Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que prorroga el mandato de los directorios de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias debido a la pandemia producida por la covid-19.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, se otorgarán tres minutos base por bancada para el uso de la palabra, más treinta minutos distribuidos en forma proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización es el señor Marcos Ilabaca .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 14ª de la presente legislatura, en miércoles 15 de abril de 2020. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. Documentos de la Cuenta N° 4 de este boletín de sesiones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor ILABACA (de pie).-

Señor Presidente, en primer lugar, agradezco a la Comisión de Gobierno Interior por permitirme rendir el informe de este proyecto en circunstancias de que no soy miembro de esa instancia, sin perjuicio de lo cual he estado siguiendo atenta y activamente su tramitación.En nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que prorroga el mandato de los directorios de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias debido a la pandemia producida por la covid-19.

El proyecto se inició en moción de la honorable senadora señora Luz Ebensperger y del honorable senador señor Juan Pablo Letelier, y se encuentra con urgencia calificada de suma.Constancias reglamentarias previasLa idea matriz del proyecto es prorrogar el mandato de las directivas de juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias regidas por la ley N° 19.418, que no han podido renovarse por la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en virtud del decreto supremo N° 104, del año 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El artículo único del proyecto es de quorum simple.La comisión aprobó por simple mayoría la idea de legislar. Votaron a favor las diputadas señoras Marcela Hernando, Karin Luck, Andrea Parra y Joanna Pérez (Presidenta), y los diputados señores Bernardo Berger , Andrés Longton , Andrés Molina , Celso Morales , Raúl Saldívar , Renzo Trisotti y Pedro Velásquez . Votaron en contra las diputadas señoras Daniella Cicardini y Catalina Pérez .

Antecedentes y fundamentos de la moción

Las medidas de confinamiento dispuestas por la autoridad en razón de la pandemia por la covid-19 que afecta al país han tenido consecuencias en distintos aspectos de la vida en sociedad, siendo uno de ellos la alteración de los procesos eleccionarios nacionales, como lo refleja la ley N° 21.221, que modificó la fecha en que se realizarán el plebiscito constitucional, los sufragios municipales, regionales y de convencionales constituyentes.

Dado que existen los mismos fundamentos de base que animaron la prórroga de las elecciones nacionales, regionales y locales, también resulta necesario legislar para que otros procesos electorales no se realicen próximamente, como es el caso de la elección de los integrantes titulares y suplentes de las direcciones de las juntas de vecinos, uniones comunales y todas aquellas organizaciones comunitarias que se encuentran en el registro municipal establecido en la letra d) del artículo 20 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y regulado en el artículo 6 de la ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.

No solo la necesidad de resguardar la salud de la población y asegurar la participación ciudadana en los procesos eleccionarios ya mencionados es suficiente motivación para esta iniciativa legal, sino que también lo es la importancia que tienen dichas organizaciones en la vida cotidiana de millares de ciudadanos.

Durante la discusión particular se presentó una indicación sustitutiva del texto despachado por el Senado, aprobada por simple mayoría (10 votos a favor y 3 abstenciones), que recoge el texto aprobado en su oportunidad por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y luego por la Sala (boletín N° 13379-06 y otros, refundidos), que tiene un alcance más amplio que la moción del Senado, porque abarca no solamente a las juntas de vecinos y demás organizaciones regidas por la ley N° 19.418, como lo establece el proyecto aprobado por el honorable Senado, sino también a varias otras, como las asociaciones y fundaciones constituidas conforme al Código Civil, las regidas por la ley N° 19.296, sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado; las organizaciones regidas por el Código del Trabajo y, en general, las demás personas jurídicas que se rigen por leyes especiales.

Cabe agregar que las organizaciones sociales de diferentes ámbitos están solicitando que se apruebe con urgencia el proyecto de ley que fue despachado en su momento por la Cámara de Diputados -sindicatos, gremios varios, corporaciones, fundaciones, asociaciones de agua potable rural, clubes deportivos, clubes de adulto mayor, etcétera-, siendo inexplicable que se trate de limitar la prórroga de la vigencia de los directorios de todas esas organizaciones en época de pandemia.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto.-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER (vía telemática).-

Señor Presidente, honorable Cámara, considerando que las juntas de vecinos y organizaciones afines cumplen funciones importantísimas en la vida comunitaria, propiciando la construcción y sostenimiento de la sociabilidad y la interlocución con las autoridades, dichas funciones son todavía más relevantes en el estado de emergencia en el que nos encontramos.

Por lo anterior, y considerando lo expuesto por el diputado informante, concuerdo con la idea de legislar para asegurar la continuidad de aquellos dirigentes que actualmente encabezan dichas organizaciones, sobre todo porque llevar a cabo procesos eleccionarios resulta impracticable durante el estado de emergencia que vivimos con ocasión de la pandemia.

Por lo tanto, prorrogar el mandato de tales directivos hasta noventa días desde el término del estado de catástrofe por calamidad pública, me parece de todas formas necesario, por la vía de incorporar una nueva disposición transitoria en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y por supuesto también en otros instrumentos legales, para prorrogar el mandato de los miembros directivos de las organizaciones que vieron interrumpidas sus elecciones a consecuencia de la pandemia.

Hemos de esperar que a ese plazo hayamos superado esta crisis sanitaria, para bien de todos nuestros compatriotas.

Apoyo este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca.

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, quiero reiterar mis agradecimientos a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización por permitirme continuar con una odisea que partió hace varios meses, con motivo de la presentación de este proyecto de ley, que tiene por finalidad resguardar a las personas jurídicas sin fines de lucro en general.

Sin embargo, en el caso de esta iniciativa ha ocurrido algo inédito: se ha producido un verdadero déjà vu, porque el mismo texto de la iniciativa que hoy se somete a nuestra consideración -que espero aprobemos por unanimidad-, estaba contenido en un proyecto de ley que esta Cámara aprobó y despachó al Senado hace aproximadamente dos meses. ¿Qué ocurrió? El Senado guardó esa iniciativa y procedió a discutir una nueva, pero con un texto acotado a las juntas de vecinos y a alguna otra organización.

Lo ocurrido genera un problema grave al proceso legislativo, de manera que el Senado necesita entender que no es posible, por una pelea de egos, limitar la posibilidad de que muchas organizaciones sociales de nuestro país puedan llevar a cabo la renovación automática de los directorios de sus juntas de vecinos. Dicha limitación no es entendible en momentos en que la gente lo está pasando mal a raíz a la pandemia que estamos enfrentando.

El mismo informe señala las razones por las cuales hemos estado insistiendo en que no puede ser limitado el contexto de este tipo de iniciativas, entre otras cosas porque no se produce daño patrimonial alguno. El único objetivo de este proyecto es la protección de la salud de los chilenos y las chilenas.

¿De qué manera podemos entender que determinadas organizaciones que tienen sus personalidades jurídicas vencidas tengan que convocar a la realización de una asamblea para constituir un tricel y llamar a elecciones? Aquello resulta inaceptable en estos días. Por eso, necesitamos con urgencia que este proyecto de ley, que prorroga el mandato de los directorios de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, sea despachado rápidamente, pero de acuerdo con el texto discutido aprobado y despachado por la Cámara de Diputados, y no con las restricciones impuestas por el Senado.

Por lo tanto, solicito que converse respecto de esta situación con la Mesa del Senado, porque hay un grave problema respecto de la forma absolutamente ineficiente en que el Congreso Nacional está legislando. ¡No entiendo por qué el Senado guardó el proyecto de ley que fue despachado por la Cámara de Diputados y presentó otra iniciativa casi en los mismos términos! Al proceder de esa forma nos ha obligado a tener que discutir nuevamente algo que esta cámara ya debatió y resolvió.

En ese sentido, creo que es labor suya, en su calidad de mandatario de la Cámara de Diputados, proceder a conversar con la Presidenta del Senado para que este tipo de situaciones, que generan ineficiencia legislativa, no se vuelvan a repetir. De lo contrario, puede suceder una vez más que luego de haber destinado varias horas al tratamiento y al despacho de un proyecto de ley, iniciado en moción, este termine dormido en el Senado y que dicha rama del Congreso presente, con posterioridad, una iniciativa casi idéntica. Eso nos obligaría a tener que repetir un debate ya efectuado.

En consecuencia, por el bienestar de la ciudadanía, de las organizaciones sociales de nuestro país sin fines de lucro, de los sindicatos, de los gremios, de las juntas de vecinos, de los grupos de adultos mayores y de las comunidades indígenas, espero que este proyecto se apruebe lo más rápido posible.

A estas alturas, lo único que deseo es que esta iniciativa se apruebe; ya no me importa si aparece el nombre de los senadores o de los diputados en la publicación del proyecto que terminará siendo ley. Lo que me interesa es que nos preocupemos de la gran cantidad de organizaciones sociales que esperan con ansias la promulgación de esta ley, porque así como me han llamado muchas organizaciones sociales de mi región, creo que a muchos parlamentarios también los han llamado e interpelado, porque las directivas de esas organizaciones requieren con urgencia la prórroga de sus mandatos para continuar sus actividades.

Lo anterior es muy importante, porque hay organizaciones sociales que no pueden pagar las planillas de sueldo respectivas porque su personalidad jurídica se encuentra vencida. Asimismo, hay dirigentes gremiales cuyos mandatos también han vencido, situación que los ha dejado en una especie de limbo legal. Lamentablemente, el Senado no ha estado a la altura en el caso de este proyecto.

Permítame poner sobre la mesa otro punto. Conversé con el ministro Ward al respecto, quien me dijo que hoy tendría resuelta esta situación. Lo señalo porque el gobierno, en particular la Segegob, tiene responsabilidad en lo ocurrido. Ese proyecto, que inició su discusión en esta Cámara, contaba con el patrocinio del Ejecutivo, quien hizo presente la urgencia. No obstante, en el siguiente trámite legislativo el gobierno le retiró la urgencia y se la otorgó a una iniciativa del Senado. Por eso, pido al Ejecutivo que ayude a resolver un problema del que también ha sido protagonista.

Solicito a mis colegas que votemos sin dilación alguna este proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Gobierno Interior, que es el mismo texto que esta Cámara ya debatió y aprobó, porque eso nos permitirá beneficiar a todas las organizaciones sociales y a los cuerpos intermedios del país, que requieren con urgencia la prórroga del mandato de los directorios de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.

En consecuencia, reitero mi llamado a aprobar esta iniciativa, porque el Congreso Nacional debe estar a la altura de lo que corresponde.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).

Tiene la palabra el diputado Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).

Señor Presidente, hemos escuchado el excelente informe rendido por el diputado Ilabaca , así como el reclamo que planteó respecto de los procedimientos llevados a cabo por el Senado con muchos proyectos que han iniciado su tramitación en la Cámara de Diputados y que después, por motivos de protagonismo o por razones desconocidas, en el Senado se presentan iniciativas que de algún modo duplican el trabajo realizado por nuestra Corporación.

Como integrante de la Mesa, quiero señalar que debemos hacernos cargo de esa situación, porque resulta absolutamente injustificado que se esté duplicando el trabajo legislativo y que se retrasen iniciativas de la importancia como la que estamos debatiendo.

En mi calidad de coautor de aquel proyecto, deseo manifestar que debiéramos aprobarlo por unanimidad, porque la prórroga del mandato de los dirigentes sociales es fundamental, no solo de los que se rigen por la Ley sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, sino también de asociaciones gremiales, de cooperativas o de otras que cumplen una función social, a fin de que puedan seguir cumpliendo con sus funciones en un momento tan complicado como el que estamos viviendo.

Los dirigentes vecinales nos han llamado desde distintas juntas de vecinos en relación con este tema, por ejemplo, de Villa Hermosa y de otros sectores de Viña del Mar y de Valparaíso, quienes están cumpliendo una función social de ayuda, de apoyo, de contención y de colaboración para resolver las múltiples situaciones nuevas que se han producido debido a la pandemia.

La contención y el apoyo que estas organizaciones brindan a los vecinos son fundamentales, en especial en un momento como el que estamos viviendo, en el cual la solidaridad y la colaboración mutua son esenciales.

Por eso, tal como lo señaló el diputado informante, don Marcos Ilabaca , es muy importante que aprobemos este proyecto, que propone la prórroga del mandato de los directorios de las organizaciones comunitarias y de aquellas que se rigen por la ley general de juntas de vecinos.

Aprovecho la oportunidad para saludar a todas las dirigencias sociales del país, que se han puesto de pie para ayudar en todas las labores en que les ha sido posible en esta emergencia sanitaria, poro también quiero señalar que estas nos han solicitado toda la ayuda que el Estado les pueda prestar, en especial si se considera el rol nuevo, diferente y tan importante que han llevado a cabo desde el punto de vista de la salud y de la ayuda social, tal como lo hemos percibido en el último tiempo.

Asimismo, quiero rendir homenaje a la labor que desempeñan los dirigentes sociales, la cual es muy poco reconocida, poco gratificante y poco apoyada en algunos casos, porque tienen muy pocos recursos, muy poco protagonismo y muy pocas facultades para resolver una cantidad de problemas que ellos conocen y que pueden resolver.

Por ello, solicito a la Sala que aprobemos este proyecto ojalá por unanimidad y con la mayor rapidez-, que renueva el mandato de las directivas de las organizaciones sociales y comunitarias.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por 2 minutos y 48 segundos, el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, usted concordará conmigo en que no es fácil estar de acuerdo con el diputado Rodrigo González , pero en esta oportunidad comparto plena y absolutamente su intervención.

En particular, quiero expresar mi sincero reconocimiento a todos y cada uno de los dirigentes sociales que lideran el progreso y desarrollo de sus comunidades a lo largo y ancho de nuestro querido país.

En esa línea, expreso mi adhesión, y por cierto la de todos y cada uno de los diputados y diputadas de la UDI, a esta iniciativa, que viene a resolver un problema que no es menor.

Sin duda, mantener la vigencia de las directivas de las organizaciones sociales es tremendamente importante, porque tener directiva vigente permite que las organizaciones puedan postular a distintos fondos que van en beneficio directo de los vecinos que las integran o que son representados por ellas.

Todos concordamos y coincidimos en que las juntas de vecinos, en particular sus dirigentes, son agentes de desarrollo y progreso para sus comunidades, lo que no ocurre cuando han caducado sus directivas, porque -reitero esa situación les impide acceder a diversos programas que otorgan beneficios directos a todos sus integrantes y demás vecinos.

Por ello, reconozco y valoro esta iniciativa, pues permitirá que diversas organizaciones sociales, como clubes deportivos, juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, entre otras, prorroguen la vigencia de sus directivas, de manera que no queden impedidas de acceder a fondos que les permitirán resolver problemas urgentes que tienen en sus sectores.

