Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje, que establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media en los casos que indica, correspondiente al boletín N° 13653-05.

De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se destinarán siete minutos base para las bancadas que tengas dos o más comités y cinco minutos para el resto de las bancadas, más sesenta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputados informantes de las comisiones de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, y de Hacienda son los señores Jaime Naranjo y Patricio Melero , respectivamente.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado. Documentos de la Cuenta N° 14 de este boletín de sesiones.

-Informe de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación. Documentos de la Cuenta N° 21 de este boletín de sesiones.

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 22 de este boletín de sesiones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación.

El señor NARANJO (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, paso a informar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje, que establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media en los casos que indica.

La idea matriz de este proyecto es el establecimiento de un mecanismo transitorio de financiamiento para la protección de los ingresos de la clase media, que se traduce, por una parte, en un aporte fiscal que se puede solicitar una sola vez, que no es restituible, y cuyo monto se determina según una escala de ingresos, y, por otra, en el otorgamiento de un beneficio que solo debe restituirse si el beneficiario obtiene ingresos en los años siguientes.

La Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación aprobó por unanimidad la idea de legislar porque consideró importante ir al rescate de los sectores medios que no habían sido considerados en el bono covid-19, en el ingreso familiar de emergencia 1 y en el ingreso familiar de emergencia 2.

La iniciativa dispone la forma en que se entregará este aporte fiscal, mediante el establecimiento de una escala para tal efecto. Así, por ejemplo, para las personas que tienen un ingreso promedio mensual entre 400.000 y 1.500.000 pesos el aporte fiscal será de 500.000 pesos. Dicho monto decrecerá a 400.000 pesos cuando dicho promedio sea entre 1.500.000 y

1.600.000 pesos; a 300.000 pesos, cuando sea entre 1.600.000 y 1.700.000 pesos; a 200.000 pesos, cuando sea entre 1.700.000 y 1.800.000 pesos, y a 100.000 pesos cuando sea entre

1.800.000 y 2 millones de pesos.

Por otra parte, el beneficio consiste en un préstamo blando, principalmente para el sector de la clase media, por un monto total de 1.950.000 pesos, el que será otorgado en cuotas de 650.000 pesos, durante tres meses.

En la comisión se recibieron las inquietudes de diversas organizaciones sociales que consideraban que sus integrantes no estaban siendo considerados como beneficiarios de este aporte que el Estado entregará a los sectores de clase media.

Nos referimos, por ejemplo, a los taxistas y a los colectiveros, quienes declaran por renta presunta, por lo cual no podrán acreditar que sus ingresos han disminuido en 30 por ciento. Lo mismo ocurre con los transportistas de escolares y con los feriantes, entre otros. Respecto de los garzones, la gran mayoría de ellos percibe el ingreso mínimo, pero complementan ese ingreso con las propinas. También se habló de los artesanos. Incluso, la gente que tiene renta vitalicia planteó su inquietud en cuanto a que estaba quedando fuera, no obstante que no obtendrá el beneficio de retiro del 10 por ciento de su fondo de pensiones.

En razón de aquello, tuvimos una muy rica discusión en la comisión en relación con qué entendíamos por clase media.

El gobierno, en su legítimo derecho, plantea que el proyecto es solo para la gente que tiene ingresos formales. Está bien que así sea, porque, efectivamente, esa gente había quedado fuera del ingreso familiar de emergencia, tanto en la versión 1.0 como en la 2.0. Pero estos otros trabajadores, los que mencioné, también son formales. ¿Alguien podría decir que los taxistas y los colectiveros no son formales? Ellos están inscritos en un registro del Ministerio de Transportes y pagan sus impuestos. Lo mismo ocurre con los feriantes. Todos son formales en los hechos. Lo que pasa es que los ingresos que reciben a veces son difíciles de declarar.

Todo esto dio pie a una discusión, como dije, pero, lamentablemente, el Ejecutivo, en el caso de la Comisión de Desarrollo Social, no estuvo abierto para modificar los requisitos y ampliar el número de personas que podrían acceder a los beneficios que considera este proyecto de ley.

Varios diputados advertimos al Ejecutivo y al ministro de Hacienda que no queríamos que se produjera la misma situación que ocurrió con el ingreso familiar de emergencia. No olviden que vamos en el ingreso familiar de emergencia 3.0. Por lo mismo, no queremos que el día de mañana tengamos que discutir un proyecto de clase media 2.0 y luego un proyecto de clase media 3.0.

Además, a este sector de la clase media se está llegando tarde, extraordinariamente tarde, cuatro meses después. Es lamentable que el gobierno no se haya allanado a modificar los requisitos, porque eso derivó en que en la votación en particular del proyecto se rechazaran los artículos primero y segundo, y, por efecto dominó, se cayera el resto del articulado.

Por eso, el proyecto que estoy informando a la Sala solo fue aprobado en general, por unanimidad, ya que todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados manifestaron su voluntad de legislar sobre esta materia. No ocurrió lo mismo en la votación en particular, por lo que se cayó todo el articulado, en atención a que no estaban siendo considerados todos los segmentos sociales que pertenecen a la clase media; al contrario, muchos de ellos estaban siendo marginados del beneficio.

Por esta razón, reitero, el proyecto fue aprobado en general por unanimidad, pero rechazado en particular.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor MELERO (vía telemática).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, me corresponde informar, en lo relativo a su incidencia presupuestaria, el proyecto de ley, iniciado en mensaje del Presidente de la República, Sebastián Piñera , que establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media.

Este proyecto, como ya se ha informado, fue visto por la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, en su primer trámite constitucional y reglamentario, la que actuó como comisión técnica.

Dado el rechazo que tuvo en la Comisión de Desarrollo Social, la Comisión de Hacienda votó todos los artículos del proyecto aprobados por la Comisión de Hacienda del Senado, única comisión que lo tramitó y aprobó unánimemente, toda vez que la comisión técnica, la de Desarrollo Social, designada por la Cámara en tal calidad, rechazó los artículos del proyecto, pero sí lo aprobó en general.

La idea fundamental de la iniciativa apunta a establecer un mecanismo transitorio de financiamiento, con aporte fiscal, para la protección de ingresos de la clase media, mediante la entrega de dos beneficios separados y compatibles: un aporte fiscal directo, en forma de transferencia, y un beneficio en dinero vía crédito blando, con tasa de interés real de 0 por ciento y solidario, que vienen a complementar medidas como la postergación del pago de dividendos de créditos hipotecarios, la ampliación del programa de subsidio al arriendo para la clase media, y la ampliación del acceso al crédito con garantía estatal para la educación superior.

Todo ello, en el contexto del marco de entendimiento para el plan de emergencia destinado a dar protección a los ingresos de las familias y apoyar la reactivación económica y la generación de empleo, entendimiento que, como la Cámara sabe, se alcanzó el 14 de junio, entre el gobierno y un sector muy amplio de la oposición en el Senado y que considera

12.000 millones de dólares que permitirán implementar medidas específicas que buscan otorgar liquidez a las empresas y reactivar la economía, protegiendo de esta forma los puestos de trabajo y las fuentes de ingresos de las familias.

El proyecto de ley consta de dos artículos permanentes y tres disposiciones transitorias, mediante lss que se introducen modificaciones a los siguientes cuerpos normativos: a la ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo; a la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del decreto ley Nº 824, de 1974; a la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales; a la ley N° 21.230, que concede un ingreso familiar de emergencia; al Código Tributario; al decreto con fuerza de ley N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías; al decreto con fuerza de ley N° 707, de 1982, del Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques; a la ley N° 21.133, que modifica las normas para la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social, y a la ley N° 21.242, que establece un beneficio para los trabajadores independientes que señala.

El artículo primero de esta iniciativa se compone, a su vez, de trece artículos que establecen un mecanismo transitorio de financiamiento con aporte fiscal para la protección de ingresos de la clase media, cuyos aspectos generales son los siguientes:

Los beneficiarios del proyecto son distintos grupos. El primero es el de los cesantes o trabajadores dependientes con contrato de trabajo suspendido, que reciban prestaciones del seguro de cesantía, aun si recibieron la totalidad de ellas.

El segundo grupo es el de los trabajadores dependientes que hayan sufrido una disminución en sus remuneraciones, incluyendo a trabajadores con pacto de reducción temporal de jornada de trabajo.

También son beneficiarios de esta iniciativa los trabajadores dependientes con contratos previos al año 2001, no sujetos al seguro de cesantía, que se encuentren cesantes, con contrato suspendido o con remuneraciones disminuidas.

Asimismo, se busca beneficiar a las personas naturales organizadas como empresarios individuales para efectos tributarios o, como se conoce en la jerga tributaria, los trabajadores por cuenta propia, que también tienen RUT como empresa.

Por último, se modifica la ley N° 21.242, que establece el beneficio que indica para los trabajadores independientes, para extender el aporte fiscal y demás beneficios contemplados en este proyecto a los trabajadores independientes.

Por consiguiente, un elemento muy importante del proyecto de ley es que está destinado a trabajadores que han visto menguados sus ingresos medios, con el fin de poder darles seguimiento y después generar el pago a través de sistemas telemáticos o electrónicos, dadas las dificultades que hay para salir a la calle como consecuencia de las restricciones que implica la pandemia por covid-19.

Los beneficiarios, en total, son 1.605.163 chilenos que se desagregan en: suspendidos, 418.406; cesantes, 165.582; empresas o empresarios individuales, 98.641; ocupados -se refiere a ocupados que han visto caídos sus ingresos-, 698.512; independientes, 224.022. Eso da un total potencial de beneficiarios de 1.605.163.

Los requisitos generales para acceder son los siguientes:

-Tener un promedio de ingresos mensuales del año 2019 igual o superior a 400.000 pesos, porque se entiende que quienes están bajo ese rango están protegidos por el IFE 1.0 o 2.0.

-Disminución igual o superior a 30 por ciento en los ingresos mensuales en el mes previo a aquel en que se solicita el beneficio, respecto de los ingresos mensuales promedio del año 2019.

Por lo tanto, este es un proyecto de ley que tiene como condición, por razones de focalización, que vaya al grupo que ha tenido una caída en el ingreso que alcance el 30 por ciento.

Ingreso mensual e ingreso promedio mensual

Trabajadores dependientes:

-Ingreso mensual: ingresos del trabajo dependiente, seguro de cesantía, complemento u otras prestaciones con cargo al fondo de cesantía, percibidos en el mes previo a aquel en que se realiza la solicitud.

-Ingreso promedio mensual: promedio mensual de ingresos del trabajo dependiente durante el año 2019, excluyendo los meses en que no percibió ingresos.

Empresarios individuales (por “cuenta propia”):

-Ingreso mensual: base para determinar los PPM declarados en el mes previo a aquel en que se realiza la solicitud.

-Ingreso promedio mensual: promedio mensual de la base para determinar los PPM durante los doce meses anteriores al 1 de octubre de 2019 (esto es, los declarados al SII en el periodo de un año antes de noviembre de 2019).

Aporte fiscal

Aporte en dinero de cargo del fisco.

Puede solicitarse, por una única vez, durante el primer mes de vigencia de la ley.

El monto del aporte será de hasta 500.000 pesos para los trabajadores con ingreso promedio mensual del 2019 de entre 400.000 y 1.500.000 de pesos. El monto del aporte disminuye progresivamente hasta el tramo de ingresos promedio mensual de 2.000.000. Hasta 1.500.000 serán 500.000 pesos; entre 1.500.000 y 1.600.000 serán 400.000 pesos, entre 1.600.000 y

1.700.000 serán 300.000 pesos; entre 1.700.000 y 1.800.000 serán 200.000 pesos, y entre

1.800.00 y 2.000.000 este bono será de 100.000 pesos. Compatible con el IFE y el beneficio de préstamo solidario.

Beneficio de préstamo solidario

Puede solicitarse en cada mes en que exista una disminución de, a lo menos, un 30 por ciento en los ingresos, hasta por tres meses, continuos o discontinuos, dentro de los cinco meses siguientes a contar del 8 de agosto de 2020.

En aquellos casos en que el beneficiario no acceda o no solicite el aporte fiscal, podrá solicitar el beneficio de préstamo solidario por un mes adicional (hasta cuatro meses).

El monto del beneficio corresponde a un 70 por ciento de la caída en los ingresos del mes, y el monto máximo del beneficio del préstamo solidario mensual es de 650.000 pesos.

El beneficio se devuelve en cuatro cuotas anuales, sin multas ni intereses, junto con la declaración renta. Se contempla un año de gracia: el 2021. Por su parte, la primera cuota (abril de 2022) será del 10 por ciento, y las tres cuotas restantes (abril de 2023, abril de 2024 y abril de 2025) serán de 30 por ciento del beneficio.

El pago será contingente al ingreso, esto es, solo se pagará si se obtienen ingresos. De no haber ingresos, no se paga, se condona. En aquellos casos en que no se obtengan ingresos, la cuota no excederá del 5 por ciento de los ingresos anuales. El saldo no pagado al término de la cuarta cuota se condonará.

Se contempla una retención adicional de impuestos de 3 por ciento, a contar de 2021, para abonar a las cuotas anuales. Si una persona mejora su condición económica, puede prepagar ese crédito.

Solicitud de aporte y beneficio

Se solicitará de forma ciento por ciento online, es decir, por vía electrónica, ante el SII, y el pago se realizará por la Tesorería General de la República en el plazo de diez días hábiles desde la solicitud. No habrá mediación ni intermediación alguna de instituciones bancarias.

El artículo segundo, mediante dos numerales, introduce modificaciones a la ley N° 21.242, que Establece un Beneficio para los Trabajadores Independientes que Indica, cuyos aspectos generales son los siguientes:

a) Se amplía el plazo en que se puede solicitar el beneficio, de tres a cuatro meses.

b) Se amplían las cuotas anuales de pago, de tres a cuatro cuotas, debiendo pagar en el año 2022 un 10 por ciento, y un 30 por ciento en las tres cuotas anuales siguientes.

c) Se establece que la devolución del beneficio será contingente a los ingresos. Así, solo se devolverá si en los años siguientes el independiente obtiene ingresos, y en ese caso, con un tope máximo de un 5 por ciento de las rentas obtenidas en el año anterior.

d) Se extiende el plazo para la aplicación de un aumento de la obligación de retención respecto de honorarios hasta septiembre de 2021.

e) Se hace aplicable el aporte fiscal, por una sola vez, el que no deberá reembolsarse al fisco. Su monto se determinará según una escala de ingresos. Dicha escala de ingresos se aplicará según el promedio de ingresos mensuales percibidos en forma previa a abril de 2019. Así, por ejemplo, el aporte fiscal ascenderá a 500.000 pesos para personas cuyo promedio de ingresos mensuales sea entre 500.000 y 1.500.000 de pesos. Además, se compatibiliza este aporte fiscal con beneficios mensuales obtenidos antes de la vigencia de esta ley.

f) Se realizan otros ajustes en relacióncon la aplicación de la ley y determinación del beneficio.

Ajustes ley de independientes (ley N°21.242)

Se amplía de tres a cuatro el número de meses en que puede solicitarse el beneficio de préstamo solidario

Se amplía de tres a cuatro el número de cuotas anuales para devolver el beneficio de préstamo solidario, debiendo pagar el 2022 un 10 por ciento, y un 30 por ciento en las tres cuotas anuales siguientes.

Se incorpora el mecanismo de pago contingente al ingreso.

Se extiende el plazo para el aumento del porcentaje de retención en la boleta de honorarios, hasta septiembre de 2021, y se establece la retención en 3 por ciento.

