Labor Parlamentaria

Nota de la diputada señora Cid,

quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso constitucional para ausentarse del país, a contar del 31 de enero de 2020, para dirigirse a Estados Unidos.

Nota del diputado señor Soto, don Raúl ,

quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 21 de enero de 2020, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones a celebrarse en esta fecha.

Certificado por el cual se acredita que se ha otorgado licencia médica a la diputada señora Amar , quien deberá permanecer en reposo por el plazo de un (1) día, a contar del 15 de enero de 2020.

Certificado que acredita que la diputada señora Troncoso ,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, ha justificado su inasistencia a las sesiones que se celebren entre los días 20 y 24 de enero de 2020, por impedimento grave.

Comunicación del diputado señor Durán, don Eduardo ,

quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, de las sesiones que se celebren el día de hoy, 21 de enero de 2020.

XI. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS PARLAMENTARIOS

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

El señor Secretario dará lectura de los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios esta mañana.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia del diputado Iván Flores y con la asistencia de las diputadas señoras Loreto Carvajal , Claudia Mix y María José Hoffmann , y de los diputados señores Auth , Barrera, Carter , González, don Félix ; Celis, don Ricardo ; Jackson , Rathgeb , Rocafull , Sepúlveda, don Alexis ; Urrutia, don Osvaldo , y Verdessi , acordaron por unanimidad lo siguiente:

1.- Cerrar a las 11:30 horas de hoy la inscripción para intervenir en la discusión del proyecto que modifica la Carta Fundamental para restablecer el sufragio obligatorio en las elecciones populares (boletines Nos 13028-06 y 13029-06), y votarlo cuando finalice el debate de la iniciativa.

2.- Otorgar hasta cinco minutos por diputado para intervenir durante la discusión de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que moderniza la legislación tributaria (boletín Nº 12043-05), que tendrá lugar mañana miércoles 22 de enero.

3.- Respecto de la acusación constitucional deducida en contra del intendente de la Región Metropolitana, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 42 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. De deducirse la cuestión previa, intervendrán solo los miembros de la comisión informante y no procederá la fundamentación del voto por el resto de los parlamentarios. En el evento de que aquella se deseche, y para los efectos de la fundamentación del voto de la cuestión de fondo, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 159, inciso primero, del Reglamento de la Corporación. Para ello, cada Comité dispondrá de un máximo de seis minutos, que podrán usar hasta tres diputados por dos minutos cada uno, hasta dos diputados por tres minutos o un diputado por cinco minutos.

4.- Que en uso de sus facultades, el Presidente de la Corporación podrá citar a sesión las veces que sea necesario, durante la semana distrital, para despachar la agenda legislativa.

Asimismo, se autoriza a sesionar durante la semana distrital solo a las comisiones que cuenten con proyectos calificados con discusión inmediata o suma urgencia, a las comisiones especiales investigadoras cuyo plazo esté por vencer durante la última semana del mes de enero y a aquellas comisiones permanentes que hayan sido expresamente autorizadas por el Presidente de la Corporación, por razones fundadas.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, el punto 1 de la Cuenta se refiere a la discusión inmediata para el despacho del proyecto que mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual. Esa es la prioridad número uno de todos los chilenos: las pensiones.

Lo escuché a usted y me parece bien que las comisiones vayan a trabajar matiné, vermut y noche. La Cámara puede hacer muy bien su trabajo -yo creo que lo va a hacery las comisiones tienen las facultades -lo hemos visto en otras comisionespara sacar proyectos antes de fin de mes.

Creo que lo vamos a hacer bien como Cámara de Diputados, pero no como Congreso, y me preocupa que la gente diga que los parlamentarios no despacharon la ley que tanto se necesita. Nos acusarán de que, cuando tenemos que subirnos el sueldo, lo hacemos en un día, pero cuando tenemos que legislar sobre las pensiones nos demoramos meses.

Entonces, nosotros, como diputados, lo vamos a hacer rápido, pero quiero que la Sala se pronuncie respeto de la posibilidad de trabajar en conjunto con el Senado este proyecto de ley que aparece en el primer punto de la cuenta, que las comisiones de la Cámara de Diputados y las del Senado trabajen en conjunto, por primera vez, un proyecto y que lo hagan en forma rápida.

La gente está pidiendo esto en forma urgente, no obstante lo cual he escuchado al Presidente del Senado decir que lo van a dejar para abril, y me violenta que lo dejemos para abril y no lo despachemos en forma urgente.

Señor Presidente, le pido que hagamos los esfuerzos para que los mismos invitados que deberán venir dos veces al Congreso Nacional, vengan solo en una oportunidad y los recibamos en forma conjunta. Quizás sea algo novedoso para ustedes, pero creo que es importante para la ciudadanía que podamos legislar con rapidez en esta materia.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

No por mucho madrugar amanece más temprano, estimado colega.

Es una obligación constitucional el que ambas cámaras realicen su trabajo por separado. Lo que nosotros –ya lo expresamos en la lectura de los acuerdos de los Comités Parlamentariostenemos claro es que la semana distrital seguirá siendo distrital en lo formal, pero vamos a sesionar toda la semana si es necesario, en régimen de sesiones especiales. Ya veremos con qué timing se tratarán los distintos proyectos que están entrando, pues algunos fueron aprobados ayer por el Senado y otros probablemente sean aprobados hoy. En todo caso, estamos dejando el lunes como “colchón”. De esa manera, será la Mesa la que controlará el timing, no las urgencias, como ocurriría en una semana ordinaria.

Diputado Mellado -informo también a la Sala-, es evidente que la reforma previsional tiene prioridad uno. La Presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, la diputada Gael Yeomans , sabe que tiene autorización para sesionar, en el transcurso de esta semana, mañana, tarde y noche, o lo que fuere necesario, porque no sabemos si la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de nuestra Corporación podrá despachar el proyecto ahora, pero queremos que la Comisión de Hacienda también trate el proyecto con absoluta libertad y que pueda sesionar todo el tiempo que estime necesario, con vistas a que en la Sala podamos verlo desde el miércoles en adelante.

Estimamos que un buen debate se puede dar con sesiones con dedicación exclusiva, mañana y tarde, razón por la cual mantenemos el régimen de semana distrital, porque eso permite que sea la Mesa la que llame a sesiones especiales las veces que sean necesarias.

Esperamos sesionar miércoles, jueves y viernes de la próxima semana para despachar el proyecto. Ese es el timing, y entremedio trataremos de incluir otros proyectos, para lo cual nos estamos coordinando.

Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez , por un asunto de Reglamento.

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, lo que pasa es que usted acaba de señalar que, teóricamente, la Comisión de Hacienda debería tratar el proyecto sobre pensiones la próxima semana, si es despachado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Eso es lo que acabo de escuchar.

Entonces, debo plantear mi inquietud, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Hacienda, porque ayer me informó de eso mismo el ministro Ward , y la verdad es que me hubiese gustado escucharlo hoy de usted, no del ministro Ward , y se lo dije al ministro, lo que provocó mucha molestia en algunos diputados de gobierno que estaban presentes. Sin embargo, reitero lo que dije: el calendario legislativo no me lo debe informar un ministro en la sesión de una comisión, sino los Comités Parlamentarios y la Mesa de la Cámara –como usted lo acaba de hacer-, y yo, como Presidente de la Comisión de Hacienda, le quiero manifestar que tengo una inquietud muy profunda respecto de eso.

A la Comisión de Hacienda le tocó discutir el proyecto que moderniza la legislación tributaria, el que votaremos mañana en la Sala. Quiero recordar que, en su minuto, el entonces ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín , intentó reiteradas veces que nosotros votáramos ese proyecto, como se dice en lenguaje popular, a matacaballo, sin tener conciencia cabal de lo que implicaba. Hoy nos damos cuenta de lo positivo que fue que la Cámara se tomara todo el tiempo que se requería para discutir en profundidad la reforma tributaria.

Sé que en el caso de la reforma previsional es distinto, porque hay una presión ciudadana; pero vale la pena aclarar que no es una discusión sencilla, desde el punto de vista de los recursos involucrados. Es una reforma que compromete recursos por cinco, diez, quince, veinte años. Hoy un diario decía que el año 2050 se iba a llegar a una gran cantidad de millones de dólares dedicado a esto.

Por lo tanto, solo pido coherencia y que no nos exijan que lo despachemos en dos horas de discusión en la Comisión de Hacienda, sin tener la claridad de que el Estado va a disponer de los recursos necesarios para financiar algo tan importante como son las pensiones de las chilenas y de los chilenos.

Por eso, hago una señal de alerta en relación con el tiempo de que disponemos para discutir este tema, porque el informe financiero tiene que ser revisado con rigurosidad por la Comisión de Hacienda. Ese es mi deber como Presidente de dicha comisión.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

No vamos a iniciar un debate de esto; sin embargo, quiero cerrar el punto que plantea el diputado Daniel Núñez .

Nosotros podemos conversar, suponer y prepararnos para el evento, pero mientras las indicaciones al proyecto no ingresen, es ciencia ficción.

Las indicaciones ingresaron ayer en la noche, muy tarde, por lo que la Comisión de Trabajo, que estaba previamente convocada, por la premura, importancia y trascendencia del tema, debió suspender su sesión.

Nuestro Reglamento señala que debemos trabajar a base de las urgencias que se establecen. El artículo 189 define los plazos para la discusión inmediata, y en el caso del proyecto, el plazo de la discusión inmediata empieza a correr hoy.

El timing que nosotros teníamos previsto antes era pensando que el proyecto podía haber entrado antes, pero dimos cuenta de él recién hoy. En ese escenario, tenemos un cronograma que estimamos que es posible realizar, en ambas comisiones y en la Sala, de acuerdo a lo que establece la norma sobre los proyectos con discusión inmediata.

Es ni más ni menos una cuestión reglamentaria. En esto, la Comisión de Trabajo va a tener la primera palabra, y va a empezar a trabajar hoy en ello.

PERMISO CONSTITUCIONAL

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la diputada Sofía Cid , quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 31 de enero de 2020, para dirigirse a Estados Unidos de América.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

-o-

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Vicepresidenta).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señora Presidenta, pido que recabe la unanimidad de la Sala para que el proyecto de ley contenido en el boletín N° 13086-07 sea enviado a la Comisión de Defensa Nacional.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Vicepresidenta).-

Solicito la unanimidad de la Sala para acceder a la solicitud del diputado Vlado Mirosevic .

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités Parlamentarios.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Iván Flores y con la asistencia de las diputadas señoras Carvajal , Del Real, Pérez , Hernando y Hoffmann , y de los diputados señores Ascencio , Barrera, Bellolio , Carter , Celis, don Ricardo ; Jackson , González, don Félix ; Molina , Paulsen , Rocafull , Urrutia, don Osvaldo , y Velásquez, don Esteban , acordaron por unanimidad lo siguiente:

1.- Votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que moderniza la legislación tributaria (boletín N° 12043-05) a partir de las 16:30 horas.

2.- Postergar el inicio de la sesión especial convocada para mañana miércoles 22 de enero para las 18:00 horas.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Señores diputados y señoras diputadas, quiero que quede claro que la sesión ordinaria de mañana, que tratará el proyecto que moderniza la legislación tributaria, mantendrá su horario original hasta las 14:00 horas.

Luego se interrumpirá y se reanudará a las 16:30 horas, exclusivamente para realizar la votación de dicho proyecto. A continuación, a partir de las 18:00 horas, está citada la sesión que tiene por objeto analizar los graves hechos de violencia ocurridos a propósito de la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

Tiene la palabra el diputado Víctor Torres .

El señor TORRES.-

Señor Presidente, en los acuerdos de los Comités solo se menciona la hora de inicio de la sesión de la tarde, que lamentablemente fue postergada hasta las 18:00 horas, pero no aparece hasta qué hora está citada.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Señor diputado, la sesión especial se extenderá hasta las 19:30 horas.

-o-

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Señores parlamentarios, el diputado Lorenzini ha hecho llegar a la Mesa el texto impreso de la evaluación de la ley N° 20.680.

Mañana se les entregará este documento a todos ustedes y se le dará un tiempo al diputado Lorenzini , quien dirige el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, para que explique los alcances y el resultado de esta evaluación.

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles (boletín N° 12415-04), con las siguientes señoras diputadas y señores diputados: Hugo Rey , Jaime Bellolio , Juan Santana , Mario Venegas y Camila Rojas .

¿Habría acuerdo?

Acordado.

INTEGRACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES INVESTIGADORAS

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Propongo a la Sala integrar la Comisión Especial Investigadora de actos del gobierno relacionados con la fiscalización de operaciones financieras entre Bancard Inversiones Limitada y Bancard Investment u otra empresa con domicilio en paraísos fiscales entre 2015 y 2019, con los siguientes señores diputados y señoras diputadas: Jorge Alessandri , Gabriel Ascencio , Karim Bianchi , Ricardo Celis , Fidel Espinoza , Javier Macaya , Patricio Melero , Daniel Núñez , Paulina Núñez , Diego Paulsen , Diego Schalper , Leonardo Soto y Gonzalo Winter .

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 126 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 9 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Flores Oporto , Camila Mellado Pino , Cosme Sabag Villalobos , Jorge Alessandri Vergara , Jorge Fuenzalida Cobo , Juan Meza Moncada , Fernando Sabat Fernández , Marcela Alinco Bustos, René Gahona Salazar , Sergio Mirosevic Verdugo , Vlado Saffirio Espinoza , René Álvarez Vera , Jenny Galleguillos Castillo , Ramón Mix Jiménez , Claudia Saldívar Auger , Raúl ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo García García, René Manuel Monsalve Benavides , Manuel Sanhueza Dueñas , Gustavo Amar Mancilla , Sandra Garín González , Renato Morales Muñoz , Celso Santana Castillo , Juan Ascencio Mansilla , Gabriel Girardi Lavín , Cristina Moreira Barros , Cristhian Santana Tirachini , Alejandro Auth Stewart , Pepe González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Baltolu Rasera , Nino González Torres , Rodrigo Naranjo Ortiz , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Barrera Moreno , Boris Gutiérrez Gálvez , Hugo Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Orbenes , Alejandra Barros Montero , Ramón Hernández Hernández , Javier Norambuena Farías , Iván Sepúlveda Soto , Alexis Bellolio Avaria , Jaime Hernando Pérez , Marcela Núñez Arancibia , Daniel Silber Romo , Gabriel Berger Fett , Bernardo Hertz Cádiz , Carmen Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Ferrada , Leonardo Bernales Maldonado , Alejandro Hirsch Goldschmidt , Tomás Olivera De La Fuente , Erika Teillier Del Valle, Guillermo Bianchi Retamales , Karim Hoffmann Opazo , María José Orsini Pascal , Maite Tohá González , Jaime Boric Font , Gabriel Ilabaca Cerda , Marcos Ortiz Novoa, José Miguel Torrealba Alvarado , Sebastián Brito Hasbún , Jorge Jackson Drago , Giorgio Ossandón Irarrázabal , Ximena Torres Jeldes , Víctor Cariola Oliva , Karol Jarpa Wevar , Carlos Abel Parra Sauterel , Andrea Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Jiles Moreno , Pamela Paulsen Kehr , Diego Urrutia Bonilla , Ignacio Carvajal Ambiado , Loreto Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Arriagada , José Urrutia Soto , Osvaldo Castillo Muñoz , Natalia Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Lahsen , Leopoldo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Castro González, Juan Luis Kort Garriga , Issa Pérez Olea , Joanna Van Rysselberghe Herrera , Enrique Celis Araya , Ricardo Kuschel Silva , Carlos Pérez Salinas , Catalina Velásquez Núñez , Esteban Cicardini Milla , Daniella Labra Sepúlveda , Amaro Ramírez Diez , Guillermo Velásquez Seguel , Pedro Coloma Álamos, Juan Antonio Lavín León , Joaquín Rentería Moller , Rolando Venegas Cárdenas , Mario Crispi Serrano , Miguel Leiva Carvajal , Raúl Rey Martínez , Hugo Verdessi Belemmi , Daniel Desbordes Jiménez , Mario Leuquén Uribe , Aracely Rocafull López , Luis Vidal Rojas , Pablo Durán Espinoza , Jorge Longton Herrera , Andrés Rojas Valderrama , Camila Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Eguiguren Correa , Francisco Lorenzini Basso , Pablo Romero Sáez , Leonidas Walker Prieto , Matías Espinoza Sandoval , Fidel Macaya Danús , Javier Rosas Barrientos , Patricio Winter Etcheberry , Gonzalo Fernández Allende , Maya Marzán Pinto , Carolina Saavedra Chandía , Gastón Yeomans Araya , Gael Flores García, Iván Melero Abaroa , Patricio .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Ramírez , Sebastián Mellado Suazo , Miguel Núñez Urrutia , Paulina Sauerbaum Muñoz , Frank Cruz-Coke Carvallo , Luciano Molina Magofke , Andrés Prieto Lorca , Pablo Undurraga Gazitúa , Francisco Kast Sommerhoff , Pablo .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Castro Bascuñán, José Miguel Del Real Mihovilovic , Catalina Keitel Bianchi , Sebastián Pardo Sáinz , Luis Celis Montt , Andrés Díaz Díaz , Marcelo Muñoz González , Francesca Rathgeb Schifferli , Jorge Cid Versalovic , Sofía .

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Propongo a la Sala integrar la Comisión Especial Investigadora de eventuales irregularidades en las actuaciones de la Empresa Nacional de Minería (Enami) en relación con contratos adjudicados para el retiro de residuos de la fundición Paipote con los siguientes señores diputados y señoras diputadas: Nino Baltolu , José Miguel Castro , Daniella Cicardini , Francisco Eguiguren , Sergio Gahona , Cristina Girardi , Marcela Hernando , Carlos Kuschel , Fernando Meza , Nicolás Noman , Juan Santana , Marisela Santibáñez y Pablo Vidal .

