Labor Parlamentaria

-Nota del diputado señor Durán, don Eduardo , por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 13 de marzo de 2020, para dirigirse a Lima, Perú .

-Nota del diputado señor Teillier , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 12 de marzo de 2020, con lo cual justifica su inasistencia a las sesiones celebradas en esa fecha.

-Nota del Presidente de la Cámara de Diputados, señor Iván Flores García , por la cual presenta la renuncia a la Mesa de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

-Nota de la Primera Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, diputada señora Loreto Carvajal Ambiado , por la cual presenta la renuncia a la Mesa de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

-Nota del Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados, señor Pepe Auth Stewart , por la cual presenta la renuncia a la Mesa de la Corporación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

-Comunicación de la diputada señora Núñez , doña Paulina , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las sesiones celebradas el día 12 de marzo de 2020, por medio día.

-Comunicación del diputado señor Eguiguren , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta, para ausentarse, por razones personales, a las sesiones celebradas el día 12 de marzo de 2020, por medio día.

-Comunicación del SubJefe de la Bancada de Diputados del Partido Demócrata Cristiano, diputado señor Verdessi , por la cual informa que asumirá la jefatura de dicha Bancada, a contar del 12 de marzo de 2020, transitoriamente.

- Certificado por el cual se acredita que el diputado señor Matta , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas el día 12 de marzo de 2020, por impedimento grave.

IX. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.

INFORMACIÓN SOBRE PROTOCOLO SANITARIO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Señores diputados, todos tienen en sus pupitres una copia del protocolo sanitario para el funcionamiento de la Cámara de Diputados que nos entregó la respectiva autoridad sanitaria.

El Ministerio de Salud ha tenido a bien, dada la solicitud que hicimos al ministro, a su equipo y al representante de la Organización Mundial de la Salud, entregarnos algunas recomendaciones para poder seguir funcionando en nuestras labores, ya que es la responsabilidad que Chile espera de nuestro trabajo legislativo.

Ese documento contiene una serie de recomendaciones y caminos a seguir para dar un estricto cumplimiento al Código Sanitario y a los reglamentos internacionales que buscan regir el comportamiento de las personas frente a esta pandemia. No obstante, deben considerar que el documento se elaboró ayer y, dado el dinamismo de esta situación, de un momento a otro podrían cambiar las circunstancias y, con ello, las obligaciones.

Nos pidieron que si vamos a mantener el trabajo de la Sala, esta se haga con estricto apego a las normas sanitarias, como evitar el acercamiento entre los parlamentarios, mantener distancia mínimas, así como una serie de otras medidas.

Por otra parte, los Comités Parlamentarios, en conjunto con las autoridades administrativas, acordaron suspender todas las sesiones formales y reuniones públicas en la sede del Congreso en Santiago, además de mantener el edificio con una dotación mínima de funcionarios. Respecto del funcionamiento del Congreso en Valparaíso, el criterio general fue solicitar la reducción de contactos entre personas al interior del edificio. En las sesiones de Sala solo habrá parlamentarios con un turno mínimo de funcionarios y las autoridades estrictamente necesarias, como los ministros.

Deben entender que no estamos en un periodo de normalidad, de manera que queremos evitar la posibilidad de contactos, con el objeto de que podamos seguir funcionando y cumpliendo con nuestras labores.

Respecto de los asesores parlamentarios, se acordó que solo ingresará a esta Cámara un asesor por parlamentario, al igual que en el Senado, pues se asumieron los mismos criterios y se adoptaron los mismos acuerdos.

Por lo tanto, cada diputado y diputada deberá determinar al asesor parlamentario que será acreditado para participar del trabajo legislativo, pero los demás asesores, según el acuerdo que adopten con ellos, deberán trabajar desde sus casas o desde sus oficinas. Insisto en que solo puede ingresar un asesor por parlamentario y dos asesores por bancada. Eso fue lo que se acordó ayer.

Por otra parte, se suspenderán las sesiones de comisiones, con excepción de las comisiones permanentes convocadas para tratar proyectos de ley calificados por el Ejecutivo con urgencia de discusión inmediata o suma, o los que acuerden los Comités, pero deberán hacerlo sin público ni participantes externos. Las organizaciones sociales o quienes deseen ser escuchados en las instancias respectivas lo podrán hacer a distancia, por ejemplo, a través de Skype, sistema que está al alcance de cualquier ciudadano con conexión a internet. Todas las salas han sido preparadas para que eso sea posible.

Respecto de la prensa, se permitirá el acceso a sus respetivas oficinas y al hall El Pensador, pero solo si se encuentran debidamente acreditados, tema que conversaremos en unos minutos más con la directiva de la prensa acreditada.

Además, quedan suspendidas todas las comisiones investigadoras durante veinte días hábiles, es decir, más o menos durante un mes calendario. Entiéndase que por el mismo plazo se prorroga su funcionamiento. En suma, las comisiones investigadoras se postergan durante un mes.

Las sesiones de Sala, como muestra la tabla acordada esta mañana, tienen que ver exclusivamente con aquellos proyectos -esto también es un acuerdo con el Senado- que dicen relación urgente con la pandemia o con respuestas urgentes a las demandas del movimiento social. No vamos a concentrar parlamentarios o trabajo en Sala para otros proyectos que, atendida la condición sanitaria del país, pueden esperar perfectamente.

Por lo tanto, la conversación que tuvimos ayer con el ministro Ward , aquí presente, permitió definir un listado de proyectos para la Cámara de Diputados y para el Senado, principalmente pendientes en el Senado, como es el caso del proyecto sobre mejoramiento a las pensiones, el de seguro catastrófico o el de trabajo a distancia o teletrabajo, que se tramitaron en la Cámara de Diputados y que están ya en la Cámara Alta, por lo que son tema de ellos.

A las once de la mañana tendré una reunión con el ministro Ward para ver cuáles son los proyectos urgentes para el gobierno que justifiquen tener esta concentración de personas, pues va más allá de lo que la propia autoridad sanitaria ha establecido, que son cincuenta personas.

El acuerdo es alinear el trabajo de esta Cámara con el del Senado, por lo que se desarrollará los martes y los miércoles.

Se refuerza el equipo de limpieza. Esta mañana dos colegas formularon un reclamo. Al respecto, la semana antepasada ya se había anunciado que se iba a reforzar el equipo de limpieza; se ha estado limpiando todos los contactos manuales, los botones de los ascensores, las manillas de las puertas y todo lo que toquen distintas personas.

Asimismo, el colega Jackson sugirió que las puertas se mantuvieran abiertas al interior del edificio, a fin de que no tengamos que estar poniendo el dedo para acceder por puertas que tienen lector de huellas. Esta instrucción se reiteró en la mañana de hoy. También se pidió que no solo se refuerce el personal que está trabajando en aseo, sino que se refuerce externamente -lo planteó el diputado Saffirio -, para mantener no solo la limpieza, sino una higienización de los espacios de circulación de las personas, a fin de evitar la sobreexposición y el contacto con otras personas a través de estos artefactos.

Lo mismo ocurre con el personal y las condiciones de trabajo de nuestro policlínico. De acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio de Salud especialmente para la Cámara de Diputados, el policlínico se convertirá en la estación de aislamiento de los casos que aparecerán con seguridad al interior del Congreso Nacional. En consecuencia, cuando haya alguien que manifieste los síntomas o se tenga sospechas sobre su posible contagio, deberá ir al policlínico, donde habrá un espacio para que esa persona sea protegida, aislada, y desde allí, si es necesario, se tome la decisión de su derivación a un centro asistencial o lo que los especialistas dispongan.

Eso también se decidió para reforzar nuestro policlínico.

Voy a leer lo que anoté y la Secretaría General les hará llegar la lista completa, para que todos sepamos de lo que estamos hablando y lo que tenemos que esperar. Como hay de todo en la viña del Señor y ya nos conocemos, lo más probable es que comencemos a recibir reclamos porque a alguno no le llegó alguna cosa, porque se retrasó algo o porque algún servicio está malo. Bueno, eso tiene que ver con que estamos trabajando con dotación mínima.

Las explicaciones son las siguientes:

En primer lugar, todos los funcionarios mayores de 65 años de edad se van para su casa, por el comportamiento de la enfermedad. Recordemos que el 80 por ciento sufre enfermedad leve, el 15 por ciento manifiesta una enfermedad severa y el 5 por ciento restante va a parar a la UCI, y que la mortalidad, por lejos, con cifras variables, pero todas arriba de 10 por ciento, corresponde a adultos mayores.

Por lo tanto, primero, las personas mayores de 65 años de edad, dado que son por lejos las más susceptibles de sufrir la enfermedad de manera grave, se van para su casa. No se trata de vacaciones para funcionarios ni para nadie, sino de irse a un lugar de protección personal, familiar. Además, no queremos que vengan complicar a quienes nos quedaremos trabajando aquí.

Les pido dos minutos más de atención.

El segundo acuerdo, en relación con el denominado permiso especial para aquellos funcionarios del Congreso Nacional mayores de 65 años de edad -hablo de “Congreso Nacional”, porque son medidas conjuntas que empiezan a regir desde este momento-, lo que se conversó con los funcionarios, es que esto también alcanza a 25 señoras y señores diputados. Los adultos mayores son los adultos mayores, y es una decisión tomada.

Eso probablemente alterará los quorum, ya que 25 parlamentarios, por decisión nacional, deben tener un tratamiento especial, al igual que todo el resto de los adultos mayores del país. Lo mismo rige respecto de otras personas que, eventualmente, contrajeron el virus o están en el proceso de diagnóstico y aislamiento, ya que hay personas que están siendo examinadas en este momento.

Es un tema que estamos resolviendo con el ministro, con el gobierno en general, de manera que luego lo comentaremos.

Tercero, el acuerdo también alcanza a los funcionarios de parlamentarios, con los cuales la Cámara de Diputados no tiene un nexo laboral directo, a diferencia del nexo laboral que existe con los funcionarios que pertenecen a la dotación de la Cámara. En consecuencia, ustedes, señores y señoras parlamentarios, tomen las medidas pertinentes con sus funcionarios.

Los funcionarios, tanto los de la Cámara como los de los parlamentarios, que tengan enfermedades crónicas o alguna dolencia que, en privado y de manera reservada, harán saber a la Secretaría General, si son funcionarios directos, o a su parlamentario, si no lo son, y esto último comunicado a la Secretaría General, serán autorizados, mediante un permiso especial, a trabajar a distancia en su casa, en su oficina o en el lugar seguro que estimen adecuado. Esto abarca a los enfermos crónicos respiratorios, a los enfermos diabéticos, etcétera. Hay toda una lista de enfermedades crónicas que los hacen ser mucho más susceptibles a agravarse con esta enfermedad. Esto también alcanza a los señores parlamentarios.

Cuarto, las familias monoparentales, principalmente formadas por mujeres jefas de hogar, cuyos niños ya no están en el colegio o en el jardín infantil, porque estos han paralizado sus actividades, y están en la casa, tendrán también acceso a un permiso especial para ausentarse del Congreso Nacional.

En términos generales, además de lo que ya hemos dicho, es decir, las familias monoparentales, los enfermos crónicos, las personas que tengan más de 65 años de edad, todos los funcionarios que no sean estrictamente imprescindibles van a rotar en turnos, de manera que tengamos una dotación mínima que nos permita continuar nuestra labor. Los demás van a realizar su labor por medio de teletrabajo.

Los sistemas computacionales ya se están poniendo a disposición para que, por ejemplo, la persona que escribe un acta o un documento, perfectamente pueda hacerlo a distancia.

Por otra parte, están suspendidas todas las visitas a la Cámara de amistades y de familiares, ya sea de los funcionarios o de los parlamentarios, por el motivo que sea. Así, si viene mi hija u otro pariente nos veremos en la casa, pero no en la sede del Congreso Nacional. Esto lo planteo con mucha claridad para no tener problemas.

