Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley Nº 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales, en las materias que indica.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, se otorgará la palabra por tres minutos base por bancada, más 60 minutos que se distribuirán en forma proporcional.

Al igual que ayer, los jefes de Comités nos deberán hacer llegar la nómina de diputadas y diputados que participarán en el debate.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta. Documentos de la Cuenta N° 7 de este boletín de sesiones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión las proposiciones de la Comisión Mixta. Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans .

La señorita YEOMANS (doña Gael) .-

Señor Presidente, la ley de protección al empleo se discutió en el Congreso Nacional de manera veloz y generó problemas que señalamos durante su tramitación legislativa.

Al respecto, dijimos que habría problemas por la no diferenciación entre las pequeñas y medianas empresas y las grandes, y eso sucedió, porque en los últimos días hemos visto cómo grandes consorcios económicos -el ejemplo más claro es Cencosud se han acogido al seguro de desempleo, señalando que tenían una situación económica compleja para no pagar los sueldos de sus trabajadores, no obstante que acaban de repartir millonarias utilidades.

¡Una tremenda sinvergüenzura!

Incluso el gobierno ha señalado que es una situación abusiva la utilización de recursos del Estado para suspender los contratos de sus trabajadores, lo que lamentablemente se hizo en el marco de la legislación que se aprobó en este Congreso, a pesar de que insistimos constantemente en que este problema se podría producir, y la ministra del Trabajo fue testigo de ello, porque también lo señalamos en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Presentamos indicaciones para remediar esa situación, pero no fueron aprobadas por esta Sala, lo que hoy, lamentablemente, ha tenido consecuencias para las y los trabajadores.

Producto de lo anterior, hemos realizado un trabajo para resolver lo descrito en este proyecto complementario a la ley de protección al empleo, para lo cual presentamos indicaciones que nos permitieran remediar esta situación. Una de ellas tuvo que ver con prohibir el retiro de utilidades de estas grandes empresas, indicación que fue aprobada por la comisión.

Otra indicación que presentamos, dice relación con el hecho de que estas empresas también suspendieron los contratos de trabajo de mujeres embarazadas, con fuero maternal, sin pagarles las remuneraciones. Afortunadamente, esa indicación también fue aprobada. No obstante, hay otras que perdimos, que fueron rechazadas.

Sin embargo, no nos vamos a hacer cargo de aquellos casos en que grandes empresas, como Cencosud, que se acogieron a la ley, pudieron repartir utilidades. No pudimos dejar el efecto retroactivo, que es lo que planteábamos en una de las indicaciones que perdimos y que consideramos necesaria. Aun así, con todo, creo que este proyecto que complementa la ley del seguro de cesantía se hace cargo de una situación que está ocurriendo hoy en nuestro país y que no podemos dejar pasar: el abuso de las grandes empresas, por lo que debemos ir más allá. Es nuestra…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, diputada Yeomans .

Reitero a todos los presentes en esta Sala que deben ocupar las mascarillas, incluso al momento de hablar.

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señor Presidente, en estos días he participado en la Comisión Mixta con el Senado, donde hemos hecho algunas modificaciones y mejoras al proyecto.

Solo haré un par de comentarios respecto de la polémica distribución de utilidades que hemos visto estos días y que ha sido noticia nacional.

Efectivamente, es un escándalo que empresas se den el lujo de repartir el 80 por ciento de las utilidades y puedan acogerse a este beneficio tan importante para proteger la relación laboral con los trabajadores.

Sin duda, a veces uno se pasa de rosca y, por tratar de castigar a uno grande, puede terminar cometiendo un error. Desde mi punto de vista -lo planteamos en la Comisión Mixta-, se ha cometido un error al dejar afuera a las sociedades anónimas cerradas, considerando que el 35 por ciento de estas son pymes, por lo que sus dueños dependen de la distribución de utilidades para autosustentarse, mantenerse en el largo plazo, para reinvertir utilidades y pagar salarios.

Ahora, quedaron algunas cosas que nos parecen positivas, como el pago de la pensión alimenticia, que, de alguna manera, quedará asegurado con este proyecto de ley, por lo menos en un porcentaje del 50 por ciento de los recursos que se van a entregar al trabajador, a fin de hacer cumplir la ley y que los niños que dependen de esos recursos no queden totalmente desprotegidos.

Creemos que subsistirán algunas falencias, pero entendemos que es una situación especial y específica que tiene una duración determinada y que no va a ser una situación que se va a mantener en el largo plazo.

Sin duda, la gran polémica que se ha suscitado respecto de la distribución de utilidades y del pago de los directores está resuelta, porque el artículo 31 establece que los directores de las sociedades anónimas abiertas no van a poder obtener un honorario mayor al porcentaje de distribución de este seguro de cesantía que hoy los trabajadores van a recibir en esa misma organización.

Vamos a votar a favor este proyecto, porque creemos que, aunque quedó con algunas falencias, que advertimos, permitirá hacer uso de un beneficio que mucho necesitan los trabajadores chilenos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Melero .

El señor MELERO.-

Señor Presidente, qué duda cabe de que el proyecto de ley, iniciado en mensaje del Presidente de la República, que aprobamos en el Congreso para enfrentar el problema del pago de los salarios y de la conservación de los puestos de trabajo en período de pandemia, hasta ahora ha sido una muy buena iniciativa, por cuanto ha impedido el despido de trabajadores que, de no ser por esa ley, habrían quedado cesantes.

Según el último balance, al 28 de abril 65.531 empresas se acogieron a la ley de protección del empleo, beneficiando a 438.752 trabajadores. Las cifras hablan por sí solas, y lo interesante es que el grueso de este beneficio ha ido, precisamente, hacia las empresas más pequeñas: el 64 por ciento -42.162son microempresas; el 17 por ciento -11.200son pequeñas empresas; el 3 por ciento -2.141son medianas empresas, y solo el 1 por ciento

-859son grandes empresas. Reitero: solamente el 1 por ciento de las empresas que se han acogido a la ley son grandes empresas que han debido suspender sus actividades.

Por lo tanto, es una ley exitosa, que está surtiendo efectos y está bien focalizada, pues favorece a quienes corresponde y evita al máximo, aunque no necesariamente impide, situaciones que pueden resultar abusivas, que, de hecho, han ocurrido.

Por ello, considero un abuso político centrar las críticas a la ley en un grupo económico que tomó una decisión inadecuada, extemporánea y que nunca debiera haber adoptado. El grueso de los beneficiarios de esa ley son hombres de esfuerzo, emprendedores, microempresarios que intentan salvar sus empresas y a sus trabajadores, acogiéndose a este beneficio.

En la Comisión Mixta el gobierno presentó indicaciones respecto de la prohibición de reparto de dividendos a aquellas empresas que quisieran acogerse al beneficio. La primera indicación señalaba que se debe respetar un elemento fundamental, cual es la obligación legal de repartición de, al menos, el 30 por ciento de las utilidades, establecida en la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas. Ese derecho solamente puede ser coartado por la unanimidad de los accionistas.

Muchas veces cuando se habla de accionistas se piensa solo en los grandes sostenedores de una empresa o en los grupos dirigentes. Al respecto, después de un rápido cálculo dentro de los principales grupos económicos, puedo señalar que más de 80.000 pequeños accionistas reciben un dividendo que, muchas veces, es la renta propia única que complementa la jubilación de algunos de ellos, lo que les permite hacerse un plus que, de otra manera, no tendrían posibilidad de lograr.

Además, cabe mencionar que los dividendos que se están repartiendo corresponden al año 2019, no al año 2020. Obviamente, se podrá plantear una restricción en la forma de operar.

Tenía la convicción de que la forma de evitar abusos era permitir el reparto legal de hasta un 30 por ciento de las utilidades -incluso puede ser menos-, pero si este afectaba a más del 10 por ciento de los trabajadores, la empresa no podría acogerse al beneficio. Esa fue una indicación que presentó el gobierno, pero no hubo acuerdo.

Por eso, planteé una segunda indicación, más restrictiva y mejor focalizada, esto es, si más del 5 por ciento de los trabajadores de un conglomerado se veía afectado, la empresa no podría acogerse al beneficio; sin embargo, tampoco hubo acuerdo.

Por lo anterior, hoy tenemos prohibición absoluta. Así, cualquier empresa que reparta dividendos, aun sin la unanimidad de sus socios, se verá afectada al no poder acceder a los beneficios de la ley, en circunstancias de que el objetivo de esta ley es beneficiar a los trabajadores chilenos, independientemente del lugar donde trabajan. Puede ser que una empresa mediana o grande tenga serias dificultades para pagar los sueldos de sus trabajadores. De hecho, hay empresas que desde hace sesenta días no están vendiendo nada.

Me temo que una medida como está puede terminar siendo peor que la enfermedad, en tanto desincentive el acogerse a esta ley y, en cambio, termine incentivando a directores de empresas que buscan proteger a sus accionistas, a tomar la mala decisión de despedir a sus trabajadores. Yo no quiero que se despida a nadie, quiero que la gente aproveche este beneficio.

Reitero que la ley es muy buena.

Entre las indicaciones que se incorporaron en la Comisión Mixta hay de todo: algunas muy malas, otras regulares y algunas buenas. Sin embargo, como hay que votar en conjunto el texto propuesto, no serán mi partido ni mi bancada los que obstruirán la aprobación de este proyecto de ley, por lo que votaremos favorablemente las proposiciones de la Comisión Mixta.

Considero que estamos ante una ley urgente, buena, necesaria, que ya está teniendo efectos muy positivos en trabajadores chilenos que, de no ser por ella, estarían actualmente cesantes.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ (vía telemática).-

Señor Presidente, esta es una ley en proyecto corta que busca corregir aquellos puntos que quedaron mal en la ley original, principalmente la cotización del ciento por ciento, que el gobierno dejó en cincuenta por ciento, y otras cosas que no se pudieron arreglar en la ley original.

No obstante, lo que más ha indignado a la ciudadanía y, por cierto, a todos los diputados es lo que ocurrió con la empresa Cencosud .

En ese sentido, he escuchado a los ministros señalar que están asombrados por lo que ocurrió, en circunstancias de que en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social todos lo advertimos. También lo advirtió la prensa, y lo mismo hizo la gente a través de las redes sociales.

Por eso, asombra ver que ellos se asombren, porque -reiterose les advirtió que la ley favorecería a las grandes empresas. Lo mismo dijimos en la discusión del proyecto de ingreso mínimo garantizado, esto es, que había que enfocarse en la pequeña y mediana empresas, porque las grandes empresas abusan.

La problemática se resuelve con un proyecto que presenté junto con varios colegas en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, referente a las utilidades, porque todas las empresas se acogen a un reparto de bonos de productividad con tope. Al respecto, hay dos artículos -47 y 50que resolverían esta situación y, de paso, la desigualdad en el país, ya que se obligaría a que las empresas repartan sus utilidades con sus trabajadores, que son los que, en el fondo, hacen posible que haya utilidades en cualquier empresa.

Por eso, pido a la ministra del Trabajo y Previsión Social que el gobierno patrocine ese proyecto, porque una de las formas más viables para terminar con la desigualdad es que las empresas -microempresas y pequeñas, medianas y grandes empresasrepartan sus utilidades sin tope con sus trabajadores.

Estamos indignados con Cencosud, pero se trata de una situación que advertimos al gobierno. Ellos respondían a nuestras críticas señalando que estos proyectos están enfocados en los trabajadores y no en las empresas, pero sabíamos que ocurriría esto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, sin lugar a dudas, este es un proyecto que intenta corregir algunos de los problemas que presentó el proyecto original, el cual fuimos obligados a tramitar en el más breve plazo.

El proyecto original, más que proteger el empleo, como se intentó presentar, protegía a las grandes empresas. El proyecto que hoy se encuentra en discusión, pese a los artículos importantes que logró incorporar la oposición, tiene el mismo problema que la ley que busca modificar. En concreto, valida algo que el gobierno y la derecha asumen como normal y casi natural: que los trabajadores sigan pagando el costo de esta crisis.

La derecha construye un relato ideológico sistémico en el que une una supuesta protección al empleo con la necesidad de defender y de traspasar a las empresas recursos producidos por todos los chilenos y chilenas, sobre todo a las más grandes, las que en una especie de acto magnánimo dan la posibilidad de comer y de vivir a la gente, cuestión por la que supuestamente habría que agradecerles y cuidarlas.

Es tal el grado de compenetración político-ideológica entre este gobierno y las grandes empresas que en la Comisión Mixta el ministro de Hacienda nos planteó como argumento para modificar el artículo relacionado con el uso del seguro de cesantía -se contrata preferentemente vía retail con las aseguradoras que su pago podría afectar la sustentabilidad del mercado de seguros, generando un impacto patrimonial en las empresas.

Durante toda la discusión el hilo argumental del gobierno y de la derecha ha descansado en la protección de las grandes empresas. De hecho, se rechazó una indicación que buscaba incluir a pequeñas, medianas y microempresas en el pacto de suspensión y reducción de salarios o en la participación del reparto de utilidades, solo por citar un ejemplo.

Es vergonzoso lo que ha ocurrido, pues se ha usado a los pequeños empresarios para traspasar recursos públicos a las grandes empresas, efecto de la ley que pretendemos modificar hoy. Eso nadie lo puede negar, porque todos hemos sido testigos del descaro de la empresa Cencosud al trasladar el costo a los trabajadores y a las trabajadoras, a pesar de haberse consumado el retiro de utilidades.

Un proyecto de ley que buscaba resguardar el trabajo y a las pequeñas y medianas empresas en medio de una pandemia está siendo utilizado con dolo y de mala manera por empresarios que no tienen conciencia de que para superar esta crisis necesitamos de todos y de todas, pero también de un esfuerzo económico de su parte, porque hasta ahora solo los trabajadores están haciendo un gran esfuerzo económico.

La ministra destaca que las empresas Ripley y Salfa sí cumplieron, porque solo hicieron retiro del 30 por ciento de las ganancias, pese a estar acogidas a la ley. Más allá de toda operación mediática y política para defender el retiro de utilidades durante esta pandemia, lo que queda claro es que a los trabajadores se les puede suspender el pago de sus salarios e incluso reducírselos hasta en 30 por ciento, y los grandes empresarios pueden seguir repartiéndose sus ganancias.

¿Quién entiende esta lógica? Seguramente, un sector muy privilegiado de este país, porque los trabajadores y las trabajadoras deben hacer ollas comunes, organizarse para hacer compras colectivas y reducir los costos, sin saber si sus empleadores realmente van a actuar con honestidad.

Muchos de nosotros decidimos respaldar el proyecto en algunos de sus aspectos, pero nos sentimos engañados, porque lo que queda a la vista con Cencosud es el abuso que cometen las grandes empresas del retail, que tienen recursos y espaldas para enfrentar la crisis.

¿Alguien podría pensar que Ripley, Salfa o Cencosud están en peligro de quiebra y que por ello deben suspender el pago de remuneraciones? Me parece que eso es absurdo y, además, mentiroso.

De todas maneras, respaldamos los artículos 30 y 31, en cuanto a eliminar la posibilidad de retiros de utilidades si una empresa se quiere acoger a esta futura ley, así como la prohibición de que directores de sociedades anónimas abiertas perciban honorario o dieta superior a los porcentajes correspondientes al seguro de cesantía.

Creemos que el mínimo ético consiste en diferenciar a las pequeñas y medianas empresas de las grandes empresas, porque hasta ahora solo se ha beneficiado a las grandes empresas y no a las pequeñas. Las últimas leyes económicas y laborales han beneficiado a los más ricos del país, quienes han visto una oportunidad en esta crisis gracias a las políticas económicas y laborales impulsadas por el gobierno.

Vamos a aprobar algunos elementos de este proyecto de ley, pero no podemos estar conformes con una iniciativa que debía beneficiar a los trabajadores y resguardar sus derechos. El proyecto ha hecho todo lo contrario, pues ha resguardo a las grandes empresas…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señorita diputada. Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, a diferencia de lo señalado por la diputada Cariola , me parece que esta es una buena iniciativa, porque busca mejorar y complementar la ley de protección al empleo, para que los trabajadores de casa particular sean considerados en sus alcances. No olvidemos que la ley de protección al empleo ha permitido que cerca de

780.000 trabajadores mantengan el vínculo laboral con las empresas y que solo el 3 por ciento del total corresponde a grandes empresas. El resto son pequeñas.

Hay quienes abusan de la fe pública. Hay que ser claros en eso. Los artículos 30 y 31 del proyecto en discusión podrían terminar haciendo más daño que beneficio. Es lo que termina sucediendo cuando algunos abusan de instrumentos, como la empresa Cencosud , que, burlando la fe pública, repartió utilidades por sobre el mínimo legal. Hay que entender que el gobierno trató de establecer la prohibición de la repartición de dividendos únicamente en la medida en que los contratos suspendidos representasen un porcentaje superior al 10 por ciento de la plantilla consolidada de trabajadores dependientes del conjunto de empresas situadas en Chile y que formasen parte del grupo empresarial.

