Labor Parlamentaria

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 17.288, sobre monumentos nacionales, para establecer la obligación de soterrar el cableado que pudiera afectar a los lugares declarados monumentos históricos; y la Ley General de Servicios Eléctricos y la Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para exigir a las empresas contar con programas de retiro o traslado de líneas y redes instaladas sobre lugares de interés patrimonial.

Diputado informante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones es el señor Marcelo Díaz Díaz .

Antecedentes: Mociones:

-Boletín N° 10881-24, sesión 66ª de la legislatura 364ª, en miércoles 7 de septiembre de 2016. Documentos de la Cuenta N° 8.

-Boletín N° 12438-24, sesión 135ª de la legislatura 366ª, en miércoles 6 de marzo de 2019. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, sesión 25ª de la presente legislatura, en martes 14 de mayo 2019. Documentos de la Cuenta N° 18.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor DÍAZ (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, paso a informar sobre los siguientes proyectos de ley refundidos, en primer trámite constitucional y primero reglamentario: el primero modifica la Ley General de Servicios Eléctricos y la Ley General de Telecomunicaciones, para exigir a las empresas contar con programas de retiro o traslado de líneas y redes instaladas sobre lugares de interés patrimonial, y el segundo modifica la ley sobre monumentos nacionales, para establecer la obligación de soterrar el cableado que pudiera afectar a los lugares declarados monumentos históricos (boletines Nos 12438-24 y 10881-24, respectivamente).

Estas iniciativas tienen su origen en mociones. La primera es una iniciativa de los diputados Alejandro Bernales , Gonzalo Fuenzalida , Amaro Labra , Carolina Marzán , Marisela Santibáñez y de quien les habla, y la segunda es una iniciativa de los diputados Javier Hernández , Sergio Gahona , Issa Kort , Javier Macaya , Celso Morales , Iván Norambuena y Enrique van Rysselberghe .

Idea matriz

La idea central de estas iniciativas se orienta a proteger los monumentos históricos y lugares de interés patrimonial afectados por cableado aéreo. Para ello, establecen medidas para que las empresas responsables deban cumplir con la obligación de soterrarlos y/o retirarlos.

Solo quiero contarles un ejemplo: en la ciudad en que nos encontramos –Valparaíso es cosa de visitar el área patrimonial para darse cuenta de la enorme cantidad de cables que hay. Un dato curioso es que una parte importante de esos cables corresponden a la era del telégrafo, y siguen instalados en la ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Se dispone que las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica y las empresas de servicios de telecomunicaciones deberán contar con programas de soterramiento del cableado aéreo activo y de retiro de los que se encuentren en desuso, cuando atraviesen bienes nacionales de uso público ubicados en poblaciones o lugares donde existan ruinas o edificios considerados monumentos históricos.

Fundamentos

Las mociones advierten que, ante la presencia de una gran cantidad de cableado aéreo, es necesario retirar los que se encuentran en desuso y soterrar el resto. Lo anterior debido no solo al impacto que provocan sobre el entorno, sino también por el riesgo innecesario que significan para la población, pues pueden provocar incendios y, ante eventos climáticos, la interrupción de la energía eléctrica.

Así, soterrarlos y retirar los elementos en desuso permitirá, por un lado, apreciar y resguardar el enorme patrimonio cultural que representan los monumentos nacionales e históricos, las ruinas arqueológicas, los barrios tradicionales y las zonas típicas y pintorescas, y por otro, brindar mayor seguridad a los transeúntes.

El texto refundido contiene tres artículos permanentes y uno transitorio.

El artículo 1 incorpora, en la Ley de Monumentos Nacionales, un artículo que prescribe que las empresas responsables de la instalación y mantenimiento de cables aéreos en sitios declarados monumentos históricos deberán disponer su soterramiento.

El artículo 2 modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, estableciendo a las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica la obligación de contar con programas de retiro de los cables en desuso y de soterramiento a espacios subterráneos seguros de los en uso, cuando estos cables atraviesen bienes nacionales de uso público ubicados en poblaciones o lugares donde existan ruinas o edificios declarados monumentos históricos.

El artículo 3 impone, en la Ley General de Telecomunicaciones, a los titulares de servicios de telecomunicaciones la obligación de contar con los mismos programas descritos y bajo las mismas condiciones.

El artículo transitorio señala el plazo para efectuar soterramiento del cableado dispuesto en el artículo 1.

La idea de legislar, traducida en el texto refundido, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes. Votaron los diputados Florcita Alarcón , Nino Baltolu , Alejandro Bernales , Miguel Ángel Calisto , Andrés Celis , Luciano Cruz-Coke , Amaro Labra , Marisela Santibáñez , Hugo Rey , Renzo Trisotti y quien habla.

Durante la discusión en particular

1. Respecto del artículo 1, mediante la aprobación de una indicación se precisó, en la ley sobre monumentos nacionales, la obligación de las empresas responsables de líneas de transporte y distribución de energía eléctrica y de los servicios de telecomunicaciones de contar con programas de soterramiento y de retiro de aquellos elementos en desuso declarados prioritarios, con el objeto de proteger el patrimonio cultural que representan aquellos lugares y sitios declarados como monumentos históricos.

2. El artículo 2, que modifica la ley General de Servicios Eléctricos, dispone la obligación de las empresas responsables de líneas de transporte y distribución de energía eléctrica de contar con programas de soterramiento y de retiro de aquellos elementos en desuso cuando atraviesen bienes nacionales de uso público ubicados en poblaciones o lugares donde existan ruinas arqueológicas o edificios declarados monumentos históricos, y como de interés público su protección y conservación. Asimismo, se regula el plazo y procedimiento para la aprobación y ejecución de los programas.

Las siguientes modificaciones se introdujeron en este artículo:

Los cables en desuso para ser retirados deberán haber sido declarados producto prioritario por la autoridad competente, con la finalidad de que la empresa efectivamente tenga que hacerse responsable del retiro en razón de la responsabilidad extendida del productor.

El artículo 3, en la Ley General de Telecomunicaciones, hace aplicable todo lo dispuesto a las empresas que tengan líneas de transporte y distribución de energía eléctrica a las empresas titulares de servicios de telecomunicaciones.

Por otra parte, se incorporaron los siguientes nuevos artículos:

Artículo 4. Establece a las empresas la obligación de identificar sus redes, líneas y elementos en desuso. En caso de no ser posible, esta obligación recaerá sobre los propietarios de los postes por donde atraviesen las líneas.

Artículo 5. Dispone una sanción para las empresas que incumplan con las obligaciones impuestas.

Artículo 6. Precisa qué se entenderá por retiro de redes, líneas y elementos de transporte y distribución de energía eléctrica y de telecomunicaciones en desuso y por soterramiento.

Artículo 7. En relación con el financiamiento del retiro y soterrado de cables, establece que las empresas deberán asumir íntegramente su costo, no pudiendo ser traspasado a los clientes. Sin embargo, se establecen fórmulas de financiamiento alternativas: Fondo de Infraestructura S.A. y/o lo dispuesto en la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

Se modificó el artículo primero transitorio en términos de regular los lineamientos generales para los programas de retiro y soterramiento que deberán ser considerados por las empresas.

Se incorporó un segundo artículo transitorio, que regula a partir de cuándo las empresas estarán obligadas a cumplir las obligaciones dispuestas.

Finalmente, se acordó por unanimidad reemplazar el título del proyecto en razón de los cambios introducidos.

Por los argumentos y las razones señalados, la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones recomienda a la Sala aprobar el texto del proyecto de ley propuesto en el informe.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, el proyecto de ley que establece la obligación de soterrar el cableado aéreo que pudiera afectar a los lugares declarados monumentos históricos corresponde a una moción de los diputados Sergio Gahona , Javier Hernández , Issa Kort , Javier Macaya , Celso Morales , Iván Norambuena y Enrique van Rysselberghe , y de los entonces diputados David Sandoval y Felipe Ward .

El proyecto fue ingresado el 5 de septiembre de 2016 -o sea, llevamos casi cuatro años-, fue refundido con el proyecto de ley boletín N° 12438, de marzo de 2019, y pasó a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones.

El segundo proyecto de ley que se fusionó con la idea original de 2016, de exigir a las empresas contar con programas de retiro o traslado de líneas y redes instaladas sobre lugares patrimoniales, es una moción presentada por los diputados Bernales , Díaz , Fuenzalida , Labra , Marzán y Santibáñez .

La idea central de ambos proyectos se orienta a proteger los monumentos históricos y lugares de interés patrimonial que se vean afectados por cableado aéreo. Esto incluye edificios, monumentos históricos o inmuebles de conservación histórica. Para ello, se establecen medidas para que las empresas responsables deban cumplir con la obligación de soterrarlos y de retirarlos.

La primera moción impone a las empresas responsables de la instalación y mantenimiento de cables aéreos ubicados en sitios declarados monumentos históricos la obligación de soterrarlos.

La segunda iniciativa establece a las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica y a las de servicio de telecomunicaciones la obligación de contar con un programa de soterramiento de cableado aéreo activo y de retiro de los que se encuentran en desuso, cuando atraviesan bienes nacionales de uso público ubicados en poblaciones o lugares donde existan ruinas o edificios considerados monumentos históricos.

Es importante, además, recordar que la legislación actual no establece ni a las empresas de energía eléctrica ni a las de servicio de telecomunicaciones la obligación de contar con programas de soterramiento de cables y de retiro de elementos en desuso, quedando estas alternativas entregadas a la buena voluntad de las compañías o a las ordenanzas municipales, que son excepcionales y de difícil cumplimiento. Solo cabe mencionar el proyecto de ley que aprobamos durante el ejercicio anterior, que obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar los cables en desuso, que fue promulgado como ley al inicio de este gobierno.

Creo que esta es una muy buena iniciativa, puesto que, al igual que la ley mencionada, que obliga a retirar los cables en desuso, ayuda a que no exista la contaminación visual que implica el cableado aéreo, que afecta paisajes, barrios y sobre todo los monumentos y edificios patrimoniales.

En Chile existen más de 2 millones de postes para instalación de distribución eléctrica y un total de 168.000 kilómetros de instalaciones de distribución, y solo el 2 por ciento está soterrado, es decir, instalado bajo tierra. Esta situación impacta negativamente el valor histórico de nuestras edificaciones, de nuestra arquitectura ubicada en nuestras ciudades. Por eso, esta idea se valora y es un buen complemento del proyecto que aprobamos hace ya un tiempo.

Es relevante también agregar que los postes que llevan las redes de distribución eléctrica no solo transportan energía eléctrica domiciliaria y del alumbrado público, del cual todos nos beneficiamos, sino que también soportan innumerables cables que pertenecen a compañías que prestan servicios de telecomunicaciones, de telefonía, internet, etcétera, muchos de los cuales se encuentran en desuso, pudiendo ser calificados como residuos, desechos o escombros. Estas redes abandonadas se mantienen en ese estado por el costo económico que significa su retiro. En razón de ello, ya que las empresas no han asumido su responsabilidad, aprobamos un proyecto de ley que obliga a las compañías de distribución eléctrica y a las compañías de telecomunicaciones a retirar esos cables.

Por lo tanto, esta iniciativa, que debiera ser aprobada, porque apunta en la dirección correcta, será un buen complemento al proyecto de ley sobre la materia que presentamos y que aprobamos hace algún tiempo.

Finalmente, quiero señalar que los autores de este proyecto, ingresado a tramitación legislativa en 2016, son integrantes de nuestra bancada, de manera que lo votaremos a favor.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, me alegro mucho de que se haya presentado a tramitación legislativa este proyecto de ley que me parece muy interesante, de modo que felicito a sus autores y a la Comisión de Cultura, instancia técnica que lo puso en tabla y lo tramitó.

La iniciativa tiene por objeto el establecimiento de obligaciones para proteger el patrimonio histórico y cultural del país, mediante la disposición de exigir a las empresas respectivas que cuenten con programas de retiro o traslado de líneas o redes instaladas sobre lugares patrimoniales, debido a que no solo afectan la belleza arquitectónica de algunos edificios, sino que también ponen a la ciudadanía en riesgo permanente de incendio.

Otro aspecto relevante en el que debemos avanzar en el país es en encontrar un procedimiento que permita el soterramiento del sistema de cableado, ya que no es posible que los tengamos a la intemperie. Aparte de ello, tenemos una discrepancia en relación con la calidad, la fabricación y la utilización de los cables.