Los funcionarios que se encuentran en el acceso al edificio cuentan con una protección especial, que es parte de la recomendación del protocolo sanitario: uso de guantes, mascarilla y alcohol gel, porque ellos son la primera contención para quienes tienen la intención de acceder al edificio.

Ellos están advertidos, y no queremos que se produzcan discusiones al interior del Parlamento. No puede llegar mi hija y decir: “Yo soy la hija del Presidente de la Cámara y voy a entrar”. No, no entra ninguna visita al interior del Congreso Nacional.

Respecto de la recomendación de la autoridad sanitaria sobre el número de personas reunidas, vamos a pedir mantener el quorum de cincuenta personas como máximo en una reunión. Vamos a intentar no contravenir la norma, excepto en el caso de una reunión informativa. Por lo tanto, los diputados pueden seguir las sesiones a través de los aparatos de televisión que tenemos en todas las oficinas, hasta que llegue la hora de intervenir en el debate o de votar.

Podemos seguir la sesión a la distancia en todas las oficinas del Congreso. Por lo tanto, mantengamos el quorum de cincuenta personas en la Sala. Les pido que nos coordinemos.

Sabemos que el quorum mínimo para sesionar es de 52 señoras y señores diputados, por lo que solicito que nadie objete que haya solo cincuenta diputados en Sala.

A la hora de la votación, observando los comportamientos de conducta, votaremos y nos retiraremos.

El tercer compromiso es igualmente importante. Al respecto, ayer, conversando con algunos parlamentarios, me decían: “Yo tuve una reunión con trescientas personas”, o bien “vengo de un lugar donde había doscientas personas, porque hubo un acto de entrega de subsidios”.

Aquí podemos seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria; pero si el día jueves, cuando estemos en nuestros distritos, tenemos reuniones… Voy a citar lo que señaló el representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud, en la reunión que sostuvimos. Para la autoridad sanitaria mundial hay dos profesiones que son las que están más expuestas cuando hay pandemias relacionadas con agentes de rápida propagación: los funcionarios de la salud y los políticos. Es natural y es razonable, porque nuestro trabajo se hace conversando con las personas, nos reunimos en los distritos con los alcaldes o con otras autoridades políticas, estamos en reuniones con muchas personas. A eso le agregamos que en Latinoamérica tenemos la costumbre de saludarnos de mano, de beso y de abrazo, por lo que el contacto físico es amplio.

En ese escenario, ninguna de las medidas que adoptemos al interior de este edificio tiene sentido si cuando regresemos al distrito seguimos con las reuniones distritales.

La recomendación es que, para poder mantener el Congreso funcionando con un quorum mínimo, podamos asegurar que vamos a tener parlamentarios en condiciones de participar en las sesiones de Sala y de comisiones. La recomendación es que interrumpamos el trabajo en el distrito y lo realicemos a través de los medios de comunicación o con los cuidados necesarios.

Existe un compromiso del ministro Ward , que está aquí presente, adoptado en el día de ayer, para que se tramite con urgencia un proyecto de reforma constitucional para poder sesionar excepcionalmente en cualquier lugar del país si esta sede legislativa no lo permitiese. Y digo “excepcionalmente” para no levantar suspicacias de ninguna naturaleza. Este es un acuerdo entre el Senado, la Cámara de Diputados y la Segpres adoptado el día de ayer. El ministro Ward se comprometió a ingresar ese proyecto hoy.

Este proyecto, además, alcanza a la modificación de los quorum calificados, si fuere necesario, porque si necesitamos tener 89 o 78 votos a favor y no los tuviéramos por las razones que conocemos, no podemos frenar el trabajo legislativo, aunque la tradición y la norma lo establezcan.

Por lo tanto, excepcionalmente, se discutirá este proyecto. Esperamos que el gobierno, efectivamente, lo ingrese hoy, tal como fue comprometido, y así podamos darle un tratamiento rápido para generar esa excepcionalidad en los quorum y en el lugar de trabajo del Congreso.

Está en proceso también la posibilidad de tener un voto telemático o voto a distancia, en caso de que no pudiésemos tener el quorum en la Sala. Así, los parlamentarios podrían seguir el debate vía electrónica y votar remotamente desde el lugar donde se encuentren. Ya hay un piloto, según me informó el Secretario, quien está aislado en este momento por un resfrío. No obstante, necesitamos diez días más para tener la certeza de que vamos a poder aplicar el voto a distancia.

La tabla del día de hoy da cuenta de una urgencia social, que es el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto del ingreso mínimo garantizado. Al respecto, el gobierno ha pedido que sigamos con algunos otros proyectos, principalmente en el Senado.

A las 11.00 horas resolveremos cuál puede ser la tabla que haga sentido a la urgencia y a la prioridad de temas sanitarios o de respuesta social urgente, porque de otra manera vamos a modificar aquello.

Ante una consulta sobre los diputados de “edad riesgosa” y que están instruidos para ir a una zona segura, aclaro que, al igual que lo dispuesto en relación con los funcionarios, no es voluntario irse a zonas seguras, sino que deben hacerlo. Es nuestro deber precaver su salud, por mucha valentía que algunos pudieran tener.

Acá me plantean la duda sobre la asistencia. Lo que se ha otorgado es un permiso especial por una situación determinada. Espero que también lo hayan hecho todas las empresas, esto es, mantener todas las condiciones laborales, entendiendo que el permiso especial ha sido dado por una urgencia.

Por lo tanto, la asistencia no es el problema. Vamos a tener dificultad con los quorum, pero lo estamos resolviendo por la vía legislativa.

Los diputados que se han inscrito para intervenir no pueden hacerlo por más allá de dos minutos.

En primer lugar, está inscrito el diputado García . ¡Usted también está anotado, diputado Saffirio ! ¡Vamos en orden!

¡Diputado, por favor, no me gesticule ni me insulte! ¡Hay un orden que está escrito, le ruego tranquilidad!

El orden de inscripción es el siguiente: García , Saffirio , Díaz -¡usted está en tercer lugar, diputado!-, Schalper , Venegas , Vallejo , Urrutia y Núñez .

Tiene la palabra el diputado René Manuel García .

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Diputado González , parece que ahora sí estuvimos en la misma reunión de Comités -excepto por la primera parte de su intervención-, porque eso fue lo que se acordó: no solamente podrán ser tratados con urgencia aquellos proyectos que formalmente califica con urgencia el gobierno, sino también los que acuerde la Cámara.

Ya que tocó el punto…

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, pido la palabra.

FLORES, don Iván (Presidente).-

No hay más debate sobre este punto, diputada Cariola .

Colega, ya que tocó el punto, debo señalar que no es por una razón distinta, de ninguna naturaleza, que no sea el estricto cumplimiento…

(Manifestaciones en la Sala)

¡Siéntese, diputado!

(Un señor diputado interviene fuera de micrófono)

¡Lo llamo al orden, diputado!

Usted vino para acá, me lo planteó, y le respondí que con mucho gusto lo conversábamos.

Entonces, para qué se pone así.

¡Lo llamo al orden, diputado! ¡Lo llamo al orden, diputado!

¡Presente un proyecto de resolución y lo votamos en un momento más, tal como lo hizo el diputado Jackson !

Señoras y señores, no es por una razón distinta, sino que es estrictamente en cumplimiento de los acuerdos políticos. Cuando se acordó, políticamente, que la Mesa iba a estar conformada por un democratacristiano, en la Presidencia; un PPD, en la Primera Vicepresidencia , y un radical, en la Segunda Vicepresidencia, por un año, ese fue el acuerdo. El plazo del año vence el 19 del mes en curso.

Por lo tanto, reglamentariamente, la renuncia tiene que ser presentada 45 horas antes, y eso es el día 17, es decir, hoy.

La votación de la renuncia se hace el día 19 y la votación para elegir a los nuevos integrantes de la Mesa será el día 24, a no ser que por unanimidad se resuelva una cosa distinta.

Por lo tanto, en cumplimiento de los acuerdos políticos -no hay ninguna otra razón-, la Mesa ha presentado la renuncia esta mañana, la que será sometida a consideración de ustedes en el plazo y en el momento que corresponda.

Ese es el acuerdo político; eso es, a nuestra manera de ver, lo que corresponde hacer, y se agregará en la Cuenta de esta mañana.

MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL SEÑOR MARCO ANTONIO GARÍN REYES , PADRE DEL DIPUTADO RENATO GARÍN

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Estimados colegas, la Sala guardará un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de don Marco Antonio Garín Reyes , que en paz descanse, padre de nuestro estimado colega Renato Garín .

Invito a todos a ponerse de pie.

-Las señoras diputadas, los señores diputados, los funcionarios y los asistentes a las tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio.

FLORES, don Iván (Presidente).- Muchas gracias.

-o-

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en orden a que le sea remitido el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica, para extender su aplicación al ámbito del transporte privado remunerado de pasajeros, actualmente radicado en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. ¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

ACUERDOS DE LOS COMITÉS

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités.

El señor ROJAS (Secretario accidental).-

Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Flores y con la asistencia de la diputadas señoras Cariola , Carvajal , Sepúlveda y Mix, y de los diputados señores Auth , Celis, don Ricardo ; González, don Félix ; Ibáñez , Jackson , Molina , Monsalve , Rathgeb , Rocafull , Saffirio , Silber ; Urrutia, don Osvaldo , y Verdessi , acordaron por unanimidad lo siguiente:

1.- Suspender la sesión especial de Sala convocada para hoy a las 17:00 horas, y la sesión ordinaria del jueves 19 de marzo del presente año.

2.- Fijar como plazo hasta las 11:30 horas para presentar proyectos de acuerdo o de resolución relativos a la prevención y contención de la epidemia de coronavirus (covid-19), los que serán votados en la sesión ordinaria de hoy, sin discusión.

3.- Suspender las sesiones de comisiones, salvo aquellas que estén convocadas para tratar proyectos calificados con urgencia suma o discusión inmediata. Excepcionalmente, los Comités podrán autorizar a una comisión para tratar un proyecto de ley que no esté calificado con urgencia.

4.- Otorgar tres minutos a cada bancada para tratar el proyecto de ley que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado (boletín N° 13041-13).

5.- Otorgar tres minutos por diputado y diputada para tratar el proyecto de ley sobre eficiencia energética (boletines N°s 11489-08 y 12058-08, refundidos).

RÉPLICA A IMPUTACIONES (APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO)

El señor FLORES, don Iván (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por un tiempo máximo de cinco minutos, el diputado Jaime Mulet , quien ha solicitado hacer uso del derecho que le confiere el artículo 33 del Reglamento de la Corporación.

MULET .- Señor Presidente, hace algunos días fuimos injustificadamente

denostados por algunos actores políticos y empresariales por el solo hecho de proponer que se discutiera, en una sesión especial de la Cámara de Diputados, la posibilidad de acortar el mandato del Presidente Piñera , ante su falta, a juicio nuestro, de capacidad y eficacia en abordar con decisión los cambios que la ciudadanía demanda desde el 18 de octubre, y ante los excesos y violaciones a los derechos humanos.

Por ejemplo, Jacqueline van Rysselberghe dijo que “impedir por secretaría que pueda terminar su mandato (…) tiene mucho olor a golpe de Estado”.

Por su parte, Heraldo Muñoz , presidente del PPD, señaló que “generar más inestabilidad de la que ya hay es innecesario y repudiable”. “Discrepo fuertemente (…)”, etcétera.

Felipe Harboe señaló: “Es de una alta irresponsabilidad y es complejo (…)”.

Tomás Mosciatti , empresario de medios de comunicación, señaló: “Lo de Jaime Mulet es de una irresponsabilidad enorme. No ha leído la Constitución”.

Pocos actores políticos entendieron la importancia de esa discusión y el sentido patriótico que tenía. Sí, debo decirles que vi mucha acogida y esperanza en los ciudadanos y ciudadanas que no detentan cargos.