Por ello, con justa razón, votaremos una indicación que tratará de inhibir a las empresas de generar repartición de dividendos, en consideración a lo obrado por Cencosud, que ha burlado la fe pública.

Esto debiera ser un llamado de atención, en el sentido de que no debe ocurrir que los instrumentos que existen para tratar de hacer mejoras y proteger el vínculo laboral -asunto que la ley a la protección al empleo ha hecho biense tuerzan solo porque existe la oportunidad de hacerlo. Entiendo que haya repartición de utilidades, pero no por sobre tres veces lo establecido por ley. Eso me parece un despropósito.

Votaremos a favor la proposición de la Comisión Mixta.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, me alegro de que se encuentren presentes la ministra y dos subsecretarios. Es una buena señal para la discusión de hoy.

Quiero compartir y aclarar que en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social no se nos pasó por alto el hecho de que debe existir una diferenciación entre tipos de empresas. Nosotros planteamos el tema reiteradamente durante la discusión de varios proyectos de ley, como el que aumenta el Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios o el que establece un ingreso mínimo garantizado. Los beneficios no pueden ser para todas las empresas ni a todo evento. Siempre lo dijimos.

No creo que haya sido inocencia; no fue así.

Me interesa una explicación de lo que ocurrió, porque el ministro de Hacienda no puede decir: “Yo apelé a la buena voluntad y a que la gente creyera que podía ayudar”. ¡No! Eso no puede ocurrir hoy, porque en la ciudadanía existe un nivel de rabia en relación con lo que pasó con este holding de empresas, que, además, retiró sus utilidades. Y cuando te dicen “pero es del 2019”, ¿eso tiene alguna importancia desde el punto de vista de lo que estamos viviendo hoy, con las complicaciones que tienen los trabajadores y las empresas? Eso no debería haber ocurrido, no deberían haber retirado las utilidades, pero debería haber sido establecido por ley.

El ministro dice que no había que establecerlo por ley y, que, en este sentido, era mejor la voluntad de las personas. ¡Pero si eso no resulta, y lo sabemos todos! ¡Y lo advertimos en la comisión!

Entonces, lo que hoy debería haber hecho el gobierno es hacer esta modificación por ley retroactiva, y si no es por ley retroactiva, buscar otro mecanismo, porque lo que está en juego es la credibilidad del sistema, de esta ley, de lo que se está haciendo en este Parlamento y de lo que plantea el Ejecutivo. ¡Eso es lo que está en duda para la gente! ¡Y de todos!

Entonces, debemos dar una señal clara de que queremos incorporar a este fondo de cesantía los recursos de todos los chilenos y chilenas, pero también los empresarios deben hacer un esfuerzo, con un mínimo de reciprocidad. Esa reciprocidad no existió, y si no existió, hay que hacerla por ley, y si hay que hacerla por ley, hay que hacerla por ley retroactiva.

Por otra parte, quiero entregar algunas cifras. Es cierto que del total de empresas que ocuparon el beneficio, el 73,9 por ciento son microempresas y solo el 1,3 por ciento son grandes empresas, pero quiero contextualizar las cifras de personas que se acogieron a la ley, porque eso es muy importante que se sepa. En el caso de las microempresas hablamos de casi

146.000 trabajadores que se acogieron a la ley -¡146.000!-, y, en el caso de las grandes empresas, de casi 151.000.

Entonces, tenemos que seguir focalizando en las pequeñas y medianas empresas, pues ahí es donde está el sustento más importante para los trabajadores y trabajadoras.

Yo espero que aquí el lobby de un exministro de Hacienda no haya sido la razón por la cual hoy tenemos estas complicaciones. Le dije al subsecretario que iba a decirle públicamente esto. ¡Públicamente! Insisto: yo espero que esa no sea la razón de las complicaciones.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, quiero decir que el seguro de desempleo, usado en esta circunstancia de excepción para impedir que la crisis coyuntural se transforme en una crisis permanente, producto de que las empresas, sin importar su tamaño, están entrando en dificultades financieras por la falta de ingresos derivada de la crisis, es una buena ley, y lo digo con todas sus letras.

Es una buena ley, porque necesitamos impedir que la crisis coyuntural se transforme en una crisis permanente y porque una de las preocupaciones centrales de todos nosotros debe ser cuidar el empleo.

Para mí, la línea divisoria no es el tamaño -no es que el tamaño no importe-; la línea divisoria es la ética pública. Yo no me escandalizo por que una empresa grande se acoja a esta ley mostrando sus dificultades, porque, evidentemente, suspender ventas por uno, dos o tres meses genera dificultades a cualquier empresa. El punto es la ética pública, es decir, aquellas empresas que, no teniendo dificultades financieras, hacen uso de este mecanismo público que utiliza las cotizaciones de los empresarios, las cotizaciones de los trabajadores y el fondo especial que ha puesto el Estado para solventar esta crisis.

Por supuesto, no puede ser que alguien reparta 80 por ciento de las utilidades. Por supuesto, las utilidades siempre son del año precedente, pero ¿de qué hablan las utilidades? De las reservas que tienen las empresas para los momentos difíciles. Si alguien ha tenido grandes utilidades en el pasado, tiene que gastarlas ahora en sus trabajadores y no escudarse en que, como fueron ganadas el año pasado, no tiene sentido gastarlas porque la situación es de este año.

¡Perdónenme, pero la explicación de Cencosud no hace otra cosa que agravar su miseria ética! Y yo creo que nosotros fallamos al no hacer lo que sí hicimos en la ley del Fogape, porque donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, diputado Melero -por su intermedio, señor Presidente-.

Si nosotros pudimos establecer como condición, en la ley del Fogape, que los recursos solicitados con garantía estatal no pudieran, por ley, ser usados en otra cosa que no sea capital de trabajo, que no pudieran ser usados para distribución de dividendos, perfectamente la ley permanente -por supuesto, está bien defiende a los accionistas minoritarios, obligando a un mínimo de 30 por ciento de distribución, para que los controladores no hagan lo que quieran.

Pero a situaciones excepcionales, leyes de excepción, y esta es una ley de excepción. Por lo mismo, perfectamente pudo haber condicionado el uso del seguro de desempleo, en situación de suspensión de la relación laboral, a aquello que definiéramos aquí, y, por supuesto, la distribución de utilidades pudo ser perfectamente una condición.

Ahora, lo que vamos a aprobar hoy tiene poco sentido práctico, porque la distribución de utilidades se definió hasta el 30 de abril, y como en la Comisión Mixta no hubo acuerdo para que la modificación tuviera efecto retroactivo, en verdad, lo que vamos a hacer es eminentemente simbólico. El propósito…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Muy bien. Tiene la palabra el diputado Gonzalo Winter Etcheberry .

El señor WINTER.-

Señor Presidente, nosotros vamos a votar a favor este proyecto de ley, pero es necesario hacer algunas precisiones para que no transmitamos a la ciudadanía algo distinto de lo que aquí realmente ha ocurrido, como en el caso de los permisos de circulación, en que su excelencia el Presidente de la República incurrió en una mentira, cuyo resultado fue el desprestigio de la totalidad del Parlamento.

Recapitulemos un poco: cuando llegó el proyecto de ley sobre uso del seguro de cesantía, nosotros lo reconocimos y tramitamos lealmente, a través de los representantes del Frente Amplio: Giorgio Jackson en la Comisión de Hacienda y Gael Yeomans en la Comisión de Trabajo, y señalamos que se requería una herramienta para enfrentar de manera urgente la necesidad que había.

Incluso, reconocimos que el seguro de cesantía era una buena herramienta de distribución de recursos de manera urgente, pero dijimos que no estaban dadas las condiciones para tramitarlo de manera exprés, porque faltaba mucho, porque había un tema simbólico, ya que estábamos estableciendo, con toda claridad, cómo se iban a poner los de abajo -dejémoslo bien claro: la plata del fondo de cesantía es un ahorro de los trabajadores-, pero estábamos diciendo en abstracto cómo se iban a poner los de arriba.

Luego, nos dijeron: “¡Esta es la única forma!”. Y nosotros replicamos: “¿Cómo vamos a volver a poner después esa plata en el seguro de cesantía? Está la minería, la banca, el retail, el litio, el cobre, las isapres, las AFP, están todas esas ganancias, y si no se nos ocurre nada hacia allá, entonces su falta de creatividad es también ideológica y, por lo tanto, interesada”.

Por lo tanto, presentamos una indicación y en la Comisión de Trabajo se discutió si el proyecto estaba listo para incluir a las grandes empresas o si eso había que dejarlo para después. Y no lo aceptaron; lo rechazaron, y nosotros terminamos votando en contra el proyecto.

Luego, vino el Fogape, el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, y presentamos una indicación para decir que no se podían utilizar estos recursos para amortizar, cancelar, prepagar o refinanciar créditos ni pagar dividendos o retiros de capital de los socios, y algunos diputados estuvieron en contra. El diputado Melero dijo que esto se podía ir al Tribunal Constitucional, que atentaba contra el derecho de propiedad. ¡Pero cómo va a atentar contra del derecho de propiedad si la plata la está poniendo el Estado!

Y después vino la ley complementaria, antes de que Cencosud retirara el 80 por ciento de las utilidades de 2019, y en esa norma dijimos lo mismo: que no pueden retirar utilidades, y estuvieron en contra; explícitamente lo votaron -apretaron el botónen contra. Entonces, no nos vengan a decir ahora que todos estábamos de acuerdo.

Lo que hizo Cencosud no es un escándalo, no es un abuso a la fe pública; lo que hizo fue cumplir la ley que salió de este Parlamento. Y que hayan retirado utilidades de 2019, en realidad, me da lo mismo. Esos 91.360 millones son platas que produjeron sus trabajadores, con su esfuerzo. Si aquí la plata no cae del cielo, la plata la produce el trabajo.

Por lo tanto, no podían decirnos: “Pásennos plata para mantener la empresa funcionando” y, al mismo tiempo, “no le podemos pagar a los trabadores, pero sí nos podemos pagar a nosotros mismos”.

Basta de pedirle señales al gran empresariado. La responsabilidad que tenemos como Estado de Chile es hacerle leyes al gran empresariado, leyes al gran capital, y no darles señales. Y lo que tenemos que hacer para evitar un nuevo quiebre social es hacer que los costos de esta crisis se distribuyan con criterios de justicia y no por qué sector de la sociedad tiene mayor o menor cercanía con el gobierno.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve Benavides .

El señor MONSALVE.-

Señor Presidente, saludo a la ministra del Trabajo, al subsecretario y a quienes los acompañan.

Yo diría que esta no es una discusión de carácter técnico, sino de carácter político. Lo que quiero expresar es que, por lo menos los socialistas, tenemos una diferencia sustancial respecto de la estrategia que el gobierno ha definido para enfrentar cómo protege el empleo, cómo protege a los empleadores, cómo protege a los trabajadores y cómo recupera la actividad económica que va a ser golpeada duramente en Chile, porque se está instalando una idea que es nefasta para las instituciones y para la democracia: que el costo social, económico y humano de esta crisis lo van a pagar los trabajadores y trabajadoras de Chile.

Y la pregunta que nos tenemos que hacer en este debate es si esa idea tiene fundamento, y a mí me parece que sí lo tiene. Y es justamente eso lo que tenemos que discutir, y respeto de lo cual los socialistas nos rebelamos, porque, está bien y es natural que tengamos que proteger a las empresas, pequeñas, medianas y grandes, porque generan empleo, y también hay que proteger a los trabajadores.

Pero uno se pregunta lo siguiente: ¿Quién está colocando la plata hoy para proteger el salario de los trabajadores? Bueno, parece que los trabajadores, a través de sus ahorros, de sus cuentas individuales del fondo de cesantía y, después, del seguro colectivo. No sabemos siquiera si se van a usar los 2.000 millones de dólares que supuestamente colocó el Estado. O sea, están siendo usados los ahorros de los trabajadores.

¿Y las empresas? Las empresas, no. El gobierno y la derecha han defendido que las empresas puedan repartir utilidades.

¿Y por qué si a los trabajadores se les pide usar sus ahorros, las personas que han concentrado la riqueza en Chile no tienen obligación de usar sus ahorros? Por el contrario, se les sigue permitiendo repartir sus utilidades. ¿Dónde está el criterio de justicia en esa política?

¿Quién la puede entender? ¿Quién la puede comprender? ¿Cómo les podemos pedir solidaridad a los chilenos cuando en la práctica les ofrecemos políticas públicas evidentemente injustas?

Además, los trabajadores tienen que asumir que su salario se va a reemplazar parcialmente y que además va a ir bajando mes a mes. Esa es la lógica de que esto es un incentivo para que ese trabajador vuelva a trabajar, porque así estaba pensado, pero parece que ese mismo criterio no se aplica a las grandes empresas.

Con todo, nuestra diferencia de fondo va más allá, porque este criterio no solo está impregnando la ley de protección al empleo, pues ahora que estamos discutiendo el ingreso familiar de emergencia para los trabajadores informales, que en Chile son un grupo enorme -personas que no tienen contrato, que no presentan boletas, que no tienen pensiones, que no tienen ingresos-, el gobierno insiste, primero, en proponer un monto que está bajo la línea de la extrema pobreza, y, segundo, lo quiere disminuir mes a mes, como para obligar o incentivar a las personas, en una situación de esta naturaleza, a que busquen trabajo. Pero a las empresas no se les disminuyen las utilidades para que se vean obligadas a reactivar la economía.

Entonces, aquí se está instalando una idea perversa, cual es que, al final de esta crisis, la plata para proteger el empleo va a salir de los bolsillos de los trabajadores y de nadie más, y nosotros nos rebelamos frente a esa idea, y creo que las cosas se pueden hacer de manera distinta.

Por eso nuestra diferencia tiene que ver con la estrategia política que el gobierno está siguiendo, con una gran empatía por el sector empresarial. No digo que eso sea malo, no digo que no haya que proteger a las empresas y ni siquiera estoy haciendo discriminación de tamaño, porque van a generar empleo y lo vamos a necesitar, pero cuando uno ve que 13.000 millones de dólares van a proteger a las empresas, cabe preguntarse cuántos recursos, hasta hoy, se han gastado en las personas de Chile. Y uno llega a la conclusión de que hasta ahora son solo los 170 millones de dólares del bono covid-19, y nada más. Los chilenos no han recibido nada más del gobierno.

Los que están recibiendo salario mediante la ley de protección al empleo se debe a sus ahorros, pero no a un aporte del Estado ni de una política solidaria del Estado. Reitero: viene de sus ahorros por su trabajo, y eso no puede ser.

Presidente, en nombre de la bancada del Partido Socialista, quiero volver a pedirle al gobierno que reflexione y que se abra a dialogar. La arrogancia con la que desecha las propuestas de otros sectores de la sociedad no le hace bien al país, porque se va a instalar la idea, con todo fundamento, de que efectivamente se les está pidiendo a los trabajadores pagar el costo. Los socialistas no nos vamos a prestar para eso.

Tenemos una diferencia política, no técnica, y es por eso que nosotros tenemos que tener alguna forma de protestar respecto de la estrategia que está aplicando el gobierno, y la única forma de protestar, es con nuestro voto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez Seguel .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, hay un dicho muy popular -pido excusas por citarlo-: “La culpa no es del chancho, sino del que le da el afrecho”. Si el Ejecutivo envía un proyecto de ley al Congreso Nacional, y el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados -incluido quien hablacomo en el Senado, lo aprueba, entonces primero tenemos que empezar con un mea culpa nosotros. Lo contrario sería tirar la pelota y hablar a la galería, como si los responsables fueran otros.

Reitero: los proyectos que manda el Ejecutivo o las mociones que se presentan, en cada tratamiento pueden tener modificaciones o indicaciones que digan relación con la materia.

Lo que han realizado empresas como Cencosud y otras se debe a que, como fue señalado recientemente, están haciendo uso de la ley que el Congreso Nacional aprobó.

Por lo tanto, lo único que queda esperar es que en estos momentos difíciles se haga una modificación legal, con lo cual nuevamente vamos a generar un espectáculo frente al país. Si hay acuerdo, espero que esa modificación se haga, con la finalidad de que los recursos destinados a los trabajadores no los utilicen las grandes empresas, porque las grandes empresas tienen seguros: seguro para daños, seguro para cuando bajan las ventas y seguro para no verse afectadas ante situaciones como la que estamos viviendo. Por eso podemos ver cómo corren a entregar y distribuir a los respectivos accionistas las utilidades, y ocupan los recursos de los trabajadores para mantener a quienes trabajan con ellas, sabiendo que tienen recursos con los bancos o con empresas aseguradoras. Lo mismo ocurre con la banca y otras instituciones.

Por lo tanto, en primer lugar, es necesario reconocer, como dijeron el propio Presidente de la República y la ministra del Trabajo, que, como todos los seres humanos, a veces nos equivocamos. Creímos que la ley que hoy está vigente no estaba destinada a las grandes empresas, sino a las medianas y pequeñas, que son las que hoy tenemos que salvar en forma urgente.

Por lo anteriormente expuesto, considero que no es suficiente generar nuestra protesta solamente con el voto, sino que debemos ir mucho más allá.

