actividad económica territorial, desconcentración urbana y ruralidad de la comuna. Esos serán los elementos a considerar, junto con un informe de la Fiscalía Nacional Económica.

Se establecerán estándares de transparencia y probidad, como consagrar el deber de publicidad y transparencia en el concurso que efectúe la corte de apelaciones respectiva. Se exigirá que el acuerdo de la corte de apelaciones respectiva para la conformación de la terna sea siempre fundado, así como la resolución del Consejo Resolutivo.

Se exigirá declaración de patrimonios e intereses a notarios, conservadores, archiveros, titulares y suplentes.

Se modernizará el sistema notarial, registral y archivístico. Se creará un repositorio digital de carácter Nacional y de responsabilidad del Servicio de Registro Civil e Identificación, para el adecuado archivo y gestión de los documentos extendidos y protocolizados en las notarías y de las inscripciones efectuadas en los conservadores. Esto tiene mucha importancia, por ejemplo, para cuando a una persona le piden un estudie de título para un crédito hipotecario. Habrá un folio real, que consistirá en un soporte electrónico que deberán llevar los conservadores de bienes raíces para consignar toda la historia del bien raíz y del título.

Finalmente, se desnotarizarán un montón de trámites y se facultará al Servicio de Registro Civil e Identificación para certificar hechos que consten o se desprendan de las inscripciones hechas en sus registros, como el estado civil de una persona.

Esta es la importancia de este proyecto, por lo cual llamamos a aprobarlo.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Gonzalo).-

Señor Presidente, no quiero demonizar a los notarios, porque este tipo de proyectos normalmente tienden a ello.

Seguramente, vamos a escuchar algunas palabras que no rescatarán algo que en Chile se ha dado relativamente bien, como que los notarios han cautelado la fe pública y, de alguna manera, hay certeza de la fe pública en nuestro sistema. Eso no hay que desconocerlo.

Este no es un proyecto en contra de los notarios ni pretende hacerlos responsables por lo que ganan o por lo que les toca hacer, sino que busca mejorar el servicio que entregan a las personas que acceden a esa fe pública, a través de la tecnología, el servicio que dan a personas en lugares más alejados, sobre todo en el campo, donde tienen que estar toda la mañana o el día completo en una fila para ser atendidos y poder suscribir una escritura o algún trámite similar. Este proyecto persigue varios objetivos.

En términos económicos y rápidos, rescato, en primer lugar, el nuevo proceso de nombramiento de cargos que se propone, pues ya no será un botín de las cortes de apelaciones y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino que se proveerá conforme al mérito, a un concurso, con un cuerpo colegiado que deberá determinar las personas que ocuparán el cargo de notario. No habrá escalafones, no habrá primero, segundo o tercer escalafón, como hoy, sino que los abogados podrán postular y acceder a ser notarios en tanto cumplan los requisitos.

En segundo lugar, en la actualidad, la fiscalización es bastante precaria, porque existe un ministro visitador que realiza más que nada una fiscalización formal y en este proyecto se establece una fiscalía judicial, dependiente de cada corte de apelaciones, que realizará una fiscalización no solo formal, sino también financiera, lo que será muy importante.

Ahora, en cuanto a la fijación de los aranceles, estos serán establecidos por el Ministerio de Justicia y van a estar publicados en internet, por lo que las personas van a poder denunciar a quien no respete tales aranceles ante la fiscalía judicial.

También es importante señalar que los notarios, los conservadores y los archiveros cesarán en sus funciones a los 75 años de edad o al haber cumplido 21 años en el mismo oficio. Eso es bueno, porque, aunque no son funcionarios públicos, sí desempeñan funciones públicas y estas no pueden ejercerse ad aeternum.

Por otro lado, se acogió una indicación que propusimos algunos diputados para limitar la contratación de familiares, tanto de los notarios como de funcionarios del primer escalafón del Poder Judicial. Lo hicimos así porque muchas veces cuando asumían nuevos notarios se encontraban con parientes de otros notarios o de funcionarios del Poder Judicial y para sacarlos de la notaría había que pagar indemnizaciones millonarias.

Además, respecto de los notarios suplentes, que hoy son nombrados por el notario titular, hemos establecido el llamado a concurso público. Con este nuevo sistema el notario no va a poder nombrar a quien quiera como suplente. Todo esto da más transparencia al sistema.