Otra modificación de ajuste a la ley N° 21.242 es aquella en que se hace aplicable el aporte fiscal de acuerdo a una escala de ingresos similar a la que se aplica a trabajadores dependientes y empresarios individuales. Dicha escala se aplicará según el promedio de ingresos mensuales percibidos en forma previa a abril de 2019, tal como lo contempla la ley N° 21.242.

El aporte fiscal se puede pedir una sola vez por cada persona, independientemente de la calidad bajo la cual se solicita.

Incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado

El informe financiero N° 124, de 22 de julio de 2020, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, sustituye al hecho presente al ingreso del proyecto y tiene su origen en indicaciones del Ejecutivo presentadas en el Senado durante la discusión en primer trámite constitucional, con el siguiente contenido:

a. Se reduce a 400.000 pesos el promedio mensual de rentas percibidas en 2019 requerido para acceder al beneficio.

b. Se adecúa el primer tramo de la escala de aporte fiscal para incorporar a los trabajadores con ese promedio de rentas.

c. Se precisa la referencia al promedio mensual de rentas en el proyecto de ley.

Efecto de las indicaciones sobre el presupuesto fiscal

a. La reducción del promedio mensual de rentas requeridas implicará que 142.853 trabajadores adicionales accederán a los beneficios contenidos en el proyecto de ley.

b. El otorgamiento del aporte fiscal para estos trabajadores irrogará un mayor gasto fiscal de 71.427 millones de pesos.

c. Adicionalmente, en un escenario en que parte del beneficio condonado alcanzare un 25 por ciento, el gasto fiscal adicional ascendería a 80.900 millones de pesos.

Tanto las transferencias requeridas para otorgar el beneficio como el aporte fiscal serán financiadas con la venta de activos disponibles en el Tesoro Público. Ambos componentes del presente proyecto de ley serán imputados a la partida 50 del Tesoro Público.

Es cuanto puedo informar, honorable Cámara.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

En discusión el proyecto de ley.

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señora Presidenta, el proyecto en discusión tiene por finalidad cubrir una necesidad que la pandemia ha dejado en evidencia: entregar ayuda social a la clase media, segmento social difícil de definir, pero que en general se calcula que cubre cerca de la mitad de los chilenos.

Esta ayuda social se canalizará a través de un aporte fiscal directo de 500.000 pesos y la posibilidad de un préstamo estatal solidario para los próximos meses. En total se entregarán

2.000 millones de dólares, beneficiando a cerca de un 1.600.000 personas. De esta manera se expande el universo de personas beneficiarias de algún tipo de ayuda social por parte del Estado en razón de la fuerte disminución de sus ingresos por efectos de la pandemia por covid-19.

En resumen, por una parte este plan permite la entrega de un bono de 500.000 pesos a todos los trabajadores de clase media que antes de esta pandemia percibían ingresos formales entre 400.000 pesos y 1.500.000 pesos mensuales y hayan sufrido caídas significativas en sus niveles de ingresos.

Este aporte será entregado a los trabajadores ocupados, desocupados, suspendidos, cesantes y trabajadores por cuenta propia, o empresarios individuales que hayan sufrido una caída en sus ingresos en más de un 30 por ciento debido a la pandemia.

Asimismo, este bono ayudará también, con montos decrecientes, a aquellos trabajadores con ingresos entre 1.500.000 y 2 millones de pesos mensuales que hayan tenido caídas en sus ingresos.

Con este grupo de medidas estamos yendo en ayuda de personas que hasta hace unos meses tenían ingresos de manera normal y que les permitían vivir, pero que hoy no perciben nada y literalmente han tenido que comerse sus ahorros, cerrar sus negocios o emprendimientos, pedir créditos a bancos, etcétera.

Estamos hablando de personas que en otras condiciones no hubiesen necesitado una ayuda estatal de esta magnitud, sean pequeñas o medianas empresas, almaceneros, dentistas y kinesiólogos que cerraron sus consultas particulares; profesores, personas que realizan trabajos a domicilio, entre muchos otros casos.

Señora Presidenta, lamento que ayer en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación no hayamos logrado acuerdo para avanzar en este ingreso de emergencia para la clase media. Estamos conscientes de que este beneficio debe comprender el mayor universo de personas posible, y haremos los esfuerzos para que ello ocurra.

Posiblemente, seguiremos perfeccionando estas medidas en el futuro, conforme el desconfinamiento vaya avanzando en otras regiones del país y veamos con mayor nitidez los efectos económicos de la pandemia.

Personalmente, y espero que con el apoyo de los restantes diputados y diputadas de la Comisión de Desarrollo Social, propondré al Ejecutivo, tal como lo mencioné ayer en la Comisión, que se establezca un mecanismo especial y expedito de evaluación y ayuda para aquellas personas que perciban ingresos de manera informal y que no pueden acreditarlo mediante boletas de honorarios, contrato de trabajo, etcétera, como ocurre con garzones y otros trabajadores que perciben propinas; colectiveros y otros conductores del transporte público, y, en general, cualquier otro trabajador cuya principal fuente de ingreso sea informal desde el punto de vista tributario. Ellos también necesitan con prontitud ayuda del Estado. Desde el Congreso no podemos hacerlos esperar más.

Espero que hoy, con el sentido de urgencia que ha caracterizado a los últimos proyectos de ley que hemos aprobado, sancionemos positivamente esta iniciativa, a fin de que las ayudas lleguen lo más prontamente posible a quienes hoy dependen de este aporte fiscal.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ (vía telemática).-

Señora Presidenta, ayer empezamos a discutir este proyecto de ley y su debate continuó hoy. La iniciativa significa claramente un apoyo para la clase media.

Quiero ser claro y categórico en lo siguiente: este proyecto es fundamental para que podamos ayudar a la clase media en forma rápida, simple y expedita. Lo que se aprobó hoy en la mañana en la Comisión de Hacienda es exactamente el mismo texto que se aprobó por unanimidad en el Senado. Todas las fuerzas políticas del Senado aprobaron ese texto y ahora la Comisión de Hacienda de la Cámara lo aprobó con votos favorables y abstenciones. Esto es importante: no hubo ningún voto en contra.

¿Cómo vamos a atrasar un proyecto que beneficiará a más de 1.600.000 personas? ¿Cómo vamos a postergar una iniciativa que supone un aporte en dinero de cargo del fisco? Es un subsidio directo, se solicita ciento por ciento online, es compatible con el ingreso familiar de emergencia y, además, se paga en un plazo de 10 días desde el instante en que la solicitud es recibida por el Servicio de Impuestos Internos y el proyecto sea ley de la república.

Ese plazo que menciono es fundamental, y quiero ser muy claro en ello: si esta honorable Cámara aprueba el mismo texto despachado por el Senado y la Comisión de Hacienda de la Cámara, la ley podría publicarse en los próximos días en el Diario Oficial y en diez días se haría efectivo el beneficio.

Necesitamos ayudar a la clase media ahora, con instrumentos simples, fáciles de entender. Por eso, en la comisión mantuvimos el diseño sencillo, que, además de otorgar un aporte, permite un préstamo solidario de parte del Estado.

Lo interesante de esto es que el Estado entregará una ayuda directamente a la vena de las personas de clase media que hoy lo necesitan, con un préstamo solidario que se pagará en cuatro cuotas anuales, sin multas ni intereses. Su devolución se hará en la declaración anual de impuesto a la renta, pero tiene un año de gracia, y lo que no se alcance a pagar en cuatro años se condonará de la deuda restante. Esta es una ayuda del Estado para la clase media pujante de este país, para la clase media trabajadora, que es un ejemplo y estandarte del esfuerzo.

Quiero clarificar lo siguiente. Ayer y hoy planteamos en la Comisión de Hacienda el aumento de la cobertura. Ese era un mandato de mi bancada de toda la vida, de la Democracia Cristiana. Sin embargo, al escuchar a un gran líder de los trabajadores de taxis colectivos, quedamos claros que en este proyecto no tiene beneficios la gente del transporte escolar y del transporte en general. Pero logramos un acuerdo en la Comisión de Hacienda, cual es que este lunes habrá una reunión, dirigida por el ministro de Hacienda y la ministra de Transportes, con todos los gremios que no han tenido beneficios, para buscar una salida y ver de qué forma elaboramos un proyecto que los beneficie a todos.

Por eso voté a favor todos los artículos, porque si se hubiera rechazado el artículo 2, habría quedado sin base el texto del resto de los artículos.

Hay que trabajar en los próximos proyectos, porque por algo llegamos a un acuerdo de

12.000 millones de dólares, y estos son casi 1.200 millones de dólares que van a sacar de ese fondo…

La señora CARVAJAL, doña Ma Loreto (Presidenta accidental).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señora Presidenta, una vez iniciada la pandemia, el gobierno anunció un plan económico de emergencia, que consideró la movilización de más de 17.000 millones de dólares, cerca del 7 por ciento del producto interno bruto, recursos que fueron utilizados para la generación del bono covid-19, la capitalización del Fondo de Cesantía Solidario, el ingreso familiar de emergencia 1.0, el ingreso familiar de emergencia 2.0, la capitalización del Fogape, beneficios, subsidios y préstamos a trabajadores independientes, a honorarios, entre otros.

Dicho plan también contempló medidas tributarias, y así fue como se logró suspender el pago del IVA y del PPM por 3 meses, prórroga del pago de primera cuota de contribuciones, devolución anticipada de impuesto a la renta para independientes y pymes, ampliación del pago del impuesto a la renta para pymes, devolución de la retención de impuesto de los meses de enero y febrero de 2020, eliminación por 6 meses del impuesto de timbres y estampillas, entre otros beneficios tributarios. Sin embargo, el recrudecimiento y extensión de la pandemia han obligado a hacer nuevos esfuerzos para ir en ayuda tanto de los ingresos de los trabajadores como de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas.

Es así como el pasado 14 de junio se firmó un marco de entendimiento para un plan de emergencia para la protección de los ingresos de las familias y la reactivación económica y del empleo entre el gobierno, Chile Vamos y tres partidos de oposición. Ese acuerdo establece un marco fiscal de 12.000 millones a gastar en los próximos 24 meses, con un compromiso de ir convergiendo fiscalmente a partir del 2022.

Como ya se ha dicho, este proyecto se enmarca dentro de la flexibilidad del gasto, entregado al gobierno para ser utilizado hasta el 2022, en el marco de la proyección de los ingresos.

El Ejecutivo diseñó un plan de clase media con variadas medidas. Esta iniciativa recoge únicamente un bono y un préstamo solidario. Las otras, tales como el CAE, el subsidio al arriendo, la suspensión del pago de créditos hipotecarios, se tramitarán en otras iniciativas o en forma administrativa.

Al respecto, se debe destacar especialmente el hecho de que es el Estado quien acude en auxilio de los trabajadores y familias mayormente afectadas por la pandemia, impidiendo que utilicen sus propios recursos, en especial los destinados a sus pensiones, para paliar los efectos nocivos de la crisis.

Asimismo, es destacable el hecho de que, por primera vez, se considera a la clase media dentro de las ayudas del Estado. La golpeada clase media siempre ha sido considerada muy rica para el Estado y muy pobre para el mercado, pero, dada la extensión de la crisis, es imperativo acudir en su auxilio, sobre todo si se considera que son el motor del crecimiento del país.

El proyecto importa un gasto de casi 2.000 millones de dólares, específicamente destinados a la clase media, aquella que se ha beneficiado del modelo de estado subsidiario, que en base a su esfuerzo ha podido surgir y que en esta ocasión requiere una mano del Estado.

Es importante recalcar la importancia del trabajo formal que posibilita la recepción de estos beneficios. En cuanto al futuro cercano, se sugiere que el Ejecutivo y el Congreso ingresen en una etapa de elaboración y acuerdos de medidas reactivadoras de la economía, teniendo en consideración que las ayudas del Estado son por esencia transitorias y se debe permitir que las personas recuperen sus empleos, que son, en definitiva, la fuente permanente de ingresos.

Sugerimos votar a favor. He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado José Pérez .

El señor PÉREZ (don José) [vía telemática].-

Señora Presidenta, me referiré a este proyecto de ley, que establece financiamiento con aporte fiscal para protección de los ingresos de nuestra sufrida y nunca bien comprendida clase media.

Estamos partiendo tarde con el proyecto, porque, como lo han dicho algunos parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra, esa clase media es la que paga siempre los platos rotos de todos los acontecimientos del país, es el amortiguador que tiene esta máquina que se llama Chile, que siempre recibe los golpes y nunca los beneficios.

Ahora se abre la posibilidad de aportar una cantidad importante de cerca de 2.000 millones de dólares, para que cerca de 1.600.000 personas puedan beneficiarse con este proyecto de ley.

Concuerdo con los dos informes que se presentaron: el de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, y el de la Comisión de Hacienda, y también con lo que dijo el diputado Jaime Naranjo , informante de la Comisión de Desarrollo Social, porque hay gente que no ha sido considerada. Entonces, así como tuvimos un IFE 1.0, un IFE 2.0 y un IFE 3.0, seguramente deberemos tener una segunda ley que trate prácticamente el mismo tema hoy en discusión y que diga relación con mucha gente que teníamos contemplada y que no aparece en este listado.

Pensamos que los transportistas deberían haber sido considerados en este proyecto, junto con los colectiveros y los trabajadores de los taxis, los furgones escolares, los conductores en general, las personas que trabajan en restaurantes o microemprendimientos, y todos aquellos sectores que son un motor importante para la economía del país. ¿Cómo no va a ser posible considerar a los garzones? Ellos viven fundamentalmente -especialmente en aquellos restaurantes de alto o mediano nivelde los aportes que entregan los clientes, de las propinas. Tienen un ingreso bajísimo, que muchas veces ni siquiera es imponible, y tienen que vivir de lo que entregan los clientes en esos establecimientos comerciales.

Vamos a aprobar esta iniciativa, pero esperamos que pronto se ingrese otra que cubra las necesidades de esos amplios sectores que no fueron considerados en esta oportunidad, y en eso tenemos que andar con más de velocidad, para que la gente no siga esperando. Personas lo están pasando mal en muchos hogares. Es conveniente que lleguemos a tiempo, para dar soluciones a los problemas de nuestros compatriotas…

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta accidental).-

Ha concluido su tiempo, diputado.

Aprovecho de saludar, con mucho cariño, a la nueva ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Karla Rubilar , quien se encuentra presente en la Sala.

Bienvenida y éxito en su nueva gestión.

Tiene la palabra, hasta por tres minutos y treinta segundos, el diputado don Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señora Presidenta, este es un proyecto muy esperado por la clase media, a la que pertenecemos el 65 por ciento de los chilenos. Digo esto porque no siempre uno ha sido diputado, aunque varios llevan muchos años aquí. Pero uno viene de allí y conoce lo que es la clase media.

Este proyecto, enviado por el Presidente Sebastián Piñera , es para que las personas que tenían ingresos entre 400.000 y 1.500.000 pesos, dispongan de una cantidad de dinero, lo que no estará supeditado al retiro o no de fondos de la AFP. En efecto, como se sabe, a partir de hoy las personas afiliadas a alguna AFP pueden sacar hasta el 10 por ciento de los fondos ahorrados, sin perjuicio de lo cual también podrán postular al ingreso familiar de emergencia de 500.000 pesos, que no tendrán que devolver. Después, si alguien necesita, puede postular hasta por tres meses al préstamo que le hará el Estado de Chile, a través del Servicio de Impuestos Internos -no va a ser un préstamo bancario-, a una tasa de cero por ciento nominal, que se devolverá en UF, en un plazo de cuatro años, con un año de gracia, y con un tope del 5 por ciento de sus ingresos. Si al cuarto año aún permanece la deuda porque el beneficiario tuvo lagunas o no encontró trabajo, se termina la deuda de ese crédito.