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 131 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 6 abstenciones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alarcón Rojas , Florcita Flores Oporto , Camila Meza Moncada , Fernando Sabat Fernández , Marcela Alessandri Vergara , Jorge Galleguillos Castillo , Ramón Mirosevic Verdugo , Vlado Saffirio Espinoza , René Álvarez Vera , Jenny García García, René Manuel Mix Jiménez , Claudia Saldívar Auger , Raúl Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Girardi Lavín , Cristina Molina Magofke , Andrés Sanhueza Dueñas , Gustavo Amar Mancilla , Sandra González Gatica , Félix Monsalve Benavides , Manuel Santana Castillo , Juan Ascencio Mansilla , Gabriel González Torres , Rodrigo Morales Muñoz , Celso Santana Tirachini , Alejandro Auth Stewart , Pepe Gutiérrez Gálvez, Hugo Moreira Barros , Cristhian Santibáñez Novoa , Marisela Baltolu Rasera , Nino Hernández Hernández , Javier Muñoz González , Francesca Sauerbaum Muñoz , Frank Barrera Moreno , Boris Hernando Pérez , Marcela Naranjo Ortiz , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Barros Montero , Ramón Hertz Cádiz , Carmen Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bellolio Avaria , Jaime Hirsch Goldschmidt , Tomás Norambuena Farías , Iván Sepúlveda Soto , Alexis Berger Fett , Bernardo Hoffmann Opazo , María José Núñez Arancibia , Daniel Silber Romo , Gabriel Bernales Maldonado , Alejandro Ibáñez Cotroneo , Diego Núñez Urrutia , Paulina Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Retamales , Karim Ilabaca Cerda , Marcos Nuyado Ancapichún , Emilia Teillier Del Valle, Guillermo Boric Font , Gabriel Jackson Drago , Giorgio Olivera De La Fuente , Erika Tohá González , Jaime Brito Hasbún , Jorge Jarpa Wevar , Carlos Abel Orsini Pascal , Maite Torrealba Alvarado , Sebastián Cariola Oliva , Karol Jiles Moreno , Pamela Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor Carter Fernández , Álvaro Jiménez Fuentes , Tucapel Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez , Renzo Carvajal Ambiado , Loreto Jürgensen Rundshagen , Harry Pardo Sáinz , Luis Undurraga Gazitúa , Francisco Castillo Muñoz , Natalia Keitel Bianchi , Sebastián Parra Sauterel , Andrea Urrutia Bonilla , Ignacio Castro González, Juan Luis Kort Garriga , Issa Paulsen Kehr , Diego Urrutia Soto , Osvaldo Celis Araya , Ricardo Kuschel Silva , Carlos Pérez Arriagada , José Urruticoechea Ríos , Cristóbal Cicardini Milla , Daniella Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Lahsen , Leopoldo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cid Versalovic , Sofía Lavín León , Joaquín Pérez Olea , Joanna Velásquez Núñez , Esteban Crispi Serrano , Miguel Leiva Carvajal , Raúl Pérez Salinas , Catalina Velásquez Seguel , Pedro Cruz-Coke Carvallo , Luciano Leuquén Uribe , Aracely Rentería Moller , Rolando Venegas Cárdenas , Mario Del Real Mihovilovic , Catalina Longton Herrera , Andrés Rey Martínez , Hugo Verdessi Belemmi , Daniel Desbordes Jiménez , Mario Lorenzini Basso , Pablo Rocafull López , Luis Vidal Rojas , Pablo Durán Espinoza , Jorge Macaya Danús , Javier Rojas Valderrama , Camila Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Eguiguren Correa , Francisco Marzán Pinto , Carolina Romero Sáez , Leonidas Walker Prieto , Matías Espinoza Sandoval , Fidel Melero Abaroa , Patricio Rosas Barrientos , Patricio Winter Etcheberry , Gonzalo Fernández Allende , Maya Mellado Pino , Cosme Saavedra Chandía , Gastón Yeomans Araya , Gael Flores García, Iván Mellado Suazo , Miguel Sabag Villalobos , Jorge .

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Coloma Álamos, Juan Antonio Gahona Salazar , Sergio Kast Sommerhoff , Pablo Ramírez Diez , Guillermo Fuenzalida Cobo , Juan Garín González , Renato Prieto Lorca , Pablo .

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alinco Bustos, René Castro Bascuñán, José Miguel Mulet Martínez , Jaime Rathgeb Schifferli , Jorge Álvarez Ramírez , Sebastián Celis Montt , Andrés .

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Schilling , Ascencio , Barrera; Celis, don Ricardo ; Desbordes ; Soto, don Leonardo , y Walker ; y de las diputadas señoras Castillo , Hernando , y Sepúlveda , doña Alejandra , que “Modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y regular el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos contra el orden socioeconómico que indica”. BoletínN° 13204-07.

1. Fundamentos. La ley núm. 20.393 estableció por vez primera, un sistema de imputación para las personas jurídicas, asumiendo principalmente el modelo de organización defectuosa como presupuesto de la responsabilidad penal del ente. Conforma a sus preceptos, los únicos delitos por los que se puede imputar penalmente a las personas jurídicas están señalados en el art. 1º, en un escueto catalogo que ha sido ampliado en forma acotada por diversas leyes:

Artículo 1°.- Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de los delitos previstos en los artículos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el artículo 27 de la ley Nº 19.913, en el artículo 8° de la ley Nº18.314 y en los artículos 240, 250, 251 bis, 287 bis, 287 ter, 456 bis A y 470, numerales 1° y 11, del Código Penal; el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones procedentes y la ejecución de éstas.

En lo no previsto por esta ley serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Libro I del Código Penal y el Código Procesal Penal y en las leyes especiales señaladas en el inciso anterior, en lo que resultare pertinente.

Para los efectos de esta ley, no será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 58 del Código Procesal Penal.

Un primer aspecto que se desprende de la primera norma que regula esta ley es el restringido alcance de los delitos que pueden dar lugar a responsabilidad penal de la persona jurídica. En efecto, la ley nacional sólo establece que pueden responder por los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y soborno y soborno de un funcionario público internacional en su versión original, empero la controvertida legislación introducida por la ley Nº20.631 ordinariamente llamada “agenda corta”, ha incorporado al catálogo el delito de receptación, más robusta es la regulación de noviembre de 2018 mediante la ley Nº21.121 que incorporó, la negociación incompatible, la corrupción entre particulares, la apropiación indebida y la administración desleal. Más recientemente, en el contexto de la modernización del servicio nacional de pesca, mediante ley Nº21.132 los delitos previstos en la ley de pesca y acuicultura. Lo anterior, es claramente una nota distintiva de las regulaciones de aquellos sistemas en que se contempla la posibilidad de responsabilidad penal, pues esta se aplica sin una limitación tan intensa como esta.

Pese a lo anterior, se ha intentado en sede legislativa ampliar el catálogo en materia de delitos de colusión (Boletín N° 9.950-03) durante su primer trámite en la Cámara de Diputados, respecto del delito de usurpación de aguas (Boletín 8.149-15), sin que tales propuestas hayan prosperado, lo que pone en tela de juicio el enfoque político criminal del legislador chileno. Esto último es relevante, pues, como ha expresado BUSTOS, política criminal es poder de definición, y su primer principio orientador es el de igualdad, es decir, redistribución de la cuestión penal[1], de esta manera no se puede prescindir del catálogo de los delitos socioeconómicos, en especial contra la propiedad intelectual e industrial, prácticas abusivas en materia de libre competencia y otras conductas que afectan el funcionamiento del mercado de valores etc. Lo anterior, se corrobora en lo expresado por el profesor MATUS quien sostiene que los hechos delictivos que son fundamento de la punibilidad del ente, en esta ley deberían extenderse a: “todos los del Tit. IV, L. II Código penal (falsificaciones). Estos son quizás los delitos más comunes en el ámbito empresarial y que se utilizan para cometer diversas infracciones; además los del Tit. VI, L. II Código penal […] todos estos delitos regulan la actividad económica que hoy se realiza empresarialmente y el párrafo 10 una forma especial de organización que, cuando se manifiesta bajo la fachada de una personas jurídica, debe ser severamente reprimida; los del Tit. IX, L. II Código penal, los comprendidos en los párrafos 5bis (receptación), 6 (usurpación de tierras y aguas) y 10 (daños): Se trata de delitos comunes, pero cuyos resultados -apropiación de tierras, aguas y destrucción de bienes de la competencia- favorecen determinadas actividades económicas frente a otras; Los cuasidelitos del Tit. X, L. II Código Penal y los delitos comprendidos en la Ley de Tránsito: Ésta es la fuente de responsabilidad empresarial más habitual hoy en día, a través del Derecho Civil, pero al mismo tiempo ineficiente para asegurar la vida y salud de los trabajadores y de la población en general, como sucede en los casos de construcciones o productos defectuosos y de responsabilidad en el transporte, donde la organización empresarial puede ayudar a prevenirlos o, por el contrario, a fomentarlos indirectamente mediante turnos extenuantes, falta de control en contrataciones y prestación de servicios, etc.”[2], asimismo señala una serie de conductas descritas en leyes especiales, tales como “Los delitos ecológicos y de contaminación de aguas se encuentran comprendidos en diversos tratados internacionales que, al igual que las convenciones de la OCDE, exigen el establecimiento de sanciones “eficaces, disuasivas y proporcionales” a las personas jurídicas y Los comprendidos en la Ley Antimonopolios (y su reforma en proyecto), y en las leyes de Bancos, AFP, Valores y Seguros: Se trata de ámbitos en los cuales la experiencia reciente ha demostrado la insuficiencia de los mecanismos administrativos para la sanción efectiva, disuasiva y proporcional de los hechos que pueden cometerse (caso farmacias); o en los cuales sólo es posible la participación en el mercado (AFP, Bancos, Seguros, Sociedades de Valores) de personas jurídicas. Los comprendidos en el Código Tributario: Sobra señalar no sólo la necesidad de prevenir la comisión de esta clase de delitos para el adecuado funcionamiento del Estado, sino también la de establecer expresamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas en este ámbito, de manera que la sanción de las infracciones tributarias punibles no recaigan únicamente en personas naturales, que no se aprovechan de la comisión de tales hechos. Las infracciones punibles relativas a los derechos de los trabajadores y la seguridad social, especialmente las referidas al no pago de cotizaciones previsionales: La necesidad de prevenir la creación de “lagunas previsionales” es indiscutible y del interés de la sociedad toda y, por lo mismo, no puede esperarse a la quiebra de las empresas o a los finiquitos masivos de trabajadores para su descubrimiento”[2]

En la discusión de la ley[3], el alcance restringido de su catálogo fue observado por los señores profesores que asistieron a formular observaciones, así el profesor SOTO dijo “estar de acuerdo con que no podía establecerse responsabilidad penal de las personas jurídicas por todos los delitos, pero creía que había otras conductas tanto o más reprobables que las tres que mencionaba el proyecto, en que normalmente participaban empresas como las comprendidas en la llamada criminalidad de empresas, la delincuencia medioambiental o el derecho penal de los carteles”[4]. Por su parte, el profesor MEDINA señalo “que los alcances del proyecto eran insuficientes, por cuanto a pesar de ser relevantes los delitos que sancionaba en relación a la criminalidad empresarial, resultaban marginales y, en el caso de las personas naturales, ni siquiera estaban bien regulados[5]. En el mismo sentido, el profesor LONDOÑO “Este proyecto no se justifica si se va aplicar a tan pocos delitos. Además, los que se establecen rara vez son cometidos por las empresas. Se omiten delitos de orden económico, como uso de información privilegiada, falsificaciones, fraudes al Fisco, y otros. Por ello, sugiere ampliar el catálogo de éstos, de modo de incluir delitos del ámbito económico, y aquellos que afecten el patrimonio del Estado”[6]. Por su parte, los representantes del Ministerio Público señalaron que “Hay áreas como los delitos que afectan a la salud pública, medio ambiente, delitos económicos y otros delitos de corrupción (a lo menos fraude al fisco, negociación incompatible y violación de secretos) que debiesen implicar la existencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En general se debiese analizar aquellos ámbitos de criminalidad en los cuales por regla general intervienen personas jurídicas y cuya participación importa un plus en la lesión del bien jurídico protegido en cuestión, que amerita su sanción”[7].

En este contexto, la ampliación del catálogo de delitos tiene amplio respaldo dogmático, y en esa perspectiva obedece a criterios de política criminal en una ponderación sobre los alcances reales de estas conductas ilícitas, empero, no se debe olvidar que la estructura de la presente ley es decisiva, atendido que el presupuesto de la punibilidad es el “defecto de organización” de modo que si cumple con las exigencias previstas no será sancionada o tendrá una pena atenuada.

Empero, desde el punto de vista del catálogo de sanciones se debe tener en cuenta que se extraña entre las distintas clases de penas a que se refiere el artículo 8º de la ley, la introducción de una pena que puede resultar relevante en este ámbito, referida al interventor judicial, -que a diferencia del precedente en nuestro sistema procesal civil- que consagra “una especie de veedor que carece de facultades de dirección o de gobierno respecto de los bienes intervenidos”[8], en este ámbito por el contrario se traduce en un verdadero administrador provisional mientras dura la condena, pues se trata de una pena destinada a “proteger los intereses de los trabajadores o los acreedores”[9]. En perspectiva comparada, el Código penal Español “cuenta con un amplio abanico de penas que pueden imponerse a las personas jurídicas (art.33.7): a) multa, b) disolución, c) suspensión de actividades, d) clausura, e) prohibición de realizar actividades en el futuro, f) inhabilitación para obtener subvenciones y g) intervención judicial. Las penas c) y g) pueden acordarse además como medidas cautelares”[10], pues, como se advierte “a través de las penas aplicables a apersonas jurídicas se procede a reforzar la tendencia hacia una autorregulación o auto organización mediante una medida coactiva”[11].

Otro aspecto a considerar, es la omisión relativa al eventual conflicto de interés que puede suscitarse entre el representante de la persona jurídica y el ente en aquellos casos en que “la persona jurídica y su representante sean co imputados en el mismo proceso penal”[12]. En este sentido, lo más razonable es exigir el cambio del representante o aplicar en su defecto la norma que designa un curador ad litem. Aquí radica precisamente las razones por las que resulta necesario modificar diversas materias relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

2. Ideas matrices.- En general se trata de una ampliación de los delitos base que habilitan la responsabilidad penal del ente, siendo coherente –en lo pertinente- con el catálogo de delitos base contenidos en el art. 27 de la ley de lavado de activos. La fórmula “a la chilena”, se caracteriza por ser extremadamente escueta, no abarcando aquellos delitos que por su naturaleza están en fuerte vinculación con los delitos de la presente reforma (ejemplo: delitos de la ley de mercado de valores). Se trata de delitos precisos, en los cuales los bienes jurídicos protegidos, de los tipos que se busca ampliar están en estricta coherencia con la idea matriz del proyecto que cita como fuente de obligatoriedad internacional la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, ratificada por Chile y que se encuentra vigente. En efecto, entre las finalidades de integridad a que alude el instrumento, los delitos objeto del tratado, no pueden perder de vista la comisión de otros cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o comerciales, precisamente por infracción a los deberes de abstención o actos que lesionan integridad de la información en el mercado de valores, los deberes de veracidad en operaciones tributarias aduaneras u otras modalidades fraudulentas.

Conforme a los fundamentos el presente proyecto se orienta a modificar dos grandes aspectos del proyecto por una parte la ampliación del catálogo de delitos que pueden servir de base a la imputación al ente, especialmente a los que la criminología denomina delitos de cuello blanco (white collar crime en la denominación propuesta por Sutherland) más susceptibles de ser cometidos por corporaciones. No se debe perder de vista que muchos beneficios económicos son obtenidos en interés directo de la empresa o personas jurídicas. En segundo lugar, si bien las penas vigentes son propias a la naturaleza de la empresa, desde la pena por excelencia como la multa hasta la cancelación de la personalidad jurídica, en este ámbito se propone incorporar la norma utilizada en el derecho comparado referido al nombramiento de un interventor judicial. En tercer lugar se incorpora una nueva circunstancia agravante, cuando la organización es un mero instrumento para fines delictivos, el alcance de esta agravante, no es novedosa en la órbita comparada, el art. 13 de la ley núm. 30.424, la utiliza para imputar responsabilidad administrativa (penal administrativa) a las personas jurídicas en el Perú. Se trata de contextualizar estas circunstancias como un elemento que justifica la agravante por el plus de injusto que supone. Es decir, si se trata de sistema de injusto simple, es decir, “relaciones entre individuos organizadas hacia fines injustos”, como podría ser el acuerdo de dos o mas funcionarios para incurrir en conductas antijurídicas, se trata pura y simplemente de un grupo de sujetos que se proponen la realización de un delito conjuntamente al margen de factores institucionales (co autoría). Por el contrario, se trata entender los hechos objetos de las practicas de la organización, son expresivos de un sistema de injusto constituido, que a diferencia del caso anterior, se explica en tanto su organización adquiere una “configuración institucional duradera mediante una constitución o unos estatutos”[13]. Así cuando nos referimos a la organización como contexto, a nivel de la estructura de imputación es relevante frente a la pregunta de la configuración y distribución de la responsabilidad. Para el injusto constituido de una institución (o empresa con tendencia criminal), por su parte, los factores determinantes serían los siguientes: el peligro potencial de la organización, mecánica o lógicamente dispuesta para la respectiva prestación; el déficit de la respectiva estructura organizacional; una filosofía institucional criminógena y una erosión de la noción de responsabilidad por la acción individual.

Luego se incorpora como nueva pena el nombramiento de un interventor judicial, de larga tradición civilista en materia de medidas precautorias, empero con una existencia concreta en leyes recientes, en el derecho comparado, como las enmiendas introducidas en el Código Penal Español de 1995 específicamente, en materia de penas aplicables a las personas jurídicas dispone expresamente, en su literal g) del ordinal 7 del art. 33 como pena para delitos graves, la intervención judicial, a fin de salvaguardar el interés de los trabajadores y acreedores por un lapso máximo de 5 años.

En materia de acción penal, el alcance de la norma vigente, puede llevar a interpretaciones equívocas, el art. 20 de la ley 20.393, supone que sólo en el contexto de una investigación el Ministerio Público se inicie la investigación en contra del ente. Los casos de la realidad de la vida, -no exento de problemas-, desmienten la referida situación como ha quedado de manifiesto en diversas investigaciones de casos de interés público. Sintomáticamente, los instructivos del MP señalan que deben oponerse a otras intervenciones. En general se ha sostenido que la regla establecida en el art. 162 del Código Tributario, es “acción pública de ejercicio discrecional”[14], pues se trata de una excepción a las reglas del art. 53 y 173 del Código Procesal Penal, siendo una “facultad inaudita”[15]. Consecuencia de este esquema es la relación esencial entre el procedimiento administrativo y el proceso criminal tributario, reconocido jurisprudencialmente, y que en el derecho y doctrina comparada se caracteriza como “distintos ámbitos de ilicitud tributaria”, pues, se sostiene a propósito de la autonomía en la materia, que “el derecho tributario (local o nacional) corre por un carril y se ocupa de la relación Estado-contribuyente, mientras que el derecho penal tributario se limita a hacer referencia a esa relación, en circunstancias excepcionales en las que el contribuyente la rompe mediante conductas que no permiten una solución racional dentro del esquema regulado normalmente por esa rama jurídica. Expresado en términos constitucionales: el derecho penal tributario no es necesario cuando el derecho tributario local o nacional puede cumplir su función recaudatorio sin mayores inconvenientes, con sujeción a las reglas de cada ordenamiento”[16]. Se ha discutido la pertinencia -en sede de admisibilidad- de la norma propuesta por el proyecto original por tratarse de “materia de iniciativa exclusiva”, de ahí que para este análisis es irrelevante las prescripciones del art. 162, siendo la propuesta una nueva regla que bajo los presupuestos que indica ratifica la regla general en las facultades del Ministerio Público.

