Labor Parlamentaria

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles.

De conformidad con los acuerdos adoptados el martes por los Comités Parlamentarios, este proyecto se tratará conforme a las reglas de la tabla de Fácil Despacho, por lo cual se otorgarán cinco minutos a la diputada informante -le ruego ajustarse a ese tiempo -, luego cinco minutos para hablar a favor y otros cinco minutos para hablar en contra. Si no hubiere diputados para hablar en contra, se sumará este tiempo a los que intervendrán a favor. En todo caso, los discursos serán de hasta dos minutos y treinta segundos.

Diputada informante del segundo informe de la Comisión de Educación es la señora Camila Rojas .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Educación, sesión 137ª de la presente legislatura, en miércoles 8 de enero de 2020. Documentos de la Cuenta N° 1.

-El primer informe de la Comisión de Educación se rindió en la sesión 132ª de la presente legislatura, en lunes 30 de diciembre de 2019.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señorita ROJAS, doña Camila (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Educación, paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en una moción de la senadora Yasna Provoste y de los senadores Latorre , Montes y Quintana , que modifica el artículo 17 de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, para establecer la prohibición de informar, en los registros o bancos de datos personales, sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles (boletín N° 12415-04).

Tramitación en la comisión

De conformidad con lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Corporación, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por la Cámara en la sesión 132ª, celebrada el 30 de diciembre de 2019, con las tres indicaciones presentadas en la Sala y la formulada en la comisión.

La comisión rechazó las tres indicaciones presentadas en la Sala, pero aprobó la que se presentó durante la discusión en particular, de la que da cuenta este segundo informe.

La primera de las indicaciones rechazadas tenía por objeto, según sus autores, restringir la norma a los créditos educativos para financiar estudios de pregrado, es decir, grado de licenciado, títulos profesionales y técnicos, excluyendo a los posgrados u otros tipos de cursos de educación superior de la posibilidad de no comunicar su deuda, para evitar así generar alzas en las tasas crediticias para los afectados por créditos educativos por estudios de pregrado.

Los diputados y diputadas que estuvieron por rechazarla sostuvieron que el proyecto pretende beneficiar a todos los estudiantes que tengan una deuda por estudiar y argumentaron que ninguna deuda por educación debiese ser publicada, incluyendo todos los niveles educativos y considerando toda clase de créditos con la finalidad de recibir educación.

Los autores de la segunda indicación comentaron que la redacción actual del proyecto, especialmente en la frase “ni alguna deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional en cualquiera de sus niveles” permitiría solicitar créditos de consumo, haciéndolos pasar como educacionales, sin tener que demostrar que efectivamente ese fue su destino. Por eso, se propuso reemplazarla por otra que señale que los “créditos otorgados por las instituciones de educación superior no podrán comunicarse una vez transcurridos cinco años contados desde que el deudor se constituya en mora”.

Señalaron que el objeto del proyecto es ayudar a aquellos estudiantes endeudados con el crédito solidario, Crédito con Aval del Estado, créditos Corfo y otros entregados por instituciones de educación superior, a fin de no publicar sus deudas en Dicom. Sin embargo, sostuvieron que si se mantiene la redacción original se podría perjudicar a los estudiantes que pretende beneficiar, a través del encarecimiento de sus créditos.

Los diputados que manifestaron su oposición a esta indicación afirmaron que el proyecto pretende incorporar a todas las personas que tengan deudas con fines educativos, a fin de evitar que estén en Dicom, y que los bancos seguirán otorgando créditos, sin perjuicio de no conocer el historial de pago de sus clientes. Además, estimaron poco probable que las personas comiencen a solicitar créditos con fines educativos para otras causas.

La tercera indicación rechazada tenía por objeto, según explicaron sus autores, excluir a la institución acreedora de la obligación de eliminar todos los datos relacionados con las deudas, para evitar cualquier intento de extinguir la deuda por esta vía. Recalcaron que la deuda podría no hacerse exigible si la institución acreedora no posee registro alguno, haciendo imposible su posterior cobro.

Los diputados que estuvieron por rechazarla, compartiendo la intención de la indicación, consideraron que no es posible una interpretación que derive en la extinción de la deuda, señalando que el mecanismo de cobranza no se elimina; por tanto, no se estaría condonando la deuda. Enfatizaron que el espíritu del proyecto es eliminar la comunicación de los datos, pero no la extinción de la deuda.

A continuación, se aprobó una indicación al artículo transitorio para establecer que la eliminación de los registros en ningún caso podrá entenderse como la extinción de la deuda.

En consecuencia, la comisión introdujo una enmienda al artículo transitorio del texto propuesto por el Senado.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Para hablar en contra del proyecto, tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, tal como lo comentamos cuando este proyecto se discutió por primera vez en la Sala, lo votamos unánimemente a favor. Sin embargo, sostuve que tenía algunos aspectos muy relevantes que debían cambiarse porque, de lo contrario, se perjudicaría a quienes se quería proteger.

Acabamos de renovar nuestras indicaciones, que lamentablemente no fueron aprobadas en la Comisión de Educación. Invito a leer el artículo único con mucha calma, porque el proyecto, tal como está, dice que cualquier tipo de deuda, de cualquier nivel educativo, que alguien haya contraído para sí o para terceros, no puede ser publicada. Eso implica que basta una persona diga que toma una deuda con un objetivo educacional, para que esta no pueda ser publicada; es decir, basta con una mera declaración para que no sea publicada.

Por defecto, eso va a significar dos cosas: una, que no se van a entregar ese tipo de créditos, y otra, que van a aumentar sustantivamente las tasas de interés, por el riesgo que ello significa. Ambas son contradictorias con el objetivo de este proyecto. Los estudiantes que concurrieron a la comisión sostuvieron que, por el hecho de estar en Dicom, a raíz de estar en mora por el CAE, el crédito solidario o el crédito Corfo , no podían acceder a obtener un crédito hipotecario o de otro tipo. Entonces, este proyecto les debía permitir salir de Dicom para poder acceder a esos otros créditos. Sin embargo, si toman un crédito hipotecario o un crédito de consumo, de fines generales, y sostienen verbalmente que es para costear su educación, ese crédito tampoco puede ser publicado.

¿Qué decisión adoptarán los bancos? ¡No les van a dar el crédito o van a aumentar la tasa por el aumento del riesgo! Esto no se trata de separar a buenos y malos, sino simplemente de señalar cómo funciona el mercado financiero.

Ahora, la manera de reparar esa situación es la que estamos proponiendo, que señala que no se puede publicar en Dicom…

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

¿Habría acuerdo para que use el resto del tiempo asignado para impugnar el proyecto?

Acordado.

Puede continuar con el uso de palabra, diputado Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, la primera indicación especifica que es a estudiantes para cursar carreras conducentes al grado de licenciado, título profesional o título técnico de nivel superior, que son precisamente aquellos créditos en que los estudiantes han sostenido que al caer en mora quedan en Dicom; me refiero al crédito solidario, al crédito Corfo y al CAE. Además, en la indicación que sigue, agregamos los créditos con las mismas universidades, para que ninguna de ellas quedara afuera. En ese sentido, la siguiente indicación dice: “o créditos otorgados por las instituciones de educación superior no podrán comunicarse una vez transcurridos cinco años, contados desde que el deudor se constituya en mora”.

Asimismo, quiero recalcar que traté de presentar una nueva indicación, pero se me dijo que no se podía, porque de aprobarse el proyecto tal como está, sin las indicaciones, va a tener una contradicción con la ley Nº 19.287, que regula el Fondo Solidario de Crédito Universitario, en cuyo artículo 15 dice: “En caso de incumplimiento del pago anual que corresponde efectuar en conformidad con los establecido en los artículos anteriores, dicha obligación devengará un interés penal del 1% por cada mes o fracción del mes (…), y el administrador general del fondo de la institución de educación superior procederá al cobro ejecutivo del mismo.”. Y a continuación, expresa: “Las nóminas de los deudores morosos por las obligaciones a que se refiere la presente ley, serán públicas.”.

Por tanto, esta norma entrará en directa contradicción con la anterior, salvo que lo reparemos de la manera que acabo de sostener. Por tanto, a pesar de que no logré convencer ni persuadir a los miembros de la Comisión de Educación, pido a la Sala que tengan a bien considerar los puntos que acabo de plantear, si es que verdaderamente queremos sacar a los estudiantes del Dicom por no pagar su deuda universitaria o de un instituto profesional o de un CFT.

No podemos perjudicarlos más, por lo que llamo a aprobar las indicaciones a las que acabo de hacer mención.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado Gonzalo Winter .

El señor WINTER.-

Señor Presidente, quiero partir comentando de qué se trata este proyecto y por qué es importante aprobarlo.

Han sido pocas las oportunidades en esta legislatura en que tenemos buenas noticias para darles a las personas, sobre todo a los jóvenes que están endeudados.

Este proyecto apunta a las personas que tengan deudas con instituciones educacionales, es decir, que están atrasadas, no han pagado, están en mora, tienen una deuda con el Fondo Solidario o con el Crédito con Aval del Estado. Todos sabemos que esta última política pública tuvo un impacto terrible en muchas familias chilenas y colaboró a que se produjeran los estallidos sociales de 2011, 2012 y 2019, porque generó deudas en una clase media que ya está profundamente endeudada. Muchas familias se esforzaron en pagar la universidad de sus hijos. El CAE aumentó la ganancia de los bancos, en ocasiones aumentó el lucro de determinadas instituciones y, por qué no decirlo, también hubo un saqueo del Estado a través del cobro efectuado por las universidades.

Cuando los estudiantes se constituyen en mora tienen el problema de que no entran en igualdad de condiciones a la vida laboral, porque quedan registrados en Dicom. Eso significa -se sabe que vivimos en un país muy especialque pueden tener dificultades gravísimas para conseguir un arriendo o para sacar una línea de celular. Incluso, hay casos de estudiantes que no han sido atendidos en clínicas privadas por estar en Dicom. Ese es Chile. La consigna es “no te voy a dar salud porque le debes plata a un banco, porque tuviste la osadía de creer que podías estudiar, a pesar de que no tenías el dinero para hacerlo”.

Este proyecto -quiero que quede en la historia de la leyno extingue las deudas, sino que es un avance sencillo. Dicom es una empresa extranjera y lo que establece la ley es muy sencillo: no podrá comunicarse la información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas. Esto ya existe en relación con deudas de electricidad, agua, teléfono y gas. Lo que estamos estableciendo es que tampoco puedan informarse las deudas contraídas con universidades.

Como bien dice el diputado Bellolio , para los bancos será una responsabilidad resolver cómo establecen un crédito para fines educacionales, pero hay una falacia en su argumentación, pues el diputado Bellolio considera que los bancos, cuando les entregan plata a los estudiantes, lo hacen como una forma de ayudarlos a salir adelante.

Les tengo una noticia: cuando los bancos prestan plata a los estudiantes, a los empresarios, a los pequeños capitalistas o a quien sea, lo hacen porque ganan plata con ello. Los bancos son un negocio. No lo digo para demonizar la palabra “negocio”. Ahora, que se complique el negocio de los bancos es un problema que deben resolver esas entidades.

Lo que estamos estableciendo es que si un joven chileno toma la sencilla decisión de estudiar, eso no signifique que el día de mañana no pueda acceder a un arriendo o a una intervención quirúrgica -con el sistema que tenemos también los hemos mandado al sistema privadoo a una línea telefónica.

¿Qué significa que una deuda sea contraída con fines educativos? Es un problema que tendrán que resolver los bancos en la medida en que para los bancos sea su negocio.

Por último, tampoco naturalicemos que para acceder a la educación haya que contraer deudas con los bancos. Si los bancos dejan de prestar plata para estudiar o imponen tasas de interés complejas, lo que debemos hacer es establecer la gratuidad en la educación, lo que no es una noticia nueva.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Corresponde continuar la discusión sobre las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en circunstancias que indica.

Antecedentes:

-El informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana se rindió en la sesión 142ª de la presente legislatura, en miércoles 15 de enero de 2020.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Antes de continuar con el debate del proyecto, recabo la unanimidad de la sala para reducir a cinco minutos las intervenciones, debido al alto número de diputados y diputadas inscritos.

¿Habría acuerdo?

Aprobado.

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señor Presidente, después de casi noventa días en que Chile despertó y se movilizó, un tiempo en el que millones de personas hemos marchado pacíficamente por las calles exigiendo justicia, equidad, dignidad, resulta que el gobierno solo responde dictando leyes represivas que criminalizan la protesta social y buscan encarcelar a ciudadanos comunes y corrientes que, cansados de tanto abuso, salen a protestar por las calles de nuestro país.

Hablemos con franqueza. Actualmente, el Código Penal permite encarcelar a quien incendie o robe un negocio, ya sea un quiosco o un gran supermercado. Para que se entienda bien, ahora y sin necesidad de esta ley, quien incendie o robe un negocio ya tiene pena de cárcel. Nada de lo contenido en este proyecto requiere de una nueva ley.

Todo lo que debe ser considerado delito, ya es delito. Entonces es falsa, es una mentira muy grande, toda esta vergonzosa discusión, porque lo que se encubre mañosamente es la criminalización de la protesta social, que es legítima. Esto es lo que se llama populismo penal.

El gobierno presenta este proyecto de ley solo para ver si logra subir un par de puntos en el mísero apoyo que tiene hoy, lo que por cierto no va a suceder.

La marcha más grande de Chile, la del 25 de octubre, con 2 millones de personas, fue tan pacífica que hasta el propio presidente Piñera dijo que la marcha lo había llenado de alegría e, incluso, insinuó que él estaba presente.

Pues bien, con este proyecto de ley, estos 2 millones de personas se van a transformar en delincuentes porque se penalizará la ocupación de las calles sin permiso previo, se castigará con cárcel la interrupción de la circulación de locomoción colectiva, que fue exactamente lo que sucedió en esa histórica marcha. Así, se pretende criminalizar la legítima protesta civil y la marcha pacífica.

Aquí hace falta regular los verdaderos saqueos, no la protesta social. Hay algunos saqueos que no tienen penas de cárcel y que quedan en la total impunidad. A los que han saqueado este país y han coimeado parlamentarios se los manda a tomar clases de ética; hubo un exministro del actual presidente que saqueó todo un país con la colusión de papel higiénico, y tres cadenas de farmacia, las más grandes del país, nos saquearon coludiéndose con los precios de los remedios.

Por todos esos saqueos a millones de chilenos, ¿hay algún responsable preso? ¿Alguien con arresto domiciliario o con firma mensual? ¿Al menos una persona? ¿Solo una persona? Ninguno de esos criminales que han saqueado al país está donde debería estar: en la cárcel.

