Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- PORTADA
- VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 368ª
Sesión 36ª, en jueves 2 de julio de 2020
(Especial, de 10:07 a 17:21 horas)
Presidencia de los señores Paulsen Kehr, don Diego; Undurraga Gazitúa, don Francisco, y González Torres, don Rodrigo.
Presidencia accidental de la señora Sepúlveda Orbenes, doña Alejandra.
Secretario subrogante, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
Prosecretario subrogante, el señor Muga Ramírez, don Pedro.
REDACCIÓN DE SESIONES
PUBLICACIÓN OFICIAL
ÍNDICE
VII.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.Oficios:
-Oficio del Presidente de la Cámara de Diputados por el cual, en ejercicio de sus atribuciones concedidas por el artículo 15, inciso segundo, de la ley N° 18.918, procede a declarar inadmisible la moción de los diputados señores Díaz, Rosas ; Sepúlveda, don Alexis ; Silber , Torres y Winter ; y de las diputadas señoras Álvarez doña Jenny ; Cariola , Mix y Orsini , que "Prorroga el plazo para la renovación de los permisos de circulación correspondientes al año 2020", por cuanto infringe lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, numeral 3°, segunda parte, de la Constitución Política de la República. (33/368/2020).
-Oficio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento por el cual se solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los proyectos de reforma constitucional que habilitan el retiro anticipado de fondos previsionales, contenidos en los boletines N°s 13501-07, 13617-07 y 13627-07.
-Oficio de las Comisiones Unidas de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización , y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por el cual solicitan, al tenor de lo dispuesto en el artículo 17 A de la LOC del Congreso Nacional, recabar la anuencia de la Sala para refundir el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo para promover la denuncia, por parte de los funcionarios públicos, de los delitos y otros hechos irregulares de los que tengan conocimiento (Boletín N° 13.115-06), radicado en la Comisión de Gobierno Interior; con el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece un Estatuto de Protección a favor del Denunciante de actos contra la probidad administrativa (Boletín N°13.565-07), radicado en las Comisiones Unidas requirentes.
-Oficio de la I.Municipalidad de Pitrufquén, en conjunto con la Cámara de Comercio de esa comuna, por el que solicita a la Cámara de Diputados, dar impulso a las medidas legislativas que sugiere, para afrontar la crisis económica y social que les ha generado la pandemia de Covid-19 (519).
-Oficio de la Contraloría General de la República, mediante el cual acompaña el Informe de Auditoría Final N°883, de 2019, relativo al servicio de mantención de jardines por parte de la Municipalidad de Ñuñoa, años 2017-2019 (10409-2020). A disposición de las señoras diputadas y señores diputados.
2.Resolución:
- Resolución de la Comisión de Ética y Transparencia recaída en un requerimiento presentado contra el diputado Gabriel Boric , por haber facilitado el ingreso irregular de un grupo de mujeres a dependencias de la Corporación.
3.Licencia médica:
- Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al diputado señor Boric , quien deberá permanecer en reposo por un plazo de cinco (5) días, a contar del 22 de junio de 2020 en curso.
4.Certificados:
-Certificado que acredita que el diputado señor Kast , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas entre el 1 y el 31 de julio de 2020, por impedimento grave.
-Certificado que acredita que el diputado señor Velásquez, don Pedro , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas entre el 23 y el 26 de junio de 2020, por impedimento grave.
-Certificado que acredita que el diputado señor Molina , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas entre el 15 y el 28 de junio de 2020, por impedimento grave.
-Certificado que acredita que el diputado señor Molina , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas entre el 29 de junio y el 12 de julio de 2020, por impedimento grave.
-Certificado que acredita que el diputado señor Álvarez, don Sebastián , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas entre el 15 y el 28 de junio de 2020, por impedimento grave.
-Certificado que acredita que el diputado señor Álvarez, don Sebastián , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas entre el 30 de junio y el 12 de julio de 2020, por impedimento grave.
-Certificado que acredita que el diputado señor Velásquez, don Pedro , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones celebradas entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2020, por impedimento grave.
5.Comunicación:
- Comunicación de la diputada señora Hoffmann , y de los diputados señores Alessandri , Moreira y Urrutia, don Osvaldo , por el cual informan que retiran de tramitación el proyecto que "Modifica la ley N°19.968, que Crea los Tribunales de Familia, y la ley N° 20.066, que Establece ley de violencia intrafamiliar, para posibilitar el control telemático de la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima, en los supuestos que indica". Boletín N° 13285-34.
Respuestas a Oficios
Contraloría General
-Diputado Alarcón, don Florcita . Informar sobre el estado en que se encuentra el reglamento al cual está sujeta la entrada en vigencia de la ley Nº 21.046, que establece la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a internet, señalando los motivos del retraso de su dictación. (10.288 al 54146).
-Diputado Trisotti, don Renzo . Tenga a bien analizar la posibilidad de destinar los fondos de inversión que se indican al área de la salud de la Región de Tarapacá, en virtud de la crisis sanitaria por el Covid-19. (10364 al 51983).
-Diputado Ascencio, don Gabriel . Tenga a bien fiscalizar y emitir un pronunciamiento respecto al nombramiento de la señora Ministra del Deporte Cecilia Pérez como Presidenta de la Corporación Santiago 2023, verificando si se ajusta a derecho. (10365 al 45295).
-Diputado Velásquez, don Pedro . Se sirva informar sobre las facultades que posee ese organismo para fiscalizar a las corporaciones municipales y las recomendaciones que podría formular para modificar la normativa vigente, a fin que los alcaldes y concejos comunales puedan ejercer un control administrativo respecto de dichos organismos. (10368 al 46268).
-Diputado Mellado, don Miguel . Se sirva informar sobre las apelaciones presentadas por las personas que se indican contra las bases del concurso interno de encasillamiento para titulares de planta y a contrata de la Planta de Técnicos del hospital de Temuco presentadas en agosto de 2019, indicando el estado de avance de los respectivos procesos, en los términos que requiere. (5.619 al 47494).
-Diputado Mellado, don Miguel . Tenga a bien dar respuesta al oficio Nº 47.494, de esta Corporación, de fecha 30 de enero de 2020, cuya copia se acompaña. (5.619 al 50978). (5.619 al 50978).
Ministerio de Relaciones Exteriores
-Diputado Jarpa, don Carlos Abel . Estado de la solicitud N° 574-07, del caso Giorgio Vera Fernández con Estado de Chile ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, indicando si se ha entregado una respuesta por parte del Estado denunciado, a la solución amistosa de controversias, en virtud de las consideraciones que expone. (S/N al 53427).
-Diputado Alarcón, don Florcita . Posibilidad de recabar instrucciones de S. E. el Presidente de la República, a fin representar ante el gobierno de los Estados Unidos de América la molestia de nuestro país ante la situación de los Derechos Humanos en dicho país y la represión ejercida contra manifestantes. (S/N al 53491).
-Diputado Jarpa, don Carlos Abel . Proceso de postulación y ejecución en que se encuentran los fondos concursables que señala, cuyo financiamiento se encuentra aprobado a través de la Ley de Presupuestos 2020. (3718 al 51489).
-Diputada Mix , doña Claudia . Condiciones contempladas en el Plan Humanitario de Regreso Ordenado dispuesto por el Gobierno, en relación con la situación de los inmigrantes que han manifestado su intención de retornar a su país de origen, indicando la efectividad de la prohibición de ingresar nuevamente a Chile en el período de 9 años, dando respuesta a las demás interrogantes que plantea. (3736 al 53699).
-Diputada Leuquén , doña Aracely . Providencias sanitarias dispuestas por esa Subsecretaría, en relación con los grupos de inmigrantes que permanecen en situación de calle, a la espera de retornar a sus países de origen, en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19. (3755 al 54519).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
-Diputada Cid, doña Sofía . Situación que afecta a los dueños y conductores de la locomoción colectiva mayor, señalando si se incluyen medidas o planes de apoyo para el gremio en las políticas económicas anunciadas recientemente por el Gobierno. (546 al 50090).
-Diputado Sepúlveda, don Alexis . Establecimiento de programas de emergencia, por parte del Servicio de Cooperación Técnica, en favor de los pequeños emprendedores y la pequeña y mediana empresa de la Región del Maule, en los términos que requiere. (597 al 51118).
Ministerio de Hacienda
-Diputado Sauerbaum, don Frank . Factibilidad de estudiar la creación de una zona franca agroindustrial en la Región de Ñuble, con el objeto de contribuir a la generación de nuevos empleos. (1330 al 45232).
-Diputado Silber, don Gabriel . Ejecución durante 2020 de los diversos proyectos y programas de ese Ministerio, especialmente de aquellos enfocados a atender la contingencia por la emergencia del Covid-19, la forma en que se han invertido los recursos de las distintas líneas presupuestarias de esa organismo para el presente año, el número de personas naturales o jurídicas beneficiadas, desagregado por región, provincia y comuna y los montos invertidos y asignados en los programas de 2019; indicando la variación a este año en igual período de tiempo, mostrado gráficamente, en los términos que requiere. (1333 al 51469).
-Diputado Rathgeb, don Jorge . Posibilidad de volver a estudiar el revalúo de los predios agrícolas para evitar alzas en el pago de los impuestos territorial y de la renta, en los términos que requiere. (1335 al 48962).
-Diputado Schilling, don Marcelo . Medidas que contempla el Plan de Protección del Empleo y Recuperación Económica para las comunas de la Región de Valparaíso, en los términos que requiere. (1362 al 43491).
Ministerio de Educación
-Diputado Hirsch, don Tomás . Orden de demolición que afecta a los blocks 14 y 15 del proyecto de integración social villa San Luis, ubicado en la comuna de Las Condes, en los términos que requiere dentro del ámbito de sus competencias. (231 al 36993).
-Diputado Velásquez, don Pedro . Antecedentes académicos del señor Tomás Felipe Yavar Aguilera , funcionario de la municipalidad de Coquimbo. (551 al 37766).
-Diputado Santana, don Juan . Gestiones realizadas por ese Ministerio para la conversión de establecimientos educacionales mono genéricos a mixtos, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (553 al 47349).
-Diputado Ascencio, don Gabriel . Se sirva tomar conocimiento de las recomendaciones efectuadas por el Parlamento Andino, en relación con la promoción de actividades académicas por televisión y radio para estudiante de preescolar, básica primaria y secundaria en los países andinos. (554 al 50238).
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Diputada Mix , doña Claudia . Número de personas privadas de libertad que han solicitado indultos en los últimos 6 meses en Chile. (369 al 50311).
Ministerio de Defensa Nacional
-Diputado Ibáñez, don Diego . Permisos de concesión otorgados al titular de la construcción del talud ubicado en el sector de Playa Larga, Región de Valparaíso, en virtud del Permiso de Obra Menor N° 37/2019, emitido por la Dirección de Obras Municipales de Puchuncaví, en atención a los antecedentes que expone. (37 al 52208).
-Diputada Marzán, doña Carolina . Posibilidad de actualizar la línea de alta marea en el borde costero de la Región de Valparaíso, principalmente en la playa larga de la localidad de Horcón, comuna de Puchuncaví. Asimismo, refiérase a la factibilidad de fiscalizar la obra correspondiente al muro ubicado en dicha playa, en atención a los antecedentes que señala. (38 al 52504).
-Diputada Mix , doña Claudia . Remita copia del registro de condecoraciones, distintivos y medallas otorgadas por el Consejo de Condecoraciones de las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional, conforme al artículo 14 del decreto N° 461 de ese Ministerio, en los términos que requiere. Asimismo, refiérase al número de personas incorporadas en el citado registro, que cuenten con alguna condena efectiva por violaciones a los Derechos Humanos. (6855-4514 al 39751).
-Diputada Mix , doña Claudia . Remita el informe actualizado y detallado del registro de condecoraciones, distintivos y medallas otorgadas por el Consejo de Condecoraciones de las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional, indicando las personas que tienen alguna condena efectiva por violación a los Derechos Humanos. (6855-4514 al 43444).
Ministerio de Obras Públicas
-Diputado Santana, don Juan . Resultados de las fiscalizaciones realizadas al predio agrícola de la Frutícola Atacama, ubicada en la comuna de Copiapó, que hayan tenido por objeto verificar las condiciones generales de higiene y seguridad de los trabajadores, desde marzo de 2018 hasta la fecha. Asimismo, indique la cantidad de controles realizados a otros predios agrícolas de la misma región, en los términos que requiere. (2332 al 48555).
Diputado Torres, don Víctor . Medidas adoptadas para fiscalizar y verificar las denuncias formuladas por los trabajadores de la empresa Central Park de Besalco, administradora de los estacionamientos del centro de la ciudad de Viña del Mar, por falta de medidas de seguridad y no implementación de las instrucciones preventivas contra el Covid-19 ordenadas por la autoridad sanitaria. Asimismo, indique las acciones de fiscalización llevadas cabo en la Región para corregir eventuales situaciones de riesgo para la polación. (2333 al 49355).
-Diputado Gutiérrez, don Hugo . Situación que afecta a la señora Yoana Elespuru Zuñiga , debido al no pago de su licencia médica por parte de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, analizando la posibilidad de revisar el caso, en virtud de las consideraciones que expone. (2334 al 50494).
-Diputada Marzán , doña Carolina . Situación que afecta al señor Roberto Alejandro Merique Saavedra , de la comuna de Quillota, debido al rechazo de sus licencias médicas, señalando los criterios que justificarían dicha determinación y analizando la posibilidad de efectuar una reconsideración de las mismas. (2335 al 50379).
-Diputado Silber, don Gabriel . Resultado de la fiscalización efectuada a la empresa Obras Civiles y Tronaduras Explonun Ltda . y a las demás que funcionan en el recinto del complejo de centros de almacenaje San Francisco de la comuna de Pudahuel, por las razones que expone. (2336 al 49005).
-Diputado Santana, don Juan . Medidas que se adoptarán en los centros pertenecientes a la red del Servicio Nacional de Menores de la Región de Atacama, con el objeto de evitar la propagación del Covid-19, emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que plantea. (2339 al 49626).
-Diputado Barrera, don Boris . Situación que afecta a la señora Brenda Quezada Mallea , debido al atraso en el pago de sus licencias médicas, en los términos que requiere. (2340 al 51190).
-Diputado Silber, don Gabriel . Situación que afecta a la señora Aracelli Leiva Tapia , residente de la comuna de Quilicura, con el objeto de que se adopte una solución para gestionar prontamente el pago de sus licencias médicas, en virtud de las consideraciones que expone. (2341 al 51395).
-Diputada Cid, doña Sofía . Existencia de protocolos para evitar aglomeraciones en las ferias libres de las comunas de esa región. (2343 al 50168).
-Diputado Rosas, don Patricio . Número de comunas de esa región que requieren del uso de camiones aljibes para abastecer de agua potable a sus habitantes, señalando la cantidad de meses en que es necesario utilizar esa clase de vehículos, en los términos que requiere. (790 al 45770).
-Diputado Rosas, don Patricio . Número de comunas de esa región que requieren del uso de camiones aljibes para abastecer de agua potable a sus habitantes, señalando la cantidad de meses en que es necesario utilizar esa clase de vehículos, en los términos que requiere. (790 al 45771).
-Diputado Rosas, don Patricio . Número de comunas de esa región que requieren del uso de camiones aljibes para abastecer de agua potable a sus habitantes, señalando la cantidad de meses en que es necesario utilizar esa clase de vehículos, en los términos que requiere. (790 al 45772).
-Diputado Rosas, don Patricio . Número de comunas de esa región que requieren del uso de camiones aljibes para abastecer de agua potable a sus habitantes, señalando la cantidad de meses en que es necesario utilizar esa clase de vehículos, en los términos que requiere. (790 al 45773).
Diputado Rosas, don Patricio . Número de comunas de esa región que requieren del uso de camiones aljibes para abastecer de agua potable a sus habitantes, señalando la cantidad de meses en que es necesario utilizar esa clase de vehículos, en los términos que requiere. (790 al 45778).
-Diputado Rosas, don Patricio . Número de comunas de esa región que requieren del uso de camiones aljibes para abastecer de agua potable a sus habitantes, señalando la cantidad de meses en que es necesario utilizar esa clase de vehículos, en los términos que requiere. (790 al 45779).
-Diputado Rosas, don Patricio . Número de comunas de esa región que requieren del uso de camiones aljibes para abastecer de agua potable a sus habitantes, señalando la cantidad de meses en que es necesario utilizar esa clase de vehículos, en los términos que requiere. (790 al 45780).
-Diputado Rosas, don Patricio . Número de comunas de esa región que requieren del uso de camiones aljibes para abastecer de agua potable a sus habitantes, señalando la cantidad de meses en que es necesario utilizar esa clase de vehículos, en los términos que requiere. (790 al 45781). (790 al 45781).
-Diputado Rosas, don Patricio . Número de comunas de esa región que requieren del uso de camiones aljibes para abastecer de agua potable a sus habitantes, señalando la cantidad de meses en que es necesario utilizar esa clase de vehículos, en los términos que requiere. (790 al 45783).
-Diputado Rosas, don Patricio . Número de comunas de esa región que requieren del uso de camiones aljibes para abastecer de agua potable a sus habitantes, señalando la cantidad de meses en que es necesario utilizar esa clase de vehículos, en los términos que requiere. (790 al 45784).
-Diputado Rosas, don Patricio . Funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable Rural en esa región, detallando las localidades que presentan problemas de suministro, en los términos que requiere. (790 al 45798).
-Diputado Rosas, don Patricio . Funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable Rural en esa región, detallando las localidades que presentan problemas de suministro, en los términos que requiere. (790 al 45799).
-Diputado Rosas, don Patricio . Funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable Rural en esa región, detallando las localidades que presentan problemas de suministro, en los términos que requiere. (790 al 45800).
-Diputado Rosas, don Patricio . Funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable Rural en esa región, detallando las localidades que presentan problemas de suministro, en los términos que requiere. (790 al 45801).
-Diputado Rosas, don Patricio . Funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable Rural en esa región, detallando las localidades que presentan problemas de suministro, en los términos que requiere. (790 al 45804).
-Diputado Rosas, don Patricio . Funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable Rural en esa región, detallando las localidades que presentan problemas de suministro, en los términos que requiere. (790 al 45805).
Diputado Rosas, don Patricio . Funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable Rural en esa región, detallando las localidades que presentan problemas de suministro, en los términos que requiere. (790 al 45806).
-Diputado Rosas, don Patricio . Funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable Rural en esa región, detallando las localidades que presentan problemas de suministro, en los términos que requiere. (790 al 45807).
-Diputado Rosas, don Patricio . Funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable Rural en esa región, detallando las localidades que presentan problemas de suministro, en los términos que requiere. (790 al 45808).
-Diputado Rosas, don Patricio . Funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable Rural en esa región, detallando las localidades que presentan problemas de suministro, en los términos que requiere. (790 al 45809).
-Diputado Rosas, don Patricio . Funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable Rural en esa región, detallando las localidades que presentan problemas de suministro, en los términos que requiere. (790 al 45811).
-Diputado Rosas, don Patricio . Funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable Rural en esa región, detallando las localidades que presentan problemas de suministro, en los términos que requiere. (790 al 45812).
-Diputado Rosas, don Patricio . Número de comunas de esa región que requieren del uso de camiones aljibes para abastecer de agua potable a sus habitantes, señalando la cantidad de meses en que es necesario utilizar esa clase de vehículos, en los términos que requiere. (790 al 46235).
-Diputado Rosas, don Patricio . Funcionamiento de los Sistemas de Agua Potable Rural en esa región, detallando las localidades que presentan problemas de suministro, en los términos que requiere. (790 al 46236).
-Diputada Parra, doña Andrea . Posibilidad de avanzar en el diseño del asfaltado del camino Codihue-Cantino-Palermo, rol S-313, de la comuna de Vilcún, por las consideraciones que expone. (792 al 46326).
-Diputada Parra, doña Andrea . Posibilidad de avanzar en el diseño del asfaltado del camino Codihue-Cantino-Palermo, rol S-313, de la comuna de Vilcún, por las consideraciones que expone. (792 al 46327).
-Diputado Rocafull, don Luis . Existencia de algún proyecto para intervenir caleta Camarones , en los términos que requiere. (794 al 48347).
-Diputado Espinoza, don Fidel . Posibilidad de incluir en el programa de inversión regional de agua potable rural el proyecto del Comité de Chauchil de la comuna de Hualaihué. (795 al 41775).
-Diputado Espinoza, don Fidel . Posibilidad de incluir en la cartera de proyectos de la Dirección de Obras Hidráulicas y en el programa de inversión regional de agua potable rural al Comité Pre-Cordillera del sector Pulelfu-Santa Elvira-Las Parras de la comuna de Puyehue. (796 al 41773).
-Diputado Espinoza, don Fidel . Antecedentes acerca de los trabajos de ampliación y remodelación del terminal aéreo El Tepual, ubicado en la comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, en los términos que requiere. (797 al 48776).
Diputado Espinoza, don Fidel . Posibilidad de disponer una fiscalización a la Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A., a cargo de la ruta Río Bueno-Puerto Montt, a fin de verificar su denuncia de eventuales irregularidades en la gestión de esta empresa. (798 al 45306).
Diputado Espinoza, don Fidel . Posibilidad de disponer una fiscalización a la Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A., a cargo de la ruta Río Bueno-Puerto Montt, a fin de verificar su denuncia de eventuales irregularidades en la gestión de esta empresa. (798 al 45307).
-Diputado Berger, don Bernardo . Posibilidad de iniciar acciones respecto de los pozos del sector rural Las Gaviotas, en la comuna de Valdivia, a fin de mantener su flujo de agua, en los términos que requiere. (799 al 48982).
-Diputado Berger, don Bernardo . Posibilidad de iniciar acciones respecto de los pozos del sector rural Las Gaviotas, en la comuna de Valdivia, a fin de mantener su flujo de agua, en los términos que requiere. (799 al 48983).
-Diputado Berger, don Bernardo . Posibilidad de iniciar acciones respecto de los pozos del sector rural Las Gaviotas, en la comuna de Valdivia, a fin de mantener su flujo de agua, en los términos que requiere. (799 al 48984).
-Diputado Berger, don Bernardo . Reitera oficio Nº 48.983. (799 al 52636).
-Diputado Berger, don Bernardo . Reitera oficio Nº 48.982. (799 al 52647).
-Diputado Álvarez, don Sebastián . Planes que contempla la Nueva Política de Promoción de Recarga Artifical de Acuíferos, los recursos involucrados, las técnicas que se utilizarán y si está considerada la ejecución de sistemas de inyección de napas subterráneas, en los términos que requiere. (800 al 41769).
-Diputado Álvarez, don Sebastián . Planes que contempla la Nueva Política de Promoción de Recarga Artifical de Acuíferos, los recursos involucrados, las técnicas que se utilizarán y si está considerada la ejecución de sistemas de inyección de napas subterráneas, en los términos que requiere. (800 al 41770).
-Diputado Mulet, don Jaime . Cumplimiento de los compromisos asumidos para la construcción de obras de mitigación y contención en el cauce del río Salado, en su paso por las comunas de Diego de Almagro y Chañaral, en la Región de Atacama, a fin de prevenir sus desbordes, en los términos que plantea y antecedentes que se acompañan. (801 al 48779).
-Diputado Rathgeb, don Jorge . Estado actual de los caminos asfaltados en esa región, especialmente aquellos que indica. (802 al 45233).
-Diputado Rathgeb, don Jorge . Estado actual de los caminos asfaltados en esa región, especialmente aquellos que indica. (802 al 45234).
-Diputado Rocafull, don Luis . Posibilidad de incluir a las 15 familias del cerro Sombrero, en la comuna de Arica, que no reciben agua potable, al Sistema de Agua Potable Rural que funciona en el kilómetro 2 1/2. (804 al 47490).
Ministerio de Bienes Nacionales
- Diputado Calisto, don Miguel Ángel . Estado de entrega del inmueble ubicado en el sector Los Leones, perteneciente a la provincia de Coyhaique, de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez Del Campo, el que fue concedido por concepto de arriendo al señor José Luis Navarro Agüero , en virtud de los antecedentes que acompaña. (345 al 50234).
Diputado Naranjo, don Jaime . Factibilidad de autorizar la venta preferencial del lote número 35 de la comunidad rural correspondiente al exfundo Los Laureles , en la comuna de Longaví, a la Junta de Vecinos del sector, por las consideraciones que expone. (346 al 48675).
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
-Diputada Mix , doña Claudia . Medidas adoptadas por ese Ministerio, a propósito de la declaración de la fase 4 del Covid-19, en relación con los trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil, especialmente respecto de aquellos que desarrollan funciones en aeropuertos, dando respuesta a las demás interrogantes que plantea. (0161 al 49145).
-Diputado Celis, don Ricardo . Posibilidad de evaluar el presunto riesgo económico de los recintos privados de salud que se han Acogido a la normativa dispuesta en la ley Nº 21.227, ante el peligro de reducir la capacidad y calidad de la atención de pacientes contagiados por Covid-19, en virtud de las consideraciones que expone. (154 al 51058).
-Diputado Pérez, don José . Posibilidad de evaluar y proponer mejoras a las denominadas "Leyes de Reparación", considerando un mejor trato económico que permita elevar el monto de las pensiones que se otorgan a su amparo. (155 al 48437).
-Diputada Mix , doña Claudia . Protocolos sanitarios y de seguridad dispuestos para evitar que el personal que se desempeña como chofer de ambulancia se contagie con el Covid-19 y los criterios considerados para aplicarles el examen para pesquisar dicho virus. En caso de no existir dicha reglamentación, disponga a la brevedad su implementación, en los términos que requiere. (159 al 51448).
-Diputado Romero, don Leonidas . Legalidad de los descuentos equivalentes al total de la pensión mensual, que efectúa la Caja de Previsión de la Defensa Nacional por concepto de prestaciones de salud. (160 al 45554).
Ministerio Secretaría General de Gobierno
- Diputado Hirsch, don Tomás . Fundamentos que determinaron la decisión de vender y/o arrendar el Edificio Corporativo de propiedad de Televisión Nacional de Chile, ubicado en calle Bellavista N° 0990, en la comuna de Providencia, Región Metropolitana de Santiago, dando respuesta a las demás interrogantes que plantea. (30-47 al 54907).
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
- Diputado Saavedra, don Gastón . Considere la posibilidad de presentar una iniciativa legislativa para la creación del Ministerio del Mar. (792 al 52454).
Ministerio de desarrollo Social
-Diputada Girardi , doña Cristina . Programas de alimentación escolar, entrega de canastas básicas gestionadas por las municipalidades para la población vulnerable y acerca de las donaciones efectuadas por la empresa Walmart , en los términos que requiere. (2050 al 51215).
-Diputada Pérez , doña Joanna . Posibilidad de reestudiar la decisión anunciada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en orden a reducir un porcentaje de la distribución de la nueva canasta individual de alimentación a partir de la primera semana de abril, en virtud de los antecedentes que señala. (2051 al 49926).
Ministerio del Medio AmbienteDiputado Ibáñez, don Diego . Medidas que se implementarán con el objeto de dar cumplimiento al fallo Rol Nº 5888-2019, de 28 de mayo de 2019, de la Excelentísima Corte Suprema, dando respuesta a las demás interrogantes que plantea. (202370 al 53191).
Proyecto de Resolución N° 775. Solicita a S. E. el Presidente de la República la declaración de estado de emergencia climática, la actualización del plan nacional de adaptación frente al cambio climático y la aprobación de una estrategia de transformación social y ecológica. (202499).
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
-Diputada Mix, doña Claudia ; Diputada Rojas, doña Camila . Informe pormenorizado, por región y comuna, sobre las farmacias que a la fecha han implementado el código "Mascarilla 19" y las capacitaciones impartidas a sus trabajadores. Asimismo, indique el protocolo aplicado una vez recibida dicha solicitud, dando respuesta a las demás interrogantes que plantea. (407 al 52406).
-Diputada Yeomans , doña Gael . Posibilidad de incorporar en el contenido de las canastas básicas familiares entregadas por el Gobierno los insumos esenciales para cubrir las necesidades de higiene y aseo de las mujeres pertenecientes a la población más vulnerable del país, durante la emergencia sanitaria por el Covid-19. (408 al 52674).
-Diputado Jackson, don Giorgio . Número de familias beneficiarias del "Programa 4 a 7", del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, señalando las políticas públicas que se adoptarán para subsidiar la ausencia del programa, en el contexto de la pandemia Covid-19. (415 al 50568).
-Diputada Mix , doña Claudia . Medidas adoptadas en favor de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, a fin que puedan cumplir con una eventual cuarentena ante la presencia del Coronavirus, considerando sus particularidades, remitiendo todos los antecedentes que solicita, en los términos que requiere. (416 al 49259).
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
- Diputado Hirsch, don Tomás . Orden de demolición que afecta a los blocks 14 y 15 del proyecto de integración social villa San Luis, ubicado en la comuna de Las Condes, en los términos que requiere dentro del ámbito de sus competencias. (231 al 37054).
Subsecretarías
-Diputado Sabag, don Jorge . Posibilidad de agilizar la entrega de los fondos del primer plan económico de emergencia, en el contexto de la pandemia por el Covid19. (1566 al 51091).
-Diputado Pérez, don Leopoldo . Ejecución presupuestaria, el estado de las licitaciones de montos inferiores a 3.500 millones de pesos asociados a la ley de Presupuestos 2019 de los programas que se indican. Asimismo, remita el nombre del proyecto, fecha de publicación, cierre, monto y estado de la licitación de los planes contemplados para las Regiones de Tarapacá, Valparaíso , Del Maule , Los Lagos y Metropolitana de Santiago. (1582 al 31321).
-Diputado Mulet, don Jaime ; Diputado Alinco, don René ; Diputado Velásquez, don Esteban ; Diputada Sepúlveda , doña Alejandra . Remita un informe pormenorizado de las gestiones realizadas por esa Subsecretaría, con el objeto de fiscalizar el cumplimiento de las medidas ordenadas por la autoridad sanitaria con causa en el Covid-19. Asimismo, refiera antecedentes en relación con el desplazamiento aéreo particular registrado desde la Región Metropolitana de Santiago a la Región de Valparaíso. (2114 al 50334).
-Diputado Ibáñez, don Diego . Posibilidad de elaborar un documento respecto del diseño y avance de los proyectos de semaforización en la comuna de Cabildo, Región de Valparaíso, especialmente en las intersecciones que individualiza. Asimismo, refiérase a la eventual programación de mejoras de vialidad en dichas avenidas, en virtud de las consideraciones que expone. (2878 al 50969).
-Diputado Ibáñez, don Diego . Proyectos que contemplarían la semaforización de las calles que se indican, en la comuna de San Felipe. (2879 al 51229).
-Diputado Boric, don Gabriel . Estado de aplicación de la resolución, emitida por el Gobierno, que autoriza a los consulados para otorgar salvoconductos chilenos a los hijos y cónyuges que quieran ingresar para reunirse con venezolanos que se encuentran legalmente radicados en el territorio nacional, dando respuesta a las demás interrogantes que plantea. (3737 al 54931).
-Diputada Hernando , doña Marcela . Posibilidad de otorgar urgencia a la intervención quirúrgica que requiere la señora Luisa Castro Troncoso , en el Hospital Padre Hurtado, de la Región Metropolitana de Santiago, considerando que su patología está incluida en el Plan de Garantías Explícitas de Salud, GES. (43501 al 46487).
-Diputado Ascencio, don Gabriel . Denuncias realizadas, por parte de los representantes del sector pesquero artesanal, en relación con el hecho de haberse realizado la última reunión del Consejo Nacional de Pesca en ausencia de dichos actores, dando respuesta a las demás interrogantes que plantea. (748 al 50132).
-Diputada Luck, doña Karin . Políticas de esa cartera y organismos dependientes en cuanto al pago de facturas a proveedores calificados como Pequeñas y Medianas Empresas por prestación de servicios, remitiendo un detalle de su estado al 30 de septiembre de 2019, indicando las que se encuentran pendientes y el tiempo que demorará su cancelación. (803 al 40951).
-Diputada Luck , doña Karin . Reitera oficio Nº 40.951, de fecha 15 octubre de 2019. (803 al 49198).
-Diputado Longton, don Andrés . Medidas adoptadas para la eliminación de cables en desuso o cortados en la calle Panamá y en la Avenida Alessandri, del sector El Mirador, en la comuna de Quilpué, en los términos que requiere. (8693 al 52749).
-Diputado Boric, don Gabriel . Medidas para asegurar la conectividad marítima y de telecomunicaciones de los habitantes de isla Riesco con el continente, indicando especialmente las soluciones contempladas para los niños y niñas que viven en estancia Fitz Roy y para la evacuación de adultos mayores en caso de requerir asistencia médica, en los términos que expone. (8707 al 52307).
Subsecretaría de Hacienda
-Proyecto de Resolución N° 905. Solicita a S. E. el presidente de la República adelantar el proceso de declaración de renta año 2020 de los trabajadores independientes. (1326).
-Proyecto de Resolución N° 797. Solicita a S. E. el Presidente de la República dejar sin efecto el alza en la tarifa del Metro de Santiago; aumentar la cobertura y cuantía del subsidio a las tarifas eléctricas; incrementar los recursos para la atención primaria de salud; adelantar el pago del reajuste de la Pensión Básica Solidaria y del Aporte Previsional Solidario; modificar la Ley Nº 21.112, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar; acoger el proyecto de ley que reduce la jornada ordinaria de trabajo; modificar el proyecto de ley de reforma tributaria; establecer una nueva política de precios de servicios básicos y transporte público y el establecimiento de un sistema de fijación de precios de medicamentos. (1339).
-Proyecto de Resolución N° 800. Solicita a S. E. el Presidente de la República que adopte las medidas que se indican para enfrentar la crisis social que afecta al país. (1340).
-Proyecto de Resolución N° 806. Solicita a S. E. el Presidente de la República avanzar en las medidas que se indican para calmar el malestar social y aliviar los problemas económicos y sociales más apremiantes para los chilenos. (1340).
-Proyecto de Resolución N° 1001. Solicita a S. E. el Presidente de República considerar dejar sin efecto el oficio circular N°18, de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, y de Hacienda, que dispone el retorno presencial de los funcionarios públicos, resolviendo en su lugar la suspensión de la medida hasta que la autoridad sanitaria certifique el control de la curva de la pandemia por el Covid-19. (1355).
-Proyecto de Resolución N° 636. Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a los Ministros de Educación y de Hacienda explorar los mecanismos posibles para entregar un bono reparatorio y de reconocimiento no heredable, mensual, a los docentes traspasados entre los años 1981 y 1986 desde la cartera de Educación a las municipalidades. (1361).
-Proyecto de Resolución N° 545. Solicita a S. E. el Presidente de la República disponer de un mecanismo que permita generar donaciones en aportes económicos y/o en especies a fundaciones o corporaciones vinculadas al diagnóstico y tratamiento de enfermedades por parte de empresas, con un límite mayor al establecido y/o reduciendo el valor del impuesto a pagar por superar el monto establecido por ley. (1366).
Subsecretaría de Obras Públicas
-Proyecto de Resolución N° 640. Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a los ministerios encargados de llevar a cabo el Plan de Modernización de la Red de aeropuertos el estudio para la instauración de una policía aeronáutica que pueda cumplir, en la práctica, las funciones que la ley asigna a la Dirección General de Aeronáutica Civil. (791).
-Proyecto de Resolución N° 947. Solicita a S. E. el Presidente de la República que, a través del Ministro de Obras Públicas, adopte las medidas necesarias que permitan gestionar una rebaja en los cobros de tarifa del TAG en horarios punta y de saturación, en atención a la disminución del tráfico en la actualidad. (793).
-Proyecto de Resolución N° 895. Solicita a S. E. el Presidente de la República que instruya a las autoridades que correspondan la suspensión del cobro de las obligaciones que se indican durante el tiempo que se extienda la actual situación de emergencia. (805).
Intendencias
Diputado Díaz, don Marcelo . Posibilidad de adoptar medidas de resguardo para la conservación de las aguas del tranque de La Luz, ubicado en el sector de Placilla, comuna de Valparaíso, y cuyo nivel ha disminuido en un 30%, por las consideraciones que expone. (834 al 53289).
-Diputado Díaz, don Marcelo . Situación que afecta al colegio Salvador Allende , del sector de Glorias Navales, en la comuna de Viña del Mar, debido al eventual aumento de robos dentro del establecimiento educacional, señalando las medidas que se adoptarán a fin de fortalecer la seguridad del recinto. (840 al 49697).
-Diputado Ibáñez, don Diego . Medidas adoptadas por las Secretarías Regionales Ministeriales y Servicios que indica para prevenir y sancionar la violencia y discriminación contra la población LGBTI+, en los términos que requiere. (841 al 49572).
Gobernación Provincial
- Diputada Muñoz , doña Francesca . Recursos empleados para la instalación de puntos de sanitización en su provincia, indicando los lugares en que fueron emplazados y la fecha desde que comenzaron a operar, en virtud de los antecedentes que acompaña. (391 al 51578).
Empresas del Estado
- Diputado Ilabaca, don Marcos . Posibilidad de dar cumplimiento a la ordenanza municipal que corresponde a la instalación de cercos perimetrales al terreno ubicado en sector avenida Ecuador , propiedad de Empresa de los Ferrocarriles del Estado, de la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, dando respuesta a las demás interrogantes que plantea. (47 al 53410).
Fuerzas Armadas
- Diputada Fernández, doña Maya . Posibilidad de adoptar las medidas necesarias para enfrentar el aumento de la delincuencia asociada al narcotráfico en la Población La Legua Emergencia, en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana, en razón de los antecedentes que expone. (173 al 52389).
Servicios
-Diputado Berger, don Bernardo . Posibilidad de iniciar acciones respecto de los pozos del sector rural Las Gaviotas, en la comuna de Valdivia, a fin de mantener su flujo de agua, en los términos que requiere. (16 al 48981).
-Diputado Berger, don Bernardo . Reitera oficio Nº 48.981. (16 al 52639).
-Diputado Celis, don Andrés . Tenga a bien informar sobre el monto detallado de los aportes realizados por personas naturales al partido Revolución Democrática en los últimos 4 balances anuales, en los términos que requiere. (1641 al 52040).
-Diputada Girardi , doña Cristina . Situación que afecta a los trabajadores de la empresa Correos de Chile, indicando el número de despidos efectuados a la fecha, así como las razones que explican dichas desvinculaciones, con el objeto de evaluar la pertinencia de esa decisión, en el contexto de la crisis sanitaria por el Covid-19. (2031 al 53525).
-Diputada Pérez , doña Catalina . Cantidad de despidos informados desde enero a la fecha en la empresa Latam Airlines , el número de pactos de rebaja de remuneraciones y de personas que hayan suscrito dichos pactos y hayan sido desvinculados de la empresa, en atención a los antecedentes que plantea. (2032 al 53565).
Diputada Mix , doña Claudia . Remita el catastro nacional de personas que residen en los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores diagnosticados y/o con sospechas de Covid-19, emitiendo un pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que plantea. (491 al 50629).
-Diputado Boric, don Gabriel . Tiempo que tardará el análisis efectuado por ese Servicio, respecto de los restos biológicos encontrados en la zona de la tragedia aeronáutica ocurrida el 9 de diciembre de 2019, la que involucró una aeronave de la Fuerza Aérea de Chile, indicando una aproximación de la fecha para elaborar los informes finales y el cierre de pericias. (5199 al 51409).
-Diputado Romero, don Leonidas . Número de pacientes cuya causa de fallecimiento haya sido consignada como neumonía atípica desde marzo de 2020 a la fecha. (5200 al 50825).
-Diputada Nuyado , doña Emilia . Eventual irregularidad ocurrida con motivo de la adjudicación de subsidio para adquisición de tierras indígenas a dos personas del mismo núcleo familiar dentro del 17° concurso realizado por la Corporación de Desarrollo Indígena, dando respuesta a todas las interrogantes que formula. (622 al 52790).
-Diputada Nuyado , doña Emilia . Eventual irregularidad ocurrida con motivo de la adjudicación de subsidio para adquisición de tierras indígenas a dos personas del mismo núcleo familiar dentro del 17° concurso realizado por la Corporación de Desarrollo Indígena, dando respuesta a todas las interrogantes que formula. (622 al 52791).
-Diputado Ibáñez, don Diego . Antecedentes de resoluciones relativas a las obras y actividades de Agrícola Pullacón Limitada en el lecho del río Ligua, particularmente para la instalación de cañerías de PVC, dando respuesta a las demás interrogantes que formula. (650 al 49240).
Varios
-Diputado Prieto, don Pablo . Aportes de recursos que esa municipalidad habría destinado a corporaciones vinculadas a clubes de fútbol profesional desde 2017 a la fecha y, en tal evento, indique el detalle de los montos entregados, precisando si se han efectuado las correspondientes rendiciones. (00561 al 53852).
-Diputado Rosas, don Patricio . Número de hogares de larga estadía para adultos mayores con los que cuenta su comuna -ya sean públicos o privados- y la cantidad de personas que se encuentran residiendo en ellos, las acciones preventivas realizadas en el marco de la pandemia del Coronavirus en dichos lugares, considerando la entrega de mascarillas al personal, test PCR, test de inmunoglobulina, IgM/IgG, sanitización, entre otros. Asimismo sírvase describir las actividades que han realizado en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de Salud y/o el Servicio de Salud respectivo, en relación con la prevención de infecciones por Covid-19 en los mencionados establecimientos, desde que se encuentra vigente el decreto que establece el Estado de Emergencia. (01 al 52886).
-Diputado Prieto, don Pablo . Aportes de recursos que esa municipalidad habría destinado a corporaciones vinculadas a clubes de fútbol profesional desde 2017 a la fecha y, en tal evento, indique el detalle de los montos entregados, precisando si se han efectuado las correspondientes rendiciones. (1089 al 54034).
-Diputada Cariola , doña Karol . Resultados del examen de Covid-19 de la paciente señora Wendolyn Parada Rodríguez , de la comuna de Cerro Navia, en los términos que señala. (111 al 52529).
-Diputada Cariola , doña Karol . Resultados del examen de Covid-19 de la paciente señora Wendolyn Parada Rodríguez , de la comuna de Cerro Navia, en los términos que señala. (111 al 52541).
-Diputada Cariola , doña Karol . Situación médica que afecta a la señora Estrella de Jesús Plaza Navarro, residente de esa comuna, con el objeto de que se agilice el resultado del examen que detecta el Covid-19, en virtud de las consideraciones que indica. (111 al 52662).
-Diputada Leuquén , doña Aracely . Tiempo de respuesta del resultado del examen que diagnostica la presencia del virus Covid-19 (PCR), en los centros de salud que administra esa municipalidad. (1118 al 54442).
-Diputada Leuquén , doña Aracely . Tiempo de respuesta del resultado del examen que diagnostica la presencia del virus Covid-19 (PCR), en los centros de salud que administra esa municipalidad. (112 al 54196).
-Diputada Leuquén , doña Aracely . Tiempo de respuesta del resultado del examen que diagnostica la presencia del virus Covid-19 (PCR), en los centros de salud que administra esa municipalidad. (1/141 al 54301).
-Diputado Álvarez, don Sebastián . Existencia de algún catastro que cuantifique el nivel de afectación de las empresas pertenecientes al rubro turístico al interior de la Región de La Araucanía, con ocasión de la crisis sanitaria, dando respuesta a las demás interrogantes que plantea. (117 al 52583).
-Diputado Ibáñez, don Diego . Medidas que se adoptarán para identificar a los responsables del nuevo varamiento de carbón ocurrido en la madrugada del 23 de abril de 2020 en la comuna de Puchuncanví. (12600/05/248 al 50902).
-Diputado Celis, don Andrés . Razones del rechazo y no pago de las licencias médicas del señor Remberto Atenas Hernández , precisando las causas que han impedido resolver sus apelaciones, en los términos que requiere. (13946 al 48352).
-Diputada Mix , doña Claudia . Catastro de niños, niñas, adolescentes y adultos que se encuentren en alguna situación de discapacidad en esa comuna, así como también de sus cuidadores, en orden a verificar eventuales casos con diagnóstico por Covid-19, en los términos que requiere. (144 al 50280).
-Diputado Velásquez, don Esteban . Estado de avance de la intervención que se efectuará en la avenida Salvador Allende , en la ciudad de Antofagasta, a fin de minimizar sus riesgos. (1565 al 45313).
-Diputado Ilabaca, don Marcos . Criterios de adjudicación de beneficios sociales para los adultos mayores de su comuna, dispuestos para enfrentar la pandemia del Covid-19. (182 al 55872).
-Diputado Alinco, don René ; Diputado Mulet, don Jaime ; Diputado Velásquez, don Esteban . Se sirva tomar conocimiento del proyecto de reforma constitucional, cuya copia se adjunta, presentado por la bancada de la Federación Regionalista Verde y Social, destinado a facultar, de manera extraordinaria, a los afiliados al Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones para retirar una parte de sus recursos, informando, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9° de ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, si dicha iniciativa permitiría aliviar la baja de ingresos en la población vulnerable que vive en esa comuna, como consecuencia de la crisis del coronavirus, manifestando su parecer en torno a que se agilice la tramitación legislativa del proyecto, en los términos que proponen. (183 al 55054).
Diputado Santana, don Juan . Situación que afecta a los habitantes de la comuna de Chañaral, en la Región de Atacama, con el objeto de que se fiscalice la actividad de la empresa Nueva Atacama S. A., en relación con el presunto cobro adicional que se estarían exigiendo respecto del servicio de tratamiento de aguas servidas, en los términos que requiere. (1880 al 51505).
-Diputado Prieto, don Pablo . Aportes de recursos que esa municipalidad habría destinado a corporaciones vinculadas a clubes de fútbol profesional desde 2017 a la fecha y, en tal evento, indique el detalle de los montos entregados, precisando si se han efectuado las correspondientes rendiciones. (189 al 53894).
-Diputado Alinco, don René ; Diputado Mulet, don Jaime ; Diputado Velásquez, don Esteban . Se sirva tomar conocimiento del proyecto de reforma constitucional, cuya copia se adjunta, presentado por la bancada de la Federación Regionalista Verde y Social, destinado a facultar, de manera extraordinaria, a los afiliados al Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones para retirar una parte de sus recursos, informando, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9° de ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, si dicha iniciativa permitiría aliviar la baja de ingresos en la población vulnerable que vive en esa comuna, como consecuencia de la crisis del coronavirus, manifestando su parecer en torno a que se agilice la tramitación legislativa del proyecto, en los términos que proponen. (191 al 55126).
-Diputada Luck, doña Karin . Número de personas que pagaron los permisos de circulación durante 2017, 2018 y 2019 en esa comuna, precisando la cantidad que se efectuó en forma presencial y a través de Internet. (195 al 49786).
-Diputado Rocafull, don Luis . Situación sanitaria que afecta a los residentes de la población Rosa Esther , de la comuna de Arica, con el objeto de que tenga a bien instruir las acciones necesarias para efectuar las obras de reparación que requieren, por intermedio de los antecedentes que maneja la empresa Aguas del Altiplano. (1968 al 51396).
-Diputado Rosas, don Patricio . Posibilidad de disponer una investigación dirigida a determinar la corrección de los procedimientos empleados por la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S. A. (Essal) para realizar el cálculo del consumo de agua potable domiciliaria desde la declaración del estado de catástrofe, en los términos que requiere. (1974 al 53178).
-Diputado Díaz, don Marcelo . Motivos por los cuales la empresa Aguas del Altiplano S.A., de la Región de Tarapacá, ha aumentado el valor del agua por metro cuadrado, los costos asociados como cargo fijo y el tratamiento de aguas servidas y alcantarillado, particularmente respecto a la situación que aqueja a la señora Georgina Alfaro , residente de la comuna de Alto Hospicio, en atención a los antecedentes que señala. (1975 al 53477).
-Diputado Romero, don Leonidas . Efectividad de que el edificio de la fábrica de ladrillos Lota Green y la Torre del Centenario, ubicados en la comuna de Lota, Región del Biobío, son actualmente considerados monumentos nacionales, en los términos que requiere. (209 al 46257).
-Diputada Leuquén , doña Aracely . Tiempo de respuesta del resultado del examen que diagnostica la presencia del virus Covid-19 (PCR), en los centros de salud que administra esa municipalidad. (218 al 54200).
Diputada Leuquén , doña Aracely . Existencia de personal especializado en lenguaje de señas en los centros de salud de su comuna, tanto en el área de atención de pacientes como en el departamento de entrega de medicamentos y alimentos. (219 al 56244).
-Diputado Brito, don Jorge . Descuentos efectuados con cargo a los fondos entregados por el Gobierno por concepto de Ingreso Familiar de Emergencia, indicando la cantidad de cuentas afectadas y el número de casos que se encuentran subsanados. Asimismo, tenga a bien remitir la orden emitida por esa Directiva, en la que se habría dispuesto el cobro de dichos montos. (222 al 52625).
-Diputado Soto, don Raúl . Descuento de dineros efectuado por el Banco del Estado de Chile en las cuentas de personas beneficiadas con el Ingreso Familiar de Emergencia, establecido en la ley N° 21.230, con el propósito de hacer pago de créditos en beneficio de dicha institución bancaria. (223 al 52717).
-Diputado Hirsch, don Tomás . Orden de demolición que afecta a los blocks 14 y 15 del proyecto de integración social villa San Luis, ubicado en la comuna de Las Condes, en los términos que requiere dentro del ámbito de sus competencias. (2311 al 36995).
-Diputado Ibáñez, don Diego . Condiciones laborales y sanitarias en las obras de construcción que ejecuta la empresa Larraín Prieto en la comuna de Papudo, en los términos que requiere. (2337 al 49391).
-Diputada Luck, doña Karin . Número de personas que pagaron los permisos de circulación durante 2017, 2018 y 2019 en esa comuna, precisando la cantidad que se efectuó en forma presencial y a través de Internet. (2540 al 49729).
-Diputado Rosas, don Patricio . Número de personas afectadas por el cobro automático de créditos en mora, a partir de los saldos enterados por concepto de pago del Ingreso Familiar de Emergencia. Asimismo, señale las medidas adoptadas para corregir dicha situación. (257 al 52634).
-Diputado Prieto, don Pablo . Posibilidad de interponer sus buenos oficios ante la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para que indique los montos invertidos por parte de las sociedades anónimas deportivas, en las planillas de sus respectivos planteles, desde marzo de 2010 a la fecha. (26692 al 53729).
-Diputada Luck, doña Karin . Posibilidad de adoptar una medida que permita entregar una atención preferente, mientras dure la emergencia sanitaria, a aquellos clientes que pertenezcan a alguno de los grupos de riesgo que señala. Asimismo, refiérase a la factibilidad de instruir la apertura de cajas especiales del Banco del Estado de Chile, para el pago de beneficios o bonos entregados por el gobierno a dichos grupos de riesgo. (27192 al 52741).
-Diputado Soto, don Raúl . Descuento de dineros efectuado por el Banco del Estado de Chile en las cuentas de personas beneficiadas con el Ingreso Familiar de Emergencia, establecido en la ley N° 21.230, con el propósito de hacer pago de créditos en beneficio de dicha institución bancaria. (27195 al 52716).
-Diputado Winter, don Gonzalo . Legalidad de la práctica que estaría desarrollando la institución bancaria que señala, consistente en el otorgamiento de un nuevo préstamo a través de la simulación de una postergación en el pago de cuotas, en los términos que plantea. (27198 al 49579).
Diputado Díaz, don Marcelo . Medidas que se adoptarán para asegurar y fiscalizar que los bancos del país no abusen en la reprogramación de créditos, en atención a los antecedentes que expone. (27200 al 52393).
-Diputado Schalper, don Diego . Posibilidad de suspender y/o rebajar el Crédito con Aval del Estado, en el contexto de la legislación vigente, para los casos en que se acredite estado de cesantía u otra modificación en la situación laboral de las personas, con ocasión de la crisis sanitaria por el Covid-19, dando respuesta a las demás interrogantes que plantea. (27202 al 52334).
-Diputado Schalper, don Diego . Posibilidad de suspender y/o rebajar el Crédito con Aval del Estado, en el contexto de la legislación vigente, para los casos en que se acredite estado de cesantía u otra modificación en la situación laboral de las personas, con ocasión de la crisis sanitaria por el Covid-19, dando respuesta a las demás interrogantes que plantea. (27202 al 52335).
-Diputado Ibáñez, don Diego . Número de autorizaciones de corte de bosque nativo para la recuperación de terrenos con fines agrícolas, desde el 1 de marzo de 2020 a la fecha. Asimismo, remita copia de todos los formularios, planos y antecedentes que se requieren. (303 al 49682).
-Diputada Leuquén , doña Aracely . Existencia de personal especializado en lenguaje de señas en los centros de salud de su comuna, tanto en el área de atención de pacientes como en el departamento de entrega de medicamentos y alimentos. (306 al 56451).
-Diputada Leuquén , doña Aracely . Tiempo de respuesta del resultado del examen que diagnostica la presencia del virus Covid-19 (PCR), en los centros de salud que administra esa municipalidad. (357 al 54184).
-Diputado Eguiguren, don Francisco . Medidas adoptadas por esa Entidad y el Ministerio de Educación para el desarrollo de la Prueba de Selección Universitaria, en su etapa de rezago el 27 y 28 de enero del presente, indicando la cantidad de alumnos de la Región de Coquimbo que se vieron imposibilitados en rendir la mencionada prueba por manifestaciones en los establecimientos educacionales, dando respuesta a la demás interrogantes que formula. (360 al 46307).
-Diputada Leuquén , doña Aracely . Estado en que se encuentra la infraestructura de los centros de salud primaria de su comuna y su equipamiento. (364 al 46124).
-Diputada Leuquén , doña Aracely . Tiempo de respuesta del resultado del examen que diagnostica la presencia del virus Covid-19 (PCR), en los centros de salud que administra esa municipalidad. (365 al 54416).
-Diputado Ilabaca, don Marcos . Criterios de adjudicación de beneficios sociales para los adultos mayores de su comuna, dispuestos para enfrentar la pandemia del Covid-19. (369 al 55827).
-Diputado Ibáñez, don Diego . Posibilidad de actualizar la línea de más alta marea correspondiente a Playa Larga de Horcón, Región de Valparaíso, en atención a que la faena, autorizada por la Dirección de Obras Municipales de Puchuncaví, mediante permiso de Obra Menor N° 37/2019, estaría situada fuera de la línea de alta marea, en propiedad privada Rol Nº 2604-12. (37 al 52209).
-Diputada Leuquén , doña Aracely . Tiempo de respuesta del resultado del examen que diagnostica la presencia del virus Covid-19 (PCR), en los centros de salud que administra esa municipalidad. (397 al 54194).
Diputada Luck, doña Karin . Número de personas que pagaron los permisos de circulación durante 2017, 2018 y 2019 en esa comuna, precisando la cantidad que se efectuó en forma presencial y a través de Internet. (398 al 49783).
-Diputado Vidal, don Pablo . Fiscalización de las obras del proyecto Reposición Pavimento Ruta G-150: Panamericana-Lampa, refiriéndose específicamente al impacto ambiental que genera el polvo en suspensión producto de las obras y la forma de mitigar dichas consecuencias. (401 al 53304).
-Diputada Leuquén , doña Aracely . Tiempo de respuesta del resultado del examen que diagnostica la presencia del virus Covid-19 (PCR), en los centros de salud que administra esa municipalidad. (40/10320 al 54380).
-Diputado Jürgensen, don Harry . Número de patentes provisorias para el comercio vigentes en su comuna y la cantidad que se encuentra pronta a vencer, indicando el proceso o facilidades establecidas para quienes se encuentren en dicha situación y no puedan realizar los trámites para obtener la definitiva debido a la actual contingencia. (505 al 53214).
-Diputado Prieto, don Pablo . Aportes de recursos que esa municipalidad habría destinado a corporaciones vinculadas a clubes de fútbol profesional desde 2017 a la fecha y, en tal evento, indique el detalle de los montos entregados, precisando si se han efectuado las correspondientes rendiciones. (508 al 54071).
-Diputado Torres, don Víctor . Denuncia efectuada por el señor Jorge Espinoza Villalobos , vecino de la comuna de El Tabo, en relación con la presunta contaminación que estaría evacuando la empresa Seafood Resources Chile S.A., con el objeto de investigar la veracidad de los hechos expuestos, en los términos que requiere. (510220 al 52691).
-Diputado Prieto, don Pablo . Aportes de recursos que esa municipalidad habría destinado a corporaciones vinculadas a clubes de fútbol profesional desde 2017 a la fecha y, en tal evento, indique el detalle de los montos entregados, precisando si se han efectuado las correspondientes rendiciones. (546 al 54000).
-Diputado Rosas, don Patricio . Número de hogares de larga estadía para adultos mayores con los que cuenta su comuna -ya sean públicos o privados- y la cantidad de personas que se encuentran residiendo en ellos, las acciones preventivas realizadas en el marco de la pandemia del Coronavirus en dichos lugares, considerando la entrega de mascarillas al personal, test PCR, test de inmunoglobulina, IgM/IgG, sanitización, entre otros. Asimismo sírvase describir las actividades que han realizado en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de Salud y/o el Servicio de Salud respectivo, en relación con la prevención de infecciones por Covid-19 en los mencionados establecimientos, desde que se encuentra vigente el decreto que establece el Estado de Emergencia. (547 al 53053).
-Diputado Prieto, don Pablo . Aportes de recursos que esa municipalidad habría destinado a corporaciones vinculadas a clubes de fútbol profesional desde 2017 a la fecha y, en tal evento, indique el detalle de los montos entregados, precisando si se han efectuado las correspondientes rendiciones. (554 al 53961).
-Diputado Alinco, don René ; Diputado Mulet, don Jaime ; Diputado Velásquez, don Esteban . Se sirva tomar conocimiento del proyecto de reforma constitucional, cuya copia se adjunta, presentado por la bancada de la Federación Regionalista Verde y Social, destinado a facultar, de manera extraordinaria, a los afiliados al Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones para retirar una parte de sus recursos, informando, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9° de ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, si dicha iniciativa permitiría aliviar la baja de ingresos en la población vulnerable que vive en esa comuna, como consecuencia de la crisis del coronavirus, manifestando su parecer en torno a que se agilice la tramitación legislativa del proyecto, en los términos que proponen. (558 al 55262).
-Diputada Pérez , doña Joanna . Posibilidad de iniciar una fiscalización sanitaria sobre protocolos de seguridad para evitar contagios de Covid-19 a la empresa Agrícola San Clemente Ltda., ubicada en la comuna de Angol, en atención a los antecedentes que señala. (59 al 53379).
-Diputada Cid, doña Sofía . Acciones que adoptará esa Institución para facilitar el pago a las personas jubiladas y pensionadas, en el contexto de la emergencia declarada por el Covid-19. Asimismo, indique las medidas para prevenir el contagio en los establecimientos habilitados para realizar dichos pagos, por las consideraciones que expone. (65195 al 49100).
-Diputado Celis, don Andrés . Medidas adoptadas, en el marco de sus atribuciones, con el objeto de abordar el aumento de delitos, por comuna, desde que se decretó el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para la Región de Valparaíso, en los términos que requiere. (6855-1163 al 50694).
-Diputado Labra, don Amaro . Presencia de alcaldes en los canales de telecomunicación, indicando el número de apariciones que ha tenido cada autoridad en las distintas cadenas televisivas, desde la declaración del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe. Asimismo, refiérase al protocolo establecido por esa Entidad, para garantizar la pluralidad en el contenido emitido, señalando los indicadores empleados en su medición. (743 al 52109).
-Diputada Sepúlveda , doña Alejandra ; Diputada Mix, doña Claudia ; Diputada Vallejo , doña Camila ; Diputado Sepúlveda, don Alexis ; Diputado Soto, don Raúl ;
Diputado Verdessi, don Daniel ; Diputado Jackson, don Giorgio ; Diputado Rocafull, don Luis . Medidas que ha implementado esa Entidad, con el objeto de resguardar y potenciar el pluralismo político en el contenido que se transmite a través de los canales nacionales de comunicación, especialmente en el caso de la aparición de distintas autoridades en los programas de televisión, en virtud de las consideraciones que exponen. (745 al 54793).
-Diputada Leuquén , doña Aracely . Existencia de personal especializado en lenguaje de señas en los centros de salud de su comuna, tanto en el área de atención de pacientes como en el departamento de entrega de medicamentos y alimentos. (753 al 56402).
-Diputado Matta, don Manuel . Eventuales desvinculaciones de trabajadores por licencias médicas presentadas debido al Covid-19, en la Compañía Chilena de Fósforos S.A., de la Región del Maule. Asimismo, señale si esa secretaría ha fiscalizado dicha compañía, con el objeto de conocer la situación de sus trabajadores en los términos que señala. (78 al 53233).
-Diputado Prieto, don Pablo . Aportes de recursos que esa municipalidad habría destinado a corporaciones vinculadas a clubes de fútbol profesional desde 2017 a la fecha y, en tal evento, indique el detalle de los montos entregados, precisando si se han efectuado las correspondientes rendiciones. (822 al 53934).
-Diputado Boric, don Gabriel . Evaluación de rebaja de costos en personal, y si dentro de dicha evaluación se incluirían despidos, señalando los criterios a considerara para adoptar dicha medida, en los términos que requiere. (88 al 54634).
-Diputada Pérez , doña Joanna , Diputado Sabag, don Jorge . Fundamentos para el cierre de la sucursal en Yumbel, Región del Biobío, y eventuales decisiones similares en otras comunas a lo largo del país. Asimismo, refiérase a la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para revertir dicha situación. (91 al 53598).
-Diputado Longton, don Andrés . Situación de insalubridad que afecta a la calle Toro y Zambrano, en la comuna de Quilpué, debido a la elevada presencia de desechos, señalando las medidas que se adoptarán al respecto. (910 al 49588).
-Diputada Pérez , doña Joanna ; Diputado Sabag, don Jorge . Fundamentos para el cierre de la sucursal en Yumbel, Región del Biobío, y eventuales decisiones similares en otras comunas a lo largo del país. Asimismo, refiérase a la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para revertir dicha situación. (92 al 53599).
-Diputado Berger, don Bernardo . Medidas adoptadas por esa Secretaría Regional Ministerial para asegurar el acceso a Internet, la calidad de dicho servicio y las acciones desarrolladas en las zonas rurales que no tienen cobertura, a fin superar dicha falencia. Asimismo, remita estadísticas actuales en relación con los lugares que tienen mayores dificultades para gozar de conexión digital y acerca de los grupos con menor posibilidad de obtenerla. (9337 al 53358).
-Diputado Berger, don Bernardo . Medidas adoptadas por esa Secretaría Regional Ministerial para asegurar el acceso a Internet, la calidad de dicho servicio y las acciones desarrolladas en las zonas rurales que no tienen cobertura, a fin superar dicha falencia. Asimismo, remita estadísticas actuales en relación con los lugares que tienen mayores dificultades para gozar de conexión digital y acerca de los grupos con menor posibilidad de obtenerla. (9337 al 53359).
-Diputado Berger, don Bernardo . Medidas adoptadas por esa Secretaría Regional Ministerial para asegurar el acceso a Internet, la calidad de dicho servicio y las acciones desarrolladas en las zonas rurales que no tiene cobertura, a fin superar dicha falencia. Asimismo, remita estadísticas actuales en relación con los lugares que tienen mayores dificultades para gozar de conexión digital y acerca de los grupos con menor posibilidad de obtenerla. (9337 al 53365).