Existe una diferencia abismal entre los sectores urbanos y los rurales en cuanto a la calidad de ese tipo de cables. Además, no podemos pensar jamás en el soterramiento del cableado en las comunas más chicas o en las capitales regionales.

La mayoría de los incendios que hemos tenido en los sectores rurales han sido por el cableado del tendido eléctrico.

¡Qué interesante es cuando el Parlamento recoge estas mociones que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas y, como en este caso, con la forma en que protegemos el patrimonio histórico.

Debemos seguir trabajando -ojalá la Comisión de Minería y Energía lo haga también para ver cómo acelerar los procesos de soterramiento a nivel nacional y para determinar dónde están los puntos críticos que el Estado y la sociedad quieren proteger, como, por ejemplo, lo relacionado con los incendios forestales. Sabemos dónde están los puntos críticos, y por eso hemos pedido mejorar el cableado y comenzar con el soterramiento. Al respecto, hay una idea que me parece particularmente interesante para proteger el patrimonio histórico.

Por ello, la Federación Regionalista Verde Social votará a favor este proyecto.

Nos alegra tramitar proyectos de ley iniciados en mociones que se relacionan con lo que le sucede a la ciudadanía permanentemente, para que no solo el gobierno, a través de sus urgencias, presente los temas de su interés.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, las construcciones y monumentos que se vinculan con la historia patria son símbolos o emblemas de nuestra identidad, de un pasado, de una cultura y de un futuro común y representativo de la nación. Los monumentos nacionales tienen un gran valor histórico, patrimonial y arquitectónico.

En los días que vivimos, nuestra juventud ha perdido todo interés en la apreciación y valorización de esos monumentos nacionales; ha perdido la esencia de la identidad y los valores patrios, llevándola a destruir, en su afán de justicia social mal informada, todo lo que encuentran a su paso.

La globalización, el internet y el avance desmedido de la tecnología han provocado, aparte del excesivo uso de cableado, un sentimiento de desarraigo, de falta de identidad y desapego de todo lo que involucre las raíces patrias.

El proyecto en debate es propicio para propender a ordenar el aspecto estético de nuestros monumentos nacionales, obligando a las distintas empresas de servicios a soterrar el cableado que utilizan y que ensombrece nuestros monumentos nacionales.

Aprovecho esta instancia para hacer un llamado para buscar, sin perjuicio de la presentación de esta iniciativa, los mecanismos para re encantar a nuestra juventud con los valores patrios, los emblemas nacionales y la cultura chilena, que están tan desarraigados de la misma. Para ello, sería útil propiciar programas en las mallas estudiantiles con la finalidad de que los jóvenes no se sientan con la libertad de rayar, destruir o perjudicar de cualquier forma las construcciones que simbolizan nuestra historia nacional, nuestros valores y el patrimonio nacional.

Si bien existen algunas municipalidades que han iniciado programas de protección en ese sentido, estas son muy pocas. Por ello, creo pertinente implementar desde ya las políticas públicas, sin dejar de considerar que el soterramiento resulta indispensable para garantizar la seguridad frente a las contingencias climáticas, el paso de vehículos pesados, la posibilidad de incendios, y por motivos de ornamentación.

En cuanto a los costos que el soterrado implique, me parece correcto y justo que este sea asumido directamente por las empresas de distribución del servicio eléctrico y los titulares de servicios de telecomunicaciones, sin que puedan ser traspasados a los clientes, tal como se dispone en el texto aprobado por la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones en su primer informe.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, como bancada vamos a votar a favor este proyecto. Aunque la iniciativa es positiva, tiene algunos asuntos que pueden estar de más, los que quizás pueden ser mejorados vía indicaciones. De hecho, estábamos en la idea de presentar algunas indicaciones, pero es importante que la iniciativa avance con rapidez.

Se hace urgente contar con una ley de patrimonio. Cerca de 200 personalidades de distintas partes del espectro político acaban de firmar una carta para hacer avanzar una ley de patrimonio. Piensen ustedes que la ley de monumentos nacionales que tenemos data de los años 70 del siglo pasado. Y dado lo que ha sucedido a partir del 18 de octubre en razón de la crisis social, se ha producido también una crisis en materia patrimonial. Huelga decir que la situación del cableado a nivel general -uno lo puede ver muy ilustrativamente en los cerros de Valparaíso es bien gravosa para la estética de las ciudades.

Asimismo, hoy se ha armado una discusión respecto de la importancia de algunas manifestaciones artísticas que se hacen sobre muros. En algún momento tratamos un proyecto, que hoy está en el Senado, respecto de los grafitis y del arte urbano. Por lo tanto, creo que cada día va tomando más relevancia el cómo tratamos nuestras ciudades.

Las manifestaciones se han tomado el centro de Santiago: la Plaza Italia, que ahora se llama “de la Dignidad”, un sector respecto del cual había un proyecto maravilloso para tomar todo el eje urbano de la Alameda y modificar la zona de Plaza Italia, lo cual habría ayudado para tener una ciudad más amable, con mejores veredas, con mejores luminarias.

En todo caso, todos quienes hemos trabajado en el área patrimonial, y en barrios patrimoniales propiamente tales, sabemos del problema que significan los cables que están a la vista, la mayoría de ellos en desuso. Lamentablemente, como mencionó la diputada Alejandra Sepúlveda , con quien curiosamente estoy bastante de acuerdo en muchas cosas en el último tiempo, lo cual me sorprende, también se produce un eje comuna rica/comuna pobre. Uno puede ver El Golf, Vitacura Oriente y otros, sectores donde se han soterrado los cables. Eso lo podemos ver también en distintas ciudades del resto del mundo. Basta ir a Viena, a París, al centro de Roma. Pero también se pude ver acá, en Latinoamérica: en Lima, en Quito, que tienen zonas patrimoniales muy bien conservadas, donde el soterramiento de cables va cooperando para tratar de tener una ciudad más limpia, más amable, más bonita.

Con este proyecto se busca cuidar específicamente aquellas zonas territoriales determinadas por la ley de monumentos nacionales o la próxima ley de patrimonio, lo que eventualmente podría extenderse a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Me refiero a aquellas zonas que están determinadas como zonas patrimoniales por este cuerpo legal, no solamente por la ley de monumentos nacionales. Pero, dado que implica un gravamen que afecta particularmente a las empresas de servicios eléctricos que ponen cables, parece razonable que ello esté determinado exclusivamente en la ley de monumentos nacionales. Sin embargo, este es un primer paso. Creo se puede avanzar con más fuerza en tratar de ir mejorando nuestros barrios patrimoniales, pues, en la medida en que mejoremos nuestros barrios patrimoniales, todo el sector mejora, mejora el turismo, mejoran las distintas economías locales, los lugares van tomando mayor prestancia y se va alcanzando aquello que queremos: tener una ciudad un poco más amable.

Desde hace bastante tiempo este asunto viene siendo abordado por la Unión Europea y en las legislaciones de los países que la componen, con resultados notoriamente buenos, autorizando un plazo a las distintas empresas de distribución eléctrica para ir poniéndose al día en cuanto no solo al soterramiento de cables en las aéreas patrimoniales, sino también en la elaboración de planes para deshacerse de aquella estructura que cuelga y que está en desuso.

Por tanto, anuncio que vamos a aprobar este proyecto. Solo hay un detalle, en un artículo que le impone el costo a las empresas y señala que este no podrá ser traspasado al usuario, lo cual me parece impensable. Creo que es un detalle que se debe arreglar. Es impensable que si una empresa eléctrica va a hacer mejoras de ese tipo ello no vaya a incidir en el precio. Pero eso se podrá ver en el momento en que se hagan las licitaciones.

En definitiva, me parece un muy gran avance que estemos legislando respecto de esta materia.

He dicho

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, le recordaba al diputado Osvaldo Urrutia , con quien comparto el mismo distrito, un proyecto de 2016, respecto del cual uno de los autores es Sergio Gahona , quien no está hoy en la Sala.

Digo esto porque él es diputado por el antiguo distrito N° 7, que incluía, entre otras zonas, a la ciudad de La Serena. Imagino la razón por la que lo presentó: por la misma razón por la que en 2006 o 2007, en mi primer período como diputado por La Serena, presenté un proyecto similar, que debe estar archivado, acumulando polvo desde hace mucho tiempo.

Lo que sucede es que en las ciudades patrimoniales, como La Serena y Valparaíso, la contaminación visual es un dato objetivo que afecta el carácter y el valor patrimonial de aquellas. Me refiero a ciudades completas. Es cosa de dar una vuelta por el centro de Valparaíso o de ir a visitar el centro típico de La Serena para darse cuenta de que el deterioro visual es gigantesco, porque el volumen, la cantidad de cables que cuelgan de los postes y que está presente en nuestro espacio aéreo es enorme.

Desde esa perspectiva, es bueno que tengamos una voluntad transversal de sacar adelante este proyecto. Este proyecto es acotado: habla de zonas típicas, monumentos históricos, monumentos nacionales. Durante su discusión invitamos a las autoridades de los ministerios de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, y sabemos que el gobierno, a propósito de un fallo de la Corte Suprema que termina responsabilizando y cargando la mano a los ciudadanos respecto de lo que ocurre afuera de sus propias casas, está trabajando un proyecto más integral.

No escuché muy bien la referencia que hizo el diputado Luciano Cruz-Coke respecto de Europa, pero si uno mira el estándar en materia de soterramiento de cables en ese continente, verá que el soterramiento de cables va desde el 50 hasta el ciento por ciento. Nosotros estamos muy lejos de eso, pues son muy pocas las zonas del país que están soterradas; solo recuerdo el centro de Santiago.

Hablé con los alcaldes Jorge Sharp y Joaquín Lavín respecto de lo que generalmente ocurre cuando hay temporales en Santiago. Soterrar una cuadra significa cerca de 400 millones de pesos. ¿Qué puede hacer un municipio respecto de los proyectos nuevos, por ejemplo, para construir edificios de departamentos? Establecer la obligación de que los proyectos contemplen el soterramiento de cables, y eso se carga al valor final de cada unidad del respectivo inmueble. Pero eso sirve para el futuro, y me parece muy bien que sea así, porque debiésemos ponernos la meta de avanzar en esta materia y, en un plazo razonable, llegar al ciento por ciento de soterramiento de nuestros cables.

No obstante, este debate tiene un segundo componente, el de la seguridad. Hace un par de años, en pleno centro de Valparaíso, a mediodía, cables en desuso, pero activos, se cortaron y terminaron soltando energía eléctrica, chispas y llamas en la calle. En cualquier momento pudo haberse incendiado, como ha ocurrido tantas veces, el centro de Valparaíso.

Entonces, este es un primer paso, acotado a los monumentos históricos, a las zonas típicas, a los monumentos nacionales, pero va en la dirección correcta, porque pone el peso y la responsabilidad en quien tiene que ponerlos: el que instaló el cable.

Por eso, los cables tienen que ser identificados. Los cables pueden ser “brandeados”, para que haya claridad sobre quién es su dueño. Y cuando no la hay, entonces, el que facilita la infraestructura desde la que se fija el cable debe hacerse responsable.

Sabemos que esta es una inversión multimillonaria, y ha habido buena disposición para explorar las vías para hacerlo: una es la ley de infraestructura, porque es perfectamente posible construir, por la vía de una concesión, de la ley de concesiones, del Fondo de Infraestructura, cableductos en las ciudades de nuestro país, en que un privado se haga cargo de su construcción y que las empresas que requieran instalar cables los utilicen. De hecho, creo que todos hemos sido testigos de la cantidad de veces que se rompe la calle para instalar un cable, una cañería o lo que sea, y cuando se termina la construcción de la obra, viene otra empresa y hace la misma destrucción para instalar más cables. Es decir, hay un problema de organización, de coherencia en cuanto a cómo se utiliza el espacio público, particularmente los bienes nacionales de uso público en que se instalan este tipo de cables.

Este proyecto combina de manera razonable dos aspectos: el primero, de seguridad, y el segundo, de limpieza del paisaje, lo que nos permite preservar, visibilizar y exhibir nuestros monumentos nacionales, nuestros monumentos históricos, nuestras zonas típicas.

Es un primer paso. El objetivo debiese ser estar a la altura de lo que se hace en los países más desarrollados, en los que el ciento por ciento o sobre el 70 por ciento del cableado va por vía subterránea, no aérea, asegurando con ello la no contaminación del espacio aéreo y la seguridad de los vecinos y vecinas residentes y de los transeúntes.