Pero sigamos. ¿A cuánto alcanzó el saqueo en el “pacogate”? 28.000 millones de pesos.

¿Cuánto fue el saqueo del perdonazo a Johnson? 70.000 millones. ¿Los millones robados en el “milicogate”? 140.000 millones. ¿Y la elusión de las empresas zombis, en las que hay considerar varias propiedades, incluso, del Presidente Piñera?

Las cifras que se dan de saqueos son impresionantes; sin embargo, no hay nadie preso.

¿Algún director de esas empresas? ¿Algún gerente? Nadie ha pagado con cárcel, y resulta que el gobierno está preocupado de meter preso a quienes aplican “el que baila, pasa”.

Estos abusos son los que tienen indignados a todo Chile. El gobierno no puede seguir presentando estos absurdos proyectos que aumentan la represión.

Si queremos que las cosas cambien y que este sea un mejor país, no va a ser con jóvenes presos o mutilados. De una vez por todas, el gobierno debe presentar proyectos para recuperar el agua, para anular la corrupta ley de pesca, para terminar con las AFP, para condonar el CAE, para aumentar el sueldo mínimo. Esos son los verdaderos saqueos que han afectado y siguen afectando a millones de chilenos y chilenas.

Por cierto, vamos a rechazar este intento de penalizar la legítima protesta y la legítima movilización ciudadana.

Vamos a rechazar este proyecto. He dicho.

-Aplausos.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, yo me dirigiría al señor Piñera y le diría que colocar la fuerza en la agenda, en esta materia, indica, una vez más, que está completamente equivocado. Pretender colocar en la agenda mayor fuerza represiva, en este caso apuntando fundamentalmente a la criminalización de la protesta, sin duda es un grave error, como el que cometió anoche en cadena nacional. Después de una serie de diálogos que había, incluso, en parte importante de la oposición para proponer un cambio sustantivo en materia previsional, el Presidente Piñera anoche se dio el lujo de decirnos, por cadena nacional, que las AFP van a seguir haciendo su gran negocio. Esa es una de las demandas principales que ha manifestado la ciudadanía en nuestro país durante los últimos meses e, incluso, durante los últimos años, pero ni siquiera eso escucha.

¿Y qué se hace? Se pone énfasis a este tipo de proyectos de ley, que, además de no tener ninguna razón de orden práctico, porque no prestará ninguna utilidad, evidencia lo que está de fondo. Ahí es donde la ciudadanía debe tener el tema claro, porque vamos a enfrentar un proceso en el mes de abril, que nos abre la posibilidad, si aprobamos, de cambiar la Constitución. Lo que hoy propone el gobierno refleja precisamente la seguidilla de acciones por parte del Presidente Piñera y de la derecha en orden a ir endureciendo la mano.

Ya la derecha casi completa, o buena parte, se alista para rechazar la posibilidad de abrirnos a discutir una Constitución a través de un mecanismo de participación, como corresponde hacer en cualquier país decente y civilizado. Ya se están formando los grupos para ir a rechazar la posibilidad de tener una nueva Constitución.

En la prensa he leído la información de que el Presidente ha llamado a Chadwick para que él se encargue de la propuesta de nueva Constitución de Chile Vamos. El hecho de que sea Chadwick no es menor, pues él fue ayudante y profesor junto a Jaime Guzmán . ¡Eso refleja lo que está pasando hoy! Este proyecto de ley va encaminado exactamente hacia lo mismo, y eso me preocupa.

Por eso, los regionalistas no nos equivocamos cuando lo rechazamos desde el principio algunos de nosotros con mucha claridady no lo aprobamos ni siquiera en su primer trámite constitucional, porque lo que está detrás, una y otra vez, es esa lógica.

Si el gobierno, la derecha y Piñera quieren efectivamente terminar con actos que pueden ser constitutivos de delitos, están todos los instrumentos en el Código Penal, que tiene más de cien años. Por ejemplo, está el delito de alteración pública en el artículo 269 y siguientes. Hay una serie de instrumentos jurídicos que tienen hoy para perseguir los delitos que han señalado. Está la Ley de Seguridad Interior del Estado, que han aplicado.

Entonces, este no es precisamente el camino.

Yo creo que se equivoca porque no entiende o no quiere entender el problema de fondo, que es la profunda desigualdad que hay en la sociedad chilena, como han dicho muchos de quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Pero es importante recordar, particularmente hoy, algunas de las causas de esa desigualdad que tiene Chile, de esa concentración de la riqueza, de ese 1 por ciento que ostenta más del 33 por ciento de la concentración de los ingresos, de esa brutalidad que ocurre en Chile, de esa carga tributaria tan aliviada de no más del 20 por ciento, la más baja del conjunto de países con el que nos gusta compararnos.

Una de esas causas precisamente es el saqueo. Pero el saqueo que los grupos económicos hicieron al Estado de Chile. Aquí hay un libro de la gran periodista María Olivia Mönckeberg , de fines de los 90 o principio de los 2000, donde ya relataba esto.

(Aplausos)

Una gran periodista que después obtuvo el Premio Nacional. Nunca desmentida respecto de su seria investigación.

Por eso vamos a rechazar este proyecto de ley, porque no va por el camino correcto, porque no tiene sentido, porque no usa la misma vara, porque es exactamente lo contrario de lo que se tiene que hacer.

Lo que hay que hacer es profundizar la democracia, abrirse a la posibilidad de cambiar la Constitución por un Chile digno en el mes de abril y no retroceder.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, originalmente yo no iba a intervenir en la discusión de este proyecto, porque estaba más bien centrado en la discusión constitucional o sobre seguridad pública. Sin embargo, me es imposible no hacer una reflexión sobre el hecho de que algo debe pasar al interior de esta Sala -quizá hay un ambiente tóxico-, porque los diputados dicen una cosa en los pasillos, pero cuando entran a esta Sala cambian de opinión. Por ejemplo, dicen que condenan la violencia. Sin embargo, aquí hacen una apología al saqueo y a la violencia.

Si realmente quieren que no se confunda la protesta social con la violencia y que, por lo tanto, no se criminalice, entonces condenen los saqueos, las barricadas violentas y las acciones que no son legítimas en una democracia. Es exactamente lo contrario del discurso sostenido aquí respecto de que este proyecto criminaliza la protesta, porque es ese discurso el que criminaliza la protesta, porque es ese discurso el que está sosteniendo que poner una barricada, incendiar la propiedad de otra persona, quemar una sede de un partido, saquear un supermercado, incendiar las pymes es parte de la protesta social. ¿Entonces ese es un derecho?

¿Eso es lo que están sosteniendo? De hecho, no se escuchó, pero el diputado Alarcón dijo que sí.

Es importante que la ciudadanía conozca ese tipo de cosas. Algunos han dicho que este proyecto de ley es malo, pero lo votaron a favor antes; les hicieron ¡bu! en redes sociales y cambiaron de opinión. Venían por los pasillos, les dijeron algo y se asustaron porque algunas juventudes de algunos partidos antidemocráticos les ponen tuits y se vuelven locos; por eso, cambian de opinión.

¿Hasta cuándo la falta de convicciones democráticas? Esto es muy sencillo: estamos de acuerdo en que hay violencia legítima para hacer política o no. Estar en desacuerdo con la violencia como forma legítima de la política es una cuestión que uno esperaría que fuera un avance “civilizatorio”, como dicen ustedes. Yo esperaría que en ese avance “civilizatorio” no vayamos a una involución. Porque las sociedades antes de los Estados modernos resolvían sus problemas a punta de violencia. Al parecer, algunos quieren volver a esa involución, y entonces sostienen que la violencia física, fascista, de ultraizquierda, que impide que una persona pueda cuestionar a otra o pensar diferente, es parte de la protesta social. ¿En verdad creen eso?

Entonces, algunos dicen que hay gente de derecha que hace campaña del terror por el apruebo o rechazo; perdón, la campaña del terror la hacen precisamente aquellos que quieren causar el terror, y, lamentablemente, ustedes se suman al coro cuando sostienen que la violencia que hemos visto es la protesta social. Eso es completamente contradictorio con todos los discursos que dijeron en todas partes respecto de que la protesta social era pacífica, legítima, buena, con aspiraciones, y que todos podemos estar o no convocados a ellas, pero a continuación, cuando se dice que se quiere penalizar que algunos saqueen, que hagan pedazos las pymes, dicen que no, que eso es parte de la protesta social. ¡Vaya contradicción! Y para tratar de buscar a un enemigo común, entonces dicen que es un proyecto del gobierno.

Pero les tengo una mala noticia: no es un proyecto del gobierno. Y después dicen que el gobierno no ha mandado los proyectos de ley que son importantes. ¡Perdón!, los ha mandado todos. Otra cosa diferente es que a ustedes no les gusten, y, de hecho, los han bloqueado casi todos.

Entonces, de verdad creo que después vamos a tener que enviar un oficio para ver si el aire acondicionado que está en la Sala tiene alguna toxina que hace que sea imposible que nos pongamos de acuerdo en cuestiones básicas y mínimas, y que los discursos en los pasillos, en privado, cambien hacia lo público cuando hay una cámara.

La debilidad de las convicciones democráticas es lo que hace que tambaleen las democracias y las instituciones.

Esperaría muchísimo más, especialmente de aquellos que tienen esa larga trayectoria de lucha por la democracia, ya sea en la dictadura u hoy.

De una vez por todas, digamos bien claro, por un avance civilizatorio: la violencia nunca se justifica.

He dicho.

-Aplausos.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, he escuchado con mucha atención el último discurso, y quiero ser superclaro: a nadie, y en esto hay que ser justo, a ningún parlamentario, a ningún partido político legalizado en nuestro país le he escuchado estar a favor de la violencia. A ninguno. ¡A ninguno!

Entonces, no tratemos de separar a Chile entre partidos políticos que fomentan la violencia y partidos que no la fomentan. Ningún partido político en Chile la fomenta. Si no, estaría proscrito y no se podría haber legalizado. No digamos cosas que no se ajustan a la verdad, porque aquello no contribuye ni al diálogo ni a buscar soluciones al profundo problema que hoy tenemos en nuestro país.

Por consiguiente, quienes luchamos por la democracia, quienes jugamos un rol importante y arriesgamos nuestras vidas por recuperarla, no la recuperamos para que después, en democracia, se quiera restringir la libertad de los chilenos. Si luchamos por recuperar la democracia era para que existiera libertad en Chile.

Y, claro, hay distintas maneras de ver la libertad. Hay algunos que solo ven la libertad de la paz de los cementerios. Para ellos eso es la paz. Para otros existe otra paz, que tiene tres caminos: el camino de la justicia, el camino de la verdad y el camino de la libertad. Para nosotros esa es la paz social y no la paz de los cementerios, que pretenden, de una u otra manera, implementar con este tipo de medidas y de acciones.

Fíjense que el mismo diputado que se está retirando de la Sala en este momento habla con mucha fuerza cuando se reprime en Hong Kong y habla con mucha fuerza cuando se reprime en Venezuela; sin embargo, hoy es cómplice cuando se reprime a sus propios compatriotas.

¡Ahí sí que no tiene voz!

(Manifestaciones en la Sala)

¡Ahí se olvida de que sus propios compatriotas son seres humanos que requieren respeto y dignidad! Para defender a otros países sí tiene voz, pero aquí en Chile se hace cómplice de la represión, de la agresión y del Estado policial que se quiere establecer en nuestro país.

Hay gente que no quiere entender que Chile cambió. El otro día en una comisión escuchaba a una persona decir que el único sexo seguro era la abstinencia. Ayer, salió un parlamentario a señalar que el matrimonio igualitario era el fin de la humanidad. ¡El fin de la humanidad! ¿Se dan cuenta de las cosas que estamos escuchando en estos días? ¡Eso es no entender nada!

Quiero ser claro: el Partido Socialista y todos los partidos que conozco en esta Sala han tenido una actitud de condena absoluta a la violencia. Por eso rechazamos el proyecto que viene del Senado, porque cambió. No tengo vergüenza de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados en el primer trámite. Pero el proyecto de la Cámara era bien claro, porque establecía que en una manifestación pacífica, el que se saliera de ella para hacer actos de delincuencia, de saqueos, de robo, podía ser sancionado. Esa persona podía ser sancionada.

Aun más, aquí los juristas lo han recordado: en Chile esto ya está penalizado. ¿Por qué seguir penalizando aún más las manifestaciones que ocurren en nuestro país?

Por eso -reitero-, este proyecto es como tirar una bomba molotov a las manifestaciones sociales en nuestro país; esto es responder a la violencia con más violencia. Y jamás, en ningún lugar del mundo, se construye la paz aplicando más medidas represivas y violentas para traer la supuesta paz social, que no existe cuando hay represión...

-Aplausos.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, en 2013 se inició una investigación en contra del entonces subsecretario de Minería, Pablo Wagner , quien fue acusado de haber suscrito un documento que habilitaba a Soquimich a participar nada menos que del concurso público para la concesión del litio, ocasión en que él habría incurrido en una eventual falsificación de instrumento público.

Luego de ello y antes de ser formalizado, el 2015-2016, se conoció un correo electrónico en que Pablo Wagner , en 2012, habría escrito al entonces subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn , el siguiente texto que quiero leer, porque me parece bastante importante. Es un mail de agradecimiento por las gestiones que habría realizado el subsecretario. Dice: “Gracias, hermano, por el constante apoyo. No era fácil, pero salió, y le van a caer sus milloncitos.”. Este correo electrónico fue parte de la investigación en contra del subsecretario Wagner , pues obviamente habría un delito de cohecho entre Soquimich y el subsecretario Pablo Wagner , ya que esta empresa no cumplía con los requisitos para postular, pero la hicieron postular igual y ganar la concesión.

En febrero de 2017, Pablo Wagner logró un acuerdo con la fiscalía para la suspensión condicional de la investigación en su contra. Adivinen qué tuvo que pagar. Solo tuvo que donar 1.000.000 de pesos al cuerpo de Bomberos de Santiago y a Techo Chile.

Cuando uno ve este tipo de casos en que el cohecho era evidente, porque un funcionario público intervino a favor de una empresa para nada más ni nada menos que la explotación del litio, uno dice: “Aquí está el gran saqueo”.

Reitero: aquí está el gran saqueo. Y por más que haya logrado un acuerdo de suspensión condicional con la Fiscalía, la verdad es que es cosa de ver los medios de comunicación y la investigación para darse cuenta de que no hay ninguna duda de la responsabilidad de estos funcionarios. Al punto de que eran capaces de poner en un correo electrónico: “Muchas gracias, hermano; te van a caer unos milloncitos.”.