Por lo tanto, expreso mi adhesión y mi voto favorable, así como el del resto de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, para esta iniciativa.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente)..

Tiene la palabra, hasta por 2 minutos y 25 segundos, el diputado Esteban Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Esteban).-

Señor Presidente, como Federación Regionalista Verde Social, respaldaremos este proyecto, pues nos parece adecuado que se prorrogue el mandato de las directivas de las juntas de vecinos.

No obstante, voy a plantear una reflexión. Las directivas de las juntas de vecinos requieren mucho acompañamiento y formación de parte de las municipalidades, en particular, pero también de otros actores de la política, como los parlamentarios, la Subdere y todo ente público, porque así como tenemos dirigentes de los buenos, serios, responsables, también tenemos otros que son débiles, como ocurre en todo orden de cosas.

Creo que no podemos caer solo en los elogios, cuando no cabe duda de que en la base política, vecinal, barrial, a veces tenemos desaguisados de los cuales, probablemente, muchos de nosotros tenemos algún grado de responsabilidad, porque somos parte de este mundo político.

Entonces, muy bien por la prórroga, en el sentido de fortalecer a las juntas de vecinos y depositarles confianza. La gran justificación de esta prórroga es este estado de alerta sanitaria que estamos viviendo, pero espero que sea también una oportunidad para que comiencen a cambiar las formas de comunicación desde los municipios hacia las juntas de vecinos, pero también desde los propios parlamentarios.

Cada uno de nosotros conoce la experiencia que existe en los distintos territorios que representa en cuanto a la forma en cómo se lleva el trabajo con los dirigentes, en el sentido de que a veces son utilizados, lo que no debería ocurrir, porque si hay algo que queremos es precisamente dejar de lado los vicios de la política y no solo decir que este proyecto se aprobó de manera unánime y bajar la información de que estamos felices, que lo respaldamos, que les damos confianza, etcétera.

No estoy de acuerdo, por ejemplo, en que se haya determinado la prórroga y vayamos a elegir alcaldes el próximo año. No me parece, pero hay acuerdos políticos, y se respetan.

Lo que no me gusta es que, por un lado, fomentamos la transparencia y la probidad y hacemos arengas sobre ellas, en cuanto a que queremos mejorar una serie de marcos, pero dejamos el resquicio. Eso molesta, defrauda y desanima.

Sin embargo, como observo que hay razones justificadas, que provienen de los efectos de la pandemia que estamos viviendo, que es muy feroz, llevemos a todos este mensaje.

Me parece que las juntas de vecinos deben ser capaces de renovar su estilo. Sin embargo, quienes estamos cercanos a ellas, los municipios y los parlamentarios, no debemos fomentar los vicios que a veces están instalados en muchos dirigentes, por lo que es bueno que haya renovación.

Por lo tanto, espero que en algún momento se dé esa renovación y que le “metamos un poco de mano”, en el buen sentido de la palabra, a la nueva ley de juntas de vecinos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por 8 minutos, el diputado Andrés Longton.-

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, el diputado Ilabaca lo dijo muy bien: esto es como un déjà vu. La verdad es que lo que estamos haciendo hoy es aprobar un proyecto que ya aprobamos en esta Cámara de Diputados, hace aproximadamente tres semanas. Así que no se sorprendan si se encuentran con el mismo texto que alguna vez ya aprobamos.

Esto atenta claramente contra la eficiencia, celeridad y urgencia que necesitan estos tipos de proyectos. Por ejemplo, hay APR, juntas de vecinos y organizaciones sociales que ya están vencidas, con lo delicado que puede ser para los comités de agua potable rural cuyos dirigentes están vencidos, sobre todo en un distrito como el que represento, especialmente la provincia de Petorca, que tienen obligaciones laborales, subsidios de agua potable a los cuales no pueden acceder, no pueden postular.Por lo tanto, me parece que lo que hizo el Senado es muy grave, porque, habiendo aprobado nosotros un proyecto similar que ya está en segundo trámite constitucional, pone en discusión esta otra iniciativa. ¿No era más fácil haber modificado nuestro proyecto en segundo trámite, habernos ido a tercer trámite y, eventualmente, a una Comisión Mixta? Si así se hubiera hecho, el proyecto ya estaría aprobado.

Ahora, dado que en el Senado tenían conocimiento de esa situación, lo hecho por los senadores se torna más grave.Señor Presidente, sé que está haciendo grandes esfuerzos con la Presidenta del Senado para que esto no vuelva a ocurrir, pero la verdad es que ya sucedió, hace algunos semanas, respecto del proyecto de los servicios básicos, el cual, habiéndose aprobado en la Cámara, el Senado, en forma paralela, una vez que ya se había aprobado en la Cámara, empezó a discutir una iniciativa de ellos en primer trámite.

La verdad es que la gente no se explica aquello, y son situaciones que requieren toda nuestra preocupación y la urgencia necesaria, de acuerdo con la situación que está viviendo mucha gente en nuestro país, sobre todo en las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, las que aparecen mencionadas en este artículo único, aunque no se justifica por qué se excluyeron otras organizaciones.

A la misma razón, igual disposición; es decir, nadie está obligando a otras organizaciones a que realicen sus elecciones. Si pueden hacerlo, bienvenido; pero ¿y si no pueden? Tenemos que incorporarlos a todos; no podemos dejar solo a las que están establecidas en la ley N° 19.418, sino que deben incorporarse todas: las organizaciones de agua, sindicatos, asociaciones de funcionarios de la administración del Estado, etcétera.

Por ello, incorporamos una disposición en la última letra, que incorpora a todas las demás organizaciones sin fines de lucro. Es decir, aquella que no está nombrada de forma expresa en las letras de este artículo único estará igualmente incorporada, para todos aquellos que tienen dudas de por qué tales organizaciones no figuran en este artículo único.

Lo que hace esta iniciativa es que todas las organizaciones cuyo vencimiento se produjo tres meses previo al estado de catástrofe, durante el estado de catástrofe o durante la extensión de este, puedan ampliar su mandato por hasta tres meses después de concluida la vigencia de dicho estado de catástrofe.

Esto es muy bueno, porque existirá un plazo de tres meses después de que haya finalizado el estado de excepción constitucional de catástrofe para convocar a la junta extraordinaria y realizar las elecciones. Queremos evitar que la gente salga de sus casas y se reúna masivamente. Por eso, queremos dar el tiempo suficiente para que se realice la elección sin arriesgar la salud ni la vida de las personas.Considero que nos hemos extendido más de la cuenta. Por ejemplo, en mi distrito hay seis APR vencidos, que no pueden postular a los distintos subsidios o cumplir con sus obligaciones laborales. Así, tenemos comités de vivienda que no podrían firmar las escrituras para entregar las viviendas, precisamente porque su vigencia está vencida.

Esta situación agrava aún más lo hecho por el Senado. Ojalá que cuando aprobemos este proyecto el Senado no empiece a tramitar otro similar, en primer trámite constitucional, porque sería francamente absurdo.

Aprobemos esta iniciativa lo antes posible. Ojalá que el Senado discuta a la brevedad las modificaciones que introduce la Cámara, y, si es necesario llegar a comisión mixta, que lo hagamos, pero no sigamos extendiendo esta agonía que viven organizaciones sociales, que son las que, en definitiva, hacen que funcione la sociedad civil. Lamentablemente, hoy día están absolutamente en el aire, atrapadas por la normativa y sin ninguna posibilidad de seguir funcionando.

Reitero: espero que este proyecto se apruebe y que no sigamos con este circo romano en que se ha transformado el Congreso, al repetir una y otra vez la discusión de proyectos ya aprobados en esta Corporación.

He dicho.

El Señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Andrés Molina .

El señor MOLINA (vía telemática).-

Señor Presidente, felicito a la comisión por el trabajo realizado.

El diputado Longton explicó muy bien la situación que hoy afecta a las juntas de vecinos, organizaciones comunales y otras organizaciones que han visto caducada su vigencia en medio de la pandemia.

El problema surge del Estado, que les pide obtener tal o cual certificado, declarar la última renta, el último IVA, etcétera, y al mismo tiempo les pide que renueven su vigencia, lo que no pueden hacer por las circunstancias que vive el país, lo cual no les permite acceder a las ayudas del Estado.

Ahora bien, a este Estado rígido le sumamos que la Cámara de Diputados y el Senado se enredan y no logran aprobar un proyecto en el que todos estamos de acuerdo. Si bien es cierto que hay algunos puntos que son más delicados de tratar, por ejemplo, respecto de las organizaciones sindicales, estamos hablando en general de personas que están desesperadas porque no pueden acceder a proyectos. Me refiero, por ejemplo, a organizaciones de agua potable rural (APR), que están con problemas, porque no logran los recursos necesarios para su financiamiento. El Estado, por su parte, les impide hacerlo.Entonces, ojalá nos apuremos y logremos que este proyecto se convierta rápidamente en ley, con el fin de resolver un tema que, en alguna medida, es responsabilidad del Estado y que hoy recae en el Congreso Nacional. Nuestra responsabilidad es resolver un problema mundano que debió ser resuelto hace un mes y medio.

Insisto: aquí hay una muestra de nuestra ineficiencia. Por eso, debemos preguntarnos cómo agilizar la tramitación y el despacho de este tipo de proyectos, que son importantes porque favorecen a las organizaciones intermedias de la sociedad.A quienes somos parte del gobierno nos interesa potenciar a las organizaciones intermedias, porque entendemos que el Estado no tiene el monopolio del desarrollo de la comunidad; al contrario, descansa en aquellas organizaciones que saben muy bien lo que necesita la gente y cómo organizarse.

En la misma línea de lo que señaló el diputado Esteban Velásquez, hago un llamado a cuidar a estas organizaciones, algunas de las cuales no tienen buenos dirigentes ni se dedican plenamente a resolver los problemas de su gente. Hago un llamado a la renovación. En esto la ideología no es lo fundamental; lo importante es el beneficio de la gente, de aquellos que lo necesitan.Vamos a aprobar esta iniciativa, y espero que esta vez sea tratada con celeridad en el Senado.

He dicho.

El Señor PAULSEN (Presidente).

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos y cuarenta y cinco segundos, el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.

Señor Presidente, voy a intervenir durante un tiempo menor al asignado para que luego pueda hacer uso de la palabra el diputado Gutiérrez.

Es inédito que estemos votando un proyecto exactamente igual al ya aprobado hace un mes, que ya debería haber sido aprobado en el Senado y promulgado por el Presidente de la República.La responsabilidad de esto recae no solamente en el Senado, sino en el gobierno, que, con maniobras indecorosas, está obstruyendo la posibilidad de que legislemos en una materia tan urgente e importante. Lo digo, porque el proyecto que hoy debatimos tiene consecuencias principalmente para las organizaciones sociales.Tenemos aquí una muestra nítida de obstruccionismo legislativo. La ANEF emitió una declaración que quiero citar: “Se ha vuelto un lugar común, desde el Ejecutivo y de algunos parlamentarios de los partidos de gobierno, descalificar la discusión legislativa en el Congreso, acusando de obstruccionismo, dilación y maximalismo cada vez que no se legisla de acuerdo con su estricta voluntad. El tratamiento que el gobierno ha dado a estas iniciativas demuestra, en nuestra opinión, de dónde proviene la dilación, el obstruccionismo y el manejo intensivo de las prerrogativas colegislativas del Ejecutivo para imponer sus propios criterios.La Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización repuso lo aprobado en la Cámara de Diputados -lo valoramos-, incluyendo a todas las organizaciones que ya habían sido consideradas por la Cámara, iniciativa cuya tramitación quedó detenida en el Senado.Esta situación muestra los inconvenientes de contar con un Congreso bicameral, que genera dificultades para atender problemas que requieren urgente solución.En un plano más general, estamos en presencia de distintas actuaciones para impedir que el Parlamento haga lo que le es propio: legislar. La noticia de hoy es todo lo contrario: la portada de El Mercurio saluda que la Cámara esté impidiendo legislar al declarar inadmisibles numerosos proyectos.Aprobaremos esta iniciativa, porque nosotros sí entendemos las urgencias, pero llamo la atención de mis colegas respecto de esta preocupación. No debemos permitir que se juegue con las necesidades de las organizaciones sociales.He dicho.

El Señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Javier Hernández .

El señor HERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, la crisis sanitaria por la covid-19 nos ha obligado a reaccionar rápidamente para hacernos cargo de diferentes realidades que han surgido con la aparición de un virus que no podemos ver, pero que ha afectado de manera visible y evidente nuestro estilo de vida.

En este contexto, el distanciamiento social es una medida que poco a poco hemos ido internalizando para disminuir el riesgo de contagio y proteger no solo nuestra salud, sino también la de los demás.

Sin duda, el distanciamiento social puede salvar vidas, lo que ha justificado la suspensión de procesos electorales en nuestro país, como el plebiscito por una nueva Constitución y las elecciones municipales.

Bajo esta lógica, hay acuerdo en sostener que actualmente no existen condiciones que garanticen la salud de las personas en un proceso electoral. Las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, especialmente los clubes de adulto mayor, no están lejos de esta realidad, porque hay elecciones que no podrían realizarse bajo las circunstancias de la pandemia que nos afecta.

Este tema no es menor, ya que como consecuencia de la falta de elecciones, las actuales directivas han comenzado a perder vigencia, razón por la cual no pueden acceder a proyectos o a fondos públicos para ir en ayuda de los vecinos, quienes hoy, más que nunca, necesitan apoyo para enfrentar una de las crisis sanitarias más graves del último tiempo.

El proyecto de ley en discusión se hace cargo de esa realidad, estableciendo una prórroga del mandato de las directivas de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias hasta por tres meses, desde el término del estado de catástrofe. Esto significa que podrán seguir en funciones y efectuando trámites esenciales durante los próximos meses, entendiendo que lo más importante es la protección de la salud y la vida de las personas.

En la actualidad, un gran número de adultos mayores son dirigentes sociales, por lo que es de toda lógica no exponerlos a ningún tipo de aglomeración, considerando que se encuentran dentro de los grupos de mayor riesgo.

Señor Presidente, votar a favor la iniciativa significa apoyar la gran labor de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, especialmente los clubes de adulto mayor, por las actividades que realizan día a día en beneficio de la comunidad.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por 4 minutos y 21 segundos, el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, lo saludo a usted, a la Mesa, al señor Secretario General, a los funcionarios que nos colaboran, a las señoras diputadas y a los señores diputados que se encuentran presentes en la Sala, y a nuestros amigos colegas que se encuentran en distintos puntos del país. Espero que todos se encuentren bien junto a sus familias.

