Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 20.234, que Establece un Procedimiento de Saneamiento y Regularización de Loteos, y amplía su plazo de vigencia.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, para su discusión se otorgarán tres minutos por bancada.

Diputado informante del segundo informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales es el señor Osvaldo Urrutia .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, sesión 19ª de la presente legislatura, en miércoles 6 de mayo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 9.

-El debate del proyecto se inició en la sesión 4ª de la presente legislatura, en miércoles

18 de marzo de 2020 -ocasión en que se rindió el primer informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales- y continuó en la sesión 14ª de la misma legislatura, en miércoles 15 de abril de 2020.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Antes de dar la palabra al diputado informante, quiero insistir en el uso de las mascarillas por parte de todos los parlamentarios dentro del hemiciclo. Hemos acordado con los Comités Parlamentarios llamar al orden a cualquiera que no haga uso de los elementos de seguridad, lo cual se traduce en una multa de 0,5 por ciento de su dieta.

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor URRUTIA, don Osvaldo (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.234, que Establece un Procedimiento de Saneamiento y Regularización de Loteos, y amplía su plazo de vigencia, con urgencia calificada de simple.

Esta iniciativa tiene su inicio en las siguientes mociones refundidas: boletín N° 12756-14, de las diputadas Hernando y Carvajal , y de los diputados Calisto , Espinoza , Rodrigo González , Jarpa , Cosme Mellado , Paulsen , Alejandro Santana y Alexis Sepúlveda ; boletín N° 12871-14, de la diputada Olivera y los diputados Bobadilla , Calisto , Espinoza , García , Jarpa , Kast , Norambuena , Pardo y de quien habla; boletín N° 12872-14, de los diputados Rodrigo González , Calisto , Jarpa , Cosme Mellado y Teillier , y boletín N° 12899-14, del diputado Espinoza , la diputada Hernando y los diputados Jarpa , Monsalve y Paulsen .

De conformidad con lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Corporación, en este segundo trámite reglamentario la comisión debió pronunciarse sobre el proyecto aprobado en general por la Sala en su sesión 14ª, de 15 de abril pasado, con las indicciones presentadas en la Sala y admitidas a tramitación.

Fueron objeto de indicaciones los números 1 y 2 del artículo único. La comisión reiteró su parecer en cuanto a que son de carácter orgánico constitucional la oración final de la letra a) del número 3, en cuanto a otorgar a las municipalidades la facultad de solicitar la regularización que se refiere a la ley N° 20.234, la letra c) del número 4 y el número 2 de la letra d) del mismo número, en cuanto a que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, en caso de superposición de regulaciones, debe consultar a la Dirección de Obras Municipales antes de decidir sobre la aplicación de las leyes N° 16.282, la denominada ley de sismos; N° 16.741, la denominada ley de loteos irregulares; N° 18.138 y de los decretos leyes números 2.695 y 2.833.

No se suprimieron disposiciones ni se incorporaron artículos nuevos.

No hay disposiciones de competencia de la Comisión de Hacienda.

No hay artículos modificados.

Se rechazaron, en la forma detallada en el informe, todas las indicaciones presentadas en la Sala, sin formularse alguna en el seno de la comisión.

En efecto, el diputado Barrera formuló una indicación al inciso primero del artículo 1, para permitir acogerse al procedimiento de saneamiento y regularización de loteos a aquellos en que alguna de sus partes se encuentre total o parcialmente emplazada en zonas de equipamiento comunitario, áreas verdes o vialidad recibida o proyectada.

En la comisión se destacó que tal propuesta implicaría un castigo de por vida para los vecinos de esos asentamientos en cuanto a que se les imposibilitaría contar con áreas verdes, vialidad, transporte público de calidad y equipamiento adecuado.

Se destacó la importancia de disponer terrenos para equipamiento urbano, tales como jardines infantiles, escuelas básicas, postas de salud, cuarteles de Bomberos, retenes de Carabineros y sedes de organizaciones comunitarias, como juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos y tantas otras que contribuyen a mejorar la calidad de vida en un barrio.

Por su parte, la diputada Hernando y el diputado Winter presentaron una indicación en el mismo sentido, para permitir que se acojan por una sola vez a esta ley los loteos que por más de cinco años se encuentren total o parcialmente emplazados en zonas de equipamiento urbano.

En este punto, se constató lo propuesto con el esfuerzo y trabajo de cientos de familias que siguen todo un proceso, mediante la formación de comités y el cumplimiento de una serie de etapas para acceder a una vivienda, y se reiteró la importancia de que todos los loteos a lo largo de Chile tengan terrenos destinados al equipamiento, así como respecto de no crear loteos de segunda categoría.

Finalmente, el diputado Boris Barrera propuso una modificación para rebajar de 90 a 50 por ciento la exigencia en cuanto a que en los lotes resultantes del asentamiento irregular haya residentes permanentes. Sin embargo, se hizo presente que, de aprobarse esa modificación, la normativa estimularía a que esos lotes se destinen a segundas viviendas. Además, se llamó a considerar que la ley establece recepciones parciales de loteos, lo que soluciona el problema planteado.

Por los argumentos y las razones señalados, la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales recomienda a la Sala aprobar este proyecto de ley en los términos propuestos en el primer informe de la comisión.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Antes de iniciar el debate, saludamos al diputado Issa Kort , quien estuvo de cumpleaños el sábado pasado.

Muchas felicidades.

(Aplausos)

Asimismo, saludamos al diputado Jaime Bellolio y a su señora, quienes han tenido un nuevo hijo.

(Aplausos)

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Pablo Kast .

El señor KAST (vía telemática).-

Señor Presidente, no cabe duda de que este proyecto viene a hacerse cargo de una realidad muy compleja en nuestro país, que humanitariamente es muy difícil para miles de chilenos y a la que, indudablemente, no le hemos dado la importancia que amerita, en términos de reflexión y de generar leyes que nos permitan solucionar el problema.

Hoy tenemos una realidad muy compleja en términos legales en nuestros instrumentos de planificación para los procesos de nuevas urbanizaciones y asentamientos urbanos, lo que impide que exista una densificación equilibrada y un proceso más orgánico de incorporación de estas poblaciones y de los grupos más vulnerables a zonas de estándares razonables de calidad en nuestras ciudades, lo que ha generado, finalmente, una escasez brutal de terrenos y una consecuente masificación de estos loteos irregulares, lo que es una realidad muy presente en la gran mayoría de las comunas del país.

Eso nos obliga, junto con aprobar este proyecto de ley, que hemos construido de manera muy equilibrada y consensuada con los miembros de la Comisión de Vivienda, así como con otros parlamentarios que han participado en el debate, a ir mucho más allá y avanzar en proyectos de integración social que permitan romper las barreras en el proceso de incorporar a esos grupos vulnerables a nuestros barrios, en los sistemas de educación, de transportes y en los espacios públicos, respecto de lo cual se llevan, sin duda, la peor parte.

La epidemia que estamos viviendo nos hace profundizar más y darle una urgencia mayor a esa demanda, en el sentido de que si hay alguien que está siendo afectado en términos de su experiencia personal, emocional y psicológica son las personas que integran estos grupos vulnerables, pues deben permanecer encerrados en zonas de muy mala calidad, en viviendas pequeñas, informales, con frío, etcétera.

Hoy, la diferencia, la brecha socioeconómica y la justicia en nuestras ciudades se han convertido en algo brutal; hemos incrementado la desigualdad y la injusticia con estos grupos.

Por lo expresado, Evópoli apoya con mucha fuerza este proyecto y valora que se haya construido de forma transversal.

Dado que las explicaciones están en el detalle del proyecto, simplemente quiero remarcar la importancia de esta iniciativa y la necesidad de profundizar en materia de integración.

No cabe duda en cuanto a que este proyecto constituye un paso adelante en el desafío de regularización, que es un obstáculo burocrático que han tenido estos grupos para sacar adelante sus loteos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez .

La señorita PÉREZ (doña Catalina) .-

Señor Presidente, la ley en reforma es particularmente importante para mis representados, la gente de la Región de Antofagasta, donde el déficit de viviendas asciende al 12,1 por ciento, lo que nos sitúa por sobre el promedio nacional, que es de 7 por ciento.

Por eso, este proyecto, que viene a perfeccionar y a fortalecer la ley, es muy necesario.

No obstante, no puedo obviar la lamentable decisión de dejar fuera, de excluir de antemano a los asentamientos emplazados, al menos parcialmente, en áreas de equipamiento, porque se priva de la posibilidad de acogerse a la ley a varios miles de familias. Estamos hablando de más de 1.500 familias en Antofagasta. Es necesario mencionar que los dirigentes de campamentos de esa ciudad han manifestado siempre su voluntad de colaborar y trabajar con el gobierno. Lamentablemente, se les han cerrado las puertas una y otra vez.

Quiero que seamos claros: cuando hablamos de campamentos, muchos miran hacia el lado, porque mirar o hablar de campamentos es mirar directamente el corazón del fracaso del modelo que nos rige.

Así como algunos creen que volverán las ollas comunes -digo “creen”, porque las ollas comunes nunca se han ido-, debemos tener presente que en los próximos meses habrá un aumento del número de campamentos y tomas de terreno, porque la gente sencillamente no va a tener la plata para pagar un arriendo o un dividendo, mucho menos en una región como la de Antofagasta.

El gobierno ofrece 65.000 pesos por persona. ¡Díganme ustedes qué hacen con 65.000 pesos por persona! ¿Cómo vive una persona con 65.000 pesos mensuales o una familia de cuatro personas con 260.000 pesos mensuales?

La respuesta es supersencilla: ninguna familia vive con eso. Lo que va a pasar es que, aunque deberían quedarse en casa, esas personas van a salir a trabajar igual, porque no tienen otra alternativa.

La vivienda, más en tiempos de pandemia, no puede ser un privilegio. La ley que hoy estamos reformando permite actualmente a los campamentos optar a una regularización y urbanización. Limitar esa posibilidad, como se pretende, es una completa mezquindad y falta de proyección.

Nadie quiere que existan campamentos, nadie se somete por gusto a las condiciones de extrema precariedad que implica vivir en un campamento. Sin embargo, eso no significa que debamos hacer como que los campamentos no existen. Estamos en medio de la crisis sanitaria y económica más grande de los últimos cien años, y en medio de esta crisis no podemos estar dispuestos a decir a los miles de familias que viven o van a vivir en campamentos, que con suerte tienen acceso a agua potable, que además de todo los van a dejar fuera de una de las pocas posibilidades que tienen de obtener una solución habitacional, de lograr que sus barrios sean urbanizados y de que los loteos en que están emplazadas sus viviendas también sean regularizados.

Por eso, vamos a apoyar que no se modifique el artículo 1º, para que, tal como actualmente está en la ley, puedan acogerse a este procedimiento de regularización.

Mientras tanto, seguimos insistiendo -sé que algunos diputados oficialistas pueden llegar a entenderlo- que 65.000 pesos por persona no van a ser suficientes; que 260.000 pesos mensuales no serán suficientes para una familia de cuatro personas.

Las familias no deben pagar la crisis, tampoco los trabajadores y trabajadoras.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Antes de entregar la palabra al diputado Osvaldo Urrutia , quiero enviar un gran saludo a todas las enfermeras y enfermeros de Chile, que hoy celebran el Día Internacional de las Enfermeras.

Aprovecho de enviar un gran aplauso y abrazo a nuestra colega Andrea Parra , quien es enfermera, y a todos los enfermeros y a todas las enfermeras de Chile, que están en primera línea trabajando y defendiendo la vida de los chilenos.

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, creo que la diputada que me antecedió en el uso de la palabra no entendió el proyecto.

Los terrenos de equipamiento que se consideran en un área verde son de alrededor de entre el 5 y el 7 por ciento; son porcentajes bastante menores respecto del tamaño total del terreno.

No es todo el terreno, salvo que ese campamento se haya instalado en un área verde intercomunal, como un parque, como el parque del cerro San Cristóbal , en Santiago, lo que sería a todas luces un desastre para la Región Metropolitana.

Las áreas verdes y los terrenos de equipamiento son muy necesarios en todos los loteos.

Si aceptamos la modificación que plantearon algunos diputados a través de indicaciones -ojalá que la diputada que hizo el comentario y el Presidente de la Comisión de Vivienda me puedan escuchar, aunque se enoje el diputado Brito , por su intermedio, señor Presidente, porque creo que lo que corresponde es que todos escuchemos nuestros argumentos, y yo estoy contraargumentando lo que dijo la diputada que me antecedió en la palabra-, estaríamos condenando de por vida a que un asentamiento irregular no tenga terrenos para equipamiento urbano ni áreas verdes. En esos terrenos normalmente se instala una posta rural, un jardín infantil, un retén de Carabineros, un cuartel de Bomberos, una sede comunitaria -junta de vecinos, centro de madres, clubes deportivos-, y eso se les exige a todos los loteos en Chile.

Entonces, no considerar un terreno para equipamiento urbano o áreas verdes en algunos loteos es tener loteos de primera, de segunda y de cuarta categorías, porque las personas que allí vivirán no van a tener nunca áreas verdes ni terrenos destinados a equipamiento urbano que les permitan satisfacer las necesidades de contar, por ejemplo, con un jardín infantil o una posta rural.

Por lo tanto, creo que la diputada que me antecedió en el uso de la palabra está equivocada cuando plantea que esto es un todo o nada. Además, se trata de un porcentaje menor, alrededor de 10 por ciento, en un terreno de cuatro o cinco hectáreas, en las que habitan unas mil familias. Estamos hablando de un porcentaje de terreno destinado a un equipamiento que les va a servir de por vida a quienes habiten en ese lugar.

En consecuencia, estimo que el proyecto debe ser aprobado tal como fue aprobado en la Comisión de Vivienda y como venía en el primer informe.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Guillermo Teillier .

El señor TEILLIER (vía telemática).-

Señor Presidente, pedí intervenir porque también defendí esta indicación en la Comisión, porque de no aprobarse estaríamos postergando a miles de familias que viven en terrenos destinados a áreas verdes o a servicios comunitarios a no contar con ellos. La ley admite que se haga una regularización posterior.

Estaríamos cometiendo un grave error si dejáramos el texto tal como está en el proyecto, porque dejaríamos a muchas personas fuera.

Por eso, creo que hay que establecer un aumento hasta un 90 por ciento La ley es clara: dice que una vez que se establezcan las personas que forman parte de ese campamento, se regulariza el terreno y se destinan los espacios necesarios para el equipamiento y las áreas verdes. No es que se esté condenando a nadie a quedar sin la posibilidad de contar con áreas verdes o equipamiento, como dijo el diputado Osvaldo Urrutia . Los que quedarían afuera son los que están viviendo en lo que el diputado Urrutia dice que constituyen un 17 o un 18 por ciento, que es bastante si tomamos en cuenta la gran cantidad de campamentos que hay en Chile.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

No hay más diputados inscritos.

Para un punto de Reglamento, tiene la palabra, vía telemática, el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA (vía telemática).-

Señor Presidente, no sé si hubo un error de mi parte o de mi bancada, pero me correspondía intervenir en el proyecto que usted acaba de señalar que ha concluido su discusión.

No voy a insistir, pero pido tomar en consideración a quienes trabajamos en forma telemática.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Señor diputado, usted no aparece inscrito por su bancada para intervenir.

¿Habría acuerdo para que el diputado Espinoza intervenga en los tres minutos que le corresponden a su bancada?

Acordado.

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA (vía telemática).-

Señor Presidente, este proyecto de ley tiene una enorme importancia. Por eso, me sumo a las palabras de quienes han llamado a su aprobación, porque de una u otra manera permitirá solucionar un problema que afecta a miles de familias de nuestro país, en relación con el saneamiento de loteos irregulares.

La extensión de la vigencia de la ley N° 20.234 mediante la iniciativa en estudio, de la que soy uno de sus autores, va a solucionar un problema muy importante y facilitará el rol de los municipios a lo largo de Chile, lo que dará tranquilidad a miles de familias que viven una situación absolutamente incómoda al no poder sanear los territorios en los cuales están emplazados sus asentamientos.

Agradezco la posibilidad que me han dado mis colegas para intervenir, aunque sea brevemente, sobre este proyecto, que, repito, es de una necesidad tremenda, sobre todo en regiones.

Por último, valoro el trabajo que durante seis meses realizamos respecto de esta materia en la Comisión de Vivienda, presidida por el diputado Gonzalo Winter .

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que dispone la emisión de una franja educativa, a través de los canales de televisión de libre recepción, durante la vigencia del estado de excepción de catástrofe decretado a raíz de la pandemia de covid-19.

Diputado informante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones es el señor Amaro Labra .

Antecedentes:

-Moción, sesión 11ª de la presente legislatura, en miércoles 8 de abril de 2020. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, sesión 15ª de la presente legislatura, en martes 21 de abril de 2020. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Por acuerdo de los Comités, para el uso de la palabra se otorgarán tres minutos base por bancada, más treinta minutos distribuidos de forma proporcional.

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor LABRA (de pie).-

Señor Presidente, la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones viene en informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que dispone la emisión de una franja educativa a través de los canales de televisión de libre recepción durante la vigencia del estado de excepción de catástrofe decretado a raíz de la pandemia de covid-19.

El proyecto se inició en moción de las diputadas Camila Rojas Valderrama, Carolina Marzán Pinto y Marisela Santibáñez Novoa , y de los diputados Florcita Alarcón Rojas , Boris Barrera Moreno , Marcelo Díaz Díaz , Gonzalo Fuenzalida Figueroa y Amaro Labra Sepúlveda .

Durante la tramitación y estudio de esta moción expusieron la defensora de los Derechos de la Niñez, Patricia Muñoz García ; el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar Arévalo , y los señores Ernesto Corona Bozzo , presidente del directorio de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel); Maximiliano Luksic Lederer , director ejecutivo de Canal 13, y Martín Awad Cherit , gerente general de Televisión Nacional de Chile.

Como el tiempo es vida, omitiré referirme a los antecedentes que sustentan esta moción, que se detallan en el informe respectivo.

Ideas matrices o fundamentales

El proyecto propone crear una franja diaria, de 11.00 a 12.30 horas, en todos los canales de televisión abierta, durante la emergencia sanitaria producida por el coronavirus o covid-19, con el fin de transmitir contenidos educacionales para los niveles básico y medio, garantizando así el acceso igualitario y equitativo a niñas, niños y adolescentes, sobre todo de los sectores menos privilegiados desde el punto de vista tecnológico, y ampliando aún más la inclusión, gracias al uso del lenguaje de señas y de los subtítulos. Para la elaboración y selección de contenidos podrán ser oídos el Ministerio de Educación, el Colegio de Profesores de Chile, la Defensoría de la Niñez y el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile.

Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado

El artículo único no tiene tal carácter ni tampoco debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.

El proyecto fue aprobado en general, por unanimidad. Votaron por la afirmativa los diputados Florcita Alarcón , Andrés Celis , Marcelo Díaz , las diputadas Carolina Marzán , Camila Rojas y Marisela Santibáñez , y el diputado Daniel Verdessi y quien habla, Amaro Labra .

Discusión del proyecto

En el seno de la comisión se hizo presente la necesidad de entregar material educativo a los escolares que se encuentren con clases suspendidas desde la declaración del estado de catástrofe, para lo cual se propone establecer un espacio educativo en los canales de televisión abierta de noventa minutos, de lunes a viernes.

Asimismo, se valoró la iniciativa por la importancia que tiene llegar a tres millones y medio de escolares, de modo especial a quienes no tienen acceso a internet, a la televisión digital o que no cuentan en sus casas con un televisor moderno.

Durante la discusión en particular se aprobó una indicación que recoge sugerencias planteadas por los expositores. Se especificó que la señal a través de la cual los canales de televisión de libre recepción deben transmitir la franja es la principal.

La franja podrá contemplar los diversos proyectos que pueden surgir en esta materia, como TV Educa Chile u otras iniciativas educativas. Consideramos que el canal TV Educa Chile, creado para mitigar los efectos de la pandemia a nivel educativo, que celebramos y estimamos muy necesario, lamentablemente choca con la realidad de que no todos los hogares chilenos cuentan con acceso a internet o con un televisor digital. En ese sentido, el proyecto viene a igualar y a aportar a lo ya creado.

Tal como afirma el señor Patricio Escala , ganador de un Óscar por el cortometraje Historia de un Oso, “este es el momento para mostrar que la televisión puede ser una herramienta no solo de entretención, sino también de educación, cultura e información”. Por eso pedimos que nos apoyen y aprueben este proyecto, de modo de contar con un complemento más en la educación de los niños y niñas de nuestro país.

También se agregaron consideraciones orientadas al interés superior de la niñez y a la búsqueda de una mirada integral de la educación, eliminando la obligación de que la franja deba basarse exclusivamente en programas curriculares del Ministerio de Educación.

Las palabras de apoyo al proyecto por parte de la defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz , apuntan a que se fomente la adaptabilidad en la educación. La adaptabilidad dice relación con adoptar la flexibilidad necesaria para acomodarse a las necesidades de la sociedad en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos sociales variados. Asimismo, se señala que se deberán tomar todas las medidas necesarias para garantizar a la población el acceso a los contenidos educativos y el conocimiento de la programación diaria, en especial a niños, niñas y adolescentes.

Como manifestó en la comisión el presidente del Colegio de Profesores de Chile, señor Mario Aguilar , “este proyecto es muy valioso. Lo apoyamos y celebramos, porque responde a la coyuntura de la pandemia. Una hora y media en los seis canales de televisión abierta permitirá que cada canal tenga distintas asignaturas por día y, de esa manera, se logrará cubrir todos.”.

La televisión abierta es un medio de comunicación de fácil acceso y con infinidad de posibilidades, donde recibimos diariamente información y entretención.

Hoy, estimados diputados y diputadas, los invito a que avancemos para que nuestros niños, niñas y adolescentes reciban cultura y material educativo directamente en sus hogares.

Para inundar de poesía y sabiduría este hemiciclo, invoco las palabras de nuestra Gabriela Mistral : “Debemos mirar siempre por los más pequeños; ellos son el futuro de la humanidad.”.

Por los argumentos y razones señalados, la comisión recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Señor diputado, hay un tiempo asignado a cada bancada. Les transmitiremos su inquietud a los representantes de su bancada que se encuentran físicamente en la Sala. Los tiempos están en el pupitre. La bancada de la Democracia Cristiana tiene 6 minutos y 6 segundos.

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Luis Pardo .

El señor PARDO.-

Señor Presidente, como muchos proyectos bien intencionados, este llega tarde, porque lo que propone está mucho mejor ejecutado por iniciativa de los propios canales de televisión, los que a través de sus respectivas señales 2, con cobertura desde Arica a Punta Arenas, con la colaboración de todas las cableoperadoras y de los canales regionales reunidos en Alcatel, más transmisiones satelitales y a través de la web, cubren todo el territorio nacional con contenidos educativos proporcionados por el Ministerio de Educación, con la colaboración del Colegio de Profesores y de la Defensoría de la Niñez. Mediciones recientes indican que del orden de 200.000 niños han accedido a ese canal educativo, que transmite desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche.

En tal sentido, resulta contraproducente imponer una franja educativa entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, como propone el proyecto de ley, en circunstancias de que ese esfuerzo ya se está haciendo, y bien, con los mismos actores que el propio proyecto cita como referencia.

Hay un profundo error al presentar proyectos de ley como el que debatimos, pues no se asumen ni consideran los costos que involucran, sobre todo en momentos en que el financiamiento de la televisión abierta es más complicado que en tiempos normales. Además, como hemos señalado tantas veces, las grandes portadoras de contenidos internacionales compiten en forma desleal con nuestra televisión nacional.

En consecuencia, imponer una franja educativa en la señal 1, en circunstancias de que la misma cobertura, con la misma calidad técnica y con muchas más horas de contenido educativo ya están disponibles en todo el territorio nacional, resulta contraproducente e innecesario.

Este proyecto de ley no solo no soluciona, sino que además complica un tema ya abordado y cubierto de manera satisfactoria por la televisión abierta. Por lo mismo, a mi juicio, contiene un vicio de inconstitucionalidad al imponer una carga, sin ser necesario ni proporcional ni razonable, habida cuenta de lo que acabo de describir: una completa cobertura, desde las 7 de mañana hasta las 11 de la noche, en todo el territorio nacional, por todos los canales de la televisión abierta, con el complemento, además, de todas las demás plataformas.

Por lo tanto, voy a votar en contra este proyecto, que, si bien tiene una buena intención, como tantos otros, es absolutamente innecesario e inadecuado, dada las circunstancias ya descritas.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI (vía telemática).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a todos los integrantes de la Cámara. Reciban un cordial saludo desde Iquique .

Este es un proyecto que, sin duda, es muy atingente y muy necesario, y, por supuesto, muy bien intencionado.

Somos millones los padres que hoy estamos pasando por una dificultad, toda vez que los niños no asisten a clases presenciales y estamos utilizando los distintos medios tecnológicos para enseñarles.

Por lo tanto, la buena intención era llevar contenidos, a través de la televisión, a los alumnos, principalmente a los más pequeños.

Insisto en que este proyecto puede estar muy bien intencionado, pero la dificultad fue resuelta de manera muy satisfactoria por el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Televisión y, en definitiva, por el gobierno, al llegar a un acuerdo con Anatel.

Hoy, el mismo objetivo se está logrando a través de una iniciativa, que partió probándose el 14 de abril y que comenzó a funcionar en términos absolutos el 27 del mismo mes, para entregar contenidos educativos, en la cual, a diferencia de lo que establece este proyecto, no solo se oye al Ministerio de Educación, porque hay una intervención muy concreta y real de otros entes muy relevantes, a quienes se pudo escuchar en la comisión, como la Defensoría de la Niñez y el Colegio de Profesores.

Y si además lo analizamos desde el punto de vista del horario, constataremos que las transmisiones no son solo desde las 11.00 hasta las 12:30 horas, porque este canal transmite ininterrumpidamente durante dieciséis horas, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, y no solo a través de la señal 2, sino que también a través de señales satelitales y de las páginas web. Además, en los últimos días se han concretado convenios con empresas de televisión de pago, satelital o por cable. Por lo tanto, esta necesidad está cubierta a través del proyecto TV Educa Chile.