Entonces, cuando vemos de parte del gobierno un proyecto de ley que tiene por objeto criminalizar la protesta social y el saqueo, uno se hace la pregunta sobre la complicidad no solo con la impunidad de este tipo de delitos de casos de corrupción y de cohecho evidentes, sino que, además, sobre la complicidad con el gran saqueo. Porque el gobierno comprometió una agenda antiabusos en contra de las colusiones, en la que se aumentan las penas para el cohecho, y la verdad es que hasta el momento esos proyectos no tienen la urgencia que se requiere. Y hoy estamos discutiendo un proyecto para criminalizar la protesta social y no un proyecto sobre los grandes saqueos que ha habido en Chile.

Por lo demás, los señores como Pablo Wagner son, en gran medida, responsables del estallido social, porque es evidente que ha habido impunidad.

No tengo problema alguno en condenar la violencia, y nunca lo he tenido, pero no la protesta social legítima y pacífica, sino cuando se realizan actos de saqueos a supermercados o a lo que sea. En esos casos, por supuesto que la condeno. No tengo ningún complejo en eso, y nunca lo he tenido. Pero otra cosa es la protesta social legítima. Quien intente confundir las cosas está equivocado.

Reitero que no tengo problema con eso, pero quiero recordar al gobierno su compromiso y su anuncio al país de que iba a terminar con los delitos de cuello y corbata. ¿Dónde están los proyectos de ley para terminar con las grandes colusiones? ¿Dónde están las urgencias para esos proyectos? ¡Eso lo necesitamos!

Problemas con que se persiga el saqueo a supermercados, a farmacias, a pymes, no tengo ninguno, pero realmente vayamos por los señores como Pablo Wagner , por los señores que han comprometido los recursos naturales de todo el país, como el litio. Hasta el Consejo de Defensa del Estado se querelló en contra de ellos, pero al final, a través de un acuerdo con la fiscalía, se resolvió que salieran impunes y que solo pagaran un millón de pesos a Bomberos y un millón de pesos a la fundación Un Techo para Chile. ¡Eso no es justicia!

He dicho.

-Aplausos.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, tengo sentimientos encontrados. Estoy contento -por qué no decir felizpor la forma en que el Senado votó el proyecto de ley antisaqueos y antibarricadas, pero estoy triste porque parlamentarios de la oposición hoy quieren justificar lo injustificable en sus discursos. Dicen estar en contra de la violencia y argumentan que están a favor de las protestas pacíficas. Bueno, quiero decir que yo también lo estoy. Todos estamos a favor de las protestas pacíficas, pero nadie en su sano juicio puede estar a favor del saqueo, de las quemas, de los ataques o del famoso “el que baila, pasa”. Eso no lo entiendo.

He escuchado a algunos preguntar en qué país estamos viviendo. Pues bien, estamos viviendo en un país donde un grupo de parlamentarios aprueba la violencia, aprueba que quemen las micro, pequeñas y medianas empresas, aprueba que destruyan las iglesias y aprueba que quemen las sedes parlamentarias. Hace algunos días quemaron mi sede y un parlamentario de oposición, no sé si en broma o en serio, me dijo: “Lamentablemente, Leonidas , tú no estabas adentro”. Eso lo aprueban, y lo dicen con un descaro total. Creo que estamos equivocando el camino.

En verdad, espero que esta iniciativa se apruebe por amplia mayoría, porque no es posible que se continúe con este tremendo nivel de violencia. Cuando uno se desplaza por las carreteras hacia su ciudad, no sabe si llegará a su casa; no sabe si lo reconocerán. Afortunadamente, muy poca gente en Santiago y en Valparaíso me conoce. Por eso no he sufrido ataques. Pero, ¿cuántos parlamentarios ya los han sufrido, por ejemplo, en los aeropuertos? En verdad creo que estamos cometiendo graves errores.

El 18 de octubre, Chile despertó, efectivamente. Pero también despertó el lumpen, el terrorismo y la delincuencia. Hoy vemos que están siendo atacadas las comisarías, los regimientos, y las policías están con los brazos amarrados, porque tenemos un gobierno que no se las ha jugado y no se ha puesto los pantalones para impulsar proyectos de ley que apoyen a las policías. Por si eso fuera poco, existen parlamentarios que aparecieron en las manifestaciones violentas con el objeto de agredir verbalmente a las Fuerzas Armadas y de Orden, pero como tienen fuero, nadie les dijo nada.

Conozco casos de pequeños comerciantes que estuvieron día y noche cuidando sus boliches, porque lo único que les quedaba era ese capital. Fueron amenazados de muerte y agredidos, pero no verbalmente, sino físicamente, a quienes les robaron absolutamente todo lo que les ha costado años de sacrificio.

Yo soy un microemprendedor; vengo de una familia muy humilde. Sé lo que es dar trabajo y lo que cuesta llegar a fin de mes y pagar impuestos y sueldos, pero hay personas que no lo saben, que con mucha facilidad dicen que están a favor de las manifestaciones y que el que delinque, que hace barricadas, que quema y que roba, no es delincuente.

Señalan que no están en contra de aquello, parece que para ser más populares. Yo no quiero ser popular, sino decir lo que pienso y defender a los miles de ciudadanos que quedaron en la calle sin trabajo.

He escuchado también a mis colegas referirse a los derechos humanos. Bueno, ese pequeño comerciante, su familia y sus hijos también tienen derechos humanos, y no los he visto ni he escuchado defenderlos. ¡Qué triste!

Espero que hoy, mayoritariamente, los parlamentarios que somos hombres y mujeres de bien apoyemos este proyecto de ley, porque es necesario para dar tranquilidad a miles de chilenos que están esperando que hagamos bien las cosas.

Derechos humanos tenemos todos; todos somos humanos. Yo soy malo para bailar. Hasta aquí no me ha tocado, pero espero que no me toque vivir “el que baila, pasa”, porque lo más probable es que me destruyan el auto y me agredan, porque no voy a bailar. ¡Yo bailo cuando quiero y donde quiero; no cuando me obligan! ¡Mis derechos también deben ser respetados!

He dicho.

-Aplausos.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ.-

Señor Presidente, dejaré de lado mi discurso con el que pretendía dejar claro que los que claman por la paz, hablan en contra de la violencia de cualquier tipo e instan a otros a que se pronuncien sobre los saqueos o las barricadas, son los mismos que generaron esta institucionalidad que nos rige y que se basa en la más brutal de las violencias: surgida en un golpe de Estado, con el exterminio de miles y miles de personas, con personas desaparecidas que hasta hoy buscamos en todo el territorio de la república y que aún no encontramos.

Cuando predican en contra de la violencia, parece que olvidan que la Constitución del 80 surgió en una dictadura. Pero ellos nos dicen ahora: “Ustedes son los violentos”. ¿Quiénes son los violentos?

Pero bueno, tal como dije, dejaré mi discurso a un lado, porque quiero abocarme a leer algo que creo que es sumamente pertinente para el día de hoy.

Todos sabemos que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos es la principal entidad de Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. La Asamblea General encomendó justamente a ese Alto Comisionado la misión de promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo. Esa es su misión.

Y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con fecha 15 de enero de 2020 -es decir, ayer-, nos mandó una carta a cada uno de los parlamentarios y parlamentarias presentes en este hemiciclo. ¿Qué nos dijo?

“Honorables diputadas y diputados:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi calidad de Representante Regional para América Latina de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en el marco del acuerdo de sede suscrito entre el gobierno de la República de Chile y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 23 de septiembre de 2009.

A través de la presente comunicación, me permito expresar la preocupación del ACNUDH por la serie de proyectos de ley enmarcados en la “agenda de seguridad”, los que se encuentran en proceso de discusión parlamentaria.

La ACNUDH reconoce la necesidad de adoptar estrategias y medidas de distinta índole para prevenir actos de violencia y saqueos. Sin embargo, la oficina coincide con los diagnósticos que señalan que la respuesta a los movimientos sociales debe enfocarse principalmente en el diálogo, y que la utilización del derecho penal y estatutos penales excepcionales deben ser siempre de ultima ratio.”.

¿Qué agrega? “En particular, preocupa el proyecto de ley Boletín N° 13.090-25, que supone modificar el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agrava penas aplicables. El artículo único número 1 de este proyecto, que agrega un nuevo artículo 268 septies al Código Penal estipula que será sancionado “El que, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos.”.

Luego, el proyecto sanciona con igual pena “a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por ésta.”.

Desde la perspectiva de los estándares internacionales, la formulación del artículo podría ser problemática, por lo siguiente: la posibilidad de sancionar penalmente la interrupción de la libre circulación de las personas sin autorización da a entender que se pueden hacer barricadas con autorización y sin autorización.

Cuando el Senado recibió este proyecto dijo que este era un engendro jurídico. ¿A qué se dedican los parlamentarios que nos mandan este proyecto-aberración? Bueno, ahora el mismo proyecto que viene del Senado comete las mismas aberraciones jurídicas.

En consecuencia, hoy nos quieren hacer sancionar la protesta social, la movilización social. Y acá el representante nos insta a que, en buenas cuentas, rechacemos esta legislación, porque es una agenda represiva que no conduce a solucionar los problemas que la gente demanda en la calle. Si algo tenemos que respetar, sin duda, es el estándar internacional de los derechos humanos, y se nos insta hoy a rechazar esta legislación. Y eso es lo que el Partido Comunista de Chile va hacer.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, en este proyecto de ley de la agenda de seguridad veremos la hora de la verdad de los que están dispuestos a amparar la violencia o no, y punto. Esa es la discusión que hay hoy.

Decir aquí que se votará en contra porque no se han presentado otros proyectos es un profundo error. Aquí, efectivamente, llamo al gobierno y le pido al ministro secretario general de la Presidencia que presente el proyecto anticolusión, que presente proyectos que defiendan a los consumidores, pero que no sea esa la excusa para rechazar un proyecto de ley que lo que busca es sancionar el saqueo.

Parece increíble, pero la excusa que dan es: “Como no se ha presentado el proyecto de ley anticolusión, rechazo el del saqueo”.

Aprobemos los dos, apuremos los dos y avancemos en los dos.

Pero lo que hemos visto aquí en forma reiterada por parte, ya no solo del Partido Comunista, ya no solo de algunos sectores del Frente Amplio, sino de parte importante de la izquierda es el miedo a aprobar un proyecto de ley que sanciona el saqueo.

¿Qué más sanciona el proyecto de ley? Las barricadas.

Pero aquí se dan unas volteretas olímpicas para intentar explicar por qué esto criminaliza la protesta social. Aquí no se está criminalizando la protesta social, sino sancionando a los violentistas, a aquellas personas que se aprovechan del caos social para saquear, no solo supermercados, sino locales comerciales, pymes. Eso es lo que está en el fondo.

Todos conocemos en nuestras zonas pequeñas y medianas empresas que han sido destruidas. Imagino que todos han solidarizado con ellas. Pero cuando toca sancionar a los violentistas, prefieren mirar para el lado, y les siguen temiendo a las redes sociales, al bullying de los sectores más de izquierda.

¿Qué más busca este proyecto? No solo sancionar el saqueo más duramente, no solo sancionar las barricadas, sino también, por ejemplo, al que lanza objetos cortantes, contundentes, que pueden causar lesiones y hasta la muerte a una persona. Eso también se está sancionando acá. Porque cuando se tiran piedras que pesan 10 kilos y se intenta achuntarle a la cabeza de una persona, lo que ahí se está haciendo es intentar matarla o causarle lesiones graves. Eso también tiene que ser sancionado.

Pero no, para ellos esto es legítima protesta social.

¿Por qué el miedo a no ser capaces de diferenciar al legítimo manifestante, que legítimamente marcha pidiendo o exigiendo derechos, de aquellos violentistas que se aprovechan de eso para causar temor y violencia?

Recuerdo las marchas de 2011. Algunos de los dirigentes estudiantiles, hoy parlamentarios, salían después de las marchas a condenar la violencia de los encapuchados. Bueno, ¡este es el momento de sancionarlos! Este es el momento de sancionar las barricadas, a los que atacan a carabineros, los actos violentos. Dejemos el discurso fácil de la condena al aire y pongámoslo sobre una normativa que permita sancionar de verdad a estos violentistas.

¿Qué más se quiere sancionar? La práctica “el que baila, pasa”. Obvio que con una pena mucho menor. Pero, ¿por qué tener miedo a que haya una sanción a aquel que amenaza y humilla a una persona porque no hace lo que le está exigiendo? ¿Por qué ese miedo a enfrentar a los violentistas y decirles “nosotros no”?

Nosotros valoramos la protesta social; nosotros escuchamos, y para nadie es un misterio. A unos les podrán gustar más o menos los proyectos que ha anunciado el gobierno, pero se está haciendo un esfuerzo potente; se está escuchando. Pero aquí hay algunos que prefieren escuchar las redes sociales, que votan un proyecto de ley y al día siguiente piden perdón, porque les hicieron bullying. Ese miedo hay que dejarlo de lado y empezar de una vez por todas a sancionar a los violentistas.

¡Bienvenidas la legítima protesta y las legítimas demandas! ¡Condena a los violentistas! Esto es lo que estamos haciendo. No les tengan miedo a las redes sociales, y actuemos con coherencia para avanzar en esta legislación.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, estimados colegas, honorable Sala, creo que hay que revisar un poco la historia de este proyecto, que hoy estamos discutiendo en tercer trámite constitucional.

Este proyecto fue abordado e intensamente discutido en la Comisión de Seguridad Ciudadana y luego pasó a la Sala, donde fue aprobado por 127 parlamentarios, 127 diputados no solo de los partidos oficialistas, sino también de los partidos de la centroizquierda democrática, de los partidos de la ex-Concertación, quienes estamos absolutamente decididos a avanzar en reformas estructurales para el país, por ejemplo, a través de la creación de la nueva Constitución, en una profunda reforma a las pensiones para terminar con el negocio de las AFP, para terminar con la colusión de las grandes empresas.

Eso lo queremos hacer, pero en el marco de la institucionalidad, en el marco democrático y no con comportamientos fascistas, que se han ido expresando a lo largo de estos meses, pues no solo se están planteando demandas justas, sino que los que con justa demanda están planteando demandas hoy día se están confundiendo con aquellos que están cometiendo delitos.

Tenemos ya cerca de 30.000 locales afectados por saqueos en todo Chile. De ellos, 13.000 a 15.000 son pequeños comerciantes, son micro y pequeños emprendedores que están directamente afectados por los saqueos. 1.400 millones de dólares en pérdidas, según datos de la Cámara de Comercio. El robo en lugar no habitado creció en 213 por ciento, y según datos de la Dirección del Trabajo, 101.000 personas perdieron su empleo.