Al respecto hay que ser claro: ese otro crédito es del 70 por ciento de la diferencia que se dejó de ganar. Por ejemplo, si alguien ganaba 1.000.000 de pesos y ahora está ganando 500.000, le va a llegar el bono de 500.000 pesos, por única vez, y podrá postular al 70 por ciento de la diferencia de esos 500.000 restantes, o sea, 350.000 pesos por cada mes. Estamos hablando de 1.000.050 pesos en total, crédito al que se optaría a tasa cero y que se podrá devolver en cuatro años, con un año de gracia.

¿Cuánta gente estará incluida en esto, señora Presidenta? Hablamos de 418.406 trabajadores que tienen suspendido su contrato y accedieron al fondo de cesantía, 165.582 cesantes, 98.641 empresas individuales (EIRL), que son muy importantes, porque no han podido acceder al Fogape; 698.512 personas que están trabajando, pero que han visto disminuidos sus ingresos, y 224.022 independientes.

Por lo tanto, este es un proyecto que llegará a 1.605.163 personas de clase media, que representan alrededor de 5 millones de personas si consideramos sus familias, lo que significa tener…

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta accidental).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado don Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA (vía telemática).-

Señora Presidenta, hoy es un día en que los chilenos están contentos, celebrando un logro que partió desde la Cámara de Diputados, después de escuchar a la ciudadanía, que decía que los beneficios prometidos por este gobierno no llegaban a sus hogares.

Este día de alegría podría haber sido mucho más feliz si el gobierno y su ministro de Hacienda, que generalmente ha sido tozudo y arrogante, hubieran escuchado lo que desde la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados se les pedía. Entendemos que la clase media lo está pasando mal, y todos hablan de lo mal que lo está pasando. Este proyecto, que debió haber sido presentado hace meses, nos llama a reflexionar sobre qué le está sucediendo hoy a la clase media.

Yo me pregunto: ¿qué sucede hoy con todas aquellas personas jubiladas que tienen régimen de renta vitalicia, las que no han recibido ningún tipo de ayuda? ¿Qué pasa con ellas?

¿Qué pasa con los choferes y dueños de taxis colectivos o de furgones escolares, respecto de los cuales desde el día uno le hemos planteado a la ministra de Transportes que sean escuchados y atendidos? Resulta que este proyecto tampoco se hace cargo de ellos.

¿Qué pasa con los trabajadores informales? ¿Qué pasa con los trabajadores que calculan sus impuestos a través de renta presunta? Lo cierto es que no se escucha nada de parte del ministro de Hacienda. Por eso, la invitación, en definitiva, es a que el ministro escuche lo que hoy está solicitando la mayoría de los chilenos.

Yo estoy de acuerdo en que este proyecto va a ser un aporte, pero, lamentablemente, en materia de cobertura, como ocurre siempre, se queda corto y es mezquino. Tenemos que ampliar la base de cobertura de este proyecto y creo que hoy es el momento para hacerlo.

¡Señor ministro de Hacienda, por favor, escuche alguna vez!

Queremos aprobar un proyecto de estas características, claro está, pero en la medida en que usted sea capaz de incorporar a ese grupo de chilenos que nunca ha sido escuchado y de quienes esta iniciativa, en definitiva, tampoco se hace cargo.

Señora Presidenta, pido que el ministro pueda colocarse alguna vez en la posición de lo que están sufriendo los chilenos, y que en este día, que es de alegría, cuando una gran cantidad de conciudadanos están retirando ese esperado y anhelado 10 por ciento, les dé una alegría a los miles de chilenos que están excluidos de este proyecto y de los beneficios de las legislaciones relacionadas con el Fogape, con el ingreso familiar de emergencia, de la ley de protección al empleo y de todos los que se han tratado de implementar.

Legislemos por todos ellos.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos y treinta y ocho segundos, la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia ) [vía telemática].-

Señora Presidenta, soy parte de la Comisión de Desarrollo Social, donde, efectivamente, tuvimos la mejor disposición respecto de la iniciativa en estudio, que venía desde el Senado. De hecho, en la votación general la aprobamos de manera unánime.

No obstante, nos llamó mucho la atención que en la Cámara Alta no hayan presionado al gobierno para incorporar nuevos beneficiarios, de acuerdo con lo contemplado el artículo 2 de esta iniciativa.

Quiero decir que fuimos muy serios y muy responsables al rechazar el artículo 2 del proyecto de ley. El martes pasado esperamos al ministro para revisar la iniciativa, pero no estuvo disponible, y ayer, desde las nueve de la mañana, intentamos que pudiera ampliar su cobertura.

A propósito de lo que planteaba el diputado Ortiz , ¿por qué tenemos que esperar hasta la próxima semana que se presente otra iniciativa para incorporar a aquellos que dijimos durante toda la discusión de este proyecto, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde del día de ayer, que estaban quedando fuera: los taxistas, los colectiveros, los transportistas escolares, las y los artesanos, las y los garzones?

Lo mismo pasó en la discusión sobre el mejoramiento del IFE 2.0. A través de un punto de Reglamento reclamé que nunca llegaron las indicaciones que comprometió el Ejecutivo en la discusión de ese proyecto. Hoy pasa exactamente lo mismo: tenemos que creer, que confiar en que el Ejecutivo, la próxima semana, en una reunión con los gremios y con la ministra, va a crear otra iniciativa para incorporarlos. Ya han pasado cinco meses, ¿hasta cuándo vamos a esperar?

En un tremendo debate que realizamos respecto de qué es la clase media, incluso en la discusión del proyecto de ley sobre la clase media que nos presentaron el año pasado, nosotros pedimos que nos dijeran quiénes son, pero resulta que no tenían claridad respecto de quiénes eran. Y hoy ha quedado demostrado que cada una de las iniciativas que se han presentado han sido hiperfocalizadas y que finalmente siguen quedando familias fuera de esta iniciativa.

Ayer planteamos al ministro de Hacienda, por ejemplo, que hoy existe un importante número de trabajadores, más de 400.000, que tienen su relación laboral suspendida. ¿Quién me asegura, quién les asegura a ellos, en medio de la incertidumbre económica que vivimos como país, que van a continuar sosteniendo sus fuentes laborales y que no serán despedidos en un par de meses? Eso complejiza la posibilidad de que estén en condiciones de pagar el crédito que establecerían con el Estado.

Fíjense que a pesar de que nos han dicho hasta el cansancio que con esta iniciativa no se van a aplicar intereses, desde el momento en que haya cuotas impagas sí se les van a aplicar intereses.

Por lo tanto, pido al ministro de Hacienda que sea claro. Ayer le pedimos que abiertamente dijera que había un porcentaje de beneficiarios que quedan fuera. Nosotros creemos que hay que seguir empujando; lo hicimos desde la Comisión de Desarrollo Social, porque estuvimos en las discusiones de todos los IFE, estuvimos en la discusión de todas las iniciativas que ha presentado el gobierno, y todas han quedado cortas. Esta una más que deja fuera a un montón de familias que dependen de lo que generan sus trabajadores a través de su fuente laboral, generalmente transportistas.

Como no se nos escuchó, decidimos botar el artículo 2 -lamentamos que en la Comisión de Hacienda lo hayan repuesto-, porque creemos que es la medida de fuerza para que el gobierno entienda que debe aumentar el número de beneficiarios ahora; no en dos semanas más, sino ahora, porque, además, se nos dijo desde el principio de la discusión de este proyecto que la idea era que no hubiese mucho trámite burocrático y que ojalá en agosto no solo se pague el aporte fiscal, sino, también, que se pudiera acceder al crédito.

Por lo tanto, queremos que ahora se resuelva la situación de miles de familias que han quedado nuevamente fuera.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señora Presidenta, me llama la atención que el ministro de Hacienda no esté presente en el debate.

Varios parlamentarios han expuesto, han planteado interrogantes y han hecho consultas, pero resulta que el ministro de Hacienda desapareció por obra y arte del Espíritu Santo.

El ministro estaba aquí. Me parece que es una falta de respeto que no esté presente en la Sala, en circunstancias de que muchos parlamentarios están haciendo consultas.

Por ello, pido que se suspenda la sesión hasta que ingrese el ministro de Hacienda a la Sala. De lo contrario, no tiene sentido este debate; es un diálogo de sordos.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Diputado Naranjo , como bien usted comprende, no existe obligación de que los ministros estén presencialmente en la Sala.

Sin embargo, se encuentra en la Sala la ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Karla Rubilar , a quien le pido que ocupe uno de los asientos asignados a los ministros, para que esté presente en el debate y dé respuesta a las dudas que los diputados y las diputadas puedan plantear.

(Ingresa a la Sala el ministro de Hacienda)

En este momento el ministro de Hacienda está haciendo ingreso a la Sala. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA (vía telemática).-

Señora Presidenta, el proyecto que hoy tratamos entró a la Comisión de Desarrollo Social con el respaldo unánime del Senado, pero desde esa comisión ayer el gobierno salió sin proyecto. Y eso no fue producto del obstruccionismo o porque no quisiéramos tener proyecto; sencillamente ocurrió porque el gobierno no es capaz de conectarse con la realidad. Le planteamos incorporar un mundo de personas que es pequeño, acotado, pero relevante. ¿Qué pasó? La misma respuesta de siempre: “No se puede, no hay dinero, la inadmisibilidad, que hubo un acuerdo”, y, así, puros peros.

El gobierno viene al Congreso con su batería de proyectos con discusión inmediata y no quiere discutir nada, porque dice que todo es urgente. Entonces, ¿qué quiere el gobierno?

¿Qué despachemos todo como viene? ¿Quiere que confiemos así nomás, porque todo lo tiene cubierto y bien hecho?

Para eso no cuenta con mi voto de confianza. Primero tiene que convencerme, porque, ¿cómo les explico a mis vecinos que los proyectos son insuficientes, que no les ayudan y que tienen problemas de implementación? ¿Les tengo que decir que se pongan a la fila y esperen sentados?

¡No! Mi responsabilidad política es hacer ver los intereses de quienes me eligieron.

El incremento del desempleo afectará la capacidad de endeudamiento, y quienes están endeudados, o sea, la gran mayoría de los chilenos y de las chilenas, tienen y tendrán problemas para pagar. Con este proyecto estamos endeudando más a las personas y haciendo nuevamente que se las arreglen con sus propios medios, endeudándose o recurriendo al 10 por ciento de su fondo previsional, mientras el gobierno brilla por su ausencia.

Además, una encuesta que se dio a conocer hoy en algunos medios señala que cerca del 37 por ciento de las personas que van a retirar su 10 por ciento lo harán para comprar alimentos; es decir, para comer, ¡para comer! Y muchos más van a utilizar el 10 por ciento para pagar deudas.

Pese a ese reparo inicial, la iniciativa sería interesante en la medida en que tenga conexión con la actividad económica a pequeña escala, pero es allí donde su limitada cobertura evidencia un enfoque restringido y errado. Hablo de incluir, por ejemplo, al artesano, al transporte colectivo, al transporte escolar, etcétera. Todo eso se lo manifestamos ayer al ministro. Se trata de personas que probablemente pueden pagar esa deuda una vez que estemos fuera de la pandemia.

Al respecto, se presentó una indicación, que yo mismo declaré inadmisible, cumpliendo con la ley. Le pedimos al gobierno considerar a este sector, pero la soberbia, la indolencia y, básicamente, el desinterés hizo que en vez de dialogar cerrara las puertas.

¿Qué esperan que hagamos? Claramente, que nos sometamos a sus dictados. Y ni siquiera eso; estaría infringiendo la Constitución, porque no estoy para acatar la discusión inmediata, sino para representar al electorado.

El país se encamina a niveles de endeudamiento crítico. El pago de arriendos y dividendos, de servicios básicos, de salud y de alimentación serán prioritarios, y en la medida en que existan menos ingresos habrá menos dinero para pagar esas deudas.

Ingresamos un proyecto para impedir los embargos, y el gobierno cierra la puerta; presentamos un proyecto para no cortar los servicios básicos, y el gobierno cierra la puerta; le planteamos el no pago del CAE, y el gobierno cierra la puerta; le planteamos mejorar la cobertura del ingreso familiar de emergencia, y lo mismo. Una y otra vez las únicas ideas válidas son las de ellos, y ellos colocaron a Chile en la cúspide de países con desastre en gestión del coronavirus.

Pido al gobierno abrir las puertas, que la democracia no hace mal.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Aracely Leuquén Uribe .

La señora LEUQUÉN (doña Aracely) [vía telemática].-

Señor Presidente, sabemos que durante años la clase socioeconómica más afectada por las diversas crisis ha sido siempre la clase media, la cual ha sido postergada durante mucho tiempo.

Por lo anterior y producto de que la gente no ha podido ejercer libremente sus actividades económicas o laborales es que resulta tan importante aprobar iniciativas como la que hoy discutimos.

Lamentamos la pérdida de miles de empleos en el país, lo que conlleva que miles de familias han quedado sin el sustento económico para mantener su hogar. Nos hemos conmovido con historias de mujeres que, debido a la actual crisis que amenaza a nuestro país, han tenido que vender artículos de su propia casa para comprar alimentos o medicamentos para sus hijos. Esto no puede suceder, no en nuestro país.

Por eso, valoro esta iniciativa y apoyo cualquier otra que reporte algún beneficio para la clase más postergada de Chile, que trabaja constantemente para salir adelante. Hoy, la clase media nos necesita.

Es necesario precisar que este beneficio no es de carácter universal; el Ejecutivo ha previsto que solo puedan acceder a él quienes están cesantes, los trabajadores dependientes con su contrato de trabajo suspendido, o aquellos que han sufrido alguna disminución en sus remuneraciones.

Sin duda, este beneficio a la clase media es un alivio para todas aquellas familias que se han visto afectadas, ya sea a causa de la pérdida de sus empleos o de la disminución de sus ingresos, debido al escenario actual que afecta al mundo y, por supuesto, a nuestro país.

Apoyo la iniciativa, porque reportará una ayuda significativa para las familias de nuestro país en diferentes términos, pudiendo estas optar por una u otra ayuda, según sean sus necesidades, ya que en el contexto de pérdida de empleos o de disminución de ingresos, no todos han sufrido el mismo perjuicio.

Las medidas propuestas por el Ejecutivo se traducen en una ayuda que va más allá de un bono, porque, además, considera un préstamo con cero por ciento de interés real para quienes han sufrido la disminución de hasta el 70 por ciento de sus ingresos.

Preocupémonos de legislar para la gente y de poner el énfasis de la discusión en los problemas sociales, porque son los que provocan hambre y falta de oportunidades en un escenario sanitario con desgarradoras consecuencias económicas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, por su intermedio vaya mi saludo a los ministros presentes, en especial a quienes fueron nuestros colegas.

Uno no se puede negar a apoyar este tipo de iniciativas, por lo que está ocurriendo en el país. Vemos con buenos ojos la entrega de un subsidio de 500.000 pesos y los créditos asociados. Siempre lo mencionamos aquí como una alternativa al retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, lo que, aunque muchos pueden no estar de acuerdo, se aprobó por amplia mayoría en la Sala. El retiro de esos fondos se está ejecutando, esperamos que de manera correcta y eficiente. Ojalá lleguen esos recursos lo antes posible a las familias.

Nadie en esta Sala va a votar en contra la idea de legislar, pues el objetivo es que estos recursos adicionales lleguen a las familias. Es importante que aquellos que crean que acceder al crédito es su oportunidad, lo hagan. Mientras más posibilidades tengan de acceder a recursos, mejor.

