Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en videos y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, en los términos que indica.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión del proyecto se otorgarán 5 minutos base para las bancadas que tengan dos o más Comités y 3 minutos al resto, más 30 minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el diputado Gabriel Boric .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 36ª de la presente legislatura, en jueves 2 de julio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 44ª de la presente legislatura, en martes 21 de julio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 21.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BORIC (vía telemática).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y reglamentario, iniciado en mensaje, con urgencia de discusión inmediata, que modifica la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, en los términos que este informe indica.

La idea matriz o fundamental de este proyecto consiste, en primer lugar, en actualizar las referencias normativas del inciso primero del artículo 1 de la ley N° 21.057, al objeto de concordar esta disposición con los cambios introducidos por la ley N° 21.212 al articulado del Código Penal, con el delito de femicidio.

En segundo lugar, busca modificar el cronograma para la implementación de la segunda y tercera etapas de la ley N° 21.057, establecido en el artículo primero transitorio de aquella.

La ley a la que hago mención establece, en su artículo primero transitorio, tres etapas para el cumplimiento de la implementación de las entrevistas videograbadas, las cuales constituyen una medida imprescindible para evitar la revictimización de los menores que han sido víctimas de delitos sexuales, reduciendo la exposición de estos al daño de tener que revivir testimonialmente una experiencia tan traumática como es el abuso sexual.

El reglamento se publicó el 2 de abril de 2019. La primera etapa ya se cumplió, en tanto que la segunda y la tercera debieran entrar en vigencia transcurridos dieciocho y treinta meses, respectivamente, después de publicado en el Diario Oficial el referido reglamento, esto es, el 3 de octubre de 2020 para la segunda etapa y el 3 de octubre del 2021 para la tercera etapa.

El 18 de mayo del 2020, la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal acordó solicitar una prórroga para la puesta en marcha de las etapas a las que me he referido, la segunda y la tercera, en consideración a los argumentos expuestos por la subcomisión, relativos a las dificultades generadas por la restricciones impuestas a consecuencia de la emergencia sanitaria, lo que ha generado retrasos a la disponibilidad de infraestructura, formación y acreditación de entrevistadores y entrevistadoras, y sensibilización y capacitación de funcionarios pertenecientes al Ministerio Público, Poder Judicial, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.

Este proyecto de ley acoge esta solicitud de prórroga.

En la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutimos este tema y se abrió un intenso debate en torno a la procedencia de la prórroga y la forma en que este hecho afecta los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de tales delitos. La gran mayoría de los integrantes de dicha comisión coincidimos en que, más allá de las circunstancias excepcionales que han vivido nuestro país y el mundo en estos últimos meses producto de la pandemia, todos los servicios públicos deben tener un sentido de urgencia respecto a la implementación de esta ley.

Por lo tanto, solicitamos tanto al ministro de Justicia como a los organismos involucrados que acortaran los plazos que en principio habían solicitado.

Durante la discusión del proyecto concurrieron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín ; el subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela ; la jefa de División de Reinserción Social, señora Macarena Cortés ; el profesional de la División de Reinserción Social señor Sebastián Pérez ; el asesor externo de la División Jurídica señor Francisco Maldonado , y la especialista en protección de la infancia de la Unicef, señora Ludmila Palazzo .

Asimismo, recibimos en la comisión, mediante oficio, la opinión de la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz , como también, ante requerimiento de la comisión, las opiniones de los organismos encargados de dar cumplimiento a esta ley: el Ministerio de Justicia, la Academia Judicial, la Fiscalía Nacional, la Fundación Amparo y Justicia, la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y la excelentísima Corte Suprema, además del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Las entidades mencionadas manifestaron la necesidad de dar más plazo para cumplir adecuadamente las etapas dos y tres de la implementación de la ley en reforma, argumentando que los hechos acontecidos en el país, en particular la pandemia, han hecho muy difícil seguir adelante con su implementación, que supone el cumplimiento de planes de capacitación y habilitación de espacios físicos imprescindibles para evitar la revictimización de los menores y velar por sus derechos humanos.

El proyecto contemplaba, en principio, extender la segunda etapa de dieciocho a treinta meses, y la tercera, de treinta a cuarenta y cinco meses.

Finalmente, atendidos los antecedentes y la discusión que dimos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, se aprobó extender la primera etapa de dieciocho a veintiséis meses, y la segunda, de treinta a cuarenta y dos meses, reduciéndose así las prórrogas planteadas originalmente.

Debo dar cuenta de esto, porque la mayoría de los votos de los integrantes se definió en función de la intervención de la Defensoría de la Niñez, que nos insistió en bajar la prórroga que se había solicitado en un principio por los organismos.

Además, la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal deberá informar mensualmente a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados y a la Defensoría de la Niñez acerca del cronograma y estado de avance de la implementación de la ley N° 21.057, de manera que estas instituciones efectivamente cumplan los plazos señalados. Esto, en atención del interés superior del niño, niña y adolescente, que debe ser el principio rector de todas las políticas públicas, entre las que se incluye esta relativa a las entrevistas videograbadas.

Por las razones expresadas, la comisión aprobó este proyecto de ley y pone este informe a disposición de la Sala.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, no puedo partir esta intervención sin señalar lo gratificante que es para las víctimas de abusos sexuales y violaciones, para los niños, niñas y adolescentes que son abusados en el país, la existencia del cuerpo legal que se modifica, cuyo propósito es no seguir victimizando a niños y niñas que han sufrido un daño incalculable en sus vidas. Cuando se promulgó esa ley, en 2018, se otorgó un plazo bastante amplio a los diferentes actores para llevarla adelante.

El ministro recién recordó lo exitosa que ha sido la experiencia en aquellas regiones en que se implementó el sistema. Eso es así. Fue una experiencia exitosa, pero estamos esperando que se aplique en las otras regiones: Atacama , Coquimbo , Ñuble , Biobío , La Araucanía , Los Ríos, Valparaíso , Metropolitana de Santiago, O’Higgins y Los Lagos, donde aún no opera el sistema.

Lamentablemente, la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, en la que participan la Fiscalía, la Defensoría de la Niñez, los tribunales y las policías, se dio cuenta de que no iba a ser capaz de cumplir los largos plazos que la ley estableció. Recordemos que para implementar el sistema se dio un plazo de 18 meses a un grupo de regiones y 30 meses al otro. Sin embargo, después dicen, primero al gobierno, el que se hace cargo de esto, y después a nosotros, en la comisión, que no serán capaces de implementar la ley en los plazos que existen, debido a la pandemia, la que recién lleva 100 días. Por eso nos pidieron que ampliáramos los plazos. Lo que estamos discutiendo hoy es la incapacidad de las policías, de la Defensoría, de la Fiscalía y de los tribunales de capacitar -escúchese bien: capacitara los entrevistadores.

Puedo entender que Atacama, Coquimbo , Ñuble , Biobío , La Araucanía y Los Ríos, regiones que debieran ingresar al sistema en octubre de este año, fueran afectadas por la pandemia, pero resulta impresentable que las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O’Higgins y Los Lagos, que tenían 30 meses para capacitarse, requieran 12 meses más para poner en marcha la ley.

No es posible que por la falta de eficiencia de los organismos públicos que tenían que implementar la ley en plazos absolutamente latos, estemos obligados a prorrogar la implementación de la ley, cuestión que va a revictimizar a niños, niñas y adolescentes que permanentemente son vulnerados en sus derechos.

En lo personal, no voy a apoyar la prórroga de plazos, pero sí las otras medidas que se proponen, porque me parecen atendibles.

Es importante que esos organismos incumplidores -se lo pedimos al señor ministro entreguen un informe mensual del cronograma y del estado de avance de implementación del sistema. Tenemos que hacer todo lo posible por implementar esta ley lo más rápido posible. La discusión del proyecto demoró muchos años y la implementación de la ley es muy esperada por niños, niñas y adolescentes que han sido violados, abusados y no tienen protección por parte del Estado.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, quiero agradecer al diputado Gabriel Boric , quien rindió el informe del trabajo realizado por nuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en relación con este proyecto. Agradezco también al ministro Hernán Larraín , porque tomó en cuenta las observaciones del debate sostenido en la Comisión y, sobre todo, agradezco el informe, enviado a través de oficio, de la defensora de la Niñez, señora Patricia Muñoz , en que manifiesta su preocupación por los plazos planteados por el Ejecutivo para postergar la implementación del sistema. Recién lo conversé con la diputada Natalia Castillo , quien ha trabajado mucho en los temas de infancia, al igual que el diputado Marcos Ilabaca, con quien he trabajado en la Comisión Mixta el proyecto que crea el nuevo servicio de protección especializada de la niñez que, lamentablemente, el gobierno del Presidente Piñera vetó, lo que de alguna manera ha entorpecido su promulgación y publicación.

El proyecto en discusión nos genera sentimientos encontrados, opinión que resumió bien el diputado Ilabaca . Entendemos que, por una parte, tenemos que adecuarnos a las circunstancias de la pandemia, pero, por otra, nos rebelamos a que los plazos de postergación sean tan latos, tan excesivos. De hecho, el 3 de octubre de este año iba a entrar en vigencia la segunda etapa en diversas regiones, entre ellas la de Coquimbo. Finalmente, la propuesta del Ejecutivo es retrasar en 8 meses la segunda etapa y en 12 meses la tercera en las regiones más grandes del país.

Si bien eso no es ideal, entendemos que son plazos necesarios para adecuarse, lo que no justifica que en todos estos meses no se haya avanzado con mayor decisión en la preparación de las salas y de los profesionales que tienen que efectuar las entrevistas videograbadas para evitar la victimización secundaria de víctimas de abuso sexual.

El Congreso Nacional es el mejor ejemplo de que se puede seguir legislando de manera física y telemática. Por lo tanto, no hay ninguna justificación para que, en este caso, la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal no haya tomado las providencias para avanzar más rápido en habilitar las salas y en la preparación de los profesionales, lo que lamentablemente hace necesario postergar la implementación de esta ley.

Por lo tanto, introdujimos -y lo dijo el diputado informanteuna obligación, que fue, además, una sugerencia de la Defensoría de la Niñez, para que mensualmente la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, ya que ellos han solicitado la postergación de la entrada en vigencia de la ley, entregue un informe a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y a la Defensoría de la Niñez, para dar cuenta del cronograma y estado de avance de la implementación de la ley N° 21.057.

No queremos más retrasos; no queremos seguir llegando tarde, como nos sucedió en el caso de Antonia, porque el proyecto de imprescriptibilidad del delito de abuso sexual infantil estuvo cerca de 10 años tramitándose en el Senado. Sin embargo, esta Cámara de Diputados, en menos de 2 meses, despachó la iniciativa, porque entendíamos su sentido de urgencia. Ayer, un juez declaró la prescripción de dos delitos en el caso de Antonia. Si la ley hubiera estado vigente antes -lamentablemente, no puede tener efecto retroactivo-, el responsable estaría cumpliendo prisión preventiva, una pena efectiva. Espero que la corte revoque la decisión que lo dejó en libertad, porque claramente ese señor es un peligro para la sociedad.

No sigamos llegando tarde. Vamos a postergar la entrada en vigencia de la ley que regula las entrevistas videograbadas por el tiempo que sea necesario, porque no queremos ninguna excusa para que no se implemente y para que el Poder Judicial haga el trabajo que tiene que hacer para habilitar las salas y preparar a los profesionales.

Asimismo, hemos incorporado el delito de femicidio y también hemos ampliado el catálogo de las leyes que se consideran en este proyecto. Pero, por favor, aprobemos esta iniciativa. Sé que muchos no están de acuerdo con la postergación del cronograma, pero llegamos a un acuerdo y es importante cumplirlo, a sugerencia de la propia Defensoría de la Niñez.

Porque queremos que esta ley se implemente bien y rápido, vamos a votar a favor este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera de la Fuente .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, hay un hecho que no quiero dejar pasar. Hoy me levanté con mucho dolor de estómago, porque ayer seguí la audiencia de formalización por el juicio que se llevará a cabo en nombre de Antonia Barra , y desde aquí aprovecho de enviar todas mis fuerzas a su familia.

Esta ley nace del grito desesperado de madres y padres que se han visto en la obligación de pasar por el sistema judicial a causa de que sus hijos o hijas han sido víctimas de delitos sexuales. Ellos sacaron la voz por los niños, niñas y adolescentes, dejando en evidencia la precariedad del sistema judicial al abarcar estos temas tan delicados y el sufrimiento de sus hijos al tener que hacerse parte del sistema, tanto por el sinnúmero de veces que se les interrogaba o preguntaba la forma y el lugar, como también por los colaboradores que los interrogaban y la manera en que estos lo hacían.

Junto con ello, aproximadamente en 2012, la Fundación Amparo y Justicia lanzó la campaña “No me pregunten más”, en la cual, antes de ser diputada de la república, tuve la oportunidad de participar y de apoyar.

Enhorabuena, con fecha 22 de enero de 2014, por mensaje, se presentó el proyecto de ley. Habían pasado dos años de sufrimiento y de resignificación, pero no eran dos años en total, sino dos años desde su visibilización, ya que hasta la fecha cada uno de los niños que históricamente han sido víctimas de delitos en la esfera de su sexualidad ha tenido que repetir, una y otra vez, la tortura de la cual ha sido objeto.

Por tanto, no fueron dos años, sino que ha sido toda una vida. No solo llegamos tarde con el refuerzo de políticas de prevención en materia de delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes para evitar que se produzca el delito, sino que tuvimos que esperar cuatro años más de tramitación en el Congreso, en los que día a día seguimos viendo cómo, una y otra vez, se vulneraban los derechos de los niños, hasta que, por fin, el proyecto vio la luz el 20 de enero de 2018.

Sin embargo -y entendible para la aplicación-, se estimaron plazos para poner en marcha la ley, indicando la misma que comenzaría a regir en forma gradual. La primera etapa entraría en vigencia transcurridos seis meses después de la publicación en el Diario Oficial, comprendiendo las regiones extremas, para continuar dieciocho meses después de la publicación en el Diario Oficial en las regiones de Atacama, de Coquimbo, de Ñuble, de Biobío, de La Araucanía y de Los Ríos.

La última etapa entraría en vigencia transcurrido treinta meses después de la publicación en el Diario Oficial, en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, del Libertador General Bernardo O'Higgins y de Los Lagos.

El 3 de octubre de 2019, vimos cómo comenzó a implementarse la ley. El presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, señor José Ignacio Mora , y los miembros de la Comisión Regional de Justicia Penal se reunieron para coordinar su puesta en marcha, indicando que se estaba avanzado en la implementación de la ley, que el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estaban unidos para llevarla a cabo, que ya había alguna implementación con salas especializadas y que se estaban llevando a cabo capacitaciones al interior del Poder Judicial para perfeccionar a los jueces que intervendrán en este nuevo procedimiento.

Si bien entiendo lo que estamos viviendo hoy en el mundo, también siento que este proyecto, de cierta forma, viene a perjudicar la igualdad ante la ley que merecen todos los niños y niñas víctimas, ya que se están ampliando los plazos. Esto no solo se traduce en tiempo, sino también en más dolor y sufrimiento que experimentan las víctimas en su paso por las diferentes instancias del sistema procesal penal y por las reacciones de su entorno social, lo cual ha sido reconocido por las Naciones Unidas como uno de los efectos más nocivos de la victimización.

La victimización produce en los niños, niñas y adolescentes una sensación de indefensión y de vulnerabilidad, a la vez que los reiterados interrogatorios y cuestionamientos les impiden superar la experiencia traumática, obstaculizando su reparación psicosocial.

Pocos atentados en contra de la integridad física y psíquica de una persona producen un efecto tan dañino y perturbador como aquel que sufre una persona que ha sido víctima de un delito sexual, pero cuando hablamos de un niño ese efecto dañino se torna desgarrador en todas sus esferas: desarrollo emocional, conductual, físico, social y cognitivo, en muchos casos de difícil reparación.

Por lo tanto, espero que este cambio venga a apoyar a los niños. Entendemos la situación que vive el país, pero ante todo debemos poner el interés superior del niño. Contamos con la tecnología suficiente para avanzar de manera remota y desarrollar lo antes posible esta ley.

Hacer esperar a los niños que son víctimas de delitos de abuso hasta enero de 2023 es perpetuar el daño…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza .

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, cuesta apoyar la aprobación de este proyecto, porque, sin duda, si hay algo que se ha hecho presente y que hoy es parte de la realidad de nuestro de país es reconocer la revictimización de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de una agresión sexual, quienes nuevamente son torturados en el minuto en que deben realizar una nueva declaración.

Ese es un proceso que durante muchos años hemos venido diciendo que está mal e incorrecto, porque esos niños vuelven a vivir el dolor de la tragedia que les ha sucedido, pero todos miraban hacia el lado. Por fin tenemos una ley que permite usar la tecnología en beneficio de la víctima, pero lamentablemente llegamos a una instancia en que -hay que decirlo con toda sus letrasno se hizo el trabajo de la manera que se requería, porque la implementación de la ley tenía que haberse hecho con celeridad para no llegar a esta instancia.

En este minuto la pandemia es una excusa, porque esto debió haber estado listo antes si realmente se hubiera tomado la decisión de sacarlo adelante con la rigurosidad que se requiere. Nosotros y el gobierno del Presidente Sebastián Piñera hemos dicho que hay que poner a los niños primero, y este es un proyecto tremendamente importante en la vida de muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Porque evitar que sean revictimizados con la tragedia que les sucedió en algún momento de sus vidas ayudara, de cierta manera, a que su reparación sea más rápida. Pero van a tener que esperar un año más, y eso es triste.

También es triste comprometerse a votar a favor este proyecto, pero tengo claro que si no está hecho el trabajo, no sacamos nada con forzar el cumplimiento de una ley para que las cosas se hagan mal. Porque si hay algo en que tenemos que hacer las cosas bien es con este tipo de ley.

Por lo tanto, comprometo mi voto a favor de este proyecto, pero creo que, además, tenemos un compromiso que debemos asumir en esta Cámara de Diputados, cual es estar mucho más encima de la aprobación de este tipo de proyectos. Debimos haber fiscalizado y haber exigido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que la implementación de esta ley se hubiese hecho con la rapidez que se requería.

Creo que también debemos hacer un mea culpa porque hay una responsabilidad de nosotros por no haber estado encima de esta ley, para que, efectivamente, hubiese estado concretada en las fechas estipuladas.

Comprometo mi apoyo a este proyecto, pero también comprometo mis gestiones como diputado para tratar de lograr que esto se haga antes de los plazos.

Los plazos fijan un límite, pero el compromiso puede fijar otro plazo. En tal sentido debemos proceder como Cámara de Diputados para lograr que el ministerio acelere este proceso. Se supone que para la segunda etapa hay que capacitar, más o menos, a 6.000 personas. Dado que la Covid-19 ha impuesto que muchas actividades se hagan por medios telemáticos, todo el proceso de enseñanza podría ser mucho más ágil de lo que está contemplado. Las construcciones tal vez demoren un poco más.

En suma, debemos fiscalizar y apoyar en lo que sea necesario al ministerio para que esto entre en vigencia antes de los plazos que vamos a aprobar. De esa manera, si nos ponemos la mano en el corazón, estaremos ayudando a las 17.000 víctimas registradas año a año.

Así que, desde ya, comprometo mi aprobación al proyecto, pero también a realizar las gestiones necesarias para acelerar estos plazos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Les recuerdo a los jefes de Comités que está abierta la inscripción para la discusión de este y del resto de los proyectos de ley.

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi Lavín .

La señora GIRARDI (doña Cristina) [vía telemática].-

Señor Presidente, coincido con lo que planteó el diputado Ilabaca y con lo dicho por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, en el sentido de que los plazos ya estaban, que hubo suficiente tiempo para haber resuelto este tema. El proyecto que dio lugar a la ley que ahora se busca modificar fue aprobado en 2018, no el año pasado, coincidiendo con el estallido social, ni cuando empezó la pandemia. Por lo tanto, hubo tiempo para implementar las acciones que se requerían. Entonces, creo que las cosas ya se hicieron mal.

Aquí se dice que queremos hacer las cosas bien. Al respecto, yo quiero decir que las cosas ya se hicieron mal, porque no se hizo lo que se tenía que hacer en el momento en que tenía que hacerse.

Creo que eso es un atentado contra los derechos de los niños; es otra revictimización. Es contradictorio, pues el proyecto pretende no revictimizar a los niños, pero con la prórroga se los vuelve a victimizar; es otra victimización. Otra vez se suspende la prioridad que tienen los niños frente a estas materias.

Es bien incoherente que, por un lado, el ministro de Educación haga un llamado a volver a clases para evitar los abusos sexuales, y, por otro, se presente una iniciativa como esta, en circunstancias de que hay evidencia de que donde esto se ha implementado, como dijo el diputado Ilabaca , ha generado aportes relevantes para los niños. Sin embargo, hoy pretende suspenderse.

Yo tampoco estoy de acuerdo con la suspensión. Es un año más, son ocho meses más.

¿Qué pasa con los niños en ese período? Son niños victimizados, niños violados, niños que han sido vulnerados en lo más profundo de su ser a consecuencia de una violación, de un abuso sexual. Entonces, creo que la prioridad no está bien puesta.

Hacer las cosas bien hubiera significado acelerar los procesos. Lo que dijo el ministro en el sentido de cambiar la ley para que la entrevista no sea presencial debió hacerse mucho antes, porque ¿qué pasa si seguimos en cuarentena permanentemente? ¿Vamos a seguir postergando?

Por eso, las excusas por no haber hecho lo que se tenía que hacer me parecen absolutamente banales, superficiales.

Yo no voy a aprobar el proyecto. Creo que la doble victimización, la revictimización, provoca muchísimas dificultades en el proceso de recuperación del niño, y eso no se está tomando en consideración.

Extender los plazos es volver a revictimizar a los niños, y yo no estoy disponible para eso.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger Fett .

El señor BERGER [vía telemática].-

Señor Presidente, honorable Cámara, saludo al ministro de Justicia, quien está presente en esta sesión.

Señor Presidente, lo lógico, ideal y justo hubiese sido que la ley N°21.057 hubiera entrado en operación lo antes posible, para así evitar la doble victimización de los niños que han sido víctimas de delitos sexuales.

Sin embargo, considerando el estado de excepción, que impide el desplazamiento y reunión de personas, producto de la actual pandemia por la Covid-19, nos vemos en la obligación, lamentable, de aplazar la entrada en operación en la segunda y tercera etapa de esta ley, ya que todas las acciones de implementación conllevan la ejecución de una serie de planificaciones en lo concerniente a los cursos iniciales de formación especializada de entrevistadores y entrevistadoras, que debe ser llevado a efecto por instructores idóneos, debiendo los cursos, además, cumplir con los requisitos señalados en el artículo 23 del decreto supremo N°471, de 2018, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

De acuerdo a esta normativa, dicho entrenamiento, por razones metodológicas, debe ser ejecutado de manera presencial, lo que se dificulta enormemente si tenemos en consideración el actual contexto sanitario que atraviesa el país.