Este proyecto, similar a una iniciativa del colega Ilabaca , resume el sentir de todos, incluso en lo que respecta a nuestro funcionamiento como institución. Me refiero a la necesidad de adoptar las medidas que nos ha señalado la autoridad sanitaria, en el sentido de limitar la presencia de personas en un mismo lugar, pues, de lo contrario, se corre el riesgo de generar mayor contagio.

Estamos frente a un proyecto que, de alguna u otra manera, viene a complementar lo señalado por la autoridad sanitaria. Por ello, es importante que las diversas juntas de vecinos y organizaciones sociales prorroguen por ley sus funciones, sin necesidad de llamar a elecciones.

Colegas, es importante aprobar esta iniciativa, más allá de lo que haya ocurrido en el Senado, que, por cierto, es delicado. Es cierto que ambas cámaras tienen autonomía y que cualquiera de ellas puede presentar proyectos; pero no corresponde que, si existe una iniciativa votada por la Cámara de Diputados, el Senado presente otra y deje en segundo lugar o archive el proyecto tramitado por esta Corporación.

Ayer, una comisión de parlamentarios de la Cámara de Diputados, integrada por los diputados Jaime Naranjo , Boris Barrera , Joanna Pérez , Cosme Mellado y quien habla, se dirigió a conversar con el Presidente de la Comisión de Economía del Senado, honorable senador Álvaro Elizalde . Llegamos al acuerdo de reunirnos todos los meses con el objeto de examinar los proyectos en tramitación y evitar inconvenientes como los sucedidos.

La Comisión de Economía, al igual que las otras comisiones que funcionan en la Cámara de Diputados, tiene real disposición de aprobar proyectos, pero hay falta de comunicación con el Senado.

La alta comisión de parlamentarios que concurrió al Senado fue muy bien recibida por el Presidente de la Comisión de Economía, con el que -repitose llegó a algunos acuerdos con la finalidad de dar prioridad al proyecto despachado por esta Cámara. En ese contexto, pido a la Mesa, en la persona del señor Presidente, que en uso de sus atribuciones establezca una mejor relación con el Senado. No puede ser que estemos viviendo en la misma casa, pero en camas separadas, como ocurre en algunos matrimonios.

Aquí se requiere unidad. No cuesta nada cruzar el pasillo y dirigirse al Senado, o que senadores o senadoras concurran a la Cámara a proponernos acuerdos. No podemos dar espectáculo ante la comunidad respecto de proyectos tan fundamentales.

Las diputadas Marcela Hernando y Alejandra Sepúlveda han hecho presente las graves situaciones que ocurren con los comités de agua potable rural. Sus dirigentes no pueden abrir cuentas ni pagarles a sus trabajadores debido a que sus mandatos caducaron. Lo mismo ocurre en las juntas de vecinos y organizaciones sociales.

Por lo tanto, llamo a votar favorablemente el proyecto. Ojalá en el Senado pueda existir la voluntad…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Muy bien. Dentro de diez minutos convocaré a reunión de Comités sin suspensión de la sesión.

Tiene la palabra, hasta por un minuto y doce segundos, la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, existen muchas organizaciones sociales que están esperando que se despache este proyecto, como los comités de vivienda, los comités de adelanto, los APR y, sin duda, las juntas de vecinos.

Señor Presidente, no puede volver a ocurrir que el Senado paralice la tramitación de un proyecto durante tres semanas. Esa iniciativa fue bien analizada en la Comisión de Gobierno Interior y luego por esta Sala. No puede ser que se quiera dilatar su despacho porque el Senado presenta una moción que cercena facultades de las organizaciones comunitarias, lo que tuvo que corregirse en la Cámara de Diputados.

Por lo tanto, llamo al Senado a ser responsable, a no ser mezquino y a pensar primero en la ciudadanía y en el bien común en estos tiempos de pandemia. Por eso, votaremos a favor la iniciativa. Espero que el Senado sea rápido en colocar las urgencias en beneficio de las organizaciones sociales y del país, y no siga haciendo tonteras.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, un tema fundamental para las organizaciones sociales es tener validadas sus directivas. Es fundamental, primero, porque no se trata solo de las juntas de vecinos o de los clubes deportivos, sino también de los APR, organizaciones fundamentales en el mundo rural para que miles de personas accedan al vital elemento. Los APR, para llevar adelante una buena gestión y una buena labor, necesitan efectuar múltiples procedimientos, como hacer pago de obligaciones, para lo cual sus responsables deben retirar recursos, o ir a cajas de compensación, o hacer trámites en la Administradora de Fondos de Cesantía.

Por otra parte, los clubes deportivos, las juntas de vecinos, los clubes de adulto mayor están en pleno proceso de postulación a distintos fondos concursables, y un requisito esencial es la validez de las directivas.

Por eso creo especialmente importante que la vigencia de todas las organizaciones sin fines de lucro sea desde tres meses antes de decretado el estado de catástrofe hasta tres meses después; tres meses antes, porque muchos no pudieron hacer todas las regularizaciones por el estallido social y de violencia que vivía el país, y tres meses después, para que puedan realizar todos los procedimientos para poder acceder a las elecciones.

Hace ya tres semanas un proyecto de esta naturaleza fue despachado por la Cámara de Diputados y hoy nuevamente nos encontramos con este tema en la Sala. Esperamos que esta vez el Senado tramite este proyecto con velocidad, para que la próxima semana, por fin, podamos decir a las juntas de vecinos, a los clubes de adultos mayores, a los clubes deportivos y a los comités de agua potable rural que verán renovadas sus directivas, que podrán seguir funcionando y que podrán acceder a los distintos fondos concursables a los que pueden postular.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, saludo a los colegas presentes en la Sala y también a los que están siguiendo la sesión en forma telemática.

La verdad es que este tema debería generar un debate mayor, y eso se lo planteé a usted y a la Presidenta del Senado hace un tiempo, como presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, y también como una diputada que se preocupa de las cosas que están sucediendo.

El proyecto de los diputados Marcos Ilabaca y Fidel Espinoza , que fui invitada a firmar, también es importante y buscaba ponerse en el lugar de las asociaciones, las fundaciones, las organizaciones comunitarias funcionales, las asociaciones de funcionarios, los gremios y los sindicatos de trabajadores.

Tempranamente presentamos ese proyecto -hace mucho más de un mesy la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, como siempre, de manera transversal, lo mejoró, lo trabajó -incluso trabajamos junto con el Ejecutivoy lo despachó.

En el intertanto, el Ejecutivo -el gobiernotambién quiso sumarse y presentó un proyecto más restrictivo, pues principalmente consideraba las juntas de vecinos, y trató de que nosotros lo tramitáramos.

En ese contexto, nosotros dijimos que queríamos hacerlo más amplio, porque el objetivo del proyecto era que ninguna organización sin fines de lucro tuviera que reanudar sus funciones y exponerse para llamar a una nueva elección. Por lo tanto, lo que buscábamos era prorrogar la vigencia en el período declarado de estado catástrofe.

Así, trabajamos el proyecto de manera bastante transversal y logramos sumar todas las mociones, incluido el mensaje del Ejecutivo -guardando la urgencia-, en forma amplia: nos pusimos en contacto con la ANEF, con las organizaciones de agua potable rural -por eso la diputada Alejandra Sepúlveda considera muy importante este proyecto-, y el proyecto salió bastante bien. Eso hay que decirlo, porque aquí muchas veces quieren demostrar que la Cámara de Diputados y el Senado no trabajan proyectos buenos. Por lo tanto, hay que decir que este proyecto era bueno y que eso fue reconocido por las distintas organizaciones sociales.

Sin embargo, lo despachamos desde aquí para su segundo trámite constitucional en el Senado y, lamentablemente, se paró su tramitación, así como también la tramitación del proyecto sobre los servicios básicos y otros proyectos más.

Ahora, nosotros recibimos este proyecto del Senado -tuvimos que esperarlo casi veinte díasy lo pusimos en tabla ayer para demostrar que también tenemos apertura. Obviamente, llegamos a la conclusión de que nuestro proyecto es mucho más amplio e incluye a muchas más organizaciones. Por consiguiente, volvimos a aquí, lo cambiamos con una indicación sustitutiva de manera bastante trasversal y fue aprobado mayoritariamente.

Yo quiero pedir aquí un poco más de grandeza: que los mismos diputados puedan hablar con sus jefes de bancada en el Senado y agilizar la tramitación de nuestro proyecto, porque hay muchas organizaciones que lo necesitan, y que, por respeto a esas organizaciones sin fines de lucro, que no reciben sueldos, que lo están pasando mal y que representan en esta pandemia a sus vecinos y vecinas, a sus asociados, puedan aprobar nuestro proyecto con la mayor celeridad, con el propósito de que pueda ser ley dentro de los próximos días.

Basta de estar con estos problemas entre las cámaras; creo que es una dificultad que debemos abordar y que debería respetarse la cámara de origen que partió con el proyecto para regular esta materia. Sin duda, podemos mejorar ese proyecto en el Senado, pero no con otros proyectos, porque perdemos tiempo y recursos públicos.

Pido al Ejecutivo que se sume a nuestro proyecto, que es más amplio, que no es restrictivo y que hemos querido incorporar en esta discusión.

¡Basta de pequeñeces en el Senado, en la Cámara de Diputados y, por cierto, en el Ejecutivo!

La Democracia Cristiana va a aprobar…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señorada diputada. Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ.-

Señor Presidente, es imposible no estar de acuerdo con el proyecto que hoy vamos a votar, porque ya votamos un proyecto de este tipo. Efectivamente, este es un proyecto sobre un tema que debatimos y en el que estuvimos de acuerdo.

Por lo mismo, hoy solo vamos a refrendar lo que ya hemos hecho, a la espera de que en el Senado se tome en consideración un proyecto debatido y votado en la Cámara de Diputados.

Sin duda, a todos nos causa desazón que el gobierno ponga suma urgencia a un proyecto de ley que es más restringido y que no considera a todas las organizaciones sociales que deberían estar postergando el mandato de su directorio u órgano de administración y dirección; porque no se trata solo de considerar a un número restringido de organizaciones, sino a todas. Todas las organizaciones comunitarias esperan que se les postergue, durante este período especial y excepcional, el mandato de sus directivas.

En consecuencia, habla mal del Ejecutivo que solo considere un proyecto de ley, iniciado en moción, que se presentó en el Senado y que es restrictivo, pues no considera a todas las organizaciones que tuvimos en cuenta cuando desarrollamos el debate en esta Cámara.

El proyecto que está en el Senado es mucho mejor que el proyecto que hoy nos llega de esa Corporación y que vamos a refrendar el día de hoy, porque ya fue debatido en la respectiva comisión, la cual lo hizo más extendido a otras organizaciones.

Por supuesto, hay temas en que podríamos mejorar la redacción de nuestro proyecto. El artículo único, letra a), habla de “Las asociaciones y fundaciones constituidas conforme a lo dispuesto en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil;”. En ese título solo existen las corporaciones y fundaciones; no existen las asociaciones. En consecuencia, hay que redactar mejor el artículo, en esta y otras letras que quedan un poquito descontextualizadas en relación con el epígrafe.

Por supuesto, vamos a votar a favor este proyecto, toda vez que trata una materia de otro proyecto que ya aprobamos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón Rojas .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, señores diputados, compañeros de curso con los cuales yo aprendo y todos aprendemos, entrando en tema, con todos los reparos que se han hecho aquí y ahora respecto de la intervención del Senado, como muchas veces hemos escuchado decir a mis compañeros, hago votos para que en la nueva Constitución que aprobaremos en octubre elijamos un Congreso unicameral, pues así las leyes se demorarán mucho menos.

Elevo una oración incandescente para que así sea: Congreso ágil, diligente y unicameral.

Además ruego a los compañeros telemáticos que se acerquen a su computador, porque a veces aquí no se les escucha nada y a mí me interesa escucharlos a todos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores García .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, siempre hemos reconocido y valorado el rol que cumplen las organizaciones sociales, pero no solo las territoriales que, de suyo, son las que representan a la mayor parte de nuestra comunidad nacional, sino también a todas aquellas que representan a segmentos de la comunidad, sean estas organizaciones funcionales deportivas, culturales y también gremiales.

Por esa razón, es pertinente la aclaración que hizo la diputada Joanna Pérez respecto de que el proyecto que viene desde el Senado se circunscribe a las organizaciones sociales y de la intención de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de ampliarlo expresamente a otras organizaciones, tales como las asociaciones de funcionaros, las organizaciones comunitarias funcionales en general, así como también los sindicatos, las federaciones y las confederaciones de trabajadores regidos por el Código del Trabajo, los directores de comunidades agrícolas, otras personas jurídicas sin fines de lucro regidas por leyes especiales. Todas ellas son organizaciones sociales que hoy día, producto de la pandemia, no van a poder, o sería muy riesgoso que lo hicieran, iniciar un proceso electoral que tiene que ver con la comunicación, con sus afiliados o con la gente que territorialmente les compete.

Por esa razón, estoy plenamente de acuerdo con la propuesta que hace la Cámara, a diferencia del proyecto que proviene del Senado, que no solamente prorroga por 90 días el mandato de las directivas de estas organizaciones sociales, después de terminado el estado de excepción, sino que además los incluye en el período de pandemia propiamente tal. O sea, estamos hablando de un período de seis meses: tres del estado de excepción, más 90 días, una vez terminado el estado de excepción.

Creo que esto es de justicia y no expone a perder la vigencia de la personería jurídica o a hacer un proceso electoral en plena pandemia.

Creo que hay que apoyar la iniciativa. Vamos a aprobar…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Celso Morales Muñoz .

El señor MORALES.-

Señor Presidente, efectivamente, como se ha señalado en esta Sala por diferentes diputados, especialmente por miembros de la Comisión de Gobierno Interior, el proyecto en discusión proviene del Senado, respecto del cual solo quiero enfatizar y dejar en claro algunas situaciones.

En primer lugar, este proyecto incluye los APR, lo cual, desde mi punto de vista, constituye un avance muy importante, pues no estaban contemplados en el proyecto anterior que discutimos y, por lo mismo, quedaban fuera de este beneficio.

En segundo lugar, se ha señalado que el Ejecutivo no ha tenido disposición para aprobar estos proyectos. El problema se presentaba en la letra d) del artículo único, que regula las organizaciones regidas por el Libro III, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y esto en razón a que hay otro proyecto, precisamente en el Senado, que tiene que ver única y exclusivamente con esta situación. Era lo único que impedía que pudiésemos avanzar en conjunto en este proyecto.

Sin embargo, dadas las condiciones en que fue presentado, anuncio que lo vamos a aprobar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, originado en moción y mensaje refundidos, que establece el roaming automático nacional, boletines Nos 12558-15 y 12828-15.

Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Karim Bianchi .

