Labor Parlamentaria

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización pasa a informar el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, de origen en mensaje, en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de “simple”, que fue hecha presente por el Ejecutivo el día 6 de mayo de 2020.

Durante la tramitación del proyecto, la Comisión contó con la asistencia y participación de las siguientes personas: a) Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del MINSEGPRES, señor Máximo Pavez; b) Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott; 3) Directora de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, señora Marta Herrera; 4) Director Nacional del SERVEL, señor Raúl García.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se deja constancia de lo siguiente:

1) La idea matriz del proyecto es ampliar el actual plazo de prescripción de los delitos establecidos por la ley N°19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, de modo de fortalecer la persecución y sanción penal de esos delitos.

2) Normas de quórum especial

El proyecto es de rango orgánico constitucional, conforme al inciso primero del artículo 18 y al inciso quinto del numeral 15 del artículo 19 de la Carta Fundamental; y según lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el proyecto de ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral (causa rol N°376, de 2003, considerandos N°8, 9, 11 y 13).

3) Trámite de Hacienda

No requiere trámite de Hacienda.

4) La idea de legislar fue aprobada por unanimidad. Participaron en la votación las diputadas señoras Marcela Hernando, Karin Luck, Andrea Parra, Catalina Pérez y Joanna Pérez (Presidenta); y los diputados señores Bernardo Berger, Andrés Longton, Andrés Molina, Celso Morales, Raúl Saldívar y Renzo Trisotti.

5) Se designó Diputada Informante a la señora CATALINA PÉREZ.

II.- ANTECEDENTES.

El Mensaje

El presente proyecto de ley se enmarca en la Agenda Anti Abusos y por un Trato Digno y Justo que está impulsando el Ejecutivo. En términos generales, dicha agenda tiene como objetivo construir una sociedad que combata con mayor eficacia todo tipo de abusos, que proteja con mayor rigor la dignidad de todos y que se comprometa con un trato justo con la ciudadanía.

Desde su publicación, el año 2003, la ley N° 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, ha tenido numerosas modificaciones que han ido mejorando progresivamente los estándares de transparencia y control del financiamiento, gasto y publicidad en campañas electorales. En esta evolución cabe destacar los siguientes hitos legislativos: a) La ley N° 19.963, de 2004, que entre otras materias establece un aumento en las sanciones de multa a quienes incumplieran las obligaciones de la ley N° 19.884, y la obligación de que los aportes electorales se realicen directamente en una cuenta única que deberá mantener el Servicio Electoral; b) La ley N° 20.568, de 2012, que establece la figura del Administrador Electoral en las elecciones de Presidente de la República, senadores y diputados; y c) La ley N° 20.900, de 2016, sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, que regula, entre otros aspectos, el financiamiento y control de gasto electoral de las precandidaturas a Presidente de la República; reduce los límites al gasto electoral; aumenta el monto de las penas de multa en caso de contravención; prohíbe los aportes a campañas electorales realizados por personas jurídicas, con excepción de aquellos realizados por los partidos políticos y el fisco; y establece la publicidad de los aportes a campañas electorales como regla general, sin perjuicio de la excepción contemplada para aportes menores, fijándose en todo caso un límite máximo de 120 unidades tributarias en dichos aportes menores por cada tipo de elección.

Como es posible apreciar, este desarrollo ha tendido progresivamente a establecer estándares cada vez más estrictos de transparencia y límite al financiamiento y gasto en campañas electorales, lo que sin duda es altamente valorable. El proyecto se inserta en línea con ese desarrollo y, en particular, busca respaldar los estándares legales existentes en la materia por la vía de fortalecer la persecución y sanción penal en caso de comisión de los delitos contemplados en la ley N° 19.884, ampliando el plazo de prescripción de la respectiva acción penal.

Luego, el mensaje subraya que la transparencia y control del financiamiento, gastos y publicidad de las campañas electorales es una de las áreas donde se hace necesario fortalecer el marco normativo, para evitar abusos que dañen los procesos electorales y el funcionamiento de las instituciones y de nuestra democracia.

Un aspecto importante de tal fortalecimiento pasa por asegurar la debida efectividad de la persecución y sanción penal de los delitos que se cometan en contravención a la ley N° 19.884. En efecto, la sanción penal, si bien es de ultima ratio, constituye un resguardo indispensable para dar eficacia a las normas que protegen el funcionamiento de los procesos electorales.