-Diputado Berger, don Bernardo . Medidas adoptadas por esa Secretaría Regional Ministerial para asegurar el acceso a Internet, la calidad de dicho servicio y las acciones desarrolladas en las zonas rurales que no tiene cobertura, a fin superar dicha falencia. Asimismo, remita estadísticas actuales en relación con los lugares que tienen mayores dificultades para gozar de conexión digital y acerca de los grupos con menor posibilidad de obtenerla. (9337 al 53366).
-Diputado Berger, don Bernardo . Medidas adoptadas por esa Secretaría Regional Ministerial para asegurar el acceso a Internet, la calidad de dicho servicio y las acciones desarrolladas en las zonas rurales que no tiene cobertura, a fin superar dicha falencia. Asimismo, remita estadísticas actuales en relación con los lugares que tienen mayores dificultades para gozar de conexión digital y acerca de los grupos con menor posibilidad de obtenerla. (9337 al 53372).
-Diputado Berger, don Bernardo . Medidas adoptadas por esa Secretaría Regional
Ministerial para asegurar el acceso a Internet, la calidad de dicho servicio y las acciones desarrolladas en las zonas rurales que no tiene cobertura, a fin superar dicha falencia. Asimismo, remita estadísticas actuales en relación con los lugares que tienen mayores dificultades para gozar de conexión digital y acerca de los grupos con menor posibilidad de obtenerla. (9337/165 al 53361). (9337/165 al 53361).
-Diputado Berger, don Bernardo . Medidas adoptadas por esa Secretaría Regional Ministerial para asegurar el acceso a Internet, la calidad de dicho servicio y las acciones desarrolladas en las zonas rurales que no tiene cobertura, a fin superar dicha falencia. Asimismo, remita estadísticas actuales en relación con los lugares que tienen mayores dificultades para gozar de conexión digital y acerca de los grupos con menor posibilidad de obtenerla. (9337/165 al 53363).
-Diputado Torres, don Víctor . Información sobre los funcionarios contagiados en los términos que señala, la logística, protocolos y contrataciones de apoyo por emergencia sanitaria y el nivel de cumplimiento del Plan Ssvsa-Covid19 II etapa, sobre medidas de apoyo y refuerzo del Hospital Claudio Vicuña , dictado en la REX Nº 1980. Asimismo, refiérase a los protocolos y condiciones de seguridad sanitaria para el desarrollo de actividades laborales de trabajadores de prestaciones externas, dando respuesta a las demás interrogantes que plantea. (947/166 al 53364)
I.ASISTENCIA
01
02
03
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10:07 horas.
El señor PAULSEN (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor PAULSEN (Presidente).-
El acta de la sesión 26ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 27ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor PAULSEN (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor MUGA (Prosecretario accidental) da lectura a la Cuenta.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor PAULSEN (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios.
El señor ROJAS (Secretario subrogante).-
Reunidos las jefas y los jefes de los Comités Parlamentarios de manera remota, bajo la presidencia del diputado señor Paulsen , acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.Remitir el proyecto de ley que establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación económica y del empleo en un marco de convergencia fiscal de mediano plazo (boletín Nº 13615-05) a la Comisión de Hacienda por los días martes 30 de junio, miércoles 1 y jueves 2 de julio, y a la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresas, Protección de los Consumidores y Turismo por el día viernes 3 de julio.
2.Autorizar a la Comisión de Educación a sesionar el martes 30 de junio, de 15:00 a 17:30 horas, con el objeto de analizar la Estrategia Nacional de Educación Pública.
3.Autorizar a la Comisión Especial Investigadora de los actos del gobierno en relación con los impactos sanitarios, económicos, sociales y laborales que la pandemia por la enfermedad covid-19 ha provocado en el país (CEI 47 y 48) a sesionar el jueves 2 de julio, de 14:30 horas en adelante, simultáneamente con la Sala.
4.Permitir al resto de las comisiones sesionar durante la semana comprendida entre el martes 30 de junio y el viernes 3 de julio en las franjas horarias autorizadas, con excepción del día jueves mientras dure la sesión especial del pleno convocada para ese día. Con todo, si fuere necesario para el despacho del proyecto indicado en el punto 1, la Comisión de Hacienda podrá sesionar en forma simultánea con la sala durante el día jueves.
5.Postergar el funcionamiento de las comisiones especiales investigadoras que no digan relación con la pandemia hasta el cese del estado de catástrofe. En todo caso, las comisiones especiales investigadoras que están con plazo suspendido continuarán su funcionamiento a partir del 15 de septiembre de 2020.
6.Citar a sesión especial el jueves 2 de julio, a las 10:00 horas, en carácter de mixta, y formar la tabla de la misma con los siguientes proyectos:
a)Proyecto que “Implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción” (boletín N° 1191902). Para la discusión de esta iniciativa se otorgará la palabra hasta por tres minutos por bancada.
b)Proyecto de ley que dispone la suspensión del cobro de aranceles y derechos de
matrícula y similares por parte de instituciones de educación superior, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, con ocasión de la pandemia de covid-19 (boletín N° 13378-04). Para la discusión de esta iniciativa se otorgará la palabra hasta por tres minutos por bancada, más 60 minutos distribuidos proporcionalmente entre ellas.
c)Proyecto de ley que modifica la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, en materia de retención de parte del sueldo del alimentante, para garantizar el pago de la pensión (boletín N° 13465-18). Para la discusión de esta iniciativa se otorgará la palabra hasta por tres minutos por bancada, más 30 minutos distribuidos proporcionalmente entre ellas.
d)Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para extender transitoriamente el permiso postnatal parental hasta el cese del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, decretado con motivo de la extensión de la enfermedad covid-19 (boletín N° 13364-13), en el evento de que sea despachado por la Comisión Mixta. Para la discusión de esta iniciativa, se otorgará la palabra hasta por tres minutos por bancada, más 90 minutos distribuidos proporcionalmente entre ellas.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE ABOGADO CONSTITUCIONALISTA, ACADÉMICO, DIPLOMÁTICO Y EXMINISTRO DE ESTADO SEÑOR JORGE TAPIA VALDÉS , RECIENTEMENTE FALLECIDO
El señor PAULSEN (Presidente).-
A petición de la bancada del Partido Radical e Independientes, y del diputado Carlos Abel Jarpa , la Sala guardará un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del reconocido abogado constitucionalista, académico, diplomático y político chileno, militante del Partido Radical, señor Jorge Tapia Valdés , ocurrido el 30 de junio en España, quien se desempeñó como Secretario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, donde trabajó por dieciocho años. De igual forma, ejerció como ministro de Educación Pública y de Justicia en el gobierno del Presidente Salvador Allende, siendo detenido después del golpe de Estado y relegado a Isla Dawson. Luego del retorno a la democracia, ejerció como embajador durante los mandatos de los Presidentes Patricio Aylwin y Eduardo Frei y como intendente de la Región de Tarapacá. Invito a todos a ponerse de pie.
-Las señoras diputadas, los señores diputados y los funcionarios guardan, de pie, un minuto de silencio.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Muchas gracias.
SALUDO A BOMBEROS DE CHILE CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DE SU DÍA NACIONAL
El señor PAULSEN (Presidente).-
A petición de la diputada Maite Orsini , la Cámara de Diputados saluda a todos los voluntarios de Bomberos de Chile, con motivo de haberse celebrado el 30 de junio pasado el Día Nacional del Bombero, fecha que reconoce la fundación del Primer Cuerpo de Bomberos del país.
-Aplausos.
RÉPLICA A IMPUTACIONES (APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO)
El señor PAULSEN (Presidente).-
La diputada Alejandra Sepúlveda , en su calidad de jefa de bancada, ha solicitado hacer uso del derecho que le confiere el artículo 33 del Reglamento de la Corporación.
Hará uso de la palabra, vía telemática y hasta por cinco minutos, el diputado Jaime Mulet , quien ha sido designado para tal efecto.
Tiene la palabra su señoría.
El señor MULET (vía telemática).-
Señor Presidente, el 30 de junio, en el diario El Mercurio y en otros medios de comunicación nacional, apareció una declaración suscrita por la jefa de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, diputada María José Hoffmann , y por el diputado Javier Macaya .
Entre otras expresiones, a propósito de la creación de comisiones especiales investigadoras en el marco de la pandemia por covid-19, de las cuales presido dos, instancias que se fusionaron porque persiguen el mismo objetivo -CEI 47 y CEI 48-, quiero citar textualmente lo que publicó el diario El Mercurio: “Es de una irracionalidad antipatriota que en plena pandemia se creen comisiones investigadoras que distraen a las autoridades de una función principal que en estos momentos es superar la crisis. Una cosa es ser opositor a un gobierno y otra es no dejar gobernar…”.
Esas expresiones afectan indudablemente no solo a la Federación Regionalista Verde Social y a la bancada que integramos con otros partidos políticos, sino a quienes hemos propiciado, en uso de nuestras atribuciones fiscalizadoras, la creación de comisiones especiales investigadoras.
Junto con mencionar que nos parecen extremadamente graves esas declaraciones, quiero decirles que, obviamente, se equivocan.
Estamos en una república democrática -lo establece la Constitución Política, y tratamos de que así sea-, y por eso es grave tratar de impedir que la oposición o que un grupo de parlamentarios ejerza una de sus atribuciones fundamentales en democracia, que es fiscalizar los actos de gobierno, labor que debe efectuar la Cámara de Diputados.
Se hicieron modificaciones para poder funcionar durante la pandemia, tal como lo establece la disposición transitoria trigésima segunda de la Carta Fundamental, en la que se dispone que ambas cámaras podrán sesionar, votar proyectos de ley y de reforma constitucional y ejercer sus facultades exclusivas, una de las cuales es la de fiscalizar. Las comisiones especiales investigadoras son una forma de fiscalizar que nos permite la Constitución Política.
Por eso, me parecen muy graves esas expresiones, que además son ofensivas, pues tratan de antipatriotas a los parlamentarios que propiciamos la formación de esas instancias investigadoras. Se trata de una expresión tremendamente grave, especialmente para quienes estamos en política porque amamos nuestra patria y porque tenemos como obligación principal defender los intereses de todos los chilenos y las chilenas durante la pandemia. Por lo menos, eso es lo que nos inspira a los regionalistas verdes, y creo que también a la inmensa mayoría de los parlamentarios, sobre todo durante esta pandemia: la defensa de los sectores más modestos.
No puedo dejar pasar esto, ya que este gobierno ha cometido errores graves, de manera que tenemos el pleno derecho de fiscalizarlo, porque estamos preocupados de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas.
Nos han dicho que se iría en ayuda de vastos sectores de la población mediante la creación de ingresos especiales, pero esos ingresos no están llegando. Nos han dicho que se iría en ayuda de un millón de mipymes, pero la ayuda ha llegado solo a cien mil con el crédito Fogape . Nos han dicho que hay un número determinado de fallecidos, pero resulta que nos han ocultado las cifras: son muchos más los fallecidos. Así, una y otra vez, se han dicho muchas cosas respecto de distintas materias.
Han errado en la estrategia sanitaria, pero la fiscalización de los actos de gobierno, en virtud de las atribuciones de la oposición en esta cámara, ha permitido corregir algunas cosas. Eso es importante en el ejercicio de una democracia representativa y de una república democrática, como es el caso de Chile.
No tenemos que esperar a que termine la pandemia para fiscalizar. Eso sería extremadamente grave y significaría el abandono de nuestras funciones, en este momento que vive el país, como oposición. Eso no significa obstruir. Hay una deformación política en quienes hacen esas afirmaciones o en quienes creen -porque debo suponer que tienen la convicción o la creencia- que nosotros, como oposición, debiéramos estar hoy callados y sin hacer nada.
Incluso, hoy mismo, en Vallenar, en Copiapó o en Cachiyuyo, que es un pequeño pueblo cercano a Vallenar, se están viviendo circunstancias muy graves por la ineptitud de las autoridades regionales. Así como existe ineptitud en las autoridades nacionales, también la hay en las autoridades regionales. Y digo “ineptitud” porque no puedo suponer mala fe. También estamos fiscalizando para que no se siga expandiendo la pandemia y pedimos cuarentenas donde sea necesario o controles sanitarios más rigurosos, entre otras medidas.
No podemos dejar de fiscalizar en democracia; es esencial.
Por eso, he querido hacer uso de mi derecho de réplica, para defender mi labor de representar…
El señor PAULSEN (Presidente).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
-o-
El señor PAULSEN (Presidente).-
Para referirse a un asunto reglamentario, tiene la palabra el diputado Amaro Labra .
El señor LABRA.-
Señor Presidente, quiero saber por qué el proyecto que declara como patrimonio material y cultural del Estado los bienes inmuebles destinados al uso de la empresa Televisión Nacional de Chile no figura en la Cuenta.
Hago la consulta porque esa iniciativa, que fue presentada por nosotros, cumple con todos los protocolos de admisibilidad y debiera estar incorporado en la Cuenta.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Diputado Labra , el informe técnico sobre el proyecto que usted señala llegó diez minutos antes del inicio de la sesión, por lo que no fue posible ingresarlo en la Cuenta.
Dicho informe -no recuerdo si el proyecto fue declarado admisible o inadmisible- estará en la Cuenta de la sesión del próximo martes.
-o-
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, solicito que en el momento pertinente se discuta y se vote la admisibilidad del proyecto que prorroga el plazo para la renovación de los permisos de circulación correspondientes al año 2020, que usted declaró inadmisible. He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Así se hará, diputado Díaz , antes de la votación de los proyectos de ley.
-o-
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Gabriel Ascencio .
El señor ASCENCIO (vía telemática).-
Señor Presidente, a raíz del justo homenaje que la Cámara acaba de hacer a Bomberos de Chile, y considerando que en el N° 5 de la Cuenta viene el oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, con enmiendas, el proyecto, iniciado en moción, que modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a personal de bomberos en actos de servicio, solicito que dicha iniciativa, que está en condiciones de ponerse en tabla, se vea lo antes posible.
Se trata de un gran proyecto, que ya aprobó la Cámara de Diputados, y que Bomberos quiere que se tramite rápidamente. El Senado le hizo algunas enmiendas, fundamentalmente adecuaciones, y creo que con el solo informe de algún diputado hasta lo podríamos aprobar hoy día sin mayor discusión. Eso sí que sería un gran homenaje a Bomberos de Chile, que -reitero- está pidiendo que se tramite pronto este proyecto, razón por la cual hago esta solicitud. He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Diputado Ascencio , intentaremos poner en tabla el proyecto lo antes posible. Incluso veremos si podemos hacerlo hoy.
Además, su jefe de bancada, el diputado Daniel Verdessi , también lo solicitó. Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .
La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-
Señor Presidente, a propósito de lo que señaló el diputado Mulet , quiero preguntarle sobre la comisión investigadora sobre muertes por covid.
Quiero saber qué está pasando. Al parecer, no están las firmas para su integración. En ese sentido, llamo a las bancadas a dar cumplimiento a dicha obligación. He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ROJAS (Secretario subrogante).-
Señor Presidente, el plazo venció el 26 de junio, y hasta ahora tenemos designados a los diputados Miguel Crispi , Cosme Mellado , Fernando Meza y a la diputada Marisela Santibáñez . Si no nos entregan prontamente el resto de las propuestas, deberemos integrar la comisión con los jefes de bancada, para dar cuenta de ello en la próxima sesión.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Sobre la Cuenta, tiene la palabra, vía telemática, el diputado José Miguel Castro .
El señor CASTRO (don José Miguel) [vía telemática].-
Señor Presidente, escuché atento y anoté lo que dijo el diputado Mulet .
Creo que él puede tener razón en algunas cosas, pero referirse al gobierno en cuanto a ocultamiento de cifras de muertos, a mentir con respecto a cifras de muertos, la verdad es que eso no se condice con la realidad. Por lo tanto, pido al diputado Mulet que se retracte.
Por último, le pido que apague ese fondo como de desierto florido fucsia que tiene detrás de él, porque daña los ojos. He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Florcita Alarcón .
El señor ALARCÓN (vía telemática).-
Señor Presidente, todo Chile está desesperado. Se está perjudicando la función legislativa por la conexión a internet.
La ley N° 21.046, promulgada en 2017, todavía no se implementa, y todos estamos sufriendo por el pésimo wifi que tenemos.
Esa ley obliga a mantener una velocidad mínima de acceso a internet. Yo sigo alegando por eso. A todos nos está afectando, incluso a la función legislativa: a las comisiones y a la Sala.
He dicho.
-o-
El señor PAULSEN (Presidente).-
Si le parece a la Sala se accederá a la solicitud de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en orden a refundir, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, los proyectos de reforma constitucional que habilitan el retiro anticipado de fondos previsionales, contenidos en los boletines Nos 13501-07, 13617-07 y 13627-07. ¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Se votará la solicitud en el tiempo de votaciones.
V. TABLA
IMPLEMENTACIÓN DE CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL DESARROLLO, LA PRODUCCIÓN, EL ALMACENAMIENTO Y EL EMPLEO DE ARMAS QUÍMICAS Y SOBRE SU DESTRUCCIÓN, Y DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL DESARROLLO, LA PRODUCCIÓN Y EL ALMACENAMIENTO DE ARMAS BACTERIOLÓGICAS (BIOLÓGICAS) Y TOXÍNICAS Y SOBRE SU DESTRUCCIÓN (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11919-02)
El señor PAULSEN (Presidente).-
Esta sesión tiene por objeto tratar, en primer lugar, las modificaciones incorporadas por el Senado en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.
Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para el uso de la palabra se otorgarán tres minutos por bancada.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, sesión 35ª de la presente legislatura, en miércoles 24 de junio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 3.
El señor PAULSEN (Presidente).-
En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Osvaldo Urrutia .
El señor URRUTIA (don Osvaldo) [vía telemática].-
Señor Presidente, este proyecto busca dotar al país de una ley que constituya una herramienta jurídica suficiente y eficaz para prohibir adecuadamente el desarrollo, la fabricación, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y biológicas.
Existe un antiguo anhelo mundial de prohibir y erradicar las armas químicas y biológicas, principalmente por los graves efectos a largo plazo -en muchos casos, los efectos son de carácter permanente- que producen en la población.
Desde el punto de vista histórico, han existido diversas iniciativas para regular efectivamente este tipo de armas. El primer paso fue a través del Protocolo de Ginebra de 1925, que prohíbe emplear en la guerra gases asfixiantes, tóxicos o similares y medios bacteriológicos, que surgió tras la experiencia vivida en la Primera Guerra Mundial, en que se empleó ácido clorhídrico y gas mostaza. Chile suscribió dicho protocolo en junio de ese mismo año.
Posteriormente, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción fue suscrita por el Estado de Chile en abril de 1972, e incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante el decreto supremo N° 385, de mayo de 1980.
Existe una laguna en nuestro ordenamiento jurídico interno, pues no se ha ajustado de forma que permita promover completamente los fines de la convención contra las armas químicas y biológicas. Por ello, con este proyecto se busca dotar al país de una ley que constituya una herramienta jurídica suficiente y eficaz para prohibir adecuadamente el desarrollo, la fabricación, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y biológicas.
El proyecto comprende las siguientes medidas: se establece una autoridad nacional con atribuciones y obligaciones determinadas por la ley para hacerla efectiva; se describen tipos penales específicos para sancionar la producción y el empleo de armas químicas y biológicas, se crea un sistema de control sobre ciertas sustancias químicas tóxicas y agentes biológicos; se establecen obligaciones de registro, obtención de licencias y autorizaciones, entre otras.
En fin, el proyecto avanza y se compromete; reconoce las atribuciones que tiene la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) en sus inspecciones a los Estados parte.
Del mismo modo, es importante señalar que Chile ha cumplido con las obligaciones impuestas por la convención, pero sin contar con un marco jurídico que otorgue facultades a la autoridad nacional para requerir información por parte de los usuarios. Por eso, nosotros, la Cámara de Diputados, en noviembre de 2018 aprobamos este proyecto, cuya tramitación ha demorado más de un año y medio en el Senado, que ha hecho algunos alcances, que reconocemos, sobre todo en la parte penal, para mejorar y hacer más coherentes las sanciones de carácter penal.
Pero creo que es muy…
El señor PAULSEN (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Manuel Matta .
El señor MATTA (vía telemática).-
Señor Presidente, estimados colegas, quiero señalar que nuestro país suscribió en los años 1980 y 1996 dos convenciones sobre armas químicas, bacteriológicas y toxínicas.
Hasta la fecha no hemos adecuado la legislación interna a dichas obligaciones internacionales, por lo que, indudablemente, estamos en deuda con el concierto de las naciones.
En noviembre de 2018 esto fue aprobado por la Cámara de Diputados por 132 votos a favor. Después de un año y fracción -lo señaló el diputado Osvaldo Urrutia -, el Senado finalmente aprobó este texto por 42 votos favorables.
Las enmiendas introducidas por esa rama del Congreso Nacional vienen a mejorar el texto aprobado por la Cámara de Diputados en 2018, precisando terminologías, incorporando nuevas acciones prohibidas y perfeccionando los tipos penales. Así, a las armas biológicas y químicas, suma las armas toxínicas, y agrega las toxinas a las sustancias químicas y agentes biológicos. Además, realiza adecuaciones de técnica legislativa que brindan mayor comprensión y claridad al texto.
También se modifica la Ley sobre Control de Armas, para evitar los concursos de delitos entre dicho cuerpo normativo y esta futura ley.
En el contexto de pandemia que estamos enfrentando, pareciera ser más urgente que nunca adecuar la normativa vigente y modernizarla, a fin de que garantice que la química y la biología se usarán únicamente para fines pacíficos, evitando la utilización de ese tipo de sustancias y agentes para usos violentos.
Con este proyecto de ley se permite la implementación de las convenciones suscritas entre 1980 y 1996, regulando efectivamente una materia que es de suyo delicada.
La Dirección General de Movilización Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, será la autoridad nacional encargada de fiscalizar el cumplimiento de esta futura ley, así como de otorgar licencias y autorizaciones que controlen y apliquen sanciones.
Los nuevos tipos penales contemplan sanciones que van entre los 61 días de presidio a presidio perpetuo, dependiendo de la acción que se cometa.
Así, revelar datos confidenciales u otra información relevante por funcionarios públicos puede ser penado con 61 días a 3 años de presidio, mientras que el empleo de armas químicas o biológicas se sanciona con penas que van desde los 15 años y un día…
El señor PAULSEN (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Vlado Mirosevic .
El señor MIROSEVIC (vía telemática).-
Señor Presidente, Chile ha suscrito compromisos internacionales en contra de la producción y el empleo de armas químicas y biológicas, por lo que había que adecuar nuestra legislación conforme a lo que señalan dichos compromisos, lo que debe hacerse mediante una ley. Así, Chile tenía pendiente la promulgación de una ley que estableciera, por ejemplo, nuevos tipos penales para declarar ilegal la producción, el transporte, la tenencia, la transferencia o el empleo de este tipo de armas.
Con la aprobación de este proyecto de ley vamos a adecuar nuestro sistema jurídico a los compromisos que Chile ya había suscrito a nivel internacional, lo que me parece completamente necesario.
¿Cuáles son los países que no han suscrito esta convención? Sudán del Norte, Israel , Egipto y Corea el Norte. En cambio, en nuestra región, Perú y Argentina , por ejemplo, ya promulgaron sus leyes de implementación de esta convención.
Los tipos penales que se crean, como bien decía el diputado Matta , establecen penas que van de 61 días de presidio a presidio perpetuo, para aquellos que produzcan, transporten, transfieran o empleen este tipo de armas y sustancias que pueden utilizarse para estos efectos.
El proyecto dispone que sea la Dirección General de Movilización Nacional la que esté a cargo de la fiscalización y supervisión de lo que concierne a esta materia, lo que incluye, entre otras tareas, el control de producción, transporte y almacenamiento de una lista de sustancias que podrían emplearse para estos efectos.
Lo importante de la convención y de la ley que establece la respectiva adecuación es que se dispone que la química y la biología van a tener solo usos pacíficos, y que, en cambio, cualquier otra desviación o empleo que produzca daños, que se utilice para la guerra o en contra de los seres humanos va a ser, en este caso, penado de manera muy fuerte […] acción internacional de ilegalidad para la producción y para el empleo de este tipo de armas, que en el caso de Chile ahora vamos a tener también, de manera coherente, las penas para que así no suceda.
Voy a votar a favor este proyecto, y lo celebro, porque creo que nuestra obligación, como un país pequeño que depende del multilateralismo, es suscribir este tipo de acuerdos básicamente porque dependemos […]
Por último, en los segundos que me quedan, pido al gobierno que envíe al Congreso, para su aprobación, el tratado sobre armas nucleares. Son muchas las organizaciones internacionales de la sociedad civil que están pidiendo que esta convención sea ratificada por Chile. Nosotros la suscribimos, pero esto no ha sido aprobado por el Congreso.
Espero que el gobierno pueda también complementar este proyecto…
-Los puntos suspensivos corresponden a interrupciones en la transmisión telemática.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado.
Aprovecho de saludar al ministro de Defensa, señor Alberto Espina , quien se encuentra presente de manera telemática.
Tiene la palabra, vía telemática, hasta por tres minutos, el diputado Tucapel Jiménez .
El señor JIMÉNEZ (vía telemática).-
Señor Presidente, lo saludo a usted, al ministro y a todos los colegas que están presentes, tanto en la Sala como por vía telemática.
Por fin este proyecto va a ver la luz. Los colegas ya han dicho que esto lo aprobamos en noviembre, en su primer trámite constitucional, pero en el Senado se tomaron más tiempo que el debido.
Este camino no ha sido fácil -ya lo han dicho algunos colegas-, pues han pasado 24 años desde que se ratificó la convención sobre armas químicas y 40 años desde que se ratificó la convención sobre armas biológicas. Por lo tanto, el camino ha sido bastante largo.
Le he hecho un seguimiento a esta materia; de hecho, en 2017 organizamos un taller parlamentario con funcionarios y diputados de varios países de la región, incluyendo por supuesto a la Cámara de Diputados, al gobierno de Canadá. Todo esto fue organizado por Parlamentarios para la Acción Global (PGA por su sigla inglés), instancia de la cual con mucho orgullo soy presidente nacional. Es un grupo de parlamentarios de todo el mundo que trabaja por promover la paz, la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos, la igualdad de género y temas tan importantes como este que estamos viendo ahora.
Recuerdo que el único objetivo de ese taller era concientizar sobre la importancia de ratificar la implementación de este tratado en cada uno de los países que participó, para lo cual sostuvimos reuniones con representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia. De hecho, en 2018 presenté un proyecto de acuerdo, que contó con una amplia votación a favor, para pedir que el gobierno ingresara un proyecto de ley en tal sentido.
Sin ánimo de ser odioso, hay que recordar, porque hace bien para no repetir los errores y horrores del pasado. Por ello, les recuerdo que durante la dictadura nuestro país también usó armas químicas por medio de criminales de lesa humanidad.
Por lo tanto, este proyecto es más importante que nunca, porque hoy sí hay consenso de la importancia de no tolerar las armas químicas.
Para terminar, quiero señalar la importancia de este proyecto. Solo imaginemos, con el coronavirus y con la situación que está viviendo el mundo, lo que podría pasar si este tipo de virus o alguno similar cayera en manos terroristas. La amenaza para el mundo sería enorme. Solo hay que pensar un segundo en ello para darse cuenta de la importancia de este proyecto de ley. Por ello, considero que hoy más que nunca resulta pertinente llamar a aprobarlo por unanimidad, de modo que, de una vez por todas, se convierta en ley de la república.
Por supuesto, agradezco a todas las autoridades que hicieron posible que este proyecto pueda ver la luz. Tengo la absoluta certeza de que ello será así, porque en 2018 la Cámara de Diputados ya lo aprobó. En consecuencia, creo que hoy vamos a ratificar las enmiendas que nos propone el Senado, en un momento tan importante para el país y para el mundo.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Florcita Alarcón .
El señor ALARCÓN (vía telemática).-
Señor Presidente, me parece curioso que se hable de las armas biológicas, de las armas químicas y de las armas tóxicas, y no se hable de las nucleares. ¿Será que se considera que son inofensivas?
En todo caso, particularmente me preocupa en mi país el uso de los químicos en el “guanaco” o de los químicos en los gases del “zorrillo”, que, además, van a afectando el derecho a reclamo hacia los gobiernos, que nos gobiernan desde números y se olvidan de que somos personas humanas, hechas a imagen de Dios, según dicen algunas religiones.
Debería prohibirse la pobreza; debería prohibirse, en realidad, la represión, si queremos ser humanos.
Ese es mi punto, señor Presidente.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Defensa Nacional, don Alberto Espina .
Como integrante de la Comisión de Defensa Nacional, puedo asegurar que hemos discutido extensamente este proyecto de ley, que dice relación con la implementación de las convenciones relativas a la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y biológicas. Nuestro país es uno de los pocos que no tiene una ley que regule esta materia.
Con motivo del inicio de los estudios para aprobar la legislación nacional relativa a la implementación de ambas convenciones, tuve la suerte de viajar a Holanda, junto con otros parlamentarios, donde fuimos invitados a la sede de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Viajamos junto con el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa Nacional, don Pablo Urquízar -un gran funcionario público-, y un representante del Ejército de Chile. Fuimos muy bien acogidos por los integrantes de esa organización, quienes nos brindaron todo su apoyo para que Chile cuente con una legislación al respecto.
Por lo tanto, llamo a aprobar en forma unánime -Dios quiera- en la Cámara este proyecto.
Me llama la atención, de manera poderosa y positiva, escuchar a varios diputados de la oposición señalar que se debe aprobar este proyecto porque es muy necesario. ¡Qué bueno que todos en este momento piensen en el bien nacional! ¡Qué bueno que estemos pensando en que las cosas se están haciendo bien!
Aprovecho de felicitar al ministro Espina por el trabajo que ha hecho al frente de su cartera, tal como lo ha hecho la gran mayoría de los ministros.
Tengo la enorme esperanza de que este proyecto sea aprobado para que Chile cuente con una ley que prohíba el desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de las armas químicas y biológicas.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Defensa Nacional, don Alberto Espina .
El señor ESPINA (ministro de Defensa Nacional) [vía telemática].-
Señor Presidente, saludo a las señoras diputadas y a los señores diputados.
He escuchado muy atentamente el debate. Considero que la aprobación de este proyecto de ley, sin lugar a dudas, constituirá un hito muy relevante en el proceso de modernización de la defensa de nuestro país, pero también en la protección de los derechos de las personas.
Para que nos demos cuenta de todo el tiempo que ha pasado para que una iniciativa de esta naturaleza forme parte de nuestra legislación, cabe mencionar que Chile suscribió la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el
Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción en 1993, y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y Toxínicas y sobre su Destrucción en 1972.
Cuando asumí como ministro de Defensa Nacional, sinceramente no logré comprender por qué convenciones tan vitales en el mundo moderno no habían completado su tramitación para ser parte de nuestra legislación.
Agradezco muy sinceramente a los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, a los miembros de la comisión homónima de la Cámara de Diputados y, en general, a todos los parlamentarios que han colaborado en perfeccionar este proyecto de ley.
Como ministro uno debe entender que cuando se envía un proyecto de ley al Congreso Nacional el objetivo es que el proyecto se enriquezca, se mejore, se corrija. Ahora, por mi experiencia como parlamentario, sé que si hay buena voluntad y ánimo de cooperar, los proyectos se perfeccionan. En este sentido, la experiencia del Ministerio de Defensa Nacional ha sido siempre positiva.
Nuestras políticas de modernización comenzaron con la derogación, después de más de cuarenta años, de la ley del cobre como mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas, lo que dio paso a un sistema de financiamiento plurianual, democrático, controlado por el Parlamento, que comenzará a aplicarse, en la práctica, en unos meses más, tras la discusión de la nueva ley de presupuestos.
Si uno ve el proyecto que presentamos originalmente y observa los cambios que se hicieron, no hay dudas de que hay mejoras sustantivas. Ocurrió lo mismo en el caso de los gastos reservados -parecía una pieza oscura-, que son fundamentales para el desarrollo de las acciones de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas. El proyecto de ley correspondiente se está analizando y perfeccionando, y espero que pronto sea aprobado.
Otro caso es el proyecto del Estatuto Antártico, que se votará en unos días más. El proyecto fue aprobado unánimemente en su primer trámite constitucional y hoy se encuentra en el Senado, que probablemente realice ciertos cambios. Cabe señalar que el Estatuto Antártico es fundamental para nuestro país. ¡No me explico cómo nuestro país no tiene uno, considerando que existen reclamos sobre nuestra soberanía en la Antártica!
Asimismo, acaba de ingresar al Senado un proyecto que dice relación con un nuevo procedimiento de compras e inversiones de las capacidades estratégicas militares, con una activa participación civil en las auditorias y en las decisiones que se adopten, además de establecer de forma transparente el tipo de licitación, para que la regulación sea la adecuada a la compra de las capacidades estratégicas.
Aprovecho de señalar, brevemente, dos cosas importantes en relación con ese proyecto. Primero, Chile está renovando sus capacidades satelitales, pues el satélite FASat Charlie ya cumplió su ciclo de vida. Hemos impulsado desde hace bastante tiempo la adquisición -estamos en pleno proceso de licitación- de una constelación de satélites, que en este caso significa tener un satélite propio más otros satélites arrendados, no solo para uso militar, sino también para la Administración del Estado y el uso de privados. Por supuesto, en el proceso de licitación he estado muy presente, y puedo señalar, en forma transparente y certera, que los procedimientos usados son los que corresponden. En ese sentido, ha contribuido mucho la Fuerza Aérea de Chile. Evidentemente, el Presidente de la República toma la decisión final, con la asesoría del ministro de Defensa Nacional.
Segundo, agregamos la posibilidad de fabricar nanosatélites y microsatélites. De este modo, en ocho o diez años más no tendremos que adquirirlos en el extranjero, mediante licitaciones abiertas a todos quienes quieran participar, siempre y cuando reúnan los requisitos y las exigencias que Chile pide, sino pasar a ser un país que pueda fabricar sus propios nanosatélites y microsatélites. Eso es, sin duda, un avance gigantesco para Chile.
Sé que lo que he planteado no guarda relación con el proyecto que nos convoca, pero pocas veces se dispone de la oportunidad, en relación con un tema tan consensuado, de contar hacia dónde estamos avanzando.
Tengo que ser leal en esto: todo lo que he indicado se ha hecho de forma transversal con el apoyo de los diputados y de los senadores, quienes, en la gran mayoría de los proyectos -ojalá pudiera ser en todos-, nos acompañan en su perfeccionamiento.
La política de defensa es una política de Estado. Los gobiernos pasan; la defensa de los países se mantiene. La defensa del país tiene por objeto garantizar nuestra independencia política, a través de la disuasión, la que se logra con capacidades estratégicas polivalentes, que es lo que durante estos 106 días nos han mostrado las Fuerzas Armadas, en el contexto de la pandemia por coronavirus. A propósito de esto, sería muy bueno que los diputados tomaran contacto con los jefes de la defensa nacional en sus respectivas regiones -sé que muchos lo han hecho-, ya que tener relación directa con ellos hace muy bien en un momento en que se requiere unidad. Durante 106 días, los jefes de la defensa nacional han tenido a su cargo a un total de 32.000 integrantes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Dicho sea de paso, dentro de ese número, un porcentaje importante corresponde a mujeres.
Respecto al proyecto que hoy se discute, sin duda, este pone a Chile en la línea que tienen los países avanzados en la línea de proteger a la ciudadanía frente a la posibilidad del uso de armas químicas. Es inaceptable, es un crimen que estas se utilicen en un conflicto, ya sea regular, es decir, entre países, o bien en lo que se llama amenazas híbridas, que son conflictos irregulares.
Por eso, el proyecto se concentra en dos aspectos: la prohibición de armas químicas, biológicas, bacteriológicas y toxínicas. Específicamente, el proyecto expresa que se prohíbe categóricamente la fabricación, construcción, transformación, conversión, desarrollo, producción, distribución, transporte, tránsito, almacenamiento, conservación, retención, adquisición, comercialización, cesión, importación, internación, exportación, reexportación, expedición, reenvío, empleo, tenencia , posesión, propiedad, transferencia, liberación o alteración de sustancias químicas o agentes biológicos y toxinas, así como también sus instalaciones y equipos.
La penalidad asignada a estos delitos es de crimen, la cual fluctúa en promedio entre los cinco años y presidio perpetuo, porque el daño es gigantesco.
Respecto de aquellas sustancias químicas que se puedan utilizar, porque no se consideran armas químicas, se establece una rigurosa fiscalización y control para evitar que lleguen a ser mal utilizadas.
Esto pone a Chile dentro de los países que están a la vanguardia de comprender que la defensa no dice relación con las violaciones a los derechos humanos, ni menos con el abuso y la utilización de armas letales que puedan producir efectos desastrosos en la vida de personas inocentes.
He escuchado las intervenciones de todos los señores parlamentarios. Agradezco la contribución de la Cámara de Diputados, porque fue aquí donde iniciamos la tramitación del proyecto de ley. Siempre el primer impulso es el más difícil. Es común que haya cuestionamientos, pero acá hubo voluntad y decisión.
Por su parte, el Senado corrigió aspectos que la Cámara de Diputados sabía que era necesario perfeccionar, porque lo importante era sacar adelante la iniciativa. Por lo demás, considero que los cambios fueron los correctos.
Agradezco a todo el equipo del Ministerio de Defensa Nacional, sobre todo a quienes tuvieron una participación más directa, como mi jefe de gabinete, Pablo Urquízar , y la jefa del Departamento de Armas Químicas y Biológicas de la Dirección Nacional de Movilización Nacional, coronel Marisol O'Ryan , quienes se entrevistaron con expertos y con personalidades de distintos países para lograr una legislación moderna.
De 193 países del mundo, 77 no han alterado su legislación y no cumplen con su obligación de prohibir estricta y claramente el uso de armas químicas y biológicas. Por eso nos debemos sentir orgullosos de este paso.
En los anales de la historia, de la protección de los derechos de las personas, ustedes figurarán como parte importante de este proceso de modernización, que tuve el privilegio y el honor de presidir como ministro de Defensa Nacional.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas
Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción.
En votación.
-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Diego Ibáñez , Cosme Mellado , Manuel Matta y Pedro Álvarez-Salamanca .
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 154 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas , Florcita Fernández Allende , Maya Melero Abaroa , Patricio Saavedra Chandía , Gastón Alessandri Vergara , Jorge Flores García, Iván Mellado Pino , Cosme Sabag Villalobos , Jorge Alinco Bustos , René Flores Oporto , Camila Mellado Suazo , Miguel Sabat Fernández , Marcela Álvarez Ramírez , Sebastián Fuenzalida Cobo , Juan Meza Moncada , Fernando Saffirio Espinoza , René Álvarez Vera , Jenny Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Mirosevic Verdugo , Vlado Saldívar Auger , Raúl AlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Gahona Salazar , Sergio Mix Jiménez , Claudia Sanhueza Dueñas , Gustavo Amar Mancilla , Sandra Galleguillos Castillo , Ramón Molina Magofke , Andrés Santana Castillo , Juan Ascencio Mansilla , Gabriel García García, René Manuel Monsalve Benavides , Manuel Santana Tirachini , Alejandro Auth Stewart , Pepe Garín González , Renato Morales Muñoz , Celso Santibáñez Novoa , Marisela Baltolu Rasera , Nino Girardi Lavín , Cristina Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Barrera Moreno , Boris González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Schalper Sepúlveda , Diego Barros Montero , Ramón González Torres , Rodrigo Muñoz González , Francesca Schilling Rodríguez , Marcelo Bellolio Avaria , Jaime Gutiérrez Gálvez , Hugo Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Berger Fett , Bernardo Hernández Hernández , Javier Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Soto , Alexis Bernales Maldonado , Alejandro Hernando Pérez , Marcela Norambuena Farías , Iván Silber Romo , Gabriel Bianchi Retamales , Karim Hertz Cádiz , Carmen Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Bobadilla Muñoz , Sergio Hirsch Goldschmidt , Tomás Núñez Urrutia , Paulina Soto Mardones , Raúl Boric Font , Gabriel Hoffmann Opazo , María José Nuyado Ancapichún , Emilia Teillier Del Valle, Guillermo Brito Hasbún , Jorge Ibáñez Cotroneo , Diego Olivera De La Fuente , Erika Tohá González , Jaime Calisto Águila , Miguel Ángel Ilabaca Cerda , Marcos Orsini Pascal , Maite Torrealba Alvarado , Sebastián Cariola Oliva , Karol Jackson Drago , Giorgio Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor Carter Fernández , Álvaro Jarpa Wevar , Carlos Abel Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez , Renzo Carvajal Ambiado , Loreto Jiles Moreno , Pamela Pardo Sáinz , Luis Troncoso Hellman , Virginia Castillo Muñoz , Natalia Jiménez Fuentes , Tucapel Parra Sauterel , Andrea Undurraga Gazitúa , Francisco Castro Bascuñán, José Miguel Jürgensen Rundshagen , Harry Paulsen Kehr , Diego Urrutia Bonilla , Ignacio Castro González, Juan Luis Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Arriagada , José Urrutia Soto , Osvaldo Celis Araya , Ricardo Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Lahsen , Leopoldo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Celis Montt , Andrés Kort Garriga , Issa Pérez Olea , Joanna Vallejo Dowling , Camila Cicardini Milla , Daniella Kuschel Silva , Carlos Pérez Salinas , Catalina Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cid Versalovic , Sofía Labra Sepúlveda , Amaro Prieto Lorca , Pablo Velásquez Núñez , Esteban Coloma Álamos, Juan Antonio Lavín León , Joaquín Ramírez Diez , Guillermo Velásquez Seguel , Pedro Crispi Serrano , Miguel Leiva Carvajal , Raúl Rathgeb Schifferli , Jorge Venegas Cárdenas , Mario CruzCoke Carvallo , Luciano Leuquén Uribe , Aracely Rentería Moller , Rolando Verdessi Belemmi , Daniel Desbordes Jiménez , Mario Longton Herrera , Andrés Rey Martínez , Hugo Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo Lorenzini Basso , Pablo Rocafull López , Luis Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Espinoza , Jorge Luck Urban , Karin Rojas Valderrama , Camila Walker Prieto , Matías Durán Salinas , Eduardo Macaya Danús , Javier Romero Sáez , Leonidas Winter Etcheberry , Gonzalo Eguiguren Correa , Francisco Marzán Pinto , Carolina Rosas Barrientos , Patricio Yeomans Araya , Gael Espinoza Sandoval , Fidel Matta Aragay, Manuel
El señor PAULSEN (Presidente).-
Despachado el proyecto.
SUSPENSIÓN DE COBRO DE ARANCELES Y DERECHOS DE MATRÍCULA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DURANTE VIGENCIA DE ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL DE CATÁSTROFE POR PANDEMIA DE COVID-19 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. (BOLETÍN N° 13378-04)
El señor PAULSEN (Presidente).-
En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que dispone la suspensión del cobro de aranceles y derechos de matrícula y similares por parte de instituciones de educación superior, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, con ocasión de la pandemia por covid-19.
Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, se otorgarán tres minutos base por bancada para el uso de la palabra, más treinta minutos distribuidos de forma proporcional.
Diputados informantes de las comisiones de Educación y de Hacienda son los señores Juan Santana y Guillermo Ramírez , respectivamente.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Educación, sesión 30ª de la presente legislatura, en martes 16 de junio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 13.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documento de la Cuenta N° 21 de este boletín de sesiones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado informante de la Comisión de Educación.
El señor SANTANA (don Juan) [vía telemática].-
Señor Presidente, en este segundo trámite reglamentario, la comisión aprobó cuatro indicaciones.
La primera, para sustituir el título del proyecto, de manera de adecuarlo al contenido actual de la iniciativa de ley, que ya no suspende el cobro de aranceles, sino que dispone apoyo para la continuidad de estudios de los estudiantes, planes de flexibilización para el cobro de aranceles, derechos de matrícula y similares, y la prohibición de sanciones por parte de instituciones de educación superior con ocasión de la pandemia por covid-19.
La segunda, para realizar diversas modificaciones al artículo 1, de manera de mejorar su redacción y disponer que, para los efectos de la ley se entenderá por estudiantes de educación superior aquellos que cursen carreras y programas de estudios de carácter presencial, semipresencial o a distancia, conducentes a los títulos y grados señalados en las letras a), b) y c) del artículo 54 de la ley General de Educación.
La tercera, para reemplazar el artículo 3, con objeto de clarificar que las infracciones a esta normativa se considerarán infracciones graves y se sancionarán en la forma señalada en el inciso segundo del artículo 55 de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior.
La cuarta, para sustituir el artículo transitorio, de manera de eliminar la referencia a los estudiantes a los cuales beneficia, que ya se encuentra establecida en el artículo 1.
Por su parte, el artículo 2 del proyecto no fue objeto de indicaciones, por lo que se debe entender reglamentariamente aprobado. En tanto, se presentó una indicación para eliminar el artículo 4, la cual fue rechazada por mayoría de votos.
Constancias reglamentarias
1) Normas de quorum especial
El proyecto no contempla normas propias de ley orgánica constitucional ni de quórum calificado.
2) Normas que requieren trámite de Hacienda
De conformidad con lo establecido por el artículo 226 del Reglamento de la Corporación, el artículo 4 del proyecto aprobado por la Comisión requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.
Asimismo, de conformidad con lo acordado por los Comités Parlamentarios con fecha 29 de mayo de 2020, el artículo transitorio también requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.
3) Tramitación en la comisión
Se hace presente que hubo cuatro indicaciones aprobadas, una indicación rechazada, y que no existen artículos nuevos ni suprimidos.
4) Reserva de constitucionalidad
Se hace presente que el Ejecutivo y el diputado Jaime Bellolio hicieron reserva de constitucionalidad respecto del artículo 4 del proyecto, por cuanto vulnera el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la República, al incidir en la administración financiera del Estado.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra, por vía telemática, el ministro secretario general de la Presidencia, señor Claudio Alvarado .
El señor ALVARADO (ministro secretario general de la Presidencia) [vía telemática].-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a todas las señoras diputadas y a todos los señores diputados que se encuentran presentes en la sesión de esta mañana.
En mi condición y calidad de ministro secretario general de la Presidencia, me referiré a algunos aspectos que dicen relación con la admisibilidad del proyecto en discusión, porque, a nuestro juicio, es necesario hacerlo presente a la Sala de la Corporación.
En esta ocasión, no me referiré a las medidas que se han adoptado por parte del Ministerio de Educación y por las propias universidades públicas y privadas para ayudar a cientos de miles de alumnos que están pasando problemas financieros para pagar matrículas y aranceles, debido a la pandemia por covid-19 que está sufriendo nuestro país. Solo haré referencia a aspectos del proyecto que dicen relación con el precedente que podrían causar futuras aprobaciones de proyectos de estas características, tanto para el trabajo legislativo como para nuestra propia institucionalidad política, pues la iniciativa contiene normas inadmisibles desde el punto de vista constitucional, respecto de lo cual se hicieron las reservas correspondientes en forma oportuna.
Sé que en la Comisión de Hacienda no se logró reunir la votación necesaria para mantener algunos artículos, pero mi intervención va dirigida a la estructura integral y general del proyecto, porque considero que es necesario hacerlo presente.
Lo primero que quiero dejar en claro es que este proyecto contiene normas que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, ya que, tal como señaló el diputado Juan Santana al leer el informe de la Comisión de Educación, hay normas que inciden en la administración financiera del Estado. El artículo 65, número 3°, establece que el Presidente de la República tendrá iniciativa exclusiva para contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales, autónomas, de los gobiernos regionales o de las municipalidades, y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquiera naturaleza, establecidas en favor del fisco o de los organismos o entidades referidos.
La norma se explica por sí sola. En consecuencia, dentro de ese ámbito claramente están incluidas las universidades estatales.
Para apreciar este impacto fiscal basta con revisar el informe de la Comisión de Hacienda, en el que consta un cálculo efectuado por el director de Presupuestos referido a los efectos que podría tener la aprobación de un proyecto con estas características en el presupuesto fiscal.
¿Qué nos dice el informe? Que una medida como la que se pretende aprobar tendría un costo fiscal del orden de 75.000 millones de pesos a 100.000 millones de pesos.
Entonces, cuando hablamos de cantidades del orden de 100.000 millones de pesos producto del articulado de este proyecto de ley, ¿existe alguna duda de que no estamos frente a una norma de iniciativa exclusiva del Presidente de la República? El Ejecutivo considera que sí.
El proyecto de ley atenta contra la autonomía universitaria. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente esta iniciativa también afecta la autonomía universitaria, que no es más que la facultad que tiene una comunidad académica para dictar las normas que regulan su propia organización, tanto en el aspecto organizativo como en el aspecto normativo.
Al respecto, podemos identificar tres elementos conceptuales a partir de los cuales se configura esta autonomía universitaria: primero, la facultad de una institución para dotarse de su propia organización y elegir a sus autoridades; segundo, la facultad para contratar al personal académico y elaborar planes de estudio, además de la libertad de cátedra de sus académicos, y, tercero, la facultad para administrar y disponer de los recursos que le permitan cumplir con los fines que le son propios.
La autonomía universitaria es un principio de larga data en nuestro país. Ya en 1931, por medio del DFL 280, nuestro país reconocía a la Universidad de Chile un patrimonio propio y la facultad de administrarlo, según sus propias normas.
Por otra parte, la Ley General de Educación, N° 20.370, en su artículo 3°, señala que la autonomía de los establecimientos educacionales constituye uno de los principios sobre los cuales se sustenta todo el sistema educativo chileno.
Profundizando aún más en este punto, hoy la autonomía universitaria se encuentra incluida de manera general en el artículo 1°, inciso tercero, de nuestra Constitución Política de la República, que garantiza la autonomía de los cuerpos intermedios, y más específicamente en el artículo 2° de la Ley sobre Educación Superior, N° 21.091, recientemente dictada, la que no solo consagra expresamente la autonomía de las instituciones de educación superior, sino que, además, la define como “la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales en la dimensión académica, económica y administrativa, dentro del marco establecido por la Constitución y la ley.”.
Indudablemente, el proyecto que hoy nos convoca afecta el precepto que acabo de señalar respecto de la autonomía universitaria.
Si bien sabemos que la autonomía universitaria no es un precepto absoluto y que, por supuesto, admite regulaciones por parte del Estado, estas no pueden hacer inviable el proyecto educativo que sustentan, como efectivamente impacta este proyecto. Tanto es así que el propio Consejo de Rectores, en declaración pública, ha señalado que este proyecto de ley “puede perjudicar gravemente a las universidades, sus comunidades y su responsabilidad de sostener la continuidad de la educación superior en todo el país” y que además el proyecto “no ofrece una alternativa que realmente atienda al bien común,…”.
Además, hay que señalar que las universidades vienen de un año 2019 financieramente complejo. Fue así como en el último año hubo una reducción aproximada del 10 por ciento en el número de alumnos matriculados, lo que en el caso de las universidades del Consejo de Rectores implicó 17.500 millones de pesos por concepto de menores ingresos.
Es más, este proyecto pretende disminuir a las instituciones de educación superior los ingresos que perciben producto de sus matrículas y aranceles. ¿Qué implica esto en la práctica? Nada más y nada menos que disminuir a los centros de formación técnica el 41 por ciento de sus recursos, el 37 por ciento de los ingresos a los institutos profesionales, el 34 por ciento de los ingresos a las universidades estatales y casi el 60 por ciento en el ámbito de las universidades privadas.
Lo anterior tiene como consecuencia -esto lo pueden ver en el propio informe de la Comisión de Hacienda- dejar a más del 60 por ciento de las instituciones de educación superior en potencial grado de insolvencia financiera.
Ante estas consecuencias del proyecto de ley, ¿alguien podría afirmar que no atenta contra la autonomía universitaria, que no atenta contra la autonomía de los cuerpos intermedios, que no está afectando gravemente el derecho constitucional de la libertad de enseñanza? Nosotros, como Ejecutivo, pensamos que sí atenta.
Señor Presidente, estimadas diputadas y diputados, termino esta intervención señalando y reiterando que, a nuestro juicio, esta iniciativa invade materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Por lo tanto, consideramos que es inadmisible, y también es inadmisible por afectar el principio de la autonomía universitaria y, en el concepto más amplio, el derecho a la libertad de enseñanza, los cuales, cuando se comienzan a relativizar o utilizar como partes de estrategias políticas determinadas, comienzan un claro descenso en sus grados de protección.
Por esto, como Ejecutivo esperamos que, no obstante la discusión que genera este proyecto, se tenga en consideración que es una atribución exclusiva de su excelencia el Presidente de la República y que el Ministerio de Educación, en conjunto con las universidades, a través de diferentes instrumentos e instancias, están atendiendo las necesidades de los alumnos que hoy cursan estudios en la educación superior e institutos profesionales y que, como señalé, esta iniciativa afecta la autonomía universitaria, genera serios perjuicios en los ingresos de estos estamentos y, a su vez, invade las facultades del Presidente de la República.
Por esa razón, reitero la reserva de constitucionalidad que en su minuto se realizó en el trámite de la comisión respectiva.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Informo a la Sala que cometí un error al ofrecer la palabra al ministro secretario general de la Presidencia, pues primero se tenía que rendir el informe de la Comisión de Hacienda.
En reemplazo del diputado Guillermo Ramírez , rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado Sebastián Torrealba .
El señor TORREALBA (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en lo que corresponde a su incidencia presupuestaria, sobre el proyecto de ley, iniciado en moción, que suspende el cobro de aranceles y derechos de matrícula y similares, por parte de instituciones de educación superior, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, con ocasión de la pandemia de covid-19.
Concurrió a exponer la posición del Ejecutivo el ministro de Educación, don Raúl Figueroa , quien asistió acompañado del subsecretario de Educación Superior, don Juan Eduardo Vargas . Asimismo, estuvo presente el ministro de Hacienda, don Ignacio Briones .
La comisión escuchó también las opiniones de numerosas instituciones de educación superior, así como de representantes de organizaciones estudiantiles.
La idea fundamental de la iniciativa se orienta a proteger la permanencia y continuidad de estudios de los alumnos de educación superior que se vean afectados en su realidad socioeconómica por causa de la emergencia sanitaria vivida en la actualidad.
Para ello, el proyecto dispone que las instituciones de educación superior deberán elaborar un plan de medidas extraordinarias que considerará la situación financiera del estudiante y de su grupo familiar, y que no podrá contemplar sanciones, intereses ni multas por mora en el pago del arancel o los derechos de la matrícula.
La Comisión de Educación determinó que, de conformidad con lo establecido por el artículo 226 del Reglamento de la Corporación, el artículo 4 del proyecto requería el pronunciamiento de la Comisión de Hacienda.
En particular, esta norma dispone que “El Ministerio de Educación abrirá un nuevo y excepcional período de postulación a la gratuidad y demás beneficios estudiantiles para el segundo semestre del año 2020.
Este proceso de postulación estará dirigido a los estudiantes que no hayan postulado o accedido a estos beneficios en el periodo regular y que acrediten un menoscabo en sus ingresos familiares, como directa consecuencia de las medidas sanitarias o de seguridad interior que hayan sido dictadas por la autoridad competente para el control del Covid-19, en conformidad con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 1 de esta ley.
El Ministerio informará de las nuevas fechas de postulación a las instituciones de educación superior, para que éstas, a su vez, informen a los estudiantes, dentro del término de tres días de publicada la presente ley en el Diario Oficial.”.
Asimismo, de conformidad con lo acordado por los Comités Parlamentarios con fecha 29 de mayo, el artículo transitorio del proyecto de ley también requería ser conocido por esta comisión, de modo de determinar si su contenido tiene incidencia presupuestaria. Ello, en cuanto establece lo siguiente: “Durante el año 2020, los estudiantes señalados en el inciso segundo del artículo 1 de esta ley, que se acojan a los planes señalados en dicho precepto, podrán solicitar la suspensión del año académico con la exención de cargos adicionales en relación con el avance académico semestral.”.
Cabe hacer presente que la iniciativa en informe tiene su origen en una moción, de manera que no corresponde que el Ejecutivo ingrese formalmente informe financiero ninguno.
Por lo anterior, mediante oficio, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda envió una minuta de estimación de costos fiscales al Presidente de la Cámara de Diputados, que fue remitida a la Comisión de Hacienda, donde se informa que dependiendo de los escenarios proyectados el proyecto en estudio significaría un gasto fiscal estimado entre 75.499 millones de pesos y 100.706 millones de pesos.
En consideración a lo anterior, el documento concluye que el proyecto en cuestión se aboca a una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por cuanto irroga mayor gasto fiscal.
Los integrantes de la Comisión de Hacienda debatieron largamente acerca del procedimiento para conocer y tramitar este proyecto de ley, en tanto existieron opiniones divergentes, por una parte, sobre la necesidad de pronunciarse sobre la admisibilidad de la iniciativa, y, por otra, sobre el eventual efecto que tendría en las arcas fiscales.
Finalmente, y en concordancia con nuestra normativa reglamentaria y con el informe de la Comisión de Educación, se decidió que la Comisión de Hacienda debía pronunciarse acerca de la incidencia presupuestaria del proyecto.
Asimismo, se concluyó que la admisibilidad de la iniciativa se encontraba refrendada por la Sala de la Corporación, al ingreso del proyecto, y por la Comisión de Educación al tramitar la iniciativa.
En concreto, la competencia correspondiente a la Comisión de Hacienda se concentró en si los referidos artículos 4 y transitorio tenían incidencia presupuestaria, derivando el pronunciamiento acerca del fondo a la discusión que deberá efectuarse en la Sala de la Corporación.
Tras las votaciones respectivas, la comisión rechazó por cinco votos a favor, una abstención y siete en contra, el artículo 4 del proyecto de ley.
Asimismo, respecto del artículo transitorio, la comisión se pronunció con la misma votación, en el sentido de que esta disposición tiene efectivamente incidencia sobre el presupuesto fiscal.
Votaron por suprimir el artículo 4 la diputada Cid y los diputados Melero , Ortiz ,
Leopoldo Pérez , Alejandro Santana , Von Mühlenbrock y Ramírez . Votaron en contra de la eliminación del artículo 4 los diputados Jackson , Monsalve , Núñez (Presidente), Schilling y Alexis Sepúlveda . Se abstuvo el diputado Lorenzini .
En cuanto al artículo transitorio, la diputada Cid y los diputados Melero , Ortiz , Leopoldo Pérez , Ramírez , Santana y Von Mühlenbrock concordaron, por mayoría, que incide en la administración financiera o presupuestaria del Estado, como fue el mandato entregado a la comisión por la Sala.
Por su parte, los diputados Jackson , Monsalve , Núñez (Presidente), Schilling y Alexis Sepúlveda estuvieron por la opinión contraria.
Se abstuvo el diputado Lorenzini .
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Para un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Érika Olivera .
La señora OLIVERA (doña Erika).-
Señor Presidente, tengo entendido que, hace algunos días, la Comisión de Ética y Transparencia determinó que los parlamentarios y parlamentarias debemos abstenernos de estar en programas de televisión en horarios de trabajo.
Por eso, me parece grave que un diputado que hoy tenía que leer un informe, esté en un programa de Chilevisión y no cumpliendo con su horario laboral.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Muchas gracias, diputada Olivera . Vamos a tomar conocimiento de lo que acaba de señalar. Ojalá nos haga llegar más antecedentes. Después se los pediremos de manera interna.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jaime Bellolio .
El señor BELLOLIO (vía telemática).-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a los diputados y diputadas que siguen este debate.
En primer lugar, quiero partir por mencionar que el actual proyecto, si bien en nuestra página aparece con el título con que se ingresó, este ya no corresponde a lo que finalmente trata. Tanto es así que la comisión acordó unánimemente cambiar su nombre por el que voy a leer a continuación: “Proyecto de ley que dispone apoyo para la continuidad de estudios de los estudiantes, planes de flexibilización para el cobro de aranceles, derechos de matrícula y similares, y la prohibición de sanciones por parte de instituciones de educación superior, con ocasión de la pandemia de covid-19”.
Creo que es importante hacer el punto, más allá de las críticas que voy a mencionar, porque originalmente este era un proyecto que establecía, tal como dice el título, la suspensión del pago de aranceles.
Siendo así, los rectores de las universidades públicas, así como también de las del
Consejo de Rectores, de universidades privadas, de centros de formación técnica y de institutos privados manifestaron su preocupación en la comisión, toda vez que si eso ocurría, si se aprobaba un proyecto con esas disposiciones, lo que lamentablemente iba a ocurrir es que muchas universidades del Estado y privadas, así como también otras instituciones de educación superior, iban a quebrar.
Por lo mismo, el proyecto se cambió sustantivamente.
En su artículo 1° establece la obligación de que cada una de las instituciones debe elaborar un plan de medidas extraordinarias para apoyar la continuidad y formación de los estudiantes.
¿Por qué quisimos poner eso? Por una cuestión bastante obvia: no es razonable que un estudiante tenga que dejar de estudiar en la universidad o en las instituciones de educación superior producto de la pandemia, porque significaría un problema permanente frente a una cuestión transitoria.
De la misma forma, cambiamos el sentido del proyecto en la parte donde se suspendía el pago de aranceles, porque también iba a producir un problema permanente a las instituciones, no uno transitorio.
Sin embargo, hay un aspecto del proyecto, el artículo 4°, que debo destacar, el que en su inciso primero establece lo siguiente: “El Ministerio de Educación abrirá un nuevo y excepcional período de postulación a la gratuidad y demás beneficios estudiantiles para el segundo semestre del año 2020.”.
Es obvio y evidente que eso implica un mayor gasto; es obvio y evidente que eso implica una atribución exclusiva del Ejecutivo, que no corresponde a los señores parlamentarios. Agradezco que la Comisión de Hacienda así lo haya considerado. Por lo mismo es que hicimos esa reserva de constitucionalidad.
Sin embargo, no quiero dejar de decir que yo estoy completamente de acuerdo con esa medida. No estoy de acuerdo con que los señores parlamentarios lo podamos proponer, porque va más allá de nuestras atribuciones, va más allá de nuestras reglas, y me parece que es una venta de humo que, lamentablemente, se ha hecho un poquito común en esta legislación, durante este período. En todo caso, sí quiero mencionar que es algo que nosotros le hemos pedido, especialmente como bancada de la UDI, al Presidente de la República, al ministro de Hacienda y al ministro de Educación, porque es justo y razonable que en las actuales circunstancias, en que familias de clase media han cambiado de situación socioeconómica, se pueda volver a postular a becas de gratuidad y crédito. La postulación que se hace normalmente se realiza a principios de año; sin embargo, la situación de principios de año no es la misma que la de hoy.
Si queremos ayudar a las familias de clase media que están acogotadas en una serie de aspectos de su vida económica, esta es una forma de hacerlo. No queremos que familias de clase media tengan que optar entre si un estudiante debe salir o no de la universidad.
Lo mismo sucede, a pesar de que no tiene que ver directamente con este proyecto, con algunos colegios subvencionados y también con algunos jardines infantiles privados, que son muy vulnerables a lo mismo. De hecho, hace pocos días apareció una noticia que dice que más de 230 jardines infantiles van a cerrar si se mantiene esta situación, porque hay familias que no pueden pagar y otras que no están pagando. Si eso sucede va a disminuir la cobertura de esos colegios subvencionados y de esos jardines infantiles, y, lamentablemente, también de universidades.