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, se otorgarán cinco minutos base por bancada para el uso de la palabra, más 60 minutos distribuidos de forma proporcional.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 81ª de la legislatura 367ª, en miércoles 2 de octubre de 2019.Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 151ª de la legislatura 367ª, en martes 3 de marzo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 23.

-Informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo. Documentos de la Cuenta N° 3 de este boletín de sesiones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Bianchi , rinde el informe el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ, don Félix (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones paso a informar el proyecto de ley que establece la obligación de permitir el acceso y uso de facilidades para la provisión de operación móvil virtual y roaming automático nacional, iniciado en la moción de los senadores señora Ximena Órdenes y señores Francisco Chahuán, Álvaro Elizalde, Alejandro GarcíaHuidobro y Jorge Pizarro (boletín Nº 12558-15), refundido con un mensaje del Presidente de la República (boletín N° 12828-15), en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de suma.

De acuerdo a lo prescito en el artículo 304 del Reglamento de la Corporación, cabe consignar los siguientes aspectos fundamentales:

Idea matriz del proyecto

Facilitar el acceso al servicio de telecomunicaciones de voz, mensajería de datos e internet a cada uno de los habitantes de nuestro país de manera automática, con especial énfasis en aquellas personas que residen en localidades rurales apartadas o en zonas extremas, cualquiera que sea la empresa de telefonía móvil con la que se contrate, obteniendo una visión integradora de estas prestaciones a lo largo del territorio, con un aumento de la cobertura de red que no importe un cargo adicional, más oneroso, para el cliente.

Síntesis del debate durante la discusión general

Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en el proyecto, y lo expresado por la señora ministrade Transportes y Telecomunicaciones, doña Gloria Hutt , y el señor José Huerta , de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, las señoras diputadas y los señores diputados fueron del parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia.

La Comisión se manifestó plenamente de acuerdo en que los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones que sean asignatarios de derechos de uso de espectro radioeléctrico deban permitir el acceso y uso de sus facilidades a otros concesionarios de servicios públicos o que estén interesados en constituirse como tales para la operación móvil virtual y de roaming automático nacional en las condiciones que indica el proyecto.

Será un reglamento, expedido por del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el instrumento que regule las normas y plazos a que se ajustará el conjunto de condiciones técnicas, económicas, operativas, comerciales y otras que deberán contener las ofertas de facilidades y los respectivos contratos, así como sus posibles destinatarios, debiendo estas ofertas estar sujetas a la aprobación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que además deberá fijar las condiciones mínimas que garanticen el equilibrio de las partes durante la negociación y ejecución del contrato.

Se estimó que, en el caso del servicio de roaming automático nacional, sea obligatoria la celebración de acuerdos en localidades, rutas o zonas aisladas, de baja densidad poblacional, en que los servicios hayan sido beneficiados por proyectos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, de servicio obligatorio, con presencia de un único operador o para mitigar las interrupciones de la red móvil en situaciones de emergencia, y que para el resto del país, con el objeto de promover la inversión en redes y facilitar la entrada de nuevos operadores, deban formular ofertas de facilidades en los mismos términos señalados y cuya suscripción por parte del nuevo operador tenga una vigencia máxima que podrá ser definida en el reglamento, que no será superior a cinco años contados desde el inicio de los servicios.

Sin perjuicio de las atribuciones que posee la Subsecretaría de Telecomunicaciones en este ámbito, en caso de desacuerdo entre las partes en el proceso de negociación, implementación o ejecución del contrato, sea por motivos técnicos, económicos o de otra índole, las controversias que se susciten serán resueltas por un árbitro arbitrador, debiendo resolver la controversia considerando las disposiciones y principios contenidos en esta ley y en la restante normativa de telecomunicaciones dictada a su amparo, incluidas las ofertas de facilidades aprobadas por la Subsecretaría, pudiendo, adicionalmente, solicitar la opinión de esta última.

El árbitro deberá resolver a favor de una de las proposiciones de las partes en un plazo máximo de tres meses, contados desde que acepte el encargo, prorrogable de forma justificada por única vez, por tres meses más, y podrá, en su caso, establecer condiciones para ejecutar su fallo.

Por último, las obligaciones contenidas en este cuerpo normativo empezarán a regir 90 días a partir de la publicación de su Reglamento, el que será dictado en el plazo de 120 días contado desde la publicación de la presente ley.

El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados René Alinco, Juan Antonio Coloma , Félix González , Javier Hernández , Marcos Ilabaca , Leopoldo Pérez y Jorge Sabag . Se abstuvo el diputado Karim Bianchi .

Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado

De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 77 de la Constitución Política, en relación con el inciso segundo del artículo 66, los incisos quinto y sexto del artículo 26 bis que se propone incorporar en la Ley General de Telecomunicaciones, por medio del artículo único del proyecto, revisten el carácter de preceptos de naturaleza orgánica constitucional.

Lo anterior se debe a que tales disposiciones entregan a un árbitro arbitrador la competencia para la resolución de las controversias que se susciten entre proveedores de servicios de telecomunicaciones respecto de la negociación, implementación o ejecución de los contratos que regularán la provisión de roaming automático nacional entre las compañías del sector.

De igual modo, dichos incisos entregan atribuciones a los mencionados tribunales arbitrales para el diligenciamiento y decisión de los citados conflictos.

Trámite en la Comisión de Hacienda

El proyecto no requiere trámite en la Comisión de Hacienda.

Adiciones y enmiendas aprobadas por la comisión

a) La comisión ha aprobado el inciso segundo del artículo 26 bis que incorpora en la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, la siguiente frase luego del punto aparte, que pasa a ser seguido: “Fijará además las condiciones mínimas que garanticen el equilibrio de las partes durante la negociación y ejecución del contrato.”.

b) Ha reemplazado sus incisos tercero y cuarto, por los siguientes:

“En el caso del servicio de roaming automático nacional, será obligatoria la celebración de acuerdos en localidades, rutas o zonas aisladas; de baja densidad poblacional; en que los servicios hayan sido beneficiados por proyectos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones; de servicio obligatorio; con presencia de un único operador; o para mitigar las interrupciones de la red móvil en situaciones de emergencia.

Para el resto del país, con el objeto de promover la inversión en redes y facilitar la entrada de nuevos operadores, deberán formular ofertas de facilidades en los mismos términos señalados en los incisos anteriores, cuya suscripción por parte del nuevo operador tendrá una vigencia máxima que podrá ser definida en el reglamento, no siendo superior a cinco años contados desde el inicio de los servicios.”.

c) Ha aprobado su inciso quinto, reemplazando la frase “para lo cual podrá solicitar la opinión de la Subsecretaría” por “incluidas las Ofertas de Facilidades aprobadas por la Subsecretaría, pudiendo, adicionalmente, solicitar la opinión de esta última.”.

d) Ha aprobado su inciso final, incorporando a continuación de la frase “en un plazo máximo de tres meses” lo siguiente: “contados desde que el árbitro acepte el encargo,”.

e) Ha aprobado su artículo transitorio, reemplazando la frase “una vez que entre en vigor el” por “noventa días a partir de la publicación del”.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.

El señor JÜRGENSEN (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece la obligación de permitir el acceso y uso de facilidades para la provisión de operación móvil virtual y roaming automático nacional.El proyecto se inició en moción de los senadores señora Ximena Órdenes y señores Francisco Chahuán, Álvaro Elizalde, Alejandro García Huidobro y Jorge Pizarro (boletín Nº 12558-15), y refundido con un mensaje de su excelencia el Presidente de la República (boletín Nº 12828-15), con urgencia calificada de suma.

Cabe recordar que, a petición de esta comisión, con fecha 8 de octubre de 2019, en sesión N° 83, la Sala acordó remitirle este proyecto, una vez informado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, dándose cuenta en la Sala del citado informe en la sesión N° 151, de 3 de marzo de este año.

Al tenor de lo preceptuado en el artículo 222 del Reglamento de la Corporación, cabe precisar que este informe debe recaer sobre el texto aprobado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, en su calidad de comisión matriz.

Por lo reseñado, se remite a lo consignado en el informe de dicha comisión en lo concerniente a las constancias reglamentarias, tales como los antecedentes y fundamentos de los proyectos, las normas de quorum especial y las de competencia de la Comisión de Hacienda.

La idea matriz o fundamental del proyecto tiene por finalidad modificar la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, en orden a facilitar el acceso al servicio de telecomunicaciones de voz, mensajería de datos e internet a cada uno de los habitantes de nuestro país, de manera automática, con particular preocupación respecto de los usuarios de estos servicios que residen en localidades rurales apartadas o en zonas extremas, cualquiera que sea la empresa de telefonía móvil con la cual se contrate, obteniendo una visión integradora de estas prestaciones a lo largo del territorio, con un aumento en la cobertura de red que no importe un cargo adicional, de mayor onerosidad, para el cliente.

Se formularon cinco indicaciones al texto aprobado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, por los diputados Jaime Naranjo , Boris Barrera , Miguel Mellado , Harry Jürgensen , Joaquín Lavín y Enrique van Rysselberghe , y la diputada Sofía Cid , cuatro de las cuales modifican el artículo único, que agrega en la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, un artículo 26 bis, y la última reemplaza el artículo transitorio propuesto, las que se aprueban por mayoría de votos. Por lo tanto, reglamentariamente es rechazado el resto de las indicaciones.

La primera indicación reemplaza el inciso primero del artículo 26 bis del texto aprobado por la comisión matriz, que establece la obligación a los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones que sean asignatarios de derechos de uso de espectro radioeléctrico de permitir el acceso y uso de sus facilidades a otros concesionarios de servicios públicos o que estén interesados en constituirse como tales, para la operación móvil virtual y de -esto fue lo que se añadió roaming automático, este último en los casos señalados en los incisos cuarto y quinto de este mismo artículo -esto es, la obligación de celebrar “acuerdos en localidades, rutas o zonas aisladas; de baja densidad poblacional; en que los servicios hayan sido beneficiados por proyectos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones…”, entre otros. “Para el resto del país, con el objeto de promover la inversión de redes y facilitar la entrada de nuevos operadores…”-.

La segunda indicación es meramente formal: agrega al inciso segundo del artículo 26 bis, a continuación de la palabra “Subsecretaría”, la expresión “de Telecomunicaciones”.

La tercera indicación señala que respecto del servicio de roaming automático “será obligatoria la celebración de acuerdos, indistintamente, en localidades, rutas o zonas aisladas; de baja densidad poblacional; beneficiados por proyectos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones; de servicio obligatorio; o con presencia de un único operador;”. Se incorpora la obligación de la celebración de acuerdos en todo el territorio nacional para mitigar las interrupciones de la red móvil en situaciones de emergencia.

La cuarta indicación incorpora un inciso tercero, nuevo, que establece que de ninguna forma el servicio de roaming automático podrá imponer costos adicionales al usuario, asociados al mero uso de la red de una concesionaria diferente a la contratada por este.

La quinta indicación reemplaza su artículo transitorio y acorta los plazos de entrada en vigencia de las obligaciones contempladas en esta ley en proyecto, que comenzarán a regir en un plazo máximo de sesenta días a partir de la publicación del reglamento a que se refiere el artículo 26 bis de la ley N° 18.168, el que será dictado en el plazo máximo de noventa días, contados desde la publicación de la presente ley en proyecto. Es decir, se reduce de ciento veinte a noventa días.

Finalmente, se añade en dicho artículo transitorio: “En los casos del servicio de roaming automático establecidos en el inciso cuarto del artículo 26 bis, las concesionarias deberán celebrar los acuerdos previstos en dicho inciso para que el inicio de servicio no supere el plazo de 60 días contados desde la publicación de la presente ley.”.

Además, cabe señalar que el texto del informe que estaba en los pupitres electrónicos esta mañana contenía o contiene un error, según haya sido corregido el inciso cuarto, aprobado por la comisión, que se encuentra en la página 24 del informe, en cuanto mantuvo el texto aprobado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sin perjuicio de que en el resto del informe queda constancia de la indicación aprobada, y en el comparado puesto a disposición de la Sala, el texto sometido a votación hoy está correcto.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señora Presidenta, este es un buen proyecto de ley, porque tanto en la Región de Atacama como en el resto del país hay localidades en las que opera solo una compañía de telefonía móvil. Ese es el caso de localidades como Carrizalillo, Carrizal Bajo , Conay , Chollay y San Antonio , entre otros sectores cordilleranos en donde se llevan a cabo faenas mineras.

Esta iniciativa obligará a las compañías telefónicas que operan en forma monopólica en todos los lugares aislados del país al establecimiento del servicio de roaming automático. De esa forma, podremos conectarnos por medio de cualquier aparato, perteneciente a cualquier compañía. La gente que se traslada de un lugar a otro ya no tendrá que tener dos o tres contratos para comunicarse por teléfono, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, en que solo puede hacerlo a través de la compañía propia.

Si bien a través del roaming los clientes podrán operar automáticamente y sin costo adicional, hay otro aspecto del proyecto que también es importante, más allá de lo fundamental que será el roaming en los sectores rurales. La iniciativa establece determinadas obligaciones para las compañías, como la formulación de ofertas de roaming para nuevos operadores entrantes, no solo en zonas rurales y alejadas, sino también en zonas urbanas. Eso permitirá que las compañías oligopólicas, en especial en un mercado tremendamente concentrado, como el de telefonía móvil, tengan que establecer ofertas y facilidades en caso de que aparezcan nuevos operadores.

En el país son tres los operadores clásicos -Entel, Movistar y Claroque han ejercido un oligopolio durante muchos años, modelo que solo logró romper la entrada de WOM, que a su vez permitió el ingreso de un cuarto operador. Para romper ese oligopolio se llevaron a cabo largos juicios ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, porque las tres compañías clásicas se oponían o dilataban las negociaciones. Lo mismo les sucedió a los operadores móviles virtuales, a los que les costó mucho romper las barreras de entrada.

En consecuencia, el proyecto de ley presenta el roaming gratuito como una solución a la ruralidad y, a su vez, obliga a las compañías a dar ofertas y facilidades en las zonas urbanas para la entrada de nuevos operadores.

Por otro lado, ese mercado, disputado y concentrado, genera mucho interés, especialmente ahora que se aproxima la llegada de la tecnología 5G, porque se hace uso del espectro radioeléctrico, un bien nacional de uso público que es de todos los chilenos y que administra el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, medio que muchas veces es objeto de licitación. Por eso, es de vital importancia que exista un mayor número de operadores.

La incorporación de la tecnología 5G es muy relevante y revolucionaria, de manera que es muy importante que el proyecto de ley resuelva sobre esas dos materias.