No me voy a referir a los reparos que hizo el Consejo Nacional de Televisión en relación con la constitucionalidad y la legalidad. Este es un proyecto educativo que ya está funcionando y que se establece de manera superior al proyecto de ley, que bien intencionadamente se discutió en la Comisión de Cultura, no solo respecto de los horarios, sino también de la cobertura y del público objetivo.

Por lo tanto, si bien existe muy buena intención, este proyecto está llegando tarde, de manera extemporánea, toda vez que esta es una necesidad que ya fue resuelta por el Consejo Nacional de Televisión, el Ministerio de Educación y Anatel .

Los proyectos no se votan en función de la buena intención que tengan, sino, más bien, en función de cómo estos han sido desarrollados, y en este caso el beneficio se ha obtenido con un proyecto alternativo.

En consecuencia, mi voto, en particular, no va a ser a favor.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señorita ROJAS (doña Camila) .-

Señor Presidente, voy a hablar a favor del proyecto, pero quiero hacerme cargo de algunos puntos que fueron mencionados por algunos diputados.

El primer punto es lo tardío que es el proyecto. Cabe mencionar que el 27 de marzo presentamos un proyecto de resolución y días después, junto con el diputado Amaro Labra , quien es autor de esta iniciativa, y la diputada Carolina Marzán , presentamos este proyecto de ley. La Comisión de Cultura lo votó rápidamente; sin embargo, llegó a esta Sala después de mucho tiempo, después de haber estado en tercer, en cuarto y en quinto lugar en la tabla, es decir, después de no haber sido incluido varios días. Entonces, me parece irrisorio que se discuta sobre lo tardío de los proyectos, cuando lo cierto es que los proyectos llegan tardíamente porque la mesa no los pone en discusión y porque los Comités no lo ponen en discusión. Este proyecto, que estaba completamente relacionado con la pandemia, no fue puesto en discusión, al menos, durante un mes y medio.

Luego, me hago cargo de dos cuestiones respecto de por qué creo que hay que votar a favor esta iniciativa:

En primer lugar, el acceso. Efectivamente, el Ministerio de Educación -yo lo he reconocido en diversas ocasiones-, desde muy temprano, ha hecho gestiones en relación con la televisión educativa. Al comienzo, mediante una franja que se emitía después del matinal Muy Buenos Días, de Televisión Nacional de Chile.

En segundo lugar, el nexo con Anatel y el Consejo Nacional de Televisión. Por supuesto que ese esfuerzo es muy valorable. Se ha dicho que la señal llega por la televisión digital, por la señal 2 de cada uno de los canales y, además, está disponible mediante las empresas de cable. Por lo tanto, hay un acceso. Sin embargo, hay una restricción peligrosa que tiene que ver con que la televisión por cable llega a 60 por ciento de la población y no sabemos cuántas personas tiene acceso a la televisión digital en Chile. ¡No se sabe! ¡Ese dato no existe! ¡Esa falta de información es sumamente peligrosa!

Lo que sí sabemos es que en Chile la gran mayoría de los hogares tiene acceso a la televisión abierta, sin necesidad de tener cable y sin necesidad de tener acceso a la televisión digital ¡Y ese es el dato que nos debería importar!

Entonces, en primer término, no sabiendo efectivamente a cuántos niños y niñas se está llegando, por supuesto que este proyecto es necesario, porque lo que plantea su fundamento, el espíritu de la ley, como se dice aquí, tiene que ver con que los programas educativos se impartan a través de la televisión abierta, que es a la que tienen acceso todas y todos los habitantes de nuestro país.

En segundo término, está lo relacionado con el contenido de la televisión educativa, y en este punto cito una columna que fue escrita hace algunas semanas por Rodrigo Cornejo , del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECh), y Eduardo González , representante del Movimiento por la Unidad Docente (MUD) y dirigente del Colegio de Profesores, donde plantean un punto bien importante que no tiene que ver con el acceso, sino con el contenido: de qué se trata la televisión educativa. Ellos valoran y reconocen como relevante lo que está haciendo el ministerio y, a la vez, cuestionan que la Unesco pudiese considerar televisión educativa contenidos como El Perro Chocolo o Cantando Aprendo a Hablar, que son programas muy buenos y que, de hecho, ven mis sobrinos.

Ellos señalan que la televisión educativa es lo que se implementa en países como Letonia o Cuba, donde, en horarios fijos diarios, de manera alineada con objetivos de aprendizaje priorizados y libros entregados a las familias, se emite programación dedicada específicamente a cada ramo o sector de aprendizaje.

Eso no es lo que tenemos hoy, y precisamente este proyecto plantea que eso sea lo que se entregue a los niños: contenido efectivamente educativo, trabajado con la Defensoría de la Niñez, el consejo de rectores y el Colegio de Profesores.

Lo que ha hecho el gobierno está bien, pero este proyecto viene a complementar lo que falta a lo hecho por el gobierno; por lo tanto, aun cuando haya llegado tardíamente a esta Sala, sirve y por eso hay que aprobarlo.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Esteban Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Esteban).-

Señor Presidente, resulta interesante el proyecto en discusión porque, en cierta medida, nos permite comenzar a acercarnos al interesante concepto de la educación y de cómo vamos a construir el nuevo sistema educacional en nuestro país.

Creo que una de las discusiones importantísimas que tendremos en el Congreso tiene que ver con revisar el sentido que le daremos a la educación y cómo la vamos a construir, en su conjunto, con posterioridad al ciclo que estamos viviendo.

Mientras ayer cada uno realizaba sus reflexiones y sustentaba sus propuestas pedagógicas, incluso desde la propia perspectiva política -probablemente muy legítima-, sin ser capaces de ponernos de acuerdo, hoy, de un plumazo, la pandemia nos ha demostrado que sí son posibles algunos cambios. En tal sentido, si ayer decíamos, por ejemplo, que los cursos debían estar conformados por veinte alumnos -cuestión impensable, por diversas razones, económicas y de todo tipo- o se afirmaba que a las escuelas -no a todas- la jornada escolar completa les era beneficiosa, hoy vemos que se borra casi de un plumazo, de facto, de hecho, la jornada escolar completa.

En esta flexibilización del currículo hay que buscar nuevas formas de enseñanza, nuevas formas de transmitir, no solo contenidos, sino también la forma como nos relacionamos. En ese sentido, una vía importantísima es la televisión, con todos sus contenidos, con todas sus debilidades, sus ventajas y sus desventajas. Recordemos que en la década de los ochenta o inicios la década de los noventa, Pablo Huneeus , en su libro La cultura huachaca, hablaba de “esa caja”, en términos peyorativos. Sin embargo, la televisión impacta. Puede que el concepto, a lo mejor, no sea muy certero, pero la televisión abierta es más democrática.

Por eso, a mí me parece importante que se puedan explorar todos aquellos medios.

Tal vez podría modificarse la idea de establecer un horario permanente -eso es debatible-, y que la transmisión se extienda durante una hora o una hora y media; podrían ser cápsulas o franjas dentro del mismo día, en fin.

Como dijo la diputada Camila Rojas , lo importante es ocupar estos medios, y especialmente la televisión abierta. En ese sentido, insisto en que aquello que ayer estaba vedado y cuya discusión era prácticamente ridícula, hoy cobra sentido y es una realidad.

A mi juicio, más allá de lo que el gobierno propuso respecto del tipo de programas educativos a entregar por televisión, hoy tenemos un buen instrumento, y creo que ningún sector podría oponerse a ocuparlo en términos pedagógicos, de manera de lograr igualdad educacional, pero con pertinencia territorial en las propuestas curriculares.

Por eso, le veo bondades al proyecto, que tendrá que ajustarse a los requerimientos. Insisto en que no pueden desaprovecharse oportunidades como esta.

Ya estaremos discutiendo sobre la esencia misma de lo que implicará el nuevo sistema educacional en la etapa posterior a los tiempos que estamos viviendo, pero reitero que esta me parece una buena herramienta, porque, sin duda, la televisión abierta sigue siendo un instrumento pedagógico al que sí es posible encontrarle sentido.

En consecuencia, aquí deben aparecer solo aliados que reconozcan la propuesta educacional mediante el uso de la televisión abierta, el aporte del gobierno y ver como una oportunidad la presentación de este proyecto.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Mario Venegas .

El señor VENEGAS (vía telemática).-

Señor Presidente, envío un saludo a todos los colegas, tanto a quienes están en el hemiciclo como a aquellos que están siguiendo esta sesión vía telemática, tal como lo hago yo, desde Angol de los Confines, provincia de Malleco, Región de La Araucanía.

Aun cuando este proyecto se vio en la Comisión de Cultura, en mi condición de profesor y miembro de la Comisión de Educación de la Cámara quiero señalar que me parece un bien intencionado, pues quiere hacerse cargo de una realidad.

Ya otros colegas mencionaron las dificultades de acceso de muchos estudiantes a la actual iniciativa de TV Educa Chile, quienes probablemente son los que más necesitan este apoyo de la televisión educativa.

Por esa razón, creo que el objetivo original que se plantearon los autores de la iniciativa va en la línea correcta. Sin embargo, su vigencia se restringe a la situación extraordinaria del estado de catástrofe, es decir, solo responde a un tiempo acotado e incierto. No sabemos cuántos tiempo durará -cuatro, cinco o seis meses; no lo tenemos claro-, lo que me lleva a plantear algunas dudas.

No quiero entrar en un tema que no manejo, pero mi duda tiene que ver con la constitucionalidad de imponer esta obligación a los canales de señal abierta. Creo que allí hay una colisión de derechos.

Si nos remitimos exclusivamente al objetivo del proyecto, cual es llegar al máximo de alumnos que hoy no tienen un proceso educativo normal, para reforzar sus aprendizajes, ciertamente la televisión abierta es la más eficiente y la mejor para llegar a esos estudiantes mediante una franja determinada.

Ahora, la consulta que me hago -sería bueno que la respondiera alguno de los autores de la iniciativa en el transcurso de esta discusión, para mejor resolver- dice relación con que esto presupone, como el propio proyecto señala, que se consulte a quienes tienen autoridad en esta materia: el Consejo de Rectores, autoridades de Educación, el Colegio de Profesores y otros actores que podrían colaborar en la definición de los contenidos culturales que se van a transmitir a través de esos programas. Ahí tenemos un problema, porque ese proceso demora. Luego viene la etapa de construcción, de elaboración de los contenidos, para presentarlos vía televisión, lo cual demanda un trabajo técnico y pedagógico no menor, que va a demorar un tiempo.

En ese sentido, pese a que el proyecto tiene un buen propósito, si consideramos el tiempo que demandaría construir los contenidos culturales que se transmitirían, es probable que en el momento en que estén concluidos ya estemos ad portas del término del estado de excepción constitucional.

Por consiguiente, la pregunta es cómo se aborda eso, cómo se resuelve para que el proyecto de ley tenga el éxito y la eficacia que sus autores, sin duda, se plantearon.

Esa es la duda más importante que me plantea la iniciativa.

Otra posibilidad sería que esta misma comisión, competente en la materia, pudiera seleccionar contenidos culturales ya elaborados, de manera que la respuesta sea rápida y se superen todos los problemas que se han señalado -puede ser dentro de los próximos meses-, de manera que se puedan cumplir los objetivos esperados, como está contenido en la idea matriz del proyecto.

Me encantaría que algunos de los diputados autores del proyecto o quienes forman parte de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones pudieran, en el transcurso de su discusión, entregarnos algunas señales de si ello fue parte de la reflexión y cómo se espera que se resuelvan esas dificultades que he mencionado.

He dicho.

GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Jaime Bellolio Avaria .

El señor BELLOLIO (vía telemática).-

Señor Presidente, en primer lugar, parece que hay una confusión importante respecto de si la señal 2 es abierta o si solo se puede acceder a ella a través de la televisión por cable. La verdad es que los televisores que tienen el logo que dice “TVD” ya tienen incorporado el receptor para captar esa señal. No obstante, también se puede acceder a esta a través de una antena que es bastante barata. En definitiva, no se requiere televisión de pago para acceder a la señal 2. Es parte de la señal abierta.

En segundo lugar, es cierto que es muy relevante que los contenidos sean transmitidos en forma masiva, dado que las diferencias educacionales que ya existían previamente a la pandemia pueden verse agravadas producto de esto mismo. Sabemos que el capital cultural de las familias es muy importante en los resultados educativos. En tiempos de pandemia obviamente es muy distinta la situación de una familia que, por ejemplo, haya terminado la educación superior que la de una familia que no haya podido hacerlo, en términos de la manera en que se pueden acercar a ayudar en las tareas y en las diferentes formas en las cuales los niños tienen que aprender. Para qué decir también -lo sabemos los diputados de zonas más rurales- el hecho de que la conectividad es una cuestión que obviamente hace mella en los sectores rurales, donde no se tienen las mismas herramientas que sí tienen las personas que viven en zonas más urbanas.

Me sumo a la idea de que lo que propone el proyecto ya está resuelto a través del Ministerio de Educación con la señal 2 que hoy tiene cada uno de los canales de televisión.

Además, establecer una franja por vía legal, como dispone el proyecto, significará un problema grande para las propias estaciones de televisión. Sé que es algo que se discutió en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones. Hoy los canales de televisión están con muchos problemas, por lo que imponerles una medida como esta, tal como señalaba el diputado Venegas , es muy problemático en términos del contenido. No basta con tener un espacio o una franja, sino que también es importante su contenido. Alguien dio como ejemplo el caso de Cuba. Creo que Cuba en ningún caso es un ejemplo para esto, porque ocupa las franjas educativas como una forma de propaganda de su dictadura. En el caso de Chile, el consejo que se propuso formar me parece muy bien. Pero hay que determinar cómo se genera el contenido de la franja para que luego pueda ser expuesto a través de la televisión. Por eso, al inicio se tomaron algunos contenidos ya existentes y se transmitieron. Estos contenidos no son transmitidos estrictamente como clases; porque hay que recordar que no es la tecnología la que es verdaderamente rupturista, sino lo que se hace con esa tecnología. Por lo tanto, no basta con transmitir una sesión de clases, como si hubiese sido presencial, a través de la televisión; eso no sirve para ese formato. Hay que generar un contenido por personas que sepan cómo hacerlo, lo que demora mucho.

Por lo tanto, me parece que el proyecto, en este momento, tal como está presentado, no es necesario, y podría producir un perjuicio. Por ello, más bien me quedo con la señal 2, que es una señal abierta, que está repartida a lo largo de todo el país y a la que se puede acceder sin costo alguno, ya sea por los televisores que tienen el logo “TVD” o comprando una antena que es muy barata para la recepción de la televisión digital.

He dicho.

El señor LABRA.-

Señor Presidente, voy a tratar de responder al diputado que preguntó si era complicado o no hacer una franja educativa. Hacerla tiene su complicación, pero eso es exactamente una manera de estimular que se produzcan contenidos audiovisuales con más rapidez. En este momento hay una capacidad ociosa gigantesca, una gran cantidad de gente que podría aportar su trabajo rápidamente. Además, hay contenidos que ya están creados. De hecho, la señal 2 que generan los canales que están en la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) está hecha con contenidos que ya están funcionando. Esos contenidos también se pueden incluir en la franja que propone el proyecto.

En un momento en que hay una gran cantidad de alumnos y alumnas sin clases, la franja se establecería en un horario en el que podría estar toda la familia, de manera concertada, hablando de contenido educativo, viendo contenido educativo. Me refiero a un horario que va de las 11:00 horas a las 12:30 horas. Son noventa minutos en que esa franja se podría realizar sin ningún problema.

Pregunté al señor Corona cuál es el esfuerzo económico que están haciendo con la señal 2, y me respondió que es muy grande. Eso lo valoramos. Pero -en esto tiene razón la diputada Rojas- no existen cifras. Ellos hablan de unas cifras que suenan bonito para vender ese proyecto.

Es bueno tener una transmisión permanente a la que uno pueda entrar y salir cuando quiera. Sin embargo, de lo que se trata el proyecto en discusión es de juntar, en una misma escena, a la familia viendo contenido educativo, que es lo que creo que necesitan en este momento padres e hijos e hijas.

Si bien se comparte el hecho de que TV Educa Chile y otras iniciativas pueden tener un objetivo similar, estas cuentan con el gran problema de la cobertura, que no es menor. Este problema no se soluciona solamente con un aparatito. Hay lugares donde no hay capacidad económica para comprar un televisor que tenga una adaptación para instalar una antena. La franja que proponemos se transmitirá a través de canales de televisión abierta. Y derechamente respecto del internet no todas las personas cuentan con los medios para adquirir los implementos técnicos que se requieren. Eso lo sabemos todos.

Ambas iniciativas tienen la mejor intención. La diferencia es que unos tienen capacidad económica para poder hacerlo inmediatamente. Cada uno de los canales de televisión también tiene capacidad ociosa. En este momento se están eliminando puestos de trabajo que no es necesario eliminar, porque quienes los ocupaban podrían estar trabajando en la elaboración de contenidos. Hay gente que está preparada para eso.

Algunos preguntaron cómo se financia esta iniciativa. Podría establecerse publicidad antes de que se inicie la franja.

Dicha franja sería un momento que la familia estaría esperando -es la sensación que tenemos-, para tener las clases que hacen falta, con contenidos educativos.

Respecto de la formulación de los contenidos, hay que escuchar a los expertos: el Colegio de Profesores, los rectores de universidades, la Defensoría de la Niñez y el Ministerio de Educación. Todos juntos podemos hacerlo. La franja se transmitiría en un horario en que a todos nos hace bien estar preocupados de la educación: en la mañana, donde debieran estar todos los hijos e hijas en clases. Eso es lo que pretendemos hacer, y se puede hacer…

UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán Pinto .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señor Presidente, ya han transcurrido casi treinta años de la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia de las Naciones Unidas, que se realizó en Nueva York, en la que se pronunció la siguiente frase: “No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana”. Hoy toma más sentido que nunca, en un contexto de pandemia global en el que hablamos de supervivencia y estabilidad, pero pensando en un futuro en que se augura incerteza, desplome económico y no se advierte sobre la vulnerabilidad que nos rodea. Esta pandemia nos está enseñando lecciones de las que debemos aprender.

Los niños, las niñas y los adolecentes son uno de los focos cruciales y primordiales sobre los que hoy debemos preocuparnos. Debemos poner especial atención respecto de cómo protegemos sus derechos y qué esfuerzos hacemos para que las garantías lleguen donde y como corresponde.

Hablemos de educación para todos, de integración y de igualdad, porque esta pandemia ha golpeado en lo más íntimo el modelo que vivimos y ha puesto de relieve una palabra: segregación. En un principio se habló de clases por internet, pero sobre la marcha se dio cuenta de los problemas de acceso que existen en un país donde solo el 29 por ciento de las personas utiliza internet por conexión móvil, el 28 por ciento tiene conexión fija y el 27 por ciento utiliza ambas formas de conexión. Además, nos encontramos con graves problemas de conectividad en las zonas rurales, como las que pertenecen a mi distrito, donde me han comentado sobre las complejidades por problemas logísticos, situación que denota una realidad para la que no estábamos preparados, así como casos de hogares con un solo computador para dos o más personas.

Ante esto, junto con algunos parlamentarios, la defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz , y el presidente del Colegio de Profesores, señor Mario Aguilar , hace bastante tiempo llevamos a cabo las acciones pertinentes con el objeto de que se estableciera la implementación de clases a través de un canal abierto y público, tal como se efectuó en Argentina, con la finalidad de asegurar un acceso igualitario al contenido educativo por niveles de estudio para todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

El anuncio fue promisorio, sobre la base de la creación de un canal exclusivo para la transmisión de contenidos educativos, pero la triste noticia es que esa transmisión solo llega al 80 por ciento de los hogares. Resulta innegable que esa medida complementa de buena manera el proceso educativo, pero es insuficiente en su idea de llegar a todos los niños, niñas y adolescentes del país.

Es fundamental la creación de una franja en la televisión abierta con una mirada integral, que llegue a todas y todos, en que se escuche al Ministerio de Educación, al Colegio de Profesores, a la defensora de la Niñez y al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Además, para que dicha mirada sea integral debe tener un carácter inclusivo, porque no podemos olvidar a aquellos niños, niñas y adolescentes con hipoacusia, para quienes es esencial que la transmisión de contenidos sea con uso de lengua de señas y con subtítulos.

Por eso, votaré a favor esta iniciativa, ya que es coherente con la función pública de la televisión abierta y con la extrema necesidad de que el contenido educativo llegue a todos los rincones del país sin discriminación, a todos y a todas por igual.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito Hasbún .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, este proyecto de ley, que dispone la emisión de una franja educativa a través de los canales de televisión de libre recepción durante la vigencia del estado de excepción de catástrofe, iniciado en moción de los diputados Amaro Labra , Carolina Marzán , Camila Rojas, de la Comisión de Cultura y Educación, es muy positivo y necesario.

Lo que propone el proyecto, a diferencia de lo que han planteado algunos en esta Sala, no solo reforzará el proceso educativo de las niñas y de los niños que, debido a la pandemia, se están cuidando en sus casas, sino que permitirá propiciar la educación de todas las personas.

Queremos que la televisión abierta eduque, pero si uno revisa sus contenidos, pareciera que no hay posibilidad de que lo haga. Al igual como le ocurrió a muchos chilenos y chilenas, cuando a los 17 años de edad partí de la casa de mi familia y me trasladé a vivir a la ciudad, pude acceder a la televisión por cable y darme dar cuenta recién de la cantidad de conocimientos que se pueden transmitir por medio de la televisión.

La propuesta de estos diputados -la cual nosotros respaldamos- es bien clara, pues esos noventa minutos de matinales, entre las 11 y las 12:30 de la mañana, que se utilizan para hablar sobre cualquier polémica con políticos, con exministros reciclados o con parlamentarios que se ausentan de las comisiones en las que deben estar presentes para legislar, pueden ser provechosos para los niños, para aquellas personitas que se van a tener que hacer cargo del país que les estamos dejando. Esas personitas no solo podrán avanzar en su proceso educativo, sino que también esos noventa minutos podría hacer recordar -a ustedes, a mí y a muchos- los principios y valores que algún profesor o profesora nos pudo haber enseñado en la enseñanza básica, pero que muchos habremos olvidado en el transcurso de la vida.

La televisión puede educar; de hecho, tiene una responsabilidad en la construcción de una sociedad libre, tal como queremos que ocurra.

A aquellos parlamentarios que votarán en contra de esta iniciativa, que han señalado que este proyecto avanza, que tiene buenas intenciones, pero que no soluciona nada, ya que es suficiente con lo que ya hicieron los canales, les quiero señalar que también les haría bien noventa minutos al día de educación por televisión abierta.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez Seguel .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, lo saludo, al igual que al señor Secretario, a los parlamentarios que se encuentran en la Sala y a aquellos parlamentarios que se encuentran en sus respectivas regiones, por las razones que todos conocen, pero que de igual manera están trabajando arduamente para que los proyectos que aquí se discuten sean objeto de la mejor decisión.

El tema de la educación ha tenido un déficit durante los últimos 30 o 35 años, porque uno no alcanza a entender que el Ministerio de Educación no haya incorporado ni incorpore educación cívica y otros ramos de importancia en la malla curricular. Lo menciono aunque la mayoría hemos sido parte de gobiernos de la Concertación.

Durante el periodo legislativo 2010-2014 en la Comisión de Cultura -la cual presidí- se aprobó un proyecto de ley que tenía por objetivo que el 20 por ciento de la programación de las radios fuese de música chilena, y no solo folclórica, sino que incluyera desde Los Prisiones hasta Los Huasos Quincheros . Lamentablemente, ese proceso no se ha cumplido, por lo que espero que el que discutimos hoy no caiga en lo mismo.

¿Por qué es importante que la televisión tenga una franja educativa a través de los canales de televisión de libre recepción y de todos aquellos canales que están usufructuando de los usuarios chilenos? Quiero responder esa pregunta con un ejemplo.

Cuando las personas contratan Netflix están entregando parte de sus recursos para pagar ese servicio mensual de televisión. De manera que hoy, en un gesto de solidaridad, las compañías que lo brindan debieran devolver parte de ese patrimonio, para que la educación de nuestros niños se concrete a través de programas bien elaborados y con sentido, no solo con programas que nos indiquen que debemos lavarnos las manos o que tenemos que utilizar mascarilla.

Por lo tanto, junto con aprovechar de felicitar a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones por la forma en que tramitó este proyecto, quiero solicitar que se considere el envío de un oficio al ministro de Transportes y Telecomunicaciones y a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con el objeto de que informen si se está ejecutando la ley que obliga a los medios radiales a transmitir un porcentaje de música nacional. Hubo una gran discusión al respecto. En particular, hubo oposición de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), en aquella época, pero finalmente se logró.

En lo que ahora hago hincapié es en que, si este proyecto llega a volver a la Comisión de Cultura, se pueda ver lo que está ocurriendo hoy con la otra pandemia -tengo entendido que algunas colegas están elaborando una indicación al respecto-, que es la que se produce como consecuencia de la cuarentena. Me refiero a que se han disparado los casos de violencia doméstica, especialmente en nuestro país, donde el aumento ha sobrepasado el ciento por ciento.

¿De qué sirve que estemos educando a nuestros niños por televisión, si en la pieza de al lado el matrimonio se está golpeando y se están tirando el sartén y la olla?

Si no logramos incorporar elementos educativos cuyo objetivo sea evitar la violencia intrafamiliar, todo proyecto como este carece de sentido.

Por eso, esperamos que se presente esa indicación, para apoyarla. En todo caso, votaremos favorablemente este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luciano CruzCoke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, es un gusto saludarlo, al igual que a todos mis colegas.

Uno de los mocionantes, el Presidente de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, diputado Amaro Labra , plantea, a través de esta moción, un punto que es muy válido y relevante: cómo hacemos para que los niños y las niñas reciban contenido cultural en momentos en que es imposible ir a clases y en que muchos de ellos no tiene acceso a internet para recibir los contenidos entregados por esa vía.