Por lo tanto, estoy muy contento de que estas mociones refundidas y transversales hayan llegado a la Sala. Ojalá consigan el apoyo unánime de la Cámara.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Celso Morales .

El señor MORALES.-

Señor Presidente, me alegra profundamente que estos dos proyectos se complementen para hacer frente a una situación que en las ciudades se presenta como compleja, en términos visuales, del paisaje urbano de diferentes barrios típicos o de monumentos nacionales.

Conforme a mi experiencia como alcalde, puedo decir que durante muchos años buscamos la posibilidad de retirar la maraña de cables que había en la ciudad; pero las buenas intenciones suelen chocar con la posibilidad efectiva de llevarlas a cabo.

Acá hay dos iniciativas refundidas. Una de ellas es la que presentamos hace bastantes años y que felizmente hoy se está discutiendo en la Sala. Al respecto, como es de suponer, desde el momento en que presentamos el proyecto y hasta la fecha ha crecido el número de cables que cuelgan en los postes de nuestras ciudades.

Como dije, me alegro de este proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que puede ser la solución para eliminar este problema y limpiar el paisaje. Apoyo el proyecto que exige programas de retiro a las empresas, que creo que son las principales protagonistas de llevar a cabo dicho retiro. Me alegro de que se les entregue la obligación a las empresas, para que ellas sean las que den solución a este problema, pues son ellas las que utilizan los postes, las que sacan provecho de esas instalaciones. Pero, a mi parecer, fallamos al no otorgar un plazo prudente para que lleven a cabo esta obligación.

Entonces, siempre va a estar la disposición, la buena voluntad, pero si no está reglamentado que se imponga a las empresas la obligación de hacerlo en un plazo determinado, será difícil que esto avance.

Esto pasa por voluntades, así que espero que estas empresas tengan la voluntad de hacerlo. Sin duda, el costo es alto, por lo que algunas municipalidades no lo podrán hacer. Hablo especialmente por las de la Región del Maule, en especial por la comuna de Curicó, donde tenemos una de las plazas más hermosas de Chile, la que, debido a la maraña de cables a su alrededor, no se puede disfrutar adecuadamente, como zona típica.

Me parece que hay posibilidades de que esto avance en buenos términos y espero que estas iniciativas refundidas sean apoyadas por la gran mayoría de la Cámara de Diputados y, por sobre todo, que se pueda llevar a cabo, que sea eficaz, y que se concreten esas buenas intenciones, para que, de una vez por todas, saquemos la maraña de cables que existe en diferentes partes de las ciudades.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis . No hará uso de la palabra.

En consecuencia, tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, en primer lugar, destaco el espíritu -muchas veces cuesta verlo en el Congreso Nacional que se dio en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones respecto de la disposición para aunar criterios, refundir distintas ideas, de distintas épocas, en torno a este objetivo, que es contar con ciudades que resguarden de mejor manera sus lugares históricos y patrimoniales, y, sobre todo, que brinden seguridad a sus vecinos.

Este proyecto busca, por una parte, eliminar esa especie de “basura aérea”, constituida por cableado eléctrico en desuso, y por otra, el soterrado del cableado útil ubicado en el espacio aéreo, con la finalidad de preservar la imagen, la identidad y la naturaleza de barrios históricos y monumentos nacionales.

Ello implica la modificación de tres cuerpos normativos vigentes: la ley de monumentos nacionales, la Ley General de Servicios Eléctricos y la Ley General de Telecomunicaciones.

Dentro de los monumentos nacionales, constituyen categoría de históricos todos los lugares, ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad, o por interés histórico o artístico, o por su antigüedad sean declarados como tales por decreto supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo del consejo.

Es un hecho público y notorio que esta clase de patrimonio se ha visto afectado durante años por la contaminación visual que provoca el cableado eléctrico, entendido como residuo, desecho o escombro, al encontrarse en desuso y mantenerse en los mismos lugares, debido al alto costo económico que significa su retiro. La legislación actual no contempla, respecto de las empresas de energía eléctrica ni de las de servicios de telecomunicaciones, la obligación o deber de contar con programas de soterramiento de cables y de retiro de elementos en desuso.

El retiro de estos escombros ha quedado entregado, hasta la fecha, a la buena voluntad de compañías y a ordenanzas municipales, según se vio durante el estudio de la iniciativa en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones.

La moción busca, por un lado, resguardar nuestro patrimonio histórico-cultural, las ruinas arqueológicas, los barrios tradicionales y las zonas típicas y pintorescas, y por otro, otorgar mayor seguridad para los transeúntes, así como contar en el tiempo con una mejor planificación urbana. Para ello, se analizó la experiencia comparada de Francia, Estados Unidos de América, Bélgica y otros países, donde el soterramiento de los cables es considerado con una importante valoración urbana.

Durante la discusión en la comisión, manifesté mi aprobación y convencimiento respecto de esta iniciativa, ya que implica una mayor seguridad que se evidencia, y que me toca muy de cerca, dado que represento a Iquique, donde tenemos amplios sectores históricos en la región, como el barrio El Morro y la calle Tarapacá . Señalé que respecto de Tarapacá existe un plan piloto de retiro de basura aérea, gracias al cual se han retirado toneladas de cables en la ciudad de Iquique, en un esfuerzo que ha sido liderado por el gobierno regional con la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, y que ha contado con el apoyo de la municipalidad.

Ahora bien, mi crítica apuntaba a que este proyecto no precisaba la autoridad a la cual las empresas deben presentar los programas de retiro de cables para su aprobación y revisión, lo cual fue subsanado.

También planteé una inquietud, que surgió en este debate, acerca de los costos que podrían verse obligados a asumir los consumidores en virtud de la Ley General de Servicios Eléctricos. Hicimos insistentes preguntas al respecto, tanto a la Subsecretaría de Telecomunicaciones como a la de Energía. Ahí tenemos un desafío importante a futuro, que va muy entrelazado con esto, como señaló el señor Ricardo Irarrázabal , entonces subsecretario de Energía, en el sentido de que era importante avanzar en calificar los cables en desuso como residuos de las empresas, para que les sea aplicable la ley de responsabilidad extendida del producto, la famosa ley REP, que ya ha comenzado a funcionar con otro tipo de materiales, con el objeto de que se hagan responsables en aplicación del viejo dicho ambiental de que “el que contamina, paga”.

Hoy presentamos a la Sala un proyecto que, entre sus principales objetivos, establece programas, procedimientos y plazos muy claros para el retiro y el soterrado de los cables, tarea para la cual las empresas tendrán un plazo, estableciéndose un programa de retiro dentro del año siguiente a la promulgación de la ley en proyecto. Ahora, si la autoridad rechaza total o parcialmente el plan de retiro, las empresas deberán reformularlo en un plazo no superior a seis meses. Por lo tanto, el retiro de los cables no ha quedado al arbitrio o a los recursos de las empresas, sino que se establece mediante un mandato legal.

Por todas las razones expuestas y por ser una medida concreta para la protección y el cuidado de todos y cada uno de nuestros monumentos históricos, vamos a aprobar esta iniciativa, que contribuye a dotar de mayor seguridad no solo a los inmuebles calificados como monumentos nacionales, sino también a los vecinos que transitan por sus inmediaciones.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales .

El señor BERNALES.-

Señor Presidente, durante mucho tiempo debatimos este proyecto de ley, en cuya discusión participaron diversas instituciones y municipios que nos contaron su experiencia respecto del soterramiento de cables. Hemos logrado avanzar hasta lograr que se establezca la obligatoriedad del soterramiento de cables e instalaciones en zonas declaradas como monumentos históricos.

En Chile hay declarados 910 monumentos históricos; entre Santiago y Valparaíso hay 373, y el resto se divide entre las demás regiones. En la Región de Los Lagos, por ejemplo, hay 50 monumentos históricos; en Aysén hay solo 11 y en Magallanes hay 45.

¿Por qué menciono esto? Porque hoy, en la Comisión de Cultura, estamos discutiendo una modificación de la ley sobre monumentos nacionales, con el fin de convertirla en una ley de patrimonio nacional. Se trata de algo que las comunidades y la gente que trabaja en el mundo de la cultura nos han pedido hace bastante tiempo, porque la ley sobre monumentos nacionales quedó obsoleta, por lo que, evidentemente, se requiere de un cambio de paradigma y entender de otra forma el concepto de patrimonio.

También lo digo porque de aprobarse ese proyecto de ley, aún en estudio, desde las regiones, no desde Santiago como se hace actualmente, se podrá definir qué lugares o construcciones son considerados patrimonio nacional. Por lo tanto, no será necesario enviar un expediente a Santiago, que probablemente quede durmiendo en una oficina ministerial. Basta recordar que el Consejo de Monumentos Nacionales se reúne una vez al mes. La futura ley establece la creación de consejos regionales. Llevamos ocho meses de debate de ese proyecto de ley, y hay gente que está a favor de él y otros que desean ir más allá y mejorarlo. Se ha generado una mesa de trabajo para avanzar en esta materia.

Reitero: en regiones ya no necesitaremos esperar que desde Santiago declaren qué sitios o edificios son monumentos nacionales, pues en esa espera el monumento puede venirse abajo.

En el sur, la mayoría de los monumentos nacionales son edificaciones de madera. El Estado poco y nada hace por ayudar a quienes son dueños de una propiedad considerada monumento histórico de una zona típica, por lo que muchas veces estas personas ven que sus propiedades se deterioran porque no reciben los cuidados ni la mantención necesaria y, finalmente, se vienen abajo.

El proyecto que hoy discutimos es un pequeño paso para eliminar el cableado en desuso que se ha convertido en basura aérea que cubre nuestros monumentos históricos. En el caso de la Región de Los Lagos, específicamente en Chiloé, si uno quiere fotografiar una de sus iglesias, que además son patrimonio de la humanidad, tiene que retroceder varias cuadras para obtener una foto sin que aparezcan todos los cables que las rodean. Esta medida debe extenderse a todas las ciudades que tienen en sus postes gran cantidad de cables en desuso. Basta con recorrer Puerto Montt , Castro y otras comunas para ver aquello.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó que un 70 por ciento del cableado de telecomunicaciones no está operativo. Si uno pudiera graficarlo, tenemos 2.000 kilómetros de cables en desuso, que corresponde a un viaje ida y vuelta Santiago-Puerto Montt por la carretera. Por lo tanto, debemos ponernos un plazo para eliminar toda esa basura aérea, que, además, produce contaminación visual. Aunque muchos ya estén acostumbrados a ver esa basura en nuestras ciudades, la verdad es que no podemos permitirlo ni considerarlo normal.

Por las razones expuestas, llamo a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor AUTH (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Javier Macaya .

El señor MACAYA.-

Señor Presidente, en 2016, junto con otros parlamentarios de nuestra bancada, como los diputados Sergio Gahona , Javier Hernández , Issa Kort , Celso Morales , Iván Norambuena , David Sandoval y Enrique van Rysselberghe , y el entonces diputado Felipe Ward , presentamos una moción -hoy refundida para enfrentar un tema que comenzaba a ser urgente, como es la necesidad de entregar más justicia urbanística a determinados lugares.

En nuestro país existe una dicotomía, originada particularmente por las injusticias que genera la ley de rentas municipales, lo que hace que al transitar por comunas como Vitacura, Lo Barnechea o Las Condes uno se encuentre con lugares muy bonitos, en general limpios de cableado en desuso. Lamentablemente, esa basura aérea, como la calificó el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, es un elemento que influye demasiado en la belleza urbana de determinados lugares.

En ese sentido, en las comunas de escasos recursos la realidad es bien diferente a la de las comunas que mencioné, por lo que es importante resaltar la urgencia de la medida que estamos discutiendo, pues nos permite avanzar en mayor inclusión social, en mayor justicia territorial y en mayor justicia urbanística.

Este proyecto de ley constituye un avance, particularmente considerando cómo han quedado algunas ciudades con posterioridad al 18 de octubre. Constituye uno de los desafíos que tenemos como sociedad para empezar a tratar mejor nuestras ciudades, que es el lugar donde vivimos.

Aquí hay una mirada que va más allá de este proyecto, una mirada a la inclusión social respecto de lo que ocurre en comunas que tienen más recursos por concepto del Fondo Común Municipal, de las contribuciones y de los impuestos territoriales. Es importante esta mirada de justicia que se da respecto de estas comunas que tienen la posibilidad de tener lugares más hermosos, acordes al estándar de vida que hoy exigen los chilenos.