También es bueno señalar que se crea un repositorio digital de carácter nacional, de responsabilidad del Servicio de Registro Civil e Identificaciones, en el cual las personas van a poder acceder a una serie de certificados y documentos extendidos y protocolarizados en las notarías, con el fin de que no concurran necesariamente a ellas a realizar el trámite. Asimismo, se busca “desnotarizar” la vida de las personas; así muchos papeles que hoy se pide que sean firmados ante notario, será posible encontrarlos en el repositorio digital del Registro Civil y, de esa manera, las personas no van a tener que ir a la notaría a sacar la firma del notario para presentar dicho papel.

Finalmente, se agrega la figura de los fedatarios, que es una apuesta -no fue fácil este tema que, creo, va a ser un aporte en las comunas pequeñas que no tienen notarías. Con esta figura se busca liberar a la gente de trámites menores, de expedición rápida, que no requieren escritura pública o protocolo. En ese sentido, el fedatario puede complementar la labor de los notarios, al ayudar a la gente en trámites menores, sin perjuicio de que se hace necesario crear nuevas notarías en todo el país.

El proyecto busca conciliar la fe pública con la modernización tecnológica y con mayor transparencia respecto de una función pública que, repito, ha cautelado la fe pública de nuestro país.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Paulsen .

El señor PAULSEN.-

Señor Presidente, solicito que se pida el asentimiento de los diputados para que ingrese a la Sala el subsecretario Ossa .

El señor AUTH (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para que ingresen a la Sala el subsecretario de Justicia, señor Juan José Ossa , y el director de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Héctor Mery ?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, en Chile hay varias situaciones curiosas, freaks o extrañas que, incluso, sorprenden a los extranjeros, entre ellas que se vendan leyes en los quioscos, pero no hay nada más extraño y curioso que nuestro sistema de notarios.

Es un sistema anticuado e insólito. Primero, porque es un oficio de privilegio al que durante siglos se ha accedido no por mérito o por capacidad profesional de los abogados que postulan al cargo, ni tampoco por la idoneidad intelectual o por la trayectoria profesional, sino que más bien está reservado a los abogados que tienen contactos, parentesco y apoyos de las élites judiciales y políticas, donde prima la falsa creencia de que la honestidad y la capacidad profesional se da en mayor abundancia dentro de las élites. Sin duda -hay que decirlo con todas sus letras-, es un sistema de nombramiento clasista. Es un trabajo vedado o prohibido para los profesionales de la clase media. Todo lo contrario de la meritocracia, que es propia de una democracia.

Otra característica que hace muy extraño al sistema notarial es que sea obscenamente lucrativo, pues se retribuye a los notarios con verdaderas fortunas mensuales. Por el solo hecho de ser designado notario, los beneficiarios pasan a pertenecer al 0,5 por ciento más rico del país. Según estudios de la Fiscalía Nacional Económica, ganan, en promedio, el doble de ingresos del Presidente de la República. Ahora, si además es conservador de bienes raíces, gana centenares de millones de pesos mensuales.

¿Funciona el servicio que prestan? Sí, funciona; hay fe pública, pero también es cierto que es un sistema caro, ineficiente y que otorga un mal servicio a los usuarios, lo cual ha sido demostrado mediante informes de la Fiscalía Nacional Económica, que dicen que Chile, al año, pierde 140 millones de dólares por tener un sistema antiguo, ineficiente y, además, caro. Gran parte de las utilidades generadas son recibidas por los propios notarios, conservadores y archiveros. Por eso, este proyecto es tan importante, pues modifica por completo el sistema.

A modo de ejemplo, varios estudios señalan que uno de cada tres notarios es pariente de otro notario o de un alto funcionario; hay padres, hijos, hermanos, sobrinos y hasta nietos de otros notarios. También hay hijos y hermanos de ministros y hasta exministros de la Corte Suprema o de las cortes de apelaciones; incluso, hay familiares de parlamentarios.

¿Qué hace este proyecto? Crea un nuevo sistema de nombramiento: un Consejo Resolutivo de Nombramiento de Notarios, Conservadores y Archiveros, en el que participan decanos de facultades de Derecho, un representante del Consejo de Alta Dirección Pública, etcétera. Además, utilizan un sistema estructurado de concurso que implica pruebas de conocimientos y mérito; se acaban las ternas amarradas por las cortes, donde prácticamente se decidía quién iba a ser el designado.