La justificación de la propuesta es una contra excepción, pues pretende facultar el ejercicio de la acción penal del Ministerio Público –no en términos amplios- sino que conforme a dos criterios objetivos, que permitan ser expresivos de la gravedad de las conductas sujetas al sistema penal “tributario”. Lo anterior, se configura como una limitación al ejercicio de acción penal a casos en que no exista la lesividad relevante desde el punto de vista del perjuicio fiscal comprometido, en cuyo caso, se aplica la regla vigente del art. 162, quedando sujeta a la discrecionalidad del Servicio. Coherente con lo anterior se elimina la discutible regla monopólica en materia del delito de colusión, así como también en los delitos contra la hacienda pública en materia aduanera. La naturaleza macrosocial del bien jurídico protegido en esta clase de maleficios, justifican la eliminación de esta regla procesal anacrónica.

El legislador no puede estar de espaldas a la realidad, aquí radica la misión del legislador crítico y democrático, esto es, la constante revisión de porqué se ha seleccionado tal relación social y se la ha fijado desvalorativamente de una forma determinada, es por estas razones que venimos en proponer el siguiente:

Proyecto de ley

Art. Primero.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas:

1) Para modificar el inciso primero del artículo 1º en el siguiente sentido:

a) Para intercalar a continuación del pronombre “los” la segunda vez que aparece:

“en el Título XI de la ley Nº18.045 ley de Mercado de Valores, en el art. 134 de la le Ley Nº 18.046 sobre sociedades anónimas, en el Título XVII del decreto con fuerza de ley Nº 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, ley general de bancos, en el artículo 168 en relación con el artículo 178, Nº 1, ambos del decreto con fuerza de ley Nº 30, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 213, del Ministerio de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas, en el art. 80 y art. 81 de la Ley Nº 17.366 sobre propiedad intelectual, en el art. 138 y 138 bis del D.F.L 458, que fija el texto de la ley General de Urbanismo y construcciones, en el número 4º del artículo 97 del Código Tributario, en el art. 62 del título V del decreto ley Nº211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia.”.

b) Para intercalar a continuación de la expresión “artículos” la segunda vez que aparece:

“en los artículos 193, 194, y 196 del párrafo 4 de la falsificación de instrumentos públicos o auténticos, y los artículo 197 y 198 del párrafo 5 de la falsificación de instrumentos privados, del título IV”,

c) Para intercalar a continuación de la expresión “ter” la siguiente frase:

“en los artículo 313 d, 314, 315, 316, 317 y 318 del párrafo 14 sobre crímenes y simples delitos contra la salud pública del título VI”,

d) Para intercalar a continuación de la expresión “A”, sustituyendo la conjunción “y” por una coma, el guarismo “468”;

e) Para sustituir la expresión “del Código Penal” por la siguiente frase:

“y los previstos en el Título IX del Código Penal;”

2) En el artículo 6º, para sustituir el numeral 3) por el siguiente:

“3) La adopción por parte de la persona jurídica, antes de la formalización de la investigación, de medidas eficaces para prevenir la reiteración de la misma clase de delitos objeto de la investigación. Se entenderá por medidas eficaces la autonomía debidamente acreditada del encargado de prevención de delitos, así como también, de las medidas de prevención y supervisión implementadas que sean idóneas en relación a la situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidad de la estructura organizacional de la persona jurídica.”.

3) Modifíquese el artículo 7º en el siguiente sentido:

a)Para sustituir en el inciso primero la frase “Circunstancia agravante” por “Circunstancias agravantes”

b)Para incorporar el siguiente inciso segundo:

“Es también, circunstancia agravante la utilización instrumental de la persona jurídica para la comisión de los delitos previstos en el artículo 1º de la presente ley. Se entenderá que se cumple este supuesto si la actividad legal es irrelevante frente a las conductas ilícitas de la organización.”.

4) Incorporase el siguiente numeral 6) en el inciso primero del artículo 8º:

“6) Nombramiento de un Interventor judicial por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante resolución fundada, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de aquella y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento y las rendiciones que correspondan para el Tribunal”.

5) Intercalase en el numeral 1 del inciso primero del artículo 14º el siguiente literal e), nuevo:

“e) Nombramiento de un Interventor judicial”.

6) Incorpórese el siguiente artículo 12 bis nuevo:

“Art. 12 bis.- Interventor judicial. La intervención procederá en casos de delitos que produzcan grave daño social y económico y podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir toda la información que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. El Juez o Tribunal, según sea el caso, mediante resolución fundada, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la misma y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el Juez o Tribunal.”.

7) Intercalase en el numeral 1. del inciso primero del artículo 14 el siguiente literal e), nuevo:

“e) Nombramiento de un Interventor judicial.”.

8) Para incorporar el siguiente inciso segundo en el art. 20:

“La investigación también podrá iniciarse por denuncia o por querella. En este último caso, podrá ser deducida por la víctima de conformidad con el Código Procesal Penal, así como cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia, respecto de hechos punibles que afectaren el ejercicio de la función pública o la probidad administrativa, o respecto de aquellos delitos que puedan causar graves consecuencias sociales y económicas.”.

9) Intercalase el siguiente artículo 22 bis nuevo.

“Art. 22 Bis. Sin perjuicio de las medidas cautelares reales de conformidad con las reglas generales del Código Procesal Penal, durante la investigación, el ministerio público o los intervinientes, podrán solicitar como medida cautelar el nombramiento de un Interventor judicial.”.

Art. Segundo.- Deróguese el artículo 64 del Título V del Decreto ley Nº211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia.”

Art. Tercero.- Para incorporar en el Código Tributario el siguiente artículo 162 bis.

“Art. 162 bis.- El ejercicio de la acción penal mediante denuncia o querella a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, no será necesaria, en aquellos casos en que el Ministerio Público investigando delitos comunes tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos tributarios en que la cuantía del impuesto exceda de 30 Unidades Tributarias Anuales y afecten gravemente el patrimonio fiscal.

Se entenderá que existe una grave afectación al patrimonio si se tratare de hechos que sean reiterados en más de un ejercicio comercial o que exista una notoria desproporción entre los impuestos pagados y los evadidos o se hubiere utilizado asesoría contable o profesional.

La misma regla se aplicará a los hechos de los que tome conocimiento cuando sean cometidos por personas jurídicas perpetrados directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento, por parte de ésta, de los deberes de dirección y supervisión a que se refiere la ley 20.393.”.

Artículo Cuarto. Para intercalar en el Decreto con Fuerza de Ley de Hacienda Nº213 sobre ordenanza de aduanas el siguiente artículo 189 bis:

“Art. 189 bis.- El ejercicio de la acción penal mediante denuncia o querella a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, no será necesaria, en aquellos casos en que el Ministerio Público investigando delitos comunes tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos aduaneros cuya cuantía del impuesto exceda de 30 Unidades Tributarias Anuales y afecten gravemente el patrimonio fiscal.”.

Diputados señores Schilling , Ascencio , Barrera; Celis, don Ricardo ; Desbordes ; Soto, don Leonardo , y Walker ; y de las diputadas señoras Castillo , Hernando , y Sepúlveda , doña Alejandra .

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Walker , Cruz-Coke, Díaz ; Fuenzalida, don Gonzalo ; Schilling , Silber ; Soto, don Leonardo , y Vidal ; y de las diputadas señoras Castillo , y Núñez , doña Paulina , que SISTEMATIZA LOS DELITOS ECONÓMICOS Y ATENTADOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES QUE TIPIFICAN DELITOS CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO, Y ADECUA LAS PENAS APLICABLES A TODOS ELLOS BOLETÍN N° 13205-07

I. ANTECEDENTES

Este proyecto es el resultado de un trabajo conjunto entre los diputados y diputadas firmantes y destacados penalistas, que trabajando sobre otros anteproyectos, se busca abordar la conmoción y rechazo social que generan los delitos de naturaleza económica y de su impacto en el orden público económico, proponemos la sistematización y adecuación de normas penales que permitan dar respuesta y enfrentar la débil regulación que actualmente contiene nuestro ordenamiento jurídico, que impide sancionar de forma efectiva a quienes cometen o participan en ilícitos penales de naturaleza. Tal como afirmaba ya el año 2011 el entonces presidente de la Excelentísima Corte Suprema, señor Miton Juica , “la penalidad de “los delitos de cuellos y corbata” en Chile “es realmente modesta comparada con otros países, especialmente con Estados Unidos…”.

Así, se busca una justicia legislativa en cuanto a los delitos que nuestro ordenamiento jurídico condena, empleando criterios que se adecúen a su vez al sujeto activo que comete estos ilícitos, quienes en su mayoría cuentan con mejor preparación y posición social que quienes cometen delitos comunes.

De esta manera se presenta esta iniciativa que contiene los siguientes y principales propósitos:

a. Adecuación del sistema de determinación y sustitución de penas al ámbito de la criminalidad económica.

El proyecto establece, en primer lugar, un sistema propio de determinación y sustitución de penas privativas de libertad. La necesidad de su formulación se explica por la inadecuación de las categorías generales para esta clase de criminalidad, sobre todo a la luz del modo en que funciona la práctica de determinación de la pena por los tribunales.

Tres son las razones por las que el sistema general es inadecuado para la criminalidad económica.

En primer lugar, las atenuantes y agravantes previstas en el Código Penal son en su gran mayoría ajenas al tipo de actividad en cuestión. Con ello, gran parte de la labor de precisión de la pena que puede tener lugar respecto de otros delitos, simplemente no tiene aplicación aquí. Por lo demás, el sistema del Código Penal no permite, en general, hacer distinciones entre grandes casos económicos y otros en que se realiza el mismo delito pero que tienen una entidad mucho menor. Tampoco permite hacer graduaciones relevantes atendiendo al modo en que intervino el condenado, ni a la posición o esfera desde la que intervino en el seno de la empresa.

En segundo lugar, la práctica judicial asume dos criterios centrales para determinar cuándo debe ejecutarse una pena efectiva de privación de libertad: que la pena aplicable al delito no exceda de 3 o (de ser aplicable la libertad vigilada) 5 años, o que el condenado no sea reincidente. Como sistema de control de criminalidad común, la práctica chilena hace así de la reincidencia el factor central de distribución de penas de cárcel y solo en casos extremadamente graves, generalmente no vinculados a la criminalidad económica, prescinde de este criterio. Por cierto, se entienden las razones por las que el uso de la cárcel respecto de la delincuencia común debe ser controlado (aunque pueda criticarse el carácter mecánico con el que opera la práctica); pero, en cambio, en un ámbito generalmente exento de reincidencia como sucede con los delitos económicos, ello conduce a la ausencia de penas efectivas, así como a una percepción generalizada de impunidad o al menos de excesiva benignidad.

En tercer lugar, las penas sustitutivas previstas en la Ley 18.216 no se adecúan completamente a este tipo de criminalidad. La criminalidad económica se realiza en general en el contexto de actividades formales reconocidas, desarrolladas por sujetos que son capaces de desempeñarse en la economía ordinaria. A causa de lo anterior, buena parte de los mecanismos de reacción establecidos a propósito de la criminalidad común no resulten adecuados. El caso más obvio es el de la libertad vigilada. En su mejor versión, este sistema de intervención pretende orientar y contribuir a la inserción social del condenado en la comunidad y en la economía ordinaria. Objetivos de esta clase no resultan, en cambio, adecuados a la criminalidad económica. En el caso de la remisión condicional sucede algo similar. Respecto de la criminalidad común puede tener sentido mantener vigilancia sobre una persona, con el objeto de solo reaccionar más intensamente en caso de que siga cometiendo delitos. Ello explica su aplicación masiva. Pero no sucede lo mismo cuando el objetivo del sistema es derechamente sancionatorio y no de control social.

A la luz de lo anterior, se establece un sistema diferenciado de determinación de la pena. Las agravantes y atenuantes incluidas están especialmente pensadas para este tipo de criminalidad. Asimismo, ellas están graduadas de forma tal que su incidencia varíe dependiendo de su intensidad. Las atenuantes y agravantes simples solo constituyen argumentos para individualizar la pena dentro de un marco establecido. En cambio, las atenuantes y agravantes muy calificadas inciden tanto sobre el marco penal como sobre las penas sustitutivas procedentes. Con ello, tratándose de casos en que el perjuicio ocasionado sea muy elevado o que la conducta desplegada sea especialmente reprochable, las penas serán siempre considerables – incluso tratándose de delitos en abstracto menos graves. Además, se gradúa los casos menos graves, de modo tal de que también allí las penas aplicadas tengan mayor sensibilidad a variaciones de gravedad.

Finalmente, adecúa las penas sustitutivas a la criminalidad económica. Como se trata de un sistema con orientación abiertamente sancionatoria, también las penas sustitutivas tienen un componente de esta clase. Con ello, la libertad vigilada ha sido excluida del catálogo aplicable a estos delitos y la remisión condicional restringida a casos en que se aplique al menos una circunstancia atenuante muy calificada (muy baja culpabilidad o entidad bagatelaria). En los demás casos, las penas centrales del sistema pasan a ser, en orden creciente de gravedad, la reclusión parcial domiciliaria, la reclusión parcial en establecimiento especial y la cárcel efectiva.

b. Reforma general al sistema de consecuencias pecuniarias e inhabilitaciones

Un segundo ámbito dice relación con las otras sanciones y consecuencias –distintas de las penas privativas de libertad– que operan respecto de delitos económicos.

El diagnóstico con el que operó la comisión a este respecto es sencillo: la cuantía de las multas penales, y el modo de graduarlas, es enteramente disfuncional en el derecho chileno; el sistema jurídico chileno adolece de un defecto grave al no contar con un comiso de ganancias efectivo; y las inhabilitaciones aplicables respecto de delitos económicos son insuficientes.

Respecto de las multas, se introduce el sistema de días-multa. Conforme con este, siempre que se impone una pena de multa ella se gradúa considerando los ingresos (promedio) que produce una persona en un día. De este modo, el sistema es sensible a las diferencias económicas entre condenados, lo que evita que multas establecidas en unidades fijas tengan un peso excesivo respecto de condenados de bajos ingresos o insignificantes respecto de condenados con ingresos altos. El sistema atiende a las diferencias en el valor marginal del dinero, permitiendo imponer así en todos los casos multas que tengan un peso punitivo pero sin ser excesivas. Tratándose de individuos con ingresos medios o elevados, el sistema conduce, además, a un aumento considerable en la cuantía de las multas. Adicionalmente, el sistema prevé ajustes en razón del patrimonio del condenado.

En segundo lugar, se incorpora una regulación sustantiva y procedimental del comiso de ganancias. El comiso de ganancias le permite al Estado privar a una persona de todas las ganancias obtenidas directamente a consecuencia de la realización del hecho constitutivo de un delito económico. Aunque se ha discutido históricamente si ello se encuentra incorporado en el artículo 31 del Código Penal, y algunas leyes especiales lo reconocen expresamente, en la práctica la falta de claridad sobre su status y la completa falta de regulación procedimental hacen que tenga una muy escasa aplicación. El proyecto elimina estos problemas. Además, partiendo de la premisa general de que el comiso de ganancias no es una pena, para el ámbito de los delitos económicos la iniciativa regula la posibilidad del comiso de ganancias sin condena previa en ciertos casos.

Finalmente, el proyecto incorpora un sistema diferenciado de inhabilitaciones adecuadas al tipo de criminalidad de que se trata.

c. Reforma a la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Se modifica considerablemente el estatuto de responsabilidad penal de personas jurídicas contenido en la Ley 20.393, aunque mantiene sus lineamientos generales. Esa modificación incluye una ampliación muy relevante del catálogo de delitos por los que responde la persona jurídica, al incorporar todos los delitos susceptibles de ser calificados como económicos de acuerdo con el proyecto.

Junto a ello, se amplía el alcance de la ley en cuanto a la clase de personas jurídicas penalmente responsables y se introduce la figura de la supervisión de la persona jurídica, que puede ser aplicada tanto a título de medida cautelar como de condición de una suspensión condicional del procedimiento o de pena.

Más allá de lo anterior, se perfecciona la regulación contenida en la Ley 20.393 en distintos ámbitos, adecuando además su regulación a las penas pecuniarias, inhabilitaciones, a la regulación del comiso de ganancias, y a otras modificaciones incorporadas en él.

d. Reformas parciales al derecho penal

A nivel de la regulación penal, se introduce modificaciones en distintos cuerpos legales que establecen delitos económicos. Entre ellas se encuentran la introducción del estatuto de delitos ambientales del Anteproyecto de Código Penal de 2018 al Código Penal vigente; la regulación de la protección penal del secreto empresarial; una modificación relevante a los delitos concursales y contra el mercado de valores, que busca eliminar errores regulativos y vacíos de punibilidad. Asimismo, se modifican diversos delitos actualmente vigentes, a fin de perfeccionar su redacción y solucionar las dificultades de interpretación y aplicación que han presentado en la práctica. Finalmente, se introduce un delito de publicidad engañosa en la Ley del Consumidor y se incluye la protección penal frente a supuestos de explotación laboral.

II. IDEA MATRIZ

De acuerdo a lo expuesto, el propósito de esta moción consiste en adecuar y sistematizar los diversos delitos de naturaleza económica mediante: (a) la generación de un sistema de determinación de penas privativas de libertad adecuado al tipo de criminalidad de que se trata; (b) reforma general al sistema de consecuencias pecuniarias y de inhabilitación vinculadas a la criminalidad económica; (c) perfeccionamiento del régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas; (d) perfeccionamiento y complementación del derecho penal económico sustantivo.

En virtud de estas consideraciones es que proponemos el siguiente,

PROYECTO DE LEY

TÍTULO I

DELITOS ECONÓMICOS

Art. 1.° Primera categoría. Para efectos de esta ley serán considerados como delitos económicos, en toda circunstancia, los hechos previstos en las siguientes disposiciones legales:

1.° los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 18.045, de mercado de valores;

2.° los artículos 35, 43 y 58 del Decreto Ley 3.538, que crea la Comisión para el Mercado Financiero;

3.° el artículo 59 de la Ley 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile;

4.° los artículos 39-h, 39 bis inciso sexto y 62 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Economía de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley 211;

5.° el inciso final del artículo 2° y los artículos 39, 141 y 142, 154, 157, 158,159 y 161 del Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio de Hacienda de 1997, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la a Ley General de Bancos, Decreto con Fuerza de Ley Nº 252, de 1960, y de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras contenida en el Decreto Ley 1.097, y de los demás textos legales que se refieren a bancos y sociedades financieras u otras empresas fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras;

6.° el artículo y el inciso sexto del artículo 24 de la Ley 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño;

7.° los artículos 4 y 13 de la Ley 20.345, sobre sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros;

8.° el artículo 49 del Decreto con Fuerza de Ley 251 del Ministerio de Hacienda de 1931, sobre compañías de seguro, sociedades anónimas y bolsas de comercio;

9.° los artículos 134 y 134 bis de la Ley 18.046, sobre sociedades anónimas; y,

10. los números 2, 3, 4 y 7 del artículo 240, y los artículos 251 bis, 285, 286, 287 bis, 287 ter y 464 del Código Penal.