Entiendo que el día de hoy el problema y la urgencia son otros. El coronavirus, y con razón, se ha tomado la agenda política, económica y, sobre todo, social y sanitaria de nuestro país, y de nuestro planeta. Y corresponde, por responsabilidad para con nuestros compatriotas, abocarnos y destinar nuestra energía a ello.

Por ejemplo, espero que veamos la manera de terminar hoy mismo con el abuso inusitado de farmacias y locales ad hoc, que desde hace algunos días especulan con los precios exacerbados, como se ha dicho, del alcohol gel, de las mascarillas y otros para prevenir la propagación del coronavirus. Tramitemos rápidamente un proyecto de ley que permita fijar precios, y, de ser necesario, requisar esos y otros elementos indispensables en medio de la crisis.

Ayudemos al gobierno -lo digo con mucha autoridad- y a las autoridades de Salud para que cometan la menor cantidad de errores posible en el manejo de la pandemia, para que actúen rápida y eficazmente.

La vida y la salud de la población están primero.

Quiero defender nuestra calidad de demócratas, y lo hago desde esta tribuna, y contestar directamente a los actores a los que aludí y a otros que hicieron comentarios sobre lo mismo y de la misma forma, y reafirmar que la sola discusión en el Parlamento de un tema de orden político, de manera abierta y de cara al país, jamás puede ser considerado un hecho antidemocrático. Podrán estar o no de acuerdo, podrá o no ser oportuno, pero no es antidemocrático ni golpista. De la misma manera, tampoco lo es pedir un pronunciamiento al Senado para que nos informe cuál es el procedimiento para la aplicación de lo dispuesto en el número 7) del artículo 53 de la Constitución, en caso de renuncia o inhabilidad del Presidente.

Ayer, en mi calidad de presidente de la Federación Regionalista Verde Social, asistí, al igual que la mayoría de los presidentes de partidos, a una reunión que convocó la presidenta del Colegio Médico de Chile, en la que propuso una serie de medidas. Ojalá sea escuchada y todos, juntos, enfrentemos la pandemia, y los actores políticos nos demos una tregua, como ella lo insinuó. Sin duda, hay que hacer un paréntesis y postergar las profundas diferencias políticas que tenemos entre los que queremos cambios profundos y rápidos y los que no los quieren, hasta una vez controlada la pandemia; una tregua.

En esa misma reunión, y especialmente en la conferencia de prensa que se hizo después, varios presidentes de partidos, tanto de gobierno como de oposición, plantearon la necesidad de correr el calendario electoral de este año, o sea, postergar el plebiscito y las elecciones por algunas semanas o meses. Habrá que estudiarlo, discutirlo. Les recuerdo que para las primarias municipales hay que hacer consejos generales para aprobar pactos ahora en marzo, o inscribir primarias los primeros días de abril. La franja comenzará en algunos días, el plebiscito de entrada se efectuará en un mes y semanas, todo ello en medio de la crisis.

Discutir la postergación de un evento electoral en circunstancias extraordinarias no es antidemocrático, no es demagógico ni irresponsable; tampoco lo es adelantar una elección o acortar un mandato.

Diputadas y diputados, manos a la obra para enfrentar el coronavirus. Partamos por abordar los abusos, una vez más, de farmacias y laboratorios -no nos acostumbremos-; por disponer los recursos que requiere el sistema de salud público, especialmente municipal, primario y secundario; por ayudar a los pequeños empresarios, que están severamente afectados, y por suspender la aplicación de las normas que permiten despedir trabajadores y trabajadoras. Pongámonos de acuerdo. El gobierno tiene nuestros votos para ello.

He dicho.

-o-

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Velásquez, don Esteban; Alinco, Mulet, Naranjo, Rosas, Velásquez, don Pedro, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que “Modifica la ley N°18.556, Orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral, en materia de domicilio electoral y de sanciones aplicables a los delitos relativos a su fijación Boletín N° 13291-06

I.Antecedentes

1.El decreto con fuerza de ley N°5 del año 2017 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.556, orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y servicio electoral, en adelante DFL N°5, “regula el régimen de inscripción electoral y la organización y funcionamiento del Servicio Electoral, como parte del sistema electoral público a que se refiere el artículo 18 de la Constitución Política de la República” (artículo 1°).

Para ello, se crea un “Registro Electoral permanente bajo la dirección del Servicio Electoral, que contendrá la nómina de todos los chilenos comprendidos en los números 1° y 3° del artículo 10 de la Constitución Política de la República, mayores de 17 años” (artículo 3°), con las otras personas que esa disposición indica. De esta manera, “El Registro Electoral servirá de base para conformar los padrones electorales que deberán usarse en cada plebiscito o elección, que contendrán exclusivamente los electores con derecho a sufragio en ella, sea que se encuentren en Chile o en el extranjero” (artículo 3°).

El sistema se estructura en base a una inscripción automática de todos los chilenos que indica el artículo 10, número 1 de la Constitución Política de la República, y de otras personas que indica el párrafo 2° del Título I de la norma en estudio.

Ahora bien, el artículo 8° prescribe que: “El Registro Electoral deberá contener los nombres y apellidos de los inscritos, e indicará para cada uno el número de rol único nacional, la fecha y el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el sexo, la profesión, el domicilio electoral, la circunscripción electoral que corresponde a dicho domicilio con identificación de la región, provincia y comuna, o del país y ciudad extranjera, según corresponda, a que pertenezca, el número de la mesa receptora de sufragios en que le corresponde votar y el cumplimiento del requisito de avecindamiento, si procede”.

Para obtener dichos datos “el Servicio Electoral tendrá acceso directo y permanente a los datos electorales de todas las personas registradas en el Servicio de Registro Civil e Identificación y al registro de extranjeros avecindados del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile deberán proporcionar, de la misma forma, la información del avecindamiento de los chilenos comprendidos en los números 2 y 4 del artículo 10 de la Constitución Política de la República” (artículo 9°).

Asimismo, se contempla que: “El Servicio de Registro Civil e Identificación, el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la jefatura nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile y los consulados de Chile deberán proporcionar al Servicio Electoral información acerca de cambio de domicilio del elector o cualquier otro antecedente que resulte necesario para la inscripción de los chilenos y extranjeros en el Registro Electoral y que se encuentre en su poder, quedándole expresamente prohibido calificar los antecedentes de las personas o pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio del derecho a sufragio” (Artículo 9° inciso segundo).

2.En cuanto al domicilio electoral, el artículo 10 del DFL N°5 de 2017 establece que: “El domicilio electoral es aquel situado dentro de Chile, con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, sea porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él. En el caso de los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren en el extranjero, el domicilio electoral es aquel situado fuera de Chile, declarado como tal por el elector.

No se podrá declarar como domicilio electoral la oficina o sede de un candidato o partido político, salvo que quienes lo declaren tengan una relación de trabajador dependiente con dicho partido o candidato.

Tratándose de una residencia temporal, el vínculo objetivo deberá corresponder a la condición de propiedad o arriendo superior a un año del bien raíz por parte del elector, o de su cónyuge, sus padres o sus hijos.

Se tendrá como domicilio electoral el último domicilio declarado como tal ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o ante el Servicio Electoral.

Para efectos del registro automático de las personas referidas en los artículos 5 y 6, el domicilio electoral será el último declarado ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, ante el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ante la jefatura nacional de extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile o ante los consulados de Chile, o el acreditado para el cumplimiento del requisito de avecindamiento, según corresponda”.

3.El domicilio electoral fija la mesa receptora de sufragios en la cual deberá ejercer su derecho la respectiva persona. En efecto, el artículo 11 del DFL N°5 dispone que: “Todo elector con derecho a sufragio deberá estar inscrito en una mesa receptora de sufragios que pertenezca a la circunscripción electoral correspondiente a su domicilio electoral.

Si los antecedentes del domicilio o lugar de nacimiento con que se cuente para el registro automático de las personas referidas en los artículos 5 y 6 no permitieran al Servicio Electoral poder identificarlos con una determinada circunscripción electoral, procederá a registrarlos en la circunscripción electoral con más electores de la comuna o país con cuya información se cuente”. Ratifica esta idea el artículo 12 de la misma ley, que dispone “Artículo 12.- Al momento de la inscripción de un elector o modificación de la existente, el Servicio Electoral asignará a las mesas receptoras de sufragios a los nuevos electores inscritos o aquellos que hayan modificado su domicilio electoral, en orden correlativo de su rol único nacional y sin distinción de sexo (…)”.

Como se puede observar, el domicilio electoral tiene como efecto que el elector será asignado a una determinada mesa receptora de sufragio de la circunscripción electoral que corresponda.

4.A continuación, el DFL N°5 de 2017, en su párrafo 5° regulas las “modificaciones de los datos electorales”. En lo que interesa el artículo 24 dispone que: “Artículo 24.- El Servicio Electoral modificará los datos de las personas inscritas en el Registro Electoral, considerando las siguientes circunstancias: a) Las solicitudes de cambio de domicilio electoral y las actualizaciones de domicilio electoral realizadas al renovar los inscritos su cédula de identidad o pasaporte (…)”. Los artículos que le suceden regulan de forma más específica el cambio de domicilio en los siguientes términos:

“Artículo 25.- Con ocasión de la obtención o renovación de cédula de identidad o pasaporte, el Servicio de Registro Civil e Identificación o el correspondiente consulado de Chile deberán informar a la persona su domicilio electoral registrado, otorgándole la posibilidad de actualizarlo, declarando bajo juramento uno nuevo en ese acto, si así lo desea.

Artículo 26.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el cambio de domicilio podrá también efectuarse directamente ante el Servicio Electoral, en las oficinas que este organismo disponga en el país, o ante la jefatura nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, al entrar en el territorio nacional o salir de él, mediante una solicitud escrita firmada por el peticionario en formularios especialmente diseñados por el Servicio Electoral, que se encontrarán además disponibles en su sitio web, donde declarará bajo juramento su nuevo domicilio electoral. Los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero podrán presentar la solicitud a través del respectivo consulado.

Para efectos de lo establecido en el inciso anterior, la Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores implementará las medidas necesarias para facilitar la inscripción en el Registro Electoral o el trámite de cambio de domicilio electoral de los chilenos residentes en el extranjero y otras tendientes al mejor cumplimiento de sus funciones vinculadas al ejercicio del sufragio en el extranjero, de acuerdo a las instrucciones que, para estos efectos, dicte el Consejo Directivo del Servicio Electoral.

El Servicio Electoral deberá notificar al elector, mediante carta certificada dirigida al nuevo domicilio electoral en Chile, que ha procedido al cambio de su domicilio en el registro, indicando la circunscripción electoral y mesa de sufragio donde le corresponderá votar. A los electores cuyo nuevo domicilio se encuentre en el extranjero, se les notificará mediante correo electrónico a la casilla que se informe para tales efectos durante el cambio de domicilio o, en su caso, mediante carta certificada enviada al domicilio señalado por estos.

El Servicio Electoral podrá disponer de otras formas para solicitar el cambio de domicilio electoral, ya sea a distancia o por medios electrónicos, siempre que estas garanticen la confiabilidad en la identidad del elector y la seguridad de sus datos.

Artículo 27.- El Servicio Electoral podrá convenir con otros organismos públicos la recepción de solicitudes de cambio de domicilio electoral.

Artículo 28.- El domicilio electoral será aquel que registre el Servicio Electoral”.

5.En cuanto a las sanciones, el artículo 54 dispone que: “Sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de una a tres unidades tributarias mensuales:

1.- El que, al momento de solicitar cambio de domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento, suplantare a otra persona.

2.- El que, al declarar o actualizar domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento, proporcione datos falsos o un domicilio electoral diferente de los permitidos en el artículo 10 (…)”.