A mi juicio, lo único malo es que siguen participando los jueces. No sé por qué los tribunales continúan participando en esta designación, en circunstancias de que ellos no saben cómo evaluar las competencias de las personas y no tienen la experiencia para hacerlo.

Una medida bien polémica es que, para incentivar la rotación de notarios, se fija un límite de ejercicio del cargo de 75 años de edad o 21 años de servicio en el mismo cargo. Por lo tanto, si hoy hay notarios con 19 años de ejercicio en la misma función, una vez publicada la ley, les van a quedar dos años para completar el plazo y se va a producir un llamado a concurso para cubrir una enorme cantidad de cargos notariales. Ese es un tema bien polémico y fue aprobado en nuestra comisión.

Con el objetivo de mejorar la competencia y otorgar un mejor servicio, se busca aumentar la cantidad de notarios o de personas que prestan servicios notariales, por lo que se crea la figura de los fedatarios, que son ministros de fe que autorizan los trámites más simples, como firmas y pequeñas certificaciones.

Los nuevos fedatarios serán entre 2.000 y 4.000 y serán abogados con más cinco años de ejercicio de la profesión, quienes tendrán que cumplir con una serie de pruebas y que van a estar al servicio de los usuarios, mejorando los tiempos de atención y bajando los precios de los documentos.

El proyecto termina con un sistema lento e ineficiente, en el que la gente espera horas para ser atendida en trámites que, sin duda, solo se justifican por tener un servicio anticuado y poco moderno como el que hoy tenemos.

Dentro de las modificaciones que se hacen está la división de los conservadores de bienes raíces, particularmente en Santiago. Ese conservador tiene 26 comunas cautivas, todas obligadas a participar en su negocio registral.

El notario de Santiago es el más grande del mundo. Esto se va a terminar, pues conseguimos que se dividiera en al menos cuatro partes. Es el inicio de una atenuación de privilegios de estos cargos.

Es fundamental desnotarizar los trámites. No se justifica que existan tantos trámites notariales. Probablemente hay que corregir que los fedatarios no otorguen contratos que deban retener impuestos. Eso es de sentido común.

Vamos a aprobar este proyecto para terminar con este sistema que partió hace más de doscientos años y que no se justifica en los tiempos actuales.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, después de escuchar a algunos distinguidos colegas parece ser que la fe pública no existe en el país. Eso es falso. La fe pública sí existe y ha hecho posible muchas cosas. Quien habla defiende la institucionalidad, modificando lo que corresponda.

Tuve la paciencia de leer el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Hay muchos aspectos positivos que determinarán cambios profundos en notarios y conservadores de bienes raíces.

Pero no hay que engañarse, pues con el proyecto de reforma de notarios y conservadores del gobierno no se solucionan los problemas del sistema; por el contrario, se añaden problemas que hoy no existen. Por ejemplo, el proyecto ofrece mejorar la cobertura de ciertos servicios notariales introduciendo la figura del fedatario privado. Sin embargo, ellos no tendrán obligación de contar con una oficina de atención abierta al público. A eso se suma el hecho de que tendrán competencia en toda la región y no en un lugar específico carente de ese servicio, lo que acarreará que los fedatarios privados se concentren en las grandes ciudades o en centros de negocios.

¿Saben cuál es mi preocupación? Lo diré con claridad, firmeza y convicción: el riesgo de captura de esos funcionarios por parte de grupos empresariales. No me gustaría que hubiera fedatarios para distintos grupos económicos. Eso es lo que reclama el pueblo chileno: que los grandes grupos económicos no tengan este tipo de garantías. Lo digo con mucha fuerza.

Se comprometen mejoras en materia de fiscalización, pero la misma se hace imposible al pretender que sólo 35 fiscales judiciales fiscalicen a más de 4.300 ministros de fe, 3.464 de los cuales serán fedatarios privados.

La iniciativa señala que se moderniza el sistema, pero ofrece menos prestaciones informáticas que las que actualmente se encuentran disponibles. Al mismo tiempo, la creación de nuevas plataformas informáticas a cargo del Registro Civil, entidad que se encuentra altamente cuestionada, generará altísimos costos que superarían los 12.700 millones de pesos. En la Comisión de Hacienda, junto al diputado Marcelo Schilling , votamos en contra la materia. Éramos los únicos diputados de oposición al momento de la votación.

No nos olvidemos que hubo falsificación de pasaportes. No quiero decir la cantidad. El número de nuevas plataformas que vemos año a año en el Registro Civil es altísimo. Lo puedo demostrar con números si se abre una discusión más profunda. Ahora se quiere traspasar esta responsabilidad al Registro Civil, lo que, desde el punto de vista financiero, resulta brutal.