No obstante, lo que me preocupa es qué sucederá con los trabajadores informales. En ese sentido, mi pregunta va dirigida a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar . No quiero escuchar la respuesta del ministro de Hacienda, que es quien entrega el dinero, sino la de la citada ministra, cuya cartera tiene que ver con las personas, con las familias.

Además, con la confianza que uno le tiene a la ministra, a quien conocemos desde hace muchos años, sé que ella entiende lo que pasa hoy día en la calle y lo que están viviendo las personas.

La pregunta es ¿qué vamos a hacer con los feriantes, con los colectiveros, con los que tienen renta presunta? Se lo hemos dicho majaderamente a los ministros que se han sentado en esta Sala, que han debido retroceder de manera permanente en los distintos instrumentos que se han presentado, porque lo que se ha planteado en la teoría ha resultado muy distinto en la práctica.

Sería muy fácil para nosotros votar a favor y decir que esta es la alternativa que entrega el gobierno, pero nuestro deber como parlamentarios es ver cómo seguimos peleando -en el buen sentido de la palabra para ayudar a esas personas y a esas familias que no van a recibir ayuda.

Todos estamos tratando de construir algo que no sabíamos cómo hacerlo, porque no teníamos experiencia.

Hoy no me voy a negar a apoyar la iniciativa, teniendo en cuenta la aprobación del retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales. Valoro profundamente el gesto de bien común que tuvieron las diputadas y los diputados que votaron a favor ese proyecto; lo valoro mucho debido a las presiones que recibieron del gobierno.

Por eso, hoy me siento con el deber de respaldar esta iniciativa, porque tiene el mismo sentido respecto de cómo vamos construyendo esto. No obstante, necesitamos dar una respuesta a aquellos que aún no la tienen.

Señor Presidente, por su intermedio les pido a los tres ministros presentes que conversemos respecto de qué alternativas vamos a tener para esas personas. Me gustaría -como lo diría un colega que está con nosotros vía telemática-, para la historia fidedigna de la ley, saber qué pasa con el historial crediticio de aquellas personas que no pagan, porque hay instituciones que condonan créditos, pero hay un límite. Así, por ejemplo, hay quienes no pueden acceder a un crédito porque antes ya se les condonó uno o porque no pagaron totalmente las cuotas.

Por eso, me gustaría que la ministra de Desarrollo Social y Familia, y el ministro de Hacienda nos dijeran qué va a pasar con el historial crediticio de esa persona para un préstamo posterior.

Tenemos la mejor disposición, pero debemos tratar de buscar un entendimiento, algo que el diputado Manuel Monsalve también está tratando de hacer. El objetivo es lograr encontrar una alternativa que vaya en beneficio de esas personas que lo están pasando muy mal.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada señora Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna) [vía telemática].-

Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos avanzar en ayudar a la clase media. Por eso vamos a aprobar la idea de legislar y el grueso del proyecto.

Sin embargo, lamento que en la sesión de la Comisión de Desarrollo Social, realizada ayer, solo haya asistido el ministro de Hacienda y no algunos de los ministros recién asumidos, que conocen la materia que hoy discutimos y, quizás, habrían entregado una mirada distinta, sin desmerecer la visión del ministro Briones .

Reitero: nos habría gustado escuchar a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar , y al ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg , por lo que hemos venido avanzando en estas materias.

En ese sentido, pese a que vamos para los seis meses de pandemia, pese al IFE 1.0, que dijimos que era insuficiente, y al IFE 2.0, que hoy estamos mejorando, o más bien parchando, siento que este proyecto, dirigido a la clase media, está hecho a medias, porque quedan fuera de los beneficios personas como los transportistas, quienes ayer asistieron a la comisión. El ministro dijo que ellos eran trabajadores informales, no obstante que presentan su declaración de impuestos mediante renta presunta. No todos son informales, señor ministro. Usted ofendió a muchas personas por lo que hacen a diario. Tenemos artesanos, pescadores artesanales, comerciantes, agricultores y feriantes que tributan por medio de renta presunta. Es el propio Estado el que les ha dado esa calificación. Ellos cumplen a diario; son trabajadoras y trabajadores honestos que aportan de distintas formas.

Lamentamos no haber tenido un espacio de diálogo. El ministro no pudo participar en la comisión, pero sí lo hizo el subsecretario. A mi juicio, repito, nos faltó espacio para dialogar.

Uno de los roles del Congreso Nacional es buscar espacios de diálogo desde una mirada social, pues los personeros de Hacienda ponen el acento en los recursos y en si existe el marco financiero suficiente para impulsar los proyectos.

Vale la pena demorarse uno, dos o tres días más y discutir si podemos extender los beneficios por seis meses, de modo de no estar luego parchando los instrumentos que se aprueban. La Comisión de Desarrollo Social conoce la materia, pues a ella han asistido muchos especialistas y gremios que han aportado sobre el particular.

Quiero reconocer a los gremios que nos han estado apoyando, por ejemplo, el relacionado con el transporte colectivo; sin embargo, el Ejecutivo sigue no escuchando. Valoro el bono y el crédito blando, pero sigue faltando considerar a los invisibilizados.

El ministro nos decía que hiciéramos llegar un listado, pero esa no es nuestra tarea. El gobierno tiene ministerios relacionados con materias como la pesca, el comercio y el turismo. Cada ministro trató de ayudar en esa tarea, pero es el ministro de Hacienda el que tiene la billetera; todo pasa por él. Entonces, por favor, seamos claros.

Prefiero que nos demoremos un poco más en lugar de instalar el próximo lunes una mesa de trabajo cuyos resultados se verán dentro de un mes. Las personas que la integrarán ya tuvieron tiempo de instalarse; han conversado con muchos ministros, golpeado puertas y paseado por muchas otras mesas, pero se les ha dicho que no.

Pido a la Democracia Cristiana que apoyemos el proyecto, pero también pido que sigamos haciendo fuerza para apoyar a la gente de clase media que lo está pasando mal.

Repito: este es un proyecto para la clase media, pero hecho a medias, razón por la cual llamo a mejorarlo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, la diputada Natalia Castillo .

La señorita CASTILLO (doña Natalia ) [vía telemática].-

Señor Presidente, tan tarde llegó el gobierno que justamente el mismo día en que se publica el retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones estamos discutiendo este proyecto, que en algún minuto se nos dijo que sería la única alternativa posible para la clase media.

Se reconoce el esfuerzo fiscal que se hace para apoyar a las personas de clase media, tanto con este bono como con la posibilidad de acceso a un crédito blando, como ha sido denominado por parte del Ejecutivo. Sin embargo, el problema que tenemos son los requisitos y la cantidad de personas que pueden acceder al bono de 500.000 pesos y al crédito.

Primero, debe tratarse de personas cuyo promedio de renta mensual en 2019 sea igual o mayor a 400.000 pesos, y, segundo, que experimenten, a lo menos, una disminución de un 30 por ciento de su ingreso mensual.

El proyecto despachado por el Senado dejará fuera a muchos trabajadores, como los feriantes, los garzones, los taxistas, los colectiveros y otros, todos los cuales tributan con renta presunta o simplemente no tienen ingresos demostrables o formales, ya que el proyecto exige acreditar la pérdida del 30 por ciento de los ingresos como consecuencia de la pandemia, lo que en muchos casos se hace muy difícil o derechamente imposible, a pesar de existir disminución de ingresos. Por eso, solicitaremos votación separada de ese requisito.

Otro de los problemas es que respecto de este mismo tipo de materias y mientras se discutía el proyecto de retiro de los fondos de pensiones, el gobierno se había manifestado abierto al diálogo, pero ahora vuelve a endurecer su postura. Por lo tanto, esperamos que la mesa que se ha programado pueda rendir sus frutos.

El retiro de 10 por ciento de las pensiones que partió hoy puso en evidencia ante la opinión pública una situación que no puedo dejar de mencionar, cual es la precaria situación en que se encuentran miles de mujeres a las que se les deben alimentos. Venimos estudiando esta situación desde hace bastante tiempo en la Comisión de Familia. Por eso, valoramos que el gobierno haya propuesto que el 50 por ciento del bono de 500.000 pesos pueda ser retenido por concepto de deuda por pensiones de alimentos. Lo valoraremos mucho más cuando se materialice.

Quiero pedir ayuda al gobierno respecto de varios proyectos cuya tramitación ya se ha iniciado. Hemos solicitado ayuda a la ministra Rubilar , quien, además, sé que tiene una especial sensibilidad respecto de este tema, principalmente en relación con el proyecto que considera el no pago de pensiones de alimentos como una forma de violencia económica, e incorpora a los deudores de pensiones de alimentos en un registro público junto con quienes han sido acusados de ejercer violencia intrafamiliar.

Un segundo proyecto es el de prelación de créditos, del cual soy autora, por el cual se solicita que las pensiones de alimentos se paguen una vez ocurrida la quiebra y antes que cualquiera otra deuda.

Una tercera iniciativa persigue que el descuento hecho por el empleador también pueda ser decretado mediante oficio por un tribunal.

Insisto: hemos pedido apoyo del gobierno respecto de estos tres proyectos, cuya tramitación ya se ha iniciado.

En cuanto al proyecto que estamos discutiendo, por supuesto que lo vamos a aprobar, sin dejar de señalar que pediremos votación separada respecto de algunos artículos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, quiero partir mis palabras haciendo un poco de historia.

Durante su campaña, el gobierno del Presidente Piñera prometió ser el gobierno de la clase media, pero la verdad es que el plan de clase media que hoy discutimos llega harto tarde.

Desde abril de este año, la bancada del PPD y las demás de la oposición hemos dicho al Presidente de la República, a través de sus ministros, que es necesario ampliar los beneficios económicos y los apoyos sociales del Estado de Chile a la clase media. Lo manifestamos durante la tramitación del bono Covid; sin embargo, se cerró la puerta y los ministros nos indicaron que no había plata, particularmente el titular de Hacienda, presente en la Sala. También lo señalamos cuando debatimos el IFE 1.0, pero nuevamente se le dio un portazo en la cara a la clase media. Luego lo manifestamos con ocasión de la discusión del IFE 2.0, pero de nuevo la clase media recibió un portazo en la cara. Me refiero a la clase media manoseada por todos los sectores políticos, pero especialmente por parte del gobierno.

Una y otra vez se “tiró para la cola”, se postergó a la clase media, que supuestamente iba a ser el centro de atención de las políticas de este gobierno; una y otra vez, desde abril hasta ahora, le dijimos a este gobierno que la clase media también tenía problemas, que también estaba quedando desempleada, que también estaba perdiendo ingresos, que también estaba teniendo que cerrar sus emprendimientos y que estaba quedando fuera de toda ayuda de parte de este gobierno.

Esa es la clase media que hoy aparece en las encuestas rechazando la gestión del Presidente Piñera y de su gobierno. Si el Presidente de la República tiene el 12 por ciento de apoyo, es porque ha hecho mal las cosas. Uno esperaría una autocrítica de parte del gobierno y de los ministros respecto de las cosas que se han hecho mal, de la ayuda que ha llegado en forma tardía y de las medidas que han sido insuficientes, tanto en montos como en cantidad de beneficiarios.

Tres meses después, se nos plantea que sí había un poco de plata: dos mil millones para la clase media: mil millones para el bono –dijo el ministro y otros mil millones que corresponden a la proyección del préstamo blando social. Entonces, parece que sí había plata. El problema es que no había voluntad política de priorizar a la clase media. Digamos las cosas como son.

Entonces, ¿qué tuvo que ocurrir para que el gobierno se diera cuenta de que sí tenía dinero en las arcas fiscales y sí podía aplicar políticas sociales de apoyo directo, de transferencia para la clase media? Tuvimos que tocar a los amigos del Presidente Piñera: a los dueños de las AFP. Porque, mágicamente, el plan para la clase media apareció unas horas antes de la votación del proyecto de retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP, que el gobierno trató de echar abajo. Digamos las cosas como son: unas horas después se planteó el plan para la clase media, no por la convicción del gobierno de querer ayudar a la clase media, sino por la convicción de tratar de neutralizar el proyecto de retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP y de convencer a los suyos, para tener los votos para echarlo abajo. El país no es tonto; el país dejó de ser tonto hace bastante tiempo. Hoy la ciudadanía está informada y sabe lo que está ocurriendo en los debates legislativos. Eso fue lo que ocurrió.

Uno podrá criticar y hacer historia, pero aun así, aunque no había voluntad del gobierno para haber ayudado como corresponde y de manera oportuna a la clase media, bienvenido sea este proyecto. En su momento dijimos que esa iniciativa no sería monedita de cambio para echar abajo el proyecto de retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP, pero aun así, si es complementaria, bienvenido sea que 1.600.000 chilenos puedan acceder a la posibilidad de un bono de 500.000 pesos o, incluso, de un préstamo estatal solidario, si quieren. No lo compartimos. La clase media ya está endeudada, tiene la soga al cuello y no tenemos que seguir endeudándola, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Pero ahí estará la herramienta sobre la mesa para aquellos que la quieran utilizar.

Vamos a aprobar este proyecto en esa línea, por ese 1.600.000 beneficiarios, que son los suspendidos, los cesantes, los cuentapropistas, los independientes y los ocupados formales cuyos ingresos hayan disminuido, pero hay que decir con claridad que este proyecto no es para toda la clase media, pues tiene letra chica, y como todos los proyectos que ha impulsado el gobierno, tiene una excesiva focalización.

Las políticas sociales en tiempo de crisis tienen que ser universales, sin excesivos requisitos, sin trabas administrativas, sin burocracia, sin gente que quede fuera del beneficio por tener que postular o comprobar que sus ingresos han disminuido o que está en un cierto tramo del Registro Social de Hogares, como ha pasado con otras políticas del gobierno. El ejemplo está en el retiro del 10 por ciento, que es universal para los once millones de beneficiarios, quienes podrán acceder, no a 500.000 pesos, sino entre 1.000.000 y 4.300.000 pesos, que podrá retirar el gran grueso de esos beneficiarios.

Bienvenido sea este proyecto complementario y que puedan acceder todos aquellos que tienen la posibilidad, pero repudiamos enérgicamente que no haya claridad respecto de los transportistas, los taxicolectiveros y los transportistas escolares.

Me acaba de llegar un mensaje de Héctor Sandoval , presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile (Conatacoch), y de David Singh , secretario ejecutivo, en el cual me dicen: “El ministro de Hacienda nos está cuenteando porque estamos quedando fuera de este proyecto”. No son palabras mías, sino del presidente de la Conatacoch, que representa a los trabajadores de los taxis colectivos.

Vamos a votar a favor el proyecto, pero queremos enviar a comisión mixta los artículos 2 y 5, porque creemos que la iniciativa puede ser mejorada.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Melero Abaroa .

El señor MELERO (vía telemática).-

Señor Presidente, sin duda, este proyecto es de vital importancia. Hace tiempo veníamos señalando la necesidad de implementarlo para ir en ayuda de la clase media, ya que se había avanzado mucho a través de los programas de ingreso familiar de emergencia y también de las ayudas al subsidio de cesantía.

Creo que esta iniciativa está bien pensada, que no tiene los elementos perjudiciales que tiene la aprobación del retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP, que es tremendamente regresivo. Hoy están empezando a sacar plata de las AFP los que la necesitan y los que no la necesitan, lo cual va a beneficiar a los más ricos y va a perjudicar a los más pobres, así como también perjudicará más a los futuros jubilados más pobres que a los futuros jubilados más ricos. Ese es el daño que, desde el punto de vista social, implica la aprobación del retiro del 10 por ciento.