A su vez, el artículo 55 establece: “Artículo 55.- Sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos: (…) 2.- El que maliciosamente modifique el domicilio electoral informado por los electores al recibir solicitudes de éstos o cuando lo informen al obtener o renovar su cédula de identidad. 3.- El que incite, promueva, solicite u organice a los electores, a modificar su domicilio electoral, declarando uno nuevo con datos falsos o diferentes de los permitidos en el artículo 10”.

II.Fundamentos de la iniciativa

1.El domicilio electoral es aquel lugar con el cual una persona tiene un vínculo de naturaleza política, por cuanto éste determina la mesa receptora de sufragio en donde le corresponderá ejercer los derechos políticos que la Constitución le otorga a los ciudadanos. En efecto, la Carta Fundamental establece que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva, indicando a continuación que la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran (artículo 13). Ahora bien, ese derecho de sufragio se ejerce en la forma en que prescribe la Ley Orgánica Constitucional respectiva. Uno de los elementos inescindibles de esa relación es el domicilio electoral, el cual es gravitante en el ejercicio del derecho.

No obstante, también es relevante ese domicilio electoral desde el punto de vista de las consecuencias que tiene para un régimen democrático. La amplitud del domicilio electoral determinará a su vez la libertad que tiene el ciudadano para elegir la comuna en donde estará ubicada su mesa receptora de sufragio, y en definitiva, el voto en sí mismo. Esto último puede ser de utilidad para el votante en elecciones presidenciales, toda vez que la autoridad del Presidente de la República se extiende a todo el territorio, razón por la cual en principio no es relevante el lugar donde se ejerce el sufragio. Sin embargo, el domicilio electoral adquiere una mayor relevancia, desde este punto de vista, en el caso de elecciones que tienen un marcado carácter local, por ejemplo, las de los alcaldes, concejales, e incluso también las de un alcance mayor en términos territoriales, como gobernadores y consejeros regionales, y diputados y senadores.

El problema que puede afectar a la democracia es la verdadera legitimidad que tiene una autoridad local electa, en términos que los ciudadanos que emitan su voto a su favor sean efectivamente los destinatarios finales de las políticas públicas que ésta decida. En otros términos, la mayoría no estaría completamente definida si es que el universo electoral está compuesto por ciudadanos que no tienen alguna relación más arraigada con el territorio.

2.Como se tuvo oportunidad de anotar antes, nuestra legislación contiene una visión amplia del domicilio electoral. Si bien, en primer término lo define de manera restringida, como “aquel situado dentro de Chile, con el cual la persona tiene un vínculo objetivo”, luego se flexibiliza agregando que este vínculo puede darse “porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él”.

Sólo en el caso de la residencia temporal, se establece que “el vínculo objetivo deberá corresponder a la condición de propiedad o arriendo superior a un año del bien raíz por parte del elector, o de su cónyuge, sus padres o sus hijos”.

Sin perjuicio de las atribuciones que tiene el Servicio Electoral para determinar el domicilio electoral de una persona (pudiendo recurrir a diversos bancos de datos personales a cargo de organismos públicos), lo cierto es que en la práctica rige la libertad del ciudadano para elegir su domicilio, lo que viene en gran parte determinado por el procedimiento que establece la ley para efectuar un cambio de éste. En efecto, se permite que mediante una solicitud escrita firmada por el peticionario en formularios especialmente diseñados por el Servicio Electoral, que se encontrarán además disponibles en su sitio web, se modifique el domicilio, donde declarará además bajo juramento el nuevo.

La ley se puso en el caso que el ciudadano que solicitara cambio de domicilio electoral lo hiciera en contravención al concepto delimitado anteriormente, o bien proporcionando antecedentes falsos. En este sentido, se sanciona no sólo al ciudadano que incurre en esta conducta (reclusión menor en su grado mínimo y multa de una a tres unidades tributarias mensuales), sino que también a el que incite, promueva, solicite u organice a los electores, a modificar su domicilio electoral, declarando uno nuevo con datos falsos o diferentes de los permitidos en la ley (presidio menor en su grado medio, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos).

Lo cierto es que pese a estos resguardos, distintas situaciones han ocurrido en algunas comunas, en donde se da el extraño fenómeno que hay más electores que habitantes. Según informó hace algunos años el medio Biobio “Uno de las situaciones más comentadas del último tiempo fue el de Trehuaco, comuna de la provincia de Ñuble donde la población estimada asciende a 5.295 habitantes, sin embargo, en el Servicio Electoral aparecían 6.343 electores.

La situación motivó a una denuncia y revisión del padrón, tras lo cual el Tribunal Electoral Regional resolvió excluir a 182 personas por estar mal inscritas. El número parece pequeño, pero en las elecciones de 2012, el actual alcalde, Luis Cuevas, ganó por 123 votos, por lo tanto 182 sufragios serían suficientes para marcar una diferencia.

Un especial caso se dio en la región de Antofagasta. La comuna de Sierra Gorda tenía 2.832 votantes en 2013, pero este año apareció con 5.328, y 83 de ellos registraban domicilio en la calle Jaime Guzmán 120, tal como reveló una auditoría de Deloitte, dada a conocer por T13.cl. En esa misma región, la comuna de Ollagüe registra 318 habitantes, pero los inscritos en el padrón electoral llegaron a los 2.178.

El mismo informe señaló, en tanto, que en Colchane, región de Tarapacá, 191 personas se registraron ante el Servel domiciliados en calle Colchane sin número, en una comuna que subió de 2.601 electores en 2013 a 4.153 este año.

En Laguna Blanca, región de Magallanes, el candidato Carlos Rowland impugnó a más de 500 personas que figuraban en el padrón electoral indicando que contenía 1.007 electores, cuando 272 personas figuran como habitantes según el censo 2012. Su reclamo fue rechazado por el TER, lo que fue valorado por el candidato a la reelección, Ricardo Ritter, quien señaló que se había cuestionado a vecinos y funcionarios municipales que llevan años trabajando ahí.

Tres comunas de la región del Maule llamaron la atención por el mismo fenómeno. Chanco tiene cerca de 9.100 habitantes, pero 9.209 votantes. En Pelarco son poco más de 7.900 vecinos, pero podrán votal 8.040 personas. Y en Pencahue está la mayor diferencia, con 8.845 habitantes, pero 10.316 votantes. Es decir, un 16% más de electores”[1].

En definitiva, estas situaciones pueden ocurrir toda vez que la ley contiene un concepto amplio de domicilio electoral, pero también es el caso que las sanciones no son lo efectivamente disuasivas para evitar estas situaciones. Además, la circunstancia de existir el sufragio voluntario en nuestro país alienta aún más estas situaciones por cuanto al no tener el ciudadano el deber legal de sufragar, puede modificar su domicilio más livianamente, puesto que no habrá una consecuencia adversa de no concurrir a su respectiva mesa receptora de sufragio el día que le corresponda.

3.Como se ha venido diciendo, el problema de aumentar artificialmente los padrones electorales afecta en último término a la democracia, por cuanto pueden existir casos de autoridades locales electas por un porcentaje menor de la mayoría de la población que efectivamente será la que recibirá las buenas o malas decisiones públicas que adopte el ciudadano electo. De esta forma, es necesario delimitar aún más el concepto de domicilio electoral, como asimismo, elevar las sanciones asociadas a su mal uso. La democracia exige que todos los dispositivos que tiendan a desnaturalizar la verdadera voluntad mayoritaria de un territorio sean desactivados, siendo este proyecto una propuesta de avance en ese sentido.

4.Para lo anterior, el proyecto de ley propone que el domicilio electoral sólo pueda ser el lugar donde la persona reside habitual o temporalmente, excluyendo al lugar de trabajo y de estudio. Esto último por cuanto en aquellos casos se aplicará, si corresponde, la noción de residencia temporal (1 año de dueño o arrendatario del lugar), no siendo justificable que si es que no llega a acreditar dicho vínculo pueda cambiarse de domicilio electoral.

Asimismo, se aumentan las sanciones de quien aporte datos falsos, o establezca un domicilio distinto al anteriormente indicado, desde la reclusión menor en su grado mínimo y multa de una a tres unidades tributarias mensuales a reclusión menor en su grado medio, y multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales. En el caso del que incite, promueva, solicite u organice a los electores, a modificar su domicilio electoral, declarando uno nuevo con datos falsos o diferentes de los permitidos en la ley, se aumenta la pena de presidio menor en su grado medio, a presidio menor en su grado máximo. La multa, por su parte, se eleva de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales, manteniéndose la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos.

III.Idea Matriz

El presente proyecto tiene como idea matriz delimitar el concepto de domicilio electoral y aumentar las sanciones asociadas a su cambio fraudulento.

IV.Contenido del proyecto de ley

El proyecto de ley contempla las siguientes modificaciones:

1.Se propone que el domicilio electoral sólo pueda ser el lugar donde la persona reside habitual o temporalmente, excluyendo al lugar de trabajo y de estudio.

2.Asimismo, se aumentan las sanciones de quien aporte datos falsos, o establezca un domicilio distinto al anteriormente indicado, desde la reclusión menor en su grado mínimo y multa de una a tres unidades tributarias mensuales a reclusión menor en su grado medio, y multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales. En el caso del que incite, promueva, solicite u organice a los electores, a modificar su domicilio electoral, declarando uno nuevo con datos falsos o diferentes de los permitidos en la ley, se aumenta la pena de presidio menor en su grado medio, a presidio menor en su grado máximo. La multa, por su parte, se eleva de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales, manteniéndose la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos.

V.Disposiciones de la legislación vigente que se verían afectadas por el proyecto

El proyecto de ley modifica el DFL N°5 de 2017 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.556, orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y servicio electoral, por lo que sus disposiciones sólo afectan a dicho cuerpo legal.

POR TANTO:

Los diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo único: modifíquese el decreto con fuerza de ley N°5 de 2017 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.556, orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y servicio electoral, en el siguiente sentido:

1.Sustitúyase en el inciso primero del artículo 10 la frase que antecede al punto seguido por la siguiente: “El domicilio electoral es aquel situado dentro de Chile, con el cual la persona tiene un vínculo objetivo, sea porque reside habitual o temporalmente en él.”.

2.En el artículo 54 modifíquese la frase “reclusión menor en su grado mínimo y multa de una a tres unidades tributarias mensuales” por “reclusión menor en su grado medio, y multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales”.

3.En el artículo 55 modifíquese la frase “presidio menor en su grado medio, multa de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales” por “presidio menor en su grado máximo, multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales”.

Diputados señores Velásquez, don Esteban; Alinco, Mulet, Naranjo, Rosas, Velásquez, don Pedro, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Velásquez, don Esteban; Bernales, Garín, Mulet, Romero, Rosas, Sepúlveda, don Alexis; Tohá, y Velásquez, don Pedro, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que “Modifica diversos cuerpos legales en lo relativo a la participación de los consejos escolares, y particularmente de los padres y apoderados, en las decisiones de inversión de los establecimientos educacionales Boletín N° 13294-04

I.Antecedentes

a.Los padres son actores trascendentales en el proceso educativo de sus hijos, a tal punto que son reconocidos por la Constitución Política de la República como titulares de derechos. Particularmente, la Carta Fundamental les asegura “El derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho” (Artículo 19, N° 10 de la Constitución Política). Asimismo, “los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos” (artículo 19, N° 11 de la Constitución Política).

b.En tal sentido, es el decreto con fuerza de ley N°2 de 2010 del Ministerio de Educación que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, en adelante, LGE, el cuerpo legal que regula la forma en que los padres participan de la comunidad escolar.

En efecto, el artículo 9, inciso segundo de la LGE dispone que “La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales”.

A su turno, el artículo 10 dispone que “Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los integrantes de la comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a los siguientes deberes: (…) b) Los padres, madres y apoderados tienen derecho a asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos, a ser informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos o pupilos respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados.

Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos, informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia y a las de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus procesos educativos; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa”.