El informe financiero del gobierno, que en más de un año de discusión no ha sido justificado, es irresponsablemente errado. Estima un costo de implementación de 2.100 millones de pesos, pero según estudios expertos la cifra real es siete veces mayor, superando los 16.000 millones de pesos. Se estima un costo anual de 1.300 millones de pesos, pero estudios expertos estiman que será cinco veces más alto, superando los 6.300 millones anuales.

Esa es la realidad. Reclamamos porque nos falta plata, pero estamos creando una carga financiera de este nivel a través de la glosa correspondiente al Registro Civil. En la Comisión de Hacienda expusieron expertos en el tema, y el subsecretario de justicia, que presentó este proyecto, no pudo demostrar que estaban equivocados.

Se plantea que se mejorarán los nombramientos, pero lo cierto es que lo que cambia es la forma de selección, la que se basará en puntajes.

Este proyecto apunta a una salida que a mí no me gusta. No tengo ningún pariente notario y no estoy defendiendo a ninguno. Tampoco le he pasado al platillo a ningún notario. Simplemente estoy convencido de que hay que mejorar este proyecto, evitando los costos que en un determinado momento deberá solventar el Estado de Chile.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Enrique van Rysselberghe .

El señor VAN RYSSELBERGHE.-

Señor Presidente, nadie discute que nuestro país se encuentra inmerso en un mundo en donde cada día se valora más la celeridad, la transparencia y la probidad en las relaciones humanas, principios sobre los cuales nuestra administración pública ha generado grandes reformas legales de funcionamiento.

Con todo, en estos veinte años de siglo XXI subsisten instituciones públicas cuyo funcionamiento evoca maneras de actuar propias del siglo pasado. El excesivo e innecesario papeleo y el cumplimiento de exigencias engorrosas resultan anacrónicos en el mundo de hoy, donde la eficiencia de nuestro trabajo constituye uno de los pilares del avance de nuestro país hacia el desarrollo.

De acuerdo a lo anterior, la Fiscalía Nacional Económica publicó, el 31 de julio de 2018, el informe final del Estudio de Mercado sobre Notarios. Entre las recomendaciones formuladas por la Fiscalía Nacional Económica se cuenta reducir la cantidad de trámites que deben realizarse ante un notario y permitir la libre entrada al mercado de quienes cumplan requisitos mínimos.

Asimismo, se propone flexibilizar las reglas que regulan la forma en que se desarrolla la actividad para fomentar la calidad del servicio y reducir el precio de los trámites.

Todo lo anterior implicaría un ahorro cercano a los 150 millones de dólares al año, lo que evidentemente constituirá un aporte al andamiaje institucional de Chile y de sus ciudadanos.

Para alcanzar esto se necesita de servicios públicos apegados a las formas de vida que demanda el mundo actual.

Por ello, las reformas a organismos de tanta relevancia como los conservadores de bienes raíces y notarías representan aspectos centrales para el desarrollo de nuestro país de cara a los próximos años.

Nos encontramos ante una iniciativa necesaria para los chilenos. En este sentido, manifiesto desde ya mi voto favorable al proyecto en estudio. Sin embargo, considero que todavía adolece de ciertas imperfecciones que esperamos que sean corregidas en lo sucesivo. En efecto, el archivo digital de poderes constituye un aspecto relevante del proyecto, lo que ya se ha utilizado en distintas notarías del país.

No deja de ser llamativo que el proyecto no contemple la obligación general de parte de los notarios en cuanto a la certificación de la existencia de los mandatos ni a su vigencia, situación que puede prestarse para la comisión de fraudes de diversa consideración.

Por otro lado, el repositorio digital, tendiente a facilitar el acceso de las personas al servicio notarial y registral, favorece la realización de actos y contratos. Sin embargo, al ordenarse la incorporación en tal registro de los documentos originales a esta plataforma implicaría una velada desafectación de la gestión de los registros que llevan estos funcionarios, siendo mejor que se incluyan solo las copias y no los originales.

Asimismo, resulta discutible que el Servicio de Registro Civil tenga la capacidad para encontrarse a cargo de dicho repositorio y del archivo nacional de poderes; lo anterior, tomando en cuenta que perfectamente puede ser satisfecha esta necesidad por medio de la interconexión entre los diversos notarios y conservadores. Dicho repositorio, en manos del Servicio Registro Civil, daría cuenta de una situación en desmedro para el usuario frente a la autoridad política, quien en definitiva tendría a su sola disposición esta inmensa base de datos.