Por lo tanto, recomiendo a los señores diputados y a las señoras diputadas votar a favor esta iniciativa, porque es un paso significativo para que todas las compañías del mercado lleguen a esas zonas lejanas sin costos adicionales y sin que el cliente deba cambiarse de compañía. Además, lo que propone este proyecto permitirá que exista mayor competencia en las zonas urbanas, debido a la obligación de ofrecer ofertas y facilidades.

Me he referido solo a esos dos puntos del proyecto, porque me parecen los más razonables.

En consecuencia, la bancada Regionalista Verde Social, pensando especialmente en las zonas rurales, como siempre lo hace, y con el propósito de que existan mayores grados de competencia en ese modelo oligopólico, votará a favor este proyecto.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Sofía Cid .

La señora CID (doña Sofía ) [vía telemática].-

Señora Presidenta, el proyecto en debate propone modificar la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación para las concesionarias de servicio público de telecomunicaciones de ofrecer al mercado mayoritario, de forma remunerada, facilidades, como megabytes, mensajería, software, hardware, etcétera, disposición que permitirá a otras compañías utilizar la infraestructura física y el espectro radioeléctrico asignado a la concesionaria de telecomunicaciones.

El proyecto presenta dos grupos de objetivos: los referidos a las zonas aisladas y los referentes al mercado de telecomunicaciones en general.

Desde la primera perspectiva, el proyecto tiene por finalidad terminar con la exclusividad en zonas en las que existe un solo operador de telecomunicaciones, mediante la ampliación de las ofertas de servicios disponibles para los usuarios, compartiendo la infraestructura existente.

Asimismo, beneficiará a las zonas aisladas de baja densidad poblacional y a aquellas zonas que cuentan con un servicio de contraprestación obligatoria, a través de la proposición de sumar a otros operadores que generen nuevas ofertas de servicio en dichos lugares.

Desde la segunda perspectiva, la modificación permite el desarrollo de los operadores móviles virtuales y los mercados de nicho para tecnologías actuales y futuras. La idea es que ese tipo de operadores puedan ingresar y operar con mayores facilidades, lo que se logra al establecer el otorgamiento de mayores opciones de conectividad a los usuarios y la mejora de las condiciones de los consumidores.

Los cambios propuestos generan un régimen para aumentar la competencia por medio de facilidades para operadores entrantes al mercado. Lo que se busca es dar dinamismo al sector y evitar la concentración del mercado en las empresas ya existentes.

En la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo hemos trabajado transversalmente en el proyecto, con la finalidad de evitar concentraciones de mercado innecesarias y resguardar los derechos de los consumidores, que es lo más importante.

En materia de roaming automático, queremos dejar en claro que, desde la perspectiva del servicio, debe ser obligatoria la celebración de acuerdos, indistintamente, en localidades, rutas o zonas aisladas de baja densidad poblacional beneficiadas con proyectos del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones de servicios obligatorios o con presencia de un único operador.

En segundo lugar, hemos reforzado la idea de utilizar los servicios públicos, dejando consagrado, expresamente, que será obligatoria la celebración de acuerdos en todo el territorio nacional para mitigar las interrupciones en la red móvil en situaciones de emergencia.

Finalmente, y de mucha importancia en la defensa de los derechos de los consumidores, hemos establecido, expresamente, que el servicio de roaming automático en ningún caso podrá imponer costos adicionales al usuario por el mero uso de la red de una concesionaria diferente a la contratada por este.

Asimismo, en la Comisión de Economía hemos aprobado la reducción de los plazos de entrada en vigencia de la ley, así como la confección del reglamento efectivo que acompañará la aplicación de esta. También hemos buscado operativizar, a la brevedad, los beneficios del servicio de roaming automático. Para ello incorporamos en el artículo transitorio del texto que se someterá a votación, la obligación de las concesionarias de celebrar los acuerdos de manera tal que el inicio del servicio no supere el plazo de sesenta días desde la publicación de la ley.

A eso se debe agregar que hemos determinado que la existencia de eventuales desacuerdos entre las concesionarias no suspenderá el plazo de inicio de los servicios señalados anteriormente, debiendo ajustarse los acuerdos a la resolución de la controversia planteada.

Estamos ante un proyecto de gran impacto ciudadano, ya que permitirá otorgar nuevas soluciones a las zonas menos privilegiadas en materia de conectividad, como lo son las variadas localidades de la Región de Atacama, a la cual represento.

Mi región tiene un extenso territorio, pero baja densidad poblacional. Además, la población se concentra en dos polos urbanos. No obstante, debido a la minería, la pesca y la agricultura, existe una serie de localidades dispersas en todo el territorio que aún presentan problemas de conectividad. Un ejemplo de ello es Totoral, localidad ubicada en la comuna de Copiapó, que recién este año recibió servicio eléctrico de manera continua y permanente, sin depender de sistemas alternativos, como paneles solares domiciliarios. En esa misma localidad, la única señal de telefonía móvil es Entel.

Con este proyecto podría cambiar, para mejorar, la situación de Totoral y de tantas otras localidades de Chile que comparten una situación de aislamiento y de baja densidad poblacional, lo que se traduciría en una mejor calidad de vida para miles de chilenos.

En razón del objetivo del proyecto y considerando los cambios introducidos por la Comisión de Economía, votaré a favor de esta iniciativa, y pido a mis colegas que también la apoyen.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo.

El señor NARANJO.-

Señora Presidenta, pido autorización para sacarme la mascarilla, ya que me cuesta intervenir con ella puesta.

Esta es una iniciativa que impulsó la senadora Ximena Órdenes . Traigo esto a colación porque, a diferencia de lo que ocurre siempre en el Senado, que basta con que algunos diputados impulsen una moción para que ellos hagan inmediatamente lo mismo, y con la misma idea, en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados acogimos, valoramos y mejoramos esta propuesta, que estaba orientada principalmente hacia las zonas aisladas.

En la Cámara quisimos establecer un criterio distinto: siempre conectados, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, en que reiteradamente se pierde la señal de algunas compañías cuando una persona se traslada a través del país.

En muchas localidades, principalmente en sectores aislados y apartados, existe solo una empresa de telefonía móvil e internet, lo que genera trastornos, ya que las personas suscritas a dicha compañía pierden inmediatamente la señal al desplazarse hacia otros lugares, situación que ha llevado a muchas de ellas, que deben trasladarse entre diversos lugares, a contratar servicios con dos o tres compañías simultáneamente, con el fin de disponer de señal en forma permanente.

A través de este proyecto, se busca obligar a las empresas con presencia en territorios aislados a suscribir contratos con otras compañías telefónicas, de modo que, cuando una persona salga de su localidad, no pierda la señal telefónica ni la de internet.

Por eso, la idea inicial de la moción, que era dar conectividad ininterrumpida en zonas aisladas, fue modificada en nuestra comisión para dar roaming nacional, es decir, que el usuario de una determinada compañía tenga conectividad en todo el territorio nacional, y sin ningún costo adicional para ese usuario.

En la Comisión de Economía presentamos diversas indicaciones con la finalidad de mejorar esta iniciativa, como la ya mencionada, de establecer la obligatoriedad de que, 60 días después de que esta iniciativa fuese promulgada como ley de la república, las compañías con presencia en zonas aisladas o lugares apartados suscriban contratos con otras empresas, de modo de ampliar su cobertura.

En la misma dirección, las grandes empresas quedarán obligadas a ofrecer arriendos del espacio radioeléctrico solo a empresas nuevas que quieran constituirse en nuestro país, para que, de esa manera, se amplíe y mejore la competencia.

Lo que buscamos es aumentar e incentivar la sana competencia en el país, ya que, como muy bien se ha señalado hoy en la Sala, prácticamente tres empresas concentran casi el ciento por ciento del espectro radioeléctrico.

Llamo a la Sala a votar a favor de las modificaciones que introdujimos en la Comisión de Economía, ya que ellas van en la dirección correcta en el contexto de una economía social de mercado, que es incentivar la competencia entre las empresas, sin negar la posibilidad de que puedan entrar otros actores.

En segundo lugar, estamos plenamente convencidos de que esta iniciativa favorece fuertemente a los usuarios, a los consumidores y a quienes hoy tienen conectividad con esas empresas.

En tercer lugar, esta iniciativa no solo resuelve el problema de las zonas aisladas o desprotegidas de nuestro país, sino que, lo más importante, como señalé al comienzo, es que permitirá que un usuario no se vea en la necesidad de tener dos, tres o un número indefinido de teléfonos para contar con conectividad en todo el país, principalmente en las zonas aisladas. Esto garantizará que exista este servicio en todo el territorio nacional y, como señalé al comienzo, sin ningún costo adicional para los usuarios de telefonía móvil e internet.

Por eso, invito a los presentes en la Sala a apoyar las modificaciones que hicimos en la Comisión de Economía, ya que, claramente, van en favor de los consumidores.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS, don Ricardo (vía telemática).-

Señora Presidenta, este proyecto de ley es particularmente relevante para la Región de La Araucanía, como de seguro lo es también en su región, dado que tenemos gran cantidad de zonas rurales.Los diputados y diputadas que vivimos acá nos hemos encontrado en forma sistemática con la situación que se ha descrito muy bien en la Sala, esto es, que en lugares muy vecinos operan empresas distintas, y eso tiene que ver fundamentalmente con la densidad poblacional, como se señaló en los informes que conocimos.

La pandemia que nos dejará varias enseñanzas para el futuro, y una de ellas, que tiene que ver con el hoy, con el día a día, se refiere a cómo seremos capaces de extender las señales y lograr que exista equidad en este ámbito, lo que implica terminar con la desigualdad que hay entre distintas zonas de nuestras regiones, particularmente en las zonas rurales y en otras que, aunque sean absolutamente vecinas, tienen operadores distintos.

En ese aspecto se produce una situación muy curiosa, porque Chile ha sido señalado a nivel mundial como un país pionero y con buenos indicadores en materia de interconectividad y disponibilidad de internet y de comunicaciones. Sin embargo, esa disponibilidad es asimétrica y concentrada. Quizás en algunas zonas urbanas eso rinda o sea capaz de rendir esos exámenes y obtener esos créditos, pero no es así en zonas rurales, en donde vemos que el comportamiento, la desigualdad y el tratamiento de las empresas operadoras son totalmente distintos.Este es un momento importante y estamos ante una buena moción, que apunta en el sentido correcto.

Hoy estamos pensando en la forma en que los niños obtendrán educación vía online, por medios distintos, pero eso no será posible sin una señal adecuada.Debo decir claramente que la calidad del servicio que han prestado las empresas que operan en zonas rurales ha sido bastante deficiente, inadecuada y, además, asimétrica.

Por lo tanto, este proyecto de ley apunta en el sentido correcto, al establecer mayor simetría e igualdad en el tratamiento de zonas urbanas y rurales. Además, es un impulso y una presión para que las empresas lo hagan mejor, porque no lo están haciendo bien.

Ahora nos hemos dado cuenta de que la calidad de los servicios de las empresas operadoras es a veces bastante deficiente en zonas urbanas, pero más lo es en las zonas rurales, por lo que creo que se avanza en el sentido correcto, como ya expresé.

Por consiguiente, considero necesario apoyar este proyecto, dado que el trabajo que se ha hecho en las comisiones es adecuado y apunta hacia donde esperamos, particularmente, como dije al inicio, en aquellos distritos donde existe una zona rural extensa como se da en la Región de La Araucanía.

Esto va a ser parte de la educación y del trabajo del futuro, pero no es posible pensar hoy en teletrabajo y en una educación a distancia sin que las empresas que operan en el país lo hagan de buena forma, tanto en la ciudad como en el campo. No puede ser que quienes viven en el campo deban utilizar dos o tres celulares para comunicarse dependiendo de la zona en que se ubiquen al momento de hacer la llamada, si están hacia la derecha o hacia la izquierda de la comuna, porque tienen operadores distintos en cada caso. Ese problema debe terminar, hay que salvar…

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señora Presidenta, este proyecto establece la obligación para los titulares de derecho de uso de espectro radioeléctrico de permitir el acceso a ella de otros concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, mediante ofertas públicas abiertas de todas las bandas de frecuencia que posean, y también hace obligatorio la celebración de acuerdos en zonas aisladas para el roaming automático nacional.

En buen castellano, este proyecto busca beneficiar a las zonas más aisladas de nuestro país, como los sectores rurales de la Región de Ñuble, donde la conexión a teléfonos celulares e internet es prácticamente inexistente.

Hace varias semanas, previo a la aparición de la pandemia del coronavirus, me junté con vecinos de la localidad de Liucura Bajo y parte importante de la reunión giró en torno a la falta de conectividad que tiene ese sector, en que opera solo una compañía de telecomunicaciones. Esta iniciativa permitirá que con un mismo teléfono y un mismo chip cada persona tenga acceso a todas las compañías, las que deberán proveer de servicios a los sectores más aislados.

Este proyecto también es importante porque apunta a un aspecto de nuestro modelo de desarrollo. La economía funciona mejor cuando hay más competencia, pero también cuando el Estado establece una regulación que permita fortalecer la industria y beneficiar a los sectores más desposeídos.

Esto va a implicar una mayor cobertura de los teléfonos celulares para poder comunicarse, pero también permitirá llevar contenidos educativos a los alumnos de los sectores más apartados, que hoy tienen una tremenda dificultad para conectarse. A modo de ejemplo, hace unos días visité la escuela Antonio Machado , camino a Cato, ubicada a escasos kilómetros del centro de Chillán, a pesar de lo cual tienen tremendas dificultades para conectarse a internet porque solo funciona una sola compañía.

De aprobarse esta iniciativa, vamos a dejar de pedir favores a las grandes empresas para que instalen una antena, como lo hicimos hace unos años en el sector Minas del Prado, en Coihueco. No vamos a mirar más las caras de los gerentes de las empresas para pedirles por favor que instalen una antena, porque se va a hacer efectivo por ley.

Todos los sectores rurales más apartados van a tener derecho y acceso a distintas conexiones con un solo chip, con un solo teléfono, sin ningún costo adicional.

Vamos a votar a favor de este proyecto, que va a ayudar muchísimo a los sectores rurales como los que representó en la Región de Ñuble.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Javier Hernández .

El señor HERNÁNDEZ.-

Señora Presidenta, invito a todos los parlamentarios a aprobar este proyecto de ley, que es esperado por toda la comunidad, fundamentalmente, de los sectores rurales más apartados.

Estamos en presencia de un hecho histórico para miles de personas que habitan en sectores rurales de nuestro país, quienes viven en condiciones de aislamiento y -por qué no decirloen condiciones de marginalidad, pues a ellos no les han llegado aún las bondades de la modernidad.

Este es un avance que permitirá modernizar y dar igualdad de oportunidades a todos los sectores poblacionales de Chile, fundamentalmente al mundo rural.