Art. 2.°Segunda categoría. Serán asimismo considerados como delitos económicos los hechos previstos en las disposiciones legales que a continuación se indican, siempre que el hecho fuere perpetrado en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando lo fuere en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa:

1.° el artículo 30 del Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.884 orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral;

2.° el inciso tercero del artículo 8 quáter y los artículos 97 y 100 del Decreto Ley 830, Código Tributario;

3.° el inciso quinto del artículo 134 y los artículos 168, 169 y 182 del Decreto con Fuerza de Ley N° 30 del Ministerio de Hacienda de 2004, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 213 del Ministerio de Hacienda de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas;

4.° el inciso segundo del artículo 14 y los artículos 110 y 160 del Decreto con Fuerza de Ley 3 del Ministerio de Hacienda de 1997, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la a Ley General de Bancos, Decreto con Fuerza de Ley Nº 252, de 1960, y de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras contenida en el Decreto Ley 1.097, y de los demás textos legales que se refieren a bancos y sociedades financieras u otras empresas fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras;

5.° los artículos 22 y 43 del Decreto con Fuerza de Ley N° 707 del Ministerio de Justicia de 1982, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre cuentas corrientes bancarias y de cheques,

6.° el artículo 110 de la Ley 18.092 que dicta nuevas normas sobre letras de cambio y pagaré;

7.° el artículo 5° de la Ley 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas;

8.° los artículos 18, 21, 22, 22 bis y 22 ter del Decreto N° 4.363 del Ministerio de Tierras y Colonización, que aprueba texto definitivo de la Ley de bosques;

9.° los artículos 49 y 50 de la Ley 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal;

10. los artículos 64-D, 64-F, 120-B, 135, 135 bis, 136, 136 bis, 137, 137 bis, 138 bis, 139, 139 bis, 139 ter y 140 del Decreto N° 430 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la Ley general de pesca de 1991, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.892, general de pesca y acuicultura, y sus modificaciones;

11. los artículos 29, 30 y 31 de la Ley 19.473 que sustituye el texto de la Ley 4.601 sobre caza;

12. los artículos 11 y 12 inciso primero de la Ley 20.962, que aplica convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre;

13. los artículos 38 y 38 bis de la Ley 17.288, que legisla sobre monumentos nacionales;

14. los artículos 73, 118 y 119 de la Ley 18.248, Código de Minería;

15. el artículo 280 del Decreto con Fuerza de Ley 1122 del Ministerio de Justicia del año 1981 que fija el texto del Código de Aguas;

16. los artículos 36 B y 37 de la Ley 18.168 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que aprueba la Ley general de telecomunicaciones;

17. los artículos 138 y 140 del Decreto 458 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcción;

18. los artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley 18.690, sobre almacenes generales de depósito;

19. el artículo 44 de la Ley 19.342 que regula derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales;

20. los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley 19.223, que tipifica figuras penales relativas a la informática;

21. los artículos 13 y 13 bis de la Ley 17.322, sobre normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social;

22. los artículos 19, 23 y 25, la letra c) del inciso octavo del artículo 61 bis y el artículo 159 del Decreto Ley 3.500, que establece un sistema de pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivencia derivado de la capitalización individual obligatoria en una administradora de fondos de pensiones;

23. el número 17 del artículo 110, el inciso tercero del artículo 174 y el artículo 228 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Salud de 2005, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley 2.763 y de las Leyes 19.933 y 18.469;

24. el artículo 36 de las Normas sobre prenda sin desplazamiento dictadas por el artículo 14 de la Ley 20.190, que introduce adecuaciones tributarias e institucionales para el fomento de la industria de capital de riesgo y continúa el proceso de modernización del mercado de capitales;

25. los artículos 41, 46, 48 y 51 del Decreto con Fuerza de Ley 251 del Ministerio de Hacienda de 1931, sobre compañías de seguro, sociedades anónimas y bolsas de comercio;

26. el artículo 44 de la Ley 20.920, que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento al reciclaje;

27. los artículos 194, 196, 197 y 198, el número 6 del artículo 240, el inciso segundo del artículo 247 bis, los artículos 250, 250 bis, 273, 274, 276, 277, 280, 281, 282, 283, 284, 284 bis, 285, 286, 287, 287 bis, 287 ter, 289, 290, 291, 291 bis y 291 ter, los números 1 y 2 del artículo 296, los artículos 297, 297 bis, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313 d, 314, 315, 316, 317, 318, 438, 459, 460, 460 bis, 461, 463, 463 bis, 463 ter, 463 quáter, 464 ter, 467, 468, 469 y 470, el número 2 del artículo 471, los artículos 472, 472 bis y 473, los números 2, 3, 5, 6 y 7 del artículo 485 y el artículo 486 en tanto se refiera a los mismos números, todos del Código Penal; y

28. el número 2 del artículo 391 y los artículos 395, 396, 397, 398 y 399, en relación con los artículos 490 y 492, todos del Código Penal, cuando el hecho se realizare con infracción a los deberes de cuidado relativos a la seguridad en el trabajo o en la fabricación o distribución de productos destinados al consumo o uso masivo del público;

Art. 3. Tercera categoría. Serán asimismo considerados como delitos económicos los hechos perpetrados por quien tuviere la condición de empleado público u otra calidad personal especial previstos en las disposiciones legales que a continuación se indican, siempre que hubiere intervenido en alguna de las formas previstas en los artículos 15 o 16 del Código Penal alguien en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando el hecho fuere perpetrado en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa:

1.° el artículo 31 del Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del 2017, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.884 orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral; y

2.° el artículo 40 de la Ley 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal;

3.° el inciso primero del artículo 64-J del Decreto N° 430 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la Ley general de pesca de 1991, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.892, general de pesca y acuicultura, y sus modificaciones;

4.° el artículo 48 ter de la Ley 19.300, Ley 19.300, que aprueba Ley sobre bases generales del medio ambiente;

5.° los artículos 193, 233, 234, 235, 236, 237 y 239, el número 1 del artículo 240, los artículos 241, 241 bis, 242, 243, 244, 246 y 247, el inciso primero del artículo 247 bis, y los artículos 248, 248 bis y 249, todos ellos del Código Penal;

Art. 4.° Receptación y lavado y blanqueo de activos. Serán también considerados delitos económicos los hechos previstos en el artículo 456 bis A del Código Penal y en los artículos 27 y 28 de la Ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, cuando las especies o bienes a que se refieren esos delitos provengan de la perpetración de hechos:

1.° constitutivos de alguno de los delitos señalados en los números 1 al 10 del artículo 1;

2.° constitutivos de alguno de los delitos señalados en los números 1 al 28 del artículo 2 y siempre que concurra alguna de las circunstancias expresadas en este artículo;

3.° considerados como delitos económicos conforme a los artículos 2 y 3.

Art. 5.° Doble consideración de circunstancias. La concurrencia de cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 2°, 3° y 4° producirá el efecto de que se considere el hecho respectivo como delito económico, aunque la ley que lo prevé la haya expresado al describirlo y penarlo, o aunque sea de tal manera inherente al delito que sin su concurrencia no pueda cometerse.

Art. 6. Inaplicabilidad a micro y pequeñas empresas. Las disposiciones de los Títulos II y III de esta ley no serán aplicables a los delitos considerados como económicos conforme a los artículos 2° y 3° y los números 2° y 3° de su artículo 4° que se perpetraren en el contexto o en beneficio de una empresa que tenga el carácter de micro o pequeña empresa conforme al artículo 2° de la Ley 20.416.

En caso de que la empresa involucrada forme parte de un grupo empresarial, deberán sumarse los ingresos del grupo para determinar si califica como micro o pequeña empresa conforme al artículo 2° de la Ley 20.416.

Art. 7. Concursos. En caso de ser aplicable el artículo 75 del Código Penal o el artículo 351 del Código Procesal Penal por la concurrencia de un delito económico y de uno o más delitos de otra clase, las disposiciones del Título II de esta ley serán aplicables a todos ellos.

TÍTULO II

PENAS Y CONSECUENCIAS ADICIONALES A LA PENA APLICABLES A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS DELITOS ECONÓMICOS

§ 1. Reglas generales

Art. 8.° Ámbito de aplicación personal. Las disposiciones del presente Título serán aplicables a las personas responsables de los delitos económicos.

Son responsables de delitos económicos:

1.° todas las personas penalmente responsables conforme a las reglas generales por un hecho considerado como delito económico conforme al artículo 1° y al número 1° del artículo 4°;

2.° las personas penalmente responsables conforme a las reglas generales por un hecho considerado como delito económico según los artículos 2° y 3° y los números 2° y 3° del artículo 4°, que al momento de su intervención hubieren tenido conocimiento de la concurrencia de las circunstancias a que esos artículos se refieren.

Art. 9.° Penas privativas o restrictivas de libertad o de otros derechos. Las penas privativas o restrictivas de libertad o de otros derechos que corresponda imponer al responsable de un delito económico son las señaladas por la ley que lo sanciona, sin perjuicio de las consecuencias adicionales establecidas en el párrafo 5 del presente Título.

No obstante, la determinación de la pena de presidio o reclusión que deba ser impuesta, así como de su sustitución, se harán conforme con la presente ley. En subsidio serán aplicables las reglas generales de determinación y ejecución de las penas, en tanto no sean incompatibles con la presente ley.

Art. 10. Multa. Todo delito económico conlleva además una pena de multa, cuya cuantía y determinación se establecerá únicamente conforme a la presente ley, así como la imposición de las inhabilitaciones y prohibiciones previstas en el párrafo 5. Ni la multa ni las prohibiciones e inhabilitaciones podrán ser sustituidas.

La multa a imponer se fijará en un número de días-multa que corresponda a la extensión de las penas privativas o restrictivas de libertad, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.

La cuantía de la multa a aplicar será la que corresponda al valor que el tribunal fije para cada día-multa, de conformidad con el artículo 27, multiplicado por el número de días-multa que corresponda. El producto se expresará en una suma de dinero fijada en moneda de curso legal.

Art. 11. Sanciones o medidas administrativas y penas. La circunstancia de que un hecho constitutivo de delito pueda, asimismo, dar lugar a una o más sanciones o medidas administrativas no obsta a la imposición de las penas, consecuencias adicionales a la pena o medidas de seguridad que procedan conforme a esta ley.

Con todo, el monto de la pena de multa pagada de conformidad con esta ley será abonado a la multa no constitutiva de pena que se imponga al condenado por el mismo hecho. Si el condenado hubiere pagado una multa no constitutiva de pena como consecuencia del mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta de conformidad con esta ley.

La extensión de la inhabilitación impuesta al condenado como consecuencia adicional a la pena de conformidad con esta ley será deducida de la extensión de la inhabilitación de la misma naturaleza que fuere impuesta como sanción administrativa o disciplinaria. Si el condenado hubiere sido sometido a una inhabilitación como sanción administrativa o disciplinaria, la extensión de esta será deducida de la inhabilitación de la misma naturaleza que se le impusiere de conformidad con esta ley.

§ 2. Determinación de las penas privativas de libertad

Art. 12. Régimen especial. En la determinación de la pena aplicable a un delito económico no se considerará lo dispuesto por los artículos 65 a 69 del Código Penal, ni serán aplicables las atenuantes y agravantes previstas en los artículos 11 a 13 del Código Penal. En su lugar, se aplicarán las reglas dispuestas en los artículos siguientes.

Art. 13. Atenuantes. Son circunstancias atenuantes de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad disminuida del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. el condenado contaba con irreprochable conducta anterior;

b. el condenado no buscó obtener provecho económico de la perpetración del hecho para sí o para un tercero; o,

c. el condenado, estando en una posición intermedia o superior, omitió realizar alguna acción que habría impedido la perpetración del delito, sin favorecerla directamente.

2ª. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio limitado. Se entenderá que ello tiene lugar cuando el perjuicio total supere las 40 Unidades Tributarias Mensuales y no pase de 400, sin que se aplique alguna de las circunstancias del artículo 16 b).

Art. 14. Atenuantes muy calificadas. Son circunstancias atenuantes muy calificadas de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad muy disminuida del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. el condenado actuó en interés de personas necesitadas o por necesidad personal apremiante;

b. el condenado tomó oportuna y voluntariamente medidas orientadas a prevenir o mitigar la generación de daños;

c. el condenado actuó bajo presión y en una situación de subordinación;

d. el condenado actuó en una situación de subordinación y con conocimiento limitado de la ilicitud de su actuar.

2ª. Que el hecho haya tenido una entidad de bagatela. Se entenderá que en todo caso ello es así cuando el perjuicio total irrogado no supere 40 Unidades Tributarias Mensuales.

Art. 15. Agravantes. Son circunstancias agravantes de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad elevada del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. el condenado participó activamente en una posición intermedia en la organización en la que se perpetró el delito; se entenderá que el condenado se encuentra en una posición intermedia cuando ejerce un poder relevante de mando sobre otros en la misma organización, sin estar en una posición jerárquica superior; este supuesto no será aplicable tratándose de medianas empresas conforme al artículo 2° de la Ley 20.416;

b. el condenado ejerció abusivamente autoridad o poder al perpetrar el hecho;

c. el condenado había sido sancionado anteriormente por perpetrar un delito económico;

2ª. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio o reportado un beneficio relevante. Se entenderá que ello tiene lugar cuando el perjuicio o beneficio agregado total supere las 400 Unidades Tributarias Mensuales y no supere las 40.000, sin que se aplique alguno de los casos de la circunstancia 2ª del artículo 16.

Art. 16. Agravantes muy calificadas. Son circunstancias agravantes muy calificadas de un delito económico las siguientes:

1ª. La culpabilidad muy elevada del condenado, establecida siempre que concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

a. el condenado participó activamente en una posición jerárquica superior en la organización en la que se perpetró el delito; se entenderá que el condenado se encuentra en una posición jerárquica superior en la organización cuando ejerza como gerente general o miembro del órgano superior de administración, o como jefe de una unidad o división, solo subordinado al órgano superior de administración, así como cuando ejerza como director, socio administrador o accionista o socio con poder de influir en la administración; este supuesto no será aplicable tratándose de medianas empresas conforme al artículo 2° de la Ley 20.416.

b. el condenado ejerció presión sobre sus subordinados en la organización para que colaboraran en la perpetración del delito;

2ª. Que el hecho haya ocasionado un perjuicio muy elevado. Se entenderá que ello tiene lugar en las siguientes circunstancias:

a. el hecho ocasionó perjuicio a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que en total supere las 40.000 Unidades Tributarias Mensuales, o reportó un beneficio de esta cuantía;

b. el hecho afectó el suministro de bienes de primera necesidad o de consumo masivo;

c. el hecho afectó abusivamente a individuos que pertenecen a un grupo vulnerable.

Art. 17. Efectos de las atenuantes y agravantes. En caso de concurrir una atenuante muy calificada respecto de un marco penal que incluya una pena de presidio o reclusión de un solo grado, este se aplicará en su mínimum. De estar compuesto de dos o más grados, no se aplicará el grado superior.

De concurrir dos o más atenuantes muy calificadas respecto de un delito cuyo marco esté compuesto por un solo grado, este se rebajará en un grado. De estar compuesto de dos o más grados, el marco se fijará en el grado inmediatamente inferior al grado más bajo del marco legal.

En caso de concurrir una agravante muy calificada respecto de un marco penal que incluya una pena de presidio o reclusión de un solo grado, este se aplicará en su máximum. De estar compuesto de dos o más grados, no se aplicará el grado inferior.

De concurrir dos o más agravantes muy calificadas respecto de un delito cuyo marco esté compuesto por un solo grado, este se incrementará en un grado. De estar compuesto de dos o más grados, el marco se fijará en el inmediatamente superior al grado más alto del marco legal.

De concurrir atenuantes muy calificadas y agravantes muy calificadas, el juez deberá compensarlas racionalmente.

Art. 18. Determinación judicial de la pena. Dentro de los límites de cada grado el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención a la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes previstas en los artículos 13 y 15, a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable y a la mayor o menor extensión del mal que importe el delito.

§ 3. Penas sustitutivas de los delitos económicos

Art. 19. Régimen especial. La procedencia de penas sustitutivas a las de presidio o reclusión se determinará de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Las disposiciones de la ley 18.216 solo serán aplicables supletoriamente respecto de los aspectos no regulados en esta ley y en la medida en que no se opongan a ella.

Art. 20. Penas sustitutivas. La ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad de los delitos económicos podrá sustituirse por el tribunal que las imponga, por alguna de las siguientes:

1.° remisión condicional;

2.° reclusión parcial en domicilio;

3.° reclusión parcial en establecimiento especial.

Art. 21. Remisión condicional. La remisión condicional consiste en la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por la discreta observación y asistencia del condenado ante la autoridad administrativa durante cierto tiempo.

La remisión condicional solo podrá decretarse si:

1.° la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia no excediere de tres años y el condenado se viere beneficiado por una atenuante muy calificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14; y,

2.° el penado no hubiese sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. En todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito.

Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1 se considerará que concurre, en su caso, la atenuante muy calificada de la circunstacia 2ª del artículo 14, aun cuando ella no tuviere incidencia en la determinación de la pena por tratarse de una circunstancia inherente al delito.

Art. 22. Condiciones impuestas por la remisión condicional. Al aplicar la remisión condicional, el tribunal establecerá un plazo de observación que no será inferior al de la duración de la pena, con un mínimo de un año y un máximo de tres, e impondrá al condenado las siguientes condiciones:

1ª. residencia en un lugar determinado, que podrá ser propuesto por el condenado; este podrá ser cambiado, en casos especiales, según la calificación efectuada por Gendarmería de Chile;

2ª. sujeción al control administrativo y a la asistencia de Gendarmería de Chile, en la forma que precisará el reglamento; dicho servicio recabará anualmente, al efecto, un certificado de antecedentes prontuariales, y

3ª. ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio, si el condenado careciere de medios conocidos y honestos de subsistencia y no poseyere la calidad de estudiante.

Art. 23. Reclusión parcial en el domicilio. La pena de reclusión parcial en domicilio consiste en el encierro en el domicilio del condenado durante cincuenta y seis horas semanales. La reclusión parcial podrá ser diurna o de fin de semana, conforme a los siguientes criterios:

1.° la reclusión diurna consistirá en el encierro en el domicilio del condenado, durante un lapso de ocho horas diarias y continuas, las que se fijarán entre las ocho y las veintidós horas;

2.° la reclusión de fin de semana consistirá en el encierro en el domicilio del condenado entre las veintidós horas del día viernes y las seis horas del día lunes siguiente.

El juez impondrá la reclusión parcial en domicilio en modalidad de arresto diurno, a menos que ella pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, su familia o por otro motivo grave que así lo amerite.

Para el cumplimiento de la reclusión parcial en domicilio, el juez establecerá como mecanismo de control de la misma el sistema de monitoreo telemático, salvo que Gendarmería de Chile informe desfavorablemente la factibilidad técnica de su imposición, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 23 bis y siguientes de la Ley 18.216. En tal caso, entendido como excepcional, se podrán decretar otros mecanismos de control similares, en la forma que determine el tribunal.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por domicilio la residencia regular que el condenado utilice para fines habitacionales.