Actualmente, la citada ley contempla tres delitos en sus artículos 30 y 31, que sancionan al que: (i) otorgue u obtenga aportes para candidaturas o partidos políticos, cuyo monto excediere en un cuarenta por ciento lo permitido por la ley; (ii) utilice los aportes o fondos obtenidos del Fisco en una finalidad distinta a la cual están destinados; y (iii) al administrador electoral, administrador general electoral o administrador general de fondos de un partido político que, a sabiendas, en sus rendiciones de cuentas al Servicio Electoral proporcione antecedentes falsos o certifique hechos falsos. Por su parte, el artículo 60 de la referida ley establece que la acción penal de los delitos contemplados en la misma prescribirá en dos años desde que se hubiere cometido el delito. Si bien dicho plazo de prescripción era originalmente de un año, y luego se amplió a dos con la modificación introducida por la ley N° 20.900, aun así no se condice con el plazo de prescripción general de los simples delitos, que es de cinco años, de conformidad a lo señalado en el artículo 94 del Código Penal.

Por último, el mensaje efectúa un reconocimiento del aporte en la discusión de esta materia que ha significado la presentación de las siguientes mociones: 1) La que modifica la ley N° 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, con el objeto de ampliar el plazo de prescripción de los delitos contemplados en ella (boletín N° 10.642-06, de 2016), suscrita por el diputado señor Manuel Monsalve y el ex diputado señor Osvaldo Andrade; y 2) La que modifica también la ley N° 19.884, para eliminar el rol del Servicio Electoral en el inicio de la investigación de delitos que indica y aumentar el plazo de prescripción (boletín N°12.422, de 2019), firmada por los diputados (as) señores (as) Daniella Circardini, Luciano Cruz-Coke, Fidel Espinoza, Hugo Gutiérrez, Tomas Hirsch, Marcos Ilabaca, Manuel Monsalve, Leonardo Soto y Matías Walker. Ambas iniciativas cumplen su primer trámite constitucional y reglamentario.

III.- DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO.

A) En General

En este trámite la Comisión escuchó a las siguientes personas:

1) Jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales del MINSEGPRES, señor Máximo Pavez

El representante del Ejecutivo explicó que el gobierno ha lanzado la denominada “Agenda Anti-abusos”, la cual aborda diversas materias y se ha traducido en la presentación de algunos proyectos de ley, entre ellos el de anti-colusión, radicado actualmente en la Comisión de Economía, y que aborda un tema sensible como lo es el financiamiento de la actividad política en período de campaña electoral.

Por otra parte, recordó que la ley N°19.884, sobre transparencia, limite y control del gasto electoral, fue publicada el año 2003, y desde esa fecha ha sido objeto de diversas modificaciones que han venido a mejorarla progresivamente, para establecer criterios cada vez más altos de transparencia.

Agregó que es precisamente en el marco de la Agenda Anti-Abusos que el Ejecutivo busca fortalecer la persecución y sanción penal para los delitos contemplados en la ley N°19.884. Dicha ley contempla 3 delitos, en los artículos 30 y 31, sancionando al que otorga u obtenga aportes para la candidatura o partidos políticos cuyo monto excediere en un 40% lo permitido por la ley; a aquel que utilice los aportes o fondos obtenidos del fisco con una finalidad distinta a la cual están destinados; y al administrador electoral o administrador general de fondos del partido político que, a sabiendas, en sus rendiciones de cuentas al SERVEL proponga antecedentes falsos o certifique hechos falsos. Por su parte, el artículo 60 establece que la acción penal de los delitos contemplados en la ley prescribe en un plazo de 2 años, desde que se hubiese cometido el delito.

El proyecto de ley propone modificar en el artículo 60 el plazo de prescripción de los delitos, aumentándolo de 2 a 5 años, homologando de esa manera estos delitos a la prescripción general de los delitos del Código Penal.

Añadió que, desde una perspectiva comparada, se observa que, por ejemplo, en Estados Unidos la legislación electoral contempla un plazo de prescripción de 5 años, y lo mismo en México. En Canadá es de 6 años; en Nueva Zelanda varía de 6 meses a 3 años; en Honduras es de 4 años; y en Panamá de 3 años.