Por esta razón, hago un llamado al Presidente de la República, que dirige nuestro país, y a sus ministros, a constituir mesas entre gobierno y oposición, para que los proyectos sean consensuados y vayan en la línea directa de mejorar la situación de las medianas y pequeñas empresas, que son las que generan entre el 75 y el 80 por ciento de los empleos.

Ayer apareció en un periódico de la Región de Valparaíso la noticia de que cerrará una panadería con más de un siglo de existencia, lo que dejará a más de cien empleados sin trabajo. Eso ocurre porque los bancos dilatan la entrega de los créditos que empresas como esa necesitan. Esta situación finalmente genera perjuicios en toda una cadena, pues la panadería no puede comprar la harina, la manteca, la leña o el gas que requiere, con lo cual van muriendo las pymes que son parte de dicha cadena.

Reitero: esto debe cambiar de una vez por todas. El gobierno no puede seguir trabajando

-lo digo respetuosamenteal estilo Llanero Solitario , sino que debe llegar a acuerdo con la oposición, para lograr en conjunto sacar proyectos buenos que permitan en resumidas cuentas que estos se hagan realidad en el día a día.

En nombre de la bancada Radical y de toda la oposición, quiero señalar que nos preocupa lo que ha ocurrido con estas grandes empresas. Esperamos que pronto exista la modificación legal necesaria para evitar el aprovechamiento de las grandes empresas en desmedro de aquello sobre lo cual realmente se quiso legislar, que es beneficiar a las pequeñas y medianas empresas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren .

El señor EGUIGUREN.-

Señor Presidente, lo primero que debemos hacer es agradecer al señor Paulmann el verdadero “condoro” que se mandó. Gracias a él estamos hoy en esta discusión y gracias a él se están viendo perjudicados muchos trabajadores y trabajadoras de Chile.

Quiero hacer ese distingo, porque aquí se habla de “las empresas”. Estimadas diputadas y diputados: las empresas las conforman los trabajadores y las trabajadoras de Chile. Lo que ocurrió aquí es un descriterio de un ejecutivo, de un dueño o de un gerente, pero las empresas son mucho más que ellos.

Por eso quisiera que hiciéramos bien la distinción, porque en eso radica el tema. Hoy no hemos distinguido entre las grandes, las medianas, las pequeñas y las microempresas en este proyecto de ley corta. El 96 por ciento de las empresas que se han acogido a la ley de protección del empleo son microempresas y pequeñas empresas; el 64 por ciento de ellas son microempresas, y, en promedio, cinco personas, cinco trabajadores por empresa se han acogido a este beneficio.

Lo digo, porque el buen propósito que existió al tramitar la iniciativa de ley se ha visto anulado por el abuso del presidente de un holding que decidió proceder al reparto de utilidades entre sus accionistas. Si bien dicha repartición era perfectamente legal, constituyó un acto inmoral, debido a que por su decisión se han visto perjudicados muchos trabajadores de Chile, quienes no podrán beneficiarse con lo que propone la iniciativa en estudio.

El 35 por ciento de las sociedades anónimas cerradas son pymes, las que necesitan de una medida como la que plantea esta iniciativa para poder subsistir. Los que administran las pymes necesitaban de esta ayuda, pero hoy no pueden acceder a ella. Les hemos hecho más angustioso su camino en este tránsito de la pandemia del coronavirus.

No nos confundamos. Lo que debemos hacer es legislar para proteger a las trabajadoras y los trabajadores. Pero cuando metemos a todas las empresas en un mismo saco, cuando no somos capaces de distinguir entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas, exigiéndoles a todas lo mismo, lo que estamos haciendo es perjudicar a los trabajadores de las pymes, no a los grandes empresarios.

Realmente, espero que en el futuro el ideologismo no siga primando sobre el pragmatismo, porque en estos momentos de angustia social todos debiéramos estar colaborando. Se requiere más colaboración y menos oposición, como dijo el líder de la oposición portuguesa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Sexagésimo Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del Mercosur y el Gobierno de la República de Chile, en Montevideo, el 12 de diciembre de 2018, que contiene el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y la República Federativa de Brasil, suscrito en Santiago, Chile, el 21 de noviembre de 2018.

Por acuerdos de los Comités Parlamentarios, se otorgarán cuatro minutos a cada bancada para el uso de la palabra.

Diputados informantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural son la señora Carmen Hertz y el señor Jorge Sabag , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 140ª de la legislatura 367ª, en martes 14 de enero de 2020. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Parlamentarios, sesión 3ª de la presente legislatura, en martes 17 de marzo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 8.

-Certificado de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural. Documentos de la Cuenta N° 12 de este boletín de sesiones

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En reemplazo de la diputada Carmen Hertz , rinde el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me corresponde rendir el informe que dice relación con el protocolo adicional que se ha suscrito entre nuestro país y Brasil.

Al respecto, debo precisar a la honorable Cámara de Diputados que es de público conocimiento que durante este último tiempo nuestro país ha desarrollado una estrategia de inserción en el campo internacional, lo que nos ha permitido iniciar un proceso comercial inédito en nuestra historia. Solo por citar un ejemplo, el 57 por ciento de nuestro producto interno bruto lo representan, justamente, las exportaciones.

Ahora han surgido algunas suspicacias en relación con el contenido y significado que tiene este acuerdo entre Chile y Brasil. Se entiende que hay algunos parlamentarios que no son partidarios de estos acuerdos comerciales. Quiero precisar, para que no haya equívoco, que este es un acuerdo comercial que ya está suscrito por Chile. Por consiguiente, no estamos haciendo absolutamente nada nuevo. Las relaciones económicas entre ambos países actualmente se rigen por el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N° 35, suscrito por los gobiernos de los Estados Partes del Mercosur y el gobierno de la República de Chile en 1996.

Si bien el Acuerdo de Complementación Económica N° 35 ha sido una herramienta muy útil para la internacionalización de las pequeñas, medianas y grandes empresas, está enfocado particularmente al comercio de bienes, donde actualmente existe una total liberación arancelaria, exceptuando aquellos productos que se rigen por la banda de precios, por lo cual resulta fundamental adecuar este acuerdo a las nuevas disciplinas, propias de la agenda comercial del siglo XXI.

El 12 de diciembre de 2018, en Montevideo, Uruguay , nuestro país y los Estados Parte del Mercosur suscribieron el Sexagésimo Cuarto Protocolo Adicional al ACE N° 35, instrumento que permitió la incorporación del Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Brasil al ACE N° 35, lo que permitió adecuar este acuerdo comercial vigente desde la década de los 90 a nuevas disciplinas, en materias de telecomunicaciones, comercio electrónico, comercio transfronterizo de servicios, medio ambiente, asuntos laborales, género, mipymes, cooperación económica comercial, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, política de competencia, facilitación de comercio, buenas prácticas regulatorias, entrada temporal de personas de negocios; es decir, lo que se está haciendo con este proyecto de acuerdo que aprueba este protocolo, que se somete a consideración de esta honorable Sala, es justamente adecuar el actual acuerdo comercial que tiene nuestro país con Brasil a las nuevas disciplinas que se requieren incorporar para modernizar dicho acuerdo comercial.

De tal manera que la comisión estimó conveniente apoyar esta iniciativa, porque nos parece que está en la línea correcta de lo que debe ser la comercialización entre países en el siglo XXI.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, tengo entendido que cualquier diputado o diputada, en el ejercicio de su discurso, puede ceder una interrupción.

La interrupción es un mecanismo que está en nuestro Reglamento y se puede ceder. Esto no tiene nada que ver con los acuerdos de los Comités, es distinto a que se acumulen los minutos. Simplemente, hay que hacer una pequeña puesta en escena: cuando se dé la palabra a un diputado de Comunes, este tendrá que decir: “Voy a dar una interrupción”.

Solo por la unanimidad se puede prohibir hacer eso. Al menos, eso es lo que establece el Reglamento.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, pido que se lea la parte de los acuerdos que dice que ese artículo del Reglamento, al momento de acordar los tiempos, quedó suspendido.

Lo quiero ver por escrito, si está disponible; de lo contrario, no pueden dar por asumida una norma que no está por escrito.

Por lo tanto, pido que se diga la fecha en que se suscribió ese acuerdo, incluido el artículo del Reglamento que hace mención a la interrupción.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural.

El señor SABAG (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, paso a informar, de conformidad con lo acordado por los Comités Parlamentarios, sobre los acuerdos alcanzados por esta instancia, en calidad de segunda comisión, en relación con el texto aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana del proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional y reglamentario, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que aprueba el Sexagésimo Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, que contiene el Acuerdo de Libre comercio entre la República de Chile y la República Federativa de Brasil, suscrito en Santiago, Chile, el 21 de noviembre de 2018, con urgencia calificada de suma.

La idea matriz o fundamental del proyecto de acuerdo es aprobar el Sexagésimo Cuarto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35 ya señalado.

La comisión suscribe los antecedentes y fundamentos del proyecto de acuerdo en informe dados a conocer por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, al igual que la calificación de las normas que contiene la iniciativa.

Dada la premura de la tramitación del proyecto de acuerdo, solo me referiré a la materia de competencia de la comisión que, hasta ahora, presido.

Es importante hacer presente que las relaciones económicas y comerciales entre Chile y Brasil se rigen actualmente por el Acuerdo de Complementación Económica N° 35 entre el Mercosur y Chile, suscrito en 1996.

En este contexto, se realizaron negociaciones para la conclusión de un acuerdo de libre comercio durante el 2018, el cual complementaría el acuerdo económico N° 35 con nuevas disciplinas. El Acuerdo de Libre Comercio Chile-Brasil fue suscrito el 21 de noviembre de 2018, en Santiago de Chile.

Posteriormente, Chile y los Estados parte del Mercosur suscribieron, el 12 de diciembre de 2018, en Montevideo, Uruguay , el Sexagésimo Cuarto Protocolo Adicional del Acuerdo N° 35, instrumento que permitió la incorporación del Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Brasil.

En el acuerdo se convinieron disciplinas en materias de telecomunicaciones, comercio electrónico, comercio transfronterizo de servicios, medio ambiente, asuntos laborales, género, mipymes, cooperación económica comercial, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, política de competencia, facilitación de comercio y buenas prácticas regulatorias, entre otras.

Durante el estudio de este proyecto, la comisión contó con la asistencia y la participación del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, señor Rodrigo Yáñez ; del director general de la Dirección General de Asuntos Económicos Bilaterales, señor Felipe Lopeandía , y del director del Servicio Agrícola y Ganadero, señor Horacio Bórquez .

Se señaló que el acuerdo no representaba alguna modificación directa en materia agrícola, no obstante que se destacó que el impacto más directo que podría haber en la materia está más bien en el ámbito regulatorio, en la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Además, se establecen facilidades para que algunas regulaciones se apliquen de una manera más transparente y objetiva.

Estas medidas pueden tener un impacto en el sentido de que podrían hacer más fluidas las relaciones con Brasil, manteniendo los estándares y principios que propendan a mantener la inocuidad de los alimentos y a la mantención de las medidas sanitarias de Chile.

En materia de facilitación de comercio, se expresó que si bien son medidas de carácter general, también recaen en materia agrícola, pero que tienen que ver con procedimientos aduaneros más rápidos y con más transparencia en esos procesos, lo que implica mayor facilitación en el intercambio con Brasil.

Respecto de las medidas sanitarias y fitosanitarias, se señaló que su objetivo es proteger la salud y la vida de las personas, animales y vegetales, facilitando a la vez el comercio entre ambos países, lo que permite obtener mayor claridad y transparencia en la implementación de las medidas sanitarias que pudieran afectar al comercio.

Se establece el reconocimiento de equivalencia, que facilitará el comercio de los bienes sujetos a MSF, destacando que estas nuevas disposiciones permitirán la habilitación directa con nuestras actividades competentes, sin depender de las auditorías de Brasil.

Además, se establecen mecanismos de facilitación para la habilitación de plantas exportadoras, cumpliendo siempre con los requisitos sanitarios y con la inocuidad de la parte importadora.

Por último, se hizo constar por parte del subsecretario que el presente acuerdo no tiene incidencia alguna en materia arancelaria entre ambas naciones, dado que ella ya fue definida en 1996.

Sin embargo, el presente protocolo establece y regula un sistema de auditorías y crea un comité de medidas sanitarias y fitosanitarias, integrado por el Ministerio de Salud, el SAG, el Sernapesca y sus respectivas contrapartes de Brasil.

En la comisión se hizo presente, por parte de algunos de sus integrantes, la molestia por el poco tiempo disponible para analizar con más detalle el proyecto de acuerdo, así como respecto de la imposibilidad de recabar mayores antecedentes acerca de las condiciones sanitarias de Brasil, en especial sobre las importaciones de productos bovinos.

Efectuada la votación, se contabilizaron seis votos a favor, cinco en contra y una abstención. Votaron a favor los diputados Álvarez-Salamanca , Barros , Rathgeb , Sabag , Sauerbaum e Ignacio Urrutia . Votaron en contra las diputadas señoras Jenny Álvarez , María Loreto Carvajal, Emilia Nuyado y Alejandra Sepúlveda , y el diputado José Pérez . Se abstuvo el diputado Harry Jürgensen .

Por las consideraciones expuestas, se sugiere a esta Sala el rechazo del proyecto de acuerdo. Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB (vía telemática).-

Señor Presidente, este proyecto de acuerdo se trató ayer en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, instancia en la que mi gran preocupación estuvo centrada en las importaciones de carne bovina, particularmente porque en la zona sur la masa ganadera ha ido disminuyendo a raíz de las importaciones de diferentes países, especialmente desde Brasil.

La preocupación sobre el avance parcial agrícola en nuestro país es realmente compleja, debido a la situación por la que está atravesando Brasil.

Sabemos que estamos viviendo el fenómeno de la globalización, de la liberalización de los aranceles y de las economías abiertas. No obstante, ante la crisis sanitaria que afecta al mundo, quiero hacer un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer la agricultura. Hay que preocuparse de esa actividad económica, porque es la que asegura la alimentación de los chilenos en los momentos en que se viven situaciones complejas, en especial cuando se produce el cierre de las fronteras.

Si bien es cierto que mis preocupaciones sobre este proyecto de acuerdo fueron varias, tal como lo planteé en forma detallada en la Comisión de Agricultura, cabe señalar que por parte del Servicio Agrícola y Ganadero se establecen mayores exigencias, tanto en materia fitosanitaria como de las auditorías que se deben efectuar a las importaciones.

Eso, claramente, asegura el patrimonio fitosanitario que tenemos como país, así como nuestro abastecimiento frente a situaciones complejas, por ejemplo, en caso de que se determine el cierre de las fronteras y que nuestra producción local comience a disminuir y a permearse debido al exceso de importaciones sin los controles sanitarios correspondientes.

Por lo tanto, tras haber resuelto mis consultas, quiero señalar que votaré a favor este proyecto de acuerdo, y llamo a los demás parlamentarios a que procedan de la misma manera, por cuanto este es un convenio que ya está vigente y respecto del cual se ha establecido una mayor cantidad de exigencias fitosanitarias.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Issa Kort .

El señor KORT.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al canciller, señor Teodoro Ribera , y al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, señor Rodrigo Yáñez .

Agradezco a ambos las exposiciones realizadas, no solo hoy en la Sala, sino también en el debate que se generó en la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

Al analizar un proyecto como este, debemos preguntarnos cuál es el Chile que queremos para el presente y también para el futuro. ¿Queremos un Chile en que volvamos a consolidar nuestra ubicación geográfica, es decir, estar bastante alejado del resto del mundo o queremos un Chile integrado al resto del mundo?

Queremos un Chile que pueda no solo recibir, sino también entregar, porque es la forma en que nuestro país ha evolucionado y se ha desarrollado.

Además, creo que no solo la crisis social que estalló en octubre pasado en nuestro país, sino también aquella de carácter global que enfrentamos a causa de la crisis sanitaria derivada de la covid-19, nos ponen en una encrucijada importante que debemos resolver en nuestra condición de legisladores.

Debemos reflexionar sobre qué actitud deberemos adoptar para reaccionar ante esta crisis. Tenemos la posibilidad de cambiar y de mejorar nuestra actitud y nuestra conducta como legisladores. Tenemos la posibilidad de sumar y de multiplicar, pero también, lamentablemente, la posibilidad de restar y de dividir. Por eso, me llaman poderosamente la atención algunos argumentos que hemos oído en el contexto del debate, tanto en las comisiones como en la Sala, cuando se ha querido detener la tramitación de este proyecto, porque quieren plantear la visión, el objetivo y la vocación de un Chile desintegrado, y eso no corresponde.

Este protocolo, que complementará disposiciones que ya existen en el contexto del Mercosur, no es una imposición, sino una herramienta que permite exportar e importar, es decir, entregar pero también recibir.

Espero que aprobemos este protocolo para que se constituya en una herramienta favorable al futuro de nuestro país y no se transforme en una limitación ni en una obsesión ideológica creer que Chile debe desintegrarse del resto del mundo.