La moción que presentamos se refería a los monumentos nacionales, y fue refundida con otra que obligaba a las empresas a retirar sus cables en desuso. Los municipios son actores claves en esta tarea. Algunos lo han hecho muy bien, han avanzado en ordenanzas municipales para multar a aquellas empresas que no han hecho el retiro. Hay razones urbanísticas y de seguridad para exigir el cumplimiento de esta medida.

Lamentablemente, todavía estamos en pañales, pues las cifras de soterramiento de cables a nivel nacional son de cerca de 3 por ciento, particularmente cables de mediana y de baja densidad. Tenemos un problema distinto con los cables de alta tensión, que trasportan energía de un lugar a otro. En los lugares en que más se ha avanzado es donde los alcaldes han tenido la capacidad de negociar directamente con las empresas o de emitir -existe esa facultad ordenanzas municipales que aplican duras sanciones. Así y todo no llegamos al 2 por ciento.

Cuando revisamos las cifras de países con los que procuramos que nos comparemos en el futuro Chile, nos encontramos con que en Europa el promedio de soterramiento de cables es superior al 50 por ciento y que en países como Holanda alcanza el 98 por ciento.

Debemos empezar a entender que el soterramiento es parte de la justicia territorial y, también, de la integración social, que es un concepto que se ha ido incorporando a los desafíos que se le vienen a la política.

El proyecto de ley no solo constituye un avance y permite generar más conciencia respecto de las normas de urbanismo y construcción, sino también tiene que ver con la justicia en términos de recaudación de recursos. Al final del día, los esfuerzos de las comunas más ricas terminarán impactando en la calidad de vida de los vecinos que viven en ellas. Desde esa perspectiva, creo que el proyecto constituye un avance importante.

Vamos a aprobar la iniciativa, la cual consiste en un primer paso de muchos que deben darse, y que fundamentalmente tiene que ver con hacer obligatorio el soterramiento de cables en determinados lugares.

Reitero que los alcaldes que cuentan con ordenanzas municipales y planes reguladores han dado pasos significativos en la materia, pero necesitamos que este esfuerzo sea más generalizado para lograr una integración social real.

Anuncio que votaremos a favor el proyecto.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri Vergara .

El señor ALESSANDRI.-

Señora Presidenta, celebro este proyecto tramitado en la Comisión de Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, y felicito a los integrantes de dicha instancia.

Da gusto ver este tipo de proyectos, porque abordan temas inherentes a países desarrollados. El hecho de que el Congreso Nacional, o la Cámara, al menos, dedique esta mañana de jueves al soterramiento de los cables dice mucho, como, por ejemplo, que Chile ha ido resolviendo otros problemas, pues ya no estamos hablando solo de mortalidad infantil, de acceso al alcantarillado, de escolaridad o de acceso a la escolaridad básica, como ocurre en los países subdesarrollados, sino de temas más sofisticados.

Para quienes pregonan que Chile no ha hecho nada bien en los últimos 40 años, que se esté tratando este tema esta mañana en el Congreso es prueba de lo contrario.

Obviamente, que nos fijemos en este tipo de temas es importante por estética, por urbanismo, pero también para cumplir el objetivo de eliminar postes. Con esta medida no solo prescindiremos de los cables, sino también de los postes que los sostienen y que atraviesan cascos históricos. Todo ello dará mayor espacio al peatón. Todos sabemos que hoy la tendencia es a que las ciudades sean a escala humana, que los centros de las ciudades sean construidos para el peatón y no para el automovilista. Además, la medida garantiza mayor seguridad en caso de tormentas, de lluvia o de viento, porque muchas veces hemos visto cómo postes caen sobre las viviendas, cómo árboles caen sobre los cables y se producen accidentes graves.

El proyecto avanza en el sentido correcto, a saber, proteger los centros históricos de las ciudades y los lugares donde hay más monumentos calificados como históricos, pero es importante seguir avanzando para que nunca más en Chile el desarrollo inmobiliario no esté acompañado de la exigencia de soterrar. Bien saben los honorables parlamentarios que cuando el cable ya está instalado y después se quiere soterrar el costo es enorme: 1 millón de dólares por cuadra. En cambio, cuando hay un terreno que pasa de agrícola a urbano y se construyen nuevas viviendas, un nuevo centro urbanístico, es mucho más barato realizar el soterramiento, porque ello es mucho menos costoso que hundir cables que ya existen.

Como dijo el diputado Marcelo Díaz , el costo de esto, es decir 1 millón de dólares por cuadra, se traspasa al precio de los departamentos de los nuevos proyectos inmobiliarios, lo que los encarece.

¿Qué hizo el alcalde Joaquín Lavín en 1996? Dictó una ordenanza en su municipio que señalaba que se premiaría con un 10 por ciento a favor del coeficiente de constructibilidad a los proyectos que soterraran los cables. De esta manera, el costo no se traspasa al precio del departamento, pues la inmobiliaria es capaz de hacer un piso más y, con esos cuatro o cinco departamentos adicionales, financia el soterramiento de cables. La idea funcionó bastante bien. De hecho, en Las Condes, en los últimos 15 años, se han soterrado más de 34 kilómetros de cable.

Sin embargo, existe otro problema: el único autorizado para hacer soterramiento de cables es la compañía eléctrica. Por lo tanto, cuando llega una inmobiliaria o un municipio a pedir cotización, la compañía eléctrica cobra el estrepitoso precio de 1 millón de dólares por cuadra.

En mi distrito, muchas inmobiliarias señalaban que podían traer expertos españoles, por ejemplo, que han soterrado durante 20 años a un quinto del precio cobrado en el mercado nacional, pero la compañía eléctrica no les daban la autorización para soterrar. Finalmente, había un tremendo negocio que terminaba dañando las ciudades.

Necesitamos más competencia para que no sea la compañía eléctrica la única que pueda ejecutar las obras. La idea es que vengan diez o veinte compañías, incluso extranjeras, con experiencia, y realicen ese trabajo a un quinto del valor que ofrecen las compañías eléctricas locales.

Celebro esta iniciativa, que nuestra bancada votará a favor. Ojalá pasemos de establecer esta obligación que rige para los centros históricos a todos los nuevos proyectos inmobiliarios y a todas las ciudades. Como dije, no solo se trata de estética y urbanismo, sino de generar más espacio para el peatón, porque una ciudad que es peatonal es una ciudad que está al servicio de su comunidad y brinda mayor seguridad en caso de tormentas de viento.

El alcalde de La Reina hizo un esfuerzo en este sentido. Como una forma de presionar a las compañías de servicios que requerían de postes les comenzó a cobrar por concepto de utilización de bien nacional de uso público.

Felicito al diputado Alejandro Bernales y a la Comisión de Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones por la tramitación de esta iniciativa. Ojalá sigamos adelante en este propósito para que los peatones de ciudades como Valparaíso, Santiago , Concepción y otras algún día puedan mirar el cielo directamente, sin pasar por un entramado sucio de cables en uso y desuso.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar el informe de la comisión especial investigadora de la actuación de los organismos del Estado en cuanto a la prevención y sanción de situaciones de maltrato en contra de soldados y conscriptos de las Fuerzas Armadas.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, se destinarán hasta diez minutos para la rendición del informe y una hora para el debate, distribuida proporcionalmente entre las bancadas, según los tiempos que se indican a continuación:

Comité Renovación Nacional, 13 minutos y 56 segundos; Comité Unión Demócrata Independiente, 11 minutos y 37 segundos; Comité Socialista, 6 minutos y 58 segundos; Comité Demócrata Cristiano, 6 minutos y 12 segundos; Comité Comunista, 3 minutos y 29 segundos; Comité Mixto Liberal, Comunes e Independientes, 3 minutos y 6 segundos; Comité Revolución Democrática e Independientes, 3 minutos y 6 segundos; Comité Partido por la Democracia, 3 minutos y 6 segundos; Comité Evolución Política, 2 minutos y 19 segundos; Comité Radical e Independientes, 2 minutos y 19 segundos; Comité Federación Regionalista Verde Social e Independientes, 1 minuto y 56 segundos, y Comité Mixto Humanista, Ecologista Verde e Independientes, 1 minuto y 56 segundos.

Diputado informante de la Comisión Especial Investigadora es el señor Mario Desbordes .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos del Estado en la prevención y sanción de situaciones de maltrato en contra de soldados y conscriptos de las Fuerzas Armadas (CEI 25), sesión 68ª de la presente legislatura, en martes 3 de septiembre 2019. Documentos de la Cuenta N° 17.

El señor BRITO (de pie).-

Señora Presidenta, honorable Cámara, en reemplazo del Presidente de la Comisión, el diputado Mario Desbordes , paso a rendir el informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos del Estado en cuanto a la prevención y sanción de situaciones de maltrato en contra de soldados y conscriptos de las Fuerzas Armadas.

Consideraciones, conclusiones y propuestas aprobadas por la Comisión

Consideraciones

1. En Chile, el servicio militar es obligatorio para el 100 por ciento de las personas de sexo masculino que cumplan 18 años de edad. De ellos los estudiantes no voluntarios sorteados pueden realizarlo en tres modalidades: la conscripción ordinaria, la prestación de servicios o el curso especial de instrucción militar hasta por 150 días.

2. Las entidades a cargo del proceso y sus funciones son las siguientes:

a) El rol del proceso de reclutamiento y selección del contingente está cargo de la Comisión Nacional de Reclutamiento (CNR), que preside el subsecretario para las Fuerzas Armadas.

b) La Dirección General de Movilización Nacional debe proporcionar el personal necesario para cubrir las exigencias del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, a través del servicio militar.

c) Las Fuerzas Armadas, a las que les corresponde seleccionar el personal necesario para cubrir sus requerimientos y acuartelar, instruir, entrenar, capacitar y licenciar al contingente del servicio militar. Además, le corresponde facilitar la reinserción laboral de los ciudadanos, una vez licenciados.

3. En nuestro país los soldados y/o marineros conscriptos, ascienden a 10.836, correspondientes a 9.399 hombres y 1.437 mujeres.

4. El proceso de admisión en Chile para el servicio militar cuenta con las siguientes exclusiones:

a) No aptos por imposibilidad física o psíquica.

b) Miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería.

c) Cumplimiento del servicio militar le ocasiona un grave deterioro socioeconómico de su grupo familiar, por ser la principal fuente de ingresos.

d) Casados o que estén en vías de ser padres antes del primer sorteo.

e) Condenados a pena aflictiva, salvo que la Dirección General los considere moralmente aptos.

f) Los descendientes por consanguinidad en línea recta y en línea colateral, ambos hasta el segundo grado inclusive, de víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política.

5. La difusión del servicio militar se enfoca en:

a) Motivar la conscripción de manera voluntaria.

b) Llegar a los padres y jóvenes postulantes conectando con ambos.

c) Vincular a estos dos grupos estableciendo un criterio comunicacional especial para cada uno.

6. Respecto del voluntariado en el servicio militar, hay tres momentos en que se ha visto disminuido: durante los años 2013, 2016 y 2018. A través de los medios de comunicación nos hemos enterado de que en la última conscripción también ha disminuido el número voluntarios al servicio militar. Algunos de los factores que podrían afectar la voluntariedad son: la tasa de cesantía, la disminución de la pobreza, la gratuidad en la educación, la beca Nuevo Milenio y la contingencia nacional, entre otros.

Conclusiones

1. Desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.045, en 2005, que privilegió la voluntariedad en el proceso de acuartelamiento, se ha producido una disminución progresiva de la cantidad de hombres que voluntariamente quieren realizar el servicio militar en el país.

2. La instrucción que reciben los conscriptos durante el servicio militar implica para cualquier persona un sometimiento a altos niveles de estrés físico y mental. Para controlar de mejor manera sus efectos, se requiere la implementación de mecanismos que, durante el proceso de instrucción, permitan un adecuado nivel de protección de los derechos de los conscriptos.

3. De acuerdo con la opinión entregada por el Ejército respecto del soldado conscripto de iniciales MAVG, que en paz descanse, de la dotación de la Escuela de Caballería Blindada, durante su servicio militar el año recién pasado, él tuvo ciertas dificultades para adaptarse a la vida dentro del cuartel, viéndose afectado el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, lo que derivó en que la institución le aplicara sanciones de acuerdo con el reglamento de disciplina.