Considero que cuando la discusión de ese proyecto llegó al Senado, de manera injusta y desproporcionada consideraron que debían hacer el proyecto de nuevo. Como consecuencia de ello, ¿qué tenemos de vuelta en este tercer trámite constitucional? Un proyecto muy similar al original, que mantiene el espíritu del proyecto inicial, pues establece claramente la sanción del saqueo y la condena a quienes violen derechos de terceros, como el derecho a expresarse libremente, el derecho a transitar por las calles y el derecho a la integridad física.

Esta iniciativa no criminaliza la manifestación legítima, sino que sanciona a quienes cometan delitos en el marco de manifestaciones.

Lo primero que hace -quiero precisarlo, porque en los últimos días hemos escuchado muchos mitos al respectoes establecer penas para quienes lancen utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes que puedan causar la muerte. ¿Quién podría estar a favor de ese delito? Creo que nadie, por lo cual espero que la honorable Cámara de Diputados sancione a aquellos que, ocupando elementos cortantes, punzantes o potencialmente contundentes, puedan causar la muerte de terceros.

En segundo lugar, aumenta las penas a quienes saquean con ocasión de alguna calamidad. Evidentemente, ese es un delito, y ha afectado no solo a los grandes empresarios, aunque algunos dicen que si le roban al retail no afecta tanto. Hagamos oídos sordos, y perfecto. Pero lo cierto es que también se han visto afectadas entre 10.000 y 13.000 pequeñas y medianas empresas, pequeños comerciantes. Vengo de una familia de pequeños comerciantes; sé lo que significa cada peso para esos pequeños emprendedores.

En tercer lugar, se sanciona a aquellos que interrumpan completamente la libre circulación, no a aquellos que protesten legítimamente; se sanciona a aquellos que corten e interrumpan la libre circulación mediante violencia o intimidación, a aquellos que usen violencia o intimidación. Si usted va pasando con su familia y una turba lo agrede, ese es un delito.

Llamo a la honorable Cámara de Diputados a aprobar este proyecto, porque aísla a los delincuentes de quienes…

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señora Presidenta, debido a varios emplazamientos de algunos parlamentarios de Chile Vamos, es pertinente y necesario señalar con fuerza y convicción que condeno todo tipo de violencia como método de acción política. Creo que la única manera legítima para exigir cambios en democracia es la manifestación pacífica.

No obstante, debemos analizar este proyecto en su contexto, y lo que busca -lo dijeron con claridad los senadores de gobierno y de oposiciónes que demos una señal política. Esta iniciativa es una cáscara sin contenido, es una excusa del gobierno para salir a decirle a la gente que está preocupado y que está haciendo algo por el orden público, y una excusa para que la clase política pueda decirle al país que estamos tratando de ordenar la casa. Sin embargo, es mentira, pues no soluciona el problema de fondo.

Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es si condenamos la violencia en el marco de las movilizaciones sociales, si apoyamos las marchas en cuanto forma de movilización pacífica y si pensamos que hay que aislar la violencia y la delincuencia. Y a todo eso por supuesto que respondemos que sí.

Pero ¿cuál es la manera de solucionar ese problema? ¿Por qué se realizan esas marchas, esas movilizaciones, ese estallido social? ¿Se deben simplemente a un problema penal? Y la respuesta es ¡no! Este es un problema político y social, no es un problema penal, y los problemas políticos y sociales no se resuelven a través de la represión penal ni por vía del populismo penal.

Todos los delitos que aquí se están discutiendo y los tipos en los que se está tratando de innovar ya existen; tenemos una regulación penal que permite perseguir esas acciones delictivas. Lo que hay que asegurar es que haya la debida investigación, que las policías hagan su pega, que los jueces hagan su pega, que las fiscalías del Ministerio Público hagan la pega, y que la ciudadanía también haga la pega de diferenciar y establecer una clara muralla china entre el manifestante pacífico y el violentista y el delincuente.

Por lo tanto, no demos señales equivocas a la ciudadanía; abordemos los problemas de fondo, que hoy se están tapando y que se están metiendo, una vez más, debajo de la alfombra.

Lo único que ha hecho el gobierno es centrar todo el foco, toda su preocupación en los efectos de esta crisis social, de este estallido social; en cómo recuperamos la paz social, cómo recuperamos el orden público, cómo estabilizamos nuevamente la economía, cómo reconstruimos aquello que se ha dañado, pero aún no vamos a la causa de esos problemas.

Por ello, espero que, de una vez por todas, tengamos una agenda social robusta en la que seamos capaces de ponernos de acuerdo para responder a los grandes temas que están pendientes, que son los que ha salido a exigir la ciudadanía.

No estoy de acuerdo con los populismos penales; no creo que el derecho penal esté para responder a una determinada contingencia en un momento determinado de una sociedad. Esto debe enfrentarse de manera seria, pensando en el largo plazo, con una redacción y una técnica legislativa adecuadas, ya que esta, evidentemente, es insuficiente y no supera ningún estándar de rigurosidad en materia de leyes penales.

Hagamos las cosas en serio, no nos dediquemos a hacer políticas de señales, políticas de humo; hagamos política pública en serio. Avancemos en las demandas de fondo, respondamos las demandas sociales, veamos cómo podemos regular y entregar más eficiencia a nuestro sistema para mantener el orden público y, al mismo tiempo, recuperemos nuestro mercado laboral y nuestra economía.

Son tres patas de una misma mesa, que hay que abordar en conjunto; de lo contrario, la mesa queda coja.

No obstante que la vez anterior estuvimos de acuerdo en aprobar en general y rechazar algunos de los temas que pensábamos que criminalizaban el movimiento social, hoy vamos a votar derechamente en contra todo el proyecto, ya que no aporta absolutamente en nada a solucionar el problema de fondo. Hay que buscar otras soluciones.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON.-

Señora Presidenta, ha habido varias confusiones respecto de este proyecto de ley, las que me gustaría aclarar en esta intervención.

Se señala que se trataría de un proyecto que sanciona las capuchas, es decir, que se trataría del proyecto antiencapuchados, o que algunos habríamos votado a favor de establecer penas para “el que baila, pasa”, una forma de manifestación de estos últimos meses. Ambas cosas son falsas.

Lo cierto es que hay algunos que aprobamos la idea de legislar para mejorar la norma que sanciona los saqueos, cuya realización -todos compartimosno es algo deseable para la sociedad. En esa línea, tanto en la Cámara como en el Senado, insistimos en dar facultades al juez para que, según el contexto, pudiera aumentar la pena en ese delito, pero que no necesariamente se le forzara a hacerlo.

Lamentablemente, este proyecto no tiene por objeto dar más atribuciones a los jueces para perseguir el delito de los saqueos, sino que es una forma encubierta de criminalizar la protesta social. Por eso, vamos a rechazar el proyecto que proviene del Senado, tal como rechazamos aquellas normas que buscaban criminalizar la protesta social, en el primer trámite constitucional, que, insisto, no contaron con nuestro voto favorable.

Según antecedentes del Sistema Informático de Gestión de Defensa Penal (Sigdp), en la Región del Biobío, al 17 de junio de 2010, hubo 324 personas en prisión preventiva por hechos vinculados a los sucesos posterremoto del 27 de febrero. De esta cifra, 166 personas habían sido formalizadas por el delito de receptación; otras 14 por el delito de hurto simple; 66 por el delito de robo con fuerza de cosas que se encontraban en un lugar habitado o destinado a la habitación, y 78 personas formalizadas y sometidas a prisión preventiva por el delito de robo con fuerza de cosas en lugar no habitado. Por lo tanto, existe legislación para abordar el problema de los saqueos.

Sobre el robo en lugar no habitado, quiero poner dos ejemplos. En la causa RUC 1010006270-K, los hechos que constan en el acta de formalización son: el 16 de marzo de 2010, siendo la 11:20 horas de la mañana, el imputado de iniciales MAMZ tenía en su poder, al interior de su domicilio, distintas especies de propiedad del supermercado Alvi: 3 cajas de cereal Nestum , 8 paquetes de fideos tipo corbatas marca Aconcagua , un paquete de fideos tipo espirales marca Carozzi , 8 cajas de café marca Nescafé , contenedoras de 100 sobres cada una; 2 cajas de café marca Gold y 30 cajas de Té Club etiqueta roja. Dichas especies habían sido robadas y la persona cumplió pena efectiva.

Por lo tanto, quienes cometen este tipo de delito tienen penas efectivas, a diferencia de los delitos de cuello y corbata, que, hasta ahora, a pesar de que se han establecido penas, nadie ha cumplido pena efectiva por delitos más graves que robar un par de cajas de café y de té para parar la olla.

Respecto de la receptación de especies, también ha habido personas condenadas, gente que está cumpliendo penas por dichos delitos, porque ya están tipificados.

Por lo tanto, nadie podría decir en esta Sala que con este proyecto de ley vamos a entregar más facultades ni tampoco que estamos inventando la tipificación del delito de saqueo, porque ya existe.

Quiero señalar tres paradojas de este proyecto:

1. La sanción al ya conocido “el que baila, pasa”, en un contexto de movilización, va a ser más grande que la amenaza de muerte en lugar privado; es decir, la persona que amenace de muerte, sin conmoción pública y sin movilización social, recibiría una sanción menor que quien realice esta característica movilización. Todos podemos tener nuestra opinión respecto de ella y creo que a nadie le gustaría estar en esa situación, pero, desde el punto de vista de la proporcionalidad, no puede ser que esa situación reciba una pena mayor que la amenaza de muerte.

2. Lanzar un objeto sin dañar a nadie, sin que le llegue a nadie, ni a una cosa ni a una persona, en un contexto de movilización social, podría recibir una pena mayor que si se lesionara a alguien.

3. El saqueo de un televisor avaluado en 200.000 pesos, en un contexto de calamidad, podría ser penado con diez años de cárcel. ¡Imagínese lo que significa eso en términos de persecución penal!

En síntesis, además de las recomendaciones que hace la relatoría por los derechos humanos, este proyecto no busca lo que expresa, no entrega más facultades a Carabineros, establece penas desproporcionadas y busca ocupar la herramienta más poderosa de la persecución del Estado para intentar resolver un problema que es político.

Este proyecto es lo que por libro se define como populismo penal. Por eso, no contará con nuestros votos, e invitamos a la mayoría de los parlamentarios a votar en contra.

He dicho.

-Aplausos.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Andrés Longton Herrera .

El señor LONGTON.-

Señora Presidenta, este proyecto busca clarificar en el Código Penal delitos como desórdenes o alteración del orden público, que no estaban notoriamente tipificados. El Código Penal tiene resabios garantistas propios de nuestra legislación penal.

El proyecto sobre el delito de saqueo contempla varios elementos que van a permitir que efectivamente una persona quede en prisión preventiva o bien sea condenada. Se elimina el grado mínimo de la pena, se establece que el delito estará en grado de consumado, se elimina la reincidencia, todos elementos que han hecho que solamente el 4 por ciento de personas detenidas permanezca en prisión preventiva. Sin este proyecto, las mismas personas que estaban delinquiendo un día, al otro día estaban saqueando, robando y ultrajando a las personas -esto es lo contradictorio que más necesidades tienen.

Las personas que legítimamente han marchado de manera pacífica han sido objeto de violencia exacerbada que, en definitiva, ha dejado a muchas familias sin empleo y en la calle. Eso es injusto.

Por otro lado, uno escucha algunos discursos y siente que hay una justificación del uso de las barricadas; o sea, en un contexto de protesta social, hay que permitir la violencia y la intimidación contra las personas. Desde ese punto de vista, podemos vulnerar garantías constitucionales como el derecho a la honra, a la libertad y a la seguridad individual; pero no así el derecho a reunión, el que hay que proteger de manera muy fuerte, incluso, recurriendo a los tribunales de justicia. No sucede lo mismo -reiterocuando hablamos de la honra de las personas.

Esa es la incongruencia de algunas posiciones, porque no solamente es “el que baila, pasa”, es apedrear un auto, es eventualmente golpear a una persona y es crear un clima de efervescencia que, en definitiva, violenta a las personas. ¿Por qué deberíamos permitir eso si no corresponde a una protesta social? Protesta social es la que vimos en plaza Italia; protesta social es la que se desencadenó en todas las regiones de Chile durante estos últimos meses. La violencia no puede ser un medio legítimo utilizado en democracia para hacer valer posiciones sociales.

Los grandes cambios en el mundo no se lograron a través de la violencia, sino a través de la paz, utilizando legítimos argumentos y visualizando las injusticias. Las personas que lograron sensibilizar al país y a las autoridades son quienes produjeron grandes cambios. No fue la violencia, porque esta trae más violencia, polarización y temor a la ciudadanía.

Mucho se ha dicho en la agenda antiabusos respecto de los delitos de colusión. Renovación Nacional ha presentado varios proyectos en ese sentido, y prontamente el Presidente Piñera va a ingresar un proyecto destinado a elevar las penas y multas en los delitos de colusión que se cometen en el mercado bursátil.

Pero ¿cómo va a ser esa la excusa para no aprobar un proyecto como el que hoy discutimos? ¿Por qué no alegaron en los gobiernos anteriores? ¿Por qué muchos de la oposición cuando fueron gobierno no avanzaron en esa línea? ¿Por qué no exigieron lo mismo? Por cierto, hay que sancionar con fuerza los delitos de cuello y corbata, pero no podemos dar chipe libre para que la violencia se desencadene, como ha ocurrido en las calles. Si no hay orden público, no hay paz social y terminan destruyéndose las instituciones que nosotros mismos representamos.

¿Cómo vamos a permitir que las funas sean algo normal en la calle? ¿Cómo vamos a permitir que a un diputado lo enfrenten y lo agredan, aunque sea en el contexto de una protesta social? Eso se contagia. Las personas que ejercen la violencia con ese grado de libertad podrían el día de mañana atentar, por ejemplo, contra el derecho a la vida. ¿Qué diferencia habría si hoy estamos permitiendo, bajo el objeto de la “protesta social”, restringir la libertad de las personas y atentar contra su vida, contra la honra, contra la intimidad de las personas, contra la seguridad individual? ¿Por qué el día de mañana un homicidio no podría caer en el mismo contexto?

No entiendo cuando se pretende justificar este tipo de situaciones bajo el lema de la protesta social. No es protesta social; eso es, lisa y llanamente, violencia pura y dura. Por eso hay que sancionar con penas acordes, sobre todo cuando se afecta a los que más lo necesitan.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Colegas, tenemos alrededor de 25 o 26 inscritos. De acuerdo con el tiempo que estamos utilizando requeriríamos dos horas y media para que pudieran intervenir todos, pero solo disponemos de poco más de una hora.

Solicito la unanimidad de la Sala para disminuir a tres minutos cada discurso, a fin de que puedan intervenir la mayoría de los diputados.

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, la creciente movilización de la ciudadanía, desde el 18 de octubre del año pasado, no solo vino a cambiar el escenario político del país, sino también a remover los cimientos de un modelo que desde su imposición violenta en dictadura contribuyó a agudizar las diferencias sociales de manera brutal.