Este es un proyecto que en ningún caso afecta a la agricultura. Represento a una zona agrícola y, en ese sentido, asumo la responsabilidad de que aquello no ocurrirá.

Anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Javier Hernández .

El señor HERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, hay que votar a favor de este protocolo de complementación de comercio con Brasil.

Brasil es una economía importante para Chile, sobre todo para el sur de nuestro país, teniendo en cuenta que en esa zona se origina entre el 10 o 15 por ciento del total de nuestras exportaciones. Solo los envíos de salmón hacia ese país representan alrededor de 700 millones de dólares. Apoyar este proyecto de acuerdo se traduce en mayor agricultura porque significa maíz, concentrado, raps, etcétera.

No obstante, deseo hacer hincapié ante el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre dos factores que afectan al mundo agrícola. El primero es la fiscalización de las importaciones de carne, que siguen siendo un talón de Aquiles para la economía regional, y el segundo es la normalización de las exportaciones de leche a Brasil.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, escuchamos al canciller hablar de dinero. Yo hablaré de medio ambiente y de las tres crisis a las que estamos enfrentados, tanto en Brasil como en Chile.

Una de ellas es una crisis social en que los gobiernos de ambos países sostienen un modelo de desigualdad; otra es una crisis sanitaria respecto de la cual ambos gobiernos se niegan a decretar cuarentenas, y la tercera es una crisis climática que no se ha ido, que está presente, que en nuestro país se ha traducido en una sequía que ha durado más de diez años y que nos va a seguir golpeando.

En el marco de esta crisis climática, Brasil ha estado cometiendo un crimen ambiental al destruir la Amazonía, especialmente durante el actual gobierno de Jair Bolsonaro, desplazando a comunidades indígenas y poniendo en riesgo el equilibrio climático, lo que ha exacerbado la crisis climática del planeta, porque así como existe una crisis por covid-19, también hay una crisis climática profunda que está afectando a todo el planeta.

Por eso, llamo a votar en contra de este proyecto de acuerdo y a no hacernos parte de ese modelo económico. Me alegro de ser diputado y de poder protestar contra Brasil, un país que no respeta el medio ambiente, y por eso votaré en contra de este acuerdo de libre comercio.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señor Presidente, durante mucho tiempo hemos sido críticos respecto del acuerdo del Mercosur, en particular en materia de cultivos tradicionales y de carnes, que son parte de la dieta básica de los chilenos. Sobre todo hoy, producto de esta pandemia, ha quedado de manifiesto que los alimentos deben tener un tratamiento geopolítico mucho más relevante.

Actualmente, cuando no tenemos idea de la producción de los países latinoamericanos que nos proveen los alimentos de la dieta básica, como, por ejemplo, el trigo, importado en un 50 por ciento desde Argentina, cuestionamos la forma en que hemos tratado a nuestra producción agrícola.

En el gráfico que estoy mostrando podemos ver cómo ha ido disminuyendo rápidamente la superficie sembrada de cultivos tradicionales. La línea azul muestra el trigo, y la roja el maíz y el arroz. Solamente no se ha notado una disminución importante desde que adherimos al Mercosur, porque los rendimientos de los cultivos tradicionales han ido aumentando rápidamente gracias a las nuevas tecnologías.

Hoy tenemos una agricultura tradicional tremendamente debilitada y, en el caso de la carne, la disminución de cabezas de ganado es notoria en el sur de Chile, y la industria de la leche ha ido desapareciendo. Eso ha significado que el costo de un novillo es actualmente un 20 por ciento mayor en Chile que en los demás países que integran el Mercosur.

Por todas esas razones, hemos sido críticos del Mercosur y de la relación con Argentina y Brasil. Creemos que este acuerdo económico perjudica a la agricultura tradicional, y por eso necesitamos reformular la política alimentaria en Chile.

Esperamos que, en el marco del proyecto de ley que ha presentado el gobierno para crear un ministerio de los alimentos, se discuta la importancia de autoproveernos de los componentes de la dieta básica, dejando atrás esos acuerdos económicos que han terminado matando a la agricultura tradicional.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO (vía telemática).-

Señor Presidente, para ser patriota no es necesario cantar la canción nacional todos los días ni cuadrarse ante la bandera. Para ser patriota hay que defender los intereses de la patria, es decir, defender los intereses de los chilenos y chilenas. Y en este caso no lo estamos haciendo.

Por injerencia del gobierno se pretende aprobar un proyecto de ley a matacaballo -como se dice en la Patagonia-, sin la discusión ni los conocimientos necesarios, en condiciones mundiales e internas muy desfavorables para negociar con una potencia como Brasil.

Lo decía el diputado Félix González : Brasil tiene un gobierno que no respeta el medio ambiente, que está asesinando comunidades indígenas, y el Estado chileno no dice nada.

Es necesario que este proyecto se siga discutiendo; necesitamos más tiempo. Tan solo ayer este proyecto estuvo en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y hoy se le pone suma urgencia.

Por otra parte, el ministro de Agricultura señala que está potenciando la agricultura familiar; sin embargo, con esto indudablemente desfavorecemos la agricultura familiar.

Anuncio mi voto en contra. Llamo a la Cámara de Diputados a votar en contra este proyecto, porque el mismo no significa defender los intereses de la patria.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, este acuerdo económico con Brasil viene simplemente a profundizar un acuerdo que se celebró en 1996. Hoy necesita modernizarse para incluir otras temáticas propias del siglo XXI, como las telecomunicaciones, y eso incluye el roaming internacional. Ahora, los chilenos que viajen a Brasil no tendrán que pagar un costo adicional, como sí ocurre hoy, algo que también hemos pedido para Argentina. También es necesario abordar el comercio electrónico, el comercio transfronterizo, el medio ambiente -como ha señalado el señor canciller-, asuntos laborales y de género, las mipymes, la cooperación económica y las barreras fitosanitarias.

Este es un proyecto que no altera los aranceles; simplemente perfecciona los procedimientos aduaneros para hacerlos más rápidos y transparentes, lo que implica mayores facilidades en el intercambio con Brasil.

Recordemos que Brasil es la novena economía del mundo y uno de los principales destinos de nuestras exportaciones, principalmente en cuanto a productos agrícolas, salmón y truchas, con cerca de 600 millones de dólares. También son importantes las exportaciones de vino -represento a una zona vitivinícola-, las que representan cerca de 150 millones de dólares, con oportunidad de seguir creciendo; de aceite de oliva, nueces, manzanas, almendras, kiwis, etcétera. También existe un espacio de cerca de 23.000 millones de dólares, en materia de productos orgánicos, y en el que Chile no está presente. Por lo tanto, tenemos una enorme oportunidad en ese campo.

Este acuerdo, que pretende eliminar obstáculos técnicos innecesarios al comercio, mantiene, por cierto, un capítulo especial sobre medio ambiente, porque no queremos que las inversiones vayan en detrimento del medio ambiente.

En materia de transparencia, las nuevas propuestas regulatorias tendrán un periodo de sesenta días para consultas, lo que permitirá que las partes interesadas de Chile puedan conocer con antelación cambios en las regulaciones.

También es muy importante que se establezca un comité que permite abordar de manera bilateral todos aquellos obstáculos innecesarios al comercio. Hoy se hace de manera multilateral, lo cual es bastante burocrático.

También incluye un anexo destinado al comercio de bienes orgánicos y ecológicos que fomenta la cooperación y el intercambio de información sobre producción, certificación y otros tipos de bienes.

Represento una zona netamente agrícola. Por ello, creo que el comercio debe modernizarse y, sobre todo, debemos llegar con nuestros productos agrícolas a Brasil, que es un país que posee un mercado inmenso.

Tenemos mucho espacio en materia de vinos, y no solo para las grandes viñas, sino también para los pequeños viñateros, que en forma asociativa pueden llegar con sus productos al gran mercado brasileño. Es por eso que en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural hemos analizado esos aspectos. Sin embargo, señalamos que todo esto nos pareció bastante intempestivo, ya que podríamos haber discutido el proyecto con mayor profundidad. Con todo, estoy convencido de que esto va a facilitar aún más las relaciones con Brasil.

También quiero recordar que el tratado fue firmado por el Presidente Piñera con el entonces Presidente Temer, no con el Presidente Bolsonaro . Los tratados van más allá de los gobiernos de turno. Este no es un tema político, sino una materia muy importante para las relaciones comerciales de Chile.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ.-

Señor Presidente, no tendría motivos para saludar al canciller después de la gracia que nos hizo de mandarnos a la Región de Tarapacá ciudadanos que estaban contagiados con coronavirus. Sé que pidió disculpas, pero debe dárselas a los iquiqueños que, lamentablemente, están padeciendo las consecuencias de haber mandado ciudadanos bolivianos de la comuna de Providencia a la ciudad de Iquique. Ya van, a lo menos, más de cien infectados por coronavirus.

La situación que está padeciendo la ciudad de Iquique es bastante delicada y grave. En todo caso no es el punto, y entiendo que las expresiones del señor canciller demuestran que siente algún grado de culpabilidad.

Entendemos que el Mercosur es un proyecto político de integración latinoamericana que hoy está formado por países, como Brasil, Argentina , Uruguay y Paraguay. Se dice que los gobiernos no son los relevantes, sino que hay que tomar en consideración a los países. Pero ¿qué ocurre? Uno escucha o lee las expresiones de Paulo Guedes , ministro de Economía de Brasil, un personaje relevante en la vida económica de ese país, en que amenazaba con que Brasil se saldría del Mercosur si ganaba las elecciones Alberto Fernández , y él finalmente salió elegido Presidente.

Ahora, ¿qué dijo el Presidente Fernández ? Que se amenaza el Mercosur si cada país que lo integra negocia por su cuenta tratados de libre comercio, es decir, sin hacerlo desde la instancia del Mercosur.

Por consiguiente, esos acuerdos bilaterales que firma Chile con Brasil contribuyen a destruir este proyecto político de integración latinoamericana, porque, al final del día, lo que está haciendo Brasil, con Bolsonaro, es privilegiar acuerdos financieros, políticos y económicos más allá del Mercosur.

Entonces, resulta engañoso que este acuerdo se haga supuestamente a la luz del Mercosur, porque no es un acuerdo del Mercosur; es un acuerdo económico bilateral entre Chile y Brasil. Sin duda, eso debe ser considerado en el momento en que firmamos un acuerdo de libre comercio. No podemos firmar un tratado de libre comercio que contribuirá a que se haga realidad lo que el Presidente Fernández está diciendo respecto de que cada país integrante del Mercosur, por su cuenta y riesgo, firme tratados de libre comercio, cuando la idea es que el Mercosur sea el que inste a que se celebren estos acuerdos.

Ahora, entendemos que los proyectos llamados de tercera generación son peligrosos para el país, sobre todo porque nos imponen obligaciones que el día de mañana cualquier empresa brasileña nos podría exigir que cumpliéramos. Por ello, deben ser producto de un debate nacional y no de un debate dentro de una comisión o entre cuatro paredes, como lo hacemos hoy.

Aquí estamos comprometiendo nada menos que la soberanía alimentaria, la soberanía del pueblo de Chile ante un tratado internacional que solo va a obligar al Estado de Chile. Por eso,…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, en primer lugar, saludo al canciller y al subsecretario; nos alegra que hoy estén presentes en la Sala.

En segundo lugar, lamento mucho el procedimiento con que hemos estudiado este tratado. Entiendo que lo hizo la Comisión de Relaciones Exteriores, pero creo que la Comisión de Agricultura debería haber tenido, a lo menos, dos sesiones para haberlo revisado, porque todas las preguntas que se hicieron, lamentablemente, no se respondieron con la acuciosidad que pretendíamos.

Brasil exporta a alrededor de 150 países -voy a hablar fundamentalmente del sector agrícola y, específicamente, de la exportación de carne-. Sin embargo, ese país ha tenido complicaciones. Por ejemplo, a partir de 2017, en Estados Unidos de América, por el USDA, alrededor del 11 por ciento de sus exportaciones fueron rechazadas por complicaciones desde el punto de vista sanitario. Debo decir que allí, incluso, hubo soborno a determinados personeros de las instituciones que certifican; con Asia también tuvo complicaciones, y con la Unión Europea se han suspendido las relaciones y el comercio fundamentalmente de carne.

En Brasil existen 21 compañías que hoy están exportando. Tengo en mi poder antecedentes de todas las complicaciones que hoy tienen esas compañías con los tribunales de justicia, la fiscalía y las investigaciones, en relación con certificados fraudulentos, complicaciones, cohecho, etcétera, en virtud de las exportaciones a distintos países, fundamentalmente de la Unión Europea.

¿Qué quiero decir con esto? Que Brasil no es un socio cualquiera; es un socio complejo desde el punto de vista medioambiental, como lo planteó muy bien el diputado Félix González ; pero también, desde el punto de vista económico, hay complicaciones con la certificación.

A partir de estos antecedentes, quiero ir al Capítulo 4 del tratado, que tiene que ver con las medidas sanitarias y fitosanitarias. Específicamente me voy a referir al artículo 4.6, sobre equivalencia y habilitación. En este punto pedíamos una respuesta desde el punto de vista del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), porque la equivalencia tiene que ver con cómo hacemos que la norma chilena sea absolutamente -valga la redundancia equivalente con las normas de Brasil.

Mi preocupación es porque las exportaciones que hoy tenemos de Brasil son absolutamente superiores en relación con la carne, con todas las medidas sanitarias que lamentablemente ellos no siguen, y el punto 7 del artículo 4.6 establece que Brasil podrá exportar sin las inspecciones que tenemos actualmente.

¿Qué pedimos? Lo único que pedimos es hacer la comparación entre lo que teníamos antes del tratado y lo que tenemos desde hoy.

Entonces, de lo único que quiero dejar constancia hoy en la Sala es que este es un acuerdo que nos va a complicar desde el punto de vista sanitario. Después vamos a tener en Chile las complicaciones que, lamentablemente, no fuimos capaces de medir, porque no nos han dejado el tiempo para estudiarlo.

En tercer lugar, con este tratado se terminó la producción de carne en Chile; con esto ya hemos perdido más de un millón de…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada de la Región de Los Lagos, Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO , ( doña Emilia) .-

Señor Presidente, si bien el señor canciller ha planteado que es importante tener mayor solidez e integralidad respecto de este tratado, quiero señalar que en Brasil y en Chile este acuerdo atenta contra la soberanía de los pueblos indígenas, especialmente en Brasil.

Por lo tanto, como representante del pueblo mapuche, no puedo votarlo a favor, independientemente de que lo más probable es que algunos de mis compañeros de bancada lo puedan hacer, así como muchos otros en este hemiciclo.

Queda claro que muchos representantes de la pequeña y mediana agricultura, así como de la agricultura familiar campesina y de la agricultura ancestral, han tenido la oportunidad de ir a la Comisión de Agricultura a plantear su malestar respecto de los diversos tratados que se han llevado a cabo en el Mercosur. Por lo tanto, dentro de este Sexagésimo Cuarto Protocolo eso debió haber quedado expresado con mayor claridad, señor subsecretario de Agricultura, por intermedio del señor Presidente, porque en verdad a ellos no se les ha escuchado sobre la situación que ha ocurrido con la carne y con la leche. En ese sentido, muchas pequeñas empresas han denunciado el trato que han recibido en esta materia.

Hoy se esperaba que ante una situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia mundial de la covid-19, el ministro de Agricultura y el canciller hubieran revisado lo que está ocurriendo con la agricultura en Chile.

En verdad, lo que ustedes hacen es tratar de sacar rápidamente este acuerdo, que se vote prontamente -por eso le pusieron suma urgencia-, en vez de revisar la situación de crisis económica que está viviendo actualmente la agricultura en Chile, y me parece que también en Brasil.

Es una situación no esperada que ustedes le hayan puesto suma urgencia a la iniciativa y no hayan permitido mayor debate. No la pudieron revisar las partes involucradas, y ahora se viene a forzar para que esto se termine aprobando.

El señor ministro señala que ha habido un acuerdo y que han sido considerados el medio ambiente y la biodiversidad; sin embargo, hemos visto cómo se ha arrasado el Amazonas, cómo se ha querido exterminar a los pueblos indígenas en el Amazonas. Por lo tanto, qué compromiso podría señalar que tiene un Presidente como Bolsonaro, que lo único que ha hecho es generar el etnocidio y el genocidio de los pueblos indígenas.

Por lo tanto, difícilmente podríamos votar favorablemente un tratado que, en cierta forma, lo único que hace es agudizar la situación crítica que están viviendo los pueblos indígenas en Brasil.

En consecuencia, anuncio que votaré en contra este convenio.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal .

La señora CARVAJAL (doña M.ª Loreto).-

Señor Presidente, llama poderosamente la atención, como lo manifestamos en la Comisión de Agricultura, algo que a juicio nuestro no tiene lógica: la celeridad -quiero decirlo con el respeto que se merece el ministroy la voluntariedad que se dio por parte de su representante en la tramitación de la iniciativa.