Sin perjuicio de lo anterior, los desafortunados eventos que tuvieron ocurrencia en la Escuela de Caballería Blindada, donde el conscripto en cuestión habría asesinado a algunos de sus compañeros de armas y luego se habría quitado la vida, dan cuenta de la necesidad de poner mayor atención a las circunstancias en que se imponen las sanciones a los infractores, así como también estudiar la posible actualización de la normativa existente en materia de faltas y sanciones.

4. De acuerdo con lo informado por el Ejército, esta institución aplicó los procedimientos y protocolos establecidos para los casos de alerta relacionados con enfermedades mentales y psiquiátricas, dado que el soldado conscripto mencionado representó su intención de quitarse la vida al mando correspondiente, siendo derivado a la psicóloga de la VI División de Ejército, quien descartó algún tipo de afección psiquiátrica, por lo cual el soldado continuó en funciones y el día de los hechos se encontraba prestando servicios de guardia en el cuartel.

Por lo tanto, resulta pertinente concluir que es necesario realizar una revisión profunda de los procedimientos y mecanismos establecidos para enfrentar las señales de alerta en materia de salud mental.

5. En ese sentido, el caso del conscripto demuestra la necesidad de mejorar los procesos para la detección temprana de problemas vinculados a trastornos mentales, como también el acompañamiento necesario y el monitoreo permanente de las personas que empuñan armas.

6. Asimismo, de los lamentables hechos ocurridos e investigados por esta comisión, es posible evidenciar debilidades en los mecanismos de ingreso y selección de los soldados conscriptos que realizan su servicio militar anualmente. Un ejemplo claro de lo anterior es que el Ejército no realizaba exámenes psicológicos u otros de salud mental durante el proceso de selección de los soldados conscriptos, sin perjuicio de que dentro de los primeros quince días de su acuartelamiento se realizan, por parte de los psicólogos, algunos test de personalidad.

El resultado obtenido en el examen extraordinario dispuesto hace algunos meses por el Ejército denota la importancia de su realización de manera permanente.

8. El Ejército actualmente cuenta con mecanismos de denuncia y fiscalización para situaciones de vulneraciones de derechos de sus funcionarios. Sin embargo, se propone que exista la obligatoriedad de denunciar como parte de los deberes militares.

Proposiciones

1. Solicitar que las Fuerzas Armadas realicen una evaluación preventiva y permanente con el propósito de aplicar mediciones psicológicas u otras de salud mental como parte de sus requisitos de selección, previo al ingreso y durante el acuartelamiento del contingente seleccionado, a través de test psicológicos periódicos y aleatorios.

2. Mejorar la protección de los derechos y generar mayores oportunidades para los conscriptos, manteniendo el profesionalismo y doctrina en la formación, a través de las siguientes iniciativas:

a) Recomendar que el Ministerio de Defensa Nacional suscriba un convenio con el Ministerio de Salud para la prevención de trastornos de salud mental.

b) Instar a que las instituciones de las Fuerzas Armadas mantengan permanentemente un profesional de la salud mental al interior de cada unidad militar, con el que hoy no se cuenta.

c) Solicitar que el Ministerio de Defensa Nacional fortalezca el convenio existente con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el cual incluye procedimientos para denunciar; generación de informes mensuales al ministro de Defensa Nacional con las denuncias de acoso y su estado; protocolos sobre acoso sexual y laboral; ampliación del servicio militar femenino y difusión de la normativa de igualdad de acceso.

d) Mejorar los canales de denuncia y el procesamiento de información relativa a situaciones de acoso laboral o sexual dentro del servicio militar, haciéndole llegar esta información al Ministerio de Defensa Nacional para aumentar el control civil.

f) Propender a que las instituciones armadas fortalezcan las medidas para incentivar el ingreso a las escuelas matrices. Con esto, se permitiría que mayor cantidad de conscriptos puedan continuar su carrera militar.

g) Se propone estudiar una modificación respecto de los requisitos legales que actualmente se exigen para el ingreso a la planta de Soldado de Tropa Profesional, estableciendo expresamente que quienes ingresen a dicha carrera deberán haber cumplido con el servicio militar satisfactoriamente.

h) Se recomienda que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la Dirección de Movilización Nacional analicen la actual ficha de inscripción y el formulario de postulación voluntaria al servicio militar, a fin de generar nuevos documentos digitales, cuya información será completada directamente por el ciudadano.

2. En cuanto a la prevención y sanción de abusos y maltratos en contra de soldados en el Ejército:

a) Respecto de los casos de maltrato ocurridos en los últimos cinco años, se han aplicado sanciones disciplinarias en las respectivas hojas de vida a 51 responsables y se ha dado de baja de la institución a 39 integrantes de la misma por maltratos o abusos ocurridos en la conscripción.

b) A raíz de los sucesos acaecidos en la Escuela de Caballería Blindada del Ejército, recomendar que la institución realice una revisión de sus procesos, con el propósito de reforzar lo que se ha ejecutado y modificar el examen psicológico por una evaluación más rigurosa.

c) Instar a las Fuerzas Armadas para crear un programa de resiliencia y bienestar que busque fortalecer la salud mental en el personal militar, a través de medidas de prevención de salud y detección precoz de conductas de riesgos, tales como el consumo de alcohol y drogas.

En tal sentido, se sugiere que el Ministerio de Defensa Nacional instruya a las instituciones castrenses para que fortalezcan los protocolos y adopten las medidas necesarias para prevenir, detectar y sancionar el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes.

d) Proponer la formación de un equipo multidisciplinario de contención y apoyo conformado por especialistas, cuya finalidad sea intervenir una unidad que se encuentra viviendo una situación de crisis que podría generar insatisfacción.

e) Efectuar un nuevo examen psicológico, el mismo que se aplica para el ingreso a la institución, el cual detecte conductas desadaptativas y patologías clínicas que podrían desencadenar un riesgo para los conscriptos o la sociedad.

f) Generar nuevos mecanismos, con la participación del Ministerio de Salud, que tengan por finalidad la detección temprana, seguimiento, acompañamiento y licenciamiento oportuno de conscriptos que son afectados en algún ámbito de su salud mental.

3. Reforzar las vías, formas de denuncia y la protección al denunciante.

En este sentido, vuestra comisión estimó conveniente establecer las siguientes medidas:

a) Consagrar como deber militar la obligación de denunciar situaciones de maltrato o abusos de cualquier índole.

b) Contemplar mecanismos adecuados de denuncia que resguarden de manera integral al denunciante.

c) Propender a que se realicen las modificaciones legales que sometan los hechos denunciados a la jurisdicción común, a través del Ministerio Público.

4. En cuanto al servicio militar.

a) Mejorar la generación de oportunidades futuras de quienes ingresen a realizar el servicio militar, a fin de aumentar las tasas de voluntariedad.

b) Implementar medidas que permitan un aumento progresivo de la participación femenina en el servicio militar.

c) Recomendar que la Dirección de Movilización Nacional aumente la difusión de los beneficios derivados del servicio militar a aquellos ciudadanos que deben realizarlo.

5. Proponer al Ministerio de Defensa Nacional que informe anualmente a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados acerca de las estadísticas vinculadas al acoso laboral o sexual de los conscriptos, las medidas adoptadas y las sanciones si hubiere responsables.

6. Sugerir que el Ministerio de Defensa Nacional instruya a las tres ramas de las Fuerzas Armadas para integrar la Mesa de Prevención para la Tortura, que encabeza el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

7. En materia de formación de las Fuerzas Armadas, se hace necesario actualizar la ley Nº 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, a fin de incorporar el respeto y garantía de los derechos humanos, permitiendo la incorporación de esta dimensión como un aspecto central y transversal en la formación e instrucción castrense.

Por ello, la comisión concluye que es necesario incorporar mediante una modificación legal la formación en derechos humanos en las Fuerzas Armadas relativa a su teoría y sus bases jurídicas, el régimen jurídico en derechos humanos, derecho penal especial en derechos humanos y el rol de las Fuerzas Armadas en la protección y garantía de los derechos humanos de la sociedad.

8. Respecto del conscripto Marco Antonio Velásquez González (q.e.p.d.), requerir que el Ejército informe a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, inmediatamente concluidos los procesos administrativos y judiciales en trámite, acerca de las responsabilidades de los mandos en el regimiento respectivo, de las consideraciones conductuales y del hecho de haberlo puesto a realizar una guardia pese a la existencia de un parte médico.

La única recomendación que no fue aprobada por la comisión es aquella que propone que el servicio militar sea exclusivamente voluntario y deje de ser obligatorio.

Eso es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En discusión el informe. Tiene la palabra el diputado señor Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, con fecha 16 de marzo de 2019, al interior de la Escuela de Caballería Blindada del Ejército, en Iquique, un soldado conscripto de 18 años de edad disparó y dio muerte a un sargento segundo y a un cabo, para posteriormente suicidarse. Esa noticia, que enlutó a Iquique y a toda la Región de Tarapacá a inicios del año recién pasado, así referida, resulta dura, incompleta y aparentemente carente de motivos, ya que este dramático hecho está precedido de una antesala invisibilizada ante los ojos de la opinión pública o circunscrita única y exclusivamente a la mirada de los medios que la dan a conocer.

Entonces, cabe preguntarse qué motivó una conducta de tal entidad, en qué circunstancias se encontraba ese joven, cuál era su realidad física y emocional en ese momento, cómo ingresó al servicio, si era apto, qué evaluaciones se le realizaron, cómo se le incentivó para seguir en ese camino, si fue escuchado, por qué lo hizo, cómo se le protegió, y si los procedimientos, protocolos o herramientas destinados a canalizar esas denuncias fueron eficaces.

Como padre, hechos como este causan un profundo dolor, impactan y conmocionan.

Como parlamentario por la Región de Tarapacá, me veo en la necesidad y en el deber de promover un camino eficaz para la canalización de denuncias sobre maltrato o eventual hostigamiento de quienes decidan optar por el servicio militar y hacer carrera, o derechamente acuñar una carrera en las filas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, a través de herramientas que apunten al perfeccionamiento de los procedimientos destinados a la prevención del maltrato, a la protección de las víctimas y a la aplicación de las sanciones de quienes resulten responsables.

Los procedimientos, de acuerdo con las conclusiones que arroja el presente informe, ya existirían en el Ejército. Por eso hablo de apuntar a su revisión y perfeccionamiento con miras a su eficacia, para que hechos como el ocurrido en Iquique y en otros lugares del país no vuelvan a ocurrir.

Es así como durante el trabajo de la comisión investigadora tuvimos la asistencia de una gran cantidad de representantes de instituciones como el Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y del alto mando del Ejército, a fin de imponernos de los procesos de selección, los exámenes y requerimientos técnicos para analizar el perfil de las y los jóvenes que ingresan al servicio militar, de los protocolos y la normativa vigente que rigen la canalización de las denuncias en caso de maltrato u hostigamiento y, por cierto, a mi juicio, del grado de burocracia y falta de respuesta oportuna que ello ha implicado en la práctica. Lo más estremecedor, por cierto, fue el relato que nos hicieron la madre y el hermano del conscripto.

En Chile, el servicio militar es obligatorio para el ciento por ciento de las personas de sexo masculino que cumplen 18 años de edad. De ellos, los estudiantes no voluntarios sorteados -escolares en su último año, de institutos técnicos y universitarios, y alumnos en práctica pueden realizarlo en tres modalidades: conscripción ordinaria, prestación de servicios y Curso Especial de Instrucción Militar.

Así, en nuestro país los soldados y/o marineros conscriptos ascienden a 10.836, correspondientes a 9.399 hombres y 1.437 mujeres.

La voluntariedad del servicio militar femenino se inició en 2007 en el Ejército; sin embargo, solo a partir de 2016 en la FACh y desde 2017 en la Armada. En el caso del Ejército, la voluntariedad femenina ha ido disminuyendo, sin perjuicio de lo cual la conscripción se ha visto aumentada. Además, existe una brecha entre las que quieren hacer el servicio militar y los cupos disponibles para ello.

Cabe destacar que en el proceso de admisión en Chile para el servicio militar existen exclusiones, destacando dentro de ellas la imposibilidad física o psíquica, lo que lleva a las Fuerzas Armadas a realizar exámenes de rigor previos.