En cambio, este proyecto de ley hace todo lo contrario: va con ayuda directa a quienes realmente lo necesitan, está focalizado en aquellos cuyos ingresos han disminuido, en promedio, 30 por ciento y, además, está dirigido a la clase media con ingresos entre 400.000 y

1.500.000 pesos, no a los que pueden sacar 4.300.000 pesos o que tienen cien millones o doscientos millones de pesos en la AFP. Este proyecto tiene mayor énfasis de justicia social.

Si miramos en conjunto a esos 1.605.163 beneficiarios y tomamos un espectro de seis millones correspondiente a los trabajadores activos, es importante consignar que, de esos seis millones de trabajadores activos, tres millones y medio están con sueldos en el rango de entre

400.000 pesos y 1.500.000 pesos. Es decir, estamos llegando a un sector de personas elegibles para este beneficio que corresponde a la mitad del total de trabajadores chilenos. Por consiguiente, decir que esta medida abarca poco, es mezquindad y ceguera. Mezquindad para no reconocerle nada al gobierno y ceguera para no ver lo que las cifras dicen, porque se pueden inventar argumentos, pero no se pueden inventar cifras. Este es un proyecto de ley bien focalizado, que va a llegar a ese espectro tan grande de personas.

Creo que el proyecto de ley no se queda solo en lo que significa transferencia directa o préstamo solidario, pues, en conjunto, si se suman los 500.000 pesos que una persona va a recibir por transferencia directa y el crédito de hasta 1.950.000 pesos al cual podrá acceder, llega a una cifra de 2.400.000 pesos, que está muy por sobre el promedio que va a poder retirar de la AFP. Además, es mucho mejor que sea con la plata del Estado que con la plata privada del futuro jubilado. Es decir, desde el punto de vista social, este proyecto de ley es infinitamente más justo, más focalizado y más equitativo, porque no le quita la plata privada a nadie, sino que lo hace con la plata de los tributos que todos pagamos.

Dicho eso, este proyecto de ley también avanza en ayudar a la clase media con el préstamo, con la postergación del pago de las contribuciones de bienes raíces y con la posibilidad de postergar el crédito hipotecario, que son elementos que alivianan el bolsillo de los chilenos, y no se queda solo en la posibilidad de sacar plata de las AFP, sino que tiene una visión integral que permite abordar las dificultades de la clase media en forma mucho más sólida, más amplia y no solo con el factor de transferir dinero en efectivo.

Es cierto que personas quedan fuera del beneficio. Por eso es importante insistir en que el objetivo de este proyecto de ley es cubrir a los sectores medios, respecto de los cuales tenemos la posibilidad de registrarlos y de acreditar administrativamente qué tipo de ingreso han tenido y de qué forma ese ingreso se ha visto disminuido, y eso, obviamente, ocurre con una enorme cantidad de personas -ya se ha dicho, 1.600.000-, pero hay sectores que, por el tipo de actividad que tienen, no lo pueden hacer, como muy bien describió hoy el dirigente de los taxis colectivos y del transporte escolar, o también otras actividades que, sin duda, no califican en este proyecto de ley, pero eso no hace que este proyecto de ley sea malo. Lo que pasa es que hay una dificultad para incorporarlos acá, porque una de las gracias que tiene esta iniciativa de ley es que permite, justamente porque la gente no puede salir, producto de la pandemia, registrarla telemáticamente, inscribirla telemáticamente y pagarle y transferirle también por vía electrónica, cuestión que en el mundo más informal no es posible.

Además, si nosotros, por ejemplo, acogiéramos al sector del transporte escolar o de los colectiveros, empezamos a generar discriminaciones respecto a otros sectores productivos que tienen situaciones también complejas, y vamos a transformar esta iniciativa de ley en un asunto complejo que va a tener que abordar distintas realidades según el segmento. Por eso, tal como lo planteé en la Comisión de Hacienda, y como lo ha dicho también el señor ministro, tenemos toda la disponibilidad para abordar esto como lo hemos abordado en otras iniciativas de ley.

Recuerdo, por ejemplo, lo que fueron las acciones de ayuda a la pesca artesanal, en su momento, o las acciones de ayuda a los tripulantes de naves pesqueras, especialmente de la Región del Biobío, que, por la disminución de la flota pesquera, producto de la ley, se quedaron sin poder salir a trabajar a la mar y quedaron cesantes.

Bueno, en ese caso se elaboró una ley especial de ayuda, de reconversión de capital, para esos pescadores y tripulantes de naves pesqueras. También se hizo por los trabajadores del carbón de Lota. Es decir, tenemos muchos ejemplos de ayudas del Estado a grupos o sectores que están pasando por situaciones permanentes -como puede ser la de los pesqueros o de los mineros del carbón o transitorias, como las que se están generando hoy.

Por consiguiente, hay que buscar el mecanismo para ayudarlos, pero no con este proyecto, que solo dificultaría que los apoyos lleguen en forma oportuna. Y el gobierno ha dicho -el señor ministro de Hacienda lo ha reiterado en la Sala y en la comisión que tiene plena disposición para abordar el problema y ayudar a esos grupos. No hay ninguna intención de marginarlos, ni mucho menos de no ayudarlos, sino que hay que usar otros mecanismos para hacerlo.

También, quiero hacer un comentario.

El ingreso familiar de emergencia, el IFE 2.0, es mucho mejor que el IFE 1.0. Ya decía don Héctor Sandoval , dirigente de los transportistas y de los colectiveros, que en la primera parte, solo el 5 por ciento de ellos pudo hacer uso del ingreso familiar de emergencia. Estoy seguro de que muchos de los que no recibieron ayuda en el IFE 1.0 -recordemos que la semana pasada le sacamos toda la burocracia del Estado en materia de focalización del gasto, todos los requisitos que se establecen en la ficha familiar de hogares como instrumento de estratificación social, ya que basta la declaración jurada para poder entrar y recibir el beneficio-, con las nuevas facilidades, van a poder sumarse y recibir una ayuda en los términos en que está establecido, de 100.000 por persona, con los límites que el IFE entrega. Por eso, esta iniciativa de ley se modificó en el Senado, y parte de los 400.000 pesos hasta el millón y medio, pero, sin duda, puede haber grupos de trabajadores -como los que ha mencionado la diputada Claudia Mix , el diputado Raúl Soto y otros: artesanos, transportistas, colectiveros, etcéteraque si postulan por la vía del IFE 2.0, van a obtener una ayuda, aunque creen que no tienen derecho a ella, porque no se han familiarizado con los nuevos cambios que hemos introducido, que hacen el trámite mucho más fácil y pertinente.

En resumen, creo que esta es una iniciativa que se suma a los demás esfuerzos.

A veces noto mezquindad o falta de comprensión sobre la magnitud del problema que estamos viviendo. No hay nada más complejo que hacerse cargo de los elementos de salud pública y económicos que la pandemia nos está generando. A la fecha, si sumamos los primeros esfuerzos económicos, que llegaron a los 17.000 millones de dólares, más los actuales que estamos poniendo en el marco del acuerdo que se alcanzó con la mayoría de las fuerzas políticas democráticas de este Parlamento -solo se marginó el Partido Comunista y el Frente Amplio, que se bajó 24 horas antes, pero todas las demás fuerzas políticas concurrimos a este acuerdo por 12.000 millones de dólares-, hemos movilizado una cifra del orden de 29.000 millones a 30.000 millones de dólares para ir en ayuda de los chilenos. ¿Qué país de Latinoamérica puede exhibir una política similar? Con razón la Cepal señalaba que Chile es el país que ha hecho el aporte más grande, respecto al producto interno bruto de su país, en ayuda a la pequeña y mediana empresa y a la reactivación económica.

A veces, somos ciegos para no ver las mismas cosas que aprobamos, a veces somos ciegos para no valorar que el país está pudiendo hacer estos esfuerzos gracias a la responsabilidad fiscal, a la buena administración que tuvieron los gobiernos de la Concertación, de la Nueva Mayoría y del Presidente Piñera , que nos permitieron tener recursos ahorrados en los fondos soberanos en el exterior, que nos han permitido tener una política fiscal responsable, que hoy día nos genera ahorros y mayor capacidad de endeudamiento.

Honorable Cámara, hay países que están en default, hay países que están quebrados, hay países que no tienen una chaucha en sus cuentas afuera, para poder ayudar al Estado y a los más pobres, y nosotros, sentados en esta Cámara, hacemos crítica tras crítica, poco aporte, mucha ceguera, mucho interés de sacar rédito político de la desgracia que están viviendo millones de chilenos.

De una vez por todas, terminemos con este diálogo de sordos que no nos permite reconocer nada. Pareciera ser que a veces prima el interés de infligir derrotas políticas al gobierno que ayudar a los que están sufriendo.

Este es un cambio que tenemos que tener presente. De esta forma no nos entendemos. De esta forma no ayudamos a tanto compatriota que la está pasando mal.

Por consiguiente, quiero valorar y reconocer a este gobierno que escucha. Que no se diga que no escucha, porque esto es producto de un acuerdo político alcanzado en el Senado con militantes del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, del PPD y de las fuerzas políticas de Chile Vamos. Este es un proyecto de ley que llega con cambios respecto de la primera versión que tuvimos.

Ahora, alguien podrá decir: “No es todo lo que queremos; es insuficiente; contempla ayuda para determinados sectores, pero no para otros”. Ninguna ley va a permitir solucionar todas las dificultades que millones de chilenos tienen, pero esta es una ayuda cuantiosa y de fácil acceso; es una ayuda que tiene un profundo sentido de justicia social y no es regresiva.

Además, le digo a la izquierda, que este proyecto no le perdona los impuestos a los más ricos, como ustedes se los perdonaron con la ley de retiro del 10 por ciento de las AFP, que está haciendo que muchos ricos saquen la plata sin pagar un peso. Háganse responsables de eso. Este es un proyecto de ley mucho más justo, que va a los que necesitan y no favorece a los que no necesitan.

Entonces, seamos más objetivos y miremos las dificultades que tiene la patria, y si vamos en esa dirección, tendremos un gobierno que estará cada día más disponible a escuchar, y lo está demostrando en los hechos y no en las palabras.

Invito a los sectores democráticos de esta Cámara, con quienes construimos una democracia estable en este país, con quienes alcanzamos grandes acuerdos, que le han permitido y dado solvencia al país, que nos permiten hoy tener recursos para ayudar a tantos, que volvamos al eje del entendimiento y no del enfrentamiento, que volvamos al eje de poner la patria por delante, más que el interés particular; que no pretendamos derrocar o bajar a un gobierno por la vía de las dificultades que está enfrentando con la pandemia social y de salud pública, y que entendamos que Chile está primero, antes que todos nosotros.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos y treinta y siete segundos, el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH (vía telemática).-

Señor Presidente, el diputado Melero , quien me antecedió, dice que el gobierno escucha. Sí, efectivamente, el gobierno escucha, pero el problema es a quién escucha: escucha a los banqueros, escucha a los empresarios, escucha a los dueños de las AFP, pero parece que le ha faltado lo más importante, que es escuchar a la gente, escuchar a la ciudadanía, y este proyecto es el reflejo de eso. Este es el clásico proyecto con un bonito nombre: Aporte fiscal para la protección de ingresos de la clase media. Suena rebonito, un bonito nombre para un proyecto enredado, incompleto, excluyente y, además, engorroso.

En primer lugar, tengo una reflexión. Seamos claros: lo que el gobierno llama clase media, y que, se supone, ha sido el destinatario de este modelo desde hace tanto tiempo, en realidad no es más que un grupo enorme de millones de personas, de familias, que viven en la precariedad, que apenas alcanzan a llegar a fin de mes, y que lo hacen a costa de pasar endeudándose. Tienen que pagar por la salud, por la educación, por lo que se supone que deberían ser derechos fundamentales y garantizados.

Esa es la famosa clase media que hoy ha quedado demostrado que está totalmente precarizada fruto de este modelo y no solo de la pandemia que hoy vivimos.

Este proyecto es lo que llamo un clásico proyecto “transantiago”: está desconectado de la realidad de una mayoría ciudadana. Es un proyecto que deja afuera a amplios sectores -como ya ha sido mencionado varias veces-, como los taxistas, los colectiveros, los garzones, los feriantes, los transportistas escolares y muchos más. Pero además -de esto se ha hablado pocoes enredado y difícil, lo que, una vez más, va a significar el riesgo casi seguro de que millones de teóricos beneficiarios van a terminar quedando afuera, sin recibir la ayuda urgente que necesitan, como ya pasó con el bono covid-19 y con el IFE 1.0. Por ejemplo, se debe demostrar que el promedio de ingreso mensual del año 2019 fue mayor que 400.000 pesos; se tiene que demostrar que este año el ingreso bajó, por lo menos, en un 30 por ciento, y es el solicitante el que tiene que demostrarlo, con todas las dificultades que eso significa en muchos casos. ¿Cuánta gente no va a poder demostrarlo adecuadamente, con burocracia, con papeles?

Nos dicen que se puede acceder a un préstamo. ¡Otra vez a endeudarse! Al gobierno le encanta eso de los préstamos y que todo el mundo esté endeudado. Parece que es la única mirada que tiene. Otra vez los banqueros de por medio, como si no tuvieran ya suficientemente asfixiadas a las familias chilenas. ¡Qué manera de gustarle al gobierno que todo el mundo se endeude! ¿Por qué no nos dicen de una vez por todas que no es un préstamo? Porque por otro lado nos hablan de que va a haber subsidio; dicen que se debe devolver, pero que podría no devolverse. Entonces, ¿es un aporte o un préstamo? ¿Qué es?

Sinceramente, le pregunto al gobierno si puedo decirles a los electores de mi distrito, de Peñalolén, de La Reina, de Las Condes, de Lo Barnechea y de Vitacura, que no lo paguen y que accedan al subsidio. Sería bastante más simple y más fácil.

Una vez más la propuesta está llena de letra chica. Además, este proyecto debería venir con un verdadero manual de instrucciones de regalo. Así de enredados son los proyectos. Miren la diferencia con el proyecto presentado por diputados y diputadas de este Congreso: el proyecto de reforma constitucional que permite retirar hasta el 10 por ciento de lo que cada uno tiene ahorrado, que está secuestrado hasta ahora por las AFP. Ese era un proyecto sin letra chica, simple, fácil y nada engorroso, que ha permitido que, en una primera mañana, más de un millón de chilenas y chilenos hayan podido acceder a llenar el formulario para recibir su 10 por ciento. Así hay que pensar los proyectos, entendiendo lo que está pasando con la ciudadanía, pero eso no lo hace el gobierno.

Soluciones existen. Hay que apoyar este proyecto en general, porque nos interesa apoyar a la clase media, pero claramente el gobierno tiene que replantearlo y tiene que buscar soluciones que sean simples, fáciles, directas y generales, que lleguen a todas y todos los chilenos que están desesperados. Por eso hemos planteado, entre otras cosas, un ingreso básico universal, porque permitiría de una vez por todas llegar con ayuda a todas y todos los chilenos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, hoy en la mañana hemos tenido un debate bastante intenso con el ministro de Hacienda, porque hay una cosa clara en la que estamos de acuerdo: existe un segmento de la sociedad que necesita y requiere ayuda, pero que en este proyecto de ley está excluido.

Por supuesto que está muy bien lo que nos señala el ministro en cuanto a que hay sectores formales que van a recibir esta ayuda y que es necesaria. Sin embargo, el problema lo tenemos con un grupo de trabajadores que no caben en la categoría de informales, porque hacer esta separación mecánica o tajante entre trabajadores formales e informales no responde a la realidad del país. También tenemos gente que está cumpliendo con algunos requisitos legales, pero que no los tiene todos resueltos a cabalidad.

Me acabo de comunicar con un sindicato, con una agrupación de transportistas escolares de la Región de Coquimbo, de la ciudad de La Serena, a quienes les pregunté si pagaban PPM. Me respondieron: “No, diputado. Años atrás tuvimos iniciación de actividades y en algunos casos fue el propio Servicio de Impuestos Internos el que la cerró”.