Para la mayoría de los habitantes de Chile, el acceso a la salud, a la educación y a una pensión digna se han convertido en una verdadera pesadilla frente a una clase dominante, política y económica, que solo pensó -algunos lo siguen haciendoen sus privilegios.

Son estos chilenos y chilenas los que veían cómo se paseaban por tribunales aquellos sectores que amasaban millones mediante negocios oscuros, como los casos Penta , Cascada , SQM; las colusiones de farmacias, pollos y papel higiénico; los perdonazos del Servicio de Impuestos Internos y la compra de políticos para impulsar leyes como la corrupta “ley Longueira”. Es el saqueo de Chile por parte de los grandes grupos económicos. Sin embargo, las cientos de manifestaciones por mejores condiciones de vida jamás fueron consideradas, hasta que el pueblo se cansó, despertó y explotó. Para esto la respuesta de este mal gobierno ha sido siempre la violencia.

El otro día leía que la persona acusada por su supuesta participación en el incendio a la iglesia de Carabineros quedó en prisión preventiva. En cambio, el carabinero que atropelló a una persona embistiendo su vehículo contra otro, aplastando a un joven y dejándolo gravemente herido, solo fue sancionado con firma mensual. Es decir, los bienes se cuidan; la vida de un joven gravemente lesionado, no. Esa es la regla de convivencia en el Chile actual. Este proyecto de ley profundizará esa concepción, porque esa es la mirada de este mal gobierno, la mirada de la derecha chilena.

Lo que hace este proyecto, que nosotros como bancada no aprobamos en su primer trámite, a todas luces es criminalizar la protesta. Criminalizar la protesta es hacer caso omiso de las demandas sociales, es echarse al bolsillo los bajos salarios, las miserables pensiones, las largas filas para “felicitar” a la Compin, las largas listas de espera y precariedad en el hospital San José y demás hospitales públicos, la deuda del CAE, etcétera.

La carta que mencionó mi compañero de bancada y que nos envío el día de ayer el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -la reenvié a todos los diputados señala: “algunas de las referidas iniciativas legislativas arriesgan perjudicar el ejercicio de una serie de derechos humanos, particularmente el derecho a la manifestación pacífica y los derechos que en este contexto convergen,…”. Frente a eso, indica que le “preocupa el proyecto de ley, boletín N° 13090-25…”, o sea, este proyecto de ley.

Dice también que “Según los mecanismos de protección de los derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, la mera obstrucción de circulación de las personas o vehículos no debe ser motivo para la dispersión de una protesta, ni tampoco para la criminalización de los participantes”, que es lo que en el fondo pretende hacer este proyecto.

Señala también que “el derecho a la reunión pacífica no debe estar regulado por un régimen de autorización; la mera perturbación o interrupción temporal de la circulación de vehículos o peatones no equivale a un acto de violencia y que incluso debe tolerarse.”.

Finalmente, dice algo muy importante: “permítanme, por favor, instarles a legislar teniendo en consideración el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado chileno en materia de derechos humanos para la plena vigencia de derechos humanos de todas las personas en el país y los estándares internacionales que regulan el derecho a la manifestación pacífica.”.

Para terminar, señor Presidente, quiero decir que este proyecto es hijo de la matanza de la escuela Santa María de Iquique, de 1907. Es también hijo de la “ley maldita” y es hijo de la dictadura. Es la continuidad de una línea histórica y represiva del Estado chileno en contra de quienes protestan, que siempre son los mismos: pobres, trabajadores y estudiantes.

Rechazo este proyecto y repudio a quienes usan la violencia de Estado para acallar la protesta legítima: legítima en contra del abuso y el verdadero saqueo, que es el de las AFP, el saqueo del agua, el saqueo del mar y de todos nuestros recursos naturales.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, esta es, como se sabe, una moción transversal de diputados y diputadas de gobierno y de oposición, que quiso dar una señal y que fue por lo demás respaldada por amplia mayoría en esta Cámara.

El Senado, en su actitud habitual, dijo que había eliminado este proyecto y que había escrito una hoja en blanco, pero la verdad es que, en un ejercicio de gatopardismo inconfesable, escribió básicamente lo mismo que había sido escrito en esta Cámara.

Leo y releo el proyecto que viene del Senado y francamente no descubro las diferencias casi epistemológicas que se plantean en este debate.

Se dice que estaríamos criminalizando la protesta social, pero al mismo tiempo se dice que todas las acciones están ya penadas por la ley, es decir, estaría criminalizada la protesta social. Pero la pregunta verdadera es por qué aquí se ha dicho que estamos afectando el repertorio de la protesta social. Preguntémonos cuál es el repertorio de la protesta social en democracia. ¿Alguien diría aquí que el saqueo es parte del repertorio de la protesta social democrática? Yo diría categóricamente que no. ¿Es parte del repertorio de la protesta social el lanzamiento de objetos que puedan causar la muerte o lesiones graves a otras personas? Por lo menos para mí no puede ser parte del repertorio democrático de la protesta social el lanzamiento de objetos que puedan causar la muerte de una persona.

La barricada, cuando está acompañada de la quema de objetos y de violencia contra las personas, tampoco forma parte de ese repertorio.

Leo y releo este proyecto de ley y no logro ver, aunque aquí de pronto se diga lo contrario, que toque ni un solo pelo del derecho a manifestarse con o sin autorización previa, ni siquiera la legítima interrupción temporal del tráfico por una multitud que está expresando legítimamente su reivindicación y haciéndola ver ante la sociedad.

Quiero decir que no coincido con penalizar como delito lo que se ha bautizado como “el que baila, pasa”. Es un exceso la transferencia mecánica desde otros contextos históricos y políticos a esta práctica para convertirla en delito. Creo que ridiculiza un proyecto serio y, por lo tanto, votaré en contra eso para que en la Comisión Mixta se elimine, pero votaré a favor, por supuesto, lo referido al saqueo y la agresión con objetos que puedan causar la muerte o lesiones graves y la interrupción del tránsito con violencia asociada.

No me gusta la contraposición entre las clases de ética para la elite empresarial o política y las sanciones que se están estableciendo aquí para quienes usan violencia y se amparan en las manifestaciones.

Pero no nos ninguneemos. Este Congreso puso cárcel para la colusión y endureció las penas para quienes, en la política, falten a las leyes de financiamiento y de probidad.

Por supuesto, vamos a apoyar y votar favorablemente todo aquello que endurezca estas penas, como lo sugiere el proyecto transversal de los parlamentarios que se ha presentado hace muy pocos días, pero esa no es excusa para dejar de sancionar con claridad a quienes desnaturalizan la protesta social democrática ejerciendo violencia, porque esa violencia daña las legítimas reivindicaciones de la protesta social y no hace otra cosa que generar incertidumbre y temor. La consecuencia de eso es el conservadurismo y la mantención de las condiciones. Como ejemplo de ello, basta la excusa que ha ocupado parte de la derecha para boicotear el proceso de elaboración democrática de una nueva Carta Magna, porque es la violencia lo que la justifica y, por lo tanto, debemos condenarla con toda claridad y sin ningún titubeo.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, hoy nuestra Sala está llamada a aprobar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto, como bien dijo el diputado Pepe Auth , antibarricadas, antisaqueos y antilanzamiento de objetos contundentes.

En diversos foros se nos pide hacer la separación entre manifestación legítima y manifestación violenta, y justamente esta es una oportunidad para hacer esa diferencia, no solo con las palabras, sino también con los votos.

Ayer, la diputada Cristina Girardi demostraba preocupación porque este Congreso estaba avanzando solo en aquellas leyes punitivas dirigidas a restablecer el orden público y nos estábamos quedando atrás en lo que pedía la gente, que era sancionar con dureza también los delitos llamados de cuello y corbata. Quiero contarle a la diputada Cristina Girardi que también se está avanzando en las peticiones y demandas sociales; que el día de ayer la Comisión de Constitución, a instancias del diputado Matías Walker , empezó a estudiar un proyecto con diversos abogados, de distintas universidades, para sancionar duramente los delitos de colusión, de evasión de impuestos, de concentración, estableciendo multas que sean disuasivas, multas que vayan en relación no solo con el perjuicio fiscal, sino también con el patrimonio y la ganancia de la persona que ha cometido esos delitos.

El diputado Marcelo Schilling ayer hizo alusión a este proyecto y dijo que una persona que está en su departamento, poniéndose de acuerdo para atacar la librería del barrio, quedaría también con pena de cárcel, porque se pena la tratativa. Debo contarle al diputado Schilling que el proyecto dice “tentativa” -no tiene por qué saberlo, porque no es abogado-, y que para caer dentro de este proyecto tiene que haber iniciado o principiado el delito. No basta con que esté conversando en su departamento sobre atacar la librería. Ojalá nunca conversara de esas cosas en su departamento, pero uno es libre de pensar y conversar lo que quiera en su departamento.

Este proyecto de ley busca penar a la persona que entró a la librería, rompió la puerta, ubicó la caja fuerte, la está sacando y, antes de salir, la pillan. Insisto en que se sanciona la tentativa del delito y no la tratativa. A pesar de la leve diferencia fonética, es una tremenda diferencia jurídica.

¿Está trabajando el Congreso en las peticiones sociales? Evidentemente, sí. Se ha aprobado y acordado una reforma tributaria que recauda diez veces más que la reforma tributaria de la que estábamos hablando antes del 18 de octubre.

Ayer se anunció una reforma a las pensiones, que es la más grande de los últimos cuarenta años, en que nadie va a recibir como pensión menos del sueldo mínimo, o sea, nadie va a recibir menos de 301.000 pesos.

Ahora hago un llamado a la localidad. Yo comparto distrito con diputados destacados de este hemiciclo. Quizás para ustedes, que son de regiones, hablar de la zona cero o de la plaza Italia es hablar de un lugar lejano. Para los que representamos ese lugar, es el lugar donde viven más de 55.000 vecinos.

Hago un llamado especial a la diputada Maya Fernández , al diputado Giorgio Jackson , al diputado Gonzalo Winter y a la diputada Natalia Castillo , que representan a esos vecinos, y les pregunto, cuando el proyecto dice que va a sancionar a aquellas personas que tiran o lanzan objetos contundentes que pueden causar la muerte, ¿están de acuerdo en sancionar eso o no? Cuando el proyecto sanciona con cárcel el saqueo, la violencia y el fuego, para entrar a un local comercial pequeño, un supermercado, ¿van a decir a esos vecinos que representan que no los van a sancionar?

No solamente hay que poner la cara en este hemiciclo con el voto, sino también buscarlo en aquellos vecinos que representamos. La zona cero no es una serie de televisión; la zona cero existe y allí viven 55.000 personas, y por ahí transitan 2,5 millones de personas.

Hacemos un llamado a aprobar el proyecto de ley y a dar una señal contundente contra la violencia y el desorden público.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Respecto de la proporcionalidad, es un poco distinto a lo que plantea el diputado Espinoza , aunque tiene razón, porque han hablado casi todos los parlamentarios de oposición y nos está quedando sin hablar alrededor de un tercio de los parlamentarios del oficialismo.

Por lo tanto, estamos tratando de recuperar algo de la proporcionalidad, porque, claramente, no la ha habido. Por eso pedí reducir las intervenciones a tres minutos, pero no hubo unanimidad.

Entonces, lo que está pidiendo el diputado Espinoza es suspender el tiempo para el tratamiento de Proyectos de Acuerdo y de Resolución y dejar ese tiempo para seguir debatiendo este proyecto.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Vuelvo a preguntar si es posible bajar el tiempo de las intervenciones a tres minutos.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo

Tiene la palabra la diputada Camila Flores .

La señora FLORES (doña Camila).-

Señor Presidente, trataré de ser breve para que, ojalá, la mayor cantidad de colegas pueda intervenir en la discusión de este proyecto, que es muy relevante.

Este proyecto aborda tres áreas que son fundamentales y que francamente fueron la tónica -y desgraciadamente siguen siendo la tónicaen hechos de violencia terribles que hemos vivido estos últimos meses en nuestro país.

La ley antisaqueo evidentemente es necesaria y urgente. ¿Qué está pasando hoy en los tribunales de justicia? Los tribunales, en muchos casos, están teniendo que aplicar penas, a propósito del delito de hurto, porque la tipificación específica del delito de saqueo no existe, y claramente, desde el punto de vista punitivo, son muy distintas las circunstancias que generan la comisión de un delito de hurto y la comisión del delito que estamos tipificando de saqueo, que son personas agrupadas que se concitan para romper, para generar que otros vayan a robar, a sustraer especies, en fin. Es un tema evidente y es de todo sentido para las personas que han sido víctimas de delitos como esos que exista una pena acorde al delito efectivo y no a figuras penales que hay que tratar de acomodar de acuerdo con la circunstancia.

Por otro lado, está la situación de instalar barricadas y de coartar el derecho constitucional de libre tránsito, de libre desplazamiento, que tenemos todos los chilenos. No puede ser que se pretenda decir que saquear o que instalar una barricada es parte de las demandas sociales y que es la legítima manera de hacerse sentir para hacer valer esas demandas. Hay que ser muy claro: los derechos de uno terminan cuando empiezan los derechos de un tercero. Ese es un marco mínimo de respeto en una democracia donde se aplica el orden público, porque uno no puede afectar los derechos de otros para tratar de imponer una fórmula o, en este caso, un mecanismo que –insisto algunos dicen que es legítimo.

Por otro lado, qué más vejatorio, qué más terrible y qué más de un fascismo absoluto es este famoso “el que baila, pasa”, que consiste en ridiculizar u obligar a una persona a tener que bailar y hacer el ridículo para que pueda seguir desplazándose. Eso no tiene nada de simpático, ni de agradable ni de protesta social. Eso fue absolutamente humillante para aquellas personas que tuvieron que vivir esa circunstancia. No hubo respeto hacia familias que quizá iban en sus vehículos con niños, ni hacia adultos mayores. A todo el mundo trataron de humillar de esa manera, que francamente nos trae los peores recuerdos de la historia mundial.

Es por eso que este proyecto es tan relevante. Como parlamentarios no podemos hacer oídos sordos ante circunstancias que -insistono están contempladas en nuestro ordenamiento jurídico. Hablo de conductas que no tienen nada de legítimas, que no tienen nada de simpáticas, y que mucho menos se pueden justificar a propósito de las demandas sociales, que pueden ser muy legítimas. Esto no. Se trata de delitos, y las personas que cometan estos delitos tienen que ser sancionadas como corresponde: como delincuentes.