Pero también era muy importante conocer la situación general. Por eso tuvimos a la vista los datos que nos proporcionó la Subsecretaría de Salud para conocer los casos de suicidios en la población de nuestro país. En verdad, el problema es igual de preocupante que los hechos que motivaron esta investigación, por cuanto actualmente se producen 10,2 muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes. Entre los 15 y 19 años, al 2016, la tasa es de 6,8 muertes por suicidio por cada 100.000 jóvenes. Si analizamos específicamente los casos de suicidio en el personal de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la información que se nos proporcionó, tanto de los intentos como de los casos, entre 2013 y 2019 en el Ejército de Chile se registraron 111 intentos de suicidio; cuatro jóvenes se han suicidado. En la Armada hubo un intento de suicidio durante 2015, y en la Fuerza Aérea de Chile se produjo un suicidio durante 2014 y, lamentablemente, otro en 2017.

Respecto del maltrato, existe normativa legal y reglamentaria, la que se encuentra vigente desde hace más de cuarenta años, que por supuesto no permite el maltrato y el abuso hacia los soldados conscriptos, siendo sancionados quienes incurran en estas faltas y/o delitos con sanciones administrativas y penales. Así lo establece el Código de Justicia Militar como también una gran cantidad de normativa interna del Ejército que se nos tuvo a la vista.

La instrucción que reciben los conscriptos durante el servicio militar implica para cualquier persona un sometimiento a altos niveles de estrés físico y mental. Para controlar de mejor manera sus efectos, se requiere la implementación de mecanismos que, durante el proceso de instrucción y respetando la doctrina militar, permitan un adecuado nivel de protección de los derechos de los conscriptos.

Al final, nos damos cuenta de que en los tristes hechos que motivaron esta investigación se aplicaron los procedimientos preestablecidos, pero, lamentablemente, no fueron efectivos y no aseguraron un rol preventivo en esta materia.

Así, habiéndose abordado desde un punto de vista activo la materia sometida a nuestro conocimiento, la comisión arribó a una serie de conclusiones desde una perspectiva preventiva y sancionatoria, dentro de las cuales se establece la conveniencia de que las Fuerzas Armadas realicen una evaluación preventiva y permanente con el propósito de aplicar mediciones psicológicas u otras de salud mental, como parte de los requisitos de selección previos al ingreso y durante el acuartelamiento del contingente seleccionado a través de test periódicos y aleatorios; instar a las instituciones de las Fuerzas Armadas a que mantengan permanentemente un profesional de la salud mental al interior de cada unidad militar, lo cual debería ser imperativo a corto plazo, y mejorar los canales de denuncia y los procedimientos de información relativos a situaciones de acoso laboral o sexual durante el servicio militar.

Con dicha finalidad, se sugirió que el Ministerio de Defensa Nacional instruya a las Fuerzas Armadas para que establezcan mecanismos suficientes que aseguren la adecuada difusión y conocimiento del protocolo conjunto para las Fuerzas Armadas por parte del personal de las instituciones, como medidas de protección y de resguardo para las víctimas, así como plazos muy breves y perentorios para la notificación al denunciado del inicio de una investigación sumaria en su contra, y, por supuesto, poner, cuando corresponda, los antecedentes en manos del Ministerio Público, para lo cual también se propone una serie de plazos muy acotados.

A su vez, un apoyo médico, psicosocial, espiritual, social, jurídico y administrativo, como a su vez propender a que las instituciones armadas fortalezcan las medidas destinadas a incentivar el ingreso de soldados conscriptos a sus escuelas matrices, tanto de oficiales como de suboficiales o gente de mar, una vez que hayan finalizado su servicio militar.

En cuanto a la denuncia, a la protección del denunciante y a las sanciones a quienes resulten responsables, se propone consagrar como deber militar la obligación de denunciar situaciones de maltrato o de abusos de cualquier índole, y contemplar mecanismos adecuados de denuncia que resguarden de manera integral al denunciante, es decir, un análisis muy detallado sobre los hechos tan lamentables que ocurrieron en Iquique, con medidas muy concretas para que tales situaciones no se repitan en ninguna fuerza armada, se fortalezcan los procedimientos ya aplicados y, por supuesto, se hagan los cambios necesarios para que nunca más sea noticia una situación de esa naturaleza en algunos de nuestros cuarteles.

Por lo tanto, vamos a aprobar el informe de la presente Comisión Especial Investigadora.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, imagino que ninguno ni ninguna de las presentes ha olvidado lo que ocurrió en Antuco en mayo de 2005, ocasión en que murieron 45 miembros de un batallón de conscriptos que cumplían con su servicio militar obligatorio en el Ejército de Chile.

Producto de las decisiones de sus oficiales, los hicieron marchar durante una nevazón con una temperatura de 35 grados bajo cero, a una altitud de 1.500 metros.

Los oficiales fueron condenados por la justicia; los sobrevivientes, escasamente indemnizados por el Estado, y las familias de las víctimas están aún con esa pérdida. Fue la segunda tragedia más grande del Ejército de Chile en tiempos de paz. La primera fue en el siglo XIX, cuando un navío naufragó.

El 6 de junio de 2018, ocho soldados agredieron y abusaron sexualmente de un conscripto en la Brigada Motorizada N° 1 “Calama”. Diez fueron dados de baja.

En marzo del año pasado, un conscripto asesinó en el norte a un cabo y a un sargento y luego se suicidó. Su hermano dijo que él estaba bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, que debían haberlo dado de baja y que no quisieron.

En agosto del año pasado se hizo viral un video que mostraba un aporreo a suboficiales, clases y conscriptos, en lo que parecía ser parte de una rutina de bautizo.

A fines del año recién pasado, dadas las malas decisiones del gobierno de que las Fuerzas Armadas enfrenten a su propio pueblo, un soldado conscripto terminó con crisis de pánico, se negó a patrullar y dijo: “Yo no soy un asesino”.

Hoy hicimos una propuesta para que el servicio militar fuese voluntario y no obligatorio, y no fue aprobada en la comisión, pero insistiremos en los trámites legislativos posteriores. En pleno siglo XXI, es una contradicción evidente querer Fuerzas Armadas profesionales y un servicio militar obligatorio.

Si el servicio militar es obligatorio para la sociedad, ¿por qué lo hacen especialmente aquellos que tienen menos ingresos económicos?

Si el servicio militar es obligatorio, ¿creen ustedes que alguien, en contra de su propia voluntad, podrá ser un buen soldado?

¿Por qué algunos consideran el servicio militar como una correccional y no como una forma real, honesta y clara de servir a nuestro país?

Nosotros queremos seguir el ejemplo de países como Canadá, Australia y Alemania, para tener Fuerzas Armadas profesionales. Queremos que nadie se vea obligado, porque existen muchas formas de servir a la patria. Por eso, lamentamos que nuestra propuesta no se haya aprobado en la comisión y, por ende, no se haya incluido en este informe. No obstante, vamos a insistir, para cuidar justamente a aquellos que están ahí para servir a nuestra sociedad.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Queda un minuto y cuarenta segundos para el Comité Unión Demócrata Independiente.

Por el tiempo restante, tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, por su intermedio quiero pedir a los diputados presentes que lean las proposiciones y conclusiones que esta Comisión Especial Investigadora aprobó por unanimidad y en forma transversal, luego de un debate que se pudo realizar con muy buen nivel, independientemente de lo que acaba de decir el diputado Brito .

En esas proposiciones se plantean varias cosas que son interesantes y que el Ministerio de Defensa Nacional recogió, como por ejemplo mejorar la protección de los derechos y generar mayores oportunidades para los conscriptos, para mantener el profesionalismo y la doctrina en la formación a través de varias iniciativas.

Una de ellas fue recomendar que el Ministerio de Defensa Nacional suscriba un convenio con el Ministerio de Salud para prevenir trastornos mentales al interior de las instituciones armadas por medio de un protocolo o cartilla preventiva. Asimismo, instar a las Fuerzas Armadas a que mantengan permanentemente un profesional de la salud mental al interior de cada unidad militar, y solicitar que el ministro de Defensa Nacional fortalezca el convenio existente con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, para establecer procedimientos de denuncia y generar informes mensuales al Ministerio de Defensa Nacional sobre denuncias de acoso, protocolos sobre acoso sexual, laboral, en fin.

En un minuto y medio es imposible hacer mención, aunque sea a nivel de título, de todas las proposiciones, conclusiones y observaciones que se hicieron, pero recomiendo a los parlamentarios leerlas, porque son bastante importantes.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, este proyecto me parece un acercamiento a las Fuerzas Armadas desde la visibilidad de los jóvenes y también desde un punto de vista de los padres. Con respecto a eso, la obediencia absoluta a los mandos es realmente contraria a este proyecto.

Siento que esta es la posibilidad de sentir que las Fuerzas Armadas son de nosotros, de todos los chilenos, y no las Fuerzas Armadas de una parte de Chile, con su correspondiente signo ideológico.

Me parece muy interesante, y estoy estudiando lo que leyó el diputado Brito , ante la posibilidad de aprobarlo.

Así de breve era lo que quería plantear.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica la Ley N° 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, en el sentido de exigir a los proveedores informar a sus clientes sobre planes y servicios que puedan resultarles más beneficiosos.

Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo es el señor Renato Garín .

Antecedentes:

-Moción, sesión 126ª de la legislatura 366ª, en miércoles 16 de enero de 2019. Documentos de la Cuenta N° 13.

-Informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, sesión 65ª de la presente legislatura, en miércoles 21 de agosto de 2019. Documentos de la Cuenta N° 5.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor GARÍN (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en una moción de la diputada Aracely Leuquén y de los diputados señores Sebastián Álvarez , Francisco Eguiguren , Harry Jürgensen , Pablo Kast , Andrés Longton , Frank Sauerbaum , Diego Schalper y Sebastián Torrealba , que modifica la Ley N° 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, con la finalidad de consagrar la obligación a los proveedores de servicios de telecomunicaciones de informar a sus clientes, a su costo, sobre las modificaciones y/o nuevos planes y servicios disponibles, con la idea de que aquellos dispongan de mayores y mejores antecedentes para la toma de decisiones de contratación de los servicios y, de esa forma, contribuir al mejoramiento y funcionamiento general del mercado de las telecomunicaciones.

Cabe señalar que no hay normas con carácter orgánico constitucional o de quorum calificado en este proyecto. Tampoco hay normas que requieran trámite en la Comisión de Hacienda.

El proyecto fue aprobado en general y en particular a la vez en forma unánime.

En la discusión general de la iniciativa en informe los diputados destacaron la conveniencia de legislar en esta materia, conforme se expone a continuación.

En los argumentos de la moción se sostiene que, de acuerdo con cifras del Servicio Nacional del Consumidor y de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, durante el primer semestre de 2018 el mercado de las telecomunicaciones fue el tercero más reclamado ante el Sernac, concentrando 15,7 por ciento de los reclamos, solo superado por los mercados financieros y de locales comerciales.

Los parlamentarios, al justificar su apoyo a la iniciativa, precisaron que su objeto es muy simple. Al efecto, se dio el ejemplo del cliente que contrata un servicio de telefonía celular o de televisión por cable o de internet y que lo paga todos los meses en forma regular, pero que, por circunstancias de necesidad de cambiar un equipo para mejorar el servicio o simplemente por casualidad toma conocimiento de que hay otras ofertas en el mercado, concurre a las oficinas de la empresa que le que presta el servicio, donde se entera de que existe un plan o contrato de servicios con mejores o iguales condiciones que las que contrató, pero a un menor precio, y, no obstante ello, la empresa no le da a conocer ese tipo de ofertas, que de suyo son más beneficiosas para él.

El proyecto de ley persigue que cuando se producen cambios que signifiquen un mejor precio en el plan, mejores condiciones para el consumidor ante la empresa que ofrece el servicio el cliente deba ser notificado para poder optar a esos cambios de planes y no que se entere de ellos de forma indirecta o por mera casualidad.

Indican los diputados que este proyecto de ley es muy simple y razonable.

Se opinó que la moción va en el sentido correcto, sin perjuicio de lo cual se esgrimieron algunas observaciones que apuntan a su mejoramiento mediante indicaciones.

En efecto, se señaló que el objetivo es establecer para las empresas de telecomunicaciones un deber más concreto de lo que ya existe en la ley de telecomunicaciones, el artículo 30 de la ley N° 19.496, que se modifica con este proyecto, y que contiene el deber de publicidad de los proveedores de los precios y servicios que entregan, y que es un deber genérico que incluye a las empresas de telecomunicaciones. Entonces, la redacción de la norma que se propone agregar debe ser mucho más específica en establecer que se trata de un deber de oficio el informar al cliente o consumidor con algún tipo de comunicado respecto de cuáles son los planes o servicios que se deben contratar con su actual plan o contrato.