A juicio del Ejecutivo, el actual plazo de prescripción de 2 años para delitos que conllevan el financiamiento irregular de las campañas políticas, es breve y por ello se propone su ampliación a 5 años.

Las palabras del asesor jurídico de la SEGPRES motivaron el siguiente debate.

El representante del MINSEGPRES, señor Pavez, precisó que la institución de la prescripción tiene por objetivo la certeza jurídica. Es decir, que no existan situaciones que se prolonguen indefinidamente en el tiempo sin una solución judicial definitiva. El problema es que por el volumen de las candidaturas (las que no solo son parlamentarias) el sistema no da abasto para poder procesar toda la información y la rendición de cuentas de todos los candidatos. Por lo tanto, lo que ocurre en la práctica es que el plazo de prescripción para estos delitos es muy breve.

Por otra parte, el plazo de prescripción establecido para los delitos regulados en la ley N°19.884 efectivamente es distinto a la norma general. De esta manera, la justificación para establecer un plazo de prescripción de 5 años es “igualar la cancha”, para que no exista una normativa sectorial que contemple delitos sujetos a un plazo de prescripción más breve que la regla general, a efectos de ser investigados y juzgados.

Respecto de la técnica legislativa utilizada por el mensaje y su diferencia con la moción a que aludió el diputado señor Longton, explicó que a juicio del Ejecutivo es mejor establecer expresamente la norma de prescripción aplicable a los delitos de la ley N°19.884, para no generar confusión con el inciso primero del artículo 60, que se refiere a la prescripción de 1 año tratándose de las faltas.

2) Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Jorge Abbott; y Directora de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, señora Marta Herrera

Finalmente, enfatizó que la ciudadanía debe tener claro que no hay leyes especiales que permitan un menor tiempo para investigar y juzgar estos delitos.

El fiscal nacional manifestó que el Ministerio Público ve con satisfacción la presentación de este proyecto de ley, que se enmarca en lo que el gobierno ha denominado “Agenda Anti-abusos, por un trato digno y justo”, y que tiene por objeto, según señala el propio Mensaje, fortalecer el marco normativo para evitar abusos que dañen los procesos electorales, como también el funcionamiento de las instituciones y la democracia, propósito con el que concuerdan.

El señor Pavez, del Ejecutivo, precisó que justamente el problema que se pretende evitar es el contrario, esto es, que por tratarse de un plazo de prescripción demasiado breve, los delitos queden sin sanción. La pregunta que cabe hacerse en este caso es qué es lo que asegura que no exista impunidad, y ello se cumple impidiendo que los delitos queden prescritos en un plazo muy breve y, por consiguiente, que también se extinga la responsabilidad penal.

Agregó que el proyecto aborda una situación que desde hace bastante tiempo el Ministerio Público ha catalogado como anómala dentro de la legislación, esto es, un plazo de prescripción absolutamente excepcional que no parece tener ninguna justificación y, por el contrario, puede entorpecer la investigación de hechos de esta naturaleza, que se cometen fundamentalmente en el contexto del financiamiento de las campañas políticas.

En efecto, el plazo de prescripción actualmente establecido es irrisorio y muy difícil de cumplir, ya que el SERVEL debe hacer la revisión del gasto electoral y, luego, tomar la decisión de iniciar la acción penal, transcurriendo en ello un tiempo relevante que incluso puede sobrepasar los 2 años.

El señor Pavez, del Ejecutivo, precisó que el SERVEL no está a cargo de la persecución penal, sino que solo aplica las multas administrativas, cuyo plazo de prescripción no se modifica con este proyecto de ley. Por lo tanto, esto es materia de la jurisdicción ordinaria.

Afirmó que la consecuencia de ampliar el plazo de prescripción de 2 a 5 años es darle a los delitos regulados en la ley N°19.884 un tratamiento igual que a cualquier otro simple delito. Sobre el punto, hizo presente que no se vislumbra una razón para que exista un tratamiento especial tratándose de delitos cometidos por personas que son o pretenden ser representantes de la ciudadanía.