Lo digo, porque la connotación de los países, sobre todo de nuestros territorios, a los que nos debemos, ha cambiado con la pandemia, pero además en los contextos financieros y económicos, donde hay mucho que revisar.

En general, desde hace décadas hemos tenido una política de apertura comercial muy grande, que ha permitido el intercambio, pero lamentablemente en casi nulas ocasiones hemos sido capaces de revisar los contenidos de los avances en materia comercial, sobre todo los impactos que este tipo de tratados provocan en los territorios.

Las diputadas que me antecedieron en el uso de la palabra ya se refirieron a las frases declarativas del texto del tratado, que suenan muy rimbombantes y muy bonitas en materia de género, de servicios, de economía, etcétera. Estamos hablando de un tratado comercial muy importante que tenemos con Brasil, en el cual las barreras arancelarias en materia de bienes y productos han llegado casi a cero. En efecto, en general no hay limitaciones, tanto para los productos que ingresan como para los que salen, salvo en ocasiones específicas, lo que hoy se profundiza mediante este acuerdo.

Entonces, más allá de lo que se ha planteado, hoy tenemos la oportunidad de revisar si efectivamente esto tiene un eco o un provecho en los territorios, en los bienes, en las pequeñas empresas y en los comercios por los cuales debemos velar.

Cuando aquí se menciona que hoy se abre el mercado en materia de productos vitivinícolas, le quiero consultar al señor ministro de Relaciones Exteriores, por su intermedio, señor Presidente -aunque sé que la consulta no corresponde a su cartera-, qué se ha hecho para que los viñateros de Ñuble, por ejemplo, no sigan recibiendo cincuenta pesos por el kilo de la uva, más aun cuando vemos que las exportaciones finalmente favorecen a las mismas empresas monopólicas con capacidad para exportar y generar utilidades cuantiosas. Al final se termina provocando el efecto contrario en la microeconomía del sistema, es decir, en el área de los servicios y en la producción agrícola básica, como las de trigo, de remolacha, de uvas, etcétera. Esta situación no impacta de manera positiva ni beneficia de ninguna forma a las distintas realidades territoriales.

En consecuencia, pregunto: el Parlamento ¿está de acuerdo con ampliar hacia el área de los servicios un convenio con Brasil, sin tener en cuenta los diagnósticos de los que somos testigos? ¿De qué manera el Estado debe promover, a través de ProChile, Corfo y otras herramientas, que efectivamente estos tratados sean un beneficio, considerando las necesidades existentes, que, además, hoy se profundizan a propósito de la pandemia mundial?

Quiero señalar que ayer, en la Comisión de Agricultura, nos vimos sorprendidos, porque ante la pregunta respecto de la situación económica y financiera de los mercados y su proyección futura, y de cómo eso impacta, por ejemplo, a la pequeña agricultura y a la agricultura campesina, la verdad es que no tuvimos respuesta.

Estoy en contra de este proyecto y, por supuesto,…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada.

Tiene la palabra el diputado José Pérez .

El señor PÉREZ (don José) [vía telemática].-

Señor Presidente, aprovecho de saludar a todos los colegas, así como al ministro y al subsecretario, que nos visitan hoy en la Sala.

En el campo es frecuente escuchar el siguiente refrán: “No por mucho madrugar amanece más temprano”.

Nos sorprendió que en la reunión de los Comités del día lunes se acordara que la Comisión de Agricultura revisara el día martes este acuerdo de libre comercio para que pasara hoy a votación en la Sala.

Ocurre que hoy están cerradas las fronteras a consecuencia de la pandemia que azota al mundo. Entonces, ¿cuál es la urgencia y el motivo para no permitir que esto se discutiera con un poco más de calma en cada una de las comisiones técnicas correspondientes, en mi caso, en la Comisión de Agricultura? Nos parece que es importante. Hay que revisar todos estos acuerdos de libre comercio que tenemos con distintos países.

No debemos olvidar que hay una situación muy importante que dice relación con la obesidad mórbida. Nosotros sabemos que se importa mucha carne desde Brasil: carnes de vacuno, de ave, de cerdo, etcétera, pero fundamentalmente de vacuno.

¿Cuál es el tratamiento que se da a esos vacunos cuando están en un proceso de engorda?

¿Se les aplican antibióticos? ¿Se les aplican anabólicos? ¿Se les aplican productos químicos que permiten el aumento explosivo de la musculatura animal? Cuando son beneficiados antes del tiempo previsto esas sustancias se transmiten al ser humano. Por eso, aquí tenemos una pandemia mundial que no nos hemos detenido a estudiar: la de la obesidad mórbida, que afecta a los niños y a los adultos y que muchas veces causa la muerte, porque el corazón no es capaz de satisfacer las necesidades de un organismo demasiado robusto.

Por ello, tenemos que saber qué compramos, qué estamos consumiendo y cuál es la calidad de esos alimentos.

Pero lo que más nos preocupa es que en este momento de pandemia, en el que deberíamos tomar las cosas con un poco más de calma, y en el que está fuertemente azotado Brasil por esta situación, no hay ningún apuro para intercambiar mercaderías de ninguna naturaleza. Por eso estuvimos molestos ayer en la Comisión de Agricultura, porque no nos tomamos el debido tiempo para analizar con calma un proyecto de esta naturaleza. Pudo haber habido dos o tres sesiones para ello; no había ninguna necesidad de acelerar su tramitación más de la cuenta. A eso se debe nuestro malestar.

Reitero que debemos tener mucho cuidado con qué estamos comprando y qué estamos consumiendo en un momento tan complejo como este.

Una de las situaciones que nos debe preocupar como Comisión de Agricultura, y que también debe preocupar al Ministerio de Agricultura, es que vamos a tener un año que se aproxima con muchas dificultades, principalmente alimenticias, para la población mundial.

Por eso, hay que tener cuidado con qué estamos produciendo. Debemos preocuparnos de cómo podemos mejorar nuestra producción y de cómo podemos abastecernos de productos para alimentar a nuestra población, porque ni siquiera somos eficientes y autosuficientes en la producción triguera para la elaboración del pan, algo básico y fundamental.

De ahí entonces que hago un llamado al Ministerio de Agricultura para que con tiempo nos preocupemos de apoyar a la agricultura, a fin de tener una producción ojalá mejor que la del año anterior, y no sufrir la carencia de alimentos fundamentales para nuestra población.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Despachado el proyecto al Senado.

Por un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, lo que voy a señalar no lo quise hacer presente antes de la intervención del colega José Pérez , para que no se diga que se está censurando el derecho a la libre expresión. Ocurre que, en su momento, esta Sala fue informada de que el diputado Pérez y otros, pertenecientes al Comité Radical, dejaban de pertenecer a ese Comité y pasaban a pertenecer al Comité Demócrata Cristiano. En consecuencia, el colega José Pérez debió haber hablado en el tiempo de la Democracia Cristiana y no en el del Comité Radical.

Le pido a la Mesa más rigor en el respeto al Reglamento y a las consecuencias que su aplicación genera, porque, de lo contrario, nos vamos a ver obligados a censurarla, pues su misión principal es guiarnos dentro del Reglamento.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que extiende el permiso posnatal parental y el fuero maternal cuando su vigencia o ejercicio coincida con la declaración de un estado de excepción constitucional por calamidad pública.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, se otorgará el uso de la palabra por tres minutos por bancada, más sesenta minutos distribuidos de forma proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Gastón Saavedra .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 16ª de la presente legislatura, en martes 28 de abril de 2020. Documentos de la Cuenta N° 18.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor SAAVEDRA (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre los proyectos de ley refundidos para extender el permiso posnatal parental y el fuero maternal cuando su vigencia o ejercicio coincida con la declaración de un estado de excepción constitucional por calamidad pública, iniciados en moción de las diputadas señoras Álvarez , doña Jenny ; Hernando , doña Marcela ; Mix , doña Claudia ; Ossandón , doña Ximena ; Pérez , doña Joanna ; Pérez , doña Catalina , y Vallejo , doña Camila , y de los diputados señores Díaz, don Marcelo ; Rosas, don Patricio , y Torres, don Víctor , contenido en el boletín N° 13364-13; en moción de las diputadas señoras Mix, doña Claudia ; Orsini , doña Maite ; Rojas , doña Camila , y Yeomans , doña Gael , contenido en el boletín N° 13376-13, y en moción de las diputadas señoras Muñoz , doña Francesca ; Núñez , doña Paulina ; Ossandón , doña Ximena , y Sabat , doña Marcela , y del diputado señor Rey, don Hugo , contenido en el boletín N° 13384-13, todos sin urgencia.

A la sesión que la comisión destinó al estudio de las indicaciones hechas presentes durante la discusión general del proyecto en la sesión de Sala de fecha 15 de abril del año en curso, asistieron telemáticamente el subsecretario de Previsión Social, señor Pedro Pizarro Cañas , y presencialmente el asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social señor Francisco del Río Correa , y la jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Contreras Berríos .

Antecedentes generales

El proyecto aprobado por la comisión, a partir de la fusión de las tres iniciativas legales que le dan sustento, tiene por finalidad modificar el Código del Trabajo con el objeto de extender la duración del permiso prey posnatal parental y el fuero maternal durante el estado de excepción constitucional de catástrofe declarado por calamidad pública.

En efecto, el proyecto aprobado por la comisión en su primer trámite reglamentario está constituido por dos artículos permanentes. Mediante el primero se introducen modificaciones a los artículos 195, 197 bis, 199 y 201 del Código del Trabajo y, por el segundo, se consagra un efecto retroactivo de la ley a partir de la fecha de declaración del estado de catástrofe por calamidad pública.

En efecto, por el número 1 de su artículo 1 se agrega un nuevo inciso final al artículo 195, que extiende el permiso prenatal a diez semanas durante el estado de excepción constitucional de catástrofe.

Por su número 2 se agrega un nuevo inciso final al artículo 197 bis, para extender, en las mismas condiciones, el permiso posnatal parental que termine durante la declaración de dicho estado, hasta el término de este. La misma extensión se otorga a la trabajadora que haya iniciado su posnatal dentro del período de dicha declaración y que culmine dentro de este.

El número 3 extiende el permiso de aquellas trabajadoras que se encuentren haciendo uso del permiso por enfermedad grave de niño menor de un año hasta el término de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe.

Por su número 4 se extiende el fuero maternal de aquellas trabajadoras que hayan retornado de su posnatal a sus labores de trabajo hasta el momento en que se levante la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe.

Finalmente, por su artículo 2 se establece que los efectos de esta ley comenzarán a regir desde la fecha de declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe, es decir, desde el 18 de marzo de 2020.

Durante su discusión general en esta Sala, la diputada Paulina Núñez presentó sendas indicaciones al texto aprobado por la comisión en su primer informe, cuyo tenor omitiré en aras del tiempo y por encontrarse ellas consignadas en el informe que mis colegas tienen en su poder, las que fueron declaradas inadmisibles por la Presidenta de la Comisión, señora Gael Yeomans Araya , en razón de que su financiamiento se aparta de las ideas matrices del proyecto, puesto que mientras en el texto aprobado se establece el financiamiento a través del Fondo Único de Prestaciones Familiares, de carácter permanente, en la indicación se señala que se hará mediante la ley N° 21.227, que tiene un carácter transitorio. Dicha declaración no fue reclamada por las diputadas y los diputados presentes en la sesión.

Por la misma razón, omitiré las demás constancias reglamentarias, las que se encuentran consignadas en el informe que mis colegas tienen en sus pupitres electrónicos.

Como consecuencia de todo lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda la aprobación del proyecto que se contiene en dicho informe.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Por encargo del diputado José Pérez , debo aclarar que él ha señalado que nunca ha presentado su renuncia al Partido Radical.

Hubo un error en la información que se entregó, de manera que se borrará del acta que él tenga la calidad de diputado independiente. Se deja esto claro en el acta de esta sesión.

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, me alegro de que podamos discutir este proyecto en particular en la Sala y espero que sea despachado a la brevedad posible, porque es resultado de la fusión de mociones de carácter transversal, presentadas tanto por diputados de gobierno como de oposición.

Entendemos que hay una realidad que afecta a muchas mujeres y también a muchos hombres hoy en Chile: una de las consecuencias de la pandemia es el cierre de las salas cuna. De hecho, podría entregar más de cien o doscientos mensajes que hemos recibido en los que muchísimas mujeres nos comentan, con mucha claridad, del dilema al que ven enfrentadas debido a la pérdida de sus puestos laborales, porque no hay salas cuna en las que puedan dejar a sus hijos, ya que están cerradas, o porque no pueden recurrir a la alternativa habitual con la que hacen frente a una contingencia para el cuidado de sus hijos. Son muchos los casos de mujeres que ya no pueden recurrir a algún familiar, a sus padres, a sus madres o a algún abuelo o abuela, debido a que por la pandemia muchos de ellos son considerados como personas de riesgo.

Por lo tanto, la fecha de término del posnatal se percibe como una sentencia, como un momento de desesperación, ya que ante la ausencia de una alternativa segura o, derechamente, ante la ausencia de alguna alternativa para el cuidado de los hijos, la opción que les queda es renunciar al trabajo.

Este proyecto se hace cargo de esa situación, porque lo que busca es extender, mientras dure la declaración de estado de catástrofe, el permiso posnatal, el permiso prenatal y el fuero maternal. En todo caso, tengo entendido que lo que dice relación con el fuero maternal ha sido objeto de corrección en la instancia correspondiente, a propósito de cómo ha primado la ley de suspensión del empleo versus una norma especialísima de protección de nuestro código laboral, que son las normas de protección de la maternidad. Hoy, para una mujer embarazada, para una madre con un hijo recién nacido o con una hija recién nacida, la pandemia constituye una amenaza adicional y constituye un riesgo adicional.

Espero que hoy podamos despachar este proyecto al Senado, el cual ojalá le dé una tramitación más rápida, para que sea luego ley de la república.

Quiero decir a las mamás y a los papás que nos están escuchando que si el proyecto se aprueba estamos considerando que la ley tenga efecto retroactivo, a partir del 18 de marzo, aspecto que es fundamental, porque hay gente que hoy vive la realidad que he señalado.

En consecuencia, espero que la Cámara respalde esta iniciativa, con el objeto de que sea ley de la república a la brevedad posible.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada María Loreto Carvajal .

La señora CARVAJAL (doña M.a Loreto).-

Señor Presidente, en este tiempo, uno ya quisiera, dadas las condiciones en que estamos, escuchar soluciones.

Este es un proyecto de ley que aborda, tal como lo dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, una necesidad que hoy no está siendo resuelta, como muchas otras, y que afecta a muchas mujeres en nuestro país. No ha habido voluntad política ni del Ejecutivo para dar una respuesta a las mujeres violentadas, a las mujeres que hoy están cumpliendo su posnatal en medio de la pandemia o que están con una cuarentena obligada, donde ya sabemos que las condiciones son complejas per se.

En la comisión señalamos que aquí se vuelve a intentar dilatar el avance de este proyecto, a través de una forma a mi juicio inoficiosa, mediante la presentación de indicaciones con la finalidad de equiparar o compensar lo que propone esta iniciativa con la ley de protección al empleo, en circunstancias de que sabemos, a partir de una situación que ha sido de público conocimiento, cómo se ha utilizado aquella malograda ley de protección al empleo, sobre todo cuando hay empresas con grandes utilidades que están suspendiendo labores, lo que no se condice con esa herramienta que se ha entregado. Hay casos de mujeres que, incluso, han sido despedidas durante esta pandemia, a las que no se les ha respetado su fuero.

Por lo tanto, volvemos a lo mismo: hay miles de mujeres que hoy no tienen la posibilidad de contar con un resguardo para el cuidado de sus hijos, ya sea de un cercano o de un familiar, como ocurre generalmente con los abuelos, que se hacen cargo de sus nietos cuando sus hijos tienen que salir a trabajar, más aún cuando la protección de la vida debe estar por sobre la economía de un país.

Las indicaciones que se han presentado obedecen a un afán de dilación que, en definitiva, expone lo que hoy ocurre con el Ejecutivo: no hay voluntad de dar respuesta a las mujeres que tienen esta necesidad, sino que se está utilizando la herramienta de obligarlas a volver al trabajo, en circunstancias de que no tienen la posibilidad de dejar a sus hijos al resguardo de algún familiar y que no cuentan con otra alternativa para enfrentar los distintos flagelos que también estamos conociendo en otras áreas.

Por lo tanto, dado que está presente el señor subsecretario, se hace necesario saber si el Ejecutivo apoyará o no la posibilidad de extender el posnatal, tal como se expuso originalmente, no con una respuesta dilatoria que no se hace cargo de lo que las mujeres esperan.

Votaré a favor este proyecto, que propone la extensión del permiso posnatal parental y del fuero maternal, sobre todo en la actual situación de declaración de un estado de excepción constitucional, por calamidad pública, porque en una catástrofe como la que estamos enfrentando son las mujeres, en especial las más necesitadas, las que no tienen otra posibilidad que quedarse al cuidado de sus hijos, en circunstancias de que es el Estado es el que les debe dar respuestas.

Por lo tanto, mi sentido…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada.