En la misma línea el inciso final de dicho artículo, cuando indica que: “Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública. Además, están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley”.

c.En cuanto a la orgánica, el artículo 15, en su inciso primero, dispone que: “Los establecimientos educacionales promoverán la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, en especial a través de la formación de Centros de Alumnos, Centros de Padres y Apoderados, Consejos de Profesores y Consejos Escolares, con el objeto de contribuir al proceso de enseñanza del establecimiento”.

d.En otro orden de ideas, la Ley N° 19.979 que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales en su artículo 7° prevé la existencia del Consejo Escolar, estableciendo al efecto que: “En cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir un Consejo Escolar, que será un órgano integrado a lo menos por el director del establecimiento que lo presidirá; por el sostenedor o un representante designado por él; un docente elegido por los profesores del establecimiento; un representante de los asistentes de la educación del establecimiento, elegido por sus pares mediante un procedimiento previamente establecido por éstos; el presidente del centro de padres y apoderados, y el presidente del centro de alumnos en el caso que el establecimiento imparta enseñanza media”.

e.El referido Consejo debe ser informado por el Director de una serie de materias, como asimismo, ser consultado en otras: como por ejemplo, “a) El proyecto educativo institucional. b) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. c) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. La evaluación del equipo directivo y las propuestas que hará el Director al sostenedor deben ser dialogadas en esta instancia. d) El calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, incluyendo las características específicas de éstas. e) La elaboración y modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. Con este objeto, el Consejo organizará una jornada anual de discusión para recabar las observaciones e inquietudes de la comunidad escolar respecto de dicha normativa” (artículo 8° Ley N° 19.979).

II.Fundamentos de la iniciativa

a.Actualmente los Centros de Padres no tienen mayores atribuciones en la comunidad escolar, siendo más bien destinatarios de la información que debe proveer el respectivo establecimiento. En efecto, pese a ser reconocidos por la normativa como un actor relevante de la comunidad escolar, su participación está más bien restringida. Asimismo, se contempla que los padres tienen derecho a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento, es decir, es éste último el que define la manera en que se efectuará la participación de los padres, pudiendo ampliarla o restringirla.

b.Los padres no pueden ser sólo un actor de la comunidad escolar que se limite a escuchar, sino que deben tener cierto grado de participación efectiva, asegurada por ley, que les permita incidir, en parte, en ciertas decisiones de relevancia del establecimiento. De esta forma se debe avanzar en consagrar expresamente algunas actividades en que los padres tengan participación, como lo son los proyectos de inversión que se realicen en el establecimiento. Por lo anterior, es necesario fortalecer las atribuciones de los Centros de Padres en la adopción de decisiones respecto del establecimiento educacional de sus hijos, particularmente en lo referido a las inversiones que se proyecten, toda vez que no sólo es parte del derecho a participación que tienen, sino que además, sirven para el propio establecimiento en cuanto a obtener otras opiniones respecto a proyectos que finalmente impactan en el día a día de los niños, niñas y adolescentes que allí estudian.

c.En específico, la forma de materializar esta participación es a través del Consejo Escolar, organismo en el cual tiene participación el Centro de Padres como un actor relevante, y que fue creado con la expresa mención de incentivar el involucramiento de la comunidad escolar en el proyecto educativo. De esta manera, se busca que respecto de determinadas atribuciones consultivas que tienen los Consejos Escolares, éstos deberán, para emitir su pronunciamiento, contar con la aprobación de cierta cantidad de sub-centros de padres del respectivo establecimiento.

III.Idea Matriz

El presente proyecto tiene como idea matriz fortalecer las atribuciones de los Centros de Padres en el Consejo Escolar.

IV.Contenido del proyecto de ley

El proyecto de ley establece que determinadas inversiones deben ser consultadas al Consejo Escolar. Asimismo, para que el Consejo Escolar emita su pronunciamiento, debe contar la aprobación de a lo menos la mayoría absoluta de los sub-centros de padres del establecimiento.

V.Disposiciones de la legislación vigente que se verían afectadas por el proyecto

El proyecto de ley modifica la Ley N° 19.979 y el Decreto con Fuerza de Ley N°2 del Ministerio de Educación del año 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de Educación de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales y de las normas que lo modificaron y complementaron, de manera tal que ambos cuerpos legales sean armónicos.

POR TANTO:

Los diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo primero: Modifíquese el artículo 8° de la Ley N° 19.979, en el siguiente sentido:

-En el inciso tercero, agréguese una letra f) del siguiente tenor: “f) Los proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento u otros elementos que sirvan al propósito del proyecto educativo del establecimiento educacional, cuando superen las 250 unidades tributarias mensuales, debiendo acompañarse, a lo menos, 3 cotizaciones distintas en su proposición. Para emitir un pronunciamiento favorable, el Consejo Escolar deberá contar con la aprobación de la mayoría absoluta de los sub-centros de padres del respectivo Centro de Padres del establecimiento.”.

Artículo segundo: Modifíquese el artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley N°2 del Ministerio de Educación del año 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de Educación de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales y de las normas que lo modificaron y complementaron, en el siguiente sentido:

-Deróguese el inciso segundo del literal ix.

-Agréguese el siguiente inciso final: “Las operaciones que se realicen en virtud de los numerales vi) inciso primero, viii), ix), x) y xi) del inciso segundo, que superen las 250 unidades tributarias mensuales, deberán consultarse al Consejo Escolar. Para emitir un pronunciamiento favorable, el Consejo deberá contar con la aprobación de la mayoría absoluta de los sub-centros de padres del respectivo Centro de Padres del establecimiento.”.

Diputados señores Velásquez, don Esteban; Bernales, Garín, Mulet, Romero, Rosas, Sepúlveda, don Alexis; Tohá, y Velásquez, don Pedro, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Diputadas señoras Jiles, Castillo y Marzán, y de los diputados señores González, don Rodrigo, y Jiménez, que “Modifica el Código Penal para agravar las penas aplicables a los delitos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en los casos que indica. Boletín N° 13297-17

Fundamentos:

En atención a lo acaecido en los últimos meses en el país a raíz de la ocurrencia de lo que se ha denominado “estallido social” y a la luz de las irreparables consecuencias que para una importante parte de la población ha tenido la respuesta represiva que el estado ha dado a la manifestación social, a través del actuar de agentes de las fuerzas de orden y seguridad y de la defensa nacional, es que resulta pertinente y sumamente necesario realizar modificaciones en el código penal con el fin de dar efectiva protección a los derechos fundamentales de las personas contenidos en las leyes, la Constitución Política de la República y a los tratados internacionales vigentes ratificados por nuestro país. Un enorme número de personas ha sido víctima de numerosas y variadas agresiones y vulneraciones realizadas por agentes del estado que no han dado cumplimiento al deber que tienen de actuar en irrestricto apego a las normas vigentes para el uso de la fuerza en el ejercicio de sus funciones, la situación es de suma gravedad y ha sido observada por diversos organismos nacionales e internacionales, llegando todos a la misma conclusión, se están cometiendo graves atropellos a los Derechos Humanos por parte de agentes del estado a partir del 18 de Octubre del año 2019, dicha observancia, informes y sus respectivas recomendaciones no han sido suficientes para evitar estas vulneraciones, la situación reviste mayor gravedad cuando consideramos que un número importante de estos atropellos corresponde a personas que se encuentran en una posición de debilidad e inferioridad en fuerza y capacidad de resistir y reaccionar, como es el caso de las personas menores de edad, los adultos mayores, personas con capacidades diferentes o enfermedades limitantes, embarazadas o de quienes se encuentren en una situación de vulnerabilidad; para contrapesar este desequilibrio y brindar protección a los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, es urgente modificar nuestra normativa con el fin de dar cumplimiento efectivo al respeto irrestricto a las normas relativas a los derechos fundamentales inherentes a las personas, como también a aquellos relativos a la infancia y adolescencia como también a la vejez, en todo evento, bajo toda época y bajo toda situación o circunstancia, ya que ambas esenciales ramas normativas se encuentran reconocidas por Chile en su legislación interna y en los compromisos internacionales adquiridos, ratificados y reconocidos.

Idea matriz:

El proyecto busca dar mayor efectividad a la protección y respeto, por parte de los agentes del estado en el ejercicio de la fuerza, a lo reconocido por nuestra Constitución y legislación, en materia de derechos fundamentales inherentes a la persona, con especial énfasis en la protección de las personas más indefensas de la sociedad y que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

En mérito de lo anterior de lo precedentemente expuesto, someto a vuestra consideración el siguiente:

PROYECTO DE LEY

-Artículo único. - Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

1) Incorpórese al Artículo 12 del Código Penal un nuevo numeral 22, del siguiente tenor:

22) Cometer el delito siendo agente del Estado, parte de las fuerzas de orden y seguridad o de la defensa nacional y actuando en el ejercicio de sus funciones incumpliendo los protocolos vigentes para el uso de la fuerza, las leyes, la Constitución o los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile en contra de las siguientes personas:

a) Niñas, niños y adolescentes

b) Adultos mayores, entendiendo por tal a toda persona que haya cumplido sesenta años de edad.

c) Personas con capacidades diferentes o enfermedad limitante.

d) Embarazadas

e) Personas que se encuentren bajo su cuidado, custodia o control.

2) Sustitúyase el inciso final del artículo 150 A por el siguiente: “Si alguna de las conductas descritas precedentemente se cometiere en contra de una niña, niño o adolescente, de un adulto mayor, de una persona con capacidades diferentes o enfermedad limitante, embarazada o de una persona que se encuentre bajo el cuidado, custodia o control de un agente del estado parte de las fuerzas de orden y seguridad o la defensa nacional, la pena se aumentará en un grado”.

3) Agréguese un nuevo inciso final al Artículo 150 B, del siguiente tenor:

“En el caso de que alguna de las hipótesis de los números anteriores se cometiera en contra de una niña, niño o adolescente, adulto mayor, persona con capacidades diferentes o enfermedad limitante, embarazada o persona que se encuentre bajo el cuidado, custodia o control de un agente del estado parte de las fuerzas de orden y seguridad o la defensa nacional, no será aplicable la circunstancia atenuante contemplada en el Artículo 11 números 3º, 5º, 6° 10º del Código Penal”.

4) Suprímase el inciso 3° del Artículo 150 D

5) Agréguese a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, del número 3° del Artículo 150 E, la frase: “En caso que el cuasidelito se cometiere en contra de una niña, niño o adolescente, adulto mayor, persona con capacidades diferentes o enfermedad limitante, embarazada , o persona que se encuentre bajo el cuidado, custodia o control de un agente del estado parte de las fuerzas de orden y seguridad o la defensa nacional , la pena se aumentara en un grado y no podrá invocarse la circunstancia atenuante contemplada en el Artículo 11 números 3º, 5º, 6° y 10º del Código Penal”.

6) Suprímase el inciso final del Artículo 255.

Diputadas señoras Jiles, Castillo y Marzán, y de los diputados señores González, don Rodrigo, y Jiménez

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Naranjo, Castro, don Juan Luis; Monsalve, y Santana, don Juan, que “Modifica la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para incorporar un procedimiento de inhabilitación del Presidente de la República, por impedimento físico o mental Boletín N° 13298-07

Considerando,

El 03 de abril del año pasado, en un programa matinal televisado, el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, emitió declaraciones en relación a una iniciativa parlamentaria del oficialismo respecto a la implementación obligatoria de Test de Drogas para las autoridades públicas. La máxima autoridad de este país, en vivo y en directo para todo el país, propuso la realización de exámenes psicológicos tanto para Diputados como para Senadores.

Más allá de su sutil intervención, puso en la palestra un tópico poco analizado y menos tratado, los aspectos neuropsicológicos. Lo cierto es que la Salud Mental en Chile no está siendo evaluada y menos diagnosticada de manera adecuada. Más bien nuestro sistema público de salud ha invisibilizado esta situación, hasta la fecha, no la ha considerado como una problemática que aqueja a gran parte de nuestra población. Según el Reporte de la ONU del año 2016 sobre Salud Mental en el Mundo, denominado “Depresión y otros Desórdenes Mentales Comunes”, los chilenos nos situamos en el cuarto lugar. Este estudio señala, que alrededor de 900 mil ciudadanos, mayores de 15 años padecen depresión, lo cual equivale a un 5% de nuestra población. Por otra parte, indica también, que más de un millón de compatriotas sufren de ansiedad, alcanzando un 6.5%[1].