En segundo término, precisó que esta modificación a la ley no significa que ahora habrá un plazo de 5 años para investigar los delitos, ya que el plazo de investigación lo propone siempre el Ministerio Público o el juzgado de garantía, en el marco de las reglas del sistema procesal penal. Este proyecto de ley lo único que hace es ampliar el plazo para que el delito se entienda prescrito, teniendo presente que los 5 años de prescripción aplican en general para todos los delitos que contempla nuestra legislación.

En consecuencia, el proyecto de ley permite solucionar uno de los problemas que el Ministerio Público ha identificado en el texto legal actual, abriendo la posibilidad de tener investigaciones exitosas en el evento de existir indicios de haberse cometido ilícitos en el financiamiento de las campañas electorales.

De acuerdo a lo anterior, hizo un llamado a no perder de vista la perspectiva que plantea el proyecto de ley, que no es aumentar el plazo de investigación de los delitos, sino ampliar el plazo para denunciar las irregularidades que constituyen las hipótesis más graves en materia de financiamiento y de gasto electoral, y que eventualmente podrían incluso acarrear la pérdida del escaño.

En otro orden de ideas, sostuvo que otro aspecto que debiese modificarse es el momento a partir del cual se empieza a contar el plazo de prescripción. En su opinión, este debiese ser la fecha en que se rinde cuentas al SERVEL, y no desde el momento en que se produce la irregularidad en el financiamiento.

Asimismo, sostuvo que el hecho de que los delitos contemplados en la ley N°19.884 sean de previa instancia particular, es decir, que requieran previamente la denuncia o la querella del SERVEL, constituye una limitación importante a las facultades de investigación que constitucionalmente tiene el Ministerio Público, más aun cuando este organismo no tiene la posibilidad de recurrir a una instancia jurisdiccional a fin de forzar la investigación penal.

Al respecto, hizo una distinción con otras acciones de previa instancia particular, que están sometidas a la voluntad de un funcionario del Estado, y que no es objeto de recurso alguno. En el caso de los delitos contemplados en la ley N°19.884, la decisión al menos está entregada a un consejo, integrado por 5 personas, elegidas además mediante un mecanismo democrático (son designadas por el Presidente de la República y ratificados por los 2/3 de los senadores en ejercicio), lo que lo dota de una legitimidad distinta a otros entes del Estado que también tienen esta facultad de ejercer a su arbitrio la acción penal cuando se encuentran frente a hechos constitutivos de delito.

En síntesis, si el gobierno está propiciando una agenda de trato justo e igualitario, no deberían existir excepciones de esta naturaleza (plazo menor de prescripción) o, al menos, abrirse la posibilidad para que el órgano constitucionalmente llamado a ocuparse de la investigación y persecución penal, que es el Ministerio Público, pueda eventualmente forzar el ejercicio de la acción penal, particularmente tratándose de delitos cometidos por personas que tienen dentro de la sociedad una posición especial por su cargo.

Complementando la intervención anterior, la señora Herrera enfatizó las deficiencias que el Ministerio Público ha advertido a la hora de investigar los delitos de corrupción y los delitos económicos, y las complejidades que estos representan, como parte de su propia Agenda Anti-abusos”, que en ciertos aspectos es coincidente con las propuestas del Ejecutivo, pero en otros es más amplia.

Particularmente, el Ministerio Público ha levantado 3 aristas relevantes en estas materias:

1.- El aumento en el plazo de prescripción de la acción penal tratándose de los delitos contemplados en la ley N°19.884 (cuestión que aborda el proyecto de ley), por la falta de coherencia que este menor plazo representa con el régimen penal general. Al respecto, indicó que el resto de los simples delitos tiene una prescripción de la acción penal de 5 años, por lo que la rebaja a 2 años constituye una regla de excepción que en definitiva se lee como un privilegio. El propio Mensaje hace referencia al bien jurídico que está detrás de la protección de estos ilícitos y a la necesidad urgente, sobre todo en estos tiempos, de dar señales de un tratamiento igualitario.

Además de la razón expuesta, hizo presente que este menor plazo de prescripción conlleva también deficiencias prácticas muy importantes, que tienen que ver con la siguiente arista.

2.- Momento a partir del cual se cuenta el plazo de prescripción (aspecto que no se propone modificar en este proyecto de ley). De acuerdo a la legislación vigente, el plazo de prescripción se cuenta desde la comisión del delito. El problema es que ese momento, en los procesos electorales, pudo haber tenido lugar con mucha antelación a la rendición de cuentas que se hace ante el SERVEL, que es el organismo que tiene la capacidad para poder advertir la comisión de un hecho constitutivo de delito.