Por supuesto, esta es una iniciativa plausible que celebro, pues está bien intencionada, aunque, a mi juicio, tiene ripios -qué duda cabe-, por lo que hay que buscar mejorarla, de manera tal de que se alcance el objetivo final: que esos contenidos lleguen a los niños, sobre todo en época de pandemia.

Entonces, tenemos también una buena noticia que celebrar en esta Cámara de Diputados, y esa buena noticia, para los mocionantes en particular, es que esa idea ya ha sido acogida, multiplicada y mejorada por el Consejo Nacional de Televisión y por el Ministerio de Educación, pues lo que propone este proyecto ya existe y está funcionando, dado que, tras una propuesta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), los canales de televisión abierta generaron una señal única, abierta y con material educativo que operará durante el período de suspensión de las clases en el contexto de la pandemia de covid-19.

Se van a transmitir 16 horas diarias de contenido educativo en la televisión abierta y en la de pago, lo cual excede el promedio de una hora y media diaria que establece este proyecto, no solo en Televisión Nacional que, por lo que señalaré, estaría obligada a transmitirla, sino por todos los canales de televisión que cuenten con una señal 2.

Por eso, estimo que la propuesta ha quedado corta respecto de las medidas que en esta materia ya adoptó el Ministerio de Educación.

Es importante señalar que una programación de carácter educativo se transmitirá por la señal 2 de los canales de televisión abierta, lo que permitirá que todos los niños y niñas del país disfruten de un acceso universal a este contenido pedagógico curricular, través de una antena que fácilmente puede captar la señal por vía aérea, contenido que será entregado de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación, entre la 19.00 y las 23.00 horas.

¿Qué problema representa este proyecto, a mi juicio? Que establece una serie de cargas a los servicios de telecomunicación durante el estado de excepción constitucional. Por ejemplo, durante el estado de catástrofe, el jefe de la defensa nacional está facultado para difundir a través de los medios de comunicación las informaciones necesarias para la tranquilidad pública; sin embargo, el proyecto no distingue entre categorías de canales de libre recepción, por lo que tendrían que soportar esta obligación no solo los canales de cobertura nacional, sino también aquellos de operación regional y local, y también los de carácter comunitario, sin atender a la distinta capacidad económica y cobertura de los distintos actores para soportar esta carga.

La moción tampoco hace referencia al Consejo Nacional de Televisión, por lo que no se sabe en manos de quién estaría la eventual sanción para el incumplimiento de estas obligaciones.

Finalmente, esta moción también podría afectar la igualdad en las cargas públicas, ya que no especifica las obligaciones a las que puedan quedar sujetos los permisionarios de servicios limitados de televisión de pago, en circunstancias de que su cobertura se extiende a más del 80 por ciento de la población del país.

Tampoco contempla otros servicios de comunicación, como los servicios de internet.

Este proyecto puede ser modificado; de hecho, volverá con indicaciones a la Comisión de Cultura, Artes y Telecomunicaciones.

En estas condiciones, votaremos en contra la iniciativa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, me parece muy interesante poner el tema educativo aquí, en el cotejo de las ideas, y también como respuesta al problema de la educación, concebida no solo como recibir datos y memorizar. Necesitamos niños capaces de crear y con mentalidad activa, y ambas respuestas pueden ser complementarias.

Todos los diputados humanistas apoyaremos este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Celis Montt .

El señor CELIS (don Andrés).-

Señor Presidente, una publicación difundida a través de los medios señala que los trabajadores de Televisión Nacional de Chile viven un momento complejo luego de que el canal público anunciara el despido de treinta empleados de diferentes áreas de la estación. Según la red de prensa Bío Bío, entre los afectados se encuentra parte del personal administrativo, telefonistas, técnicos, productores y directores, a quienes se les notificó ayer la decisión.

12.000 millones de pesos fue la pérdida de TVN en 2019.

¿Qué quiero señalar con esto? Que si bien en un principio patrociné este proyecto de ley, me di cuenta de que, en definitiva, luego de la propuesta del canal TV Educa Chile, este proyecto de ley -aunque el diputado Brito , por su intermedio, señor Presidente, se moleste, pese a que no dudo de sus buenas intenciones- adolece claramente de varios vicios de inconstitucionalidad, por lo que quiero hacer presente que, de aprobarse, recurriré al Tribunal Constitucional, en razón de los trabajadores que podrían ser despedidos por los canales de televisión de nuestro país. Por los trabajadores, por su derecho a laborar, recurriré al Tribunal Constitucional.

Quiero dejar constancia, en primer lugar, cómo esbozó el diputado Cruz-Coke , de que, tratándose de una carga legal adicional a las vigentes y de carácter gratuito, la constitucionalidad del proyecto merece un análisis de proporcionalidad en relación con el fin perseguido, en el contexto de una industria que ya soporta cargas gratuitas en tiempos de normalidad, como la franja electoral y las campañas de interés público, además de las ya mencionadas cargas durante un estado de excepción, lo que tensiona la garantía de igualdad en la distribución de las cargas públicas, consagrada en artículo 19, N° 20°, de la Constitución Política de la República

Otra garantía constitucional que se afecta es la igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19, N° 2°, de la Carta Fundamental. Otra garantía que se viola es que en el proyecto no se distingue, como dijo el diputado Cruz-Coke , entre las categorías de canales de televisión de libre recepción, por lo que tendrían que soportar esta obligación no solo aquellos canales de televisión de cobertura nacional, sino también aquellos de operación regional, local y aquellos de carácter comunitario, sin atender a la distinta capacidad económica y de cobertura de los distintos actores llamados a soportar esta nueva carga.

Además de aquello, la iniciativa no introduce modificaciones ni hace referencia a la ley que creó el Consejo Nacional de Televisión, lo que, de acuerdo a su redacción actual, es constitucional y legalmente inviable, ya que, en definitiva, dicho consejo no tendrá potestades para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que impondría la franja educativa a los canales de televisión y, en consecuencia, el incumplimiento de esta carga legal carecería de fiscalización y sanción. Tampoco especifica quién determinaría los contenidos que se transmitirían, cómo se realizarían las producciones, etcétera.

Por ello, hago un llamado a los diputados presentes para que, más allá -insisto- de la buena idea original del proyecto, no piensen solo en una posibilidad que el diputado Amaro Labra y que la diputada Rojas habían sostenido: la de transmitir en una hora y media un contenido dirigido a los niños, niñas y adolescentes, en un horario que está comprobado que la audiencia no es mayoritaria; de hecho, estamos hablando de un rating de ocho a diez puntos.

A los señores diputados les pido que consideren que si a un canal de televisión de señal abierta se le obliga a que de lunes a viernes, entre las 11.00 y las 12.30 horas, transmita contenidos educativos, lo único que se logrará es que los canales de señal abierta despidan a varios de sus trabajadores y, con esto, en lugar de hacer un bien, vamos a originar un mal.

Hoy, la mayoría de los canales de la televisión abierta está sufriendo una merma en sus utilidades y presentan claramente un déficit estructural. Poe ello, llamo a la prudencia y al criterio de los diputados y diputadas para que reflexionen sobre los alcances del proyecto al momento de votar.

Hoy tenemos un canal, TV Educa Chile, que llega, a lo menos, al 90 por ciento de la población, con lo cual el objetivo se está cumpliendo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto ley, iniciado en moción, que suspende los plazos establecidos en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para que los organismos competentes realicen procesos de participación ciudadana, así como de consulta indígena, y se pronuncien sobre las declaraciones y estudios de impacto ambiental durante el período que señala.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios se estableció como plazo de inscripción para el uso de la palabra los primeros treinta minutos de iniciada la sesión, y se fijó un tiempo de cinco minutos por intervención.

Diputado informante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el señor Félix González .

Antecedentes:

-Moción, sesión 7ª de la presente legislatura, en miércoles 25 de marzo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 20.

-Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sesión 13ª de la presente legislatura, en martes 14 de abril de 2020. Documentos de la Cuenta N° 29.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para que ingrese el subsecretario del Medio Ambiente?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor GONZÁLEZ, don Félix (de pie).-

Señor Presidente, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa acerca del proyecto de ley que suspende los plazos establecidos en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para que los organismos competentes realicen procesos de participación ciudadana, así como de consulta indígena, y se pronuncien sobre las declaraciones y estudios de impacto ambiental durante el período que indica.

Fue tratado en esta comisión en las sesiones de 7 y 8 de abril de 2020, con asistencia de las diputadas y los diputados José Miguel Castro , Félix González , Diego Ibáñez , Amaro Labra , Javier Macaya , Celso Morales , Catalina Pérez, Hugo Rey , Gastón Saavedra , Sebastián Torrealba y Daniel Verdessi ; concurrieron, además, la diputada Cristina Girardi y el diputado Sebastián Keitel .

La idea matriz del proyecto de ley dice relación con suspender los plazos establecidos en la actual ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, tanto aquellos con que cuenta la autoridad para calificar ambientalmente los proyectos y actividades sometidos a la Evaluación de Impacto Ambiental como aquellos vinculados a las etapas de participación ciudadana y consulta indígena.

Expuso sobre los objetivos del proyecto el subsecretario del Medio Ambiente, señor Javier Naranjo , quien comenzó refiriéndose al funcionamiento digital del sistema de evaluación que permite la interacción de los interesados y los funcionarios del sistema, pero evitando la interacción directa entre ellos. En tal sentido, estimó que la situación actual del servicio no es comparable con lo ocurrido a propósito del terremoto de 2010, pues el servicio no contaba con un sistema de tramitación electrónica para esa época.

Dicha distinción explica las diferencias en el contenido de las resoluciones emitidas por la autoridad en esa ocasión -terremoto de 2010- de las que se han emitido por la actual administración, suspendiendo los plazos de participación.

Vistas ambas situaciones, estimó que las preocupaciones manifestadas por las asociaciones de funcionarios en la materia ya están resueltas con las plataformas digitales de operación y la suspensión de los plazos, inicialmente hasta el 31 de marzo y actualmente hasta el 30 de abril de 2020, en razón de la pandemia covid-19, protegiendo así la salud de tales funcionarios, de la comunidad interesada en concurrir a las instancias de participación que permite el sistema y de las comunidades protegidas por el Convenio N° 169 de la OIT.

El director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental, señor Hernán Brücher , comenzó señalando que si bien en un primer momento se suspendieron los plazos de las instancias de participación hasta el 31 de marzo de 2020, las medidas se han ido implementando gradualmente de acuerdo a lo que se ha percibido en función de proteger a la población y su derecho de acceder a la información. Por ello, la actual prórroga vence el 30 de abril de 2020, y de no relajarse las medidas sanitarias se irá extendiendo esa suspensión.

Estas decisiones se informaron a la Presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental y no están cerrados a ningún tipo de suspensión a lo futuro en miras de proteger a la población.

A su vez, destacó que el escenario de 2010 no es igual al vigente, pues en 2013 entró en vigencia el nuevo reglamento de tramitación ante el sistema de evaluación, siendo ahora la regla general la tramitación electrónica. La tramitación completa del proceso de evaluación se realiza en internet desde el momento del ingreso del proyecto a ser evaluado, mientras que en aquella época la tramitación completa se realizaba en papel. Hoy, el procedimiento es “papel cero”. Por ello todos los funcionarios cuentan con Microsoft office para la realización de su trabajo, celebración de reuniones en línea y la habilitación de una nube virtual donde puede almacenarse hasta un terabyte de información.

Al respecto, destacó que en materia electrónica el servicio está a la vanguardia a nivel nacional, contando con un 86 por ciento de sus procedimientos con firmas digitales, subiendo del 65 por ciento con que contaba el año anterior. Además, todas las reuniones de las comisiones de evaluación pueden realizarse por videoconferencia.

Abocándose al estado de situación de los proyectos sometidos al sistema de evaluación, refirió que 176 proyectos están en etapa de calificación, cuya cuantía asciende a 9.916 millones de dólares; 251 proyectos están con plazos prorrogados para la presentación de adendas hasta el 12 de junio, cuya cuantía es de 19.864 millones de dólares. Finalmente, 31 proyectos se encuentran suspendidos de tramitación, y su cuantía asciende a 11.097 millones de dólares.

Destacó que todos los proyectos que están siendo ingresados al sistema de evaluación y que requieren proceso de participación obligatoria, tales como los estudios de impacto ambiental, automáticamente están quedando con su tramitación suspendida.

En cuanto a las declaraciones de impacto ambiental, su ingreso se publicita de la misma manera que se ha hecho en los últimos años, y si algún interesado manifiesta interés en activar el procedimiento de participación, lo debe hacer por vía electrónica a fin de lograr esa suspensión.

A su vez, la presidenta de Anfusea, señora Andrea Espinoza , señaló que los más de trescientos funcionarios del servicio distribuidos a nivel nacional se encuentran conmocionados por la emergencia sanitaria, y pendientes de la obligación de continuar los análisis de los estudios y las declaraciones de impacto ambiental sometidos al sistema de evaluación.

En tal sentido, refirió que como asociación solicitaron tanto a la jefatura del servicio como a la autoridad ministerial la suspensión de todos los plazos de tramitación, pues si bien es cierto que la jefatura del Servicio de Evaluación Ambiental ha dispuesto dos actos administrativos de suspensión de plazos, esas suspensiones aluden a situaciones específicas y no a todos los plazos de las gestiones que permiten la participación ciudadana en el sistema de evaluación.

Además, destacó que si bien los funcionarios están operando mediante teletrabajo, no es una metodología de trabajo en la cual hayan tenido experiencia, sumado al hecho de que dado el actual contexto, los funcionarios están abocándose desde sus domicilios a las labores propias de su trabajo, como también a la atención de sus familias y sus necesidades, todas situaciones que repercuten en la calidad de la evaluación que pueden realizar en las actuales condiciones. Las condiciones de trabajo no son las óptimas tanto para ellos como para los funcionarios de los demás organismos con competencia ambiental.

Por otra parte, el actual contexto, donde rigen las medidas de la autoridad sanitaria, obsta las posibilidades de desplazamiento de las personas, lo que significa, en la práctica, la imposibilidad de realizar encuentros con las comunidades. En particular, tratándose de comunidades indígenas protegidas por el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, hizo presente que gran parte de esa población vive en entornos rurales, debido a lo cual no tiene acceso a internet, por lo que instar a realizar tales procesos de consulta de modo virtual podría vulnerar la diligencia debida en función de dicho convenio, que obliga a realizar consultas con metodologías adecuadas a las realidades de cada comunidad.

Por todo lo anterior, en el entendido de que los plazos de actuación siguen operando y los funcionarios desconocen si podrán cumplir sus obligaciones dentro de los plazos debidos, lo que repercute en la calidad del trabajo realizado y permite vislumbrar una futura judicialización de las decisiones adoptadas por la administración, se mostró a favor de aprobar la moción.

El señor Francisco Cabrera , presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (Fenatrama), señaló que no es posible exigir calidad en el trabajo realizado si se opera en las actuales condiciones de modo remoto. A pesar de ser una metodología de trabajo que los funcionarios han solicitado implementar durante años y que ha sido rechazada por las jefaturas administrativas, da muestras de que una vez más las autoridades están llegando tarde a la sociedad de la información.

Asimismo, destacó que a pesar de que el servicio está operando más o menos bien con el sistema de trabajo remoto, los demás servicios con competencia ambiental no están preocupados prioritariamente del tema ambiental, sino de la situación sanitaria. El Estado debe preocuparse preferentemente de esa situación sanitaria, incluidos los titulares de los proyectos sometidos al sistema de evaluación ambiental y los consultores que trabajan con los mismos, sobre todo porque una gran cantidad de información que se solicita a los titulares requiere de visitas a terreno para levantar información, debiendo, incluso, realizar reuniones que implican despliegues territoriales. En el actual contexto, cualquier reunión de este tipo importa una vulneración de la cuarentena.

Destacó que para que las comunidades próximas a los proyectos se enteren de los mismos, el servicio debe hacer un trabajo de contacto con ellas, una vez ingresado el proyecto al sistema. Esa información territorial la manejan los municipios o la Conadi, las que están con dificultades en su operación. Por ello, no es posible exigir a la población operar únicamente a través de canales digitales, pues existen comunidades que no tienen conocimientos sobre ello, lo que da cuenta, una vez más, de la brecha digital existente en el país. De igual manera, no es posible escudarse en la publicidad de los proyectos a través de avisos por diarios o radio.

Por todo lo anterior, estimó que la actual coyuntura afecta la certeza jurídica para todos los actores del sistema, pues es muy probable que en el futuro las actuaciones administrativas sean impugnadas en sede judicial.

Sometido a votación en general el proyecto, fue aprobado por mayoría absoluta de los miembros presentes, por 7 votos a favor y 6 en contra.

Votaron a favor el diputado Félix González Gatica (Presidente), la diputada Cristina Girardi Lavín , los diputados Diego Ibáñez Cotroneo y Amaro Labra Sepúlveda , la diputada Catalina Pérez Salinas y los diputados Gastón Saavedra Chandía y Daniel Verdessi Belemmi .

Votaron en contra los diputados José Miguel Castro Bascuñán , Javier Macaya Danús , Sebastián Keitel Bianchi , Celso Morales Muñoz , Hugo Rey Martínez y Sebastián Torrealba Alvarado .

En la discusión particular se procedió a votar el texto de la moción propuesta, conjuntamente con una indicación presentada por el diputado Labra , que dio origen al artículo aprobado.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Sebastián Torrealba Alvarado .

El señor TORREALBA.-

Señor Presidente, primero quiero explicar de qué se trata el proyecto de ley. Parece tener muy buenas intenciones, pero en verdad su contenido se ha detallado poco.

La iniciativa busca paralizar la tramitación de proyectos, suspendiendo los plazos establecidos en los artículos Nos 15, 18, 20, 30 y 30 bis de la Ley N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente. Al igual que el proyecto que figura en el segundo lugar de la tabla, impulsado por el diputado Labra , se trata de una iniciativa absolutamente voluntariosa, pues lo que persigue ya se encuentra solucionado por la vía administrativa.

Hay ocasiones, aunque a algunos diputados nos duela, en que la vía administrativa es muchísimo más eficiente que la ley. Hay miles de ejemplos para dar, pero hay diputados que insisten en que todo tiene que hacerse a través de la ley.

Reitero: esto se encuentra solucionado desde el 20 de marzo, porque hubo una suspensión, por acción administrativa, de los procesos de participación ciudadana, medida que estará vigente hasta el 31 de mayo. Por lo demás, acaba de ser actualizada la semana pasada.

¿Cuáles son los efectos prácticos del proyecto? Se permite la paralización de inversiones en Chile por la friolera de 39.000 millones de dólares. ¡Reitero: 39.000 millones de dólares detenidos por efectos de este proyecto de ley! La iniciativa tiene muy buenas intenciones. Destaco la voluntad del diputado Félix González , pero es un proyecto evidentemente equivocado y simplista, que intenta solucionar por ley algo que -reitero- se hizo por vía administrativa.

Insisto: el proyecto detiene el flujo de 39.000 millones de dólares, y, además, puede afectar a cerca de 150.000 puestos de trabajo en un momento en que los empleos no sobran.

Hoy, en Chile, los puestos de trabajo se están agotando a pasos agigantados. En sus efectos prácticos, este proyecto pretende, aun cuando tiene buenas intenciones, que 150.000 personas queden sin trabajo. Así de simple.

Por último, este proyecto de ley, que, reitero, tiene buenas intenciones, pero que es de un simplismo absoluto, detiene las inversiones en el país. La visión del diputado Félix González , al presentar la iniciativa, es creer que todos los proyectos que pasan por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental son como Hidroaysén o Dominga . La verdad es que no es así. Y le voy a dar una noticia al diputado Félix González : por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental pasan inversiones como…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Perdón, diputado Torrealba . Le ruego que se dirija a la Mesa, no al diputado.

El señor TORREALBA.-

Perdón, señor Presidente.

Por su intermedio, le señalo al diputado González que el proyecto paraliza inversiones, proyectos de viviendas sociales, caminos, puentes, escuelas, alcantarillados, etcétera. Todo eso se detiene como consecuencia de este proyecto. Justamente ahora que atravesamos la peor crisis económica de los últimos tiempos y necesitamos levantarnos, este proyecto pretende detener absolutamente toda la inversión en nuestro país.

Por intermedio del Presidente, quiero decir que no acuso al diputado Félix González de tener malas intenciones, pero sí de un simplismo feroz. Al parecer no entiende que las externalidades negativas del proyecto generan en el país un costo gigantesco en términos de puestos de trabajo, inversión y oportunidades para levantarnos.

Llamo a la Cámara de Diputados a rechazar de plano el proyecto, porque no genera nada positivo para el país. Es más, lo único que hace es destruir las oportunidades de Chile para levantarse. Eso es lo que hace este proyecto.

Por intermedio del señor Presidente, pido al diputado Félix González que de aquí en adelante presentemos proyectos de ley transversales que generen cambios positivos en el medio ambiente, y no tratar de congraciarse con una parte del sector público a través de iniciativas que no tienen ningún sentido.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada María José Hoffmann Opazo .

La señora HOFFMANN (doña María José).-

Señor Presidente, la moción que analizamos hoy tiene por objeto suspender la tramitación de los proyectos del SEIA, en el marco del estado de excepción por el famoso coronavirus.

A primera vista nos parece una iniciativa bastante razonable, pero el texto que se aprobó en particular por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales propone suspender todos los plazos de tramitación del SEIA, tanto aquellos con que cuenta la autoridad para calificar ambientalmente los proyectos y actividades sometidas a la evaluación de impacto ambiental como aquellos vinculados a las etapas de participación ciudadana y consulta indígena.

Es importante que esta Cámara sepa lo que eso significa. En la práctica, significa una paralización total del sistema de evaluación, suspendiendo la ejecución de inversiones por 39.000 millones de dólares, que mencionó el diputado Sebastián Torrealba .

Considerando que el coronavirus ha tenido un fuerte impacto en la economía nacional y tomando en cuenta que todos estamos trabajando arduamente para que el país pueda volver a retomar la senda de crecimiento, nos parece un contrasentido y una irresponsabilidad que se quiera paralizar completamente el sistema. Lo que tenemos que evitar es la participación ciudadana, porque no se puede invitar a ese proceso, pero al resto de los procesos por supuesto que sí.

Todos los que tenemos proyectos en los respectivos distritos sabemos lo largo y engorroso que es este proceso. Los estudios duran entre un año y un año y medio, y las DIA, entre seis y ocho meses.

La paralización hoy es una irresponsabilidad. Tenemos que paralizar lo que no se puede hacer y suspenderlo. Nadie dice que no debe haber participación ciudadana, porque sabemos que es importante. Pero para los demás procedimientos, el SEA cuenta con las plataformas digitales para su operación, que permiten realizar gestiones a través de los medios electrónicos. En virtud de lo anterior, no debe justificarse la suspensión total de todos los procedimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Es importante resaltar que suspender la tramitación de todos los proyectos -lo que me parece una majadería- implica un grave detrimento no solo para las grandes inversiones, sino también para pequeños proyectos que verán retrasada su aprobación.

El diputado Torrealba fue muy claro en señalar que hay proyectos sociales relevantes que está esperando la ciudadanía. Ni hablar de mi distrito y de lo que ha significado la extensión portuaria de nuestro puerto.

Hay que tener presente que el tiempo de tramitación no solo puede afectar inversiones, sino también proyectos sociales que requieren ser aprobados con urgencia para satisfacer necesidades públicas, como señaló también el diputado Torrealba .

Por las graves consecuencias que ha significado tomar la decisión administrativa de suspender estos procedimientos, este proyecto no solo me parece redundante, sino que amplía facultades que hoy no son necesarias, porque no deben suspenderse los procedimientos.

No entiendo por qué tenemos que seguir teniendo en esta Cámara ese choque entre sustentabilidad y desarrollo. Eso es inaceptable. El rol de este Congreso es precisamente ser capaz de conciliar la sustentabilidad social y el desarrollo tan necesario.

No podemos pretender que el desarrollo no llegue a aquella gente que está esperando y que, incluso, está en situación de pobreza.

Por lo tanto, desde la bancada de la UDI, anunciamos que vamos a rechazar este proyecto, primero, porque es redundante -ya está tomada la decisión-, y, segundo, porque nos parece un error gravísimo hacer perder a Chile, más aún con lo que necesitamos los recursos para políticas sociales, 39.000 millones de dólares que estarían en juego.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto Ferrada .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, hoy está en discusión un proyecto de ley que tiene que ver con todos los emprendimientos que hoy están tramitándose a gran escala en el Servicio Evaluación Ambiental: explotaciones mineras, factorías químicas, infraestructuras generadoras de energía u otras industrias contaminantes y nocivas con el medio ambiente.

La razón de someter esta industria al Servicio de Evaluación Ambiental tiene que ver con las externalidades negativas, con los impactos ambientales con que estas obras humanas pueden afectar a las personas y comunidades, y fundamentalmente tiene por objeto entregar información ambiental de estos proyectos a las personas que van a ser directamente afectadas por sus externalidades, a fin de que ellas puedan participar, conocer el proyecto y proponer todas las medidas mitigadoras que correspondan.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en este proceso, básicamente, debe entregar toda la información, proteger a las personas y darles la participación necesaria para que puedan ser escuchados. Esa es su razón de ser; esa es su misión entre los procesos productivos y la gente que necesita ser protegida de los mismos procesos productivos.

Por eso, nos parece evidente que el SEA debe paralizar los plazos de las evaluaciones ambientales que hoy se están desarrollando, porque la pandemia y sus efectos en la vida de las personas -el confinamiento, la cuarentena o quedarse en sus casas-, sin duda, afectan y alteran la posibilidad de que las personas que van a ser afectadas por estas externalidades puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a proyectos que ambientalmente van a ser nocivos.