Por lo tanto, anuncio que apoyaré el proyecto de ley que modifica la ley N°21.057, a los efectos de prorrogar su entrada en operación.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto Ferrada .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, este proyecto se inscribe en el conjunto de iniciativas legislativas que buscan proteger a los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de abusos sexuales.

Hemos aprobado varias normas legislativas, como la que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, para que se pueda ejercer la acción penal sin límite en el tiempo; la que permite el registro de quienes tengan condenas por pedofilia y quieran trabajar con niños, para los que debe haber una prohibición clara, y este proyecto, que es muy interesante, porque cambia la manera en que se protege, a nivel de tribunales, a las víctimas de delitos sexuales, cuando son niños, niñas o adolescentes.

Esta iniciativa se orienta a que las víctimas de este tipo de delitos tengan un tratamiento especial en el Poder Judicial, por ejemplo, que su testimonio se realice mediante entrevistas videograbadas, es decir, que la policía o el Ministerio Público graben la declaración de la víctima -niño, niña o adolescente-, de manera que posteriormente no se vuelva a pedir su testimonio.

Durante el juicio, el interrogatorio se realizará por entrevistadores especialmente capacitados que estarán en una sala aledaña al tribunal, lo que favorecerá que la víctima -niño, niña o adolescentenunca esté en contacto con el abusador, con el victimario, con el imputado.

Es una medida revolucionaria en el Poder Judicial, porque obliga a hacer un conjunto de actos de capacitación del personal de las policías -de la PDI y de Carabineros-, del Ministerio Público, de la Defensoría; de los jueces y de los profesionales que se van a hacer cargo de entrevistar a los menores y de dirigirles las consultas que haga el tribunal o que hagan las partes que están discutiendo sobre la existencia o no de un delito.

Es una medida que humaniza al Poder Judicial y que termina con la revictimización que se producía en los niños, pues, antes de esta ley, estaban obligados a repetir una y otra vez su testimonio, con lo cual sufrían un shock, repetían la experiencia y no superaban nunca el trauma.

Esa ley revolucionaria iba a tener una implementación gradual en el país. Para ello se iban a dividir las regiones en tres áreas, y se iba a implementar, gradualmente, primero en las regiones extremas más la Región del Maule, y después se iba a avanzar hacia la Región Metropolitana. También se necesitaba un plazo para capacitar a los funcionarios, para hacer simulaciones y para hacer adecuaciones de salas, de modo que la implementación de la ley pudiera ser posible. Sin embargo, la comisión interministerial y también la de coordinación del sistema de justicia penal, que estaba a cargo de la puesta en marcha de la ley, nos han informado, lamentablemente, que no podrán cumplir con los plazos que establece la ley. La razón tiene que ver, sin duda, con la pandemia y con estos seis o siete meses en los que prácticamente se han suspendido todos los juicios, se han suspendido las licitaciones y se han suspendido las capacitaciones. Por ello nos han reconocido que no están en condiciones de implementar la ley, que en su segunda etapa comenzaría en el mes de octubre, es decir, dentro de pocos meses.

Sin duda, es una mala noticia. Nosotros queríamos que la ley se hubiera cumplido rigurosamente como la aprobó el Congreso Nacional, pero tampoco podemos cerrarnos a una evidencia clara que está viviendo todo el país y que obliga a reprogramar los compromisos, sobre todo los que involucran modificaciones sistémicas y estructurales.

Por lo pronto, voy a aprobar, como lo hice en la comisión, que se aumente el plazo para que se cumpla con la segunda etapa en ocho meses, y con la tercera etapa en doce meses -que no haya más prórrogas es fundamental-, y que la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal deba informar -se estableció mediante una indicación que presenté en la comisiónacerca del cronograma de avances de la implementación de la ley, a fin de que no volvamos a buscar una postergación y de que realmente le pongamos el pie al acelerador a la implementación de una ley que es muy necesaria para proteger a todas la víctimas de abuso sexual, niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

Vamos a aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Renzo Trisotti Martínez .

El señor TRISOTTI (vía telemática).-

Señor Presidente, este proyecto, tal como se ha manifestado, busca actualizar algunas normas y reformar el itinerario que fijaba la ley N° 21.057, que regula las entrevistas grabadas en videos y otras medidas de resguardo a los menores que han sido, lamentablemente, víctimas de delitos sexuales.

Este proyecto consta de dos partes: primero, se agrega en el artículo 1° de la ley N° 21.057 -que trata sobre el objetivo de la mismala mención de los artículos 390 bis y 390 ter del Código Penal, que establece el delito de homicidio. Se debe recordar que el objetivo de esa normativa es regular la realización de las entrevistas investigativas videograbadas y de declaraciones judiciales, con el objeto de prevenir la victimización secundaria, es decir, que el menor no tenga que repetir muchas veces las circunstancias dolorosas de cómo se cometió el delito.

En segundo lugar -quizás es el objetivo más discutido, y claramente no es lo óptimo-, se modifican las dos etapas siguientes de implementación de la ley, en términos de que se amplían los plazos. La segunda etapa tenía dieciocho meses para su implementación, plazo que se amplía a treinta meses; la tercera etapa tenía un plazo de treinta meses, que se amplía a cuarenta y dos meses.

Vuelvo a plantear que quizás esto no es lo deseable, no es lo óptimo, pero la pandemia nos ha traído una serie de cambios y de modificaciones que quizás nadie comparte, por lo que debemos hacernos cargo de la realidad y, sobre todo, de no abandonar el objetivo final de la ley.

No debemos olvidar que todos los delitos sexuales suelen dejar una profunda y dolorosa huella en el desarrollo emocional, conductual, físico, social y cognitivo de las personas, la cual en muchos casos es de muy difícil reparación.

Por lo tanto, lo que pretende esta ley es hacerse cargo de la llamada victimización secundaria, que consiste en este sufrimiento que experimenta la víctima en su paso por las diferentes instancias del sistema procesal penal y por las reacciones de su entorno social.

Para poder implementar la referida ley se requería de una serie de cambios, de capacitaciones, de la intervención de una gran cantidad de distintas entidades y, sobre todo, de la implementación física, esto es, de la construcción de salas de grabación en los tribunales respectivos. Sin embargo, la pandemia, tal como se ha explicitado, retrasó esa implementación. Claramente no es lo óptimo, no es lo deseable.

Quizás, esta situación tampoco puede ser mirada desde el punto de vista del mero voluntarismo, en términos de decir: “Hay un objetivo final que resguardar, pero, si no se cumple, lo voto en contra”. No, por el contrario: debemos hacernos cargo de la realidad. Hay un firme compromiso de todas las instituciones de cumplir con los plazos.

Quiero hacer un llamado público. Sin duda, se requiere de mayor capacitación; entonces, utilicemos los medios digitales. Se requiere de la construcción de una serie de nuevas dependencias; entonces, aceleremos aquello. Me gustaría tener un compromiso de todas y cada una de las entidades, en términos de que si estamos dando una muestra de confianza y si estamos ampliando los plazos, estos ojalá puedan ser reducidos con el objetivo final de evitar en prácticamente todos los casos que algún menor se exponga a las circunstancias de la revictimización, que son tan graves y que los afectan y los atañen por el resto de sus vidas.

Vamos a aprobar este proyecto, pero nos encantaría -reitero tener un compromiso de todas y cada una de las instituciones en orden a que en esta nueva oportunidad y en esta ampliación de plazos se hará todo lo posible por tratar de reducirlos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo Muñoz .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, la verdad es que es bien compleja la posición en que nos pone este proyecto de ley, porque después de mucho tiempo, de muchos años de postergación a las víctimas de abuso sexual infantil, se logró avanzar en una ley que constituye una mejora importante, pues da la posibilidad de hacer entrevistas videograbadas a los niños víctimas de abuso sexual infantil.

Es un avance, porque conozco de primera fuente esta situación dado el trabajo que realicé como querellante de víctimas de abuso sexual. Me tocó entrevistar a muchos niños; sé lo difícil que es para ellos poder hablar, sé lo difícil que es enfrentarse a un sistema judicial que no tiene absolutamente ninguna mirada desde el punto de vista de la infancia y que está articulado desde un adultocentrismo en el que los niños son expuestos, no una, sino dos, tres, cuatro y cinco veces a tener que repetir lo mismo, a volver a recordar los hechos que les ocurrieron.

La revictimización no es solamente un concepto, porque revictimizar es lo que hoy hacen nuestras instituciones, es lo que hace el Estado. El Estado está revictimizando permanentemente a los niños; los hace recordar a cada minuto lo que vivieron, y recordar es, finalmente, volver a vivirlo.

Por eso creo que es muy injusto que hoy estemos hablando de aplazar la implementación de la ley, pues nos quedamos entre la espada y la pared, porque por un lado decimos: “Si nos oponemos a que se aplace, ¿quiénes son, finalmente, los que van a terminar más expuestos?”. Los niños, porque los vamos a tener expuestos a un sistema que no está preparado para realizar las entrevistas videograbadas conforme a las normas internacionales.

Creo que hubo tiempo suficiente para poder implementar la ley, porque esta se aprobó el 20 de enero de 2018 y se dieron dieciocho meses para la segunda etapa, que es la que debería iniciarse ahora en julio. Con este proyecto la estamos retrasando. Había una intención inicial de retrasar la implementación hasta en treinta meses. En ese sentido, valoro el trabajo que se hizo en la Comisión de Constitución de reducir los plazos. No obstante, sigue siendo muy injusto, porque no estamos hablando de ocho meses más o de ocho meses menos, sino de décadas de postergación de los niños que han sido víctimas de abuso sexual infantil.

Entonces, hoy se está volviendo a retrasar, por las circunstancias que sean, la implementación de la segunda y tercera etapas. Puedo entender las dificultades técnicas, pero se pudieron prever, se pudo haber actuado con mayor diligencia, lo que no es solo culpa del gobierno, que tiene un deber de vigilancia importante, sino también de las policías, del Ministerio Público, del Poder Judicial y de todos los actores que intervienen en el proceso judicial.

Es muy difícil rechazar este proyecto de ley, porque incorpora la nueva tipificación del femicidio, para poder utilizar también las entrevistas grabadas en video. Si no implementamos lo que establece la ley, todas estas medidas terminarán por ser letra muerta. Espero que, al menos, en ocho o en nueve meses más no tengamos que volver a estar discutiendo sobre esta materia, porque en ese momento ya no habrá más plazo.

Asimismo, espero que se cumpla con la obligación de informar mes a mes la forma en que se está implementando el avance de esta ley.

No van a tener más plazo. ¡Tienen que hacerlo ya! Los niños no pueden seguir esperando, seguir siendo postergados por la negligencia de un Estado que ha sido revictimizante.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Pablo Kast Sommerhoff .

El señor KAST (vía telemática).-

Señor Presidente, creo que todos estamos de acuerdo, compartimos el fondo del proyecto y creemos que no solo es necesario, sino que es urgente implementar lo antes posible un esquema en el cual los niños no sean revictimizados, tal como se ha señalado en esta discusión.

La victimización secundaria sin duda afecta emocionalmente a los niños y a los jóvenes que han sido vulnerados. En ese sentido, quiero aprovecharme un poco de la reflexión que se hace en torno a ellos para extenderla a lo que sucede con todas las víctimas de Chile, con todas las personas que han sido afectadas por algún delito y por alguna vulneración de sus derechos de forma directa.

Hoy tenemos en general un sistema que procede y que, dado el modelo garantista, exige que las víctimas se victimicen una y otra vez, en sesiones que, más que dar una solución emocional, la replican y le otorgan una resonancia en el tiempo que debemos enfrentar de forma bien drástica.

En mi opinión, es justificado el aplazamiento que ha planteado el ministerio y, también, las policías que, por supuesto, han tenido inconvenientes para efectuar la correcta implementación de todas las dimensiones técnicas del proyecto.

Lo anterior debe invitarnos a reflexionar sobre cómo estamos legislando en el Congreso Nacional, en el sentido de que las cosas en el Estado no solo ocurren en base a la voluntad y a las iniciativas que elaboramos como legisladores, sino que hay todo un procedimiento técnico, que considera recursos, etapas y procesos que hay que analizar y aplicar de forma correcta, para que se puedan ejecutar. De lo contrario, los objetivos buscados simplemente quedan en el papel, y lo que plantea esta iniciativa es un ejemplo de aquello.

Por motivos de carácter muy personal, me tocó hace algún tiempo tener una experiencia de este tipo con alguien cercano, ocasión en que me quedó absolutamente clara la voluntad profunda de las unidades de la Policía de Investigaciones y de Carabineros para que la revictimización no ocurra, lo que de hecho ya se está haciendo de forma parcial, sobre la base de la voluntad y de las decisiones que se están adoptando.

Lo que hoy estamos discutiendo es si lo que se propone se convertirá en una garantía explícita. Para que eso ocurra, tal como señalé, el Estado debe contemplar todas las consideraciones del caso, como la disponibilidad del espacio físico necesario y la contratación de profesionales idóneos.

Por lo tanto, en ningún caso modificar el cronograma implica que se esté retrocediendo en lo hoy el Estado ya está implementando para evitar la revictimización.

Ojalá, el principio de evitar secuelas posteriores y la profundización de las heridas en nuestros niños, que es el objetivo que hoy está iluminando esta reflexión, se aplique además para mujeres adultas que han sido víctimas de delitos sexuales y que también entran en un ciclo de revictimización de ese tipo de delitos. También ocurre en muchas otras áreas.

Hoy, nuestra justicia exige que las personas que han sido víctimas repitan su versión y pasen horas reviviendo la experiencia, lo que, sin duda, tenemos que corregir.

Por las razones señaladas, votaremos a favor este proyecto, pero espero que como Congreso asumamos el desafío de empezar a analizar la forma de aplicar esta idea en otras áreas de nuestro sistema penal.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Karol Cariola Oliva .

La señorita CARIOLA (doña Karol ) [vía telemática].-

Señor Presidente, como varios de mis colegas lo han dicho, es imposible no empatizar y no tener la convicción de la importancia que tiene para nuestro país adoptar todas las medidas necesarias para evitar la revictimización de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Algún colega mencionó lo doloroso que es que existan niños y niñas que estén siendo expuestos a este tipo de situaciones. Sin perjuicio de aquello, a partir de lo anterior comienza una segunda parte.

En ese sentido, empatizo completamente con lo dicho por la diputada Érika Olivera , quien se refirió a lo terrible y doloroso que es que un niño o niña, además de sufrir las consecuencias de ser víctima de un abuso sexual, sea expuesto a una doble victimización en el proceso de investigación. Si bien dicho proceso es tremendamente necesario, mientras más adecuadas sean las condiciones para llevar adelante ese proceso, de alguna manera estaremos resolviendo las necesidades que tienen los niños y las niñas de no ser revictimizados.

“No Me Pregunten Más” fue una campaña a la que todos y todas fuimos convocados, que fue llevada adelante por familiares de niños y niñas que han querido protegerlos. Ese es el objetivo.

Por lo tanto, resulta bastante inexplicable que, como esta ley ya está vigente y, por lo tanto, podría haber sido implementada, se estén dando los retrasos que hoy estamos conociendo. Por eso, comparto plenamente las observaciones que hizo el diputado Marcos Ilabaca en relación con los plazos. Creo que no se puede utilizar la pandemia como razón para justificar la modificación del cronograma para la implementación de las etapas establecidas en la ley. Uno puede entender que en los últimos tres meses probablemente se hayan producido retrasos, pero la ley contemplaba plazos bastantes más amplios y podría haberse implementado muchísimo antes. Hay políticas públicas que se implementan de manera veloz y respecto de las que no hay ningún problema para llevar adelante todos los esfuerzos y todas las herramientas del Estado para cumplir con los estándares. No obstante, parece que este caso no fue prioridad.

Por eso, comparto lo que dijo la diputada Natalia Castillo en torno a que no tomar medidas finalmente seguirá perjudicando a los niños y las niñas, y creo que el Estado debe tener la presión de los plazos establecidos.

Nosotros vamos a aprobar en general este proyecto de ley, porque estamos de acuerdo con que se establezca la obligación de la rendición de un informe mensual a la comisión -creemos que es necesario fiscalizar la implementación de la iniciativay también porque la incorporación de la nueva figura de femicidio, contemplada en los artículos 390 bis y ter, la llamada ley Gabriela por la que tanto luchamos, me parece correcto.

Por eso, vamos a aprobar en general la iniciativa, pero estamos evaluando con nuestra bancada los puntos que se han observado en torno a los plazos. Nos parece complejo, a lo menos, que la falta de compromiso se esté expresando en este proyecto de ley para hacer estas adecuaciones.

Por otro lado, no puedo dejar de decir, como lo mencionó el diputado Matías Walker , que lo que ha pasado con Antonia, situación extremadamente dolorosa que hemos tenido que vivir durante estas horas y los últimos días, da cuenta de la necesidad -aprovecho de decírselo al ministro, por su intermedio, que está hoy presente en la sesiónde poner urgencia al proyecto de ley denominado “Sin consentimiento es violación”.

Si en Chile los delitos de violación siguen quedando en la impunidad, no sacamos nada con mejorar las condiciones de los mecanismos de juicio para no revictimizar si, finalmente, el delito no va a ser determinado como tal.

Por eso, el consentimiento es un elemento fundamental en una relación sexual. Es de la mayor gravedad que una relación sexual se lleve a cabo sin el consentimiento de una de las partes, pero reviste mayor gravedad cuando hay niños, niñas o adolescentes involucrados. Eso, sin lugar a dudas, siempre es un delito. Me parece fundamental que el consentimiento sea un elemento a considerar dentro de nuestra legislación.

Nuestro Código Penal está atrasado en esa línea, por lo que hemos solicitado, de manera insistente, desde la bancada feminista y desde otros espacios, que el proyecto de ley…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señorita diputada. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG (vía telemática).-

Señor Presidente, de acuerdo con el mensaje, este proyecto busca actualizar las referencias normativas del inciso primero del artículo 1° de la ley N° 21.057, con el objeto de concordar esta disposición con los cambios introducidos por la ley N° 21.212 a los artículos del Código Penal relativos al femicidio, así como modificar el cronograma de la implementación de la segunda y de la tercera etapas que considera la mencionada ley N° 21.057.

En términos prácticos, se trata de regular la realización de las entrevistas grabadas en video, en el contexto de la investigación de los casos en que niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de delitos sexuales u otros delitos graves, como una manera de reducir al máximo la interacción con los demás participantes del proceso penal, para evitar su revictimización.

Esa ley significó un paso muy importante para el respeto a los derechos de las víctimas de estos gravísimos delitos y para avanzar en evitar la revictimización y en establecer la imprescriptibilidad de estos delitos.

En este caso, el Ejecutivo propone aplazar la implementación de dos etapas pendientes, la segunda y la tercera, para los meses de octubre de 2021 y de octubre 2023, respectivamente, lo que la comisión consideró excesivo, por lo que redujo el aplazamiento hasta abril de 2021 y agosto de 2023, que es lo que vamos a aprobar…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez Seguel .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, un niño agredido sexualmente por un adulto queda marcado de por vida. Hay que trabajar mucho con él o con ella para asumir lo ocurrido y enfrentar el trauma, que, aunque en ocasiones ni siquiera lo sepan, ahí está.

Los abusos sexuales más comunes y graves con los que nos encontramos se producen, en su mayoría, lamentablemente, en el entorno familiar y en alrededor del 15 o 20 por ciento de los casos es ejercido por personas relacionadas con los menores, quienes ejercen poder sobre ellos por ser sus educadores, sus tutores, sus entrenadores o sus monitores.

Que sea un adulto con figura de autoridad tiene consecuencias nefastas para la víctima, porque les inocula el germen de la desconfianza.

Por eso, conversando con mi colega Marcos Ilabaca , con quien comparto esta preocupación, al igual que con la mayoría de ustedes, reconozco que efectivamente ha existido un atraso, como señaló el ministro en esta materia. Sin embargo, rescato que en las regiones extremas la puesta en marcha ha sido exitosa, como han señalado varios parlamentarios. Me parece que ha funcionado bien, y eso también es digno de ser reconocido.

No obstante, hay regiones en las que, lamentablemente, por distintas razones, como la Región de Coquimbo, la de Los Ríos, la de Ñuble, la del Biobío, la de Atacama y otras, aún falta. Pero, señor ministro, entendemos vuestra solicitud de que, así como ha sido exitoso en las zonas extremas, a lo mejor se requiere el aplazamiento, debido a las distintas circunstancias que está viviendo el país, para llevarlo a cabo de la misma forma que en las zonas extremas, de modo que nuestros niños tengan la mayor seguridad y no los expongamos a situaciones de mucha humillación y de traumas.

Por eso, hay que regular las entrevistas grabadas en video y adoptar otras medidas que permitan que nuestros menores de edad, quienes ya son víctimas, no aumenten su trauma a causa de la revictimización.

Respetuosamente, pido al ministro que a las regiones en que aún falta implementar este sistema se envíe a los distintos tribunales el marco teórico de cómo se está ejecutando en las zonas extremas, para que los tribunales puedan estudiarlo y, especialmente, se realice alguna capacitación que permita que aquellas regiones que todavía no cuentan con este sistema puedan, al menos en el marco teórico, empezar a conocerlo y aplicarlo en lo que se pueda, aunque no con todos los elementos, como ya ocurre en las regiones más extremas.

Asimismo, le pido que, si lo considera adecuado, asuma un compromiso formal con la Cámara de Diputados en cuanto a que en el plazo que han solicitado efectivamente se concretará la implementación de las dos etapas que faltan, para que no nos encontremos en un tiempo más con que están solicitando una nueva ampliación del plazo. No se lo planteo por un problema administrativo, sino por el bien de nuestros niños, de nuestros jóvenes, que necesitan ser resguardados íntegramente ante situaciones tan difíciles, que los marcan para toda la vida, como haber sido abusados sexualmente, más aún cuando se les expone en los tribunales de justicia, sin que se adopten las medidas correspondientes.

Por lo tanto, vamos a aprobar la prórroga que nos están solicitando. He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Jaime Bellolio Avaria .

El señor BELLOLIO (vía telemática).-

Señor Presidente, seré muy breve.

Hemos tenido una buena discusión respecto de esta iniciativa, pero se han planteado algunas dudas relativas al aplazamiento.

Entiendo y comparto el análisis que hacían los diputados Gabriel Boric y otros respecto de que uno no quiere que aplazar signifique poner en mayor riesgo a los niños que han sido vulnerados, porque en eso tiene absolutamente toda la razón. Si no me equivoco, fue la diputada Natalia Castillo quien preguntó por qué esto no se había ejecutado antes.

La ejecución de políticas públicas por parte del Estado siempre ha sido un problema, y a veces lo pasamos por alto cuando aprobamos este tipo de regulaciones o leyes, que buscan, obviamente, un beneficio directo para los niños más vulnerables.