Al momento de discutir este proyecto de ley, pienso en la gente de San Juan de la Costa, de San Pablo rural, de Puyehue, de Fresia, de Los Muermos, de Purranque, de Río Negro, de Puerto Octay; pienso, en suma, en la gente de Chiloé y de Palena, porque es ahí donde se hace palpable este avance tan importante.

En la actualidad, si una persona contrató un servicio de telefonía con una empresa y en ese lugar hay una antena de otra compañía, no puede comunicarse. Ahora, con este proyecto estamos obligando a que las empresas entreguen el servicio. Luego, ellas verán cómo se ponen de acuerdo entre sí.

Con esta iniciativa estamos dando un paso potente hacia la modernidad, que permitirá a muchas personas salir del atraso en que se encuentran en materia de conectividad, pasando a formar parte de una nación comunicada, que les permitirá acercarse a sus familiares y amigos, uniéndolas al mundo para desarrollar, por ejemplo, su pequeña industria o comercio; para insertarse en un mundo cada vez más complejo como el venidero y, de esta manera, generar condiciones para una vida mejor.

Bajo estos principios, el proyecto de ley apunta al mejoramiento de la oferta comercial y a generar mayor competencia en las zonas aisladas del país por parte de las compañías concesionarias del servicio de telecomunicaciones, aspecto central sobre el cual se basa la disminución de los precios y el aumento de la calidad de los servicios, hasta ahora insuficientes para buena parte de la población que habita en sectores rurales y aislados de Chile.

Junto con lo anterior, la iniciativa busca terminar con la posición monopólica de algunas empresas, las que, incluso, en los casos más graves, son subsidiadas con fondos fiscales, hechos que, sin duda, constituían un aspecto que no resiste análisis, desde el punto de vista de nuestra institucionalidad en materia económica y que, por tal motivo, merecía ser corregida.

Así las cosas, la aprobación de este proyecto de ley constituye una buena noticia para Chile, pero también representa una responsabilidad para la administración en orden a establecer cuanto antes los reglamentos atinentes al cumplimiento de la ley que fijen las reglas precisas para llevar adelante los anhelos de esos compatriotas.

Como miembro de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y representante de zonas rurales y aisladas, me siento particularmente satisfecho con la puesta en marcha de este sistema, y celebro el trabajo conjunto realizado entre el gobierno, la Cámara de Diputados y el Senado para que esta iniciativa tan sentida para los miles de chilenos sea definitivamente ley de la república.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

La bancada del Partido Comunista ha cedido dos minutos de su tiempo al Comité de la Federación Regionalista Verde Social.

¿Habría acuerdo para que esos dos minutos los utilice el diputado René Alinco , quien tenía ya un minuto y ocho segundos para intervenir?

Acordado.

Tiene la palabra, vía telemática, por tres minutos y ocho segundos, el diputado René Alinco .

El señor ALINCO (vía telemática).-

Señora Presidenta, este es un proyecto -hay que recordar bien la historia que fue iniciado por la senadora de la Región de Aysén Ximena

Órdenes Neira, quien lo presentó en abril del 2019. Posteriormente, en junio o julio del mismo año, el Ejecutivo remitió uno similar. Finalmente, la iniciativa, que en un principio fue pensada para una zona extrema y aislada como la Región de Aysén, se fusionó con la del Ejecutivo.

Como patagón, me alegra que un proyecto impulsado por mi amiga y compañera Ximena Órdenes hoy tenga carácter nacional. Ello demuestra el aporte que podemos efectuar los parlamentarios de regiones cuando somos escuchados por el Ejecutivo.

Sin lugar a dudas, este proyecto es muy importante para las zonas aisladas y extremas como la nuestra, y será un gran avance comunicacional para los pobladores de Villa O'Higgins, Lago Verde, Puerto Gaviota e Isla Toto.

Acá, lamentablemente, queda de manifiesto el monopolio que ejercen determinadas empresas de telecomunicaciones. Debemos recordar que durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones hizo un gran esfuerzo por instalar torres y prestar servicios de telecomunicaciones, pero, como ha quedado dicho, algunas empresas tenían el monopolio y se entregaron servicios bastante mediocres.

No queda más que aprobar este proyecto. Esto va a servir para que algunos diputados que tienen quince o veinte teléfonos sean más austeros, mantengan en su poder los necesarios y no usen el pretexto de que no cuentan con redes comunicacionales.

Repito: me alegra mucho esta iniciativa, por lo que espero que se apruebe por unanimidad. Es un proyecto que, sin lugar a dudas, va a favorecer a los chilenos que vivimos en zonas extremas y aisladas.

Finalmente, reitero mis felicitaciones a la senadora Ximena Órdenes Neira , una de las autoras del proyecto y coterránea mía.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señora Presidenta, cuando comenzamos a revisar este proyecto en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, a algunos nos llamó la atención que la Sala Carlos Lorca, ubicada en el Congreso, estuviera repleta de hombres vestidos más o menos iguales, casi con los mismos colores. Se trataba de representantes de las compañías de telefonía y de consultoras de las mismas, las que, coordinadamente, fueron a exponer más o menos lo mismo.

¿Qué nos dijeron? Nos dijeron que era un buen proyecto, pero que tenía un error. Argumentaron que solo debía implementarse en las zonas aisladas, donde es evidente y necesario este proyecto, a fin de que las compañías compartan las antenas o la infraestructura disponible. Señalaron que era un error aplicar la normativa en las ciudades, pero ello no es así. Existe una resistencia de parte de las compañías de telefonía a que se apruebe la parte del proyecto que las obliga a compartir infraestructura en las ciudades.

Ahora bien, lo más importante es que puedan entrar nuevos competidores, nuevas compañías, para que el país no se llene de antenas. En la actualidad, el acceso a internet y a telefonía es un derecho. Quien no tiene acceso a internet o a telefonía está en rezago, porque se le impide participar en la vida nacional. Hoy, el acceso a la información se garantiza a través de las redes sociales, no a través de los matinales de televisión.

Por eso es importante aprobar este proyecto tal como está redactado, pues las obligaciones que establece también las hace extensivas a las grandes ciudades.

Acá ha habido un gran lobby por parte de las empresas. Como equipo parlamentario, al iniciar el período, tomamos la decisión de no recibir en privado a empresas ni siquiera invocando la denominada ley del lobby. Sin embargo, a través de Imaginaccion, la empresa de lobby del señor Correa , recibimos dos solicitudes de entrevista, una de Entel y otra de Claro. Les dijimos que no los podíamos recibir y que expusieran sus argumentos en las comisiones, porque allí hay televisión y se puede hacer con transparencia. No se puede seguir tramitando proyectos como el que dio origen a la ley de pesca. Por eso, a todas las compañías les hemos dicho que no vamos a realizar reuniones privadas ni siquiera invocando la denominada ley del lobby.

Me alegro de que en las dos comisiones donde se examinó el proyecto no haya ganado el lobby efectuado por las compañías, sino el sentido común y la responsabilidad hacia las personas.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Miguel Mellado Suazo .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señora Presidenta, para partir, quiero felicitar a los parlamentarios de oposición por el trabajo mancomunado que efectuaron en la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo. Nobleza obliga. Cuando se trabaja en conjunto se despachan buenos proyectos.

En la Comisión de Economía hemos trabajado en función de la gente que vive en los lugares más apartados de nuestro país. Iniciativas como esta no solo hacen felices a los parlamentarios que he escuchado, sino también a quien habla, particularmente porque beneficia a los habitantes de mi región.

La ruralidad y las zonas aisladas son temas muy importantes. Sé que la gran mayoría de nosotros representamos a una población rural importante. De hecho, según el censo de 2017, el 87,8 por ciento de la población habita zonas urbanas y el 12,2 por ciento zonas rurales. Las regiones con mayor población rural son Ñuble, con 30,6 por ciento; La Araucanía , con 29,1 por ciento, y Los Ríos, con 28,3 por ciento.

Esto, que en números se ve como algo muy simple, se traduce en miles de personas que deben padecer una serie de situaciones que tienen su origen en la ruralidad, la más importante de las cuales es la falta de comunicación.

Si bien la contingencia ha puesto de moda la necesidad de conectividad en La Araucanía, hace mucho tiempo que este proyecto podría haber aportado de manera significativa a la comunicación.

Claramente, invertir en esos sectores no es rentable para las empresas, pero el Estado tiene mecanismos para lograr que lleguen allá. Mi gente del mundo rural debe contar con teléfonos de distintas compañías, pues en un lugar puede haber muy buena señal de una determinada compañía y 30 kilómetros más allá puede funcionar mejor la señal de otra.

Hoy, este proyecto da seguridad de conectividad. Las empresas deberán llegar a acuerdo para habilitar roaming sin costo para los usuarios.

En tal sentido, en el proyecto quedó claramente establecido que las empresas no pueden aplicar cobros adicionales a los usuarios. La idea es permitir a otras compañías utilizar la infraestructura física y el espectro radioeléctrico asignado a las concesionarias de telecomunicaciones, aumentando la competencia y cantidad de servicios disponibles para el usuario, especialmente en zonas aisladas y de bajo interés comercial. Eso se llevará a cabo a través del denominado roaming automático, que presupone la existencia de un acuerdo remunerado entre dos prestadores de servicios de telecomunicaciones que cuentan con espectro asignado para que uno pueda usar la red de acceso del otro en aquellos lugares del territorio donde uno de ellos no tiene cobertura, ya sea porque no tiene espectro asignado en la zona o porque no ha desplegado una red propia.

Esto es muy importante, porque algunos no tienen la infraestructura -para decirlo claro: no tienen los postes-, pero sí tienen un servicio que pueden vender, al cual pueden acceder los usuarios de las zonas rurales.

Por lo tanto, las concesionarias estarán obligadas a celebrar acuerdos de roaming en zonas específicas del país, facilitando, de manera automática y sin costo para el usuario, el acceso a los servicios de telecomunicaciones de voz, mensajería e internet, que ahora es tan importante. Así, los habitantes y quienes transiten -porque el turismo es muy importantepor esas localidades apartadas, rutas o zonas aisladas con baja densidad poblacional, que estén o no subsidiadas por el Estado, fruto de una obligación derivada de un concurso o por el solo operador, van a poder conectarse al servicio que se tenga o se lleve, en el caso de un turista, a esa zona aislada.

Asimismo, será obligatoria la celebración de acuerdos de roaming entre las concesionarias -esta vez en todo el territorio nacionalpara mitigar las interrupciones de la red móvil en situaciones de emergencia. Este punto quedó bastante remarcado en el proyecto.

Además, se prevé la obligación para las concesionarias, no de llegar a acuerdos, sino de formular ofertas de facilidades de roaming para nuevos operadores entrantes, los que podrán contratar el servicio por un período máximo de cinco años, para salvar la barrera que supone entrar a un mercado ya maduro.

Por lo tanto, ¿cuáles son los hitos principales de este proyecto, que vimos en la Comisión de Economía?

Primero, terminar con las zonas en que existe un solo operador de telecomunicaciones, ampliando la oferta de servicios disponible para los usuarios por medio de la compartición de la infraestructura, es decir, se ocupará la infraestructura disponible en las zonas aisladas.

Segundo, beneficiar a las zonas aisladas de baja densidad poblacional y a aquellas que hoy cuentan con el servicio de contraprestación obligatoria, para poder sumar otros operadores que generen nuevas ofertas de servicio en dichos lugares, tengan o no antenas.

Tercero, permitir el desarrollo de los operadores móviles virtuales y los mercados de nicho para tecnologías actuales y futuras.

Esto es muy importante, porque hay algunos operadores móviles virtuales que no tienen infraestructura, pero sí tienen bajos costos de operación y pueden llegar con un buen servicio a cada uno de los usuarios. Esto va a permitir que ellos puedan usar esa infraestructura, pagando el costo asociado, pero sin aumentar el costo a los usuarios, para poder desenvolverse, lo que creará un mercado futuro bastante importante.

Cuarto, generar un régimen para aumentar la competencia por medio de facilidades para operadores entrantes al mercado. Esto es muy importante, porque en mercados de nicho o mercados de muy baja concentración es muy difícil que haya apertura para que otros oferentes puedan entrar. Con esto se va a poder prestar el servicio.

Quinto, finalmente, este es un proyecto de gran impacto ciudadano, ya que permitirá otorgar nuevas soluciones a zonas menos privilegiadas en materia de conectividad.

Por lo tanto, sin duda que esta es una gran iniciativa en pro de quienes hoy hacen patria en lugares aislados, a veces incomunicados, intentando aportar en época de pandemia y dando especial valor a las telecomunicaciones para generar una reactivación turística.

En zonas aisladas muchas empresas de turismo no tienen conectividad. Ahora van a tener una mayor oferta en comunicaciones, y aquellos usuarios del turismo -los turistastambién tendrán una oferta superior en comunicaciones. Esperamos que, una vez que pase esta pandemia, lleguen muchas personas a esos lugares. La falta de conectividad en esos sectores es un tema que por años han enfrentado quienes optan por vivir o ejercer una actividad en zonas no urbanas de Chile.

Pido a todos los parlamentarios presentes en la Sala y a los que asisten vía telemática que apoyemos con mucha fuerza este gran proyecto, que en la Comisión de Economía fue consensuado, donde aprobamos por unanimidad las modificaciones que le hicimos.

Felicito al gobierno y a la subsecretaría, porque estuvieron presentes en toda la discusión. Tenemos que aprobar este proyecto para que prontamente en las zonas aisladas de la Región de La Araucanía tengan la posibilidad de tener una muy buena conexión, conectividad y comunicación.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag Villalobos .

El señor SABAG.-

Señora Presidenta, esta es una muy buena noticia para quienes viven en las zonas extremas.

Hoy si alguien que vive en San Fabián de Alico, en Cobquecura o en Ránquil, que son zonas aisladas, pertenece a una compañía, pero otra compañía tiene la concesión, esa persona no puede acceder a las comunicaciones. Esa es una de las grandes limitaciones que tiene hoy el mundo rural.

Como recientemente se señaló en un congreso internacional de ministros de agricultura, hoy en el mundo rural la conectividad digital está al mismo nivel que el agua y el suelo.

Por eso, al permitirse este roaming nacional, hablamos de un tremendo y relevante impacto en la vida del mundo rural, toda vez que aquellas personas que viven en localidades rurales o zonas extremas aumentarán su cobertura en la red sin cargo adicional, es decir, sin tener que pagar un costo extra, como ocurre hoy, que deben tener dos o tres líneas, como señaló el diputado René Alinco . Una vez que este proyecto se transforme en ley, esas personas solo deberán tener contratado el servicio con una compañía, porque las demás estarán obligadas a compartir su infraestructura para poder dar mayor cobertura y conectividad.