Tiene la palabra, por vía telemática, la diputada Maite Orsini Pascal .

La señorita ORSINI (doña Maite ) [vía telemática).-

Señor Presidente, hablar de postnatal es hablar tanto de derechos como de injusticias institucionales y culturales. Hablar de posnatal de emergencia es buscar hacerse cargo de ambas aristas y abordar las necesidades específicas que surgen en el contexto de esta pandemia, que ha profundizado las injusticias sociales.

En este marco tenemos que actuar y debemos responder a las madres y a los padres que esperan que la legislación de su país sea parte de sus alivios, que les dé tranquilidad, en lugar de angustias y preocupaciones, mientras miran a sus pequeños hijos e hijas.

Este proyecto de extensión del posnatal es del más absoluto sentido común, porque busca evitar que la madre o el padre trabajador, producto del contacto o exposición que puedan tener al coronavirus, contagien también a sus hijos con solo meses de vida. Esto se propone a través de la introducción de un nuevo artículo en la ley N° 21.227, con el objeto de que quienes estén haciendo uso de su permiso de posnatal durante la emergencia o una pandemia y esté a punto de vencer, se extienda durante la duración del estado de catástrofe. Lo mismo buscamos hacer con respecto al fuero maternal y al permiso para acompañar a hijas e hijos enfermos menores de un año.

En efecto, al discutir políticas públicas como la que vamos a votar hoy, que a través de esta iniciativa propone la extensión del posnatal para proteger a madres, padres y a sus hijos recién nacidos, debemos tener en cuenta la obligación que pesa sobre nosotros y nosotras de brindar ayuda a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas que puedan necesitarla, sin excepción alguna.

Por eso, no basta como excusa decir que se trata de una ley que es innecesaria porque el padre o la madre se pueden acoger a las prestaciones extraordinarias que aprobamos, como las del seguro de desempleo. ¿Qué pasa si un trabajador no cumple con los requisitos, si no tiene, por ejemplo, las tres cotizaciones que se piden? Y tampoco basta con decir como excusa que el padre o la madre podrían seguir teletrabajando, porque ¿qué pasa si su función no puede prestarse a distancia?

La respuesta no puede ser que siga trabajando; la respuesta no puede ser que cada uno se las arregle por sí mismo. El Chile que queremos, el Chile que estamos soñando no es aquel donde cada uno se rasca con sus propias uñas, porque bajo esa máxima solo se favorece a los poderosos y a las poderosas.

Tampoco cabe lo que dijo el subsecretario de Previsión Social, quien sostuvo que el gobierno no patrocinará esta iniciativa porque la mayoría de los casos están comprendidos en la ley de protección del empleo.

Por su intermedio, señor Presidente, le pregunto al Ejecutivo: ¿Qué pasa con los otros casos, los que son minoría? El gobierno adelantó su respuesta en un diario. Dijo: una norma específica para un grupo sería discriminatoria respecto de todas las personas que hoy están con suspensión de jornada. ¡Cuesta creerlo! ¡Cuesta entender este sinsentido!

Cambio la pregunta: a quienes pronto serán padres o madres, o acaban de serlo, ¿les vamos a aplicar las mismas reglas que a los demás? Un grupo transversal de diputados y de diputadas, de izquierda a derecha, a quienes saludo por su generosidad y apertura, creemos que esa no es la solución. La solución, si hablamos desde la empatía, es una protección especial.

Por su intermedio, señor Presidente, pido a los colegas que tanto han repetido “los niños, primero en la fila” que se hagan cargo de esa frase, que no dejen que sea un eslogan vacío, como lo ha sido tantas veces. ¿Acaso poner a los niños primero en la fila es discriminatorio?

¿O el problema es, más bien, que lo que en realidad molesta al gobierno es que propongamos soluciones desde el Congreso? ¿Le molesta que nos pongamos de acuerdo de manera transversal? ¿Eso es lo que pasa?

Diputadas y diputados, juntos y juntas sortearemos esta crisis. Al parecer, eso se entiende mejor en el Congreso Nacional que en La Moneda.

Cuando miremos hacia atrás, cuando miremos la historia de estos difíciles meses en que el Congreso continúa y continuará poniendo de su parte para enfrentar la crisis sanitaria, vamos a ser juzgados y juzgadas no solo por las medidas que propusimos, sino también por quiénes dejamos fuera de ellas. ¡Qué oscuro lugar es ese donde uno es juzgado por dejar atrás a los más vulnerables!

Vivimos una emergencia. Por eso, establecer un posnatal de emergencia es de sentido común, es de justicia social y es de cariño. Los invito a legislar desde ahí.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Gonzalo).-

Señor Presidente, se ha argumentado que este proyecto es inconstitucional, toda vez que el artículo 65 de la Constitución establece que corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la administración financiera o presupuestaria del Estado. Asimismo, corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para presentar proyectos de ley que puedan incidir en esas materias.

El tenor literal del artículo es claro, ¡quién podría desconocerlo! No cabe ninguna duda de que este proyecto incide en materias de administración presupuestaria y financiera del Estado. Pero la Constitución dice más, no habla solo de la administración del Estado. En el artículo 19 establece garantías constitucionales. Esas garantías corresponden a los derechos sociales de una sociedad; son los valores, los principios respecto de los cuales, de alguna manera, estamos todos de acuerdo, los que nos permiten vivir en comunidad. Una comunidad donde hay diversidad tiene ciertos principios y valores que la unen, que le dan identidad como país, pues construyen su cultura. El citado artículo 19 establece cuáles son esos valores, esos principios en los que todos estamos de acuerdo y nos unen como país. El Estado tiene el rol de garantizarlos, promoverlos y protegerlos.

El número 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en su inciso tercero, establece que la ley protege la vida del que está por nacer. La ley también protege a la familia.

Siempre he apoyado proyectos respecto de los cuales no tengo ninguna duda de su constitucionalidad. La Constitución encomienda la administración presupuestaria y financiera del Estado al Poder Ejecutivo; le impone esa obligación y limita nuestra facultad para presentar proyectos relativos a esas materias.

Por otro lado, cuando juramos o prometemos respetar la Constitución, nos imponemos una obligación: generar leyes que protejan esos valores y esas garantías, porque somos parte del Estado.

Es ahí donde tengo una duda razonable: ¿Qué es más importante dentro de la Constitución: la administración del Estado o votar a favor iniciativas de ley que protejan principios básicos y garantías constitucionales? En esta disyuntiva de tener un precepto constitucional y ser leal o fiel a él, u otro precepto constitucional y ser leal o fiel a él, me inclino o tengo mayor convicción por el segundo.

Finalmente, lo que está en cuestión es si, en un estado de catástrofe, una la ley normal es la que debiera proteger ese valor, que es el derecho a la vida del que está por nacer, la salud de la madre y la salud de la familia completa. En una situación de pandemia o de catástrofe la ley normal no es suficiente, y eso nos obliga a extender esa protección.

Esos mismos principios son los que ha tenido presente el gobierno al enviar proyectos que protegen otros derechos, como el del trabajo. Así hemos aprobado proyectos que, en un periodo excepcional, generaron normas excepcionales para proteger ese valor. En esta ocasión sucede lo mismo. Este proyecto podría tener incompatibilidad constitucional con otra norma, pero, finalmente, está protegiendo normas constitucionales.

Tuvimos el mismo debate cuando se discutió el proyecto de extensión del posnatal, que también tenía un costo, también requería recursos; pero entonces, los parlamentarios, que representamos a una sociedad diversa y fuimos elegidos por ella para estar acá, le dimos mayor valor social a la vida del que está por nacer, al periodo en que en la salud de la madre es más vulnerable, y a la familia, posteriormente. Le dimos mayor valor social. Por eso se aprobó la extensión del postnatal.

Hoy sucede lo mismo. ¿Esto tiene costos? Sí, los tiene. Pero le vamos a dar mayor valor a proteger la vida del que está por nacer y a fortalecer la familia.

Por eso, no siento que estoy votando un proyecto inconstitucional; siento que estoy votando un proyecto que podría tener incompatibilidad constitucional. Quizás el Tribunal Constitucional nos puede sorprender en este tema, como ha ocurrido en otros países en los que también existe jerarquía entre las normas constitucionales. Claramente, el artículo 19, que protege garantías constitucionales, siempre va a tener supremacía jerárquica en relación con otras normas constitucionales.

Lo que ha faltado es la voluntad por parte del Ejecutivo para entender que este proyecto de ley está cumpliendo un mandato constitucional, y que en un periodo excepcional, como este, en que estamos enfrentando una pandemia, se requiere una norma excepcional que también proteja esos principios y valores fundamentales, que en este caso es el derecho de la vida del que está por nacer, de la familia, de la madre y del padre.

Por lo expuesto, anuncio que votaré a favor este proyecto, y si hay dudas de su constitucionalidad, el Tribunal Constitucional está para eso. El Parlamento no es el Tribunal Constitucional. Ojalá que dicho tribunal, si llegamos a esa instancia, nos sorprenda con su decisión, como han hecho los tribunales constitucionales de otros países donde ha habido fallos respecto de jerarquía constitucional.

He dicho.

-Aplausos.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Jenny Álvarez .

La señorita ÁLVAREZ (doña Jenny) .-

Señor Presidente, me alegro mucho de que estemos tratando este proyecto tan importante para las mujeres en estos días.

Como ya se ha dicho aquí, la iniciativa reúne las propuestas de varios diputados y diputadas que lo único que buscan es dar tranquilidad a las madres y padres que se encuentran en la difícil situación de tener que regresar a trabajar en medio de esta terrible pandemia, en la que han visto mermados sus ingresos económicos, y ahora deben exponer a sus hijos recién nacidos al cuidado de terceros.

Estamos viviendo una crisis sanitaria sin precedentes a nivel mundial, como lo hemos dicho todos estos días en el hemiciclo, que obliga a tomar medidas extraordinarias para asegurar la vida y la salud de nuestras compatriotas.

Extender el permiso posnatal parental, permitiendo a los padres acceder a un subsidio, es muy importante para quienes tienen el legítimo temor de verse expuestos a contraer este peligroso virus que tantas vidas ha cobrado a nivel mundial. En ese sentido, el proyecto es muy importante para todas las mujeres que hoy se encuentran en esta situación. Sin embargo, el gobierno ha considerado que encarece el gasto fiscal y ha negado el apoyo a esta iniciativa.

Ante esta situación se han presentado, de forma transversal, una serie de indicaciones; incluso más, diputados oficialistas, como el colega Gonzalo Fuenzalida , han solicitado al Ejecutivo que se haga parte de este proyecto, o bien que se establezca algún mecanismo alternativo para dar protección a quienes están totalmente desamparados en esta pandemia. Hasta el momento no hay respuesta. Lo lamentamos muchísimo, al igual que todas aquellas madres que están esperando que podamos aprobar este proyecto.

Insisto en el llamado al Ejecutivo, porque tal como lo he manifestado en otras ocasiones, no podemos permitir que nuestra economía se sustente sobre la base de la vida y la salud de las personas.

Me alegro de discutir este proyecto, que ya figuraba en la tabla de ayer, pero que no pudimos debatir porque el gobierno envía proyectos que la ciudadanía no comprende por qué los presenta en este momento, como el acuerdo de complementación económica con Brasil, un verdadero TTP chico. Estamos totalmente en desacuerdo que en estas circunstancias discutamos ese tipo de proyectos.

Por lo anterior, en nombre de mi bancada anuncio el voto a favor de este proyecto.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por dos minutos y veintiséis segundos, la diputada Gael Yeomans .

La señorita YEOMANS (doña Gael) .-

Señor Presidente, las mujeres no somos prioridad para este gobierno. Ello es evidente, pues en medio de la pandemia más importante de los últimos años, durante más de cincuenta días no ha habido nadie a la cabeza del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género; no ha existido un liderazgo que permita levantar una agenda femenina importante frente a esta crisis, en circunstancias de que las más perjudicadas van a ser las mujeres, según señalan organismos internacionales y organizaciones feministas.

¿Qué pasó con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género cuando se produjo el estallido social más relevante de los últimos tiempos? La ministra guardó silencio, se escondió y defendió al gobierno en vez de defender y de proteger a las mujeres.

Hago este punto, porque respecto del proyecto en discusión hemos insistido muchas veces para que el gobierno lo apoye; sin embargo, nos ha dado la espalda y, con ello, a las mujeres que están esperando que se las respalde. ¡Así de simple!

Si no es por medio de este proyecto de ley, que sea por otra vía, pero lo importante es que se tomen medidas.

¿Qué ha dicho el gobierno? Que el proyecto es inconstitucional, que lo presentaron un grupo de diputadas, que irroga gastos, pero no se refiere al contenido del proyecto. El gobierno dice que de esto ya se hace cargo la ley sobre seguro de cesantía. ¡Eso no es así!

Los padres y las madres de recién nacidos continuamente nos formulan las siguientes preguntas: ¿Por qué el gobierno no apoya este proyecto de ley? ¿Por qué deja a esas madres en la desprotección? ¡Eso es lo que nos preguntan!

Lamento la acción dilatoria que ha tenido el gobierno, porque hace más de un mes presentamos este proyecto, y todavía no lo apoya. Es inaceptable que a estas alturas estemos casi rogando al gobierno que se haga cargo de la situación.

Por eso, pido al Congreso que actúe de manera distinta y apruebe este proyecto.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Marcela Sabat .

La señora SABAT (doña Marcela) [vía telemática].-

Señor Presidente, hoy estamos debatiendo un proyecto con carácter urgente.

Necesitamos que el Estado entregue una respuesta real a miles de madres que hoy están angustiadas y desesperadas porque no tienen con quién dejar a sus hijos. Hoy, las salas cuna están cerradas producto de la pandemia, y los abuelos, que son quienes generalmente se hacen cargo del cuidado de los nietos por la confianza que generan, están en cuarentena.

Por otra parte, estamos pidiendo al gobierno que se extienda el prenatal, porque las embarazadas están en los grupos de mayor riesgo.

Las madres -reitero están angustiadas porque no tienen con quién dejar a sus hijos ahora que deben volver a su trabajo. No hay un lugar seguro para esos niños.

Tenemos claro que los recursos son escasos, pero eso no significa que podamos permitir que el Estado deje de proteger a nuestros niños. Por eso, con este proyecto, además de entregar una respuesta real a tantas mujeres angustiadas, estamos protegiendo el interés superior del niño.

Hemos pedido a mi gobierno que si no tiene la voluntad de apoyar esta iniciativa, trabajemos en conjunto en medidas alternativas con carácter urgente, porque hay miles de madres que ya no pueden seguir esperando.

Hemos solicitado apoyo a la ministra del Trabajo y al subsecretario de Previsión Social para aquellas madres que hoy podrían teletrabajar, pero que, por falta de criterio del empleador, no lo están haciendo.

También, en la medida de lo posible, estamos pidiendo la entrega de un subsidio para aquellas madres que, por la naturaleza de su servicio, no pueden trabajar vía remota. Hemos pedido que el gobierno se pronuncie respecto del derecho de sala cuna que muchos empleadores hoy están dejando de otorgar porque esos recintos están cerrados por la pandemia. ¡No puede ser que se les deje de otorgar ese derecho a tantas madres!

Quiero celebrar que hoy se vote también la imposibilidad de declarar la suspensión laboral a mujeres que tienen fuero maternal. Lo planteo, porque hoy muchas mujeres chilenas han visto cómo se transgrede su fuero maternal.

Hemos ocupado todos los canales posibles y lo vamos a seguir haciendo. Hemos pedido el pronunciamiento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de la Dirección del Trabajo y de la Contraloría General de la República. Nos gustaría que el instructivo presidencial sobre los grupos de riesgo, que considera a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores y a los enfermos crónicos, se ampliara a los padres y madres que tienen a su cargo niños menores de dos años y en etapa escolar.

Nos gustaría que el instructivo presidencial que establece la garantía del teletrabajo también se pudiera ampliar a las madres que laboran en el sector privado. Se lo solicitamos al presidente de la CPC, conversamos con la Asociación de Emprendedores. Se trata de una decisión que no puede quedar a la mera voluntad de los empleadores, porque, lamentablemente, muchos no tienen el criterio para entender esta situación, que tiene angustiadas a miles de madres. Por ello vamos a agotar todas las instancias.

Por lo anterior, pido y emplazo a mi gobierno a que entregue una respuesta real a miles de madres que hoy no tienen otra salida, porque la salida de la suspensión laboral no es para todas. ¡Muchas madres quedan fuera! Hoy, no podemos dejar de proteger a nuestros niños con el argumento de que no hay recursos, sin perjuicio de reconocer que estos son escasos, lo cual entendemos.

En esta pandemia importa el criterio de género no solo porque hay falta de redes de apoyo para las mujeres, en especial para las jefas de hogar monoparentales, que ya corresponden al 33 por ciento de los hogares chilenos, sino también porque hay que considerar el aumento de la desocupación en mujeres jefas de hogar y el aumento sistemático de la tasa de ocupación informal femenina, que supera la masculina. Importa, porque las mujeres están siendo más vulneradas en el trabajo. Por eso, exigimos esta medida, porque es necesaria y urgente para las miles de madres chilenas angustiadas que no sabrán qué hacer con sus niños. Este proyecto aborda principalmente la protección que debemos entregarles a nuestros niños.