Finalmente, el proyecto introduce el sistema de folio real electrónico. Se trata de un mecanismo que ya ha sido cuestionado, toda vez que no elimina el deber de los conservadores de confeccionar registros parciales, lo que, evidentemente, hace que el sistema sea más ineficiente desde el punto de vista de las técnicas de registro.

Así las cosas, a partir de lo anterior, vuelvo a manifestar mi voto favorable a esta iniciativa, pero haciendo referencia a estas deficiencias y a lagunas legislativas mencionadas, que, de alguna manera, minan principios relevantes sustentados en el proyecto, principalmente en lo que respecta a la certeza y seguridad jurídica.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Paulina Núñez .

La señora NÚÑEZ (doña Paulina).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros y a los subsecretarios que se encuentran presentes en la Sala, con quienes, además, tuvimos un arduo debate y un buen trabajo en la Comisión de Constitución. Por lo tanto, agradezco que hoy votemos a favor -espero que así sea este proyecto de ley.

En los últimos meses nuestro país ha atravesado una profunda crisis política, social e institucional. Cuando hay crisis institucional, los principales perjudicados son los ciudadanos, los beneficiados de una determinada institución. En este caso, los chilenos están cansados de un sinfín de trámites que tienen que hacer, de la burocracia y de que muchos de esos trámites tengan que ser cobrados; por lo tanto, modernizar una institución como es el caso de los notarios, de los archiveros y del sistema registral es una buena noticia.

¿Cómo lo pretendemos hacer? A través de la utilización de nuevas tecnologías, contribuyendo a la rapidez y celeridad de cada trámite, creando nuevas instituciones y, por supuesto, incorporando nuevos estándares en procesos administrativos, de transparencia y de probidad.

Con la finalidad de transparentar el sistema -es lo más importante a propósito de la crisis-, realizamos modificaciones desde el nombramiento de los cargos de notarios, archiveros y conservadores -hasta la fecha no se encuentra regulado en la ley-, prevaleciendo la discrecionalidad, la meritocracia e igualdad de oportunidades en los profesionales que deseen acceder al cargo.

Asimismo, con el objetivo de que exista mayor control y supervigilancia, le corresponderá al fiscal judicial de la Corte Suprema la fiscalización de la conducta funcionaria de los notarios, conservadores y archiveros.

Finalmente, las notarías tendrán la obligación de sujetarse a una auditoría externa anual, que tendrá por finalidad, como señalé, transparentar el sistema. La modernización siempre viene aparejada del progreso y desarrollo social, por lo cual la optimización, agilización de los trámites y facilitación del acceso a los usuarios hoy es fundamental para desnotarizar la vida de las personas.

Actualmente, una persona que desee realizar un acto jurídico en una notaría debe estar físicamente en el lugar, a lo menos, dos horas o incluso más, dependiendo del trámite que va a realizar. Con la modernización de nuestro sistema se descongestionará el sistema notarial y registral, optimizando los tiempos y reduciendo –incluso los costos de cada trámite.

El proyecto, además, innova al proponer la figura del fedatario -fue discutida durante el proceso legislativo-, que es un ministro de fe cuya misión y función principal será descongestionar derechamente el sistema, certificando hechos y actuaciones respecto de los que no exista obligación de registro público.

Sin perjuicio de ello, y con la finalidad de no afectar a las notarías más pequeñas, se delimitó el número de fedatarios por territorio y también sus atribuciones.

El proyecto, además, establece la regulación de los aranceles notariales, creando para ellos un rango acotado en tarifas notariales y registrales, con la obligación de publicarlas, contribuyendo así a la transparencia y a la libertad de elección de cada uno de los chilenos que se acerquen a las notarías.

Ahora bien, para trámites como la inscripción de un bien raíz, que requieren mayor solemnidad y, por supuesto, un registro notarial, el proyecto establece el sistema de folio real, que es un registro electrónico que consignará la historia del bien raíz. De esta forma se descongestionarán los conservadores y se creará un sistema electrónico con la información de los bienes inmuebles.