Entonces, quiero hacer un nuevo llamado al Ejecutivo para que tome la idea que hemos propuesto: abrir un nuevo período excepcional de postulación a becas, créditos y gratuidad para estudiantes que hoy están en una situación desmejorada respecto de la que tenían en enero o febrero de este año, que es cuando se postula.
Sin embargo, también quiero hacer un llamado para que la Cámara de Diputados no siga en la línea de aprobar e insistir en proyectos o, como en este caso, en artículos que son evidentemente inconstitucionales, que significan alejarnos cada vez más de la realidad de las personas y, en el fondo, producir un engaño, engaño que, al menos yo, no estoy dispuesto a hacer.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por nueve minutos y treinta y cinco segundos, el diputado don Marcelo Schilling Rodríguez .
El señor SCHILLING (vía telemática).-
Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro Alvarado y a todos los colegas que están participando de la sesión.
Estamos en una situación de emergencia, que requiere respuestas urgentes. Encuentro muy interesante la reflexión que hizo el ministro Alvarado sobre la filosofía que inspira la creación y el desarrollo de las universidades, dentro de la cual está el concepto de autonomía. El ministro se extendió sobre este concepto y lo miró desde distintos ángulos; nos recordó en la historia desde cuándo estamos en esto, beneficiada, primero que ninguna en nuestro país, la Universidad de Chile, que es la primera de nuestras universidades, la madre de todas. Pero el problema es que esa reflexión está un poco lejana de lo que debemos resolver, porque quién de los participantes en esta sesión y de quienes la están observando no sabía que se iba a deteriorar la capacidad de pago de los estudiantes al disminuir los ingresos de sus familias, para hacer frente a los aranceles que tienen comprometidos con las universidades. ¿Quién no se iba a dar cuenta de eso? Pues bien, hay alguien que no se da cuenta de eso y, al parecer, de nada: el gobierno.
Acabo de escuchar la intervención del colega Bellolio y advierto que él sí se da cuenta, porque dice que hay un problema y que hay que resolverlo. Puede que no esté de acuerdo con el camino que se escogió en la Comisión de Educación, pero no niega el problema.
¿Qué hace el gobierno? Como el avestruz, mete la cabeza debajo de la tierra, señala que el proyecto es inadmisible, no se refiere en nada al problema de fondo y dice que va a ir al Tribunal Constitucional para que le dé la razón en que este es un proyecto inadmisible por inconstitucional. ¡Puras formalidades!
En la política no hay vacíos. Si el gobierno no gobierna, alguien vendrá a cumplir la función del gobierno. En efecto, este famoso debate sobre las inadmisibilidades tiene su origen en que tenemos un gobierno que no gobierna para la crisis. Gobierna pensando en cualquier cosa, menos en los problemas inmediatos y en el problema fundamental que debemos resolver, que es el problema sanitario de la pandemia, cuya única vacuna conocida es la parálisis de la economía, el confinamiento de las personas en sus hogares, la restricción del libre tránsito y, desde luego, las medidas propiamente sanitarias.
Cuando se toman estas decisiones, naturalmente también se afecta a las universidades, que se nutren, en su economía, del pago de los aranceles, como una de sus fuentes principales de ingreso. Pero el gobierno no se da cuenta de esto. Algunos de sus partidarios, como el diputado Bellolio , se dan cuenta. Pero el diputado Bellolio , en vez de llamarnos a nosotros a detener esta avalancha de inadmisibilidades, debería llamar a su gobierno a gobernar, para evitar esta avalancha. ¡Afine la puntería, estimado colega! ¡Vaya al lugar que corresponde! No puede cercenar sus propias atribuciones, diciendo que debemos limitar nuestra capacidad de iniciativa. Está en otro poder del Estado.
Hay una discusión sobre el tema de la admisibilidad por el financiamiento. Cuando me preguntaron en la Comisión de Hacienda cómo iba a votar, y si creía que este proyecto irrogaba gasto fiscal, dije que pensaba que tal vez sí, pero también que pensaba que tal vez no. Aquí se llama a cumplir, a no defraudar. Partamos por el gobierno, que dijo que iba a crear un fondo covid-19 de 12.000 millones de dólares, y que de esa cantidad a lo menos 3.000 millones de dólares se iban a gastar este año. El gobierno no ha tocado un peso de ese monto, porque para los ingresos familiares de emergencia lo que está haciendo es hacer uso de los 2.000 millones de dólares de las reasignaciones presupuestarias que se hicieron para el primer ingreso familiar de emergencia, donde le sobraron 1.600 millones de dólares, los cuales se destinaron al segundo IFE. Todavía le falta por gastar entre 120 millones y 130 millones de dólares.
Consultado en la Comisión de Hacienda sobre cuánto costaba fiscalmente el proyecto, el subsecretario de Educación Superior dijo que se trataba de una cifra de 132 millones de dólares. Ese es el informe financiero del gobierno.
El gobierno tiene la plata, se la dimos. Lo que no tiene es la voluntad.
Por eso, reitero mi apelación al colega Bellolio para que se dirija al gobierno, le cuente que hay un problema, que él lo visualizó con nitidez, como visualizó las soluciones posibles -el segundo llamado-, a fin de que el gobierno ponga la plata para esto.
Creo que es preferible que sea el Congreso Nacional el que llene el vacío de gobierno que tenemos a que lo llene la calle. Podrá haber dimes y diretes sobre el tema de las admisibilidades. Cuando hay abogados de por medio, siempre hay más de una opinión. No da para descalificar ni en uno ni en otro sentido. Por ello, resolvámoslo.
Ahora, si el gobierno considera que una iniciativa parlamentaria es inadmisible desde el principio, también desde el principio puede recurrir al Tribunal Constitucional. No entiendo por qué no tiene el valor. Ahí tiene esperando ver la luz la postergación del pago de los servicios básicos; ahí tiene esperando ver la luz la limitación de las reelecciones. Todo lo tiene a la espera. ¿A la espera de qué? ¿De la catástrofe?
Señor Presidente, le voy a pedir que me apague el micrófono, porque no vaya a ser cosa que trascienda lo que estoy pensando de este gobierno, que es más ofensivo que lo que piensa Allamand de sus compañeros de partido.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .
La señora OLIVERA (doña Érika).-
Señor Presidente, la pandemia por la covid-19 que vivimos ha puesto de cabeza el curso normal de este año: un sistema sanitario en su máxima capacidad, empresas que quiebran, otras que se reestructuran, empleos que se pierden, clases suspendidas indefinidamente y estudiantes en clases detrás de sus computadores.
Todos hemos sentido el golpe de un año difícil y anormal.
Con el pasar del tiempo y con casi toda la economía detenida, las familias se han visto afectadas en sus economías domésticas. Cada día cuesta más obtener los recursos necesarios para alimentarse y para pagar las cuentas de servicios básicos y créditos de toda índole.
Por eso, hemos insistido en la necesidad de revisar la situación de los créditos universitarios, a través de la postergación del pago de las cuentas vencidas durante este período de catástrofe. Necesitamos dar un respiro a miles de profesionales que han visto reducidos sus ingresos incluso al punto de no recibir nada.
Valoramos la iniciativa que hoy debatimos, que propone la suspensión del cobro de aranceles y derechos de matrículas y similares por parte de instituciones de educación superior durante la vigencia del actual estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, con ocasión de la pandemia de covid-19, porque son miles los estudiantes que actualmente no están recibiendo el servicio pactado o bien lo están recibiendo de forma defectuosa, pues las necesidades y exigencias sanitarias lo impiden.
El pago de aranceles por servicios de educación representa un porcentaje importante de los gastos mensuales, el cual, en ocasiones, llega a superar los 300.000 o 400.000 pesos por un solo integrante de la familia, sin contar los gastos asociados al estudio. Si consideramos esos gastos asociados, especialmente respecto de carreras con un gran gasto en materiales y otros insumos, la realidad se vuelve más dramática.
También quiero destacar la situación de miles de estudiantes que directamente pagan sus estudios, quienes en el contexto actual no han podido trabajar con normalidad. Pienso en aquellos estudiantes que trabajan en locales de comida rápida, en supermercados, en empresas de distinta índole. Ellos son estudiantes y trabajadores que se empeñan todos los días por un mejor futuro, que han confiando en que el camino para ese futuro es la educación.
Estas son medidas extraordinarias para tiempos excepcionales, como los que actualmente vivimos, y son a la vez transitorias: están pensadas directamente solo para estos momentos de pandemia.
Por ello, valoro que el proyecto proponga la prohibición de sancionar a los estudiantes que se encuentren morosos en su arancel o matrícula, pues esa medida permitirá dar tranquilidad a ellos y a sus familias, particularmente porque se considerará la especial situación que vive cada estudiante y su núcleo familiar con ocasión de esta pandemia.
Esta es una pequeña tranquilidad, una pequeña ayuda que podemos dar a miles de estudiantes y a miles de familias de nuestro país, pero no por ello deja de ser una ayuda esencial para que cada estudiante siga construyendo su futuro a partir de su educación.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Mario Venegas .
El señor VENEGAS (vía telemática).-
Señor Presidente, con el mayor respeto, quiero invitarlos a tener otra perspectiva y mirada respecto de este proyecto.
En primer lugar, esta iniciativa no surge desde el vacío, no surge de la nada, sino a partir de una solicitud de diversos actores, la cual fue recogida por los autores de la moción. Apoderados, estudiantes, la propia Confech y distintos actores sociales están sufriendo los problemas de los que se hace cargo este proyecto, debido al contexto actual que vive el país por la pandemia, por sus efectos sanitarios y socioeconómicos.
Hay otras razones por las que surge este proyecto, pero discrepo con el diputado Bellolio en cuanto a que alguna de ellas haya sido un intento de engaño.
Esta iniciativa implica no renunciar a la posibilidad de abordar y de evidenciar un problema que está allí, como lo dijo muy bien el diputado Schilling . Se presentó por la nula respuesta del Ejecutivo.
¿No se conversó con el Ejecutivo, no existió diálogo, no se planteó en diversas instancias este tema? Sí, se hizo y muchísimas veces. Lo planteamos al ministro, al subsecretario. Sabemos que se planteó por otras autoridades, como los rectores y otros. ¿Y cuál fue el resultado? Ninguno.
¿No se plantearon alternativas? ¿Nos enamoramos de la iniciativa inicial? ¿No hubo capacidad ni flexibilidad para modificarla? Por el contrario, se presentaron alternativas. Se habló de que, en estas circunstancias extraordinarias, el Ejecutivo hiciera un aporte directo o que flexibilizara el uso del Fondo Solidario. No hubo respuesta.
¿No se escuchó a los actores? Se escuchó a todos: a los representantes del CRUCh, a los rectores de las universidades públicas, de las privadas, a la Confech y a otros actores.
Se modificó el proyecto, tal como lo reconoció el propio diputado Bellolio ; hasta se llegó a cambiar el nombre de la iniciativa. Hubo flexibilidad de parte de los integrantes de la Comisión de Educación. Lo que no hubo fue voluntad de parte del Ejecutivo para escuchar las buenas razones que había detrás de cada propuesta.
Y quiero hacerles una consulta, estimados colegas, debido a esta discusión en cuanto a si el proyecto es admisible o no, si toca o no la autonomía universitaria y si tiene o no incidencia presupuestaria. ¿El problema del cual se hace cargo este proyecto dejó de existir? ¿Ya no existe? La respuesta es que sigue existiendo. Lo peor es que sigue existiendo sin que se haga cargo quien tiene la posibilidad y los recursos para solucionar un problema como este, tal como lo planteó un eminente miembro de la Comisión de Hacienda de nuestra Corporación. Vuelvo a insistir: el problema existe.
Hay miles de familias que lo están pasando mal, que no pueden pagar. ¿Vamos a condenar a esos muchachos a que no puedan proseguir sus estudios? ¿Deberán suspenderlos? ¿Deberán dejar sus carreras, con todo lo que representa para muchas familias el sueño de que uno de sus integrantes llegue a la educación superior? ¡No, pues! Me resisto a aquello; lo siento.
No me convencen los argumentos del ministro Claudio Alvarado , a quien respeto, por cierto. No es una materia para abordar desde esa perspectiva. Es, finalmente, un tema de justicia.
En estas circunstancias extraordinarias, ¿el Estado va a dar una respuesta a estas familias, a estos estudiantes? Esa es la pregunta esencial.
En ese sentido, sí, el artículo 4 es discutible…
El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado.
Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Camila Rojas .
La señorita ROJAS (doña Camila ) [vía telemática].-
Señor Presidente, lo primero que quiero decir, tal como lo han planteado algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, es que me parece incomprensible lo expuesto por el ministro Claudio Alvarado en relación con esta iniciativa. Pareciera que no hubiese leído el proyecto actual. En definitiva, no se hace cargo de la discusión que tuvimos en la Comisión de Educación.
Para que él sepa, lo cierto es que en la mayoría de los artículos había una visión común entre los diputados de Chile Vamos y de la oposición. Por lo tanto, me parece que los temas que trajo a colación sobre la autonomía universitaria y la libertad de enseñanza son antojadizos y con una visión bastante restrictiva de lo que podemos hacer o no los diputados y diputadas.
La necesidad de legislar respecto de la materia que aborda este proyecto se vuelve cada vez más imperiosa. La crisis económica producto de la pandemia no ha dado tregua. Así queda demostrado con las cifras de la última Encuesta Nacional de Empleo correspondiente al trimestre marzo-mayo, en la que se nos señala que el desempleo alcanzó el 11,2 por ciento. En ese sentido, si nos situamos en ese escenario y reconocemos que estamos ante dificultades económicas graves, es imprescindible intentar aliviar el bolsillo de quienes lo necesitan.
En el caso de la educación superior esta crisis se ve reflejada en la imposibilidad de muchos estudiantes y de sus familias de pagar los aranceles de las instituciones de educación superior. La situación no requiere mayor explicación, pero sí es importante reflejarla en números para saber la envergadura del problema que estamos enfrentando, y, por lo tanto, cómo podría colaborar este proyecto en su solución.
Según un reportaje de Canal 13 emitido hace pocos días, el 25 de junio, más de 179.000 estudiantes no pueden pagar el arancel, lo que conlleva a la morosidad o, todavía peor, a la deserción de muchos de ellos de las instituciones de educación superior. Ello acarrea una crisis financiera para las propias instituciones de educación superior. Este no pago del arancel no solo significa que un estudiante no puede seguir estudiando, sino que, además, los ingresos no percibidos generan un problema de financiamiento, una inestabilidad financiera importante para dichas instituciones.
La situación no mejorará, sino que es probable que empeore a medida que avance el año. Y aquí quiero exponer un caso que conocí ayer. Un padre de una estudiante me comentó mediante un correo que es socio en un bar restaurante, que vive de ese negocio, el cual no puede funcionar desde marzo, por lo que están con cero ingresos. El crédito covid-19 le sirve para salvar el bar, pero su situación personal está llena de temas económicos, como arriendo, deudas por servicios básicos, y no la puede manejar. Aquí suma lo que tiene que ver con el proyecto: “Lo importante es que mi hija estudia Gastronomía en el Inacap de Valparaíso, y, por razones económicas, no hemos podido pagar gran parte del primer semestre. Enviamos un correo al instituto, el cual ofrece la posibilidad de aplazar la deuda, pero no la dejan matricularse. ¿Esto no es acaso una vulneración del derecho a la educación?”.
La semana pasada, el ministerio avanzó en el camino correcto: abrió un segundo período de apelación para aquellos estudiantes que postularon a las becas y créditos, pero que sufrieron cambios durante estos meses. Sin duda, se trata de un avance, pero quiero decir aquí que esto no es suficiente, sino que se requiere un esfuerzo extra: un nuevo proceso de postulación a la gratuidad, las becas y los créditos para aquellos estudiantes que antes de la pandemia no necesitaban estos beneficios, que nunca pensaron en tener que postular a alguno de ellos, pero que hoy sí lo requieren.
La indicación propuesta por el diputado Giorgio Jackson va en ese sentido al establecer que el ministerio podrá, facultativamente, abrir un nuevo período de postulación a beneficios estudiantiles.
También es necesario decir que esta demanda no solo fue levantada por la oposición, ya que se ha transformado en una demanda transversal, lo que nos habla de la envergadura del problema. El diputado Bellolio mencionó que él ha realizado innumerables gestiones para que el gobierno se haga cargo de esta situación. Por su parte, el Consejo de Rectores también lo ha solicitado. Además, desde hace bastante tiempo el Consejo de Rectores viene insistiendo en la posibilidad de poder usar, y no de manera restrictiva, los remanentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Pero lo cierto es que el ministerio no ha tenido la disposición para hacerse cargo de esta situación, pese a la transversalidad de la demanda y a que ya no hay actor que desconozca que estamos frente a un problema duro para las familias, para los estudiantes y también para las instituciones de educación superior.
El proyecto establece garantías y certezas jurídicas importantes para los estudiantes que tengan dificultades para pagar su arancel, como la obligación para las instituciones de educación superior de contar con planes de flexibilización económicos y académicos, la prohibición de aplicar sanciones a los morosos, la prohibición de cobrar intereses y multas.
Son muchas las medidas que ya han sido tomadas por las instituciones de educación superior; sin embargo, sabemos que esa no es la realidad de todas ellas. Por eso, es fundamental establecer las garantías de que se trata en este proyecto de ley, asegurando que cada estudiante tenga la opción de hacerlas efectivas y, por tanto, que su derecho a la educación se salvaguarde.
En este último minuto de que dispongo quiero decir que considero que este proyecto es de vital importancia, que es necesario hacerse cargo de esta situación, que, como el padre de una estudiante me relató en un correo, hoy apremia a muchas familias que han tenido mermas en sus ingresos, que no pueden pagar los aranceles de las instituciones de educación superior. Por lo tanto, como Congreso, tenemos que responder, porque esta crisis no la pueden pagar las y los estudiantes ni sus familias y no podemos vulnerar el derecho a la educación. Al respecto, esta iniciativa, con todos los cambios que tuvo, incluido el de su nombre, busca precisamente poder paliar esta dura situación que enfrentan muchas familias.
Por último, me parece vergonzoso que el gobierno todavía no entienda que es necesario actuar. No sé cuándo va a actuar. ¿Cuándo las instituciones estén cerrando o cuándo perdamos la matrícula en educación superior?
He dicho.
El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .
La señorita VALLEJO (doña Camila) .-
Señor Presidente, sin lugar a dudas, cientos de miles de alumnos de la educación superior están viviendo una situación extremadamente difícil y angustiante en cuanto a la posibilidad de continuar sus estudios, porque, lisa y llanamente, no tienen los recursos para hacerlo. Lo señalo no solo porque a veces deben compartir el computador con sus hermanos o hermanas para asistir a sus clases online o porque a veces no tienen acceso a internet o este se les cae de manera permanente, porque viven en lugares considerados como “zonas rojas” -sectores donde no llega el internet-, sino también porque se trata de familias que no están teniendo ingresos ni siquiera para poder comprar el pan; por tanto, menos los están teniendo para pagar aranceles universitarios o de otras instituciones de educación superior. Estamos hablando de cientos de miles de familias que se encuentran atravesando esta situación.
Algunos han podido resolver el problema con la gratuidad que tienen asignada. Pero aun así, a esos estudiantes -por ejemplo, pienso en los estudiantes de la UTEM, que en su mayoría ya tienen gratuidad- les faltan recursos para poder comprar un computador, porque no tienen; para poder pagar la cuenta de luz -les cortan el suministro eléctrico, dado que su familia no tiene con qué pagar la cuenta-, etcétera. Por tanto, tenemos un problema incluso en ese sector.
Pero pensemos en todos aquellos estudiantes de ingresos medios que postularon alguna vez a un beneficio estudiantil, a becas, a gratuidad, pero no se les asignó ninguno porque estaban por sobre el 60 o el 70 por ciento de mayor vulnerabilidad, al ser de clase media. Sin embargo, hoy día esas familias no están en el 70 o en el 60, sino en el 40 por ciento de mayor vulnerabilidad. Ese amplio sector de ingresos medios de nuestro país ha sido fuertemente golpeado en esta pandemia: no tiene apoyo del Estado, no le llega el IFE, no le llegan los bonos, y la única solución que viene del Estado en general es endeudamiento, créditos, autopréstamos, y, aún peor, el anuncio del veto presidencial al proyecto que prohíbe el corte de suministro de servicios básicos, que, obviamente, lo dejará en una situación mucho más perjudicial.
Por eso, este proyecto tiene como objetivo central dar una respuesta a esta problemática. En primera instancia, plantea que no existirán sanciones de carácter académico, financiero, etcétera, a los estudiantes que no puedan pagar sus aranceles, lo que fue ampliamente respaldado por la Comisión de Educación y, según entiendo, también por la de Hacienda.
Esa es una parte del proyecto. Pero hay otra parte importante: aunque se obligue e incluso se expulse a estudiantes por no pago de aranceles -lo que queremos evitar con este proyecto-, el problema de las instituciones de educación superior continuará, porque aunque dichas instituciones expulsen a los estudiantes que no paguen o el gobierno no quiera reabrir el proceso de postulación a gratuidad, los ingresos de aquellas se verán mermados. Y eso no solo afectará a esas instituciones, arriesgando incluso su quiebra, sino también a los ingresos y el trabajo de las y los funcionarios que se desempeñan en labores de carácter académico o que cumplan otras funciones en ellas.
Si el gobierno no se hace cargo de este problema, las consecuencias están a la vista: quiebre de las instituciones de educación superior, despido de más trabajadores y trabajadoras; por tanto, con ello se estará afectando no solo a las y los estudiantes, sino también a las respectivas instituciones.
Por eso, la otra propuesta que hizo la Comisión de Educación dice relación con que el Ejecutivo reabra el proceso de postulación a beneficios estudiantiles, particularmente la gratuidad, para que aquellos estudiantes que no están pudiendo pagar, que eran de ingresos medios y hoy están en una situación de extrema vulnerabilidad, tengan recursos para poder financiar sus compromisos con las instituciones de educación superior y, a su vez, las instituciones de educación superior tengan ingresos para mantenerse y no llegar a la quiebra.
Aquí estamos planteando una preocupación que dice relación con lo que han planteado los rectores y las rectoras de las instituciones de educación superior de nuestro país. Si la respuesta va solo en el sentido de no aplicar sanciones a los estudiantes y no hay respuesta respecto de los ingresos que llegarán a las instituciones de educación superior, sea, como en este caso, vía beneficios estudiantiles, becas o gratuidad, o, en última instancia, de fondos y aportes directos a las instituciones, el problema perdurará y producirá consecuencias que lamentaremos. El plan que hemos tenido hasta el momento, lo que hemos conversado en el Congreso y en el país, es que hay que fortalecer, apoyar y mejorar las instituciones de educación superior, no dejarlas caer o quebrar como consecuencia de esta crisis sanitaria.
Por eso, señor Presidente, hay que insistir en lo aprobado por la Comisión de Educación, que tiene relación con lo que dispone el artículo 4 para la reapertura de los procesos de postulación a beneficios estudiantiles y, particularmente, la gratuidad. Hay cientos de miles de estudiantes que lo necesitan y muchísimas instituciones que también necesitan esos recursos, para financiar sus costos permanentes.
Por eso, mi bancada aprobará el informe de la Comisión de Educación.
He dicho.
El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .
La señora GIRARDI (doña Cristina) [vía telemática].-
Señor Presidente, una de las modificaciones que le hicimos a este proyecto durante su tramitación fue cambiarle el nombre, ya que no se trata de la suspensión del pago de los aranceles, sino de la no sanción por parte de las universidades a los alumnos que no puedan pagar, lo que es muy distinto.
Otro aspecto era que incluso aquel que pudiera pagar, no pagara al suspender; pero, en definitiva, como señalé, quedó en que las consecuencias de no poder pagar no impliquen una sanción por parte de las universidades a los estudiantes.
Me parece que lo que plantea el diputado Bellolio es cierto. Ellos hicieron un esfuerzo, desde la UDI, especialmente él, para lograr que el gobierno se allanara a presentar una indicación sustitutiva al proyecto, para que realmente se hicieran cargo del problema, pero el gobierno se negó.
Esta iniciativa, desde el punto de vista de su contenido, es absolutamente transversal, por cuanto cuenta con apoyos en la izquierda, en la derecha y en el centro. Esto no tiene un tema de color político, es solo saber mirar, ver claramente que los estudiantes no van a poder pagar. No es que no quieran pagar, sino que no van a poder pagar. Pero, insisto, la respuesta del gobierno fue que no era necesario, porque las universidades estaban dando flexibilidad, estaban apoyando a sus estudiantes.
Voy a exponer el caso -no voy a dar el nombre- de una estudiante de ginecobstetricia en la Universidad Santo Tomás, que paga 140.000 pesos y solicitó rebaja en el arancel, porque su mamá perdió parte importante de su sueldo; solo recibe un sueldo de 220.000 pesos, tiene que pagar 300.000 pesos de arriendo, más luz, agua, etcétera, y tiene tres hijas. No obstante lo apremiante de su situación, aún no le responden, no ha obtenido rebaja de arancel.
El subsecretario de Educación Superior, Eduardo Vargas , dice que todas las universidades, al igual que los institutos, están dando las mayores flexibilidades a los estudiantes, pero eso no es así, y es una realidad.
Los estudiantes no van a poder pagar; es más, hay muchos que no están pudiendo siquiera conectarse a internet, porque no tienen plata para pagar por ese servicio. No se pueden conectar a las clases.
Entonces, este proyecto viene a mirar, viene a tratar de entender lo que está pasando y buscar alguna solución. Pero el gobierno no quiso, no quiso…
El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-
Ha concluido su tiempo, señora diputada.
Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .
El señor MELLADO (don Miguel).-
Señor Presidente, ¿de qué estamos hablando en este momento? ¿Sabe de lo que estamos hablando? Estamos hablando solo de la clase media, porque en este proyecto están exentos quienes estudian con gratuidad en las universidades.
¿Cuántas universidades y qué porcentaje de sus alumnos tienen gratuidad? ¿Hablamos de 70 por ciento, 60 por ciento? Hasta 80 por ciento de gratuidad en algunas, con platas que les llegan del erario nacional a esas universidades. Por lo tanto, hay un 20 o un 30 por ciento de alumnos que son de clase media, de padres de clase media, de padres que tienen sus emprendimientos personales o que, como dijo recién la diputada, tenían sus ingresos estables y hoy viven con ingresos que no son estables.
¿Qué hacen las universidades con esos ingresos? Pagan remuneraciones en un porcentaje importantísimo. No es que vayan a construir o mejorar su infraestructura con esas platas, sobre todo las universidades estatales, sino que pagan remuneraciones de profesores, de personas que están en distintos ámbitos, de ayudantes, de gente del área administrativa o de servicios.
Por lo tanto, tenemos que preguntarnos qué se está haciendo para la clase media. ¿Qué está pidiendo Renovación Nacional al gobierno en estos momentos? Que la clase media también obtenga ayuda, porque sus ingresos se les vinieron abajo.
Preguntaría a las universidades si han hecho un levantamiento o si esperan que les toquen la puerta. ¿Han hecho un levantamiento para saber cuántos de sus alumnos y sus familias están en una situación complicada? ¿Les han ofrecido ayuda para eso?
También le pregunto al Ministerio de Educación y a la Contraloría, ¿por qué no permitir que las universidades del Estado que están en esta situación puedan transferir recursos de algunos ítems que no se están ocupando para ir en ayuda de aquellos alumnos que no pueden pagar y están en esa situación, pero que han pagado normalmente su carrera? ¿Por qué razón no podemos hacer una ingeniería dentro de las universidades para que esos recursos que tenían destinados para otros ítems, y que hoy no ocupan y no se pueden traspasar al otro ítem, que es matrícula, vayan a cubrir las necesidades de esos alumnos por esta vez? A lo mejor con ello podemos salvar una situación importante para esas familias.
Lo más importante de todo es que hay que ir en ayuda de esa clase media, y espero que efectivamente lo hagamos.
A la comisión concurrieron el ministro de Educación, el Consejo de Rectores (CRUCh), y todos ellos estuvieron viendo qué hacer, pero, obviamente, es el gobierno el que tiene que colocar y administrar los recursos para esto.
Por eso, llamo al gobierno, a mi gobierno, a hacer algo para ir pronto en ayuda de la clase media, que hoy está lejos de obtener algún beneficio, y necesita que se incluya una ayuda para sus hijos que están estudiando.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra, por vía telemática, al diputado José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ (vía telemática).-
Señora Presidenta, en la Comisión de Hacienda realizamos tres sesiones, en las que escuchamos a todos los actores relevantes en esta materia. Después de hacerlo, nos quedó claro que nadie, en especial ninguno de los 155 diputados y diputadas, está en contra de dar un apoyo a las personas que tienen ingresos mínimos y que han visto disminuida su situación económica.
Sin embargo, quiero ser claro: en estas situaciones hay que decir completita la cosa. Fui parte, a nombre de mi partido, del marco de entendimiento sobre el plan de emergencia que logramos el 14 de julio. Por eso, espero que esto lo podamos solucionar no solo con un ofrecimiento o un planteamiento, sino que busquemos cómo lo financiamos. Debemos financiarlo con los recursos que negociamos durante la discusión de la iniciativa que se convirtió en la ley de presupuestos para 2020. Eso lo hicimos un día de noviembre del año pasado, entre las 2 y las 6 de la mañana. Allí me correspondió en forma personal negociar lo relativo al Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) para todas las universidades.
Llegamos a un acuerdo en una glosa en el sentido de autorizar el uso del 30 por ciento del excedente acumulado en el Fondo Solidario de Crédito Universitario. Esas platas están en las cuentas de las universidades que conforman el CRUCh, y se requiere autorización para usarlas.
¿Qué exigimos? En la ley de presupuestos, específicamente en la partida del Ministerio de Educación, se estableció que este año se pueda hacer uso del 30 por ciento de los excedentes. Esa es la salida que encontramos.
Todos estamos de acuerdo en apoyar el proyecto de ley, pero la pregunta es cómo se van a financiar esos 132 millones de dólares. ¡Lo tendrán que hacer las universidades!
Tengo información oficial del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, específicamente del rector Zolezzi , quien señala que hasta el día de hoy ninguna universidad del CRUCh le ha negado a algún alumno participar en clases, aunque no haya pagado su matrícula ni los aranceles. Eso ha significado para las treinta universidades que dependen del Consejo de Rectores un desfinanciamiento de casi 100.000 millones de pesos ¿Queremos agregar 132 millones de dólares? ¡Eso no es serio! Disculpen mi franqueza.
¿Qué queremos? ¿Queremos que en octubre de este año la mayor parte de esas universidades no tengan los fondos para financiar las remuneraciones de su personal académico, de científicos y de otros profesionales del más alto nivel?
¡No voy a aceptar que eso suceda! ¡Voy a exigir que el gobierno cumpla lo que aprobamos en la ley de presupuestos! Solicito la ejecución de las platas del Fondo Solidario de Crédito Universitario.
Creo que en política, más que nunca ahora, hay que ayudar a buscar soluciones. Tenemos el diagnóstico y todos estamos de acuerdo en ayudar. Por eso, no sigamos “dele, dele y dele”…
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-
Señora Presidenta, este proyecto es de la mayor importancia para el país, para la clase media, para los estudiantes y para el sistema universitario chileno. Por eso, vamos a aprobar íntegramente la propuesta de la Comisión de Educación.
¿Cuál es el objetivo del proyecto? Impedir a toda costa la deserción forzosa de los alumnos del sistema universitario por razones que se derivan de la pandemia, esto es, impedir que aquellos alumnos que han caído en morosidad por la situación absolutamente extraordinaria que vive el país dejen de estudiar. Hoy muchos estudiantes y sus familias no pueden cubrir los costos de matrículas y aranceles.
Por lo tanto, el objetivo es que nadie se quede fuera de la universidad por no poder pagar, el objetivo es evitar que se apliquen sanciones a los estudiantes que no han pagado su matrícula y sus aranceles. ¿Qué pasará con las familias que no tienen y no van a tener los recursos para pagar los aranceles? ¿Quién le da solución a eso? ¡El Estado chileno! El Estado debe acudir en ayuda de los que más lo necesitan en una situación extraordinaria. ¡Esa es una función y un deber del Estado!
Por lo tanto, vamos a apoyar absolutamente el artículo 4 de este proyecto, que establece que se abrirá un nuevo y excepcional período de postulación a la gratuidad y demás beneficios estudiantiles para el segundo semestre del año 2020. Ese artículo, tal como el proyecto de ley, ha sido declarado admisible.
Es posible ir en ayuda de los alumnos; existen los recursos para ello, por ejemplo, el Fondo de Ayuda Solidaria y el plan extraordinario de ayuda para las familias. Chile puede ir en ayuda de los alumnos, pues se lo merecen. Las universidades del Estado tienen la posibilidad de acudir a esos recursos si el gobierno lo permite. Está en manos del Presidente de la República hacerlo.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Sepúlveda para plantear un punto de Reglamento.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, solicito reunión de Comités sin suspender la sesión.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado René Alinco Bustos .
El señor ALINCO.-
Señor Presidente, cuando se presentó este proyecto, muchos jóvenes de mi región, junto con sus padres y sus madres, estaban esperanzados de que su tramitación iba a ser rápida y se materializaría en el más breve plazo, porque su objetivo es obvio.
Por eso, lamento lo que ha ocurrido en la Sala. Quienes no quieren este proyecto reflejan el resultado y el compromiso de los acuerdos trasnochados a los que ha llegado parte de la oposición con el gobierno desde noviembre a la fecha. Estos son los resultados del acuerdo de hace algunas semanas.
El gobierno prefiere que nuestro pueblo sufra necesidades antes que sacar una moneda de los fondos soberanos, del Ministerio de Defensa, de las AFP y mucho menos de los superricos de nuestro país.
Eso es lo que pasa con estos acuerdos secretos, logrados entre cuatro paredes, a las 6 de la mañana. No estaríamos discutiendo esto si tuviésemos un Congreso Nacional realmente autónomo y sin intereses creados. No deberíamos estar discutiendo esto, porque miles de jóvenes, hombres y mujeres, necesitan este beneficio debido a que sus padres no tienen trabajo y en su casa ya está faltando qué comer. Y entre comer y pagar un arancel, como hemos experimentado en carne propia los que hemos sabido lo que es el hambre, la elección es clara, porque muchos jóvenes tienen hermanos menores que, cuando no tienen un pedazo de pan, se ponen a llorar. ¡Se ponen a llorar, diputado Ortiz ! Tal vez nosotros, los diputados que estamos acá y los que están conectados a la sesión tenemos los porotos asegurados, tenemos el puchero asegurado y también nos sobra, a pesar del descuento del 25 por ciento, para pagar la mensualidad de nuestros hijos que están estudiando. Pero ¿qué pasa con el viejo de la construcción, con el pescador, con la dueña de casa, con el temporero o con el cesante? En mi tierra, la Región de Aysén, entrando el invierno, ya hay un 10 por ciento de cesantía. Por lo tanto, este proyecto se debe aprobar sin lugar a dudas.
Aquí también hay letra chica, hay intereses y se pretende proteger el negocio de la educación de las universidades privadas. A quienes están en contra de esto no les preocupan las universidades públicas, sino que les interesa proteger el negocio de las privadas. Quizá algunos son accionistas de esas universidades privadas, tal vez no con su nombre, pero sí con el de un familiar. ¡Esos son los intereses que están defendiendo!
Por lo tanto, hago un llamado a aprobar este proyecto. Ahora, si no se aprueba, los que voten en contra tendrán que responder a los jóvenes de Chile, a los que ellos llaman el futuro. El sector privilegiado no quiere que la gente se eduque y desea que pague por algo que no se le está entregando. Ese es el problema.
Se habla de la educación telemática, pero, ¿es realmente educación? Yo no fui a la universidad, pero creo que no es lo mismo educación telemática que educación presencial. ¡Perdóneme! Las universidades no están cumpliendo el contrato que hicieron con los estudiantes.
Hay que aprobar este proyecto, digan lo que digan esos que toman acuerdos trasnochados, a espaldas del pueblo chileno.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Diego Schalper Sepúlveda .
El señor SCHALPER.-
Señor Presidente, creo que el discurso que acabamos de escuchar es el que no hay que tener, porque simplifica lo complejo, porque en vez de dimensionar los problemas en su real magnitud los traslada a un plano absolutamente simplista y mezquino.
El dilema es que, por un lado, tenemos estudiantes que efectivamente están en una situación complicada, porque muchas veces, por distintas situaciones, no están en posición de pagar oportunamente sus diferentes necesidades educativas, y por otro lado tenemos a las universidades. Lo explicó muy bien en su minuto el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, que representa a las universidades del Estado. Los sectores de oposición cada cierto tiempo nos recuerdan que debe haber un trato especial respecto de las universidades del Estado, porque este es su dueño. Pues bien, el vicepresidente ejecutivo de esas universidades es el que nos vino a decir a la comisión que el hecho de suspender el pago de aranceles por tres meses a ellos los “revienta”. Repito, esto lo señalaron no las universidades de cota 3.000, como algunos señalaron, sino las universidades del Estado que son las que están en una posición de no poder pagar, porque las plantas docentes que componen gran parte del gasto de las universidades normalmente no pueden sujetarse ni a la suspensión del empleo ni a otros beneficios que les podemos dar a otros trabajadores.
Dicho eso, ¿cómo resolvemos este dilema? Por supuesto que empatizamos con el drama que sufren miles de estudiantes en Chile a propósito de la situación que atraviesan muchas familias, aunque quizá no con tanta elocuencia, ni empleando frases confrontacionales, ni haciendo eco a ciertos resentimientos sociales. Sin embargo, al mismo tiempo entendemos la situación de las universidades, en particular de sus docentes.
Entonces, se llegó a algo bien razonable en el artículo 1, que es pedirle a estas universidades que presenten un plan de continuidad que permita, por una parte, que los estudiantes sigan estudiando y, al mismo tiempo, se genere una situación sostenible desde el punto de vista financiero para esas casas de estudio. Creo que eso es infinitamente mejor que lo que se propuso originalmente.
El artículo 2 nos presenta un dilema, porque al señalar que no se podrán aplicar sanciones, evidentemente -esto está consagrado en otros cuerpos legales- a nadie se le puede sancionar con alguna postergación académica o de cualquier tipo por no pagar. Eso es obvio. ¡Cómo alguien no va a poder sacar su título porque no paga! ¡Eso es obvio! Sin embargo, ¿esto significa -también nos lo hicieron ver las universidades- que en la práctica nadie va a pagar?
Esa es una pregunta compleja que debemos tomar en su real dimensión, sin populismo, sin pachotadas, porque lo que está en juego no es el gustito de algunas universidades que algunos denuestan con mucha frecuencia, sino que las universidades del Estado puedan sostenerse financieramente, las mismas que algunos piden que se les dé un trato preferencial.
Luego, el artículo 4 era evidentemente inconstitucional, y, por lo mismo, fue declarado así y se acordó suprimirlo en la Comisión de Hacienda. Pero aquí pasó una cuestión realmente curiosa y que me encantaría que el Secretario me cuente si ha pasado antes: se pierde un artículo en la Sala y después se ingresa, vía indicación, como artículo transitorio. Esto es algo que no había visto nunca. A eso le llamo fraude al proceso legislativo. Después, la Comisión de Hacienda acordó que el artículo tenía incidencia presupuestaria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no se atrevieron a decir que era inconstitucional y, por tanto, lo dejaron como a medias? ¿Por qué mejor no reconocieron que el artículo transitorio efectivamente es inconstitucional porque irroga gasto?
Debemos entender que el hecho de que los parlamentarios debamos presentar proyectos de ley que no irroguen gasto no corresponde a un gustito ni obedece a que la norma esté hecha en forma antojadiza, sino que evita que cada parlamentario pueda presentar proyectos de la más diversa índole que signifiquen desembolso de recursos. Les aseguro que si yo propusiera duplicar la pensión básica solidaria me agarrarían a besos en la calle, pero tengo clarísimo que no lo puedo hacer. Aquí algunos prefieren hacerlo, porque les encanta que los agarren a besos en las redes sociales. Yo prefiero ser responsable y cumplir las reglas que juré respetar, porque el ser autoridad no me da el derecho de saltarme las reglas.
Aquí algunos abusan del poder y se saltan las reglas. ¡No, Presidente! Jurar cumplir la Constitución no es una cosa antojadiza, sino entender que el ejercicio del poder se debe sujetar a las reglas, porque, de otra forma, lo que gobernaría es la tiranía. He dicho.
-o-
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Lamentablemente, comunico a la Sala que, según información de La Tercera, a los 93 años falleció la señora Ángela Jeria Gómez , madre de la ex-Presidenta Michelle Bachelet .
Vayan para ella y su familia las condolencias de la Corporación.
En una próxima sesión se rendirá un homenaje en su memoria.
-o-
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por vía telemática, hasta por 2 minutos y 30 segundos, el diputado Luis Pardo .
El señor PARDO [vía telemática].-
Señor Presidente, la admisibilidad y los vicios de inconstitucionalidad no son, como aquí se ha señalado, meras formalidades.
Es válida la crítica política; es válido decir que el gobierno ha llegado tarde a tal o cual medida, pero no es válido decir que porque supuestamente no se ha solucionado algún problema en la forma en que alguien piensa, tenemos derecho a presentar proyectos inadmisibles o inconstitucionales.
Respecto de este proyecto, hay que reconocer que hubo un cambio radical y que hubo comprensión de parte de los diputados patrocinantes, en el sentido de que tramitarlo en la forma en que estaba presentado habría significado un grave perjuicio para todas las universidades y la imposibilidad de cumplir con el principal compromiso que tienen todos los establecimientos de educación superior, cual es el pago de las remuneraciones de sus docentes y de su personal. Por tanto, el proyecto se modificó sustantivamente.
Sin embargo, si bien establece algo razonable, como pedir a los establecimientos de educación superior que elaboren un plan contingente a las circunstancias que estamos viviendo y que dicho plan sea supervisado por la superintendencia respectiva, el proyecto en sí mismo no soluciona el grave problema que las familias y los alumnos están viviendo producto de la pandemia. Hay muchos que ni siquiera han podido continuar estudiando, porque deben buscar recursos para suplir los que han perdido de su autofinanciamiento y no tienen posibilidades de destinar más recursos a la educación o a las cuotas correspondientes de la educación superior. Por eso, me sumo al pedido que han hecho transversalmente muchos parlamentarios para que se abra un período de postulación a nuevas becas y beneficios, atendidas las nuevas circunstancias. Esa es la vía de solución de este problema y no establecer medidas que ya están.
La superintendencia dictó una circular -la primera del 2020-, en que definió la pandemia como caso fortuito o de fuerza mayor, y para que las instituciones de educación superior sigan prestando los servicios de forma equivalente, ha implementado un plan completo…
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado.
La diputada Cristina Girardi ha solicitado nuevamente hacer uso de la palabra, porque le quedaron 30 segundos y quiere hacer uso de ese tiempo.
Tiene la palabra, diputada Cristina Girardi .
La señora GIRARDI (doña Cristina) [vía telemática].-
Señor Presidente, solo quiero decir que cuando uno congela, que es la solicitud que estamos haciendo en el artículo transitorio, no se cobra arancel.
Por lo tanto, las universidades estatales no cobrarán; solo cobrarán las universidades privadas. Por lo tanto, esto no irroga recursos, como dijo la Comisión de Hacienda. Solo eso quería aclarar.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez Lahsen .
El señor PÉREZ (don Leopoldo) [vía telemática].-
Señor Presidente, estamos llegando al final del debate de un proyecto cuyo objetivo tiene buenas intenciones, pero que, lamentablemente, tiene vicios de constitucionalidad en varios de sus artículos, y eso lo vimos en la Comisión de Hacienda, aunque algunos que me han antecedido en el uso de la palabra lo quieran desconocer.
Todos los representantes de las distintas universidades privadas y públicas, como también el vicepresidente ejecutivo del CRUCh, el rector Juan Manuel Zolezzi -todos, sin excepción alguna-, manifestaron a la comisión el daño que les puede producir el hecho de que se apruebe este proyecto de ley en los términos en que está.
Por otro lado, es efectivo que el artículo 4, que, en definitiva, fue el que nos tocó ver, y el artículo primero transitorio son absolutamente inadmisibles, desde la perspectiva de que irrogan gasto. Ese fue el informe que nos solicitó la Sala de la Cámara de Diputados y eso es lo que hemos informado hoy, a través del diputado Sebastián Torrealba .
No es menor el hecho de que las universidades, sobre todo las que gozan de la gratuidad, tienen importantísimo déficit financiero de arrastre. El problema de las universidades no se debe exclusivamente a la pandemia, que indudablemente vino a profundizar una crisis estructural desde el punto de vista del financiamiento de las universidades, sobre todo de las universidades estatales y de los institutos de educación superior, sino que se arrastra desde octubre del año pasado.
Por lo tanto, creo que este tipo de proyectos debe ser más bien consensuado y dar un mayor tratamiento a aquellos artículos que, de alguna u otra manera, tienen vicios de constitucionalidad, y no tratar de ser siempre winner, ganadores o estar en primer lugar, porque muchas veces la voluntad o el voluntarismo que se pone por tratar de ayudar a personas que lo están pasando mal y que no tienen la capacidad de pagar aranceles en este minuto va a provocar un daño mayor.
Entonces, como lo manifestaron varios de los representantes de la Comisión de Hacienda a las autoridades, tanto del Ministerio de Hacienda como del Ministerio de Educación, es mejor ver dentro del marco del acuerdo de los 12.000 millones…
El señor PAULSEN (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .
El señor JACKSON (vía telemática).-
Señor Presidente, me sumo a las condolencias por el sensible fallecimiento de la señora Ángela Jeria , quien fue perseguida y torturada durante la dictadura cívico-militar de Pinochet.
Respecto del proyecto en discusión, la pandemia de la covid-19 pone en evidencia falencias estructurales que tiene nuestro sistema, en este caso respecto del financiamiento de las universidades e instituciones de educación superior en nuestro país, particularmente respecto de tener un sistema de autofinanciamiento; es decir, cada universidad mayoritariamente tiene que juntar sus recursos a partir de los aranceles, y si hay beneficios estudiantiles, sean créditos, becas o gratuidad, poder financiarse a través de estos, postulando a fondos concursables en una lógica de mercado en que las universidades están abandonadas.
Por supuesto, esto nos lleva a discutir las dos partes que tiene este proyecto, que no deben confundirse: por un lado, los artículos 1, 2, 3 y transitorio, y, por otro, el artículo 4.
Sobre los artículos 1, 2, 3 y transitorio, básicamente, este proyecto busca frenar y dar una señal concreta de que no puede ser la coacción, las sanciones o el hecho de mantener cautivos o cautivas a quienes estudien en las instituciones de educación superior lo que sostenga financieramente a las universidades e instituciones de educación superior. Ese es un principio que debiese ser universal y transversal. Por eso este proyecto ha sido trabajado de manera transversal, pero es bueno que quede explícito en la ley.
En particular, respecto del artículo transitorio, que fue también debatido en la Comisión de Hacienda -al menos, yo me opuse a la directriz que salió mayoritariamente-, es inaceptable que quienes pretenden definirse como paladines de la libertad definan que la mejor manera para que las instituciones de educación superior no tengan problemas es mantener cautivos a los estudiantes y que ellos no puedan decidir salirse de la institución y no seguir pagando los meses que vienen.
La verdad es que no me cabe en la cabeza cómo alguien que pretende rechazar el artículo primero transitorio o definir que no se puede abordar una materia tan básica como cortar un servicio, puede estar ejerciendo hoy un cargo de representación, con la cantidad de demandas que hay sobre esta materia.
Sobre el artículo 4, que probablemente ha suscitado mayor tensión, quiero recordar algunos aspectos, porque lo que busca es tener un nuevo proceso de postulación. Todos lo han pedido, pero la verdad es que el gobierno no escucha. Pareciera que en este punto no hay ni oficialismo ni oposición, sino que todos en el Congreso Nacional estamos, de alguna manera, siendo oposición a la negativa del gobierno que, valga la redundancia, se ha negado a poder abrir un nuevo proceso de postulación, sin perjuicio de las apelaciones que han existido, que, por supuesto, son importantes, pero eso es distinto a un nuevo proceso de postulación.
La ley N° 21.091, que reformó el sistema de educación superior y que definió la gratuidad con su gradualidad, establece en su artículo 1 lo siguiente: “La educación superior es un derecho, cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo a sus capacidades y méritos, sin discriminaciones arbitrarias, para que puedan desarrollar sus talentos;…” y sigue.
Pero ese derecho, ¿es en cualquier institución? No.
Seguidamente, esta ley define cuáles son las instituciones que tienen que optar y los mecanismos para ello.
Para los estudiantes y las estudiantes, ¿cuál es la restricción fundamental? Está determinado por el artículo trigésimo cuarto transitorio, que dispone que solamente desde el 2018 hasta que se verifique algo que viene después, que no está verificado, van a poder tener estudios gratuitos quienes pertenezcan al nivel de vulnerabilidad del 60 por ciento. Es más, el Estado puede pedirles certificados para que acrediten esta situación socioeconómica. Pero el artículo trigésimo sexto transitorio dice que desde el 2020 va a ser el artículo 5 de la ley N° 20.379, es decir, el Registro Social de Hogares, el que determine esa vulnerabilidad.
Por lo tanto, si hoy existen hay estudiantes que, según la actualización socioeconómica, tienen un Registro Social de Hogares que figura en el 60 por ciento de menores ingresos, y, al mismo tiempo, pertenecen o están matriculados en una institución de educación superior adscrita a la gratuidad, el Estado tiene la obligación de entregarles la gratuidad. Ese estudiante o esa estudiante tienen derecho al financiamiento por gratuidad.
Lamentablemente, el gobierno no está ejerciendo esa obligación, y, por lo tanto, en aquellos casos en que no está pasando, el gobierno está negando el derecho a esos y esas estudiantes.
El dictamen de la Contraloría del 17 de marzo de este año, en que dice que hay motivos de fuerza mayor para extender plazos, pero también para mostrar flexibilidades ante los distintos sucesos, al que se suman los distintos fallos de la Corte Suprema en torno a materias de gratuidad, como expuso el profesor Luis Cordero Vega en la Comisión de Hacienda, fuerza a que el gobierno tenga que tomar una medida.
Nosotros, ante la inquietud que ha surgido en materia de admisibilidad, presentamos una indicación alternativa, pero esa indicación fue rechazada en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, no habría ninguna materia relacionada con la constitucionalidad, sino que hay quienes se oponen derechamente a este proyecto.
La crisis no la pueden pagar las familias trabajadoras ni las de clase media, y, lamentablemente, quienes se oponen a estas medidas están haciendo que las…
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez Seguel .
El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-
Señor Presidente, en nombre de la bancada Radical e Independientes, queremos expresar nuestro total apoyo a este proyecto. Hoy existen establecimientos particulares, universidades particulares que les cobran a sus estudiantes, aunque no les están haciendo clases de manera presencial, ni siquiera online. Así, por ejemplo, en la Universidad Central de La Serena los estudiantes de la carrera de psicología llevan un mes sin clases, pero siguen pagando las cuotas correspondientes.
El tema es complejo y debe abordarse de manera integral. El gobierno tiene que entender que estamos frente a una situación que no es normal. Me da la sensación de que el gobierno no está entendiendo que estamos en una situación difícil, compleja. Se pretende vetar el proyecto relacionado con los gastos básicos, se pretende adoptar una serie de medidas que, finalmente, lo único que van a generar es un antes y un después de este proceso que estamos viviendo. No es posible que nuestro país siga con tanta diferencia social.
Anuncio que vamos a apoyar este proyecto, que pretende dar una solución a muchos estudiantes.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Para finalizar, tiene la palabra, vía telemática, el ministro de Educación, don Raúl Figueroa .
El señor FIGUEROA (ministro de Educación) [vía telemática].-
Señor Presidente, el ministro Alvarado se refirió de una forma bastante clara a los aspectos vinculados con la inadmisibilidad del proyecto, cuestión que, obviamente, ratifico por esta vía.
De manera breve, quiero profundizar sobre las cuestiones más de fondo vinculadas a esta iniciativa, que creo es bueno que estén en conocimiento de la Sala.
Lo primero, como conversamos en las comisiones y también en la Sala cuando el proyecto se votó en general, es tener muy claro que el sistema de educación superior y el Ministerio de Educación han abordado a través de distintos instrumentos la realidad que viven los alumnos en las universidades y en las instituciones de educación técnica a consecuencia de la pandemia.
En ese sentido, hay que tener mucho cuidado cuando se proponen iniciativas que, por un lado, se hacen cargo de una realidad, pero, por otro, generan más distorsiones que beneficios. En concreto, el Ministerio de Educación ha promovido toda una red de apoyo para las instituciones de educación superior, a fin de que puedan adecuarse a sus procesos de formación a distancia. Se readecuó una serie de fondos precisamente para destinar recursos en la línea de las necesidades que a consecuencia de la covid hoy son más evidentes. También se ha trabajado con las instituciones para ir en apoyo de aquellos estudiantes que requieren mayor ayuda a consecuencia de la pandemia.
En ese sentido, las instituciones de educación superior, en su conjunto, han destinado más de 19.000 millones de pesos para beneficios de conectividad y becas de arancel para sus alumnos, haciéndose cargo de manera focalizada de una necesidad que hoy se hace evidente.
El proyecto recoge esa misma necesidad. El punto es que, en la forma en que está planteado, se puede generar una distorsión que, en definitiva, haga que la iniciativa que ha tenido el sistema de ir en apoyo de aquellos estudiantes se vea mermada, disminuida.
Por lo tanto, hay que tener precaución en el sentido de legislar de una forma tal que, tras identificar el problema -en eso, obviamente, no juzgo intenciones; por el contrario, las comparto-, se utilicen mecanismos de ayuda que provoquen un nuevo problema. Eso ocurre en la práctica cuando se cae en ambigüedades respecto de qué alumnos podrían ser beneficiados por un plan de ayuda que las instituciones ya están implementando, y se asocien a ese plan ciertas consecuencias que, evidentemente, podrían impactar fuertemente en la organización financiera de las instituciones de educación superior.
Nosotros hemos planteado -se hizo en las comisiones de Educación y de Hacienda de la Cámara, y también en el Senado, pero ha generado cierta resistencia, por lo que quiero reiterarlo- un mecanismo de financiamiento que es muy acorde a la realidad que hoy viven el país y el sistema de educación superior.
Como ustedes saben, existe el fondo solidario del crédito universitario. Ese fondo solidario, luego de la implementación de la política de gratuidad, ha ido generando excedentes que son administrados por las propias instituciones. Ese fondo tiene un destino exclusivo, cual es poner esos recursos a disposición de los alumnos en la forma de créditos para que puedan pagar sus aranceles universitarios.
Ahora, ese fondo está restringido exclusivamente a las universidades del Consejo de Rectores -a las que originalmente formaban el Consejo de Rectores; sabemos que se han incorporado otras que no tienen acceso al fondo-, y ha sido complementado sistemáticamente con recursos estatales. Desde que existe el fondo, el fisco ha incorporado a ese pozo de recursos del orden de 2.400 millones de dólares.
Hoy, en virtud de una modificación que se incorporó en la ley de presupuestos vigente, es posible que las instituciones que tienen excedentes puedan acceder hasta a un 30 por ciento de esos excedentes del último año. Lo que hemos planteado es dar la posibilidad de que se pueda acceder a un porcentaje mayor de esos excedentes en la medida que, por un lado, se produzca esa situación de excedentes, y, por otro, se ponga a disposición del resto del sistema de educación superior, para beneficiar precisamente a sus alumnos, parte de esos recursos, con una lógica solidaria. Ello permite utilizar recursos que hoy están disponibles, pero que tienen una finalidad determinada, con una mirada más amplia, acorde a la situación de crisis, y con un componente solidario -reitero-, que creemos que hoy es fundamental y del cual nos imaginamos que nadie debiera estar en condiciones de restarse.
Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que, además de los argumentos sobre la inadmisibilidad y la inconstitucionalidad, que planteó muy bien el ministro Alvarado al iniciar esta sesión, existen elementos de fondo que apuntan a lo que este proyecto busca normar y que en la práctica ya se están aplicando -por tanto, esta iniciativa podría, por el contrario, desincentivar esos planes de apoyo-, y existen propuestas del Ejecutivo para incorporar recursos que hoy están disponibles, como el fondo solidario del crédito universitario, a través de sus excedentes, lo que requiere una voluntad política, que se ha manifestado por parte del Ejecutivo y que también esperamos que se abra en el resto del espectro político.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde votar en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que dispone la suspensión del cobro de aranceles y derechos de matrícula y similares por parte de instituciones de educación superior, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, con ocasión de la pandemia de covid-19.
Hago presente a la Sala que, de conformidad con la votación efectuada en la sesión de fecha 9 de junio del año en curso, el presente proyecto trata materias de ley simple o común.
Corresponde votar en particular el artículo 1 del proyecto de ley en los términos propuestos por la Comisión de Educación en su segundo informe.
En votación.
-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Diego Ibáñez , Florcita Alarcón , Joanna Pérez y Pedro Álvarez-Salamanca .
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 115 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 37 abstenciones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas , Florcita Díaz Díaz , Marcelo Matta Aragay , Manuel Sabag Villalobos , Jorge Alessandri Vergara , Jorge Durán Salinas , Eduardo Melero Abaroa , Patricio Saffirio Espinoza , René Alinco Bustos , René Espinoza Sandoval , Fidel Mellado Pino , Cosme Saldívar Auger , Raúl Álvarez Ramírez , Sebastián Fernández Allende , Maya Meza Moncada , Fernando Sanhueza Dueñas , Gustavo Álvarez Vera , Jenny Flores García, Iván Mirosevic Verdugo , Vlado Santana Castillo, Juan AlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Fuenzalida Cobo , Juan Mix Jiménez , Claudia Santibáñez Novoa , Marisela Amar Mancilla , Sandra Gahona Salazar , Sergio Molina Magofke , Andrés Schilling Rodríguez , Marcelo Ascencio Mansilla , Gabriel Garín González , Renato Monsalve Benavides , Manuel Sepúlveda Orbenes , Alejandra Auth Stewart , Pepe Girardi Lavín , Cristina Morales Muñoz , Celso Sepúlveda Soto , Alexis Baltolu Rasera , Nino González Gatica , Félix Moreira Barros , Cristhian Silber Romo , Gabriel Barrera Moreno , Boris González Torres , Rodrigo Mulet Martínez , Jaime Soto Ferrada , Leonardo Barros Montero , Ramón Gutiérrez Gálvez , Hugo Naranjo Ortiz , Jaime Soto Mardones , Raúl Bellolio Avaria , Jaime Hernando Pérez , Marcela Noman Garrido , Nicolás Teillier Del Valle, Guillermo Bernales Maldonado , Alejandro Hertz Cádiz , Carmen Núñez Arancibia , Daniel Tohá González , Jaime Bianchi Retamales , Karim Hirsch Goldschmidt , Tomás Nuyado Ancapichún , Emilia Torres Jeldes , Víctor Bobadilla Muñoz , Sergio Ibáñez Cotroneo , Diego Olivera De La Fuente , Erika Trisotti Martínez , Renzo Boric Font , Gabriel Ilabaca Cerda , Marcos Orsini Pascal , Maite Urrutia Soto , Osvaldo Brito Hasbún , Jorge Jackson Drago , Giorgio Ortiz Novoa, José Miguel Vallejo Dowling , Camila Calisto Águila , Miguel Ángel Jarpa Wevar , Carlos Abel Parra Sauterel , Andrea Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cariola Oliva , Karol Jiles Moreno , Pamela Pérez Arriagada , José Velásquez Núñez , Esteban Carter Fernández , Álvaro Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Olea , Joanna Velásquez Seguel , Pedro Carvajal Ambiado , Loreto Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Salinas , Catalina Venegas Cárdenas, Mario Castillo Muñoz , Natalia Keitel Bianchi , Sebastián Prieto Lorca , Pablo Verdessi Belemmi , Daniel Castro González, Juan Luis Labra Sepúlveda , Amaro Ramírez Diez , Guillermo Vidal Rojas , Pablo Celis Araya , Ricardo Lavín León , Joaquín Rentería Moller , Rolando Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Cicardini Milla , Daniella Leiva Carvajal , Raúl Rocafull López , Luis Walker Prieto , Matías Coloma Álamos, Juan Antonio Longton Herrera , Andrés Rojas Valderrama , Camila Winter Etcheberry , Gonzalo Crispi Serrano , Miguel Lorenzini Basso , Pablo Rosas Barrientos , Patricio Yeomans Araya , Gael CruzCoke Carvallo , Luciano Marzán Pinto , Carolina Saavedra Chandía, Gastón
-Se abstuvieron los diputados señores:
Berger Fett , Bernardo García García, René Manuel Mellado Suazo , Miguel Romero Sáez , Leonidas Castro Bascuñán, José Miguel Hernández Hernández , Javier Norambuena Farías , Iván Sabat Fernández , Marcela Celis Montt , Andrés Hoffmann Opazo , María José Núñez Urrutia , Paulina Santana Tirachini , Alejandro Cid Versalovic , Sofía Jürgensen Rundshagen , Harry Ossandón Irarrázabal , Ximena Sauerbaum Muñoz , Frank Desbordes Jiménez , Mario Kort Garriga , Issa Pardo Sáinz , Luis Schalper Sepúlveda , Diego Durán Espinoza , Jorge Kuschel Silva , Carlos Paulsen Kehr , Diego Torrealba Alvarado , Sebastián Eguiguren Correa , Francisco Leuquén Uribe , Aracely Pérez Lahsen , Leopoldo Undurraga Gazitúa , Francisco Flores Oporto , Camila Luck Urban , Karin Rathgeb Schifferli , Jorge Urrutia Bonilla , Ignacio Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Macaya Danús , Javier Rey Martínez , Hugo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Galleguillos Castillo, Ramón
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde votar en particular el artículo 2 del proyecto de ley, en los términos propuestos por la Comisión de Educación, tanto en su primer como en su segundo informe.
En votación.
-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Jaime Mulet , Diego Ibáñez , Florcita Alarcón , Gabriel Boric , René Manuel García y Pedro Álvarez-Salamanca .