Art. 24. Requisitos para disponer la pena de reclusión parcial en el domicilio. La reclusión parcial en domicilio solo podrá disponerse si:

1.° la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia no excediere de tres años y no fuere aplicable una agravante muy calificada;

2.° el penado no hubiese sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, o lo hubiese sido a una pena privativa o restrictiva de libertad que no excediere de dos años, o a más de una, siempre que en total no superaren dicho límite; en todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, de la comisión del nuevo ilícito; no obstante lo anterior, si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubieren sido impuestas dos reclusiones parciales, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva; y

3.° existieren antecedentes laborales, educacionales o de otra naturaleza que justificaren esta sustitución, así como si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, permitieren presumir que la pena de reclusión parcial lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos.

Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1° se considerará que concurre, en su caso, la agravante muy calificada de la circunstancia 2ª del artículo 16, aun cuando ella no tuviere incidencia en la determinación de la pena en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal.

Art. 25. Reclusión parcial en establecimiento especial. La pena de reclusión parcial en establecimiento especial consiste en el encierro en un lugar especialmente dispuesto para ello durante cincuenta y seis horas semanales. Un reglamento determinará los establecimientos que pueden ser utilizados para estos efectos y las condiciones de su instalación y funcionamiento.

La reclusión parcial podrá ser diurna, o de fin de semana, o nocturna. La reclusión nocturna consistirá en el encierro del condenado en el establecimiento especial entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente.

El juez impondrá la reclusión en establecimiento especial en modalidad diurna, a menos que ella pusiera en riesgo la subsistencia económica del condenado, su familia o por otro motivo grave que así lo amerite. En ese caso, el juez podrá imponerla en modalidad nocturna o de fin de semana.

Art. 26. Requisitos para disponer la pena de reclusión parcial en establecimiento especial. La pena de reclusión parcial en establecimiento especial solo podrá decretarse si:

1.° la pena privativa o restrictiva de libertad que impusiere la sentencia fuere superior a dos años y no excediere de cinco, y siempre que no fuere aplicable una agravante muy calificada de conformidad con el artículo 16;

2.° el penado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito; en todo caso, no se considerarán para estos efectos las condenas cumplidas diez o cinco años antes, respectivamente, del ilícito sobre el que recayere la nueva condena; no obstante lo anterior, si dentro de los diez o cinco años anteriores, según corresponda, a la comisión del nuevo crimen o simple delito, le hubieren sido impuestas dos reclusiones parciales, no será procedente la aplicación de esta pena sustitutiva; y

3.° existieren antecedentes laborales, educacionales o de otra naturaleza similar que justificaren la pena, así como si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, permitieren presumir que la pena de reclusión parcial lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos.

Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el número 1°, se considerará que concurre, en su caso, la agravante muy calificada de la circunstancia 2ª del artículo 16, aun cuando ella no tuviere incidencia en la determinación de la pena en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal.

§ 4. Determinación de la pena de multa

Art. 27. Determinación del número de días-multa. El número de días-multa aplicable a un delito económico será determinado a partir del grado de la pena privativa de libertad prevista por la ley para el delito respectivo, del grado máximo de ella si constara de más de un grado o, de concurrir atenuantes o agravantes muy calificadas, del grado que resulte de aplicarle lo dispuesto en el artículo 17, de acuerdo con la siguiente tabla de conversión:

Prisión: 1 a 10 días-multa.

Presidio o reclusión menor en su grado mínimo: 11 a 50 días multa.

Presidio o reclusión menor en su grado medio: 51 a 100 días-multa.

Presidio o reclusión menor en su grado máximo: 101 a 150 días-multa.

Presidio o reclusión mayor en su grado mínimo: 151 a 200 días-multa.

Presidio o reclusión mayor en su grado medio: 201 a 250 días-multa.

Presidio o reclusión mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado: 251 a 300 días-multa.

Si la ley solo prevé para el delito respectivo la aplicación de multa o de una pena no privativa de libertad, el número de días-multa será establecido en el marco aplicable a delitos castigados con prisión.

Al interior de ese marco, el tribunal individualizará la pena de multa en un número de días-multas de conformidad a lo dispuesto en artículo 18.

En caso de ser aplicable el artículo 74 del Código Penal, la multa total no podrá exceder de 300 días-multa.

Art. 28. Determinación del valor del día-multa. El valor del día-multa corresponderá al ingreso diario promedio líquido que el condenado haya tenido en el período de un año antes de que la investigación se dirija en su contra, considerando sus remuneraciones, rentas, réditos del capital o ingresos de cualquier otra clase. El tribunal podrá reducir el valor del día-multa en consideración a los gastos necesarios para la manutención del condenado y de su familia o por otro motivo grave que lo justifique.

El valor del día-multa no podrá ser inferior a media Unidad Tributaria Mensual ni superior a mil. La pena mínima de multa es de un día-multa.

Art. 29. Aumento del valor en consideración al patrimonio. Si el ingreso diario promedio líquido determinado en los términos señalados en el artículo anterior resultare desproporcionadamente bajo en relación con el patrimonio del condenado, el tribunal podrá aumentar hasta en dos veces el valor del día-multa.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, los ingresos, las obligaciones, las cargas y el patrimonio del condenado serán estimados por el tribunal sobre la base de los antecedentes aportados al procedimiento respecto de sus rentas, gastos, modo de vida u otros factores relevantes.

§ 5. Inhabilitaciones

Art. 30. Aplicación copulativa. Junto con la imposición de las penas principales que corresponda, el juez deberá imponer todas las inhabilitaciones que siguen respecto de todo condenado por un delito económico.

Art. 31. Inhabilitación para el ejercicio de una función o cargo público. La inhabilitación para el ejercicio de una función o cargo público pone término a todo aquel que el condenado estuviere ejerciendo al momento de la sentencia, sea o no de elección popular, y lo incapacita para obtener cualquier otro por el tiempo correspondiente a su extensión.

Art. 32. Inhabilitación para el ejercicio de cargos gerenciales. La inhabilitación para el ejercicio de cargos gerenciales afecta del mismo modo la capacidad del condenado para desempeñarse como administrador, gerente o director en cualquier sociedad anónima abierta o en una empresa del Estado.

Art. 33. Inhabilitación para contratar con el Estado. La inhabilitación para contratar con el Estado impide al condenado contratar con cualquiera de los órganos o servicios del Estado reconocidos por la Constitución Política de la República o creados por ley, con cualquiera de los órganos o empresas públicas que conforme a la ley constituyen al Estado y con las empresas o sociedades en las que el Estado participe con al menos la mitad de las acciones que comprenden su capital, de los derechos sociales o de los derechos de administración.

La inhabilitación para contratar con el Estado produce también la extinción de pleno derecho de los efectos de los actos y contratos que el Estado haya celebrado con el condenado y que se encuentren vigentes al momento de la condena.

La inhabilitación no comprende los actos y contratos relativos a las prestaciones personales de salud previsional o seguridad social, ni los servicios básicos que el Estado ofrece indiscriminadamente a la población.

Si se impusiere la inhabilitación para contratar con el Estado a una persona natural, ninguna sociedad, fundación o corporación en la que el condenado fuere directa o indirectamente socio, accionista, miembro o partícipe con poder de influir en la administración podrá contratar con el Estado mientras el condenado mantenga su participación en la misma.

Art. 34. Extensión. Las inhabilitaciones previstas en este párrafo tendrán una extensión equivalente a la de los grados de las inhabilitaciones temporales conforme a la tabla demostrativa del artículo 56 del Código penal. La inhabilitación para contratar con el Estado podrá, además, imponerse a perpetuidad.

Art. 35. Determinación judicial de la extensión de la inhabilitación. Para la determinación de su extensión el tribunal estará a lo dispuesto en el párrafo 2 de esta ley. La que se impusiere a cada interviniente en el delito será determinada independientemente.

Si la pena impuesta no incluyere la ejecución efectiva de una pena privativa de libertad, las inhabilitaciones no podrán durar más de cinco años tratándose de la inhabilitación para el ejercicio de un cargo o función pública o para el ejercicio de cargos gerenciales. La prohibición para contratar con el Estado podrá imponerse siempre en toda su extensión.

Si la inhabilitación se impusiere juntamente con una pena efectiva de presidio o reclusión, la extensión determinada por el tribunal se aumentará de pleno derecho en todo el tiempo de ejecución efectiva de esa pena, si fuere mayor.

Art. 36. Duración. Toda inhabilitación comenzará a producir sus efectos desde la fecha en que quedare ejecutoriada la sentencia que la impusiere, y su duración se computará desde ese momento.

Art. 37. Rehabilitación. Todo sentenciado a inhabilitación para el ejercicio de una función o cargo público o para el ejercicio de cargos gerenciales tendrá derecho a solicitar al tribunal su rehabilitación una vez cumplida la mitad de la condena.

El tribunal accederá a la solicitud si se acompañaren antecedentes que permitieren presumir que el condenado no volverá a delinquir y que ejercerá en el futuro en forma responsable la actividad a la que se refiera la inhabilitación.

Art. 38. Reincidencia. En los casos en que se hubiere concedido la rehabilitación conforme al artículo precedente y el beneficiado perpetrare un nuevo delito por el cual correspondiere imponer una inhabilitación de la misma clase, el tribunal la determinará dentro de la mitad superior de su extensión. El sentenciado a tal inhabilitación no tendrá derecho a obtener una nueva rehabilitación.

Art. 39. Abono. El tiempo por el cual el condenado hubiere sufrido una privación de derechos distinta de la privación de libertad impuesta como medida cautelar en el mismo proceso será íntegramente abonado a la inhabilitación que se le impusiere conforme a este párrafo, siempre que tal privación de derechos hubiere impedido al condenado realizar las actividades a que se refiriere la inhabilitación.

TÍTULO III

COMISO DE GANANCIAS

Art. 40. Comiso con condena previa. Toda condena por delito económico conlleva el comiso de las ganancias.

Art. 41. Comiso sin condena previa. Se impondrá asimismo el comiso de las ganancias obtenidas a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito económico aunque:

1.° se dictare sobreseimiento temporal conforme a las letras b) y c) del inciso primero, y el inciso segundo del artículo 252 del Código Procesal Penal;

2.° se dictare sentencia absolutoria fundada en la falta de convicción a que se refiere el artículo 340 del Código Procesal Penal o sobreseimiento definitivo fundado en la letra b) del artículo 250 del mismo Código;

3.° se dictare sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en la concurrencia de circunstancias eximentes de responsabilidad que no excluyen la ilicitud del hecho;

4.° se dictare sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria fundados en haberse extinguido la responsabilidad penal o en haber sobrevenido un hecho que, con arreglo a la ley, pusiere fin a esa responsabilidad.

El comiso de ganancias sin condena previa será impuesto de conformidad al procedimiento especial previsto en el Título III bis del Libro Cuarto del Código Procesal Penal.

Art. 42. Medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. El Ministerio Público podrá solicitar al Juez de Garantía competente las medidas que sean necesarias para asegurar activos patrimoniales con el fin de hacer el comiso de ganancias conforme a este Título.

Art. 43. Medidas cautelares solicitadas por otras autoridades. El Consejo de Defensa del Estado y las autoridades del Estado facultadas por ley para denunciar la perpetración de un delito económico o querellarse contra sus responsables podrán también solicitar al Juez de Garantía las medidas señaladas en el artículo 42.

Art. 44. Proporcionalidad. En caso de recaer sobre bienes de una empresa, el comiso y las medidas a que se refiere el artículo 42 se harán efectivos de preferencia sobre aquellos cuya afectación no obstaculice sus actividades económicas.

Art. 45. Prescripción. La acción para obtener el comiso de ganancias conforme a este Título prescribirá en el plazo de cuatro años contados desde que hubiere transcurrido el plazo de prescripción de la acción penal respectiva.

Art. 46. Acción civil. La acción para obtener indemnización de perjuicios de la víctima de un delito económico, o de un hecho ilícito que corresponde a un delito económico, podrá ejercerse sobre los bienes decomisados conforme a este Título o el producto de su realización, siempre que existiere una relación directa entre el perjuicio irrogado y las ganancias obtenidas.

La acción antedicha prescribirá en cuatro años contados a partir de la fecha en que la resolución que impone el comiso quede ejecutoriada.

Art. 47. Excepciones al ejercicio de la acción civil. Cualquiera sea el procedimiento en que se ejerza la acción en cuestión, se dará traslado al Consejo de Defensa del Estado, por un plazo de 30 días, prorrogable a su solicitud por otros 30 días hasta por dos veces.

El Consejo de Defensa del Estado podrá oponer la excepción de falta de relación directa entre perjuicio y ganancias, la excepción de ejecución negligente y la excepción de ejecución inadecuada.

Las excepciones de falta de relación directa entre perjuicio y ganancias y de ejecución negligente serán tramitadas como incidente de previo y especial pronunciamiento. Acogida la excepción no procederá lo dispuesto en el artículo precedente.

La oposición de la excepción de ejecución inadecuada se hará indicando otros bienes del demandado. Para este efecto, el Consejo de Defensa del Estado podrá solicitar las medidas precautorias conducentes a su aseguramiento, incluso antes de interponer la excepción, anunciándola. En este último caso las medidas quedarán sin efecto si el plazo venciere sin oposición de la excepción. Opuesta la excepción serán pagadas las indemnizaciones con los bienes identificados. De haber saldo insoluto, procederá lo dispuesto en el artículo precedente.

Para la identificación de los bienes del responsable el Ministerio Público, a solicitud del Consejo de Defensa del Estado, estará facultado para requerir la información pertinente del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero, así como de bancos, instituciones financieras, compañías de seguro y personas jurídicas sujetas a su fiscalización.

TÍTULO IV

MODIFICACIONES A OTROS CUERPOS LEGALES

Art. 48. Modificaciones al Código Penal. Introdúcese las siguientes modificaciones al Código Penal:

1. Introdúcese el siguiente inciso segundo en su artículo 20:

“Tampoco se reputa pena el comiso de las ganancias provenientes del delito”.

2. Introdúcese el siguiente artículo 24 bis:

“24 bis. Toda sentencia condenatoria en materia criminal lleva consigo el comiso de las ganancias provenientes del delito. Por el comiso de ganancias se priva a una persona de activos patrimoniales cuyo valor corresponda a la cuantía de las ganancias obtenidas a través del delito, o bien para o por perpetrarlo, y se los transfiere al fisco.

Las ganancias obtenidas comprenden los frutos y las utilidades que se hubieren originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Las ganancias comprenden también el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito.

En la determinación del valor de las ganancias no se descontarán los gastos que hubieren sido necesarios para perpetrar el delito y obtenerlas.

La acción para obtener el comiso de ganancias se sujetará a las reglas de la prescripción de la acción penal respectiva.

Si un mismo bien pudiere ser objeto de comiso conforme a este artículo y conforme al artículo 31, solo se aplicará lo dispuesto en este artículo.”

3. Introdúcese el siguiente artículo 24 ter:

“24 ter. El comiso de ganancias será impuesto también respecto de una persona que no hubiere intervenido en la perpetración del hecho, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1ª. si esa persona hubiere adquirido la ganancia como heredero o asignatario testamentario, a cualquier título gratuito o sin título válido, a menos que la hubiere adquirido del mismo modo de un tercero que no se encontrare en la misma circunstancia ni en las circunstancias que siguen;

2ª. si esa persona hubiere obtenido la ganancia mediante el hecho ilícito y los intervinientes en la perpetración del hecho hubieren actuado en su interés;

3ª. si esa persona hubiere adquirido la ganancia sabiendo o debiendo saber de su procedencia ilícita al momento de la adquisición; y

4ª. si se tratare de una persona jurídica que hubiere recibido la ganancia como aporte a su patrimonio.”

4. Sustitúyese su artículo 40 por el siguiente:

“40. Si los bienes del condenado no fueren bastantes para cubrir las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán éstas en el orden siguiente:

1.° el comiso de las ganancias provenientes del delito;

2.° las multas;

3.° las costas procesales y el resarcimiento de los gastos ocasionados por el juicio;

4.° la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios;

5.° las costas personales.

En caso de iniciarse un procedimiento concursal, estos créditos se graduarán considerándose la obligación de cumplir con el comiso como un crédito de la primera clase comprendido en el número 1 del artículo 2472 del Código Civil y los restantes como uno solo entre los que no gozan de preferencia. En este caso no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior.”

5. En su artículo 60:

a. Sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente:

“La misma regla señalada en el inciso anterior, se aplicará respecto a las cauciones que se hagan efectivas y del dinero o el producto de la enajenación en subasta pública de las especies decomisados conforme al artículo 31, la cual se deberá efectuar por la Dirección de Compras y Contratación Pública.”

b. Intercálase en su inciso sexto, entre las expresiones “comisos” y “derivados”, las expresiones “de instrumentos o efectos”.

c. Introdúcese el siguiente nuevo inciso séptimo y final:

“Tratándose del comiso de ganancias provenientes del delito, serán transferidos al fisco tanto las sumas de dinero o derechos a sumas de dinero decomisados como los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados.”

6. En su artículo 240;

a. Intercálase en su número 7°, entre las palabras “anónima” y “que”, la expresión “abierta o especial”

b. Sustitúyese en su inciso segundo la expresión “personas enumeradas en el inciso precedente” por la frase “personas mencionadas en los números 1 a 6 del inciso precedente”

c. Sustitúyese en su inciso tercero la expresión “alguna de las personas enumeradas en el inciso primero” por la frase “alguna de las personas mencionadas en los números 1 a 6 del inciso primero”.

d. Introdúcese el siguiente inciso cuarto nuevo:

“Tratándose de una sociedad anónima abierta o especial, las mismas penas referidas en el inciso primero se aplicarán al director o gerente que diere o dejare tomar interés a personas consideradas por la ley como partes relacionadas.

7. Introdúcese el siguiente nuevo inciso segundo en su artículo 247 bis:

“Con las mismas penas serán castigados los que, ejerciendo alguna de las profesiones que requieren título, obtuvieren un beneficio económico para sí o para un tercero haciendo uso de los secretos que por razón de su profesión se les hubiere confiado. Tratándose de un abogado, si el hecho perjudicare además a su cliente, se impondrán también las penas privativas de derechos señaladas en el artículo 231.”

8. Sustitúyese el actual artículo 284 por los siguientes nuevo artículos 284 y 284 bis:

“Art. 284. Será castigado con presidio o reclusión menor en su grado medio el que sin el consentimiento de su legítimo poseedor revelare o consintiere que otra persona accediere a un secreto comercial que hubiere conocido:

1.° bajo un deber de confidencialidad con ocasión del ejercicio de un cargo o una función pública o de una profesión cuyo título se encontrare legalmente reconocido y siempre que el deber de confidencialidad profesional estuviere fundado en la ley o un reglamento, o en las reglas que definen su correcto ejercicio;

2.° en razón o a consecuencia de una relación contractual o laboral con la empresa afectada o con otra que le haya prestado servicios;

3.° por medio de una intromisión indebida.

El que sin el consentimiento de su legítimo poseedor se aprovechare económicamente de un secreto comercial que hubiere conocido en alguna de las circunstancias previstas en el inciso anterior o sabiendo que su conocimiento del secreto proviene de un hecho de los señalados en el inciso anterior será sancionado con presidio o reclusión menor en su grado máximo.