No obstante, quiero hacerme cargo de una cosa que se ha dicho. Acá se ha pedido votación separada argumentando que, teóricamente, este aplazamiento tiene que ver con una prórroga para hacer capacitaciones. Eso no es así. Este aplazamiento es para habilitar las salas especiales de entrevistas y para acreditar a los entrevistadores, porque, como hemos dicho, no cualquiera puede hablar directamente con un niño, niña o adolescente en ese tipo de circunstancias. Ese es el sentido del proyecto, cuestión que, por supuesto, la defensora de la Niñez también ha apoyado.

Entonces, no se trata de aplazar porque sí, sino porque, si rechazamos esto, perjudicaremos precisamente a aquellos que queremos proteger. Tenía que haber este equilibrio respecto de cuál es el plazo máximo por el que se podría aplazar -valga la redundancia-, es decir, dar más tiempo para ejecutar bien la política pública, de manera de proteger a los niños, niñas y adolescentes. Pero no tiene que ver con una especie de capacitación o por una indolencia de parte del Estado, en este caso del Ministerio Público, en cuanto a no querer aplicar esto, sino para que estén preparadas las salas especiales de entrevistas y debidamente acreditados los entrevistadores, porque, como hemos dicho, no cualquiera puede hablar con un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de un delito grave. La idea es no revictimizar a los niños que ya han sufrido esos abusos.

Por lo tanto, llamo a la Cámara de Diputados a votar a favor del proyecto, por completo, de modo que, cuando se pida la votación separada, también la aprueben, porque nuestros niños, niñas y adolescentes no pueden seguir esperando.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal Ambiado .

La señora CARVAJAL (doña M.a Loreto).-

Señor Presidente, las modificaciones que se han hecho a la ley para impedir la revictimización de los menores han tenido un avance lento, lo que lamentamos. Se trata de una legislación que entró en vigencia en 2019. Sin embargo, se requieren mayores plazos para su implementación en regiones donde no ha sido posible hacerlo.

Como señaló el diputado Velásquez , este mayor tiempo permitirá implementar las salas de conferencias necesarias y los distintos mecanismos técnicos y humanos, como ocurrirá, por ejemplo, en la Región de Ñuble, que representó en esta Cámara.

Por lo tanto, adhiero a lo manifestado por la diputada Girardi y otros colegas, en el sentido de no aplazar más la implementación de esta medida. A mi juicio, es necesario avanzar en la protección de los menores de edad para evitar su revictimización, y para eso se necesita no solo adecuar la normativa, sino otorgar las condiciones humanas y de infraestructura necesarias para lograrlo. Creemos conveniente hacerlo.

Por eso, anuncio mi voto a favor del proyecto.

Finalmente, aprovecho la ocasión para apoyar a la familia de Antonia Barra , a propósito de lo ocurrido hoy en el tribunal de Temuco…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje, que establece la ley nacional del cáncer.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités, y tres minutos al resto, más sesenta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputados informantes de las comisiones de Salud y de Hacienda son el señor Ricardo Celis y la señora Sofía Cid , respectivamente.

-Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 150ª de la legislatura 367ª, en jueves 30 de enero de 2020.

Documentos de la Cuenta N° 6.

-Informe de la Comisión de Salud, sesión 37ª de la presente legislatura, en martes 7 de julio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 21.

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de sesiones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado informante de la Comisión de Salud.

El señor CELIS (don Ricardo) [vía telemática].-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Salud, paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, originado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que establece la ley general del cáncer.

La idea matriz o fundamental del proyecto es establecer un marco normativo que permita desarrollar políticas, planes y programas relacionados con la enfermedad del cáncer, abordando todas las etapas de manejo de la enfermedad. Para tales efectos, se crea el Plan Nacional del Cáncer, la Comisión Nacional del Cáncer, el Fondo Nacional del Cáncer y el Registro Nacional del Cáncer.

Durante el análisis de esta iniciativa, la comisión contó con la colaboración permanente del asesor legislativo del Ministerio de Salud y del jefe del Departamento de Manejo Integral del Cáncer y Otros Tumores de dicho ministerio.

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo, al punto de que en 2012 se registraron alrededor de 14 millones de nuevos casos, y se prevé que este número aumente aproximadamente en 70 por ciento en los próximos veinte años. El cáncer constituye la segunda causa de muerte en el mundo y, probablemente, dentro de poco tiempo constituirá la primera causa de muerte en Chile.

Nuestro país no se encuentra al margen de esa realidad, por cuanto la epidemiología evidencia el aumento de la morbimortalidad por enfermedades no transmisibles, siendo el cáncer de particular relevancia en este aspecto. De acuerdo con los datos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), del Ministerio de Salud, ya en 2015 las enfermedades oncológicas constituían la segunda causa de muerte. No obstante, en las regiones de Arica y Parinacota , de Antofagasta, de Los Lagos y de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo el cáncer es la primera causa de muerte. Se proyecta que al final de la próxima década constituirá la principal causa de muerte en Chile, explicando el 28 por ciento del total anual de defunciones, con cerca de 25.000 fallecimientos y una incidencia de 45.000 casos nuevos al año.

Como es sabido, el cáncer está asociado a múltiples determinantes sociales de la salud, tales como los niveles socioeconómico y educacional, las condiciones laborales, la calidad de recursos básicos, como el agua, y diversos servicios sanitarios; factores de riesgo, como la malnutrición o estilos de vida no saludables, además de condiciones estructurales asociadas a políticas públicas, socioeconómicas, culturales y medioambientales. En la distribución de esta patología se evidencian inequidades, lo cual complejiza su abordaje, dado que es posible observar regiones con mayor mortalidad por ciertos tipos de cáncer, así como diferencias entre hombres y mujeres.

Según el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, la sobrevida de cinco años de los pacientes adultos con cáncer es de 40 por ciento, lo cual es significativamente menor de lo que ocurre en países desarrollados, donde ronda el 60 por ciento. Por ello, es fundamental tomar las medidas necesarias para que en los próximos años los resultados oncológicos de los pacientes chilenos sean los esperados.

Como ayer asistí a la Comisión de Hacienda -tal vez esa sea la razón-, quiero responder al diputado Auth . Él preguntaba por qué debía haber una ley especial para una enfermedad en particular. Probablemente, eso tiene que ver con la prevalencia y la importancia que tiene desde el punto de vista de la morbilidad y la mortalidad, porque posiblemente con políticas públicas adecuadas se pueda alcanzar mejores resultados, como los que se están obteniendo en el mundo en estos momentos. Me parece que esa es una respuesta a aquello.

El proyecto busca avanzar en los ámbitos de promoción de la salud, prevención, detección precoz y diagnóstico oportuno del cáncer, promoviendo y fortaleciendo una atención de calidad para la población del país en materia de cáncer, otorgando acceso oportuno y equitativo a la atención, que permita disminuir progresivamente la incidencia y mortalidad por dicha enfermedad, y mejorando la calidad de vida de las personas, las familias y sus comunidades. Al respecto, quiero observar que una gran cantidad de patologías relacionadas con el cáncer hoy están cubiertas por la “ley Ricarte Soto ” o por el sistema GES. Lo importante es que se abordan los temas que tienen que ver con la detección, la prevención y el tratamiento integral. Es muy relevante contar con una ley del cáncer, porque se hace un abordaje integral al paciente y no solo una parte. De hecho, en el caso del cáncer de próstata, la garantía comienza a operar desde que se hace el diagnóstico al paciente, pero ello no es así respecto de los elementos de prevención, la realización de exámenes, etcétera. Lo mismo ocurre con el cáncer de mamas en el caso de las mujeres. Por eso, este proyecto tiene relevancia, porque aborda integralmente el problema relacionado con la enfermedad.

Durante su discusión general, la comisión escuchó las intervenciones y opiniones de las siguientes personas y autoridades: la senadora Carolina Goic Boroevic , el jefe del Departamento de Manejo Integral del Cáncer y otros Tumores , dos médicos representantes del Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez (FALP), el presidente del Departamento de Políticas Públicas y Estudios del Colegio Médico de Chile, la directora del Instituto Nacional del Cáncer, la presidenta de la Fundación Nuestros Hijos y la representante de la Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas.

Todos los expositores, desde sus distintos ámbitos, ilustraron en forma detallada y muy completa la situación actual y las expectativas que tienen con la aprobación de este proyecto de ley, y además coincidieron en que si bien esta iniciativa legal puede tener carencias, el mayor apoyo que pueden dar la comisión, la Sala y el Congreso Nacional, en interés de las personas afectadas por cáncer, es lograr el más pronto despacho de esta iniciativa.

Se señaló, en términos generales, que regular esta materia es un imperativo ético y de salud, atendido el alto porcentaje de la población mundial y nacional que padece de esta enfermedad, que se vislumbra que siempre irá en aumento, debido a diversos factores sociales, culturales, alimentarios y de sistema de vida de nuestra sociedad. Se hace muy necesario establecer un marco legal que permita acoger y ayudar a las familias del paciente directamente afectado, pues su ocurrencia afecta a toda una comunidad, y al entorno más cercano de quien la padece.

Se coincidió con lo señalado por algunos invitados en la comisión respecto de la urgente necesidad de aprobar esta iniciativa legal y despacharla para que sea concretada en el menor tiempo posible. Si bien estuvieron contestes de que puede ser una regulación no todo lo perfecta que se desearía, es mejor esto que dilatarla aun más, en bien de los pacientes y sus familias, y de nuestra sociedad.

Se manifestó por algunos integrantes que se procedía a aprobar la iniciativa en el entendido de que debían analizar más cuidadosamente los aspectos presupuestarios -entiendo que la Comisión de Hacienda señaló lo mismo-, a fin de lograr una legislación que cumpla su objetivo. Con todo, se destacó que con el financiamiento ya comprometido se concretaría el antiguo anhelo de contar con un registro nacional de pacientes con cáncer, lo que hará posible contar con mejor información sobre la enfermedad a nivel nacional, y una mayor inversión en centros oncológicos en el país.

Reitero: este es un viejo anhelo que existe en la academia y los equipos de salud que trabajan con pacientes con cáncer.

De igual manera, hubo coincidencia en que este proyecto vendría a cerrar las brechas en aquellas prestaciones relativas al cáncer que no están cubiertas por el GES o por la “ley Ricarte Soto ”, destacándose al respecto lo relativo a la prevención, y que se debe aprobar a pesar de que puede ser preferible contar con una garantía general en prestaciones de salud, para no estar legislando sectorialmente según las necesidades de cada patología.

Todos estuvieron de acuerdo en que, a pesar de la ocurrencia de la actual pandemia por la Covid-19, la discusión y el avance de este proyecto no pueden ser suspendidos, atendido que en el país mueren tres personas cada hora por algún tipo de cáncer, y al menos una de ella podría salvarse si se hiciera el diagnóstico de modo oportuno.

Se recordó que la iniciativa surgió en 2013, por convocatoria del exministro de Salud, doctor Jorge Jiménez de la Jara , destacado salubrista. En dicha instancia convocó a distintas organizaciones para abordar en modo participativo este problema. Tal vez uno de los activos más importantes del proyecto es que la sociedad civil participó activamente y fue un motor relevante en el desarrollo del proyecto.

En cuanto a los detalles de la iniciativa, cabe destacar que el instrumento central a desarrollar es el Plan Nacional de Cáncer, que busca organizar los recursos públicos y privados en la materia. El Estado está obligado a crear dicho plan. Al respecto, es destacable que se dispondrá legalmente la creación de dicho plan, de tal manera que no quede abierto a la contingencia, a los gobiernos, a los ministros o a circunstancias especiales.

Repito: será una obligación legal que trascenderá a la autoridad de turno.

El plan contempla todo el ciclo de la enfermedad, desde el fortalecimiento de la atención primaria hasta el acceso a medicamentos, pasando por medidas de prevención, diagnóstico precoz de la enfermedad, coordinación para las investigaciones y formación de recursos humanos. Asimismo, se dispone de incentivos tributarios para la creación de un fondo para el cáncer, en virtud del cual las empresas puedan deducir como gastos las donaciones al fondo.

Como parte del plan nacional, se propone la existencia de una red de centros oncológicos, cuestión que fue trabajada y diseñada durante la gestión del entonces ministro Emilio Santelices , y que abarca seis macrozonas: norte, norte-centro, centro, Región Metropolitana, centro-sur y sur del país.

De la misma manera, cabe hacer presente que dicho plan nacional ya existe. Al respecto, el entonces ministro Santelices convocó a la sociedad científica, a los representantes de los pacientes y a otras entidades, momento en que se elaboró el plan junto con el ministerio. Con ello, se ganó un tiempo precioso.

Se resalta la creación de un Registro Nacional de Cáncer, que es indispensable, porque constituirá la base de seguimiento para cualquier política pública.

Finalmente, todos los diputados participantes de la comisión coincidieron en la importancia de una política pública que permanezca en el tiempo, pues el cáncer es una enfermedad que, desgraciadamente, solo va en aumento. No obstante, se puede mejorar su combate en términos de sobrevida y en calidad de vida. Asimismo, se puede prevenir y tratar a los pacientes de formas más adecuadas.

En la votación en general, compartiendo los objetivos fundamentales tenidos en consideración en el mensaje y luego de recibir las opiniones, explicaciones y observaciones de las personas e instituciones individualizadas, la comisión aprobó el proyecto de forma unánime, con el voto de los diputados Jaime Bellolio, Juan Luis Castro , Ricardo Celis , Andrés Celis , Miguel Crispi , Jorge Durán , Sergio Gahona , Diego Ibáñez , Amaro Labra , Javier Macaya , Ximena Ossandón , Patricio Rosas y Víctor Torres .

La comisión mantuvo casi en su totalidad el proyecto tal como fue despachado por el Senado y solo introdujo dos modificaciones. La primera es al artículo 11, que tiene relación con la constitución de la Comisión Nacional del Cáncer, la que fue aprobada. Sin embargo, el Ejecutivo ingresó una indicación en la que sostiene que la constitución de la Comisión Nacional del Cáncer es una atribución exclusiva del Presidente de la República. La comisión desistió de aquello y votó en la forma en que consta en el informe. Pese a la diferencia de opinión entre la comisión y el Ejecutivo respecto de este punto, pido, señor Presidente, que recabe la unanimidad de la Sala para que la indicación del Ejecutivo sea tramitada y votada por la Sala.

En segundo término, se introdujo una indicación de la diputada Cariola , votada favorablemente, que establece fuero laboral para los pacientes con cáncer, desde que se hace el diagnóstico hasta un año después de la remisión de la enfermedad.

Repito: esa indicación fue votada favorablemente por la comisión. Se trata de un punto importante, de un tremendo activo que generará una condición distinta para los pacientes que viven esta enfermedad tan dolorosa que compromete no solo a la persona, sino también a su familia.

Es todo cuanto puedo informar. He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado José Miguel Castro Bascuñán .

El señor CASTRO (don José Miguel) [vía telemática].-

Señor Presidente, voy a leer un pequeño mensaje que me llegó hoy a las 10 de la mañana, que dice: “Estimado diputado, soy Francisco Vidangossy , director de la Fundación CancerVida. Llevamos muchos años trabajando en este proyecto, en la ley del cáncer. Queremos que, por fin, sea este el día de la aprobación, queremos que, por fin, salga humo blanco”.

Justamente, en ese sentido escuchamos, como bien dijo el diputado Ricardo Celis , a quienes fueron los motores de la aprobación y del desarrollo de este proyecto de ley, a toda la sociedad civil.

No puedo dejar de agradecer, en primer lugar, a la senadora Carolina Goic , quien ha impulsado este proyecto; al ministro de Salud, Enrique Paris , y a su equipo; a los entonces ministros Emilio Santelices y Jaime Mañalich , y a todos aquellos que han impulsado esta iniciativa y, por supuesto, a todos sus equipos, así como también a Jaime González , a los doctores Enrique Accorsi y Sergio Becerra , y a todos los asesores de los diputados y senadores que han trabajado para que este proyecto salga con la mayor celeridad. No podemos seguir aguantando más tiempo, de modo que este proyecto debe correr rápido y transformarse en ley.

También quiero agradecer a todas las agrupaciones y hablar acerca del cáncer. El cáncer es una patología que requiere un tratamiento muy complejo y que afecta no solo a las personas que lo padecen, sino también enferma a todo el entorno, a sus familias, tanto en lo físico como en lo psicológico.

También es una enfermedad con altos costos adicionales, por ejemplo, los referidos a cirugías de apoyo y terapias, además de los derivados de medicamentos necesarios para su tratamiento.

Asimismo, requiere acceso a la complejidad asistencial y a especialistas, que muchas veces están ausentes en zonas remotas, como, por ejemplo, en la ciudad de Antofagasta, a la cual represento. El cáncer puede ocasionar invalidez total o temporal de las personas, entre muchos otros perjuicios significativos.

Debido a ello, a través de este proyecto de ley se busca crear un estatuto normativo especial para dicha enfermedad, estableciendo una ley del cáncer e imitando en cierto sentido la legislación sobre acceso y tratamiento de enfermedades raras, más conocida como ley Ricarte Soto .

¿Qué se busca a través de este proyecto de ley? Ya lo dijo el diputado Ricardo Celis : establecer principios destinados a abordar el cáncer, generar un plan nacional del cáncer, fomentar la especialización médica, fomentar la investigación, generar una red oncológica nacional y generar guías clínicas y también de notificación. Este es un tremendo proyecto de ley y es un orgullo haber participado en su discusión.

No obstante, tengo un reparo, y he pedido votación separada respecto de algo que me causa mucha extrañeza y que, quizá, no lo desarrollamos adecuadamente. Me refiero al fuero que deberían tener los pacientes con cáncer, ya que se tiende a estigmatizar a las personas que padecen dicha enfermedad.

Si pensamos en cómo se desarrolla hoy el ámbito del empleo en Chile, nos daremos cuenta de que una persona puede ser estigmatizada y perder su trabajo en una empresa producto de haber tenido o de tener cáncer.

Creo que el actual sistema de subsidio por incapacidad laboral protege en forma adecuada a las personas en cuanto a la mantención de sus ingresos durante el período en que un profesional de la salud considere que la persona no está en condiciones de cumplir con sus tareas laborales. Por esa razón existen también las licencias médicas.

En este sentido, me hago la siguiente pregunta: ¿Por qué no establecer fuero en el caso de cualquier otra enfermedad, como, por ejemplo, cuando una persona ha sido trasplantada?

Creo que el cáncer debe ser el nombre de una enfermedad, pero no una sentencia. Por eso, he pedido la votación separada y voy a votar en contra específicamente de esa indicación, lo cual no retrasará la tramitación de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca Cerda .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, cuando se discute un proyecto de estas características, uno se siente orgulloso de ser parte de la historia de nuestro país y de la culminación de un largo proceso, debatido por años y esperado por miles de personas que han sufrido en carne propia el flagelo del cáncer.

Recuerdo que aproximadamente en 2010 me detectaron el primer cáncer que viví personalmente y la crudeza de entrar a ese sistema, porque es un tema que golpea muy fuerte. Como bien señaló recién el diputado José Miguel Castro , ello afecta no solo la salud, sino también en términos psicológicos y económicos. Pude ver que no existe un sistema integrado que logre dar solución a una situación dramática que vive no solo la persona que sufre la enfermedad, sino todo su entorno familiar.

¿A cuántas personas en Chile se podría detectar precozmente hoy esa enfermedad?

¿Cuántas personas en nuestro país podrían ser tratadas de manera preventiva y debido a que no existe una política integral para enfrentar una enfermedad de esas características, no tienen esa posibilidad?

En mi caso, ese no fue el único cáncer. Gracias a eso, terminé “espirituado”, medio traumado, y logré que se me detectara precozmente otros dos cánceres más. Es decir, en suma, gracias a la prevención y a la detección precoz, logré la detención de tres procesos de cáncer, pero esa oportunidad que yo tuve no la tienen todos los chilenos -insisto-, porque actualmente no existe un sistema integrado en nuestro país, sino que tenemos un sistema de atención disgregada: algunos podemos estar protegidos por el AUGE y otros por la “ley Ricarte Soto ”.

Hoy, en este momento, en la Cámara de Diputados tenemos la oportunidad de enfrentar esa dificultad con una mirada articulada en materia de prevención, de detección precoz, de investigación y, en particular, de trabajo con la sociedad civil.

Quiero recordar y hacer honor a un exdirector del Departamento de Oncología del Hospital Base de Valdivia, el doctor Claudio Missarelli , quien aplicaba estos conceptos a fuego dentro del Hospital Base y en particular en el trabajo con la sociedad civil, en términos de educación.

También quiero recordar que este registro nacional del Cáncer, que ahora se va a implementar por ley, en la Región de Los Ríos ya se había implementado hace mucho tiempo por la doctora María Enriqueta Bertrán y la doctora Katy Heise . En la Región de los Ríos, donde tenemos un gran centro oncológico, se lleva adelante este tipo de registro. Por lo tanto, en lo particular, hoy estoy contento con la discusión de este proyecto.

Quiero felicitar a la senadora Carolina Goic , quien ha implementado y ha llevado la bandera de lucha por el cáncer. Pero también quiero hacer una observación. Respecto al presupuesto, no podemos quedar permanentemente amarrados a la discusión de la ley de presupuestos. Si bien vamos a tener un plan nacional del cáncer quinquenal, que ya es un avance, requerimos tener asegurados los recursos para la implementación de este plan, que es fundamental, para que las personas que fallecen, producto de esta enfermedad, puedan tener algún tipo de solución.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado Daniel Verdessi .

El señor VERDESSI.-

Señor Presidente, quiero hacer un homenaje al doctor Claudio Mora , médico destacado que luchó contra el cáncer, salvó vidas y luego por su lucha personal. Marchamos junto a él, con Carolina Goic , Pancho Saavedra y muchos otros.

También quiero recordar a los colegas que trabajan en Valparaíso: al doctor Hernán Krause , con el que trabajé; al doctor Guillermo Merino , que recientemente falleció; a Germán Rey, compañero de curso que en este momento trabaja -lo ha hecho por muchos añosen el Servicio de Oncología del Hospital Carlos van Buren.

La elaboración de una ley que implica la confección de un plan nacional del cáncer significa enfrentar y sistematizar las políticas públicas y los planes considerados en este proyecto, lo que lo justifica plenamente.

Cuando estuve trabajando en Valparaíso, había dos aceleradores lineales: uno viejo y otro nuevo. Y cuando al paciente le tocaba usar el viejo, tenía menos posibilidades de sobrevida y menor calidad de tratamiento. Eso no puede suceder hoy en Chile; debe haber una descentralización de los centros del cáncer, como se establecía en el proyecto original, que creaba centros de cáncer en cinco lugares del país, que promovía la homogeneidad en el tratamiento

-debe entregarse la misma calidady la protección de los pacientes de las zonas extremas, de manera que no tengan que trasladarse hacia el centro del país.

Los avances tienen que estar disponibles para que sean vistos tanto por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados como del Senado. Destaco el tremendo trabajo que realizó Carolina Goic , quien al sufrir un cáncer, lo enfrentó y entendió la realidad que viven hoy los chilenos cuando enfrentan esta terrible patología, que tiene remedio, que puede mejorarse, pero requiere tecnología, especialmente en lo que se refiere a inmunoterapia, quimioterapia, radioterapia y los aceleradores lineales, que efectivamente ofrecen la posibilidad de salvarse.