Teniendo en cuenta las consideraciones y argumentos contenidos en la moción y las opiniones esgrimidas por los parlamentarios y la representante del Ejecutivo, la y los señores diputados estuvieron de acuerdo en aprobar la idea de legislar sobre la materia.

Puesta en votación en general la idea de legislar, se aprobó por unanimidad.

Respecto de la discusión y votación en particular, cabe señalar que, existiendo total apoyo parlamentario en aprobar la moción, el diputado que informa formuló una indicación sustitutiva al artículo único del proyecto, que además fue suscrito por los diputados señores Joaquín Lavín , Enrique van Rysselberghe , Boris Barrera , Alejandro Bernales , Pedro Velásquez , Miguel Mellado , Rolando Rentería , Jaime Naranjo , Raúl Soto , Harry Jürgensen y la diputada señora Sofía Cid , para agregar los incisos séptimo al decimoprimero, nuevos, al artículo 30 de la ley N° 19.496, que mejora el texto original, incorporando los siguientes cambios:

1.- Los proveedores de servicios de telecomunicaciones deben informar, a su costo, la existencia de planes que sean objetivamente mejores para el usuario, esto es, uno o más servicios al mismo precio o a un precio inferior o los mismos servicios a un precio inferior. En definitiva, debe existir siempre un beneficio objetivo.

2.- La comunicación se deberá efectuar obligatoriamente en la boleta del mes anterior a la entrada en vigencia del nuevo plan ofrecido, y en forma complementaria por llamada telefónica o correo electrónico al titular. Esto último, sin perjuicio de aquellos usuarios que han ejercido respecto de la compañía el derecho de suspensión de comunicación publicitaria.

3.- La compañía debe mantener actualizada la información sobre planes y precios en su página web.

4.- Acerca del cambio de planes, las compañías deberán promover todas las condiciones para que el usuario pueda ejercer su derecho a cambio de plan y por este cambio de plan no se podrá cobrar multa alguna.

Puesta en votación la indicación sustitutiva, se aprobó por unanimidad.

Votaron a favor los diputados Joaquín Lavín , Enrique van Rysselberghe , Boris Barrera , Alejandro Bernales , Pedro Velásquez , Miguel Mellado , Rolando Rentería , Jaime Naranjo , Raúl Soto , Harry Jürgensen , Alexis Sepúlveda , Renato Garín y la diputada Sofía Cid .

En consecuencia, por igual votación a la inversa, se rechazó el artículo único del proyecto. Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Sebastián Torrealba .

El señor TORREALBA.-

Señor Presidente, quiero agradecer a la Comisión de Economía, en especial a los presidentes pasados y al actual por tramitar esta iniciativa, que es muy simple.

Agradezco también al diputado Renato Garín , quien contribuyó a mejorar el artículo original del proyecto.

Tal como lo señaló el colega en su informe, esta iniciativa es muy simple y responde a una situación cotidiana que vivimos todos los consumidores. La ley del consumidor señala que las empresas deben tener un comportamiento profesional y, al mismo tiempo, entregar a los consumidores información veraz y oportuna, pero en el mercado de las telecomunicaciones eso simplemente no pasa. Al respecto, daré un ejemplo que ocurre casi a diario, que seguramente todos hemos vivido y que genera una rabia que es parte de la sensación de abuso que tenemos hoy muchos chilenos.

Yo tengo un plan de telefonía que me da mil minutos al mes, por el cual pago diez mil pesos. Mi vecino tiene exactamente el mismo plan, con la misma compañía, pero paga cinco mil pesos. Uno dice: “Bueno, ¿qué pasó en el camino? ¿Por qué mi vecino paga la mitad que yo por el mismo servicio?”. Entonces, uno va a resolver esa duda a la empresa, toma su numerito, llega donde la ejecutiva, y ella dice: “¡Ah! Es que su plan es muy antiguo, caballero”.

Uno le responde como cualquier consumidor: “Bueno, me podrían haber avisado antes para haberme cambiado de plan y ahorrar plata”.

Eso pasa todos los días en el mercado de telefonía, internet o cable. Y eso ocurre simplemente porque la empresa está violando la ley del consumidor al no entregar información veraz y oportuna a sus clientes.

Por esa razón, este proyecto, que tiene características muy simples y que resume una realidad que se vive todos los días, fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Economía. Pido a la Sala que apruebe esta iniciativa, que fue mejorada en dicha instancia, en la misma forma.

Este tipo de situaciones que los consumidores vivimos todos los días generan y acumulan rabia en los chilenos; son la expresión de los abusos que algunas empresas cometen contra los consumidores. Ello ocurre porque nosotros, los legisladores, les hemos dado permiso para abusar.

El proyecto es simple y concreto: termina con uno de los abusos que existen hoy en el mercado de las telecomunicaciones, porque hay muchos más. A continuación, citaré un ejemplo sobre el particular.

Cuando uno quiere contratar un servicio de cable o de internet para su hogar empieza por cotizar con la compañía que le gustaría que le prestara el respectivo servicio. Pero cuando los llama por teléfono, le dicen: “No, no tenemos factibilidad técnica”. Eso es porque tiempo atrás una empresa hizo un negocio con la inmobiliaria y en los ductos por donde entran los cables a ese edificio pasa solo un cable y, por tanto, quienes viven ahí están condenados a tener solo una opción.

Ese es otro abuso que se da en el mercado de las telecomunicaciones. Y así suma y sigue. Señor Presidente, nuevamente agradezco al diputado Renato Garín y a todos los miembros de la comisión por la rápida tramitación que dieron a este proyecto. Espero que en el Senado avance de la misma forma, porque son estos los pequeños abusos que van generando rabia en la gente, que finalmente no cree en las empresas que brindan servicios de primera necesidad.

Aprovecho estos minutos que me quedan para pedirle al gobierno que avance mucho más rápido en materia de agenda antiabusos, porque necesitamos que se vaya concretando.

Como bancada de Renovación Nacional, en noviembre presentamos una propuesta con más de 15 iniciativas que tienen que ver con ir terminando con los abusos en Chile, pero, la verdad, hemos avanzado poco.

También me gustaría que el gobierno priorizara los proyectos de la agenda antiabusos que tienen que ver con los delitos denominados de cuello y corbata, en especial de aquellos cometidos por personas que, valiéndose de su posición dominante, abusan de los consumidores chilenos.

Nuevamente, le pido al gobierno que ponga suma urgencia a ese proyecto o, si quiere, discusión inmediata. Así como aprobamos en 15 días la denominada “ley antisaqueos”, podemos hacer lo mismo con un proyecto en contra de los delitos de cuello y corbata.

La gente está esperando señales como esas. Los chilenos se aburrieron de los abusos y el Congreso les debe dar una respuesta.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Renato Garín .

El señor GARÍN.-

Señor Presidente, comienzo mi intervención saludando al diputado Sebastián Torrealba y diciéndole a todos los parlamentarios presentes en el hemiciclo que en la Comisión de Economía siempre estamos abiertos y disponibles para conversar sobre las buenas ideas que planteen, así como también para mejorar los proyectos y llegar a la Sala con acuerdos transversales que permitan avanzar en cuestiones tan sustantivas como esta que estamos debatiendo.

Respecto del mercado de las telecomunicaciones en Chile, VTR , Movistar y Entel son las tres empresas más grandes que brindan estos servicios. Son servicios caros, con los planes más caros de América Latina, en promedio. Solo Brasil nos supera. Además, estas empresas acumulan cerca del 15 por ciento de los reclamos que se presentan ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), todos los años. Es decir, el 15 por ciento de los consumidores que presentan reclamos ante el Sernac se quejan en contra de los servicios de las empresas de telecomunicaciones.

¿De qué se quejan los consumidores? De que hay planes mejores y no les avisan, de que el internet que llega a sus hogares no es de la calidad del servicio que contrataron, de que las empresas establecen zonas rojas donde internet simplemente no llega, de que tienen los puertos cerrados y no pueden realizar descargas legales mediante su computador. Es lo equivalente a arrendar una casa y que el arrendador diga que solo algunas puertas y ventanas se pueden abrir y que solo por ahí se puede circular.

Es decir, las compañías de telecomunicaciones, como Movistar, Entel y VTR, tienen un poder insólito sobre la vida diaria de las personas a través de internet.

¿Cuántos megas reales nos entregan las compañías y por cuánta plata se arrienda en Chile el servicio de internet? ¿Cuánto se paga en promedio y cuántos megas realmente son? Es muy difícil saberlo. Se promocionan 40 gigas, 60 gigas por 30.000 pesos, pero la realidad es que la tasa de descarga no sobrepasa los 300 megas o los 200 megas, y cuando un usuario quiere bajar un archivo torrent -una industria legal-, está cerrado el puerto, porque no les gusta que uno realice descargas por Torrent. Sorprendente la libertad que tienen las empresas y la poca libertad que tienen los usuarios, que son quienes pagan por el servicio.

Señor Presidente, la Comisión de Economía enfrenta un desafío muy importante y muy difícil este año, y habrá que llevarlo a cabo con gran trabajo y celeridad: recodificar el derecho de los consumidores en Chile. El texto original de la ley del consumidor hoy convive con una serie de satélites, con pequeñas legislaciones y reglamentos que deben ser recodificados y reinterpretados. Necesitamos un “código del consumidor”, un código que se venda en las esquinas, tal como se vende la Constitución; un código que enseñe al consumidor sus derechos.

Ese código del consumidor debemos construirlo con lo que ya ha sido aprobado, más las cerca de 120 mociones de los parlamentarios presentes han suscrito. Es más, todas las bancadas del Congreso tienen un proyecto sobre los consumidores y uno de cada cinco diputados ha firmado un proyecto relativo a esta materia.

Es por eso que, junto con mi equipo, hemos sistematizado esas iniciativas y pensamos que, mediante la figura de refundir esos proyectos, podemos tener quince o veinte iniciativas, lo cual permitiría acelerar el trámite legislativo de todas esas iniciativas. Lo importante es que se requiere recodificar los derechos de los consumidores, ya que el desorden actual, que se ha producido aprobando leyes y reformas, ha logrado que las personas desconozcan sus derechos, producto de la gran cantidad de reformas que hemos aprobado.

Entonces, establezcamos un código del consumidor que tenga leyes como estas, normas como estas, pero hagámoslo sistemáticamente, no de forma esporádica, no una normativa por cada servicio.

Esta dispersión de los derechos de los consumidores convive, a su vez, con un cambio en la relación entre las empresas y el usuario. El usuario que recibe el servicio es el portador de derechos, en una relación de derecho privado con el prestador del servicio, pero el Estado, mediante el derecho público, tiene el deber de garantizar que esos servicios se presten. Para eso están el Sernac y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones -como es de transportes, nadie se acuerda de las telecomunicaciones-.

Un desafío que tiene la ministra Hutt es el de ampliar la red de internet en Chile, ya que hay comunas de nuestro país, como las de San Bernardo, Buin , Paine , Calera de Tango , Isla de Maipo y Melipilla , donde el servicio llega a un décimo o a un quinto de la potencia a que se vende. Es decir, si usted contrata dos gigas de velocidad, termina descargando el contenido a 150 o 200 megas por segundo, mientras que en Las Condes o Vitacura se descarga a 3 o 4 gigas por segundo.

Esa es una desigualdad explicita, porque el internet nos ha venido a igualar, tanto a consumidores como a ciudadanos. No tener acceso y estar pagándolo igual indigna y genera el malestar que estamos conociendo.

Planes demasiado caros, los más caros de América Latina, después de Brasil; VTR , Movistar y Entel ganan fortunas, cotizan en las bolsas; VTR genera una especie de monopolio en la zona oriente de Santiago, mediante las inmobiliarias que colocan solo cable de esa empresa. Antes lo hizo Movistar, en otras zonas, y también lo hizo Entel , una empresa que era del Estado, pero que fue privatizada.

Entonces, es tiempo de que nos preocupemos de esta industria millonaria y de que hagamos las reformas que nos merecemos, para que no solo tengamos internet, sino derechos en internet. De eso se trata el siglo XXI.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, he querido reflexionar en torno a este proyecto de ley, que me parece muy importante y muy interesante, a propósito de las intervenciones de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, como los diputados Garín y Torrealba , quienes han reflejan muy bien el problema que hay en el fondo y lo que se trata de solucionar a través de esta iniciativa.

Obviamente, considero que tienen muy buenos propósitos; el problema es si las empresas van a cumplir o no lo que plantea el proyecto. He allí mi preocupación. Muchas veces hemos establecido obligaciones para las empresas, las que después, en los hechos, no se cumplen.