No incurre en el delito previsto en este artículo el que habiendo conocido legítimamente un secreto comercial durante su relación contractual o laboral con una empresa con posterioridad al cese de dicha relación se aprovechare en el ejercicio de su profesión u oficio o en el desarrollo de una actividad económica de un secreto empresarial que hubiere pasado a ser parte inescindible de su bagaje profesional o laboral.

Para los efectos de este artículo y del artículo siguiente se entenderá por secreto comercial todo conocimiento de acceso restringido concerniente a la elaboración o comercialización de productos o a la prestación de servicios, así como a la organización o funcionamiento de la empresa, cuya revelación fuere idónea para perjudicar la posición de ésta en la competencia.

284 bis. El que sin el consentimiento de su legítimo poseedor accediere a un secreto comercial mediante intromisión indebida con el propósito de revelarlo o aprovecharse económicamente de él será castigado con presidio o reclusión menor en su grado medio.

Igual pena se impondrá al que sin el consentimiento de su legítimo poseedor reprodujere la fijación en cualquier formato de información constitutiva de un secreto empresarial con el propósito de revelarlo o aprovecharse económicamente de él.

Por intromisión en los términos de este artículo se entenderá:

1.° el ingreso a dependencias de la empresa o la captación visual o sonora mediante dispositivos técnicos de lo que tuviere lugar al interior de dependencias de la empresa, siempre que ello no fuere perceptible desde su exterior sin la utilización de dispositivos técnicos como los empleados en la captación o sin recurrir a escalamiento o a algún otro modo de vencimiento de un obstáculo a la percepción;

2.° la captación visual o sonora mediante dispositivos técnicos del contenido de la comunicación que dos o más personas mantuvieren, de la ejecución de una acción o del desarrollo de una situación por parte de una persona cuando los involucrados tuvieren una expectativa legítima de no estar siendo vistos, escuchados, filmados o grabados, manifestada en las circunstancias de la comunicación, la acción o la situación y que ésta concerniere a la empresa;

3.° el acceso a la información que se tuviere en cualquier soporte o medio de la empresa vulnerando mecanismos de resguardo que impidieren el libre acceso a ella.”

9. Sustitúyense los actuales artículos 285 y 286 por los siguientes:

“Art. 285. El que por medios fraudulentos alterare el precio de bienes o servicios sufrirá las penas de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo.”

Art. 286. Se impondrá la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio o reclusión mayor en su grado mínimo cuando el fraude expresado en el artículo anterior recayere sobre el precio de bienes o servicios de primera necesidad o de consumo masivo.”

10. En sus artículos 287 bis y 287 ter sustitúyese las expresiones “empleado o mandatario” por las expresiones “director, administrador, mandatario o empleado de una empresa”.

11. Introdúcese en el Título Sexto de su Libro Segundo el siguiente nuevo Párrafo 13:

Ҥ 13. Atentados contra el medio ambiente

Art. 305. Será sancionado con presidio o reclusión menor en sus grados mínimo a medio el que contraviniendo una norma de emisión o de calidad ambiental incumpliendo las medidas establecidas en un plan de prevención, de descontaminación o de manejo ambiental, incumpliendo una resolución de calificación ambiental, las condiciones asociadas al otorgamiento de alguna autorización de carácter ambiental o sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental o sin haber obtenido una autorización de carácter ambiental estando obligado a ello:

1º vertiere sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales;

2º extrajere aguas continentales, sean superficiales o subterráneas;

3º vertiere o depositare sustancias contaminantes en el suelo o subsuelo, continental o marítimo;

4º extrajere tierras del suelo o subsuelo;

5º liberare sustancias contaminantes al aire.

Lo dispuesto en el número 5º no será aplicable respecto de las emisiones provenientes de vehículos sujetos a inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados y de sistemas de calefacción o refrigeración domésticos.

Art. 306. Tratándose de los hechos previstos en el artículo anterior la pena será solo la multa de 30 a 3000 unidades tributarias mensuales, cuando el hechor contare con autorización para verter, liberar o extraer la sustancia correspondiente y además:

1.° la cantidad vertida, liberada o extraída en exceso no superare en forma significativa el límite permitido, atendidas las características de la sustancia y la condición del medio ambiente que pudieren verse afectados por el exceso;

2.° la infracción se hubiere prolongado solo por un breve lapso, atendidas las características de la sustancia y la condición del medio ambiente que pudieren verse afectados por el exceso; y,

3.° el infractor hubiere obrado con diligencia para restablecer las emisiones o extracciones al valor permitido y para evitar las consecuencias dañinas del exceso.

Art. 307. El que por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos incurriere en los hechos previstos en el artículo 305 será sancionado con la pena de multa de 30 a 3000 unidades tributarias mensuales.

Art. 308. El que afectare gravemente las aguas marítimas o continentales, superficiales o subterráneas, el suelo o el subsuelo, fuere continental o marítimo, o el aire, o bien la salud animal o vegetal, la existencia de recursos hídricos o el abastecimiento de agua potable, será sancionado con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.

El que por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos incurriere en los hechos señalados en inciso anterior será sancionado con la pena con la pena de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo.

Art. 309. Cuando la afectación grave prevista en el inciso primero del artículo anterior resultare de la perpetración de un hecho comprendido en el artículo 305 la pena será:

1.° presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, si el resultado fuere atribuible a dolo;

2.° presidio o reclusión menor en su grado máximo, si el resultado fuere atribuible a imprudencia temeraria o mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos.

Las mismas penas se impondrán, según el caso, cuando la afectación grave de la existencia de recursos hídricos resultare de la infracción de las reglas de su distribución y aprovechamiento.

Art. 310. El que afectare gravemente uno o más de los componentes ambientales de una reserva de región virgen, un parque nacional, un parque nacional de turismo, un monumento natural, una reserva nacional, una reserva de bosque, una reserva forestal, un parque marino, una reserva marina, un área marina costera protegida para efectos ambientales o un santuario de la naturaleza o un humedal de importancia internacional será sancionado con presidio o reclusión mayor en su grado mínimo.

La misma pena se impondrá al que infringiendo una resolución de calificación ambiental o sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental estando obligado a ello afectare gravemente un glaciar.

Si cualquiera de los hechos señalados en los dos incisos anteriores fuere perpetrado por imprudencia temeraria o por mera imprudencia o negligencia con infracción de los reglamentos la pena será de presidio o reclusión menor en su grado máximo.

Art. 311. Para los efectos de los tres artículos precedentes se entenderá por afectación grave de uno o más componentes ambientales el cambio adverso y mensurable producido en alguno de ellos siempre que ese cambio adverso consistiere en alguna de las siguientes circunstancias:

1º. tener una extensión espacial de relevancia, según las características ecológicas o geográficas de la zona afectada;

2º. tener efectos prolongados en el tiempo;

3º ser irreparable o difícilmente reparable;

4º. alcanzar a un conjunto significativo de especies según las características de la zona afectada;

5º. incidir en especies categorizadas como extintas, extintas en grado silvestre, en peligro crítico o en peligro o vulnerable;

6º. poner en peligro la salud de una o más personas.”

12. Sustitúyese su actual artículo 438 por el siguiente:

“Art. 438. El que para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero constriñere a otro con violencia o intimidación a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado que importe una obligación estimable en dinero, o a ejecutar, omitir o tolerar cualquier otra acción que importare una disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero, será castigado con las penas respectivamente señaladas en este párrafo para el culpable de robo.”

13. En el encabezamiento de su artículo 459 sustitúyese las expresiones “presidio menor en sus grados mínimo a medio” por las expresiones “presidio menor en su grado medio a máximo”.

14. Sustitúyese su actual artículo 463 por el siguiente:

“Art. 463. El que dentro de los dos años anteriores a la resolución de liquidación a que se refiere el Capítulo IV de la Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, conociendo el mal estado de sus negocios, ejecutare actos o contratos que disminuyan su activo o aumenten su pasivo de un modo manifiestamente contrario a las exigencias de una administración racional del patrimonio, será castigado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.”

15. Sustitúyese su actual artículo 463 bis por el siguiente:

“Art. 463 bis. Será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, el deudor que realizare alguna de las siguientes conductas:

1.° Si dentro de los dos años anteriores a la resolución de reorganización o liquidación favoreciere a uno o más acreedores en desmedro de otro pagando deudas que no fueren actualmente exigibles u otorgando garantías para deudas contraídas previamente sin garantía;

2º. Si después de la resolución de liquidación percibiere, se apropiare o distrajere bienes que deban ser objeto del procedimiento concursal de liquidación;

3º. Si después de la resolución de liquidación, realizare actos de disposición de bienes de su patrimonio, reales o simulados, o si constituyere prenda, hipoteca u otro gravamen sobre los mismos; o

4º. Si dentro de los dos años anteriores a la resolución de liquidación o reorganización, o con posterioridad a esa resolución, ocultare total o parcialmente sus bienes o sus haberes.”

16. Sustitúyese su actual artículo 464 por el siguiente:

“Art. 464. Será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y con la sanción accesoria de inhabilidad especial perpetua para ejercer el cargo, el veedor o liquidador designado en un procedimiento concursal de reorganización o liquidación, que perpetrare cualquiera de los hechos previstos en los números 1 u 11 del artículo 470.”

17. Derógase su artículo 464 bis.

18. Sustitúyese el actual inciso segundo de su artículo 464 ter por el siguiente:

“Del mismo modo será castigado el que sin tener la calidad antedicha perpetrare alguno de los hechos señalados en el inciso anterior actuando con el consentimiento de quien tiene esa calidad o en su beneficio.”

19. Sustitúyese su actual artículo 467 por el siguiente:

“Art. 467. El que para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero mediante engaño provocare en otro un error, o lo mantuviere en un error, que lo indujere a ejecutar, omitir o tolerar una acción que importare una disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero será sancionado:

1.° Con presidio menor en su grado máximo y multa de veintiuna a trescientas unidades tributarias mensuales, si el perjuicio excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta mil;

2.° Con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales y no pasare de cuatrocientas;

3.º. Con presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, si excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta;

4.º. Con presidio menor en su grado mínimo y multa de cinco unidades tributarias mensuales, si excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare de cuatro.

Si el perjuicio excediere de cuarenta mil unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de trescientas a quinientas unidades tributarias mensuales.

20. En su artículo 468:

a. Sustitúyese la expresión “en las penas del” por la expresión “en el”.

b. Introdúcese como nuevo inciso segundo el siguiente:

“Las penas del artículo anterior serán aplicadas también al que para obtener un provecho para sí o para un tercero irrogare perjuicio patrimonial a otra persona:

1º. manipulando los datos contenidos en un sistema informático o el resultado del procesamiento informático de datos a través de una intromisión indebida en la operación de éste;

2º. utilizando sin la autorización del titular una o más claves confidenciales que habilitaren el acceso u operación de un sistema informático; o

3º. haciendo uso no autorizado de una tarjeta de pago ajena o de los datos codificados en una tarjeta de pago que la identificaren y habilitaren como medio de pago.”

21. Intercálase en el inciso tercero del número 11 de su artículo 470, entre la coma (“,”) que sigue a la expresión “especial” y la expresión “el administrador”, la frase “u otro patrimonio administrado por esa sociedad,”.

22. Introdúcese el siguiente inciso segundo nuevo en su artículo 472, pasando a ser los actuales incisos segundo, tercero y cuarto, sus nuevos incisos tercero, cuarto y quinto:

“Se impondrá el grado máximo de la pena establecida en el inciso anterior, cuando la conducta que allí se sanciona se realice simulando, de cualquier forma, que se suministran los valores a un interés permitido por la ley.”

23. Introdúcese a continuación del artículo 472, en el Párrafo 8 del Título IX de su Libro Segundo, los siguientes nuevos artículos 472 bis y 473 ter:

“Art. 472 bis. El que con abuso grave de una situación de necesidad, de la inexperiencia o de la incapacidad de discernimiento de otra persona, le pagare un salario manifiestamente desproporcionado e inferior al mínimo previsto por la ley o le diere en arrendamiento un inmueble como morada recibiendo una contraprestación manifiestamente desproporcionada, será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en cualquiera de sus grados.

472 ter. En los casos en que alguno de los hechos previstos en este párrafo irrogare un perjuicio que excediere de ciento sesenta mil unidades tributarias mensuales o arruinare a un número considerable de personas, se podrá imponer la pena superior en un grado a la señalada por la ley.”

Art. 49. Modificaciones al Código Procesal Penal. Introdúcese las siguientes modificaciones en el Código Procesal Penal:

1. Introdúcese en su artículo 157 el siguiente nuevo inciso tercero:

“El Ministerio Público deberá solicitar las medidas cautelares que correspondan para asegurar bienes suficientes a fin de hacer efectivo el comiso de las ganancias provenientes del delito. Para estos efectos, el Juez de Garantía podrá ordenar mantener congeladas las cuentas en bancos o los fondos generales administrados por terceros.”

2. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 157 bis:

“Art. 157 bis. Concesión de medidas sin audiencia del afectado. Las medidas solicitadas para asegurar bienes sobre los cuales hacer efectivo el comiso de ganancias podrán ser decretadas sin audiencia del afectado.

Si se procediere de este modo, el Juez de Garantía deberá fijar un plazo no inferior a 30 días ni superior a 120 días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Transcurrido este plazo sin que se produzca la formalización, o sin que el Ministerio Público solicite la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto.”

3. Introdúcese en su artículo 259 el siguiente inciso tercero:

“Si el fiscal solicitare la aplicación del comiso de ganancias deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud, señalando de los medios de prueba de que pensare valerse y dando, en su caso, cumplimiento a lo dispuesto en el inciso precedente.”

4. Introdúcese en el inciso tercero de su artículo 348, a continuación de su punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “En cuanto al comiso de las ganancias del delito, si éstas ascendieran a un monto superior a 400 Unidades Tributarias Mensuales, se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente. De lo contrario, el tribunal lo impondrá en la misma sentencia condenatoria si fuere procedente.”

5. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 348 bis:

“Art. 348 bis.- Comiso de ganancias. En caso de haberse solicitado la aplicación del comiso de ganancias por un monto superior a 400 Unidades Tributarias Mensuales, o si la aplicación del comiso afectare a terceros, en la sentencia condenatoria se citará a una audiencia especial.

Si el comiso sólo afectare personas que hubieren sido condenadas, la audiencia tendrá lugar dentro de décimo día a contar de la fecha de la sentencia. Si el comiso afectare a terceros, la audiencia no podrá tener lugar antes de treinta ni después de sesenta días contados desde la fecha de la notificación de la sentencia a los afectados.

La resolución y la audiencia respectiva se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 415 quáter, quinquies y sexies.

El tribunal pronunciará su decisión de imposición del comiso o rechazo de la solicitud, y en el primer caso determinará el monto por el cual se lo impone. De haber bienes asegurados para hacerlo efectivo, los identificará y el tribunal pronunciará su decisión.”

6. Introdúcese en su artículo 391 el siguiente nuevo inciso segundo:

“Si el fiscal solicitare la aplicación del comiso de ganancias deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud, exponiendo de los antecedentes o elementos en los que ella se basa.”

7. Introdúcese en su artículo 396 el siguiente nuevo inciso final:

“Si se hubiere solicitado el comiso de ganancias en el requerimiento por un monto igual o inferior a 400 Unidades Tributarias Mensuales, el juez se pronunciará acerca de su procedencia en la sentencia. Si el monto fuere superior o si el comiso afectare a terceros, se estará a lo dispuesto en el artículo 348 bis.”

8. Introdúcese en su artículo 411 el siguiente inciso segundo:

“Si el fiscal solicitare la aplicación del comiso de ganancias deberá indicar su monto y expresar con claridad y precisión los fundamentos de su solicitud.”

9. Introdúcese en su artículo 413 el siguiente inciso final:

“Si el fiscal hubiere solicitado el comiso de ganancias por un monto igual o inferior a 400 Unidades Tributarias Mensuales, el juez se pronunciará acerca de su procedencia en la sentencia. Si el monto fuere superior o si el comiso afectare a terceros, se estará a lo dispuesto en el artículo 348 bis.”

10. Introdúcese en el Libro Cuarto del Código Procesal Penal el siguiente Título III bis

“Título III bis. Procedimiento relativo a la imposición de comiso sin condena previa

Art. 415 bis. Ámbito de aplicación. Las reglas del presente título son aplicables en los casos en que la ley dispone el comiso de bienes o activos obtenidos a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito sin sujetar su procedencia a la dictación de una sentencia condenatoria relativa al hecho.

En esos casos, la resolución que ponga término a la investigación o juicio respectivos no obstará a la competencia del tribunal para conocer de este procedimiento.

Art. 415 ter. Citación. Habiéndose incautado bienes o asegurado conforme al artículo 157 para hacer efectivo el comiso, en la última resolución que recaiga sobre la respectiva investigación o el juicio, poniéndole término temporal o definitivo, el tribunal, a petición del Ministerio Público, citará a audiencia especial de comiso, que no podrá tener lugar antes de treinta ni después de sesenta días contados desde la fecha de la resolución.

Art. 415 quáter. Preparación. La resolución ordenará que las partes comparezcan a la audiencia, con todos sus medios de prueba. Si alguna de ellas requiriere de la citación de testigos o peritos por medio del tribunal deberá formular la respectiva solicitud con una anticipación no inferior a cinco días a la fecha de la audiencia.

La resolución será notificada a todas las personas que conforme a la ley podrían ser afectadas en su propiedad o patrimonio por la imposición del comiso, con a lo menos quince días de anticipación a la fecha de la audiencia.

Art. 415 quinquies. Audiencia y prueba. La audiencia comenzará dándose lectura a la solicitud de aplicación del comiso formulada por el Ministerio Público. En seguida se oirá a los comparecientes y se recibirá la prueba.

La prueba de los hechos de los que depende la procedencia del comiso, incluido su monto, será producida conforme a lo dispuesto en el artículo 295 y apreciada conforme a lo dispuesto en el artículo 297. El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba preponderante producida durante la audiencia.

Art. 415 sexies. Suspensión de la audiencia. La audiencia no podrá suspenderse, ni aun por falta de comparecencia de alguna de las partes o por no haberse rendido prueba en la misma. Sin embargo, si faltare una prueba anunciada por las partes que el tribunal considerare indispensable para la adecuada resolución de la causa, dispondrá lo necesario para asegurar su producción. La suspensión no podrá en caso alguno exceder de cinco días.

Art 415 septies. Contenido de la sentencia. La sentencia en el procedimiento de comiso sin condena previa contendrá:

a) La mención del tribunal, la fecha de su dictación y la identificación de los intervinientes;

b) La enunciación de la solicitud del Ministerio Público y de las defensas de los afectados, y sus fundamentos respectivos;

c) El análisis somero de la prueba producida;

d) Las razones de hecho y de derecho, que sirven de fundamento al fallo, en particular las que se refieren a la existencia del hecho ilícito del que proceden las ganancias; y

e) La decisión del asunto, imponiendo el comiso o denegándolo, y en el primer caso determinando el monto por el cual se lo impone.

Art. 415 octies. Recursos. Si la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias fuere dictada por un tribunal oral en lo penal, procederá en su contra el recurso de nulidad y el recurso de apelación del monto del comiso. En caso de interponerse ambos, el requirente deberá apelar en subsidio del recurso de nulidad.