El diagnóstico precoz es clave. Por ejemplo, con una mamografía es posible detectar un cáncer de un milímetro, y ese cáncer se puede mejorar; si pasa el tiempo, esa oportunidad se pierde. Me preocupa mucho lo que ha ocurrido durante la pandemia, porque hemos abandonado a los pacientes de cáncer, ya que no han tenido tratamiento suficiente. La angustia de ver pasar los días y que no sean atendidos es compartida por médicos y pacientes. Tenemos pendiente una enorme deuda.

Tal como lo expresó un colega que intervino antes, esta ley en proyecto tiene el problema del financiamiento, que depende anualmente de la ley de presupuestos. Pido que pongamos atención a ese detalle, porque efectivamente es un problema, como dijo el diputado Marcos Ilabaca , y vamos a poner toda la presión posible para que esto tenga recursos. No podemos dejar que los chilenos mueran porque no existe calidad en la atención, en circunstancias de que es posible hacerlo. No son cifras extraordinarias; estamos hablando de tratamientos tradicionales.

Por lo tanto, vamos a aprobar el proyecto, pero hay que observar este punto crítico que es el relacionado con el financiamiento.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, el proyecto de ley que discutimos es uno de los que, sin duda, más había esperado. Han sido dos años los que han tenido que pasar para que al fin llegara este proyecto y pudiéramos discutirlo en la Cámara de Diputados.

Durante este mismo tiempo, seguramente han sido miles los que, lamentablemente, han fallecidos por esta enfermedad y no tuvieron la posibilidad de conocer este proyecto de ley. Estamos hablando de cerca de 50.000 compatriotas, pero sabemos que varios de ellos y de ellas, con un diagnóstico temprano, pudieron haber tenido una oportunidad. Y eso lo conocen todos aquí -lo conversé recién con el diputado Manuel Monsalve -, porque seguramente no hay ninguno que no haya tenido un pariente o alguien cercano que haya padecido esta enfermedad.

No se me hace fácil intervenir, porque este es un tema muy personal, pero a través suyo, señor Presidente, me permito dirigirle unas palabras a alguien que no está en este mundo.

Rafaela , no es fácil hablarte este día, menos desde este lugar, donde nadie escucha, donde muchos y muchas se asustan por un ataque en redes sociales o se quejan del fondo de pantalla que tiene otro diputado, porque le duelen sus ojos. Hay otros que se asustan ante una cobarde amenaza, y yo los puedo entender, pero una amenaza real es la enfermedad que te separó físicamente de mí hace ya casi nueve años. Siendo tan pequeña, con apenas 8 años, me diste una clase de coraje, de amor y de resistencia. Resistiré, te dije; pero ante tanto desprecio en este lugar, tanta deslealtad, tanta mala leche, como me enseñó un diputado acá presente, creo que a veces no puedo cumplirte. Pero soy fuerte y firme; así me enseñaron.

Hija mía querida, a través suyo Presidente, le hablo a ella, porque a ella le debo el compromiso que hice para servir a mi patria; le juré a mi patria que iba a combatir todas las injusticias e iba a defender las demandas que la gente hace para solventar una enfermedad tan terrible como esta.

Señor Presidente, hay un médico llamado Claudio Mora , y sus compañeros pidieron, específicamente, que este proyecto llevara su nombre. No soy amiga de los proyectos con nombres de personas, pero si hay un hombre que nos enseñó de coraje, es él. Un hombre que en el Hospital El Pino les enseñó a todos cómo combatir esta enfermedad; les enseñó a sus amigos y colegas lo que significa ponerse en los zapato del otro. De eso se trata: de ponerse en los zapatos del otro. En aquella niña que tiene una hija de dos años, que no puede llevar a su casa porque no tiene el piso como corresponde para tener una niña paciente oncológico.

Es por eso Presidente, por ti Rafaela y por Claudio Mora , que voy a votar a favor, aunque sea insuficiente.

He dicho.

-Aplausos.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN (vía telemática).-

Señor Presidente, esto es muy emocionante; hemos visto la emoción de la Marisela y a mí también me llena de emoción.

Tengo 75 años y estoy más cerca de la muerte, pero está la posibilidad grande que implica esto. Todo aquello que contribuya a la salud del ser humano no es tan bien considerado, porque todavía no se conoce la tremenda potencialidad del ser humano. Por decir algo de la potencialidad, de la fuerza y de lo interesante que es el ser humano, esta especie en el planeta, podríamos señalar que es como un dios encadenado. Imaginando eso, ¿cómo no va a ser valiosa la salud de esta especie, de estos seres tan particulares del planeta? Contribuir a la salud tiene que ver directamente con la relación que la salud tiene con la prolongación de la vida humana. Con facilidad llegamos a los 75 años -me siento un pendejo todavía-, y esto puede seguir.

Para decir algo un poco más audaz: después de la prolongación de la vida humana está la posibilidad de la inmortalidad. ¡Así es! ¿Vivir amontonados en este planeta? No. El destino del ser humano no es guardarse amontonado en este planeta, sino llevar la vida vegetal, animal y humana a toda la Vía Láctea donde todavía no hay vida. No es una audacia, ni siquiera es una caricatura: el ser humano es un dios encadenado, y su potencialidad artística, científica, literaria, etcétera, es enorme.

Los diferentes gobiernos, por el dios dinero, no son capaces de percibir al ser humano;

¡no, todavía no! Pero a este dios encadenado lo vamos a liberar, imaginando lo que será en el futuro, es decir, cómo recorrerá el espacio llevando la vida del planeta a todos; la vida animal, la vida vegetal y la vida humana.

Reitero: el ser humano es un dios encadenado y pronto se va a percibir su verdadera potencialidad. Y cuando se quiera oprimir a alguien, se va a saber que se quiere oprimir a un ser humano, a un dios encadenado.

¡Todo va a mejorar! ¡Va a cambiar todo!

¡Soy feliz! ¡Soy un pendejo de 75 años!

¡Quiero la inmortalidad!

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo) [vía telemática].-

Señor Presidente, algunos colegas han dado a conocer bastantes testimonios de mucha gente. Cada día en Chile mueren entre 68 y 72 personas a raíz del cáncer. Se trata de un problema que realmente requiere de políticas públicas adecuadas, y este proyecto de ley hace aquello.

Agradezco a la senadora Carolina Goic y particularmente a todos los que han estado detrás de esta iniciativa: al exministro Jiménez de la Jara y a tantas organizaciones que han llevado el dolor y la enfermedad y los han transformado en algo positivo. Y algo positivo es transformarlo en un proyecto de ley que lo que hace es fijar un marco por el que se puede prevenir, entregar un tratamiento integral, investigar, buscar fondos, etcétera, para que tengamos mejores alternativas.

Como señalé en la rendición del informe, este proyecto de ley establece un plan nacional del cáncer en virtud del cual se desarrollarán centros oncológicos.

Lo dije y lo quiero repetir en la Cámara de Diputados: espero que cuando el ministerio desarrolle centros oncológicos, desarrolle eso: centros oncológicos integrales, no centros de radioterapia o centros de quimioterapia, o de radioterapia y quimioterapia. Espero que desarrolle centros integrales que entreguen un tratamiento integral.

Lo han dicho muchas personas; lo dice la gente que trabaja en este ámbito y la que vive el cáncer: esta enfermedad desarma todo, desarma a la familia. No es solo la enfermedad o el dolor de la enfermedad; es la familia la que se ve involucrada, es el dolor de una familia que se ve desarticulada en su accionar diario, en su modalidad de trabajo, en su vida diaria y en sus actividades. Por eso, espero que se creen centros integrales.

Tuve la oportunidad de conocer un centro en otro país. En él había asistentes sociales, biblioteca, recreación. Además del tratamiento al dolor, además del centro de quimioterapia y de radioterapia, estaban todos esos elementos que son capaces de componer y recomponer a la familia, al grupo de cariño central del paciente, a su grupo de apoyo, lo cual es muy importante.

Por eso, espero que esos seis centros de macrozonas sean centros oncológicos integrales. Uno de esos centros se va a construir aquí en Temuco. Aquí hay un tremendo equipo: radioterapeutas, quimioterapeutas, oncólogos, cirujanos, etcétera. Está todo como para tener un centro. Espero que tengamos ese centro en mi ciudad, en Temuco, de modo que no enviemos más pacientes a Valdivia -no porque tenga algo en contra de Valdivia, sino para no desarraigar a los pacientes de su lugar, desde el campo, desde su ciudad a otra ciudad-, sino que los tratemos aquí de modo integral.

Por otro lado, quiero referirme a un aspecto central: la formación de los equipos de salud que conformarán los centros. Hablo no solo de los médicos, sino también de las enfermeras, de la asistente social, del quinesiólogo, de la nutricionista, en términos de que deben estar especialmente formados respecto de la enfermedad del cáncer. En este sentido, en aquellas regiones que cuentan con centros formadores, el ministerio debe hacer una apuesta más importante, más maciza financieramente, para la formación de capital humano. Hay que formar capital humano de modo importante y de modo activo. No basta con decir que esta es una enfermedad importante, por la que mueren tres personas por hora. Debe existir una respuesta por parte del Estado en orden a fortalecer los centros formadores, a tener equipos, a triplicar o cuadruplicar lo que tenemos, no solo en médicos, no solo en radioterapeutas o en oncólogos, sino en todos los profesionales que integran el equipo de salud. Allí hay un tremendo desafío que necesita financiamiento.

El financiamiento que analizó ayer la Comisión de Hacienda es exiguo, es muy poco, pero es para empezar. Y como dijeron muy bien otros colegas, hay que estar atentos a que este no es el único financiamiento para tratar el cáncer. Están el plan de Garantías Explícitas de Salud (GES) y la “ley Ricarte Soto ”. Este es un complemento, pero debe incrementarse para la formación de centros oncológicos y de capital humano en el país.

Por otro lado, quiero referirme al fuero laboral que se propone para los pacientes con cáncer como un tema importante. Esta propuesta no irroga gasto del Estado; no hay dinero del Estado involucrado, sino el establecimiento de un derecho laboral protegido para una persona, una mujer o un hombre, que está en una situación particularmente vulnerable. En este aspecto veo una diferencia entre el cáncer y otras patologías que también son relevantes, importantes y devastadoras: no hay nada más devastador para la estructura de la familia que tener a alguien con cáncer al interior de su núcleo. Por lo tanto, no hay nadie más vulnerable que una mujer o un hombre que vive con cáncer.

Espero que el fuero laboral para los pacientes con cáncer sea aprobado por la Cámara, porque es una cuestión muy esperada por la gente que ha estado viviendo situaciones de cáncer.

Insisto: no se trata solo de una persona, sino también de su familia y de su grupo de apoyo.

Por eso, espero que todos aprobemos íntegramente este proyecto y, en particular, la materia señalada, para la cual se pidió votación separada.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señor Presidente, el cáncer ha estado por largos años dentro de la lista de las principales causas de muerte en el país. Cada año tenemos 45.000 nuevos casos que se suman a la larga lista de muerte y destrucción que nos deja esta enfermedad, que genera un daño no solo físico, sino también psicológico y económico bastante evidente.

En Chile los cánceres más frecuentes son los de próstata, mamario, de colon y recto, de estómago, de pulmón, cervicouterino, de testículo y otros más.

Lamentablemente, en Chile el cáncer se ha llevado a miles de personas, familiares nuestros y personas queridas, a las que hoy, con este proyecto de ley, esperamos de alguna manera hacerles un homenaje.

Este proyecto establece un marco normativo para la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas, programas y acciones destinados a establecer las causas y prevenir el aumento de la incidencia del cáncer, e implementar sus tratamientos de conformidad con lo establecido en el Plan Nacional del Cáncer. Asimismo, la iniciativa incluye los cuidados paliativos, medida que se materializará mediante la creación de un fondo de financiamiento adecuado para ello.

El Ministerio de Salud también podrá suscribir convenios y generar instancias de coordinación con entidades públicas y privadas, y deberá desarrollar las guías clínicas, protocolos y orientaciones técnicas para su desarrollo.

El Fondo Nacional del Cáncer estará destinado a financiar total o parcialmente los programas y proyectos relacionados con la investigación y el estudio para la implementación del Programa Nacional del Cáncer, como estudios, evaluación, promoción, desarrollo de iniciativas de prevención, pesquisa temprana y otros.

Este fondo se compone de aportes provenientes de la ley de presupuestos del sector público, de cooperación internacional, de aportes por concepto de donaciones, herencias o legados, de recursos del Fondo de Desarrollo Regional, a decisión de los consejeros regionales.

Los recursos del fondo pueden ser adjudicados también mediante concurso público convocado por la Subsecretaría de Salud Pública, de forma semestral.

El presente proyecto está inspirado en los principios de cooperación, fomento a la colaboración público-privada, protección de los datos personales, participación de la sociedad civil y humanización en el trato.

Se considera también una política de formación de especialistas para el tratamiento del cáncer, tanto de médicos como de otros especialistas de salud, así como de investigadores en la materia, lo cual estará coordinado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Por otra parte, se aplican planes de capacitación, prevención y acompañamiento para las familias y para quienes se encuentran a cargo de los pacientes, y se hace un especial énfasis en el cese del consumo de productos de tabaco.

Por último, se crea la Red Oncológica Nacional, que constará de centros especializados que serán parte de la Red Asistencial de Salud. En ese sentido, si Dios quiere, en Ñuble tendremos el nuevo hospital regional con un área especialmente dedicada al tratamiento del cáncer y con énfasis en el tratamiento de niños. Aquello es muy importante, debido a que los niños y niñas de Ñuble enfermos de cáncer se deben atender fuera de la región, en Concepción o en Santiago, con todo el perjuicio económico, emocional y físico que ello implica. Esta asistencia de salud se crea con el propósito de entregar diagnósticos, tratamientos y seguimientos de los pacientes.

Estos centros serán clasificados como centros de alta, mediana y baja complejidad.

A su vez, la Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá crear el Registro Nacional del Cáncer, enfermedad que se establece de notificación obligatoria.

En definitiva, lo que propone esta iniciativa constituye un gran paso para que el cáncer comience a retroceder mediante su prevención y tratamiento, a fin de evitar que se transforme en un drama económico para miles de familias en Chile.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Marcela Hernando .

La señora HERNANDO (doña Marcela) [vía telemática].-

Señor Presidente, cada uno de nosotros probablemente ha tenido su propia experiencia personal o familiar con el cáncer. En ese sentido, quiero señalar que el ejercicio de mi profesión de médico cirujano comenzó en la Región de Antofagasta, donde, por razones que todos ustedes conocen, relacionadas con su riqueza mineral metálica, existen condiciones medioambientales que obviamente favorecen el desarrollo de distintos tipos de cáncer, principalmente de piel, de riñón y de pulmón.

En ese contexto, en 1998, cuando ocupaba el cargo de subdirectora del Servicio de Salud Antofagasta, se comenzó con el registro de cáncer de Antofagasta, el cual tengo entendido que ha sido hasta ahora el único registro de base poblacional, en su mayoría de base hospitalaria.

Las condiciones geográficas de esa región favorecían la realización de una pesquisa activa, gracias a lo cual pudimos obtener datos muy importantes que nos permitieron fundamentar la necesidad de tener en Antofagasta los mejores equipos.

Fue así como logramos financiamiento que realmente es de primera línea. Es más, creo que fuera de la Región Metropolitana y del sector privado, el mejor equipamiento en materia de cáncer está en Antofagasta.

Asimismo, el Centro Oncológico Norte fue creado gracias a la coordinación de un especialista que se trasladó a la región entusiasmado con este proyecto: el doctor Ricardo Baeza .

Siempre hemos tenido la frustración de saber y de ver cómo en otros países se avanza en la investigación del cáncer y en la implementación de métodos de diagnóstico precoces, de pesquisas y también de tratamiento, todos los cuales son de alto costo, y de un excesivo costo para las familias, iniciativas metodológicas que nuestro Estado nunca se ha decidido a incorporar.

Algunos tipos de cáncer están considerados dentro del AUGE, plan que debiera crecer para incorporar todas las patologías de cáncer, en forma integral. No obstante, nos genera frustración cada vez que discutimos el proyecto de ley de presupuestos y nos encontramos con que no hay aumento para aquello, como tampoco lo hay para el área de salud mental. Soy autora de un proyecto de ley que aborda esa materia, pero su tramitación se encuentra detenida en el Senado. Se trata de una iniciativa que tiene por objeto hacer frente al alto costo que esta enfermedad implica para las familias.

En ese sentido, el financiamiento que fue contemplado en este proyecto de ley es absolutamente insuficiente; es un saludo a la bandera. Lo que debemos defender es que los recursos para el cáncer no se tengan que estar discutiendo año a año en el tratamiento de cada proyecto de ley de presupuestos.

El derecho de acceso a la salud, a todo nivel, del cáncer y de la salud mental, entre otras patologías, debe estar consagrado en la Constitución Política, razón por la que soy una firme defensora e impulsora de que votemos por el apruebo en el plebiscito del mes de octubre. Tenemos que incorporar la salud como un derecho fundamental.

Por último, quiero señalar que votaré a favor este proyecto de ley, a pesar de que es insuficiente, pues de algún modo avanza en el sentido correcto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull .

El señor ROCAFULL.-

Señor Presidente, el proyecto en debate contempla la elaboración del Plan Nacional del Cáncer, la creación de la Comisión Nacional del Cáncer y del Fondo Nacional del Cáncer, medidas que se suman a lo que ya se ha hecho en nuestro país a través del GES y de la gran cruzada que llevó a cabo el periodista Ricarte Soto .

Vengo de la Región de Arica y Parinacota. Lo menciono, porque debo hablar desde la realidad de la región a la que pertenece el distrito que represento. Quiero aprovechar de señalar que en nuestra región caló muy fuerte el caso de Marisela Santibáñez y de la enfermedad de su hija, el cual nos golpeó fuertemente, a 2.000 kilómetros de distancia, a pesar de que en esa época no la conocía personalmente.

Hago mención de lo anterior porque existen centros de atención del cáncer en la mayoría de las regiones, pero no en la nuestra, debido a lo cual los enfermos de cáncer de nuestra región tienen que recorrer 700 kilómetros en bus para recibir tratamiento en Antofagasta, donde se encuentra el centro de atención oncológica para el norte del país. De lo contrario, deben viajar 3.300 kilómetros en avión hasta Santiago , hacer escalas hasta llegar a Antofagasta. Soy testigo de ello cada vez que viajo desde mi ciudad y veo lo que viven personas que esperan volver a su ciudad.

Asimismo, he visto a niños de mi región que deben viajar a Santiago para ser atendidos por cáncer. Parte el alma cuando uno los ve y escucha los tratamientos a los que son sometidos, además de todo lo que significa para una persona trasladarse desde una región como la de Arica y Parinacota hacia Santiago , hacia un mundo desconocido, y tener que enfrentar un montón de situaciones con tal de que puedan atender a su hija o hijo. Esa es la realidad que vivimos.

Por lo tanto, llamo a poner atención en que esto tiene que ser más democrático, en que también se tiene que pensar en las regiones, en que Arica y Parinacota es una región donde la mayor causa de muerte tiene relación con el cáncer.

Entonces, requerimos una atención especial, por la distancia que nos separa de todos los centros especializados en muchas áreas, principalmente en relación con el cáncer.

Por tal razón, más allá del gran esfuerzo que hacen los profesionales de la salud, se debe hacer una verdadera inversión para que pueda acercarse esta atención a la gente.

Pero también hay otras desventajas, porque, como dijo el diputado Marcos Ilabaca , se puede prevenir, en tanto tengamos los medios. Saldría mucho más barato si contáramos con una política de prevención al respecto, tal como la tienen en Santiago, en el centro del país.

Nosotros estamos condenados a no tener ese tipo de prevención. Solo nos queda asumir nuestro destino cuando la enfermedad toca nuestras puertas o la de alguno de los integrantes de nuestra familia. Además, debemos tener presente que esta es una enfermedad que no solo afecta a quien la padece, sino a toda la familia, porque deben asumirla entre todos, y es terrible. Son terribles los momentos que se viven al asumir toda esa realidad.

Señor Presidente, anuncio que vamos a aprobar este proyecto, pero pensamos que este es un paso demasiado chiquitito para lo que tenemos que enfrentar y lo que nos ha tocado ver.

La pandemia ha dejado al descubierto las precariedades de nuestro sistema de salud, dado que el 80 por ciento de nuestra población se atiende por Fonasa. En lo que tiene que ver con el cáncer, debe haber una política de Estado que asegure presupuestos permanentes, para no tener que pelear todos los años para que se destinen recursos a estos efectos.

Los recursos deben estar permanentemente asegurados para dos cosas: los procedimientos curativos y la prevención, pero también para la contención a las familias que debe asumir las secuelas de esta enfermedad.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos y treinta segundos, el diputado Iván Flores .

El señor FLORES.-

Señor Presidente, hay pandemias que de tanto en tanto azotan a la humanidad o a grandes territorios, lo cual nos preocupa. Hay guerras o actos violentos que diezman a la población donde ellas ocurren, y eso nos entristece. Pero mucho más grave, complejo e injusto, por los efectos que causa entre la población, sobre todo en poblaciones desiguales, son algunas enfermedades humanas que sistemáticamente van ocupando los primeros lugares entre las cusas de mortalidad y morbilidad en los países cuyos habitantes comienzan a transitar hacia una mayor longevidad y alcanzan mejores niveles de vida y de confort, a diferencia de países del tercer mundo, donde la gente se muere de hambre, por la violencia o por neumonía.

Nuestro país, desde hace varias décadas, viene rebajando indicadores de mortalidad propios de países del tercer mundo, pero crece dramáticamente en causas de muerte en los países más desarrollados, curiosamente, como los accidentes cardiovasculares y los cánceres de distintos tipos. Pareciera ser que hay factores de predisposición o facilitadores de aquello, que no hemos logrado corregir o evitar.

El cáncer hoy es la segunda causa de muerte en Chile, y puede convertirse, en cortísimo plazo, en la primera, y esa es una realidad dolorosa. Es dolorosa por sí misma, pero también por los catastróficos efectos que tiene en el ánimo, en la relación, en la economía y en el patrimonio de la familia que sufre esta enfermedad, porque este es un problema familiar.

Las cifras son resbalosas, pero se calcula que en Chile alrededor de 50.000 o 55.000 personas mueren al año como consecuencia de algún cáncer, o sea, más de seis personas cada hora, lo que considero muy dramático. Pero lo contradictorio es que una significativa proporción de los que mueren por esta enfermedad pudieron haber evitado tan trágico desenlace, porque podrían haberlo prevenido, con conductas más saludables, evitando el tabaquismo, con una mejor nutrición, en fin, evitando los factores de riesgo.

Asimismo, también pudimos haberlo evitado si hubiésemos tenido un sistema capaz de diagnosticar y tratar oportunamente la enfermedad, cuestión que hoy solo pueden hacer las personas más informadas o, especialmente, las que tienen más dinero.