Por todo lo anterior, creo que este proyecto es fundamental para nuestro país, pues viene a complementar el reciente sistema electrónico judicial, el sistema administrativo y la clave única y personal para acceder a los servicios del Estado; viene a facilitar las transacciones y negociaciones empresariales y, por supuesto -lo más importante-, viene a desnotarizar la vida de todos los chilenos y chilenas.

No le tengamos miedo a modernizar nuestras instituciones. Es nuestra obligación ir adaptándonos a la realidad que vive nuestro país. Lo que hoy queremos es menos trámites y que estos sean más rápidos y menos costosos.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ.-

Señor Presidente, en la Comisión de Constitución tuvimos un largo y riguroso debate sobre la modificación que hoy nos convoca. Sin duda, es una propuesta que tiene una exigencia ciudadana importante. Quejas que habitualmente uno escucha en la ciudadanía son recogidas en este proyecto, pero, sin duda, también genera preocupaciones.

Los fedatarios son fuente de cuestionamientos. En vez de consagrar a estos fedatarios, como se está haciendo con en esta modificación, nos hubiese gustado haber aumentado el número de notarios. Creo que esa hubiese sido una solución mucho más integral, que habría sido más parte de lo que habíamos conocido como resguardo de la fe pública.

Asimismo, consagrar esta nueva institución como fedatarios públicos, como se consagran algunos en este proyecto de reforma al sistema notarial.

Creemos que es un aporte significativo todo lo que dice relación con el nombramiento. Quejas significativas venían del mundo académico y de todos aquellos que de alguna forma querían un sistema mucho más transparente. Había un serio cuestionamiento a las designaciones o nombramientos.

Este proyecto avanza de una manera relevante, dando transparencia a un mecanismo que todos consideraban que era muy propio de contubernios, de amiguismos y de un sistema de castas que se benefician con el poder de turno, para también designar a sus amigos, familiares, parientes. De alguna manera, con este proyecto terminamos con todo eso; es decir, abordamos temas significativos.

El folio real también es un aporte relevante; algunas notarías ya habían avanzado en ese sentido.

En suma, tenemos un proyecto de dulce y de agraz. Hay cosas que, al ser puestas en la balanza, lo hacen ser un proyecto relevante, pero nos sigue preocupando que mañana tengamos ministros de fe para el banco “equis”, un ministro de fe para el banco “tanto” o un ministro de fe para la empresa “tanto”. Es decir, en vez de dar mayor categoría y de resguardar la fe pública, lo que vamos a hacer será privatizarla y dejarla al mejor postor, es decir, a aquel que puede pagar por tener un fedatario a su disposición, esto es, un ministro de fe propio.

Lo anterior no guarda relación con las quejas que hoy escuchamos de la ciudadanía. No queremos un sistema que en vez de avanzar en transparencia, en economizar y en desnotarizar, avance en su privatización. La ola que viene de vuelta no es que sigamos por la misma senda de privatizar algo que se estaba haciendo bien. De una vez por todas, hay que decir que la fe pública estaba bien resguardada en manos de los que la tenían hasta hoy.

La Fiscalía Nacional Económica encontró que los precios eran elevados, y que una forma de desconcentrar la “riqueza” que estaba en pocas manos era generar la figura del fedatario. No sé si la figura del fedatario será la solución al problema. Creo que más bien va a ser más parte del problema, porque la senda no debe ser la de seguir privatizando entidades que son relevantes para la comunidad, como las vinculadas con la fe pública. Todos quieren tener la certeza de que la escritura, de que el documento que se firme dará credibilidad de que fue firmado donde correspondía. Creo que eso puede ser cuestionado por los fedatarios.

Además, un repositorio en manos de un ente que depende de una autoridad política, como es el Registro Civil, también puede generar dudas. En lugar de otorgar más certezas, es posible que estemos contribuyendo a generar más dudas respecto de un sistema para cuyo funcionamiento se requiere que la ciudadanía crea que va a aportar a la fe pública, como hasta el día de hoy está aportando.

Si vamos a cambiar un vehículo por otro, la idea es que el nuevo vehículo funcione mejor y no peor. Dadas las observaciones que se han hecho, debería funcionar mejor. Pero como ya hemos tenido otros anuncios de igual forma, al final del día podemos terminar yéndonos por la tangente y no solucionando los problemas que se pensaba prever.

La privatización de un sistema, sobre todo de uno que involucra la fe pública, de la forma en que se está haciendo, no es el mejor camino.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Ha concluido el tiempo del Orden del Día. La discusión de este proyecto continuará en una próxima sesión.