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos; por la negativa, 22 votos. Hubo 43 abstenciones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas , Florcita Flores García, Iván Meza Moncada , Fernando Saldívar Auger , Raúl Alinco Bustos , René García García, René Manuel Mirosevic Verdugo , Vlado Santana Castillo, Juan Álvarez Vera , Jenny Garín González , Renato Mix Jiménez , Claudia Santibáñez Novoa , Marisela AlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Girardi Lavín , Cristina Monsalve Benavides , Manuel Schilling Rodríguez , Marcelo Ascencio Mansilla , Gabriel González Gatica , Félix Moreira Barros , Cristhian Sepúlveda Orbenes , Alejandra Auth Stewart , Pepe González Torres , Rodrigo Mulet Martínez , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Barrera Moreno , Boris Gutiérrez Gálvez, Hugo Naranjo Ortiz , Jaime Silber Romo , Gabriel Bernales Maldonado , Alejandro Hernando Pérez , Marcela Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Retamales , Karim Hertz Cádiz , Carmen Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Mardones , Raúl Boric Font , Gabriel Hirsch Goldschmidt , Tomás Olivera De La Fuente , Erika Teillier Del Valle, Guillermo Brito Hasbún , Jorge Ibáñez Cotroneo , Diego Orsini Pascal , Maite Tohá González , Jaime Calisto Águila , Miguel Ángel Ilabaca Cerda , Marcos Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor Cariola Oliva , Karol Jackson Drago , Giorgio Parra Sauterel , Andrea Troncoso Hellman , Virginia Carvajal Ambiado , Loreto Jarpa Wevar , Carlos Abel Pérez Arriagada , José Vallejo Dowling , Camila Castillo Muñoz , Natalia Jiles Moreno , Pamela Pérez Olea , Joanna Velásquez Núñez , Esteban Castro González, Juan Luis Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Salinas , Catalina Velásquez Seguel , Pedro Celis Araya , Ricardo Labra Sepúlveda , Amaro Rocafull López , Luis Venegas Cárdenas , Mario Cicardini Milla , Daniella Leiva Carvajal, Raúl Rojas Valderrama , Camila Verdessi Belemmi , Daniel Crispi Serrano , Miguel Lorenzini Basso , Pablo Rosas Barrientos , Patricio Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo Marzán Pinto , Carolina Saavedra Chandía , Gastón Walker Prieto , Matías Espinoza Sandoval , Fidel Matta Aragay , Manuel Sabag Villalobos , Jorge Winter Etcheberry , Gonzalo Fernández Allende , Maya Mellado Pino , Cosme Saffirio Espinoza , René Yeomans Araya, Gael
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Castro Bascuñán, José Miguel Hoffmann Opazo , María José Macaya Danús , Javier Rey Martínez, Hugo Cid Versalovic , Sofía Jürgensen Rundshagen , Harry Núñez Urrutia , Paulina Sabat Fernández , Marcela Coloma Álamos, Juan Antonio Kort Garriga , Issa Ossandón Irarrázabal , Ximena Sauerbaum Muñoz , Frank Desbordes Jiménez , Mario Kuschel Silva , Carlos Pardo Sáinz , Luis Torrealba Alvarado , Sebastián Eguiguren Correa , Francisco Leuquén Uribe , Aracely Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Bonilla , Ignacio Flores Oporto , Camila Luck Urban, Karin
-Se abstuvieron los diputados señores:
Alessandri Vergara , Jorge Durán Espinoza , Jorge Melero Abaroa , Patricio Romero Sáez , Leonidas Álvarez Ramírez , Sebastián Durán Salinas , Eduardo Mellado Suazo , Miguel Sanhueza Dueñas , Gustavo Amar Mancilla , Sandra Fuenzalida Cobo , Juan Molina Magofke , Andrés Santana Tirachini , Alejandro Baltolu Rasera , Nino Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Morales Muñoz , Celso Schalper Sepúlveda , Diego Barros Montero , Ramón Gahona Salazar , Sergio Noman Garrido , Nicolás Trisotti Martínez , Renzo Bellolio Avaria , Jaime Galleguillos Castillo , Ramón Norambuena Farías , Iván Undurraga Gazitúa , Francisco Berger Fett , Bernardo Hernández Hernández , Javier Paulsen Kehr , Diego Urrutia Soto , Osvaldo Bobadilla Muñoz , Sergio Kast Sommerhoff , Pablo Prieto Lorca , Pablo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Carter Fernández , Álvaro Keitel Bianchi , Sebastián Ramírez Diez , Guillermo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Celis Montt , Andrés Lavín León , Joaquín Rathgeb Schifferli , Jorge Von Mühlenbrock Zamora , Gastón CruzCoke Carvallo , Luciano Longton Herrera , Andrés Rentería Moller, Rolando
El señor PAULSEN (Vicepresidente).-
Corresponde votar en particular el artículo 3 del proyecto de ley, en los términos propuestos por la Comisión de Educación en su segundo informe.
En votación.
-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Diego Ibáñez , Florcita Alarcón y Pedro Álvarez-Salamanca .
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 111 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 40 abstenciones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas , Florcita Espinoza Sandoval , Fidel Mellado Suazo , Miguel Saldívar Auger , Raúl Alinco Bustos , René Fernández Allende , Maya Meza Moncada , Fernando Sanhueza Dueñas , Gustavo Álvarez Ramírez , Sebastián Flores García, Iván Mirosevic Verdugo , Vlado Santana Castillo, Juan Álvarez Vera , Jenny Gahona Salazar , Sergio Mix Jiménez , Claudia Santibáñez Novoa , Marisela AlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo García García, René Manuel Molina Magofke , Andrés Schilling Rodríguez , Marcelo Amar Mancilla , Sandra Garín González , Renato Monsalve Benavides , Manuel Sepúlveda Orbenes , Alejandra Ascencio Mansilla , Gabriel Girardi Lavín , Cristina Morales Muñoz , Celso Sepúlveda Soto , Alexis Auth Stewart , Pepe González Gatica , Félix Moreira Barros , Cristhian Silber Romo , Gabriel Baltolu Rasera , Nino González Torres , Rodrigo Mulet Martínez , Jaime Soto Ferrada , Leonardo Barrera Moreno , Boris Gutiérrez Gálvez , Hugo Naranjo Ortiz , Jaime Soto Mardones , Raúl Barros Montero , Ramón Hernando Pérez , Marcela Noman Garrido , Nicolás Teillier Del Valle, Guillermo Bellolio Avaria , Jaime Hertz Cádiz , Carmen Núñez Arancibia , Daniel Tohá González , Jaime Bernales Maldonado , Alejandro Hirsch Goldschmidt , Tomás Nuyado Ancapichún , Emilia Torres Jeldes , Víctor Bianchi Retamales , Karim Ibáñez Cotroneo , Diego Olivera De La Fuente , Erika Trisotti Martínez , Renzo Bobadilla Muñoz , Sergio Ilabaca Cerda , Marcos Orsini Pascal , Maite Troncoso Hellman , Virginia Boric Font , Gabriel Jackson Drago , Giorgio Ortiz Novoa, José Miguel Undurraga Gazitúa , Francisco Brito Hasbún , Jorge Jarpa Wevar , Carlos Abel Parra Sauterel , Andrea Vallejo Dowling , Camila Calisto Águila , Miguel Ángel Jiles Moreno , Pamela Pérez Arriagada , José Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cariola Oliva , Karol Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Olea , Joanna Velásquez Núñez , Esteban Carvajal Ambiado , Loreto Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Salinas , Catalina Velásquez Seguel , Pedro Castillo Muñoz , Natalia Keitel Bianchi , Sebastián Prieto Lorca , Pablo Venegas Cárdenas , Mario Castro González, Juan Luis Labra Sepúlveda , Amaro Ramírez Diez , Guillermo Verdessi Belemmi , Daniel Celis Araya , Ricardo Leiva Carvajal , Raúl Rocafull López , Luis Vidal Rojas , Pablo Cicardini Milla , Daniella Longton Herrera , Andrés Rojas Valderrama , Camila Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Crispi Serrano , Miguel Lorenzini Basso , Pablo Rosas Barrientos , Patricio Walker Prieto , Matías CruzCoke Carvallo , Luciano Marzán Pinto , Carolina Saavedra Chandía , Gastón Winter Etcheberry , Gonzalo Díaz Díaz , Marcelo Matta Aragay , Manuel Sabag Villalobos , Jorge Yeomans Araya , Gael Durán Salinas , Eduardo Mellado Pino , Cosme Saffirio Espinoza, René
-Votó por la negativa el diputado señor:
Kort Garriga, Issa
-Se abstuvieron los diputados señores:
Alessandri Vergara , Jorge Flores Oporto , Camila Luck Urban , Karin Rey Martínez, Hugo Berger Fett , Bernardo Fuenzalida Cobo , Juan Macaya Danús , Javier Romero Sáez , Leonidas Carter Fernández , Álvaro Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Melero Abaroa , Patricio Sabat Fernández , Marcela Castro Bascuñán, José Miguel Galleguillos Castillo , Ramón Núñez Urrutia , Paulina Santana Tirachini , Alejandro Celis Montt , Andrés Hernández Hernández , Javier Ossandón Irarrázabal , Ximena Sauerbaum Muñoz , Frank Cid Versalovic , Sofía Hoffmann Opazo , María José Pardo Sáinz , Luis Schalper Sepúlveda , Diego Coloma Álamos, Juan Antonio Jürgensen Rundshagen , Harry Paulsen Kehr , Diego Torrealba Alvarado , Sebastián Desbordes Jiménez , Mario Kuschel Silva , Carlos Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Bonilla , Ignacio Durán Espinoza , Jorge Lavín León , Joaquín Rathgeb Schifferli , Jorge Urrutia Soto , Osvaldo Eguiguren Correa , Francisco Leuquén Uribe , Aracely Rentería Moller , Rolando Urruticoechea Ríos, Cristóbal
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde votar en particular el artículo 4 del proyecto de ley, en los términos propuestos por la Comisión de Educación, tanto en su primer como en su segundo informe, que la Comisión de Hacienda propone rechazar. En votación.
-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Jaime Mulet, Juan Luis Castro , Diego Ibáñez , Florcita Alarcón , Pablo Vidal , Aracely Leuquén y Pedro Álvarez-Salamanca .
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 50 votos. Hubo 22 abstenciones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos, René Fernández Allende , Maya Mellado Pino , Cosme Santana Castillo, Juan Álvarez Vera , Jenny García García, René Manuel Meza Moncada , Fernando Santibáñez Novoa , Marisela AlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Garín González , Renato Mirosevic Verdugo , Vlado Schilling Rodríguez , Marcelo Ascencio Mansilla , Gabriel Girardi Lavín , Cristina Mix Jiménez , Claudia Sepúlveda Orbenes , Alejandra Auth Stewart , Pepe González Gatica , Félix Monsalve Benavides , Manuel Sepúlveda Soto , Alexis Barrera Moreno , Boris González Torres , Rodrigo Mulet Martínez , Jaime Silber Romo , Gabriel Bernales Maldonado , Alejandro Gutiérrez Gálvez, Hugo Naranjo Ortiz , Jaime Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Retamales , Karim Hernández Hernández , Javier Núñez Arancibia , Daniel Soto Mardones , Raúl Boric Font , Gabriel Hernando Pérez , Marcela Nuyado Ancapichún , Emilia Teillier Del Valle, Guillermo Brito Hasbún , Jorge Hertz Cádiz , Carmen Orsini Pascal , Maite Tohá González , Jaime Calisto Águila , Miguel Ángel Hirsch Goldschmidt , Tomás Parra Sauterel , Andrea Torres Jeldes , Víctor Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Diego Pérez Arriagada , José Vallejo Dowling , Camila Carvajal Ambiado , Loreto Ilabaca Cerda , Marcos Pérez Olea , Joanna Velásquez Núñez , Esteban Castillo Muñoz , Natalia Jackson Drago , Giorgio Pérez Salinas , Catalina Velásquez Seguel , Pedro Castro González, Juan Luis Jarpa Wevar , Carlos Abel Rocafull López , Luis Venegas Cárdenas , Mario Celis Araya , Ricardo Jiles Moreno , Pamela Rojas Valderrama , Camila Verdessi Belemmi , Daniel Cicardini Milla , Daniella Jiménez Fuentes , Tucapel Rosas Barrientos , Patricio Vidal Rojas , Pablo Crispi Serrano , Miguel Labra Sepúlveda , Amaro Saavedra Chandía , Gastón Walker Prieto , Matías Díaz Díaz , Marcelo Leiva Carvajal , Raúl Saffirio Espinoza , René Winter Etcheberry , Gonzalo Espinoza Sandoval , Fidel Marzán Pinto , Carolina Saldívar Auger , Raúl Yeomans Araya, Gael
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas , Florcita Eguiguren Correa , Francisco Matta Aragay , Manuel Rentería Moller , Rolando Alessandri Vergara , Jorge Flores García, Iván Melero Abaroa , Patricio Rey Martínez, Hugo Álvarez Ramírez , Sebastián Fuenzalida Cobo , Juan Molina Magofke , Andrés Sanhueza Dueñas , Gustavo Amar Mancilla , Sandra Gahona Salazar , Sergio Morales Muñoz , Celso Santana Tirachini , Alejandro Baltolu Rasera , Nino Hoffmann Opazo , María José Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Barros Montero , Ramón Jürgensen Rundshagen , Harry Núñez Urrutia , Paulina Torrealba Alvarado , Sebastián Bellolio Avaria , Jaime Kast Sommerhoff , Pablo Ortiz Novoa, José Miguel Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Keitel Bianchi , Sebastián Ossandón Irarrázabal , Ximena Undurraga Gazitúa , Francisco Castro Bascuñán, José Miguel Kort Garriga , Issa Pardo Sáinz , Luis Urrutia Bonilla , Ignacio Cid Versalovic , Sofía Kuschel Silva , Carlos Paulsen Kehr , Diego Urrutia Soto , Osvaldo Coloma Álamos, Juan Antonio Lavín León , Joaquín Pérez Lahsen , Leopoldo Van Rysselberghe Herrera , Enrique CruzCoke Carvallo , Luciano Luck Urban , Karin Ramírez Diez , Guillermo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Desbordes Jiménez , Mario Macaya Danús, Javier
-Se abstuvieron los diputados señores:
Berger Fett , Bernardo Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Noman Garrido , Nicolás Sabag Villalobos , Jorge Bobadilla Muñoz , Sergio Galleguillos Castillo , Ramón Olivera De La Fuente , Erika Sabat Fernández , Marcela Celis Montt , Andrés Leuquén Uribe , Aracely Prieto Lorca , Pablo Schalper Sepúlveda , Diego Durán Espinoza , Jorge Longton Herrera , Andrés Rathgeb Schifferli , Jorge Troncoso Hellman , Virginia Durán Salinas , Eduardo Lorenzini Basso , Pablo Romero Sáez , Leonidas Urruticoechea Ríos , Cristóbal Flores Oporto , Camila Mellado Suazo, Miguel
-Aplausos.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde tratar la admisibilidad del artículo transitorio de esta iniciativa, aprobado por la Comisión de Educación en su segundo informe, admisibilidad que fue cuestionada por el diputado Hugo Rey por incidir en materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con lo que dispone en el número 3° del inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Este Presidente también declara inadmisible dicha norma, por contravenir los citados preceptos constitucionales.
Es del caso hacer presente que la Comisión de Hacienda, a requerimiento de los Comités Parlamentarios, por mayoría de votos estimó que el artículo transitorio tiene incidencia en materias presupuestarias y financieras del Estado.
Para defender la admisibilidad del artículo transitorio, tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .
El señor NÚÑEZ (don Daniel).-
Señor Presidente, este punto fue muy debatido en la Comisión de Hacienda; de hecho, hay una indicación parlamentaria que también apuntaba en una dirección similar. Aun cuando el Ejecutivo hizo ver que un proceso extraordinario de admisión involucra recursos fiscales, rectores de universidades estatales y privadas señalaron reiteradamente que una gran cantidad de estudiantes podrían desertar en el segundo semestre. Incluso, el rector de la Universidad Santo Tomás señaló que en su institución un 20 por ciento de los alumnos podría desertar en el segundo semestre, porque al momento de tomar los ramos tendrían que ponerse al día en el pago de los aranceles, y al no tener los recursos, quedarían fuera de la universidad.
Por eso, se les pidió a los ministros de Hacienda y de Educación que analizaran la posibilidad de establecer un proceso extraordinario de postulación a la gratuidad y a otros beneficios estudiantiles, pero no hubo respuesta del Ejecutivo.
En consecuencia, ante esa situación, considero que es deber de la Cámara pronunciarse al respecto. Más allá de si la disposición tiene o no incidencia presupuestaria -a mi juicio, es evidente que la tiene-, la señal política correcta de la Corporación es votar a favor la norma propuesta por la Comisión de Educación. De esa manera, daremos una señal política al gobierno en el sentido de que no queremos que ningún joven deje de estudiar porque no tiene los recursos para pagar sus aranceles debido a la crisis económica que estamos viviendo. Eso es algo básico, de sentido común y de humanidad para enfrentar esta difícil situación.
Por eso, propongo someter a votación la admisibilidad del artículo transitorio propuesto por la Comisión de Educación.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Para defender la postura de la Mesa, tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Jaime Bellolio .
El señor BELLOLIO (vía telemática).-
Señor Presidente, en realidad pedí la palabra para referirme al artículo anterior, respecto del cual pido hacer reserva de constitucionalidad, en virtud de que se infringe el artículo 65, número 4°, de la Constitución.
Además, por su intermedio quiero decir al diputado Alarcón que mis hijos le proponen que se ponga sus antenas para ver si puede recibir un poquito mejor la señal. No me referiré al artículo transitorio.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, ojalá que el diputado Bellolio tenga mejor conexión de internet que el diputado Alarcón , porque ambos tienen derecho a participar plenamente en la sesión.
Tengo una duda sobre el procedimiento a seguir en este caso, porque una comisión declaró admisible el artículo transitorio, y la otra, inadmisible. ¿No debiésemos votar primero la recomendación de la Comisión de Hacienda, y, si se rechaza, someter a votación la de la Comisión de Educación? Lo digo, porque no hay discusión de admisibilidad en este punto; lo que hay es una declaración de admisibilidad y otra de inadmisibilidad.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ROJAS (Secretario accidental).-
Señor Presidente, en este caso se hizo cuestión de inadmisibilidad, que fue presentada por el diputado Hugo Rey .
En consecuencia, ahora corresponde votar la admisibilidad del artículo transitorio. Si es declarado admisible, luego se votará en particular el artículo transitorio en los términos propuestos por la Comisión de Educación en su segundo informe.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra, por vía telemática, la diputada Virginia Troncoso .
La señora TRONCOSO (doña Virginia) [vía telemática].-
Señor Presidente, no se me consideró mi voto en la primera votación, que era a favor.
He tenido demasiados problemas con internet.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Señora diputada, se dejará constancia en el acta.
Para plantear un asunto de Reglamento, tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Jackson .
El señor JACKSON (vía telemática).-
Señor Presidente, también quería defender la admisibilidad del artículo transitorio, pero por Reglamento ya no es posible.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde votar la admisibilidad el artículo transitorio.
Quienes voten a favor lo hacen por la admisibilidad del artículo; quienes voten en contra lo hacen por su inadmisibilidad.
En votación.
-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Fidel Espinoza , Diego Ibáñez , Florcita Alarcón , Patricio Melero , Pedro Álvarez-Salamanca , Aracely Leuquén y Pablo Prieto .
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 53 votos. Hubo 17 abstenciones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas , Florcita Espinoza Sandoval , Fidel Matta Aragay , Manuel Santana Castillo, Juan Alinco Bustos , René Fernández Allende , Maya Mellado Pino , Cosme Santibáñez Novoa , Marisela Álvarez Vera , Jenny Flores García, Iván Mirosevic Verdugo , Vlado Schilling Rodríguez , Marcelo AlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Garín González , Renato Mix Jiménez , Claudia Sepúlveda Orbenes , Alejandra Ascencio Mansilla , Gabriel Girardi Lavín , Cristina Monsalve Benavides , Manuel Sepúlveda Soto , Alexis Barrera Moreno , Boris González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Silber Romo , Gabriel Bernales Maldonado , Alejandro González Torres , Rodrigo Naranjo Ortiz , Jaime Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Retamales , Karim Gutiérrez Gálvez , Hugo Núñez Arancibia , Daniel Soto Mardones , RaúlBoric Font , Gabriel Hernando Pérez , Marcela Nuyado Ancapichún , Emilia Teillier Del Valle, Guillermo Brito Hasbún , Jorge Hertz Cádiz , Carmen Orsini Pascal , Maite Tohá González , Jaime Calisto Águila , Miguel Ángel Hirsch Goldschmidt , Tomás Parra Sauterel , Andrea Torres Jeldes , Víctor Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Diego Pérez Arriagada , José Vallejo Dowling , Camila Carvajal Ambiado , Loreto Ilabaca Cerda , Marcos Pérez Olea , Joanna Velásquez Núñez , Esteban Castillo Muñoz , Natalia Jackson Drago , Giorgio Pérez Salinas , Catalina Velásquez Seguel , Pedro Castro González, Juan Luis Jiles Moreno , Pamela Rocafull López , Luis Venegas Cárdenas , Mario Celis Araya , Ricardo Jiménez Fuentes , Tucapel Rojas Valderrama , Camila Verdessi Belemmi , Daniel Cicardini Milla , Daniella Labra Sepúlveda , Amaro Rosas Barrientos , Patricio Vidal Rojas , Pablo Crispi Serrano , Miguel Leiva Carvajal , Raúl Saavedra Chandía , Gastón Walker Prieto , Matías CruzCoke Carvallo , Luciano Lorenzini Basso , Pablo Saffirio Espinoza , René Winter Etcheberry , Gonzalo Díaz Díaz , Marcelo Marzán Pinto , Carolina Saldívar Auger , Raúl Yeomans Araya, Gael
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alessandri Vergara , Jorge Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Macaya Danús , Javier Ramírez Diez , Guillermo Álvarez Ramírez , Sebastián Galleguillos Castillo , Ramón Melero Abaroa , Patricio Rentería Moller , Rolando Baltolu Rasera, Nino García García, René Manuel Mellado Suazo , Miguel Rey Martínez, Hugo Barros Montero , Ramón Hoffmann Opazo , María José Molina Magofke , Andrés Romero Sáez , Leonidas Bobadilla Muñoz , Sergio Jürgensen Rundshagen , Harry Morales Muñoz , Celso Santana Tirachini , Alejandro Carter Fernández , Álvaro Kast Sommerhoff , Pablo Noman Garrido , Nicolás Sauerbaum Muñoz , Frank Castro Bascuñán, José Miguel Keitel Bianchi , Sebastián Núñez Urrutia , Paulina Schalper Sepúlveda , Diego Celis Montt , Andrés Kort Garriga , Issa Ortiz Novoa, José Miguel Torrealba Alvarado , Sebastián Cid Versalovic , Sofía Kuschel Silva , Carlos Ossandón Irarrázabal , Ximena Undurraga Gazitúa , Francisco Coloma Álamos, Juan Antonio Lavín León , Joaquín Pardo Sáinz , Luis Urrutia Bonilla , Ignacio Desbordes Jiménez , Mario Leuquén Uribe , Aracely Paulsen Kehr , Diego Urrutia Soto , Osvaldo Durán Salinas , Eduardo Longton Herrera , Andrés Pérez Lahsen , Leopoldo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Eguiguren Correa , Francisco Luck Urban , Karin Prieto Lorca , Pablo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Fuenzalida Cobo , Juan Se abstuvieron los diputados señores: Amar Mancilla , Sandra Flores Oporto , Camila Olivera De La Fuente , Erika Sanhueza Dueñas , Gustavo Auth Stewart, Pepe Gahona Salazar , Sergio Rathgeb Schifferli , Jorge Trisotti Martínez , Renzo Bellolio Avaria , Jaime Meza Moncada , Fernando Sabag Villalobos , Jorge Troncoso Hellman , Virginia Berger Fett , Bernardo Moreira Barros , Cristhian Sabat Fernández , Marcela Van Rysselberghe Herrera , Enrique Durán Espinoza, Jorge
El señor PAULSEN (Presidente).-
Se declara admisible el artículo.
Corresponde votar en particular el artículo transitorio del proyecto de ley, en los términos propuestos por la Comisión de Educación en su segundo informe.
En votación.
-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Diego Ibáñez , Florcita Alarcón , Manuel Matta , Miguel Ángel Calisto , Aracely Leuquén y Pedro Álvarez-Salamanca .
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 23 votos. Hubo 43 abstenciones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas , Florcita Flores García, Iván Meza Moncada , Fernando Santana Castillo, Juan Alinco Bustos , René García García, René Manuel Mirosevic Verdugo , Vlado Santibáñez Novoa , Marisela Álvarez Vera , Jenny Garín González , Renato Mix Jiménez , Claudia Schilling Rodríguez , Marcelo AlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Girardi Lavín , Cristina Monsalve Benavides , Manuel Sepúlveda Orbenes , Alejandra Ascencio Mansilla , Gabriel González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Auth Stewart , Pepe González Torres , Rodrigo Naranjo Ortiz , Jaime Silber Romo , Gabriel Barrera Moreno , Boris Gutiérrez Gálvez , Hugo Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Bernales Maldonado , Alejandro Hernando Pérez , Marcela Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Mardones , Raúl Bianchi Retamales , Karim Hertz Cádiz , Carmen Orsini Pascal , Maite Teillier Del Valle, Guillermo Boric Font , Gabriel Hirsch Goldschmidt , Tomás Parra Sauterel , Andrea Tohá González , Jaime Brito Hasbún , Jorge Ibáñez Cotroneo , Diego Pérez Arriagada , José Torres Jeldes , Víctor Calisto Águila , Miguel Ángel Ilabaca Cerda , Marcos Pérez Olea , Joanna Troncoso Hellman , Virginia Cariola Oliva , Karol Jackson Drago , Giorgio Pérez Salinas , Catalina Vallejo Dowling , Camila Carvajal Ambiado , Loreto Jarpa Wevar , Carlos Abel Prieto Lorca , Pablo Velásquez Núñez , Esteban Castillo Muñoz , Natalia Jiles Moreno , Pamela Rocafull López , Luis Velásquez Seguel , Pedro Castro González, Juan Luis Jiménez Fuentes , Tucapel Rojas Valderrama , Camila Venegas Cárdenas , Mario Celis Araya , Ricardo Labra Sepúlveda , Amaro Rosas Barrientos , Patricio Verdessi Belemmi , Daniel Cicardini Milla , Daniella Leiva Carvajal , Raúl Saavedra Chandía , Gastón Vidal Rojas , Pablo Crispi Serrano , Miguel Lorenzini Basso , Pablo Sabag Villalobos , Jorge Walker Prieto , Matías Díaz Díaz , Marcelo Marzán Pinto , Carolina Saffirio Espinoza , René Winter Etcheberry , Gonzalo Espinoza Sandoval , Fidel Matta Aragay , Manuel Saldívar Auger , Raúl Yeomans Araya , Gael Fernández Allende , Maya Mellado Pino , Cosme -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alessandri Vergara , Jorge Kuschel Silva , Carlos Ortiz Novoa , José Miguel Schalper Sepúlveda , Diego Celis Montt , Andrés Leuquén Uribe , Aracely Pardo Sáinz , Luis Torrealba Alvarado , Sebastián Desbordes Jiménez , Mario Longton Herrera , Andrés Paulsen Kehr , Diego Undurraga Gazitúa , Francisco Eguiguren Correa , Francisco Luck Urban , Karin Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Bonilla , Ignacio Hoffmann Opazo , María José Macaya Danús , Javier Rey Martínez , Hugo Urrutia Soto , Osvaldo Kort Garriga , Issa Molina Magofke , Andrés Romero Sáez, Leonidas
-Se abstuvieron los diputados señores:
Álvarez Ramírez , Sebastián CruzCoke Carvallo , Luciano Lavín León , Joaquín Rathgeb Schifferli , Jorge Amar Mancilla , Sandra Durán Espinoza , Jorge Melero Abaroa , Patricio Rentería Moller , Rolando Baltolu Rasera , Nino Durán Salinas , Eduardo Mellado Suazo , Miguel Sabat Fernández , Marcela Barros Montero , Ramón Flores Oporto , Camila Morales Muñoz , Celso Sanhueza Dueñas , Gustavo Bellolio Avaria , Jaime Fuenzalida Cobo , Juan Moreira Barros , Cristhian Santana Tirachini , Alejandro Berger Fett , Bernardo Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Muñoz González , Francesca Sauerbaum Muñoz , Frank Bobadilla Muñoz , Sergio Gahona Salazar , Sergio Noman Garrido , Nicolás Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Galleguillos Castillo , Ramón Núñez Urrutia , Paulina Urruticoechea Ríos , Cristóbal Castro Bascuñán, José Miguel Jürgensen Rundshagen , Harry Olivera De La Fuente , Erika Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cid Versalovic , Sofía Kast Sommerhoff , Pablo Ossandón Irarrázabal , Ximena Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Coloma Álamos, Juan Antonio Keitel Bianchi , Sebastián Ramírez Diez, Guillermo
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde votar en particular el nombre del proyecto de ley en los términos propuestos por la Comisión de Educación en su segundo informe. En votación.
-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Karol Cariola , Diego Ibáñez , Florcita Alarcón , Pablo Kast , Pedro Álvarez-Salamanca y José Miguel Castro .
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 138 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 12 abstenciones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas , Florcita Flores García, Iván Melero Abaroa , Patricio Sabat Fernández , Marcela Alessandri Vergara , Jorge Flores Oporto , Camila Mellado Pino , Cosme Saffirio Espinoza , René Alinco Bustos , René Fuenzalida Cobo , Juan Mellado Suazo , Miguel Saldívar Auger , Raúl Álvarez Vera , Jenny Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Meza Moncada , Fernando Sanhueza Dueñas , Gustavo AlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Gahona Salazar , Sergio Mirosevic Verdugo , Vlado Santana Castillo, Juan Amar Mancilla , Sandra Galleguillos Castillo , Ramón Mix Jiménez , Claudia Santana Tirachini , Alejandro Ascencio Mansilla , Gabriel García García, René Manuel Monsalve Benavides , Manuel Santibáñez Novoa , Marisela Auth Stewart , Pepe Garín González , Renato Morales Muñoz , Celso Sauerbaum Muñoz , Frank Baltolu Rasera , Nino Girardi Lavín , Cristina Moreira Barros , Cristhian Schalper Sepúlveda , Diego Barrera Moreno , Boris González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Barros Montero , Ramón González Torres , Rodrigo Muñoz González , Francesca Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bellolio Avaria , Jaime Gutiérrez Gálvez , Hugo Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Bernales Maldonado , Alejandro Hernando Pérez , Marcela Noman Garrido , Nicolás Silber Romo , Gabriel Bianchi Retamales , Karim Hertz Cádiz , Carmen Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Bobadilla Muñoz , Sergio Hirsch Goldschmidt , Tomás Núñez Urrutia , Paulina Soto Mardones , Raúl Boric Font , Gabriel Hoffmann Opazo , María José Nuyado Ancapichún , Emilia Teillier Del Valle, Guillermo Brito Hasbún , Jorge Ibáñez Cotroneo , Diego Olivera De La Fuente , Erika Tohá González , Jaime Calisto Águila , Miguel Ángel Ilabaca Cerda , Marcos Orsini Pascal , Maite Torrealba Alvarado , Sebastián Cariola Oliva , Karol Jackson Drago , Giorgio Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor Carter Fernández , Álvaro Jarpa Wevar , Carlos Abel Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez , Renzo Carvajal Ambiado , Loreto Jiles Moreno , Pamela Parra Sauterel , Andrea Troncoso Hellman , Virginia Castillo Muñoz , Natalia Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Arriagada , José Urrutia Soto , Osvaldo Castro González, Juan Luis Jürgensen Rundshagen , Harry Pérez Olea , Joanna Urruticoechea Ríos , Cristóbal Celis Araya , Ricardo Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Salinas , Catalina Vallejo Dowling , Camila Cicardini Milla , Daniella Kort Garriga , Issa Prieto Lorca , Pablo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Coloma Álamos, Juan Antonio Kuschel Silva , Carlos Ramírez Diez , Guillermo Velásquez Núñez , Esteban Crispi Serrano , Miguel Labra Sepúlveda , Amaro Rathgeb Schifferli , Jorge Velásquez Seguel , Pedro CruzCoke Carvallo , Luciano Lavín León , Joaquín Rentería Moller , Rolando Venegas Cárdenas , Mario Desbordes Jiménez , Mario Leiva Carvajal , Raúl Rocafull López , Luis Verdessi Belemmi , Daniel Díaz Díaz , Marcelo Leuquén Uribe , Aracely Rojas Valderrama , Camila Vidal Rojas , Pablo Durán Espinoza , Jorge Longton Herrera , Andrés Romero Sáez , Leonidas Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Salinas , Eduardo Lorenzini Basso , Pablo Rosas Barrientos , Patricio Walker Prieto , Matías Eguiguren Correa , Francisco Macaya Danús , Javier Saavedra Chandía , Gastón Winter Etcheberry , Gonzalo Espinoza Sandoval , Fidel Marzán Pinto , Carolina Sabag Villalobos , Jorge Yeomans Araya , Gael Fernández Allende, Maya Matta Aragay, Manuel
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Paulsen Kehr , Diego Rey Martínez, Hugo
-Se abstuvieron los diputados señores:
Álvarez Ramírez , Sebastián Celis Montt , Andrés Luck Urban , Karin Pérez Lahsen , Leopoldo Berger Fett , Bernardo Cid Versalovic , Sofía Molina Magofke , Andrés Undurraga Gazitúa , Francisco Castro Bascuñán , José Miguel Kast Sommerhoff , Pablo Pardo Sáinz , Luis Urrutia Bonilla , Ignacio
El señor PAULSEN (Presidente).-
Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .
El señor ILABACA (vía telemática).-
Señor Presidente, la semana pasada me trasladé en mi vehículo desde Valparaíso a Valdivia y en el camino participé extraordinariamente en una comisión. El Secretario General me llamó la atención, señalándome que no era posible participar en una sesión estando a bordo de un vehículo. Sin embargo, hoy, durante toda la sesión, un parlamentario ha estado votando desde su vehículo.
Por su intermedio, solicito al Secretario General que aclare si ello es posible, y si lo es, pido ley pareja para todos. Además, pido que aclare si la votación desde un vehículo tiene validez o no.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ROJAS (Secretario accidental).-
Señor diputado, el acuerdo adoptado incluso establece borrar la pantalla cuando un parlamentario está en un auto. Por lo tanto, no está permitida la votación a bordo de un vehículo.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Hugo Rey .
El señor REY (vía telemática).-
Señor Presidente, hago reserva de constitucionalidad respecto del artículo 4 -ya lo hizo el diputado Jaime Bellolio respecto del artículo 2- y en general respecto de todo el proyecto, porque contraviene el artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la República, el cual preceptúa que “Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos,…”.
Por consiguiente, un nuevo y excepcional período establecido para la asignación de beneficios estudiantiles, dirigido a quienes no hayan postulado o accedido a esos beneficios en el período regular, implica hacer ajustes de carácter financiero y presupuestario de las arcas fiscales, lo que transgrede explícitamente la norma en comento y podría irrogar un mayor gasto fiscal cercano a cien mil millones de pesos.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Se dejará constancia de su reserva.
Despachado el proyecto al Senado.
Para referirse a un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado José Miguel Castro .
El señor CASTRO, don José Miguel (vía telemática).-
Señor Presidente, lo que dijo el diputado Ilabaca puede ser así, pero recordemos que estamos en una semana distrital, y si el parlamentario no va manejando, no veo ninguna imposibilidad para que pueda votar.
Por lo tanto, pido tener eso en consideración para que se haga valedero su voto. He dicho.
RETENCIÓN OBLIGATORIA DE MONTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DESDE REMUNERACIÓN DEL ALIMENTANTE (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 13465-18)
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, en materia de retención de parte del sueldo del alimentante, para garantizar el pago de la pensión.
Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para el uso de la palabra se otorgarán 3 minutos base por bancada, más 30 minutos distribuidos de forma proporcional.
Diputado informante de la Comisión de Familia y Adulto Mayor es el señor Andrés Longton .
Antecedentes:
-Moción, sesión 17ª de la presente legislatura, en miércoles 29 de abril de 2020. Documentos de la Cuenta N° 4.
-Informe de la Comisión de Familia y Adulto Mayor. Documento de la Cuenta N° 23 de este boletín de sesiones.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor LONGTON (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que modifica la ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, en materia de retención de parte del sueldo del alimentante, para garantizar el pago de la pensión.
El proyecto se inició en moción de las diputadas Natalia Castillo, Pamela Jiles , Francesca Muñoz y Ximena Ossandón , y de los diputados Sebastián Keitel , Luis Rocafull , Gustavo Sanhueza , Frank Sauerbaum , Raúl Soto y Andrés Longton .
La idea matriz o central del proyecto es modificar la ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, con el objeto de consagrar, como medio de pago obligatorio de toda obligación de alimentos, la retención del monto de estos desde la remuneración del alimentante o del pago de la pensión, eliminando la facultad que asiste a este último para solicitar una sustitución de dicho mecanismo de pago.
Los autores de la iniciativa señalan que el pago de la obligación de alimentos es un constante problema, que hoy, por las circunstancias que vive el país, se ha tornado aún más grave. Según datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, solo el 16 por ciento de los obligados al pago de alimentos cumple de manera oportuna y sin retraso, lo que significa que el restante 84 por ciento presenta un atraso de mayor o de menor entidad, el que en alrededor del 60 por ciento de los deudores es de carácter grave; es decir, presentan tres o más pensiones alimenticias impagas.
La situación descrita anteriormente altera fuertemente la vida de muchos alimentarios, por cuanto afecta a miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que no reciben oportunamente los recursos necesarios para su mantención y desarrollo, considerando, además, las otras obligaciones alimenticias que establecen los artículos N° 321 y siguientes del Código Civil, no solo entre padres e hijos, sino respecto de otros vínculos familiares, los que muchas veces ocurren en situaciones de vulnerabilidad: hijos o padres enfermos, cónyuges en igual condición, etcétera.
Si los hechos anteriormente señalados son graves en un período de normalidad, se ha estimado que en el período de crisis por alerta sanitaria y estado de excepción constitucional de catástrofe que vive el país, estos aumentarían ostensiblemente.
Por lo mismo, el gobierno ha presentado un proyecto de ley que busca informar como mora comercial en Dicom las deudas por alimentos, entre otras medidas que se han propuesto y estudiado, como la que dispone el cargo de estas deudas a los ahorros previsionales.
En el caso del proyecto en informe, sus autores señalan que a la situación excepcional por la que atravesamos se suma el hecho de que la vía legal conducente al cobro compulsivo de estas deudas exige al reclamante comparecer ante los tribunales, normalmente representado por un abogado, lo que además exige recursos y tiempo para obtener el pago de la obligación insoluta.
En efecto, el artículo 8 de la ley N° 14.908, que regula esta materia desde 1962, dispone un procedimiento judicial ejecutivo o de apremio para el pago, haciendo efectiva la retención del monto de la deuda por parte del empleador del deudor, si mantuviera una relación laboral formal. Sin embargo, la misma ley presenta una excepción, que es la facultad del alimentante de solicitar otro mecanismo de pago de la obligación de alimentos, ofreciendo una caución, lo que se transforma en una vía para alterar el pago regular de la obligación, que se verifica muy positivamente con la retención.
Estos son los fundamentos que nos han llevado a suscribir este proyecto de ley, planteando la imperiosa necesidad de modificar el artículo 8 de la ley N° 14.908, para eliminar la facultad de alterar la retención como mecanismo de pago, permitiendo que dicho mecanismo sea la regla general del pago de toda obligación de alimentos.
En las audiencias públicas celebradas por la Comisión de Familia y Adulto Mayor se valoró la tramitación de los proyectos aludidos, pues existen muchas mujeres y hombres que están pasando hambre junto a sus hijos por el incumplimiento del pago de pensiones alimenticias, a lo cual, lamentablemente, deben agregarse las situaciones de violencia física y económica.
Se hizo presente que actualmente existe un vacío legal en la materia que aborda el proyecto de ley, toda vez que la retención judicial de las pensiones alimenticias por parte de los empleadores debiese ser la regla general y no la excepción, toda vez que, conforme al artículo 8 de la ley N° 14.908, dicha medida es facultativa para el juez y no obligatoria.
Lamentablemente, la legislación de familia permite que el demandado que tenga un trabajo dependiente pueda solicitar al juez, por una sola vez, con fundamento plausible, en cualquier estado del juicio y antes de la dictación de la sentencia, que sustituya por otra modalidad de pago la retención por parte del empleador, siempre que dé garantías suficientes de pago íntegro y oportuno. Sin embargo, dicha situación se da de manera muy escasa en la realidad, y lo que constituye la regla general se transforma en excepcional.
Por esa razón, el proyecto propone suprimir la disposición que así lo autoriza, debido al alto grado de incumplimiento que existe, lo que incluso se ve agravado por la pandemia.
Por lo tanto, el hecho de que la regla general sea el descuento y la retención de la pensión por parte del empleador entregaría certeza respecto del momento del pago de los alimentos, y seguridad y protección a los alimentarios.
Asimismo, se consideró la situación de los trabajadores independientes, respecto de los cuales se puede solicitar la retención de la devolución del impuesto a la renta, pero ello ocurre solo una vez al año. En este sentido, se planteó que al alimentante que trabaje a honorarios, después de dos o tres meses que emita boletas a una persona o empresa definida, se le pueda comenzar a retener la pensión alimenticia.
Sin embargo, el problema que se presenta no es únicamente que dicha devolución se produce una vez al año, sino que la mayoría de las veces los alimentantes sencillamente no quieren pagar la pensión, y no precisamente por la falta de recursos.
En definitiva, la Comisión de Familia y Adulto Mayor aprobó la eliminación de los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 8 de la ley N° 14.908, que posibilitan la sustitución de la retención de la pensión alimenticia por parte del empleador.
Destaco que hubo consenso general en cuanto a la necesidad de aprobar este proyecto y enriquecerlo a través de indicaciones, que también contaron con la unanimidad de la comisión. En efecto, una de estas amplía la aplicación del artículo 8 por parte de la persona que contrata los servicios a honorarios o la entidad pagadora de las pensiones, a fin de que retenga y entregue la suma o cuotas periódicas fijadas en ellas directamente al alimentario, a su representante legal o a la persona a cuyo cuidado esté.
También se aprobó una indicación que dispone: “Salvo estipulación en contrario, tratándose de alimentantes que sean trabajadores dependientes, trabajadores independientes sujetos a contratos de honorarios, o que perciban una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, el juez ordenará como modalidad de pago de la pensión acordada la retención por parte del empleador, la persona que contrata los servicios a honorarios o la entidad pagadora de las pensiones referidas.
Esta modalidad de pago se decretará, sin más trámite, toda vez que el alimentante no cumpla con la obligación alimenticia acordada en tiempo y forma.”.
Por último, se aprobó la incorporación de un nuevo artículo 11 bis a la ley N° 14.908, del siguiente tenor: “El empleador del alimentante, quienes lo contraten a honorarios o la entidad que pague su pensión; y que se encuentren obligados a practicar la retención judicial, deberán efectuar el descuento del monto correspondiente a los alimentos decretados o aprobados judicialmente, inmediatamente después de los descuentos obligatorios correspondientes a impuestos y cotizaciones obligatorias de seguridad social.”.
Por todas estas razones, solicito a la Sala que dé su total aprobación a este proyecto de ley, que persigue la protección de miles de padres, madres y menores en el país.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Andrés Celis Montt .
El señor CELIS (don Andrés).-
Señor Presidente, el presente proyecto de ley tiene como objeto central modificar la ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, con la finalidad de consagrar como medio de pago obligatorio de toda obligación de alimentos, la retención del monto de estos desde la remuneración del alimentante o del pago de la pensión, eliminando la facultad que asiste a este último para solicitar una sustitución de dicho mecanismo de pago.
Por lo mismo, según los datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, solo el 16 por ciento de los obligados al pago de alimentos cumple de manera oportuna y sin retraso con aquello, lo que redunda en que el restante 84 por ciento presenta un atraso de mayor o menor entidad y que alrededor del 60 por ciento del atraso de los deudores es de carácter grave; es decir, con tres o más pensiones alimenticias impagas.
La situación anterior altera fuertemente la vida de muchos beneficiarios de la obligación, en especial de miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes no reciben oportunamente los recursos necesarios para su desarrollo, como asistir al colegio para estudiar, entre otros. No cabe duda de que como consecuencia de la crisis que se vive en el país, por la pandemia de covid-19, aumentarán los casos de no pago de pensiones de alimentos.
En razón de lo anterior, además de manifestar mi apoyo a este proyecto de ley y de felicitar a su autor, el diputado Arturo Longton , deseo reiterar que siempre está primero el interés superior del niño.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Carolina Marzán Pinto .
La señora MARZÁN (doña Carolina) [vía telemática].-
Señor Presidente, en la Comisión de Familia y Adulto Mayor hemos trabajado de manera transversal en una serie de proyectos que tienen un solo norte: que las pensiones de alimentos se paguen.
Numerosos son los casos en que esa obligación se entiende como una opción. Se relativiza el sentido del deber ante las posibilidades de eludirla por diversos motivos.
En 2019, el 33 por ciento de las causas ingresadas por la Corporación de Asistencia Judicial estaba vinculado justamente a los alimentos. De esa estadística se desprenden otros porcentajes, que dicen relación, por ejemplo, con que el 60 por ciento de los demandados no paga la pensión alimenticia. Aun más, el 20 por ciento de los condenados incumple con esa obligación. A pesar de los apremios, persiste la idea de no pagar, lo que nos hace pensar en la posibilidad de un desajuste cultural arraigado, lo que es grave.
Se ha entendido históricamente, por una preconcepción binaria errada de los roles de la sociedad, que culturalmente los hombres se involucran poco en el bienestar del niño, niña o adolescente, lo que hace que desconozcan cuáles son sus reales necesidades. Esta noción, en la que los padres tienden a desvincularse de sus hijos, por diversos motivos, debe ser reemplazada por una expresa comprensión del interés del niño o niña, ya que de no cumplir con tal obligación se daña al propio hijo o hija.
Hacia ese cambio cultural estructural se debe apuntar a través de todas las modificaciones legales que estamos haciendo en esa dirección. De hecho, si revisamos cuáles son las causas que esgrimen quienes no pagan la pensión alimenticia, según datos de la Corporación de Asistencia Judicial de Santiago, destacan, por ejemplo, la falta de recursos por la formación de un nuevo grupo familiar, la imposibilidad de pago por falta de trabajo y por enfermedad y la mera desidia o desinterés. Lo reitero: ¡desidia o desinterés!
Incluso, podríamos agregar hoy que la pandemia ha golpeado el bolsillo de muchos, lo que claramente puede ser esgrimido como argumento. Pero el interés superior del niño siempre debe sobreponerse, aun en situaciones desventajosas, porque resulta que muchas madres deben responder siempre y sin excusas.
Debemos detener este abuso y dejar de tolerar situaciones que parecen normalizadas. Hay madres en tribunales que pareciera que estuvieran mendigando por este mínimo que constituye un derecho de los niños, niñas y adolescentes.
Derribar los obstáculos o barreras para el pago efectivo de la pensión alimenticia es una realidad que deben contemplar los proyectos que debemos aprobar, porque tienen pleno sentido ante un escenario en que el pago no es la regla general, lo que vulnera los derechos de todos ellos y ellas, al incumplirse con un deber que debiera concebirse como esencial e ineludible.
En consecuencia, debemos apoyar este proyecto.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Gustavo Sanhueza Dueñas .
El señor SANHUEZA (vía telemática).-
Señor Presidente, primero que todo, agradezco infinitamente al diputado Longton por habernos invitado a participar en este proyecto de tremenda importancia, el cual debemos dimensionar en su justa medida.
Existen altas cifras de incumplimientos y de atrasos en el pago de las pensiones alimenticias, los que en muchos casos llegan a ser muy graves, con dos, tres o incluso más cuotas impagas, con el obvio perjuicio que ello produce en nuestros niños, niñas y adolescentes, a quienes les corresponde ese derecho.
La constatación de esa enorme cantidad de incumplimientos nos ha motivado a los integrantes de la Comisión de Familia y Adulto Mayor a adoptar medidas que vayan en la línea de revertir esa situación tremendamente escandalosa. Es una vergüenza que como país tengamos esa cantidad de personas que incumplen el pago de la pensión alimenticia.
Dicho esto, creo que es fundamental que el gobierno ancle esa situación con los posibles beneficios que pueda haber para incentivar el empleo pospandemia. Debemos tomar las medidas de resguardo necesarias para que las pensiones alimenticias se paguen en las fechas y con la periodicidad que corresponde, porque ningún niño, niña o adolescente que tenga derecho a recibir ese beneficio debe quedar esperándolo. Es responsabilidad de los padres y las madres cumplir con ese pago.
En ese sentido, cuando pase la crisis sanitaria, tenemos claro que el gobierno deberá invertir fuertemente para incentivar y motivar la contratación para ir saliendo de la crisis económica que se va a producir. Entre otros incentivos, se deberá contemplar que el pago efectivo de las pensiones alimenticias sea prioritario, tal como se establece en este proyecto de ley, a fin de que después de los descuentos legales de salud y de previsión social se realice el pago de la pensión alimenticia.
Sin duda, lo que propone esta iniciativa es un avance importante, porque establece como algo esencial, así como norma general, que el pago sea descontado por planilla al deudor alimentante, para dar cumplimiento fidedigno y preciso en el tiempo que corresponde al pago de la pensión alimenticia.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Francesca Muñoz González .
La señora MUÑOZ (doña Francesca) [vía telemática].-
Señor Presidente, destaco el apoyo transversal que obtuvo el proyecto en la Comisión de Familia y Adulto Mayor, en donde se escuchó a organizaciones sociales y a expertos en derecho de familia. Claramente, ese apoyo permitió que pudiéramos despacharlo rápidamente.
En cuanto a las pensiones de alimentos en nuestro país, sin duda, son un tema pendiente que debemos abordar con urgencia. De acuerdo con datos de la Corporación de Asistencia Judicial, un tercio de las causas de familia están vinculadas a pensiones de alimentos, que en 2018 alcanzaron a 38.000 causas, lo que indica que es una situación que afecta a miles de familias en nuestro país.
La realidad es más preocupante si consideramos que, de acuerdo con cifras entregadas por el Poder Judicial, más del 60 por ciento de los demandados por pensión de alimentos no cumple con su obligación. Ello implica que son miles de niños, niñas y adolescentes los que dejan de recibir ese ingreso vital para cubrir sus necesidades más básicas.
Si bien el proyecto es una modificación legal menor, su impacto en la práctica y, sobre todo, en la reducción de la tasa de incumplimiento del pago de pensiones de alimentos puede ser muy significativo; es un paso que puede hacer la diferencia para muchas familias.
Aún quedan muchos temas pendientes para que lleguemos a tener un sistema que garantice realmente el pago íntegro y oportuno de las pensiones de alimentos adeudadas. Así, por ejemplo, debemos modernizar y perfeccionar el sistema de sanciones, y cambiarlo por uno que, junto con la sanción, establezca medidas que garanticen el pago de la pensión, ya que a pesar de las sanciones, las pensiones de alimentos continúan impagas. Por ello, creo que la sanción debe estar directamente relacionada con el pago efectivo de la pensión.
Asimismo, espero que el proyecto que establece un registro de deudores de alimentos sea prontamente tramitado en el Senado y luego acá, en la Cámara de Diputados.
Fueron varias las oportunidades en que solicitamos al Ejecutivo el envío del proyecto de registro de deudores de pensión alimenticia, por lo que valoramos enormemente que finalmente se haya presentado, dado que, de acuerdo con la experiencia comparada, creemos que es una medida que puede contribuir en gran manera a garantizar el pago de las pensiones de alimentos en el área de la informalidad, sector al que pertenecen la mayoría de los deudores.
Por otro lado, considero que debemos fomentar con mayor fuerza valores como la responsabilidad, desde todos los niveles educacionales, a fin de, por decirlo así, producir un cambio cultural, ya que, más allá de las sanciones y medidas que se puedan adoptar, si la persona entiende el nivel de responsabilidad que le compete el hecho de tener un hijo o hija, cumplirá con dicho deber, incluso más allá de lo que la ley indica.
Votaré a favor del proyecto.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Matías Walker Prieto .
El señor WALKER [vía telemática].-
Señor Presidente, por su intermedio agradezco el completo informe entregado por el diputado Longton , principal autor del proyecto.
En estos tiempos de pandemia, destaco lo que significa la aprobación que esperamos dar el día de hoy al proyecto de ley que facilita el pago de pensiones alimenticias, asegurando y reteniendo de forma más efectiva el pago del alimentante al alimentario, terminando con la posibilidad que tiene el alimentante de elegir sustituir el medio de pago, pues, obviamente, aquella opción le debe corresponder siempre al alimentario y no al alimentante, y así se deja establecido en el proyecto de ley.
Efectivamente, como se ha señalado, las cifras son preocupantes. Alrededor del 84 por ciento de las obligaciones de alimentos tienen algún retraso en su cumplimiento y cerca del 60 por ciento de los deudores de alimentos tiene un retraso grave, superior a 3 pensiones impagas. Por lo tanto, es fundamental incluir la modalidad de retención de las obligaciones de alimento no solo por parte del empleador, sino también por parte de quien está encargado de pagar los honorarios y, también, que puedan retenerse sobre el pago de la pensión en el caso de beneficiarios de pensiones de vejez, de invalidez o de sobrevivencia.
Efectivamente, es muy importante que aprobemos el proyecto de ley. Pensemos en las mujeres que no pueden acceder a los tribunales de familia para ejercer el derecho de alimentos. Es por ello que en el debate de la recién promulgada ley que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, mediante el cual se suspenden las audiencias y las actuaciones judiciales, dejamos expresamente establecido como excepción el caso de los tribunales de familia, para que sigan funcionando durante el tiempo de pandemia. Fue una de las excepciones que establecimos, al igual que la de los juzgados de garantía respecto de las audiencias de control de detención. Aun así, obviamente, a quien reclama una pensión de alimentos durante la pandemia se le dificulta mucho poder recurrir a los tribunales de familia para ejercer ese derecho.
Entonces, una mayor variedad de vías de retención del empleador al trabajador que es sujeto de la obligación del pago de alimentos, ya sea descuento por planilla, contratos a honorarios, pago de boletas o pago de pensiones, es señal de que vamos en la dirección correcta. Así que espero que aprobemos el proyecto el día de hoy. Estoy seguro de que, como Democracia Cristiana, así lo ratificaremos con nuestros votos en esta sesión.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Karol Cariola Oliva .
La señora CARIOLA (doña Karol) [vía telemática].-
Señor Presidente, me parece relevante hacer una pequeña observación en esta sesión.
Me refiero a que desde la bancada del Partido Comunista planteamos, en reunión de Comités, la necesidad de llevar adelante la tramitación de los proyectos de ley vinculados al pago efectivo de pensiones alimenticias, que es un tema que venimos tratando desde hace mucho tiempo y que nos tomó bastantes meses llevar adelante en la Comisión de Familia y Adulto Mayor.
Se trata de siete proyectos de ley que fueron refundidos y que abordan materias concretas en relación con un registro nacional de deudores de alimentos. La iniciativa establece que los alimentos se deben desde que se constituye la obligación de pagarlos y no desde el cese de convivencia, como en el caso del matrimonio. Asimismo, consagra nuevas medidas de apremio, con el objeto de que se torne más gravoso el incumplimiento del deudor, con el fin de reducir los índices de incumplimiento de pago de pensión alimenticia. Además, excluye la edad del alimentante como circunstancia extraordinaria para no pagar los alimentos decretados por los tribunales de justicia. Por último -es lo más importante-, establece como constitutivo de violencia intrafamiliar el incumplimiento reiterado del pago de alimentos.
Me parece extremadamente relevante comentar que este ha sido un tema de mucha preocupación para la Comisión de Familia, por todos los antecedentes entregados por mis colegas, ya que el no pago de la pensión alimenticia para los niños o niñas que están a cargo o bajo la tutela de uno de los dos padres no solo representa una contraposición a los derechos fundamentales de los niños y niñas, como es el derecho a la alimentación, sino que también constituye un mecanismo de violencia económica hacia quienes se hacen cargo del cuidado de su hijo o hija, que mayoritariamente son las mujeres.
En ese ámbito, llevamos adelante un proceso de tramitación muy ágil, con muchas organizaciones que trabajaron en esto, especialmente la ONG Acción Mujer y Madre, que fue parte activa del proceso de discusión y de propuesta.
Lamentablemente, ese proyecto de ley, que involucra siete iniciativas refundidas, no fue puesto en tabla el día de hoy, no obstante que se solicitó de forma expresa, ya que fue tramitado hace varias semanas, casi un mes, por parte de la Comisión de Familia, y solo se puso en tabla el proyecto en debate.
Lamento que no se haya dado la unanimidad para que se discutieran las dos iniciativas en conjunto, porque este proyecto de ley del diputado Longton , que sin lugar a dudas es una propuesta que contribuye, que ayuda, es complementario del marco general de mecanismos que establecimos para hacer efectivo el pago de las pensiones alimenticias, como parte del cual consideramos que el no pago de dichas obligaciones es un mecanismo de violencia intrafamiliar.
Digo lo anterior, porque en esta discusión no se puede pasar por alto lo que considero un error de la Mesa, en cuanto a poner en tabla este proyecto y no el que se había solicitado inicialmente. Si bien este proyecto de ley ayuda y complementa -estamos disponibles para apoyarlo en general-, existen observaciones que me parecen relevantes, relativas a la necesidad de generar algunas modificaciones.
Ya que este proyecto no se verá nuevamente en la comisión, sino que probablemente será despachado al Senado, espero que en esa instancia legislativa se dé la posibilidad de generar las modificaciones que quedan pendientes, con el objeto de mejorarlo. Se trata de una iniciativa que tiene una muy buena intención detrás, y espero que finalmente logre su objetivo.
Digo esto, porque el proyecto incorpora, en el caso del trabajador dependiente sujeto a contrato de honorarios, la retención de honorarios por parte del empleador cuando una resolución judicial ordene el pago de una obligación de alimentos provisorios o definitivos. Además considera a los trabajadores independientes sujetos a contratos a honorarios. En ese aspecto, vemos que se podrían presentar algunas dificultades en su implementación, especialmente en relación con los trabajadores informales.
Es necesario detallar eso un poco más, sería bueno revisarlo. También se debiera revisar la retención de las pensiones en el caso de los adultos y adultas mayores, de los abuelos y de las abuelas que muchas veces deben asumir la responsabilidad del no pago de pensiones por parte de quienes las adeudan.
Creo que eso también genera…
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Señorita diputada, terminó el tiempo de su intervención.
Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo Ortiz .
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, valoro positivamente la iniciativa que estamos discutiendo hoy en la Sala. Es un paso importante para que en nuestro país se paguen las pensiones alimenticias.
No obstante lo anterior, seamos claros: no sé cuántas leyes, cuántas modificaciones legales más deberemos hacer para que, de una vez por todas, se paguen las pensiones alimenticias.
Hay algo que no logro entender, cual es que se modifica una y otra vez la ley, pero cuando llega el momento de los quiubos, cuando se revisan las estadísticas, las cifras frías, y se verifica si se está cumpliendo el objetivo de que se paguen las pensiones alimenticias, la respuesta es muy simple: no.
Aquí se han dado a conocer cifras abismantes, que muestran que el retraso en el pago de tales obligaciones parece ser algo habitual.
Entonces, me pregunto: ¿Quienes no pagan las pensiones alimenticias son personas tan poderosas que, incluso, son capaces de lograr que los tribunales de familia no actúen en concordancia con la legislación vigente? ¿Son personas tan poderosas que ni siquiera la PDI las encuentra?
¿Por qué motivo en nuestro país no se cumple con el pago de las pensiones alimenticias? Los jueces nos dicen: “Modifiquen la ley”; sin embargo, aun cuando se modifica, colocando por delante el interés superior de los niños, como se ha dicho aquí en reiteradas ocasiones, los resultados concretos demuestran que seguimos en la misma situación.
De hecho, en medio de la situación que estamos viviendo, no se han podido implementar las acciones de apremio legítimo que sí se podrían hacer cumplir, como el arresto nocturno o la suspensión de la licencia de conducir, porque los tribunales de familia prácticamente no están operando.
Si bien es cierto el Presidente de la Corte Suprema ha dicho que, a través de la acción telemática, los tribunales de justicia funcionan estupendamente bien -¡no sé en qué país vive!-, quienes vivimos en Chile sabemos que no están funcionando, y, en el caso particular de los tribunales de familia para todo lo que se refiere a las pensiones alimenticias, menos todavía.
Valoro el paso que estamos dando hoy, aunque es pequeño, como muy bien dijo la diputada Karol Cariola , pues existen otras iniciativas que son mucho más duras y enérgicas, como por ejemplo el “Dicom” de las pensiones alimenticias. En ese caso, lo que sucedió es que después de que varios parlamentarios presentamos la iniciativa que crea el “Dicom” de las pensiones alimenticias, que se discutió en la Comisión de Familia y Adulto Mayor, el gobierno, en lugar de respaldarla, no encontró nada mejor que presentar un nuevo proyecto, el cual está durmiendo en el Senado.
El gobierno podría poner urgencia al proyecto que establece el Dicom para los deudores de las pensiones alimenticias, lo cual permitiría restringir una serie de actos que hoy pueden cumplir esas personas. No le quepa la menor duda de que sería muy efectivo, por ejemplo, impedir la renovación de la licencia de conducir, del carné de identidad, o la realización de cualquier trámite en el Servicio de Registro Civil e Identificación. Tales medidas están contempladas en la iniciativa que se discutió en la Comisión de Familia y Adulto Mayor, que establece las penas del infierno para quienes no cumplan con el pago de las pensiones alimenticias.
Entonces, se requieren medidas mucho más efectivas que las contempladas en el proyecto que hoy discutimos.
Lamentablemente -digámoslo con claridad-, han fallado los tribunales, ya que no están haciendo cumplir la ley. Creo que nos vamos a sentar muchas veces en esta Sala a discutir modificaciones a diversas materias relacionadas con pensiones alimenticias, pero vamos a llegar a la misma conclusión de hoy: que un número importante de ellas no se paga.
Existe una responsabilidad de los tribunales de familia, principalmente porque no están cumpliendo con la labor rigurosa de exigir y de hacer cumplir el pago de las pensiones alimenticias. Nosotros podremos seguir haciendo muchas modificaciones a la ley vigente y presentando proyectos de ley, pero si los tribunales de familia no hacen cumplir la ley y la PDI no hace su trabajo, las cifras seguirán mostrando que un gran número de pensiones alimenticias no se paga.
En otros países se cumple la ley, se pagan las pensiones alimenticias. En Chile parece que quienes no lo hacen están protegidos no sé por quién; no se sabe quién los protege, quién los ayuda a burlar la ley y a no pagar las pensiones alimenticias. En la situación de crisis sanitaria que atraviesa el país, debe ser desgarrador el drama que están viviendo muchas madres.
Insisto: los tribunales de justicia y la PDI brillan por su ausencia, porque quienes no pagan las pensiones alimenticias se desplazan con todo descaro por el país y a veces hasta se burlan por no hacerlo.
Ha llegado el momento de que los tribunales de justicia y los tribunales de familia hagan su pega. Nosotros vamos a seguir haciendo modificaciones legales, pero lo más importante es que los tribunales hagan cumplir la ley.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Jorge Sabag Villalobos .
El señor SABAG (vía telemática).-
Señor Presidente, este proyecto nos permite abordar el importante tema del pago de las pensiones de alimentos, lo cual, como muy bien se ha dicho aquí, constituye una verdadera violencia de género, una violencia contra la mujer.
Más del 84 por ciento de las pensiones alimenticias decretadas judicialmente no se paga. Como consecuencia, muchos alimentantes van a parar a la cárcel, cumplen reclusión nocturna. En suma, solamente un 16 por ciento de los alimentantes paga.
Eso afecta gravemente a mujeres que son madres y trabajadoras de nuestro país, quienes, sobre todo en el contexto de esta pandemia que vivimos, no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus hijos.
Existen diversas iniciativas que, como dijo el diputado Naranjo , son mucho más estrictas y severas. Recuerdo a la Sala que, con las entonces diputadas Karla Rubilar , María Antonieta Saa y María Angélica Cristi , presentamos una iniciativa para que, como ocurre en España y en otros países, el Estado subrogue el pago de las pensiones de alimentos y después las cobre a los que no las pagan. En este sentido, sería una iniciativa muy innovadora y vanguardista, que permitiría asegurar las pensiones de alimentos.