El recurso de nulidad procederá por cualquiera de las causales previstas en los artículos 373 y 374 y deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias. Su interposición y tramitación tendrá lugar de acuerdo con lo previsto en el Título Cuarto del Libro Tercero. El tribunal que conozca del recurso podrá decretar la nulidad de la audiencia prevista en el artículo 348 bis o, de tratarse exclusivamente de un error de derecho, anulará la sentencia y dictará sentencia de reemplazo.

Tratándose de una sentencia dictada por un juez de garantía, el recurso de apelación deberá interponerse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia que impone o deniega el comiso de ganancias. El tribunal que conozca del recurso podrá, en ese caso, revocar la decisión que concede o deniega el comiso de ganancias y dictar sentencia de reemplazo, o podrá modificar el monto fijado por el tribunal a quo.”

Art. 415 nonies. Ejecución. Una vez ejecutoriada la sentencia que impone el comiso ella será ejecutada conforme a lo dispuesto en el artículo 469 bis.”

11. Introdúcese el siguiente artículo 469 bis.

“Art. 469 bis. Ejecución del comiso de ganancias. Toda sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del delito será ejecutada como decisión civil dictada por un tribunal con competencia en lo penal.

En caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se los transferirá al fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al fisco.

El comiso de inmuebles o de bienes de propiedad registral conlleva la facultad de realizar aquellas inscripciones necesarias para ejecutar eficazmente el bien decomisado.”

Art. 50. Modificaciones al Código Orgánico de Tribunales. Introdúcese las siguientes modificaciones al artículo 171 del Código Orgánico de Tribunales:

1. Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

“La acción civil que tuviere por objeto la restitución de la cosa y la que tuviere por objeto la imposición del comiso de las ganancias provenientes del delito o, en los casos en que la ley lo disponga aun sin sentencia condenatoria, del hecho ilícito que corresponde al delito, deberán interponerse siempre ante el tribunal que conozca las gestiones relacionadas con el respectivo procedimiento penal.”

2. Sustitúyese el inciso cuarto y final por el siguiente:

“El tribunal civil mencionado en el inciso anterior será competente para conocer de la ejecución de la decisión civil de las sentencias definitivas dictadas por los jueces con competencia penal, así como de la sentencia que imponga el comiso de las ganancias provenientes del hecho ilícito que corresponde al delito.”

Art. 51. Modificaciones a la Ley 20.393. Introdúcese las siguientes modificaciones en la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de la persona jurídica:

1. Sustitúyese su artículo 1° por el siguiente:

“Artículo 1.° Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos señalados en el inciso siguiente, el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones procedentes y la ejecución de éstas.

Los delitos por los cuales la persona jurídica responde penalmente conforme a la presente ley son los siguientes:

1.° los delitos a que se refieren los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Delitos Económicos, sean o no considerados como delitos económicos por esa ley;

2.° el previsto en el artículo 8 de la Ley 18.314 que tipifica conductas terroristas;

En lo no previsto por esta ley serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Libro I del Código Penal y en el Código Procesal Penal, en lo que resultare pertinente.

Para los efectos de esta ley, no será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 58 del Código Procesal Penal.”

2. Sustitúyese su artículo 2° por el siguiente:

“Artículo 2.° Ámbito de aplicación personal. Serán penalmente responsables en los términos de esta ley las personas jurídicas de derecho privado, las empresas públicas creadas por ley, las empresas, sociedades y universidades del Estado, los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público.”

3. Sustitúyese su artículo 3° por el siguiente:

“Artículo 3.° Presupuestos de la responsabilidad penal. Una persona jurídica será penalmente responsable por cualquiera de los delitos señalados en el artículo 1° perpetrado por o con la intervención de alguna persona natural que ocupare un cargo, función o posición en ella, o le prestare servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, siempre que la perpetración del hecho se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva, por parte de la persona jurídica, de un modelo adecuado de prevención de tales delitos.

Dados los demás requisitos previstos en el inciso anterior, una persona jurídica también será responsable por el hecho perpetrado por o con la intervención de una persona natural relacionada en los términos previstos por dicho inciso con una persona jurídica distinta, siempre que ésta le prestare servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o careciere de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existieren relaciones de propiedad o participación.

Lo dispuesto en este artículo no tendrá aplicación cuando el hecho punible se perpetrare exclusivamente en contra de la propia persona jurídica.”

4. Sustitúyese su artículo 4° por el siguiente:

“Artículo 4.° Modelo de prevención de delitos. Se entenderá que un modelo de prevención de delitos efectivamente implementado por la persona jurídica es adecuado para los efectos de eximirla de responsabilidad penal cuando, en la medida exigible a su tamaño, complejidad, recursos y a las actividades que desarrolle, considere seria y razonablemente los siguientes aspectos:

1º. identificación de las actividades de la persona jurídica que impliquen riesgo de conducta delictiva;

2º. establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas en el contexto de las actividades a que se refiere el número anterior, los que deben considerar necesariamente canales seguros de denuncia;

3º. asignación de sujetos responsables por la aplicación de dichos protocolos, dotados de facultades efectivas de dirección y supervisión;

4.° previsión de evaluaciones periódicas y mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones.”

5. Sustitúyese su artículo 5° por el siguiente:

“Artículo 5.° Autonomía de la responsabilidad penal de la persona jurídica. No obstará a la responsabilidad penal de una persona jurídica la falta de declaración de responsabilidad penal de la persona natural que hubiere perpetrado el hecho o intervenido en su perpetración, sea porque ésta no hubiere sido penalmente responsable, sea porque tal responsabilidad se hubiere extinguido, sea porque no se hubiere podido continuar el procedimiento en su contra no obstante la punibilidad del hecho.

Asimismo, no obstará a la responsabilidad penal de la persona jurídica la falta de identificación de la o las personas naturales que hubieren perpetrado el hecho o intervenido en su perpetración, siempre que constare que el hecho no pudo sino haber sido perpetrado por o con la intervención de alguna de las personas y en las circunstancias señaladas en el artículo 3.°”

6. Reemplázase en su artículo 6° el numeral 3) por el siguiente:

“3) La adopción de medidas eficaces para prevenir la reiteración de la misma clase de delitos, antes del cierre de la investigación.”

7. Sustitúyese su artículo 7° por el siguiente:

“Artículo 7.° Circunstancias agravantes. Constituyen circunstancias agravantes de la responsabilidad penal de la persona jurídica:

1.° la de haber sido condenada dentro de los diez años anteriores contados desde la perpetración del hecho;

2.° las que afectaren a la persona natural que hubiere perpetrado o intervenido en el hecho, cuando la perpetración del hecho o su intervención en él bajo esas circunstancias también se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de delitos.”

8. Sustitúyese su artículo 8° por el siguiente:

“Artículo 8.° Penas. Serán aplicables a la persona jurídica una o más de las siguientes penas:

1.° la extinción de la persona jurídica;

2.° la inhabilitación para contratar con el Estado;

3.° la pérdida de beneficios fiscales y prohibición de recibirlos;

4.° la supervisión de la persona jurídica;

5°. la multa;

6º. la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria.”

9. Sustitúyese su artículo 9° por el siguiente:

“Artículo 9.° Extinción de la persona jurídica. Por la pena de extinción de la persona jurídica se dispone la pérdida definitiva de la personalidad jurídica. Para su imposición el tribunal tendrá especialmente en cuenta el peligro de reiteración delictiva que representare el funcionamiento de la persona jurídica.

Esta pena sólo se podrá imponer tratándose de crímenes, si concurriere la circunstancia agravante establecida en el número 1º del artículo 7° o en caso de reiteración delictiva.

La pena de extinción de la persona jurídica no se aplicará a las empresas públicas creadas por ley ni a las personas jurídicas que prestaren un servicio de utilidad pública cuya interrupción pudiere causar graves consecuencias sociales y económicas o daños serios a la comunidad o fuere perjudicial para el Estado.”

10. Sustitúyese su artículo 10 por el siguiente:

“Art, 10. Inhabilitación para contratar con el Estado. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la inhabilitación para contratar con el Estado, conforme a las reglas del párrafo 5 del Título II de la Ley de delitos económicos.

La inhabilitación perpetua para contratar con el Estado solo podrá ser impuesta respecto de crímenes, si concurriere la circunstancia agravante prevista en el número 1º del artículo 7° o en caso de reiteración delictiva.”

11. Sustitúyese su artículo 11 por el siguiente:

“Artículo 11. Pérdida de beneficios fiscales y prohibición de recibirlos. Por la pena de pérdida de beneficios fiscales se impone la pérdida de todos los subsidios, créditos fiscales u otros beneficios otorgados por el Estado sin prestación recíproca de bienes o servicios y, en especial, los subsidios para financiamiento de actividades específicas o programas especiales y gastos inherentes o asociados a la realización de éstos, sea que tales recursos se asignen a través de fondos concursables o en virtud de leyes permanentes o subsidios, subvenciones en áreas especiales o contraprestaciones establecidas en estatutos especiales y otras de similar naturaleza, así como la prohibición de recibir tales beneficios por un período de 1 a 5 años.

Si la persona jurídica no recibiere tales beneficios fiscales al tiempo de la condena, se le impondrá la prohibición de recibirlos, por el mismo período.”

12. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 11 bis:

“Artículo 11 bis. Supervisión de la persona jurídica. El tribunal podrá imponer a la persona jurídica la supervisión si debido a la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos ello resultare necesario para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno.

La supervisión de la persona jurídica consiste en su sujeción a un supervisor nombrado por el tribunal, encargado de colaborar con la dirección de la persona jurídica en la elaboración, implementación o mejoramiento de un sistema adecuado de prevención de delitos y de controlar dicha elaboración, implementación o mejoramiento por un plazo mínimo de seis meses y máximo de dos años.

La persona jurídica estará obligada a poner a disposición del supervisor toda la información necesaria para su desempeño.

El supervisor tendrá facultades para impartir instrucciones obligatorias e imponer condiciones de funcionamiento exclusivamente en lo que concierna al sistema de prevención de delitos, sin que pueda inmiscuirse en otras dimensiones de la organización o actividad de la persona jurídica. Para los efectos de sus deberes y responsabilidad se considerará que el supervisor tiene la calidad de empleado público. Su remuneración será fijada por el tribunal de acuerdo con criterios de mercado y será de cargo de la persona jurídica.”

13. Sustitúyese su artículo 12 por el siguiente:

“Artículo 12. Multa. A menos que la ley disponga otra cosa, la multa se determinará mediante la multiplicación de un número de días-multa por el valor que el tribunal fijare para cada día-multa en la forma prevista en el párrafo 4 de la Ley de delitos económicos, cuyo producto se expresará en una suma de dinero fijada en moneda de curso legal.

El valor del día-multa no podrá ser inferior a 5 ni superior a 5.000 Unidades Tributarias Mensuales.

La pena mínima de multa es de 2 días-multa; la máxima, de 400 días-multa.

Cada pena de multa que impusiere el tribunal será determinada por éste en el número de días-multa que comprenda y su valor. Ni aun en caso de ser aplicables los artículos 74 del Código penal o 351 del Código procesal penal podrán imponerse una o más penas de multa que en conjunto excedan de 600 días-multa.

Con todo, en los casos en que la ley así lo disponga, cuando el comiso de ganancias no pudiere imponerse a la persona jurídica porque fueron sido distribuidas entre sus socios, accionistas o beneficiarios que no tuvieron conocimiento de su procedencia ilícita al momento de su adquisición, el tribunal determinará el valor total de la multa a imponer hasta por una suma equivalente al treinta por ciento de las ventas de la persona jurídica correspondientes a la línea de productos o servicios asociada al hecho durante el período en el cual éste se hubiere perpetrado o hasta el doble de las ganancias obtenidas a través del hecho, siempre que dicho valor total fuere superior al monto máximo de la multa que correspondiere imponer conforme a los incisos precedentes.

No obstará a la imposición de la pena de multa la circunstancia de que el hecho diere lugar a una o más multas no constitutivas de pena conforme a otras leyes. Con todo, el monto de la pena de multa pagada será abonado a la multa no constitutiva de pena que se imponga a la persona jurídica por el mismo hecho. Si la persona jurídica hubiere pagado una multa no constitutiva de pena como consecuencia del mismo hecho, el monto pagado será abonado a la pena de multa impuesta de conformidad con esta ley.”

14. Sustitúyese su artículo 13 por el siguiente:

“Artículo 13. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria. Siempre que se condene a una persona jurídica se impondrá la pena consistente en la publicación de un extracto que contenga una síntesis de la sentencia, que reproduzca sus fundamentos principales y la decisión de condena en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, a costa de la persona jurídica condenada.”

15. Sustitúyese su artículo 14 por el siguiente:

“Artículo 14. Penas de crimen y de simple delito. Tratándose de un crimen se podrá imponer a la persona jurídica responsable una o más de las siguientes penas:

1.° la extinción de la persona jurídica en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 9°;

2.° la pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos por un período no inferior a 3 años;

3.° la multa por un mínimo de 200 días-multa.

Tratándose de un simple delito se podrá imponer a la persona jurídica responsable una o más de las siguientes penas:

1º. la pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos por un período de hasta 3 años;

2.° la multa por un máximo de 200 días-multa.

Tanto respecto de crímenes como de simples delitos se podrá imponer, además, las penas de supervisión de la persona jurídica y de inhabilitación para contratar con el Estado.

En todo caso se impondrá la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria.”

16. Sustitúyese su artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15. Determinación del número y naturaleza de las penas. El tribunal impondrá siempre la pena de multa.

Adicionalmente podrá imponer cualquier otra pena que fuere procedente conforme al artículo precedente, para lo cual el tribunal atenderá a los siguientes factores:

1º. la existencia o inexistencia de un modelo de prevención de delitos que no fuere suficiente para eximir de responsabilidad a la persona jurídica y su mayor o menor grado de implementación;

2º. el grado de sujeción y cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria y de las reglas técnicas de obligatoria observancia en el ejercicio de su giro o actividad habitual;

3º. los montos de dinero involucrados en la perpetración del delito;

4º. el tamaño, la naturaleza y el giro de la persona jurídica;

5º. la extensión del mal causado por el delito;

6º. la gravedad de las consecuencias sociales y económicas que pudiere causar a la comunidad la imposición de la pena cuando se tratare de empresas que presten un servicio de utilidad pública;

7.° las circunstancias atenuantes o agravantes aplicables a la persona jurídica previstas en esta ley que concurrieren en el delito.”

17. Sustitúyese su artículo 16 por el siguiente:

“Artículo 16. Determinación de la extensión de las penas concretas. La extensión de las penas distintas de la extinción de la persona jurídica será determinada en el punto medio de su extensión, a menos que, sobre la base de los factores mencionados en el inciso segundo del artículo anterior, correspondiere imponer dentro de ese marco una pena de otra extensión.

Para la determinación de la pena de multa se estará, además, a lo dispuesto en el artículo 12 de esta ley.”

18. Introdúcese en el Título II, a continuación del 16, el siguiente nuevo apartado: “2 bis.- Ejecución de las penas”

19. Sustitúyese su artículo 17 por el siguiente:

“Artículo 17. Ejecución de la extinción de la persona jurídica. La sentencia que declare la extinción de la personalidad jurídica designará a una persona encargada de su liquidación, quien deberá realizar los actos o contratos necesarios para:

1º. concluir toda actividad de la persona jurídica, salvo aquellas que sean indispensables para el éxito de la liquidación;

2º. pagar los pasivos de la persona jurídica, incluidos los derivados de la perpetración del hecho. Los plazos de todas esas deudas se entenderán caducados de pleno derecho, haciéndolas inmediatamente exigibles y su pago se realizará con estricto respeto de las preferencias y de la prelación de créditos establecida por la ley;

3º. repartir los bienes remanentes entre los accionistas, socios, dueños o propietarios a prorrata de sus respectivas participaciones, sin perjuicio de su derecho para perseguir de los responsables del delito el resarcimiento de los perjuicios sufridos por la persona jurídica a consecuencia de este, en conformidad con las leyes aplicables en cada caso.

Excepcionalmente, cuando así lo aconseje el interés social el tribunal podrá, mediante resolución fundada, ordenar la enajenación de todo o parte del activo de la persona jurídica disuelta como un conjunto o unidad económica, en subasta pública y al mejor postor, la que deberá efectuarse ante el propio tribunal.”

20. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 17 bis:

“Artículo 17 bis. Ejecución de la pérdida de beneficios fiscales y de la prohibición de recibirlos. Una vez ejecutoriada la sentencia que impusiere la pena de pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos, el tribunal lo comunicará a la Secretaría y Administración General del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, con el fin de que sea consignada en los registros centrales de colaboradores del Estado y Municipalidades que la ley les encomienda administrar.”

21. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 17 ter:

“Artículo 17 ter. Ejecución de la supervisión de la persona jurídica. Ejecutoriada la sentencia condenatoria que impusiere la supervisión de la persona jurídica por un período determinado, el tribunal competente para la supervisión de la ejecución de la pena designará a un supervisor y le dará instrucciones sobre el objeto preciso de su cometido, sus facultades y los límites de ellos, de lo cual será notificada la persona jurídica.

Las instrucciones obligatorias y las condiciones impuestas por el supervisor podrán ser reclamadas judicialmente.

En caso de incumplimiento injustificado de las instrucciones obligatorias o de las condiciones impuestas por el supervisor el tribunal podrá imponer, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, la retención y prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes o activos de ésta hasta que cese el incumplimiento, a título de apremio.

En casos de incumplimiento grave o reiterado el tribunal podrá, a solicitud del supervisor y oyendo a la persona jurídica, ordenar el reemplazo de sus órganos directivos y, en caso de no realizarse el reemplazo o de persistir el incumplimiento, la designación de un administrador provisional hasta que se verifique un cambio de circunstancias o hasta el cumplimiento íntegro de la supervisión.

Un reglamento establecerá los requisitos que habiliten para ejercer como supervisor, el procedimiento para su designación y reemplazo y para la determinación de su remuneración. Los requisitos para ejercer como supervisor deberán garantizar calificación y experiencia profesional pertinente y ausencia de factores que pudieran dar lugar a conflictos de interés en el ejercicio del cargo.”

22. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 17 quáter nuevo:

“Artículo 17 quáter. Ejecución de la multa. La multa será ejecutada conforme a las reglas generales previstas por el Código penal.

Excepcionalmente, cuando su pago inmediato pudiere poner en riesgo la continuidad del giro de la persona jurídica condenada o cuando así lo aconsejare el interés social, el tribunal podrá autorizar que el pago de la multa se efectúe por parcialidades, dentro de un límite que no exceda de veinticuatro meses.”