Eso refleja una dramática inequidad y desigualdad en el acceso a la información, a la prevención y al tratamiento entre nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Por eso, me alegra mucho que, después de varios años de hablar de este asunto, por fin el gobierno haya entendido que, enfrentando con decisión este grave problema, podemos disminuir estas dramáticas cifras.

No voy a hablar del proyecto que crea una comisión nacional del cáncer, el plan nacional del cáncer o que crea el fondo nacional o el registro nacional del cáncer; voy a reconocer a una camarada parlamentaria, autora e impulsora persistente de este proyecto, y es un orgullo que una miembro de nuestra bancada, la senadora Carolina Goic , haya iniciado y perseverado en este proyecto que hoy vamos a votar.

Sin duda, será una de las mejores noticias para miles de familias chilenas del hoy y del mañana.

Llamo a los colegas a aprobar la iniciativa, y le pido al gobierno que promulgue y ponga en ejecución lo antes posible sus disposiciones. Miles de familias de Chile lo esperan con urgencia, y se van a sentir felices cuando aprobemos la iniciativa.

Además, felicito a todos los equipos de salud que a lo largo del país tratan este problema, especialmente al de la Región de Los Ríos, de nuestro polo oncológico, que espero nunca saquen de la región.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO (vía telemática).-

Señor Presidente, quiero partir por referirme al proyecto y después hacer una reflexión un poco más personal.

Son muchas las organizaciones que durante años han estado esperando esta ley del cáncer.

¿Por qué era necesario tener una ley del cáncer? Aquí se han dicho varias cosas que son muy importantes. Por de pronto, el cáncer es una de las primeras causas de muerte en el planeta, incluido nuestro país.

Lo lamentable es que a veces se llega tarde. Por ejemplo, en el caso chileno, el cáncer de próstata es uno de los que tiene mayor incidencia en la mortalidad de esta enfermedad, así como el cáncer de mamas, en el caso de las mujeres, en circunstancias de que podríamos haber tenido mejores políticas para mejorar la prevención en aquello.

Por supuesto, se suman un conjunto de otras variables, como las hereditarias, las sociales, factores externos, como el tabaquismo, la obesidad y una serie de otras cosas que tienen que ver con nuestra salud. Por ello, es probable que muchos de quienes estamos en esta sala desarrollemos algún cáncer en algunos años más.

Esta es una de las enfermedades que, lamentablemente, más ha avanzado en el mundo, y es probable, como alguien dijo acá, que dentro de quienes estamos en el Congreso hayamos tenido familiares, hermanos, parientes, abuelos, amigos que hayan fallecido de cáncer.

Lo que hace esta futura ley del cáncer es entregar, tal como se ha dicho, un marco normativo para planificar y hacer política pública, programas para establecer las causas y prevenir el aumento de su incidencia en la mortalidad, porque ello es posible.

Entonces, la lógica debe ser, primero, de cooperación; segundo, disponibilidad de los datos, pero protegidos; tercero, participación de la sociedad civil. A este respecto, destaco especialmente a Piga Fernández , directora de la Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas (Achago); a Francisco Vidangossy , de la Fundación Cáncer-Vida, y, por supuesto, a Claudio Mora , doctor del hospital El Pino, de San Bernardo, profesor universitario, a quien lamentablemente no alcancé a conocer tanto como me hubiese gustado, cuyo nombre llevará esta futura ley.

El proyecto también trata sobre la humanización en el trato del cáncer. En este caso, hay una cuestión relevante sobre la cual se viene conversando desde hace ya un tiempo: los cuidados paliativos para todos los cánceres. Tal como se mencionó en este debate, el cáncer es una enfermedad que padece una persona, pero cuyos efectos no se radican solo en esa persona, sino también en sus familiares.

Entonces, lo que hace este proyecto de ley es dar este marco, que antes estaba disperso en distintas iniciativas, como el plan nacional del cáncer, las agrupaciones oncológicas, la inversión en materia de infraestructura.

Aquellos que han reclamado porque no quieren que los recursos deban debatirse año a año en el marco de la ley de presupuestos deben tener presente que todas las inversiones se ven así. Las del AUGE también se ven así; las inversiones en hospitales también se ven así. Es razonable que sea año a año, a través de la ley de presupuestos, para que no sea simplemente letra muerta.

Si alguno dice que por el hecho de que esto esté en la Constitución entonces significa que necesariamente aquello va a ocurrir después, le digo que no es así; se necesitan las instituciones y las leyes que permitan que sea una realidad.

Eso es lo que estamos haciendo acá. No basta con la mera declaración; luego hay que seguir con la institucionalización y con la implementación, y esta es una manera de implementarlo.

Para finalizar, algunos de los cambios que introdujimos al proyecto en la Comisión de Salud tienen que ver, por ejemplo, con que las guías clínicas sobre el cáncer, en vez de ser revisadas cada cinco años, se revisen cada dos años. ¿Por qué? Porque sabemos que la cantidad de innovación e investigación en materia del cáncer hace que estas guías clínicas deban ser continuamente actualizadas, como, por ejemplo, con los avances logrados en el uso de la inmunoterapia en el último tiempo.

Tal como lo dijo el diputado Ricardo Celis , el otro cambio que se produce es la elección de las entidades representantes en este consejo. Era relevante hacer un cambio, y este fue patrocinado por el Ejecutivo.

Otro cambio dice relación con el fuero laboral. Algunos de nosotros votamos a favor en la comisión, pero estudiándolo más en detalle quiero compartir la siguiente reflexión. El texto aprobado señala: “El trabajador o trabajadora diagnosticada con cáncer gozará de fuero laboral, a contar del respectivo diagnóstico de dicha enfermedad y hasta un año después de la certificación médica de la remisión total.”. El problema es que podría generarse una estigmatización en el mismo trabajador, quien si quisiera cambiarse de trabajo sería muy complejo, porque podrían pasar muchos años hasta que haya remisión total.

Entonces, esa es una parte que necesitamos trabajar mucho mejor y que, con probabilidad, no sea solo para los cánceres sino también para otras enfermedades. Si hoy un trabajador realiza un tratamiento contra el cáncer, ya están las licencias médicas así como también el subsidio de incapacidad laboral. Lo que no queremos es que, una vez terminada esa licencia, alguien se aproveche para sacar a ese trabajador que ya ha sufrido muchísimo por ese cáncer. Muchos de nosotros hemos perdido amigos y familiares a causa de esta enfermedad; en mi caso, perdí a mis abuelos. Hemos sufrido lo que significa el cáncer en carne propia y es muy probable que alguno de nosotros también tenga que padecerlo en el futuro. Por eso, cuando reflexionamos sobre el sentido de la vida y el sentido del dolor, nos preguntamos por qué existe este dolor y esta enfermedad que, al final, termina matándonos. Esto nos hace darnos cuenta de que somos seres humanos y que tenemos nuestros límites y espero que cuando alguno de nosotros o de nuestros familiares sea diagnosticado con cáncer no nos

preguntemos recién qué quisimos hacer con nuestra vida.

Quiero señalar que algunos sí escuchamos lo que dicen otras personas en el Congreso Nacional y, en ese sentido, destaco lo que dijo la diputada Marisela Santibáñez .

Marisela , lo que tú hiciste con tu hija Rafaela, de darle ese amor, ese cariño y recordarla, es algo que te engrandece. A pesar de todas las diferencias políticas que tenemos, lo que has hecho te engrandece como persona y te felicito por decirlo acá.

Al apoyar este proyecto de ley lo hago en nombre de Javiera Suárez, esposa de uno de mis mejores amigos, el doctor Cristián Arriagada . Me comprometí con ella justo antes de que falleciera. También lo hago en homenaje a mis abuelos, quienes se fueron por el cáncer y al profesor Francisco Rosende , decano de mi facultad, a quien quise mucho como profesor. Lo hago por todos aquellos que ya se fueron, lo hago por aquellos que hoy día sufren algún tipo de cáncer y lo hago por quienes a futuro podamos padecer esta enfermedad y porque necesitamos una sociedad más humana, que realmente se preocupe de lo que está viviendo cada persona en Chile y en el mundo.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol ) [vía telemática].-

Señor Presidente, el proyecto de ley del cáncer es un largo e importante anhelo, no solo de la comunidad científica y médica, sino especialmente de los pacientes que han tenido que organizarse en importantes organizaciones oncológicas a nivel nacional para luchar por cada tratamiento, cobertura y prestación.

¡Eso no es justo!

Cuando se diagnostica esta enfermedad, quienes la padecen y sus familias debieran dedicar todo su tiempo a su recuperación, al cuidado de la salud mental, a recuperar sus energías. Lamentablemente, la debilidad de nuestro sistema de salud ha discriminado por años a quienes no tienen los recursos para pagar los altos costos de los tratamientos oncológicos, los que muchas veces no tienen cobertura. El sistema ha obligado a los usuarios del sistema de salud a transformarse en verdaderos activistas por la vida y a pelear, año tras año, la cobertura de sus tratamientos médicos.

Quiero homenajear a esas personas, porque si esto lo estamos discutiendo -ojalá lo despachemos hoy mismo, para que pronto sea ley de la repúblicaes gracias a ellos y a ellas. Es inaceptable y antiético que la vida tenga precio. Todos quienes nos hemos enfrentado cara a cara a esta terrible enfermedad sabemos que, además de sentir el dolor, el miedo y la angustia por sus efectos biológicos, también hemos debido enfrentar el vértigo de las consecuencias económicas del endeudamiento o derechamente la incertidumbre por no saber si vamos a contar con el medicamento que mejore la calidad de vida del paciente o provoque su mejoría.

Este proyecto es fundamental y debe ser promulgado a la brevedad. Con esto no quiero decir que todo quede resuelto, porque eso sería mentir. Sin embargo, el paso que estamos dando al crear un marco normativo para planificar, desarrollar y ejecutar políticas públicas, programas y acciones destinadas a establecer las causas y prevenir la incidencia del cáncer es de un tremendo valor.

Es importante establecer algo que aprobamos en la Comisión de Salud y con lo cual cumplimos el compromiso que hicimos con los pacientes, esto es, incorporar en el Código del Trabajo un artículo 199 ter que consagre un fuero laboral para el trabajador a partir del respectivo diagnóstico de cáncer y hasta un año después de la certificación médica de remisión total. Es importante precisamente por lo que decía el diputado Bellolio : ya es suficiente con el sufrimiento de padecer la enfermedad como para agregarle además las consecuencias de un despido laboral. Es real que muchas personas, producto de presentar licencias médicas de manera consecutiva, son despedidas de su trabajo, por lo que este fuero laboral no es una prohibición de despido, sino más bien una protección de los trabajadores y de las trabajadoras que sufren cáncer contra los despidos arbitrarios. Es decir, el juez no puede autorizar el despido si se contempla una causal específica; lo que se hace es invertir la acción judicial en beneficio de las trabajadoras y de los trabajadores, haciendo que el empleador, cuando va a desvincular a un trabajador protegido por fuero, deba recurrir al tribunal para pedir la autorización, en vez de que sea el trabajador quien recurra después de ser despedido. Creo que esto es un acto de justicia, que pidieron las organizaciones.

Por eso, les pido a los diputados de la UDI, quienes han cuestionado esta medida, que lo piensen desde el punto de vista humano. Esto no implica más gasto para el Ejecutivo, porque estos recursos ya están contemplados por el Estado a propósito de la cobertura…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señorita diputada. Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, muchos proyectos de ley han comenzado de esta forma: por la conceptualización, por lo que se quiere realizar y, posteriormente, se han transformado en políticas públicas y en planes nacionales de mucha fuerza y potencia en el país. Sin duda, esta será una de aquellas leyes y planes nacionales que va a permitir mirar con otra perspectiva una enfermedad tan brutal, tan presente en todo el mundo y, particularmente, en nuestro país.

Cuando a una familia se le dice que uno de sus integrantes tiene cáncer, se le derrumba el mundo, se le derrumban las expectativas familiares, económicas, sentimentales. Que una persona tenga cáncer supone, al interior de esa familia, una complicación y un dolor profundo para cada uno de sus integrantes.

Aprovecho la ocasión para enviar un saludo a dos personas, porque conozco su sufrimiento, pero también su valentía y cómo superaron esta enfermedad: Jacqueline y Adriana , dos mujeres que dieron una tremenda lucha, y que le ganaron al cáncer.

En el articulado hablamos de los centros integrales, pero también de la humanización del trato, porque cuando una familia tiene cáncer -porque no es la persona, sino toda la familia la que sufre la enfermedad-, es necesario mejorar el trato y entregar las condiciones adecuadas a la persona que sufre cáncer, para que pueda dar la lucha contra esa enfermedad.

A mi juicio, como país hemos recorrido un camino muy importante y, a través de esta planificación, se va a poder tener una estructuración a nivel nacional y con otra visión.

Me interesa recalcar el artículo 1, que establece cómo se van a desarrollar políticas públicas para establecer las causales de esta enfermedad. Considero muy importante la prevención de esta enfermedad, la que, sin duda, pasa por tratar de determinar cómo la comunidad científica puede ayudar a establecer las posibles causales y las formas de prevención. Sin duda, es un pilar fundamental que no habíamos visto y por eso esperamos tener los recursos, porque en la medida en que tengamos prevención también podremos tener una solución futura a esta enfermedad.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por un minuto, la diputada Loreto Carvajal .

La señora CARVAJAL (doña M.a Loreto).-

Señor Presidente, valoro que por fin tengamos financiamiento para este proyecto, que establece la ley nacional del cáncer, que permitirá dar no solo un respaldo técnico, sino tranquilidad a muchas familias.

En Ñuble hay más de 1.700 personas diagnosticadas con cáncer y no existe un registro. En estos escasos segundos, quiero rendir un sentido homenaje a Elicia Muñoz Chávez ,

quien fue presidenta de la Agrupación Oncológica de Ñuble y murió el año pasado a consecuencia del cáncer. Ella luchó fuertemente para que tuviésemos un centro oncológico y un oncólogo en la región. Hoy, a propósito del financiamiento que hay para el hospital, podremos tenerlos.

Mi sentido homenaje a la agrupación Abrazar la vida por un día más, que representa a tantos y a tantas que esperan un tratamiento justo y financiamiento para la futura ley nacional del cáncer.

Anuncio mi voto a favor y valoro este gran proyecto, en nombre de Elicia Muñoz Chávez .

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, agradezco a mi bancada por haberme dado la posibilidad de intervenir por tres minutos.

Con mucha emoción apoyo este proyecto, que establece la ley nacional del cáncer, que por primera vez tendremos en nuestro país. Destaco a su gran y primera impulsora, la senadora Carolina Goic , quien desde la Cámara de Diputados promovió este proyecto una vez terminado su tratamiento contra el cáncer.

Saludo a todas las agrupaciones de padres y madres de niños que padecen cáncer, de todo el país, especialmente a la Agrupación de Padres de Niños Oncológicos de la Región de Coquimbo, que estuvo de aniversario hace muy poco, y a Elena Bolados y Óscar Bolados . Vamos a luchar por ese centro oncológico que requiere la Región de Coquimbo.

Este proyecto establece una política pública permanente de diagnóstico, de prevención y de tratamiento contra el cáncer. El valor de la ley nacional del cáncer es que va a trascender a los gobiernos de turno.

Es cierto, un presupuesto de 60 millones no es suficiente, no es lo que todos quisiéramos; pero qué importante es contar con ese presupuesto en medio de una pandemia. Por eso es tan relevante aprobar este proyecto.

Todos quienes hemos tenido algún familiar con cáncer sabemos de la necesidad de contar con un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Hay muchos temas relacionados con el cáncer que no están cubiertos por el AUGE: traslados, inyecciones para fortalecer las defensas, entre otros. Por eso, todos quienes hemos tenido el privilegio de que a nuestros familiares se les diera un diagnóstico y tratamiento oportunos, queremos que ese derecho se replique en todos los niños y pacientes oncológicos de Chile.

También quiero agradecer a Marisela Santibáñez por entregarnos su testimonio. Sé que para ella no es fácil hacerlo. A través de su testimonio podemos constatar que a partir del dolor podemos construir esperanza y políticas públicas que favorezcan a la gente.

Por eso es tan importante que sin peros y sin matices aprobemos este proyecto que dará origen a esta histórica ley nacional del cáncer.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve .

El señor MONSALVE.-

Señor Presidente, el proyecto que establece la ley nacional del cáncer, que se discute y se vota hoy, es de enorme relevancia sanitaria, pero también humana.

Los chilenos ya están acostumbrados a hablar de pandemia. Cerca de 9.000 chilenos y chilenas han fallecido a consecuencia de la Covid-19. Sin embargo, la pandemia más severa que enfrentan la humanidad y nuestro país es justamente la del cáncer. Cada año se diagnostican 53.000 nuevos casos de personas portadoras de algún tipo de cáncer.

En nuestro país, el 60 por ciento de las personas diagnosticadas con algún tipo de cáncer están condenadas a muerte; van a morir antes de cinco años, porque el pronóstico de sobrevida en Chile es de solo 40 por ciento. Es decir, solo el 40 por ciento de las personas diagnosticadas siguen vivas tras cinco años de evolución de la enfermedad.

Los chilenos sabemos cómo se controla una pandemia. Todos los días hay atención. Somos capaces de disminuir la cantidad de casos nuevos de Covid-19 y somos capaces de disminuir la cantidad de personas que mueren por Covid-19, pero en el caso del cáncer no lo estamos haciendo bien. Todos los años hay más casos positivos de cáncer, hay más diagnósticos de cáncer, y todos los años mueren más chilenos por cáncer. Veintiocho mil chilenos y chilenas mueren por cáncer cada año.

Contar con esta ley en proyecto significa avanzar en darle institucionalidad a la sociedad chilena para luchar contra el cáncer; obliga a tener un Plan Nacional del Cáncer y una Comisión Nacional del Cáncer para asesorar al ministerio; obliga a contar con un Registro Nacional del Cáncer, con un Fondo Nacional del Cáncer y con recursos para fortalecer la red oncológica.

Quiero hacer un llamado a los parlamentarios: cuando se discuta la ley de presupuestos hay que poner la mirada en el fondo de esta enfermedad. Si queremos salvarles la vida a los chilenos diagnosticados de cáncer hay que hacer un diagnóstico precoz, y eso implica cerrar las brechas en materia de recursos humanos para el diagnóstico y la prevención del cáncer.

Cabe preguntarse qué oportunidad tiene un paciente que vive en Curanilahue, en Tirúa, en Mulchén, en Nacimiento, de hacerse una endoscopía de manera oportuna, de hacerse una mamografía de manera oportuna, de realizarse un examen de antígeno prostático o de hacerse una ecotomografía para prevenir el cáncer de vesícula. ¿Cuál es la real oportunidad que tenemos en Chile para que ello ocurra? Hay una profunda desigualdad en el territorio nacional. De hecho, en la Región del Biobío la principal causa de muerte es algún tipo de cáncer.

Por lo anterior, votaré a favor el proyecto, entendiendo que la cantidad de recursos destinados es insuficiente si queremos modificar de manera significativa la mortalidad por cáncer.

Convoco a este Parlamento a que en la discusión de la ley de presupuestos pongamos más recursos de los que se destinan al Fondo Nacional de Cáncer.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Javier Macaya .

El señor MACAYA (vía telemática).-

Señor Presidente, qué duda cabe del drama que significa padecer de una enfermedad que todos los años afecta a 50.000 personas, una enfermedad que se ha transformado en la segunda causa de muerte en Chile. Es un drama gigantesco, que no solo tiene que ver con la posibilidad alta y cierta de morir. Solo el 40 por ciento de las personas que padecen esta enfermedad salen adelante. A eso hay que sumar el drama humano, familiar y económico, que muchas veces deja a las familias absolutamente imposibilitadas de absorber los costos que la enfermedad conlleva.

En el Senado este proyecto de ley tuvo un impulso muy importante. Como nobleza obliga, quiero reconocer el aporte que hizo la senadora Carolina Goic , quien luego de vivir en carne propia la experiencia de padecer cáncer, tuvo la capacidad de entender que la oportunidad que tuvieron personas como ella para tratarse no la tienen todos los chilenos. Esa es la lógica que también motivó a Claudio Mora. En algún momento se pensó en que la ley llevara su nombre.

Claudio Mora fue un colchagüino de nacimiento, igual que yo. Estudiamos en el mismo colegio; conocí su motivación de vida y conversamos poco antes de que él falleciera, en una reunión en el palacio de La Moneda, donde justamente estábamos impulsando que se agilizara la tramitación del proyecto de ley del cáncer. En esa oportunidad, Claudio Mora me transmitió lo que también dijo en todas las entrevistas y las redes sociales: que otros pacientes no tenían las mismas oportunidades que él había tenido para cubrir tratamientos de alto costo.

Por eso es importante que tengamos un marco normativo que nos ayude, y también la capacidad de tener avances en materia cualitativa y cuantitativa que vayan más allá de la “ley Ricarte Soto”, que incorpora algunos tipos de cáncer, y la ley de AUGE, que también tiene entre las patologías cánceres de alta prevalencia.

Además, quiero destacar la importancia del principio de colaboración que subyace a esta ley en proyecto, porque tiene mucho que ver con cómo se ha generado el avance, la ciencia, la medicina y las fundaciones, como Arturo López Pérez , y el mundo privado. La colaboración de la sociedad civil queda consagrada en el principio del proyecto y en varias de sus disposiciones, dando aplicación concreta a lo que defendemos, cual es la integración público-privada y el principio de subsidiaridad. Creo que esa es una valoración que también se puede hacer respecto de lo que se establece como Red Oncológica Nacional, ya que se establecen centros de atención que van a ser especializados en el tratamiento del cáncer.

Creo que el financiamiento -ya lo han dichose puede quedar corto. Esa es una pelea que se va a tener que hacer todos los años respecto de este tema. Es complejo establecer fondos en la misma ley, porque el avance de la ciencia o lo que vaya a ocurrir con los marcos presupuestarios de la “ley Ricarte Soto ” y de la ley del AUGE, que van variando año a año, son situaciones que se modifican. Por lo mismo, tenemos que poner el foco en la discusión de la autoridad año tras año en la ley de presupuestos, para ver cómo estamos cubriendo las necesidades de los pacientes con cáncer.

Por eso, también destaco que hayamos tenido la capacidad de acotar las guías clínicas, porque el proyecto originalmente venía con guías clínicas de cinco años. El avance de la medicina y de la ciencia, y los nuevos tratamientos hacen necesario que los tiempos sean más acotados y que también tengamos la capacidad de exigir que la actualización de protocolos y guías clínicas en materia de cáncer sean en plazos más breves.

Cabe señalar que aquí hay un reconocimiento al drama y al sufrimiento que han vivido millones de chilenos. Creo que todos quienes estamos en el Congreso conocemos a alguna persona que ha sufrido esta enfermedad. Personalmente, personas muy cercanas en mi vida han fallecido por esta enfermedad, que no discrimina condición o clase social. Por eso, el cáncer es la segunda causa de muerte hoy en Chile.