Una suspensión transitoria de estos procesos ambientales -¡transitoria!- es lo mínimo para proteger a la gente. Por esta razón, se han suspendido todos los plazos en los procesos judiciales. Lo aprobamos aquí, pues entregamos facultades a la Corte Suprema y están suspendidos los juicios en todos los tribunales del país.

Pues bien, el director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental fue requerido por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para suspender los plazos de los procesos en curso. Lamentablemente, el director del SEA se negó olímpicamente a suspender estos plazos, salvo aquellos en favor de las empresas, por supuesto, argumentando, sin ningún pudor, que no podía detenerse la inversión aun en el estado de catástrofe en que nos encontramos.

A mi juicio, si queremos proteger a la gente y evitar que la pandemia sanitaria se convierta en un desastre ambiental al término de los confinamientos y cuarentenas, en los lugares y las comunidades que pueden ser afectadas por estos proyectos, es necesario que aprobemos la suspensión de todos los plazos de evaluación ambiental, que hoy se propone.

Termino señalando que pareciera que Chile aún no toma conciencia de esta política facilitadora del frenesí empresarial e industrial de proyectos nocivos con el medio ambiente, la cual debe ser revisada y frenada en su forma actual; no puede continuar como ha sido hasta ahora.

La pandemia actual y las futuras -porque también se nos anuncia que vienen otras-, que están amenazando la existencia humana, de una u otra manera, nos entregan una lección y una señal de que algo no estamos haciendo bien en la relación de las comunidades, las sociedades, con el mundo actual, con el mundo animal, con los cursos de agua, con el aire de nuestra ciudades y con el medio ambiente.

Los diputados de derecha anuncian que van a votar en contra de este proyecto porque limita la libertad empresarial, porque limita la posibilidad de que proyectos de inversión millonarios, de millones de dólares de inversión, puedan materializarse en nuestro país.

Les recuerdo que la pandemia, el cambio climático, las sequías que padece este país, los tsunamis, los enfriamientos del planeta, todos los cambios que vemos en el mundo y también en Chile -incluso aumentados en nuestro país-, en alguna medida son una respuesta o un resultado de la acción humana depredadora que permite que estas mismas industrias contaminantes destruyan bordes costeros, ecosistemas marinos, glaciares, paisajes de montaña, y contaminen ríos y lagos y hasta el aire que respiran nuestros hijos. Esto no es casual.

En este contexto, creo que aún estamos a tiempo de revisar y detener esta insana relación que tenemos con nuestro entorno; aún es tiempo de que iniciemos un cambio en nuestra relación con el medio ambiente y una transición ecológica. Aún estamos a tiempo, pero debemos cambiar la mentalidad.

Por eso, los socialistas que queremos esta transición ecológica vamos a aprobar este proyecto.

He dicho.

Una vez que la diputada Girardi esté inscrita, le daremos la palabra.

Continuando con el debate, tiene la palabra la diputada Carolina Marzán Pinto .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señor Presidente, estamos viviendo una pandemia global, cuyos alcances no somos capaces de descifrar como humanidad, aun con todos los avances médicos y tecnológicos que han ocurrido en este último siglo. Lo que sí sabemos es que en algunos países las condiciones de contaminación han mejorado ostensiblemente, a tal nivel que hemos visto a animales volviendo a las aguas, al bosque, en fin, ante la ausencia del hombre.

Lamentablemente, no podemos decir lo mismo de nuestro país, y es doloroso asumirlo, porque mientras en el mundo celebran los beneficios que esta pandemia ha traído a nivel medioambiental, en Chile los niveles de contaminación no han bajado; es más, han aumentado, como lo vemos en las comunas de Quintero y Puchuncaví, que pertenecen al distrito que represento, donde en estas últimas semanas han tenido que soportar niveles de dióxido de azufre en el aire que en cualquier otro país significaría la destitución de más de algún ejecutivo de empresa o director de un servicio medioambiental.

Por esto es tan importante la aprobación de este proyecto, porque en este momento no están dadas las condiciones mínimas para que la tramitación de las evaluaciones y declaraciones de impacto ambiental, las consultas ciudadanas y sobre todo las consultas indígenas, se puedan llevar a cabo en óptimas condiciones.

Sabemos que la preocupación en estos momentos está puesta en la pandemia y en sus efectos generales, tanto en la salud de las personas como en la economía de las familias y el país completo.

Los funcionarios del SEIA están con teletrabajo, pero eso no garantiza en caso alguno que la calidad de su trabajo sea la misma que en condiciones normales, y es que todos nos hemos visto afectados en nuestro desempeño laboral.

Por otra parte, es de suma importancia cumplir a cabalidad con las normas del Convenio 169 de la OIT y lo referido a las consultas indígenas, porque sabemos que muchas comunidades que tienen interés en los proyectos ingresados actualmente a los diferentes servicios se encuentran en zonas rurales, donde el acceso a internet es escaso -por no decir inexistente-, lo que obviamente hace imposible su participación.

No podemos permitir ni ser parte de situaciones como las ocurridas recientemente en la comuna de Putaendo, también perteneciente a mi distrito, en que a puertas cerradas y por videoconferencia la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso aprobó el proyecto de la Compañía Minera Vizcachitas Holding, lo que es una pésima señal de parte de las autoridades que, en plena crisis sanitaria, toman decisiones sin participación ciudadana.

En este caso, no se oyó a la ciudadanía, no se oyó al municipio, no se oyó a las autoridades locales que llevan años movilizándose para proteger el río Rocín, el glaciar y las lagunas. Y por esto mismo, agradezco una carta que enviamos hace pocos días al intendente de Valparaíso, donde 33 diputados y diputadas de esta Cámara pedimos que revoquen esta cruel decisión.

Por eso, voy a votar a favor este proyecto, porque es de suma importancia que la tramitación de estas iniciativas, que inciden de manera contundente en nuestro medio ambiente, sean analizadas en situaciones normales y con las condiciones adecuadas. Estar viviendo esta pandemia no asegura dichas condiciones y solo perjudica a la comunidad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Sebastián Álvarez Ramírez .

El señor ÁLVAREZ (vía telemática).-

Señor Presidente, pedí la palabra el día de hoy para referirme a este proyecto de ley que busca paralizar el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) durante este estado de catástrofe por el coronavirus.

Creo que aquí no tenemos que confundir las cosas.

Nosotros, en la Comisión de Medio Ambiente, estuvimos trabajando, durante el año pasado, para poder modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el famoso SEIA, a través de un proyecto de ley. Creo que no hay que meter en este momento en la discusión todas esas cargas. Entendemos que hay que mejorar esta iniciativa, de manera tal de hacer un mejor Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, lo que se está planteando en este momento está fuera de contexto, en el sentido de que el proyecto, presentado por el diputado Félix González , tiene por finalidad suspender todos los trámites del SEIA, por ley y en forma indefinida, mientras dure el estado de excepción constitucional.

En términos generales, esto es muy riesgoso y en todo sentido, porque hoy, por decreto -lo han mencionado también algunos diputados-, se estableció la suspensión de todos aquellos procesos que involucraban consulta indígena y procesos de participación ciudadana.

No puedo negar que el proyecto tiene un objetivo positivo, cual es resguardar la salud de los funcionarios del SEIA y de las comunidades. Respecto de la salud de los funcionarios, hay que decirlo, hoy hacen teletrabajo y cumplen turnos, que desempeñan aquellos que no tienen factores de riesgo. Además, los directores regionales asisten presencialmente para coordinar todas las actividades.

Por lo tanto, hay que entender que el objetivo se puede alcanzar por otros medios, como la vía administrativa, mediante la cual, inicialmente, se habían suspendido los plazos, que hoy han sido renovados hasta el 31 de mayo de este año. Lógicamente, se ha dicho que en razón de la pandemia estos plazos podrían volver a ampliarse.

Es importante mencionar algo.

En la discusión se hablaba de que el trámite administrativo apuntaba a situaciones específicas y no a todos los plazos. Pero yo creo que en esto hay que hacer distinciones, porque es necesario evitar la paralización de muchos proyectos que hoy están siendo analizados por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que tienen un carácter social.

Por ejemplo, me quiero referir en forma muy puntual a la Región de La Araucanía, donde tenemos más de 700 viviendas sociales en evaluación para la localidad de Labranza, en la comuna de Temuco, porque en la región existe una gran demanda por viviendas sociales; en Villarrica, donde hablamos de 277 viviendas sociales; en Padre las Casas, 206 viviendas sociales. En total, 999 familias vulnerables podrían ver aplazada la adquisición de la vivienda propia.

En este minuto hay doce procesos activos, y estamos hablando de viviendas sociales, alcantarillado y agua potable, no de la minería ni de las grandes inversiones. No le pongamos tanto dogma político, tanta ideología. En tiempos de pandemia, es necesario distinguir aquellos proyectos a los que se debe resguardar la consulta ciudadana, que ya están suspendidos por procesos administrativos, al igual que las consultas indígenas.

Entonces, no paralicemos el país. Es fácil hacerlo cuando uno tiene el plato de comida asegurado, porque detrás de cada proyecto de vivienda social hay trabajadores, y en este caso hablo de trabajadores de la región más pobre de Chile, de una región que tiene altas tasas de desocupación y que ha sido fuertemente afectada en lo económico por la pandemia.

Por lo tanto, como Evópoli, creemos que el camino no es la suspensión de todos los plazos y de todos los procesos. Por el contrario, pensamos que el camino apunta precisamente a hacer la distinción, como se discutió en la comisión. Hoy los sistemas telemáticos están funcionando, se está resguardando la salud y hasta el 31 de mayo todos los procesos que involucran consulta indígena…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Amaro Labra Sepúlveda .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental requiere, para su correcto funcionamiento, que los organismos con competencia ambiental y los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental efectúen visitas a terreno antes de pronunciarse respecto de los proyectos o actividades sometidos a evaluación.

A su vez, es imprescindible que la comunidad asista, en los casos que corresponda, a las actividades de participación ciudadana, y que los titulares de los proyectos realicen mediciones para responder a las observaciones de los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA) y de la comunidad, para, de esta manera, recoger la opinión de la población respecto de los proyectos que se instalarán en los territorios.

La emergencia sanitaria y el estado de excepción de catástrofe por la pandemia han afectado el funcionamiento del Servicio de Evaluación Ambiental. Los funcionarios se encuentran en situación de teletrabajo, y en el actual contexto, donde rigen las medidas de la autoridad sanitaria, se hace imposible el desplazamiento de los propios funcionarios a las locaciones donde se instalarán los proyectos, y el de las personas para participar en los encuentros de las comunidades, para realizar los procesos de participación ciudadana.

Lo anterior se agudiza para las comunidades indígenas, debido a que gran parte de esa población vive en entornos rurales, sin acceso a internet, para informarse por esa vía de los procesos que lleva adelante el SEA.

El Ejecutivo se ha excusado en que el SEA se ha modernizado, por lo que la mayor parte de sus trámites se pueden hacer vía web; pero instar o realizar tales procesos de consulta de modo virtual podría vulnerar las diligencias debidas en función del Convenio 169, que obliga a realizar consultas con metodologías adecuadas a las realidades de cada comunidad.

Asimismo, se ha señalado que se irán viendo extensiones a medida que la emergencia vaya avanzando, lo que no da ninguna seguridad a los trabajadores y a las comunidades.

Aprobaremos el proyecto porque va en beneficio de la salud y del bienestar de trabajadores y comunidades.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Félix González Gatica .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, este proyecto de ley no se presenta porque se le ocurra a un diputado, como aquí se ha planteado. Esta iniciativa obedece a una solicitud de organizaciones sociales, de ONG ambientales y de las dos federaciones de trabajadores: la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (Fenatrama), que incluye al Ministerio del Medio Ambiente y al SEA, y la Anfusea, que reúne a los funcionarios que aplican este servicio. Ellos pidieron la suspensión del plazo, como se hizo para el terremoto de 2010 en las regiones que fueron afectadas.

Lo otro que hay que entender es que el sistema no incluye todos los proyectos de inversión de Chile, sino aquellos que tienen efectivamente impacto ambiental. Es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Este sistema fue creado para proteger a las comunidades, para proteger el medio ambiente, los ecosistemas, y no para proteger a los empresarios; pero parece que algunos piensan que es un sistema para fomentar la inversión o para maquillar la inversión, o lavar la imagen de la inversión. Pero no, el bien superior que hay que cautelar a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es la salud de las personas y la conservación del medio ambiente, porque sin medio ambiente no hay economía posible. Entonces, tiene que haber una correcta evaluación.

Quiero explicar un poco cómo es la evaluación. No se puede hacer por teletrabajo, no se puede hacer ciento por ciento por teletrabajo, porque cuando ingresa un proyecto a evaluación, el SEA convoca a alrededor de 15 servicios públicos a terreno, como el Sernageomin, la Conaf -que ha dicho que no puede ir a terreno-, el Sernapesca, el servicio de Salud, que está ocupado en otra cosa ahora porque hay una pandemia. Esos servicios tienen que pronunciarse al principio, en medio del proceso y cada vez que haya una adenda. Por lo tanto, ¿qué nos han dicho las propias organizaciones? No hay posibilidad de hacer una buena evaluación. Se está haciendo una evaluación pobre.

Por otra parte, para dar garantía a las comunidades, debe existir participación ciudadana. Es cierto que el director tiene atribuciones, pero él suspende unos proyectos y otros no. Incluso, hay una resolución retroactiva, que beneficia solamente a dos empresas. Esto no puede ser arbitrario. Para dar certeza jurídica a la inversión hay que suspender los plazos, porque si no le damos certeza jurídica a través de una ley y lo dejamos en manos del criterio de un funcionario, los proyectos van a terminar judicializados.

El director suspendió aquellos proyectos que tienen participación ciudadana y aquellos que tienen consulta indígena. Pero lo que no dicen es que muchos proyectos inicialmente no las tienen, porque hay que pedirlas o exigirlas. El proyecto Octopus, en Penco, en la Región del Biobío, no tenía consulta indígena. La corte tuvo que obligarlos a que la tuviera, porque las organizaciones lo obligaron.

En todo este período de la pandemia, de los proyectos que han ingresado por declaración de impacto ambiental, que tienen carga ambiental, pero que no tienen participación ciudadana, a menos que la ciudadanía lo exija, ¿saben cuántas exigencias ha habido por la ciudadanía? Ninguna, porque la gente está en cuarentena, porque la gente está con problemas en su trabajo, porque la gente está preocupada de la pandemia, porque la gente no puede juntarse.

Si queremos que haya participación ciudadana real, tenemos que suspender los plazos mientras dure el estado de excepción constitucional. Esto no es para siempre. Las evaluaciones ambientales duran un año, o dos años algunas o más. La idea es suspenderlas mientras no estén dadas las condiciones para hacerlo bien.

Por lo tanto, este no es un antojo de un diputado que presenta un proyecto de ley. Esta es una necesidad, porque si no se evalúan bien los proyectos, vamos a tener, como pasó en Putaendo, un proyecto al que la gente ni siquiera puede acceder porque se vota por Zoom. Acaba de ingresar un proyecto para eliminar el humedal Ojos de Mar en San Antonio. ¿Cómo se organiza la ciudadanía?

Por consiguiente, si no evaluamos bien ambientalmente, vamos a seguir teniendo gente sin agua…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Javier Macaya Danús .

El señor MACAYA.-

Señor Presidente, no dudo de las buenas intenciones de los autores de este proyecto. Incluso, a primera vista, puede parecer como razonable suspender plazos en procedimientos ambientales; pero creo que la creatividad parlamentaria en tiempos de pandemia es una de las principales trabas con que nos vamos a encontrar para hacer frente no solo a la pandemia sanitaria que vivimos, sino también a la pandemia económica que se nos avecina.

Por muy buenos que parezcan los titulares de un proyecto de ley y por muy razonable que parezca la idea, el hecho de meter a la fuerza, a contrapelo, un proyecto de ley, sin considerar su impacto, me resulta muy inentendible. Y digo “a la fuerza”, por su intermedio, señor Presidente, al Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, porque, contra toda la evidencia del impacto del proyecto, presentar a matacaballo, como se dice, proyectos sin urgencia con el solo fin de darse un gustito comunicacional es fiel reflejo de por qué mucha gente ya no cree que el Congreso sea la expresión más importante de la democracia, y hemos ido perdiendo prestigio.

La consecuencia de este proyecto -es importante decirlo-, que puede aparecer como lógico y popular para una cuña comunicacional, es que se paralice el funcionamiento de todo el Sistema de Evaluación Ambiental durante todo el plazo de excepción constitucional en forma indefinida, lo que trae consigo un impacto gigante. Además, el argumento de que hay procesos de evaluación ambiental que implican participación ciudadana y consulta indígena cuya no realización hace necesaria la suspensión es falso, porque esto hoy ya tiene una solución administrativa. No hay ninguna consulta indígena ni participación ciudadana que vaya a dejar de realizarse con ocasión de la pandemia sanitaria, porque mediante actos administrativos el Servicio de Evaluación Ambiental ya procedió a la suspensión. De modo que el proyecto de ley sometido a nuestra consideración es innecesario y dilatorio.

El Servicio de Evaluación Ambiental adoptó una solución vía administrativa mediante dos resoluciones, dictadas en marzo y abril, mediante las cuales estableció que los plazos asociados al SEA que se encuentran en curso, en procesos de participación ciudadana y en consultas indígenas, quedan suspendidos, debido a que requieren de gestión presencial.

Además, es importante señalar que una iniciativa como esta no solo tiene consecuencias económicas, sino también sociales, que requieren ser sopesadas al momento de su tratamiento.

Primero, implica un fuerte retraso para proyectos que buscan satisfacer necesidades públicas, tales como proyectos de construcción de viviendas sociales en algunos lugares y de saneamiento ambiental, por ejemplo, de alcantarillado y agua potable, así como la construcción de la línea 7 del metro, del puente ferroviario en Concepción, de la ruta Andina, en Arica, del puerto de Coquimbo, y de desarrollo de energías renovables no convencionales en distintas regiones del país.

Por lo tanto, este proyecto de ley implica un impacto económico muy importante, puesto que de aprobarse se suspendería la eventual ejecución de inversiones por más 39.000 millones de dólares. Eso sumaría un total de 22.000 millones de dólares en cuatrocientos días y casi sesenta evaluaciones de impacto ambiental de proyectos, por un monto de 17.000 millones de pesos.

En suma, no solo estamos en un momento de pandemia sanitaria que es grave, sino frente a las consecuencias económicas que está trayendo consigo, problemas que son absolutamente inseparables.

Hoy tenemos mucho más de un millón de personas que han perdido el empleo o que se encuentran con sus contratos suspendidos con ocasión de la pandemia. Este proyecto tampoco le haría un muy buen favor a aquello.

Además, cabe señalar que la tramitación de los proyectos tanto por parte del Servicio de Evaluación Ambiental como por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se debe llevar a cabo de manera telemática, lo cual incluye a todos los órganos de la Administración del Estado que evalúan, y a los titulares, que proponen las medidas que se deben implementar para los proyectos

La participación ciudadana se debe efectuar por vía telemática, pero también puede ser presencial, con lo que se favorece el principio de participación. Por su parte, el Servicio de Evaluación Ambiental suspendió la tramitación de los proyectos en que haya participación ciudadana, como se ha señalado en el punto anterior.

La suspensión de plazos que propone este proyecto para que los organismos competentes realicen procesos de participación ciudadana, así como de consulta indígena, y se pronuncien sobre las declaraciones de impacto ambiental durante el período que señala, es poco flexible si se tienen en cuenta las medidas administrativas que se han adoptado.

Por lo tanto, el emplazamiento que hago por intermedio del señor Presidente al subsecretario del Medio Ambiente, señor Javier Naranjo , quien ha tenido una destacada participación en estos temas y en la comunicación que nos ha dado al respecto, es que las medidas sobre esta materia se vayan adoptando en función de lo que ocurra con la pandemia sanitaria.

El impacto por covid-19 no es igual en todo el país, de modo que se requiere flexibilidad para la toma de decisiones, lo cual se puede apreciar por el hecho de que la autoridad ha establecido mayores limitaciones en algunas zonas del país por sobre otras.

Por consiguiente, hagámonos cargo de las consecuencias de lo que legislamos; dejemos de lado la política de los titulares, de “la civilización de espectáculo”, como dice Vargas Llosa , y hagámonos cargo de prestigiar la política mediante la proposición de soluciones a problemas reales, no inventados, puesto que tenemos ya bastantes problemas como para seguir inventando otros.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez Seguel .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, me da mucha pena que estemos debatiendo sobre un tema como este, porque pareciera que el mundo está al revés o que no lo entendemos.

Debido a la pandemia estamos enfrentando el problema de la pobreza extrema que afecta a los sectores más vulnerables, ya que para resguardar su salud y su vida tienen que permanecer en su casa, lo que les impide trabajar. No obstante, se presentan proyectos de ley que proponen medidas administrativas que de alguna manera complicarían más la situación, como el caso de esta iniciativa, que lo que pretende es paralizar las inversiones del país en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. En todo caso, quiero señalar que cuando hablo de “paralizar” no me refiero a que se tenga que seguir construyendo, pero sí se deben llevar a cabo los procesos de evaluación de impacto ambiental de muchos proyectos.

Quiero decir a todos mis colegas presentes, a título personal, sin involucrar al Partido Radical -coalición que me cobija-, que tenemos que ser capaces de ver la realidad de nuestras regiones.

Alguien me dijo un día lo siguiente: “No les hagas caso a tus 154 colegas; preocúpate de tus electores y de la gente que más necesita de tus comunas”. Eso es lo que haré hoy, porque de aprobarse esta iniciativa se suspenderán proyectos que involucran una inversión de 665 millones de dólares en mi Región de Coquimbo. Entre los proyectos que se paralizarían está el nuevo sistema de tratamiento de aguas servidas de Vicuña -el actual es un asco para los habitantes de esa comuna-; el centro de valorización y reciclaje de Coquimbo; la línea de transmisión Nueva Pan de Azúcar-Punta Sierra-Centella, y diversos proyectos de energías renovables, como plantas solares y parques fotovoltaicos.

Asimismo, de aprobarse esta iniciativa se podría retrasar la llegada de 4.532 puestos de trabajo a corto plazo, lo cual es muy complejo si se considera que en la Región de Coquimbo la tasa de desempleo aumentó en dos puntos porcentuales en el último trimestre, y está llegando casi a los dos dígitos.

Si paralizamos el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el desempleo en los próximos meses, sobre la base de lo que han señalado algunos expertos en la materia, podría llegar fácilmente a una cifra entre el 10 y el 15 por ciento.

Por ello, es clave mantener funcionando el SEA para impulsar la inversión tanto en la Región de Coquimbo como en todo el país. En ese sentido, sin perjuicio de todas las medidas de seguridad desde el punto de vista sanitario que se han adoptado hasta el momento, estas se pueden aumentar para que las distintas comunidades puedan realizar los respectivos procesos de participación ciudadana.

Señor Presidente, quiero señalar los siguientes proyectos de mi región: en Illapel, el parque solar Siete Colores; en Vicuña, la planta fotovoltaica que está en proceso en el SEA; en La Serena, el parque fotovoltaico Quebrada de Talca; en Ovalle, el parque solar Las Mercedes ; en Salamanca, el parque fotovoltaico Perséfone Solar ; en Andacollo, la actualización y regularización de algo grave, como es el plan del cierre del vertedero El Gallo; en La Serena, el parque fotovoltaico El Rayador ; en Coquimbo, el centro de valorización y reciclaje; en Ovalle, el proyecto minero San Cayetano ; en Los Vilos, la planta solar fotovoltaica Pichidangui ; en Canela, la central eléctrica Canelillo ; en La Serena, la mina San Antonio ; en Vicuña, el nuevo centro solar fotovoltaico Santa Francisca ; en La Higuera, el parque solar fotovoltaico Punta de Viento; en Combarbalá, el parque solar fotovoltaico Combarbalá ; en Vicuña, el nuevo sistema de tratamiento de aguas servidas de Vicuña, como recién señalé; en Ovalle, la planta Fundo Pachingo de Avícola Santa Elvira, que da una cantidad importante de trabajo; en Ovalle, las minas Cinabrio y San Andrés , y, por último, en Salamanca, Canela , Ovalle , Coquimbo e Illapel, la nueva línea de transmisión Pan de Azúcar-Punta Sierra-Centella.

Lo que plantea esta iniciativa implica un fuerte retraso para que los organismos competentes realicen procesos de participación ciudadana y se pronuncien sobre las declaraciones y estudios de impacto ambiental de proyectos que buscan satisfacer necesidades públicas. Ello significaría paralizar los proyectos de construcción de viviendas sociales y de saneamiento ambiental, tales como alcantarillado y agua potable, y en especial el puerto de Coquimbo. Por lo anterior, votaré en contra este proyecto, porque esto es más pobreza y más…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Cristina Girardi Lavín .

La señora GIRARDI (doña Cristina) [vía telemática].-

Señor Presidente, primero, agradezco a la Sala que haya dado la unanimidad para que nos pudiéramos incorporar en el debate.

Solo deseo plantear que esto no es un show. Como decía el diputado Macaya , este proyecto tiene como propósito generar un espectáculo para los medios, para la televisión; en el fondo, como imagen, como si todos los que apoyáramos iniciativas como estas fuéramos banales, superficiales e irresponsables.

Me parece sumamente grave porque el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es uno de los sistemas que menos credibilidad tiene en Chile.

Cuando uno discute un proyecto como este no solo tiene que considerar la pandemia, sino toda la historia del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. El sentido de este proyecto tiene que ver, por ejemplo, con que el decreto que suspende transitoriamente los plazos de los procesos que aplica el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental reincorpora retroactivamente a empresas que ya habían quedado fuera, porque se les había vencido el plazo, como ocurre con los proyectos de dos empresas eléctricas del norte a las que ya se les había vencido el plazo, respecto de las cuales el Ejecutivo aprovechó esta circunstancia para reincorporarlas a través de dicho decreto, no obstante que, como acabo de decir, ya se les había vencido el plazo.