¿Y qué les decimos a esas tías del transporte escolar, que en un mes normal, sin pandemia, recibían como ingreso 500.000, 600.000 u 800.000 pesos? ¿Qué les decimos? No catalogan para lo que es hoy el ingreso familiar de emergencia, que está pensado para hogares más vulnerables, y van a quedar fuera de este apoyo a la clase media. ¿Qué les decimos?

¿Tengan confianza porque el lunes va a haber una reunión entre el ministro y los taxistas colectivos, y de ahí va a salir la solución? Y si esa solución se traduce en un proyecto de ley,

¿en cuánto tiempo estará disponible? Me parece muy bien que el ministro se reúna con la Conatacoch -en la misma Comisión de Hacienda le pedimos que ello se concretara-, pero hay muchos problemas más que abordar.

Lo que le pido al ministro es que encontremos ahora, en este espacio de debate en la Cámara de Diputados, una solución a la realidad de los sectores que tienen renta presunta. Ellos buscan cumplir con las normas legales, porque por algo están pagando sus impuestos. Se puede hacer porque hay base. Por ejemplo, en el caso de las transportistas escolares, ellas tienen un registro nacional. No cualquier furgón que se pinte de amarillo va a aparecer y va a estafar al Estado.

Reitero: ellas tienen un registro nacional. También tienen una cartola que establece las que están más activas. Esa cartola permite hacer un seguimiento; es obvio que no han podido trabajar. Por último, que se haga una declaración jurada en la que cada transportista declare que tuvo pérdida de ingresos en una cifra mayor al 30 por ciento, y a la que incumpla y falsifique la declaración jurada -puede ocurrirla borran del registro y le cobran una multa. Sancionemos al que engaña, pero no castiguemos al que hoy está absolutamente agobiado y no tiene solución.

En el caso de las transportistas escolares, de las tías de los furgones amarillos, eso posible hacer eso, al igual que en el de los taxistas de colectivos. Y si esa solución se implementa ahora, este proyecto va a tener una rápida aprobación.

Pido al ministro y a la ministra que se abran a soluciones concretas, porque aprobar este proyecto hoy y esperar a ver lo que ocurre el lunes en la reunión, francamente no es una opción viable; hay muchos problemas que abordar.

Ministro, no suspenda la reunión del lunes y reciba igual a la Conatacoch; converse con ellos otros problemas y dele solución a este. También vea la situación agobiante de los choferes de taxis colectivos, que también requieren una ayuda y una solución. Eso es lo que nosotros le proponemos. De otra manera, nos veremos obligados a rechazar el artículo 2, que es el corazón de este proyecto de ley, y eso obviamente va a retrasar los apoyos.

Alguien puede decir que este proyecto es mejor que lo anterior. Por supuesto que se ha avanzado; aquí mismo lo dije, y, en mi opinión, lo denuncié. ¿Por qué se avanzó? Porque ustedes dieron muchas más ventajas y beneficios, porque querían que su sector político votara en contra el retiro del 10 por ciento. No lo lograron, pero los beneficios están puestos sobre la mesa. Apareció plata que nos habían dicho que no existía. Está bien, eso ya es otra historia.

Lo concreto es que hoy no podemos aprobar un proyecto de ley que, en estas condiciones, en lo específico, está dejando fuera a sectores tremendamente carenciados, que están agobiados, que lo están pasando mal y que no califican para el ingreso familiar de emergencia porque no tienen el nivel de vulnerabilidad requerido. No sé cuántos son en número: 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 100.000, 200.000, porque perfectamente pueden ser entre taxistas y tías de furgones escolares…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero despejar absolutamente lo que aquí se ha señalado por parte de algunos parlamentarios que han intervenido, en cuanto a que hemos sido obstruccionistas y hemos puesto dificultades.

Hemos sido superclaros: apoyamos el bono Covid-19, el IFE 1.0, el IFE 2.0, el IFE 3.0, y hoy estamos tratando este proyecto de protección de los ingresos de la clase media; en términos generales, hemos aprobado todos los proyectos. Una cosa distinta es que hemos dicho que ellos han llegado tarde y han sido insuficientes. Creo que tener una opinión discrepante no significa obstruir ni estar en contra.

Y aquí estamos enfrentados a un proyecto de las mismas características: un proyecto que va en favor de la clase media. Creemos que los instrumentos no son malos; apoyamos y vamos a respaldar el bono y el crédito blando o beneficio. El problema que tenemos, al igual como ocurrió con el bono Covid-19, el IFE 1.0, el IFE 2.0 y el IFE 3.0, es lo que hemos dicho una y otra vez: son insuficientes. Y porque son insuficientes creemos que hay que mejorarlos. No obstante, no hemos sido escuchados. Lo señalo, porque queremos evitar que en una semana más o en quince días más tengamos que ver un proyecto clase media 2.0.

Lo que les estamos advirtiendo hoy es que evitemos ese camino, así como lo podrían haber hecho si nos hubieran escuchado en marzo o en abril, cuando hablamos sobre la necesidad de otorgar una renta universal masiva y profunda. Con esa medida hubiéramos resuelto el problema socioeconómico. La tarea que viene -sepa que va a contar con nuestro apoyo es cerrar este capítulo de aportes y de apoyos a la sociedad civil vulnerable de la clase media; después deberemos abordar el capítulo referido a la recuperación económica. En ese momento nos tendrán en la primera línea para entregar ideas e iniciativas.

El problema principal de este gobierno -quizás me encuentren razón ha sido que tiene cuerpo, pero le falta alma. ¿Por qué le falta alma? Porque en lo que va del gobierno hemos tenido, con la secretaria de Estado actual, cuatro ministros en uno de los ministerios más importantes: el de Desarrollo Social y Familia. Es difícil que un gobierno tenga alma cuando el ministerio más importante, pues dice relación con aspectos sociales, es de entrada y salida. Así, uno llega a acuerdos con los ministros, pero antes de que se puedan concretar ya no están en su cargo.

Tal como lo señalamos en su debido momento -ojalá que lo asuman alguna vez-, la ficha del Registro Social de Hogares debe ser universal, tal como lo es el RUT; eso nos habría evitado muchos de los problemas que tenemos hoy. Sin perjuicio de si la persona tiene o no plata debe tener una ficha universal, porque nadie puede garantizar que una familia siempre estará en buenas condiciones económicas. Ese es el problema que se ha generado hoy en materia de ingreso y salida por no contar con una ficha universal en el Registro Social de Hogares.

Segundo, Chile necesita una campaña de alfabetización digital. Se lo advertimos al ministro Moreno con la diputada Sofía Cid , pero hasta la fecha no nos han hecho caso. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy porque la gente es analfabeta digitalmente? Que para cualquier trámite se generan largas filas.

Tercero -lo que estoy señalando debieran ser tareas para la ministra-, tenemos problemas con las pensiones de alimentos: más de 100.000 mujeres han presentado solicitudes en los tribunales de justicia ¿Cuál es la respuesta ante esa situación? Lo máximo que pueden hacer los tribunales de justicia es dictar medidas precautorias, pero una vez que estas se acaban los “papás corazón” no pagan ni una pensión de alimentos más.

Este es un gobierno que llega tarde. Espero que la actual ministra de Desarrollo Social y Familia le dé alma y corazón a este gobierno para que este llegue oportunamente con las medidas.

El gobierno ya debiera estar abordando el problema de las pensiones de alimentos. Le dijimos al ministro de Justicia y Derechos Humanos que se tenía que elaborar un registro de deudores de dichas pensiones. De haberlo hecho, tendríamos resuelto este problema.

Por lo tanto, no somos obstruccionistas; queremos colaborar, ayudar a salir de esta crisis sanitaria y, posteriormente, de la grave situación que tendremos con la recuperación económica, pero escúchennos, hágannos caso, alguna vez tomen en cuenta nuestras ideas.

Finalmente, quiero señalar que tendremos problemas con todos los sectores que deja fuera este proyecto, razón por la que el día de mañana habrá que tramitar un proyecto clase media 2.0.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON (vía telemática).-

Señor Presidente, tener que asumir una pandemia y una crisis de las proporciones de la que hemos tenido que vivir debe ser difícil para cualquier gobierno, tal como lo ha sido en este caso. Sin embargo, quiero dejar en evidencia que existe un problema con la forma en que han ido mutando los argumentos respecto de esta materia, porque lo que quiere buena parte de la oposición, si no toda, es tratar de evitar que el gobierno se tropiece con la misma piedra más de una vez.

En el Parlamento hemos tramitado proyectos de ley que han tenido por objeto el establecimiento de los bonos covid-19, del ingreso familiar de emergencia, del subsidio de cesantía, del financiamiento con garantía Fogape y del IFE 2.0, entre otros, iniciativas que en realidad han sido una solución de parche al problema que estamos enfrentando. De hecho, hoy estamos tramitando otro proyecto para parchar y mejorar el IFE 2.0. Así, suma y sigue.

Sin embargo, tal como se ha señalado, la solución que se propone a través de esta iniciativa fue diseñada para tratar de evitar que las personas retiraran el 10 por ciento de los fondos de las AFP. Por lo tanto, su diseño y su estructura fueron enfocados para prevenir que se legislara en torno al 10 por ciento de las AFP; pero como ese objetivo no resultó, la pregunta es si el proyecto en debate cumple con los objetivos que debiera tener para el mejor desempeño de estos recursos. Lo que vemos es que hay personas que obtendrán ayuda por medio del ingreso familiar de emergencia, gracias a las mejoras que se le han incorporado, aunque tardíamente, pero hay otras que, lamentablemente, no tendrán acceso a ningún tipo de ayuda.

Por ello, ante los dichos del gobierno de que esto debiese ser algo simple, que su objetivo es simplificar, permítame sugerir una propuesta que puede ser mucho más simple y efectiva. Con la misma plata, insisto, exactamente con la misma plata, sin perjuicio de que si se requiere bajar algún monto estoy absolutamente disponible para ello, ¿por qué no permitimos que todas las familias que tengan un ingreso superior a 100.000 pesos por persona, razón por la que no están consideradas dentro del ingreso familiar de emergencia, pero inferior a 200.000 pesos per cápita puedan acceder al bono de manera inmediata por el mismo instrumento? De esa manera estarían consideradas la mayoría de las familias que han sido rechazadas para recibir el IFE.

Por otro lado, todas las personas que perciban ingresos sobre 400.000 pesos o 500.000 pesos, incluso superiores a 600.000 pesos, pero en forma individual, no como familia, debieran tener acceso al mecanismo que propone este proyecto. Lo que planteo es que se establezcan dos vías alternativas, no que se cierren algunas puertas mientras se abren otras.

Lamentablemente, con este proyecto -el gobierno lo sabe, pero no lo quiere admitirserán muchas las personas que quedarán entremedio, en el limbo, sin ingreso familiar de emergencia y sin los beneficios que contempla esta iniciativa.

Pedimos al gobierno que haga un esfuerzo en ese sentido, motivo por el que hemos pedido votación separada de algunos artículos, porque queremos que esto se arregle. ¿Se podría haber mejorado esta iniciativa si se hubiesen presentado las indicaciones correspondientes? Claro que sí. De hecho, se podría haber perfeccionado más rápido y evitado la posibilidad de tener que llegar a la instancia de comisión mixta. No obstante, el gobierno, al insistir con este proyecto, que fue diseñado, lo reitero, para evitar que se tramitara el retiro de 10 por ciento de las AFP, lamentablemente, no nos deja otra alternativa que enviarlo a tercer trámite constitucional, para que en dicho trámite el gobierno mejore su propuesta, o que sea eventualmente una comisión mixta la que resuelva las discrepancias y posibilite llegar con la ayuda a la gente, tal como nos han demandado, por ejemplo, distintas industrias y gremios.

Si eso es lo que quiere el gobierno, lo podemos tramitar el mismo martes, pero hoy no nos queda otra alternativa que rechazar algunos aspectos…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Cosme Mellado .

El señor MELLADO (don Cosme) [vía telemática].-

Señor Presidente, no puedo comenzar mi intervención sin mencionar aquello de lo que el país ha sido testigo el día de hoy: los medios de comunicación muestran largas filas de espera para el retiro del 10 por ciento del fondo de pensiones. Esto refleja la verdadera necesidad con que las familias están buscando un apoyo económico en tiempos de crisis.

Ayer, en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación aprobamos por unanimidad la idea de legislar este proyecto; lo discutimos largamente durante la mañana y la tarde.

Este nuevo mensaje presidencial, que se suma a los ingresos familiares de emergencia 1.0,

2.0 y plus, tiene la misma característica, la misma esencia. La fórmula del Ejecutivo se repite una y otra vez: la entrega superfocalizada y los aportes a cuentagotas.

Además, este proyecto no incluye en el beneficio a los trabajadores que tienen renta presunta y que han visto disminuidos sus ingresos en tiempos de pandemia.

Muchos trabajadores se crean expectativas con los anuncios del gobierno, entre ellos, los conductores de taxis colectivos, que han sido mencionados en muchas intervenciones, ya que representan un rubro integrado por más de 40.000 conductores. Ellos han sufrido en carne propia las limitaciones de que han sido objeto para desarrollar sus actividades en condiciones normales, lo cual, sumado al costo de los combustibles, hace muy difícil que puedan desarrollar su actividad con un porcentaje de rentabilidad.

Un segundo rubro golpeado fuertemente, que también ha sido mencionado, es el de los transportistas escolares, los que desde marzo no han podido ejercer sus funciones.

El ministro de Hacienda dijo en esta Sala, en forma textual, que hay personas que han visto caer sus ingresos. Lo menciono, porque en verdad muchas de esas personas están invisibilizadas, entre ellas, los artesanos, especialmente los del distrito que represento, de la comuna de Chimbarongo, donde el 80 por ciento de los artesanos mimbreros no han formalizado su actividad, no tienen iniciación de actividades, por lo que solo el 20 por ciento de esos artesanos podría acceder a este beneficio. ¿Qué les vamos a responder a esos artesanos que he visitado en sus talleres, por lo que sé que no han vendido nada en los últimos meses?

Esa es la realidad y la razón de por qué creemos que es importante que este proyecto amplíe la cobertura.

Por lo tanto, hago un llamado al ministro de Hacienda, por su intermedio, señor Presidente, para que, de una vez por todas, sea capaz de coincidir y sintonizar con lo que ocurre en nuestros territorios y considere las demandas que nos hace llegar la gente.

Nosotros tenemos la posibilidad cierta de poder discutirlo y debatirlo en la comisión, pero distinto es…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH (vía telemática).-

Señor Presidente, por fin estamos discutiendo beneficios para los trabajadores de ingresos medios. Llegan un poco tarde, pero bueno…

Entiendo la razón por la que este proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado: porque originalmente beneficiaba a 600.000 trabajadores, pero el que vamos a votar ahora alcanza a 1,6 millones de trabajadores, la mitad de los trabajadores formales. Incluye a

700.000 cuyos salarios disminuyeron en 30 por ciento; 420.000 trabajadores de empresas que se acogieron a suspensión de contrato; 165.000 cesantes que viven hoy del seguro de desempleo; 250.000 trabajadores a honorarios, y 100.000 trabajadores por cuenta propia, microempresas o empresas unipersonales.

Lo importante es que no habrá trámite, dado que el beneficio será automático, en razón de que hay registros de sus ingresos y de las disminuciones de estos durante la crisis.

El Senado desacopló el bono de 500.000 pesos de la solicitud de préstamo subsidiado, que se otorgará sin intereses y que se extinguirá en la parte que no se alcance a pagar dentro del plazo establecido. Es decir, es un préstamo sin bancos, sin multas y sin Dicom .