23. Sustitúyese su artículo 18 por el siguiente:

“Artículo 18. Ejecución de la pena y las consecuencias adicionales en caso de disolución o transformación de la persona jurídica. En caso de transformación, fusión, absorción, división o disolución voluntaria de la persona jurídica responsable, sea antes o después de la condena, las penas y consecuencias adicionales se harán efectivas de acuerdo con las reglas siguientes:

1º. si se impusiere comiso y éste recayere en una especie se ejecutará contra la persona jurídica resultante que la tuviere o, en caso de disolución de común acuerdo, contra el socio o partícipe en el capital que la tuviere tratándose de la disolución de una persona jurídica con fines de lucro, o contra la persona que conforme a los estatutos de la persona jurídica o a la ley la hubiere recibido tratándose de la disolución de una persona jurídica sin fines de lucro. Si el comiso recayere en cantidades de dinero se ejecutará del modo previsto para la ejecución de la multa, de acuerdo con el número siguiente;

2º. si se impusiere la pena de multa, la persona jurídica resultante responderá de su pago. Si hubiere dos o más personas jurídicas resultantes todas ellas serán solidariamente responsables. En los casos de disolución de común acuerdo de una persona jurídica con fines de lucro, la multa se hará efectiva sobre los socios y partícipes en el capital, quienes responderán solidariamente. Tratándose de personas jurídicas sin fines de lucro, la multa se hará efectiva sobre las personas que hayan recibido las propiedades de aquéllas conforme a sus estatutos o a la ley, quienes responderán solidariamente;

3º. si se tratare de cualquier otra pena, el tribunal decidirá si ella habrá o no de hacerse efectiva sobre las personas naturales o jurídicas a que se refieren los dos números anteriores, atendiendo a las finalidades que en cada caso se persiguieren, así como a la mayor o menor continuidad sustancial de los medios materiales y humanos de la persona jurídica inicial en la o las personas jurídicas resultantes y a la actividad desarrollada. Si por aplicación de esta regla dejare de imponerse o ejecutarse una pena, el tribunal aplicará en vez de ella una pena de multa, aun cuando ya se hubiere impuesto otra multa. En tal caso, se podrán superar hasta en un quinto los respectivos límites máximos previstos en el artículo 12.

Solo se podrá limitar el efecto de la imposición de la solidaridad reduciendo el valor a pagar respecto de la persona natural que demostrare que el pago en ese régimen le ocasionará un perjuicio desproporcionado. Con todo, el valor a pagar no podrá ser nunca inferior al valor de la cuota de liquidación que se le hubiere asignado o de los bienes que hubiere recibido en virtud de la disolución.

Todo lo anterior será sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Las reglas de este artículo serán también aplicables en caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica responsable, antes o después de la condena, siempre que la transferencia abarque la mayor parte de los bienes o activos de ésta y que exista continuidad sustancial de los medios materiales y humanos y de la actividad de la persona jurídica responsable en el o los adquirentes, de modo que pueda presumirse una fusión, absorción o división encubiertas.”

24. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 18 bis:

“Artículo 18 bis. Ejecución de la pena en caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica. En caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica responsable, sea antes o después de la condena, el comiso de cantidades y la multa podrán hacerse efectivos contra el adquirente si los bienes de aquélla no fueren suficientes, hasta el límite del valor de lo adquirido y siempre que el adquirente hubiere podido prever la condena de la persona jurídica responsable al momento de la adquisición.”

25. Introdúcese el siguiente nuevo inciso segundo en su artículo 19:

“No obstará al pronunciamiento de una condena contra una persona jurídica la circunstancia de que ésta hubiere sido objeto de disolución, transformación, absorción, fusión o división.”

26. Introdúcese, a continuación del artículo 19 el siguiente nuevo apartado: “4.- Comiso”

27. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 19 bis:

“Artículo 19 bis. Comiso. El producto del delito de que es responsable la persona jurídica y los demás bienes, efectos, objetos, documentos, instrumentos, dineros o valores provenientes de él serán decomisados. Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar estas especies, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor.

También caerán en comiso las ganancias obtenidas por la persona jurídica a través del delito de que es responsable o, cuando se den los requisitos del artículo 41 de la Ley de delitos económicos, a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito, en este último caso sin necesidad de condena, de acuerdo con las disposiciones del Título III bis del Libro IV del Código Procesal Penal.

El comiso de ganancias será impuesto también respecto de la persona jurídica que hubiere recibido la ganancia como aporte a su patrimonio.

No podrá imponerse el comiso respecto de las ganancias obtenidas por una persona jurídica y que hubieren sido distribuidas entre sus socios, accionistas o beneficiarios que no hubieren tenido conocimiento de su procedencia ilícita al momento de su adquisición. En tal caso la ganancia distribuida podrá considerarse para la determinación de la pena de multa que correspondiere imponer a la persona jurídica de acuerdo con el artículo 12.”

28. Sustitúyese su artículo 20 por el siguiente:

“Artículo 20. Investigación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Si durante la investigación de un delito el Ministerio Público tomare conocimiento de circunstancias que fundaren la responsabilidad penal de una persona jurídica en los términos de esta ley, ampliará dicha investigación con el fin de determinar tal responsabilidad.”

29. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 20 bis:

“Artículo 20 bis. Supervisión de la persona jurídica como medida cautelar. Una vez formalizada la investigación contra una persona jurídica, el fiscal del Ministerio Público podrá solicitar que se imponga como medida cautelar durante el procedimiento la supervisión de la persona jurídica conforme a lo previsto en los artículos 11 bis y 17 ter.

El tribunal acogerá la solicitud cuando se den los requisitos de las letras a) y b) del artículo 140 del Código procesal penal respecto de una persona natural cuyo hecho pueda dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica y se acreditare que la medida, atendida la inexistencia o grave insuficiencia de un sistema efectivo de prevención de delitos, es estrictamente necesaria para prevenir la perpetración de nuevos delitos en su seno. La solicitud y la ejecución de la medida cautelar se regirán, en todo lo no previsto por esta ley, por lo dispuesto en el párrafo 4 del Título V del Libro I del Código procesal penal.”

30. Intercálase en el inciso segundo del artículo 25, entre el número 4) y el actual número 5), que pasa a ser nuevo número 6), el siguiente nuevo número 5) :

“5) Someterse a supervisión en los términos de los artículos 11 bis y 17 ter.”

Art. 52. Modificaciones a la Ley 18.046. Introdúcese las siguientes modificaciones a la Ley 18.046, de sociedades anónimas:

1. Sustitúyese su actual artículo 134 por el siguiente:

“Art. 134. Los directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales de una sociedad anónima que en la memoria, balances u otros documentos destinados a los socios, a terceros o a la Administración, exigidos por ley o por la reglamentación aplicable, que deban reflejar la situación legal, económica y financiera de la sociedad, omitan informar, o informen o aprueben informar en forma incorrecta o incompleta, aspectos relevantes para conocer el patrimonio y la situación financiera o jurídica de la sociedad, serán sancionados con la pena de presidio o reclusión menores en sus grados medio a máximo, salvo que la conducta constituya otro delito sancionado con mayor pena.

Con la misma pena serán sancionados los contadores o auditores de la sociedad, o los peritos, auditores externos o inspectores de cuenta ajenos a la sociedad, que colaboren al hecho descrito en el inciso anterior.

Si el hecho se refiere a una sociedad anónima abierta, la pena podrá ser aumentada en un grado.

2. Introdúcese en su Título XIV el siguiente nuevo 134 bis:

“Art. 134 bis. Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la junta de accionistas o el órgano de administración de una sociedad anónima, impusieren acuerdos para obtener un beneficio económico para sí o un tercero, en perjuicio de los demás socios o de algún socio en particular, y sin que esos acuerdos reporten beneficios a la sociedad, serán sancionados con la pena de presidio o reclusión en cualquiera de sus grados.”

Art. 53. Modificaciones a la Ley 18.045. Introdúcese las siguientes modificaciones a la Ley 18.045, de mercado de valores:

1. Sustitúyense sus artículos 59 a 62 por los siguientes:

“Art. 59. Con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo será sancionado:

a) El que actuando por cuenta de un emisor de valores de oferta pública proporcionare información falsa al mercado sobre la situación financiera, patrimonial o de negocios del respectivo emisor.

b) El que actuando por cuenta de una sociedad clasificadora otorgare una clasificación que no correspondiere al riesgo de los valores que clasifique.

c) El contador o auditor que dictaminare falsamente sobre la situación financiera o patrimonial de un emisor de valores de oferta pública.

d) El administrador o apoderado de una bolsa de valores que diere certificación falsa sobre las operaciones que se realicen en ella y el corredor de bolsa o agente de valores que diere certificación falsa sobre las operaciones en que hubiere intervenido.

e) El que efectuare transacciones en valores con el objeto de alterar o mantener artificialmente el precio de mercado de uno o varios valores, así como el que efectuare transacciones ficticias, divulgare información falsa o se valiere de cualquier otra conducta engañosa semejante, de un modo que sea idóneo para alterar o mantener el precio de mercado de uno o varios valores.

f) El que fuera de los casos previstos en las letras anteriores proporcionare información falsa al mercado por cuenta de una sociedad sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, en registros, prospectos, declaraciones o informes exigidos por ley o por la referida autoridad con carácter general, de un modo idóneo para afectar la confianza de los inversionistas.

Art. 60. El que realizare una operación usando información privilegiada, ya sea adquiriendo, transmitiendo o cediendo, por cuenta propia o de otro, directa o indirectamente, los valores a los que esa información se refiere, o bien cancelando o modificando una orden relativa a esos valores, será sancionado:

1° con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, en caso de poseer la información privilegiada en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 166;

2° con pena de presidio menor en su grado medio a máximo en los demás casos.

Con las mismas penas será sancionado, respectivamente, el que revelare indebidamente información privilegiada.

El que poseyendo información privilegiada en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 166 recomendare a otro la realización de las operaciones a que se refiere el inciso primero de este artículo, será sancionado con pena de presidio menor en su grado medio a máximo.

Art. 61. Con pena de presidio menor en su grado medio a máximo será sancionado:

a) El que defraudare a otro adquiriendo acciones de una sociedad anónima abierta, sin efectuar una oferta pública de adquisición de acciones en los casos que ordena la ley.

b) El que indebidamente utilizare en beneficio propio o de otros valores entregados en custodia o su producto.

c) El que, conociendo o debiendo conocer el estado de insolvencia en que se encuentra la sociedad que administra, acordare, decidiere o permitiere que ésta hiciere oferta pública de valores o continuare intermediando valores en los términos del 24 de la presente ley.

Art. 62. Con pena de presidio menor en cualquier de sus grados será sancionado:

a) El que sin la correspondiente autorización o registro realizare oferta pública de valores o actuare como corredor de bolsa, agente de valores o calificadora de riesgos.

b) El que sin la correspondiente autorización o registro usare las denominaciones de corredor de bolsa, agentes de valores o calificadora de riesgos, o que de cualquier otro modo se atribuya la calidad de aquellas entidades.

c) El que eliminare, alterare, modificare, ocultare o destruyere registros, documentos, soportes tecnológicos o antecedentes de cualquier naturaleza, impidiendo o dificultando con ello las posibilidades de fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero.

d) El que fuera de los casos previstos en el artículo 59 proporcionare información falsa a la Comisión para el Mercado Financiero, por cuenta de una sociedad sujeta a su fiscalización.”

2. Derógase los incisos segundo y tercero del artículo 63.

3. En su artículo 165:

a. Elíminase en su inciso primero la siguiente frase: “en razón de su cargo, posición, actividad o relación con el respectivo emisor de valores o con las personas señaladas en el artículo siguiente”.

b. Sustitúyese su inciso segundo por el siguiente:

“Asimismo, se le prohíbe realizar una operación usando información privilegiada, ya sea adquiriendo, transmitiendo o cediendo, por cuenta propia o de otro, directa o indirectamente, los valores a los que esa información se refiere, o bien cancelando o modificando una orden relativa al valor al que se refiere la información. Igualmente, se abstendrá de comunicar indebidamente dicha información terceros o de recomendar la realización de operaciones con esos valores. Del mismo modo, velará para que los hechos previstos en este inciso no ocurran a través de subordinados o terceros de su confianza.”

c. Introdúcese el siguiente nuevo inciso cuarto:

“También podrá realizar las operaciones a que se refieren el inciso primero y segundo de este artículo el que opere en cumplimiento de una obligación, ya vencida, de adquirir o ceder valores, cuando dicha obligación haya estado contemplada en un acuerdo celebrado antes de que la persona de que se trate hubiere poseído la información privilegiada.”

Art. 54. Modificaciones al Decreto Ley 3.500. Introdúcese las siguientes modificaciones al Decreto Ley 3.500, que establece un sistema de pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivencia derivado de la capitalización individual obligatoria en una administradora de fondos de pensiones:

1. Sustitúyese los actuales incisos primero y segundo de su artículo 103 por los siguientes:

“Art. 103. El que posea información privilegiada en el sentido del artículo 164 de la Ley 18.045 relativa a los documentos y antecedentes de los emisores e instrumentos sometidos a clasificación, así como a su clasificación, se sujetará a los deberes y prohibiciones establecidos en el Título XXI de la Ley 18.045, así como en las normas penales respectivas.”

2. Sustitúyese su actual artículo 151 por el siguiente:

“Art. 151. El que posea información privilegiada en el sentido del artículo 164 de la Ley 18.045 relativa a las inversiones de los recursos de un Fondo se sujetará a los deberes y prohibiciones establecidos en el Título XXI de la Ley 18.045, así como en las normas penales respectivas.”

3. En el inciso primero de su artículo 152:

a. Sustitúyese la frase “y a las personas que, en razón de su cargo o posición, están informadas respecto de las transacciones de los Fondos” por la frase “y a las personas que poseen información relativa a las operaciones de los Fondos”.

b. Sustitúyese la frase “162 de la ley N° 18.045” por la frase “22 de la ley N° 20.712”.

4. Introdúcese las siguientes modificaciones en el artículo 154:

a. Sustitúyese su actual letra c) por la siguiente:

“c) infringir los deberes y prohibiciones establecidos en el Título XXI de la Ley 18.045;”

b. Derógase su letra d).

5. Introdúcese el siguiente inciso segundo en su artículo 158:

“La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones aplicará a los infractores de los deberes y prohibiciones establecidos en el Título XXI de la Ley 18.045 las sanciones que corresponda conforme a lo dispuesto en el inciso precedente. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales de los infractores, que serán determinadas conforme a la Ley 18.045.”

6. Sustitúyese su actual artículo 159 por el siguiente:

“Artículo 159. Sufrirán las penas de presidio menor en su grado medio a máximo, los trabajadores de una Administradora de Fondos de Pensiones que, estando encargados de la administración de la cartera y, en especial, de las decisiones de adquisición, mantención o enajenación de instrumentos para cualquiera de los Fondos y la Administradora respectiva, ejerzan por sí o a través de otras personas, simultáneamente la función de administración de otra cartera de inversiones, o infrinjan cualquiera de las prohibiciones consignadas en las letras a) y h) del artículo 154.”

7. Sustitúyese los actuales incisos octavo y noveno de su artículo 168 por el siguiente nuevo inciso octavo y penúltimo:

“Las personas indicadas en el inciso precedente se sujetarán a los deberes y prohibiciones establecidos en el Título XXI de la Ley 18.045, así como en las normas penales respectivas.”

Art. 55. Modificaciones a la Ley 20.712. Introdúcese las siguientes modificaciones en la Ley 20.712, sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales:

1. Sustitúyese la actual letra d) de su artículo 22 por la siguiente:

“d) la infracción a lo dispuesto en el Título XXI de la Ley 18.045”.

2. Introdúcese en su artículo 22 el siguiente nuevo inciso final:

“En todo caso, la infracción señalada en la letra d) de este artículo originará las responsabilidades previstas en la Ley 18.045”.

Art. 56. Modificaciones a la Ley 17.322. Introdúcese el siguiente nuevo artículo 13 bis en la Ley 17.322, sobre normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social:

“Art. 13 bis. Con la misma pena establecida en el artículo anterior se sancionará al empleador que, sin el consentimiento del trabajador, declare ante las instituciones de seguridad social, pagarle una renta imponible o bruta menor a la real, disminuyendo el monto de las cotizaciones que debe descontar y enterar. La conducta será sancionada igualmente, si el consentimiento del trabajador ha sido obtenido por el empleador con abuso grave de su situación de necesidad, inexperiencia o incapacidad de discernimiento.

En caso que el empleador omita retener o enterar las cotizaciones previsionales de uno o más trabajadores que prestan servicios remunerados para él, la conducta se castigará con la pena de presidio o reclusión menores en su grado medio.”

Art. 57. Modificaciones a la Ley 19.496. Introdúcese las siguientes modificaciones a la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores:

1. Derógase el artículo 17 L.

2. Sustitúyese el inciso segundo de su artículo 24 por el siguiente:

“La publicidad falsa o engañosa difundida por medios de comunicación social, en relación a cualquiera de los elementos indicados en el artículo 28, hará incurrir al infractor en una multa de hasta 1500 unidades tributarias mensuales. En caso de que incida en las cualidades de productos o servicios financieros, o que afecten la salud o la seguridad de la población o el medio ambiente, la conducta se sancionará además con la pena de presidio o reclusión menores en su grado mínimo a medio, sin perjuicio de las indemnizaciones que pueda determinar el juez competente de acuerdo a la presente ley.”

TÍTULO FINAL

Art. 58. Aplicación temporal. Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración.

Si la presente ley entrare en vigor durante la perpetración del hecho se estará a lo dispuesto en ella, siempre que en la fase de perpetración posterior se realizare íntegramente la nueva descripción legal del hecho.

Si la aplicación de la presente ley resultare más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.

Art. 59. Estricta alternatividad. Para determinar si la aplicación de la presente ley resulta más favorable se deberá tomar en consideración todas las normas en ella previstas que fueren pertinentes al juzgamiento del hecho.

Art. 60. Tiempo del hecho. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 58, el delito se entiende perpetrado en el momento o durante el lapso en el cual se ejecuta la acción punible o se incurre en la omisión punible.

Diputados señores Walker , Cruz-Coke, Díaz ; Fuenzalida, don Gonzalo ; Schilling , Silber ; Soto, don Leonardo , y Vidal ; y de las diputadas señoras Castillo , y Núñez , doña Paulina .

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Ibáñez , Bernales ; Celis, don Ricardo ; Mirosevic y Winter ; y de las diputadas señoras Fernández , Girardi , Marzán y Parra , que “Modifica la Carta Fundamental para imponer al Estado el deber de promover y facilitar la participación ciudadana y el acceso a la información de todas las personas, en materias referidas al medio ambiente”. Boletín N° 13206-07

Moción Parlamentaria

Diputados señores Ibáñez , Bernales ; Celis, don Ricardo ; Mirosevic y Winter ; y de las diputadas señoras Fernández , Girardi , Marzán y Parra .

Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Olivera y de los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo ; Longton ; Mellado, don Miguel , y Rathgeb , que “Modifica la Carta Fundamental para consagrar el deber del Estado de asegurar, a todas las personas, transporte público gratuito con ocasión de los procesos electorales y plebiscitarios, a nivel nacional”. BoletínN° 13207-07.

Moción Parlamentaria

Diputada señora Olivera y de los diputados señores Fuenzalida, don Gonzalo ; Longton ; Mellado, don Miguel , y Rathgeb .