Tomando en consideración solamente los resultados de este reporte, que tan sólo hace mención a desórdenes mentales comunes o frecuentes, dejando de lado las patologías neuropsiquiátricas más complejas, las cifras evidentemente debieran alarmarnos y alertarnos. Desafortunadamente las palabras del mandatario fueron consideradas como una “broma presidencial”, causando molestia no solo en la ciudadanía sino también en el poder legislativo, que, aunque no tuviesen acceso a informes de salud, perciben el aumento de patologías psiquiátricas. Involuntariamente, el mensaje presidencial puso sobre la mesa un tema que no es menor y que nos ha llevado a plantearnos lo siguiente: ¿debieran evaluarse aspectos de la salud física y mental para aquéllos que quieran optar a cargos de elección popular?, ¿debieran ser evaluados ambos tipos de salud durante el ejercicio del cargo?, existiendo un diagnóstico médico que certifique alguna patología en uno o ambas áreas… debieran ser descartados para asumir este tipo de funciones y a la vez, ser inhabilitados durante el ejercicio de estos?. A nuestro parecer, en los cargos de elección popular debieran aplicarse las causales de salud incompatible no solamente en lo que respecta a la salud física, sino con mayor razón debieran considerarse las competencias mentales, entre ellas las cognitivas y psicológicas.

Un claro ejemplo de la importancia de considerar esta problemática, fue lo padecido por el Ex Presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Durante los años que estuvo al frente del Gobierno de Norte América, el mandatario ya sufría de demencia senil, una enfermedad que siguió evolucionando mientras ocupó el cargo. Así lo reveló un análisis semántico de los estenogramas de una cincuentena de ruedas de prensa del ex presidente. Durante su primera campaña presidencial, en 1980, el candidato republicano y antiguo actor de Hollywood aseguró a los electores que dimitiría si los doctores de la Casa Blanca lo encontraban mentalmente incapaz de gobernar. Años más tarde, al término de su segundo mandato, los médicos dijeron que no habían descubierto ningún cambio en sus capacidades mentales mientras estaba en el poder.

Posteriormente y frente a un análisis comparativo entre los discursos de Reagan y su sucesor, George Bush, se reveló que sí experimentó pequeños cambios, explica en un artículo para “The New York Times” el doctor en medicina Lawrence Altman, y concretamente cambios muy característicos de la enfermedad de Alzheimer que los médicos le diagnosticaron a Reagan en 1994. Las conclusiones de un colectivo científico publicadas en “The Journal of Alzheimer” no indican que los procesos neurodegenerativos afectaran obligatoriamente la sensatez del gobernante y su capacidad de tomar decisiones a partir del sentido común. El objetivo del grupo era otro: elaborar métodos cognitivos para poder detectar la demencia en su etapa temprana, antes de que dañe el cerebro.

¿Pero qué fue lo que arrojó el análisis posterior de las diversas declaraciones emitidas por el presidente estadounidense de mayor edad en el momento de tomar el cargo, con 69 años?... mostró que el uso de palabras únicas en las respuestas ofrecidas a los periodistas se reducía con el tiempo, mientras que aumentaba el de sustantivos poco concretos y muletillas. Esta tendencia se hizo bastante patente después del atentado del que fue víctima hace más de 34 años, y se manifestó en el creciente uso de pronombres y adjetivos indefinidos, los adverbios “well” (bien), “so” (entonces), “basically” (básicamente), “actually" (en realidad), 'literally' (literalmente) y algunas interjecciones. Finalmente, Ronald Reagan vivió muchos años a pesar del Alzheimer que sufría, falleciendo en el 2004 a los 93 años[2].

Volviendo a nuestro país, hoy en día, cuando se invoca y declara como causalidad de despido, “salud incompatible”, se considera legal la vacancia del cargo tanto en el sector privado como público. En este último, esta razón se encuentra descrita en varios estatutos, entre ellos se hace referencia al Estatuto Administrativo de los funcionarios públicos (Ley Nº 18.834), Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales (Ley Nº 18.883), encontrándose también en otros cuerpos normativos como es el Estatuto de Atención Primaria de Salud, Estatuto Docente, Estatuto de los Profesionales de la Educación, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, etc.

En consecuencia, si nos referimos al concepto de “salud compatible o incompatible”, éste no es único ni tácito, más bien hace alusión a un conjunto de características propias de todos ellos, entre los que se encuentran: a) enfermedades físicas y/o psicológicas, b) permanentes o de larga extensión en el tiempo, c) que hagan dificultoso o imposible dar continuidad al ejercicio de sus funciones; d) que cause un daño al Servicio, al no poder hacer efectivo el principio de servicialidad del Estado. Incluso hay casos, como en el art. 143 del Estatuto Municipal, donde el mero uso de licencia (s) médicas (s), instrumento (s) legítimamente legal (es), pueden ser constitutivas de desvinculación. El instrumento señala lo siguiente: “se entenderá por salud incompatible con el desempeño del cargo, el haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo en un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”.

Respecto a los procedimientos y autoridades competentes para su declaración, estas son variadas. Por dar un ejemplo, en el caso de las Municipalidades, la competencia se le atribuye al Alcalde, en los Servicios de Salud, a los Directores o Jefes Superiores del servicio respectivo, etc…previo pronunciamiento de organismos técnicos especializados como el COMPIN u otros. Este sistema recién descrito, único e imperfecto, incluso criticado por dar lugar a despidos injustificados, le permite a la Administración del Estado, de alguna manera, asegurar las prestaciones de servicios, fundamentales para nuestra sociedad, sopesando por sobre los intereses particulares de los funcionarios y trabajadores, el deber mayor de cumplir con la Función Pública.

Ahora bien, cuando se trata de evaluar la salud mental y física del Presidente de la República, nos encontramos con una grave problemática pues actualmente existe una laguna normativa injustificada al respecto. Desafortunadamente, nuestra Constitución Política, articulada durante la dictadura, ha instaurado un sistema en extremo presidencialista, y en virtud de lo anterior, ha construido mecanismos contramayoritarios que entorpecen las grandes reformas sociales y económicas del país. En otras palabras, inhiben la posibilidad de que la participación ciudadana y sus demandas, sean vinculantes.

Actualmente sólo encontramos en nuestro ordenamiento una escueta regulación constitucional en el artículo 53 numeral 7, dentro de las facultades exclusivas del Senado. Textualmente se dispone de lo siguiente: “Artículo 53. Son atribuciones exclusivas del senado: 7) Declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones; y declarar al mismo tiempo, cuando el Presidente de la República haga dimisión de su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla. En ambos casos deberá oír previamente al Tribunal Constitucional”. Por consiguiente, hoy en nuestro país, este es el único mecanismo como herramienta de control del poder Legislativo hacia el Ejecutivo, sobre esta temática, sin dejar de considerar, la Acusación Constitucional, cuya finalidad apunta a la destitución. En lo que respecta a países semi-presidencialistas, existen otros tipos de mecanismos regulatorios, como lo son la censura o el voto de confianza, que permiten remplazar al gabinete o destituir al primer ministro.

Este mecanismo o herramienta de nivelación de poderes, como lo son las acusaciones constitucionales, persiguen principalmente la responsabilidad política de un Gobierno, pero cuando nos referimos a declarar una inhabilidad de gobernanza del Presidente por incapacidad mental, estamos apuntando a otra cosa, al riesgo que supone ser dirigidos por alguien que no se encuentra en óptimas condiciones para la toma de decisiones. En otras palabras, apuntamos a que la falta o descenso de habilidades neurocognitivas y psiquiátricas, sin duda afectan sobre el juicio o razonamiento de un individuo, causal determinante para ser inhabilitados a la opción del cargo como para desarrollarlo durante el ejercicio de éste.

Hay que dejar muy en claro que un procedimiento de inhabilidad del Presidente no es lo mismo que una Acusación Constitucional, sino todo lo contrario. Mientras la acusación se construye como un juicio político, una inhabilitación debe darle prioridad al análisis médico de la persona, culminando en una decisión política, pero con fundamento científico.

III. Idea matriz:

Crea un nuevo Título V en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional que regula el procedimiento de solicitud de declaración de inhabilidad del Presidente de la República, en virtud de la facultad exclusiva del Senado prescrita en el artículo 53 numeral 7) de la Constitución.

PROYECTO DE LEY

Artículo único: Modifíquese la Ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, creando un nuevo título V, denominado “Tramitación de las Solicitudes de Inhabilidad del Presidente de la República”, y que incorpora nuevos artículos 53 al 57, pasando el actual título quinto a ser sexto, y así sucesivamente, y el actual artículo 53 a ser 58, y así mismo con los demás que le siguen:

TÍTULO V

Tramitación de las Solicitudes de Inhabilidad del Presidente de la República

Artículo 53: La declaración de inhabilidad del Presidente de la República a que se refiere el artículo 53, numero 7), de la Constitución Política, deberá ser solicitada por, al menos, un tercio de los y las senadoras en ejercicio, y para su aprobación requerirá el voto favorable de dos tercios de los senadores en ejercicio. La Solicitud se entenderá presentada desde el momento en que se dé cuenta de ella en el Senado, lo que deberá hacerse en la sesión más próxima que se celebre.

Artículo 54: Una vez que se dé cuenta de la solicitud, será despachada al Tribunal Constitucional para que informe, en el plazo máximo de diez días corridos, si la o las enfermedades o condiciones de salud mental y/o físicas que se le atribuyen al Presidente de la República revisten la calidad de inhabilitantes para el ejercicio de su cargo, para lo cual deberá solicitar al Servicio Médico Legal la realización de las pericias que en la materia y ciencia sean pertinentes. Dicho informe no será vinculante.

Conjuntamente con el despacho del oficio que dispone el inciso segundo, se notificará al Presidente de la República personalmente o por cédula por el Secretario del Senado o por el funcionario que éste designe, dentro del plazo de veinticuatro horas luego de la cuenta. La notificación deberá contener copia íntegra de la solicitud de inhabilitación.

Artículo 55: Si el Tribunal Constitucional dispone que se escuchen alegatos en la causa, en los términos prescritos en el artículo 43 de su Ley Orgánica Constitucional, los solicitantes deberán elegir entre ellos una delegación de tres senadoras y/o senadores para realizar dicha labor.

Durante dicho procedimiento, los solicitantes y el afectado podrán acompañar las pericias, documentos e informes que fundamenten la recomendación de aceptación o rechazo de la solicitud de inhabilidad por incapacidad mental y/o física.

El Presidente de la República podrá, en todo momento, hacer uso de su derecho a defensa, sea ante el Tribunal Constitucional, como también en el Senado, personalmente o representado, y deberá someterse a las pericias que el Tribunal ordene.

Artículo 56: Transcurrido el plazo señalado en el artículo 54, y aunque dentro de él no haya ingresado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el Senado sesionará diariamente para ocuparse de la solicitud. Para este efecto, y por la sola circunstancia de haber sido notificado de acuerdo con lo prescrito en el inciso tercero, el afectado se entenderá citado de pleno derecho a todas las sesiones que celebre el Senado, a las cuales podrá comparecer personalmente o representado.

Artículo 57: El debate en Sala iniciará con la relación que realice el Secretario del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. A continuación, hablarán hasta tres representantes de los firmantes para sostener la solicitud, y le seguirá hasta tres representantes que la rechacen. Luego hablará el afectado o se leerá su defensa escrita.

La solicitud de votará en conjunto, de una sola vez. El resultado de la votación se comunicará al afectado, a la Cámara de Diputados, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Calificador de Elecciones.