Además, el Senado redujo de 500.000 a 400.000 el umbral de ingreso promedio del año pasado para acceder al beneficio, y así no quedarán personas que, necesitando apoyo, no tienen cabida para recibir el apoyo a la clase media o el IFE, que hoy está llegando a

6.500.000 personas.

Casi 4 millones de ellos viven del trabajo informal, que ha sido brutalmente afectado por la crisis. Para ellos fue diseñado el ingreso familiar de emergencia.

En la Comisión de Hacienda, el ministro Ignacio Briones se comprometió a conversar con los gremios para proponer al Congreso Nacional un mecanismo que permita que quienes se desempeñan en el transporte colectivo menor obtengan la ayuda que necesitan.

Es cierto, ministro, por su intermedio, Presidente, que no hay registro para verificar la caída de ingresos de ese sector, pero le pregunto: ¿usted o alguien más en esta Sala tiene alguna duda en cuanto a que quienes viven de transportar personas no han sido brutalmente afectados en sus ingresos por la crisis sanitaria, particularmente en las ciudades de prolongada cuarentena, como ocurre en la Región Metropolitana?

Esto es urgente, señor ministro. Podría echar mano a los fondos de la llamada “ley espejo” del Transantiago, podría perfectamente repetir el bono compensatorio que se aplicó por cada vehículo durante varios años consecutivos.

Lo vamos a perseguir, ministro Ignacio Briones , en los próximos días, hasta que llegue a la Cámara de Diputados con una propuesta para ese sector.

Hace solo dos días, todos los senadores de oposición concurrieron a aprobar por unanimidad este proyecto de ley que beneficiará a 1,6 millones de trabajadores.

Votaré como lo hicieron mis colegas de oposición del Senado unánimemente.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Torrealba .

El señor TORREALBA.-

Señor Presidente, primero, saludo a nuestra flamante ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar , a quien queremos mucho. Sabemos que lo va a hacer muy bien en esa cartera

Este proyecto requiere una tramitación muy rápida, porque es evidente que, como hemos visto, la clase media lo está pasando muy mal.

He escuchado muchos testimonios de vecinos de mi distrito que han visto caer sus ingresos, no solo en lo que dice esta norma, 30 por ciento, sino en 80, 90 y hasta el 100 por ciento. Se trata de personas que trabajaban en el mundo de las ventas, que tenían un sueldo variable de entre 1.200.000 y 1.500.000 pesos mensuales, pero cuyos ingresos cayeron casi a cero, porque están en considerados la ley de protección al empleo y, por tanto, reciben la mitad de un sueldo mínimo. Esos dramas se multiplican por miles a lo largo del país.

Independientemente de lo que pueda decir la oposición respecto del retiro del 10 por ciento -no quiero mezclar este proyecto con esa iniciativa-, considero que aquí hay una buena agenda para la clase media, pues no solo considera este beneficio, sino también otros más, que es relevante informar, para que la ciudadanía los conozca, como el subsidio al arriendo, el préstamo solidario, la postergación del pago de contribuciones, las nuevas postulaciones para el CAE y tantos otros beneficios que vienen más adelante respecto de las pymes, porque no debemos olvidar que la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país son de propiedad de chilenos de clase media, quienes han logrado, gracias a su esfuerzo, levantar un negocio que ayuda a solventar los gastos de sus familias y cumplir los sueños que tienen.

Esta agenda de clase media es bastante robusta, y la impulsamos con mucha fuerza desde nuestra bancada, que ha sido mejorada en el Senado, por lo que ha concitado un acuerdo bastante transversal respecto de su ejecución.

Ahora debemos aprobar este proyecto y despacharlo lo más rápidamente posible, sin que los parlamentarios de oposición lleven la iniciativa a comisión mixta, de modo que los beneficios lleguen en el más breve plazo a la ciudadanía, a fin de ir cerrando esta red de protección social que permitirá sortear de buena forma la crisis provocada por el coronavirus.

Al mismo tiempo, debemos empezar a adelantar, a acelerar el proceso que se nos viene, el de la reactivación. Lo que estamos viendo es que millones de chilenos han perdido su fuente de trabajo producto de esta pandemia que ha afectado a todos por igual.

Lo que sueñan hoy los chilenos, además de que se termine la cuarentena para poder salir de las casas, porque es una situación angustiante para todos, es recuperar sus trabajos, pero para ello debemos echar a andar los motores de este país, para lo cual la agenda de reactivación es de la mayor importancia y la razón por la que es tan importante que lleguemos ya con un mecanismo ágil, dinámico y sin burocracia para generar un subsidio a la contratación.

Necesitamos agilizar con mucha fuerza las obras públicas, que las empresas puedan echar a andar sus motores y así generar trabajo y permitir que las pequeñas y medianas empresas puedan vender sus productos, porque así se crearán más oportunidades de trabajo.

Este es un proyecto al cual se le puede pedir más. Siempre se puede pedir más; sin embargo, en el contexto en que estamos, debemos ser responsables con los recursos que tenemos.

Aquí hay un acuerdo transversal en el que participaron partidos de oposición y de gobierno que, finalmente, llevará a construir tanto una red de protección social como un plan de reactivación.

En esta línea, le pido al gobierno, por intermedio de la ministra Karla Rubilar , dar celeridad a esta política pública, porque creo que es la principal para ayudar a la clase media, echar a andar los motores de la industria, recuperar los trabajos, para que los chilenos puedan recuperar los sueños que han ido perdiendo desde el 18 de octubre de 2019, cuando el estallido social y la violencia se tomaron nuestro país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal .

La señora CARVAJAL (doña M.a Loreto).-

Señor Presidente, lamento que el ministro de Hacienda haya salido de la Sala, aunque para nosotros, en estos casi cinco meses de pandemia, no resulta raro ni extraño que este ministro no nos escuche.

Lo que sí resulta muy raro es que el Presidente de la República todavía lo siga escuchando, y lo digo porque, pese a que la crisis política, social y sanitaria no se detiene, tenemos otra vez un proyecto en que no hay ánimo de integrar a quienes hoy día requieren la ayuda del Estado.

Me sumo a las felicitaciones a la ministra Karla Rubilar , quien se hace cargo de un ministerio tan importante para el país, y a quien, por su intermedio, señor Presidente, le recuerdo que los taxistas, los colectiveros y los transportistas escolares han quedado fuera de todo beneficio y ayuda no solo desde el 18 de octubre del año pasado, sino que desde mucho antes.

La llegada y la habilitación de UBER, una plataforma tecnológica, los dejó fuera de la pista -perdóneme la expresiónhace mucho rato.

Hoy, la crisis del transporte escolar es gigantesca. No tenemos clases, por lo que a nadie le podría caber ninguna duda de que sus ingresos disminuyeron. Debemos modificar la normativa, a través de una comisión mixta, y para ello debe existir ánimo y voluntad de hacerlo. Eso es lo que el pueblo y la ciudadanía esperan.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Karim Bianchi .

El señor BIANCHI (vía telemática).-

Señor Presidente, no podemos negar que el proyecto constituye un avance; pero si algo debió aprender la clase política es que ya no estamos dispuestos a mejoras en la medida de lo posible. Hoy se exige el máximo esfuerzo, sobre todo porque esto no es político ni ideológico, sino humanitario.

El día anterior a la votación de la reforma constitucional que permite el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, el gobierno, de manera apurada y exigida, informó a un Chile endeudado sobre un bono directo de 500.000 pesos y un crédito.

Veamos, entonces, qué nos presenta el gobierno y si está a la altura de hacer un aporte real a las personas o, por el contrario, su esfuerzo es tan focalizado que en el futuro se presentarán bonos clase media 2.0, 3.0 o 4.0.

Hoy se presenta un bono para quienes tengan una disminución de sus ingresos de, a lo menos, un 30 por ciento, para financiar en parte sus pérdidas, y para ellos mismos se otorga la posibilidad de un crédito pagadero en tres años. Me parece bien; suena bien. No obstante, la clase media es más amplia que el concepto formal que maneja el Servicio de Impuestos Internos o el ministro de Hacienda.

¿Cómo vamos a dejar fuera de esta clase media, una vez más, a taxistas, a colectiveros, a transportistas escolares, a la gente de la pesca, a los artesanos, a los feriantes, a los vendedores ambulantes, al mundo de la cultura, a los garzones -quienes reciben propinas con el turismoy a tantos otros oficios?

No creo en los protocolos que se firman paralelamente a los proyectos de ley, porque sabemos que, una vez terminada la votación, el ministro de turno se va a su despacho y los manda a archivar, si es que no lo cambian a él al poco tiempo.

Esta iniciativa es otro proyecto grandilocuente, pero que excluye a muchos. No hay cómo hacerle entender al Ministerio de Hacienda que le ponga término a la hiperfocalización.

Llamo a mis colegas a estar a la altura de las circunstancias. Exijamos el máximo de esfuerzo al gobierno en los proyectos de ley, porque de él no va a nacer. El gobierno ha llegado tarde a todo, y hoy también lo hace. Llegará tarde y mal a la clase media.

Con humildad señalo que el próximo mes, seguramente, vamos a estar aquí mismo debatiendo la entrega del bono clase media plus, 2.0 o el que la gerencia de marketing le proponga al gobierno.

No puedo apoyar una iniciativa a sabiendas de que es excluyente e ineficiente. Necesitamos soluciones concretas, empatía, un poco de corazón, de humanidad, de ética,

de dignidad y menos burocracia, menos letra chica.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve .

El señor MONSALVE.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Karla Rubilar , y desearle éxito en su gestión; también, al ministro de Hacienda, a quien le agradezco su presencia en este debate.

Como varios diputados lo han dicho, uno podría sostener que estamos frente a un buen proyecto de ley, ya que se trata de una iniciativa que contempla un aporte fiscal relevante, que alcanza a cerca de 2.000 millones de dólares. Uno también podría decir que son mil millones para el bono y los otros mil millones corresponden a deuda, pero eso no desconoce que se trata de un aporte fiscal relevante para ir en beneficio de la clase media.

Tampoco podría discutir que la cobertura también es relevante, pues el número de beneficiarios son cerca de 1.600.000 personas.

Por lo tanto, si uno mira ese conjunto, tendría que decir que se trata de un proyecto que está bien orientado y que está dentro del marco de entendimiento entre el gobierno y la oposición. Es un buen uso de 2.000 millones de dólares que están dentro de ese marco fiscal.

No obstante lo anterior, también hay puntos de tensión y, en ese sentido, la tarea del Congreso Nacional y de los ministros de Estado es ser capaces de buscar la solución a esos puntos de tensión.

Uno de esos puntos de tensión es el requisito de demostrar la rebaja del 30 por ciento de ingresos para acceder a los beneficios, tanto del bono como del crédito solidario. Así, por ejemplo, una persona cuyos ingresos mensuales eran 400.000 pesos y los ve reducidos en 25 por ciento, queda bajo la línea de la pobreza, pero no recibe el beneficio, porque el requisito es haber disminuido sus ingresos en, al menos, 30 por ciento.

Por lo tanto, se ha pedido flexibilizar la exigencia en ese segmento, para que no sea de 30 por ciento, sino de 20 por ciento. El ministro de Hacienda ha dicho que es complejo, porque lo que ha buscado el gobierno es simplificar el proyecto.

Podría asumir ese argumento, pero cuando analizo el proyecto de ley veo que el bono sí tiene segmentación y gradualidad. O sea, el bono de 500.000 pesos es para los que ganan hasta 1.500.000 pesos, pero entre los que ganan entre 1.500.000 pesos y 1.600.000 pesos es de 400.000 pesos, y después baja a 300.000 pesos, a 200.000 pesos y a 100.000 pesos.

¿Por qué el gobierno puede aplicar gradualidad a la hora de entregar el bono y disminuir su monto, pero no puede rebajar el requisito para los que tienen menores ingresos, a fin de que puedan recibir el beneficio?

Es muy difícil de explicar que alguien que cae bajo la línea de la pobreza quede fuera de este beneficio. Ahí se cae el argumento del ministro de Hacienda cuando dice que las reglas son parejas para todos para simplificar el proyecto. Pero, en el caso del bono, la regla no es pareja. El gobierno debería abrirse a revisar este punto.

En segundo lugar, me preocupa la situación de los transportistas, porque es cierto que hay un acuerdo, pero en este no está que el requisito para entregar beneficios a la clase media sea una caída de los ingresos del 30 por ciento. Y tampoco está en el acuerdo dejar fuera a los transportistas con renta presunta.

El problema es evidente: los taxistas y los colectiveros perdieron ingresos, y los transportistas escolares no pueden trabajar. Son todas personas que, producto de un enorme esfuerzo, habían logrado tener ingresos acordes con los de la clase media. ¿Cómo resolvemos el problema?

El gobierno tiene el registro de todos los taxis colectivos, porque están inscritos en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Lo mismo sucede con el registro de todo el transporte escolar.

¿Por qué, al igual como se hace con el ingreso familiar de emergencia, no se les pide una declaración jurada de algo que es evidente: que disminuyeron sus ingresos? ¿Por qué no se les permite entrar a este beneficio? Si posteriormente se demuestra que la información que entregaron es falsa, podrían ser sancionados. ¡No es posible que los dejemos sin respuesta!

La ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Karla Rubilar , quien fue diputada, sabe que muchas veces los gobiernos han firmado protocolos antes de que se apruebe un proyecto de ley, para dar respuesta a un problema real y decir que hay voluntad para buscar una solución, no en la ley, pero sí en un breve plazo.

Reclamo la voluntad política de diálogo. Deberíamos coincidir en que el problema existe, que es real y que hay gente dedicada al transporte que vive una situación dramática, pero no ha recibido ayuda. La pregunta es si debemos dar una solución a ese problema. Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué el gobierno no propone un protocolo de acuerdo anexo a la ley? De ese modo, en las próximas dos o tres semanas el Parlamento tendría una respuesta del gobierno para resolver la situación que viven las personas que trabajan en transporte escolar y en taxis colectivos o individuales. Me parece que, políticamente, ello es posible y facilita el diálogo y los acuerdos.

Votaré a favor el proyecto, pero si no hay respuesta del gobierno rechazaremos o nos abstendremos respecto de algunos artículos, a fin de que el Senado lo mejore.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Leopoldo Pérez .

El señor PÉREZ (don Leopoldo) [vía telemática].-

Señor Presidente, estamos llegando al final de la discusión de este proyecto, muy esperado por la ciudadanía.

Distintos parlamentarios han planteado sus dudas respecto de este proyecto, con las consabidas críticas de que llega tarde, tiene letra chica, no satisface a todas las personas, etcétera. Me gustaría saber qué proyecto satisface a todas las personas. Creo que ninguno, porque siempre van a quedar fuera grupos de personas que, por diferentes motivos, no califican. En eso hay que ser bastante honestos, y el ministro de Hacienda lo ha sido durante la discusión del proyecto.

Efectivamente, hay sectores de la economía que por sus características no han tenido cabida en la iniciativa. Como decía el diputado Manuel Monsalve , los transportistas de taxis colectivos podrían calificar como trabajadores por cuenta propia, pero no hay cómo determinar la caída de sus ingresos. Ello es imposible, porque no existe registro. Ellos mismos decían que no saben si dan o no dan boleta.

Por lo tanto, llamo a aprobar este proyecto. Hay 1.600.000 chilenos que están esperando que se promulgue la ley, porque complementará otros beneficios, incluido el famoso 10 por ciento. Espero que no seamos mezquinos y que no se haga competir ambas iniciativas. El retiro del 10 por ciento ya es ley; en cambio, este proyecto todavía no se despacha. Debemos hacerlo a la brevedad, porque la ciudadanía ya no puede seguir esperando y la pandemia sigue arreciando.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET (vía telemática).-

Señor Presidente, el proyecto es importante y supone un avance, pero uno no puede negar que hay un sector que queda fuera.