Por tanto, es necesario avanzar en esta iniciativa y aprobarla. Pido a esta Sala, a este Congreso, que si no se quiere avanzar en la totalidad del proyecto, genere un espacio para conversar sobre medidas alternativas. Mientras no se aborde este proyecto en su integridad, pido avanzar en forma urgente -ojalá en compañía de la nueva ministra de la Mujer y la Equidad de Géneroen establecer medidas que, desde el Estado, les entreguen una respuesta real a tantas mujeres y niños.

Por eso, anuncio que votaré a favor el proyecto. Pido a la Sala que haga lo propio.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando .

La señora HERNANDO (doña Marcela).-

Señor Presidente, a mediados del siglo pasado, durante el auge de los gobiernos radicales, hubo varios ministros de Salud, entre ellos, Salvador Allende , que llevaron a cabo una política pública de protección materno-infantil que nos llevó a ser uno de los países ejemplares en esa materia. Además, esa política permitió disminuir tasas de mortalidad tanto de mujeres como de niños. Se trató de una política pública que se impulsó en el contexto de un país muchísimo más pobre que el de hoy.

Escuché la intervención de la diputada Sabat y de otras colegas a propósito de la necesidad de que exista conciencia del gobierno en relación con esto. En un contexto de pandemia, el hecho de que las mujeres vuelvan al trabajo pone en riesgo no solo la salud de los niños, sino de la familia completa. Un lactante de seis meses no tiene posibilidad de defenderse del medio ambiente ni de la posibilidad de contagio. Si una familia retorna al trabajo y no tiene una red de apoyo, el menor quedará al cuidado de cualquier persona, no obstante que hoy se recomienda el aislamiento social.

Fuera de todas las consideraciones legales o de otra índole, llamo a tener una política de Estado. En el fondo, lo que pide este Congreso al gobierno es precisamente una visión de Estado, una política pública de largo plazo, pensar en los miles de niños de seis meses que quedarán expuestos junto a sus madres.

Cueste lo que cueste, nuestro Estado tiene que responder a una política con historia y que hasta ahora nadie ha puesto en riesgo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, estos son proyectos que a uno, de repente, le gustaría que pudieran presentarse y plantearse de otro modo. Empatizo en parte con lo que expresa la diputada Sabat , en el sentido de que efectivamente hay muchas madres que están en una situación de angustia, que enfrentan en el corto plazo el dilema de volver a trabajar o cuidar a sus hijos; empatizo con ello porque mi sobrino está en esa situación.

Efectivamente, en esto hay que reconocer que el gobierno ha sido lento, en el sentido de que pudieron haberse propuesto muchas cosas: un decreto sanitario que obligara a que esas madres permanecieran en teletrabajo, permisos especiales para los cuidadores, jardines sanitarios con resguardo adecuado, criterios socioeconómicos de segmentación, etcétera. Lo señalo porque en estos momentos, junto con profesionales de la salud, examinamos el tema del cuidado de sus hijos. Se trata de una situación bastante parecida a la que aborda el proyecto.

En síntesis, uno empatiza con esa situación. Cuesta no estar de acuerdo con extender el posnatal, pero acá tenemos que decir las cosas como son: este proyecto es inconstitucional en todas sus letras. Evidentemente, la iniciativa involucra gasto del Estado, y al tener origen en una moción parlamentaria, es inconstitucional. Cualquiera que diga una cosa distinta simplemente está tratando de entregar un bálsamo espiritual.

Al ser un tema de seguridad social, la iniciativa es exclusiva del Presidente de la República. La recalificación del quorum que vimos hace un par de semanas es una de las cosas más impresentables que he vivido en este Congreso, porque va en contra de la letra expresa de la Constitución, que señala que las normas de seguridad social son de quorum calificado.

Como primer argumento se planteó que esto tiene que ver con la protección de la vida del que está por nacer. Un poco curioso, porque el posnatal se relaciona con alguien que ya nació. El resguardo del nonato y la protección del que está por nacer se vinculan con el artículo 75 y siguientes del Código Civil. Por ende, ese argumento, que puede ser muy persuasivo, no es verdadero.

El segundo argumento es la excepcionalidad del estado de catástrofe. Se esgrimió que como vivimos un estado de catástrofe debemos atender a la situación de excepcionalidad. Sí, tan excepcional es que hay una ley orgánica que regula cuáles son las garantías que se ven alteradas. Porque si fuera por eso, el estado de excepción constitucional nos dejaría en una situación de “aconstitucionalidad”, o sea, en que no hay ningún tipo de limitación. Evidentemente, eso no es así aquí ni en ninguna parte del mundo.

También se ha dicho que nosotros no somos el Tribunal Constitucional y que, por tanto, no somos los llamados a juzgar la constitucionalidad. ¡Pero por favor! Nosotros hacemos control de constitucionalidad, además de lo que puede dirimir el Tribunal Constitucional, porque estamos sometidos a la Constitución como en cualquier democracia constitucional.

Yo sé que puede ser muy retórico presentar proyectos inconstitucionales y, probablemente, siempre vamos a encontrar argumentos que nos dejen con tranquilidad espiritual, pero es evidente que nosotros no podemos proponer gastos, porque no administramos los recursos fiscales. Eso no es así en ninguna democracia razonable.

Esto de que el Tribunal Constitucional podría sorprendernos con una jerarquía constitucional es una cosa muy difícil de defender. Porque podrá ser en un conflicto entre dos garantías constitucionales, como el que se genera entre el derecho a la honra y la libertad de prensa, pero jamás habrá un conflicto entre una norma que es orgánica, que obviamente nos impone un requisito de forma que es clarísimo, con una norma dogmática.

¡Por favor! Pido un poquito de rigurosidad en aquellos que argumentan desde la Constitución, porque, para bien o para mal, la Constitución tiene ciertos contenidos que son lo que son.

Por último, me complica algo que no es menor -y por eso es tan importante que los proyectos no se hagan a matacaballo-, cual es que este proyecto implica que el 8 por ciento del fondo que se va a destinar a esto se lo lleven aquellos que reciben menos de 350.000 pesos al mes y que el 40 por ciento del fondo se lo lleven aquellos que ganan más de

1.500.000 pesos al mes.

Entonces, con toda la franqueza del mundo, esta es una política pública que va en beneficio de aquellos trabajadores que están más protegidos en el sistema y se olvida de aquellos sectores vulnerables, porque no involucra criterios socioeconómicos. Esto pasa cuando estamos más preocupados de la cuña en Twitter que de hacer las cosas como la gente.

Para cerrar mi intervención, quiero decir que todavía estamos a tiempo de que, ojalá, el gobierno anuncie la disposición de hacer algo que nos permita no tener que saltarnos la Constitución para preocuparnos por las madres, pero no inventemos argumentos que, a todas luces, no tienen ningún asidero constitucional.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas Barrientos .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, yo creo que tiene razón el diputado Diego Schalper : nosotros tenemos que dar un paso más adelante, y eso es lo que hemos hablado en diversos momentos respecto de la pandemia. Nosotros, juntos, tenemos que tratar de prevenir. Esa es la palabra que tiene que guiar nuestro actuar en temas relacionados con la salud y, sobre todo, con esta pandemia.

Así como en enero oficiamos al gobierno para enfrentar esta pandemia, para iniciar el testeo en adultos mayores que están confinados en los hogares, porque son lugares de mayor riesgo; para prevenir con el trabajo de las mesas de invierno en distintas regiones, sobre todo porque cohabitarán distintos virus, que nunca han cohabitado, como el coronavirus, la influenza y el virus sincicial respiratorio, un tema que no se ha visto en nuestro país, y para advertir no solo respecto del tema de los ventiladores mecánicos, sino también para reforzar las camas UCI, este proyecto busca prevenir que en estados de excepción constitucional las personas más pequeñas y de riesgo, como los niños recién nacidos, que tienen una corta vida, se contagien de coronavirus, porque son un grupo de riesgo. Esta es una política que espero sea patrocinada por el gobierno, dada la transversalidad de los proyectos que se han refundido.

Esa es la finalidad que perseguimos todos los que presentamos este proyecto de ley: que se proteja y prevenga una situación trágica que pueda afectar a los menores de edad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Renato Garín González .

El señor GARÍN.-

Señor Presidente, sin duda que esta es una de las materias más importantes que hemos visto en esta crisis por el coronavirus.

Yo comprendo a los diputados de centroderecha que se espantan con proyectos que consideran inconstitucionales, pero también les quiero decir -por su intermedio, señor Presidenteque durante este año y medio quienes han estirado lo constitucional y lo no constitucional, precisamente, ha sido la bancada de Renovación Nacional. La izquierda no ha sido la que ha tensionado las concepciones constitucionales; ha sido la bancada de Chile Vamos. Dentro de Chile Vamos existen diferencias sobre estas materias, y eso no es un invento de la centroizquierda.

En la prensa veo que en la elite chilena -a esa que denomino la “fronda” hay tres agendas muy claras:

Primera agenda: un salvataje millonario a las empresas que cotizan en el IPSA. La estrella de ese salvataje: Latam -LAN Chile-, donde la familia Cueto dirige un lobby público para conseguir un salvataje del Estado.

Segunda agenda de la elite chilena: suspender o anular el proceso constituyente. Hemos escuchado al senador Andrés Allamand , a la exministra Marcela Cubillos , al exministro Andrés Chadwick , al ministro Gonzalo Blumel y al Presidente de la República poner en duda la fecha del plebiscito en octubre.

Y la tercera agenda de esta elite, que es muy clara, que se ve en los matinales y en la prensa, es la candidatura presidencial del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín Infante .

Esas tres agendas: el salvataje empresarial, la anulación o la dificultad en el proceso constituyente y la candidatura de Joaquín Lavín constituyen las tres piezas fundamentales de cómo la elite encarará el futuro en Chile.

La centroizquierda en este Congreso tiene solo tres teclas. La primera tecla de la oposición es pedir más gastos, pues dicen: “Esto es insuficiente, hay que gastar más”.

La segunda tecla de la oposición: tensionar, no a través de la centroizquierda, sino desde dentro de Chile Vamos, lo constitucional de lo inconstitucional.

La tercera tecla de la oposición: forzar comisiones mixtas que se constituyen de una manera muy curiosa, porque basta que dos diputados se cambien de comité para que un comité integre o no integre una comisión mixta. Esa es la seriedad que hemos dado a las comisiones mixtas, mediante las cuales se deciden los proyectos de ley más importantes en este Congreso. Prácticamente, hay que adivinar quiénes van a integrar las comisiones mixtas.

En ese contexto, lo que se observa es que la fronda chilena tiene una agenda muy clara y que las fuerzas que supuestamente representan al pueblo de Chile no la tienen, y en este proyecto de ley eso es muy claro, es muy nítido, porque en lugar de que el Estado de Chile se haga cargo de los posnatales, con una política pública inteligente y universal, como hacen los países con los cuales queremos compararnos, tenemos una discusión constitucional en esta Sala.

Y hay argumentos para decir que es constitucional y argumentos para decir que es inconstitucional, pero esa no es la manera de solucionar el posnatal ni de ayudar a las familias chilenas.

La Constitución es aquello que nos une y no una herramienta jurídica para atacarnos en esta Sala. Por eso, se requiere una nueva Constitución que nos una, porque esta nos divide y hace imposible el debate político.

Pese a las fuertes críticas que vamos a recibir desde la bancada de Chile Vamos, voy a aprobar este proyecto, porque pienso que hoy tiene sentido -sé que hay quienes me dirán que no lo tiene, y respeto su opinión que las fuerzas políticas busquemos maneras de que las normas se adecuen a la realidad.

Y si el Tribunal Constitucional tiene que decidirlo, que lo haga, porque para eso son las instituciones que ha formado la República de Chile, pero no es el momento -en una crisis de esta envergadura para que usemos la Constitución como arma. Porque la Constitución tiene un sentido republicano, que perdió esta Constitución -quizás nunca lo tuvo-, y el pueblo de Chile espera de ella algo más.

Ayer discutíamos sobre la dieta parlamentaria, pero me parece que el fondo de la cuestión es que la política en Chile es muy cara. Nosotros salimos muy caros por diversos gastos que tenemos y por nuestros sueldos; los partidos políticos salen muy caros; en todas las regiones de Chile hay enormes casonas que son arrendadas por los partidos políticos. Esas casonas viven cerradas, y lo sé porque he recorrido todo Chile y las he visto. Asimismo, existen gastos enormes en este Congreso en viajes, en telefonía y en una serie de cuestiones que bien podrían hacerse a través de Zoom, como la diplomacia parlamentaria y los viajes.

Eso daría una espalda financiera al Estado de Chile para hacerse cargo de los posnatales, para hacerse cargo del empobrecimiento de la clase media, para tener recursos frescos, para dejar de gastar en nosotros y gastar en el pueblo.

Entonces, cuando hablemos de cómo los posnatales parentales influyen en la calidad de vida de los niños y en los derechos de los padres, también hagamos la siguiente reflexión:

¿Están el Estado de Chile y la elite política enfocados en la gente o están enfocados en la agenda política de mediano plazo?

Mi impresión es que la agenda política está enfocada en los tres puntos que dije: primero, no en la gente, sino en un salvataje empresarial; segundo, en anular o retrasar el proceso constituyente, y tercero, en empujar, a través de la prensa, a través de los matinales, la candidatura presidencial del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín Infante .

Frente a esos tres puntos, hoy la centroizquierda no tiene respuesta alguna; ninguna.

Vendrá el salvataje empresarial de algún modo, vendrá un intento de retraso del proceso constituyente, y viene como un avión Joaquín Lavín Infante , y hoy la centroizquierda no tiene más respuesta que las peroratas dentro de esta Sala.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Muy bien. Cito a reunión de los Comités sin suspensión de la sesión. Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis Araya .

El señor CELIS (don Ricardo) [vía telemática].-

Señor Presidente, hablaré desde mi condición de médico ginecoobstetra.

He acompañado a muchas mujeres durante su período de embarazo, su período de lactancia y en el primer año de vida de sus hijos tras su parto. Ese hecho me ha permitido, durante este período, recibir muchas llamadas, con mucho estrés y mucha preocupación, de mujeres que han tenido a sus hijos o que están por tenerlos.

Quedé sorprendido con la intervención del señor subsecretario. La hubiese comprendido hace un año, pero no la comprendo en el período de pandemia que vivimos hoy. Ese no fue un discurso que tenga que ver con la actualidad y con el temor que sienten las madres de enviar a sus hijos a una sala cuna, si estas estuvieran disponibles, o de ver con quién van a dejar a sus niños cuando se acabe su período de posnatal.

Hay mucho temor. Por eso, espero que en esto el gobierno no se equivoque. Se ha equivocado en otras cosas, se ha equivocado al testear a la mayoría de los chilenos o a los grupos de riesgo, y no hace aquí una consideración especial. Quiero decirle que existe evidencia científica, que hemos recogido desde diciembre hasta hoy -me he dedicado a revisarla-, acerca de que muchos niños se han infectado, se han contagiado con el coronavirus en el período de posparto. No se sabe, no hay evidencia científica acerca de si el líquido amniótico contiene o no coronavirus, pero sí hay evidencia clara de que los niños se han contagiado en el período de posparto. Aquí en Chile ha habido casos de esa naturaleza.

Como dijo la diputada Hernando , Chile tiene un historial enorme de protección a la madre y al niño. Por lo tanto, se me hace incomprensible que el gobierno no respalde esta iniciativa. Aquí lo que está de por medio son las madres y los niños. He escuchado a la derecha hablar bastante de “los niños, primero”. Esta es la oportunidad para manifestar aquello.

Por último, quiero decir que también hay evidencia de que en la leche no habría coronavirus, pero sí durante el período de crianza ha habido contagios.

Entonces, no sometamos a las madres ni a los niños de Chile a un riesgo innecesario por

30.000 millones o 40.000 millones de pesos. No sé cuánto sea; no sé si el proyecto es constitucional, pero no sometamos a las madres y a los niños a ese tremendo riesgo de enfermar. Eso no tiene valor.

Por lo tanto, espero que el gobierno apoye este proyecto de ley.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los colegas presentes y a quienes están con nosotros por vía telemática.

Quiero compartir un relato breve, pero bastante sensible:

“Soy profesional del servicio público hace siete años. Hace cuatro meses soy madre soltera y sin familia. Mi hija es el ser más preciado que tengo en este mundo.

Mi caso debe ser parecido al de muchas mamás que oirán pronto, por causa de la circular N° 25 que emitió el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con fecha 17 de abril:

¿Cómo voy a dejar a mi bebé de tan solo cinco meses y tres días el 25 de mayo, cuando tenga que presentarme a trabajar, si no quieren aprobar la extensión del posnatal de emergencia por covid-19?

Salas cuna cerradas por covid-19. Hacen presión para que volvamos a trabajar y ahora no quieren pagar sala-cuna por covid.