Llamo a dar una señal importante y potente de aprobar este proyecto, que contempla las tres aristas señaladas, no solamente para hacer justicia en los futuros casos que se puedan generar en torno a los tipos penales considerados, sino, también, para dar una señal a los que ya han sido víctimas de que al menos a futuro estas cosas no van a quedar prácticamente en la impunidad.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Javier Macaya .

El señor MACAYA.-

Señor Presidente, en Chile el derecho a reunión y el derecho a la protesta social están regulados, y es legítimo reivindicar distintas demandas sociales en la vía pública o en espacios públicos. Es parte de lo que está en discusión hoy.

Hasta hace tres meses era absolutamente normal que incluso parlamentarios solicitaran al intendente de la región respectiva autorización para la realización de festivales, como el Festival por las 40 Horas. Incluso, en ese momento se generó una polémica en nuestro país respecto de la autorización o no de un evento determinado que se tenía que hacer en la vía pública.

El derecho a reunión -está la libertad establecida en nuestra Constitución Política de la República hacía que hasta hace pocos meses esto fuera normal. De hecho, la normalidad hacía que uno pidiera autorización a un intendente para reunirse en un determinado lugar. Pero esa normalidad cambió hace tres meses. El legítimo derecho a la protesta social se fue vinculando nítidamente a hechos de violencia, a barricadas y a saqueos, que son situaciones respecto de las cuales obviamente es importante regular y legislar, porque no están tipificadas como delito en nuestro ordenamiento jurídico.

Algo cambió en Chile en estos últimos tres meses que hizo necesario aplicar, proporcionalmente, en un proyecto de ley una tipificación especial para esos delitos. Chile lo entendió así: no es legítimo ni es justo que una persona, por muy legítimo que sea su derecho a reunirse o a reivindicar una demanda social, pase por encima de las libertades que otras personas tienen para llegar a su lugar de trabajo o para desplazarse libremente por las ciudades. La libertad de desplazamiento está seriamente vulnerada por la libertad de protestar o de reunirse. Creo que ese es el centro de la discusión que estamos llevando a cabo.

Ahora, ¿qué cambió en estas dos semanas para que la gran mayoría de la Cámara de Diputados que votó favorablemente este proyecto, hoy se haya dado una vuelta de carnero? Para mí es francamente inentendible.

Se habla de que con esta iniciativa se va a criminalizar la legítima protesta social, las legítimas demandas sociales, pero en la práctica se hace todo lo contrario. Quienes legítimamente creemos que las demandas sociales son asuntos que hay que atender, que debemos ser capaces de legislar, que debemos tener la capacidad de empatizar con mejores pensiones y mejor salud y mejorar un montón de condiciones en que nuestro país está al debe, debemos poner un muro divisorio gigantesco entre la violencia, los saqueos y los incendios, y las legítimas demandas sociales. ¿Qué pasó en estas dos semanas con este muro divisorio para el cual tuvimos el consenso generalizado?

Yo tampoco he visto, como señaló recién un diputado, a alguien justificando, ni avalando ni aplaudiendo la violencia, pero sí -hay que decirlo relativizándola. Lo que ocurre hoy es que se relativizan los hechos de violencia que deben tener una sanción específica y tipificada en nuestro Código Penal.

¿Qué cambió en estas dos semanas? Cambió que la presión de las redes sociales, de los grupos de ultraizquierda y de las personas que obviamente validan la violencia y las barricadas como forma de protesta, volvió a derribar este muro que tiene que existir entre las legítimas demandas sociales y la violencia, los saqueos y las barricadas. Es algo que debe tener una separación. Demandas sociales, mejores pensiones y mejor salud no pueden ser sinónimos de barricadas, saqueos y quemas. Es por eso que esta legislación es necesaria.

Decimos que la democracia representativa está en crisis, porque unos pocos, una minoría, termina imponiéndose, a través de la presión en redes sociales, sobre la mayoría.

La última encuesta CEP señala que el 59 por ciento de los chilenos está de acuerdo con la participación en las marchas para poner en relieve las demandas sociales. La gran mayoría de los chilenos está de acuerdo con eso. Pero solamente el 25 por ciento de los chilenos está de acuerdo con saltarse un torniquete de metro o evadir el transporte público como forma de protestar; solamente el 8 por ciento está de acuerdo con las barricadas como forma de protesta social; solo el 4 por ciento está de acuerdo con los saqueos; solo el 2 por ciento está de acuerdo con los incendios como forma de protesta social. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los chilenos repudia la violencia y no está de acuerdo con los saqueos, los incendios y las barricadas como forma de protesta social. Reitero, solamente el 25 por ciento está de acuerdo con evadir el metro como forma de protesta social, y una mayoría, el 59 por ciento, está de acuerdo con participar en marchas.

Es sentido común. Si no somos capaces de entender que relativizar la violencia es lo que está haciendo la izquierda, que se dio una vuelta de carnero, es porque no hemos aprendido nada en estos tres meses.

Vamos a aprobar las modificaciones del Senado al proyecto. He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric .

El señor BORIC.-

Señor Presidente, el gobierno nos propone un proyecto que busca resolver, como decía el diputado Gonzalo Winter ayer , con herramientas mal utilizadas del derecho penal, un problema que es eminentemente social y político.

Se pretende, entre otras cosas, enviar a la cárcel hasta por 540 días a quien participe de cortes de tránsito. Una de las modificaciones del Senado al proyecto dice: “El que, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación...”.

Pero tenemos que preguntarnos qué es la violencia para este gobierno en este caso.

¿Cómo van a distinguir, por ejemplo, en la marcha más grande de que se tenga recuerdo el 25 de octubre de 2019? ¿Fuimos violentos acaso quienes sin autorización ocupamos masivamente las calles del país para exigir una Constitución democrática y una vida digna? ¿Son violentas acaso las familias que cacerolean en la calle e interrumpen el tránsito porque sus adultos mayores reciben pensiones de miseria, porque ganan un sueldo indigno por un trabajo extenuante, porque están en interminables listas de espera en la salud pública o porque no pueden pagar el costo de los medicamentos que necesitan?

Pero dejemos de pensar solo en Santiago.

-Hablan varios diputados a la vez.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Ruego a la Sala guardar silencio.

El señor BORIC.-

¿Fueron violentos acaso los magallánicos que, ante el anuncio del alza del gas, a principios del 2011, se movilizaron y paralizaron masivamente la región, logrando revertir de esa manera la decisión centralista del gobierno? ¿Lo fueron acaso los habitantes de Aysén que expresaron su rabia y frustración por el abandono del Estado y la violencia policial, en el verano del 2012, y cortaron el tránsito del puente de la ciudad? ¿Fueron violentos los habitantes de Freirina que cortaron el tránsito de la carretera, cansados de los abusos y de la nula respuesta de una empresa que los contaminaba, o los habitantes de zonas de sacrificio, como Quintero y Puchuncaví , que han hecho barricadas por el dolor que les provoca ver a sus niños y niñas enfermos por la contaminación? Las respuestas a estas preguntas seguramente variarán según quién la dé.

Desde el Frente Amplio, rechazando claramente los saqueos y las agresiones, y, principalmente, las violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado, decimos que no; los casos antes mencionados son ejemplos de legítima protesta social, que la historia nos ha enseñado es la forma de organización que tiene un pueblo para construir colectivamente una vida digna.

El problema no está principalmente en las consecuencias de la protesta social, sino en sus causas. Son a esas causas a las que nos debiéramos abocar a resolver, con toda nuestra energía.

Pero ¿qué pasará si se aprueba este proyecto de ley? ¿Saben cuál es el problema? Que la política chilena, por un lado, y la policía chilena, por otro, han demostrado una pasmosa ineficacia en identificar y detener a quienes generan la violencia. La política, porque cuando se coluden las farmacias y las industrias de los pollos y del papel higiénico; cuando se financian irregularmente las campañas políticas con raspados de olla o las empresas dictan leyes a domicilio a los parlamentarios y no pasa nada, eso es violencia. Pero si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? En Chile se le persigue hasta las últimas consecuencias. Es el caso de Bastián Arriagada, que murió asfixiado en el incendio de la cárcel de San Miguel por vender CD piratas.

Y es un problema de la policía, a la que no estamos disponibles a entregarles más facultades en medio del grave cuestionamiento nacional e internacional.

Dicen que esta ley en proyecto es para perseguir a los violentos, pero todavía no sabemos con certeza quién quemó el metro. La inteligencia del Estado pareciera reducirse a un informe “charcha”, ordenado por un empresario millonario que después “contactó” a la empresa que lo hizo con la Agencia Nacional de Inteligencia.

De aprobarse este proyecto de ley con esta policía y estos niveles de “inteligencia” del Estado, podría haber muchos más Jorges Mateluna presos, quien se encuentra preso en la cárcel por un delito que no cometió, a quien aprovecho de enviar un mensaje de ánimo y de fuerza, para él y su familia.

No queremos más Jorges Mateluna en las cárceles, porque la represión es indiscriminada y la policía ha dado muestras de no saber distinguir. En vez de más leyes para reprimir, el Estado debiera estar preocupado de cómo reparar las consecuencias de su represión indiscriminada a las mujeres abusadas; a los ojos de Gustavo Gatica o de Fabiola Campillay.

¿Quiere decir lo anterior que avalamos hechos de violencia como los saqueos? Decimos fuerte y claro que no lo hacemos; pero estos delitos ya están sancionados en el Código Penal y pueden ser castigados como tales. Lo que corresponde es abordar una profunda reforma a las policías más que, en este contexto, entregarles nuevas facultades.

No estoy disponible para seguir profundizando el patrón de violencia estatal contra quienes exigen dignidad; no estoy disponible para seguir alejando la política de la ciudadanía; pero sí estamos disponibles, como Frente Amplio, para escuchar las demandas sociales y trabajar en este Congreso con toda la energía necesaria para buscar las soluciones que logren un consenso social. Esa es nuestra tarea.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, en verdad ayer escuché con estupor a la diputada Mix decir que iba a recurrir ante el Tribunal Constitucional para que este proyecto no viera la luz, porque no estaba de acuerdo con lo que ellos pensaban.

¿Cómo es la cosa? ¡Quieren al Tribunal Constitucional cuando en algunos casos está a favor de ellos, pero no lo quieren, porque es un tribunal que está en la Constitución de Pinochet, que es la de Ricardo Lagos!

Quiero que este Congreso dé señales claras a la comunidad sobre aspectos que son extremadamente importantes. Por ejemplo, a quienes aún no la han visto, les quiero dar a conocer las respuestas a algunas de las preguntas de la última encuesta CEP -recién salida y aún calientita-: “¿Usted participó en alguna manifestación?”. El 68 por ciento de los entrevistados señaló que participó en “cacerolazos”; el 70 por ciento dijo que asistió a marchas.

Fíjese en otra pregunta. Leo textual: “¿Con qué frecuencia usted justificaría o no justificaría las siguientes acciones?: Participar de barricadas o destrozos como forma de protesta. El 80 por ciento la rechaza, no la justifica; Participar en saqueos como forma de protesta. El 90 por ciento no la justifica; provocar incendios en edificios, locales comerciales como forma de protestar. El 92 por ciento no la justifica”.

Entonces, en relación con lo planteado recién por algunos conspicuos de la oposición, están completamente desorientados respecto de lo que quiere la gente. La gente quiere orden. Nos pregunta, “¿cuándo van a parar esto?”. Le han dicho al Ejecutivo que ponga mano dura, pero eso es otro de los especie de flyers que aparecen en la encuesta.

Quieren mano dura contra esta gente, pero no quieren que se detenga a nadie que interrumpa la libre circulación de una persona que conduce su auto por Santiago o por cualquier ciudad, con su familia en su interior, para cobrarle peaje, en plata, o para hacerlo bajar de su vehículo a bailar. Eso es violencia extrema.

Por ejemplo, si uno no quiere bailar, decía un diputado, por qué lo van a hacer bailar. Es que es algo jocoso, señalan algunos. Entonces, si es jocoso, anda a una discoteca y saca a bailar a alguien que no quiere hacerlo. En ese caso, ¿qué haces tú? ¿Lo empujas a bailar? No. Pero eso es lo que están haciendo: están sacando a alguien a la fuerza de su vehículo para hacerlo bailar y cobrándole peaje.

Ahora, las calles no son públicas, son privadas. ¿Saben de quiénes son? De esos ciclistas que andan cortando el camino o de las personas que hacen barricadas y hacen privada la calle, porque es de ellos. ¿Tenemos que justificarlos? No, pues. La gran mayoría, el 80 por ciento de los chilenos, no los justifica.

Por lo tanto, ambas ramas del Congreso Nacional deben votar a favor esta iniciativa, no solo para ayudar al gobierno a combatir al lumpen, a los narcotraficantes y a los vándalos, sino también para decir a todas las personas de Chile que estamos en sintonía con ellos, que estamos solucionando el principal problema que los afecta: el desorden. La mayoría, en especial los adultos mayores, se pregunta hasta cuándo este desorden, porque nadie quiere que se vandalice a la gente. Eso se puede evitar si nadie sale a hacer una protesta pacífica en la calle con su familia. Eso lo vivimos, lo vimos y lo aplaudimos.

Por eso hemos hecho cambios sociales en este Parlamento. Al respecto, el gobierno ha enviado a tramitación legislativa una serie de proyectos que integran una agenda social importante, que espero que sea tramitada y despachada con prontitud. Lo digo, porque hay algunas iniciativas que están durmiendo en el Senado.

El proyecto en debate, modificado por el Senado, tiene por objeto agravar las penas aplicables en los casos que indica. Se propone el establecimiento de penas más altas para que los jueces puedan dejar en prisión preventiva a las personas que Carabineros toma detenidas. El propósito es que no haya una especie de “silla musical”, es decir, que los detenidos concurran a constatar lesiones y que después los jueces los dejen libres. ¡No, señor! Se disponen penas más altas para dejar en prisión preventiva a quienes cometan actos violentos contra la propiedad pública y privada, en definitiva, contra la gente.

En consecuencia, este proyecto apunta en la dirección correcta, de manera que solicitamos a la oposición que vote a favor las modificaciones del Senado. No obstante, antes de hacerlo, les pido que lean la última encuesta CEP -tenemos plazo hasta las 13:00 horas para hacerlo-, para que de una vez por todas podamos legislar mirando a la gente y diciéndole: estamos junto al gobierno resolviendo los problemas de Chile.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA.-

Señor Presidente, el colega Javier Macaya señaló en su intervención que algo cambió en Chile. Por supuesto que algo cambió en Chile; es cosa de que veamos lo que dicen las encuestas.

Ellas señalan que el Congreso Nacional tiene 3 por ciento de credibilidad en la ciudadanía; el gobierno -el Presidente Piñera-, 6 por ciento, lo cual ratifica claramente que el gobierno no ha dado respuestas a las demandas ciudadanas, que sus mensajes ya no llegaron a la gente y que, lamentablemente, porque es lamentable para un país cuando eso pasa, no hay un liderazgo presidencial de ningún tipo.