Vemos muchas señales como esa, lo que nos lleva a sentir desconfianza del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Pero también hay desconfianza porque nuestro país no ha suscrito el Acuerdo de Escazú y porque no hemos modificado ni una coma de la ley que regula a este sistema, el de evaluación de impacto ambiental, no obstante que todos conocemos las falencias que tiene.

Por tanto, este no es un proyecto banal; fue solicitado por las organizaciones ambientales y por las de trabajadores, quienes finalmente son los que tienen que hacer la pega y quienes saben que no la podrán hacer correctamente, por las condiciones en que estamos, pues la comunidad no podrá participar.

Llamo a mirar ese aspecto, y no solo el de la inversión, sino el de la responsabilidad que tenemos. Estamos hablando del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, no de un proyecto de ley que modifica disposiciones vinculadas con el fomento productivo; estamos debatiendo una iniciativa que resguarda la protección del medio ambiente.

Vivimos en un país que atraviesa por una sequía brutal, en un país en el que las comunidades nunca logran ser escuchadas o ser parte de las decisiones y en donde el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental aprueba permanentemente proyectos de inversión, no obstante la oposición de las comunidades. Entonces, no estamos hablando de cualquier situación.

Ahora, si realmente existe preocupación por la inversión en el contexto de la pandemia, busquemos alternativas. Pero aquí no hubo ni una propuesta del gobierno en ese sentido, pues se negó rotundamente a este proyecto y dijo que querían tener la sartén por el mango, que no se modifique nada y que nosotros no intervengamos.

Aunque no contemos con la anuencia ni con la propuesta del gobierno, queremos avanzar en este proyecto para resguardar aquello que nos interesa, que es la protección del medio ambiente, y eso no es irresponsabilidad, menos en el contexto de cambio climático, que parece que a todos se les olvidó producto de la pandemia.

Chile es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático, debido a la escasez hídrica. Si no aprobamos esta iniciativa, todos los proyectos vinculados con la escasez hídrica serán aprobados, pero sin que las comunidades puedan participar. No se cumplirán los criterios de evaluación y no habrá visitas a terreno.

Entonces, pido a los parlamentarios que están muy preocupados del desarrollo económico que recuerden que ese desarrollo económico se realiza no solo en un contexto de pandemia, sino también de un cambio climático que amenaza la vida en el planeta, si no tomamos decisiones ahora.

Justamente hoy es cuando el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental más debe cautelar que efectivamente…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, saludo a los colegas que se encuentran en la Sala y a los que participan vía telemática desde las distintas regiones del país.

Creo que suponer que alguien no está dispuesto a entender que la evaluación ambiental es fundamental y que evidentemente cualquier desarrollo sostenible supone una interacción razonable con el medio ambiente es simplemente inventar fantasmas, porque indudablemente todos tenemos esa convicción.

El problema no es ese, señor Presidente.

El diputado Leonardo Soto tiene razón en un sentido: es indudable que la actividad empresarial debe encontrar por límite el respeto y el trabajo adecuado en el marco del medio ambiente. Creo que en eso estamos todos de acuerdo.

También comparto con el diputado Soto que esta pandemia nos va a plantear una serie de preguntas en relación con el medio ambiente, respecto de consecuencias que son irreversibles. O sea, aquel que no esté entendiendo la envergadura que tiene el que una micropartícula, como un virus, esté cambiando de esta manera la forma en que nos vamos a relacionar, no ve la profundidad de lo que está en juego.

No creo que alguien aquí haya dicho que con este proyecto se pretende montar un show; me parece que la diputada Girardi lo entendió de mala manera. Lo que se está queriendo decir, sencillamente, es algo mucho más simple: que no tiene sentido seguir en esta dinámica de pretender resolver por vía legislativa aquello que ya está resuelto por vía administrativa.

Ahora -permítanme una licencia-, quizá hay desconocimiento sobre la jerarquía normativa y en cuanto a que en los países modernos las cuestiones de carácter coyuntural se resuelven por la vía reglamentaria, por la vía de decretos, por la vía de reglamentos. Esto de pretender resolver un problema como este a través de una ley es una cuestión que probablemente tenga una pretensión de visibilidad política, porque, desde el punto de vista jurídico, esta es evidentemente una cuestión de carácter administrativo.

¿Cómo se resuelve coyunturalmente, en la tramitación de un proceso de evaluación ambiental, el hecho de que una circunstancia haga imposible o haga difícil la concurrencia de la participación ciudadana? O sea, es como de manual.

Recuerdo las clases de Ramiro Mendoza en la universidad, quien decía una cosa bien chistosa: cuando llegaba un funcionario nuevo a la administración, va a terreno a ver un problema y la gente le dice: “Mire, este problema se resuelve así”. Él volvía a su oficina y el jefe le decía: “¡Estás loco! Si resolvemos el problema se nos acaba la pega. Armemos una unidad de evaluación del problema”. Luego, a su vez, esa unidad creaba una unidad de contraloría del sistema. Entonces, al final, la administración tenía quince pasos adicionales que no se necesitaban, porque lo que buscaba ese novato era resolver el problema, pero pareciera ser que aquí lo que se quiere es tratar de no resolver el problema.

Bueno, se supone que esas cosas causaban risa en la facultad de derecho.

Ahora bien, no tengo ninguna duda en cuanto a que esto genera un estancamiento, como bien dijo el diputado Torrealba . Es evidente, como también señaló el diputado Pedro Velásquez , porque es de sentido común, que acá se genera una dificultad para proyectos de inversión. Sé que a algunos la palabra inversión les genera algún problema de salud, pero la verdad es que inversión dice relación con avanzar en proyectos de desarrollo que dan empleo, que generan conectividad, que crean posibilidades para las comunidades. Espero que lo tengan a la vista.

Por último, como representante de la Región de O’Higgins, hace poco tuvimos una reunión con el ministro de Obras Públicas, a propósito de las dificultades que está teniendo nuestra región, y entiendo que otras también, derivadas del problema de la sequía, y me comentó que nos estamos demorando, en promedio, catorce años para construir un embalse. ¡Catorce años!

Resulta que alguien quiere construir un embalse, va a algún lugar y encuentra una taza: ¡No! No se puede continuar; hay que hacer un despliegue del mundo arqueológico, porque no vaya a ser cosa de que esa taza sea de algún… Y así vamos demorando y demorando los proyectos.

Creo que acá tenemos un equilibrio mal logrado entre fines razonables, como fines medioambientales, fines de conservación patrimoniales, en fin. Pero que nos estemos demorando catorce años en hacer un embalse debiese darnos vergüenza a nivel mundial. Que un país como el nuestro, que pierde mucha agua, se demore esa cantidad de años por exceso de burocracia y por exceso de tramitación es algo que tenemos que empezar a mirar.

Señor Presidente, votaré en contra de este proyecto, porque me parece que presenta un problema que ya está resuelto, porque agrega dificultad a la tramitación en momentos en que necesitamos que esto sea expedito y, por último, para honrar a la Región de O’Higgins y dar una mínima señal de protesta, por el hecho de que en momentos de sequía tardemos catorce años en construir un embalse.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, durante mucho tiempo todos los diputados humanistas hemos venido hablando de la renta básica universal para todo el planeta.

Empezamos a hablar de ella y nos miraron como si estuviéramos locos. Dicha renta para todo el planeta responde a que, debido a la revolución tecnológica, las empresas ya están automatizando todo, y luego vendrá la robotización y no habrá trabajo para nadie, lo que será un drama.

Quizás esa renta básica universal para todo el planeta hará efectiva la liberación, como última cadena del ser humano, de la obligación de trabajar para vivir.

En respuesta a la emergencia, se hace necesario cubrir necesidades básicas de las personas. También el gobierno lo quiere, pero de una forma discriminatoria, prefiriendo de nuevo primero a las empresas, primero al dinero y después al ser humano. Esta es una lógica perversa; es la lógica neoliberal que aparece por todos lados.

La derecha habla de una forma tramposa y dice: “este proyecto tiene buenas intenciones” -todos lo hemos escuchado-, pero en la realidad legisla en contra del ser humano, defendiendo a los poderosos, a las empresas. Es la misma lógica con la que dicen ayudar a la gente de la cultura proponiéndoles concursar, cuando el tema urgente es vivir ahora y es comer ahora. ¿Qué van a decir cuando llegue a Chile el tema de la renta básica universal, o sea, para todo el planeta? ¿Qué van a decir frente a la creciente automatización y robotización de las empresas? Dirán, como ahora: es bien intencionado, pero es un error, y defenderán a toda costa las empresas en perjuicio de los seres humanos.

¡Sin espíritu, nada; con espíritu, todo!

¡Paz, fuerza y alegría!

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Las intervenciones de la diputada Karin Luck y del diputado Frank Sauerbaum pueden ser insertadas en el Boletín de Sesiones. Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar las observaciones de su excelencia el Presidente de la República, recaídas en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que concede un ingreso familiar de emergencia.

De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios, para el uso de la palabra se otorgarán cuatro minutos a cada bancada, más 60 minutos distribuidos en forma proporcional.

Rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado Daniel Núñez .

Antecedentes:

-Observaciones de S.E el Presidente de la República. Documentos de la Cuenta N° 21 de este boletín de sesiones

-Certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 24 de este boletín de sesiones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor NÚÑEZ, don Daniel (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar las observaciones formuladas por el Presidente de la República al proyecto de ley que concede un ingreso familiar de emergencia, amparadas en la facultad contenida en el artículo 73 de la Constitución Política de la República y en conformidad con lo establecido en el Título III de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

En representación del Ejecutivo, concurrió a presentar las observaciones el ministro de Desarrollo Social y Familia, señor Sebastián Sichel . Se contó además con la participación del ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones , y del ministro secretario general de la Presidencia, señor Felipe Ward .

La idea fundamental de la iniciativa es proteger a las familias más vulnerables del país, mitigando los severos efectos económicos causados por la pandemia de covid-19, a través de la entrega de un ingreso familiar de emergencia.

Las observaciones presentadas buscan adicionar y sustituir el texto despachado por el Congreso Nacional, incorporando regulaciones a las materias esenciales y ampliando el número de beneficiados, de la siguiente manera:

Se sustituye el artículo referido al Indicador Socioeconómico de Emergencia, incluyendo una explicación acerca de su objetivo y medición. Se precisa que todos los hogares que integren el Registro Social de Hogares serán caracterizados mensualmente a través de este nuevo indicador, por la Subsecretaría de Evaluación Social. Adicionalmente, se establece que, mediante resolución exenta de la Subsecretaría de Evaluación Social, visada por la Dirección de Presupuestos, se fijará el procedimiento y metodología del Indicador Socioeconómico de Emergencia, señalando expresamente que este no considerará la posesión de vehículos de uso comercial, salvo en aquellos hogares que posean tres o más de esos bienes.

Se adiciona un nuevo artículo, reponiendo la tabla de montos de aporte extraordinario por tipo de hogar y número de mes en los mismos términos del proyecto original. Así, dispone que para los hogares que pertenezcan al 90 por ciento más vulnerable de la población nacional, de acuerdo al Instrumento de Caracterización Socioeconómica, que pertenezcan al 60 por ciento más vulnerable de acuerdo con el Indicador Socioeconómico de Emergencia, y cuyos integrantes mayores de edad no reciban ingresos de los señalados en el artículo 4 del proyecto, el valor del primer aporte irá desde los 65.000 pesos, cuando dicho hogar esté compuesto por una persona, hasta los 494.000 pesos, cuando el hogar esté compuesto por diez o más personas. A su vez, el segundo aporte corresponderá al 85 por ciento del primer aporte, mientras el tercer aporte corresponderá al 70 por ciento del primero de ellos.

En este aspecto modifica el diseño original pues elimina la distinción del beneficio por vulnerabilidad socioeconómica, de modo que a los hogares exclusivamente informales que pertenezcan a los tramos entre el 40 por ciento y el 60 por ciento de mayor vulnerabilidad se les entregará el ciento por ciento del beneficio y no el 67 por ciento como se estipulaba inicialmente.

Se reponen los requisitos para los beneficiarios que perciban ingresos, estableciendo que la suma de aquellos sea inferior al primer aporte del artículo 3 que pertenezcan al 90 por ciento más vulnerable de la población, según el Instrumento de Caracterización Socioeconómica, y que pertenezcan al 40 por ciento más vulnerable de la población nacional, de acuerdo al Indicador Socioeconómico de Emergencia. En este caso, el monto de cada aporte del Ingreso Familiar de Emergencia será equivalente a la mitad de las cantidades establecidas en el artículo 3 del proyecto.

Se incorpora un nuevo artículo para agregar como beneficiarios a los hogares que, sin encontrarse entre alguno de los grupos que contemplaba el proyecto de ley, pertenezcan al 80 por ciento más vulnerable de la población, de acuerdo al Instrumento de Caracterización Económica, y esté integrado por uno o más adultos mayores de 70 años que reciban una pensión básica solidaria de vejez. Por cada uno de estos adultos mayores, el hogar beneficiario tendrá derecho a recibir el segundo y tercer aporte que otorga la presente iniciativa, que ascienden a 55.250 pesos y 45.500 pesos.

Se precisa que si estos hogares cumplen también los requisitos del artículo 4, tendrán derecho al aporte de monto superior.

Finalmente, se sustituye la periodicidad quincenal por mensual para el deber de informar a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados, según lo dispone el artículo quinto transitorio.

El informe financiero del Ministerio de Hacienda estima que los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia serían entre 1,7 y 1,9 millones de hogares. Se explicó que ello responde al criterio de focalización que exige que los beneficiarios pertenezcan al 90 por ciento más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Para proyectar el gasto se consideró un escenario conservador, asumiendo la cota superior del rango de beneficiarios posibles, de acuerdo con datos del último mes disponible del Registro de Información Social. Por lo anterior, la incorporación de nuevos desembolsos por eliminación de la distinción por vulnerabilidad socioeconómica entre el 40 por ciento y 60 por ciento no generaría mayor gasto, pues ya estaba considerada en la proyección anterior.

Por su parte, los aportes establecidos en el artículo 5 alcanzarían a más de 244.000 hogares, proyectando un miembro del hogar mayor a 70 años beneficiario de la Pensión Básica Solidaria de Vejez y que pertenezca al 80 por ciento más vulnerable del Registro Social de Hogares.

De esa manera, el costo mensual del aporte extraordinario de emergencia para hogares sin ingresos formales sería de 264 millones de dólares el primer mes, de 224,4 millones de dólares el segundo mes y de 184,9 millones de dólares el último mes, totalizando 673,2 millones de dólares.

En el caso de los hogares con ingresos formales, pero que cumplan los requisitos, el costo total se mantendría en 128,9 millones de dólares. A ello se agrega, como nuevo costo fiscal, el gasto para los hogares con adultos mayores de 70 años y Pensión Básica Solidaria, que llegaría por sus dos meses a 31 millones de dólares.

En síntesis, el costo fiscal total del proyecto de ley alcanza los 833,1 millones de dólares, lo que equivale a 708.108,6 millones de pesos.

En materia de financiamiento, el proyecto señala que el mayor gasto fiscal que representará, se ejecutaría con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público.

La Comisión de Hacienda, tras debatir la iniciativa, procedió a aprobar íntegramente las observaciones formuladas, por 11 votos a favor y 2 abstenciones. Votaron a favor la diputada Sofía Cid , y los diputados Lorenzini , Melero , Monsalve , Ortiz , Pérez, don Leopoldo ; Ramírez , Santana, don Alejandro ; Schilling , Sepúlveda, don Alexis , y Von Mühlenbrock . Se abstuvieron los diputados Jackson y quien habla, Daniel Núñez .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión las observaciones del Presidente de la República.

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, en marzo el gobierno propuso un bono de 50.000 pesos por carga; la oposición planteó que el beneficio debía extenderse por varios meses. A fines de abril, el gobierno propuso un ingreso familiar de emergencia, por tres meses, de 65.000 pesos por integrante familiar, el que decrecería durante los meses segundo y tercero.

Aprobamos el proyecto en general, pero lo rechazamos en particular para intentar llegar a un acuerdo con el Presidente de la República, ya que no fue posible hacerlo con los ministros Briones y Sichel .

Hoy nos abocamos a examinar el veto presidencial, que sube el costo del proyecto original un 3,7 por ciento, es decir, 31.000.000 de dólares, porque incorpora a 261.000 adultos mayores, los que deben cumplir los requisitos de tener setenta años o más de edad y ser beneficiarios de la pensión básica solidaria de vejez. Todos ellos recibirán 55.250 pesos en junio y 45.500 pesos en julio.

El veto también termina con la discriminación establecida en el proyecto original, que entregaba solo dos tercios del beneficio a quienes se ubicaban entre el 40 por ciento y el 60 por ciento más vulnerable. Ahora este tramo recibirá lo mismo que el resto. Sin embargo, no se modifica el informe financiero. Cuestiono un informe financiero que exhibe tanta flexibilidad, pues incorpora más personas y mejores derechos, pero no modifica cifras.

Cuando quiero que se rechace un proyecto, voto en contra; cuando quiero que se apruebe, voto a favor. Como quiero que este aporte llegue a la familia chilena, votaré a favor, pero con decepción. Votaré con decepción por la soberbia del Ejecutivo, que apenas modificó su proyecto original. Votaré con enojo por la mezquindad de Chile Vamos, que vetó la posibilidad de que el gobierno cediera a que el aporte fuera decreciente, de manera que fuera el mismo durante tres meses. Votaré con preocupación, porque es muy difícil que este aporte consiga el propósito de que las familias puedan vivir la cuarentena en sus hogares.

Dialogar sin buscar acuerdos ni transar demuestra una falta de humildad que hipoteca la confianza y la posibilidad de enfrentar juntos los difíciles momentos que vivimos. Benito Baranda nos dice que gobernar con humildad podría cambiar el curso de nuestro país, pero infelizmente el ministro de Hacienda no tiene disposición de escucharlo.

Para terminar mis palabras, quiero decir que el gobierno ha dado con la puerta en las narices a quienes tenemos disposición al diálogo, conversando solo con los suyos. El verdadero diálogo se produce cuando gobierno y oposición se disponen a concordar y no a imponer un proyecto, como se hace hoy. Esto sienta un pésimo precedente para conversaciones futuras. He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, los socialistas vamos a aprobar este veto presidencial, a pesar de su mezquindad y de las razones que se esgrimen en favor de mantener su idea inicial sin modificaciones, fundamentada con argumentos malos y débiles. Se dice que no se puede expandir el gasto social, que el déficit esto, que el equilibrio fiscal esto otro, que tatatí y tatatá.

Estos 800 millones de dólares -833 millones de dólares para ser más exactos- nacen de una promesa presidencial contraída solemnemente, de propia voluntad, frente a todo el pueblo de Chile. El Presidente anunció que había 2.000 millones de dólares disponibles para ir en auxilio de las familias que no podrían salir a trabajar para cuidar su salud. Los recursos provienen de reasignaciones presupuestarias, o sea, de platas que ya están en la ley de presupuestos y que, en consecuencia, no aumentan el gasto fiscal. Luego, no es verdad que se esté presionando indebidamente la caja fiscal y los recursos públicos, comprometiendo el futuro.

Señor Presidente, el segundo argumento que se esgrime para reducir el monto a mezquinos 833 millones de dólares, que va a dejar excluidos a un millón de chilenos del beneficio, es que no podemos gastar todo al mismo tiempo, porque el problema va para largo. Señor Presidente, yo pregunto cuál es ese futuro que espera el gobierno. Si observamos la evolución de la pandemia y su velocidad de propagación, cada uno de los dos últimos días ha traído 1.600 nuevos contagiados. Agregue que los especialistas dicen que ya en la Región Metropolitana de Santiago se está presionando al sistema de salud más allá de sus posibilidades y que cada vez pierde más espacio de capacidad de respuesta. ¡Última noticia! ¡Vuelve el brote en Providencia, Las Condes y Vitacura !

Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Van a guardar la plata para pagar los ataúdes de las víctimas de la negligencia? ¿Van a guardar la plata para las pompas fúnebres, para contratar a los negritos del WhatsApp que hacen desfiles para ir a dejar a sus deudos a África?

Señor Presidente, esto está muy mal hecho, muy mal pensado, muy mal calculado. Es mezquino para con nuestra gente y evidencia el verdadero rostro de este gobierno: insensibilidad social y popular absoluta. ¡Para todo lo demás corren!

Tal vez no se van a gastar los 3.000 millones del Fogape, porque los bancos van a hacer la tarea de mezquindad que no hace la ley. Los bancos se van a asegurar de que la caja fiscal no quede endeudada, porque están pasando menos plata que lo que establece la ley.

Vamos a caer en un pozo profundo, del cual solo podremos salir si hacemos las cosas de otra manera. El gobierno no puede llamar a dialogar y unirse para no dialogar sobre cuestiones sustantivas.

Vamos a hacer un gesto a Renovación Nacional y al señor Mario Desbordes , recogiendo el guante de su propuesta de pensar en un futuro acuerdo económico social que nos permita, con verdadera unidad, salir del hoyo en que vamos a caer. No es un gesto a Piñera, que promete y no cumple, sino -reitero- a la promesa hecha por RN y Desbordes de que podemos trabajar juntos en un plan de salida del marasmo en que vamos a quedar.

He dicho.

-Aplausos.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Sandra Amar .

La señora AMAR (doña Sandra) [vía telemática].-

Señor Presidente, he querido intervenir porque formé parte de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, instancia en que se tramitó el proyecto.

No hay ningún sector de nuestra población que hoy no esté afectado por esta crisis sanitaria en la que está sumido el país como consecuencia del coronavirus. Como es sabido, esta pandemia no discrimina.

Así las cosas, desde que comenzó este período de crisis, el Ejecutivo ha presentado mensaje tras mensaje, ha priorizado moción tras moción y ha sido partícipe en forma activa, a través de cada uno de sus ministerios, de la redacción de proyectos que solo buscan amortizar las consecuencias de la pandemia a nivel nacional.

En este corto período, el Estado se ha endeudado en una proporción histórica, lo cual muestra que ha habido y seguirá habiendo un compromiso social, poniendo, como es debido, la vida, la salud y el bienestar de nuestros compatriotas sobre cualquier otro apartado.

Hoy es tiempo de entender que sería una irresponsabilidad de magna proporción rechazar este beneficio, el cual va dirigido a los sectores más afectados por esta pandemia. Ellos están esperando que hagamos lo que debimos haber hecho durante el primer trámite constitucional: aprobar el proyecto. Hace dos semanas, en este hemiciclo, algunos diputados se negaron a entregar este beneficio a aquellas familias que lo estaban esperando con mucha urgencia.

Hoy se han sumado 31.000.000 de dólares a la iniciativa, en nuevas condiciones. Con ello podremos beneficiar a 244.000 nuevos hogares, incluidos aquellos que también se encuentran dentro del 90 por ciento del Registro Social de Hogares; incluso esos hogares en que se encuentran adultos mayores de sobre setenta años de edad.

Lamentablemente, una oposición muy obstruccionista solo logró que dejemos, por un mes más, sin ningún peso a esas familias.

Se añade al debate que al disponer de 2.000 millones dólares para este sector de la población debemos gastarlos en forma inmediata en beneficios, para así dar un mejor sustento a quienes eventualmente serán sus beneficiarios. Y yo digo hoy -espero que quede en acta- que no seré responsable de que el día de mañana, de extenderse esta crisis sanitaria, debamos decir a 1.800.000 hogares que no tenemos cómo seguir ayudándolos.

Es obvio que el gobierno no puede darles más de lo propuesto, porque la prudencia y la responsabilidad social y fiscal así lo están determinando.

Por consiguiente, a los parlamentarios de oposición les digo: basta de perjudicar a este sector de la población; basta de utilizar las necesidades y vulnerabilidades de los más desvalidos para hacer discursos; basta de dilatar la entrega de esta y de todas las ayudas que emanan del Ejecutivo por algunos caprichos políticos y por publicaciones con más retuit.

La gente espera con urgencia este ingreso familiar. Así nos lo dice cuando estamos en contacto con ella. ¿Por qué? Porque esto la va a ayudar a sobrellevar de forma cierta…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Diego Ibáñez .

El señor IBÁÑEZ.-

Señor Presidente, hoy parece ser que la nueva normalidad no está funcionando: tenemos un aumento en los contagios y, al mismo tiempo, más de un millón de cesantes y trabajadores que se están pagando de sus propios fondos de desempleo. En tiempos excepcionales hay que implementar medidas excepcionales.

Creo que la pandemia refleja en general que la comunidad tiene que aferrarse a algo, y la verdad es que hoy la gente común y corriente no tiene nada a que aferrarse más que a la solidaridad de sus propias familias y de sus vecinos, que, a lo largo del territorio, han mostrado que existe solidaridad en el fondo del corazón del pueblo chileno cuando se trata de ayudar a otro. El problema es que no todos quieren ayudar a otro.

Hoy estas medidas excepcionales tienen que colocar en el centro la distribución y focalizar los recursos en quienes más lo necesitan.

Hoy tenemos una capacidad de ahorro -están acumulados los fondos soberanos- que es cerca del 30 por ciento del tamaño del Estado, son ocho puntos del PIB. Hoy tenemos una capacidad de deuda pública superior al resto de los países con los cuales nos podemos comparar, porque nuestra deuda pública es menor al 30 por ciento de todos nuestros ingresos por PIB.

Creo que hoy hay plata. Nadie está pidiendo que el gobierno gaste toda la plata en esta pasada, pero lo que está ofreciendo como renta básica de emergencia es 0,3 puntos del PIB, y eso es ridículo. ¿Quién, hoy, con 260.000 pesos, que recibirá una familia de cuatro personas, se puede quedar en la casa cumpliendo las medidas preventivas? ¿Quién, hoy, con 8.000 pesos al día, que recibirá una familia de cuatro personas, se puede quedar en la casa cumpliendo las medidas preventivas? ¿Saben qué son 8.000 pesos? Es casi lo que costó cada voto al diputado Diego Schalper , por su gasto de campaña; es una miseria. Con ese monto no es posible cumplir con las medidas preventivas.