Esto beneficiará a las comunidades de menor densidad poblacional. Para solucionar este problema, la idea planteada es abrir el roaming nacional, de manera que aquellas personas que habiten en zonas alejadas puedan acceder a los servicios de telefonía y de datos, cualquiera que sea la compañía que tengan contratada.

Este es un paso muy significativo para miles de familias que hoy viven aisladas, sin conectividad, al permitir el acceso y el uso del espectro radioeléctrico que estuvieren operando en un roaming automático nacional.

También se dispone que el mero uso de la red de una concesionaria diferente de la contratada por un usuario no significará costos adicionales para este. En la Comisión de Obras Públicas, en donde también se tramitó este proyecto, dimos especial énfasis a esta discusión.

No quiero dejar pasar el hecho de que en la comisión, la Corte Suprema objetó la constitucionalidad de este proyecto, por cuanto, al someter las controversias a un arbitraje forzoso sin apelación, se está limitando su jurisdicción. Ese es un aspecto que la misma Corte Suprema observó. Entendemos que aquí puede haber diferencias entre grandes empresas, que estas decidan resolver mediante arbitraje.

Efectivamente estamos ante un proyecto tremendamente relevante que va en la línea de mejorar la conectividad de las zonas extremas.

Valoro que haya sido una senadora de una zona extrema, como es la Región de Aysén, que también representan los diputados René Alinco y Miguel Ángel Calisto , la que impulsara esta iniciativa que beneficiará a todo el país.

Hoy, cuando tenemos a miles de compatriotas viviendo en aislamiento y vemos que los estudiantes de los sectores rurales necesitan continuar con sus clases, por no poder asistir presencialmente, advertimos que este tipo de proyectos benefician enormemente al mundo rural. No podemos seguir tolerando una brecha digital que afecte a los más pobres y necesitados.

Vamos a votar a favor este proyecto y espero que haya más iniciativas que vayan en la dirección de mejorar la conectividad del mundo rural.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Ramón Barros Montero .

El señor BARROS.-

Señora Presidenta, estamos en presencia de un proyecto de ley que, a mi entender, es muy importante.

Al respecto, quiero agradecer a sus autores, entre los que se encuentra la senadora por la Región de Aysén, según dijo el diputado René Alinco , y especialmente el senador Alejandro García-Huidobro , de mi región y de nuestro partido, que también es uno de los autores de este proyecto de ley.

¿Por qué voy concatenando el hecho del diputado Alinco ? Porque represento a un distrito, dentro de la Región de O’Higgins, que tiene serias falencias en términos de cobertura de redes de celulares. Hay extensas áreas que no tienen cobertura o la tienen solo respecto de una sola compañía. Y lo que hace este proyecto es unificar las redes celulares para que, más allá de la compañía con la cual uno tenga contratado un plan, pueda hacer uso de las coberturas totales que tiene el sistema en su conjunto. Es decir, da lo mismo de quién sea la antena respectiva.

Si tengo contratado un plan con la empresa A, y la antena es de la empresa B, entonces ambas compañías deben prestar el servicio a efectos de establecer una mejor cobertura en las zonas como las que yo represento.

Entendamos que hoy no solo se trata de hablar por teléfono, sino también de conectarse con parientes, con amigos, etcétera, mediante el uso de las redes sociales, y además realizar cualquier trámite a través de internet, en general. Por ejemplo, las personas pueden efectuar trámites en la Contraloría General de la República, en el Servicio de Impuestos Internos, hacer inscripciones, verificación de asuntos bancarios, etcétera, cuestiones muy importantes, pero respecto de las cuales, de alguna manera, quienes vivimos en el mundo rural sentimos que la cancha no está emparejada. Y lo que hace este proyecto es justamente emparejar la cancha.

Voy a poner un ejemplo que, probablemente, van a entender en mi distrito, porque algunos vecinos siguen las discusiones. El diputado Renato Garín , tan conocedor del mundo rural -porque él es un hombre del mundo rural-, me entenderá perfectamente.

Cuando cruzo la cuesta de La Lajuela, camino de Santa Cruz a Lolol, inmediatamente después de la cuesta, se corta la señal de la empresa A, con la cual tengo contrato. Sin embargo, metros más allá tiene cobertura la empresa B. Entonces, como hoy el sistema no está unificado, solo podemos arreglar el problema, como lo hacen algunos. Si se tiene y se pagan dos equipos celulares, pagando dos cargos fijos, con un plan adicional que muchas veces ni siquiera se ocupa.

Por lo tanto, creo que esto es un tremendo avance para el mundo rural y de tremenda justicia para los usuarios. Así como hoy uno puede portar los números entre compañías, que tampoco sea un obstáculo quien sea el dueño de la antena, para que se unifique el sistema y el servicio sea mucho mejor.

Por lo tanto, le agradezco a mi senador Alejandro García-Huidobro y también a los senadores Francisco Chahuán , Ximena Órdenes , Álvaro Elizalde y Jorge Pizarro , porque relevaron un problema que estaba sumergido. Es necesario nivelar la cancha, para que la gente tenga un mejor servicio, con mejor cobertura en el mundo rural. Esto es determinante para integrarnos mejor, dado lo difícil que se hace, sobre todo en tiempos como los actuales, en que hay que hacer trámites por el teléfono celular, mediante internet, pues aunque todo esté funcionado, si no se tiene cobertura, quedamos cojos.

En consecuencia, anuncio que apoyaremos con mucho vigor y entusiasmo este proyecto de ley.

Finalmente, reitero mi agradecimiento a mi senador. He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia) .-

Señor Presidente, este proyecto viene a hacer justicia con aquellas familias que viven en sectores rurales, sobre todo con las que están más aisladas. Me refiero a las comunidades de pueblos indígenas, a las familias campesinas, a aquellas que pertenecen a pueblos y a otras que no.

Lamentablemente, durante mucho tiempo, ellas han estado desconectadas; lamentablemente, durante mucho tiempo, no se ha hecho justicia, porque todas las dificultades que ha tenido la ruralidad por la deficiencia de la conexión digital han hecho que ellas no tengan acceso a la información, situación que se complica mucho más a causa de la pandemia.

Por lo tanto, a través de este proyecto -hay que felicitar a sus autoras y autoresse va a permitir que cada una de esas comunidades tener la posibilidad de acceder a la conexión digital.

Sin embargo, todavía va a quedar pendiente la situación de aquellos estudiantes y de aquellas familias que no han podido tener acceso a la tecnología. Hay muchas familias en la ruralidad que no tienen teléfonos iPhone. Hay muchas familias que ahora seguramente van a tener la posibilidad de tener acceso a esta conexión; sin embargo, por falta de recursos, no van a tener conexión digital.

Quiero decir que esto ha sido mucho más crítico hoy día, porque, a raíz de esta crisis sanitaria, ellos no han podido llegar a los lugares céntricos, a las ciudades más importantes, por su conexión. Muchos han querido acceder a realizar sus pagos, pero ello ha sido difícil con el establecimiento de los cordones sanitarios. Les han dicho: “Usted tiene que traer el QR. Usted tiene que traer su salvoconducto en algún teléfono”. Pero, lamentablemente, muchos de ellos no cuentan con los teléfonos iPhone para realizar aquellos trámites, muchos de ellos en las mismas ciudades. Me refiero a las de la provincia de Osorno, que están conectados con la ciudad de Osorno, donde necesita abastecerse la ruralidad. Además, en esta crisis sanitaria tampoco el Estado ha estado presente para abastecer de alimentos a la ruralidad, para permitirles realizar sus trámites, para que las adultas y adultos mayores puedan realizar sus pagos. Lamentablemente, falta mucho todavía por apoyar a las familias de la ruralidad, y hoy día muchas de ellas, a nivel nacional, lo están pasando muy mal. Ellos tenían la posibilidad de ofertar, de vender sus productos, pero hoy día se les está restringiendo el ingreso para que puedan vender sus productos. A través de ello, ellos generan su ingreso familiar, pero tampoco han tenido la posibilidad de recibir algún bono.

Esta es la situación en que se encuentra la ruralidad.

Por lo tanto, este es un pequeño avance, pero no va a significar mucho para aquellas familias que todavía no cuentan con la tecnología. Es necesario seguir avanzando, y no se puede olvidar a la ruralidad.

También es necesario que el Presidente de la República y los ministros tomen las medidas que vayan en apoyo de las familias de la ruralidad, de las comunidades de pueblos indígenas. Por lo tanto, es necesario y urgente que actuemos.

Este proyecto de ley va a ser aprobado, porque va a permitir la conectividad en el territorio nacional, pero sigo señalando que todavía va a faltar…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Concluyó su tiempo, señorita diputada.

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos y veintiún segundos, el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, para ser honesto, debo decir que presido la Comisión de Economía, y en el día de ayer se llevó a cabo la votación, y, democráticamente, fui el único diputado que votó en contra del proyecto, porque si ustedes leen el título del proyecto, podrán constatar que dice: “Establece roaming automático nacional”, y si uno va a los informes de todas las comisiones, dice: “Informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, recaído en el proyecto que establece la obligación de permitir el acceso y uso de facilidades para la provisión de operación móvil virtual y roaming automático nacional”.

En ninguna parte se acentúa el ámbito rural, esto es, que los pueblos rurales van a tener acceso al servicio en virtud de este proyecto. Mi molestia es que todos los expositores, incluyendo a las subsecretarias de Telecomunicaciones y de Turismo, manifestaron que este proyecto era necesario y urgente para los pueblos rurales, por lo que nos llamaban a aprobarlo, dada la ansiedad con que era esperado, según nos indican. Pero cuando uno analiza bien el proyecto, se encuentra con situaciones que, desde mi punto de vista, son importantes de hacer presentes -a pesar de que el proyecto fue aprobado por mayoría y hay que respetarlo-, por lo que quiero dejarlas establecidas para la historia fidedigna de la ley.

El artículo 26 bis aprobado tanto en el Senado como en las comisiones de Obras Públicas y de Economía de la Cámara, según el comparado dice lo mismo: “Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones que sean asignatarios de derechos de uso de espectro radioeléctrico deberán permitir el acceso y uso de sus facilidades a otros concesionarios de servicios públicos -aquí viene lo que me preocupao que estén interesados en constituirse como tales,…”. Esto me recuerda mucho el proyecto -que lamentablemente generó un bochorno tanto aquí como en el Senadosobre los medidores. Cuando se estableció la obligación de uso de chalecos amarillos, ya los containers de China estaban listos en los puertos. Cuando salió el proyecto sobre implantación de chips para los animales domésticos, los containers de China ya estaban listos. Entonces, lo que estamos generando aquí es un proyecto para el cual ya hay dos o tres empresas dispuestas a entrar al mercado. Nadie está en contra de la libre competencia, pero debería haber sido un proyecto distinto. Todos hemos hablado del beneficio del proyecto para el ámbito rural, en circunstancias de que no será así. Se tendrá que esperar una cantidad de tiempo, si no de años, para poder lograr que efectivamente otras empresas se instalen, si les interesa.

Otro tema que me preocupa es que, en una parte, el artículo 26 bis dice: “…deberán permitir el acceso y uso de sus facilidades a otros concesionarios de servicios públicos o que estén interesados en constituirse como tales, para la operación móvil virtual…”. Creo que cualquier empresa que ha hecho una inversión, por mucho que esta futura ley quiera obligarla -no hay que olvidar que la Constitución consagra el derecho a la propiedad como algo fundamental-, y aunque exista un árbitro arbitrador, lo más probable es que recurra a la justicia, al Tribunal Constitucional o a quien corresponda, porque estamos frente a una expropiación. Eso debe saberse para que el día de mañana -quiero dejarlo establecidono nos equivoquemos con este proyecto de ley, que ya ha pasado por todos los trámites legislativos. Además -reitero-, el tema rural propiamente tal no se señala en ninguna parte como prioridad; así se desprende del título del proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal .

La señora CARVAJAL (doña M.a Loreto).-

Señor Presidente, me sumo a lo dicho por los parlamentarios de distritos de zonas extremas y, en general, de todas las regiones de nuestro país en donde tenemos usuarios, vecinos y vecinas que están desconectados y fuera de la llamada brecha digital. Si bien el aparataje comercial de las empresas de telecomunicaciones visualizan invertir en lugares con alta población, que obviamente les reditúen económicamente, tenemos una cantidad importante de personas que, pese a los esfuerzos que se han hecho a través de los distintos gobiernos, sobre todo con financiamiento de los gobiernos regionales, están sin posibilidad de conectividad. Hoy seguimos teniendo esa distinción porque no hay infraestructura ni la posibilidad de que se invierta en ese ámbito. Por eso este proyecto cobra relevancia.

Nos parece importante que se aumente la oferta comercial, sobre todo en las zonas aisladas. Tal como se discutió en las dos comisiones, hubiésemos querido que el proyecto se hubiera concentrado especialmente en las zonas apartadas y no haber quedado -como lo manifestó el diputado Pedro Velásquezcomo un todo, como un conjunto, en donde todos competirán, por lo cual se va a depender de la libre competencia para que se pueda generar la conectividad requerida en las zonas apartadas.

Creemos que es necesaria y urgente la conectividad. Sabemos lo que pasa en situaciones de emergencia y lo vivimos antes en el país a propósito del terremoto y hoy con la pandemia. Creemos que es necesario que el Estado garantice la conectividad, porque se entiende que es un derecho legítimo el mantenerse comunicado. Para eso debe existir la obligatoriedad de que las empresas de telecomunicaciones generen esta oportunidad de conexión y, sobre todo, que la garanticen en los lugares apartados, de modo que las personas puedan tener un solo teléfono, y no les ocurra lo que hoy sucede, esto es, que un aparato se conecta bien en una determinada zona, pero para otra zona se debe adquirir otro teléfono o aparato de telecomunicaciones.

En general, este proyecto abre la discusión de que la conectividad se haga efectiva, sin perjuicio de que habrá que corregir y que priorizar. Hacemos un llamado a quienes deban ejecutar más adelante las inversiones a que haya conectividad para todos, en especial en nuestras zonas apartadas, donde es necesaria y urgente, porque también es un derecho humano poder conectarse y estar familiarizado con…

El señor PAULSEN (Presidente).

Ha terminado su tiempo, señora diputada.

-o-

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, este proyecto fue discutido latamente en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de esta Cámara, en la que de manera unánime y transversal estimamos procedente llevar adelante el proceso de roaming automático nacional porque entendemos que el espacio radioeléctrico es un bien nacional de uso público y el Estado les entrega estos derechos a ciertos asignatarios. Por lo tanto, al ser un bien nacional de uso público, debe ser tratado como tal. En ese sentido, el abrir la oportunidad para que nuevas empresas puedan acceder al mercado claramente es un beneficio para la ciudadanía que hoy no cuenta con servicio de internet en sus comunas.