Sobre este proyecto de ley algunos han dicho que nos hemos dado una vuelta de carnero. Nosotros desde el primer día -en su primer trámitevotamos en contra de todos aquellos aspectos que considerábamos que eran una criminalización de la protesta social. Pero los señores senadores, que dijeron que lo iban a mejorar, lo empeoraron. Nosotros jamás vamos a apoyar un proyecto que criminalice las protestas en Chile.

Le doy un ejemplo, señor ministro, si es tan amable de escuchar. Mientras hoy discutimos este proyecto, habitantes de Chaitén, en la Región de Los Lagos, ministro Blumel , se tomaron parte del acceso a la ruta 7. Protestan por soluciones de este gobierno para Chaitén sur.

Esa gente tendría condenas mucho más duras de aprobarse este proyecto en la Cámara de Diputados.

Acá hay parlamentarios que dicen que nosotros, los de la oposición, relativizamos la violencia. Y yo quiero decir con todas sus letras, señor Presidente, que nosotros no somos los que hemos relativizado la violencia. Es la derecha en este país la que ha relativizado por años la violencia. Seamos claros: ¿qué dijo la derecha en los casos de corrupción, los pagos? Aquí habló hasta el diputado -con fuerzael diputado Coloma , que era el jefe de gabinete del subsecretario Wagner, acusado de cohecho y una serie de otros hechos que logró después zafar en la justicia, a pesar de que recibió millonarios recursos mientras era subsecretario.

Nosotros no somos los que tenemos a un concejal en este período de ebullición social preso en la justicia, como el concejal de Renovación Nacional, el señor Karim Chahuán , que encabezaba una banda de saqueadores y hoy día está siendo investigado también por narcotráfico. Digamos las cosas por su nombre.

El caso Corpesca. En todos esos casos ellos no dicen que eso también es violencia y que eso también cansó a la gente, porque callaron por largos años la corrupción en el sistema público. La derecha, que dice que nosotros relativizamos la violencia, no reconoce que es violencia el delito de cuello y corbata y que salgan libres, que lleguen a acuerdos con la fiscalía y no les pase nada, mientras condenaban por no sé cuánto tiempo de cárcel a una persona porque había pagado con un billete falsificado de 5.000 pesos.

Es violencia, señor Presidente, el actual sistema de pensiones que tenemos en Chile; es violencia que las AFP tengan el derecho de la propiedad de los fondos previsionales de nuestros trabajadores; es violencia la mala calidad de la educación que tenemos en el país, y por cierto que es violencia que muchos de nuestros compatriotas mueran esperando una hora para ser operados en el sistema de salud, a pesar de que el ministro de Salud dice que tenemos el mejor sistema de salud del mundo.

¡Esas cosas tienen indignada a la gente!

Por eso nosotros creemos que es tremendamente peligroso lo que está pasando, que hoy el Parlamento tenga 3 por ciento de credibilidad, porque significa, entre otras cosas, que hoy día la ciudadanía no cree ni siquiera en los que estamos legislando acá adentro, y este proyecto en nada contribuye a bajar la indignación ciudadana, porque la indignación ciudadana tiene otros caracteres. La indignación ciudadana tiene que ver con muchas de las cosas que he planteado en esta intervención.

Y es cierto que, como país, estamos en un escenario complejo, pero meter más condenas, más cárcel a los ciudadanos por, como alguien decía por aquí, “el que baila, pasa” o cosas de ese tipo, cuando han sido incapaces de condenar los actos de corrupción que han dañado la credibilidad de las instituciones, cuando han sido incapaces de condenar lo que ha pasado en el Ejército, en Carabineros y en tantas instituciones donde se robaron miles de millones de pesos de todos los chilenos que podían haber sido destinados al gasto social.

Por eso no le creo a esta derecha cuando nos apunta con el dedo, porque esta no es una derecha que pueda dar al país signos de credibilidad cuando ellos han sido defensores y promotores de muchos de los corruptos que han sido condenados por la sociedad, pero no por la justicia.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza .

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, por lo que hemos escuchado en los diferentes relatos, vemos dos realidades o dos países absolutamente diferentes. Por un lado, escuchábamos al diputado Schilling , que dice vivir en el sector de plaza Italia, quien vive una realidad absolutamente diferente a los 55.000 vecinos que reclaman y claman por el término de esas manifestaciones que, finalmente, les han truncado su vida, les han hecho pasar difíciles momentos, porque han sido amenazados, vulnerados, violados en todos sus derechos. Pero no sé por qué el diputado Schilling puede llegar tranquilamente. No sé si no lo conocen o tiene otra participación en estos hechos.

-Hablan varios diputados a la vez.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

¡Silencio, por favor, en la Sala!

El señor SANHUEZA.-

Creo que cuando se habla de “el que baila, pasa” es relativizar una práctica que, por mucho tiempo y por muchos años, ha vivido con dolor el pueblo judío.

Estuve ayer en la Comisión de Derechos Humanos. Se estaba hablando del recurso que había presentado el Ejército respecto de los cuadros que había en algunas de sus dependencias con la imagen de Manuel Contreras , condenado por violaciones a los derechos humanos. Ellos decían que había que respetar el dolor de las personas que habían sufrido producto de sus actos. Yo les pregunto: ¿no es revivir el dolor para el pueblo judío ver esta práctica en las calles de hacer bailar a la gente para poder pasar solamente porque a alguien se le ocurrió? No creo que esto sea antojadizo. Yo creo que aquí finalmente se está avalando que el nazismo se instale en nuestro país, y no podemos permitir eso, aunque quiera hacerlo la izquierda en estos momentos.

¿Cómo se avala la violencia? Normalmente, la violencia se avala relativizándola, tratando de empatarla hoy día con los delitos de cuello y corbata, delitos que normalmente realizan las empresas, de muchas de las cuales el Partido Socialista es socio.

También mucho se ha hablado aquí de lo que hizo Soquimich, pero resulta que Soquimich también era militante de un partido político, el PPD, o de las acciones que ha tenido el Partido Comunista en la Universidad Arcis, y todos los escándalos que ha tenido, o cómo vendieron en forma mañosa todas las propiedades que recuperaron a través de los tribunales.

Entonces, cuando uno dice “que tire la primera piedra aquel que esté libre de pecado”, parece que aquí todos tienen techo de vidrio.

Pero yo quiero analizar este proyecto no a la luz de la coyuntura de hoy. Remontémonos a hace algunos años, al terremoto de 2010. ¿Qué pasó en ese terremoto? Muchas de estas prácticas también se instalaron en la calle. La exintendenta y hoy senadora Jacqueline van Rysselberghe clamaba para que la Presidenta Bachelet , en su minuto, sacara a las Fuerzas Armadas a las calles para defender a la población. Ese es el Chile real, no este Chile politizado, en que podemos analizar la coyuntura de lo que está pasando en estos últimos 90 días, sino también cómo ocurren estos fenómenos sociales producto de algo que tuvo que ver con la naturaleza.

Con el terremoto de 2010 no estaba determinado que se realizaran saqueos, pero sí se saquearon muchos supermercados y sí se hicieron barricadas para violentar a la ciudadanía.

Lo que busca este proyecto de ley es proteger a todos y a cada uno de los chilenos que queremos paz, que queremos avanzar en construir un Chile que incluya a todos. Queremos construir un Chile más justo, un Chile sin abusos de ningún tipo, ni de aquellos que se coluden ni de aquellos que violentan. Tenemos que avanzar, y para eso necesitamos que haya realismo por parte de esta Cámara de Diputados para poder defender a la inmensa mayoría de los chilenos, que es lo que clama hoy día.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado René Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, he escuchado con mucha atención las palabras del diputado Fidel Espinoza , de Puerto Montt. Él señaló que la Cámara de Diputados tiene una credibilidad de 3 por ciento. Estoy realmente impresionado de que tenga tanta credibilidad, porque al escuchar los discursos que hoy se han pronunciado, encontramos la razón por la que tenemos dicho porcentaje a aprobación: se dice una cosa, pero se hace otra.

Voy a dar un ejemplo. Todos han condenado la violencia -no he escuchado a alguien que no la condene-, pero curiosamente todos votan en contra de reprimirla. ¡Es una cosa que verdaderamente nadie entiende!

Si alguno está sacando cuentas alegres, a excepción de los comunistas, que lógicamente son los que manifiestan esto, les digo que solo tendrán los votos de los fundamentalistas que están haciendo desórdenes. Indudablemente, a ninguno de ellos les interesa el orden, la paz y la seguridad. Ellos son absolutamente anarquistas.

Si intentamos proteger a los anarquistas, no tendremos ninguna posibilidad de sacar adelante a este país. ¡Y eso lo saben todos ustedes!

Aunque griten, pifien, pataleen y hagan lo que quieran, todo el mundo sabe que detrás de esto está el Partido Comunista. En verdad, tenemos pocas esperanzas de llegar a entendimiento con diputados que defienden la violencia.

Señor Presidente, por su intermedio, le digo a la diputada Cariola , quien se ríe tanto de estas cosas, que la única comuna que no ha sufrido daños en Santiago es justamente aquella en que está gobernando el Partido Comunista, la comuna del señor Jadue . Evidentemente, las cosas se caen de maduras. Lo digo aunque grite y patalee.

Acuérdese de la discusión de la rebaja del sueldo que tuvimos, en la que usted decía que no ganaba nueve millones de pesos, pero al final sí los percibía. Entonces, no sigamos en estas cosas, porque no nos conducirán a nada.

Ha llegado el momento de que la gente sepa quiénes están de acuerdo y quienes no están de acuerdo con la violencia. Todo el mundo condena la violencia, pero con los actos se van viendo las cosas que uno hace y obviamente serán juzgados al momento en que la gente emita sus votos.

Como ustedes conocen las cifras mejor que todos, quiero preguntarles cuántos son los violentistas que producen incendios. ¿Serán 3.000, 5.000 o quizá 10.000? No lo sé. Pero sí sé que son 20.000 o más las pymes dañadas por los saqueos.

En consecuencia, si preguntan quiénes han sufrido más, puedo decirles que son precisamente las pequeñas empresas.

Pueden ver lo que pasó en las calles de Valparaíso. Ayer el alcalde estaba llorando para que le dieran las platas para reconstruir, porque se trataba del patrimonio de la humanidad. Sin embargo, a pesar de que Valparaíso está desintegrado, sigue habiendo saqueos. No hay respeto por nada de lo que está pasando en el país.

Si seguimos haciendo las cosas así, el país se seguirá desintegrando y cayendo a pedazos. Además, los únicos discursos que han quedado son discursos del pasado. ¡Por favor, me gustaría que analizaran, que leyeran los discursos de las personas de enfrente! Todos han caído en citar el pasado. Citan el caso Soquimich y otros del pasado.

¿Quiénes de los que estamos aquí podemos cambiar el pasado? Claramente, ninguno; pero sí podemos cambiar todos juntos el futuro, porque el futuro nos pertenece, por lo que debemos aunar fuerzas para llegar a un entendimiento que permita sacar a Chile de la crisis profunda en que se encuentra. En esa tarea no debiera haber colores políticos, sino un solo norte: ayudar a las personas, ayudar a los chilenos.

Cuando el Presidente de la República envía los proyectos al Congreso, ya se sabe que no quieren que haya arreglo. Me gustaría que el ministro Blumel y el ministro Ward hicieran un catastro de cuántos proyectos que apuntan directamente a la agenda social ha mandado el gobierno al Congreso Nacional.

¡No basta con decir que estamos comprometidos con la agenda social! ¿Por qué no se vocean, por qué no se dice cuáles son los proyectos enviados? Como la maquinaria que tiene la izquierda es tan potente, la gente tiene la sensación de que el gobierno no ha hecho nada al respecto.

Reitero: me gustaría saber cuáles son los proyectos enviados. La gente cree que no se ha hecho nada; todo lo que hace el Presidente Piñera lo boicotean. El propio vocero del movimiento “No+AFP” ya está diciendo que el proyecto que reforma el sistema previsional no sirve, que todo está mal. Pero esto tiene una simple razón: ¡No les interesa que se arregle el país! Lo que les interesa es llegar al norte que ellos quieren: que caiga el gobierno. Pero les quiero decir que aunque tengamos un cero por ciento de apoyo, el Presidente Piñera tiene el temple necesario para seguir haciendo las cosas lo mejor posible, y creo que lo va a seguir haciendo.

Por lo tanto, hay que votar a favor este proyecto, porque es la primera señal que vamos a dar para detener a los violentistas.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia) .-

Señor Presidente, los tiempos que estamos viviendo son complejos, pero no solo desde el 18 de octubre, a raíz del denominado “estallido social”, sino desde hace mucho tiempo.

Lamentablemente, esto ocurre porque desde la dictadura nos rige una Constitución que no acoge toda la realidad del país, pues muchas personas se han sentido marginadas, por ejemplo, los pueblos originarios, las familias que hoy viven en campamentos, todos los cuales sufren una situación compleja a raíz de la desigualdad.

La violencia ha existido desde siempre y se ha ido acrecentando últimamente, porque los grandes empresarios siguen lucrando y saqueando al país con el agua, con las empresas forestales y las compañías mineras. La ciudadanía está cansada.

¿De qué manera responde el gobierno a su baja aprobación? Con proyectos que no permiten a los ciudadanos manifestarse cuando exigen dignidad.

El ministro señaló que están haciendo reformas de verdad, pero no es cierto. Eso se logrará cuando tengamos una nueva Constitución, en la que todos seamos parte, donde se hagan cambios estructurales, no cambios a medias, en los que no se quiere tocar al gran empresariado del país.

Por lo tanto, hoy no podemos hablar de reformas de verdad, ni tampoco de que hay grupos que solo quieren destruir este país. Eso no es así. Lo que la ciudadanía está exigiendo en la calle es dignidad, participación, ser escuchada e incorporada.

La verdad es que hay sectores muy marginados. Todavía hay familias viviendo en campamentos en este país; hay adultos y adultas mayores que no tienen la posibilidad de ser atendidos como corresponde en el sistema de salud. ¡Eso es violencia! Se ataca a quienes salen con fuerza a decir “¡basta ya del abuso!”. A ellos hoy les tenemos que decir que no pueden hacer barricadas, que no pueden salir a protestar, porque se está criminalizando la protesta social, el derecho a manifestarse.