¡Hoy hay plata! Si fuéramos capaces de generar y construir un pacto fiscal progresivo y solo aplicáramos un impuesto de 2 por ciento a las ganancias de los superricos, al 0,1 por ciento más rico, subiríamos casi tres puntos del PIB. Hoy hay posibilidades. Si no es ahora, ¿cuándo? Muchos dicen que hoy no podemos generar cambios estructurales.

Insisto: si no es ahora, ¿cuándo generaremos esos cambios? Porque hoy están arrastrando a la gente a salir a la calle y a contagiarse.

Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener. Entendemos que, por cierto, esto es una necesidad, pero…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros, al gobierno.

Al iniciar mis palabras, valoro el esfuerzo, la coordinación y el trabajo unitario de la oposición en torno a una propuesta que presentamos hace varias semanas al gobierno, que es la renta básica de emergencia, una renta universal que de verdad sirva para alcanzar el objetivo, cual es que la gente tenga el alivio y la tranquilidad económica para cumplir con las medidas sanitarias, que son quedarse en la casa, aislamiento o distanciamiento social, y cumplir con las respectivas cuarentenas.

Al mismo tiempo, manifiesto mi disconformidad con el actuar del gobierno, que se ha cerrado al diálogo y a la búsqueda de acuerdos, y que ha dado un portazo en la cara a la posibilidad de una política pública de Estado transversal, para entregar ese alivio y esa tranquilidad a las familias vulnerables y también a la clase media de este país, que hoy lo está pasando mal.

Eso es lamentable, porque, en definitiva, significa que el gobierno está obstruyendo una solución real y concreta a las necesidades y requerimientos de esas familias vulnerables y de clase media. El gobierno está siendo obstruccionista respecto de lo que las familias chilenas hoy requieren para sobrellevar los meses que va a durar esta crisis. Lo lamentamos mucho.

Hoy tenemos un proyecto que cambió, pero de manera insuficiente, y eso tenemos que decirlo con claridad. El proyecto está muy lejos de lo que la ciudadanía espera y la oposición estaba pidiendo. En efecto, 31.000.000 de dólares adicionales; aumentar en un pequeño porcentaje la cobertura, para incluir a los adultos mayores que reciben la pensión básica solidaria, nos parece bien, pero totalmente insuficiente.

Asimismo, que se elimine el tramo que discriminaba a las personas u hogares que están dentro del 40 y el 60 por ciento más vulnerable también es una señal positiva, pero insuficiente. El gobierno se negó a colocar más lucas sobre la mesa para entregar una renta que sea contundente para enfrentar esta pandemia. Eso es lamentable.

Pero hoy tenemos que tomar una definición política. Todas las decisiones que tomamos en el Congreso, en nuestras votaciones, generan efectos en la vida práctica y en el día a día de las personas que representamos.

Por lo tanto, hoy el llamado es a la responsabilidad. Rechazar este veto y este ingreso familiar de emergencia, en la práctica, significa que este beneficio económico, por más que no estemos de acuerdo con el monto, por más que sea insuficiente, por más que creamos que debe ser de un monto parejo y no decreciente, por más que creamos que había que ampliar la cobertura para incluir a la clase media hasta el 80 o 90 por ciento y no solo hasta el 60 por ciento, no va a llegar a todas las familias que lo necesitan.

Por eso, desde la bancada del PPD decimos que lo responsable es aprobar, pero, al mismo tiempo, traspasamos el ciento por ciento de la responsabilidad de la disconformidad ciudadana que este proyecto va a generar el día de mañana, cuando las familias chilenas se den cuenta de que es insuficiente, al gobierno y al Presidente Piñera , que se cerró al diálogo y a los acuerdos con la oposición.

Vamos a aprobar, pero vamos a insistir en que tiene que haber una renta básica de emergencia universal, que incluya a la clase media y que sea un fuerte apoyo para las familias chilenas.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Santana Tirachini .

El señor SANTANA (don Alejandro).-

Señor Presidente, hemos escuchado varios discursos de la oposición, ninguno de los cuales ha valorado que hoy más de 260.000 adultos mayores que tienen más de setenta años, van a ser beneficiados en el segundo y el tercer mes, porque en el primer mes son beneficiados con el bono mayo, el bono del adulto mayor.

¿Se da cuenta de que nadie ha hecho referencia a eso? Nadie ha valorado que el tramo del 40 al 60 por ciento se elimina, lo que permitirá que una gran mayoría de personas que estaban en riesgo de ser excluidas del beneficio en el mes de mayo, ahora sí podrá recibirlo.

¿Se han dado cuenta de que nadie ha planteado eso? O sea, hay dos beneficios, que son diferentes, que no estaban contemplados en el proyecto original, pero nadie lo reconoce.

¿Qué se repite? Que es insuficiente. El “desde” es considerado insuficiente. Se mantiene el debate en torno a lo “insuficiente”.

Lamento mucho que no se reconozcan las mejoras, que no se reconozca el esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo para que millones de chilenos y chilenas puedan recibir este beneficio durante mayo, incluidos los más de 260.000 adultos mayores que también obtendrán un beneficio en los meses de junio y julio.

Señor Presidente, por su intermedio quiero manifestar al ministro Sichel que la tarea de administrar la covid-19 es compleja por sí sola. Sin embargo, tenemos indicadores que nos permiten ir midiendo si lo estamos haciendo bien o mal. Así, si nos comparamos con otros países del mundo y de América Latina en materia de pesquisar la enfermedad y su letalidad, lo estamos haciendo bien, y no lo dicen solo los indicadores que conocemos día a día, sino también la Organización Mundial de la Salud.

En materia de paquetes económicos para ir en ayuda de las personas por esta crisis, les sacamos ventaja a países como Brasil, Argentina o Ecuador, y estamos con una tasa del 7 por ciento del PIB, al igual que Perú.

Por eso, la propuesta se va a aprobar, a pesar de que los obstruccionistas de siempre, los máster en obstruccionismo, los doctorados en obstruccionismo, no van a dar su voto a favor y se van a abstener. Y quizá aparezcan por ahí algunos que voten en contra, cuya única fundamentación y justificación será que esto es insuficiente.

Pero aquí no estamos legislando para los parlamentarios obstruccionistas, Presidente; aquí no estamos legislando para quienes se oponen a todo. Aquí estamos legislando para la población, para los millones de mujeres y hombres que están en situación precaria, compleja y difícil. Y por más que quieran instalar la idea de que esto no va a ser valorado por la ciudadanía, sepan que lo que nunca va a valorar es el obstruccionismo permanente que han instalado en este país con el único objetivo de que al gobierno le vaya mal.

Pero la mala noticia para ellos es que el gobierno lo está haciendo bien y que la población está reconociendo el esfuerzo que está realizando.

Así que, por su intermedio, Presidente, quiero decir al ministro Sichel que siga poniéndole empeño al compromiso con el país y con la gente que más necesita.

Anuncio que vamos a aprobar con gusto esta iniciativa, para que ojalá en mayo la mayoría de los potenciales beneficiarios reciba el beneficio.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, de manera telemática, el diputado Jaime Mulet Martínez .

El señor MULET (vía telemática).-

Señor Presidente, he escuchado con atención el debate y lamento mucho que nos sigan acusando de obstruccionistas a quienes tenemos disensos con el gobierno y desde la oposición hacemos planteamientos diversos.

Escuchaba con atención al diputado que me antecedió y creo que confunde: confunde los disensos, confunde las diferencias. Nosotros no estamos haciendo obstrucción; es más, muchas veces hacemos oposición buscando generar, incluso, un diálogo con el gobierno, porque creemos que se equivoca. El gobierno no tiene el don de la infalibilidad -ni siquiera la tiene el papa-. Piñera no es infalible -qué duda cabe de ello; basta revisar su historia- y tampoco el ministro de Hacienda ni el ministro Sichel , así como ninguno de nosotros. Lo que no hace el gobierno es dialogar, lo que no hace el gobierno es abrir los oídos, lo que no hace el gobierno es generar una discusión con la oposición. Lo que sí hace el gobierno es equivocarse, una y otra vez, como se ha equivocado en la administración del proceso de salud, como lo estamos viendo hoy, porque han ido aumentando los casos en vez de disminuir y no se ha llegado a la meseta.

Y en esta materia, económica y social, también se equivoca. Y lo que hemos propuesto nosotros, como oposición, es algo razonable, dentro de los márgenes, incluso, propuestos por el propio gobierno en un principio: aumentar este bono o este ingreso familiar de emergencia a 80.000 pesos y todo lo que ya se ha señalado. Pero no se escucha, y como no se escucha, en esta oportunidad yo, por lo menos, me voy a abstener, para que el gobierno pueda aprobar este bono, pero sin mi voto afirmativo, sino que con mi abstención. Y lo quiero decir con mucha claridad, porque encuentro que es insuficiente, porque veo lo que pasa con el Fogape, y veo a los pequeños y miniempresarios de Vallenar, de Atacama, adonde estoy día, que aún esperan que les llegue la posibilidad, porque todavía ni siquiera los atienden en el Banco del Estado. Y veo lo que está pasando a muchas otras personas que estaban ilusionadas con el ingreso familiar de emergencia, pero tampoco les va a llegar.

Entonces, la verdad es que hay cientos de miles de personas que esperan, pero creo que tenemos un gobierno que más bien coloca el foco en allegar recursos para activar la economía desde la gran empresa, con la que puede haber cierta consideración, pero destinar 2.400 millones de dólares para, por ejemplo, suspender los pagos provisionales mensuales me parece un exceso. Se beneficia también a las grandes empresas, a las que hoy les está yendo bien, y no solo a las que están en problemas. Además, se han ahorrado 600 millones de dólares por concepto de ley de timbres y estampillas, y varios otros miles de millones que se han orientado hacia las grandes empresas.

Nosotros, estimados colegas y querido Presidente, buscamos que los recursos lleguen a las personas que hoy no los tienen, a las personas que carecen de recursos, que es a quienes debe llegar el Estado con ayuda directa y rápida…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra, hasta por seis minutos y diecinueve segundos, el diputado Andrés Molina Magofke .

El señor MOLINA (vía telemática).-

Señor Presidente, la verdad es que esta es, probablemente, una de las situaciones que más duele.

Teníamos un proyecto que iba a ayudar a los trabajadores informales de nuestro país, a las personas que llevan prácticamente dos meses sin trabajar y que necesitan una caja de alimentos, necesitan pagar algunas cuentas, etcétera. Están en una situación muy complicada.

Durante muchos días, escuchamos a la oposición decir que el gobierno tenía que enviar rápido un proyecto, que el bono covid por un mes era insuficiente, que se tenía que hacer algo por tres meses, pero lo que hemos visto después ha sido una demora tremenda, con una oposición que no nos ayuda a construir y a tener una imagen, como Parlamento, que dé cuenta de una preocupación real. Por un lado, pedimos al gobierno que se apure, y, por otro, nos tomamos todo el tiempo del mundo, le decimos al gobierno que no nos interesa y lo obligamos a enviar un veto.

Por eso, hago un llamado a la conciencia respecto de cada uno de los proyectos que ha presentado el gobierno. Todos son considerados insuficientes. No hay ninguna iniciativa que realmente haya tenido una aprobación total desde el comienzo, y quizá este es el gran ejemplo. Mucha gente nos ha dicho que es bueno que hoy esté pasando esto, donde el gobierno por fin no cedió y entendió que hay situaciones en las cuales no se puede ceder. Hay que recordar que en todas las circunstancias se ha cedido -en todas-, y en este caso también hubo un ajuste no menor para los adultos mayores y se hizo un solo grupo de personas entre el 40 y el 60 por ciento de vulnerabilidad. Pero también fue considerado insuficiente. Es decir, la sensación es de que el gobierno no negoció, que el gobierno no tuvo ninguna voluntad para acercar posiciones.

Entonces, ¿ustedes creen que el gobierno tiene que seguir haciendo gestos, como los ha venido haciendo, si por el otro lado tiene una respuesta de este tipo, mientras la gente que más lo necesita está a la espera, desde hace tres semanas, de que el Congreso apruebe estos recursos, para entregárselos a fines de mayo a una cierta cantidad de personas y, después, en la primera semana de junio? Hoy se ven obligados a votar a favor o a abstenerse, para tratar de que el proyecto no salga para atrás, como quizá hubiese sido el deseo de muchos de ustedes.

¿Cómo no entender que estamos en una etapa de emergencia, que probablemente se va a alargar por tres, cuatro, cinco o seis meses, y que luego vendrá una fase de reactivación económica en la que deberemos preocuparnos del empleo y en la que el gobierno deberá contar con recursos para apoyar la creación de empleo? ¿Cómo no entender que debemos ser precavidos y que eso significa no gastarse toda la plata de un día para otro?

Sin embargo, la oposición cree que el Estado tiene fondos sin límites y que, sin perjuicio de que se trate de un Estado subsidiario o no subsidiario, debe asegurar todas las necesidades de la población, sin preocuparse de que quiebre y de que ocurran todas aquellas situaciones que hemos visto en países que muchos diputados de oposición consideran como ejemplo. Creo que hay que tomar conciencia de ello.

Hay que felicitar a los ministros, quienes hoy expusieron muy claramente que no podían ceder debido a que esta situación se va a prolongar en el tiempo -muchos ya lo han dicho-, por lo que debemos estar preparados para ayudar a nuestros emprendedores a través de la inclusión laboral y de tratar que no se sigan perdiendo empleos. En ese contexto, el gobierno tiene una gran misión, porque esta situación va a ser larga.

No sacamos nada con seguir creyendo que, a través de transferencias que haga el gobierno un mes tras otro, vamos a lograr la solución al problema que debemos resolver, que es que las personas obtengan empleo.

Todas esas personas a quienes estamos ayudando tienen empleos de carácter informal; recordémoslo: de carácter informal. Ojalá logremos que se inserten en la formalidad, que es un sentido que también tiene este proyecto. La idea es tener registradas a esas personas e incentivar a que entren al sistema de empleo formal.

Creo que el gobierno lo está haciendo bien en el ámbito sanitario, y espero que dispongamos de los fondos suficientes para apoyar a muchas familias que se verán en una situación muy complicada y difícil en la etapa que viene en términos de empleo y de reactivación económica. Podemos ver que en muchos países las tasas de desempleo bordean el 20 por ciento, y es muy probable que nuestro país también llegue a una tasa similar.

De modo que, como Evolución Política, vamos a aprobar este proyecto. Espero que la oposición entienda que el gobierno no puede estar yendo permanentemente hacia donde ella quiere, como una ola. Además, cada vez que el gobierno ha cedido, no se le ha reconocido -no lo digo por todos, ya que siempre hay quienes constituyen una excepción y debemos reconocerlo-, y esa actitud nos daña a todos.

Expreso mi apoyo a este proyecto y mis felicitaciones a los ministros por su trabajo.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez Arancibia .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, espero que mi intervención no sea tan larga, para dejar algunos minutos al resto de mi bancada.

Creo que es evidente que el gobierno nos pone en una encrucijada. Escuché que alguien dijo que con este proyecto la oposición quedó entre la espada y la pared, y tiene razón, porque queremos que esta ayuda llegue, y es urgente que llegue, porque el pueblo chileno y las familias trabajadoras lo están pasando muy mal. El viernes tuve una reunión con distintos grupos de artesanos de La Serena, en la Región de Coquimbo, quienes me dijeron que la última vez que pudieron vender en una feria de artesanía fue a fines de febrero. Por lo tanto, no tuvieron ningún ingreso económico en marzo ni en abril. Incluso, uno de los asistentes me dijo que ya había bajado tres kilos. Esa es la realidad de las familias hoy en Chile: ¡están pasando hambre! Y por supuesto que cualquier ayuda que les llegue va a ser bienvenida, independientemente de que consideremos que las cinco, diez, quince o veinte lucas son absolutamente insuficientes. Pero eso sería lo más fácil: simplemente aprobar para quedar bien y no denunciar el problema de fondo que está ocurriendo con este proyecto de ley.

Lamentablemente, hoy se impone un ingreso de pobreza que no cubre las necesidades de una familia chilena para alimentarse debidamente, y no es posible que, ante eso, el Parlamento se omita, se calle y diga que por pragmatismo va a aprobar esta iniciativa; obviamente que no.

Además, el proyecto es excluyente. Todavía no sé por qué motivo entre los nuevos integrados se dejó fuera a 100.000 adultos mayores de entre 65 y 70 años. ¿Cuál es el delito de no tener los 70 años que piden? Reitero: 100.000 adultos mayores quedarán fuera, excluidos del beneficio. ¿Cuál es el motivo? Obviamente es económico: no quieren gastar más plata.

Quiero denunciar otra situación absolutamente increíble: en junio de 2019 -es decir, hace casi un año-, el Registro Social de Hogares tenía 2,9 millones de hogares integrantes en el 40 por ciento más vulnerable de la población, pero ahora el gobierno nos dice que son solo 1,9 millones. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó ese millón de hogares? ¿Desapareció? ¿La economía del país creció tan rápido que en un año dejaron de ser pobres y de estar en el 40 por ciento más vulnerable? No, no es así.

Este proyecto de ley tiene letra chica: ellos dicen que la información no viene referida al Registro Social de Hogares, sino al Registro de Información Social; es decir, acotan el universo de beneficiarios para ahorrar dinero. Esa es la lógica que está presente, y no lo podemos avalar.

¿Cuál es el punto de fondo que hemos discutido largamente con el ministro Briones y que seguiremos discutiendo? El gobierno nos dice: “No hay más dinero disponible”. A nosotros no nos cree, pero supongo que el ministro no descalificará a dos expresidentes del Banco Central: Roberto Zahler y José de Gregorio. Ellos han dicho que el gobierno tiene recursos suficientes en los fondos soberanos, 22.000 millones de dólares, a los cuales puede recurrir. El gobierno puede endeudarse, como lo ha hecho hace una semana, en que se endeudó en más de 2.000 millones de dólares en el extranjero, con resultados bastante buenos y niveles de riesgo muy bajos.

Por último, si no quiere endeudarse, que aplique una solución distinta: un impuesto a las diez fortunas más ricas del país, y de esa manera podrá tener ingresos frescos y rápidos.

No obstante, no existen esa voluntad ni esa disposición. Ese es el tema de fondo: nos están forzando a votar un proyecto de ley que comprende un ingreso que permanece, que deja a las familias chilenas en la pobreza, que no asegura sobrevivir ni pasar dignamente esta crisis y que, más encima, tiene mucha letra chica que excluye.

En ese contexto, no podemos aprobar esta iniciativa y nos abstendremos en la votación.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez Seguel .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, el domingo último, nuestro ministro participó en un panel de Canal 13, al que anteriormente han concurrido destacados expositores, en el que se citó una exposición efectuada por el expresidente del Banco Central, Roberto Zahler , en la que indicó que los recursos que tiene el país en momentos clave como estos son necesarios y suficientes para entregar a la comunidad los medios mínimos para que pueda vivir en las condiciones en que hoy nos encontramos.

Sin ánimo de ser irrespetuoso, digo a los señores ministros, por su intermedio, señor Presidente, que veo una contradicción en el hecho de que, por un lado, se pida a la gente permanecer en sus casas, para lo cual se emiten avisos en las radios y en una serie de programas en que subliminalmente le dicen: “Quédate en la casa”, en circunstancias de que también nos encontramos con familias que hoy no tienen trabajo y con pymes que están en una situación dramática, pero, por otro, vemos que el Estado de Chile sí tiene los recursos necesarios para enfrentar un proceso como este y entregarle un sueldo digno a la gente que hoy está en sus casas.

Tampoco se ha visto una política hacia la clase media. Ayer se informó que un matrimonio de dentistas ha tenido que ir a la vega a comprar frutas y verduras para venderlas a domicilio debido a que no puede trabajar en su profesión. Además, ha debido sacar a su hija de la universidad, porque no hay un aporte a los colegios particulares subvencionados, pues no están en la condición de más vulnerables.

Pero este gobierno, el del Presidente Piñera , señaló que la clase social iba a ser prioritaria. En ese sentido, les pido que, por favor, contemplen a ese sector, que es tal vez el que menos molesta al Estado.

Vamos a probar las observaciones del Presidente de la República al proyecto de ley, pero pedimos que -se lo digo respetuosamente al ministro de Hacienda-, por favor, no juguemos con fuego, porque en cualquier momento -no voy a decir la palabra, para que no se genere- se puede generar disconformidad en la población, y eso podría ser caótico en un momento en que todos queremos que todo resulte bien.

Es necesario hacer un esfuerzo mayor. En ese sentido, hago un llamado especial al gobierno a sentarse a la mesa con nuestros líderes de oposición y llegar a un acuerdo, en el mediano plazo, con la finalidad de no estar permanentemente improvisando en el tema de la entrega de recursos y, de esa forma, buscar una solución para que el gobierno descanse, se preocupe de otros temas, y la oposición también pueda legislar como lo estamos haciendo ahora, apurados, pero así lo estamos haciendo.

Anuncio que vamos a votar…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Diego Schalper Sepúlveda .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, voy a votar a favor las observaciones formuladas por el Presidente de la República a este proyecto de ley, principalmente porque hay dos cosas que me parecen que están en la línea correcta de lo que tenemos que hacer.

Lo primero es poner un foco específicamente en el concepto de familia; es decir, cómo fomentamos que este ingreso tenga que ver con el fomento del núcleo familiar.

Muchas veces he tratado de transmitir -agradezco que el ministro lo haya tomado- que llamarse Ministerio de Desarrollo Social y Familia no puede ser solamente una cuestión conceptual, sino que tiene que ver con que la perspectiva de familia empiece a cruzar las políticas públicas. Me parece que este ingreso familiar de emergencia, al hacer propia esa línea, va en el camino correcto.

Pero más que eso, aquí se ha dicho mucho que el gobierno no gastó toda la plata comprometida. Eso sería creer que esta es la única acción que se va a hacer con un segmento de la población, lo que debería hacernos sentir avergonzados.

El que hoy en Chile tengamos trabajadores informales, es decir, gente que trabaja sin protección laboral, previsional y de seguridad de ninguna especie, es algo de lo cual no tenemos por qué sentirnos orgullosos.

Por lo tanto, lo que se pretende con este ingreso familiar de emergencia es tener una primera etapa que, en un corto plazo, va a apoyar a las familias que más lo necesitan; pero más importante es la segunda etapa, que tiene que ver con destinar recursos en un plan de reinserción laboral de continuidad, que, en definitiva, nos permitirá que en Chile, ojalá, haya menos gente que viva al día. Cuando uno hace políticas públicas no puede estar preocupado solamente del corto plazo, sino que también debe estar preocupado de dar continuidad.

Mucho se ha argumentado desde la perspectiva de la responsabilidad fiscal, y está bien. Pero lo que más me gusta de este proyecto, además de la perspectiva de familia, es esta idea de que se da continuidad a las políticas públicas, de que somos capaces de entender que acá hay un flagelo muy profundo, que se llama trabajadores informales, gente que, a vista y paciencia nuestra, trabaja en nuestro país sin protección laboral.

Entonces, existe una política de corto plazo que tiene que generar ingresos para esta pandemia. Pero la política que realmente nos debe entusiasmar es la de la segunda etapa, que tiene que ver con qué vamos a hacer cuando en plena pandemia tengamos serios problemas con las pymes, serios problemas laborales y haya que reinsertar a esos trabajadores informales en el mercado laboral con formalidad. Ese es el desafío.

Me parece que, por eso mismo, esta política no solo va en el sentido correcto, sino que además debiese comprometernos a todos para terminar con el trabajo informal en Chile. De eso sí tenemos que sentirnos avergonzados.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva Carvajal .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, no es una situación fácil para la oposición, porque lo que estamos aprobando o rechazando es un veto presidencial, no un proyecto de ley.

No hubo instancias de negociación ni concesiones por parte del gobierno, que uno entendería en democracia. Pero bien.

Es difícil mantener el equilibrio entre ser una oposición crítica y constructiva, y el liderazgo que ejerce el gobierno que hoy nos dirige; mantener el equilibrio entre una crítica sana y constructiva versus un gobierno que, frente a cada avance que desarrolla en materia de pandemia, lo saca como un éxito, lo que genera error y las consecuencias que tenemos de que la gente siente hoy que le estamos ganando a esta pandemia, en circunstancia de que no es así.

Quienes pretendemos colaborar, tener un sentido de Estado, republicano, en el ejercicio de nuestra función, nos vemos compelidos a aprobar: el todo o el nada.

Los recursos que se aprueben hoy dejan afuera a gran parte de la clase media de nuestro país, y eso es algo impresentable. Los recursos que se entregan son insuficientes para subsistir, incluso en materia de pobreza. Los recursos no son dignos, señor Presidente, que es lo que la gente clama, porque además son decrecientes en tres meses.

El gobierno tiene capacidad para poder realizar un aporte mayor y para endeudarse. Lo que hay aquí son solo reasignaciones de un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional.

Por eso, puestos en esta disyuntiva, o todo o nada, vamos a aprobar, pero reprobamos y rechazamos la actitud que ha tenido el gobierno. El Presidente de la República tuvo una tremenda oportunidad para jugársela por su gente, por quienes más lo necesitan, por los más necesitados, sobre todo la clase media, y, lamentablemente, no lo cumplió. He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, hoy se informa de casi mil setecientos contagios, la cifra más alta para un solo día, y expertos, científicos y médicos piden cuarentena para toda la Región Metropolitana. Está en la prensa vespertina.

Pero el “quédate en casa” se ha convertido en un lujo para los que tienen dinero; así de crudo. Solamente pueden hacer cuarentena los que están en condiciones de pagar la cuarentena. O sea, se ha convertido en un bien escaso, al que solo acceden los que tienen recursos.

El gobierno nos habla de prudencia, de responsabilidad fiscal, y apela a la unidad; pero la verdad es que el gobierno se niega a un diálogo genuino para acordar con la oposición las mejores medidas que permitan asegurar ingresos, y, aunque a algunos les moleste la palabra, que sean suficientes para las familias. “Suficientes” significa que sean de tal entidad que efectivamente permitan que la gente se quede en su casa, porque eso es lo que nos va a impedir una crisis de gran magnitud.