También se ha mencionado el “Dicom” de las pensiones alimenticias, que establece una serie de trabas para aquellas personas que no pagan las pensiones a pesar de que están en condiciones de hacerlo. La idea es que esas personas encuentren una serie de restricciones al momento de obtener el permiso de circulación, efectuar trámites en el Registro Civil o postular a cargos públicos. Sería casi una inhabilidad para quienes no cumplan con esa obligación tan fundamental y básica para el desarrollo de un pueblo, cual es que los hijos dispongan de alimentos suficientes.
Este proyecto de ley, que es bastante sencillo, busca eliminar los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 8° de la Ley de Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, que permiten al demandado dependiente solicitar al juez, por una sola vez, con fundamento plausible, en cualquier estado del juicio y antes de la dictación de la sentencia, que sustituya, por otra modalidad de pago, la retención por parte del empleador, siempre que dé garantías suficientes de pago íntegro y oportuno. Eso genera un incidente dentro del juicio que dilata aún más la sentencia y, por tanto, el pago de la pensión alimenticia.
Por lo tanto, me parece razonable, sobre todo en este período de pandemia, no dilatar más el pago de alimentos. A ello hay que agregar que los tribunales están funcionando en forma anormal.
Repito: lo señalado en los incisos que se persigue derogar contribuye a dilatar aún más el juicio para obtener la sentencia que permita pagar la pensión de alimentos.
Vamos a respaldar el proyecto, cuyo autor principal es el diputado Andrés Longton , pues va en la línea de apoyar a las mujeres.
Sabemos que esto es insuficiente; necesitamos apretar un poco más la mano, tener una legislación que permita ser más eficaces y que se cumpla el pago de las pensiones alimenticias, que es fundamental para los niños y niñas de nuestro país.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, en forma telemática, la diputada Natalia Castillo Muñoz .
La señora CASTILLO (doña Natalia) [vía telemática].-
Señor Presidente, para nadie es un misterio que el pago de pensiones alimenticias es una fuente de injusticia enorme para los niños y niñas de nuestro país. Todos conocemos casos trágicos y terribles en que deudores, mayoritariamente hombres, utilizan el pago de las pensiones alimenticias como un mecanismo de presión y de chantaje, buscando formas para evadir su responsabilidad, lo que implica una evidente vulneración de derechos.
Lo que quizás se desconoce son las cifras. Antes del inicio de la crisis sanitaria, el 86 por ciento de las pensiones alimenticias decretadas por un tribunal no se estaban pagando en tiempo y forma, situación que se ha agravado mucho más durante esta pandemia.
He tenido la oportunidad de reunirme con diversas organizaciones de madres. Muchas han visto disminuidos sus ingresos o, derechamente, los han perdido. Ante la desidia de los padres, las madres deben obtener recursos por sí mismas para alimentar a sus hijos e hijas.
Cuando una habla de cifras es difícil ver lo que hay detrás, porque nos referimos a niños. No pagar la pensión de alimentos es ejercer violencia, en la mayoría de los casos, contra las mujeres, madres que han debido sacar solas a sus hijos adelante, pero, por sobre todo, es violencia contra los niños.
Por eso, hemos pedido reiteradamente que se ponga en tabla el proyecto, que ya despachamos hace meses en la Comisión de Familia y Adulto Mayor, que establece como violencia intrafamiliar el no pago reiterado de pensiones de alimento, ordena la confección de un registro público de morosos y endurece las sanciones. En ese marco, los integrantes de la Comisión de Familia y Adulto Mayor presentamos este proyecto complementario. Si bien sabemos que no va a solucionar el problema de fondo, contribuirá a que el alimentante deje de evadir su responsabilidad legal para con sus hijos.
También sabemos que la desidia y el no pago de pensiones no pueden solucionarse solo por ley. Ello requiere de un cambio profundo que deje de considerar la paternidad como una ayuda y ponga la corresponsabilidad como norte.
La ley vigente establece que las resoluciones judiciales que ordenen el pago de una pensión alimenticia por un trabajador dependiente establecerán, como modalidad de pago, la retención por parte del empleador. La resolución judicial que así lo ordene se notificará a la persona natural o jurídica que, por cuenta propia o ajena o en el desempeño de un empleo o cargo, deba pagar al alimentante su sueldo, salario o cualquier otra prestación en dinero, a fin de que retenga y entregue la suma fijada. Sin embargo, la ley contempla la posibilidad de que el alimentante evite esa retención del empleador, ofreciendo mecanismos que, muchas veces, se usan solamente para evadir el pago de la pensión de alimentos.
Lo que sucede en la práctica es que un tribunal casi nunca logra decretar la retención por parte del empleador, por lo que se usa y abusa de los mecanismos alternativos para no pagar las pensiones de alimentos.
Este proyecto modifica esa norma e invierte la lógica, estableciendo como regla general la retención por parte del empleador, de modo de asegurar el pago íntegro y oportuno de las pensiones de alimentos, salvo que haya un acuerdo previo entre las partes.
Eso hará que en los casos en que el padre sí tiene un empleo y sí puede pagar, pero no lo hace solo por mala fe, por descuido o, derechamente, por desidia, se encuentre obligado a hacerlo mediante esta modalidad y no tenga la posibilidad de distraer recursos o utilizar ese porcentaje de sus ingresos para otros fines. La iniciativa ayudará a un universo no menor de niños, niñas y adolescentes, tomando en consideración el alto nivel de impagos en materia de pensión de alimentos.
Por lo expuesto, apoyaremos el proyecto. Insto a que, ojalá, sea aprobado por la unanimidad de la honorable Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Eduardo Durán Salinas .
El señor DURÁN (don Eduardo).-
Señor Presidente, la obligación del pago de alimentos, que se conoce como pensión alimenticia, ha sido un drama de nunca acabar en Chile. Uno esperaría que los niños estuvieran siempre a resguardo para que logren su pleno desarrollo físico, espiritual, emocional y material; que tengan una familia, un padre y una madre que estimulen su formación y crecimiento integral. Sin embargo, la realidad nos dice que en un alto porcentaje esto no se puede lograr. Dentro de esa realidad, no podemos dejar de preocuparnos y ocuparnos de esos niños que quedan indefensos. Cuando decimos que queremos que los niños sean los primeros en la fila, este proyecto viene a apoyar concretamente esa intención.
Cuando las personas deben llegar a tribunales para solucionar el problema del pago de la pensión alimenticia es porque fallaron todos los mecanismos voluntarios de acercamiento. Para profundizar ese drama, solo un 16 por ciento de los alimentantes cumple a tiempo su obligación, y de ese total, el 60 por ciento son deudores graves, o sea, adeudan tres o más pensiones.
Habrá muchas razones para explicar estos incumplimientos, los que con los efectos de la pandemia sobre el desempleo se agravan aún más. Así y todo, el pago de la pensión de alimentos es un deber para con los niños, niñas y adolescentes. No puede ser visto como una limosna; es un deber que no se puede postergar.
Este buen proyecto del diputado Longton , que busca retener el monto de la pensión alimenticia del sueldo del alimentante, tenía el inconveniente de que solo se aplicaba a trabajadores dependientes, pero debido a una indicación que propuse, la medida se extendió a trabajadores independientes y también a personas que reciben algún tipo de pensión.
En segundo lugar, presenté la indicación para que la obligación de la retención de la pensión que se le haga al alimentante tenga prioridad sobre otros descuentos por planilla. Las indicaciones fueron valoradas por la comisión e incorporadas en el texto del proyecto.
Señor Presidente, este es un paso que va en la dirección de proteger a los niños y adolescentes en su desarrollo integral.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, en nombre de la Federación Regionalista Verde Social, anuncio que vamos a votar a favor esta moción, porque nos parece de toda justicia.
Cuando uno ve las cifras y los niveles de pobreza que tienen actualmente las familias, constata que las complicaciones siempre tienen rostro de mujer y que, además de las desigualdades que tenemos en términos laborales, con un menor salario por ser mujer, tenemos muchos problemas en los montos de las pensiones al momento de jubilar, etcétera.
Yo diría que hay una larga lista de injusticias y desigualdades que sufrimos las mujeres.
Cuando somos madres y ocurre una separación al interior de la pareja, quedamos absolutamente desprotegidas, pero además con la complicación de mantener a nuestros hijos, de darles la educación que corresponde y, como dice la ley, de mantenerles las mismas condiciones en las cuales se encontraban cuando el matrimonio estaba bien o la pareja unida.
Por lo tanto, durante muchos años hemos hecho muchos esfuerzos en el Congreso para crear una legislación que permita cobrar las pensiones alimenticias, pero cuando escuchamos y vemos las cifras antes de la pandemia que indican que más de 86 por ciento de los padres no paga la pensión alimenticia, es decir, un nivel de falta de pago tremenda, uno se pregunta en qué estamos fallando y qué pasa hoy. Sin duda, votaremos a favor esta iniciativa, pero eso no ayuda a atacar el tema de fondo.
Escuchamos a varios diputados referirse a las distintas iniciativas, y hay una que es muy importante, cual es que el Estado se haga cargo del cobro. Para ello, deberíamos hacer un fondo con el cual se pueda pagar directamente las pensiones alimenticias y que el Estado, a través de los múltiples instrumentos que tiene, se haga cargo de la cobranza de esa deuda, que ahora sería con el Estado y no con los hijos y la mujer. Es decir, que el Estado se haga cargo de cobrar esa deuda con las múltiples plataformas y las distintas fórmulas que tiene de acercamiento al ciudadano y, en este caso, al deudor.
Este tema empobrece a la familia y además hace que los niños y niñas de ese matrimonio que se separó sufran las consecuencias de una decisión de los padres que perjudica su vida cotidiana, su educación e, incluso, sus derechos fundamentales.
Por eso, si los niños están primero, como dice el eslogan del Presidente, llamo al gobierno a buscar una solución real a este problema y a no creer que con algunos parches vamos a solucionar el tema como corresponde.
La cifra de no pago es una vergüenza para los derechos de las mujeres que tienen a cargo a sus hijos, así como también para los niños y niñas que están sufriendo esta desprotección absoluta.
Pido al gobierno que nos hagamos cargo de este problema. Creo que ninguno de los diputados que estamos en la Sala y en forma telemática se va a negar a legislar para hacer algo que efectivamente tenga resultados, en lugar de poner parches. Estamos intentando ayudar con un palito de fósforos, en circunstancias de que se necesita una tremenda hoguera para cobijar a muchas familias.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal .
La señora CARVAJAL (doña M.a Loreto).-
Señor Presidente, se ha dicho bastante respecto de que hoy existen muchos mecanismos para vulnerar un derecho tan esencial como es el derecho a alimentos que tienen los menores. Mientras se desarrolla la discusión entre los padres cuando se ha tenido que recurrir al procedimiento judicial, los niños muchas veces no tienen cómo cubrir sus necesidades básicas.
Lamentablemente, hoy esa es la realidad; muchas mujeres no pueden acceder a una representación judicial para que se decrete una orden que, en definitiva, obligue a los alimentantes a cumplir con su deber.
Creo que hoy, al igual que lo propusimos hace muchos años -soy autora de un proyecto que justamente iba en la línea que señaló la diputada Alejandra Sepúlveda -, debe haber un fondo nacional que cubra esas necesidades mientras dure la discusión y que luego el Estado, a través del Consejo de Defensa del Estado u otro organismo, debe compeler al cumplimiento por parte del demandado de alimentos. Las mujeres muchas veces no tienen la oportunidad de tener una buena representación judicial, y cuando la tienen, obviamente, los hijos menores pagan las consecuencias.
Yo abordaría el tema desde esa perspectiva y…
El señor PAULSEN (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señora diputada.
Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .
El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-
Señor Presidente, valoro este proyecto de ley que tiene como objetivo generar una mayor presión a aquellos padres -especialmente los hombres- que no pagan oportunamente la pensión de sus hijos. Sin embargo, el tema va más allá de aplicar normas, y lo digo porque todos los parlamentarios -incluyendo quien habla- creemos que aplicando normas vamos a solucionar los temas.
La Corporación de Asistencia Judicial es considerada la hermana pobre del Ministerio de Justicia. Esa corporación vive, en gran parte, de los aportes que entregan los municipios.
Ahora, quienes llevan muchas de las causas de las familias más vulnerables, que son las que más sufren por la falta de pagos, son aquellos postulantes que hacen la práctica durante seis meses, por lo que muchas veces el juicio queda a medias.
Por su parte, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial señaló que hay una nula modernización de ese organismo, que no cuenta con un presupuesto propio, que carece de una infraestructura acorde con la dignidad de los funcionarios, que falta un sistema informativo único que consolide la información de la gestión y estadísticas que transparenten la labor, además de ausencia de una dotación suficiente y reconocida.
En ese ámbito, la bancada del Partido Radical e Independientes va a presentar un proyecto que se está elaborando con el objetivo de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos modernice las corporaciones de asistencia judicial, para que tengan una planta estable de abogados que defiendan especialmente las causas de violencia intrafamiliar y, por cierto, de pensiones de alimentos. De lo contrario, las familias más pobres deberán seguir recurriendo a practicantes que son licenciados en ciencias jurídicas, pero no abogados propiamente tales, para llevar esas causas que quedan a medio andar.
Con lo anterior, lograremos que definitivamente la Corporación de Asistencia Judicial sea un ente que ayude a los más vulnerables.
Quiero compartir una experiencia personal. En mi calidad de abogado me correspondió llevar el caso de un joven de dieciocho años que demandó a su padre poder estudiar. Desde que él nació su padre nunca pagó un peso. Cuando el padre concurrió a la audiencia, mostró un contrato de trabajo por el sueldo mínimo, sabiendo que tenía una casa y un negocio; pero todo eso fue traspasado a otros familiares.
Por lo tanto, se requiere una institución que se profesionalice y de verdad pueda ayudar a la gente más necesitada. Podemos aumentar los montos y generar una mayor deuda, pero si no modernizamos el sistema, ¿de qué nos sirve si todo esto finalmente queda en el papel? Esperamos que esta idea del amigo Longton , a quien saludo, no quede solo en el papel, sino que nos ayude a modernizar, a través de un proyecto de ley patrocinado por el gobierno, para lograr que la corporación sea un servicio que ayude efectivamente a los más necesitados.
Vamos a apoyar este proyecto.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, en primer lugar, valoro la disposición de los diputados en este hemiciclo y de quienes están conectados vía telemática, además del presidente de la Comisión de Familia y Adulto Mayor -el diputado Luis Rocafull - y de sus integrantes, por darle celeridad a este proyecto, porque hoy este problema se está transformando en una angustia para muchas familias, sobre todo para las hijas e hijos: el incumplimiento constante y reiterado, que llega a cifras que son escandalosas. Como dijo el diputado Matías Walker , el 84 por ciento de las pensiones alimenticias registran algún tipo de atraso, cuestión que debe ser corregida.
Al respecto, el proyecto de ley es muy simple, no soluciona todos los problemas, pero sí es un avance importante en momentos en que aquello que era la excepción en nuestra legislación, hoy se ha convertido en la regla general, es decir, que no se descuente directamente del sueldo del empleador, cuando existe una demanda de pensión de alimentos.
La regla general es que hoy el demandado determine el día en que va a pagar, lo cual queda entregado a su sola voluntad y arbitrio, lo que ha redundado en sucesivos incumplimientos que después los padres o madres deben tratar de revertir en los tribunales de familia, con los consiguientes costos, sufrimiento y daño que ello implica.
Este proyecto elimina esa excepción, que lamentablemente hoy es la regla general. Ahora, en todos los casos, el descuento será hecho directamente del sueldo del empleado, pero no solo de quien tenga contrato y sea dependiente, pues también incorporamos situaciones y elementos que no estaban considerados en nuestra legislación, como, por ejemplo, el trabajador independiente con contrato a honorarios, que en nuestro país equivalen a más de 1.200.000 personas. Hoy solo existía la retención de impuestos, es decir, una vez al año se podía subsanar un incumplimiento que podía llevar 11 meses.
Además, incorporamos a los pensionados, muchos de los cuales pueden pagar la pensión de alimentos, pero no lo hacían porque los tribunales no tienen herramientas para decretarlo. Es decir, incorporamos más situaciones y eliminamos la excepción, que lamentablemente es la regla general.
Espero que con esta iniciativa podamos reducir el número de incumplimientos y lograr que aquellos incumplidores que desatienden la obligación de cuidar a sus familias se pongan en el lugar de los padres o madres que deben criar a sus hijas e hijos, y deben darle el sustento que necesitan, sobre todo en estos tiempos, cuando se ha acrecentado el sufrimiento y la angustia al no contar con los recursos necesarios.
Este proyecto va a dar certeza respecto del día del pago, lo que es fundamental, sobre todo por aquellos que están acostumbrados a pagar por goteo o a pagar de la forma que estiman más conveniente y que, lamentablemente, privilegian el pago de otras obligaciones antes que aquella que es primordial y esencial, cual es cumplir con el cuidado y sustento de su familia, de sus hijas e hijos, descuido que muchas veces redunda en violencia física y económica.
Hoy, la violencia económica está dañando a muchas familias, donde las principales víctimas, como se ha dicho, son las hijas e hijos, en un muñequeo constante por el cuándo se paga o si se va a pagar o no la pensión, lo cual produce un daño gigantesco.
En todo caso, se sigue respetando la autonomía de la voluntad respecto de los acuerdos a que puedan llegar en las transacciones.
Con todo, el proyecto subsana y corrige una situación que ha provocado daño a muchos padres y madres.
Espero que podamos aprobar la iniciativa de manera contundente en la Cámara de Diputados, para dar una señal de protección a nuestras familias, que hoy están sufriendo tanto con este incumplimiento…
El señor PAULSEN (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado. Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, en materia de retención de parte del sueldo del alimentante, para garantizar el pago de la pensión.
Hago presente a la Sala que el proyecto trata materias propias de ley simple o común. En votación.
-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, la votación de los diputados Karol Cariola , Jaime Tohá , Diego Ibáñez , René Manuel García y Pedro Álvarez-Salamanca .
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 150 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas , Florcita Fernández Allende , Maya Melero Abaroa , Patricio Saavedra Chandía , Gastón Alessandri Vergara , Jorge Flores García, Iván Mellado Pino , Cosme Sabag Villalobos , Jorge Alinco Bustos , René Flores Oporto , Camila Mellado Suazo , Miguel Sabat Fernández , Marcela Álvarez Ramírez , Sebastián Fuenzalida Cobo , Juan Meza Moncada , Fernando Saffirio Espinoza , René Álvarez Vera , Jenny Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Mirosevic Verdugo , Vlado Saldívar Auger , Raúl Amar Mancilla , Sandra Gahona Salazar , Sergio Mix Jiménez , Claudia Sanhueza Dueñas , Gustavo Ascencio Mansilla , Gabriel Galleguillos Castillo , Ramón Molina Magofke , Andrés Santana Castillo, Juan Auth Stewart, Pepe García García, René Manuel Monsalve Benavides , Manuel Santibáñez Novoa , Marisela Baltolu Rasera , Nino Garín González , Renato Morales Muñoz , Celso Sauerbaum Muñoz , Frank Barrera Moreno , Boris Girardi Lavín , Cristina Moreira Barros , Cristhian Schalper Sepúlveda , Diego Barros Montero , Ramón González Gatica , Félix Mulet Martínez , Jaime Schilling Rodríguez , Marcelo Bellolio Avaria , Jaime González Torres , Rodrigo Muñoz González , Francesca Sepúlveda Orbenes , Alejandra Berger Fett , Bernardo Gutiérrez Gálvez , Hugo Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Soto , Alexis Bernales Maldonado , Alejandro Hernando Pérez , Marcela Noman Garrido , Nicolás Silber Romo , Gabriel Bianchi Retamales , Karim Hertz Cádiz , Carmen Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Bobadilla Muñoz , Sergio Hirsch Goldschmidt , Tomás Núñez Urrutia , Paulina Soto Mardones , Raúl Boric Font , Gabriel Hoffmann Opazo , María José Nuyado Ancapichún , Emilia Teillier Del Valle, Guillermo Brito Hasbún , Jorge Ibáñez Cotroneo , Diego Olivera De La Fuente , Erika Tohá González , Jaime Calisto Águila , Miguel Ángel Ilabaca Cerda , Marcos Orsini Pascal , Maite Torrealba Alvarado , Sebastián Cariola Oliva , Karol Jackson Drago , Giorgio Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor Carter Fernández , Álvaro Jarpa Wevar , Carlos Abel Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez , Renzo Carvajal Ambiado , Loreto Jiles Moreno , Pamela Pardo Sáinz , Luis Troncoso Hellman , Virginia Castillo Muñoz , Natalia Jiménez Fuentes , Tucapel Parra Sauterel , Andrea Undurraga Gazitúa , Francisco Castro Bascuñán, José Miguel Jürgensen Rundshagen , Harry Paulsen Kehr , Diego Urrutia Bonilla , Ignacio Castro González, Juan Luis Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Arriagada , José Urrutia Soto , Osvaldo Celis Araya , Ricardo Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Lahsen , Leopoldo Urruticoechea Ríos , Cristóbal Celis Montt , Andrés Kort Garriga , Issa Pérez Olea , Joanna Vallejo Dowling , Camila Cicardini Milla , Daniella Kuschel Silva , Carlos Pérez Salinas , Catalina Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cid Versalovic , Sofía Labra Sepúlveda , Amaro Prieto Lorca , Pablo Velásquez Núñez , Esteban Coloma Álamos, Juan Antonio Lavín León , Joaquín Ramírez Diez , Guillermo Velásquez Seguel , Pedro Crispi Serrano , Miguel Leiva Carvajal , Raúl Rathgeb Schifferli , Jorge Venegas Cárdenas , Mario CruzCoke Carvallo , Luciano Leuquén Uribe , Aracely Rentería Moller , Rolando Verdessi Belemmi , Daniel Desbordes Jiménez , Mario Longton Herrera , Andrés Rey Martínez , Hugo Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo Lorenzini Basso , Pablo Rocafull López , Luis Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Durán Espinoza , Jorge Luck Urban , Karin Rojas Valderrama , Camila Walker Prieto , Matías Durán Salinas , Eduardo Macaya Danús , Javier Romero Sáez , Leonidas Winter Etcheberry , Gonzalo Eguiguren Correa , Francisco Marzán Pinto , Carolina Rosas Barrientos , Patricio Yeomans Araya , Gael Espinoza Sandoval , Fidel Matta Aragay, Manuel
El señor PAULSEN (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda además aprobado en particular, con la misma votación.
Despachado el proyecto al Senado.
EXTENSIÓN DE PERMISO POSTNATAL PARENTAL Y DE FUERO MATERNAL DURANTE ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL POR CALAMIDAD PÚBLICA (PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETINES NOS 13364-13, 13376-13 Y 13384-13)
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código del Trabajo, para extender transitoriamente el permiso posnatal parental, hasta el cese del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, decretado con motivo de la expansión de la enfermedad covid-19.
Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para el uso de la palabra se otorgarán tres minutos base por bancada, más 90 minutos distribuidos de forma proporcional.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta. Documentos de la Cuenta N° 19 de este boletín de sesiones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por seis minutos y treinta segundos, la diputada Daniella Cicardini .
La señorita CICARDINI (doña Daniella ) [vía telemática].-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir que llegar a este punto, con toda la oposición brutal que ha habido a esta iniciativa, ha sido posible solo por la lucha constante que han dado, y siguen dando, miles de mujeres madres, trabajadoras, para que este postnatal de emergencia se haga realidad, lucha que han dado con la mayor fuerza, amor, convicción y motivación que puede haber en la vida, cual es la de proteger la salud y el bienestar de sus hijos e hijas, y el de su familia.
Agradezco a los diputados y diputadas de gobierno que han tenido la empatía y han sido capaces de ponerse en el lugar de esas madres y padres que sienten la angustia y la incertidumbre de no saber con quién dejar a sus hijos e hijas, porque las salas cuna están cerradas y también por la posibilidad de aumentar el riesgo de contagio de coronavirus, al tener que exponerlos directamente o al exponerse ellas mismas a un mayor riesgo de contagio, que no seguiré profundizando, porque es de sentido común.
¿Cuál fue la respuesta del gobierno a ese llamado transversal? Iniciar una mezquina y absurda defensa de la Constitución de Pinochet; iniciar un gallito con el Congreso e intentar pasar a llevar su autonomía, e instruir a los parlamentarios de su sector a enredarse en una discusión sobre artículos legales, a cuadrarse con la letra de la ley, a cuadrarse con un papel, mientras que allá afuera lo que está en juego y en riesgo es la salud y la vida.
Como decía un cartel que parafraseaba al libro El Principito, y que se repitió en las manifestaciones de octubre pasado, verdaderamente lo esencial es invisible a los ojos de este gobierno. Pero no se asusten los defensores de la Constitución por lo que digo -no estoy cometiendo ningún sacrilegio-, porque incluso en ese plano tenemos los argumentos y la convicción de estar actuando como se debe y la convicción de que este proyecto de ley es admisible, porque esto no se trata de un proyecto de seguridad social; no está vinculado a un derecho permanente de seguridad social de madres y padres, sino a resguardar la vida de los niños recién nacidos.
Es excepcional y transitorio ante la pandemia que amenaza la vida, la integridad física y psíquica, y la salud de esos niños y niñas.
No supone un mayor gasto directo, porque es de tipo colateral o indirecto; no infringe el artículo 65, relativo a gasto, porque el financiamiento de estas prestaciones ya está vinculado con la ley de presupuestos.
A pesar de eso, en un momento de la mayor emergencia sanitaria, el gobierno prefiere optar, y muchos de sus parlamentarios, por tomar el camino de cuestionar la admisibilidad y poner en riesgo lo esencial y lo urgente, que es el derecho a la salud y la vida, que están incluidos en normas de la Constitución, en el artículo 19, número 9º, que debiesen tener prioridad sobre cualquier otro, más tratándose de los derechos de los niños y niñas, a lo que nuestro país está obligado por convenciones y acuerdos internacionales.
Finalmente, después de cien días de tramitación en medio de esta emergencia terrible, el gobierno recién se digna a plantear una respuesta, la que nuevamente pone el resguardo de lo económico por sobre la salud de las personas, y carga nuevamente los costos de la crisis a los propios recursos de los trabajadores -en este caso, trabajadoras- a través del seguro de cesantía, y que además podría obligar al lamentable espectáculo de miles de mujeres haciendo fila con sus bebés, exponiéndose de nuevo para hacer efectivo el seguro, que además, en la mayoría de los casos, corresponde a montos muy bajos.
Ahora, si el gobierno insiste con esta iniciativa, y no entrega otra alternativa, podríamos considerarla para poder incorporar a cuidadores de menores, que hoy no tienen otra opción. Sin embargo, es una idea que, así como hoy está, deja fuera a las trabajadoras de casa particular y además perjudica a madres que hoy sí cuentan con el beneficio del posnatal.
Por lo tanto, el proyecto del gobierno no es incompatible con este proyecto de extensión del posnatal, y dicha extensión se podría combinar para recién después de eso, y solo en último caso, recurrir al uso de esos fondos.
Por todo aquello hago un llamado al gobierno a dejar de lado la mezquindad y a dejar de impedir el avance de esta iniciativa.
La bancada del Partido Socialista votará a favor. También llamo a mis colegas a ser consecuentes con la votación que permitió que aprobáramos en mayo este proyecto de posnatal de emergencia por amplia mayoría, iniciativa que ha sido impulsada por parlamentarios de todos colores políticos y que debe ser transversal porque estamos hablando de la tranquilidad de trabajadoras y de la salud de los más indefensos de nuestra población.
No quiero sustraerme de realizar un homenaje -lo hago en nombre de la bancada de diputados del Partido Socialista- y de entregar mis condolencias a la familia de la ex-Presidenta Michelle Bachelet con motivo del fallecimiento de la señora Ángela Jeria , una mujer digna y consecuente, una luchadora que soportó las torturas de la dictadura junto a su hija, y el dolor del asesinato de su marido, el general Bachelet , a manos de la dictadura; una mujer que también fue madre y que pasó por la vida con una mirada serena, pero comprometida con la lucha por la democracia.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Joanna Pérez .
La señora PÉREZ (doña Joanna) [vía telemática].-
Señor Presidente, hoy nos corresponde votar la propuesta de la Comisión Mixta, que discutió la admisibilidad de este proyecto.
Es paradójico tener que votar en esta instancia la admisibilidad de un proyecto que ya consideramos admisible desde un principio en la Cámara, y que en esa condición tramitamos y despachamos al Senado.
Es necesario dejar muy claro que si hoy estamos discutiendo y vamos a votar nuevamente este proyecto, es porque el Senado lo declaró inadmisible y porque el gobierno no lo ha patrocinado ni respaldado.
Se tuvo que formar una comisión mixta para que resolviera esta discrepancia. Tuve el honor de representar a la Democracia Cristiana en la Comisión Mixta -agradezco a cada uno de los diputados de la bancada por encomendarme representarla en dicha instancia-, en la que aprobamos por amplia mayoría la admisibilidad de este proyecto -7 votos a favor y 3 en contra-, y en la que hubo lamentables episodios que, por cierto, como país, nos avergüenzan, así como hoy nos avergüenza tener que dar explicaciones a tantas madres y familias tardíamente, a quienes les pido disculpas por no poder como país resolver en una pandemia algo tan urgente.
Hoy le corresponde a esta Sala pronunciarse sobre el punto. Quienes votemos a favor estaremos insistiendo en que el proyecto es admisible y debe continuar su tramitación sin más demoras y trabas. Así lo esperan miles de mujeres, miles de madres, pero también padres, familias, abuelos y abuelas que hoy no pueden prestar un apoyo y que se ven angustiados porque se acaba el tiempo y esas madres deben volver a su trabajo. No pueden esperar más.
En la comisión escuchamos a profesores y profesoras constitucionalistas, quienes aclararon las dudas sobre la admisibilidad del proyecto. Quienes se oponen al posnatal de emergencia han dicho que es un proyecto de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, porque trata materias claramente de iniciativa de seguridad social o porque incide en la administración financiera del Estado.
Sin embargo, grandes constitucionalistas, a quienes agradezco su participación, como Tomás Jordán , Francisco Zúñiga y Claudia Iriarte , nos dejaron claro que este proyecto no adolece de inconstitucionalidad, porque no trata materias de seguridad social, sino materias propias del resguardo de la salud y protección del lactante. En palabras simples, evita que una madre pueda contagiar a sus hijos, o también un padre.
Por lo tanto, está claro que es un proyecto de salud, y el Presidente de la República no tiene iniciativa exclusiva para proyectos que versen sobre materias de salud.
A mayor abundamiento, también aclararon que no tiene gasto directo y que no incide en la administración financiera del Estado, porque este posnatal es un mero instrumento para garantizar la salud con ocasión de la pandemia de la covid-19.
Es solo en este contexto que las madres deben enfrentarse, injusta e inhumanamente, a la decisión de volver a su trabajo o cuidar su vida y la de sus hijos. ¿Se habrán enfrentado alguna vez a la terrible decisión de perder la fuente laboral y tener que optar por la salud y el cuidado de sus hijos o hijas? Creo que estar ajenos a esta realidad no nos ha permitido ver la realidad que sufren muchas mujeres y, por cierto, familias que hoy necesitan este proyecto. La urgencia: no la hemos visto. Ya llevamos cien días legislando sobre esta materia.
No hay razones para considerar que este proyecto es inadmisible. Así lo entendieron esta Cámara, la Comisión Mixta y, por cierto, también la ciudadanía. Creo que miles de mujeres están esperando que nosotros le demos solución a esta angustiante situación, que nos duele como mujeres, madres y, por cierto, también como representantes de aquellas.
Miles de mujeres están esperando la aprobación de este posnatal de emergencia, y nosotros como Cámara esperamos hoy poder resolverlo.
Ahora depende del Senado -pero, sin duda, también del propio gobierno, de los ministros y ministras- que pueda convencer a un gobierno que ha sido indolente en materias tan sensibles.
Patricio Aylwin , cuando nos acogimos a derechos internacionales, reconocía en su gobierno que debíamos cuidar, sobre todo en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, que siempre el derecho del niño y de la niña debía estar primero. Esto no puede ser un eslogan de campaña; debe ser realidad con acciones concretas como este proyecto de ley.
Llamo al gobierno a ponerse a favor de este proyecto y a colaborar. Podemos trabajar su proyecto sin duda. Hay que enriquecer esta propuesta. La bancada de la Democracia Cristiana pide humildemente al gobierno que se allane a buscar una salida, no solo para las madres que hoy están con un hijo nacido o que está por nacer y que están con esta incertidumbre y miedo, sino también pensando…
El señor PAULSEN (Presidente).-
Ha terminado su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .
La señorita ORSINI (doña Maite) .-
Señor Presidente, hace dos meses el posnatal era urgente; hace dos semanas ya no había más tiempo que perder. Hoy, hacer avanzar este proyecto es literalmente un asunto de vida o muerte, de justicia o desprotección.
Las y los autores de este proyecto y quienes se han sumado en su apoyo, durante el último tiempo hemos recibido tanto del gobierno como de algunos miembros del Congreso desde insólitas acusaciones de que estamos actuando al margen de la ley, hasta garabatos, nada de honorables, que acusan la falta de sensibilidad a la hora de acercarse a un tema tan importante y que genera tanta angustia para tantas familias en este país.
La comisión mixta es la instancia democrática institucional con la que la Constitución busca resolver los legítimos debates sobre la admisibilidad. En esa comisión, en una votación que no fue nada de estrecha, se votó a favor de la admisibilidad y se recomienda a ambas cámaras votar en ese sentido.
Recordemos que no son solamente votaciones, no son solamente mayorías circunstanciales, como dijo el ministro Alvarado . De hecho, por su intermedio, señor Presidente, quiero decir al ministro Alvarado que no puede ser que cuando el Congreso vota en contra de la interpretación de la Constitución que tiene el gobierno, el gobierno diga que fue por mayoría circunstancial, pero que cuando lo hace de acuerdo a la manera como piensa el gobierno, este promulgue la ley en tiempo récord para evitarse el Tribunal Constitucional. No puede ser ese doble discurso por parte del Ejecutivo.
Además, lo que ocurrió el día martes no fue solamente una votación contundente: fueron argumentos contundentes en favor de la admisibilidad. Primero, sobre la irrogación de gastos, cabe decir que no se trata de si el proyecto genera algún tipo de gasto o no. Muchos proyectos de ley generan algún tipo de gasto y no por eso son inadmisibles. Las y los mocionantes lo dijimos un montón de veces: lo que es inadmisible es que el gasto sea de manera directa, y eso también tiene una vasta jurisprudencia en el Tribunal Constitucional.
A los mocionantes de este proyecto y a quienes se nos han sumado se nos ha acusado de no ser más que una concentración de buenas intenciones y de la ausencia de argumentos constitucionales.
Sobre lo primero, por supuesto que en el posnatal de emergencia hay buenas intenciones, hay justas intenciones, hay urgentes intenciones. Entonces, no me ofende que se me trate de populista. En realidad, me resbala que se me trate de esa manera. Me resbala, porque tengo claro que ser populista es decir en campaña “los niños, primero”, y después olvidarse de ese eslogan al votar. Populista es vestirse de mujer para el 8 de marzo y luego olvidarse de las mujeres a la hora de votar. ¡Eso es populismo!
En cuanto a lo segundo, respecto de la caricatura que algunos honorables hacen de nosotros y nosotras, sobre esa idea que tienen, que queda en evidencia cuando se les queda el micrófono encendido, quiero decir que nuestra propuesta es clara, contundente y constitucional. Así lo refrendaron el martes pasado diversos especialistas en la Comisión Mixta. El posnatal genera gastos de manera indirecta y solo en forma eventual.
Aun más, cuando miramos qué estamos protegiendo con este proyecto, que presentamos diputados de manera transversal, desde el Frente Amplio hasta Renovación Nacional, vemos que es en parte la inserción laboral femenina. Digo “en parte”, porque, por supuesto, también queremos proteger a la infancia. Pero el punto central es no empujar a las mujeres a tener que elegir entre renunciar a sus trabajos o exponer a sus hijos al contagio, porque sabemos qué opción van a elegir.
Por eso, este proyecto no es sobre seguridad social, sino sobre protección laboral, de la manera más elemental.
No es presentable, no es ético que en medio de la peor crisis sanitaria en cien años nos demoremos lo que no hemos demorado en aprobar este proyecto. Frente a esta pandemia, se necesita lo mejor de lo nuestro; no hay espacio para pequeñeces.
Esta crisis demanda hoy la más profunda humanidad de las y los legisladores. Terminemos de una vez con la dilatación de este proyecto. Si tuvimos diferencias respecto de la admisibilidad, asumamos lo que señala la Comisión Mixta y terminemos, de una vez por todas, con la angustia de miles de madres.
Chile demanda que no dejemos que la pandemia le pase por encima. No es una respuesta ética decir a las madres que la solución será gastar su seguro de cesantía. Por su intermedio, señor Presidente, quiero decir a la ministra Zaldívar que sí son sus ahorros, porque la riqueza de las empresas no sale de la nada: la producen las y los trabajadores, quienes hoy, más que nunca, necesitan de políticas públicas empáticas y justas.
El dogma neoliberal debe ser reemplazado por una mirada solidaria y -si me lo permiten- por una mirada amorosa, que entienda que no hay una economía justa posible si, por lo menos en una pandemia, como Estado no somos capaces de tener una mínima empatía con la ciudadanía.
De corazón, hago un llamado a quienes antes se abstuvieron o votaron en contra de este proyecto. Les pido que hoy, y luego en el Senado, ya que seguimos sin solución, escuchen la recomendación de la Comisión Mixta, que dice que el proyecto es admisible, que lo que propone está conforme con lo que establece la Constitución. Pido a las y los senadores que reflexionen sobre la cada vez mayor urgencia que tiene la necesidad del posnatal de emergencia.
Sabemos que el proyecto propuesto por el Ejecutivo no se hace cargo de la problemática. Eventualmente, puede ser un complemento, pero está lejos de ser una solución por sí misma.
El país sigue necesitando un postnatal de emergencia ahora. Chile, a nivel mundial, es uno de los países más afectados por la pandemia. Salir de ese ranking, vergonzoso y tristísimo, depende de que generemos legislación y política pública.
Insisto: necesitamos un posnatal de emergencia. Hay que aprobarlo hoy, porque ya era urgente ayer. Chile nos está mirando y nos demanda estar a la altura.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Patricio Melero .
El señor MELERO (vía telemática).-
Señor Presidente, sin duda este es un debate que tiene elementos constitucionales y de seguridad social, el cual da cuenta de una realidad de la que, obviamente, no podemos hacer caso omiso: que en la actualidad hay miles de padres y madres que no tienen un lugar para llevar a sus hijos, porque las guarderías y los jardines infantiles están cerrados a raíz de la cuarentena por covid. Por consiguiente, lo primero que quiero decir es que hay un problema real, que requiere de una resolución urgente para enfrentarlo.
Hoy, tenemos sobre la mesa dos iniciativas de ley: una que propone la extensión del posnatal, y otra, recientemente ingresada por el gobierno y que se encuentra en trámite en el Congreso, que se hace cargo del problema mediante el establecimiento de la ampliación del beneficio no solo a los lactantes hasta de un año, sino que lo hace extensivo hasta los menores de seis años de edad.
Al poner los dos proyectos sobre la mesa, antes de entrar al mérito constitucional de la iniciativa en estudio, respecto de la cual estamos debatiendo el informe de la Comisión Mixta, me pasa que considero que el proyecto que propone la extensión del posnatal es, sin duda, en los términos en que está formulado, una mala solución para un problema real.
Es una mala solución, porque es muy injusto desde el punto de vista social y muy regresivo por los efectos que tendrá sobre las mujeres. Se trata de un diseño regresivo, porque terminará beneficiando más a las personas que tienen más y dejará en un ámbito muy restringido a aquellas con menos recursos. Los niños de las familias de los sectores de menos recursos reciben trece mil pesos, mientras los de las familias de más ingresos, un millón de pesos. Esto se explica porque el beneficio del posnatal tiene un tope de 80,2 UF en el ingreso, que lo reciben íntegramente las mujeres de mayores recursos, respecto de las mujeres que tienen ingresos muy por debajo, de cuatrocientos mil o quinientos mil pesos. El grueso de los recursos del fondo de garantía se lo llevarán las personas de más altos ingresos, en desmedro de quienes tienen menos ingresos. Por consiguiente, es injusto socialmente y no se hace cargo de forma equitativa de un problema real.
Por otra parte, el proyecto de extensión del posnatal solamente beneficiará a los padres de los lactantes o menores de un año, lo que deja fuera del beneficio a muchos padres que tienen un problema real. Me refiero a aquellos que tienen hijos desde dos años de edad hasta seis años de edad, quienes tienen el mismo problema de no tener dónde llevarlos. El proyecto que propone la extensión del posnatal no se hace cargo de eso y deja fuera a estos últimos, en circunstancias de que el proyecto de ley enviado por el gobierno sí los considera y les da una ayuda y un beneficio a esos padres, que tampoco tienen dónde dejar a sus hijos.
Para ahondar más, del total de los beneficiarios del proyecto de ley del posnatal, el 33 por ciento pertenece al quintil de mayores ingresos, mientras que solo el 10 por ciento pertenece al quintil de menores ingresos, en circunstancias de que sabemos que las mujeres del quintil más pobre tienen de modo significativo más hijos que las del quintil con mayores ingresos.
Si miramos cómo se distribuye la ayuda del Estado, observaremos que del total del costo de este proyecto, en caso de que prospere, el 54 por ciento financiará a niños del quintil más rico y solo el 11 por ciento llegará a los niños del quintil más pobre.
Además, como si eso fuera poco, el proyecto, iniciado en moción, no se hace cargo de las familias con niños menores de seis años, que están siendo igualmente afectadas por la pandemia. Entonces, esa iniciativa representa una mala política pública, una mala solución para un problema real.
Por lo tanto, creo que hay que abocarse al proyecto de ley que ha enviado el gobierno, que es mucho mejor, mucho más amplio, da mayor cobertura y cuenta con financiamiento para llegar a esas personas.
Resuelto el tema de la mala focalización y de la injusticia social que produce la extensión del postnatal, vamos al problema constitucional.
Antes de entrar a referirme al aspecto referido a la constitucionalidad, lo primero que quiero decir es que es muy importante cuidar las formas en que se generan las leyes.
En la historia de las libertades democráticas, ha quedado claramente expresado que cuando se garantizan y cumplen las formas es posible llegar a mejores acuerdos. Siguiendo las reglas del juego establecidas, se logran los acuerdos, en el marco de la deliberación democrática de un Parlamento. Por el contrario, cuando se vulneran las normas constitucionales, obviamente, las cosas se dificultan.
Este es un mal hábito, una mala costumbre en la que se está incurriendo: presentar iniciativas inconstitucionales como una forma de presionar a los gobiernos para después llegar a acuerdos.
Pareciera ser que los parlamentarios somos una suerte de minusválidos políticos que tenemos que recurrir a propuestas inconstitucionales para ser escuchados. ¿Dónde queda la capacidad del Parlamento y de los parlamentarios para levantar su voz, más aun aquí, en esta Cámara de Diputados, donde la oposición tiene mayoría? ¿Necesitan presentar proyectos inconstitucionales para ser escuchados? No, señor Presidente. Ese no es un buen camino.
La historia de este Parlamento, desde la vuelta a la democracia, está plagada de grandes acuerdos que se alcanzaron sin haber violado la Constitución, de grandes políticas públicas que le cambiaron la vida, para bien, a millones de chilenos, sin violar ninguna norma constitucional.
La cultura de cumplimiento de las reglas del juego fortalece las libertades y la democracia; la cultura de incumplimiento de las normas polariza las posiciones y genera más inconvenientes que lo que se quiere lograr.
Llamo al Parlamento, en especial a los parlamentarios de Chile Vamos, a ser consecuentes y coherentes con el juramento de respeto a las normas y a la Constitución que hicimos, y a las bancadas de la oposición, las llamo a hacer lo mismo, a seguir la voz del ex-Presidente Ricardo Lagos , quien hace pocos dijo “Nada fuera de la Constitución”, o a los llamamientos del entonces Presidente Eduardo Frei Montalva , cuando proclamó la iniciativa constitucional.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero decir a la diputada Cicardini que esto no viene de la Constitución de 1980, querida diputada, sino de 1943, refrendado en 1970, en el gobierno de Salvador Allende, y refrendado en democracia, en la reforma constitucional de Ricardo Lagos, en 2005.
Entonces, no le echen la culpa a una Constitución. Las limitaciones a las iniciativas de ley que irrogan gasto público o que inciden en materia de seguridad social no provienen de la Constitución de 1980, sino de la de 1925, ratificada en 1943, ratificada en 1970, ratificada en 2005.
No busquemos leguleyadas mal concebidas para justificar un proyecto de ley que, a mi juicio, no cumple con los parámetros mínimos de constitucionalidad que se requieren.
Preveo al menos tres infracciones claras, nítidas, al texto constitucional.
La primera tiene que ver con la vulneración del artículo 65, número 6°, de la Constitución Política de la República, porque el proyecto tiene que ver con normas de seguridad social. Esto, al contrario de lo que han pretendido decir algunos detractores, no es un problema de salud, sino de seguridad social. Es abundante la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, a propósito de las normas sobre posnatal, que señalan que lo relativo al posnatal es materia de normas de seguridad social. El texto constitucional habla respecto de las normas que inciden en forma directa o indirecta, por si alguien tiene alguna duda. Alguien podría decir que el postnatal es materia de una norma de seguridad social indirecta. Bueno, el texto constitucional también se hace cargo de ello. Es evidente que las normas sobre seguridad social son materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Si hay parlamentarios a los que eso no les gusta, que presenten una reforma constitucional, junten los votos y cámbienla, pero no podemos hacer caso omiso a la Constitución cuando no nos parece, o hacer caso a la Constitución e ir al Tribunal Constitucional o plantear argumentos basados en ella cuando nos conviene.
En segundo lugar, creo que también se afecta la norma constitucional establecida en el artículo 65, inciso tercero, en cuanto a que esta iniciativa de ley irroga gasto público. El gobierno, a través de la Dirección de Presupuestos, ha sido clarísimo en señalar que una iniciativa de extensión del posnatal podría irrogar un gasto de hasta 100 millones de dólares.
Ese es un hecho irrefutable, Presidente. Algunos sostienen que eso no es así, porque no se trata de nuevos recursos, porque estos recursos ya están en los fondos de garantía. Déjenme decirles que el fondo de garantía, con el que se financian las prestaciones del subsidio del posnatal, no está prefijado y no es único; tiene una proyección de flujo de gastos cuya cuantía la da el análisis demográfico del índice de nacimiento y de las remuneraciones de las madres. No es que esa plata esté disponible como para que ahora echemos mano a 100 millones de dólares más así nomás. ¡No es así! No es un fondo fijo. No es prefijado y único, sino que evoluciona en los términos que he señalado.
Se plantea que esta es una iniciativa de salud, pero esto se vincula con el beneficio del posnatal. ¿Qué hace el posnatal? Exime a la trabajadora de prestar servicios por un lapso determinado, durante el cual el Estado le paga su sueldo. Es, por consiguiente, una norma de seguridad social. La maternidad nunca ha sido una enfermedad, no es un problema de salud. El posnatal libera a la madre trabajadora de la obligación de ir a trabajar, a fin de que pueda dedicarse al cuidado de su hijo o hija. El instrumento que se usa en estos casos es el posnatal; por consiguiente, es fundamental establecer que se trata de una norma de seguridad social.
El derecho al pre y postnatal, por esa misma razón, está contemplado en el Código del Trabajo, no en la ley del Fonasa ni en el Código Sanitario. Por lo tanto, siempre ha sido una norma de seguridad social.
Algunos se preguntan: si es materia de seguridad social, ¿por qué la paga el empleador? ¡No! No la paga el empleador; la paga el Estado, como una prestación básica uniforme, y eso es porque se trata de una norma de seguridad social. Si fuera una norma distinta, la pagaría el empleador.
A mi juicio, es lamentable que la protección de la maternidad se transforme en una cuestión laboral o de salud y no de seguridad social. ¿Sabe por qué, Presidente? Porque una norma de seguridad social es mucho más amplia, compromete al Estado, es mucho más intensa, comprende una contraprestación mucho más amplia que una simplemente contraprestación laboral. Por consiguiente, les conviene a las madres de Chile que sea una norma de seguridad social y no, como pretenden algunos de ustedes, restringirla al ámbito de la salud, porque eso es no entender que las normas de seguridad social justamente tienen una contraprestación amplia e integral, que no se restringe a lo meramente laboral o de salud pública.
En este caso se recibe una prestación, un subsidio. Y si no es una prestación de seguridad social, ¿por qué entonces se recibe un subsidio y no una remuneración? Justamente porque se trata de una norma de seguridad social.
Creo que están dadas todas las condiciones para que el Parlamento y el gobierno hagamos las cosas bien y nos hagamos cargo del problema objetivo que existe: brindarles a los padres y a las madres una salida frente al confinamiento obligatorio al que estamos sometidos 10 millones de chilenos, ante la imposibilidad de llevar a los hijos a un lugar donde los cuiden.
El instrumento está, por lo que -insisto- agradezco que el gobierno haya reaccionado y haya planteado una alternativa como la que hoy está sobre la mesa.
La ministra del Trabajo está atenta a este debate, así que podremos discutir sobre el monto de la tasa de reemplazo, sobre si ha de ser 50, 55, 60 o 70 por ciento. Podemos discutir ese y otros aspectos, pero no les cortemos las manos a los padres de niños y niñas de dos, tres, cuatro, cinco y seis años de edad.
No es conveniente que estén estos dos proyectos sobre la mesa, porque al final se enfrentan: uno regresivo y de poca cobertura, como es el del posnatal, y uno amplio, masivo, que llega a muchas personas, a 850.000, que debe ser el instrumento social que debemos utilizar para este debate.
El día que asumí como parlamentario juré cumplir la Constitución y las leyes. Ese mismo día entendí que el respeto a las normas es lo que me da la libertad para deliberar y encontrar acuerdos, porque el respeto a las normas es lo que ennoblece la deliberación parlamentaria y no la denigra, que es lo que ocurre cuando se pasa sobre ellas.
Por todas estas razones, votaré en contra de la admisibilidad, a favor de la inadmisibilidad y por la búsqueda de un acuerdo que nos permita avanzar en el proyecto del gobierno, para, de ese modo, darle una solución a miles de padres que están esperando por ella.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Marcela Hernando .
La señora HERNANDO (doña Marcela) [vía telemática].-
Señora Presidenta, por su intermedio, saludo tanto a quienes están presentes en la Sala como a quienes se conectan por vía telemática.
Anuncio que voy a votar a favor de la admisibilidad de este proyecto.
Chile es un país de tradiciones y una de ellas nos puso a la vanguardia internacional, pues muchos profesionales vinieron a aprender cómo nuestro país, a través de sus políticas públicas, mejoró los indicadores socioeconómicos, de salud pública, de sanidad. Así se logró mejorar los índices de mortalidad, lo que nos puso a la vanguardia de los países que hacían bien las cosas. Todo ello refleja una vocación de planificación a nivel de Estado que trasciende a los gobiernos de turno.
Por ello me duele ver cómo, en contraposición a lo que han hecho durante décadas muchos gobernantes y muchos ministros, hoy se hace caso omiso de esa tradición y se cae en leguleyadas o en tinterilladas, como dicen algunos, señalando que esta materia corresponde al ámbito de la seguridad social y no al ámbito de la salud pública. La verdad es que es un tema integral.
Estamos hablando, aproximadamente, de 23.000 mujeres que deberían reintegrarse a sus trabajos en estos días y que se enfrentan a varias complicaciones, una de las cuales es un tema de salud: la necesidad de no exponerse ellas ni sus bebés recién nacidos a una enfermedad que ha demostrado ser mortal. Además, hoy las redes de soporte familiar se encuentran interrumpidas por la pandemia y no tienen la posibilidad de dejar a sus hijos en una sala cuna o en un jardín infantil. En ese contexto, no tienen ninguna posibilidad de reintegrarse al trabajo, porque no tienen la certeza de que sus bebés estarán bien o de con quién los dejarán. Nos parece que esta ausencia del Estado, que mira para el lado, es realmente cruel con todas estas mujeres.
Por otro lado, me parece que el proyecto que está proponiendo el gobierno es complementario a este, por lo que no me parece que haya que elegir entre uno y otro. Este beneficio es para un universo bastante restringido de mujeres y no es comparable con el universo de personas que se podrían beneficiar con algunas de las medidas que trae el proyecto del Ejecutivo, y que son buenas.
Habría esperado que el gobierno, en vez de estar cuestionándose si va a vetar este proyecto o si va a acudir al Tribunal Constitucional, más bien debiera haber actuado con generosidad y haber patrocinado estas mociones refundidas que buscan apoyar a miles de mujeres y de familias, porque tal como se ha dicho en otras ocasiones, los niños están primero.
Por lo tanto, anuncio que la bancada radical votará a favor.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).-
Por un asunto reglamentario, tiene la palabra la diputada Pamela Jiles .
La señora JILES (doña Pamela).-
Señora Presidenta, en estos momentos estamos discutiendo uno de los proyectos más importantes para la ciudadanía en situación de pandemia y hay 40 diputados conectados por vía telemática y 13 presentes en la Sala.
Supongo que los que no están -casi 100 diputados- aquí no han ido a los matinales de la televisión, porque este no es horario de matinales. Sin embargo, lo importante es que los casi 100 diputados que no están presentes no están en la única parte en que deben estar, esto es, participando de la sesión, labor por la que se les paga una altísima dieta.
Por lo tanto, señora Presidenta, tengo que pedirle que, en virtud de lo señalado en el Reglamento, suspenda la sesión, por no haber el quorum requerido para sesionar y, además, le pido que se tomen las medidas correspondientes, porque la Cámara de Diputados no puede seguir funcionando con la tercera parte de los diputados, que debieran estar acá en la Sala. ¡No tienen que estar en ninguna otra parte!
Todos deberían estar presentes en la Sala, aunque sea de manera remota, pero en este momento tenemos una cantidad ínfima de diputados que están participando de la sesión.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).-
Señora diputada, tiene toda la razón, pero en este momento cumplimos con la normativa reglamentaria, ya que tenemos 52 diputados presentes y como es una sesión mixta, tanto telemática como presencial, ya reunió el quorum que corresponde antes de que le cediera la palabra.
Ahora, insto a los jefes de Comités para que llamen a sus diputados y puedan colocar las imágenes, a fin de computarizar a aquellos que se encuentran participando en la sesión vía telemática.
Tiene la palabra la diputada Pamela Jiles .
La señora JILES (doña Pamela).-
Señora Presidenta, necesito que quede claro que en el momento en que yo le pedí la palabra no había el quorum necesario. En el fondo, cuando pido la palabra y hago ver que los diputados no están cumpliendo con sus funciones, inmediatamente se conectan vía remota, pero es en ese momento cuando se conectan.
Entonces, lo que correspondería es pedir a esos diputados que estén conectados permanentemente o presentes en la Sala, como es su obligación legal.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).-
Señora diputada, a través de la Secretaría vamos a chequear cuántos diputados estaban presentes cuando usted hizo uso de la palabra.
Insistiremos, además, con la petición a los jefes de Comités.
Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra la diputada María Loreto Carvajal .
La señora CARVAJAL (doña M.ª Loreto).-
Señora Presidenta, en el mismo sentido, no es primera vez que la diputada Jiles , con mucha certeza, ha hecho punto de Reglamento respecto de la asistencia de los diputados. De hecho, ya solicitó a la Mesa dar alguna solución o respuesta respecto de este punto.
Es sorprendente cómo en circunstancias de que actualmente muchos ciudadanos y ciudadanas realizan grandes esfuerzos por concurrir a sus lugares de trabajo, los parlamentarios no tengan la actitud que se requiere, después de la discusión que tuvimos sobre el voto telemático, por las circunstancias especiales y excepcionales que vivimos.
Me parece de toda lógica que no se permita que los diputados se desconecten telemáticamente. Debe haber un mínimo de respeto a la ciudadanía y, por supuesto, también a la Sala.
Por lo tanto, debiera exigirse a los parlamentarios la presencia o la conexión permanente, si lo hacen de manera telemática. Más que una señal, es una obligación que la Mesa debiera atender y, si no, que nos dé respuesta a este punto que se viene planteando desde hace semanas.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .
El señor SCHALPER.-
Señora Presidenta, la ciudadanía que nos está viendo debe saber que está sesionando en paralelo con la Sala la comisión especial investigadora sobre los actos del gobierno relacionados con la covid-19 y las medidas para mitigar los efectos de la pandemia, en la que está citado el ministro de Salud.
Entonces, algunos parlamentarios que están conectados en forma telemática preguntaban si tenían que desconectarse de la Sala para estar en la comisión y precisamente eso han hecho.
Permítame treinta segundos. Aquí hay algunos diputados que tienen como una obsesión autoflagelante increíble, porque la diputada Jiles hace un rato estaba haciendo un punto de prensa. Uno podría haber aprovechado ese momento para decir: “¿Cómo puede ser posible que la señora Jiles , quien siempre critica a los que no están presentes en la Sala, ahora no está?”. ¿Por qué no decimos la verdad a la ciudadanía?
Los parlamentarios trabajamos en la Sala, pero también atendemos a nuestros distritos, recibimos consultas, damos puntos de prensa.
Entonces, le pediría que seamos un poco más honestos con la ciudadanía. Seamos muy exigentes a la hora de que los diputados estén en la Sala cuando deben estar, pero al mismo tiempo terminemos con esta verdadera obsesión autoflagelante que algunos tienen con bastante frecuencia para denostar al Parlamento.
¡Digámoslo con claridad! Hay ciertas personas en el Congreso que no tienen una apreciación muy valiosa de esta institución, pero, por lo menos, digamos a la gente la verdad.
He dicho.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber .
El señor SILBER.-
Señora Presidenta, quiero respaldar el que sea rigurosa la asistencia en la Sala.
El Congreso debe ganar en credibilidad, desde el punto ciudadano, y si hoy existe el voto telemático es justamente para que los colegas parlamentarios lo empleen como una medida que permite su confinamiento y su seguridad, pero en ningún caso es una medida que les permita sostener alguna actividad paralela, como la atención de sus distritos.
Recordemos que ayer -aparentemente, algunos tienen el defecto de sentirse privilegiados- para la gran mayoría de los chilenos comenzó a regir la ley de teletrabajo, según la cual las circunstancias y responsabilidades para quienes trabajan a distancia son exactamente las mismas que para quienes lo hacen de cuerpo presente.
En consecuencia, debemos ser muy rigurosos respecto de la telepresencia de los colegas. Quienes se conectan telemáticamente deben estar presentes bajo esa modalidad en la Sala, seguir el debate parlamentario y no destinar ese tiempo a otro tipo de actividades, como algún colega aquí quiso explicar.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) [Presidenta accidental].-
El punto abordado por distintos diputados y diputadas será revisado esta semana en reunión de Comités, con cada uno de los jefes de los distintos partidos políticos. Abordaremos cuáles son las distintas complicaciones que tienen los diputados, pero, al mismo tiempo, la rigurosidad de que estén presentes vía telemática durante la totalidad de la sesión.
Tiene la palabra el diputado José Miguel Castro .
El señor CASTRO (don José Miguel) [vía telemática].-
Señora Presidenta, tal como señalaron otros parlamentarios, ojalá en esa reunión también se aborde la posibilidad de suspender los puntos de prensa cuando se lleve a cabo una sesión. Eso también es importante. Esa regla también debe ser respetada por los parlamentarios que trabajan en forma telemática. Muchas veces, ellos deben entregar opiniones a la prensa y simplemente desconectan su cámara, pero siguen presentes.
Le recuerdo a la diputada Jiles que una vez, por estar fumando un pucho afuera de la Sala -de acuerdo con lo que me dijeron-, llegó a votar tarde.
No hay que mirar la paja en el ojo ajeno cuando uno tiene una viga en el propio. Hay que tomar con altura de miras esto y no estar siempre sacando en cara situaciones para quedar bien con la prensa.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) [Presidenta accidental].-
Tiene la palabra el diputado René Saffirio .
El señor SAFFIRIO (vía telemática).-
Señora Presidenta, esta es una historia que todos conocemos. Este es mi tercer periodo parlamentario y durante muchísimos años he intentado que los diputados permanezcan en la Sala y he abogado por que no se realicen sesiones paralelas de comisiones.
Ante una consulta similar hecha hace algunas semanas, se me contestó que los Comités ya habían resuelto este tema. Al respecto, se concluyó que la presencia telemática implica estar presente con imagen y sonido. Por lo tanto, no veo qué otra decisión haya que tomar o qué otra consulta deba hacerse. Es un tema que está resuelto.
En consecuencia, si están los quorum, la Sala puede seguir funcionando; si los quorum no están porque no hay diputados con presencia de imagen y sonido, la sesión mixta se debe suspender, tal como ocurriría con una enteramente presencial.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) [Presidenta accidental].-
Continuaremos con la discusión de este importante proyecto.
Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .
La señorita CARIOLA (doña Karol ) [vía telemática].-
Señora Presidenta, la pandemia de la covid-19 lleva meses estresando nuestro sistema de salud y la economía, sobre todo de los más pobres, y además visibilizando las profundas y graves brechas sociales y económicas entre los sectores colmados de privilegios y el resto de la población.
En dicho contexto, son mujeres, niños y niñas, además de personas al cuidado de otras, quienes sufren en mayor medida los estragos de la pobreza. Lo anterior se agrava muchísimo si consideramos las condiciones laborales que históricamente hemos tenido las mujeres y, particularmente, las mujeres jefas de hogar, las que hoy, a consecuencia de la pandemia, se ven severamente amenazadas con la terminación de sus contratos.
Considerando la pérdida de puestos de trabajo, la disminución de salarios, la precaria esperanza de mantener el vínculo laboral y la suspensión del pago de sueldos, ¿es necesario ahondar en la necesidad ineludible y urgente de tener un posnatal de emergencia en tiempos de pandemia? Esa exigencia es mínima.
Nadie en su sano juicio puede dudar de que el Congreso le debe a las mujeres trabajadoras de nuestro país una respuesta que no sea solo un debate formalista, un debate retórico sobre la supuesta inconstitucionalidad de esta medida.
¿Estamos disponibles a causar más daño y seguir poniendo en riesgo la estabilidad económica de las jefas de hogar que, día a día, ejercen su trabajo formal y la dirección de un hogar, solo porque los conservadores y formalistas rasgan vestiduras por la Constitución, que convierte los derechos humanos, en especial los económicos y sociales, en letra muerta?
Es fundamental reconocer la función histórica del cuidado que ejercemos las mujeres, porque somos nosotras quienes mayoritariamente nos hemos hecho cargo del cuidado de hijos e hijas, de adultos mayores, de enfermos, y no siempre por opción. Por eso, hemos demandado y trabajado por una mayor conciencia en la corresponsabilidad en la crianza, en los cuidados y en los deberes del hogar. Sin embargo, en relación con la realidad que vivimos hoy, donde la mayoría de las mujeres están a cargo de sus hijos y ejercen el derecho del posnatal, su reconocimiento no es suficiente, pues también debe existir un resguardo legal en virtud de aquellos derechos que desconocen los defensores de la simple letra de la Constitución, trayendo a la actualidad el espíritu que la inspiró en los oscuros años de la dictadura militar, al que recién se refirió el señor Melero .