Diputados señores Naranjo, Castro, don Juan Luis; Monsalve, y Santana, don Juan

Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Hernando, Luck, Marzán, Orsini, Parra, Sabat, Sepúlveda, doña Alejandra; Troncoso, Vallejo y Yeomans, que “Modifica la ley N° 16.441, que Crea el departamento de Isla de Pascua, en materia de rebaja y cumplimiento alternativo de las penas aplicadas a los naturales de la isla, por los delitos que señala BOLETIN N° 13299-34

"TEPITO-TE-HENÚA, ombligo del mar grande, taller del mar, extinguida diadema… Pablo Neruda

La ley 16.441 también llamada Ley Pascua fue creada en 1966, cuando Chile asumió la administración de la Isla y se creó el Departamento Isla de Pascua. Esta ley adaptó la legislación chilena a la idiosincrasia isleña y quiso mantener un orden donde se mezclaban la mirada del continente con el sentido de justicia de los isleños. Sin embargo, Los artículos 13 y 14 de la Ley Pascua permiten rebajas de penas y beneficios carcelarios inmediatos a condenados por delitos tan graves como violación y abuso sexual. Los beneficios son aplicables a todos los nacidos en territorio insular, independiente de si son o no de la etnia Rapa Nui, y a quienes cometen dicho delito dentro del territorio.

Sin embargo la ley 19253 del 5 de octubre de 1993 establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la corporación nacional de desarrollo indígena; en su TITULO SEXTO habla DE LA JUSTICIA INDÍGENA; así en el párrafo primero consagra el Reconocimiento del Derecho Consuetudinario de los Pueblos Indígenas a través de los siguientes artículos:

Artículo 59.-Se reconoce la existencia y validez del derecho consuetudinario y la costumbre de los pueblos indígenas.

Al aplicarse la legislación a estos pueblos deberán tomarse debidamente en consideración las costumbres y derechos.

Los pueblos indígenas de que trata esta ley tendrán derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 60.-Sin perjuicio de lo indicado en el Párrafo Segundo de este Titulo, cuando los indígenas sean parte en un juicio o en un asunto que conozcan los tribunales de justicia, éstos deberán tomar en consideración el derecho consuetudinario y aplicarlo toda vez que no contravenga texto legal expreso.

"La cultura y costumbre de los pueblos indígenas se considerará como elemento de análisis y calificación jurídica de las circunstancias de hecho que sirven de fundamento a fallo. El juez apreciará la prueba en conciencia.

Se deberá aceptar el uso de las lenguas indígenas en las causas sometidas al conocimiento de la jurisdicción, para lo cual se debe contar con traductores idóneos.

Los jueces de áreas indígenas deberán realizar capacitación periódica que les permita atender adecuadamente las causas en que los indígenas sean partes."

Según el sitio web El Mostrador el Gobierno informó, por medio del Diario Oficial, que iniciarán un proceso con el objetivo "fortalecer la prevención de todo tipo de delitos, así como también el respeto de diversos tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile", dentro de ellos estaría la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de los Niños. De esta manera se buscaría cambiar los artículos 13 y 14 de la "Ley de Pascua" que data de 1966, donde se permiten rebajas en las condenas por abusos sexuales cometidos en Isla de pascua.

Por otra parte el informe anual del INDH 2018 repara en la Violencia hacia las mujeres rurales e indígenas rurales que se muestran invisibles y marginadas; la Isla de Pascua tiene una población de 7.750 habitantes, 53% de los cuales son originarios de la isla. De este total, 88,3% son rapanui.[1]

La situación que viven las mujeres de Isla de Pascua es especialmente compleja en relación con la VIF. De acuerdo a los registros de Subsecretaria de Prevención del Delito, la tasa de denuncias en 2016 fue 5,2 por cada mil habitantes a nivel nacional, mientras en la Isla de Pascua la cifra aumenta significativamente a 22 por cada mil habitantes, cuadriplicando la cifra del país.[2]

Gráficos de Vif territorio insular Isla de Pascua

01

No podemos dejar de visibilizar que la situación de isla de pascua se escapa de los márgenes normales de la legislación actual. La rebaja de sentencia que se aplica en la ley 16.441 tiende a crear ciudadanos de primera y segunda clase y no respeta el precepto básico de la ley que es que todos somos iguales ante la ley. De esto y del análisis de los números y estadísticas se desprende que existen graves abusos hacia la mujer Rapa Nui todo ello avalado por esta ley.

Por lo anterior los Diputados firmantes presentamos el siguiente Proyecto de Ley.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1:

Suprímase el artículo 13 ley 16.441

Artículo 2:

Suprímase el artículo 14 de la ley 16.441

Diputadas señoras Hernando, Luck, Marzán, Orsini, Parra, Sabat, Sepúlveda, doña Alejandra; Troncoso, Vallejo y Yeomans

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Soto, don Leonardo; Boric, Gutiérrez, Hirsch, Ilabaca, Saffirio y Walker, que “Modifica diversos cuerpos legales en materia de transparencia y control del gasto asociado a la propaganda electoral, relativa a las votaciones populares de que trata el artículo 130 de la Constitución Política de la República Boletín N° 13300-07

l. ANTECEDENTES

La ley N° 19.884, que regula los límites y financiamiento del gasto electoral, se refiere de manera exclusiva a las campañas electorales que tienen por objeto designar a autoridades (Presidente de la República, diputados, senadores, gobernadores regionales, alcaldes, concejales y consejeros regionales), no siendo regulado el financiamiento electoral de los plebiscitos.

El actual Gobierno, pese a los reiterados requerimientos de la Academia, Partidos Políticos y Centros de Estudios, no tomó en tiempo y forma, medidas para promover una legislación que regulara a los actores privados que realicen publicidad radial, escrita, en imágenes, en soportes audiovisuales u otros medios análogos que promueva una o más de las opciones sometidas a plebiscito, tal como ha sucedido y se ha podido observar los últimos días a través de los medios de comunicación.

A efectos de llenar este vacío legal, se propone el siguiente proyecto de ley que, asimilando el plebiscito convocado a una elección presidencial, permite al Servicio Electoral fiscalizar el origen y titularidad de la publicidad contratada en favor de las opciones previstas en el artículo 130 y siguientes de la Constitución Política del Estado.

Además, a efectos de transparencia, trazabilidad y verificación del cumplimiento de las prohibiciones legales y tratamiento tributario de los fondos destinados para estos fines se establecen deberes de información y publicidad.

II. PROYECTO DE LEY

Artículo Primero. -Modifíquense el artículo 4° y 10°, de la LEY N° 19.884, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL SOBRE TRANSPARENCIA, LÍMITE Y CONTROL DEL GASTO ELECTORAL de la siguiente manera:

a) Incorpórese en el artículo 4, entre las palabras "concejal" y "podrá" la siguiente oración" así como aquellas opciones sometidas a plebiscito nacional,"

b) Agréguese al artículo 10 de la Ley 19.884, el siguiente inciso V nuevo:

"La situación prevista en el artículo 130 de la Constitución Política de la República será entendida como otra elección, para efectos del artículo 60 de la Ley 18.556.".

Artículo Segundo. -Modifíquese el artículo 31°, de la LEY N° 18.700, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL SOBRE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS de la siguiente manera:

a) Agréguese al artículo 31 de la Ley 18.700, los siguientes incisos VI, VII, VII, Y IX nuevos:

"En el caso del artículo 130 de la Constitución Política del Estado, la publicidad radial, escrita, en imágenes, en soportes audiovisuales u otros medios análogos que promueva una o más de las opciones sometidas a plebiscito, deberá identificar, al inicio y al término de ésta, la identidad de las personas naturales o partidos políticos que contrataron dichos servicios.

Para efectos de la contratación de publicidad radial, escrita, en imágenes, en soportes audiovisuales u otros medios análogos que promueva una o más de las opciones sometidas a plebiscito se deberá declarar bajo juramento que los fondos utilizados no se encuentran afectos a las prohibiciones establecidas en el Párrafo 4°de la Ley N° 19.884.

Los medios que provean servicios remunerados de publicidad radial, escrita, en imágenes, en soportes audiovisuales u otros medios análogos que promueva una o más de las opciones sometidas a plebiscito, deberán remitir, diariamente, al Servicio Electoral, un listado identificando a las personas naturales o partidos políticos que los contrataron, las declaraciones juradas requeridas y los documentos tributarios de respaldo.

Los medios que provean servicios remunerados de publicidad radial, escrita, en imágenes, en soportes audiovisuales u otros medios análogos que promuevan una o más de las opciones sometidas a plebiscito, deberán remitir, diariamente, al Servicio de Impuestos Internos, un listado identificando a las personas naturales o partidos políticos que los contrataron, las declaraciones juradas requeridas y los documentos tributarios de respaldo."

Diputados señores Soto, don Leonardo; Boric, Gutiérrez, Hirsch, Ilabaca, Saffirio y Walker

Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Mix, y de los diputados señores Celis, don Ricardo; Celis, don Andrés; Crispi; Flores, don Iván; Gahona, Labra, Rosas y Torres, que “Modifica el Código Sanitario para prohibir el aumento de precios de los productos que indica en caso de alerta sanitaria, epidemia o pandemia Boletín N° 13303-11

I.Antecedentes

El 31 de diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, China, se detectaron los primeros casos de un tipo de Coronavirus, denominado como COVID-19, altamente contangioso y peligroso para la población de riesgo. En la ciudad de Wuhan, durante los primeros meses del 2020, se registraron más 80.000 personas contagiadas, incluyendo 3000 muertos en China continental. Durante este periodo, dicha enfermedad también se extendió a paises como Italia, Alemania, Francia, y en general a toda Europa. A consecuencia de esto, el 11 de marzo pasado la Organización Mundial de la Salud declaró al Coronavirus como pandemia global, recalcando los esfuerzos que deben realizar los Estados para evitar la propagación.

Dentro de las medidas para la prevención se encuentra el lavado constante de manos, el toser o estornudar evitando la propagación de párticulas al ambiente, evitar tocarse la cara, mantener una distancia de 3 metros entre las personas, entre otras medidas.

A raíz de eso, diversas farmacias y establecimientos comerciales en distintos paises del mundo comenzaron a aumentar el precio de las mascarillas, alcohol gel y otros dispositivos de uso médico que sirven para la prevención del COVID-19. Para evitar esto, paises como Puerto Rico[1], Argentina[2], Honduras[3], Francia[4] han congelado el precio de dichos elementos con el objeto de facilitar el acceso igualitario de toda la población. En Chile, desde la llegada del COVID-19 diversas farmacias y establecimientos comerciales han subido el precio del alcohol gel, mascarillas y diversos productos relacionados con la prevención y el tratamiento de dicho virus.

El artículo 19 Nº9 de la Constitución garantiza a todas las personas el derecho a la protección de la salud. El inciso segundo del mismo artículo señala que ”El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo”. El mismo artículo en su numeral 24 al regular el derecho de propiedad, señala que la función social deriva en limitaciones y obligaciones a dicho derecho. El inciso siguiente incluye dentro de dichas limitaciones la salubridad nacional que se refiere principalmente a la salud de la población en general. Bajo el contexto en el cual nos encontramos, la propagación del COVID-19 es un asunto de salubridad pública que exige que se tomen medidas de distinta índole.

Por esto, esta iniciativa tiene por objeto prohibr, en el contexto de una alerta sanitaria, epidemia o pandemia, el aumento de precios de productos farmáceuticos, productos alimenticios y dispositivos de uso médico que sirvan para la prevención y tratamiento de las enfermedades en dichas circunstancias.

II.Idea matriz o fundamental del proyecto.

La idea matriz o fundamental del proyecto es prohibir, bajo un contexto de alerta sanitaria, epidemia o pandemia, el aumento de precios de medicamentos, productos alimenticios y dispositivos de uso médico que sirvan para la prevención y tratamiento de las enfermedades relacionadas con dichas circunstancias.