El mismo medio dice que hoy en la Región Metropolitana el 80 por ciento de las camas críticas ya está ocupado.

Ayer, parlamentarios de la Quinta Región tuvimos una reunión con funcionarios del Hospital Carlos van Buren, quienes nos dijeron que pueden trasladar pacientes a Santiago, a la Región Metropolitana, y que en Valparaíso solo quedan cinco o seis camas críticas disponibles en ese establecimiento hospitalario. En suma, estamos llegando a un momento de extrema tensión de la red hospitalaria de nuestro sistema de salud.

Entonces, ¿qué debemos hacer? Favorecer las condiciones para que la gente se quede en la casa, y eso significa garantizar ingresos suficientes. Este proyecto no lo hace, no lo resuelve, no les entrega ingresos suficientes a las personas, ni el primer mes, ni el segundo, ni mucho menos el tercero.

Quiero salir de la lógica de gobierno versus oposición. Por eso, quiero citar a alguien que nadie podría acusar de estar en una suerte de guerrilla política, ni obstruyendo al gobierno. Cito un artículo que fue publicado hoy en el diario El Mostrador por Benito Baranda , a propósito de este proyecto. Dice que la pauperización avanza, que el empobrecimiento avanza.

Quiero citar dos preguntas que él formula: “¿Cómo le explicaremos a personas y familias que viven en exclusión y pobreza, y son vecinos, que unas sí recibirán este ingreso y otras no?, ¿cómo resolveremos la ansiedad por la incertidumbre laboral del invierno y la pandemia, si los ingresos serán decrecientes -que es lo que plantea este proyecto-? (…)”. “La pauperización avanza” -dice Benito Baranda - “y tenemos más instrumentos que en el pasado”.

Y los mismos economistas que la derecha tanto citó en el gobierno anterior, para cuestionar las políticas públicas del gobierno pasado, dicen que hay espalda de recursos financieros y capacidad para poder ir más allá.

Lo que no hay es voluntad; lo que hay es tozudez. Lo que hay es una política -lo dijo el ministro Briones el fin de semana- de no gastar todos los cartuchos, pero hay que gastar los suficientes.

De eso se trata, porque si no lo hacemos con arrojo -dice Benito Baranda -, dejaremos espacio a la barbarie, y eso es lo que está ocurriendo.

Señor Presidente, por su intermedio pregunto a cualquiera de los ministros, a cualquier parlamentario, a cualquier funcionario presente en la Sala si creen que con 65.000 pesos, el primer mes; con 52.000 pesos, el segundo mes, y con 45.000, el tercero, sin otro ingreso, estarían en condiciones de resolver sus necesidades esenciales. No lo creo.

Quiero entregar el testimonio de alguien que ha seguido este proyecto de ley desde su condición de ciudadano. Me envió las boletas de sus gastos en medicamentos. Él gasta 50.000 pesos mensuales en medicamentos, y no tiene ningún ingreso, porque es un trabajador informal. Por lo tanto, con suerte los recursos de este proyecto le permitirían pagar los medicamentos el primer mes; el segundo mes quedará con 2.000 pesos libres, y el tercero tendrá que conseguir 5.000 pesos para poder comprar sus medicamentos.

Entonces, sí, la suficiencia es fundamental, porque si no somos capaces de entregar recursos suficientes con lo que hacemos, simplemente es un saludo a la bandera, un gesto político, decir que estamos ayudando a las familias, cuando en realidad no lo hacemos.

Lo dijimos a propósito del debate de la suspensión del empleo, en el cual también hubo falta de voluntad de parte del gobierno para escuchar, igual que acá: no se trata de que el gobierno envíe proyectos y consiga fast track; se trata de que busque acuerdos para poder atender las necesidades de las personas, lo que no hace este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos, la diputada Joanna Pérez Olea .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, quiero decir al gobierno y al oficialismo, a sus diputados y diputadas, que aquí hay un antes y un después. La contrariedad del Presidente de la República por ofrecer 2.000 millones de dólares y presentar una propuesta por menos de la mitad -por 800 millones de dólares-; la soberbia de los ministros para no dialogar, para no transar; la pequeñez de los diputados de Chile Vamos para no permitir mejorar este ingreso pensando en las personas, solo porque no lo plantearon ellos y no quieren subirse a esta idea, no obstante que hay alcaldes de Chile Vamos que sí lo hicieron.

La oposición trabajó propuestas para mejorar esta iniciativa. ¡Sí! Aprobamos la idea de legislar. ¡Sí! Pero el gobierno negó a las familias de clase media una ayuda mayor, y a las personas más vulnerables les negó nuevamente la dignidad.

Las cosas son como son, y lo hemos dicho. Así como el bono covid era insuficiente, las medidas mal diseñadas para el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), las ayudas del BancoEstado no han llegado a las pymes que lo necesitan. También dijimos que el seguro de cesantía se ha prestado para lo más bajo de la empresa: el abuso de los recursos públicos.

El ingreso familiar de emergencia es insuficiente, es engorroso, es decreciente, es mezquino. Lo han dicho economistas como un expresidente del Banco Central; también lo ha dicho el mundo social. Muchos chilenos lo necesitan. Logramos mejorarlo. Le pedimos al gobierno que trabajemos en lo que Chile necesita -también lo ha dicho la Democracia Cristiana-, esto es, en un acuerdo y un pacto económico y social.

Agradecería a los ministros que nos escuchemos y que ordenemos la discusión respecto de en cuánto nos vamos a endeudar como país y cómo vamos a fijar esas prioridades, que Chile necesita no solo para pasar la pandemia, sino para la posterior reactivación económica.

Necesitamos que nos escuchemos con respeto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado Esteban Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Esteban).-

Señor Presidente, creemos que en estos tiempos de emergencia es cuando el Estado debe concurrir de manera contundente a atender las necesidades de las familias más afectadas. El gobierno ha tomado una decisión política, y lo entendemos.

No obstante, debo mencionar que se han escuchado argumentos técnicos, de economistas connotados, destacados, diría incluso conservadores, cuyas capacidades nadie podría desconocer, que han manifestado con mucha claridad que el gobierno y el país tienen la capacidad financiera para enfrentar estos momentos. Es aquí y ahora que se requiere este tipo de beneficios.

Recién se habló respecto de que el gobierno está teniendo una mirada a largo plazo respecto de políticas sociales o políticas públicas, pero hace rato venimos manifestando desde las regiones que debe haber indicadores, para que cuando se entreguen beneficios, permitan discriminar respecto de los territorios donde están viviendo esas familias. Lo digo, porque estos escasos 65.000 pesos rinden de una u otra forma dependiendo de en qué lugar de Chile se encuentre cada familia y cada ciudadano empobrecido.

Finalmente, la discusión se transformó en tozudez, en soberbia del Ministerio de Hacienda, probablemente también del propio Presidente de la República, para no ceder, ante algunas expresiones bastante atentatorias de una parlamentaria que decía que ella esperaba que el gobierno no aumentara el ingreso familiar de emergencia, porque no se quiere que la gente dependa del Estado.

Nadie depende del Estado con este beneficio insuficiente.

Las consecuencias van a venir en los próximos tiempos, cuando veamos no solo cómo sufren las personas o se elevan las cifras sanitarias, sino algunos actos de violencia en razón de la búsqueda de alimento.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Patricio Melero .

El señor MELERO.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros Briones y Sichel y a los subsecretarios Villarreal y Candia .

Es posible llevar adelante este proyecto de ley gracias a una historia de responsabilidad fiscal, de austeridad en el gasto, de crecimiento y desarrollo económico, de un modelo muy criticado, pero que permite que hoy destinemos importantes cantidades de dinero para enfrentar la crisis. A la fecha, si sumamos todos los proyectos, ya se han movilizado más de 18.000 millones de dólares al efecto.

Si Bachelet, Frei Ruiz-Tagle y Lagos hubiesen sido populistas, no sería posible esto; si la entonces Concertación no hubiese sido responsable, no sería posible esto.

Por consiguiente, lo primero que resalta es que el modelo no era tan malo, que el sistema de salud público no era tan débil y que las políticas públicas y de responsabilidad fiscal que se adoptaron hace años, hoy están rindiendo sus frutos. No nos avergoncemos de lo que hicimos, porque nos permite hoy, con solidez y responsabilidad fiscal, enfrentar el gigantesco desafío que nos impone esta pandemia.

Ha habido un creciente debate sobre cuál es el espacio fiscal posible para hacer esto. El gobierno se la ha jugado en esta primera etapa por 833 millones de dólares para el sector informal de los chilenos. A propósito de algunos discursos que señalan que se ha dejado abandonada a la clase media, quiero recordar que la clase media está recibiendo el subsidio de cesantía, y las pymes y las empresas grandes donde trabajan están con los créditos del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape). Por consiguiente, ayuda también han tenido. Este es el tercer proyecto que va en la dirección de fortalecer a estos sectores.

Creo importante establecer el concepto de fondo, porque estos son 833 millones de dólares de un fondo de 2.000 millones de dólares. Bien hace el gobierno en graduar la expansión de sus programas de ayuda, considerando las incertezas o la incertidumbre existente respecto de qué va a pasar luego.

Los mismos que hoy critican al gobierno, lo harían el día de mañana si el gobierno se quedara sin dinero para enfrentar desafíos que pueden ser peores que los de hoy.

Por lo tanto, este es un primer paso y, digámoslo con claridad, el más contundente, cuantitativa y cualitativamente, que se ha dado en la historia de Chile en cuanto a traspasos directos a un sector de los ciudadanos. Nunca antes se habían traspasado tantos recursos; pero todo parece insuficiente, todo parece negativo, porque no se valora el esfuerzo fiscal y de responsabilidad que significa -como ha dicho el señor ministro de Hacienda- guardar algunos cartuchos para el futuro.

También creo importante resaltar que este es un proyecto de ley que innova, a propósito de los que dicen que no ha habido diálogo. Diálogo ha habido mucho, lo que pasa es que la oposición solo valora el diálogo cuando se les hace caso, pero lo critica cuando no se les hace caso.

Se ha escuchado, se ha mantenido una política fiscal ordenada que va al punto y que ahora también abrió un espacio a todos los adultos mayores de setenta años, lo que beneficiará a 261.000 adultos mayores que no estaban en el primer proyecto de ley, quienes podrán recibir este beneficio para el que antes no estaban contemplados.

También quiero resaltar que este es un proyecto de ley que se hace cargo de situaciones que sabemos que van a ser muy complejas a futuro.

Los invito a revisar las cifras recientes. Ayer, la ministra del Trabajo anunció que la tasa de desempleo alcanzaría al 18 por ciento el próximo mes, y probablemente aumente en los siguientes meses. La caída de ingresos del Estado es muy grande: 5.000 millones de dólares solamente por factor de menor crecimiento. Las cifras del comercio exterior también son negativas, al igual que las del crecimiento y el desarrollo económico del país. El endeudamiento y el déficit de Chile ya están en el 8 por ciento del producto interno bruto.

Les pregunto a los amigos de la oposición de dónde sacamos la plata adicional que ustedes quieren para llevar adelante esto. Ustedes se farrearon la oportunidad de llegar a un acuerdo cuando plantearon una propuesta que costaba 400 por ciento más que el proyecto del gobierno, es decir, 3.400 millones de dólares más. Después, el Senado planteó 1.200 millones de dólares.

Cuando se plantean las cosas con el tejo pasado de la magnitud que ustedes lo hicieron, quiere decir que no hay voluntad de negociar, sino que solamente es un saludo a la bandera, pero no buscan ayudar a la gobernabilidad del país ni a enfrentar un momento de dificultad mayor como el que Chile está pasando.

Este es un proyecto bueno y focalizado, conceptualmente bien diseñado y con todas las necesidades que para este…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Boris Barrera Moreno .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, escuchando los discursos de los parlamentarios de Chile Vamos y del gobierno lamento lo añejo de los mismos, pues nos califican como oposición obstruccionista solo porque no estamos de acuerdo con sus medidas mezquinas, que en el fondo dejan fuera de los beneficios a muchas de las personas y de las familias que lo están pasando muy mal.

Resulta que esta oposición obstruccionista tramitó este proyecto, en su primer trámite, en la

Cámara en dos días, considerando su paso por dos comisiones, en las que expusieron varios expertos, y por la Sala. ¡En solamente dos días se discutió el proyecto! ¡Resulta que nosotros somos los obstruccionistas, pero recuerdo que cuando en esa ocasión les preguntamos si existía la posibilidad de mejorar el proyecto, los ministros nos dijeron, en la primera sesión, que no sacábamos nada con volver a sesionar al otro día, porque el gobierno no se iba a mover ni un peso más de lo propuesto y no iban a llegar a ni una persona más con este beneficio!

Esa es la actitud que mostraron el ministro de Desarrollo Social y el ministro de Hacienda. ¡Y resulta que nosotros somos los obstruccionistas! Lo único que buscábamos era que no quedaran fuera de este beneficio casi un millón de familias que está dentro del 40 por ciento más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Lamentablemente, muchas de estas familias son de mi distrito, que viven en Renca, Cerro Navia , Lo Prado , Conchalí , Recoleta, Huechuraba ; no se trata de familias que viven en Las Condes.

Insistí y sigo insistiendo por los casi 100.000 adultos mayores menores de 70 años que también van a quedar fuera de este proyecto y que también, en su gran mayoría, corresponden al distrito que represento. Allí están las personas que más mal lo están pasando, pero el gobierno no quiso recibir ninguna de las ideas que le propusimos para mejorarlo.

Por otra parte, cuando en la misma comisión le dijimos al ministro lo engañoso que había sido el bono covid-19, que no llegó a todas las personas que creían que les podía llegar, que ni siquiera lo recibieron los adultos mayores que viven con pensiones miserables, ¿qué nos dijo el ministro? Nos dijo: “¡Pero si ustedes votaron a favor ese proyecto de ley! Ustedes sabían que el proyecto dejaba fuera a esas personas, y aún así lo votaron a favor.”.

Por lo tanto, como este proyecto dice que las personas tienen que vivir en el tercer mes con 1.500 pesos diarios -en eso consiste el beneficio- y no queremos que el ministro nos vuelva a decir lo mismo, esto es, que votamos a favor este pésimo y miserable proyecto, nos vamos a abstener, porque quedan fuera muchas familias de mi distrito, muchos adultos mayores y tampoco considera -para que lo sepan todos los que han insistido- a los taxistas, a los colectiveros y a los conductores del transporte escolar. Todas esas familias quedarán fuera de los beneficiados por este proyecto.

Esta era la oportunidad de ayudar que tenía el ministro, pero la perdió.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina) [vía telemática].-

Señor Presidente, este proyecto nos pone en una situación bien compleja.

Aquí se ha hecho una verdadera oda al esfuerzo espectacular que ha hecho el gobierno con este proyecto. Al respecto, quiero recordarles a mis colegas que el gobierno no es el dueño de los recursos; solo administra los recursos que son de todos los chilenos, y lo mínimo que uno pudiera esperar en una situación como esta es que se tomen medidas que vayan en apoyo de quienes son los dueños de los recursos, que -reitero- son de todos los chilenos y no del gobierno. Por lo tanto, no es un favor el que está haciendo el gobierno ni se puede decir que sea generoso por permitir que los recursos, que son de los chilenos, lleguen a los mismos chilenos. Es muy impresionante e irónica la situación que se plantea con esta defensa, esta oda y apología a un gobierno tan “generoso”.

Más allá de la discusión que se ha dado, a todos nos queda claro que el proyecto no va a cumplir con el propósito de que la gente se quede en su casa, que es el sentido del proyecto, es decir, que frente a la pandemia y la consiguiente cuarentena obligatoria, la gente tenga la posibilidad y las condiciones reales de mantenerse en sus casas.

Entonces, la pregunta que debemos hacernos es si con estos recursos la gente se va a poder quedar en su casa y la respuesta claramente es no, no van a poder quedarse en sus casas. Más allá de si la cifra es alta o baja, está claro que no cumple con el propósito, aunque para los diputados de Chile Vamos y para el gobierno la cifra es más que suficiente.

Nosotros creemos que esto no es suficiente. Por ejemplo, un balón de gas de 15 kilos cuesta 17.000 pesos, para ser usado solamente en la cocina en una familia de cuatro personas, pero si además quieren tener calefacción, se necesita otro balón de gas, y ahí se fue la mitad de los 65.000 pesos. Entonces, claramente una familia gasta en cocinar y calefaccionar la mitad de los recursos que se van a entregar por persona con este proyecto de ley.

Aquí no se trata de ser obstruccionista por ser obstruccionista u oponerse por oponerse, sino que creemos que el proyecto no va a cumplir con el propósito…

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Ha terminado su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren .

El señor EGUIGUREN.-

Señor Presidente, ¿es bueno o es malo este proyecto? Claramente es bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque va en ayuda de hogares con ingresos informales que pertenecen al 40 por ciento más vulnerable y de aquellos que tienen ingresos formales que pertenecen al segmento ubicado entre el 41 y el 60 por ciento de vulnerabilidad.

Además, este proyecto no hace distinción entre hogares que se ubican entre el 41 por ciento y los que están en el 60 por ciento más vulnerable.

Es un proyecto que integra a 244.000 nuevos hogares que tienen al menos un adulto mayor, de 70 años o más, beneficiario de la pensión básica solidaria.

Todos debemos votar positivamente este proyecto. Llamo a la oposición a actuar con responsabilidad, conducta permanente durante los gobiernos de la Concertación y los gobiernos de derecha que los sucedieron. Debemos ser responsables al minuto de dictar políticas públicas en los momentos de crisis y no jugar con las expectativas de las personas que hoy esperan este ingreso familiar de emergencia.

La gente necesita este ingreso familiar de emergencia, más allá de considerar que el monto es insuficiente o que podría haber sido mejor. Pensemos en la persona que no tiene qué comer, que no tiene con qué parar la olla, que no tiene cómo comprar el pan. Esa persona no entiende las discusiones que mantenemos acá. Lo que necesita es que ese ingreso le llegue. Por eso, hago un llamado a la responsabilidad y a no jugar con las expectativas de las personas que más necesitan.

Unámonos en torno de estas políticas sociales, las que no se agotan en una sola medida. Las mismas deben ser un continuum para ir abordando día a día todas las situaciones que vayan acaeciendo durante esta pandemia. Hay tiempo por delante para buscar otras medidas, otros caminos. Lo importante es que la gente quiere de nosotros unidad de propósito para buscar una mejor calidad de vida para todos los chilenos y chilenas.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, cuando los países se ven enfrentados a crisis de esta envergadura, que no son solo económicas y sociales, sino también sanitarias, uno espera que ese desafío de los países se transforme en una tarea nacional.

A lo largo de nuestra historia como país, las crisis se han asumido como una tarea nacional. Por eso, esperamos que en algún momento este gobierno asuma que solamente es posible abordar esta crisis, y la que vendrá después de esta pandemia, como una tarea nacional, donde se convoque a todas las fuerzas políticas.

Lamentablemente, hemos visto a un gobierno que no quiere escuchar; hemos visto a un gobierno que hace oídos sordos; hemos visto a un gobierno que quiere imponer su visión de las cosas. Espero que este gobierno entienda que solamente vamos a superar este momento si asumimos el desafío, todos, gobierno y oposición, como una tarea nacional. Ello no lo hemos visto, y cuando hemos levantado nuestra voz para dar un consejo, para dar una orientación, se nos acusa de obstruir y de querer echar abajo las cosas. Por el contrario, los socialistas siempre hemos tenido un espíritu de colaboración. Y si hoy votamos a favor de esta iniciativa -que lo escuche bien el gobierno- es porque los socialistas queremos colaborar, porque los socialistas queremos que esta sea una tarea nacional.

Por su intermedio, señor Presidente, pido a los señores ministros presentes en la Sala que le lleven ese mensaje a su presidente; a ese Presidente que no quiere escuchar, llévenle el mensaje de que hay una oposición que quiere colaborar, que hay una oposición que entiende que esta es una tarea nacional.

Por cierto que las cifras son insuficientes; por cierto que ellas no favorecerán a los más necesitados y que los objetivos sanitarios y económicos no se van a cumplir, como muy bien se ha dicho en reiteradas intervenciones. Además, como los recursos que se entregan son insuficientes, la gente se va a ver obligada a salir a la calle a trabajar. Ayer dijimos que había que hacer una cuarentena mucho más eficaz y eficiente. Sin embargo, se nos acusó de que no entendíamos el problema y se nos dijo que era un tema solo de expertos.

Les quiero reiterar, señores ministros -por su intermedio, señor Presidente-, que el Partido Socialista está disponible para llegar a un gran acuerdo social, político y económico para enfrentar esta coyuntura y las que vendrán. Que no se malentienda nuestra voluntad de expresar nuestros votos a favor del proyecto, pues estamos disponibles para colaborar. Ahora la palabra la tiene el gobierno.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, he oído varios discursos y siempre escucho lo mismo: los recursos son insuficientes, el esfuerzo del gobierno es poco, los ministros no escuchan. Todo eso no es otra cosa que camuflar una oposición obstruccionista, que es en lo que se han convertido las bancadas de enfrente.

Lamentablemente, eligieron el peor de los temas para ser obstruccionistas: el coronavirus, la pandemia, el miedo de la gente, el temor. Lo peor que pueden hacer es utilizar ese temor, ese miedo, esa incertidumbre para hacer oposición negativa y dura.

Si no aprobamos esta semana el proyecto sobre ingreso familiar de emergencia, no se pagará en mayo. Si no se paga en mayo, ¿con qué cara van a mirar a las 4 millones 500 mil personas que lo esperan como una ayuda importante, que lo esperan porque no tienen recursos, que lo esperan porque es quizás la única plata que tienen para enfrentar el mes?

Llegó el momento -le hablo especialmente a la oposición más democrática- de dejar el obstruccionismo a un lado y empezar a colaborar. Voten a favor; entiendan que negar o rechazar no es atacar al gobierno, sino decirle no al 60 por ciento más vulnerable y que tiene ingresos informales; es decirle no a los mayores de 70 años que esperan recibir este bono.

Hacemos un llamado a la oposición obstruccionista a dejar de utilizar la pandemia para hacer oposición y, de una vez por todas, empezar a colaborar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores García .

El señor FLORES.-

Señor Presidente, hubo anuncios de nueva normalidad, de retorno a clases, de aplanamiento de la curva, pero era evidente que ello no ocurriría, porque había datos y cifras que lo demostraban. Lo que estaba pasando en el mundo así lo indicaba. Hoy, los datos duros de las estadísticas nos demuestran que teníamos razón.

Los récords sucesivos del número de contagiados nos indican que nos estamos aproximando a una situación crítica en la capacidad de contener esta pandemia en el sistema hospitalario de salud.

Este es el momento de quedarse en casa, de frenar esta curva acelerada de contagios. Sin embargo, ¿cómo lo van a hacer aquellas familias que no están dentro de las más vulnerables, cuyos integrantes no perdieron la pega, pero están con deudas? ¿Cómo entendemos esta ayuda decreciente cuando las familias y las personas comen parejito todos los meses y necesitan tener ese apoyo para quedarse en casa? ¿Qué les decimos a quienes trabajan por cuenta propia y a los pequeños empresarios que no pueden acogerse al Fogape?

Este es el momento preciso de quedarse en casa, pero habrá varios millones de chilenos que no podrán hacerlo, y al no tener cómo hacerlo es posible que intenten salir a buscar pega, la cual, por lo demás, escasea.

A diferencia de lo que han dicho algunos ministros, lo que propuso la oposición no fue desmedido, populista ni imposible. Los parlamentarios de oposición, más algunos especialistas, hemos insistido, insistido e insistido en que es posible, dentro del marco planteado por el Presidente de la República, aumentar trescientos millones de dólares para que todo el mundo tenga un ingreso que le permita quedarse en casa, y que además alcance para la clase media. Yo voy a votar a favor porque no nos queda otra, pero que se tenga presente…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda Orbenes .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, me hubiese gustado haber visto presente en esta sesión -aquí en Sala o telemáticamente- al ministro de Salud.

Porque esto no es una estrategia económica o del Ministerio de Hacienda, sino que es parte -o debería serlo- de una estrategia sanitaria.

La pregunta que han hecho varios diputados y diputadas es: ¿Alcanzan estos 65.000 pesos en el primer mes, 55.000 pesos en el segundo y 45.000 pesos en el tercer mes para que efectivamente las personas -las familias- se puedan quedar en casa relativamente tranquilas, para pasar esta pandemia? Esto es absolutamente insuficiente, y lo hemos dicho en todos los tonos.

Pero, además de eso, aquí hay una letra chica que me gustaría que el ministro Sichel pudiera aclarar cuando le toque responder. En el 40 por ciento más pobre de este país existen 2,9 millones de personas. Esa es la cifra que tenemos: ¡2,9 millones de personas! Sin embargo, cuando se usa el Registro de Información Social, que es distinto al Registro Social de Hogares -eso es muy importante, porque esta es la letra chica-, solo hay 1,9 millones de personas. O sea, ¿dónde quedó ese millón de adultos mayores y de personas que necesitan recibir los beneficios del Estado? Ese es el coladero. Por eso, cuando uno va a terreno y pregunta por el bono covid-19, responden que no lo reciben; porque aquí falta el millón de personas que están en un registro que es absolutamente anexo.

Ahora bien, 0,3 por ciento del PIB se ocupará en esta ayuda, que es una estrategia sanitaria. Pero será una redistribución. No son recursos nuevos, es una redistribución de recursos de los ministerios. Esto es absolutamente insuficiente. ¡Absolutamente insuficiente!

Vamos a votar abstención solo para no impedir que esta poca plata llegue a esta disminución de personas que la necesita.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Les recuerdo a los diputados que dentro de la Sala todos tienen que estar con su mascarilla puesta.

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón Irarrázabal .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, para las familias más vulnerables, los diferentes tipos de ayuda que pueda proporcionar el gobierno o las municipalidades, claramente, no se igualan a los ingresos que hubiesen obtenido por su trabajo, pero hay que decir que puede ser un alivio.