Recorte presupuestario -uno más que cuando oficiaron el oficio desde la Segpres o Hacienda, no incluyeron este ítem. De verdad, esto es irracional.

Mucha gente se siente culpable de ser madre soltera y sin familia, y para sus hijos e hijas son el único soporte y sustento”.

Carolina Navarrete Sepúlveda , de 38 años, con valentía ha compartido su tristeza y desazón con la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Lo ha hecho con valentía, porque es funcionaria pública, y probablemente podría sufrir represalias. Quise compartirlo con ustedes porque este testimonio es de una mujer real, que está viviendo este problema en este momento, allá afuera, en Chile, en plena pandemia por covid-19.

Si esto sucede en el sector público, en el Ministerio del Interior, en el propio gobierno, que nos pide cuidar a la gente, cuidar a los niños, niñas y adolescentes, a los adultos mayores y a todos quienes están en riesgo, ¿qué queda para las madres que hoy tienen la incertidumbre de qué hacer con sus hijos e hijas?

Yo creo que Chile no ha sincerado algo, porque probablemente muchas madres van a recurrir a una licencia, y probablemente el costo va a salir de alguna parte.

Por eso, más allá de que este proyecto sea constitucional o no, esto se soluciona simplemente con la voluntad del gobierno para proteger a todos esos lactantes y evitar que las madres tengan que salir de casa en medio de una pandemia, la más peligrosa del último siglo, y dejar a sus hijos recién nacidos, de cinco meses y días, expuestos al contagio y a serias complicaciones.

Si no hay sala cuna que permanezca abierta para recibir a los lactantes, ¿dónde los dejarán? ¿Qué pasará con aquellas mujeres que no tienen redes de apoyo y no pueden volver a trabajar? ¿Cuántas madres son jefas de hogar y no pueden volver a trabajar, complicando su situación económica en esta etapa de crisis económica? Y aun cuando tuvieran algún tipo de apoyo, no pueden dejar a los niños y niñas con sus abuelos, porque serían un vector de contagio muy peligroso.

Creo que aquí ha faltado más visión, más empatía.

Si esto sucede en lo público, imaginen lo que sucede en lo privado, donde a las empresas les falta empatía, les falta ética y hay escaso compromiso con la maternidad. Por lo tanto, qué van a hacer esas madres.

Por eso, diputadas y diputados nos hemos puesto detrás de estos proyectos, pensando en que, en algún minuto, el gobierno podría sumarse, dados los apoyos transversales de diputadas y diputados, de senadoras y senadores que hemos instalado estas temáticas, lo que no ha sido fácil. Me refiero a la corresponsabilidad en la crianza de hijos e hijas; a crear una comisión de mujeres y equidad de género, justamente para ver los problemas que tienen las mujeres que son madres, que tienen derechos en lo sexual, que tienen derecho de autonomía económica, y muchos temas más que nos ha costado instalar en la Cámara, en el Congreso y en los espacios de poder. Pero se sigue dando la espalda a estos problemas.

Por eso creo que ha faltado más diálogo; ha faltado diálogo con los ministros; ha faltado que ellos puedan sentarse a buscar una solución a esta problemática. Estamos en un momento de pandemia, de emergencia.

Dos diputados de la Democracia Cristina, Víctor Torres y quien habla, hemos suscrito estas iniciativas porque creemos que abordan una discusión de fondo que debemos dar. Claramente hoy se necesita una respuesta de esta Cámara, del Senado, pero sobre todo del propio Ejecutivo.

Si pudiéramos hacer algo más integral con estos proyectos refundidos, estamos disponibles y lo hemos manifestado abiertamente. Pero vamos a seguir dando la pelea, porque así se avanza, quizás muchas veces aprobando lo inconstitucional, lamentablemente, para que el gobierno asuma su responsabilidad respecto de la situación de las madres que hoy no saben dónde van a llevar a sus hijos cuando vuelvan a trabajar, y de la situación de los servicios públicos que están restringiendo los presupuestos para sala cuna, como lo hizo el Ministerio del Interior -figura en la misiva que hicimos llegar al gobierno-, que restringe a las funcionarias los recursos para sala cuna y, además, las obliga y las llama a trabajar.

Pido a este gobierno que no sigamos improvisado en estas materias sensibles de la maternidad, de los hijos e hijas, de los adultos mayores, de los Bomberos de Chile y de tantos temas que hemos visto.

No queremos hacer aquí escarnio de la problemática que tenemos, pero debemos ser capaces de sincerar las situaciones que viven muchos chilenos y chilenas, gente de clase media y gente vulnerable, a la que hoy el Congreso no está dando una respuesta porque necesitamos la contraparte del gobierno en términos de que apoye esta iniciativa, de modo que podamos, de una vez por todas, enfrentar la maternidad, mujeres y hombres, en igualdad de condiciones.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, primero, quiero saludar, tal como lo hice la primera vez que intervine respecto de este proyecto, a los diputados y diputadas autores de las mociones, que, por lo demás, son tremendamente transversales desde el punto de vista del quehacer político.

Creo que es muy importante que podamos avanzar en un acto que es de justicia, incluso a pesar de la falta de disposición que ha tenido el gobierno de respaldar este proyecto de ley.

No soy madre aún; sin embargo, no me cabe duda de que aquellas mujeres que han tenido la oportunidad de ser madres en estos últimos meses, en medio de una situación crítica en nuestro país, de una situación compleja, no solo tienen una tremenda preocupación, sino, incluso, temor. Sabemos que las embarazadas son parte de la población de riesgo, por el hecho de estar embarazadas. Sabemos que los recién nacidos, aquellos lactantes que tienen seis meses de vida, que todavía tienen la posibilidad de estar bajo el cuidado de sus madres, son niños y niñas que, junto a padres y madres, en este momento van a quedar en la desprotección si este proyecto de ley no se aprueba.

Por eso hacemos un llamado a avanzar en el apoyo concreto a aquellas familias que hoy no solo lo pasan mal por la pandemia y por las condiciones económicas de crisis que esta ha traído consigo, sino también porque se trata de padres y madres, muchos de ellos primerizos en esta tarea. Me parece que frente a la preocupación evidente, natural y comprensible de que puedan adquirir el virus relacionado con esta pandemia, deben tener la posibilidad de protección del Estado.

Mi cercanía con la maternidad, a pesar de no ser madre, es muy alta, porque soy matrona aprovecho de saludar a las matronas de Chile, que ayer celebraron su día-. Quienes hemos estado cerca de un parto sabemos la fragilidad que tiene un recién nacido hasta sus seis meses y la dependencia que tiene de su madre. Por eso este proyecto es tan importante y tan justo. Y la protección de las embarazadas con el aumento del prenatal también me parece que es una necesidad, incluso sanitaria.

Por eso vamos a apoyar este proyecto de ley, y creemos que es de justicia que la Cámara de diputados y diputadas avance en aprobarlo, a pesar de la oposición del gobierno.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, hace poco apareció una noticia en el diario La Tercera, en la que una madre, la señora Solange Maldonado , describiendo los primeros síntomas que presentó su hija de apenas cinco meses, dijo: “Sospechamos el domingo 12 de abril. Tenía algo como viral, estaba con un poco de fiebre, inquieta, un poco congestionada, un poco de sibilancias en el pecho”. El artículo continúa: “Tras controlarla, su médica le sugirió que podría ser covid-19, dado el brote activo en la Región del Maule. Solange, quien vive en la comuna de San Javier, al principio creyó que la doctora se estaba “alertando de más”. Su hija no salía, y no había ningún miembro de la familia enfermo, aparentemente. Tras la consulta, incluso, desaparecieron los síntomas en la menor”.

Sin embargo, después confirmaron resultado positivo en el examen de covid-19 para la menor de cinco meses, así como también para el padre y la madre.

¿Qué quiero decir con esto? Que los niños y niñas recién nacidos están expuestos al contagio, les afecta. Tenemos lactantes contagiados por covid-19, y su contagio se debe a que sus padres y madres también están expuestos. Esto no es solo porque los niños y niñas salgan de la casa; es porque el papá y la mamá siguen trabajando, porque han tenido que salir a trabajar. A pesar de las recomendaciones sanitarias de quedarse en casa, se ven en la obligación de salir a trabajar porque tienen que parar la olla hasta fin de mes.

Por eso, el proyecto de extensión del posnatal es tan necesario. Cuando a la madre de un hijo de seis meses se le acaba el posnatal, se está exponiendo no solo ella, ya que tiene que volver a trabajar, sino también el menor y el entorno familiar que está cuidando al menor.

Este proyecto es urgente. Lo hemos presentado y hemos forzado esta discusión porque el gobierno aún no tiene una respuesta para los menores de edad, no tiene una respuesta para los lactantes de nuestro país, no tiene una respuesta contundente para las madres y padres de estos recién nacidos, que requieren una protección ahora, urgente. Lo mismo para las embarazadas que requieren cuidar a su hijo mientras se encuentre en el vientre materno.

Por eso hemos decidido también aprobar, con sentido de urgencia, este proyecto de ley, y esperamos que el Senado también avance rápidamente en su aprobación. Ojalá que el gobierno cree una política pública con recursos para ir en apoyo de estas mujeres, de estos padres y de los lactantes.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

La diputada Camila Vallejo ha hecho reclamación por la declaración de inadmisibilidad efectuada por la Mesa respecto del proyecto de ley, originado en moción de las diputadas Vallejo , Cariola , Hernando , Mix , Orsini y Sepúlveda , y de los diputados Rocafull , Soto, don Raúl , y Verdessi , que declara de interés nacional las administradoras de fondos de pensiones.

Para defender la admisibilidad de la iniciativa, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, el 8 de abril ingresamos, junto con varios jefes y jefas de bancadas, desde la bancada de la Democracia Cristina hasta la bancada del Partido Comunista, el proyecto que declara de interés nacional el patrimonio de las administradoras de fondos de pensiones; no los fondos de pensiones, sino el patrimonio de las AFP.

Ante el paso del tiempo sin que se diera cuenta de esta moción, la semana pasada pregunté en la Sala sobre la razón del retraso. El Secretario General explicó que nuestra moción había sido objeto de un estudio. Lo cito: “Es un proyecto que vamos a declarar admisible y el Presidente nos ha pedido que hiciéramos un informe, porque creemos que su proyecto es admisible.”.

El informe de admisibilidad tardó varias semanas entonces por la complejidad de la materia; sin embargo, en un giro inexplicable, el Presidente de la Cámara decide, de un día para otro, que nuestro proyecto es inadmisible.

El 30 de abril, el Presidente de la Cámara dijo en la prensa sobre este mismo tema: “Yo me rijo por los informes y recomendaciones que me dan”.

Evidentemente, esto no se estaría cumpliendo y la opinión técnica de la Secretaría no es oída o bien es alterada. Estamos frente a una decisión estrictamente política. Se pretende censurar un debate necesario, que a la ciudadanía le interesa abordar, por un acto de autoridad que busca forzar la idea de que las AFP serían intocables por parte del Congreso Nacional.

¿Qué regla constitucional dispone que la declaración de interés nacional sobre un bien es de iniciativa exclusiva? Ninguna. Esta moción es admisible.

La función esencial del Congreso Nacional, de los parlamentarios y parlamentarias, es legislar. El Tribunal Constitucional ha sostenido que las normas sobre iniciativa exclusiva son limitaciones constitucionales al proceso de formación de la ley, por lo que, como reglas de excepción, deben ser interpretadas restrictivamente.

“Si así no se entendiera” -dice el TC “podría llegar a desvirtuarse del todo la función principal del Congreso Nacional y el ejercicio de la soberanía que se cumple a través de él.”.

En segundo lugar, están los precedentes parlamentarios. El proyecto de ley que declara de interés nacional la explotación del litio y la empresa Soquimich no fue objeto de ningún reproche de admisibilidad y hoy está en segundo trámite en el Senado.

Nuestra moción, además, no modifica reglas sobre seguridad social ni incide en ellas, como sostiene el Presidente de la Cámara. Esto es importante pues la seguridad social, según la OIT, es un sistema de protección que garantiza la seguridad del ingreso en la vejez.

Entonces, para estar frente a una norma de seguridad social necesariamente debe cambiarse una prestación, lo que este proyecto no hace.

El informe del Presidente de la Cámara expresa, además, que no cabe duda de que un proyecto como este causa efecto en el régimen de seguridad social, pero en ninguna parte señala cuáles serían esos efectos, porque sencillamente no los hay.

No podemos desde acá, lamentablemente, terminar con las pensiones de miseria que entregan las AFP a cientos de miles de hombres y mujeres. Lo que sí podemos hacer los parlamentarios y las parlamentarias, cumpliendo con el mandato popular de legislar y recoger las demandas ciudadanas, es iniciar legítimamente un camino de nacionalización de las AFP, mediante su declaración de interés nacional, como primer paso para su superación y su futuro reemplazo por un sistema de pensiones dignas.

Si hay parlamentarios y parlamentarias que difieren de este proyecto -que es legítimo-, lo correcto y lo democrático es que se abra el debate legislativo y que cada uno exponga sus razones, pero lo que no podemos aceptar, porque es un atentado a la soberanía, es que se impida arbitrariamente que el Congreso Nacional legisle.

Es por ello que pido, primero, a la Mesa reconsiderar lo que ha definido en torno a la admisibilidad, porque entiendo además que no fue unánime la decisión dentro de sus miembros; en caso contrario, pido a la Sala respaldar la admisibilidad de esta moción, que es lo que jurídicamente corresponde.

He dicho.

-Aplausos.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Diputada Vallejo , solo quiero aclarar que el informe no es de este Presidente, sino de la Secretaría General de esta Corporación.

Para apoyar la inadmisibilidad declarada por la Mesa, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, la idea de la argumentación en este momento no es sobre el fondo, porque si uno va sobre el fondo habría que ver qué declara el propio proyecto, que no es más que un manotazo a los ahorros de los trabajadores chilenos.

Exactamente, aquello es abrir la puerta, tal como se ha dicho acá, a la nacionalización de los fondos de pensiones, para que luego baste con un decreto para hacerse de los fondos de los trabajadores, tal como han hecho en otros países, como ocurrió en el caso de Argentina.

Pero no vamos a referirnos al fondo del proyecto, porque aquí estamos hablando sobre la admisibilidad. Esa moción, tal como está declarado en el propio texto de la misma, es de seguridad social. Así parte y se fundamenta el texto de la moción: dice que es de seguridad social, y la letra expresa de nuestra Constitución Política señala que las materias de seguridad social, de conformidad con lo que establece el artículo 65, número 6°, son de iniciativa exclusiva. ¿Por qué? Porque, tal como he dicho, tanto los antecedentes como los argumentos de la moción versan sobre cuestiones de seguridad social.

Además, la iniciativa exclusiva tiene dos niveles: el primero es que se trata de normas de seguridad social, que ya vemos que las toca, y, además, que las normas inciden en la seguridad social.

Es decir, no es solo de iniciativa exclusiva cuando se tiene relación directa con la seguridad social, sino también cuando se trata de normas que repercuten o causan efecto en ella. Y no cabe ninguna duda de que un proyecto como este causa efecto en el régimen de la seguridad social. Es la fundamentación del propio proyecto.

Por último, ¿saben de cuándo es esta norma constitucional, que establece la exclusividad de la seguridad social para el Ejecutivo? De la reforma constitucional de 1970; es desde ese año, es con el Presidente Allende que esta norma dice, en ese momento, que era iniciativa exclusiva para ”establecer o modificar los regímenes previsionales de seguridad social”. Y en esa oportunidad la Comisión de Constitución sostuvo que esa norma buscaba extenderse a todos los aspectos que de una u otra manera dicen relación con los regímenes previsionales o de seguridad social de los trabajadores.

Entonces, como puede verse de forma evidente, esta iniciativa es exclusiva del Presidente en todos los aspectos que se vinculen con la seguridad social, y, como es claro, esta que pretende nacionalizar, abrir la puerta para el manotazo a los aportes que han hecho los trabajadores, simplemente es inconstitucional.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra, por vía telemática, el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO (vía telemática).-

Señor Presidente, solo para plantear lo siguiente: estamos frente a una colisión entre una norma, que es el artículo 65, número 6°, de la Constitución, y una situación que afecta a millones de chilenos a partir de la vigencia de un régimen previsional fracasado. Y para decir fracasado, basta tener a la vista el monto de las pensiones.

¿A qué quiero llegar? La diputada Camila Vallejo ha hecho una petición que me parece muy sensata frente a esta colisión tan potente en un tema hipersensible para la sociedad chilena, en un momento en que la sociedad chilena y el mundo están viviendo una crisis como la actual, por lo que creo que esto bien amerita que los Comités se reúnan para los efectos de redefinir la admisibilidad o inadmisibilidad de un proyecto de esta naturaleza.

Tomémonos unos minutos más, tomémonos unos días más, una semanas más, para resolver y conciliar la norma constitucional con el interés de la mayoría de los chilenos.

Eso es lo que deseo plantear como punto de Reglamento.

He dicho.