Sobre el punto, hizo presente que el transcurso del tiempo tiene importantes consecuencias. En efecto, en nuestro sistema lo único que suspende la prescripción es la formalización de la investigación. En este caso, el tiempo transcurre sin que siquiera haya una denuncia, por lo que menos podría haber una formalización de la investigación. Agregó que existen pronunciamientos jurisprudenciales que atribuyen a la interposición de la querella la posibilidad de suspender la prescripción, pero no existe jurisprudencia en ese sentido tratándose de la denuncia.

En definitiva, existe un importante riesgo de impunidad, esto es, que por el simple transcurso de un tiempo, que ya es breve, queden sin sanción conductas que son constitutivas de delito, sin que se manifieste de forma clara la voluntad de sancionar realmente estas conductas.

Reiteró que el Mensaje no innova en este sentido. Sin embargo, existe una moción de los diputados Espinoza y Monsalve (contenida en el boletín N°12422-06), que propone que el plazo de prescripción se cuente desde el momento de la rendición de cuentas ante el SERVEL, propuesta con la que el Ministerio Público está de acuerdo.

Agregó que si al aumento del plazo de prescripción se suma la modificación respecto al momento en que este empieza a correr, se gana un tiempo importante, generándose muchas más posibilidades de sancionar estos ilícitos.

3.- Delito relativo al otorgamiento u obtención de aportes para candidaturas o partidos políticos cuyo monto excediere en un 40% lo permitido por la ley (inciso primero del artículo 30). Este es uno de los delitos regulados en la ley N°19.884 y que está sujeto al plazo de prescripción de la acción penal. Sobre el punto, estimó que por la forma en que está regulado actualmente, se entrega el mensaje confuso de que se puede obtener aportes ilegales y, por tanto, infringir la ley, pero no más allá del 40%.

En su opinión, si existe una ley que regula el financiamiento de la política, cualquier infracción a la misma debiera ser sancionable, en atención al bien jurídico protegido. Admitió que probablemente esta modificación escapa a la materia abordada en el Mensaje, pero hay que considerarla en el contexto de una modificación a la ley N°19.884.

3) Director Nacional del SERVEL, señor Raúl García

El SERVEL mira con muy buenos ojos la modificación legal que se está proponiendo a través de este proyecto de ley, básicamente por dos razones. La primera de ellas dice relación con la injustificación que se aprecia en darle un tratamiento distinto al plazo de prescripción para ejercer la acción penal tratándose de los delitos electorales, versus el plazo de prescripción que se aplica para los simples delitos contemplados en el Código Penal. La segunda razón se refiere a que el año 2021, dada la postergación del cronograma electoral del año 2020, específicamente en cuanto a las elecciones municipales, será bastante intenso en materia electoral. Considerando las distintas elecciones que se llevarán a cabo (presidenciales, parlamentarias, regionales y comunales), la cantidad de candidatos será inédita (alrededor de 17 mil). Por lo tanto, no se puede dejar de considerar la carga de trabajo que va a tener el SERVEL a la hora de recibir y revisar todas las declaraciones de ingresos y gastos, es decir, la contabilidad electoral que se presentará.

En conclusión, manifestó su anuencia con el proyecto de ley, coincidiendo además, a pesar de que escapa a los alcances y objetivos de este Mensaje, con las otras consideraciones de índole técnico-penales planteadas por el Ministerio Público.

Concluidas las exposiciones de los invitados, hubo una ronda de comentarios y consultas de parte de varios integrantes de la Comisión.

B) En Particular

Respondiendo a las consultas consignadas, hizo uso de la palabra en primer lugar el Fiscal Nacional, señor Jorge Abbott, quien se refirió a la inquietud compartida por el diputado señor Molina y la diputada señora Parra. Reiteró que el problema de fondo en este caso dice relación con la igualdad ante la ley. Sería paradojal que, por ejemplo, un parlamentario que cometiera una malversación durante el financiamiento de su campaña electoral tenga un tratamiento distinto a un SEREMI que haya hecho una malversación en su servicio público. Agregó que, incluso, el proceso electoral debiese ser aún más transparente y limpio, requiriendo de una mayor legitimidad social. Ahora bien, si esto eventualmente afecta a una persona cuando ya se encuentra ocupando un cargo distinto, aclaró que ello ocurre con todas las autoridades y con todas las personas, no vislumbrándose ninguna razón para que aquellos que son elegidos popularmente estén sometidos a un tratamiento distinto de aquel que procede respecto de las personas que cometen ilícitos de similar naturaleza y que igualmente pueden verse afectados en su carrera, desempeño o cargo posterior.