Para responder a la diputada Karol Cariola respecto del fuero, quiero hacer mención a que, junto con los parlamentarios de la UDI, hemos conversado respecto de la incorporación que se hace al artículo 22 del proyecto, que modifica el Código del Trabajo. Con el diputado Jaime Bellolio -también lo conversamos con el diputado Sergio Gahonavemos como algo muy favorable que exista un marco de protección para los trabajadores que padecen cáncer. El problema -fue la razón por la cual también le transmitimos al Ejecutivo que necesitábamos una posición respecto de este temaes que la protección de los trabajadores versus la estigmatización de los mismos y la flexibilidad de cambiarse de trabajo es algo que no solo puede llevar a un problema a aquellas personas que padecen de esta enfermedad en el mundo laboral, sino también puede llevar a una situación que hemos conversado con distintas agrupaciones que están detrás, impulsando este proyecto de ley, cual es que se ralentice el proyecto.

En materia de fuero laboral, la situación en el derecho comparado tiene que ver fundamentalmente con lo que hoy existe en la legislación laboral chilena: mujeres embarazadas y trabajadores sujetos al fuero sindical, dirigentes sindicales. Aquí estamos incorporando una nueva categoría solamente para enfermos de cáncer. La gran interrogante que surge es por qué cáncer y no otras enfermedades catastróficas, puesto que la licencia médica establece un marco de protección para que los trabajadores no puedan ser despedidos mientras tengan dicha licencia. Esa es una discusión válida. Creemos que le debimos haber dedicado, quizás, un poquito más de tiempo para haberla complementado.

Esta discusión ahora continuará en el Senado, donde la iniciativa cumplirá su tercer trámite constitucional con las modificaciones que le ha introducido la Cámara de Diputados. Creemos que hoy estamos respondiendo a miles de Claudio Mora, a miles de personas que han sufrido el drama del cáncer en su vida y el impacto que produce esta enfermedad en sus familias.

Por un principio de humanidad, obviamente tenemos que aprobar este proyecto de ley y sacarlo adelante en homenaje a todas las víctimas que han fallecido de esta enfermedad.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG (vía telemática).-

Señor Presidente, hoy damos un paso trascendental en la lucha contra el cáncer, enfermedad que es la segunda causa de muerte en nuestro país y que muy pronto se va a convertir en la primera causa de muerte.

Si se hubiese diagnosticado oportunamente esta enfermedad, uno de cada tres chilenos no habría fallecido a consecuencia de cáncer. Por eso, hoy reconocemos el gran aporte de la senadora Carolina Goic , quien, junto con la sociedad civil, levantó este proyecto en 2013.

Todos los parlamentarios hemos rendido homenaje a aquellas personas que fallecieron víctimas de esta enfermedad; yo quiero recordar especialmente a Yasna Godoy y a sus padres.

Yasna Godoy era una joven de dieciocho años que en la Región de Ñuble levantó la bandera por un oncólogo para Ñuble, es decir, por tener una unidad oncológica en el hospital Herminda Martín .

Ella ya no está, pero nos ha dejado un legado hermoso de lucha. Hoy quiero recordarla especialmente por lo que significa la lucha por tener una descentralización, un plan nacional del cáncer y por que las personas de Pemuco, de San Ignacio, del Carmen y de comunas muy alejadas puedan también tener una oportunidad de tratar esta enfermedad dentro de su propia comuna o región, de manera de llegar con un diagnóstico oportuno.

Evidentemente este es un primer paso. Los recursos que se destinan no son suficientes, pero sí son un primer paso para iniciar un plan nacional del cáncer y tener un desarrollo en investigación y en tecnología, y una descentralización en esta materia.

En relación con el fuero laboral, es importante tener un fuero desde el momento del diagnóstico, de manera que las personas tengan una garantía.

Por último, expreso mis felicitaciones para todos quienes han hecho posible este proyecto de ley, porque creo que el Congreso hoy está honrando su compromiso.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena) [vía telemática].-

Señor Presidente, hoy es un día muy esperado para las personas que han luchado por este proyecto; para los miles de personas que, como se ha mencionado, están sufriendo o han sufrido algún tipo de cáncer y

-por qué no decirlopara todas aquellas personas que probablemente también vamos a ser pacientes de cáncer en el futuro y que nos va a tocar otra realidad.

Según la Organización Mundial de la Salud -así lo indica el proyecto-, el cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. ¡Qué duda cabe!

Como todos han mencionado aquí, todos conocemos a personas que sufren esta enfermedad. Yo quiero recordar a Roberto, mi cuñado, que murió hace seis meses, y a algunos amigos que murieron hace menos de un año por esta enfermedad, como por ejemplo Jorge , que murió hace dos meses. Hay que ser claros y decir que ellos tuvieron grandes diferencias en sus tratamientos por las condiciones económicas, pero al final todos murieron, unos antes y otros después. Algunos podrían haber estado más tiempo, porque su cáncer no fue detectado o porque -digámoslo superclaroentrar en el sistema público es muy costoso; es un desastre, y eso a mí nadie me lo discute, porque lo he vivido en carne propia

Como se ha dicho en muchas intervenciones, el cáncer afecta no solo al paciente, pues conlleva también una carga emocional y psicológica para toda la familia. Aparecen como fantasmas las preocupaciones, por un lado, por la posibilidad de perder al ser querido, y, por otro, por el tema económico. Entonces, se genera una tremenda incertidumbre respecto de lo que va a pasar cuando aparece el diagnóstico del cáncer.

En este minuto me alegra que el Estado esté tomando en serio este tema, y agradezco a la senadora Carolina Goic . Creo que esta es una de las cosas más importantes que hemos hecho. Cuando las cosas se toman en serio, no son solo palabras, sino hechos concretos que, a la larga, implican acciones humanas y también acciones en materia de presupuesto. Se ha hablado mucho del presupuesto. Ojalá sea más y eso no se discuta, pero efectivamente esto tiene presupuesto.

Este es un proyecto ambicioso, que abarca todo -a mí me parece que es bastante completo-, y ojalá sea promulgado lo antes posible. ¿Por qué digo que abarca todo? Porque parte por la prevención; se da importancia y se toma en cuenta la investigación, la formación, los registros; se crea una red de centros asistenciales a lo largo de todo el país, lo cual es muy importante para aquellas personas que se deben trasladar normalmente a la capital. Todos sabemos lo que eso conlleva en términos de separación de la familia y de lo costoso que es.

Se crea también un Fondo Nacional del Cáncer, que recibirá plata del Estado, de privados, del extranjero, etcétera.

Pero quiero destacar la humanidad que hay en este proyecto, porque no todo es económico y porque, primero, involucra de forma directa a la familia o a alguna persona que el paciente decida. En el fondo, no deja solo al paciente.

Es tan humanista este proyecto que se preocupa hasta del diseño de los lugares. No es lo mismo recibir un tratamiento en un lugar feo, frío, mal pintado, cochino, que en un lugar bonito, donde uno se sienta acogido. Eso también es parte de la humanidad, dado que no se trata simplemente de habilitar un lugar para realizar una quimioterapia. Es realmente aterrador llegar a una pieza espantosa. Se los digo, porque lo acabo de vivir con Jorge, que murió hace poco.

Sin embargo, quiero ser sincera y admitir que nosotros votamos favorablemente en la Comisión de Salud una indicación, bien intencionada, relacionada con el fuero laboral, que ya tocaron los diputados Jaime Bellolio , Javier Macaya y José Miguel Castro . Pero cuando la pensamos un poco más, nos dimos cuenta de que podía provocar daño, independientemente de que es muy bueno que una persona con cáncer tenga fuero. En concreto, el problema es que el fuero puede ser hasta un año después de la certificación médica de la remisión total, es decir, cuando se da el alta final que todos los enfermos de cáncer esperan. Pero cuando hablamos de cáncer, sabemos que el período de observación posterior al tratamiento es bien variable, aunque, en todo caso, todos sabemos que por lo menos es de cinco años.

Entonces, ¿cuándo eres considerado sano? ¿Después de esos cinco años? ¿Después de tener un tratamiento de otros cinco años? Por eso quiero ser muy sincera y decir que esto terminaría perjudicando a la persona que, como dijeron, se quiere cambiar de trabajo. El proceso del cáncer es muy largo y durante el tratamiento los doctores pueden dar todo tipo de licencias que se necesiten. Además, existen los instrumentos legales -todos lo sabemossi una persona considera que la han despedido injustificadamente.

Seamos realistas: las mujeres, sobre todo las jóvenes, hemos sido y seguimos siendo discriminadas por tener útero al minuto de postular a un trabajo. Imagínense lo difícil que será para una persona de más de 50 o cercana a los 60 años que se quiere cambiar de trabajo, aunque no tenga cáncer. Pero es más probable contratar a una persona de 20 o 30 años que a una que tenga cáncer. Vamos a provocar discriminación, porque el empleador va a preferir a una persona joven que a una de 50 años. Todos sabemos lo difícil que es cambiarse de pega a los 50 o 55 años. Imagínense si además les imponemos esta carga, porque estadísticamente esa persona tiene más posibilidades de tener cáncer que un joven, y se lo tendrá que acompañar hasta cinco años después de la supuesta primera alta.

Me parece que tenemos que ser superrealistas. No posterguemos más este tremendo proyecto con indicaciones que pueden ser muy loables en su espíritu, pero muy contradictorias en la práctica.

Para finalizar mis palabras, quiero aclarar a la diputada Karol Cariola , cuya indicación tenía un sentido muy profundo cuando la presentó, que yo, bajo ninguna circunstancia, me siento inhumana.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, hoy estamos en un día histórico para miles de pacientes que han luchado por muchos años para tener acceso a un tratamiento que no es parte de la “ley Ricarte Soto” ni está dentro de las prestaciones habituales del AUGE ni tampoco del Fonasa, pero que engrosaban listas de espera -sí, se trata de pacientes que, lamentablemente, quedaban fuera de las prestacionesy cuyo tratamiento era más lento. Por eso la ley del cáncer es tan necesaria, porque hay muchas patologías de cáncer que no están contempladas en el plan AUGE ni dentro de la “ley Ricarte Soto ”, ni su tratamiento ni los exámenes ni el desplazamiento de las familias, muchas de las cuales tienen que desplazarse desde su región para hacerse las terapias en Santiago o en otras regiones que tienen centros oncológicos. Esa es una realidad que tampoco estaba cubierta dentro de las prestaciones del Fonasa.

Por eso este proyecto de ley tiene una importancia que va más allá de los recursos que posibilita, pues también despliega un paraguas a todos los pacientes de cáncer: de los cánceres que no conocemos, de los cánceres raros, por así decirlo, de los poco frecuentes; de los cánceres que necesitan terapias que hoy no están dentro de los protocolos y de los que necesitan exámenes que recién se han implementado en las redes de salud. Estos son algunos de los beneficios del proyecto; de ahí que sea tan importante que tenga rango legal, para que abra espacios a la inversión privada mediante donaciones y así mejorar nuestra red de cáncer del país. Qué duda cabe -lo hemos aprendido ahora con la pandemiade que la colaboración público-privada en temas de alta mortalidad es necesaria. No la dependencia, pero sí la colaboración -hay que dejarlo claro-, que se ha dado en forma virtuosa, y doy fe de ello, pues la conocí cuando me tocó estar a cargo de la red de salud desde Temuco a Magallanes. Muchos de los adelantos que instalamos en aquella red oncológica se generaron con ayuda de los gobiernos regionales y de algunas empresas privadas, que financiaron distintos artefactos, equipamientos y pasantías dentro de nuestra macrozona extremo sur.

Ese es un ejemplo de cómo se puede avanzar y es lo que recoge el proyecto de ley que establece la ley nacional del cáncer, que estamos estudiando y que debiéramos aprobar hoy.

También es muy importante la colaboración con las universidades. Las especializaciones de los médicos oncólogos tienen mucho que ver con una ley que les dé un paraguas para desarrollarse.

Así que, con toda energía, con toda positividad y con la experiencia de haber trabajado tantos años en las redes de salud, espero que hoy aprobemos este proyecto de ley.

Además, espero que los pacientes estén en primer lugar, aquellos que durante tantos años han tenido dificultades por no estar en el AUGE ni en la “Ley Ricarte Soto ”. Espero que ellos sean el foco, y en lo que nos queda de pandemia, donde vendrá todo un problema para dar cuenta de las cirugías que se han pospuesto, porque no podemos dejar a un lado a muchos pacientes que están esperando y necesitan nuestro apoyo, como red sanitaria pública y privada, tal como hemos funcionado en el contexto de la pandemia, con una mirada más holística del sistema de salud, porque, finalmente, lo que todos esperamos es que nuestro país tenga un sistema único de salud, y este proyecto de ley es un paso en esa dirección.

Por lo tanto, espero que todos lo aprobemos y, ojalá, con las indicaciones que favorecen a nuestros pacientes.

Solo me resta decir que, desde mi experiencia, este es un muy buen proyecto de ley.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que suspende, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe motivado por la pandemia de Covid-19, la facultad de las isapres para modificar el precio base de los planes de salud en términos más onerosos para sus afiliados (boletines Nos 13502-11, 13503-11 y 13504-11).

De conformidad con los acuerdos adoptados hoy por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a cada bancada que tenga dos o más Comités, tres minutos base para el resto de las bancadas, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor Miguel Crispi .

Antecedentes:

Mociones:

-Boletín N° 13502-11, sesión 22ª de la presente legislatura, en miércoles 13 de mayo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 6

-Boletín N° 13503-11, sesión 22ª de la presente legislatura, en miércoles 13 de mayo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 7

-Boletín N° 13504-11, sesión 22ª de la presente legislatura, en miércoles 13 de mayo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 8

-Informe de la Comisión de Salud, sesión 44ª de la presente legislatura, en martes 21 de julioe 2020. Documentos de la Cuenta N° 26.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor CRISPI (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Salud, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sobre tres proyectos referidos a la posibilidad de suspender el alza de los planes de las isapres durante el periodo de pandemia. Dichos proyectos fueron presentados por los siguientes diputados y diputadas:

El primero, que suspende durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, motivado por la pandemia de Covid-19, la facultad de las isapres de modificar el precio base de los planes de salud en términos más onerosos para sus afiliados (boletín N° 13502-11), fue presentado por los diputados Florcita Alarcón , Boris Barrera , Andrés Celis , Renato Garín , Tomás Hirsch , Ximena Ossandón , Patricio Rosas y Raúl Soto .

El segundo, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, para suspender durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, motivado por la pandemia de Covid-19, la facultad de las isapres de poner término, modificar o aumentar unilateralmente el precio de los planes de salud de sus afiliados (boletín N° 13503-11), fue presentado por los diputados Gabriel Boric , Diego Ibáñez , Gonzalo Winter y Gael Yeomans .

El tercero, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, para prohibir a las isapres modificar los contratos de salud o aumentar su precio, en perjuicio de sus afiliados, durante una epidemia o pandemia, o alerta sanitaria declarada por la autoridad (boletín N° 13504-11), fue presentado por quien habla.

Se hace presente que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 A de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Sala de la Corporación autorizó refundir los tres proyectos, a propuesta de la comisión, con fecha 19 de mayo de 2020.

La idea matriz o fundamental de este proyecto, iniciado en tres mociones refundidadas, es prohibir a las isapres subir los precios de los planes, modificarlos o poner término unilateralmente a los contratos de salud que mantienen con sus afiliados durante los períodos de epidemia o pandemia.

Meses atrás, todos supimos por las noticias que las isapres señalaron que, eventualmente, iban a subir los precios, lo que produjo una reacción de distintos parlamentarios y parlamentarias para impedir aquello.

Fundamentos de los proyectos de ley contenidos en las tres mociones

En términos generales, los tres proyectos, cuya fusión se acordó, exponen en sus fundamentos que atendidas las condiciones de extrema necesidad, tanto en el ámbito de la salubridad como en los ámbitos económico y financiero, que atraviesa el país producto de la pandemia, existe la necesidad imperiosa de establecer ciertas normas extraordinarias y especiales que permitan a la población solventar los gastos necesarios para su supervivencia y para costear sus necesidades básicas, dentro de los que se encuentra el acceso a las prestaciones de salud.

En ese entendido, teniendo presente que las isapres por ley están facultadas para adecuar sus planes de salud en forma periódica, se hace necesario dictar una ley que permita suspender la aplicación de dichas normas legales durante el tiempo que dure el estado de alerta sanitaria por epidemia o pandemia.

Dos de las mociones refundidas proponen que esta suspensión tenga lugar con ocasión de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe que comenzó a regir el pasado 18 de marzo. Una de ellas propone modificar la legislación vigente en la materia, que tiene carácter permanente, en el sentido de que cada vez que se decrete un estado de alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia, las isapres se vean impedidas de aumentar los precios de sus planes.

Se señala que resulta imperioso mantener las condiciones económicas y de salud pública necesarias para permitir el mayor grado de protección a todos los habitantes, siendo una de ellas la disminución del impacto económico que supone para los afiliados al sistema de salud privado, a través de las isapres, soportar el alza anual de los precios de sus respectivos planes de salud.

El espíritu de estasmociones se funda en el temor de que las personas no reciban una atención oportuna y continua de las prestaciones de salud, pues bajo la amenaza de la Covid19 la negación de una prestación o su excesivo costo puede generar un daño irreparable que comprometa la vida de las personas y la dignidad de sus familias.

En consecuencia, frente a una pandemia no es aceptable, bajo pretexto alguno, la terminación unilateral de los contratos de salud por parte de las instituciones de salud previsional, de las isapres, así como tampoco es aceptable el alza excesiva de los precios de los planes de salud asociados a enfermedades preexistentes o a edad avanzada, siendo esto último especialmente discriminatorio y lesivo con grupos de riesgo a causa de una enfermedad respiratoria emergente como es la Covid-19.

En ese sentido, de manera excepcional, se debe suspender y prohibir temporalmente la aplicación de las causales de término del contrato de prestaciones de salud de un usuario en los términos previstos por la ley vigente.

Asimismo, se debe garantizar el acceso al sistema de salud privado a los usuarios que pertenecen a este, con el objeto de no asumir el riesgo de que una parte de la población sufra los efectos de la pandemia por Covid-19, tanto por la propagación del virus como por la saturación del sistema de salud público.

La estructura del proyecto es muy sencilla. El proyecto aprobado por la comisión consta de un artículo único permanente y de un artículo único transitorio.

Mediante el artículo permanente se propone la incorporación de dos artículos nuevos, los números 197 bis y 197 ter, que se agregarán al decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.

Durante la discusión del proyecto se recibieron distintas opiniones desde el punto de vista constitucional y sobre los efectos económicos y sanitarios que produciría esta política, tanto en la industria de las isapres como en el beneficio de las personas que se atienden en dicha red de atención de salud.

Se recibió al superintendente de Salud, señor Patricio Fernández Pérez ; a la directora ejecutiva de la fundación Politopedia , señora Victoria Beaumont ; al gerente general de la Asociación de Isapres de Chile, señor Gonzalo Simón Bustos , y al doctor en Economía de la Salud, señor Ricardo Bitrán , de Bitrán y Asociados.

En primer lugar se discutió la admisibilidad y constitucionalidad de mociones de estas características, debate en el que se produjo un intercambio en relación con si las materias de estos proyectos de ley son de aquellas que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Para resolver dicha discrepancia y para disponer de mayores antecedentes para su decisión, la comisión acordó recibir la opinión de cuatro expertos: del señor Enrique Navarro Beltrán , de la señora Liliana Galdámez Zelada , del señor Carlos Carmona Santander y del Secretario General de la Cámara de Diputados, señor Miguel Landeros Perkic .

Finalmente, a solicitud de los diputados de la comisión, se procedió a votar la admisibilidad del proyecto de ley en estudio y, en aplicación del artículo 15 de la Constitución Política de la República, se declaró por la mayoría absoluta de los diputados presentes que las mociones objeto de este informe son admisibles.

Votación general

La comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en las mociones refundidas y tras recibir las explicaciones de los representantes del Ministerio de Salud y de los especialistas en el tema, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la mayoría absoluta de los presentes, por 9 votos a favor y 2 abstenciones. Votaron a favor los siguientes diputados y diputadas: Karol Cariola , Juan Luis Castro , Andrés Celis , Ricardo Celis , Miguel Crispi , Sergio Gahona , Diego Ibáñez , Ximena Ossandón y Víctor Torres . Se abstuvieron los diputados Jaime Bellolio y Javier Macaya .

En la discusión particular, en este primer trámite reglamentario se presentaron cinco indicaciones, cuatro de las cuales fueron aprobadas y una fue rechazada, que dieron lugar al texto del proyecto que se encuentra al final del informe respectivo.

Por las razones expuestas y por las que se detallan en el informe, insto a los diputados a dar su aprobación a este proyecto.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena) [vía telemática].-

Señor Presidente, hoy nos volvemos a encontrar frente a un proyecto que se pone en los pies de las personas y que intenta solucionar una de las tantas aflicciones que viven hoy los chilenos y las chilenas.

A modo de resumen, este proyecto impide a las isapres aumentar los precios de los planes de prestaciones de salud, poner término a los contratos o disminuir las prestaciones que deben entregar durante una alerta sanitaria decretada por pandemia o epidemia, y hasta 180 días después de que termine dicha alerta.

Durante la tramitación de la iniciativa se presentó una indicación con la finalidad de impedir a las isapres aumentar el valor de la prima GES por el mismo período.

Asimismo, de ser aprobado, este proyecto tendrá efecto retroactivo, es decir, se aplicará a los hechos anteriores a la promulgación de la ley. Así, si a una persona le subieron el precio de su plan, si fue desvinculada o si se puso término con su contrato, la norma de este proyecto se aplicará con efecto retroactivo, desde el 18 de marzo del presente año en adelante, y las isapres deberán restituir los recursos, en el caso de que se trate de pagos en dinero, o dejar sin efecto los posibles términos de contrato. Esto se aplicará tanto a los contratos individuales como a los contratos colectivos. En caso de que las isapres actúen con infracción a lo dispuesto en esta norma, se les aplicará una sanción por un monto de hasta 1.000 UF.

Me parece que es un proyecto bastante completo y muy atingente a lo que se está viviendo. A las personas que critican esta iniciativa les pregunto si habría sido mucho pedir que esto hubiese surgido naturalmente de las isapres, es decir, el no subir el precio de los planes y no poner fin a contratos de prestaciones de salud dada la situación terrible que estamos viviendo en esta pandemia.

Yo hubiera esperado que esto surgiera espontáneamente de parte de las isapres, porque así se actúa cuando tenemos humanidad y pensamos en los otros. Las empresas, las isapres y el mercado también pueden pensar en las personas.

Por eso, los parlamentarios que patrocinamos la fusión de estos tres proyectos actuamos de esta forma, porque no podemos permitir que personas que durante años han cotizado y que por circunstancias que son temporales, porque perdieron su empleo o fracasaron en su emprendimiento o por cualquiera otra razón, queden a un costado del camino por no poder pagar para continuar con su plan de salud.

Quiero ser muy franca en señalar que este proyecto es una fusión de otras tres iniciativas que pasaron todos los filtros establecidos para su tramitación. Eso lo quiero dejar superclaro.