Una y otra vez, desde marzo, nos hemos planteado en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de qué forma podemos ir en ayuda del sector transporte, en particular de los taxistas, colectiveros y transportistas escolares. Objetivamente, hay un sector que ha quedado fuera de todos los beneficios, incluso del beneficio del 10 por ciento. Buena parte de esa ciudadanía no tiene cuenta de capitalización individual en una AFP por estar en un sector informal. Nuevamente, la forma de abordar este proyecto la deja fuera.

Hemos conversado la materia una decena de veces con la ministra, con el subsecretario y con distintas autoridades. En marzo, abril, mayo y junio hemos enviado oficios, pero nuevamente el sector transporte queda fuera. No sé qué pasa. Creo que hay cierta voluntad de extinguir el sector de taxistas y colectiveros.

Para mí es muy importante que ese sector quede incorporado en el proyecto de ley, porque claramente ha visto disminuido sus ingresos. ¡Qué duda cabe! El decreto de confinamiento o cuarentena de más 9 millones de chilenos y de chilenas ha hecho disminuir los desplazamientos y, por ende, los ingresos del sector. Entonces, no entiendo por qué no hay una apertura de las autoridades del Ministerio de Hacienda para que esas personas puedan acceder a algún beneficio del Estado.

El ingreso familiar de emergencia 2.0 llegó, aproximadamente, al 10 por ciento de ese sector, y el IFE 1.0 a menos de ese porcentaje. No sé ahora, pero es muy poquita la gente que puede acceder a este nuevo beneficio.

Por eso, voy a votar en contra el proyecto mientras no se arregle la situación de ese importante sector de la actividad económica, que, además, es muy vulnerable, ya que está constituido por pequeños empresarios, emprendedores que han pagado impuestos toda la vida. Pagan impuestos específicos, pagan impuestos por renta presunta, y muchos están endeudados por créditos bancarios por la adquisición de vehículos. Hay que ir en ayuda de este sector, que, a mi juicio, está siendo excluido de manera injusta.

Señor Presidente, por su intermedio señalo al señor ministro que seguiré defendiendo a los taxistas, a los colectiveros, a los conductores y dueños de buses escolares y, en general, a todos quienes integran ese sector tremendamente vulnerable, al que este gobierno contumaz no ha querido llegar con ayuda.

Por todo lo anterior, votaré en contra la iniciativa.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Santana .

El señor SANTANA (don Alejandro) [vía telemática].-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro Briones , a la ministra Karla Rubilar -a quien deseo mucho éxito en su desempeño en la cartera de Desarrollo Social y a los subsecretarios que nos acompañan en el debate.

Dentro de las medidas comprometidas por el gobierno se encuentran el ingreso familiar de emergencia plus, el aporte fiscal directo a la clase media, que estamos tratando, y el beneficio del préstamo solidario, sumado a la postergación del pago de dividendos de los créditos hipotecarios, la ampliación del programa del subsidio de arriendo para la clase media, la ampliación y postergación del CAE para la educación superior y la postergación del pago de contribuciones. Sin duda, son instrumentos que van a ayudar, ya que están focalizados a una capa de la sociedad de nuestro país que, efectivamente, no son considerados de forma directa en ninguna política pública.

Por eso, cuando se escucha de un sector de la oposición que esto no es suficiente, que no cubre todo y que no aporta mucho, ello genera un mensaje de pesimismo.

Hoy, Chile requiere trabajo, unidad y generar un debate de esperanza y optimismo. Me imagino que las personas que escuchan este debate, en vez de entender que este proyecto beneficia a algo más de 1.600.000 personas, comienzan a dudar de si el resultado será efectivo. Creo que eso daña la cooperación, y como parlamentarios debiéramos preocuparnos de aquello.

Distintos diputados y diputadas se han sumado a esta iniciativa porque fueron parte de un acuerdo y reconocen el esfuerzo del gobierno. Ellos van a apoyar y a seguir apoyando otras iniciativas que el gobierno ingrese.

Tenemos la posibilidad de decir a las personas que, en pocos días más, si aprobamos este proyecto y se promulga como ley, podrán postular directamente a un bono de 500.000 pesos, diseñado para la gente que realmente lo requiere, y que podrán acceder, también, a un préstamo que tiene garantías que no se encuentran en ninguna parte, por ejemplo, que durante un año no tienen obligación de pagar, y que luego, durante varios años, la deuda se podrá servir en función de los ingresos. En la eventualidad de que la persona no tenga ingresos suficientes para pagar la totalidad del préstamo solidario, la deuda será condonada.

Tampoco se aplica una tasa de interés. Además, no existe riesgo en caer en morosidad ante la imposibilidad de no pago.

Repito: es un beneficio directo que tiene la consideración de que, en el evento de que no se pueda afrontar, el mismo no se deberá pagar.

Hoy más que nunca tenemos que reforzar y dar celeridad al debate legislativo y a este sistema público que muchas veces genera burocracia, a la cual los parlamentarios contribuimos, y obviamente si ya en tiempos normales esa burocracia afecta…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 21.230, para facilitar y ampliar el acceso al ingreso familiar de emergencia.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités, y tres minutos a las demás, más treinta minutos distribuidos en forma proporcional.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado. Documentos de la Cuenta N° 17 de este boletín de sesiones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, a fines del mes de abril del año en curso, el gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que creaba el ingreso familiar de emergencia de 65.000 pesos por persona, para los trabajadores informales pertenecientes al 60 por ciento más vulnerable de la población. El beneficio se entregaría por un plazo de tres meses, disminuyendo el monto, conforme avanzaran los meses. Dicha iniciativa tuvo una difícil tramitación parlamentaria, siendo aprobada solo después de un veto aditivo presentado por el Presidente de la República.

La iniciativa tuvo un costo de 802 millones de dólares y su objetivo era contribuir a la subsistencia de las familias, en el contexto del plan de emergencia económica.

En virtud del efectivo agravamiento de la situación sanitaria, se convocó a un grupo de trabajo, en el que participaron el Ejecutivo y la Comisión de Hacienda del Senado, más algunos integrantes de la instancia de la Cámara de Diputados, quienes, asesorados por economistas de todas las tendencias políticas, acordaron un plan de emergencia para la protección de los ingresos y la reactivación económica y del empleo. En la firma del acuerdo participaron los partidos políticos de Chile Vamos, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el PPD.

Dentro de las diversas medidas que contenía dicho acuerdo se encontraba el IFE 2.0, que aumentó a 100.000 pesos por persona el monto a entregar, para los trabajadores informales, sin decrecimiento y por cuatro meses, con posibilidades de extenderlo a un quinto o sexto mes, de acuerdo con las circunstancias.

El ingreso familiar de emergencia se constituye en un mecanismo fundamental de protección social ante la caída de los ingresos que han sufrido los trabajadores, producto de las medidas de confinamiento decretadas a raíz de la covid-19. Este beneficio, junto con otros que ya se entregan o se están estudiando, ha creado una verdadera red de protección social para paliar, en lo que es posible para el Estado, las negativas consecuencias económicas de la pandemia. Sin embargo, la implementación de las medidas demostró la existencia de una excesiva burocracia estatal y lo ineficiente que resultó el proceso de entrega del beneficio, considerando la premura y la angustia que tienen en la actualidad las familias beneficiarias.

Las modificaciones contenidas en este proyecto de ley permiten ampliar el número de personas que recibirán el beneficio y eliminar las trabas burocráticas propias de este proceso. Dentro de las modificaciones destaca la universalidad del beneficio para quienes perciben pensiones básicas solidarias de invalidez y vejez, eliminándose el requisito de tener setenta años. Al respecto se debe considerar que, al 10 de julio, el segundo pago lo habían recibido más de dos millones de hogares, lo cual da cuenta de seis millones de chilenos beneficiados con este subsidio.

Se debe recordar que, para evitar malos usos de este instrumento y que a partir de la declaración simple se entregue información falsa para acceder a este beneficio, el artículo 11 de la ley No 21.230 contempla una sanción para todo aquel que proporcione, declare o entregue a sabiendas datos o antecedentes falsos, incompletos o erróneos, con el objeto de percibir indebidamente los aportes que concede esta ley. Como se ha dicho, se establecen sanciones propias del delito de estafa, contenidas en artículo 467 de nuestro Código Penal.

Asimismo, el hecho de haberse establecido que el Ejecutivo debe presentar un informe al Parlamento acerca de la cobertura del impacto del IFE, permitirá conocer a posteriori los beneficios que implicó la medida adoptada.

Por último, es muy relevante mencionar la modificación realizada a los plazos. La Cámara de Diputados había establecido que había un plazo de quince días para resolver las reclamaciones; no resolviéndose en ese plazo, se daban por aceptadas. Ello generaba un problema mayúsculo, ya que no había capacidad de poder resolver todas las reclamaciones en tan corto tiempo, y por el efecto del no cumplimiento. En la Comisión de Hacienda se amplió dicho plazo a trenta días, cifra muy razonable, sin el efecto de darse por aprobada la reclamación en caso de no cumplirse.

Por lo anteriormente expuesto, sugerimos votar a favor esta iniciativa.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG (vía telemática).-

Señor Presidente, voy a respaldar este proyecto, pues simplifica el acceso al ingreso familiar de emergencia, política pública adoptada en el contexto de la emergencia sanitaria que vivimos y que llegará a cerca de seis millones y medio de chilenos y chilenas.

La idea es eliminar el requisito del Indicador Socioeconómico de Emergencia y dejar exclusivamente el Registro Social de Hogares como instrumento para postular al beneficio y, además, consagrar el autorreporte, es decir, la declaración jurada de las personas como el elemento para entregar el beneficio, con lo cual se pretende facilitar el acceso, acelerar el proceso y también aumentar levemente la cobertura del beneficio.

El proyecto, en definitiva, propone eliminar la exigencia de acreditar la condición de vulnerabilidad a través del instrumento de caracterización socioeconómica, pidiéndose solamente la inscripción en el Registro Social de Hogares. Además de algunos aspectos formales, el Senado agregó al proyecto a las personas que reciban pensiones de invalidez e incluyó, de forma explícita, a quienes no habiendo reunido los requisitos en meses anteriores, sí los satisfagan en esta nueva oportunidad.

Del mismo modo, se obliga a fundar las resoluciones de rechazo a las solicitudes para acceder a este beneficio y se entrega al Ministerio de Desarrollo Social y Familia la facultad de denunciar los posibles delitos de que se tome conocimiento.

Además, simplifica la manera de acreditar los ingresos de los hogares, utilizando solo la información declarada por estos -autorreporte-, con lo que se evitarán trámites adicionales y se agilizará el proceso de postulación, lo que significará un incremento en la cantidad de personas que recibirán el beneficio en cerca de 100.000 familias.

Asimismo, se elimina la obligación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de contrastar la información declarada por los solicitantes con aquella contenida en el Registro de Información Social, lo que contribuye a simplificar el proceso de asignación de los recursos.

En su articulado transitorio, el proyecto dispone que las modificaciones sean aplicables a partir del pago del tercer aporte y siguientes del ingreso familiar de emergencia (IFE), en tanto que las reclamaciones tendrán validez para el pago del segundo aporte en adelante.

Creemos que estas modificaciones son necesarias para acelerar el proceso de entrega de los beneficios y aumentar la cobertura en la difícil situación que viven miles de familias. Por eso, respaldaremos este proyecto, para dar celeridad a la entrega de los beneficios, que no pueden esperar. Un día de retraso significa que miles de personas queden privadas de esos recursos, tan necesarios, que deben entregarse también en agosto. Recordemos que quedó abierta la posibilidad de continuar la entrega del beneficio si las condiciones así lo ameritan.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Alexis Sepúlveda .

El señor SEPÚLVEDA (don Alexis) [vía telemática].-

Señor Presidente, entiendo que ya vamos en el tercer ingreso familiar de emergencia que hemos trabajado en el Congreso, y en verdad todo ha sido insuficiente. Uno entiende la magnitud de la crisis que vivimos, pero además ha habido problemas bastante complejos de cobertura, de requisitos y de acceso.

He conversado con mucha gente, y creo que a todos los parlamentarios y parlamentarias les ha pasado lo mismo, que dicen: “Se hacen anuncios, como el bono covid, pero a mí no me tocó; está el IFE 1, y aunque pensé que calificaba por los requisitos, tampoco lo recibí; el IFE 2 tampoco me llegó”.

Y así se sigue acumulando la decepción y la desesperación de muchas personas que han visto disminuir sustancialmente sus ingresos, que están pasando por una crisis bastante grave y no les ha llegado ningún tipo de ayuda. Esa es la realidad, y así se ha señalado en la discusión del proyecto para la clase media.

En el Maule, desde hace meses estamos poniendo en conocimiento de la autoridad la dramática situación que viven los conductores de taxis colectivos, los propietarios de taxis colectivos, de la gente que trabaja en torno al transporte escolar, tanto propietarios como los auxiliares de los mismos; del transporte mayor, que también ha visto bajar sustancialmente sus ingresos; del mundo de la gastronomía, que, según la banca, no calificaban para el Fogape por ser muy riesgosos, porque no se sabía cuándo reiniciarían sus actividades. Entremedio, se conocieron los anuncios del Sercotec -el Reactívate-, que, en verdad, fueron recursos bastante limitados. Además, postuló demasiada gente, muchos pequeños y medianos empresarios, y al final la asignación fue muy poca y benefició a muy pocos. De hecho, en el Reactívate, quedó fuera la mayoría del rubro del transporte escolar y del transporte remunerado de pasajeros, por cuanto las exigencias les impedían postular.

Estoy convencido de que hemos avanzado en este proyecto, pues se flexibilizan los requisitos para postular, porque hacían prácticamente inaccesibles los beneficios a quienes tenían problemas y no podían acreditar esa situación; sin embargo, sigue siendo insuficiente.

Echo de menos -se lo hemos señalado al ministro Briones en la Comisión de Hacienda la focalización de los esfuerzos. Sin duda, hemos trabajado con instrumentos generales -bienvenidos sean, aun con las deficiencias que tienen-, que se han ido perfeccionando, aunque es cierto que nos hemos demorado demasiado tiempo. Hoy se requiere focalizar los esfuerzos. Hay sectores económicos que tienen complicaciones adicionales.

¿Por qué no un programa de capacitación Sence, como se ha hecho con la pesca artesanal, por ejemplo, y desplegarlo a lo largo de Chile para todos los conductores y para quienes arriendan taxis colectivos? Ahí podrían tener un ingreso directo, que les permitiría enfrentar esta crisis de mejor manera. ¡Hay instrumentos públicos! ¡Es necesario focalizar! ¡Es necesario hacer un esfuerzo adicional!

Hace un tiempo discutíamos que está el proyecto de la clase media, que está el IFE y que va a estar la alternativa del retiro del 10 por ciento. Créanme que la gente va a ocupar todas esas alternativas y aún así van a quedar cortos, porque la magnitud de la crisis es profunda y porque la extensión de la crisis será mucho más larga de lo que nos hemos planteado.

Espero que este proyecto dé respuesta a los miles de consultas que hemos recibido y a los miles de reclamos que todos ustedes han conocido en sus respectivos distritos referidos a que los beneficios no les han llegado a las personas, porque no han calificado o no han tenido respuestas.

Espero que, de una vez por todas, este avance en el proyecto permita a muchos acceder a los beneficios que se anuncian, que parecen supergrandes…