Lo que hoy nos debe preocupar es el resguardo del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de los niños y niñas que están bajo el cuidado de sus madres y padres que ejercen el derecho al posnatal, así como el derecho a la supervivencia y a contar con el más alto desarrollo posible de su salud, tal como señala la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990, por lo que sus preceptos son obligatorios.
En ese mismo sentido, en este momento extraordinario, el proyecto de ley, que consiste en un posnatal de emergencia, está absolutamente inspirado en esos principios centrales. Además, es un derecho propio de niños y niñas, a quienes debemos tener dentro de nuestras primeras prioridades, no solo como eslogan político, sino en términos reales.
Por eso, hago un llamado a aprobar el informe de la Comisión Mixta, que establece la constitucionalidad del proyecto, no solo sustentada en que no pueden primar nuevamente intereses económicos por sobre la vida y la salud de las personas, sino porque este Congreso no debe renunciar a su principal mandato, cual es ser legítimo soberano en un espacio independiente de debate democrático.
No somos un buzón del gobierno. Los mismos que querían que el pueblo se sustrajera de su derecho de debatir la nueva Constitución, para que fuera este Congreso el que encerrara entre cuatro paredes el debate, hoy son los que se niegan a aprobar un derecho que nos corresponde, que es constitucional y que, por lo demás, creemos que es fundamental garantizar a mujeres y niños de Chile.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Andrés Celis .
El señor CELIS (don Andrés).-
Señor Presidente, el proyecto de ley en estudio, aprobado a partir de la fusión de tres iniciativas legales que contienen el mismo fundamento, tiene por objeto modificar la duración del permiso de prenatal y posnatal parental y el fuero maternal durante el estado de excepción constitucional de catástrofe declarado por calamidad pública.
No cabe duda de que vivimos tiempos complejos. La pandemia por covid-19 ha repercutido y repercutirá en los meses venideros en diversos y variados ámbitos de la vida nacional, a saber, los ámbitos sanitario, económico, laboral, entre muchos otros. Es este último aspecto el que nos convoca hoy.
En ese contexto, constituye un imperativo para los legisladores aprobar todas aquellas medidas que vayan en resguardo de los niños de nuestro país, como sucede en este caso, y, asimismo, otorgar estabilidad a miles de padres y madres trabajadores que ven con angustia el hecho de que no tienen con quién dejar a sus hijos una vez que finalice el periodo de posnatal. Las salas cuna están cerradas. Por lo tanto, se trata de una iniciativa del todo justa y razonable. No podemos dar la espalada a madres y padres trabajadores que requieren la materialización de esta futura ley.
Chile ha suscrito tratados internacionales que apuntan en este sentido, que establecen como fundamento base el interés superior de los niños y su debido resguardo, así como también la estabilidad del trabajo o empleo. Así, por ejemplo, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros.
Nuestra legislación vigente ha apuntado en el mismo sentido aludido. Muestras de ello son el derecho a sala cuna, las leyes orientadas a proteger a los menores en situación de riesgo, la protección de la maternidad y del fuero maternal. En ese sentido, también debemos ampliar el fuero hacia el derecho a la protección de la salud.
Por todo lo expuesto, no cabe duda de que este proyecto es absolutamente constitucional.
Por eso, lo votaré a favor.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans Araya .
La señorita YEOMANS (doña Gael ) [vía telemática].-
Señor Presidente, quiero partir mi intervención lamentando que se haya postergado hasta esta instancia el debate del proyecto del posnatal de emergencia.
El Senado todavía no conoce el contenido, todavía no debate sobre el fondo del proyecto de ley; seguimos pegados en la discusión sobre su admisibilidad, en circunstancias de que, si ese era el problema, el gobierno tenía una solución fácil, cual es haber presentado una indicación sustitutiva o su propia iniciativa.
Hace tres meses presentamos este proyecto de ley y recién hace unos días el gobierno presentó una propuesta, pero dejando afuera a las trabajadoras del sector público y a las trabajadoras a honorarios, y nuevamente haciendo eco de la utilización de la ley de protección del empleo, cuando hemos visto sus nefastas consecuencias en la vida de la gente.
Ayer en medios de comunicación públicos vimos cómo 33 familias estaban siendo desalojadas por no pagar su arriendo. Debido a que sus contratos habían sido suspendidos, esos trabajadores estaban recibiendo la mitad de su sueldo original. Esos recursos no les alcanzan.
Me parece terrible que hasta esta fecha el gobierno no se haya hecho cargo de la totalidad del contenido del proyecto del posnatal de emergencia. Por eso, cuando me dicen que el problema de esta iniciativa es su admisibilidad, no lo creo. El problema es el contenido; el problema es que el gobierno insiste en traspasar los costos de la crisis a los trabajadores y trabajadoras. Me parece sumamente injusto que esa sea la forma de responder frente a una crisis tan terrible como esta.
El día de ayer La Tercera publicó una nota, en la que decía que los costos de la discusión del posnatal de emergencia los estaba pagando la ministradel Trabajo y Previsión Social. Perdónenme, pero eso no lo puedo dejar pasar. Los costos no los paga la ministra del Trabajo, no los pagan los ministros ni los pagamos los parlamentarios, que recibimos un sueldo millonario a fin de mes, que, incluso, no tuvimos la decencia de bajarnos; los costos los paga la gente.
Para mí lo más importante es que el gobierno deje de hacer una invitación forzada al baile de los que sobran. Lograron que la gente sienta de nuevo que nadie la quiso ayudar de verdad, que nadie la va a echar de más y que terminará pateando piedras.
Esa invitación forzada y maldita del gobierno debe terminar ya. Hoy tenemos una oportunidad de corregir el rumbo, de terminar con la locura de que la gente no reciba apoyo en esta pandemia y de demostrar que el Congreso no piensa como el senador Allamand .
¡Que gane la decencia! ¡Que gane el amor a las familias!
Por eso, aprobemos el posnatal de emergencia.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Gastón Saavedra Chandía .
El señor SAAVEDRA (vía telemática).-
Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención aludiendo a dos frases que han sido funestas, pero que grafican claramente lo que estamos viviendo en la política, sobre todo en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo en nuestro país y en todo el planeta.
Primero, este proyecto no es una pura huevada. Lo que sí es la pura y santa verdad es que el gobierno no ha escuchado y no ha querido ver ni asumir el reto que nos exigen los niños y niñas recién nacidos y sus familias.
En política tenemos que encontrar soluciones, resolver y, a veces, ser humildes y sinceros en decir: “Llegué tarde con mi propuesta”. Si había una propuesta de los diputados -a nosotros también nos asiste el derecho a legislar, porque en un sistema presidencial como el que tenemos existe colegislación y no hay supremacía del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo-, se debió haber buscado la forma de dialogar para poder lograr un acuerdo en función de proteger la vida de los niños y niñas recién nacidos, como dice la idea matriz de este proyecto, y permitir que sus padres y madres tuviesen la tranquilidad de estar en el regazo del hogar para protegerlos. Eso no lo hicimos, eso no se hizo en el país.
Por lo tanto, aquí tenemos un problema complejo y difícil de resolver. Hoy no estamos yendo al fondo del asunto, porque estamos discutiendo la admisibilidad, que es lo que nos corresponde analizar como parlamentarios en este momento. Pero si el Presidente de la República estima que este proyecto es inconstitucional, que vaya al Tribunal Constitucional. ¿A qué le tiene temor si él puede aprovechar las herramientas que le da la Constitución?
Se dice que este es un proyecto de seguridad social, pero su idea matriz no lo es. Este proyecto busca proteger la salud de los niños y niñas. Por ese motivo decimos que tiene relación con el artículo 19, número 1°, de la Constitución, que tiene que ver con la protección, y con el derecho a la salud. De hecho, hasta hay tratados internacionales que se están acogiendo en este sentido.
También se nos acusa de que estamos generando un mayor gasto fiscal. ¡No, señor! Este es un fondo preexistente, que cuenta con los recursos suficientes y necesarios, los cuales, incluso, están subutilizados. Por consiguiente, este proyecto no irroga mayores gastos.
Por lo tanto, esos dos aspectos, que son los esenciales que se deben ver en este proyecto, no se están infringiendo. Lo que sí estamos haciendo con este proyecto es proteger la vida y la integridad física y psíquica de los niños y niñas.
Por eso, llamo a votar a favor este proyecto, que aumenta la red de protección social a aquellos padres a los que se les terminó el fuero o que recién lo están comenzando, pero que están llenos de incertidumbre.
¿Por qué acudir a la ley de protección del empleo: para precarizar la relación laboral, para congelarla o para llenar de incertidumbre a esos padres que no saben si deben volver o no al trabajo? No se trata de eso, estimados parlamentarios de derecha, que insisten en avalar un proyecto que lo único que hace es degradar la relación laboral y, al mismo tiempo, desproteger del trabajo a las mujeres que tuvieron un hijo.
Como dijo una senadora, la pura y santa verdad es que tenemos que votar a favor este proyecto para que, de una vez por todas, se discuta el fondo en el Senado y resolvamos en favor de los miles de familias, de mujeres y de niños y niñas que esperan, desde la política, una solución que resuelva la carencia y la insuficiencia que tiene el país, así como también la ausencia de seguridad social. Si esas falencias no existieran en el país, no estaríamos discutiendo este proyecto, y menos en medio de un escenario de crisis sanitaria y de desastre como el que vivimos. Nos asiste el deber ético y moral de defender la vida de niños y niñas, tal como lo establece el articulado de la Constitución. Garantizar eso es nuestro deber.
Por eso, llamo a votar a favor este proyecto. Nosotros lo haremos con entusiasmo y con la profunda convicción de que estamos desarrollando un proyecto de ley que corresponde a las familias chilenas.
Finalmente, quiero enviar un cariñoso y afectuoso saludo a al ex-Presidenta Michelle Bachelet por la pérdida de su señora madre, una mujer de convicciones profundas, con una gigantesca capacidad de perdonar y de luchar por la vida y por establecer la verdad y justicia en nuestro país. Eso es lo que necesitamos día a día para tener una mejor sociedad.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .
La señora OLIVERA (doña Érika).-
Señor Presidente, apoyar el posnatal de emergencia es velar por los niños y niñas de nuestro país, es garantizar el ejercicio de sus derechos, ratificados por la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Las acciones se miden por los hechos y no solo por las palabras. Poner a los niños en primer lugar en la fila, como tanto se ha dicho, es resguardar a nuestras mujeres y, por sobre todo, cuidar y proteger a la familia en los complicados momentos que, como humanidad, estamos viviendo.
Ante situaciones excepcionales, también deben ser excepcionales las políticas para enfrentarlas. Esto ya no pasa por si es o no constitucional el proyecto; se trata de la realidad, se trata de las duras necesidades que viven día a día las personas que representamos de nuestros distritos y de un país que en este momento nos está pidiendo que, como políticos, hagamos leyes que estén a la altura necesaria para enfrentar la pandemia.
Señor Presidente, como ha quedado demostrado, el posnatal de emergencia es apoyado de manera transversal desde la sociedad civil y desde el Parlamento, precisamente porque se ha entendido que no se puede castigar la maternidad en tiempos de pandemia. Las mujeres no tienen por qué elegir entre cuidar el trabajo o cuidar a sus hijos; no es justo, es una elección inhumana.
Esta lucha no es solo de las mujeres y de los niños y niñas; esta lucha es una medida sanitaria que nos incumbe a todos como país, porque permite que una parte de las mujeres madre de nuestro país se queden en sus casas y no salgan de ellas para trabajar. Y más aún, no es una ley para siempre, sino solo mientras dure el estado de emergencia; es una medida para enfrentar la situación de emergencia por covid-19.
Muchas mujeres no solo se han quedado sin sala cuna o jardín para sus hijos, sino también sin quien las ayude en su cuidado. En muchas ocasiones, era una madre, una suegra o una abuela, pero es posible que esas personas no estén disponibles en este momento, porque fueron atacadas por el virus, porque fallecieron o porque tampoco pueden salir de sus casas a exponerse a un futuro contagio.
Esta situación es realmente dolorosa. No las expongamos más a esta tragedia tan grande y velemos por el bienestar de nuestras mujeres, por el bienestar de sus hijos y su bienestar psicológico.
Para terminar, quiero hacer un llamado al gobierno y a las autoridades políticas. Me encantaría que, de una vez por todas, entiendan que este tema, como los temas sociales o como los derechos humanos, no pertenece a un sector, no tiene color político, no son de derecha o de izquierda, sino que son temas transversales que afectan, para bien o para mal, a todas las personas y al pueblo chileno.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Matías Walker Prieto .
El señor WALKER (vía telemática).-
Señor Presidente, no quiero repetir los argumentos sobre el fondo del proyecto y su necesidad en relación con el posnatal de emergencia, porque la postura de la bancada fue brillantemente defendida por la diputada Joanna Pérez y expuesta en esta sesión.
Simplemente, como presidente de la Comisión de Constitución, siento que es mi deber argumentar por qué este proyecto es constitucional y por qué este proyecto es admisible. Y no voy a reiterar los argumentos que expusieron de manera magistral los profesores Tomas Jordán o Francisco Zúñiga , sino que solo quiero referirme a dos aspectos de lo que ha sido la doctrina del Tribunal Constitucional y también la doctrina y la práctica de esta Cámara de Diputados y del Congreso Nacional.
Las normas de iniciativa exclusiva deben ser interpretadas restrictivamente, porque son un límite o una restricción a la potestad del Congreso Nacional; no son una prohibición de legislar. Por lo tanto, la iniciativa exclusiva es una excepción a la regla general, que debe ser interpretada restrictivamente.
Es necesario tener presente el objeto o materia central del proyecto. Esta es una iniciativa de protección de la salud de los hijos menores, de la madre, del padre y del entorno familiar derivado de la pandemia por covid-19. Sin covid-19 no se hubiera presentado este proyecto.
También hay que interpretarlo desde su excepcionalidad; es una norma acotada al estado de excepción.
Quiero reiterar lo que dijo el diputado Saavedra : la salud no es materia de seguridad social y eso está certificado por el Secretario de la Cámara de Diputados. Este es un proyecto de salud; no es un proyecto de seguridad social.
La iniciativa genera un gasto fiscal que, a lo más, es colateral, indirecto. No es un proyecto que tenga por finalidad irrogar gastos ni se crea un nuevo subsidio; solo amplía el posnatal en pro de la protección de la salud. Para tal fin utiliza el actual Fondo Único de Prestaciones Familiares, que ya está financiado en la ley de presupuestos, por lo que su sobregiro es eventual, ya que podría no utilizarse y la eventualidad de un gasto no hace inadmisible un proyecto de ley.
Mencionaré solo dos ejemplos. Cuando el entonces senador, hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín , presentó una indicación a la ley N° 20.084, de responsabilidad adolescente, que aumentaría la población penitenciaria de jóvenes infractores de ley, se determinó por parte del Tribunal Constitucional y por el Congreso Nacional, que a lo más ese efecto de mayor gasto sería colateral, sería indirecto, que no era el objetivo principal del proyecto. Por eso se declaró que ese proyecto era constitucional, aun cuando, de manera indirecta, podía provocar mayor gasto.
Otro ejemplo se dio cuando un grupo de senadores presentó un proyecto de ley para eliminar las tablas de riesgo en materia de salud. En ese caso se determinó que se trataba de un efecto indirecto.
Por lo tanto, este proyecto es admisible, es absolutamente constitucional y hoy lo…
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado.
Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo Dowling .
La señorita VALLEJO (doña Camila) .-
Señor Presidente, la gran mayoría de nuestro país, el pueblo de Chile, comprende la necesidad y la urgencia que existe por tener un postnatal de emergencia, un posnatal que asegure la salud y la vida de de los menores y también de sus padres y madres en su entorno familiar.
No obstante lo lógico y oportuno que parece apoyar esta propuesta, el gobierno y algunos parlamentarios oficialistas se oponen a su avance, fundamentando en que esta iniciativa se apartaría de la Constitución, el mismo argumento que usaron para oponerse a la jornada de 40 horas, la suspensión del pago de servicios básicos y otros tantos proyectos. En definitiva, todo proyecto que beneficie realmente y sin letra chica a las y los trabajadores, resulta que es inconstitucional.
En esa defensa a ultranza de una Constitución que agoniza, se esconde la insistencia de este gobierno en una estrategia fallida, en la que se hizo primar el funcionamiento del modelo económico por sobre la vida de las personas, y el resultado de ello ha sido que ni la economía podrá ser reactivada prontamente ni tampoco se está cautelando la vida de las personas.
El caso del jardín infantil clandestino de la empresa Fruna revela de la forma más cruda la necesidad de las madres trabajadoras de contar con el derecho a cuidar a sus hijos en su hogar. En ese sentido, esta iniciativa se apega totalmente a la Constitución, por cuanto el objeto principal de esta se constituye por la necesidad de proteger a los trabajadores y trabajadoras que ya tienen derechos concedidos por la norma laboral, y lo que se busca es extender estos beneficios mientras dure el estado de excepción constitucional. Es decir, lo importante y central de esta iniciativa es la protección, en esta etapa de anormalidad, de los más vulnerables de nuestra sociedad, como son los niños y las niñas, y esta protección solo se logrará cuando se garantice que los padres pueden hacer uso de los derechos que establece la ley laboral para poder cuidarlos.
El objeto principal, entonces, no es el aumento del gasto fiscal o la modificación de leyes sobre seguridad social. Este es un efecto colateral del objeto de esta iniciativa, y el propio Tribunal Constitucional -como señaló el diputado Walker -, permanente protector de los grandes intereses, ya ha sentado una jurisprudencia que avala la constitucionalidad de este proyecto.
El gobierno de Sebastián Piñera, atrapado en su ortodoxia, insiste en traspasar los costos de la crisis a las trabajadoras y los trabajadores, pretendiendo que las madres consuman su fondo de cesantía y reciban solo una parte de su sueldo. Es decir, el gobierno propone que, después de vencido el permiso de posnatal, sean la trabajadora y el trabajador los que financien los costos de la crisis, esto es, que asuman el costo de financiar una parte de sus ingresos con sus propios seguros de cesantía, en vez de que sea el Estado el garante.
La Cámara debe dar una señal a las trabajadoras de que sus derechos serán respetados frente a la indolencia de un gobierno que ha demostrado un dramático fracaso en su deber de proteger la vida de las personas y sus familias.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz Díaz .
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, lo primero que hay que peguntarse es cuánto tiempo llevamos en este debate. Los proyectos se presentaron en abril de este año; es decir, van más de tres meses desde que iniciamos la discusión de la extensión del posnatal.
Pero no son tres meses cualesquiera. Son tres meses en medio de la peor pandemia sanitaria que ha vivido el país en el último siglo; son tres meses donde se han requerido medidas extraordinarias para hacer frente a una situación extraordinaria.
¿Y qué ha pasado en estos tres meses? Miles de mujeres han tenido que optar entre cuidar a sus familias, renunciando a sus trabajos, o ponerlas en riesgo. Hablamos de mujeres que hoy no tienen la opción de contar con salas cuna o jardines infantiles ni de recurrir a redes familiares de apoyo. Son a esas mujeres a las que sometemos al estrés y a la angustia de tener que decidir qué hacer el día en que venza su posnatal: si arriesgan a sus hijos e hijas, a ellas mismas y a sus familias al contagio del coronavirus, o si renuncian al trabajo y con ello al ingreso, que a veces es el único que va restando en la familia. Es decir, las exponemos a una decisión dramática en la que no hay ninguna posibilidad de ganar.
¿Qué ha ocurrido en estos tres meses? El gobierno nos ha llevado a la discusión sobre la admisibilidad de un proyecto, la cual fue zanjada en su momento en esta Sala por amplia mayoría. Incluso, algunos de los que hoy defienden la inadmisibilidad, en aquella oportunidad no se pronunciaron; a la hora de la votación se abstuvieron. Sin embargo, el gobierno bajó la línea y hoy están todos tratando de convencernos de algo que no es razonable: que este proyecto no es admisible.
El informe de la Comisión Mixta es categórico, no solo por la votación, como lo decían varios diputados, sino porque, además, el juicio de especialistas, de expertos constitucionalistas, también es categórico. Hay opinión en todos los sentidos, eso es razonable; siempre ocurre. Pero el tema de fondo -es lo que no podemos perder de vista- es que el posnatal de emergencia es una necesidad humanitaria y urgente. ¡Humanitaria y urgente! Es hoy, más que nunca, cuando debiésemos estar acompañando a estas 22.000 mujeres o 22.000 familias para que puedan cuidarse y cuidar a los suyos. Y es a ellas a quienes les estamos fallando en el momento en que más lo necesitan, a través de un debate sobre la admisibilidad de un proyecto que, insisto, lleva más de tres meses en medio de la peor pandemia.
Creo que ninguno de nosotros ni de nosotras cree que es razonable que una mujer deba decidir si vuelve al trabajo, con el riego que ello significa en términos de salud para su familia, para sus hijos e hijas, o si debe renunciar al trabajo y a los ingresos económicos. Creo que todos nosotros tenemos el conocimiento de lo que está ocurriendo en nuestros distritos, donde la gente se organiza para no pasar hambre, donde la gente se organiza para no tener que padecer todas las consecuencias dramáticas de una crisis que está afectando de manera inimaginable la economía y el presupuesto de las familias.
El gobierno nos dice que este proyecto cuesta plata. ¡No! Este proyecto salva vidas. Así que esperamos que hoy se apruebe su admisibilidad.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Ximena Ossandón Irarrázabal .
La señora OSSANDÓN (doña Ximena) [vía telemática].-
Señor Presidente, la verdad es que han pasado cien días en los que no nos hemos podido poner de acuerdo para ir en ayuda de los lactantes, de sus madres y de sus padres.
Nadie duda de la nobleza de este proyecto, pero lo que hoy vamos a votar es el informe de la Comisión Mixta -no nos perdamos en eso-, instancia que, luego de escuchar atentamente a varios expertos en materia constitucional, votó y decidió democráticamente que este proyecto es admisible.
Luego de escuchar el debate reposadamente en la comisión, quiero hablar -no me es fácil hablar de los temas legislativos desde la constitucionalidad- sobre todo a aquellos que tienen alguna duda respecto de la votación de hoy.
Primero, me pareció tremendamente interesante que se dejara claro que las materias de iniciativa exclusiva del Presidente son una restricción a la actividad del Congreso, pero nunca una prohibición de legislar. Algunos dicen que lo que propone el proyecto es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, porque trataría de materias de seguridad social e irrogaría gasto fiscal.
La verdad es que después de escucharlos a todos, el tema es bastaste discutible, primero, porque debemos definir la materia. El objeto del proyecto del cual estamos hablando es la protección de la salud: la salud del padre, de la madre y del hijo, a propósito de la pandemia de la covid-19, para lo cual como instrumento, solo como instrumento, usa la extensión del posnatal. Es decir, no cabe duda de que es un tema de salud y no de seguridad social. Tanto es así que si no hubiera covid-19, no habría proyecto.
Pero el verdadero tema y el que más duele es si irroga o no gasto. En verdad encontré increíble que la discusión fuera bastante económica. Nadie quiso escuchar los costos del desarrollo cognitivo de los lactantes. Yo diría -como lo señaló el diputado que me antecedió- que nos faltó la discusión humanitaria. Hay que determinar si este proyecto de ley tiene como finalidad o no generar gasto. Tenemos claro que este proyecto no crea ningún subsidio. Por el contrario, utiliza un fondo que existe, el cual, a veces, puede usarse íntegramente, puede tener excedentes o puede que se sobregire. Y si se llega a sobregirar, sería algo colateral. Es decir, podríamos decir que si se llegara a generar gasto, sería un efecto -reitero- colateral. Por tanto, no estaríamos frente a un proyecto que tendría como finalidad generar un gasto propiamente tal. Esta moción es absolutamente admisible, porque es materia de salud y no de seguridad social, y no tiene como finalidad irrogar gastos.
No puedo dejar pasar algunas cosas que aquí se han dicho. No puedo permitir aseveraciones que hicieron algunos diputados, quienes, hablando de los distintos quintiles, señalaron que este proyecto sería regresivo y que privilegiaría a los niños más ricos, por decirlo así. Los niños son niños; da lo mismo el quintil. Todos necesitan del posnatal para su correcto desarrollo.
Terminemos con estas peleas ridículas de que existen parlamentarios constitucionalistas y otros inconstitucionalistas, porque el Congreso es un intérprete más de la Constitución, facultad que ejerce todo el tiempo cuando califica los proyectos de ley. Claramente el problema está en la interpretación. De hecho, por algo los fallos del Tribunal Constitucional normalmente no son unánimes.
Pido terminar con esta campaña organizada e injusta de desprestigio, haciendo uso de los tradicionales medios de comunicación y de la ignorancia de las personas que tragan todo con tanta facilidad. Hoy y siempre los parlamentarios y parlamentarias hemos estado haciendo nuestro trabajo, representando a nuestros distritos, poniendo las necesidades y los temas sobre la mesa, y puede que lo que nos esté faltando sea un ambiente de amistad entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber Romo .
El señor SILBER.-
Señor Presidente, mucho se ha ahondado en el discurso y debate respecto de las bondades de este proyecto.
Derechamente, en situaciones de emergencia, este es un proyecto que no cuesta plata, sino que salva vidas, pues la actual contingencia fuerza a muchas madres a elegir entre el cuidado de un menor y -obviamente, la necesidad tiene cara de hereje- reintegrarse al trabajo.
Estamos hablando de un proyecto que fue absolutamente tramitado y despachado por el Congreso Nacional.
Quiero exponer, tanto desde el punto de vista político como constitucional, que estamos ad portas de las aciagas diferencias a que estamos sometidos en el Congreso Nacional, manifestación de la soberanía popular y órgano válido en nuestro contexto constitucional, frente a las atribuciones del Presidente de la República.
Hoy estamos a la espera de que el Presidente Piñera tramite, porque así lo ha anunciado, tres vetos: al proyecto que prohíbe el corte de suministros de servicios básicos durante la pandemia, que el gobierno ha señalado, a todo evento, no querer promulgar, y sobre el cual va a plantear un veto; al proyecto de ley que extiende el permiso posnatal parental y el fuero maternal cuando su vigencia o ejercicio coincida con la declaración de un estado de excepción constitucional por calamidad pública, en caso de aprobarse la proposición formulada por la Comisión Mixta en orden a declararlo admisible, y a un proyecto que mejora la política, ya que limita la reelección de autoridades políticas, veto anunciado por el Ejecutivo respecto de alcaldes y concejales.
Hace muchos años hubo un gobierno -quiero que esto quede escrito sobre piedra- que fue acusado de gobernar por la vía del resquicio. Todos sabemos cuál fue el colofón de ese proceso institucional democrático.
Hoy tenemos un gobierno que por esa vía, torciendo la mano del Parlamento, quiere ponerse en la cornisa de la legalidad. Todos sabemos el efecto de transitar por esa senda.
De aprobarse en la Cámara la admisibilidad y de ratificarse por el Senado, vamos derecho a un conflicto de poderes.
Allí donde el entendimiento y los acuerdos, como habla el Presidente Piñera, claramente no están a la orden del día, en un contexto de pandemia, el gobierno, más que entrabar la discusión, debiera allanarse de una vez por todas a escuchar la voz del pueblo, manifestada en los mandatarios, que somos los representantes populares, elegidos democráticamente para representarlo en el Congreso Nacional.
Así las cosas, nosotros vamos a defender la admisibilidad. Hay fallos contundentes en ese sentido. Hemos señalado lo que ocurrió por parte del propio Tribunal Constitucional, a propósito de la ley N° 20.084, moción del senador Larraín , que da cuenta que de manera oblicua…
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda Orbenes .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, cuando aprobamos el proyecto que establecía la ampliación de ley de cuotas, siempre pensamos que iban a llegar al Parlamento mujeres fuertes, guerreras; mujeres que iban a dar la pelea en cada una de sus bancadas, en cada uno de los lugares que les tocara representar, y que íbamos a tener un Parlamento diverso, pero unido en la defensa de las necesidades de las personas y las familias.
También pensamos que cuando hay más mujeres en la política, esta experimenta un cambio, y creo que la tramitación de esta iniciativa es el ejemplo más importante de esa frase. Diría que este es el ejemplo vivo de lo que somos capaces de hacer las mujeres cuando nos unimos y entendemos el bien común y la importancia de lo que significan la maternidad, los niños, la familia y, en el fondo, el país.
Hoy no voy a hacer un discurso belicoso ni nada por el estilo. Por el contrario, voy a decir que me alegro por las mujeres, porque no es fácil ser diputada de gobierno y tener que decir que no al tremendo Ejecutivo. No es fácil.
Lo señalo, porque he tenido experiencia al respecto. Y vamos a decir que no porque hay un bien común que es más importante que cualquier gobierno, porque hay una situación de pandemia que no habíamos vivido nunca ninguno de los que estamos en esta Sala. Solo sabíamos respecto de esa situación a través de los libros de Historia, pero hoy la estamos sufriendo en carne propia.
Cada una de nosotras y nosotros hemos recibido testimonios de personas, de familias, de mujeres que lo están pasando mal, que tienen incertidumbre, complicaciones, y que ponen a sus hijos en primer lugar, en términos del tiempo, de la dedicación y de los recursos que se necesitan.
Hoy quiero reconocer a aquellas parlamentarias que, en circunstancias de que son de gobierno, están diciendo que no con argumentos, con certeza, con la capacidad de convencer a los demás y a sus propias bancadas sobre qué es lo necesario y urgente.
Con todas las diferencias políticas que podamos tener, así como con todas las dificultades que existan desde el punto de vista reglamentario, normativo y constitucional, tenemos la obligación de proteger el bien común. Eso es lo que hoy nos está mandatando el país, y la unidad que hemos logrado tiene que ver con el bien común de las personas que nos toca legítimamente representar acá.
Por eso, la Federación Regionalista Verde Social, sin ninguna duda, votará a favor el informe de la Comisión Mixta sobre este proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas.
Esperamos que todos los sectores, indistintamente del color político y de las presiones que puedan sufrir, con pleno conocimiento de que lo que propone esta iniciativa es absolutamente necesario, voten a favor el informe de la Comisión Mixta. Espero que lo voten a favor, sin perjuicio de valorar lo que ha dicho el Presidente de la República respecto del otro proyecto de ley referido a esta materia, que se encuentra radicado en el Senado, iniciativa que es complementaria a esta y que también es importante para los niños menores de seis años de edad. Pero este proyecto, referido al pre- y posnatal, es absolutamente distinto, diferente y tiene un carácter complementario.
Por eso, me alegra que haya más mujeres en el Parlamento.
Hoy estamos dando una lección: si actuamos unidas y unidos frente a lo que está ocurriendo, a pesar de todas las dificultades y de los problemas que ha habido con la prensa en materia comunicacional, así como con el gobierno, podremos sacar esta iniciativa adelante, lo cual puede llegar a ser un ejemplo no solo para lo que estamos viviendo hoy con la pandemia, sino para el futuro del país.
He dicho.
-Aplausos.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Diego Schalper Sepúlveda .
El señor SCHALPER.-
Señor Presidente, obviamente este es un proyecto sobre el cual venimos discutiendo hace un buen rato.
Al respecto, lo primero que hay que decir es que la ciudadanía tiene que saber que lo que estamos discutiendo no dice relación con el fondo de esta iniciativa. No estamos debatiendo respecto de si estamos o no de acuerdo con el proyecto en sí. La pregunta que es sometida a análisis en la Cámara es si este se ajusta o no a los requerimientos constitucionales.
¿Cuáles son los requerimientos de la Constitución Política? Simplemente que aquellos proyectos que irrogan gasto, que implican un gasto público, deben ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, lo cual no es una regla nacional, sino, en definitiva, una regla que es aplicada por distintos países en el mundo, la que se tiene como referente por una razón muy simple: solo puede determinar el gasto aquel que lo administra.
Las líneas argumentales que se han dado para justificar la constitucionalidad de este proyecto son, más o menos, las siguientes:
Algunos dicen que el bien común autoriza saltarse la Constitución, tal como lo escuchamos recién; pero el bien común implica hacer exactamente lo contrario. El bien común solo es posible en la medida en que se respeten las reglas que nos hemos dado para vivir civilizadamente. Las autoridades no tenemos la potestad de saltarnos las reglas. Eso sería algo parecido al abuso de poder.
Se ha dicho que la necesidad de las madres autoriza saltarse la Constitución.
Efectivamente, yo empatizo con la necesidad de las madres, porque es una necesidad real. Pero ¿cómo se resuelve esto en coherencia con la Constitución? Se resuelve legislando como lo está proponiendo el gobierno, que ha hecho un proyecto que no solo beneficia a veinte veces más personas que las que beneficia este proyecto; no solo tiene una mejor distribución en los sectores más vulnerables, sino que se ajusta además a la Constitución.
Me permito corregir a las colegas: dicho proyecto no es complementario, sino que subsume el proyecto actual; es decir, es capaz, en definitiva, de generar una mejor alternativa, llegando a más personas, generando más ecuanimidad en el gasto, y, lo más importante de todo, subsumiendo.
Si ese fuera el argumento, podría servir para muchas cosas.
Por ejemplo, ¿qué impediría que usted y yo presentáramos un proyecto, junto con la diputada Orsini -que no hay caso que capte que otros estamos hablando-, para duplicar la pensión básica solidaria o mejorar los subsidios habitacionales? Es decir, hay infinitas cosas y requerimientos que nos autorizarían a presentar iniciativas que irroguen gasto.
Pero ¿cuál es la gracia? Que los recursos son limitados, y que, por lo mismo, tenemos que ser capaces de administrarlos razonablemente.
Señor Presidente, se ha dicho que esto no se trata de un tema de seguridad social, sino de un tema de salud; pero mire qué curioso: todos los proyectos de ley en materia de pre- y postnatal, sin excepción, han ido a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. ¡Qué curioso! Los puedo leer, los tengo aquí.
No tengo mucho tiempo como para eso, pero basta con entrar a la página web de la Cámara de Diputados y poner posnatal en el buscador de proyectos para darse cuenta de que todos los proyectos de ley sobre esta materia se han tramitado como proyectos de seguridad social.
Por último, nos dicen que este proyecto no irrogaría gastos. Eso tampoco es efectivo, porque es evidente que esto involucra gastos, desde el momento que extiende un beneficio que tiene que ser pagado a las madres trabajadoras.
Por empatía con el drama de miles de madres de Chile, lo que hemos planteado es que el gobierno le ponga urgencia de discusión inmediata al proyecto de ley que regula la crianza de padres, madres y cuidadores respecto de niños menores de seis años. Me parece que esa es la respuesta correcta a este problema, porque, en definitiva, además de que beneficia a veinte veces más mujeres y hombres, lo más importante es que permite una mejor distribución de este esfuerzo.
Para cerrar, señor Presidente, deseo decir que todos queremos lo mejor para las mujeres de Chile, pero eso no nos autoriza a saltarnos la Constitución.
Me voy a abstener por una razón muy simple: creo en el fondo del proyecto, pero no en el medio que algunos quieren emplear para alcanzar ese fin.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Ricardo Celis .
El señor CELIS (don Ricardo) [vía telemática].-
Señor Presidente, excuso mi ausencia transitoria, pero estaba en una comisión especial investigadora, al igual que el diputado Schalper , quien me antecedió en el uso de la palabra.
Eso como primer hecho a señalar.
Lo segundo que debo decir es que Chile tiene una tradición larguísima, desde 1917, en materia de protección de los derechos de la mujer embarazada o de la mujer con su hijo recién nacido. Es muy antigua esta tradición. Se ratificó en 1925, cuando aparece por primera vez el reposo, que era de cuarenta días previos y veinte días posteriores al parto.
Esa ha sido la tradición e historia de Chile. Lo que estamos haciendo hoy es ir en el mismo sentido de lo que fueron las leyes anteriores. Esto tiene que ver con cómo somos capaces de cuidar la salud de la mujer y de su hijo. Ese es el punto central.
Aquí hay una colisión aparente entre los derechos laborales de la Constitución, que señala el diputado Schalper , y aquellos que tienen que ver con el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, al desarrollo sano y feliz, tanto de la madre como de su hijo y la familia, a la no discriminación de las mujeres. Esos son los elementos centrales y que también están contenidos en la Constitución.
Por lo tanto, aquí hay una cuestión constitucional que también tiene que ver con el respeto, pues a nosotros sí nos interesa el derecho a la vida, sí nos preocupa la integridad física de la mujer y su salud.
Soy médico ginecobstetra, por lo que he extendido muchas licencias médicas por pre- y posnatal. Lo que aquí se está haciendo es generar una condición de protección a la madre y al niño, como ha sido una tradición muy antigua en Chile.
Felicito especialmente a las diputadas que iniciaron esta moción, a las que luego se sumaron algunos diputados.
Allí hay un espíritu transversal que demuestra cómo somos capaces de que el verbo, lo que decimos, se haga realidad a través de un proyecto que termina protegiendo a la madre y a los niños. Los niños, primero; las madres, también, pues son parte integrante y esencial de nuestro país.
Cuando decimos que queremos a Chile, que queremos la vida, tenemos que estar con este tipo de proyectos, ya que también defienden derechos constitucionales, como la vida, la integridad física y mental, y la salud de las madres y los niños.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada María Loreto Carvajal .
La señora CARVAJAL (doña María Loreto).-
Cuando se discute la constitucionalidad de un proyecto, uno debe mirar, obviamente, lo que dice nuestra Carta Fundamental.
No cabe duda, tal como ha ratificado la Comisión Mixta, que este proyecto, más que desde el punto de vista económico o de a quién le corresponde la competencia financiera, lo que hace es velar por el derecho a la salud y a la integridad física de los ciudadanos y ciudadanas, en este caso, de las mujeres y de los niños.
Lo que me parece sorprendente es que, luego de una lata discusión de más de cien días, y dado que el sentido común dice que existe la posibilidad de que mujeres, pese a tener hijos recién nacidos, deban retornar a sus trabajos, a consecuencia de lo cual puedan contagiarse y fallecer por el coronavirus, esto se siga discutiendo y ellas no tengan una respuesta concreta, clara, responsable de un gobierno que escucha y que, se supone, entiende las necesidades y urgencias que esta pandemia nos ha provocado.
No cabe duda de que este proyecto viene a establecer una excepción en un estado de excepción, por lo que no debiéramos ni siquiera haberlo discutido de esta manera; debió haber sido una iniciativa del Ejecutivo.
Hoy, la norma en materia laboral, si lo queremos llevar a ese plano, establece excepciones respecto a la extensión del posnatal. Lo dice cuando hay un recién nacido antes de las 33 semanas, cuando hay una enfermedad en el parto y en otros casos de excepción que hacen extensible el posnatal.
Entonces, uno se pregunta qué hay detrás de esta reticencia, de esta negativa sostenida, de esta falta de sentido común frente a lo que hoy le ocurre a más de 23.000 mujeres en el país, que denota la falta de garantías y de protección de un Estado y su gobierno, que, más allá de establecer, anunciar, proponer o tener a la vista vetar, no se dedica a gobernar y a hacerse cargo de manera efectiva de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de este país.
¿Qué tiene que ocurrir para que se cree conciencia en el Presidente de la República o en la ministra del Trabajo, que es mujer, y se hagan eco de las necesidades y urgencias que tienen miles de mujeres, no solo respecto de ellas, sino también de sus hijos recién nacidos?
A mí no me parece lógico que se siga retardando este proyecto, incluso con ribetes de falta de cuidado, de falta de protección de un Ejecutivo que no ha sido capaz de dar el ancho en lo que respecta a las necesidades no solo de las mujeres, sino de la salud en general de este país, pues improvisa, retarda decisiones que son necesarias o las adopta con una inoportunidad que hace que linden en la ineficiencia absoluta.
Este es un paso que no hubiéramos querido dar: tener que llegar hasta esta instancia en la tramitación del proyecto, retardada por más de cien días, y tener que ratificar su admisibilidad luego del informe de una comisión mixta.
Por ello, solicito que la tramitación que le vayamos a dar luego de esta ratificación de su admisibilidad, que espero sea unánime y transversal, como el apoyo que ha recibido este proyecto, se dé pronto y que tengamos la posibilidad de despachar luego esta iniciativa y avanzar con más fuerza hacia una respuesta efectiva para estas mujeres que tanto lo necesitan.
A propósito de la ineficiencia de la ministra del Trabajo, entregó una respuesta que no se condice con la realidad, como dar a las mujeres la opción de tener que suspender sus labores a costa de su propio financiamiento, a través de su seguro de desempleo. No imagino a mujeres teniendo que pactar con un empleador.
La pregunta es, si no hay acuerdo, ¿qué ocurrirá? ¿La mujer tendrá que dejar de trabajar, tendrá que ser despedida o quedar en la más absoluta indefensión? O bien, ¿tendrá que recurrir, retrotrayéndonos a tiempos remotos, a una licencia médica, en el entendido de que el nacimiento, el parto, el embarazo son consecuencia de una enfermedad?
A mí me parece insólito tener que recurrir a lo que se hacía en años anteriores, tiempo en que cuando la mujer estaba embarazada le preguntaban cuándo se iba a mejorar, como si esto efectivamente fuera una enfermedad, y ver a mujeres haciendo filas para que se les pague su licencia médica.
Creo que es un desatino y refleja falta de voluntad y, por supuesto, de sentido común, algo que ya no nos sorprende de parte del Ejecutivo.
Como lo han dicho otros integrantes de mi bancada y también parlamentarios de otros sectores, de manera transversal, pido que no retardemos más esta tramitación, que ratifiquemos la admisibilidad declarada por la Comisión Mixta y avancemos en dar una buena respuesta a más de 23.000 mujeres que hoy esperan que tanto el Ejecutivo como el Legislativo demos el ancho, y aprobemos el posnatal de emergencia y avancemos…
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren .
El señor EGUIGUREN.-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo al subsecretario Juan José Ossa .
A propósito de la admisibilidad del proyecto de posnatal de emergencia y del informe de la Comisión Mixta, en la que me correspondió intervenir, resulta imprescindible hacer algunas precisiones que, lamentablemente, por los acontecimientos ocurridos -de gran mediatez-, han sido soslayados.
Resulta lamentable, a mi juicio, que hoy estemos preocupados de la admisibilidad formal de un proyecto, cuando tales diferencias podrían borrarse de un plumazo con la sola voluntad del Ejecutivo, el que hace tres meses no abre una puerta para mostrar voluntad de acceder a peticiones de parlamentarios de su propio sector. En efecto, con el solo patrocinio del Ejecutivo, no habría espacio a la discusión de la forma y nos enfocaríamos solo en el fondo, que es la discusión que nos interesa.
Coincido con quienes señalan que el proyecto no implica gastos adicionales. Es más, los recursos del Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía al día de hoy están subejecutados en un 31 por ciento. De hecho, tiene una ejecución mucho menor que en 2019, por lo que entendemos que no será necesario agregar recursos a este y, si así lo fuera, coincido con quienes señalan que se trata de una iniciativa que genera un gasto eventual, colateral, y eso, como lo establece la sentencia ROL N° 786 del Tribunal Constitucional, no impide la admisibilidad de un proyecto.
Coincidimos con todos los expertos que argumentaron vastamente que este proyecto no es propio del ámbito de la seguridad social, sino más bien es una iniciativa cuya materia principal es la protección de la madre, de los hijos, de los lactantes, de la familia, desde el punto de vista sanitario, a propósito de la pandemia de covid-19. El hecho de que exista un beneficio consecuencialmente a tal efecto no necesariamente lo transforma en materia de seguridad social. Por lo tanto, eso le da el carácter de laboral y sanitario.
Adicionalmente, sorprende que se argumente acerca de la regresividad que provoca este proyecto, algo que han señalado tanto personeros de gobierno como diputadas y diputados. Esos mismos parlamentarios, en 2011, cuando se discutió la proyección del posnatal nunca hablaron de regresividad; por el contrario, el proyecto fue celebrado transversalmente. ¡Pero ahora es un argumento! ¡Ahora sí lo es! En 2011 estábamos en una normalidad sanitaria y social, pero hoy estamos en un período de catástrofe. ¿Cómo es posible que la regresividad sea hoy un argumento para rechazar el proyecto y no lo fue en 2011?
Por último, creo que es fundamental hablarle al corazón de las chilenas y de los chilenos. Nuestra función hoy nos obliga a dar nuestro mayor esfuerzo, nos obliga a ser empáticos con las madres de Chile. ¡Por lo menos yo lo soy con las de mi Región de Coquimbo! Debemos ser empáticos y ponernos en el lugar de miles de chilenas y de chilenos que lo están pasando mal por la pandemia.
Por eso, estoy dispuesto a discutir distintos proyectos, siempre manteniendo el equilibrio fiscal y las prerrogativas constitucionales, que vayan en ayuda de quienes realmente lo necesitan, porque queremos ayudar a las mujeres, particularmente a las madres. Esto no es un problema de millones de dólares, no es un problema de gastos ni de equilibrio fiscal. Aquí no estamos discutiendo facultades exclusivas y excluyentes del Presidente de la República; lo que estamos haciendo es ir en ayuda de mujeres y de niños por nacer que nos necesitan y nosotros a ellos. Hoy día no les podemos dar la espalda, menos en un período de catástrofe; debemos apoyarlos y respaldar la admisibilidad de este proyecto.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Tomás Hirsch .
El señor HIRSCH (vía telemática).-
Señor Presidente, para el gobierno suspender el cobro de deudas hipotecarias en plena emergencia sanitaria es inconstitucional; exigir que las empresas de telecomunicaciones entreguen internet gratuito a estudiantes vulnerables es inconstitucional; proponer retirar fondos de las AFP, congelar los precios de los planes de salud de las isapres y suspender los pagos del CAE es inconstitucional. En este caso, extender el posnatal a las mujeres que acaban de ser madres en medio de una pandemia, que ya registra más de 9.000 muertos, para el gobierno también es inconstitucional.
Es bien curioso lo que sucede, pero para este gobierno todo lo que va en ayuda de la gente es inconstitucional. Otra muestra es lo que está pasando con los vetos: el gobierno ya ha anunciado la presentación de tres vetos, porque lo que no le conviene a sus amigos, a los grupos empresariales, es inconstitucional y lo mandan al Tribunal Constitucional o lo vetan. Sin embargo, lo que les gusta lo aprueban de inmediato, sin dejar posibilidad alguna para que la oposición pueda acudir a esa instancia.
Es curioso que ser elegido Presidente de Chile después de haber comprado acciones utilizando información privilegiada sí sea constitucional. Elaborar una ley de pesca pauteado por las grandes empresas pesqueras tampoco es inconstitucional.
El Presidente Piñera puede convocar a una comisión de expertos que “se salta” a la Cámara de Diputados, que rompe la separación de Poderes, y eso le parece que es de lo más normal y de lo más constitucional. O ir al funeral de su tío Bernardino y abrir el ataúd, confundir el número 20 con el número 31, y eso le parece que es de lo más normal, aunque se salte los protocolos.
Entonces, ¿cómo es la cosa en este país? Me parece que este es un buen momento para que sinceremos el debate. Si el Presidente de la República cree que no tenemos la atribución para presentar este proyecto, que es urgente, bastaría entonces con que él lo patrocinara. ¡Así nos ahorraríamos todo este absurdo debate y responderíamos a las demandas de las mujeres que están esperando! Y no solo las mujeres están esperando la aprobación de este proyecto, sino también los niños y los hombres, las familias. Todos quieren que este proyecto sea realidad cuanto antes para que termine este verdadero drama humano.
Apoyo este proyecto, porque es inhumano obligar a las madres a separarse de sus hijos de pocos meses de vida, en medio de esta emergencia sanitaria. ¡No puedo entender ni comprender por qué el gobierno intenta poner trabas! Este es un proyecto de salud, un proyecto humanitario y es incomprensible que el gobierno se niegue a que podamos legislar para ir en ayuda de las familias.
Si la Constitución Política no permite proteger a las familias, esa es una razón más que suficiente que demuestra que necesitamos una nueva Constitución para nuestro país, que garantice plenos derechos a cada mujer, a cada hombre y a cada familia de Chile.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Carmen Hertz .
La señora HERTZ (doña Carmen) [vía telemática].-
Señor Presidente, intervengo simplemente para insistir en la necesidad absoluta e impostergable de aprobar este proyecto de carácter humanitario, en medio de esta catástrofe, y aprovecho este debate para decir que la bancada del Partido Comunista lamenta profundamente el fallecimiento de Ángela Jeria , una mujer valiente y digna a través de toda su historia vital…
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Marcela Sabat .
La señora SABAT (doña Marcela) [vía telemática].-
Señor Presidente, ya han pasado cien días, pues hace cien días presentamos este proyecto que busca dar una respuesta real a miles de madres y padres que están desesperados.
Desde hace ya cien días, las salas cuna están cerradas y las mujeres no tienen dónde dejar a sus hijos cuando salen a trabajar; tampoco pueden confiar en sus padres para dejar a sus hijos -me refiero a los abuelos- porque, por la lógica de esta crisis, ellos tienen que estar en cuarentena.
Nos han acusado de todo: de desobedecer nuestro mandato constitucional, de populistas, de oportunistas, de entreguistas, de asesinos constitucionales -conceptos creativos, por lo demás-, pero lo cierto es que lo que determinó ayer la Comisión Mixta es que el proyecto es admisible constitucionalmente, y no solo por la mayoría política circunstancial, como muchos quisieran decir, sino porque así también lo resolvieron dos instancias técnicas del Congreso: me refiero a la Secretaría de la Cámara y a la Secretaría del Senado.
Quienes nos acusan de contravenir la Constitución olvidan las declaraciones que nuestra propia institucionalidad ha hecho respecto de este proyecto. A los que acusan la inconstitucionalidad de esta iniciativa diciendo que incurre en gasto fiscal, les debemos aclarar -ya lo dijo el diputado Eguiguren - que el subsidio de prenatal y posnatal parental se financia mediante el Fondo Único de Prestaciones Familiares, el cual se encuentra subejecutado en un 31 por ciento. Los recursos del fondo señalado los aprobamos año a año en la ley de presupuestos.
Por lo tanto, las mociones presentadas no alteran el régimen de administración del fondo, como muchos señalan, ni aumentan su presupuesto, el cual ya tiene un límite en la ley de más de 500.000 millones de pesos. Con ello se puede dar por resuelto el reclamo referente a la improcedencia del proyecto, porque no incurre en un mayor gasto fiscal, ya que la eventualidad del sobregiro no es materia de admisibilidad.
Otros señalan que el proyecto trata de modificar normas de seguridad social. No es así, porque hoy estamos tratando el tema del derecho a la salud de las madres y de los padres, de sus hijos y de sus hijas, en el contexto de esta crisis. Se trata del miedo que sufren miles de madres todos los días; se trata de las interrogantes que las madres se hacen todos los días y a cada instante, porque no hay nada más angustiante para una madre que la sensación de estar pensando en cada momento si contagiará o no a sus hijos por cumplir con su trabajo; si estará bien que siga trabajando; si vale la pena hacerlo. ¿Por qué llevamos a las mujeres a esa interrogante que se hacen con tanto sufrimiento? Y eso en la eventualidad de que no se contagien, porque si así fuera, tendrían que aislarse y alejarse de sus hijos. Ese sufrimiento tampoco se lo doy a nadie.
Son esas interrogantes y es a esa realidad a la que debemos responder, porque ya son miles de mujeres que han tenido que dejar sus trabajos por tener que hacerse cargo del cuidado de sus hijos; muchas jefas de hogar que no tienen, además, un ingreso alternativo, porque llevan solas sus hogares. Hoy, a la angustia de una mujer puérpera, con su hijo de meses en brazos, tenemos que sumar la incertidumbre de esta pandemia, que no tiene una respuesta estatal concreta.
El llamado es a votar este informe, a aprobar este anhelado posnatal de emergencia, porque ya no queda tiempo; porque las propuestas que se han puesto sobre la mesa no son suficientes; porque ya han pasado 3 meses de angustia y 3 meses de desesperación; porque es urgente; porque este proyecto no es de un sector político ni de un puñado de populistas, sino de las miles de madres angustiadas que hoy necesitan una respuesta.
He dicho.
El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
Suspenderé la sesión para que vuelvan los diputados que están trabajando en comisiones. Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor PAULSEN (Presidente).-
Continúa la sesión. El ministro Claudio Alvarado ha pedido hacer uso de la palabra Tiene la palabra, señor ministro.
El señor ALVARADO (ministro secretario general de la Presidencia) [vía telemática].-
Señor Presidente, está finalizando el debate sobre la admisibilidad del proyecto, contenido en los boletines refundidos 13364-13, 13376-13 y 13384-13, que extiende el permiso posnatal parental y el fuero maternal cuando su vigencia o ejercicio coincida con la declaración de un estado de excepción constitucional por calamidad pública.
Considero importante señalar muy claramente que el tema de esta sesión no es si las mujeres merecen más o menos posnatal. Como gobierno hemos demostrado con creces nuestra preocupación por entregar soluciones reales y concretas a las mujeres que se encuentran en situaciones complejas producto de la pandemia de la covid-19, preocupación que, por lo demás, hemos demostrado con hechos concretos.
Quiero recordar que el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en un hecho histórico, estableció como derecho de la mujer el posnatal de seis meses, una de las grandes reformas de los últimos años en beneficio de las mujeres.
Desde 2011, con la ley N° 20.545, que estableció el posnatal de seis meses, podemos decir, con orgullo, que tenemos un posnatal de gran nivel. Si queremos hacer comparaciones, hay que considerar que somos uno de los países que más facilidades tiene en esta materia.
Además, podemos decir que, desde la entrada en vigencia del posnatal de seis meses, la cantidad de licencias médicas por enfermedad del hijo menor de un año ha disminuido significativamente y que, a su vez, ha aumentado en forma importante la prevalencia de la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes desde el nacimiento.
Por lo tanto, una vez más, quiero dejar muy en claro y hacer presente a la honorable Cámara de Diputados que aquí no estamos discutiendo si las mujeres merecen más o menos posnatal o si el gobierno está o no preocupado de este tema. Lo que efectivamente estamos discutiendo, respecto de lo cual hoy se pronunciará la Cámara de Diputados, es la admisibilidad de este proyecto, es decir, a quién corresponde la iniciativa respecto de un proyecto de ley de estas características.
A nuestro juicio, este proyecto es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, porque invade materias que son propias de la seguridad social y también materias que dicen relación con el financiamiento.
No cabe ninguna duda de que los dos principios que acabo de mencionar están debidamente establecidos en la Constitución y que facultan exclusivamente al Presidente de la República en proporcionar al Congreso Nacional proyectos de ley que digan relación con la seguridad social y con materias de financiamiento público.
De mi experiencia como parlamentario, subsecretario y ministro, he aprendido que en política hay que ser responsable con el país y también tener plena conciencia de que, no obstante que uno legítimamente pueda representar a las personas que les hacen saber sus necesidades, tenemos que actuar dentro del marco de la institucionalidad vigente.
Por esa razón, hoy llamo a las señoras diputadas y a los señores diputados a considerar los planteamientos que se han hecho desde diferentes instancias, que dicen relación con la admisibilidad del proyecto, tal como lo hizo el Senado hace pocas semanas, que manifestó su opinión en la Sala respecto de que el proyecto era claramente inadmisible.
Por eso es importante llamar a la responsabilidad política y también hacer presente que el gobierno ingresó un proyecto de ley que se hace cargo de estas materias. El proyecto de ley que hoy se tramita en el Senado de la República, específicamente en su Comisión de Trabajo, otorga el derecho de acogerse unilateralmente a la ley de protección del empleo. A las madres o a los padres que se encuentren haciendo uso del posnatal parental y cuyo permiso venza durante la pandemia, se les asegura un aumento en cinco puntos porcentuales en los pagos establecidos en la ley de protección al empleo, a partir del primer pago para trabajadores con contrato fijo, aumentando de 55 a 60 por ciento la tasa de reemplazo; el segundo pago para trabajadores con contrato indefinido, de 55 a 60 por ciento, y, además, se les asegura un piso mínimo de 300.000 pesos mensuales.
El empleador seguirá obligado a pagar las cotizaciones previsionales.
Para acogerse al beneficio, los trabajadores solo deben comunicarlo al empleador.
El proyecto también crea fuero especial para padres, madres y cuidadores de niños menores de 6 años.
Por otra parte, no se podrá invocar la causal de ausencia injustificada con motivo del cuidado de los niños para el término de la relación contractual.
Sin lugar a dudas, a muchos el proyecto del Ejecutivo les podrá parecer insuficiente, pero, en definitiva, el Parlamento es precisamente para conversar, para discutir y para buscar puntos de encuentro.
Responsablemente, les quiero señalar que en la Comisión de Trabajo del Senado de la República, donde está radicada la discusión de este proyecto, el gobierno ha manifestado la mejor disponibilidad y la mejor voluntad para consensuar un acuerdo que permita cumplir con los objetivos, tanto los que han surgido desde el Parlamento como los propósitos y objetivos de una mayor cobertura de atención a niños menores de 6 años, como lo ha planteado el Ejecutivo.
Reitero que en opinión del Ejecutivo este proyecto claramente es inadmisible. Por eso, los invito a trabajar en conjunto buscando alternativas de solución a través del proyecto que actualmente se encuentra en el Senado, con el fin de dar una solución integral y definitiva a las madres, a los padres y a los cuidadores de niños menores de 6 años que sufren las consecuencias de la pandemia y que, de una u otra manera, ameritan la preocupación de todos y cada uno de nosotros, preocupación que debe estar siempre centrada en el marco de la legislación y de la Constitución que nos rige.
He dicho.
El Señor PAULSEN (Presidente).-
Cerrado el debate.
-o-
El Señor PAULSEN (Presidente).-
Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .
El señor MULET [vía telemática].-
Señor Presidente, hay diputados que recurrentemente reclaman en la Sala por los que no estamos en sesión.
Al respecto, deseo manifestar que soy particularmente cuidadoso de asistir a todas las sesiones. Hasta hace unos minutos estábamos en sesión de la comisión investigadora sobre covid-19, motivo por el cual no participamos de la discusión del último proyecto tratado en la Sala.
Lo hago presente, porque se trata de un conjunto importante de diputados que participó en una sesión respecto de un tema tremendamente relevante y urgente, tal como lo es la sesión de Sala, en que se conoció la iniciativa sobre extensión del posnatal, que desde ya anuncio que aprobaremos.
He dicho.
El Señor PAULSEN (Presidente).-
Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Patricio Melero .
El señor MELERO [vía telemática].-
Señor Presidente, solicito que durante la votación la Mesa exprese muy bien el alcance de lo que se va a votar en el informe de la Comisión Mixta sobre la extensión del posnatal. Ello, porque a juzgar de lo expresado en algunas intervenciones, colegas dicen que van a votar a favor el proyecto de posnatal; pero, según entiendo, lo que se someterá a votación es exclusiva y excluyentemente la admisibilidad que declaró la Comisión Mixta, porque la Cámara ya votó hace dos o tres semanas el proyecto del posnatal.
Repito: lo que se va a votar hoy es exclusiva y excluyentemente la admisibilidad del proyecto, que la Comisión Mixta declaró a favor y el Senado en contra.
La idea es que quede claro para la historia fidedigna del establecimiento de la ley y para que no haya equívocos en la votación.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Amaro Labra .
El señor LABRA.-
Señor Presidente, lo que hizo el diputado Melero fue hacer otra intervención. Todos podríamos hacer eso y estar hasta mañana hablando.
Me parece que no es un punto de Reglamento. Por eso, debería llamar la atención al diputado Melero .
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Muy bien, diputado Labra .
A contar de la próxima sesión haremos valer el Reglamento, tal como usted pide, de manera que quien pida el uso de la palabra por cuestiones reglamentarias deberá citar el artículo respectivo. Con ello evitaremos que se diga que estamos censurando la discusión.
Quedará consignado en el acta que ustedes nos están pidiendo que apliquemos el Reglamento.
Para plantear una cuestión reglamentaria, tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .
El señor ILABACA [vía telemática].-
Señor Presidente, durante toda la sesión ha estado presente el subsecretario Ossa , pero usted no ha solicitado la unanimidad de la Sala.
El ministro de la Segpres no está presente. Apagó su cámara y durante toda la sesión no ha estado presente.
Por lo tanto, solicito que el subsecretario salga de la Sala.
He dicho.
El Señor PAULSEN (Presidente).-
Diputado Ilabaca , esta es una sesión mixta. De acuerdo con lo que me comunican, el ministro ha estado conectado de manera telemática. Por lo tanto, el subsecretario puede estar presente en la Sala.
Cuando el ministro se desconecte, pediremos al subsecretario que salga de la Sala, como indica el Reglamento.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor PAULSEN (Presidente).-
Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado René Saffirio .
El señor SAFFIRIO (vía telemática).-
Señor Presidente, solicito que la Mesa aclare los efectos que se van a producir con la tramitación en la Cámara de Diputados del proyecto sobre posnatal de emergencia.
Digo esto porque el proyecto fue aprobado el 6 de mayo. Entonces, se produce una situación excepcionalísima, en el sentido de que estamos votando la admisibilidad o inadmisibilidad de un proyecto cuya aprobación ya se produjo.
No podría ocurrir que las cosas se retrotrajeran al estado anterior al debate y a la votación. Probablemente eso deba ocurrir en el Senado producto de que allí sí fue declarado inadmisible el proyecto.
Tengo esa duda y solicito que sea aclarada antes de votar sobre su admisibilidad.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ROJAS (Secretario accidental).-
Señor diputado, el artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional se refiere a esta materia y señala lo siguiente:
“Con todo, si en el segundo trámite constitucional la Sala de la Cámara revisora rechazare la admisibilidad aprobada por la Cámara de origen, se constituirá una comisión mixta, de igual número de diputados y senadores, la que efectuará una proposición para resolver la dificultad. Si la comisión mixta no alcanzare acuerdo o concluyese que la iniciativa es inadmisible, ésta será archivada. Si la estimase admisible -como ocurre en este caso-, propondrá que continúe su tramitación. Esa propuesta de la comisión mixta deberá ser aprobada, tanto en la Cámara de origen como en la revisora, por la mayoría de los miembros presentes en cada una de ellas. Si una de las Cámaras la rechazare, la iniciativa se archivará.”.
En términos prácticos, como aquí ya existe un texto, si se aprueba su admisibilidad, va al Senado para que este se pronuncie sobre el informe de la Comisión Mixta. Si lo declara admisible, continuará trabajando sobre la base del texto que ya le había enviado la Cámara de Diputados.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde votar el informe de la Comisión Mixta que declara admisible el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, para extender el permiso postnatal parental y el fuero maternal cuando su vigencia o ejercicio coincida con la declaración de un estado de excepción constitucional, por calamidad pública, de conformidad con lo presupuestado en el artículo 15, inciso segundo, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
En votación.
-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, la votación de los diputados Diego Ibáñez , Pedro ÁlvarezSalamanca , Virginia Troncoso y Sergio Bobadilla .