Agregó que una parte importante de la molestia que las personas expresan hoy en día tiene que ver con estos espacios de diferenciación con el ciudadano común que dan lugar a privilegios especiales. Si alguien comete un delito en el marco de una campaña electoral, tendrá que responder al igual que cualquier ciudadano, sea senador o Presidente de la República.

Respecto de la interrogante planteada por la diputada Catalina Pérez, manifestó que es comprensible que existan delitos de previa instancia particular cuando se ven afectados derechos personalísimos, como en los delitos sexuales por ejemplo; pero ello no se justifica para delitos que dicen relación con el manejo de los recursos públicos, con el pago de impuestos, con el manejo del mercado, etc. Esta instancia previa inhibe absolutamente el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público y no hay ninguna razón para ello.

En cuanto a la preocupación del diputado Andrés Longton, admitió que efectivamente puede haber un problema que debiese tratar de resolverse, pero este no solo afecta a los parlamentarios, sino que a cualquier persona. Compartió la apreciación del parlamentario que muchas veces las autoridades están sujetas a un tratamiento público que los perjudica, pero ello no justifica que sobre ellos recaiga un manto protector que sea percibido por la ciudadanía como un privilegio especial y un signo de desigualdad. Esto, sin perjuicio de buscar la fórmula para que las personas, e incluso los funcionarios públicos involucrados, sean sancionados por la irresponsabilidad de sus denuncias. En definitiva, se trata de un problema de principios y de fondo, que se traduce en que no debe haber privilegios para nadie, sino por el contrario un tratamiento igualitario para todas las personas.

La Directora de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, señora Marta Herrera, a propósito de la consulta de la diputada Catalina Pérez, precisó que uno de los aspectos más relevantes que ha levantado el Ministerio Público a propósito de estos temas, además de los tres ya referidos, dice relación con el ejercicio de la acción penal pública previa instancia particular. La posición de la Fiscalía es que ello no tiene justificación, salvo que se afecten bienes jurídicos personalísimos, como es la libertad sexual de las personas, donde nos encontramos con otra serie de variables comprometidas. Tratándose de los delitos contemplados en la ley N°19.884, no queda claro cuál sería el sentido de la exigencia de denuncia previa por parte del SERVEL. A la Fiscalía le asiste la convicción de que no solo puede, sino que debe trabajar en conjunto con el SERVEL en estas materias. Por lo tanto, perfectamente se puede llevar a cabo el proceso penal trabajando colaborativamente con dicho organismo. Agregó que para el Ministerio Público el poder iniciar la persecución penal de estos delitos es una prioridad, en orden a cautelar la igualdad ante la ley, procurando que las personas se sientan con la posibilidad de recurrir al órgano que está a cargo de la persecución penal, que es el Ministerio Público.

Respondiendo al diputado señor Longton, sostuvo que no tiene certeza de cuánto es el tiempo que se está perdiendo hoy en día en la investigación de estos delitos, ya que considerando que el plazo de prescripción empieza a correr desde la comisión del delito es difícil hacer una cuantificación. Pero se ganaría un tiempo valioso si el plazo de prescripción empezara a correr desde la rendición de cuentas ante el SERVEL.

Añadió que la intención de esa propuesta es tener más tiempo para esclarecer situaciones ligadas al financiamiento irregular, y no mantener a las personas pendientes de su situación procesal. Aunque puede haber problemas asociados al sistema procesal penal que dicen relación con otra serie de garantías que se quisieron promover en su oportunidad, como una mayor publicidad y transparencia, los daños colaterales que eso pudiese ocasionar deben repararse por medio de otros mecanismos, sin sacrificar el principio básico de igualdad ante la ley.

IV.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS.