Por las razones expuestas anteriormente, las Diputadas y los Diputados abajo firmantes venimos en proponer a la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de ley:

Proyecto de ley

Artículo único:

Incorpórese en el Código Sanitario un nuevo artículo 94 Bis del siguiente tenor:

“Artículo 94 bis. En el caso de una alerta sanitaria decretada por la autoridad sanitaria respectiva, epidemia o pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, las farmacias y almacenes farmacéuticos no podrán aumentar los precios de los productos farmaceuticos, productos alimenticios ni tampoco de los dispositivos de uso médico que sirvan para la prevención y el tratamiento de la o las enfermedades relacionadas con la alerta sanitaria, epidemia o pandemia. Lo anterior también será aplicable a los establecimientos comerciales que vendan productos alimenticios y dispositivos de uso médico.

La infracción de lo dispuesto en el inciso anterior será castigada con una multa desde seiscientas unidades tributarias mensuales hasta mil unidades tributarias mensuales”.

Diputada señora Mix, y de los diputados señores Celis, don Ricardo; Celis, don Andrés; Crispi; Flores, don Iván; Gahona, Labra, Rosas y Torres

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Paulsen; Celis, don Ricardo; Crispi, Eguiguren, García, y Mellado, don Miguel, que “Modifica el Código Penal para sancionar la inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia” Boletín N° 13304-11

1. Fundamentos y antecedentes

Pese a su larga data, el Código Penal contempla, en el Párrafo XIV del Título VI del Libro III, un apartado especial para sancionar aquellas conductas que atentan contra la salubridad o salud pública.

Los tipos penales señalados, reformados sucesivamente a lo largo de la vigencia del Código, se hacen cargo de una multiplicidad de conductas que atentan contra la salud de las personas: la elaboración de agentes y elementos nocivos, la irradiación o vertido de los mismos, el ejercicio ilegal de profesiones del área de la salud, el envenenamiento o dimanación de agentes patógenos, gérmenes, entre varias otras.

Este apartado no ha sido estudiado profusamente por la doctrina, ni genera un número representativo de causas en la justicia penal[1], por lo que la extensión de los tipos penales que contempla no siempre ha resultado del todo clara, habida consideración además de la antigüedad de su redacción. Ante estos déficits normativos, a saber: la poca claridad sobre sus alcances y la antigüedad de las figuras delictivas es necesario partir constatando la relevancia del bien jurídico que protegen.

Un reciente estudio sobre la materia afirma que la salud pública, a la luz del Párrafo del Código Penal que la tutela, es “un bien colectivo, autónomo e independiente, no equiparándose a las saludes individuales, sino al conjunto de condiciones positivas y negativas que garantizan la salud”[2] Profundizando, señala que es también: “un bien jurídico colectivo con entidad propia, el cual tiende a vincularse a la seguridad en el consumo, con un contenido e injusto propio.”[3]

Según lo caracterizado, tal como ocurre con la mayoría de los bienes jurídicos que son definidos como colectivos, la salud pública presenta una característica supraindividual, encaminada a la concreción o realización de bienes individuales. Claro está, la integridad, salud y en no pocos casos la propia vida de las personas, en cuanto individuos, depende del seguimiento y de la protección de normas, sistemas y usos comunes que la resguarden, derivados de distintos factores tales como la higiene del agua, la inocuidad de determinadas sustancias, la legalidad en el ejercicio de profesiones y oficios de la salud, entre muchos otros. De ahí la relevancia del bien jurídico que se analiza.

Con todo, en el contexto de la actual crisis sanitaria producida por la pandemia global de virus SARSCoV2, que ocasiona la patología COVID19, se ha discutido sobre el alcance de estos tipos penales para abarcar y sancionar la conducta de incumplimiento o desacato de una cuarentena preventiva, la que puede ser instruida por la autoridad sanitaria. Tal fue el caso de un sujeto infectado con el virus que, desoyendo la orden administrativa que le fuere dada al llegar al país, voló dentro del mismo y concurrió a distintas reuniones sociales, ocasionando una cadena de contagios que exigió el aislamiento de 27 personas y que todavía no ha podido ser cuantificada del todo[4].

Así las cosas, si bien es claro que la autoridad sanitaria tiene la potestad de ordenar una medida de cuarentena preventiva para evitar los contagios masivos en caso de epidemia, pudiendo sancionar el quebrantamiento de aquella medida a través de un sumario sanitario (Libro X del Código Sanitario), no queda del todo claro el abordaje penal de tal conducta, el que se hace procedente si se tome en cuenta la entidad del bien jurídico en juego y el desvalor de la conducta desplegada. Por ello, el artículo 318 exige una actualización en su redacción que incluya la sanción al incumplimiento de esta obligación, en protección de la salud pública.

En adición a la redacción adicional al tipo penal del artículo 318, se propone aumentar en 1 o 2 grados la aplicación de la sanción aflictiva cuando de la conducta se siguiere una enfermedad grave o la muerte de una persona.

2. Idea Matriz

El presente proyecto de ley modifica el Código Penal con el objeto de sancionar el incumplimiento de un aislamiento u otra medida extraordinaria dispuesto por la autoridad sanitaria con ocasión de epidemia o pandemia, agravando tal sanción para el caso que de dicha conducta se haya seguido enfermedad grave o la muerte de una persona.

3. Normativa vigente afectada por el proyecto

Código Penal

4. Proyecto de Ley

“ARTÍCULO ÚNICO: Agréguense unos nuevos incisos segundo y tercero al artículo 318 del Código Penal, del siguiente tenor:

“Idéntica pena se aplicará a quien pusiere en peligro la salud pública infringiendo el aislamiento o cualquier otra medida extraordinaria, debidamente publicada, que fuere dispuesta por la autoridad sanitaria con ocasión de epidemia o pandemia.

Si a consecuencia de la conducta señalada en el inciso anterior se produjere enfermedad grave o la muerte de alguna persona, la pena privativa de libertad se aumentará en uno o dos grados respectivamente.”. “.

Diputados señores Paulsen; Celis, don Ricardo; Crispi, Eguiguren, García, y Mellado, don Miguel

Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Coloma, Carter; Fuenzalida, don Juan; Melero, Moreira, Ramírez, Rathgeb y Sanhueza; y de la diputada señora Hoffmann, que “Modifica la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para regular la aplicación de un sistema telemático de votación, por parte de los parlamentarios, en los casos que indica Boletín N° 13307-07

I. IDEAS GENERALES.

Chile se encuentra atravesando uno de los períodos más críticos del último tiempo. Por un lado se enfrenta a una protesta social que clama por mejoras en las condiciones de vida y que exige a sus autoridades cambios reales y tangibles. En este sentido, los últimos cinco meses en nuestro país se han visto marcados por importantes movilizaciones, donde si bien se revindican las urgencias sociales, también ha proliferado la violencia sin sentido que ha generado graves daños a la infraestructura pública y privada. Lo anterior ha llevado al gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha fortalecer la agenda social mediante reformas importantísimas que van en directa respuesta a las exigencias de la ciudadanía, como lo es pensiones, ingreso mínimo garantizado, entre otras, como también a fortalecer y proteger el orden interno mediante reformas que facultan a policías a tener mejor y más control. No obstante lo anterior, debe tenerse presente que muchas de estas reformas aún se encuentran en tramitación ante el Congreso Nacional.

Por otro lado debe hacer frente a al brote de coronavirus, que ya ha sido calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y que presenta a la fecha 156 casos de contagios en nuestro país. Así las cosas, las medidas preventivas y de contención deben ser oportunas y eficientes, aún cuando resulten agresivas, atendido el fácil nivel de contagio y el riesgo de colapso de los centros de salud. Es por esto, que no pueden descartarse las cuarentenas preventivas, o el cierre de edificios y puntos de reunión que resultan ser el escenario ideal para este brote epidémico.

Así las cosas, el normal funcionamiento del Congreso Nacional puede verse alterado en los próximos días ante las medidas de prevención que tome la autoridad sanitaria. Ello, por cierto repercutirá fuertemente en los tiempos de tramitación de las reformas sociales que aún están pendientes y que van en directo beneficio de nuestros ciudadanos, cuestión que podría agravar aún más la crisis social. En esta línea, el presente proyecto de ley tiene por objeto anteponerse ante tan funesto escenario y busca establecer un sistema de votación telemático para la Cámara de Diputados y el Senado, que permita avanzar en el trámite legislativo conforme el país atraviesa estas crisis.

II. CONSIDERANDO.

1.Que, el sistema de voto telemático ha sido adoptado de forma exitosa por otros congresos para casos excepcionales como lo son una enfermedad grave que impida la asistencia del congresista a la sala o bien para casos de maternidad. En esta línea se encuentra la regulación legal del Congreso Español, el parlamento de Andalucía, entre otros[1].

2.Que los sistemas telemáticos de votación son efectivos y permiten el funcionamiento normal del Congreso ante eventualidades que pudieren repercutir en el mismo.

3.En este sentido y a modo de prevención, creemos que resulta esencial instaurar el sistema en nuestro país para hacer frente a una posible cuarentena preventiva y mantener el funcionamiento de nuestro congreso en su plenitud. Ello, especialmente considerando que aún se encuentran pendiente la tramitación de proyectos relevantes para la ciudadanía como lo es la reforma de pensiones, que lleva más de 43 días en el Congreso sin que pueda votarse, atendido el fuerte obstruccionismo que ha recibido por parte de los sectores de izquierda, y que representa un cambio significativo y anhelado por cientos de chilenos.

4.En efecto, la reforma de pensiones es una de las más emblemáticas y anheladas atendido el impacto directo que tendrá en la mejora de la calidad de vida de nuestros adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables de nuestra población. No podemos permitir que esta reforma no vea la luz dentro de los próximos días, que es uno de los principales objetivos de la izquierda, quienes buscan día a día obstruir y retardar la discusión de este proyecto para finales de abril, cuando haya pasado el plebiscito. Ello no sólo significa acomodar la agenda legislativa a intereses políticos y partidistas, sino que importa jugar con los cambios que afectan a miles de personas, anteponiendo el interés personal por sobre el general.

5.El cierre del Congreso, ante una eventual cuarentena preventiva va en beneficio directo de los sectores radicales que no creen en la democracia ni en el trabajo legislativo honesto. La reforma lleva más de 43 días sin poder ponerse en tabla, aún cuando cuenta con urgencia. Es por ello que el Congreso Nacional debe poder seguir legislando, aún ante adversidades, con el objeto de materializar las reformas que esperan todos los chilenos. Debe darse una señal clara a la ciudadanía del interés que existe en concretar dichos cambios, especialmente cuando ya llevamos cinco meses del estallido social y más de tres meses desde el ingreso de las reformas por parte del Ejecutivo.

6.Así, el presente proyecto de ley establece el sistema de votación mediante sistema telemático para Diputados y Senadores en ejercicio, cuando sobrevengan situaciones excepcionales que obliguen al cierre temporal del edificio.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

Se agrega un nuevo artículo 31 bis dentro de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional con el objeto de disponer un sistema de votación telemático que permita al poder legislativo mantener su funcionamiento, en los casos que indica.

IV. PROYECTO DE LEY.

Artículo único: Agréguese un nuevo artículo 31 bis dentro de la Ley N° 18-918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, de acuerdo al siguiente texto:

“Cuando se prevea el cierre temporal del edificio del Congreso Nacional, ya sea por impedimentos graves que pudieren poner en riesgo la vida o salud de Diputados, Senadores, funcionarios y trabajadores, o por medidas preventivas adoptadas por la autoridad sanitaria del país, se deberá habilitar un sistema telemático de votación que permita el desarrollo de la función parlamentaria a distancia.”

Diputados señores Coloma, Carter; Fuenzalida, don Juan; Melero, Moreira, Ramírez, Rathgeb y Sanhueza; y de la diputada señora Hoffmann