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 110 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 15 abstenciones y 1 inhabilitación.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas , Florcita Fernández Allende , Maya Meza Moncada , Fernando Sabag Villalobos , Jorge Alinco Bustos , René Flores García, Iván Mirosevic Verdugo , Vlado Sabat Fernández , Marcela Álvarez Vera , Jenny Flores Oporto , Camila Mix Jiménez , Claudia Saffirio Espinoza , René Alvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Monsalve Benavides , Manuel Saldívar Auger , Raúl Amar Mancilla , Sandra Galleguillos Castillo , Ramón Morales Muñoz , Celso Santana Castillo , Juan Ascencio Mansilla , Ga-briel García García, René Manuel Moreira Barros , Cristhian Santibáñez Novoa , Marisela Auth Stewart , Pepe Garín González , Re-nato Mulet Martínez , Jaime Sauerbaum Muñoz , Frank Barrera Moreno , Boris Girardi Lavín , Cristi-na Muñoz González , Francesca Schilling Rodríguez , Marcelo Bernales Maldonado , Alejandro González Gatica , Félix Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Bianchi Retamales , Karim González Torres , Rodrigo Núñez Arancibia , Daniel Sepúlveda Soto , Alexis Boric Font , Gabriel Gutiérrez Gálvez , Hugo Núñez Urrutia , Pau-lina Silber Romo , Gabriel Brito Hasbún , Jorge Hernando Pérez , Marcela Nuyado Ancapichún , Emilia Soto Ferrada , Leonardo Calisto Águila , Miguel Ángel Hertz Cádiz , Carmen Olivera De La Fuen-te , Erika Soto Mardones , Raúl Cariola Oliva , Karol Hirsch Goldschmidt , Tomás Orsini Pascal , Maite Teillier Del Valle, Guillermo Carter Fernández , Álvaro Ibáñez Cotroneo , Diego Ortiz Novoa, José Miguel Tohá González , Jaime Carvajal Ambiado , Loreto Ilabaca Cerda , Mar-cos Ossandón Irarrázabal , Ximena Torres Jeldes , Víctor Castillo Muñoz , Natalia Jackson Drago , Giorgio Parra Sauterel , Andrea Trisotti Martínez , Renzo Castro González, Juan Luis Jarpa Wevar , Carlos Abel Pérez Arriagada , José Troncoso Hellman , Virginia Celis Araya , Ricardo Jiles Moreno , Pamela Pérez Olea , Joanna Vallejo Dowling , Camila Celis Montt , Andrés Jiménez Fuentes , Tucapel Pérez Salinas , Catalina Velásquez Núñez , Esteban Cicardini Milla , Daniella Labra Sepúlveda , Amaro Rathgeb Schifferli , Jorge Velásquez Seguel , Pedro Cid Versalovic , Sofía Lavín León , Joaquín Rey Martínez , Hugo Venegas Cárdenas , Mario Crispi Serrano , Miguel Leiva Carvajal , Raúl Rocafull López , Luis Verdessi Belemmi , Daniel Díaz Díaz , Marcelo Leuquén Uribe , Aracely Rojas Valderrama , Camila Vidal Rojas , Pablo Durán Espinoza , Jorge Lorenzini Basso , Pablo Romero Sáez , Leo-nidas Walker Prieto , Matías Durán Salinas , Eduardo Marzán Pinto , Carolina Rosas Barrientos , Patricio Winter Etcheberry , Gonzalo Eguiguren Correa , Fran-cisco Matta Aragay , Manuel Saavedra Chandía , Gastón Yeomans Araya , Gael Espinoza Sandoval , Fidel Mellado Pino, Cosme
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alessandri Vergara , Jorge Fuenzalida Cobo , Juan Macaya Danús , Javier Sanhueza Dueñas , Gustavo Álvarez Ramírez , Sebastián Hoffmann Opazo , María José Melero Abaroa , Patricio Torrealba Alvarado , Sebastián Baltolu Rasera , Nino Kast Sommerhoff , Pablo Molina Magofke , Andrés Undurraga Gazitúa , Francisco Barros Montero , Ramón Kort Garriga , Issa Paulsen Kehr , Diego Urrutia Bonilla , Ignacio Bellolio Avaria , Jaime Kuschel Silva , Carlos Ramírez Diez , Guillermo Van Rysselberghe Herrera , Enrique CruzCoke Carvallo , Luciano Luck Urban , Karin Rentería Moller , Rolando Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
-Se abstuvieron los diputados señores:
Berger Fett , Bernardo Gahona Salazar , Sergio Mellado Suazo , Miguel Schalper Sepúlveda , Diego Castro Bascuñán , José Miguel Jürgensen Rundshagen , Harry Noman Garrido , Nicolás Urrutia Soto , Osvaldo Coloma Álamos, Juan Antonio Keitel Bianchi , Sebastián Pardo Sáinz , Luis Urruticoechea Ríos , Cristóbal Desbordes Jiménez , Mario Longton Herrera , Andrés Pérez Lahsen, Leopoldo
-Se inhabilitó el diputado señor:
Prieto Lorca, Pablo
El señor PAULSEN (Presidente).-
Despachado el informe al Senado.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE SEÑORA ÁNGELA JERIA GÓMEZ , MADRE DE LA EXPRESIDENTA MICHELLE BACHELET , RECIENTEMENTE FALLECIDA
El señor PAULSEN (Presidente).-
De manera especial, vamos a guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de la señora Ángela Jeria Gómez , madre de la ex-Presidenta Michelle Bachelet , quien acaba de fallecer a los 93 años de edad. Invito a todos a ponerse de pie.
-Las señoras diputadas, los señores diputados y los funcionarios guardan, de pie, un minuto de silencio.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Muchas gracias.
En nombre de la Corporación, haremos llegar nuestras más sinceras condolencias a la familia de la ex-Presidenta de la República.
FUSIÓN DE PROYECTOS
El Señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde votar, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la solicitud de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en orden a refundir los proyectos de reforma constitucional que habilitan el retiro anticipado de fondos previsionales, contenidos en los boletines Nos 13501-07, 13617-07 y 13627-07.
En votación.
-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Diego Ibáñez , Pepe Auth , Nino Baltolu y Pedro Pablo Álvarez-Salamanca .
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 121 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 17 abstenciones y 1 inhabilitación.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas , Florcita Espinoza Sandoval , Fidel Mellado Suazo , Miguel Rosas Barrientos , Patricio Alinco Bustos , René Fernández Allende , Maya Meza Moncada , Fernando Saavedra Chandía , Gastón Álvarez Vera , Jenny Flores García, Iván Mirosevic Verdugo , Vlado Sabag Villalobos , Jorge AlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Flores Oporto , Camila Mix Jiménez , Claudia Sabat Fernández , Marcela Ascencio Mansilla , Gabriel Galleguillos Castillo , Ramón Monsalve Benavides , Manuel Saffirio Espinoza , René Auth Stewart, Pepe García García, René Manuel Morales Muñoz , Celso Saldívar Auger , Raúl Barrera Moreno , Boris Garín González , Renato Moreira Barros , Cristhian Sanhueza Dueñas , Gustavo Bellolio Avaria , Jaime Girardi Lavín , Cristina Mulet Martínez , Jaime Santana Castillo, Juan Bernales Maldonado , Alejandro González Gatica , Félix Muñoz González , Francesca Santana Tirachini , Alejandro Bianchi Retamales , Karim Gutiérrez Gálvez, Hugo Naranjo Ortiz , Jaime Santibáñez Novoa , Marisela Bobadilla Muñoz , Sergio Hernando Pérez , Marcela Noman Garrido , Nicolás Sauerbaum Muñoz , Frank Boric Font , Gabriel Hertz Cádiz , Carmen Norambuena Farías, Iván Schilling Rodríguez , Marcelo Brito Hasbún , Jorge Hirsch Goldschmidt , Tomás Núñez Arancibia , Daniel Sepúlveda Orbenes , Alejandra Calisto Águila , Miguel Ángel Ibáñez Cotroneo , Diego Núñez Urrutia , Paulina Sepúlveda Soto , Alexis Cariola Oliva , Karol Ilabaca Cerda , Marcos Nuyado Ancapichún , Emilia Silber Romo , Gabriel Carter Fernández , Álvaro Jackson Drago , Giorgio Olivera De La Fuente , Erika Soto Ferrada , Leonardo Carvajal Ambiado , Loreto Jarpa Wevar , Carlos Abel Orsini Pascal , Maite Soto Mardones, Raúl Castillo Muñoz , Natalia Jiles Moreno , Pamela Ortiz Novoa, José Miguel Teillier Del Valle, Guillermo Castro Bascuñán, José Miguel Jiménez Fuentes , Tucapel Ossandón Irarrázabal , Ximena Tohá González , Jaime Castro González, Juan Luis Kuschel Silva , Carlos Parra Sauterel , Andrea Torres Jeldes , Víctor Celis Araya , Ricardo Labra Sepúlveda , Amaro Pérez Arriagada , José Urrutia Soto , Osvaldo Celis Montt , Andrés Lavín León , Joaquín Pérez Lahsen , Leopoldo Vallejo Dowling , Camila Cicardini Milla , Daniella Leiva Carvajal , Raúl Pérez Olea , Joanna Velásquez Núñez , Esteban Cid Versalovic , Sofía Leuquén Uribe , Aracely Pérez Salinas , Catalina Velásquez Seguel , Pedro Crispi Serrano , Miguel Longton Herrera , Andrés Prieto Lorca , Pablo Venegas Cárdenas , Mario Del Real Mihovilovic , Catalina Lorenzini Basso , Pablo Rathgeb Schifferli , Jorge Verdessi Belemmi , Daniel Desbordes Jiménez , Mario Luck Urban , Karin Rey Martínez , Hugo Vidal Rojas , Pablo Díaz Díaz , Marcelo Marzán Pinto , Carolina Rocafull López , Luis Walker Prieto , Matías Durán Espinoza , Jorge Matta Aragay , Manuel Rojas Valderrama , Camila Winter Etcheberry , Gonzalo Durán Salinas , Eduardo Mellado Pino , Cosme Romero Sáez , Leonidas Yeomans Araya , Gael Eguiguren Correa, Francisco
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez Ramírez , Sebastián Kast Sommerhoff , Pablo Molina Magofke , Andrés Undurraga Gazitúa , Francisco Baltolu Rasera , Nino Kort Garriga , Issa Paulsen Kehr , Diego Urrutia Bonilla , Ignacio Barros Montero , Ramón Macaya Danús , Javier Trisotti Martínez , Renzo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Fuenzalida Cobo , Juan Melero Abaroa , Patricio Troncoso Hellman, Virginia
-Se abstuvieron los diputados señores:
Alessandri Vergara , Jorge Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Jürgensen Rundshagen , Harry Rentería Moller , Rolando Amar Mancilla , Sandra Gahona Salazar , Sergio Keitel Bianchi , Sebastián Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo Hernández Hernández , Javier Pardo Sáinz , Luis Urruticoechea Ríos , Cristóbal Coloma Álamos, Juan Antonio Hoffmann Opazo , María José Ramírez Diez , Guillermo Van Rysselberghe Herrera , Enrique CruzCoke Carvallo, Luciano
-Se inhabilitó el diputado señor:
Torrealba Alvarado, Sebastián
-o-
El señor PAULSEN (Presidente).-
El diputado Marcos Ilabaca ha hecho presente a la Mesa que el ministro no se encuentra presente de manera telemática; es decir, no está conectado con video, por lo que el subsecretario no podría estar presente.
(Hablan varios diputados a la vez)
Señores diputados, debo hacer cumplir el Reglamento; el diputado Ilabaca me lo está exigiendo.
FUSIÓN DE PROYECTOS
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde votar la solicitud de las Comisiones Unidas de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización , y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en orden a refundir, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, para promover la denuncia por parte de los funcionarios públicos de los delitos y otros hechos irregulares de los que tengan conocimiento (boletín N° 13115-06), radicado en la Comisión de Gobierno Interior, con el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece un Estatuto de Protección a favor del Denunciante de Actos contra la Probidad Administrativa (boletín N° 13565-07), radicado en las Comisiones Unidas requirentes.
Se hace presente a la Sala que se consultará al Presidente de la República respecto de esta fusión.
En votación.
-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Diego Ibáñez, Iván Flores , Maya Fernández , Manuel Matta y Pedro Álvarez-Salamanca .
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 151 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas , Florcita Espinoza Sandoval , Fidel Melero Abaroa , Patricio Saavedra Chandía , Gastón Alessandri Vergara , Jorge Fernández Allende , Maya Mellado Pino , Cosme Sabag Villalobos , Jorge Alinco Bustos , René Flores García, Iván Mellado Suazo , Miguel Sabat Fernández , Marcela Álvarez Ramírez , Sebastián Flores Oporto , Camila Meza Moncada , Fernando Saffirio Espinoza , René Álvarez Vera , Jenny Fuenzalida Cobo , Juan Mirosevic Verdugo , Vlado Saldívar Auger , Raúl AlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Mix Jiménez , Claudia Sanhueza Dueñas , Gustavo Amar Mancilla , Sandra Gahona Salazar , Sergio Molina Magofke , Andrés Santana Castillo , Juan Ascencio Mansilla , Gabriel Galleguillos Castillo , Ramón Monsalve Benavides , Manuel Santana Tirachini , Alejandro Auth Stewart, Pepe García García, René Manuel Morales Muñoz , Celso Santibáñez Novoa , Marisela Baltolu Rasera , Nino Garín González , Renato Moreira Barros , Cristhian Sauerbaum Muñoz , Frank Barrera Moreno , Boris Girardi Lavín , Cristina Mulet Martínez , Jaime Schalper Sepúlveda , Diego Barros Montero , Ramón González Gatica , Félix Muñoz González , Francesca Schilling Rodríguez , Marcelo Bellolio Avaria , Jaime González Torres , Rodrigo Naranjo Ortiz , Jaime Sepúlveda Orbenes , Alejandra Berger Fett , Bernardo Gutiérrez Gálvez , Hugo Noman Garrido , Nicolás Sepúlveda Soto , Alexis Bernales Maldonado , Alejandro Hernández Hernández , Javier Norambuena Farías , Iván Silber Romo , Gabriel Bianchi Retamales , Karim Hernando Pérez , Marcela Núñez Arancibia , Daniel Soto Ferrada , Leonardo Bobadilla Muñoz , Sergio Hertz Cádiz , Carmen Núñez Urrutia , Paulina Soto Mardones , Raúl Boric Font , Gabriel Hirsch Goldschmidt , Tomás Nuyado Ancapichún , Emilia Teillier Del Valle, Guillermo Brito Hasbún , Jorge Hoffmann Opazo , María José Olivera De La Fuente , Erika Tohá González , Jaime Calisto Águila , Miguel Ángel Ibáñez Cotroneo , Diego Orsini Pascal , Maite Torrealba Alvarado , Sebastián Cariola Oliva , Karol Ilabaca Cerda , Marcos Ortiz Novoa, José Miguel Torres Jeldes , Víctor Carter Fernández , Álvaro Jackson Drago , Giorgio Ossandón Irarrázabal , Ximena Trisotti Martínez , Renzo Carvajal Ambiado , Loreto Jarpa Wevar , Carlos Abel Pardo Sáinz , Luis Undurraga Gazitúa, Francisco Castillo Muñoz , Natalia Jiles Moreno , Pamela Parra Sauterel , Andrea Urrutia Bonilla , Ignacio Castro Bascuñán, José Miguel Jiménez Fuentes , Tucapel Paulsen Kehr , Diego Urrutia Soto , Osvaldo Castro González, Juan Luis Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Arriagada , José Urruticoechea Ríos , Cristóbal Celis Araya , Ricardo Keitel Bianchi , Sebastián Pérez Lahsen , Leopoldo Vallejo Dowling , Camila Celis Montt , Andrés Kort Garriga , Issa Pérez Olea , Joanna Van Rysselberghe Herrera , Enrique Cicardini Milla , Daniella Kuschel Silva , Carlos Pérez Salinas , Catalina Velásquez Núñez , Esteban Cid Versalovic , Sofía Labra Sepúlveda , Amaro Prieto Lorca , Pablo Velásquez Seguel , Pedro Coloma Álamos, Juan Antonio Lavín León , Joaquín Ramírez Diez , Guillermo Venegas Cárdenas , Mario Crispi Serrano , Miguel Leiva Carvajal , Raúl Rathgeb Schifferli , Jorge Verdessi Belemmi , Daniel Del Real Mihovilovic , Catalina Longton Herrera , Andrés Rentería Moller , Rolando Vidal Rojas , Pablo Desbordes Jiménez , Mario Lorenzini Basso , Pablo Rey Martínez, Hugo Von Mühlenbrock Zamora , Gastón Díaz Díaz , Marcelo Luck Urban , Karin Rocafull López , Luis Walker Prieto , Matías Durán Espinoza , Jorge Macaya Danús , Javier Rojas Valderrama , Camila Winter Etcheberry , Gonzalo Durán Salinas , Eduardo Marzán Pinto , Carolina Romero Sáez , Leonidas Yeomans Araya , Gael Eguiguren Correa , Matta Aragay , Rosas Barrientos , Francisco Manuel Patricio
-Votó por la negativa la diputada señora:
Troncoso Hellman, Virginia
-Se abstuvieron los diputados señores:
Cruz-Coke Carvallo , Luciano Jürgensen Rundshagen, Harry
RATIFICACIÓN DE INADMISIBILIDAD DE PROYECTO DE LEY
El señor PAULSEN (Presidente).-
Se ha solicitado la reconsideración de la declaración de inadmisibilidad del proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados Marcelo Díaz , Patricio Rosas , Alexis Sepúlveda , Gabriel Silber , Víctor Torres y Gonzalo Winter , y de las diputadas Jenny Álvarez , Karol Cariola , Claudia Mix y Maite Orsini , que prorroga el plazo para la renovación de los permisos de circulación correspondientes al año 2020, por cuanto infringe lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, número 3°, segunda parte, de la Constitución Política de la República.
Para fundamentar la admisibilidad de la moción, tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz , hasta por cinco minutos.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, esto parece un déjà vu de un debate que dimos en la Sala en marzo pasado, en que también se defendió la admisibilidad de un proyecto presentado por algunos de los autores de esta misma moción y de otras. Ahora buscamos establecer la extensión del plazo para el pago del permiso de circulación.
Primero, es sabido -me lo comentó el alcalde de la comuna de Independencia, Gonzalo Durán - que a la empresa que provee el servicio -son dos en Chile; existe una suerte de oligopolio- se le cayó el sistema los días previos al vencimiento del plazo del 30 de junio pasado para el pago del permiso de circulación. En consecuencia, hubo mucha gente que no pudo pagarlo, pero no porque no quisiera, sino porque no pudo hacerlo de manera virtual. A esas personas les cobraron multas, las cuales hoy están pagando. En algunos casos son multas pequeñas, de entre 4.000 pesos y 5.000 pesos, pero dadas las condiciones económicas del país, todo suma -porque precisamente suma-.
Por ello, queríamos evitar que la gente tuviera que ir a pagar presencialmente el permiso de circulación, como ha ocurrido. Aún queda un número muy significativo de chilenos y chilenas que no han pagado su permiso de circulación, ya sea porque no han podido hacerlo, porque los medios no están habilitados, por ejemplo, el virtual, o porque derechamente no cuentan con los recursos para ello.
Esas son las situaciones de hecho; ese es el fundamento teleológico de este proyecto, por decirlo de alguna manera.
Lo que estamos haciendo es reiterar la ruta legislativa que siguió un proyecto que ya fue despachado por la Cámara de Diputados y que fue declarado admisible -el Presidente me dice que no; entiendo que diga que no, porque él no estaba de acuerdo y lo declaró inadmisible-, el cual tenía el mismo propósito, es decir, le entregaba esta misma facultad a los municipios. Por esa vía, se entendía que se sorteaba el artículo en comento por el cual el proyecto fue declarado inadmisible por la Mesa de la Cámara.
Yo tengo una interpretación distinta. Tengo la interpretación de que lo que estamos haciendo con este proyecto es algo aún más simple, porque simplemente modificamos una fecha, lo que permite que el permiso de circulación pueda ser pagado hasta el vencimiento del estado de catástrofe, cosa que podría ocurrir hoy, mañana, pasado mañana, en dos semanas más, en un mes más o podría postergarse. Esto no significa que no pueda pagarse en el plazo convenido o en el plazo actual -ya con multas, de hecho-.
En consecuencia, no estamos modificando la esencia de la obligación, que es lo que la Mesa señala en su informe, en términos de que se modificaría un elemento de la esencia de la obligación como es el plazo. Lo que estamos haciendo con el proyecto es extender el período en el que se pueda cumplir la obligación, a partir de un hecho que la Cámara de Diputados había validado en una ley anterior, como es la situación de pandemia que vive el país.
Es cierto que no es una interpretación estricta; es una interpretación más laxa a favor de las facultades de la Cámara de Diputados. Pero a propósito del proyecto que vamos a votar en cuarto lugar, varios constitucionalistas han señalado que las normas en materia de iniciativa exclusiva del Presidente deben ser interpretadas en sentido estricto, muy restrictivamente, para no coartar la función colegisladora de la Cámara de Diputados y del Senado, y para no convertirlos en un simple buzón del Ejecutivo, cualquiera que este sea.
En consecuencia, cuando no se modifica -a juicio de uno de los autores de este proyecto, como es mi caso- un elemento de la esencia de la obligación, sino que una condición de su cumplimiento, de su verificación, yo creo que no estamos vulnerando el artículo 63 invocado por la Mesa para declarar inadmisible el proyecto.
Por lo tanto, a partir de esta fundamentación, pido que sea declarada la admisibilidad del proyecto por parte de la Sala, y que se le permita al diputado Alinco ponerlo en tabla en la comisión, para que efectivamente despachemos esa iniciativa que permite prorrogar el pago del permiso de circulación.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Para sostener la opinión de la Mesa, tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalida , hasta por cinco minutos.
El señor FUENZALIDA (don Gonzalo).-
Señor Presidente, todos entendimos al diputado Díaz . Creo que esta es una buena iniciativa y que tiene un buen fin. Y todos estaríamos de acuerdo con que el diputado Alinco la pusiera en tabla para su votación en la comisión, porque todos queremos alivianar la carga de los ciudadanos en Chile, que tienen que pagar el permiso de circulación y una serie de otras obligaciones.
Pero el tema está en que, en primer lugar, este proyecto es extemporáneo, pues ya está fuera de plazo, porque el plazo para el pago del permiso de circulación venció el 30 de junio y mucha gente ya fue a pagarlo.
El diputado Díaz hablaba del alcalde de la comuna de Independencia. Nosotros también hablamos con nuestros alcaldes, quienes precisamente señalaron que la gran mayoría ha ido a pagar este impuesto.
Entonces, esta ley llega tarde, porque si la aprobamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Vamos a devolver la plata que hoy está en el fondo municipal a esas personas que fueron a pagar el impuesto? La verdad es que llegó tarde este proyecto; o sea, está fuera de plazo. Eso es lo primero.
Segundo, es inadmisible, porque nuevamente nos estamos metiendo en el patrimonio de las municipalidades. Para que la Sala sepa, el 37,5 por ciento de este impuesto va al patrimonio de la municipalidad que lo recauda, y el 62,5 por ciento al Fondo Común Municipal, lo que permite financiar a muchas municipalidades que no tienen un gran ingreso a través del pago de patentes, sino que esperan la redistribución de los ingresos del Fondo Común Municipal, al cual se pretende echar mano con este proyecto.
Hoy, con la prórroga establecida mediante el proyecto de ley que aprobamos, que recordemos fue objeto de un veto presidencial, razón por la que fue finalmente aprobado, los alcaldes ya calculan la pérdida del 20 por ciento de sus ingresos.
Por lo tanto, con la prórroga de seis meses del plazo para la renovación de los permisos de circulación que se plantea a través de esta iniciativa se está poniendo en jaque a los alcaldes, porque si ya tienen menos dinero para cumplir con sus obligaciones, ¿con qué dinero van a pagar las leyes sociales de sus funcionarios?, ¿con qué van a pagar el retiro de la basura? Se está poniendo en jaque el funcionamiento normal de un municipio, razón para llevar a un alcalde ante cualquier tribunal electoral y acusarlo de notable abandono de deberes.
Entonces, al final, las buenas intenciones detrás de esta iniciativa tendrían un impacto directo en el patrimonio y en las finanzas de las municipalidades, sobre todo de aquellas que no tienen muchos ingresos y que esperan la redistribución de los recursos del Fondo Común Municipal.
Por último, el proyecto es inconstitucional, porque el artículo 65, número 1°, establece que el Presidente de la República es el único que puede modificar, imponer o suprimir impuestos, y esto es un impuesto.
Este impuesto puede ser modificado por el Presidente, pero si lo hace debe suplir lo que las municipalidades dejarán de percibir. Por eso, tiene esa potestad, porque la administración financiera del Estado está a su cargo, y las municipalidades, en materia de administración financiera, son parte de la administración del Estado. Eso lo ha dicho la jurisprudencia de los tribunales, lo ha dicho la doctrina.
Lo anterior tiene una razón: cuando el Presidente modifica impuestos, lo hace porque suple esa falta de impuestos que afecta a la administración, en este caso, a las municipalidades directamente.
Así lo hicimos con el proyecto de ley que se aprobó, con el veto presidencial, que postergó el pago del permiso de circulación. Los alcaldes, a pesar de haber tenido esa pérdida, tuvieron ingresos que el Ejecutivo les otorgó por el no ingreso de multas y patentes.
Por lo tanto, creo que el beneficio que procura el proyecto no se va a producir, porque está fuera de plazo, y que la iniciativa afecta directamente el patrimonio de los municipios, sobre todo de aquellos con menos recursos, que esperan este pago de impuestos para financiar las obligaciones que, como municipios, como alcaldes, les establece la ley y la Constitución.
Finalmente, la lógica de la Carta Fundamental es que el Presidente modifique los impuestos, porque así como quita, debe suplir a quienes no se benefician con esta postergación.
Por eso, pido a la Sala que respaldemos a la Mesa y que votemos en contra de la admisibilidad de este proyecto.
He dicho.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Corresponde votar la admisibilidad del proyecto.
Quienes votan a favor, apoyan la admisibilidad de la moción; quienes votan en contra, apoyan su inadmisibilidad.
En votación.
-De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el señor Secretario tomó de viva voz, por el sistema telemático, las votaciones de los diputados Diego Ibáñez , Manuel Matta y Pedro Álvarez-Salamanca .
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 64 votos. Hubo 18 abstenciones.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alarcón Rojas , Florcita Fernández Allende , Maya Matta Aragay , Manuel Santibáñez Novoa , Marisela Alinco Bustos , René Flores García, Iván Mellado Pino , Cosme Schilling Rodríguez , Marcelo Álvarez Vera , Jenny Garín González , Renato Mirosevic Verdugo , Vlado Sepúlveda Orbenes , Alejandra Ascencio Mansilla , Gabriel Girardi Lavín , Cristina Mix Jiménez , Claudia Sepúlveda Soto , Alexis Barrera Moreno , Boris González Gatica , Félix Monsalve Benavides , Manuel Silber Romo , Gabriel Bernales Maldonado , Alejandro González Torres , Rodrigo Naranjo Ortiz , Jaime Soto Ferrada , Leonardo Bianchi Retamales , Karim Gutiérrez Gálvez , Hugo Núñez Arancibia , Daniel Soto Mardones , Raúl Boric Font , Gabriel Hernando Pérez , Marcela Nuyado Ancapichún , Emilia Teillier Del Valle, Guillermo Brito Hasbún , Jorge Hertz Cádiz , Carmen Orsini Pascal , Maite Torres Jeldes , Víctor Calisto Águila , Miguel Ángel Hirsch Goldschmidt , Tomás Pérez Olea , Joanna Vallejo Dowling , Camila Cariola Oliva , Karol Ibáñez Cotroneo , Diego Pérez Salinas , Catalina Velásquez Núñez , Esteban Carvajal Ambiado , Loreto Jackson Drago , Giorgio Rocafull López , Luis Velásquez Seguel , Pedro Castillo Muñoz , Natalia Jiles Moreno , Pamela Rojas Valderrama , Camila Venegas Cárdenas , Mario Castro González, Juan Luis Jiménez Fuentes , Tucapel Rosas Barrientos , Patricio Verdessi Belemmi , Daniel Cicardini Milla , Daniella Labra Sepúlveda , Amaro Saavedra Chandía , Gastón Vidal Rojas , Pablo Crispi Serrano , Miguel Leuquén Uribe , Aracely Saffirio Espinoza , René Walker Prieto , Matías Díaz Díaz , Marcelo Lorenzini Basso , Pablo Saldívar Auger , Raúl Winter Etcheberry , Gonzalo Durán Espinoza , Jorge Marzán Pinto , Carolina Santana Castillo, Juan Yeomans Araya, Gael
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alessandri Vergara , Jorge Desbordes Jiménez , Mario Longton Herrera , Andrés Rentería Moller , Rolando Álvarez Ramírez , Sebastián Durán Salinas , Eduardo Luck Urban , Karin Romero Sáez , Leonidas AlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo Eguiguren Correa , Francisco Macaya Danús , Javier Sabag Villalobos , Jorge Amar Mancilla , Sandra Flores Oporto , Camila Melero Abaroa , Patricio Sanhueza Dueñas , Gustavo Baltolu Rasera , Nino Fuenzalida Cobo , Juan Mellado Suazo , Miguel Santana Tirachini , Alejandro Barros Montero , Ramón Fuenzalida Figueroa , Gonzalo Molina Magofke , Andrés Sauerbaum Muñoz , Frank Bellolio Avaria , Jaime Gahona Salazar , Sergio Morales Muñoz , Celso Schalper Sepúlveda , Diego Berger Fett , Bernardo Galleguillos Castillo , Ramón Moreira Barros , Cristhian Torrealba Alvarado , Sebastián Bobadilla Muñoz , Sergio García García, René Manuel Núñez Urrutia , Paulina Trisotti Martínez , Renzo Carter Fernández , Álvaro Hernández Hernández , Javier Ortiz Novoa, José Miguel Troncoso Hellman , Virginia Castro Bascuñán, José Miguel Hoffmann Opazo , María José Pardo Sáinz , Luis Undurraga Gazitúa , Francisco Celis Montt , Andrés Jürgensen Rundshagen , Harry Paulsen Kehr , Diego Urrutia Bonilla , Ignacio Cid Versalovic , Sofía Kast Sommerhoff , Pablo Pérez Lahsen , Leopoldo Urrutia Soto , Osvaldo Coloma Álamos, Juan Antonio Keitel Bianchi , Sebastián Prieto Lorca , Pablo Urruticoechea Ríos , Cristóbal CruzCoke Carvallo , Luciano Kort Garriga , Issa Ramírez Diez , Guillermo Van Rysselberghe Herrera , Enrique Del Real Mihovilovic , Catalina Kuschel Silva , Carlos Rathgeb Schifferli , Jorge Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
-Se abstuvieron los diputados señores:
Auth Stewart, Pepe Lavín León , Joaquín Norambuena Farías, Iván Pérez Arriagada , José Celis Araya , Ricardo Leiva Carvajal , Raúl Olivera De La Fuente , Erika Rey Martínez , Hugo Espinoza Sandoval , Fidel Meza Moncada , Fernando Ossandón Irarrázabal , Ximena Sabat Fernández , Marcela Ilabaca Cerda , Marcos Muñoz González , Francesca Parra Sauterel , Andrea Tohá González , JaimeJarpa Wevar , Carlos Abel Noman Garrido, Nicolás
El señor PAULSEN (Presidente).-
En consecuencia, se confirma la inadmisibilidad declarada por la Mesa.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL SEÑOR ENRIQUE PARIS MALDONADO , PADRE DEL MINISTRO DE SALUD
El señor PAULSEN (Presidente).-
A petición del diputado Víctor Torres , la Sala guardará un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del señor Enrique Paris Maldonado , padre del ministro de Salud, señor Enrique Paris Mancilla .
Invito a todos a ponerse de pie.
-Las señoras diputadas, los señores diputados y los funcionarios guardan, de pie, un minuto de silencio.
El señor PAULSEN (Presidente).-
Muchas gracias.
Enviamos nuestras condolencias, un fraternal abrazo y nuestro cariño a la familia del ministro de Salud, don Enrique Paris. Sabemos que el padre del señor ministro fue un insigne bombero de la Segunda Compañía de Puerto Montt.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 17:21 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Noman, Alessandri, Baltolu, Carter, Fuenzalida, don Juan; Moreira y Norambuena, y de las diputadas señoras Amar, Hoffmann y Troncoso, que "MODIFICA LA LEY N°19.968, SOBRE TRIBUNALES DE FAMILIA, EN MATERIA DE REGULACIÓN DEL RÉGIMEN DE CUIDADO PERSONAL, EN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INDICA” BOLETÍN N° 13612-18
I.IDEAS GENERALES.
Como sabemos, las relaciones de familia constituyen aspectos centrales en el desarrollo y crecimiento de una persona, en todos los aspectos de su existencia. La relación vital que un ser humano tienen con sus padres, repercute fuertemente en su carácter y sensibilidad a nivel personal y social, por lo que el mantenimiento de cada uno de estos rasgos tiene como principal presupuesto una fluida, amorosa, cercana y regular relación con sus progenitores.
Así las cosas, a diferencia de la costumbre de décadas pasadas, actualmente vemos un número creciente de familias disgregadas por factores que no es necesario indicar, pero que marcan el desarrollo del menor. La vida separada de los padres ha traído aparejada diversas instituciones destinadas a morigerar los efectos de un niño sin la presencia constante de sus padres y que al respecto nuestra legislación de familia la ha incorporado como principios sobre los cuales deben materializarse las relaciones familiares bajo estas nuevas circunstancias.
El cuidado personal, la relación directa y regular, el régimen de alimentos, forman los institutos prescriptivos más notables en lo que respecta a la relación de los hijos con sus padres y de éstos entre sí, basado en el interés superior del menor y en la protección que el orden jurídico otorga a los niños, como seres en constante crecimiento y aprendizaje.
Bajo este orden de ideas, nuestro país ha debido afrontar la crisis sanitaria más importante en los últimos 100 años: el Coronavirus, pandemia que sólo en Chile ha dejado hasta el momento más de 30 mil contagiados y cerca de 400 muertos. Enfermedad que ha obligado a las familias a guardar estrictos protocolos de actuación, destinados a no contagiarse, entre los que destaca la cuarentena en el hogar.
Los efectos psicológicos de lo anterior son insoslayables y repercute fuertemente en el ánimo de los niños, palpables en sus actividades cotidianas. Con todo, uno de los efectos más notorios, se vinculan con la lejanía de los seres queridos y la imposibilidad de verlos presencialmente.
Así las cosas, la existencia de contagios, cada vez más generalizados en la sociedad, da lugar a que nos encontremos en casos urgentes en que se requiera una pronta solución en materia de acuerdos en torno a la custodia o cuidado personal de aquellos menores cuyos guardadores se encuentran contagiados por Coronavirus. En este marco, promovemos una legislación expedita cuyo objeto sea resguardar la salud del menor, lo que redunda también en una mayor cercanía con el padre o madre cuyo régimen de relación directa y regular se encuentra suspendido.
II.CONSIDERANDO.
1.Que, de conformidad a lo previsto en el artículo 8 de la ley de Tribunales de Familia, las competencias para el conocimiento de esta judicatura, se encuentran aquellas vinculadas al régimen de cuidado personal y relación directa y regular.
2.Que, frente al hecho de existir contagio por parte de aquel padre o madre que tenga a su cuidado a su hijo, no existe un procedimiento ad hoc tendiente a solucionar la cuestión relativa al cuidado personal de aquel menor, cuestión que asume vital importancia para el caso de no exponerlo a contagio, siendo una salida válida el hecho que durante el tiempo que medie entre el contagio y la total recuperación sea finalmente aquel progenitor sano quien se haga cargo de esta obligaciones de forma extraordinaria.
3.Que, a este respecto, promovemos un procedimiento sencillo, que consiste en un acuerdo suscrito entre ambos padres, el cual deberá especificar las circunstancias de este cambio en el régimen de cuidado personal y sólo por el tiempo en que dure la convalecencia o tratamiento médico de aquel padre o madre enfermo.
4.Que, asimismo el tribunal con el solo mérito de los antecedentes accederá a la solicitud, constituyendo un procedimiento expedito y de fácil resolución.
III.CONTENIDO DEL PROYECTO
De acuerdo con lo indicado el presente proyecto de ley consagra un procedimiento expedito para la modificación del régimen de cuidado personal de un menor a consecuencia del contagio del padre o madre que tiene a su cuidado a su hijo a aquel padre o madre sano, por el tiempo que medie entre el contagio y la total recuperación.
IV.PROYECTO DE LEY.
Artículo Único: Incorpórese en el título IV de la ley 19.968 sobre Tribunales de Familia un nuevo párrafo “segundo bis” de conformidad al siguiente texto:
“Del procedimiento sobre modificación del régimen de cuidado personal en casos calificados”
“Art. 101 bis: En caso que el padre o madre que tenga el cuidado personal de su hijo o hija se encuentre enfermo por una enfermedad altamente contagiosa que por su naturaleza ponga en riesgo la salud del menor, el régimen vigente podrá ser modificado de acuerdo al siguiente procedimiento:
1º Mediante solicitud de cambio del titular del régimen suscrita por ambos padres.
2º Indicación de las circunstancias que motivaron el cambio del régimen y tiempo en que durará el régimen provisorio.
3º La solicitud deberá ir acompañada de un certificado médico que acredite el estado de salud del padre o madre que cede el cuidado personal.
4º Junto a lo anterior, además se podrá acompañar otros antecedentes o acuerdos a que arribaron los padres durante este período.
5º El tribunal fallará con el solo mérito de los antecedentes dentro de un plazo no superior a 3 días.”
Diputados señores Noman, Alessandri, Baltolu, Carter, Fuenzalida, don Juan; Moreira y Norambuena, y de las diputadas señoras Amar, Hoffmann y Troncoso
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Norambuena, Bobadilla, Fuenzalida, don Juan; Lavín, Moreira, Sanhueza, Trisotti, Urrutia, don Osvaldo, y Von Mühlenbrock, que " MODIFICA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL PARA AUTORIZAR LOS ALEGATOS ANTE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA POR MEDIOS TELEMÁTICOS, EN LOS CASOS QUE INDICA Boletín N° 13613-07.
I.IDEAS GENERALES.
Como sabemos la litigación en segunda instancia en materia de procedimientos judiciales se encuentra establecida en base a 5 grandes fases, etapas que en su conjunto constituyen diligencias esenciales del procedimiento, sin las cuales éste tendría un vicio de nulidad. En efecto, de conformidad a lo previsto en los artículos 68 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, las Cortes de Apelaciones conocen en Cuenta o Previa Vista de la Causa.
Así las cosas, constituye la regla que tales Cortes conozcan de las causas sometidas a su decisión a través de esta última modalidad, forma de conocer que se encuentra compuesto por los siguientes trámites esenciales: decreto que ordena traer los autos en relación, fijación de la causa en la tabla, anuncio, relación y alegatos. Como se indicó recientemente, todos estos trámites resultan ser esenciales para la ritualidad de los procedimientos a partir del hecho que les entregan a los litigantes las garantías de un debido proceso, elemento indispensable que preside nuestro orden adjetivo.
De esta manera, los alegatos, esto es las exposiciones orales que los abogados efectúan en defensa de los derechos de sus representados ante los tribunales superiores de justicia, constituyen un trámite de suyo trascendente en esta importante función de defensa de los intereses de las partes en un juicio, por lo que su limitación y su eliminación constituye una falta grave para la marcha y legitimidad del sistema de administración de justicia. En esta lógica, las medidas de cuarentena dispuestas por la autoridad central a consecuencia de la proliferación del COVID-19 en Chile y el resto del mundo, ha limitado ostensiblemente el derecho de las partes de ser oídas en los alegatos, sin perjuicio de las medidas de orden legislativo dispuestas por la autoridad en torno a la suspensión de plazos y procedimientos judiciales.[1]
En este marco conceptual, el concepto de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, se ha tornado recurrente a la hora de explicar diversas situaciones de orden jurídico generadas a raíz de un hecho natural, como es la propagación de una enfermedad contagiosa como el coronavirus, uno de ellos, precisamente dice relación con la imposibilidad de asistir a las Cortes a hacer uso de un derecho, como es el caso de alegar.
Por lo anterior, los diputados firmantes de esta moción presentamos este proyecto de ley tendientes a darles la opción a los abogados consistentes en la facultad de alegar una causa a través de medios remotos y en casos calificados, debidamente acreditados por el solicitante.
II.CONSIDERANDO.
1.Que, las lamentables consecuencias que ha traído consigo la enfermedad COVID-19, ha condicionado el actuar de las autoridades gubernamentales en torno a promover mecanismos de acción en contra de su propagación, una de las cuales se encuentra el aislamiento social.
2.Que, así las cosas, la cuarentena constituye la medida que ayuda a que esta enfermedad no se disperse entre los chilenos, habida cuenta que una de sus características más relevantes es su fácil contagio.
3.Que, todo esto ha provocado repercusiones económicas graves en Chile y el resto del mundo. Sólo en nuestro país, se plantean contracciones en nuestra economía del orden del 4 por ciento, situación sólo comparada en la crisis económica del año 1982.
4.Que, por lo anterior, es preciso establecer estrategias inteligentes destinadas a que nuestras vidas, transcurran en un contexto de cuidado, disciplina, pero que tales actitudes no impliquen necesariamente una situación de completa inactividad toda vez que los efectos de una crisis económica repercutirán fuertemente en los más necesitados y en un plazo que todavía no es factible determinar.
5.Que por lo anterior, la necesidad de aportar una respuesta judicial rápida a las personas, también constituye un elemento clave para el desenvolvimiento normal de la sociedad en época de crisis sanitarias como las que vivimos en la actualidad, por ello y en aras de apoyar la resolución eficiente de las resoluciones judiciales es que promovemos un proyecto de ley que otorga la facultad para las partes de alegar las causas a través de mecanismos remotos, para casos calificados.
6.Que, a mayor abundamiento, ya en estos días las Cortes de Apelaciones han accedido a llevar a cabo audiencias bajo estas circunstancias, por lo que una reforma legal en tal sentido posibilitará mejorar y apoyar esta interesante iniciativa a ha tomado nuestra judicatura.
III.CONTENIDO DEL PROYECTO.
De acuerdo a lo indicado precedentemente el presente proyecto de ley faculta a las partes a solicitar la práctica de alegatos a través de medios remotos en casos calificados, los que deberán ser ponderados prudencialmente por el tribunal.
IV.PROYECTO DE LEY.
Artículo Único: Incorpórese un nuevo inciso 2º en el artículo 164 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con el siguiente texto:
“En casos calificados, el tribunal podrá acceder a la práctica de los alegatos por vía remota, especialmente en aquellos casos en que la comparecencia de las partes se encuentre restringida a causa de fenómenos sanitarios u otros de igual entidad que constituyan una amenaza a la vida y salud de las personas.”
Diputados señores Norambuena, Bobadilla, Fuenzalida, don Juan; Lavín, Moreira, Sanhueza, Trisotti, Urrutia, don Osvaldo, y Von Mühlenbrock
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Romero y Berger, que "Modifica la ley N°18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en materia de inhabilidades para ingresar a cargos públicos, por las causales que indica” Boletín N° 13614-06
I.- IDEAS GENERALES.
Tradicionalmente, nuestro país se ha destacado en el concierto de las naciones por el bajísimo nivel de corrupción que se observa al interior del Estado, y por los altos niveles de probidad que caracterizan a quienes ejercen funciones públicas.
En una economía de tamaño medio como la chilena, éste es un valor que debe ser preservado, pues favorece la inversión, la confianza en los negocios, la igualdad de oportunidad e impide abusos de poder.
Uno de los peligros más graves a que se expone nuestro país en esta materia, está representado por los conflictos de interés. En este contexto, se promulgó la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado que, en su artículo 1º, definió que la Administración del Estado debe observar, entre otros, el principio de probidad administrativa que consiste en “observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”; y le dedicó todo su título III. La reforma contenida en la Ley Nº 20.050, modificó el inciso 1º del artículo 8o de la Constitución Política, que hoy prescribe que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. En 2016, la Ley Nº 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, reguló con mayor profundidad estas materias, definió en términos casi idénticos el principio de probidad en el ejercicio de la función pública y reguló la prevención y sanción de conflictos de intereses, entendiendo que existe tal conflicto en el ejercicio de la función pública cuando concurren, a la vez, el interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él determinados por la ley, o cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias.
II.- CONSIDERANDO.
1.Que han transcurrido más de tres décadas desde entonces y aún resulta necesario seguir luchando por preservar estos principios, porque son fundamentales para que el país avance hacia un desarrollo que favorezca por igual a todos sus habitantes, en vez de beneficiar a quienes, eventualmente, tienen la oportunidad de tomar decisiones sobre bienes públicos a favor de intereses ajenos al bien común.
2.Que esto ha quedado en evidencia con el caso que recientemente ha examinado la Contraloría General de la República, al atender los oficios Nos 45.216[1] y 45.296[2], de enero de 2020, de los Diputados Sres. Leonidas Romero Sáez y Gabriel Ascencio Mansilla, en el que, por un vacío legal, ese ente contralor no ha podido castigar un flagrante conflicto de intereses, protagonizado, en esa oportunidad, por la presidenta del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que se desempeña simultáneamente como miembro del directorio de una empresa minera que sostiene conflictos con el Estado chileno; y es socia en una firma de abogados que ha sido contratada para representar, en una demanda contra el Estado de Chile, a la compañía que tiene a su cargo la construcción del Puente Chacao en Chiloé, obra licitada por el Ministerio de Obras Públicas. El mismo estudio jurídico representa a la empresa que tiene a su cargo la concesión, por ese ministerio, del Aeropuerto Nuevo Pudahuel, en una causa contra el Estado de Chile, lo que ha sido de público conocimiento y recogido por distintos medios de prensa de circulación nacional[3]-[4]. Los mismos diputados observan que otro profesional de esa oficina de abogados se desempeña como asesor jurídico de ese Ministerio en el nivel central, lo que le permite disponer de información relevante acerca de las políticas y estrategias de esa entidad ministerial.
3.Que, al pronunciarse sobre el particular, en el dictamen Nº 10.046, de 17 de junio de 2020[5], el Contralor General, don Jorge Bermúdez Soto, ha observado que la ENAP es una empresa pública que integra la Administración del Estado, según el artículo 1o de la ley N° 18.575, lo que ha sido reconocido por ese Organismo Fiscalizador en sus dictámenes Nos 24.101, de 1993 y 17.227, dé 2003, entre otros. Señaló también que el principio de probidad administrativa consagrado en el inciso 1º del artículo 8o de la Constitución y en la Ley Nº 18.575 se aplican a toda la Administración y a todos los órganos del Estado, incluyendo a las empresas públicas, de tal forma que el sistema de inhabilidades de ingreso a cargos en la Administración del Estado es uno de los mecanismos que se han establecido en resguardo de ese principio.
4.Que la Contraloría también se ha referido a los descargos que, en su oportunidad, presentó la Presidenta de ENAP ante ese requerimiento, que se reducen a dos argumentos: que el ejercicio de la profesión de abogado en la firma que litiga contra el Estado de Chile no conlleva una incompatibilidad que obste al ejercicio del cargo, atendido a que la Ley N° 9.618, que rige a Enap, no prevé tal circunstancia; y que no participa directamente en ese estudio jurídico, porque lo hace a través de una sociedad por acciones. A este respecto, esa entidad contralora cumplió con expresar que lo anterior importa desconocer la aplicación de la Ley N° 18.575, cuestión que resulta inadmisible habida consideración que este último texto legal determina los órganos y entidades que conforman la Administración del Estado, incluyendo a las empresas públicas creadas por ley, como es el caso de la ENAP. Añadió que, por otra parte, quien asume la presidencia del directorio de la señalada empresa pública lo hace de forma voluntaria sometiéndose, en consecuencia, a la legislación que resulta aplicable a su respecto, la que incluye, desde luego, el Título lll sobre probidad administrativa, de la referida ley N°18.575.
5.Que, con todo, la Contraloría ha observado un vacío legal en lo que se refiere a la contratación de los servicios jurídicos a las empresas a que aludieron los diputados ocurrentes, para la eventual defensa y ejercicio de acciones civiles en contra del Estado de Chile, pues, la ejecutiva de ENAP está vinculada a la aludida oficina de abogados a través de una sociedad por acciones, lo que también sucede con el asesor jurídico del Ministerio de Obras Públicas, quien se relaciona con aquella oficina de abogados a través de una sociedad. En este aspecto, esa entidad contralora ha hecho ver que, para que se configure la hipótesis a que se refiere el inciso 2º del artículo 56 de la ley N° 18.575 es necesario que la representación de un tercero se verifique en el ejercicio de la actividad particular del funcionario sujeto a tal prohibición, lo que supone una actuación personal de este último en causa civil en contra de un organismo de la Administración del Estado; pero esa disposición legal no regula la participación del funcionario público en sociedades-de profesionales en la que uno o más de sus socios asumen representación de terceros en acciones civiles que puedan entablarse en contra de un organismo de la Administración del Estado. Esta circunstancia, según el Contralor General “podría conducir al absurdo de que el funcionario se abstenga de patrocinar tales causas y, eventualmente reciba utilidades provenientes de la sociedad en la cual participó. Como consecuencia de lo anterior, mediante una práctica como la descrita, se burla la prohibición en cuestión, produciéndose una situación de elusión de la ley, lo que debe ser remediado por; la vía legislativa. Lo anterior fuerza a concluir que en la materia existe un vacío legal, lo que se pone en conocimiento de S.E. el presidente de la República, del Senado y de la Cámara de diputados el señalado vacío normativo, para los efectos correspondientes”.
6.Que, por otra parte, los parlamentarios que patrocinan esta moción han observado otros resquicios que ponen a prueba la probidad administrativa de funcionarios públicos, más allá de lo razonable. La misma ejecutiva de Enap, por citar un ejemplo, se desempeñaba como fiscal de la asociación de empresas concesionarias de obras públicas, antes de asumir como subsecretaria y luego como ministra de obras públicas, y, habiendo dejado ese cargo, asumió como directora de empresas eléctricas, que son reguladas por ese ministerio, y como presidenta del directorio de Enap, que compite con esas compañías eléctricas en el mercado de la energía en gran parte del territorio de Chile. Al no haber transcurrido un espacio de tiempo prudente entre una responsabilidad y la otra, se puso a prueba, en grado heroico, su probidad administrativa.
III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.
Este proyecto tiene por objeto remediar ese vacío legal observado por la Contraloría General de la República, y evitar que permitan a altos ejecutivos de empresas que contratan con el Fisco o cuya actividad es fiscalizada o regulada por órganos estatales, alcanzar cargos de alta dirección en las entidades públicas que celebran esos contratos por el Estado o que tienen a su cargo aquella fiscalización o regulación.
Para alcanzar el primer objetivo se propone añadir, en las disposiciones pertinentes de la Ley N° 18.575, que la incompatibilidad del funcionario que litiga en contra de un organismo de la Administración del Estado tiene lugar si se produce como una actuación personal; e igualmente se verifica si participa a través de sociedades relacionadas.
Para lograr el segundo, se propone introducir, a continuación, la prohibición de ejercer la función pública a quienes hayan representado, directamente o por medio de sociedades relacionadas, intereses de empresas reguladas administrativamente o fiscalizadas por el Estado o que celebren contratos con el Estado, o que haya obtenido algún beneficio u honorario por cualquier concepto de ellas, salvo que haya mediado un espacio de tiempo prudencial entre uno y otro cargo, que se ha estimado en doce meses.
IV.- PROYECTO DE LEY.
Artículo único: Modifíquese el artículo 56 de la Ley No. 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en los siguientes términos:
Artículo 56.- Sin perjuicio de las inhabilidades especiales que establezca la ley, no podrán ingresar a cargos en la Administración del Estado:
Nueva letra b), pasando la b) a ser c) y la c) a ser d)
“b) Tampoco podrán hacerlo quienes hayan ejercido cargos directivos, en forma personal o a través de una persona jurídica relacionada, en una empresa de cualquier naturaleza que litigue o asesore en litigios contra el Estado de Chile, o que contrate habitualmente o sea regulada o fiscalizada por el Estado o sus organismos, salvo que medie un espacio de tiempo de más de doce meses entre uno y otro cargo. La misma prohibición se aplicará a quienes, en forma personal o a través de una persona jurídica relacionada, hayan obtenido alguna remuneración u honorario de una empresa que reúna esas características, salvo que medie un lapso de más de doce meses entre la fecha en que se haya devengado el beneficio económico que genera esta incompatibilidad y la de la asunción del cargo”.
Diputados señores Romero y Berger
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Ossandón, Muñoz, Núñez, doña Paulina; Olivera y Sabat, y de los diputados señores Celis, don Andrés; Durán, don Jorge; Fuenzalida, don Gonzalo, y Longton, que "Modifica la ley N°19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, en materia de restitución del valor pagado cuando la compra, efectuada por medios electrónicos o a distancia, se hubiere interrumpido u obstaculizado por razones no imputables al cliente Boletín N° 13616-03
Fundamentos y antecedentes
Las ventas a distancia son una modalidad ya desarrollada de comercio, compra y venta de productos a nivel mundial. Distintas compañías, de enorme tamaño, como Amazon, E Bay, Ali Express, entre otras, han explotado este mecanismo que permite la compra por medios digitales, comúnmente internet y la recepción del producto mediante despacho.
Hoy, en momentos en que el mundo entero atraviesa por una crisis sanitaria a raíz de la propagación del virus SARSCoV2 y de la patología COVID19, esta modalidad de abastecimiento y compra de bienes se ha hecho todavía más útil y hasta necesaria. Algunos reportajes informan que ha crecido en más de 50% desde febrero a la fecha para algunos proveedores[1], mientras otras estadísticas sostienen que esta modalidad ya venía en total crecimiento: al menos un 39% durante 2018[2].
Lo que también es cierto, es que esta modalidad de comercio diluye en gran medida las relaciones entre consumidores y proveedores. Esto tiene efectos sociales importantes, pues la relación de los clientes ya no es con una “persona” que oye y con la cual se relacionan, sino con una burocracia, lo cual ya había comenzado a ocurrir con la masificación de las grandes tiendas. De este modo, la relación pierde cierta humanidad que antes existía con mucha mayor fuerza, por ejemplo, cuando la compra del bien o servicio se realizaba directamente con el dueño del bien o quien presta el servicio, como ocurre con en los almacenes (cada día en peligro de extinción) Esto tiene, como es obvio, aspectos buenos y malos, pero no debemos dejar de mirar con cierta preocupación esta des-personificación de las relaciones comerciales.
Otro efecto colateral de lo anterior es que la des-personificación tiende a afectar la confianza[3]. Ello se relaciona, por otro lado, con la dificultad para ejercer y resguardar los derechos que consagra la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos del consumidor. Efectivamente, las compras a distancia no alteran en nada la multiplicidad de derechos que asisten a todos los consumidores, como pueden ser los relativos a información, seguridad, calidad y otros. Con todo, la distancia o la compra por medios electrónicos sí altera en cierta medida la forma de reclamarlos, pues no existe la inmediatez con que opera la relación comercial presencial. Así, por ejemplo, puede existir ciertos problemas en la exigencia de una garantía, un cambio o una devolución, puesto que no existe una inmediatez en la respuesta a diferencia de si la compra es presencial. Con todo, la modalidad de compra y provisión de bienes vía electrónica y a distancia es un dato de la causa que va en aumento y hoy, de hecho, es fundamental para cumplir con las recomendaciones sanitarias de distanciamiento social aconsejadas por la Organización Mundial de la Salud para todo el planeta.
Por lo mismo, un aspecto relevante es la restitución en el valor pagado cuando la compra se ha interrumpido u obstaculizado por un motivo ajeno al cliente. Por ejemplo, al adquirir un producto determinado que, toda vez procesada y pagada la compra, no está disponible o bien cuando el envío y/o la entrega del producto no es posible, también por causas que no dependen de la voluntad del cliente.
En estos últimos casos, pareciera ser de todo inequitativo obligar a los clientes o consumidores a cargar con dichas situaciones, una vez que ya han enterado el pago, en el sentido de esperar un procedimiento extenso de restitución. Por ello, se propone una obligación legal para proveedores consistente en restituir el monto percibido en un plazo no superior a 24 horas una vez constatado el impedimento que verificó la frustración en la compra, ya sea este la no disponibilidad en stock, problemas con el despacho o entrega y cualquiera otro de similar naturaleza. Para este fin, podrán abonar mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente del comprador, el monto, disponiendo asimismo de otras alternativas existentes o bien que vayan surgiendo para el mismo fin.
Idea Matriz
El presente proyecto modifica la ley sobre protección de los derechos de los consumidores con el objeto de consagrar la obligación legal de todo proveedor consistente en restituir, en un plazo no superior a 24 horas, el precio pagado por algún bien o producto que ha sido adquirido a distancia, por vía electrónica o habiéndose pactado una entrega diferida, en todas aquellas situaciones en que la venta se ve frustrada por motivos no imputables al consumidor.
Normativa vigente afectada por el proyecto
Ley N° 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores Proyecto de ley
ARTÍCULO ÚNICO: agréguese, en la ley N° 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, un nuevo artículo 12 B, pasando el actual artículo 12 B a ser el nuevo artículo 12 C, del siguiente tenor:
“En toda compraventa celebrada entre un consumidor y un proveedor en la cual la obligación de entrega deba cumplirse por medio de un despacho dirigido al domicilio que el consumidor designe en una época posterior a la celebración del contrato, el proveedor estará obligado a cumplir estrictamente con el plazo convenido, la identidad del bien comprado y las características atribuidas al bien por la publicidad o la información dispuesta al consumidor.
Cuando, por cualquier causa no imputable al consumidor, la entrega no se cumpliere dentro del plazo pactado, o bien el producto no correspondiere completamente con el producto ofrecido, el consumidor podrá resolver el contrato de compraventa, notificando al proveedor a través del medio remoto o electrónico que todo proveedor deberá habilitar para esos efectos. Realizado esto, el proveedor, sin necesidad de requerimiento adicional, deberá restituir el precio al consumidor a través del mismo medio de pago utilizado, en un plazo máximo de 24 horas desde que el consumidor manifestó la voluntad de resolver el contrato.
La restitución del presente inciso se incrementará de forma directa y automática, sin necesidad de declaración judicial, en un diez por ciento por cada día hábil de atraso. El máximo de incremento será de trescientos por ciento.
En caso de que la resolución del contrato haya sido motivada por la entrega de un producto que no cumple con las características ofrecidas, será cargo del proveedor volver al domicilio del consumidor para realizar el retiro del producto. El proveedor no podrá condicionar la restitución del precio indicada en el inciso anterior a la realización del retiro del producto.”
Diputadas señoras Ossandón, Muñoz, Núñez, doña Paulina; Olivera y Sabat, y de los diputados señores Celis, don Andrés; Durán, don Jorge; Fuenzalida, don Gonzalo, y Longton
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Gahona, Bobadilla, Coloma, Fuenzalida, don Juan; Macaya, Rentería, Sanhueza, Trisotti; Urrutia, don Osvaldo, y Von Mühlenbrock, que "Modifica el decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, para exigir que las Isapres ofrezcan a sus afiliados un nuevo plan de salud, cuando les afecte una crisis sanitaria que requiera largos períodos de cuarentena Boletín N° 13618-11
I.- IDEAS GENERALES.
Como sabemos nuestro sistema de salud, desde el punto de vista institucional, se sustenta y desarrolla en virtud de dos instituciones principales. Por un lado las denominadas Instituciones de Salud Previsional (Isapres), pertenecientes al sistema privado de salud y el Fondo Nacional de Salud, correspondiente, a su vez al sistema público. Así las cosas, los chilenos atendiendo sus circunstancias particulares pueden optar por uno u otro sistema, mecanismo que durante décadas no ha estado exento de críticas y propuestas de cambio.
Con todo, cerca de dos millones de los chilenos, han optado por el sistema privado de salud, como un ámbito que mejor se acomoda a sus requerimientos de salud y a sus circunstancias particulares y que en la actualidad se encuentra sometido a reformas de gran interés a nivel de nuestra opinión pública, en ámbitos de tanta sensibilidad como lo es lo relativo a igualdad de trato entre hombres y mujeres.
Más allá de lo anterior, la existencia de instituciones destinadas a la gestión de los planes de salud de millones de personas debe estar sometida a las consideraciones y vicisitudes propias de la vida de éstas, en tal sentido el propio artículo 197 del DL 2763 de 1979 consagra la posibilidad que el afiliado solicite a su Isapre el cambio del plan de salud a consecuencia de un grave cambio de sus condiciones económicas, basadas en situación de cesantía, o modificación de sus ingresos.
Dicho lo anterior, creemos que esta disposición se torna trunca, si no pensamos en otras categorías de causales a través de las cuales el afiliado puede solicitar la variación del plan.
Para nadie es indiferente la presencia creciente, en Chile y el mundo, del Coronavirus, pandemia que a la fecha mantiene en tratamiento a más de un millón de personas y que sólo en nuestro país se empina sobre los 30 mil contagiados. Así las cosas, esta crisis sanitaria ha supeditado el actuar de la autoridad en diversos ámbitos de las políticas públicas, las que destacan por su urgencia a la sanitaria y también la económica.
En efecto, se ha dicho por los expertos, que nuestro país durante este año, experimentará una contracción económica del orden del -4 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB). Junto a lo anterior, los miles de chilenos que han decidido hacer uso de su seguro de desempleo, conlleva también a pensar que el efecto en el mercado laboral será devastador para millones de compatriotas, especialmente aquellos más vulnerables a esta vicisitudes.
Por lo indicado, nos parece razonable fomentar un proyecto de ley tendiente al establecimiento de cambios en los montos de los planes de salud impartidos por las Isapres, con la finalidad de amoldarnos a la pesarosa realidad que actualmente atraviesan miles de personas a lo largo de nuestro país.
II.- CONSIDERANDO.
1.- Que, sin olvidar los granes esfuerzos promovidos por el gobierno en materia de protección de los chilenos afectados por esta crisis, no es menos cierto que existen ámbitos en los que debemos promover, como legisladores cambios y ajustes normativos en materias tan sensibles como la salud y cuyo pago es asumidos por millones de chilenos, que ahora, se han visto a ratos ante insalvables obstáculos para incluso asumir sus compromisos más básicos y cotidianos.
2.- Que, por ello, el cambio de las condiciones económicas del afiliado constituye una situación lo suficientemente de peso como para no modificar al alza los planes de salud a que está sujeto el ciudadano, por lo que el establecer condiciones para su disminución constituiría una medida acertada e implica una sentida ayuda para aquellas personas que más lo necesitan.
3.- Que, el Coronavirus representa una pandemia con graves consecuencias económicas para los chilenos. La incapacidad fáctica de trabajar, la necesidad de guardar cuarentenas por largos tiempos, ha hecho que la economía de una vasta cantidad de personas y sus familias se vea severamente amenazada. Así las cosas, nos parece razonable este cambio legal, que esperamos cuente con el consenso general de los miembros de nuestra corporación.
III.- CONTENIDO DEL PROYECTO.
De acuerdo a lo indicado precedentemente el proyecto de ley establece dentro de las causales a través de las cuales el afiliado puede solicitar el cambio de su plan de salud a la Isapre, la imposibilidad de trabajar en tiempos de crisis sanitarias, como la que actualmente experimenta nuestro país.
IV.- PROYECTO DE LEY.
Artículo Único: Modifíquese el inciso 1° del artículo 197 del texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto Ley 2763 de 1979 y de la leyes 18.933 y
18.469 incorporando entre la voz “del cotizante,” y “, situaciones” la expresión “o en tiempo de crisis sanitaria que por su naturaleza o disposición de la autoridad respectiva requiera largos períodos de cuarentena”.