Yo quiero marcar el punto de que, tradicionalmente, las familias son el lugar más directo de refugio y de solidaridad de las personas. En este momento de inestabilidad son muchas las familias que tendrán que aunar recursos de alguna forma para enfrentar las necesidades básicas de sus integrantes. En estos momentos es cuando aquellos ingresos estables, por bajos que se consideren, se vuelven tan importantes para solventar los gastos del día a día.

Por eso, en estos momentos de crisis, los invito a considerar que haber subido las pensiones básicas solidarias fue muy oportuno. Hoy nadie lo puede negar, porque nadie pensó que luego de un estallido social vendría una pandemia. Esto significó y significa apoyar la calidad de vida de los adultos mayores y también la capacidad de solidaridad familiar de los sectores más vulnerables de la sociedad.

En estos momentos de crisis la familia se hace importante. Los hijos recurren a sus padres mayores para sobrevivir en este tiempo, y son ellos, esos adultos mayores, los que tienen un ingreso seguro y permanente.

Tengo que reconocer que me abstuve en la votación de este proyecto, porque consideré que vivir con 65.000 pesos no se puede decir que es vivir; es solo un alivio, porque nadie puede vivir con dos mil pesos al día. Creo que hemos ido avanzando. Hoy este proyecto tiene un costo superior; hoy 31 millones de dólares más se van a repartir de distinta forma. Se está haciendo un esfuerzo, y se incluye, desde el segundo aporte, a todos los adultos mayores de setenta años, que incluso reciben la pensión básica solidaria. Además, el 60 por ciento más vulnerable también está incluido y va a recibir este beneficio a todo evento.

Este es un esfuerzo. Reconozco que me hubiera gustado más -como dije, no se puede hablar de vivir con 65.000 pesos al mes-, pero los recursos no son infinitos. En ese sentido, celebro que exista de parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia la disponibilidad de seguir observando, evaluando y proponiendo futuras ayudas a estas familias que lo están pasando muy mal.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson Drago .

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, “el gobierno puso a la oposición entre la espada y la pared” ha sido la frase que ha repetido el oficialismo toda esta tarde.

En este proyecto, como bancada, nosotros votamos a favor en general, para que hubiera una transferencia, un ingreso familiar de emergencia, y que, de esa manera, durante este invierno pudiéramos dar la oportunidad a muchas familias de poder quedarse en casa y cuidar su salud. Pero hemos sido duramente críticos. Es más, rechazamos los “detalles”, que en este caso definen la magnitud del proyecto, porque hacen imposible e inviable que una persona pueda tomar la decisión de cuidarse ella y a su familia.

El oficialismo, apegado a los manuales de propaganda política, desvía el foco sobre los montos que mantienen bajo la línea de la indigencia a las familias y se enfoca en el carácter obstruccionista o colaboracionista de la oposición.

El gobierno omite que hubo una postura unitaria en la Cámara de Diputados, con una propuesta concreta que desde marzo venimos haciendo, y luego una opción distinta, incluso mucho más moderada en el Senado, que ni siquiera fue capaz de conceder.

Lamentablemente, el gobierno pensó que esto sería una concesión inaceptable para la oposición y no una concesión para la población. El gobierno prefirió el orgullo para mandar una señal política ineludible a la oposición, en vez de enfocarse en las necesidades de las familias chilenas.

No creo que alguien en esta Sala tenga la cara para decir que puede vivir con 65.000 pesos al mes, monto que irá disminuyendo.

Nos caricaturizan, diciendo que todos diríamos que todo monto es insuficiente y que la plata es infinita. ¡No es cierto! Dijimos: “La línea de la pobreza que fija el propio Ministerio de Desarrollo Social”. Nuestra propuesta costaba 0,7 puntos del PIB adicionales. ¡Repito: 0,7 puntos del PIB adicionales por una única vez!

Si alguien nos dice que somos radicales por no querer que la gente viva por debajo de la línea de la pobreza extrema, entonces lo somos. El problema es concreto. Ante esta disyuntiva, la familia obviamente deberá optar por alguna forma de ingreso adicional. Algunas familias se expondrán al virus, saliendo con miedo a trabajar; otras, peor, caerán en el lamentable círculo de la delincuencia, y después todos nos asombraremos porque la delincuencia sube; otras quedarán endeudadas con las casas comerciales para poder comprar comida.

En esto último quiero poner el énfasis: alguien se va a endeudar. ¿Serán las familias, a las tasas usureras que tienen las casas comerciales y la banca, o será el Estado, a una tasa preferencial baja? Chile tiene los fondos soberanos y la capacidad de tener deuda, porque tenemos la deuda neta más baja de los países de la OCDE. Si no es ahora, ¿cuándo será el momento de activar esos recursos? Después, cuando las familias lleguen a los municipios decepcionadas, diciendo “a mí no me llegó nada”; cuando la clase media se dé cuenta de que quedó excluida por tener un ingreso formal y no le llegue ni un peso, cero pesos, no digan “no lo vimos”; no digan “fue inesperado”; no digan “¡ups, se nos cayó el proyecto; no sabíamos que eso no venía en el proyecto”, porque se lo hemos dicho en todas las instancias.

Cuando las familias trabajadoras no respeten la cuarentena por salir a trabajar para parar la olla, no se sorprendan y no se atrevan a decir que ellas son irresponsables, porque estarán queriendo comer, parar la olla, alimentar a sus hijos, y con esta plata no va a ser posible.

Entonces, señor Presidente, nosotros, al menos las bancadas del Frente Amplio, no vamos a ser cómplices de esto, no vamos a concurrir con nuestros votos favorables a este proyecto, para que después, con altanería, los ministros vengan y nos digan: “¡Pero ustedes aprobaron este proyecto, pues! ¿Cómo reclaman que el bono covid no llega a más gente si ustedes lo aprobaron?”.

No, señores; el gobierno se tiene que hacer cargo de un proyecto que condena a las familias, en la peor pandemia de los últimos cien años, a vivir bajo la línea de la pobreza o a tener que salir a buscar una fuente de financiamiento -deuda, delincuencia-; que condena a personas a tener que exponer su salud y la de sus familias en la peor pandemia de los últimos cien años.

Por eso, nosotros nos vamos a abstener, señor Presidente.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado Suazo .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, la verdad es que cuando escucho los discursos de la oposición, de repente da la impresión de que ex profeso dijeran que el Presidente Piñera trajo el coronavirus a Chile, para infligir un daño a la ciudadanía con este tremendo flagelo. Pero, ¡por favor!, tenemos a un Presidente y a un gobierno que no han descansado; a un gobierno y a un Presidente que se han ocupado de la pandemia y de la economía. Se han ocupado de la economía desde el bono covid. Se trata de los mismos bonos que entregaba Bachelet , incluso con los mismos montos que entregaba la Bachelet. Y colocaba un solo bono o dos bonos al año. ¡De qué estamos hablando!

Cuando partimos la discusión del bono covid, ustedes pedían el doble de los 160 millones de dólares, o sea, 320 millones de dólares. Hoy, el ministro de Hacienda y el gobierno del Presidente Piñera están colocando 830 millones de dólares, pero para la oposición siempre es poco.

Entonces, esta es una película, pues, señores. Partimos con el bono covid, del cual el Presidente Piñera se ha ocupado. Y enseguida estaba pensando en el bono de emergencia para ochocientos mil trabajadores, que ya están cobrando el bono de emergencia y que están comprando los víveres que necesitan. Después vino el Fogape. Al respecto, la banca todavía está al debe. Espero que esté a la altura de lo que las pymes necesitan, porque la banca todavía no ha dado el ancho. Espero que lo haga, porque hay una cantidad importante de empresarios pertenecientes a las pymes que necesitan seguir subsistiendo para dar trabajo.

Este fondo, señores, nunca se había dado en este país; es un fondo para los informales. Nunca se había dado un bono para informales; eso es lo novedoso. Ahora revisamos la iniciativa, después de esperarla por más de diez días, por el rechazo de ustedes al proyecto de ley. Ahora el Presidente presentó un veto, y no tozudamente, porque ustedes no le rechazaron el proyecto al gobierno: se lo rechazaron a los informales, que desde hace diez días deberían estar recibiéndolo, para que en mayo pudieran disponer de esos recursos, que tanto necesitan, porque viven al día.

Espero que el gobierno siga insistiendo.

En cuanto a la oposición, díganle a su gente, en el Senado, que no tranque la pelota con el proyecto de los honorarios, que también viene. Lo digo, porque ahí sí que hay obstruccionismo.

Felicito al gobierno y al Presidente Piñera, porque a través de la Corfo, con el Fogain, también está metiendo inversiones en proyectos. Reitero mis felicitaciones al gobierno, y adelante con este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Ramón Barros Montero .

El señor BARROS.-

Señor Presidente, honorable Sala, queridos amigos que están participando vía telemática.

Hoy vamos a votar con convicción y vamos a aprobar el ingreso familiar de emergencia. Gracias a eso, 4,5 millones de personas, pertenecientes a 1,75 millones de hogares, van a recibir los beneficios del proyecto.

Después de escuchar los discursos de hoy, lamento profundamente que se diga que los diputados de Chile Vamos tenemos pequeñeces. Me molesta que todavía haya personas que no vayan a votar a favor este proyecto. En estos diez días que han transcurrido, si bien algunos van a recibir de manera automática su beneficio, habrá otros que, dados los diez días en que ustedes trabaron la pelota, van a tener que esperar mucho más todavía, y más encima bajo las circunstancias que vive el país.

Algunos vienen aquí con un discurso de ¡la tarea nacional y de que tenemos que unirnos todos! Pero reconozcamos que esos mismos son los que intentaron derrocar al Presidente Piñera luego del 18 de octubre del año pasado. Ese fue su afán de colaborar con la gente. Son los mismos que sonríen, de manera cómplice, cuando se destruyen locales comerciales y supermercados, que hoy por Dios que hacen falta para el empleo en Chile. Son los mismos que hoy también sonríen y apuestan a que al gobierno le vaya mal, solo para, con sus fines espurios, hacerse del poder. Ya todos los conocemos.

Solo quiero decir a la gente que le va a llegar este beneficio. Vamos a votar con convicción.

Alguien por ahí decía -el diputado Jackson , por intermedio del señor Presidente- que esto era parte del manual de propaganda política del gobierno. ¡Nada iguala al manual de propaganda política que decir que uno dona la plata cuando se la cambia de un bolsillo a otro! He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado José Miguel Ortiz Novoa .

El señor ORTIZ (vía telemática).-

Señor Presidente, la humildad es mejor consejera que la autocomplacencia.

¿Por qué lo expreso así? He escuchado por esta vía todas las discusiones, de todos los proyectos, desde hace por lo menos cuatro semanas. ¿Qué he advertido? Soberbia por todos lados, descalificaciones completas. Al parecer no se tiene claro que hay una pandemia mundial y que hay más de trescientos chilenos y chilenas fallecidos.

No entendió el gobierno cuando rechazamos una parte del articulado de este proyecto para que se negociara en el Senado un mejoramiento. Me tocó ver todas las intervenciones en las sesiones de Hacienda y en la Sala: ¡Cero, cero, cero! Pero nadie se dio cuenta de que el Senado -por algo llegan al Senado- ratificó todo lo nuestro; es decir, quedó al medio un veto presidencial. Y el veto presidencial, en el fondo, nos coloca entre la espada y la pared: sí o sí.

Cómo vamos a votar en contra, lo que significaría que no sería posible destinar esos 833 millones de dólares, ayuda que los beneficiarios percibirán en tres cuotas, en forma decreciente. ¡Qué terrible es cuando no se escucha!

Yo quiero ser claro, hablar con bastante autoridad política: reforma tributaria AylwinFoxley, fondo soberano de la Presidenta Michelle Bachelet , fondo de cesantía del Presidente Lagos. ¡Eso es manejar bien el erario nacional! Por eso que se está haciendo esto.

Yo voy a votar a favor porque no me queda otra. Lo hago pensando en el país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, por el tiempo restante de la Unión Demócrata Independiente, el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, el ingreso familiar de emergencia es una ayuda fundamental para familias vulnerables, para familias que realizan trabajos informales, no es para delincuentes.

Señor Presidente, por su intermedio quiero contestar al diputado Jackson que no se puede estigmatizar a las familias vulnerables, no se puede estigmatizar a las familias pobres. No se puede hablar de la pobreza que ellos van a vivir y que, según el diputado Jackson , los haría delinquir.

Son familias que viven de trabajos informales, por lo que dependen de lo que pueden hacer cada día del año. El paquete de medidas que ha ofrecido el gobierno es para trabajadores formales, para trabajadores independientes y, ahora, para informales.

Lo que nadie ha respondido en esta larga discusión es lo siguiente: ¿Alguien sabe cuándo terminará esta pandemia? ¿Alguien tiene esa información? ¿Alguien tiene una bola de cristal para aventurar una fecha o un mes en que terminará? Esta medida es solo por los tres meses que se avecinan: mayo -por eso hay que aprobar el proyecto con urgencia-, junio y julio.

¿Sabe alguien cómo ayudaremos a esas familias si la pandemia se extiende? ¿Qué pasará en agosto, en septiembre y, quizás, en octubre? El gobierno está trabajando en ello y seguramente nos van a proponer dentro de poco, una vez que obtengamos y sepamos de dónde sacar los recursos, cómo iremos en ayuda de esas familias. Por ello es fundamental guardar recursos, porque no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia. No podemos gastarnos todos los recursos e invertir ahora si tenemos la presunción o la información de que esto puede extenderse más allá de lo deseado.

Por lo anterior, votaremos a favor este proyecto, a pesar de las descalificaciones de algunos que continúan en esa actitud obstruccionista y poco colaboradora para ningunear y para no ayudar a las personas que realmente lo necesiten.

Voto a favor el proyecto, porque quiero apoyar a las familias vulnerables que viven de trabajos informales y que tienen que salir todos los días a la calle para conseguir el pan de cada día.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Fernando Meza .

El señor MEZA (vía telemática).-

Señor Presidente, estamos debatiendo el veto enviado por el Presidente de la República al proyecto de ley de ingreso familiar de emergencia.

Como oposición hemos conseguido pasar del 40 por ciento de beneficiarios al 60 por ciento de los más pobres de Chile. Se han incluido 260.000 adultos mayores también en este beneficio. No hemos conseguido pasar de 65.000 pesos por persona a 80.000 pesos, que era lo que pretendíamos como oposición, porque algunos parlamentarios no quisieron apoyar este aumento. Pero 4,5 millones de personas que trabajan informalmente en Chile serán beneficiados y, además, 260.000 adultos mayores con más de 70 años.

Este es un proyecto que pudo ser mejor -porque Chile, a fin de cuentas, solo tiene una deuda pública del 24 por ciento-, pero que, sin duda, ayudará a pasar esta cuarentena y esta pandemia con menos hambre que la que hoy está padeciendo el pueblo de Chile.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Torrealba .

El señor TORREALBA.-

Señor Presidente, cuando uno quiere negociar hay dos formas: o lo hace de buena fe o negocia como los pillos. ¿Y cómo negocian los pillos? Con el tejo pasado. Así negocian los pillos.

En esta negociación había distintas posiciones o posturas. Una, de Revolución Democrática, que hablaba de 3.400 millones de dólares; otra, de senadores de la oposición, que hablaba de 2.600 millones de dólares y, otra, que hablaba de que subiéramos de 65.000 a 80.000 pesos, todas con el tejo absolutamente pasado. Pero, en verdad, con los pillos no se puede negociar; es imposible negociar con los pillos.

Nos echan la culpa a nosotros de ser intransigentes, pero quiero decir a la oposición: pónganse de acuerdo de una vez por todas y negocien como se tiene que negociar en un proceso legislativo.

Aquí lo que se hizo fue simplemente pedir lo imposible, y esa es una forma de bloquear políticas públicas. Lamentablemente, la oposición pidió lo imposible, y hoy tenemos un proyecto -espero que se apruebe- que es responsable con la crisis política, social y económica que está viviendo Chile.

Lo que pasa es que se nos vienen meses muy complejos. Actualmente, hay 450.000 trabajos suspendidos. Por lo tanto, la cesantía que se viene en el futuro es muy compleja. Por ello hay que guardar recursos para más adelante.

Señor Presidente, por su intermedio pido a los ministros que avancemos rápidamente con la segunda etapa de beneficios para los trabajadores de nuestro país, específicamente con aquellos que tienen que ver con subsidios para el empleo. Necesitamos ya activar con mucha fuerza a los trabajadores del país. Esperamos que en esa segunda etapa de discusión la oposición no se ponga en esta postura de bloquear o de pedir lo imposible, porque las arcas de nuestro país no están para eso. Aquí se vive una crisis potente, gigante y todos tenemos que ser responsables, porque finalmente, en estos meses de pandemia, la única vacuna que se ha encontrado para superar esta crisis es la que se llama responsabilidad. Si lo hacemos a las patadas y a los combos, como ha querido hacerlo la oposición, nos vamos a pegar contra un muro a 100 kilómetros por hora, lo cual significará que muchos van a sufrir.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pablo Vidal .

El señor VIDAL.-

Señor Presidente, quiero hacer un llamado al gobierno a guardar la calculadora electoral, porque no sirve de nada que nos digan que van a seguir sacando la plata, pero en dos, cuatro o seis meses más, en circunstancias de que la gente se está muriendo hoy.

La gente está en una disyuntiva gravísima: o se queda en su casa para no contagiarse del virus o sale a buscar el sustento para llevar comida a sus mesas. El gobierno en este proyecto tenía la oportunidad de dar la tranquilidad a las familias para que pudieran quedarse en sus casas, pero, en vez de ello, decide decirles que les va a entregar la plata en futuros proyectos en dos, cuatro o seis meses más. Justo en la semana en que estamos siendo testigos de que están colapsando todos las urgencias de los hospitales y de las clínicas privadas de Santiago, justo en el momento en que se están empezando a acabar los respiradores artificiales disponibles en la ciudad de Santiago, el gobierno ha tomado la decisión, a través de este veto, de dar la espalda a las familias chilenas, especialmente a las de clase media.

Nosotros no vamos a caer en el chantaje de la bancada de Penta, de la bancada de Corpesca; no vamos a caer en el chantaje del gobierno. No cuenten con nuestro voto favorable para este proyecto. Y el día de mañana tendrán que dar las explicaciones al país por las familias que tuvieron que salir a buscar el sustento, se contagiaron de coronavirus y probablemente muchas de ellas perdieron la vida por la indolencia de este gobierno.

No cuenten con nosotros.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Se ha presentado una impugnación a la declaración de inadmisibilidad decretada por la Mesa a la moción que suspende el pago de créditos CAE, de los diputados señores Ricardo Celis , Rodrigo González , Tucapel Jiménez y Raúl Soto , y de las diputadas señoras María Loreto Carvajal , Cristina Girardi , Carolina Marzán y Andrea Parra .

Para defender la impugnación de la declaración de inadmisibilidad, tiene la palabra, vía telemática, la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI, doña Cristina (vía telemática).-

Señor Presidente, este proyecto ha sido declarado inadmisible por la Mesa porque, supuestamente, toma atribuciones respecto a los recursos que deben ser administrados por el Estado. Sobre esto, tengo tres cosas que señalar.

En primer lugar, estos recursos los manejan los bancos. Si se aprueba esta iniciativa, serían las entidades bancarias las que dejarían de percibir recursos, no el Estado, de manera que no incide directamente en sus recursos.

En segundo término, esto no se trata de una condonación de los créditos CAE, sino de una suspensión, como la suspensión del pago de los permisos de circulación que esta Cámara aprobó. En esa ocasión, el proyecto fue perfectamente admisible, a pesar de que se trataba de recursos correspondientes a los municipios, que sí son organismos del Estado. Entonces, no veo por qué en este caso la moción no es admisible.

Finalmente, estos recursos serán percibidos después por la banca. De hecho, si las personas no logran pagar más tarde el crédito, el Estado podrá concurrir con la garantía estatal de todas maneras. Claramente, es una suspensión por el tiempo que dure la pandemia, de modo que no estamos diciendo que esos recursos no serán pagados por los deudores.

Simplemente, se trata de una suspensión, tal como ocurrió con el proyecto respecto de los permisos de circulación, que sí fue admisible, por lo que, a la misma razón, la misma disposición.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Se ha presentado una impugnación a la declaración de inadmisibilidad decretada por la Mesa a la moción que suspende el pago de los créditos con aval del Estado (CAE).

Para defender la impugnación, tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señorita ROJAS (doña Camila) .-

Señor Presidente, el proyecto que la Mesa declaró inadmisible buscaba dos objetivos: que se suspendieran los pagos de los créditos de educación superior y que no se retuvieran -digo “retuvieran”, porque ya se retuvieron- los impuestos de los deudores. Me voy a referir a ambos puntos.

Sobre el primero, se señala que el proyecto incide en materias propias de la administración financiera o presupuestaria del Estado, ya que el fisco se vería impedido de percibir los ingresos provenientes del pago de la deuda de los créditos, comprometiendo así la responsabilidad que el Estado asume en calidad de aval; sin embargo, el proyecto propone la suspensión del pago en las condiciones que indica, esto es, de manera temporal.

Eso significa que no implicaría un no pago de la deuda ni alteraría la carga financiera del Estado; es más, podría llegar a ser considerado como un eventual alivio a las arcas fiscales, pues evitaría que los deudores caigan en mora y que, de ese modo, se haga efectiva la garantía del aval del Estado.

Cabe mencionar que el crédito tiene como acreedor, de acuerdo con lo señalado por la ley, a una entidad bancaria privada, y no en primer momento al Estado, que actúa como aval, tal como su denominación lo señala. En ese sentido, el artículo 6° de la ley N° 20.027, que es la ley del CAE, señala: “La garantía estatal de que trata el artículo 3º de esta ley, se hará efectiva en los casos en que el beneficiario del crédito, habiendo egresado de la carrera, deje de cumplir con la obligación de pago del mismo, en la forma que determine el reglamento.”. El proyecto solo establece la posibilidad de suspensión del pago en los casos en que el deudor estime que no se encuentra en condiciones de pagar a consecuencia de la pandemia.

La posibilidad de suspender el pago se encuentra en el artículo 13 de la ley N° 20.027, y lo que propone el proyecto es añadir un criterio para la suspensión de dicho pago, dado que ya se puede suspender.

En segundo lugar, se señala que el proyecto sería inadmisible porque estaríamos incidiendo en las atribuciones de la Tesorería General de la República; pero el proyecto presentado no afectaría las atribuciones de la Tesorería, ya que esta tiene la facultad de retener la devolución de impuestos de los deudores educativos. El proyecto solo introduce un criterio a considerar para la no retención, pero sigue siendo una facultad de la Tesorería General de la República.

Esa facultad está establecida en el artículo 17 de la ley en cuestión, que señala que la Tesorería General de la República podrá retener la devolución de impuestos a la renta que correspondiese anualmente al deudor de crédito garantizado de conformidad con esta ley para el año tributario, y el proyecto solo agrega que podrá ser suspendida en virtud del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública que se decretó el 18 de marzo pasado.

Eso sobre las dos razones de la inadmisibilidad: la suspensión del pago y la retención de la Tesorería General de la República; pero sumo una cosa más.

El articulado de este proyecto, en su esencia, está presente en otro proyecto de ley, uno que, extrañamente, se declaró admisible y que está en la Comisión de Economía. Ese proyecto incluye la suspensión de varios pagos, no solo el de créditos educacionales, sino también hipotecarios, de consumo y otros. Por lo tanto, hay una contradicción entre lo que se declaró admisible en ese proyecto y lo que se declaró inadmisible en este otro.

El proyecto que se declaró admisible ingresó el 24 de marzo del presente año, y este, el 6 de abril. Hoy es 12 de mayo. Transcurrido más de un mes desde su ingreso, nos informan que la Mesa lo declaró inadmisible.

Me parece que la Mesa se está extralimitando en sus atribuciones al declarar inadmisible este proyecto, porque ya declaró admisible otro similar y porque queda bastante claro que no es inadmisible.

Nos estamos retrasando en los tiempos, que fue lo mismo que mencioné respecto del proyecto de ley sobre la franja educativa, del cual soy coautora, junto con el diputado Amaro Labra . Las discusiones se están tardando semanas o meses, pese a que son proyectos que están completamente relacionados con la pandemia, como es el caso del que se declaró admisible y el del que se declaró inadmisible.

Por eso, llamo a los diputados, incluidos aquellos que votaron en contra de la admisibilidad del proyecto que se acaba de declarar inadmisible, a que voten a favor de la admisibilidad de este proyecto y a que pongamos especial atención en los proyectos que esta presidencia está declarando inadmisibles.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para defender la decisión de la Mesa, tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO (vía telemática).-

Señor Presidente, nadie duda de la intencionalidad de las diputadas y de los diputados que presentaron este proyecto de ley ni de la complejidad del momento que estamos viviendo; sin embargo, debemos recordar que el CAE fue creado por ley precisamente porque impone gastos al gobierno, dado que ser aval implica un eventual pago.

Por otra parte, en dicha ley, son las mismas universidades las que son los garantes oficiales, por lo que también afectaría el presupuesto de las universidades del Estado. Esta es la segunda razón por la que este proyecto sería inadmisible.

En tercer lugar, quiero recordar que si una persona está sin empleo o no tiene ingresos, puede suspender el pago de su crédito. Eso también es parte de la lógica con la que se creó el crédito con aval del Estado en el gobierno del Presidente Ricardo Lagos.

Recordemos que hay otro proyecto, que todavía duerme en el Senado, respecto del cual algunos parlamentarios han dicho que no lo quieren aprobar porque es demasiado bueno.

Por otra parte, si la Mesa se ha demorado en poner en votación la admisibilidad de los proyectos es porque son demasiados los proyectos inadmisibles, los cuales son presentados por algunos parlamentarios con el simple objeto de hacer un punto político.

Llamo a los parlamentarios a votar en contra de la admisibilidad de este proyecto, porque afectaría el presupuesto del Estado y el presupuesto de las universidades estatales, y porque la forma de suspender los pagos ya está consagrada en la legislación vigente.

He dicho.