Sé que algunos van a decir, porque insistían en ello en la comisión, que esto es inconstitucional. Al respecto, recordemos que las instancias que revisan la admisibilidad de un proyecto son, primero, el Presidente de la Cámara de Diputados, con la colaboración de la Secretaría, y luego, el presidente de la comisión técnica que corresponda. En este caso, en ambas instancias el proyecto fue declarado admisible.

Para nosotros fue una sorpresa cuando en la comisión se empezó a hablar de la inadmisibilidad. Realmente siento que si alguna persona quisiera cuestionar esa decisión, el camino que se debe seguir, de una vez por todas, es ir al Tribunal Constitucional.

Lo que se vota hoy no es la constitucionalidad del proyecto, sino su mérito, es decir, definir si es bueno o malo y si soluciona o no un problema social. Considero que es muy complicado confundir ambas cosas.

Aquellas personas que insisten en que el proyecto es inconstitucional tienen todo el derecho de acudir al Tribunal Constitucional para definir esto, y los insto a que lo hagan; pero hago presente que son muchas las personas que se han tenido que pasar de las isapres a Fonasa. ¿Por qué lo han hecho? ¿Es porque quieren? No, lo han hecho porque no tienen cómo pagar.

Me parece que estas instituciones de salud deben estar contigo en las buenas y en las malas. Esto es solo por un período de tiempo. No estamos diciendo que no paguen y que no terminen los contratos después.

En este minuto de pandemia, lo mínimo que uno le puede pedir a una institución de salud es que te apoye en el minuto en que tienes angustia y una familia que sacar adelante, y el tema de salud, sobre todo con el coronavirus, no es menor.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Juan Luis Castro .

El señor CASTRO (don Juan Luis) [vía telemática].-

Señor Presidente, la verdad es que estamos en la discusión de un proyecto de ley importante, surgido de una moción parlamentaria a la que se le han puesto todas las trabas que algunos han querido respecto de su admisibilidad o constitucionalidad, pero todas fueron debidamente respondidas y salvaguardadas.

Esto es como hablar del equivalente de las AFP, pero en el mundo de la previsión en salud, justamente con los mismos años de vida, casi cuarenta años, con parches sucesivos incorporados a través de leyes que han intentado cambiar el sistema. Nunca se ha reunido el quorum suficiente como para una transformación profunda, de manera de convertir el sistema, de verdad, en un sistema de seguridad social y no en un sistema de cotización individual obligatorio, que, lamentablemente, ha llevado a abusos sistemáticos en contra de los actuales tres millones de afiliados y de otros tantos que ya lo abandonaron.

Hay personas que han jubilado estando afiliadas a una isapre, a las que luego de un tiempo, no obstante haber sido excelentes cliente mientras fueron jóvenes, porque pagaban una buena cotización, tenían pocas cargas y no sufrieron muchas enfermedades, por lo que tenían acceso a los mejores planes, les han empezado a aplicar la letra chica de los contratos al momento de renovar el contrato, viendo que ahora, por ejemplo, padecen cáncer, tienen muchas cargas o una condición económica que no les permite pagar los sobreprecios que se empiezan a aplicar año a año.

Esta es la industria del abuso de la salud; seamos sinceros. Tanto como las AFP, ellas necesitan una cirugía mayor, que esperamos muy pronto se pueda aplicar en nuestro país, para que así tengamos un sistema de salud con seguridad social y no un sistema de salud abusivo como este, de cotización individual, donde cinco o seis isapres han hecho lo que han querido en cuanto a la cantidad de ganancias sobrenormales que han acumulado, las que, sistemáticamente, se han negado a someterse a reglas de seguridad social en su desempeño.

Ese es el escenario en el que llegamos a conversar este proyecto de ley, que es superconcreto y específico. Lo que buscamos, simplemente, es resguardar que, en este tiempo de pandemia, aquellas personas sometidas al término unilateral de su contrato o a un aumento del precio de sus planes, por la vía del precio base o por la vía de la prima GES, puedan eximirse de estar sometidas a esa condición abusiva en un momento de alta necesidad, para que no sean expulsadas de una isapre por no ser “lucrativas o gananciosas” para ellas como resultado de la enfermedad de la Covid-19 o de los factores asociados.

Durante estos meses ellos no han querido mostrar las cifras, pero es evidente que las nóminas de prestaciones en las isapres han caído casi a cero, porque la gente no ha ido a consultas médicas distintas de las propias de la Covid-19; o sea, van solo en caso de una condición de emergencia.

Por lo tanto, las isapres prácticamente se han ahorrado miles de prestaciones, mientras siguen captando el 7 por ciento obligatorio de los sueldos de las personas que están afiliadas a ellas, pero no han tenido que desembolsar mayormente en licencias médicas, ya que muchas están absorbidas por la ley de accidentes del trabajo, en el caso de los Covid-19, ni en prestaciones de salud o exámenes, porque desde que estalló la pandemia ha habido una detención en las atenciones programadas.

Entonces, todos estos meses ha sido de pura ganancia. Ellos colocan un escenario catastrófico para el futuro; dicen: “Mire, los miles de personas que no han ido al médico ahora van a ir en avalancha una vez que pase la pandemia y nos vamos a desfinanciar”. Hay toda una especulación en cuanto a que están al borde de la quiebra.

Concretamente, aquí estamos buscando algo preciso. Ya en 2010 el Tribunal Constitucional -remarco este puntocalificó el sistema de reajustes de los precios de los planes como abusivo, pues está sometido a una escala de puntuación que preparan las propias isapres. Ese tribunal, en esa época, hace diez años, lo calificó negativamente, pero las isapres se las han ingeniado para hacer escaramuzas y así seguir aplicando criterios de precios al momento de la renovación.

No queremos conservar un sistema abusivo. Por eso,, como este proyecto volverá a la comisión con indicaciones, para su segundo informe, lo vamos a precisar aún más. En la práctica, se trata de que en tiempos de pandemia a nadie se le aplique la desafiliación y a nadie se le aplique el aumento de precio en los planes hasta 180 días después de terminada la epidemia. No lo limitamos al estado de catástrofe, que es una situación distinta, sino a la condición de pandemia.

En cuanto a la judicialización, se sabe que en los tribunales se tramitan alrededor de 150.000 causas cada año para evitar que las isapres reajusten abusivamente al alza los precios de sus planes de salud. La inmensa mayoría, más de 90 por ciento, son ganadas por los afiliados, situación que va a permanecer. Sin embargo, esa judicialización debe terminar por la vía de una nueva ley. Al respecto, existe un proyecto en el Senado, trancado, por lo que debe destrabarse, pero mediante un proyecto mejor que el que ha estado a la vista durante todo este tiempo, que es el mismo que presentó el Presidente Piñera en 2010, que aquí, en la Cámara de Diputados, rechazamos, como deben recordar los más antiguos.

En resumen, aquí tenemos una definición que viene incluso del Tribunal Constitucional. Queremos que a futuro no exista esta normativa abusiva que permite terminar o modificar en forma unilateral el contrato por parte de las isapres. La idea es que los precios de los planes se rijan, por ejemplo, por indicadores del tipo IPC de la salud, regulados y controlados por ley, no por una disposición como la que aplica hoy la Superintendencia de Salud, y que la declaración de salud, que en el fondo es la preexistencia que trae una persona, no sea un obstáculo para poder ingresar al sistema de isapres.

Agrego un botón de muestra: la última isapre que quebró, Masvida , hace tres años, le quedó debiendo más de ochenta mil millones de pesos a los usuarios, que luego, con las leyes de excedentes adicionales se han ido pagando, pero que todavía no están enteramente pagados.

En otras palabras, es un sistema que debe cambiar en su conjunto, con cirugía mayor. Nosotros, con esta enmienda, que mayoritariamente nos pareció razonable, queremos proteger a esos tres millones de chilenos, hombres y mujeres, que hoy, en pandemia, están sufriendo la recepción de cartas en las cuales les dan el “sobre azul”, porque los quieren echar de la isapre, ya que son muy costosos, o calladitos les están subiendo el precio del plan cuando completan su anualidad.

A ellos queremos proteger, y queremos hacerlo, incluso, hasta seis meses después de terminada la pandemia. Las isapres no se pueden aprovechar en un momento en que ellos no gastan, dado que no hay atención médica ni se hacen exámenes en razón de que la gente no ha ido a las consultas médicas, salvo para tratarse por Covid-19.

En un momento como este las isapres quieren ganarlas todas sobre la base del abuso contra la gente, lo que no puede ser tolerado.

Aquí, a mi juicio, está la sinopsis de una gran reforma que debe hacerse rápidamente, al igual que la de las AFP, con cirugía mayor, para transformar las isapres en un modelo de seguridad social pública que reemplace al actual modelo individual de cotización, que solo sirve para los jóvenes, para los que ganan más, para los que tienen pocas cargas y para los que están sanos. Eso es lo que el sistema de salud privado ha sido durante todo este tiempo. Ahora debe adaptarse a una nueva era, aunque le duela.

En la práctica, la ciudadanía no tolera más los abusos en materia de salud, sobre todo a partir del drama que está viviendo nuestro país con esta pandemia.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH (vía telemática).-

Señor Presidente, el 18 de marzo se declaró el estado de catástrofe mediante decreto, el cual facultaba al Presidente de la República a limitar el derecho de propiedad ante la emergencia que se estaba viviendo.

Pero una vez más pasó lo de siempre: el Presidente no hizo la pega y se conformó con el titular de la noticia.

Ejercer esa facultad era clave en el tema de salud, porque durante la pandemia hemos visto una tremenda falta de empatía por parte de los poderosos, en este caso, de los dueños de las isapres. Así, en medio de la emergencia sanitaria, la mayoría de las isapres no tuvo problemas para anunciar alzas en los precios de los planes de salud, lo cual es totalmente insólito.

¿Qué hizo el Presidente en ese momento? ¿Ejerció las facultades legales que le otorgaba el estado de catástrofe? No. Prefirió un acuerdo a puertas cerradas con sus amigos, con los dueños de las isapres. Sin embargo, ese acuerdo no es ley, y depende absolutamente de la buena voluntad de los grupos que controlan la salud privada en Chile. Nuestro deber, como parlamentarios, es resguardar a los miles de familias chilenas afiliadas a las isapres, para que no abusen de ellas, porque viven la amenaza permanente de quedar en una indefensión total en medio de esta pandemia.

La moción de la que soy autor, que luego se fusionó con otras dos mociones para dar origen a este proyecto, busca que las isapres no aumenten los precios base de los planes de salud ni el valor de la prima GES mientras dure el estado de excepción constitucional de catástrofe y hasta 180 días después que esta termine (boletín N° 13502-11).

Quiero agradecer a los diputados que me apoyaron en la presentación de esta iniciativa: Florcita Alarcón , Boris Barrera , Ximena Ossandón , Patricio Rosas , Raúl Soto y Andrés Celis , porque se trata de un proyecto que era necesario para las familias chilenas, que están viviendo una situación muy angustiante.

Llamo a que hoy aprobemos este proyecto de ley, por unanimidad, que apunta a una verdadera necesidad de la gente. No podemos dejar en manos del Presidente de la República y de sus amigos algo que es esencial para las familias chilenas, cual es contar con la tranquilidad y la seguridad de que no le van a subir los precios de los planes de salud.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol ) [vía telemática].-

Señor Presidente, tal como dijeron mis colegas, particularmente el diputado informante de la Comisión de Salud, esta iniciativa, que es el resultado de la fusión de varios proyectos, suspende la facultad de las isapres, de las aseguradoras privadas, para adecuar los planes de salud durante la situación que se indica.

Acá se ha planteado un debate que, incluso, es mucho más profundo, pues dice relación con el rol que han jugado las isapres durante muchos años en el sistema de salud pública de nuestro país. Y digo sistema de salud pública, porque aun cuando las isapres son un seguro de salud privado, el principal mecanismo de financiamiento que ha tenido la salud privada en Chile ha sido a partir de los recursos públicos.

Yo llamo a la salud privada un parásito de la salud pública de nuestro país, porque es una vergüenza el enriquecimiento, el uso de los recursos, la determinación del porcentaje del producto interno bruto del país que va a salud y que hoy subsidia al sistema privado.

Este proyecto tiene como objetivo que las condiciones de extrema necesidad, tanto en el ámbito de la salud, como en el económico y en el financiero, producto de la pandemia relacionada con la Covid-19, sean prioridad y se establezcan ciertas normas extraordinarias, especiales, que permitan que la población sea resguardada y protegida en sus derechos fundamentales y que no exista aun mayor en sus cuentas y, en general, en sus caras económicas.

Las isapres están facultadas por ley para adecuar sus planes de salud en forma periódica -lo sabemos-, y lo hacen valer cada vez que pueden, por lo que se hace necesario dictar una ley que suspenda esta facultad durante el tiempo que dure el estado de alerta sanitaria por epidemia o pandemia, y así lo dijimos en la discusión.

El espíritu que fundamenta los proyectos fusionados está dado por el temor a que las personas no reciban una atención oportuna y continua de las prestaciones de salud, bajo la amenaza de la Covid-19, tengan la negación de una prestación de salud o se les cobre en exceso, privándolas del derecho fundamental a la salud.

Mientras no hagamos un cambio en la Constitución, esta ley macro que hoy no garantiza el derecho a la salud, sino más bien solo su acceso, permanentemente vamos a presentar estas iniciativas, que sirven de parche ante los abusos, tal como lo hicimos con el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales y lo planteamos respecto de un impuesto transitorio a los superricos, para que aporten a solventar los costos de esta crisis.

No puede ser que todo recaiga en el Estado o en los trabajadores y trabajadoras. Aquellos que han tenido, durante muchos años, el privilegio de obtener ganancias ostentosas y lucrativas a costa de derechos fundamentales, hoy tienen la obligación de poner algo de esas ganancias.

En más de alguna oportunidad, he planteado en la Comisión de Salud la necesidad de avanzar en regulaciones mucho más profundas y estructurales del modelo de salud privado, que no es un seguro complementario, sino un seguro de salud propiamente tal, con todas las restricciones que este impone. Además, debemos eliminar ciertos elementos que hoy imponen las isapres, como las preexistencias.

¿Cómo es posible que un seguro de salud no esté dispuesto a cubrir los costos de una enfermedad? Si hoy existe la “libertad” de elegir entre el sistema público y privado, no puede ser que el sistema privado tenga tantos beneficios y tantas facultades por sobre los derechos de los usuarios.

Por lo tanto, es fundamental no solo avanzar en esta iniciativa, que surge de mociones, sino además establecer todos los mecanismos necesarios para generar modificaciones mucho más estructurales. En ese sentido, hemos pedido poner en tabla el proyecto de ley que elimina las discriminaciones y las preexistencias.

Además, presentamos una indicación para establecer que el incumplimiento de esta norma signifique multas concretas para aquellas instituciones que no cumplan con lo que establece este proyecto.

Finalmente, anuncio que vamos a aprobar el proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo) [vía telemática].-

Señor Presidente, celebro que se hayan presentado estas tres mociones parlamentarias que fueron refundidas en un proyecto.

Hubiera esperado que no hubiésemos tenido que discutir nunca este tema, como dijo el diputado Hirsch .

Como bancada del Partido por la Democracia, solicitamos al Ejecutivo que, una vez declarado el estado de excepción constitucional de catástrofe, se establecieran limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, en virtud de lo que dispone el artículo 43 de la Constitución de la República.

Tal como se ha señalado latamente, las isapres pertenecen al sistema privado de salud, tienen utilidades y era obvio que iban a dejar de hacer prestaciones a sus afiliados, tal como ha ocurrido en el sistema público, porque la pandemia ha limitado el número de consultas, de exámenes y de cirugías, y entendíamos que ese solo hecho era suficiente para limitar el ejercicio del derecho de propiedad, en este caso, impidiendo el aumento del valor de los planes de salud, sin que disminuyeran las prestaciones ni la calidad de las mismas, y que además aquellas personas que perdieran el empleo en medio de esta pandemia, no perdiesen el seguro de salud, que en este caso actúa como un seguro privado. Todas estas cuestiones son de Perogrullo. Sin embargo, el Presidente de la República no hizo uso de sus facultades y nos vimos en la necesidad de presentar estas mociones para ir en resguardo de aquellas personas de clase media que están afiliadas a una isapre, quienes han visto cómo, en medio de la pandemia, no se han resguardado sus derechos, a pesar de que todos entendíamos que serían protegidos desde el punto de vista de la salud. Durante esta pandemia las isapres se han hecho las lesas, no han hecho caso y no han resguardado la salud de las personas. Y el Presidente de la República, teniendo las facultades para hacerlo, no limita las utilidades de las isapres por la vía de prohibir la modificación de planes, la limitación de las prestaciones, la calidad de las mismas, etcétera.

Claramente, apoyaremos el proyecto. Sin embargo, esta iniciativa no debió presentarse. Solo está aquí, encima de la mesa, porque era necesario hacerlo. La diputada Ximena Ossandón , el diputado Juan Luis Castro y quienes me han antecedido en el uso de la palabra ya han explicado latamente su contenido, que es muy simple y claro, pues se limita al estado de alerta sanitaria con ocasión de una pandemia o epidemia.

Lamento que al interior de la comisión hayamos discutido la constitucionalidad del proyecto y si se debió presentar o no, ya que allí de nuevo se señaló que la iniciativa era inconstitucional. En más de una ocasión se han discutido en esta Cámara proyectos que tienen que ver con las isapres. Nosotros sostenemos que este no es un seguro social. Además, en nuestra Constitución la condición de seguro social está separada del concepto de salud. Por lo tanto, creemos que la iniciativa era absolutamente abordable y debatible. Así se determinó, se aprobó y por eso la estamos discutiendo hoy.

Repito: no debimos haber discutido este proyecto. La decisión de limitar las utilidades y asegurar las prestaciones debió haberla adoptado el Presidente de la República en el marco del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Crispi .

El señor CRISPI.-

Señor Presidente, este proyecto refleja inequidad y situaciones de abuso que el país necesariamente debe resolver. Las crisis de la Covid-19 y lo sucedido el 18 de octubre obligan a reflexionar sobre el distinto acceso a la salud de chilenos y chilenas. En este caso, los usuarios de isapres están sometidos a los abusos de esa industria, la que, incluso en las condiciones actuales, puede aumentar el precio de los planes de salud. Ese caso es resuelto por el proyecto, pues en él se señala que en un contexto excepcional una isapre no puede aumentar los planes ni las primas.

En segundo lugar -quizás a algunos les han escrito sobre este caso particular por redes sociales-, el proyecto se hace cargo de aquellas personas que estaban afiliadas a las isapres de manera grupal, es decir, tenían ciertos beneficios o prestaciones a través de su empresa. Pues bien, al momento de suspenderse el contrato o ejecutarse el despido el trabajador también perdía el acceso a las prestaciones de salud que entregaban las isapres. El proyecto también resuelve eso.

Nuestra bancada aprobará la inicitiva. Esperamos que la Sala haga lo propio con la mayor votación posible.

No quiero desaprovechar la oportunidad de ir al fondo del asunto. La pregunta es, colegas, si después de esta crisis sanitaria vamos a seguir aceptando que una persona acceda a un tipo de salud en función de sus ingresos. ¿Qué es lo que resolvimos y el gobierno resolvió rápidamente en relación con el tratamiento relacionado con la Covid-19? Lo que resolvió rápidamente es que independientemente de si la persona vive en Las Condes, La Pintana o en regiones, o de si el hospital de su red tiene cupo, esa persona debe tener garantizado el acceso a tratamiento. Si hay una cama disponible en una clínica privada, esa persona se va esa clínica. No discriminamos a las personas frente a una enfermedad.

Todas las personas, chilenos y chilenas, tienen los mismos derechos. Ese es el tipo de reflexión que debemos superar. Aunque el proyecto no resuelve lo relativo a las clínicas, sino lo relacionado con el prestador de salud, o sea, la isapre, de todos modos resolvemos una discriminación, pero acotada. En el futuro, esta Sala deberá enfrentar ese debate.

El ministro de Salud ha señalado que no tenía miedo a revisar el sistema de seguridad en salud, que a mi juicio es inexistente, y también a revisar el rol de las isapres. En tal sentido, las isapres pueden ser un asegurador de segundo piso. Eso es mucho más fácil para que todos y todas entendamos cómo resolvimos el tema del acceso a una cama crítica en función de una situación de enfermedad por contagio de Covid-19. Ahí no hay discriminación.

Hace un momento discutíamos el proyecto que establece la Ley Nacional del Cáncer. ¿Por qué una persona que necesita una atención urgente por cáncer y no tiene plata para pagar la clínica debe morir? ¿Por qué para una enfermedad sí y para otra no si finalmente estamos hablando del derecho al acceso a la salud? Por eso este proyecto es un paso adelante. Es cierto que está acotado a un momento excepcional, pero lo que se encuentra en el fondo es que este problema no debiera existir, porque en Chile no se debiera discriminar a las personas en función de su billetera.

Por un lado, tenemos el desafío de terminar con esta industria del abuso de las isapres y, por otro, resolver la dolorosa discriminación relacionada con el acceso a la salud, la que se encuentra profundamente enquistada en la sociedad chilena.

Repito que aprobaremos el proyecto, pero seguiremos luchando en el futuro para garantizar la salud para todos los chilenos y chilenas.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, la diputada Marcela Hernando .

La señora HERNANDO (doña Marcela) [vía telemática].-

Señor Presidente, sin duda, durante este año la salud ha sido un tema central para las familias del país y de todo el mundo. Se ha puesto a prueba el sistema completo de acceso y se han develado realidades que muchos no conocían.

Asimismo, la fuerte crisis social y económica ha golpeado transversalmente a todas las personas de nuestro país. Es por ello que se necesitan medidas que tomen en consideración el impacto económico en sus diferentes ámbitos, en este caso, el costo de la salud.

Este proyecto aborda un tema no menor que afecta a los afiliados del sistema privado de salud, sistema integrado por alrededor de 3 millones de afiliados, donde no todos tienen hoy, en período de pandemia, un respaldo económico para soportar el alza anual de precios de sus respectivos planes de salud.

Este proyecto pretende frenar el aumento de precios que regularmente están realizando las isapres en relación con los planes de salud.

En el mismo sentido, he presentado una indicación para frenar el alza de las primas GES, porque este es un derecho de las personas que es prioritario proteger. Anualmente, más de

400.000 usuarios utilizan la prima GES, cobertura que da atención a pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores, accidentes graves, enfermedades cardíacas y cerebrales, intervenciones quirúrgicas, depresión, consumo de drogas, salud mental y bucal. Resulta importante visibilizar si este beneficio estatal se utiliza para la atención y cuidados paliativos de los diversos tipos de cáncer.

Hoy más que nunca es necesario que avancemos en seguridad social para tener un país más acorde con los nuevos tiempos, una sociedad solidaria que vele por los derechos de los pacientes y que, al mismo tiempo, cree las condiciones necesarias para el acceso a la salud digna, por la que hoy claman las familias.