Se ha relativizado el respeto a los derechos humanos, no se ha respetado el derecho de las personas a expresarse. ¡Y nada estamos diciendo respecto de aquellas personas que han fallecido! ¡Nada estamos diciendo respecto de aquellos hombres y mujeres que han perdido la vista! ¡Nada estamos diciendo respecto de aquellos hombres y mujeres que han sido torturados, y quizás cuántos más lo van a ser! ¿Estamos haciendo reformas de verdad? ¿Estamos respetando los derechos humanos o los estamos relativizando?

Creo que estas reformas no se van a producir si no se respetan los derechos humanos y no se garantiza el derecho de las personas a manifestarse.

Voté en contra el proyecto en su primer trámite constitucional, lo votaré en contra hoy y lo seguiré votando en contra, aunque muchos digan que queremos destruir este país. ¡No es así! Queremos avanzar hacia una nueva Constitución donde se hagan los cambios estructurales. Hoy la derecha está intimidando a la gente para que no avancemos hacia una nueva Constitución. Es importante hacerlo, porque los pueblos indígenas y las familias campesinas no pueden seguir marginados; tampoco aquellos hombres, mujeres y adultas mayores que hoy día viven con sueldos y pensiones indignas. Tampoco deben olvidarse los derechos de las mujeres.

Por lo tanto, ello debiera haber sido uno de los primeros proyectos a desarrollar. Quiero convocar a todos los diputados a votar en contra este proyecto.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pablo Vidal .

El señor VIDAL.-

Señor Presidente, durante muchos años, durante décadas, el pueblo de Chile viene exigiendo pensiones dignas. Durante muchos años, Chile y su pueblo reclaman porque existe un sistema de salud para los ricos y otro para los pobres, que se refleja en que la esperanza de vida es más alta en las comunas del barrio alto de Santiago que en las comunas de la periferia de la misma ciudad. La gente también reclama que no haya más una educación para ricos y una educación para pobres.

¿Cuántas comunidades, en distintas regiones del país -algunas han sido nombradas en intervenciones anteriores-, han reclamado durante años que querían dejar de ser zonas de sacrificio? La gente quiere dejar de enfermar y morir debido a que vive en condiciones indignas.

¿Cuántos cientos o miles de marchas y de movilizaciones durante años no fueron escuchadas por el gobierno del Presidente Piñera ni por los gobiernos anteriores?

Entonces, el pueblo se cansó y Chile despertó. Es mucho más que un cliché, es una verdad. Hay una frase que algunos quieren escuchar, y la voy a decir, para que se sientan tranqui-

los: “Condeno los saqueos y condeno la violencia; no la comparto como medio legítimo para

la acción política”. Esa es mi opinión. Pero este proyecto ya dejó de ser una ley antisaqueos y se transformó derechamente en una ley antiprotestas, y eso no lo vamos a respaldar.

Señor Presidente, por su intermedio quiero preguntar a los parlamentarios oficialistas:

¿Qué pasó con ese entusiasmo que en algún momento mostraron respecto de las movilizaciones? Cuando se trató de los camioneros, el ministro Briones negoció con ellos; cuando se trató del movimiento “No+TAG”, el ministro Moreno negoció con ellos; y cuando el 25 de octubre se reunió más de un millón de personas en la Alameda, salieron todos a tuitear atribuyéndose esa movilización maravillosa, pacífica, que nos exigía cambios.

¡Qué poco les duró el entusiasmo! ¡Qué cínico fue el respaldo a esa movilización! Les recuerdo que ese día 25 de octubre no había autorización de la Intendencia, no obstante lo cual se cortaron las calles y se cortó el tránsito. Todos salieron a tuitear y a decir “¡qué lindo que ocurrió esta movilización!”. ¡Pero estaban en contra de ella!

Las modificaciones del Senado criminalizan la protesta de una manera bastante burda. La Cámara Alta dijo que la iniciativa había salido mal redactada de la Cámara de Diputados, y hoy nos devuelve un proyecto completamente distinto, y además ineficaz. En efecto, sabemos que no va a ser por la letra de esta ley en proyecto que ahora la policía va a actuar de buena manera y va a dejar de violar los derechos humanos.

Hago una pausa para referirme a una carta, que está en los correos electrónicos de todas y de todos los que estamos en esta Sala, que nos envió el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que señala tres cosas. Primero, que el derecho a la reunión pacífica no debe estar regulado por un régimen de autorización. Segundo, que la mera perturbación o interrupción temporal de la circulación de vehículos o peatones no equivale a un acto de violencia y que incluso debe tolerarse. Tercero, que la solución del problema del uso de elementos violentos en manifestaciones pacíficas se debe buscar en la mejora de la capacidad de las policías de identificar y apartar a los elementos violentos y no en la criminalización de otras conductas.

Les recuerdo que hasta hace poco menos de un año la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas era para ustedes prácticamente la biblia cuando se refería a Venezuela. Bueno, ahora ese organismo habla sobre Chile, de cómo la policía de Chile ha violado los derechos humanos y de cómo esta agenda de seguridad, impulsada por este gobierno, atenta contra los derechos humanos.

Por lo tanto, hago un llamado a que rechacemos este proyecto. Ojalá que en comisión mixta se pueda arreglar para que de verdad se centre en lo importante, que son las conductas violentas y delictuales, no en la criminalización de la protesta social.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, tenemos una responsabilidad importante respecto de la señal que le vamos a enviar al país. Miro con preocupación una dictadura que se ha venido instalando en nuestro país. Me refiero a la dictadura de la violencia que determina qué temas podemos tocar y cuáles no; que determina qué posturas son defendibles públicamente y cuáles no; que tiene limitada nuestra libertad de expresión y que tiene limitada nuestra libertad de movilización.

Más grave que eso, en momentos cuando el país nos quiere discutiendo de reformas a la salud, de un mejor Fonasa , de reformas a las pensiones, esa dictadura nos tiene discutiendo acerca de cómo asegurar que chicos y chicas puedan rendir la PSU; eso nos tiene discutiendo. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos tenido el coraje de decirle a la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios y a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios que no pueden impedir el ejercicio de la PSU. ¡Nos han tenido discutiendo ese tema desde las 9 de la mañana! Además, una dirigente de la Cones se permite decirnos acá en el Congreso Nacional que van a seguir adelante con sus movilizaciones.

Debemos hacernos cargo de esta dictadura de la violencia. Con toda franqueza, le quiero pedir a los sectores democráticos del Congreso que entiendan que la democracia es incompatible con la violencia; que entiendan que cualquier reforma social que podamos emprender es imposible sin orden público y que hay que tener claridad absoluta de que hay que enviar una señal y herramientas para el orden público en Chile.

Este proyecto otorga herramientas a la Fiscalía para pedir las medidas precautorias que se necesitan y establece la penalidad que necesitamos para que realmente podamos aplicar las sanciones que merecen los delitos de que trata el proyecto.

El orden público no se resuelve solo con declaraciones bonitas y tuits donde condenamos la violencia: también se necesita de herramientas concretas para que Carabineros y la Fiscalía las utilicen para resguardar el orden público.

Finalizo mi intervención con la siguiente reflexión.

No podemos seguir pensando que si Carabineros no actúa, es ineficaz, y que si actúa, es abusador. Si seguimos moviéndonos en esos blancos y negros no vamos a resolver el problema del orden público.

En este momento debemos ser capaces de entender que si no tenemos una reflexión mesurada y moderada en temas de orden público, finalmente los que más sufrirán serán los más pobres de Chile, quienes hoy no solo no pueden rendir la PSU, sino que muchas veces tienen sus barrios tomados por el narcotráfico y no se pueden movilizar con tranquilidad por el centro de Santiago.

Votemos a favor del orden público. Hagámoslo en especial por los más pobres de Chile.

He dicho.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, los graves hechos de violencia sucedidos desde el 18 de octubre han significado que miles de locales a lo largo del país, sin distinción de si estos son microempresarios, pequeños empresarios o grandes cadenas, han resultado con daños de diferente magnitud producto de los saqueos, incendios y destrucción, que han provocado muchas consecuencias negativas en nuestra sociedad, tales como la pérdida masiva de puestos laborales, inseguridad y caída de ingresos familiares y de la productividad en general.

En ese sentido, el gobierno impulsó propuestas que apuntan a superar esta crisis. Una de ellas es la denominada “agenda de seguridad”, que básicamente constituye un paquete de herramientas jurídicas que viene a hacerse cargo de los hechos de violencia descritos, y la cual también hace valer el acuerdo por la paz, aprobado transversalmente por todos los sectores políticos.

En este contexto, a este proyecto, ingresado un mes después de desatada la crisis, le otorgamos la premura máxima en la Comisión de Seguridad Ciudadana, en la que impulsamos una serie de modificaciones que buscaban aumentar las penas a los delitos de saqueo, barricadas y en el caso del impedimento de la libre circulación de las personas, derecho consagrado constitucionalmente.

Posteriormente, en el Senado se planteó la necesidad de poder revisarlo en profundidad con el fin de hacer las adecuaciones que permitan darle una viabilidad penal efectiva y eficaz. En ese contexto, se hicieron algunas modificaciones, que hoy nos encontramos discutiendo en este tercer trámite constitucional.

En lo medular, la moción sanciona con presidio menor en su grado mínimo, esto es, de 61 a 540 días, a quienes interrumpan completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación, o la instalación de obstáculos o vehículos. Esta modificación no es poco importante en tiempos donde el denominado canto de “el que baila, pasa” ha tomado fuerza en quienes piensan que esta es una forma legítima de protesta, perjudicando a quienes son sometidos a esta humillante práctica.

También los cambios respecto a quienes lancen cualquier objeto potencialmente apto para causar la muerte o producir lesiones corporales a las personas o a vehículos que se encuentren en la vía pública son una medida eficiente.

Específicamente, quiero destacar el aumento de penas en un grado, lo que puede llegar a cinco años de presidio efectivo en el caso del saqueo, Así también, valorar el estudio que permitió definirlo de manera específica en el Código Punitivo, lo que en definitiva viene a robustecer la norma y dar más herramientas legales a los jueces para sancionar este tipo de conductas.

Por lo anterior, y además entendiendo que este proyecto resulta clave para sancionar con mayor fuerza las alteraciones del orden público, votaré a favor.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, tengo en mi poder la minuta de votación del proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica, y claramente hay un error, que no es de la Cámara de Diputados, sino del Senado, porque en los puntos 2 y 3 nos impone la obligación de votar separadamente el número 1 del artículo único. En la primera votación, que corresponde al punto 2, se suprime una norma y en la segunda la votación, que es el punto 3, se incorpora una norma.

¿Qué puede ocurrir? Que dependiendo de la votación se aprueben ambas normas y quedemos con un proyecto de ley en que se aprueban dos normas contradictorias.

Por lo tanto, quiero saber de qué modo vamos a operar para que ese error se pueda corregir.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.422, para incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad.

Diputada informante de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación es la señora Catalina del Real.

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, sesión 140ª de la presente legislatura, en martes 14 de enero de 2020. Documentos de la Cuenta N° 10.

-El debate del proyecto se inició en la sesión 86ª de la presente legislatura, en jueves 10 de octubre de 2019 -oportunidad en que se rindió el primer informe de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificacióny continuó en la sesión 103ª de la misma legislatura, en miércoles 13 de noviembre de 2019.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora DEL REAL, doña Catalina (de pie).-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a los integrantes del grupo “Yo cuido” que se encuentran en la tribuna. Les agradezco su perseverancia y esfuerzo, y porque nos han ayudado a sacar adelante este proyecto.

Honorable Cámara, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, paso a rendir el segundo informe reglamentario recaído en el proyecto que modifica la ley Nº 20.422, para incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad.

En el presente trámite la comisión se pronunció sobre varias indicaciones presentadas en la Sala al proyecto que consta de un artículo único, el cual incorpora varias modificaciones a la ley Nº 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.

A continuación, me referiré a las principales enmiendas incorporadas al texto que se aprobó en el primer trámite, todas ellas de origen en indicaciones parlamentarias aprobadas por unanimidad.

Cabe destacar la adición que se introduce en el número 1 del artículo único, a propósito del nuevo inciso segundo del artículo 1 de la ley, que reconoce y ampara a las cuidadoras y cuidadores, donde se agrega “de personas con discapacidad y dependencia”. Con esta indicación se pretende abarcar ambas situaciones, pues hay personas que sin ser discapacitadas requieren igualmente de cuidados, como los adultos mayores o las personas enfermas.

En el número 3 del artículo único, específicamente en el artículo 6, letra d), de la ley, que define a la cuidadora o cuidador como toda persona que proporciona asistencia y/o cuidado a personas en situación de discapacidad y/o dependencia, estén o no unidas por vínculos de parentesco, sufriendo un mayor riesgo de desmedro sobre su salud física y mental, se elimina la frase “, sufriendo un mayor riesgo de desmedro sobre su salud física y mental”, por estimarse que deben dejar de utilizarse expresiones que puedan ser consideradas peyorativas o estigmatizadoras, o que asocien la discapacidad a una carga negativa (“padecer discapacidad”, “sufrir discapacidad”, etcétera).

En el mismo número 3 del artículo único, a propósito de la definición de dependencia, en el primer informe se había incluido aquella de causa neuropsicológica o psíquica, lo que se eliminó, de modo tal que la definición de dependencia guarde armonía con el concepto de discapacidad contenido en el artículo 5 de la ley Nº 20.422, según el cual la discapacidad puede tener una causa física, sensorial o mental.

En el número 5 del artículo unico, se reemplaza el texto del artículo 22 bis, que consagra el derecho de las personas con discapacidad a contar con un servicio de apoyo, asistencia y cuidados, que pueden ser proporcionados por su familia, su círculo más próximo o por terceros.

La norma sustitutiva está concebida en términos similares, pero agrega en la primera parte la idea de que tales servicios apuntan al adecuado desenvolvimiento de la vida diaria del beneficiario, y, por otro lado, se hace mención expresa de que los servicios pueden ser otorgados también por entes estatales.

Por último, también en el número 5 del artículo único, se modifica el artículo 22 ter, que se refiere a los derechos de las cuidadoras y los cuidadores. En el número 2 del aludido artículo, que señala que la autoridad debe propender a la creación de una red de apoyo integral, en la que intervengan especialistas tales como psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, entre otros, además de velar por el derecho de atención prioritaria en la salud primaria, al igual que la persona que esté a su cuidado, se sustituye la oración alusiva a la intervención de diversos especialistas, por otra que establece que la creación de la red de apoyo integral tiene por propósito brindar a las cuidadoras y cuidadores apoyo y contención biopsicosocioemocional, atendiendo las necesidades que se les generan producto de las labores que desarrollan. Se fundamentó este cambio en que, tratándose de una red de apoyo integral, más que los profesionales que la integran, lo relevante es consagrar, a nivel legal, su objeto, lo que dota de más consistencia a la norma y al derecho que se propone establecer.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.