Respecto a la consulta sobre la técnica legislativa utilizada por el Mensaje, a diferencia de la empleada por la moción a la que el diputado Longton hizo referencia, señaló que en términos generales lo que debe promoverse es la mayor coherencia dentro del sistema penal, siendo lo relevante que el plazo de prescripción quede siempre debidamente asociado a la categorización del delito de que se trate.

Finalmente, respecto de la inquietud de la diputada señora Parra y el diputado señor Molina, sostuvo que la Fiscalía solo se puede referir a los efectos desde el punto de vista de la persecución penal, y no a los eventuales impactos en términos políticos que ello puede generar. Sobre el punto, precisó que en el caso de delitos de alta complejidad el paso del tiempo siempre irá en perjuicio de la persecución penal, en el sentido de la pérdida de evidencia, pero resulta irrelevante que la persona se mantenga o no en el cargo, o esté ejerciendo un cargo distinto, no generando ello ningún impacto adicional más allá de las complejidades que se dan en este tipo de delitos.

Las siguientes indicaciones fueron rechazadas:

Por último, el Director Nacional del SERVEL, señor Raúl García, señaló que el SERVEL no está por aferrarse ni por defender a ultranza la titularidad que actualmente tiene en materia de denuncia o ejercicio de la acción penal relacionada con los delitos electorales regulados en la ley N°19.884. No hay un interés particular en que se mantenga o no la actual situación.

Ligado a lo anterior, esgrimió que se debe tener presente que en el actual estado de situación, esto es, con una titularidad exclusiva del SERVEL para ejercer la acción penal o denunciar este tipo de delitos, por una parte; y con el plazo de prescripción de 2 años, por otra, habría que ser bastante ambicioso, en términos de eficiencia, para que el SERVEL a la hora de denunciar o ejercer la acción penal pueda realizar los análisis mínimos en orden a lograr cierta convicción de que se ha podido cometer un delito electoral; como asimismo otorgarle el tiempo suficiente a la Fiscalía Nacional para que ella pueda realizar la investigación en un período tan corto. Desde esa perspectiva, parece prudente considerar la ampliación del plazo de prescripción de la acción penal de estos delitos.

Respecto a la consulta del diputado señor Longton, en el sentido del tiempo de ganancia que habría si se modifica el momento a partir del cual comienza a correr el plazo de prescripción de la acción penal, coincidió con la profesional de la Fiscalía Nacional en el sentido que es complejo precisar el tiempo real de ganancia. Sin embargo, para tener un orden de magnitud, recordó que los períodos de propaganda electoral se inician en general 90 días antes de la elección, y con posterioridad a ésta el período para presentar la contabilidad es de 30 a 45 días, dependiendo de la elección de que se trate. Por lo tanto, si el plazo de prescripción se computara desde la rendición de cuentas ante el SERVEL, podría haber una ganancia de alrededor de 4 meses adicionales. Por otra parte, hizo presente que este tipo de delitos electorales no solo pueden cometerse dentro del período de propaganda electoral, sino que mucho antes. Por ejemplo, hoy día podría estarse configurando el delito contemplado en el artículo 30 de la ley N°19.884, de cara a las elecciones de 2021. En ese escenario, no es difícil imaginar la situación de privilegio, o al menos de ventaja, en la que se encuentra un potencial candidato que se presentará a alguna de las elecciones del próximo año y que desde ya pueda estar contando con algún tipo de aporte que exceda los límites, o que en definitiva transgreda las normas electorales.

V.- INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES.

Las siguientes indicaciones fueron declaradas inadmisibles:

VI.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO

Como consecuencia de lo expuesto, y por las consideraciones que dará a conocer la Diputada Informante, la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización recomienda a la Sala la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.- Reemplázase el artículo 60 de la ley N°19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado por el DFL N°3, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, por el siguiente:

“Artículo 60.- Las faltas o infracciones a que se refiere la presente ley prescribirán en el plazo de 1 año, contado desde que fue presentada o debió presentarse la cuenta general de ingresos y gastos a que hace referencia el artículo 44.

La acción penal de los delitos contemplados en esta ley prescribirá de acuerdo a las normas generales del Código Penal, desde que fue presentada o debió presentarse la cuenta general de ingresos y gastos a que se refiere el artículo 44.”.”.

JUAN CARLOS HERRERA INFANTE

Abogado Secretario de la Comisión