¿Las empresas proveedoras de estos servicios van a informar efectivamente si tiene condiciones más baratas que las contenidas en los contratos ya suscritos por los usuarios, para que opten por el más barato, que les va a prestar el mismo servicio, o se van a inhibir de cumplir esa obligación? Es algo que habrá que ver.

Valoro mucho el proyecto de ley, pero creo que no tiene una sanción específica frente al incumplimiento. Me hubiera gustado que así fuera, dados los hechos o los supuestos que contempla el proyecto de ley: si la empresa no cumple en enviar o en entregar la información respecto de los planes, contratos o servicios más baratos, debería recibir una sanción.

Eso es lo que echo de menos en el proyecto. No obstante, lo voy a votar favorablemente, porque creo que refleja una situación y da respuesta a una necesidad que es real. Pero no podemos confiar en las empresas que nos prestan este tipo de suministros -lo han expresado los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra-, y es algo que ocurre una y otra vez.

Se me viene a la memoria una cosa, que muestra otro incumplimiento por parte del Estado. Me refiero a la ley que estableció la obligatoriedad de señalar la velocidad de internet en los contratos, para lo cual se requería de un reglamento que debía dictar la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en un plazo de seis meses. Sin embargo, han pasado más de dos años y todavía estamos esperando la dictación de ese reglamento, lo cual no ha permitido que se cumpla una ley vigente.

Entonces, si bien existen buenos propósitos, a veces no cumplen las empresas o no cumple el propio Estado, en este caso, la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

El sector de las telecomunicaciones ha cometido abusos desde hace veinte o treinta años, no lo puedo precisar. Recuerdo la presentación de recursos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sobre las barreras de entrada que las tres compañías dominantes del mercado de la telefonía colocaron durante por lo menos quince años para que no pudiesen entrar competidores u operadores móviles virtuales a Chile.

Fui parte en un juicio ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para denunciar a esas empresas por las barreras de entrada a los operadores móviles virtuales. La Corte Suprema dictó un fallo que permitió terminar con las barreras de entrada y rebajar significativamente las tarifas telefónicas móviles, sobre todo una vez que entraron en operación la empresa WOM y otros operadores móviles virtuales, algunos de los cuales dejaron de ser virtuales y compraron espectro, etcétera.

Todo esto ha sido el resultado de una lucha de las asociaciones de consumidores, porque una y otra vez las empresas incumplen.

El proyecto es interesante, pero me habría gustado que hubiera estado asociado a alguna sanción frente al incumplimiento, porque en caso contrario vamos a ilusionar a los consumidores con algo que, a lo mejor, no se va a poder cumplir.

Se requiere de una modificación profunda de la ley del consumidor para terminar con la asimetría que hoy existe entre los consumidores y las empresas de servicios, como las de telecomunicaciones, algunas monopólicas, como las del agua y la electricidad, u oligopólicas, como las de telefonía.

Recordemos que el Congreso Nacional aprobó el proyecto que permitía al Sernac aumentar la fiscalización y entregaba mayores derechos a los consumidores. Sin embargo, en 2017 el Tribunal Constitucional terminó debilitando esa muy buena ley al dejarla prácticamente sin ninguna utilidad.

Recuerdo eso que hizo el Tribunal Constitucional -lo ha hecho en muchas oportunidades porque es bueno recordarlo y porque las cosas, por repetidas, muchas veces no se dicen, y al no decirlas, se olvidan.

Esto es importante. Lo digo, porque vamos a tener la oportunidad, si el próximo 26 de abril gana la opción “Apruebo” en el plebiscito, de construir un nuevo marco constitucional, de aprobar una nueva Carta Magna , un nuevo orden jurídico en nuestro país, que nos permitirá -por qué no dar el carácter de derecho constitucional garantizado al derecho de los consumidores frente a las empresas, derecho que hoy no existe. Se requiere una Constitución que resguarde como corresponde los derechos de los consumidores.

Hoy en la Constitución no está garantizado el derecho de los consumidores a tener acceso a la información justa y oportuna. No lo está, pero sí está en la ley, y ocurre que muchas veces se abusa, como lo hemos visto una y otra vez.

Por eso, considero que es importante plantear la discusión de este proyecto de ley, que apunta a un tema muy específico, en el contexto que está viviendo el país.

Hemos tratado muchas veces proyectos que abordan cuestiones como esta, pero el contexto ha cambiado, y hoy esta discusión se da en medio del abuso de las empresas frente a los consumidores. Ahora, nuestro desafío político es garantizar en la nueva Constitución los derechos de los consumidores; que hoy la ciudadanía vea este tipo de situaciones en la perspectiva política del nuevo orden que es posible instaurar si gana la opción “Apruebo” el próximo 26 de abril.

Otro aspecto muy importante es que en el sector de las telecomunicaciones no existe fiscalización, porque el órgano regulador, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, no está separada del ente fiscalizador. Por ello, debiera haber una superintendencia de telecomunicaciones que fiscalice, porque hoy el propio regulador –la subsecretaría ejerce la fiscalización, y lo hace cuando puede, con los pocos fiscalizadores que tiene.

Entonces, es necesario separar la función del regulador del ente fiscalizador, y que este fiscalice tanto al regulador como al regulado, como corresponde.

Por eso, el desafío de este o del próximo gobierno será crear una superintendencia de telecomunicaciones. Lo planteo, porque nos encontramos con un mercado -el de las telecomunicaciones en el que las autoridades de gobierno -actuales y anteriores son expertos que han trabajado para las empresas, por lo que muchas veces existe un conflicto de intereses entre el propio regulador, llámese subsecretario o subsecretaria, y las empresas reguladas. El mercado de las telecomunicaciones es muy pequeño, por lo que las autoridades surgen de las empresas, y cuando abandonan el gobierno vuelven a ellas.

Conozco casos, pero no me voy a referir a ninguno de ellos, porque no quiero hacer una crítica a este gobierno, sino al sistema. Se requiere con urgencia un ente fiscalizador autónomo de los gobiernos de turno, que permita fiscalizar al regulador, de manera de evitar este tipo de abusos.

Creo que este proyecto es importante porque apunta a solucionar un problema significativo. ¿Cuántos recursos destinan los chilenos y las chilenas a telecomunicaciones? ¡Muchos recursos! Muchas veces destinan más dinero que a pagar las cuentas del agua potable o de la energía eléctrica. Nos hemos ido quedando atrás con un Estado jibarizado al momento de defender los derechos de los consumidores y consumidoras de nuestro país.

Apoyo el proyecto de ley, y aproveché de hacer esta reflexión.

Reitero que si las empresas no cumplen sus compromisos, debe ser posible establecer una sanción grave frente al incumplimiento. Se trata de un aspecto que faltó en este proyecto de ley, que deberemos incorporar más adelante.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, la verdad es que la frase “Chile cambió” también tiene que ser aplicada para la relación entre las empresas y los consumidores.

Los que han pasado botaditos en esta crisis no han sido el Congreso y los parlamentarios, o el gobierno, sino los empresarios.

La iniciativa que discutimos es sencilla. Felicito a su autor, el diputado Sebastián Torrealba , por haberla presentado, y a la comisión por haberla tramitado con celeridad. Espero que el Senado también la tramite con la misma celeridad, porque recoge una sentida necesidad de los consumidores.

Sobre lo que decía el diputado Jaime Mulet , en el proyecto se establece que en la boleta que la empresa entrega a cada cliente tendrá que informarle de manera obligatoria si hay planes con menores valores, y también entregarle la posibilidad de cambiarse de plan.

El futuro está en el internet de las cosas, la inteligencia artificial, por lo que, de aquí en adelante, la tecnología y los planes serán cada vez más importantes para los chilenos. Es más, estos ya son muy importantes, debido a la enorme penetración de internet, que ha hecho posible que la gran mayoría de los chilenos lleve consigo un teléfono móvil para comunicarse y navegar por las redes sociales.

El sector de las telecomunicaciones es, sin duda, uno de los que más reclamos registra en nuestro país. Así lo confirman las cifras del Servicio Nacional del Consumidor, según las cuales ese sector concentra casi el 16 por ciento de los reclamos, y la telefonía móvil se lleva cerca del 40 por ciento de los reclamos.

Acá son varias las empresas del sector que se reparten un mercado y, por lo mismo, la competencia. Las estrategias para captar clientes son dinámicas y generalmente apuntan a mejoras en el servicio o a planes más económicos. Sin embargo, estas ofertas convenientes no son informadas a los clientes, privándolos de acceder a precios aun más convenientes.

Este proyecto busca algo tan sencillo y tan lógico como exigir a las empresas de telecomunicaciones que informen a sus clientes sobre los planes que les resultan más convenientes.

Esto podría ser un detalle en medio de la inmensa cantidad de demandas sociales de todos los chilenos, pero reconozcamos que con este tipo de medidas damos una opción para que los chilenos vean alivianado el peso del gasto mensual, porque asumamos que hoy estar comunicados no es un lujo, sino una necesidad.

Hay otras iniciativas que, a mi juicio, podrían parecer poco relevantes, pero que apuntan en la misma dirección. Algunas de ellas se tramitan con celeridad en la Comisión de Economía, como la que busca evitar que los saldos de las tarjetas de prepago, salvo la tarjeta prepago de estas mismas empresas de telecomunicaciones, caduquen.

Si una persona no tiene un plan, sino una tarjeta de prepago, y no la ocupa en su totalidad, caduca; o sea, la empresa se queda con la diferencia de plata del servicio telefónico que la persona no utilizó. Esto es igual que el proyecto que modifica la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, en el sentido de que se debe exigir a los proveedores informar a los clientes sobre los planes y servicios que puedan resultar más beneficiosos.

Según lo señalado por el diputado Sebastián Torrealba , al analizar los fundamentos que dieron origen a los reclamos en el caso de los celulares, la mayor cantidad de casos es por problemas de atención y/o información al cliente, con un 38,3 por ciento; en segundo lugar, por inconvenientes de facturación de cobros y cargos, con un 27,3 por ciento, y en tercer lugar, por la calidad técnica y problemas de servicios, que acapararon un 25,4 por ciento de los reclamos.

En el caso de los servicios fijos, la queja apunta en la misma línea: problemas de atención y/o información al cliente, con un 49 por ciento, casi la mitad de los reclamos; la calidad técnica y problemas de servicios, con un 29,7 por ciento, y en tercer lugar, la facturación, cobros y cargos, con un 19,6 por ciento.

Estar comunicados hoy es una necesidad. Si tenemos la opción de obligar a las empresas a que informen a sus clientes del acceso a mejores planes, pues hagámoslo.

Aprobemos este proyecto, estimados colegas, y demos una señal clara de que no aceptaremos más abusos u omisiones que afecten a todos los chilenos.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, esta intervención consta de dos partes. Primero, un halago a la Comisión de Economía por todo lo que he visto, lo cual me lleva a aprobar este proyecto de ley.

La segunda parte trata de que muchos clientes no saben que los aparatos que tienen, como computadoras, impresoras, teléfonos, etcétera, deberían durar más tiempo, pero no lo hacen porque arbitrariamente se les pone fin. El concepto se llama obsolescencia programada.

El proyecto me parece muy interesante por la sencillez de su diseño y por el funcionamiento del equipo, el cual se ve nítido en todos sus componentes, como pueden apreciar los miembros de la comisión.

Felicito a mi compañero de asiento, Renato Garín , por su expertise y la brillantez de sus aportes, aunque sé que se avergüenza cuando recibe merecidos halagos.

Hablo con voz interesada sobre el segundo punto, pues hace dos meses envié un proyecto sobre obsolescencia programada, porque, como señalé, se pone término arbitrario al funcionamiento de productos como impresoras, computadores, teléfonos, etcétera. Esto es una auténtica estafa, pues se abusa de todos los chilenos y está en contra de los derechos del consumidor. Ese proyecto lo envié a la Comisión de Economía, por lo que pido respetuosamente que lo pongan en tabla.

Si alguno de ustedes no lo sabe, obsolescencia programada significa poner fin en forma arbitraria al funcionamiento de una máquina, lo que constituye una estafa. De eso poco se ha hablado.

Reitero mis felicitaciones a mis colegas y anuncio que votaré favorablemente el proyecto. Pido a la Comisión de Economía que ponga en tabla el proyecto sobre obsolescencia programada. Estoy muy entusiasmado con esa iniciativa, ya que puede ser muy interesante.

He dicho.