Pero cabe hacer presente que en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones habíamos establecido que se tratara del roaming automático nacional. Lamentablemente, en la Comisión de Economía se eliminó el vocablo “nacional” del artículo 26 bis, estableciéndose solo para zonas extremas. Señor Presidente, creo que esta enmienda establecida por la Comisión de Economía en definitiva no corresponde. Debería corresponder lo que se señala en el texto original del Senado y que fue aprobado por la Comisión de Obras Públicas.

Para finalizar, solo un mensaje: me parece bastante anecdótico que las únicas que hoy en Chile se niegan a legislar respecto de esta materia sean las grandes empresas de radiotelefonía. Son las empresas grandes de nuestro país las que no querían que legisláramos. Hoy espero que, con esta salvedad, este proyecto se tramite rápidamente, con el objeto de que se transforme en ley de la república en el corto plazo.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, por el tiempo que le resta a su bancada, el diputado Juan Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Juan).-

Señor Presidente, este es un proyecto histórico para quienes somos de regiones y conocemos el mundo rural, porque, sin duda, entendemos lo que significará la transformación que se propone para el mundo digital y el área de las telecomunicaciones.

Mientras me desempeñaba como seremi de Transportes y Telecomunicaciones, durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se me acercaron algunos dueños de pymes del pueblito artesanal de Alcohuaz. Ellos tenían un emprendimiento turístico y recibían visitas de muchos extranjeros; sin embargo, no tenían señal para comunicarse o para recibir pagos electrónicos, algo que parece tan simple hoy.

Por lo tanto, con esta iniciativa el mundo rural va a ser tremendamente fortalecido con la conectividad.

En la Región de Coquimbo hay más de ciento sesenta localidades rurales que requieren de un subsidio de zonas aisladas, que requieren de conectividad territorial, que muchas veces se utiliza solo dos o tres veces a la semana.

Esta medida irá en beneficio de todas esas personas que se sienten aisladas del mundo moderno y de muchas otras cosas. A una persona de la localidad de Tulahuén, que hoy tiene cuenta solo con señal de Movistar, sin duda le va a cambiar la vida el hecho de poder optar entre distintas compañías y usar una sola antena. Lo mismo ocurrirá con las personas de Chungungo.

En Chillepín, por ejemplo, hay una sola compañía que les entrega el mejor servicio; por lo tanto, esto les va a permitir tener la libertad de optar y de conectarse.

Este es un tremendo proyecto que creo que hay que aprobar en su totalidad, porque, sin duda, va a cambiar la calidad de vida de todas las personas que viven en sectores rurales apartados, quienes muchas veces estaban obligadas a contratar con una sola compañía, que no necesariamente les entregaba el mejor servicio.

Por lo anterior, anuncio mi voto a favor de este proyecto de ley, porque, sin duda, va a generar un antes y un después en materia de telecomunicaciones, sobre todo en la Región de Coquimbo, donde existe la mayor cantidad de comunidades agrícolas y de poblados aislados a nivel nacional.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).

Se ha hecho reclamación por la declaración de inadmisibilidad efectuada por la Mesa respecto de una moción de las diputadas Karol Cariola , Daniella Cicardini , Claudia Mix , Alejandra Sepúlveda y Camila Vallejo , y de los diputados Gabriel Boric , Rodrigo González , Manuel Monsalve , Raúl Soto y Víctor Torres , que dispone la creación de un fondo solidario de contingencia previsional.

Para defender la admisibilidad de la moción, tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .

Señor Presidente, hemos presentado un proyecto que busca la implementación de un fondo de contingencia financiado con las utilidades y comisiones de la administradoras de fondos de pensiones, para la provisión de un bono destinado a las personas que se encuentran cesantes por causa de la contingencia generada por la covid-19.

Hemos recibido el informe de inadmisibilidad que prepararon la Mesa y la Secretaría de la Cámara, pero, de manera contraria a lo que se plantea en ese informe, creemos que el proyecto es admisible. De hecho, nos hicimos cargo de algunos de los elementos de admisibilidad, y el 28 de abril enviamos correcciones al proyecto, mediante correo electrónico dirigido a Leonardo Lueiza , de la Oficina de Partes, las cuales fueron recibidas y admitidas.

Primero, a diferencia de lo que se plantea en el informe, este proyecto de ley no crea nuevos servicios públicos ni asigna nuevas funciones. El artículo 65, N° 2°, de la Constitución señala que corresponderá al Presidente de la República, la iniciativa exclusiva para “Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones.”.

Tal cual lo señala el presente proyecto, tanto las instituciones como el mecanismo contemplado en su artículo 4 ya existen y no se crean nuevas. En ese sentido, la ley N° 21.225, que crea el bono covid-19, que se aprobó en esta Sala, le otorga atribuciones al Instituto de Previsión Social (IPS) para pagar el bono en una sola cuota, a más tardar, dentro de los noventa días siguientes a la publicación de la ley. Incluso, se establece que el IPS puede celebrar convenios directos con una o más entidades públicas o privadas para que dicho pago se concrete, incluyendo al BancoEstado. Este es un ejemplo de algunas de las modificaciones que realizamos a partir del informe de la Secretaría, salvando la admisibilidad.

Además, el informe se equivoca en señalar que los recursos del encaje son un impuesto. Creemos que esta afirmación es absolutamente errada, pues los impuestos son cargas tributarias que se imponen a los contribuyentes y que se recaudan por la Tesorería. Su característica más importante es que no tienen destinación específica. En cambio, el encaje tiene una destinación específica y no se recauda a través de la Tesorería General de la República, sino que más bien lo administran las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

Por lo tanto, queda claro que el encaje, a diferencia de lo que plantea el informe de la Secretaría, está muy lejos de ser un impuesto. Además, el 2019, cerca del 50 por ciento de las utilidades de las AFP provino del encaje. Así, queda claro cuál es la diferencia que planteamos a propósito de la admisibilidad de ese punto.

En relación con las modificaciones que se le hicieron al proyecto, se establece que se hará entrega de un bono financiado mediante las utilidades netas de las AFP a quienes fueron despedidos de sus trabajos durante la pandemia, y no modifica en ningún ámbito el cálculo de las pensiones de los trabajadores y las trabajadoras, como se señala en la parte final del proyecto.

Asimismo, no incide en materias de seguridad social, porque el artículo 65, N° 6°, de la Constitución señala que le corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para “establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.”. Sin embargo, la Constitución no define el derecho a la seguridad social, limitándose, en su artículo 19, N° 18°, a establecer que existe un derecho no protegido por el recurso de protección, para que todos los habitantes de la república accedan al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La jurisprudencia constitucional ha entendido que constituyen normas de seguridad social aquellas que inciden en materia de pensiones, seguro de cesantía, salud y enfermedad laboral. En el caso de este proyecto, se contempla una transferencia de recursos transitoria y directa financiada por recursos privados, y no una prestación básica uniforme para toda la población. No es una pensión ni incide en leyes que regulen prestaciones de seguridad social; no irroga gastos, porque el fondo sale completamente de las utilidades de las AFP y, además, del sector privado. Por ende, es completamente admisible. Además, cuando se señala que es expropiatorio, quiere decir que no es iniciativa reservada…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, diputada Karol Cariola . Ofrezco la palabra para apoyar la postura de la Mesa.

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, es evidente que este proyecto es contrario a la Constitución Política de la República; lo sabemos todos en esta Sala. De hecho, lo saben los que lo presentan, pero les da exactamente lo mismo, porque lo único que les importa es marcar un punto político en sus redes sociales y en las prensas regionales, muchas veces pagadas por ellos mismos.

Ahora votaremos la constitucionalidad del proyecto, no el proyecto en sí. Lo señalo porque, en la Región de O’Higgins, tenemos dos colegas que tienen la práctica habitual de tergiversar este tipo de votaciones, y dicen que se vota una cosa distinta para jugar con las expectativas de la gente y, además, pagan redes sociales para atacar a los que no estamos dispuestos a sumarnos a esa venta de humo.

Desconozco si rinden a la Cámara esa plata que pagan en publicidad en Facebook, porque sería el colmo que usaran plata de todos los chilenos para atacar a otros diputados. Es tiempo de evaluar sanciones y terminar con esta mala práctica que juega con las expectativas de la gente.

La Constitución establece que solo el Presidente de la República puede presentar proyectos para “Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.”. Esto tiene una razón de ser: pretende evitar que se comprometan gastos que no se administran y, de esa manera, jugar con las expectativas de los pensionados. No estamos en Argentina, donde se echa a mano a los ahorros de los trabajadores antes de preocuparse de generar fondos públicos, recortar burocracia o buscar estrategias más creativas que no le jodan la jubilación a los pensionados. Estoy de acuerdo con que las AFP debiesen devolver las comisiones que cobran si en un año los fondos tienen pérdidas, pero pretender expropiar los fondos de terceros para pasárselos a los afiliados es inconstitucional. Además, resulta bastante curioso, porque se olvida que el Estado tendría que pagar indemnizaciones por esas expropiaciones. Es como donarse a uno mismo, porque los recursos que se expropian se terminan pagando de vuelta.

Peor todavía, el fondo que se propone se refiere al encaje, que es dinero que las AFP invierten en los mismos multifondos que cubren los ahorros de los trabajadores; entonces, esto es como hacerse trampa en el solitario, porque terminan perjudicando a los mismos ahorrantes, además de salir con saldo negativo. Estoy seguro de que hay soluciones mejores. Nuestra postura es explorar todos los caminos posibles antes de recurrir a ideas que precarizan, especialmente a los pensionados que tienen menos fondos guardados.

Además, la Constitución establece que sólo el Presidente de la República puede presentar proyectos de ley que incidan en seguridad social. Acá, evidentemente, nos estamos refiriendo a eso.

Estamos hablando de trabajadores a los que, mes a mes, les retienen en sus cuentas de ahorro un porcentaje para su jubilación. Seamos más honestos: ¿con las expectativas de quiénes se pretende jugar con estos proyectos? No somos nosotros, que tenemos muchos fondos ahorrados y no tenemos este dilema, sino que apuntan a los trabajadores con escasos ahorros, quienes han acumulado montos muy bajos en sus cuentas. ¿De verdad la propuesta de la izquierda para sortear esta crisis es que los trabajadores más precarios echen mano a sus fondos de pensiones? ¿Por qué mejor no recortamos la burocracia, los operadores políticos enquistados en el Estado y, con esos fondos, generamos empleos de emergencia o bonos especiales? ¿Por qué los trabajadores pobres tendrían que pagar esta crisis con sus fondos de pensiones? Insisto en la pregunta: ¿Esa es la solución que nos entregan los sectores de izquierda?

Le pido al gobierno que se exploren todas las vías posibles, sin populismo, antes de recurrir a precarizar a nuestros jubilados, como lo han hecho otros gobiernos sudamericanos, con nefastas consecuencias. Chile puede enfrentar esta crisis, porque con gobiernos de centroizquierda y centroderecha hemos combatido el simplismo y el populismo que suponen estos proyectos inconstitucionales. Sigamos en esa senda, estemos a la altura y declaremos la inconstitucionalidad de esta venta de humo que quiere echar mano a los ahorros de los trabajadores más pobres de Chile

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Se ha presentado una impugnación a la declaración de inadmisibilidad decretada por la Mesa a la moción que extiende la cobertura del subsidio de arriendo.

Para defender la impugnación, tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, en relación con el artículo 65, incisos tercero y cuarto, N° 2°, de la Constitución Política de la República, invocado para declarar inadmisible esta moción, indico lo siguiente:

En primer lugar, el proyecto no pide ni exige recursos frescos o una reasignación; no interfiere en la administración financiera del Estado y no disminuye gasto alguno ni lo incrementa; solo permite o amplía las posibilidades de postulación al subsidio de arriendo.

Es un proyecto que piensa y actúa en favor de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que, viviendo la cuarentena, se ven expuestas al peligro de daño de su integridad física al estar obligadas a convivir en un mismo lugar con su agresor.

Asimismo, ayuda a los cesantes que reciben seguro de cesantía y que ven mermados sus ingresos. Estos dos casos específicos podrían ser el de personas que nunca necesitaron recurrir a un beneficio, pero que de un día para otro vieron modificada su realidad. El Estado tiene la obligación de acudir en su ayuda.

Ojalá que una persona víctima de violencia intrafamiliar no se transforme en una víctima de femicidio por no tener las condiciones económicas para acceder a un arriendo.

En segundo lugar, el proyecto no es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, porque no extiende el número de beneficiarios o destinatarios, y si lo hiciere, no necesariamente sería inadmisible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay mociones que crean penas privativas de libertad y que son admisibles, pese a que evidentemente generan gastos en alimentación, en aumento de funcionarios, etcétera.

El Tribunal Constitucional y este Congreso han sido consistentes en señalar que de aplicarse con rigidez el criterio de no generar gastos, no podríamos presentar proyecto de ley alguno.

Este es un proyecto que no crea ni modifica un programa, no interfiere con las facultades del ministro; de hecho, las reconoce y las recoge. Además, el programa de subsidio de arriendo es un reglamento que no tiene rango legal. Este proyecto apunta a ser ley, y un reglamento no puede estar por encima de una ley.

¿Puede una ley pretender fijar criterios para postular a un programa? Sí, puede. Un ejemplo es la ley N° 20.255, que crea el subsidio de discapacidad mental. O sea, una ley perfectamente puede establecer criterios para postular a un programa, siempre que no genere ni modifique gastos o no establezca facultades a las autoridades ejecutivas. Lo primero solo es una suposición de la Mesa, y lo segundo de ninguna manera sucede.

Por último, insistimos en que este proyecto no incrementa ni disminuye gastos, no crea servicios, no suprime y menos determina funciones y atribuciones; solo da curso a la aplicación de criterios nuevos al reconocer las actuales funciones ejercidas por el ministerio. Los verbos rectores son claros al respecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para defender la postura de la Mesa, tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Gonzalo).-

Señor Presidente, este proyecto es inadmisible para este ejercicio presupuestario, porque cambiar o ampliar la cobertura conllevaría un mayor gasto para el Estado, porque se modifican los parámetros.

El proyecto podría ser admisible si se le incorporara un artículo transitorio que señale que la ley entrará en vigencia luego de aprobado el próximo presupuesto de la nación, pues perfectamente se podría contemplar esa cobertura. Al incorporar un artículo transitorio se salvaría la inadmisibilidad y no la estaríamos discutiendo, pero pretender incorporar ahora esa cobertura, pese a contar con un presupuesto ya aprobado, necesariamente aumentará la cobertura y generará un mayor gasto para el Estado.

Por eso, esta moción es inadmisible.

He dicho.