Diputados señores Gahona, Bobadilla, Coloma, Fuenzalida, don Juan; Macaya, Rentería, Sanhueza, Trisotti; Urrutia, don Osvaldo, y Von Mühlenbrock
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bianchi, Garín, Rosas, Saavedra, Saffirio, y Soto, don Leonardo, y de la diputada señora Jiles, que "Modifica la Carta Fundamental para autorizar el retiro total o parcial de los fondos previsionales, en los casos y bajo las condiciones que señala” Boletín N° 13617-07
1.IDEA MATRIZ.
La presente moción tiene por objeto declarar constitucionalmente el derecho de propiedad que detentan los afiliados sobre sus fondos de pensiones y modificar las obligaciones que emanan por la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública.
Entendiendo que la causa de tal declaración afecta de manera directa a los derechos fundamentales de locomoción, reunión y propiedad, esta moción viene a proponer una obligación recíproca, de carácter constitucional, a las facultades discrecionales que detenta el Presidente de la República.
Así, se establece como obligación que una vez declarado el estado de excepción constitucional de catástrofe, el poder ejecutivo deberá permitir a todos los afiliados a las administradoras de fondos de pensiones disponer de un porcentaje de sus ahorros, con el objeto de subsanar en parte, las consecuencia económicas que ocasiona la restricción de los derechos de locomoción y de reunión; y la consiguiente imposibilidad de las personas de realizar acciones que reporten ingresos a su economía doméstica.
2.FUNDAMENTOS.
Nuestro sistema privado de pensiones se encuentra en crisis. Parte importante de las razones de la crisis del sistema previsional chileno, se vincula a las múltiples debilidades y carencias del Decreto Ley 3.500, el cual no ha podido cumplir con el objetivo para el cual fue impuesto: entregar pensiones dignas a cada habitante de nuestro país.
Durante los últimos 40 años, nuestro sistema previsional basado en la capitalización individual y administrado por entidades privadas ha mantenido prácticamente intactos sus pilares fundamentales, de acuerdo con el modelo impuesto a partir del mencionado Decreto Ley 3.500 del año 1980.
Lo anterior, sin embargo, no obsta a reconocer que han existido correcciones, con funciones y lógicas distintas, que han procurado enfrentar parte importante de los vacíos y debilidades del sistema. Sin perjuicio de las críticas al modelo impuesto durante la dictadura cívico-militar, críticas que sin duda compartimos, es preciso señalar que mientras ese modelo no haya sido reemplazado, es obligación del legislador el introducir correcciones al mismo, que permitan aseguran el debido funcionamiento del sistema vigente el cual se funda en la propiedad de los dineros de cada uno de los cotizantes de los montos que están en su sus cuentas de capitalización individual y su debida administración por parte de las AFPs, bajo el principio de transparencia.
SOBRE LA VINCULACIÓN ENTRE EL SISTEMA PREVISIONAL Y EL DERECHO DE PROPIEDAD Y LOS FUNDAMENTOS PARA LA MODIFICACIÓN DE NORMAS VINCULADAS AL DERECHO DE PROPIEDAD.
La presente propuesta de reforma establece en primer lugar una modificación a la norma que consagra el derecho constitucional a la propiedad, regulándose determinadas condiciones bajo las cuales puede ejercerse el derecho a la propiedad sobre los fondos previsionales.
Lo anterior es coherente con un conjunto de disposiciones legales que existen en nuestro ordenamiento jurídico, que dan cuenta de la naturaleza jurídica del derecho que tienen los afiliados sobre los fondos previsionales depositados en sus cuentas individuales en el sistema de capitalización individual.
En este sentido, son precisamente los artículos 20 H y 33 del Decreto Ley (en adelante DL) 3500, los que consagran de forma expresa e inequívoca la propiedad que tiene cada uno de los afiliados sobre los fondos previsionales depositados en sus cuentas individuales.
Así, el artículo 20 H) del D.L. 3.500 establece lo siguiente:
“Los aportes que efectúen empleador y trabajador, se depositarán en una cuenta individual, que se abrirá en una Administradora de Fondos de Pensiones o en alguna de las Instituciones Autorizadas, de acuerdo a lo especificado en el contrato. Dichas entidades deberán registrar separadamente en la cuenta de capitalización individual del trabajador los aportes efectuados por éste y por su empleador.
Los recursos originados en los aportes efectuados por el trabajador serán siempre de su propiedad. Por su parte, los recursos originados en los aportes efectuados por el empleador serán de propiedad del trabajador una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato respectivo. De esta forma, si el contrato de ahorro establece un período mínimo de permanencia en la empresa, para que los aportes del empleador sean definitivamente de propiedad del trabajador, se requerirá que éste cumpla íntegramente dicho período o que se configure algunas de las causales establecidas expresamente en el contrato para ello. Con todo, si el contrato de trabajo terminase por las causales establecidas en los artículos 161 o 163 bis del Código del Trabajo, los aportes del empleador pasarán a ser de propiedad del trabajador. Si el trabajador no adquiere la propiedad de los recursos originados en aportes efectuados por el empleador, éste deberá retirar dichos recursos, de acuerdo al procedimiento que determine la norma de carácter general a que se refiere el artículo 20 G (…)”.
Por su parte, el artículo 33 del D.L. 3.500 establece lo siguiente:
“Cada Fondo de Pensiones es un patrimonio independiente y diverso del patrimonio de la Administradora, sin que ésta tenga dominio sobre aquellos. Cada Fondo de Pensiones estará constituido por las cotizaciones y aportes establecidos en los artículos 17, 20, 21 y 53, los Bonos de Reconocimiento y sus complementos que se hubieren hecho efectivos, sus inversiones y las rentabilidades de éstas, deducidas las comisiones de la Administradora.”
Artículo 20.- Cada trabajador podrá efectuar cotizaciones voluntarias en su cuenta de capitalización individual, en cualquier fondo de la administradora en la que se encuentra afiliado o depósitos de ahorro previsional voluntario en los planes de ahorro previsional voluntario autorizados por las superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, según corresponda, que ofrezcan los bancos e instituciones financieras, las administradoras de fondos mutuos, las compañías de seguros de vida, las administradoras de fondos de inversión y las administradoras de fondos para la vivienda (…)” [el énfasis es nuestro].
Ahora bien, debe recalcarse que, conforme se encuentra reconocido en el referido artículo 33 del cuerpo legal citado, las AFP no tienen dominio sobre cada uno de los Fondos de Pensiones. El citado artículo 20 reafirma la idea de que los afiliados poseen una cuenta individual, que forma parte de su patrimonio, al establecer expresamente que los trabajadores podrán efectuar cotizaciones voluntarias en su cuenta de capitalización individual. En tal sentido, la cuenta de capitalización no es de propiedad de la Administradora, sino del afiliado ejerciendo la Administradora, precisamente, funciones vinculadas a la gestión de un patrimonio ajeno.
Esto es especialmente relevante, toda vez que no teniendo las Administradoras el dominio de los dineros comprendidos dentro de dicho fondo, y no correspondiendo dicha propiedad al Estado, sólo pueden ser propietarios los afiliados, de acuerdo al conjunto de disposiciones señaladas, de forma que las condiciones para el ejercicio de dicho derecho de propiedad, pueden ser establecidas en el estatuto constitucional de protección a la propiedad.
En este mismo sentido, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, reconociendo el derecho de propiedad privativo del cotizante sobre sus cotizaciones. Por citar un caso reciente, en causa rol 7442-2019, en causa sobre inaplicabilidad por inconstitucionalidad de algunos artículos del D.L. Nº 3.500, ha señalado:
“TRIGESIMOSEXTO: Que, desde esta perspectiva, los recursos que forman la cotización y que, por ello, deben incorporarse a la cuenta de capitalización individual, que es administrada por la Administradora de Fondos de Pensiones que determina el trabajador -junto con los que sean producto de la rentabilidad que produzca la inversión de tales dineros-, son de su propiedad, desde que provienen de su remuneración, de la que se extraen para cubrir la contingencia derivada de la vejez, invalidez o sobrevivencia, según sea el caso.
TRIGESIMOSEPTIMO: Que, la circunstancia que esos dineros sean enterados en la cuenta que el afiliado mantiene en la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones, tendiente a garantizar el derecho a la seguridad social cuando sobrevenga alguna de aquellas tres contingencias, no altera la naturaleza del vínculo con su cotización ni con los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, en cuanto a que, desde la perspectiva constitucional, se trata de una relación de dominio que se garantiza mediante el derecho de propiedad asegurado en el numeral 24°.
Así, en su calidad de dueño de los fondos previsionales acumulados, el DL. N° 3.500 reconoce al afiliado una serie de derechos, entre otros, el de poder transferirlos a otra Administradora, elegir el nivel de riesgo que quiere asumir en sus inversiones y decidir efectuar aportes voluntarios en forma individual o colectiva.”.
En general, toda aproximación al estudio de la regulación de la propiedad, debe dar cuenta que el desarrollo del derecho de dominio se ha caracterizado por la convivencia de dos perspectivas del mismo problema. La primera, vinculada a la esfera del titular del derecho de goce y disposición, con las solas limitaciones (externas) que el interés común le imponga. Por su parte, la segunda, en el lugar de los intereses colectivos o comunitarios para, sin desconocer los del titular del derecho, sostener la primacía de los mismos y reducir la libertad del propietario al espacio residual resultante. Una parte de la presente reforma constitucional persigue conciliar estos dos ámbitos vinculados al derecho de propiedad.
En este sentido, el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, establece, en su inciso primero, “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”. El derecho de propiedad en sus diversas especies no puede sino estar haciendo mención a las especies de propiedad prevista en los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil: la propiedad sobre una cosa corporal, o dominio, la propiedad sobre cosas incorporales, o titularidad de derechos personales y reales; y la propiedad sobre las producciones del talento o del ingenio, aunque esta última tenga una garantía especial. Dentro del dominio constitucionalmente protegido en sus diversas especies, deberá entenderse, entonces, el dominio que el DL 3.500 consagra sobre los fondos previsionales.
Por su parte, la misma Constitución establece que “sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella…”. En este sentido, la esencia del derecho de propiedad se vincula al ejercicio de las facultades del propietario, que en el caso de cosas incorporales será ejercido sobre el derecho a disponer de sus derechos.
Son precisamente las limitaciones derivadas de la regulación del derecho de propiedad, las que justifican reforma constitucional propuesta, que reconoce la facultad del legislador de regular el ejercicio del derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, dentro de las limitaciones derivadas de la función social
Así, actualmente nuestra Carta Fundamental dispone en el referido artículo 19 n° 24 que: “solo la ley puede establecer (…) las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.”
Continuando con lo razonado en el fallo del Tribunal Constitucional antes citado, se ha reconocido esta especial clase de propiedad, al señalar: “TRIGESIMOCTAVO: Que, sin embargo, el dominio de que goza el afiliado respecto de los fondos previsionales que administran las AFP, constituye “una propiedad que ha nacido afectada a una finalidad específica: generar pensiones. El afiliado sólo puede usarla con ese fin” Rol 333, c. 9°), es decir, ellos constituyen “un patrimonio de afectación” (Rol 219, c. 39°).
Por lo anterior, el afiliado sólo podrá acceder a los fondos acumulados en su cuenta de capitalización cuando cumpla con los requisitos que establece la ley, los cuales dicen relación con que se haya verificado respecto de él uno de los estados de necesidad que deben ser cubiertos con dichos fondos, como son los de vejez, invalidez y sobrevivencia a que se refiere el DL. N° 3.500.
Ello sucede así porque tales fondos están sujetos a un modo, por cuanto tienen como finalidad específica e inmodificable financiar la respectiva pensión, lo cual no se contrapone con el derecho de propiedad, sino que, por esta circunstancia, nos encontramos aquí con una “especie de propiedad”, de aquellas que el legislador puede configurar, según dispone el propio numeral 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental.”.
Por tanto, es el mismo Constituyente el que establece que el legislador se encuentra habilitado para establecer limitaciones derivadas de la función social. Lo anterior presupone que, precisamente, los intereses generales de la nación vinculadas a la seguridad social, pueden autorizar limitaciones y obligaciones al derecho de propiedad derivadas de su función social. Ciertamente, esto es también aplicable al dominio sobre los fondos previsionales, sobre el cuál se pueden establecer limitaciones.
Sin embargo, lo fundamental, es que nunca estas limitaciones podrán afectar su esencia, impidiendo de forma absoluta su ejercicio de propiedad. Hoy en día, no existiendo norma constitucional explícita al respecto, y sólo centrándonos en los términos consagrados por el DL. 3.500, no se encuentra reconocida expresamente la posibilidad de ejercer el derecho de propiedad, aun con limitaciones, sobre los fondos previsionales. Al contrario, hoy en día, el afiliado no está habilitado expresamente para disponer libremente de sus fondos previsionales, a pesar de que forman parte de su derecho de propiedad. La reforma constitucional propuesta persigue enfrentar este problema y para lograr aquel objetivo, se propone modificar nuestra carta fundamental en lo concerniente al régimen de propiedad, dispuesto en el numeral 24 del artículo 19.
De esta manera, se consagraría constitucionalmente el derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones, el cual puede verse afectado por una ley, como es el caso del DL 3.500, pero éste, jamás podrá superponerse a una norma fundamental.
MODIFICACIÓN AL CAPÍTULO IV QUE REGULA LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL.
Actualmente, el brote de coronavirus, COVID-19, ha traído una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes. Los efectos económicos del mismo han generado repercusiones en todo el mundo, obligando a los Estados de aquellos países que han sufrido altos contagios, a establecer reglas y sistemas que buscan hacer frente a los efectos devastadores que tendrá esta pandemia para el sistema económico y social.
En nuestro país, esto es aún más grave y determinante, en lo que se refiere al sistema de pensiones, donde los afiliados, a pesar de tener el dominio sobre una cuenta que ha sido constituida en base al fruto de su capitalización individual, se encuentran impedidos de realizar retiro alguno, incluso en condiciones humanitarias como las que existen el día de hoy, donde muchos habitantes de nuestro país están sufriendo las consecuencias económicas derivadas de la actual situación sanitaria.
No es posible que la subsistencia económica de los trabajadores de nuestro país esté determinada por la imposibilidad de ejercer su derecho de propiedad, especialmente cuando más lo necesitan. Un trabajador que ha sido responsable cotizando periódica y sistemáticamente, sin interrupciones, sufrirá, de todas maneras, las consecuencias económicas que se derivarán de la grave crisis en la que se encuentra nuestro país, no pudiendo esperar a la restitución de sus fondos una vez llegada la edad de jubilación, precisamente porque hoy en día existe una necesidad imperiosa para disponer, al menos, parcialmente de estos fondos.
Precisamente los límites derivados del fin social de la propiedad, permiten que, por una parte, se establezcan restricciones al ejercicio del derecho de propiedad vinculadas al ejercicio del mismo, pero bajo el límite constitucional de que no puede afectase la esencia del derecho fundamental.
En concordancia con lo anterior, el numeral 1) del artículo único de la reforma constitucional propuesta tiene por objeto consagrar el derecho a la propiedad sobre los fondos contenidos en la cuenta de capitalización individual, no pudiendo estar restringido de forma absoluta el ejercicio del mismo, durante el período en el cual el afiliado no ha llegado a su edad de jubilación. Más aún, es concordante con la regulación constitucional que el ejercicio de ese derecho fundamental, aún cuando se encuentre sujeto a límites, sea previsto por la Carta Fundamental.
Por otra parte, el numeral dos de la reforma constitucional propuesta, tiene por objeto consagrar que, en condiciones excepcionales, como es el caso de la declaración de catástrofe por calamidad pública, se autorice el retiro de fondos previsionales, con obligación de reintegro.
Entendemos que esta modificación también se enmarca como un contrapeso a la total discrecionalidad entregada al presidente de la República para limitar los derechos fundamentales de locomoción y de reunión.
Es muy importante vislumbrar que la justificación de la devolución de los dineros de los afiliados durante un periodo de catástrofe como una contrapeso; ya que en este estado de excepción constitucional se puede restringir la libertad de las personas y con ello, indefectiblemente su capacidad económica.
En tal sentido, le corresponde a la Carta Fundamental, como manifestación de la voluntad soberana, el establecer las restricciones y condiciones en virtud de las cuales se ejercerá el derecho constitucional de propiedad vinculado al dominio sobre los fondos previsionales, respetándose la reserva legal, para que sea el legislador sea quien determine las condiciones, límites, proporciones y mecanismos a través de los cuales se restituirá total o parcialmente los fondos previsionales a los afiliados.
En definitiva, la regulación de las materias señaladas se justifica orgánicamente como reforma constitucional, ya que se trata de especificar su ejercicio respecto del derecho de propiedad con sagrado en el artículo 19 número 24 de la Carta Fundamental, y consecuencialmente, se definen ciertas obligaciones que deben cumplirse por parte de la primera autoridad del Poder Ejecutivo, luego de que la Carta Fundamental, en su artículo 43, le entregue un alto poder de discrecionalidad en la afectación de derechos fundamentales, los cuales impiden el desenvolvimiento económico normal de todos los habitantes en cuyo territorio rija el estado de excepción constitucional de catástrofe.
En base a todo lo anterior, se propone el actual proyecto de reforma constitucional
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO ÚNICO: Modifíquese la Constitución Política de la República en los siguientes términos:
1)En el CAPÍTULO III, DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES, su artículo 19 N° 24, agregándose el siguiente inciso duodécimo nuevo, del siguiente tenor:
“En materia previsional, el afiliado podrá disponer de todo o parte de sus fondos previsionales, en la forma que establezca la ley, incluso antes de llegar a su edad de jubilación.
2)En el CAPÍTULO IV, en el título que regula los “Estados de excepción constitucional”, modifíquese el artículo 43, en los siguientes términos:
a)Reemplácese el inciso tercero por el siguiente:
“Por la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión; y deberá permitir, a todos los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones el retiro de hasta un 10% de sus cuentas de capitalización individual. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.
b)Agréguese un nuevo inciso cuarto, pasando el actual a ser quinto, del siguiente tenor:
“La ley establecerá el mecanismo a través del cual los afiliados o el Estado deberán reintegrar los fondos retirados de las cuentas de capitalización individual mencionadas en el inciso precedente, una vez cesado el estado de excepción constitucional de catástrofe.
Diputados señores Bianchi, Garín, Rosas, Saavedra, Saffirio, y Soto, don Leonardo, y de la diputada señora Jiles
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Cruz-Coke, Alessandri; Álvarez, don Sebastián; Kast, Keitel, Molina, Schalper, Undurraga y Walker, que ”Modifica las normas de la sucesión testada para promover la filantropía” Boletín N° 13622-07
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República, lo previsto en la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido en el reglamento de la H. Cámara de Diputados y conforme a los fundamentos que se indican a continuación, vengo en presentar la siguiente moción.
I.FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA
1.REGULACIÓN DE LA SUCESIÓN TESTADA EN CHILE
Una de las principales interrogantes que deben resolver los sistemas legales cuando regulan la sucesión por causa de muerte radica en la importancia que se le dará a la libertad para testar. Una libertad amplia para testar puede dejar desprotegidos a familiares que dependen del causante, mientras que una restricción absoluta a la misma puede imponer trabas excesivamente gravosas al derecho a propiedad y la facultad de disponer de su patrimonio, que asiste a toda persona.
La mayoría de los sistemas legales (si no todos) optan por un camino intermedio, donde se reconoce la libertad para testar como punto de partida, pero restringida en mayor o menor medida para dar protección a familiares dependientes del causante, a su cónyuge o a su conviviente que lo sobrevive.
En Chile, el modelo imperante es uno de libertad restringida para testar. Así, nuestro modelo sucesorio establece restricciones para la disposición de al menos tres cuartos del patrimonio de todo causante, dejando la libertad absoluta para testar únicamente respecto del cuarto restante de su patrimonio.
Así, el artículo 1.184 del Código Civil establece que la mitad de los bienes se dividen entre aquellas personas que la ley denomina “legitimarios”. Se considera legitimarios únicamente a los hijos (o sus descendientes), a los ascendientes y a los descendientes. El mismo artículo establece las reglas en virtud de las cuales concurren y se dividen los legitimarios este porcentaje del patrimonio del causante.
Una cuarta del patrimonio, denominada “cuarta de mejoras”, podrá el causante disponerla con libertad acotada. Si bien en este caso la ley no establece expresamente a quién deberá asignarse (como ocurre en el caso anterior) el artículo 1195 permite únicamente que se asigne a uno o más
legitimarios. Es por esto que, como se señaló anteriormente, nadie puede disponer libremente de sus bienes respecto de al menos tres cuartas partes de su patrimonio, que por disposición legal deben ser asignadas a descendientes, ascendientes o cónyuges.
Únicamente respecto de la cuarta restante puede disponer una persona con absoluta libertad. Respecto a esta porción nada impide que pueda asignarse a terceros no relacionados con el causante, a legitimarios o a instituciones.
Cabe señalar que en Chile estas normas aplican por igual a todas las personas que quieran disponer de sus bienes a través de un testamento, con independencia de su patrimonio y sin tener en consideración las necesidades de dichos familiares beneficiados por las normas hereditarias vigentes.
2.EXPERIENCIA COMPARADA
El modelo de libertad restringida para testar no es el único modelo testamentario posible. Podemos encontrar en la experiencia internacional una amplia gama de sistemas, con mayor o menor libertad para testar en cada caso. Es necesario aclarar que hoy no existe ningún sistema sucesorio donde la libertad testamentaria sea absoluta, así como tampoco hay modelos donde se impida totalmente la disposición de los bienes del causante.
Los sistemas donde prima la libertad para testar se caracterizan por no exigir al causante reservar parte de su patrimonio a determinadas personas. En principio todos pueden disponer de la totalidad o de parte de sus bienes entre quienes quiera y por la cuantía que desee. Esta regla va acompañada de mecanismos distintos a las asignaciones forzosas, destinados a proteger a las personas dependientes de quien hereda, típicamente en la figura de derechos de alimentos, consistente en pagos periódicos que se extienden del deber de manutención del padre y/o cónyuge, que prevalece por sobre su derecho a testar y por sobre cualquier deuda o gasto que deba cubrirse con el patrimonio heredado.
Adicionalmente, estos países también contemplan otras medidas de protección, dentro de las que cabe destacar aquellas figuras similares a la del “bien familiar” de nuestra legislación, que permite que la vivienda principal donde vive la familia y su mobiliario, continúen siendo de propiedad de la misma, sin perjuicio de lo que disponga el testamento. También las capitulaciones matrimoniales pueden imponer límites al derecho a testar, que deben ser respetados por quien quiera disponer de sus bienes. Finalmente, muchos ordenamientos jurídicos contemplan limitaciones adicionales por motivos de orden público, cuando se dispone de bienes que se tienen en copropiedad, y otros.
En estos sistemas, quien desee hacer uso de su libertad de testar debe suscribir un testamento, disponiendo de todo o parte de su patrimonio, de lo contrario, aplicarán las normas generales de sucesión intestada que típicamente asignan los bienes a aquellos familiares más cercanos. Modelos de libertad amplia para testar se aplican hoy en día en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda, México, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Honduras, entre otros.
3.EL CASO TOMPKINS
Un ejemplo que grafica muy bien los problemas que la excesiva protección de los derechos de los herederos, así como las desmedidas limitaciones a la libertad de testar acarrean, es el que se ha generado a partir de la muerte del ambientalista norteamericano Douglas Tompkins. El empresario falleció el 8 de diciembre de 2015, luego de volcar su kayak en el Lago General Carrera, después de haber dedicado su vida a la conservación de tierras y al activismo medioambiental.
Tres años después de su muerte, su viuda concretó uno de los mayores sueños del filántropo, la entrega formal al Estado de Chile de miles de hectáreas de tierras patagónicas que desde comienzos de los años 90 el empresario comenzó a comprar, con la finalidad de fomentar su conservación y evitar su adquisición para otro tipo de proyectos o iniciativas.
Los mecanismos legales a través de los cuales se concretó esta cuantiosa donación al Estado de chile (la más grande donación de tierras por parte de un privado en la historia) no son de conocimiento público, si bien se sabe que fue realizada por parte de la Fundación Tompkins y que significó un compromiso del Estado de 500.000 dólares durante este año, y un alto nivel de inversión anual en su mantención.
Sin embargo, el año 2017 una de las hijas del empresario, Summer Tompkins presentó una demanda alegando el incumplimiento por parte de su padre de las normas sucesorias chilenas. En ella la norteamericana alega haber sido preterida en la sucesión, y que sus derechos reconocidos por nuestra legislación no fueron respetados. Señala, en síntesis, que a través de diversas estructuras legales y societarias se pretendió burlar en Chile los derechos hereditarios de descendientes residentes en el extranjero.
Independientemente de los hechos y las alegaciones de las partes involucradas en este caso particular, el caso del empresario Tompkins muestra un defecto que genera nuestra legislación hereditaria, y es que nuestro ordenamiento jurídico impone fuertes restricciones a la filantropía que se quiere realizar a través del testamento. A las asignaciones forzosas que se imponen al momento de testar hay que agregarle la serie de acciones revocatorias que contempla nuestra ley para dejar sin efecto aquellas donaciones en vida o por causa de muerte que quiera hacer una persona en exceso de la cuarta de libre disposición que señala la ley.
Estas restricciones a la libertad de testar son desproporcionadas, sobre todo por cuanto existen alternativas para que la ley asegure a los familiares de un difunto un cierto patrimonio que le permita mantener su nivel de vida, para proteger a herederos y al cónyuge sobreviviente, sin que sea necesario conculcar cualquier posibilidad de destinar parte de patrimonios cuantiosos a fines sociales o de interés público.
Es necesario reconocer que nuestra tradición responde a principios y orientaciones distintas de aquellas que rigen el ordenamiento jurídico de países anglosajones, o de aquellos otros estados de derecho mencionados en el apartado anterior, y en este sentido puede ser ajeno a nuestra tradición el girar de forma radical a un sistema de libertad para testar amplia, como aquella que contemplan las regulaciones indicadas anteriormente, pero esto no implica que nuestro sistema no pueda ser modificado y, estos efectos negativos, morigerados.
II.OBJETO DEL PROYECTO
En base a lo señalado anteriormente, este proyecto tiene por finalidad moderar la excesiva restricción a la libertad de testar que establece nuestro ordenamiento jurídico, sin cambiar el principio orientador del mismo, esto es, la protección de descendientes, ascendientes y cónyuges a través del destino directo a estos de una parte del patrimonio de un causante que asegure su adecuada subsistencia.
Así, se propone establecer un monto máximo hasta por el cual aplicarán obligatoriamente las restricciones de la mitad legitimaria, la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición. En el monto que exceda ese límite existirá una mayor libertad para testar, por cuanto se entiende que legitimarios ya se encuentran protegidos por una herencia de cuantía alta. Esta mayor libertad deberá estar dirigida a la filantropía, y no a beneficiar a empresas con fines de lucro o personas naturales. Se podrá testar en el exceso a instituciones privadas sin fines de lucro, además del Estado de Chile, a quien siempre podrá destinarse todo o parte del mismo. Antes de perfeccionarse esta asignación deberán haber sido pagados todos los impuestos que correspondan en conformidad con la ley.
El monto que se ha adoptado como límite es el equivalente es aquel a partir del cual se establece el tramo máximo de impuesto a la herencia que establece el artículo 2 de la Ley 16.271, la que contempla una tasa de 25% para asignaciones con valores superiores a 14.440,01 Unidades Tributarias Mensuales, luego de realizados todos los descuentos legales (equivalentes a esta fecha a un poco más de 727 millones de pesos).
Este monto permitirá una protección adecuada de aquellas personas a las cuales nuestro derecho sucesorio a seleccionado como sujetos de protección (nadie puede argumentar que se trata de un monto bajo), permitiendo a su vez un fomento adecuado a la filantropía por parte de los más altos patrimonios del país, quienes podrán destinar parte importante de sus patrimonios como una retribución al país, o para dar apoyo a ciertas causas que carecen de financiamiento.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo Único: La porción de la masa hereditaria que supere la parte menor del tramo mayor que establece el artículo 2° de la Ley 16.271, no estará sujeto a las asignaciones forzosas que establece el Párrafo §3 del Título V del Libro Tercero del Código Civil.
Para ser exceptuado de la restricciones legales en conformidad con el inciso anterior, el testamento no podrá asignar estos montos a personas naturales o personas jurídicas con fines de lucro, y procederá únicamente respecto de la porción que supere el límite que señala el inciso anterior, luego de haberse descontado todas las deudas e impuestos correspondientes.”
Diputados señores Cruz-Coke, Alessandri; Álvarez, don Sebastián; Kast, Keitel, Molina, Schalper, Undurraga y Walker
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Muñoz, Olivera y Ossandón, y de los diputados señores Eguiguren, Jürgensen; y Mellado, don Miguel, que "Modifica la ley N°19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para regular las opciones del cliente ante el retardo o no entrega, del bien comprado Boletín N° 13623-03
Antecedentes
El avance de las nuevas tecnologías de la mano del desarrollo de Internet ha permeado prácticamente todos los ámbitos de la vida moderna.
Uno de los sectores que más se ha visto beneficiado y que ha crecido considerablemente es el denominado comercio electrónico.
El inicio del comercio electrónico algunos lo remontan cercano al año 1920 en Estados Unidos cuando se implementó por primera vez la venta por catálogo. Era la primera vez que existía la posibilidad de comprar algo sin tenerlo directamente a la vista.
Posteriormente con la aparición de la computadora y la televisión entre los años 70 y 80, se modernizó el comercio por catálogo con las denominadas “televentas”.
Luego con la llegada del Internet, el comercio electrónico se masificó a nivel global. A finales de los 90’s aparecieron Ebay y Amazon en Estados Unidos empresas que subsisten al día de hoy y reportando grandes ganancias en los últimos años. En efecto, Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de la empresa Amazon es considerado como la persona más rica del mundo de acuerdo con la lista de la revista Forbes desde el año 2017.
De acuerdo con el Código Ético de Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva de España, se define el comercio electrónico como:
“Toda transacción económica consistente en la contratación de productos y/o servicios entre un oferente y un consumidor, en la que la oferta por parte del oferente y la aceptación por parte del consumidor se realizan enteramente a través de un medio electrónico de comunicación a distancia”
Claramente la incorporación del comercio electrónico ha significado un gran avance e implicado un gran impulso a la economía ya que en países como Estados Unidos, la venta online ha superado largamente a la venta presencial. Hoy en día se pueden adquirir toda clase de bienes y servicios vía online mientras que hace algunos años era mucho más limitada la oferta.
Nuestro país tampoco ha estado exento de este fenómeno que llegó para quedarse y paulatinamente se ha ido abriendo paso, no solo de mano de grandes empresas de retail sino que también con una gran participación de micros, pequeñas y medianas empresas en el mercado. Según la Cámara de Comercio de Santiago, el e-commerce creció un 37% durante el año 2019 y representó un volumen de cerca de US$ 4.500 millones en los primeros 9 meses de ese año. Incluso en el escenario de pandemia que vivimos, el comercio electrónico se ha transformado en un gran protagonista. La Cámara de Comercio de Santiago señaló recientemente que las ventas del comercio minorista online se incrementaron casi en un 190% considerando los últimos 12 meses.
Ahora bien, junto con este avance tecnológico también se ha ido avanzando en una mejor regulación, sobre todo para proteger a los consumidores.
De acuerdo con el Estudio Sobre la Información que Proporcionan los Proveedores de Comercio Electrónico en Chile desde la Perspectiva de la Protección del Consumidor elaborado por el Servicio de Protección al Consumidor en abril de 2015, diversas normas se han ido incorporando a la Ley 19.496 que Establece Normas Sobre Protección de los Derechos de los Consumidores en materia de comercio electrónico debido al masivo uso y celebración de contratos que se realizan por parte de los consumidores por esta vía, tomando particular importancia las normas sobre publicidad y promociones u ofertas.[1]
La preocupación por una mejor regulación en la materia, también ha llegado a organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que en este sentido ha señalado: “A los consumidores que participen en el comercio electrónico debe otorgárseles una protección transparente y efectiva que no sea inferior al nivel de protección que se otorga en otras formas de comercio”
En esa línea, la ley 19.496 ha ido incorporando derechos específicos en el marco del comercio electrónico, por ejemplo:
1.Derecho a retracto: Art. 3 bis letra a)
2.Derechos en materia de formación del consentimiento: Art. 12 A.
3.DerechosenmateriadeComunicacionesPromocionaleso Publicitarias: Art. 28 B
4.Derechos especiales en materia de información: Art. 32
Naturalmente y con la rápida evolución de este mercado, es necesario ir mejorando la actual normativa para proteger de mejor manera a los consumidores.
En este sentido, existen una serie de malas prácticas por parte de los proveedores que muchas veces dejan en indefensión a los consumidores. Malas prácticas que reiteradas en el tiempo resultan en un abuso inaceptable, sobre todo tratándose de grandes compañías en las que los usuarios depositan su confianza al realizar una compra o contratar algún servicio.
Una de las denuncias que más hemos recibido se trata de aquellos casos en que la empresa vende un producto que no tiene en stock. Ante esta situación claramente nos encontramos con un caso de incumplimiento grave. La ley 19.496 no hace expresa referencia a esta situación y solo se comprendería dentro del incumplimiento genérico a que hace referencia la letra e) del artículo 3º, sin embargo, aplicando las reglas generales, la persona podría demandar la resolución del contrato, en virtud del incumplimiento de una de las parte y recibir la restitución de que hubiere pagado y una indemnización de perjuicios en su caso.
Ahora bien, nos parece que la situación antes descrita es de extrema gravedad y se dá sobre todo en el comercio electrónico donde no siempre están actualizadas las páginas web de las diferentes empresas. Pero es más grave aún cuando la empresa a sabiendas de que no posee el producto en stock, lo mantiene disponible para la compra en su plataforma virtual. Esto produce una venta prácticamente forzosa ya que luego de informar al cliente de que no tiene stock disponible, ofrecen otros productos equivalentes, precisamente para no perder la venta. En caso de que el cliente requiera la devolución del dinero, muchas veces solo le ofrecen una gift card para comprar dentro de la misma tienda o bien demoran demasiado en realmente devolver el precio en dinero. Estas prácticas son inaceptables, ya que incluso se puede deducir mala fe en su actuar y creemos que deben existir derechos directamente exigibles por parte de los consumidores cuando se enfrente a este tipo de abusos.
Idea matriz
El objeto central de este proyecto es otorgar un derecho expreso a los consumidores en la ley Nº19.496 que Establece Normas Sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, para el caso en que compre un producto que el proveedor no tiene en stock al momento de la venta y para el caso en que el proveedor no entregare el producto en el plazo convenido. En dichas situaciones se busca que el consumidor tenga 2 opciones:
1.Obtener la devolución inmediata de lo que hubiere pagado en dinero y una indemnización equivalente al valor del producto, cuyo
monto podrá ser pagado en otros productos disponibles por el proveedor.
2.Optar por otro u otros productos, a elección del consumidor, que tenga disponible el proveedor, de un valor de hasta un 100% mayor a lo que hubiere pagado.
Creemos que establecer un derecho de reparación expreso e inmediato en esta materia, claramente otorgará mayor y mejor protección ante los abusos que se dan en la práctica, que si bien se da con mayor frecuencia en el comercio electrónico, se establece para cualquier tipo de modalidad.
En virtud de los antecedentes anteriormente expuestos, los diputados y diputadas abajo firmantes vienen en someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente:
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Introdúzcase un nuevo Artículo 19 bis a la ley Nº 19.496 que Establece Normas Sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, del siguiente tenor:
“Artículo 19 bis.- En caso de que el proveedor venda un producto que no tiene disponible en stock al momento de la venta, o si el proveedor no cumpliere con la entrega en el plazo convenido, el consumidor tendrá el derecho a elegir uno de los siguientes mecanismos de reparación:
1.Obtener la restitución íntegra e inmediata de lo que hubiere pagado por el producto en dinero, y una indemnización equivalente al valor del producto, cuyo monto podrá ser pagado en otros productos disponibles por el proveedor.
2.Optar por la entrega de otros productos disponibles, a elección del consumidor, que en su totalidad sean de un valor de hasta un 100% mayor a lo que hubiere pagado.”
Diputadas señoras Muñoz, Olivera y Ossandón, y de los diputados señores Eguiguren, Jürgensen; y Mellado, don Miguel
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Ossandón, Cid y Olivera, y de los diputados señores Castro, don José Miguel; Garín, Jürgensen, Mellado, don Miguel; Soto, don Raúl, y Velásquez, don Pedro, que "Modifica la ley N°18.010, que Establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica, para reducir transitoriamente la tasa máxima convencional en los casos que señala” Boletín N° 13625-03.
Fundamentos
•Las familias chilenas están viendo gravemente mermados sus ingresos por los efectos de la pandemia del COVID-19. Producto de lo anterior, muchos hogares de nuestro país se han visto impulsados a financiar sus gastos mediante operaciones de crédito a altas tasas, perjudicando su posición financiera futura y destinando gran parte de sus ingresos al pago de intereses.
•La ley N° 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica, establece la tasa de interés máxima convencional para diversas operaciones de crédito. Dicha tasa de interés máximo convencional limita tanto la ganancia financiera del acreedor como el acceso al mercado de crédito de personas de mayor riesgo crediticio.
•El nivel de apremio y desesperación que ha provocado en las familias chilenas la crisis económica que trae aparejada la pandemia del Covid-19,
hace aconsejable introducir modificaciones transitorias tratándose del financiamiento mediante avances en efectivo. De esta manera, parece conveniente reducir la tasa de interés de estas operaciones, al menos durante un plazo que permita sobrellevar los efectos de la crisis económica y social que afecta al mundo entero
•Se trata de un esfuerzo más dentro de una serie de medidas administrativas y legislativas que buscan dar herramientas a las familias chilenas para hacer frente a la crisis, particularmente de aquellas más vulnerables que son, por cierto, las que con mayor frecuencia recurren a este tipo de operaciones. Conviene señalar que a juicio de estos mocionantes, una medida transitoria como ésta debiera ser complementada en el mediano plazo y de forma permanente, por acciones que vayan en la línea de profundizar las políticas de educación financiera que se han impulsado desde el Gobierno y el Congreso Nacional en los últimos años.
•Debido al impacto que tiene una medida que limite las tasas de interés máximo en el acceso al mercado de crédito formal, se propone la transitoriedad de la misma, introduciendo para ello un artículo 3º transitorio a la ley Nº18.010, que regirá para las operaciones contraídas con posterioridad a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, y hasta el 31 de diciembre del presente año, inclusive.
Por lo fundamentos antes señalados, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Incorpórese a la Ley N° 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones en dinero que indica, el siguiente articulo 3º transitorio:
“Artículo 3º transitorio.- Reemplázase el inciso primero del artículo 6° bis de la presente ley, desde la entrada en vigencia de la ley que Modifica la Ley N° 18.010, limitando transitoriamente la tasa máxima convencional para operaciones de crédito en dinero mediante tarjetas de crédito y hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive, por el siguiente:
“Artículo 6º bis.- Para aquellas operaciones de crédito de dinero denominadas en moneda nacional no reajustable, por montos iguales o inferiores a 200 unidades de fomento, por plazos mayores o iguales a noventa días, y que no correspondan a aquellas exceptuadas por el artículo 5º, no podrá estipularse un interés cuya tasa exceda a la tasa de interés corriente que rija al momento de la convención para las operaciones de crédito de dinero denominadas en moneda nacional no reajustable por montos mayores a 200 e inferiores a 5.000 unidades de fomento y por plazos mayores o iguales a noventa días, incrementada en un término aditivocuyovalorseráde:
i)7 puntos porcentuales sobre base anual, en las operaciones superiores a 50 unidades de fomento.
ii)11 puntos porcentuales sobre base anual, en aquellas operaciones por montos iguales o inferiores a 50 unidades de fomento.”.”.”.
Diputadas señoras Ossandón, Cid y Olivera, y de los diputados señores Castro, don José Miguel; Garín, Jürgensen, Mellado, don Miguel; Soto, don Raúl, y Velásquez, don Pedro
Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Sepúlveda, doña Alejandra, y Muñoz; y de los diputados señores Mellado, don Miguel, y Naranjo, que "Modifica la ley N°20.575, que Establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, para prohibir la exigencia de la información a que ella se refiere, en los procesos de otorgamiento de créditos, con ocasión de la pandemia de Covid-19” Boletín N° 13626-03
1. Marco jurídico regulatorio:
a. Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y Tratamiento de Datos Personales, publicada el 28 de Agosto de 1999 y modificada posteriormente por la Ley N° 19.812 del año 2002, que, entre otras cosas, redujeron sobre todo los plazos máximos en los que se puede registrar la información negativa y la sobre deudas pagadas.
b. Artículo 19 Nº 4 de la Constitución Política. “Art. 19. La Constitución asegura a todas las personas: 4. El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.”
c. Capitulo 18-5 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras: Información sobre deudores de las instituciones financieras.
2. Antecedentes y Fundamentos
En reunión con pequeños y medianos empresarios de la ciudad de san Vicente realizada con fecha 11 de junio de 2020, de la CAMARA DE COMERCIO DETALLISTA Y TURISMO DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA, Rut, 71.514.400-K, dirigida por José González como presidente, Juan Rijas como vicepresidente, Mariana Rodríguez como tesorera, entre otros, manifiestan su inquietud con respecto a la situación critica del sector que representan y como ha afectado la pandemia covid-19 el comercio así como también la proyección financiera, refieren que uno de los problemas mas importantes e impedimentos al momento de solicitar ayuda crediticia son los registros comerciales de EQUIFAX y DICOM.
En Chile existen diversas bases de datos personales que contienen información de distinta índole: bancaria, comercial, financiera de gran parte de la población de nuestro país. Entendiéndose en la legislación chilena como datos personales lo definido en el artículo 2 letra f de la ley 19.628 (promulgada 28 de agosto de 1999) como “los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables “, organismos internacionales como la OCDE en su Reglamento de Datos Personales los define “toda información sobre una persona física identificada o identificable “
La base de datos más utilizada y reconocida es DICOM manejada por la empresa transnacional Equifax con filiales en todo el mundo la cual comercializa los datos de personas y empresas para la evaluación de distintos tipos de riesgo.
La utilización de estas bases de datos se encuentran regulados por distintos cuerpos legales, entre ellos la ley 20.575 promulgada el 17 de Febrero de 2012 la cual tiene por objetivo la protección de los datos personales y que solo sean ocupados en el proceso de evaluación de riesgo crediticio , en el mismo cuerpo legal, inciso tercero artículo 1º incorpora excepciones en la utilización de estas bases de datos
“ En ningún caso se podrá exigir esta información en los procesos de selección personal , escolar o de educación superior, atención médica de urgencia o postulación a un cargo público”.
Al mismo tiempo en Chile existe una estratificación según del tamaño de las empresas:
01
Según Gonzalo Rivas, en su obra “Opciones de la banca de desarrollo en Chile: el “convidado de piedra” del sistema financiero chileno”, publicado en junio del 2004 por la Unidad de Estudios Especiales de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, establece que: “…las principales áreas de carencias o de desafíos que se detectan en la relación entre el sistema financiero y las actividades empresariales en Chile son las siguientes:
a) Baja cobertura de acceso a crédito para micro y pequeñas empresas (aunque el problema es claramente menor en estas últimas);
b) Las pequeñas y medianas empresas tienen escaso acceso a créditos de mediano y largo plazo;
c) Bajo acceso al crédito de la pequeña agricultura; d) Costos financieros demasiado altos en los créditos para pequeñas y microempresas;
e) Poca disponibilidad de financiamiento para nuevos emprendimientos.”[1]El Riesgo Crediticio, puede ser definido como la probabilidad que un deudor falle en los compromisos con un Banco determinado. Implica incertidumbre respecto del valor futuro de una inversión, más incertidumbre envuelve mayor riesgo. En otras palabras, es la probabilidad de no recuperar total o parcialmente la inversión efectuada o el crédito otorgado, o la incertidumbre respecto de la rentabilidad que obtendrá dicha inversión.[2]
Es menester señalar que existe una directa relación entre la posibilidad ágil de solvencia crediticia y las tasas de empleabilidad, si se van eliminando trabas para la obtención de créditos para la pequeña y mediana empresa no se pone al empleador en la difícil situación de tener que despedir a un trabajador para salvaguardar la solvencia de la empresa, por lo que el beneficio a parte de ser un índice de mejoría en la economía miro empresarial lo es también en materia de contratación laboral funcionando como incentivo a mantener el vínculo laboral vigente.
Por último, uno de los factores más relevantes para la evaluación de obtención crediticia es la formalización de la micro empresa, en este ámbito destaca en segundo lugar la región de O’Higgins con un 53,8% de formalización, en primer lugar, se encuentra la región de Magallanes con un 73,4% lo que indica que dentro de los parámetros de evaluación tendrían aun mayor facilidad.
3. Sobre estado de excepción constitucional:
Dentro de las finalidades de los estados de excepción constitucional es agilizar los procesos de liberación de recursos, por una situación y contexto apremiante, para este ejercicio se puede, haciendo un ejercicio de hermenéutica constitucional, afectar solamente el núcleo externo de los derechos fundamentales, como lo pueden ser la libertad de circulación o afectación a la propiedad, no pudiendo afectar ni pretender modificar el núcleo duro (noyau intangible o intangible core) de estos derechos fundamentales.
De esta forma, en un estado de excepción se puede dar el caso de delimitación entre la afectación y la no afectación de un derecho fundamental, la situación apremiante de contexto infiere un carácter de urgencia y celeridad, es por eso que se liberan recursos de manera rápida a través de créditos FOGAPE por ejemplo, suprimiendo dicho sea de paso algunas de las exigencias burocráticas propias de contextos de normalidad.
Así las cosas, tampoco puede el estado en la situación de hecho que origina el estado de excepción vulnerar o transgredir el núcleo duro de los derechos fundamentales, en este caso, el que nos convoca, la protección de la vida privada en la esfera específica de la intimidad, donde aparece todo el estatuto de regulación y protección del manejo de datos personales.
En un contexto de normalidad puede efectivamente la banca y similares instituciones fiscalizadas por SBIF realizar proyecciones financieras para evaluar la solvencia crediticia tanto de personas naturales como jurídicas y para ese fin se puede valer de instituciones como SINACOFI o DICOM, el sistema de evaluación cuantitativo de riesgo crediticio llamado Credit Scoring, pero en un contexto de excepción constitucional las lógicas de ponderación de derechos fundamentales cambian y si tenemos a un estado liberando recursos de manera célere para ir en beneficio a través de la banca y similares sistemas financieros y crediticios, de personas naturales y jurídicas, con enfoque esta última en pequeña y mediana empresa, no podemos más que concluir que la especulación crediticia y evaluación de riesgo valiéndose de los registros ya señalados atenta claramente contra el derecho a la honra, la vida privada, la protección de la intimidad de los datos y la propiedad sobre las mismas.
4. Sobre reactivación económica:
El plan de reactivación económica anunciado por el gobierno es insuficiente y deficiente, ya que no elimina estas trabas e impedimentos que quedan supeditadas absolutamente a los privados, quienes limitan la posibilidad de acceso crediticio a fondos liberados por el estado.
De los “US $11.750, que corresponden al 4,7% del PIB del país, solo un 35% representan gasto (como el gasto en salud y el refinanciamiento del seguro de cesantía), el resto del monto está entregado en forma de créditos (la postergación del pago de impuestos es un crédito a tasa cero)”[3]
Desde octubre a la fecha la pequeña y mediana empresa se ha visto afectada por la crisis económica profundizada con el COVID-19, es por eso que muchas personas naturales y jurídicas, han caído primero en cesación de pagos por mas de 90 días lo que las ha llevado a la morosidad,
requisito entre otros para hacer exigible la cobranza ejecutiva de títulos crediticios con mérito ejecutivo, concretando así un estado de insolvencia.
La naturaleza de esta crisis, en contexto de una pandemia, requiere entonces de otro tipo de seguro social. Ofrecer liquidez a las empresas mediante créditos – incluso a tasa 0%– es insuficiente cuando no se produce (¿de dónde vendrán los flujos futuros?). Asegurar el ingreso solo a las/os asalariados es insuficiente en un país cuya tasa de ocupación informal reportó un 29,6% el trimestre móvil noviembre 2019 – enero 2010 (INE).
El 50% de los micro empresarios tiene una ganancia mensual menor o igual a $300.000 (…) el 75% de los encuestados reporta ganar manualmente menos de $600.000.
La falta de clientes es percibida como la mayor limitante al crecimiento de los micro emprendedores, la segunda mayor limitante percibida por los micro empresarios es la falta de financiamiento (22,1%). [4]
De acuerdo con la VI Encuesta de Microemprendimiento (EME) que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) realizó en conjunto con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en 2019, el 48,5% de los microemprendedores en el país obtuvo ganancias mensuales que llegaron hasta los $288.000 bruto (equivalente a un sueldo mínimo cuando fue levantada la encuesta). Un 24,6%, en tanto, ganó un monto entre más de $288.000 y $576.000 y solo el 4,2% superó los 2,3 millones de pesos. [5]
Estos juicios ejecutivos no han cesado, no se han dejado de tramitar, a pesar que un estado de pandemia puede ser considerado un caso fortuito o mayo lo que daría pie a suspender la ejecución de contratos y obligaciones civiles, pero en la práctica no ha ocurrido por que se ha optado por parte del ejecutivo a la inyección de recursos por parte del estado a través de distintas posibilidades crediticias administradas fundamentalmente por la banca.
Es por esto, que la situación de hecho, en especifico la morosidad no le es imputable a los pequeños y medianos empresarios, por lo que la banca y otros símiles no puede limitar, coartar, suprimir o entorpecer la posibilidad que los recursos que esta liberando el estado lleguen a quienes lo necesitan. Porque en un contexto de pandemia la especulación financiera y evaluación de seguridad crediticia se torna reñida con la ética y la moral.
5. Moción parlamentaria:
Agrega un inciso cuarto al artículo 1º de la ley 20.575 el cual establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales en el siguiente tenor:
“En ningún caso se podrá exigir esta información en el proceso de crédito cuando exista declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, por el brote pandemia del virus COVID-19 en el país incluido un año posterior al término del estado de excepción.”
Diputadas señoras Sepúlveda, doña Alejandra, y Muñoz; y de los diputados señores Mellado, don Miguel, y Naranjo
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Soto, don Raúl; Celis, don Ricardo; González, don Rodrigo, y Jiménez, y de las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Marzán y Parra, que "Modifica la Carta Fundamental, para establecer un mecanismo transitorio de retiro parcial y posterior reintegro de los fondos previsionales, con ocasión de la declaración de un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, que signifique grave riesgo para la salud o vida de las personas Boletín N° 13627-07
Fundamentos:
1.- La crisis sanitaria provocada por la pandemia mundial del Virus Covid-19 ha provocado, a la fecha, más de 500 mil fallecidos y más de diez millones de personas contagiadas en todo el mundo. Esta lamentable situación ha acarreado una serie de dificultades y problemas de toda índole, a saber, sanitarias, económicas, sociales, etc. Según la autoridad sanitaria, una de las mejores y más efectivas medidas para evitar contagiarse del virus, es evitar el contacto social, lo cual se logra a través de cuarentenas obligatorias para la población. A raíz de ello, diversos gobiernos alrededor del mundo han ordenado a sus ciudadanos confinamientos masivos, situación inédita para nuestra civilización. Chile no ha estado ajeno a dicho fenómeno, y a pesar de que la autoridad sanitaria tardó en tomar las medidas adecuadas de repliegue, hoy día son varias las ciudades que han restringido el libre tránsito de personas.
2.- Consecuencia de lo anterior, la actividad económica se ha estancado, dada la paralización de gran parte del comercio y otros sectores del mercado. A raíz de esta situación, hoy el mundo experimenta una de las mayores crisis económicas de las últimas décadas. Algunos economistas se aventuran a homologarla con la histórica recesión del año 1929. A nivel local, la crisis económica que atraviesa nuestro país es comparable con la vivida durante la Dictadura Militar, en el año 1982, dada la magnitud de sus efectos, principalmente sociales. Es por ello que el actual gobierno ha desplegado una serie de medidas sanitarias y económicas tendientes a combatir las nefastas consecuencias dejadas por la Pandemia, y que en Chile podrían empeorar. Así, el gobierno ha dispuesto de la aplicación de un plan económico correspondiente a gasto público ascendiente a 12 mil millones de dólares, los cuales servirían para financiar distintas áreas estratégicas para dar impulso económico a nuestro mercado. Imputable a dicho monto, se contempla el gasto de un poco más de mil millones de dólares para financiar el denominado “Ingreso Familiar de Emergencia”, consagrado en las recientemente aprobadas leyes 21.230 y 21.243, el cual generaría un aporte aproximado de cien mil pesos por persona entre quienes integren los porcentajes más vulnerables del Registro Social de Hogares, por los próximos meses. Al mismo tiempo, también con cargo al monto señalado inicialmente, se dispuso un aumento ascendiente a 3 mil millones de dólares tendiente a financiar el Fondo de Garantía para pequeños y medianos empresarios (FOGAPE), a fin de dar oxígeno a aquellos emprendedores que han visto dificultades para sostener sus negocios durante la crisis.
3.- Paralelamente, el gobierno impulsó la ley 21.227 “de protección del empleo”, bajo la cual se dispone la suspensión de los efectos del contrato de trabajo durante tres meses, período en el cual los trabajadores reciben ingresos con cargo a su fondo del seguro de cesantía. Cabe hacer presente que dicha medida no suple en ningún caso la totalidad de la remuneración percibida por el trabajador en virtud del contrato de trabajo objeto de la suspensión, y sólo representa un porcentaje decreciente del mismo, durante el término que dura dicha suspensión. Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, cerca de 690 mil personas han debido acogerse a esta ley[1].
4.- Como se puede apreciar, las medidas impulsadas por el gobierno no satisfacen las serias necesidades de las personas durante la presente crisis. Hemos notado ausencia de políticas públicas destinadas hacia la clase media, la cual ha sido duramente golpeada durante los últimos meses a raíz de los efectos del Covid-19, al encontrarse totalmente desprotegida y empobrecida. Sumado a ello, al mes de junio del 2020, los niveles porcentuales de cesantía aumentaron a un 11,2% dentro del trimestre marzo-mayo, lo que equivale a cerca de un millón de personas desempleadas[2], dentro de las cuales no se contabilizan los 690 mil restantes que han sido objeto de la suspensión de su contrato laboral, como se señaló en el punto anterior.
5.- Bajo ese orden de cosas, el panorama nacional no es muy alentador para los meses que restan del presente año. Así lo ha establecido el Banco Central dentro de su Informe sobre Política Monetaria en el mes de abril pasado, donde proyectó una caída del 2,5% del PIB para el presente año 2020, con lo cual nuestro país entraría en una fuerte e inevitable recesión[3]. Por estos motivos, urge tomar medidas económicas y sociales que vayan en directo beneficio de la población, en especial, de la clase media. Lamentablemente el actual gobierno no ha actuado a tiempo y las medidas adoptadas carecen del tinte social necesario para el presente de nuestro país.
6.- El actual contexto descrito es un escenario que requiere se adopten medidas económicas excepcionales que ayuden a las personas a superar de la mejor manera ésta histórica crisis económica. Necesitamos inyectar recursos para aliviar los costos asumidos por la economía familiar, y así dotar de mayor tranquilidad entre quienes no lo están pasando bien. Ante ello, ha surgido la idea de posibilitar a quienes lo necesiten, para hacer un retiro parcial de dinero desde sus fondos previsionales contenidos en las cuentas de capitalización individual. En otras palabras, autorizar a quienes cotizan en el sistema de pensiones regulado por el Decreto Ley 3.500 del año 1980, a acceder a una parte de los fondos (que son de su propiedad), a fin de contar con recursos que sean de utilidad para hacer frente a las necesidades de cada persona. Actualmente, según datos de la Superintendencia de Pensiones, existe un total de USD 196.905 MM (ciento noventa y seis mil novecientos cinco millones de dólares) equivalentes al ahorro de pensiones contenidos en los fondos que administran las AFPs[4]. En moneda local, esto equivale a $160.032.875 MM.
7.- Según datos extraídos desde la Superintendencia de Pensiones[5], hasta abril del año 2020 se contabilizaron 5.526.766 cotizantes dentro del sistema de administradoras de fondos de pensiones, de los cuales, 3,1 millones correspondía a hombres y 2,3 millones a mujeres. Del total señalado, el 38,83% de los cotizantes, esto es, 2.178.160 personas, poseen 5 millones de pesos o menos acumulados dentro de sus fondos de pensiones, quienes, de optar a hacer uso de su derecho a retiro establecido en el presente proyecto, podrían percibir un monto equivalente a seiscientos cincuenta mil pesos (un poco más del equivalente a dos ingresos mínimos mensuales). En la misma situación se encontrarían la mayoría de las 472.324 personas, que actualmente cuentan con fondos acumulados entre 5 a 7 millones de pesos. A su vez, 536.165 personas, que representan el 9,55% de los cotizantes, cuentan actualmente con ahorros entre 7 a 10 millones de pesos, en cuyo caso, podrían hacer retiro de fondos que van entre 700 mil pesos a un millón de pesos.
Por su parte, 620 mil personas (que representan un 11% de los cotizantes), contarían con fondos entre 10 a 15 millones de pesos, los cuales podrían solicitar retiros desde un millón a un millón y medio de pesos, según sea el caso. Las personas pertenecientes al tramo correspondiente entre quienes poseen en sus ahorros previsionales desde 15 millones de pesos hasta 20 millones, que equivalen a un 7,54% de los cotizantes (422 mil afiliados), podrían eventualmente retirar montos desde 1,5 millones a 2 millones de pesos. Por último, 527 mil afiliados (9,49% del total de cotizantes), poseen en sus cuentas de capitalización individual, entre 20 y 30 millones de pesos, pudiendo retirar, en virtud del presente proyecto, desde 2 millones de pesos hasta el tope máximo autorizado de 3 millones de pesos. En la misma situación se encuentran quienes poseen más de 30 millones de pesos en ahorros previsionales. En consecuencia, nuestra iniciativa propone que los afiliados puedan retirar un monto base superior a los ingresos fijados como límite a la línea de la pobreza[6], y también muy superior a lo contemplado en el aporte estatal ofrecido por este gobierno a través del Ingreso Familiar de Emergencia. Se establece un límite máximo susceptible de ser retirado, el cual no podrá ser superior al 10% del total contenido en cada cuenta de capitalización individual de cada afiliado, en virtud de la responsabilidad que debe existir asociada al retiro desde la perspectiva de la estabilidad de los fondos y su rentabilidad.
8.- Finalmente, y con el objeto de minimizar el impacto futuro dentro del monto final que el afiliado recibiría al momento de pensionarse, el proyecto consagra la creación de un Fondo de Reintegro, el cual tendrá por finalidad única ir reestableciendo a las cuentas de capitalización individual, los montos retirados por los afiliados.
Es por lo anterior que, las Diputadas y Diputados firmantes venimos en proponer el siguiente
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo Único: Modifíquese la Constitución Política de la República de Chile incorporando una disposición transitoria trigésima novena, en el siguiente sentido:
Disposición Transitoria Trigésima Novena:
Durante la vigencia de un estado de excepción constitucional por calamidad pública que signifique grave riesgo para la salud o vida de los habitantes del país o de una o más regiones, además de sus respectivas prórrogas, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 número 18 en relación con el artículo 19 número 24 de esta Constitución Política, autorizase a los afiliados al sistema privado de administración de fondos previsionales de capitalización individual, que aún no hayan iniciado su trámite de jubilación, a retirar, de manera parcial, los fondos contenidos en su cuenta de capitalización individual, bajo las condiciones y los límites establecidos en los incisos que siguen.
Los afiliados podrán retirar desde un monto base equivalente a seiscientos cincuenta mil pesos, hasta un monto máximo de tres millones de pesos chilenos. Si el monto máximo autorizado para retiro, de tres millones de pesos chilenos, representare más del diez por ciento del total de los fondos contenidos en la cuenta de capitalización individual del solicitante, sólo se autorizará el retiro de un monto equivalente hasta dicho límite porcentual. Por su parte, si el monto base autorizado a retiro de seiscientos cincuenta mil pesos, representaren más del 10 por ciento del total de fondos contenidos en la cuenta de capitalización individual del solicitante, se autorizará el retiro de éste, de manera excepcional. El retiro de fondos no estará sujeto a cobros adicionales por parte de las administradoras de fondos de pensiones. El monto objeto de retiro no se considerará renta ni estará afecto a tributos de ninguna índole.
Para hacer efectivo el retiro de fondos establecido la presente disposición, las personas deberán ejercer este derecho a través de una solicitud ante la administradora de fondos de pensiones a la cual se encuentran afiliados. La administradora de fondos de pensiones deberá gestionar la entrega al afiliado del monto solicitado durante un término máximo de 10 días corridos contados desde la solicitud de retiro, sin oposición. Para este caso, los afiliados podrán solicitar la entrega de sus fondos en un solo acto o a través de un máximo de cinco mensualidades, las cuales, en su conjunto, no podrán superar el máximo establecido en el inciso anterior. La administradora de fondos de pensiones deberá facilitar instancias no presenciales para que los cotizantes ejerzan el derecho de retiro.
Una vez efectuado el retiro de fondos desde la cuenta de capitalización individual, la administradora de fondos de pensiones deberá informar a la Superintendencia de Pensiones dentro de un plazo de 30 días corridos acerca de aquellos afiliados que hayan ejercido su derecho a retiro y su monto efectivo. La Superintendencia de Pensiones conformará una nómina de aquellos afiliados que realicen retiros de fondos, para los efectos de su reintegro.
Créase el Fondo de Reintegro, cuyo objetivo único será el de financiar el reintegro de los montos retirados desde las cuentas de capitalización individual de aquellos afiliados que hayan ejercido este derecho, durante el estado de excepción constitucional por calamidad pública. El patrimonio del Fondo de Reintegro se financiará mediante un activo que cada administradora deberá mantener, equivalente al 2 por ciento de cada fondo sujeto a su administración. Dicho fondo se regirá, en lo que no sea incompatible, por las reglas del Encaje establecidas en la ley que establece el sistema de pensiones. El Fondo de Reintegro permanecerá vigente hasta cumplir con la totalidad de los reintegros a los retiros solicitados por los afiliados. Una vez cumplido dicho objetivo, el Fondo de Reintegro se entenderá disuelto por el sólo ministerio de la ley. El Estado podrá realizar aportes a los Fondos de Reintegro mantenidos por cada administradora de fondos de pensiones, con el fin de coadyuvar en el reintegro de los montos retirados por cada afiliado que haya ejercido su derecho.
El retiro solicitado por el afiliado desde su fondo de capitalización individual, deberá ser reintegrado a dicha cuenta, por parte de la respectiva administradora, reajustado en virtud de la variabilidad porcentual del índice de precios al consumidor vigente a la fecha del reintegro, con cargo al fondo señalado al inciso anterior. El reintegro se realizará en un solo acto, y se hará efectivo en cualquier momento, contado desde que se ejerce el derecho a retiro hasta antes de que el afiliado cumpla la edad establecida en la ley para tener derecho a la pensión por vejez.
El Estado velará para el oportuno cumplimiento en el reintegro de los fondos retirados por los afiliados.
Diputados señores Soto, don Raúl; Celis, don Ricardo; González, don Rodrigo, y Jiménez, y de las diputadas señoras Carvajal, Girardi, Marzán y Parra