Por eso, la bancada del Partido Radical e Independientes va a votar a favor la iniciativa.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO (vía telemática).-

Señor Presidente, he quedado un poco sorprendido con algunas de las declaraciones que he escuchado sobre el proyecto, porque no se ha mencionado que la declaratoria de que en este período excepcional no se aumentarán los precios de los planes de las isapres no es verdad. Eso no es lo que dice el artículo único del proyecto. Pero déjeme partir de un punto anterior.

Quiero rescatar un aspecto sobre el cual probablemente estemos de acuerdo: no es razonable que en un período de excepción constitucional, en un período de catástrofe como el que vivmos hoy, una persona sea sacada de su isapre o le aumenten el precio de su plan, porque, obviamente, no tiene ninguna otra alternativa. Tampoco es razonable que si a alguien le suspenden el empleo, también le suspendan su seguro de salud. De hecho, la ley estipula que eso no se puede hacer. Cosa distinta es lo que ocurre en el caso de una persona que pierde su empleo. Por lo mismo, lo que queremos en una época de pandemia, como la de la Covid-19, es que haya medidas excepcionales.

Le tengo una buena noticia al diputado Tomás Hirsch , quien dijo que esto era solo de buena onda, que era un arreglo que las isapres hacían solamente porque querían. ¡No! Se le olvidó leer el oficio circular N° 29, del 24 de abril, que establece las instrucciones -no buena onda, no si quiere o no quiere, no voluntariedadpara la postergación del cobro del alza del precio del plan de salud, el cual fue firmado el 24 de abril de 2020 por el intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud. Esa es la manera en que está resuelta hasta noviembre la situación que algunos han dicho con respecto a la Covid-19.

Pero vamos a otra parte. Nos han dicho que la regulación es solo para la Covid-19; pero mire lo que dice el artículo que aprobaron -hicimos una indicación que rechazaron-: “Las Instituciones de Salud Previsional estarán impedidas, durante la vigencia de una alerta sanitaria decretada en razón de una epidemia o pandemia y hasta 180 días siguientes a la cesación de ese período, de ejercer las facultades que le confiere el inciso tercero del artículo 197 y el artículo 201, de aumentar el precio de los planes de salud”. Es decir, estarán impedidas de poder cambiar el precio de los planes de salud, que se cambia una vez al año, o el de los planes GES, que se cambia cada tres años.

Por lo tanto, no es excepcional, no es solo para esta pandemia, porque no lo dice ese artículo. Por de pronto, una alerta sanitaria por una pandemia la vemos muy seguido. Hace un par de años se declaró también una alerta sanitaria por un brote más amplio de lo normal del virus sincicial en la Región de Valparaíso. Esta futura ley se activaría en un caso como ese, porque no establece que es solo para este período de excepción constitucional ni en razón de la Covid-19.

También, hace algunos años, hubo un brote de fiebre Q en Osorno, que se replicó en otras regiones, que implicó que algunas personas sufrieran un problema respiratorio y tuvieran que llegar al hospital. En ese caso también se habría activado esta futura ley.

Es decir, todos los años podría haber una alerta sanitaria que haga que se cumpla esta futura ley -180 días sin reajuste-, y, por tanto, en el fondo nos están diciendo, tal como dijo una diputada hace poco tiempo aquí, que la salud privada son unos parásitos y, como dijo otro diputado aquí, que algunos en esta Sala quieren terminar con el sistema.

Entonces, esto no se trata de esta excepcionalidad, no se trata de la Covid-19. ¡No! Si se tratara de la Covid-19, habrían aprobado la indicación que propusimos con el diputado Sergio Gahona y otros, que hemos renovado, que decía que fuera solo para el caso de la Covid-19, es decir, medidas excepcionales para circunstancias excepcionales, pero no fue así.

Otros han dicho: “Nosotros necesitamos terminar con el abuso que hacen las isapres”.

¡Tienen toda la razón! El problema es que el único proyecto que se ha enviado lo rechazaron, y el gobierno pasado no envió ningún proyecto, ¡cero!, no hizo ningún cambio, no estuvo disponible a hacer ningún cambio. En el Senado tienen paralizado el proyecto que realmente puede terminar con las preexistencias, con la discriminación abusiva que se hace hacia las mujeres, que puede hacer planes que sean comparables, que puede hacer un plan universal garantizado. Lo que ocurre es que la oposición obstruccionista no quiere hacerlo, y -reiterotienen el proyecto completamente paralizado. No quieren cambiar las isapres. No lo hicieron en el gobierno pasado e impiden que lo podamos hacer ahora.

Entonces, a punta de decretos se ha tenido que hacer una serie de otras cosas, porque la oposición no quiere avanzar en materia de isapres.

Pero, por si fuera poco, el diputado Miguel Crispi dijo: “Una persona que tiene cáncer y plata tiene uno u otro tratamiento”. Esa es la razón por la cual existen las 85 patologías de las Garantías Explícitas en Salud (GES), donde se agregaron nuevos tipos de cáncer. Ojalá que se puedan cumplir todas. De eso se tratan esas garantías explícitas. No importa la plata, porque la persona va a tener una atención.

Aun más, si no la atienden en un tiempo determinado en ese lugar, por ejemplo, en un hospital público, entonces tiene la garantía de que la van a atender en otro lugar, porque el foco está puesto en el paciente y no el RUT de la institución.

Cuando quisimos hacer un proyecto para mejorar el Fonasa, de manera que las otras condiciones que no son GES también tuvieran un tiempo delimitado de atención, es decir, que las personas también tuviesen garantías de cuánto se iban a demorar en atenderlas, ¿sabe qué pasó en la comisión? Lo rechazaron. Es decir, cuando teníamos que mejorar Fonasa para que actuara como un seguro público mucho más potente, nos dijeron que no; cuando había que cambiar las isapres para que dejaran de cometer abusos, nos dijeron que no, y cuando a ellos les tocaba proponer sus propios proyectos, ¿qué hicieron? Nada.

Entonces, estamos en un zapato chino. Por la sobreideologización de algunos y por pensar mucho más en la propiedad o en el RUT, se olvidan de los pacientes.

Alguien dijo aquí que son parásitos, al mismo tiempo que todo el mundo médico dice que si no hubiese sido por la infraestructura privada que hoy existe en camas críticas, la situación con la Covid-19 habría sido radicalmente distinta. O sea, pegan palos porque sí y palos porque no. Eso es incompatible. Lo digo, porque algunos que critican que se haya abierto un lugar como Espacio Riesco para equipar con camas, después dicen: “No, es que ahora en verdad estaba demasiado lleno”.

Señor Presidente, de una vez por todas, tratemos de sacarnos la venda sobreideologizada en muchas materias, especialmente en salud. Necesitamos terminar con los abusos de las isapres; necesitamos mejorar el seguro de salud de Fonasa para que opere realmente como una red.

Una de las razones por las cuales hemos tenido una menor mortalidad con respecto a la Covid-19 en comparación con otros países es porque ha habido una buena gestión de red y porque los funcionarios de salud han hecho todo para poder lograrlo.

Se puede trabajar en red. El problema es que hay algunos que construyen muros sobreideologizados para impedirlo y nos dicen que con este proyecto no se va a producir el alza solo para el caso de la Covid-19, y no es verdad. Les pido a todos que lean el artículo único permanente. Reitero: no es verdad.

Aun más, se mete el aumento del precio del GES, cuando este se hace cada tres años, no cada tres meses. En ese caso, lo mínimo que hubiese dicho el proyecto es: “Y en el caso de que coincidiera el reajuste de la prima GES con una declaratoria de estado de emergencia producto de una pandemia…”. Pero eso no está; lo propusimos y lo rechazaron.

Entonces, estamos hablando de cosas distintas. Sí hay que cambiar radicalmente las isapres y, como señaló otro diputado, hay que cambiar radicalmente las AFP, ¡por supuesto!

Una última cosa. Se nos descalifica diciendo: “¿Cómo puede ser posible que algunos argumenten que esto es inconstitucional? Si quieren, vayan al Tribunal Constitucional”. Por lo menos, déjennos argumentar. Esta lógica totalitaria de la izquierda no permite que haya opiniones distintas.

Por algo los españoles de izquierda acaban de hacer una declaración, diciendo que la izquierda pretende hacer un totalitarismo en las ideas y funar a aquellos que piensan distinto, que se sumaron a otros intelectuales de izquierda también hace una semana. Por lo menos, déjennos proponer nuestras ideas, déjennos hablar. El foco de la salud tiene que estar puesto en las personas, en el acceso y en que la salud no sea impagable para ellas, y eso no tiene que ver con el RUT de la institución. Eso es lo que no pueden entender algunos sobreideologizados.

Tiene que haber una convivencia entre un sistema privado y un sistema público. Yo soy partidario de que haya un fondo único de salud con multiseguros y multiprestadores; pero como hay algunos que están en una tesis maximalista, no quieren que avance nada que no sea exactamente lo que ellos quieren, y ese es un grado de intolerancia.

Nosotros hemos dicho que este proyecto es inadmisible porque trata materias de seguridad social, porque así lo establece exactamente nuestra Constitución, que dice que es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República modificar normas sobre seguridad social o que incidan en ella. En ese sentido, no hay ninguna duda de que cuando las isapres recogen el 7 por ciento de cotización obligatoria, son también parte del sistema de seguridad social. A algunos puede no gustarle aquello, algunos pueden pensar que eso está mal -está bien-, pero así está jurídicamente construida nuestra institucionalidad. Las isapres son instituciones de seguridad social, y se rigen bajo esas reglas. Por eso existen la superintendencia y otros organismos más.

Ahora bien, ese es un debate que perdimos en la comisión y que también perdimos en la Sala, pero por lo menos déjennos explicar; por lo menos déjennos decir por qué nosotros creemos que es inconstitucional.

En suma, sí creo que estamos en circunstancias especiales en las cuales es completamente abusivo que a una persona le suban su plan mientras estamos en estado de catástrofe, que le corten la cobertura mientras estamos en esta catástrofe, que si se suspende su empleo, le suspendan la cobertura. En todo eso tienen razón. Por eso, insisto en que el oficio circular N° 29, de 24 de abril, suspendió aquello mientras está la pandemia; es decir, eso estaría resuelto.

Los invito a ver el artículo único permanente, que establece que esta regulación no es excepcional, sino que es permanente, porque todos los años hay declaraciones de alertas sanitarias a consecuencia, por ejemplo, de enfermedades que son cíclicas, como es el virus sincicial o la fiebre Q, que ocurrió hace algunos años en Osorno.

Si se quisiera delimitar, sería completamente distinto, pero cuando se quiso delimitar, lo rechazaron.

Entonces, yo invito a que no aprobemos este proyecto mientras esté así, porque no es verdad lo que nos están diciendo. Hay otras cosas que están pasando por el lado y que no nos quieren decir exactamente por qué. Cuando el foco sea realmente la pandemia, cuando el foco sea realmente la excepcionalidad, entonces bienvenida sea una iniciativa de este tipo, pero así como está este proyecto no es lo que no están diciendo.

Yo le pido también a esa izquierda intolerante que, de una vez por todas, deje de pensar que solamente si es del Estado es bueno y que se ponga en el lugar de las personas, no en el lugar de su sobreideologización.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO (vía telemática).-

Señor Presidente, si ser intolerante significa luchar por la vida de los millones de chilenos que no tienen el dinero suficiente, bienvenido sea; si ser intolerante significa terminar con el negocio de las isapres, negocio que se hace a costa de la vida humana de los chilenos y chilenas, bienvenido sea. Es más, significaría también que el ministro de Salud es antisistema o antigobierno, porque ha reconocido públicamente la labor humanitaria y brillante que han realizado los servicios públicos de salud.

Quiero recordar a los diputados, especialmente al que me antecedió en el uso de la palabra, que gracias al servicio público o a la salud pública se han salvado muchas vidas en el país. Quienes conforman la llamada primera línea contra la Covid-19 son los funcionarios […]

-Los puntos suspensivos corresponden a interrupciones en la transmisión telemática.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Intentaremos solucionar los problemas de conexión del diputado Alinco .

Mientras tanto, tiene la palabra el diputado Diego Ibáñez .

El señor IBÁÑEZ (vía telemática).-

Señor Presidente, por su intermedio quiero partir señalando al diputado Bellolio , con el respeto que le tengo, que abra un poquito más las orejas a la hora de hacer un juicio respecto de toda la oposición. Lo digo, porque toda su argumentación se construye a base de una tesis incorrecta: que habría una supuesta izquierda intolerante, una izquierda extremista, una izquierda totalitaria. La verdad es que yo no he visto ninguna intolerancia, extremismo ni totalitarismo en la Comisión de Salud. No sé si se referirá, quizá, a los expositores.

Por eso, sería interesante que cuando se haga ese tipo de juicios no solo se coloque el titular, sino que también se haga una bajada que señale quiénes son esos extremistas totalitarios. Por lo demás, esta Constitución declara inconstitucionales todas las opciones totalitarias y extremistas.

En suma, pido un poco más de mesura a la hora de abrir el debate.

Hoy se necesita construir. Hablar de un polo de extremismo de ultraizquierda para validarse como parte de un eje de consenso, con una racionalidad y moderación para hacer valer los propios argumentos, va en desmedro de los otros. Pero yo quiero decir que hay un extremismo en la moderación, que es sintomático de un conservadurismo ultrafanático a la hora de evaluar las políticas públicas.

Respecto de este proyecto, esperamos que las isapres hagan el mayor esfuerzo en pandemia. Lo cierto es que se anunciaron alzas de 4,5 por ciento en los planes de salud, lo que perjudica a 3 millones de chilenos y chilenas. Eso se postergó por tres meses mediante el acuerdo al que llegó el Presidente de la República con las isapres.

Cuando tramitamos este proyecto, la defensa señalaba que la rentabilidad de las isapres no les permitiría congelar precios, y que, entonces, el alza se justificaba.

Lo cierto es que las isapres, creadas durante la dictadura, al menos en su primera década de existencia recibieron miles de millones de pesos del Estado, a base de subsidios para los que no podían pagar las tasas de esas instituciones.

Luego, en la siguiente década, tuvieron cerca de 40.000 millones de utilidades anuales.

Lo cierto es que hoy, con la prohibición de integración vertical desde el 2005, siguen siendo controladas por el mismo holding. Entonces, aquí hay que analizar el tema de forma sistemática

Finalmente, anuncio que debemos aprobar este proyecto, que prohíbe modificar unilateralmente los contratos. Es una cuestión obvia y ética.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por un minuto y medio, el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN (vía telemática).-

Señor Presidente, este ha sido un bello día: Registro Nacional del Cáncer, impedir el abuso de las isapres. Muy bello día.

Llegó la pandemia, y ellos, con toda sinvergüenzura, anunciaron: “¡Vamos a subir los precios!”.

¡Cómo se les ocurre! ¿Qué les parece esto? Karol Cariola los calificó como parásitos de la salud pública.

La protección del ser humano es muy importante. Estamos hablando de aquella especie única, especie rara del planeta, la única especie que puede crear el espíritu dentro de sí, lo que la convierte en una especie sagrada.

Recién se está sospechando qué es el ser humano.

Pero, contento con todo esto, voy a hacer una breve digresión. Tenemos una buena noticia: la Subtel, mi amada Subtel , hoy nos comunicó que la Contraloría ha aceptado, ha tomado nota y razón del reglamento, que será publicado en el Diario Oficial. ¡Pronto pronto la internet mejorará, y también nuestro trabajo telemático! ¡Al fin la internet será fiscalizada!

¡Amo a la Subtel!

Gracias.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Finalmente, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que suspende transitoriamente la aplicación de las multas a que pueda haber lugar por el no pago oportuno de las patentes a que obliga la ley de alcoholes, cuando la infracción coincida con la prohibición de funcionamiento dispuesto por la autoridad sanitaria, con ocasión de la pandemia de Covid-19 (boletín N° 13650-06).

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, el proyecto se votará en la sesión de hoy con la sola rendición del informe.

Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización es el señor Andrés Longton .

Antecedentes:

-Moción, sesión 43ª de la presente legislatura, en miércoles 15 de julio de 2020.

Documentos de la Cuenta N° 10.

-Certificado de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. Documentos de la Cuenta N° 6 de este boletín de sesiones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor LONGTON (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sobre el proyecto de ley, iniciado en moción, que suspende transitoriamente la aplicación de las multas a que pueda haber lugar por el no pago oportuno de las patentes a que obliga la ley de alcoholes, cuando la infracción coincida con la prohibición de funcionamiento dispuesto por la autoridad sanitaria con ocasión de la pandemia de Covid-19.

Lo que busca el proyecto de ley es que, si a fin de mes los locatarios que tienen patentes de alcoholes no pueden pagar la segunda cuota, no se les cursen multas, no se les revoquen sus patentes ni se cierren sus locales. La Contraloría General de la República ha señalado que lo anterior lo pueden hacer voluntariamente los municipios que lo estimen conveniente, previo a la revisión de los antecedentes y con la apreciación de los alcaldes y municipios. Nosotros lo queremos hacer por ley, para darles tranquilidad a quienes tienen patentes de alcoholes, las que, en definitiva, no van a ser revocadas.

El proyecto se inició en moción de las diputadas señoras Daniella Cicardini , Maya Fernández , Marcela Hernando , Karin Luck y Joanna Pérez , y de los diputados señores Marcelo Díaz , Andrés Longton , Celso Morales , Raúl Saldívar y Alejandro Santana . La diputada Maya Fernández ha liderado este proyecto, por lo que le agradezco que me haya invitado a formar parte de él.

La idea matriz de esta iniciativa es suspender, desde la publicación de esta ley y por el plazo que se especifica, la aplicación de las sanciones que contempla la ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, por el no pago de la patente correspondiente al mes de julio de 2020.

El proyecto es de quorum simple. La comisión aprobó por unanimidad la idea de legislar. Participaron en la votación las diputadas señoras Daniella Cicardini , Marcela Hernando , Karin Luck , Andrea Parra , Catalina Pérez y Joanna Pérez , y los diputados señores Bernardo Berger , Andrés Longton , Andrés Molina , Celso Morales , Raúl Saldívar , Renzo Trisotti y Pedro Velásquez .

Antecedentes y fundamentos de la moción

Como es de público conocimiento, la pandemia del coronavirus ha determinado que la autoridad haya adoptado diversas medidas en beneficio de la ciudadanía. En el plano económico, las primeras de ellas fueron anunciadas en el mes de marzo y apuntaban, en términos generales, a la flexibilización de los requisitos para acceder a los créditos empresariales con garantía estatal.

Sin perjuicio de ello, hay que señalar que existen comercios y emprendedores que enfrentan una situación muy compleja, pues la resolución N° 212, de 27 de marzo de 2020, de la Subsecretaría de Salud Pública, en su numeral 27 establece la siguiente prohibición de funcionamiento:

“Dispóngase el cierre de:

Cines, teatros y lugares análogos; pubs, discotecas, cabarets, clubes nocturnos y lugares análogos; gimnasios abiertos al público.

Asimismo, prohíbase la atención de público en los restaurantes, cafeterías y lugares análogos, los que solo podrán expedir alimentos para llevar.

La aplicación de esta medida será para todo el territorio de la República.

Esta medida comenzará a regir desde las 00:00 horas del 21 de marzo de 2020 y será aplicada por un plazo indefinido, hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su supresión.”.

Por lo tanto, este tipo de establecimientos llevan sin funcionar al menos desde el 21 de marzo de 2020, lo que ha significado una merma económica importante.

Las actividades que ellos desarrollan requieren de una autorización especial, materializada en el pago de la patente respectiva por parte del interesado. Sin embargo, estos locales, que se encuentran absolutamente privados de funcionar, no están haciendo uso del derecho otorgado por la ley, particularmente la ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

Las personas que se dedican a alguno de los rubros de que trata la ley indicada están sujetas a múltiples obligaciones comerciales y tributarias, pero carecen, por otro lado, de ingresos suficientes que les permitan solventarlas, al punto de que muchos de ellos no han tenido otra alternativa que cerrar sus locales.

Otros, en tanto, han optado por acceder a créditos y contraer aun más deudas bancarias, con tal de mantener sus negocios e intentar mantener el empleo de sus trabajadores.

Respecto de los antecedentes jurídicos del proyecto, hay que tener presente que el artículo 3° de la ley N° 19.925 clasifica dentro de determinadas categorías los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, asociando a cada una de ellas el valor de la patente que deben pagar.

Por su parte, el artículo 5° de esa ley estipula lo siguiente:

“Las patentes se concederán en la forma que determina esta ley, sin perjuicio de la aplicación de las normas de la ley de Rentas Municipales y de la ley N° 18.695, en lo que fueren pertinentes.

El valor de las patentes deberá ser pagado por semestres anticipados en los meses de enero y julio de cada año.

Los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas no podrán funcionar sin que hayan pagado previamente la patente que corresponda, ni podrán continuar funcionando sin tenerla al día, salvo que este hecho no fuera imputable al deudor y lo probare documentalmente, circunstancias que corresponderá apreciar al alcalde.

El que contravenga esta disposición sufrirá una multa de diez unidades tributarias mensuales, que se aumentarán a veinte, si persistiere. Si, aplicada la segunda multa, el infractor no pagare la patente que lo habilita para expender bebidas alcohólicas, será sancionado con la clausura definitiva del establecimiento y con la caducidad de la patente.”.

En cuanto a los establecimientos a que hace mención el artículo 3° de la ley en mención, no cabe ningún beneficio o medida de los gobiernos locales para enfrentar la grave crisis que afecta al sector gastronómico, turismo y entretención, agravada -como ya se dijo por el cierre absoluto de sus locales desde el mes de marzo del año en curso.

Más grave aún resulta el efecto de no pagar dichas patentes habilitantes, que es la pérdida del derecho o caducidad, sanción mucho más gravosa que una multa o la aplicación de intereses moratorios. En tal virtud, y con el fin de evitar la afectación de este tipo de emprendimientos, se hace necesario limitar los efectos sancionatorios de la ley.

Hay argumentos, entonces, que sustentan la necesidad de legislar en esta materia, tal como se hizo a través de la ley N° 21.223, que prorrogó el plazo para la renovación de los permisos de circulación correspondientes al año 2020, en un esfuerzo colegislador entre el Ejecutivo y el Parlamento.

Durante la discusión en particular se incorporaron dos artículos al proyecto, en virtud de sendas indicaciones de la diputada señora Catalina Pérez , aprobadas por unanimidad.

El nuevo artículo 2 establece que para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° de la ley en mención -que prescribe que la patente debe ser pagada por semestres anticipados en enero y julio de cada año-, se presumirá de derecho que el incumplimiento en el pago durante el tiempo que dure la prohibición de funcionamiento consagrada en la aludida resolución N° 212, de la Subsecretaría de Salud Pública, no es imputable al deudor.

Por su parte, el artículo 3 señala que en el mismo plazo establecido en el artículo 1 de esta ley no se realizarán los remates y adjudicaciones señalados en el inciso cuarto del artículo 7° de la misma, es decir, cuando las patentes no han sido pagadas en el plazo legal.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley al cual me he referido.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos: