Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación económica y del empleo.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán siete minutos base a las bancadas que tengan dos o más comités y cinco minutos al resto, más treinta minutos que se distribuirán proporcionalmente.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta. Documentos de la Cuenta N° 19 de este boletín de sesiones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, la Comisión Mixta realizó un trabajo bastante sui géneris, pues el proyecto había sido aprobado íntegramente en la Cámara, por amplia mayoría, a excepción de la depreciación instantánea de bienes intangibles, tal como ocurrió luego en la Comisión de Hacienda del Senado. En la Sala de dicha Corporación el proyecto fue rechazado en general, no porque existiera desacuerdo respecto de su contenido, sino más bien porque no abordaba los problemas que enfrentan las pymes.

En una sesión especial el mundo pyme planteó con mucha fuerza la escasa respuesta que este proyecto propone para enfrentar la aflictiva situación en que se encuentran.

La Comisión Mixta aumentó la rebaja transitoria del impuesto de primera categoría para quienes estén afectos o tengan derecho a estar afectos al régimen propyme. Actualmente, la tasa de dicho impuesto es de 25 por ciento; el proyecto original contemplaba rebajarlo a 12,5 por ciento, pero en la Comisión Mixta se resolvió rebajarlo a 10 por ciento, con una consiguiente rebaja en el pago provisional mensual (PPM), lo que significará un aumento de liquidez, porque el PPM, tal como señala su nombre, se paga mensualmente.

También se suspendió por 120 días la vigencia de la ley que dispone la obligatoriedad de emitir boletas electrónicas a aquellos contribuyentes emisores de factura electrónica. No pude convencer al ministro de hacer lo propio con aquellos contribuyentes que se deben incorporar a este nuevo sistema en marzo próximo, por lo que aquellos que hoy no tengan factura electrónica se deberán incorporar en la misma fecha que originalmente plantea la ley. A mi parecer, todos debieran recibir el mismo trato, porque si suspendemos la vigencia de la ley por 120 días para quienes tienen factura electrónica, también debiéramos hacerlo para los pequeños propietarios de zonas aisladas. Lamentablemente, ese punto no se encuentra contemplado en el proyecto, pero seguiré insistiendo ante el ministro de Hacienda y las autoridades correspondientes para que lo incorporen.

Respecto de la depreciación instantánea de activos intangibles, se incorporó la obligatoriedad de que la empresa informe al Servicio de Impuestos Internos sobre dichos activos.

Asimismo, ese servicio deberá fiscalizar cuando la inversión en intangibles supere el 30 por ciento de la renta líquida imponible de la empresa, con el objeto de evitar el riesgo de fraude mediante la declaración de intangibles. Esta es una medida muy moderna que se está incorporando en la mayor parte de los países del mundo, porque estimula la compra de patentes en lugar del arrendamiento.

Por último, se incorporó un acuerdo que fue gestado en esta Cámara durante la tramitación del proyecto. El ministro asumió ese compromiso y lo cumplió, pues se reunió con los gremios respectivos y acordó beneficiar a quienes participaron en dicha reunión. ¿Quedan actividades y gremios afuera? Sí, pero esperamos que continúe el trabajo con el Ministerio de Hacienda, para que sean incorporados.

Es un importante avance…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Hacienda, y felicito el trabajo de la Comisión Mixta.

Muchos hemos insistido en la importancia que reviste que esta crisis sea pasajera y no permanente en sus consecuencias. Para asegurarnos de que esto ocurra, debemos diagnosticar cuáles han sido y son los principales efectos negativos, y comprometernos fuerte y transversalmente a remediarlos.

De acuerdo con la encuesta realizada por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, en julio ya han perdido su fuente laboral 2,3 millones de personas, creciendo la tasa de desocupación de las mujeres hasta 28 por ciento y la de los hombres hasta 23 por ciento. Queda claro que la gran epidemia pospandemia será el desempleo y las nocivas consecuencias que de él se desprendan. Una persona que no recibe un sueldo no puede proveerse de alimentos, no puede pagar sus deudas, y habrá adolescentes que dejarán a un lado sus estudios y sus sueños.

Para frenar el desempleo existen dos medidas que se deberían tomar: generar nuevos puestos de trabajo que suplan los ya perdidos, con aportes vía subsidios y contratación de personas para la ejecución de obras públicas, y mantener vivos los trabajos que aún siguen a flote, para lo cual debemos ayudar a quienes dan esos trabajos. En Chile eso se llama pymes.

Este proyecto de medidas tributarias para el apoyo de las pequeñas y medianas empresas es trascendental. La disminución de la tasa de impuesto de primera categoría de 25 por ciento a 10 por ciento permitirá disminuir la carga tributaria de dos de cada tres pymes. La rebaja a la mitad de los PPM alcanzará el mismo número, liberando la caja y entregando mayor liquidez mensual a esos emprendedores que dan trabajo.

La devolución propuesta del crédito fiscal IVA de enero a mayo significará una inyección de liquidez de más de 60.000 millones de pesos, lo que beneficiará a más de 150.000 pymes.

Por eso, pido a todos los que hoy me escuchan que aprobemos este proyecto sin más demora. Ya estamos atrasados en hacerles llegar a los emprendedores los salvavidas que les urgen, y este quizás es el más importante, porque pone a resguardo miles y miles de fuentes de trabajo.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Cito a reunión de Comités a las 11:15 horas, sin suspensión de la sesión.

Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, este proyecto de ley ha sido bastante controversial, entre otros motivos porque enfrentamos la discusión de una Comisión Mixta muy inusual.

La iniciativa fue rechazada en la Sala del Senado, por lo que uno suponía que este tema generaría el espacio para una conversación, una negociación entre el gobierno y la oposición que permitiera avances sustantivos, cambios importantes al proyecto de ley. Además, hay que hacer notar que inicialmente este era un proyecto de ley que establecía medidas tributarias que iban a beneficiar a las pymes; posteriormente, el ministro de Hacienda cambió el discurso y nos dijo que este era un proyecto de reactivación económica general. Esto es muy relevante, porque ahí está la esencia del problema.

Efectivamente, ¿el informe de la Comisión Mixta recaído en este proyecto, que hoy debemos votar, es un aporte significativo para las pymes y resuelve los problemas que los dirigentes de las pymes están planteando a los parlamentarios y parlamentarias en todas las regiones del país? Lamentablemente, no, y quiero explicar por qué.

La oposición hizo un esfuerzo. En la Comisión Mixta, tanto los senadores como los diputados firmamos un documento en que entregamos nuestras propuestas. De esas propuestas, solo dos quedaron contenidas en esta proposición de la Comisión Mixta: la primera es la solicitud que nos hicieron las pymes de aplazar el pago del IVA, lo cual aumentó de 60 a 90 días. Esto es algo muy demandado por las pymes. Ellas nos pedían 120 días y que el aplazamiento fuera con carácter permanente. El gobierno solo accedió a hacerlo por 90 días durante los años 2020 y 2021. Insisto en que esto ha sido muy demandado por las pymes, porque les da liquidez. No les otorga un beneficio a fin de año, sino la capacidad de pagar cuando efectivamente a ellas les paguen las facturas.

Por otra parte, también se integró la solicitud que hicieron los gremios de las pymes, que nosotros llevamos al debate, para crear una mesa de trabajo en que estuvieran presentes el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Otros puntos que están integrados aquí son las propuestas que hicieron los diputados de Chile Vamos, quienes, una vez que vieron las propuestas de la oposición, decidieron hacer sus propias propuestas, las que, en realidad, son propuestas del gobierno, pues son lo mismo: retrasar la entrada en vigencia de la boleta electrónica de septiembre de este año a enero del 2021, algo que podemos considerar que es un avance mínimo, pero es un avance, y la rebaja del impuesto de primera categoría del 12,5 al 10 por ciento.

El diputado Francisco Undurraga señaló que la rebaja del impuesto de primera categoría beneficiará a dos de cada tres pymes, y yo le quiero decir al diputado Undurraga -por su intermedio, señor Presidente- que la información que nos entregaron los asesores es que esta medida de rebaja tributaria solo beneficiará a cerca de 40.000 pymes. Muchas ya no están pagando impuestos, porque están en el antiguo régimen del artículo 14 ter, por lo que es una medida muy acotada en su impacto.

Sin embargo, ¿qué exigió el gobierno en esta conversación? Que se aprobara íntegramente, en su totalidad, todo su proyecto de ley. Esa fue la capacidad de diálogo del gobierno: que se aprobara todo su proyecto de ley. El único argumento para ello era que esto formaba parte de un acuerdo que firmaron […] con una cantidad de partidos de la oposición, de los cuales mi partido, el Partido Comunista, no es parte. Por lo tanto, no nos sentimos con un compromiso con el gobierno, porque no lo tenemos. Además, cabe señalar que de buena negociación no tuvo nada. Aquí el gobierno no cedió en nada sustantivo.

Para que lo sepan los parlamentarios y parlamentarias, lo más importante que pedían las pymes eran los subsidios para poder enfrentar esta crisis económica, inyección de capital de trabajo, que es exactamente lo mismo que se hizo hoy con los taxistas y los colectiveros. Esa solicitud, esa demanda quedó absolutamente postergada o ausente. No hubo nada en ese sentido.

Producto de eso, uno ve un gran desbalance entre lo que recibe la gran empresa -aunque el ministro se enoje, en la práctica, por tres años se le entregará un subsidio con la depreciación instantánea, que llegará a 2.000 millones de dólares, y eso solo va en beneficio de la gran empresa- y lo que se entregará a las pymes. Si tomamos como referencia el acuerdo con los taxistas y los gremios del transporte, son 150 millones de dólares, y esta rebaja de impuestos, en el mejor de los casos, puede llegar a 80 millones de dólar.

Hay un total desbalance, porque el grueso del beneficio de este proyecto de ley se lo van a llevar las grandes empresas. Cuando uno argumentaba eso, el ministro -que está presente en la Sala, por lo que puede corregirme si estoy faltando a la verdad- decía que esa desproporción está bien, porque las grandes empresas en Chile producen el 80 por ciento de las ventas y las pymes, solo el 20 por ciento. Por lo tanto, es obvio que si se trata de ayudar a la reactivación, tiene que poner ocho en las grandes y dos en las chicas.

Esa es la lógica que nosotros no compartimos, porque esa es la lógica que va a hacer que el año 2022, cuando superemos la crisis y la economía se reactive, en vez de tener una economía concentrada, vamos a tener una economía superconcentrada, y las grandes empresas, en lugar de vender el 80 por ciento de las ventas totales del país, van a vender el 85 o 90 por ciento.

Por eso es tan importante que en este proyecto de ley se envíen señales que apunten a equilibrar el desbalance absoluto que hay en la economía chilena. En Chile, las grandes empresas le ponen el pie encima a las pymes, abusan de ellas, y uno esperaba que el gobierno comprendiera esta situación y, en medio de una política de reactivación, diera beneficios reales a las pymes que les permitieran sobrevivir y enfrentar esta situación de abuso. Eso no está presente y quedó absolutamente fuera del debate producto del portazo que nos dio el ministro de Hacienda, por lo menos a quien planteó esta situación -fui yo- en la Comisión Mixta.

Por último, hay algo que no puedo dejar de decir: yo valoro el acuerdo que hizo […] Lo valoro porque fue algo que exigimos en la Comisión de Hacienda. El ministro se había negado a recibir a los choferes de microbuses y de taxis colectivos, y a los gremios de dueños de taxis colectivos. La presión del Parlamento en la Comisión de Hacienda permitió que los recibiera.

Salió un acuerdo que, en mi opinión, es un avance, aunque es insuficiente; pero lo más correcto e ideal es que ese acuerdo hubiese sido refrendado en el Parlamento por un proyecto de ley independiente. Tenemos la presión de que el beneficio llegue rápido, pero el hecho de votarlo en la Comisión Mixta nos obliga a votar solo a favor o en contra; no podemos introducir cambios para que, por ejemplo, el beneficio sea mayor o llegue a los taxis de turismo y a los taxis ejecutivos.

Por eso, hubiese preferido que esto fuera aparte. La Comisión Mixta acordó otra cosa, pero, ¡ojo!, aquí hicimos la solicitud de votación separada, porque vamos a rechazar el proyecto de rebaja tributaria y aprobar el apoyo a los…

-Los puntos suspensivos corresponden a interrupciones en la transmisión telemática.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Diputada Alejandra Sepúlveda , en este momento están subiendo el volumen.

Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo) [vía telemática].-

Señor Presidente, este es un proyecto de ley que, obviamente, vamos a aprobar, porque, como muy bien acaba de decir el diputado Daniel Núñez , debemos votar como un todo la proposición de la Comisión Mixta.

Valoro el tema del transporte público. Junto con el diputado Miguel Mellado y otros diputados de la Región de La Araucanía, hemos tenido encuentros y conversaciones con los gremios del transporte. Quiero manifestar que aquí ha habido un avance, pero me preocupa de manera importante que lo que hoy se está entregando al transporte público es muy insuficiente. Hay empresarios -que no son propiamente empresarios, porque, en la práctica, son operadores- en el transporte público que van a recibir un monto algo superior a 300.000 pesos por cada máquina. Sin embargo, hoy, que estamos en pleno proceso de desconfinamiento, esos empresarios u operadores, que tienen dos o tres máquinas, por el solo hecho de comenzar a mover sus máquinas de transporte público o del transporte menor, en combustible y en lo que necesitan para operar en condiciones de seguridad sanitaria, ocuparán bastante más que eso.

Creo que necesariamente hay que dar un segundo tiempo y hacer una ampliación de esos beneficios, porque se necesita para la seguridad de los usuarios en el transporte público y para los empresarios y la gente que está trabajando en el transporte público. Tenemos una tremenda deuda con un gremio importante en el país y con los choferes.

El señor ministro ha dicho -lo he escuchado atentamente- que hay un problema grave o importante porque no se conoce bien quiénes son los choferes. Pues bien, este es un problema que se debe resolver porque por cada máquina se pagará a un chofer y, en el caso de aquellas máquinas del transporte mayor que tienen más de un chofer, solo uno de ellos recibirá el beneficio.

Es un avance importante, pero es insuficiente, y se deben hacer reparaciones en esto, considerando que se trata de un gremio importante, y lo mismo con la gente que trabaja en turismo, porque ha sido importante. La modificación que se hace a aquellos que están en el régimen propyme, a los que se les va a establecer algún beneficio, según se ha dicho, es un elemento importante, pero especialmente con aquellas pymes que están dedicadas al turismo también hay que hacer un gesto y avanzar en un segundo tiempo en algún momento.

Como está presente el señor ministro, no quiero desperdiciar esta oportunidad por un tema que no está vinculado a esto, pero que es muy importante.

Señor ministro, la segunda pandemia que hoy tenemos son las listas de espera; los pacientes que tienen cáncer en este país hoy no tienen financiamiento suficiente para resolver esas patologías.

Por favor, ponga atención en aquello, porque hay un tema urgente que tiene que ver con pacientes con cáncer y que no tienen financiamiento…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Hacienda.

En primer lugar, quiero hacer un mea culpa como Congreso Nacional. Esta iniciativa lleva cincuenta días, yendo de este hemiciclo al Senado y de vuelta, y después a las comisiones.

Cuando uno es pyme no tiene cincuenta días para esperar, porque no le llega el salario todos los días 20 de cada mes. Cuando uno es pyme le cae la guillotina cada ocho o diez días; le cae la guillotina cuando hay que pagar los sueldos el 31 o el 1°; después le cae el día 13, cuando hay que pagar las cotizaciones previsionales de los trabajadores; le cae de nuevo el día 20, cuando hay que pagar el IVA, el PPM y los distintos impuestos en el formulario 29. Por tanto, a las pymes nadie les da cincuenta días, pero este Congreso se ha tomado cincuenta días.

Iniciada la pandemia, el gobierno anunció un plan económico de emergencia que consideraba mover 17.000 millones de dólares, cerca del 7 por ciento del PIB, recursos que fueron utilizados -es bueno recordarlo-, pues se generó el bono covid-19, la capitalización del Fondo de Cesantía Solidario, el ingreso familiar de emergencia 1, el Fogape, el beneficio de los subsidios o préstamos a trabajadores independientes a honorarios, entre otros. ¿Fue lento? Por supuesto. ¿Fue paso a paso? También.

Este plan contempló medidas tributarias: se logró suspender el pago del IVA y del PPM por tres meses, lo que significa inyección directa a la caja; se prorroga el pago de la primera cuota de las contribuciones, se devuelve anticipadamente el impuesto a la renta para los independientes y para las pymes, se amplía el pago de impuesto a la renta para pymes, se devuelve la retención del IVA de los meses de enero y febrero.

¿Sirve este paraguas de medidas? Por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad, una pyme no ha podido vender en enero ni en febrero ni en marzo ni en abril. No tiene IVA que le devuelvan.

Entendemos el paraguas de medidas para la generalidad, pero también echamos de menos que se vaya a rubros específicos como el turismo, el esparcimiento, los restaurantes, los cafés, que han sido especialmente golpeados en esta pandemia.

El recrudecimiento y extensión de la pandemia obligaron a hacer nuevos esfuerzos para ir en ayuda de los ingresos de los trabajadores, así como también de la liquidez de las empresas, para tener fuentes de ingresos permanentes que le permitan subsistir a esta crisis y así poder levantarse. El esfuerzo que hace el Estado es, por naturaleza, transitorio; después debemos lograr que cada uno de esos independientes, profesionales y pymes puedan trabajar y generar recursos.

Tal como se ha señalado, este marco de entendimiento de los 12.000 millones incluye incentivos tributarios a las pymes, rebaja a la mitad el impuesto de primera categoría por los años 2020, 2021 y 2022. Esto significa pasar de pagar desde el 25 por ciento al 10 por ciento, lo que constituye una tremenda inyección. Pero para pagar el 10 por ciento, hay que tener utilidades, y las pymes muchas veces no pueden abrir ni vender ni facturar. Por tanto, ese sueño del beneficio futuro solo será posible si pueden vender nuevamente.

La iniciativa viene a cumplir el acuerdo de los distintos sectores políticos e incorpora los cinco puntos mencionados por el ministro en beneficio de las pymes, así como también de las grandes empresas; rebaja a la mitad el impuesto de primera categoría, extiende en tres meses la suspensión de los pagos provisionales mensuales que mencionó el diputado Auth , devolución de los remanentes del crédito fiscal IVA, ampliación de la depreciación instantánea. Además, el Estado pagará el impuesto del 1 por ciento regional.

Hoy, las pymes pagan un impuesto del 25 por ciento; en cambio, un profesional de sueldo medio, en el global complementario, es gravado solo con un 15 por ciento.

¿Qué le dice nuestro sistema al profesional de ingreso medio? Si usted se emplea, tiene patrón y contrato de trabajo, va a pagar solo un 15 por ciento. Pero si usted se arriesga, tiene una buena idea, quiere contratar gente y dar empleo, ahí le cae la guillotina del Estado y pagará un 25 por ciento.

Pensemos en los incentivos tributarios a largo plazo. Debemos dejar de hablar de subsidio al desempleo para hablar de subsidio al empleo.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado Manuel Monsalve .

El señor MONSALVE.-

Señor Presidente, lo concreto es que el gobierno no lo ha hecho bien en materia de ayuda a la pequeña y mediana empresa, como tampoco lo ha hecho bien en este proyecto, que fue rechazado en el Senado a petición de diversas organizaciones representativas de la pequeña y mediana empresa.

¿Qué hace este proyecto? Le disminuye a la pequeña y mediana empresa el impuesto de primera categoría del 25 al 10 por ciento; posterga el pago de IVA en 90 días, para poder alinearlo con la demora que se produce en el pago que las grandes empresas hacen a las pequeñas y medianas, y posterga la boleta electrónica.

La pregunta que uno debe hacerse respecto de estas tres medidas es si resuelven el problema de liquidez de la pequeña y mediana empresa. La respuesta de las pymes es que no lo resuelven. Por eso se le planteó al gobierno, en el marco de esta discusión, que se constituyera una mesa para entregar apoyo directo, porque las pymes requieren liquidez y herramientas del Estado que incluyan subsidios directos, y no créditos ni una maraña burocrática.

Lamentablemente, ese acuerdo no se logró y se pudo incorporar un artículo segundo transitorio para obligar al gobierno, por ley, a constituir una mesa formal con la pequeña y mediana empresa, que va a tener que sesionar, obligatoriamente, cada quince días, y cuya tarea es proponer y evaluar medidas que ayuden de verdad a la pequeña y mediana empresa. El gobierno no ha resuelto ese tema, y este proyecto tampoco lo soluciona por completo, así como tampoco sus problemas de liquidez.

Como siempre, en este proyecto el gobierno sí resuelve, con mucha agilidad, los problemas a las 14.000 empresas grandes, a través de la depreciación instantánea. 6.000 millones de dólares estaban destinados a la depreciación instantánea para 14.000 empresas grandes. El acuerdo logró reducir esto a 2.000 millones, que se van a cargar al fondo covid. O sea, el gobierno hace siempre lo mismo: tiene mucha agilidad, mucha prontitud y mucha inteligencia para resolver el problema de los grandes, pero le cuesta mucho -pareciera que carece de inteligencia- resolver de manera pronta los problemas de la pequeña y mediana empresa.

A diferencia de lo que dice el ministro de Hacienda, en el sentido de que hay que dejar la pelea chica, la oposición piensa que esta no es una pelea chica. Ayudar a la pequeña y mediana empresa, donde la oposición juega el rol de presionar al gobierno para que responda, no es una pelea chica: es la pelea que el país debe dar si quiere recuperar el empleo y conseguir diversidad productiva.

En esta Comisión Mixta también se incorporó una serie de demandas que tenían que ver con gremios del transporte, que el gobierno tampoco había escuchado.

Se consiguió que el ministro de Hacienda constituyera una mesa con representantes de los taxis y del trasporte escolar y se logró un acuerdo. Va a haber un bono por 350.000 pesos, por única vez, para taxis colectivos y para los taxis básicos -quiero reiterar que en ese concepto se incorporan los taxis de turismo y los taxis ejecutivos-, para el transporte escolar y para los conductores de la locomoción colectiva.

Lamento que los conductores hayan quedado fuera, porque no participaron del diálogo ni del acuerdo.

Quiero reiterar aquí la solicitud al ministro de Hacienda, Ignacio Briones , para que constituya una mesa de trabajo con los conductores del trasporte público de Chile, que viven una situación de enorme precariedad y que no tienen respuestas en términos de política pública del Estado.

Voy a concurrir, como lo hice en la Comisión Mixta, con mi voto a favor, pero voy a poner mi atención en el artículo segundo transitorio, para que la mesa de trabajo con las pymes se traduzca en propuestas de fondo y así darles la liquidez que requieren.

Por eso, como socialista, voy a votar a favor.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, comparto los juicios que se han expresado en la Sala respecto de la debilidad de las propuestas que se han hecho para las pymes. Ya nos pasó con el Fogape. Supuestamente, el Fogape también iba a apoyar a las pequeñas y medianas empresas; sin embargo, hemos visto el difícil acceso, la carrera de obstáculos que los ciudadanos y particularmente las pymes han tenido que enfrentar para acceder a estos fondos.

Esa es la regla general de todas y cada una de las medidas de apoyo que el gobierno ha dispuesto para enfrentar la pandemia: filtros, requisitos, indicadores, que hacen que la gente postule y no obtenga nada, o que beneficios obtenidos con anterioridad se descuenten de los nuevos anuncios, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el bono de la clase media.

Algo parecido pasa en este caso. Espero sinceramente que en esta mesa, que fue acordada en el proyecto de ley, se puedan ir subsanando esas dificultades, porque, de lo contario, lo que pareciera ser que se impone es anunciar recursos, pero hacer tan difícil acceder a ellos, que finalmente ni siquiera se logra ejecutar lo comprometido financieramente en el proyecto.

Pareciera ser que lo que hay detrás de eso es gastar lo menos posible; que el Estado haga el anuncio, pero luego vuelva atrás, y no sean los recursos del Estado los que ayuden en la pandemia, sino prácticamente los esfuerzos que hacen los propios trabajadores por la vía de su seguro de cesantía, del 10 por ciento de las AFP, etcétera.

Además, en este caso nos produce una profunda decepción el compromiso del ministro de Hacienda en esta Sala, de articular una mesa de diálogo con los distintos actores del sector transportes, para buscar una solución que debía haberse traducido en un proyecto de ley. No me opongo y creo que la explicación que dio en la mañana el Secretario General de la Cámara es correcta, en cuanto a que se pueden incorporar algunas materias nuevas en el marco de una comisión mixta; eso es posible, lo hemos hecho históricamente. Incluso, es una vía expedita, y habría sido una vía maravillosa si ese acuerdo hubiese reflejado de manera íntegra la realidad del sector transportes. Pero no fue así, porque la mesa no incluyó a todas las organizaciones de los gremios del transporte de personas. Ciertamente, excluyó a los conductores, pues ellos no estuvieron sentados a esa mesa y, por ende, no aparecen beneficiados.

El ministro planteó una realidad muy dramática: habló del capitalismo salvaje, habló de las condiciones de abuso que hay en el sector y, sin embargo, no hay una propuesta ni una respuesta para ellos. No hay claridad en cuanto a cómo se entiende. Quiero decir que la entendemos extensivamente, es decir, que se aplica a todas las formas de transporte, incluyendo el transporte escolar, el transporte de ejecutivos. Sería bueno que el ministro lo declarara en la Sala, porque es el mismo ministro el que luego va a tener que dictar, en el plazo de diez días, un decreto. Ojalá ese decreto no ponga más restricciones, sino que, por el contrario, aclare aquellas dudas que quedaron de este acuerdo exprés al que se llegó con algunas organizaciones, excluyendo a otras.

Entiendo que en esta mesa de pymes que está concordada en el proyecto de ley también pueden estar sentados los conductores, las organizaciones de trabajadores de conductores; también deberían estar sentadas las organizaciones de dueños de taxis y taxis colectivos, porque también son pymes. Eso requiere voluntad del gobierno. Me gustaría escuchar al gobierno decir que así va a ser, porque eso facilitaría el voto de muchos de nosotros en relación con varios aspectos de la proposición de la Comisión Mixta.

Creo fundamental llevar a cabo una nueva mesa de trabajo. Pido al ministro, por su intermedio, señor Presidente, que se comprometa en esta Sala a instalar una mesa de trabajo con los conductores, para determinar medidas de apoyo a este sector, que no estuvo sentado a esa mesa, que esperaban, como era el acuerdo original, poder sentarse con las comisiones de Transportes y de Hacienda en el Senado, para discutir cómo ellos podían acceder a estos beneficios. Como se utilizó la vía de la indicación en la Comisión Mixta, simplemente han quedado fuera de toda conversación. Porque de eso se trataba. Se trataba de que el gobierno abriera un diálogo con todos los actores y sectores del sector transportes, que son distintos en su naturaleza y también en la función que cada uno cumple. Hay conductores, hay dueños de taxis, de taxis colectivos, de transporte, que a la vez son conductores, y hay otros que son simplemente dueños y que contratan personas para cumplir la función de conductor. Esos conductores no están en este acuerdo.

En consecuencia, creo que es muy difícil rechazar el informe de la Comisión Mixta. Hay votaciones separadas; vamos a tener que tomar una decisión respecto del segundo punto; pero sería más fácil aprobarlo si el gobierno hiciera en esta Sala un compromiso explícito; primero, de comprender, en el sentido más amplio, el concepto de transporte de personas, para entender que están recogidas todas las realidades que se viven en nuestra región y que son muy diversas: transporte rural, transporte escolar, transporte ejecutivo, transporte de turismo, etcétera. Segundo, un compromiso explícito del ministro de que se va a abrir una nueva mesa de trabajo con los conductores que no fueron convocados a la reunión, a pesar de que lo pidieron. Hay que decirlo: ellos intentaron, denodadamente, ser convocados a esa conversación.

Ayer estuvimos reunidos con los senadores Navarro e Isabel Allende , y el sábado también -estaba el diputado Alexis Sepúlveda , si no me equivoco-, con representantes del transporte de casi todo Chile, de distintas realidades: transporte mayor, transporte menor, transporte escolar, taxi, taxi ejecutivo, de turismo, etcétera, organizaciones que todos y todas conocemos, con las que siempre hemos dialogado y que no fueron convocadas a esta reunión, a esta conversación.

Eso es lo que ha producido que lo que pudo haber sido una resolución muy rápida, muy efectiva del Ejecutivo, de decir: “Llego a este acuerdo y lo convierto en ley de inmediato por la vía de una propuesta de la Comisión Mixta”, se haya traducido en una decepción para un número muy importante de actores y agentes del sector transportes, y muy especialmente para los conductores.

Por eso, propongo que pidamos a la ministra de Transportes o al ministro de Hacienda -que no está en la Sala en este momento, pero a quien vi en la mañana- que nos aclaren estos puntos, que son esenciales: primero, el concepto de transportes; segundo, la posibilidad de que el decreto permita recoger toda la realidad. La responsabilidad de la elaboración del decreto es del ministro de Hacienda, quien tiene un plazo de diez días desde la promulgación y publicación de la ley, de aprobarse este proyecto. Y en tercer lugar, que haga un compromiso, como el que hizo a propósito de la discusión del proyecto en primer trámite constitucional, de constituir una mesa de trabajo junto con los conductores y sus organizaciones para buscar un apoyo a ese sector, que casi siempre ha quedado fuera de las políticas de apoyo.

Termino mi intervención diciendo que en algunas regiones, como la de Coquimbo, fueron entregadas cajas de alimentos para los conductores. La Región de Valparaíso no lo ha hecho. En algunas regiones se han entregado kits para el aseo y sanitización de micros, de taxis y taxis colectivos, y en otras no se ha hecho. Y están los recursos del FAR -del fondo espejo de la ley del Transantiago- que podrían ser utilizados para eso.

Hay propuestas que permiten ayudar a este sector y que requieren una acción más decidida del gobierno a nivel central y también a nivel de regiones, y este es el momento de hacer ese compromiso.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Alexis Sepúlveda .

El señor SEPÚLVEDA (don Alexis).-

Señor Presidente, la gran mayoría de los diputados ya conoce en detalle lo que trabajó la Comisión Mixta respecto de los beneficios a las pequeñas, medianas y grandes empresas. Porque aquí también se han otorgado importantes beneficios para las empresas más grandes, para las riquezas más grandes de Chile.

Sin embargo, hay un artículo que fue incorporado en esa comisión, que no fue discutido en el Congreso Nacional; algo totalmente nuevo. Nos habría gustado -se lo pedimos al ministro en su momento- que hubiera pasado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y por la Comisión de Hacienda. Sin embargo, se ahorraron ese trámite y esa discusión; no sé si se hizo por agilizar la entrega del beneficio o simplemente por ahorrarse una discusión sobre un tema tan delicado que venimos planteando desde hace bastante tiempo.

En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados pedimos al ministro que en la discusión del proyecto de clase media pudiera abrir el trabajo junto al mundo del transporte, que estaba quedando fuera prácticamente de todos los beneficios, y así se hizo, lo que agradecemos. Lamentablemente, tal como dijo el diputado Marcelo Díaz , importantes sectores que representan al transporte de pasajeros quedaron fuera de esta discusión; desde ya los conductores, un factor clave de esta iniciativa.

Entonces, creo que es una situación compleja. Se nos coloca entre la espada y la pared -lo entendemos-, en cuanto a aprobar lo que claramente es insuficiente. Quiero señalarlo, porque esto no soluciona el problema. Si alguien piensa que esto se soluciona con la mera aprobación de estos recursos, del bono de 350.000 pesos, de este préstamo que hay que devolver -si no se devuelve, se va a cargar al próximo permiso de circulación-, está equivocado. Además, no está claro si están incorporados los taxis de turismo y los taxis ejecutivos, como tampoco qué pasa con los buses rurales.

Se habló solamente de los conductores y no de los propietarios. Al respecto, quiero señalar que hay regiones como la del Maule, como la de O’Higgins, de la diputada Alejandra Sepúlveda y del diputado Cosme Mellado , o la misma región de usted, señor Presidente, que tienen una gran cantidad de servicios rurales que se prestan en condiciones económicas muy precarias. No es gente que se haga rica. Es gente que prácticamente hace patria; son servicios pequeños, que van de grandes ciudades a pequeñas localidades con mucho esfuerzo. A ellos no les estamos dando respuesta.

Finalmente, quiero señalar también, porque hay que tenerlo en consideración, que hablamos solamente de conductores y propietarios, y en el caso del transporte escolar, lo que tenemos con mayor presencia son los asistentes, quienes acompañan a los conductores de los furgones escolares para ayudar a la subida y la bajada de los pequeños de los vehículos de transporte escolar. Ellos, al tenor de lo que establece esta iniciativa, no están incorporados.

¿En qué queda todo? Queda en manos de un decreto que deberá ser emitido por el Ministerio de Hacienda. Cuando eso ocurra conoceremos en detalle de qué forma se dispone la implementación de esta norma. En todo caso, espero que no se recurra a los recursos regionales para apalancar el compromiso hecho por el gobierno. Se debe dejar a las regiones utilizar sus recursos para complementar las medidas tributarias del plan de emergencia para la reactivación económica planteadas por el Ejecutivo.

Tenemos una duda respecto de ese decreto a partir del caso de Gendarmería de Chile, organismo que hace un par de años realizó un paro nacional debido a los problemas que enfrentaba. Finalmente, se llegó a un acuerdo entre el gobierno y los representantes del frente de trabajadores penitenciarios, acuerdo al cual todos concurrimos.

El Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley que establecía el mejoramiento y la modernización de la carrera de Gendarmería. Aquello quedó entregado a un decreto que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debía presentar a la Dirección de Presupuestos. ¿Qué ocurrió? Finalmente, ese decreto no reconoció los acuerdos que se alcanzaron con Gendarmería de Chile, situación que en la actualidad ha provocado un gran problema.

Señalo el ejemplo de lo ocurrido en el caso anterior porque no confío en las características de este decreto. Habría sido mucho más razonable que hubiera quedado comprometido el detalle de cuáles son las características de lo que será la ayuda para el sector del transporte.

Finalmente, quiero insistir en que estamos ante una decisión compleja: por una parte, estamos obligados a avanzar, por la urgencia y por la escasa ayuda que han tenido los conductores y los propietarios, pero, por otra, no cabe duda de que los problemas del mundo del transporte no se resolverán hoy, sino que seguirán pendientes, porque lo que el gobierno ha comprometido evidentemente es insuficiente para ese sector.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, me habría encantado que estuviera presente el ministro de Hacienda en el debate de este proyecto, tan importante para las pymes y para el transporte, pero se retiró de la Sala.

En primer lugar, quiero hacer una afirmación. Creo que el ministro discrimina en las mesas y en los diálogos que tiene con los distintos sectores. Discriminó, arbitrariamente, al sector del transporte menor, pues se reunió solo con algunas organizaciones: dejó fuera a los conductores, que eran parte de quienes se beneficiarían. Invitó a algunos gremios y no a otros.

Este ministro discrimina también a las pymes: le gusta que estén algunas organizaciones en las mesas de diálogo y no otras. Eso ha quedado en evidencia. Debo decir que le gustan las organizaciones más obsecuentes, lo cual me preocupa, porque creo que el diálogo franco debe ser con todos.

Por otra parte, este proyecto, que dice que tiene por objeto, tal como lo señala su nombre, el establecimiento de medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación económica del empleo, ayuda prácticamente en nada a las pymes. Eso hay que tenerlo claro. En todo caso, no lo digo solo yo. Lo digo, porque concurrí a la Comisión Mixta y reemplacé a un diputado durante la votación, de manera que estuve presente prácticamente durante todo el debate, ya que fui invitado por un grupo de parlamentarios encabezado por el senador Alejandro Guillier , a quienes les preocupaba que recibieran a las pymes.

Las pymes, así como otras organizaciones que nos han enviado cartas, han señalado que este proyecto no les sirve o que les sirve muy marginalmente. También lo afirmó el senador Carlos Montes , integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, en el sentido de que la mayoría de los recursos que se movilizan para este efecto irán a la gran empresa.

Esa es la realidad. Este es un proyecto muy peligroso, porque propone el establecimiento de beneficios que pueden tener un sentido lógico, como lo referido a la depreciación instantánea. Estamos de acuerdo en que se debe mover la economía, pero no solo para un sector y no ayudar a las pymes. Entonces, sobre la base de lo que se ha planteado, la pregunta es qué va a pasar.

Si este proyecto queda como está, si el gobierno no va en ayuda de la pequeña y mediana empresa, va a terminar concentrando más el mercado, ya que ayuda con la depreciación instantánea tanto a las empresas que están bien como a las que están mal, porque no discrimina para ir en ayuda de las pymes y mipymes. Por lo tanto, las grandes empresas terminarán en los próximos meses capturando el espacio de mercado que tienen las pymes y las mipymes que están quebrando. Es un proyecto concentrador de mercados, concentrador de la economía, lo que es muy grave.

Por eso, en esa parte, no lo voy a aprobar.

Hay aspectos positivos, como postergar el IVA, bajar el impuesto a la renta y otras cositas; pero la entrega de los beneficios se establecen sobre la base de una renta que no existe o que las personas no tendrán durante mucho tiempo.

En consecuencia, es un mal proyecto y me abstendré en la votación del informe de la Comisión Mixta. Lo señalo para dejar marcada mi posición.

Finalmente, en cuanto a lo que esta iniciativa dispone respecto del transporte, lo voy a aprobar, aunque es claramente insuficiente.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Alejandro Santana .

El señor SANTANA (don Alejandro).-

Señor Presidente, solicito que recabe el asentimiento de la Sala para autorizar el ingreso del subsecretario general de la Presidencia, señor Juan José Ossa , porque creo que corresponde que esté presente en este debate tan importante.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala para acceder a lo planteado por el diputado Alejandro Santana .

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER (vía telemática).-

Señor Presidente, ya en su oportunidad estuve a favor de este proyecto de ley, pues estimo que las medidas tributarias contempladas vienen a aliviar la carga tributaria a la que los chilenos se han visto con dificultades para cumplir debido a la pandemia que atravesamos.

Me alegro de que la Comisión Mixta haya salvado el tropiezo encontrado en el Senado. Celebro también que se haya conversado sobre los otros puntos que en el proyecto original no se encontraban contemplados, como la postergación de la entrada en vigencia de la boleta electrónica y la ampliación del plazo de postergación del IVA, que creo sería conveniente considerar dada la contingencia que aún seguimos enfrentando como país.

Los acuerdos de rebaja del impuesto de primera categoría y de los pagos provisionales mensuales para las pymes durante los años 2020, 2021 y 2022 son necesarios para apoyar a nuestros pequeños y medianos empresarios, así como también la reducción transitoria del impuesto de primera categoría para las empresas acogidas al régimen propyme, del 25 por ciento a una tasa de 10 por ciento por las rentas obtenidas durante los años comerciales 2020 al 2022.

Estas y todas las medidas que contiene el proyecto tienden a liberar flujos de cajas y a entregar mayor liquidez mensual a nuestros empresarios pymes. La extensión del beneficio transitorio de la depreciación instantánea por el ciento por ciento de la inversión en un activo fijo otorgada primero a la Región de La Araucanía y ahora a todo el país, es, sin duda, otro beneficio y apoyo importante en la carga tributaria.

Por otro lado, considerando que nuestra economía está cada día más digitalizada, la amortización instantánea respecto de activos intangibles ayudará a nuestros empresarios que debido al proceso de transformación digital que están enfrentando han debido adquirir licencias de diversos softwares. Gracias a esta norma podrán llevar a gasto estas inversiones. Lamento que este proyecto haya tenido…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Florcita Alarcón Rojas .

El señor ALARCÓN (vía telemática).-

Señor Presidente, quiero denunciar ante todo Chile que el informe de la Comisión Mixta sobre este proyecto llegó en la mañana. Lo hago presente, porque es imposible estudiar 97 páginas en tan corto tiempo.

Ya es hora de que se termine con la manipulación y con las trampas de la letra chica y de hacer todo con urgencia con el objeto de ocultar las trampas y la manipulación del lenguaje, entre otras cosas.

Esta es una pésima forma de legislar. Esta pésima manipulación me convierte en desconfiado. ¿Por qué razón?

Por ejemplo, el Ejecutivo, el Presidente, presta chilenos a China para que se pruebe una vacuna, de la cual los médicos no tienen idea. ¿No será mejor experimentar con sustancias que aquí los médicos conocen?

En consecuencia, quiero señalar que no confío en lo que propone este informe de Comisión Mixta, como tampoco confío en que se prueben las vacunas chinas aquí, en circunstancias de que existen otras alternativas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Patricio Melero Abaroa .

El señor MELERO (vía telemática).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo en forma muy especial al señor ministro de Hacienda.

Claramente, este proyecto está diseñado para reactivar la economía y el empleo a través de cinco medidas concretas. Pero mejor aún, se llegó a este proyecto producto del diálogo y de los acuerdos, que muchas veces no se quieren reconocer y valorar; sin embargo, los hechos dejan en evidencia, en forma indesmentible, que aquí ha habido mucho diálogo entre gobierno y oposición. Prueba de ello es que el marco presupuestario surgió de un acuerdo adoptado en junio con las principales fuerzas políticas democráticas del Parlamento, del gobierno y de oposición, para establecer un monto de 12.000 millones de dólares, que van en parte a este proyecto de ley.

Además, como se ha recordado hoy, se fortaleció enormemente el diálogo en la Comisión de Hacienda, abriendo la puerta para que los gremios del transporte pudieran desarrollar, durante quince días, gestiones con el gobierno y llegar a acuerdo, y también en el marco de la Comisión Mixta durante los días anteriores.

De esa manera, lo primero que quiero hacer es reivindicar la voluntad de diálogo del gobierno, de la oposición y de los gremios. Desgraciadamente, destaco -una vez más- las posiciones más radicales del Partido Comunista y de otros sectores, que se automarginan del diálogo, de los acuerdos y siguen en un ensoñamiento ideológico de sus propias utopías, que los aparta de la capacidad de entendernos y de buscar caminos de unidad frente a los grandes desafíos que tiene el país.

Dicho lo anterior, creo que este proyecto de ley contiene importantes medidas que irán directamente a aliviar el bolsillo de la clase media y el de las pequeñas y medianas empresas: una rebaja tributaria muy importante, que llegará hasta el 10 por ciento; una ampliación de la depreciación instantánea, la devolución de los remanentes del crédito fiscal y la extensión del pago del impuesto del 1 por ciento regional.

Me referiré en forma muy especial a la depreciación instantánea del activo fijo. Debemos recordar que esta norma fue incluida en la reforma tributaria aprobada a fines del 2019. Sin embargo, recordemos que dicha reforma solo establece una depreciación de 50 por ciento hasta fines del 2021 y que el ciento por ciento es únicamente para la Región de La Araucanía. Con esta propuesta habrá una depreciación instantánea del activo fijo por el ciento por ciento hasta fines del 2022.

Frente a las críticas respecto de que gran parte de los beneficios de la depreciación instantánea lo percibirán las grandes empresas, se debe considerar que esta iniciativa busca reactivar la economía y ello incluye tanto a grandes como a pequeñas y medianas empresas. El sistema económico está interconectado, por lo que, debido a las cadenas productivas, el establecimiento de incentivos a la inversión para las grandes empresas repercute positivamente también en las pymes, las que, a su vez, mayoritariamente son proveedoras de aquellas. Por tanto, tales incentivos permitirán una mayor contratación de pymes para la prestación de servicios a las empresas más grandes.

Por otra parte, también es importante hacer ver que el Estado se hará cargo del pago del impuesto de 1 por ciento regional. Esa es una muy buena medida, una señal concreta hacia las regiones, hacia la descentralización, a que los tributos vayan quedando más en las regiones. Así, esto incentiva a que en el corto plazo se inicien distintos proyectos de inversión para que se acojan a esta norma.

Por último, en cuanto a las nuevas indicaciones que incorporaron en la tramitación final del proyecto en el Senado, destaco el acuerdo con los gremios del transporte. Creo que, como se ha señalado, este era un sector difícil de ayudar, porque era difícil de detectar, de hacerlo sujeto de la ayuda. Ese es el dilema y el desafío más grande que tenemos hoy en día en el país con la enorme cantidad de personas que están en la informalidad laboral.

Si hay algo que esta pandemia nos ha enseñado es que las políticas sociales, la ayuda, muchas veces son difíciles de hacer llegar a los sectores informales o que tienen dificultades para aquello. Este es un primer paso, pero el desafío queda por delante.

Por eso, aprobaremos con entusiasmo esta iniciativa, con el sentido de urgencia que tiene y para que el apoyo llegue a la brevedad a quienes tanto lo necesitan.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Marcelo Schilling Rodríguez .

El señor SCHILLING (vía telemática).-

Señor Presidente, invariablemente, el gobierno, a través del ministro Briones , nos recuerda la suscripción de un acuerdo para lograr el apoyo en las votaciones de los distintos proyectos que él lidera. Y, sin duda, existen acuerdos, pero quiero recordar al ministro Briones que la primera parte del acuerdo es luchar por la salud de los chilenos; tomar las medidas sanitarias que impidan la propagación de la pandemia, que eviten las muertes de compatriotas. Sobre eso, quiero informar al ministro Briones que el gobierno y él mismo están completamente en deuda con la transferencia de recursos al sistema de salud para efectos de aislamiento de los contagiados, de trazabilidad de los contagiados, etcétera.

Este proyecto ha sido observado por la asimetría con que trata a las grandes empresas y a las pequeñas y medianas empresas. Las dos grandes medidas son: la depreciación instantánea, que favorece a las grandes empresas, y la eliminación del pago del impuesto del 1 por ciento para las inversiones regionales para proyectos que superen los 10 millones de dólares, reemplazándolos por plata fiscal. Esas son las dos grandes medidas, que superan con largueza los 2.000 millones de dólares.

Para las pymes, la reducción del impuesto de primera categoría no significa mucho. Ya otros intervinientes han dicho que tampoco significan mucho las modificaciones en cuanto a plazo y recuperación del IVA acumulado; lo mismo en lo referido al PPM, que está asociado a la reducción del 10 por ciento del impuesto de primera categoría.

No se trata igual a ambos tipos de empresas. Puede que haya una razón de fondo relacionada con la estructura y las espaldas de aquellas. Pero reitero que no se las trata igual, sino, al contrario, se profundizan las diferencias.

Para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder al crédito Fogape no deben tener deuda tributaria, tienen que estar con sus créditos al día; para las grandes, nada.

Hemos pedido que no se beneficie con recursos fiscales a las empresas que están en paraísos tributarios, que no se beneficie a las empresas que tienen procesos abiertos por agresión al medio ambiente; que no se beneficie a las empresas con condenas por delitos económicos, como el de colusión. No se acepta nada. Ahí está la diferencia de trato. No solo se trata de cuánta plata se les pase; se pide moralidad a las pequeñas y medianas empresas y a las demás se les aceptan la amoralidad y la inmoralidad.

La prueba fehaciente de que a este gobierno le importan un pucho la pequeña y mediana empresa es que en el informe que presentó a la Sala de la Cámara el ministro Briones -lapsus- no menciona el acuerdo por el cual se instituye una relación estable, sistemática, con rendición de cuentas al Congreso entre el gobierno, el consejo superior de la pyme y las pymes, para que ellas directamente puedan hacer presente cuáles son las medidas que en realidad las benefician y el gobierno las escuche de primera mano. Pero como no le importan nada la pequeña y mediana empresa, al ministro se le olvidó mencionarlo, pues. ¡Qué pena!

La flagrancia: ahí está la prueba.

No se necesita decir nada más.

Vamos a apoyar por…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra, vía telemática, por dos minutos y treinta y tres segundos, el diputado René Alinco Bustos .

El señor ALINCO (vía telemática).-

Señor Presidente, pedí la palabra para plantear un asunto de Reglamento.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Entonces, le otorgo la palabra para que plantee un punto de Reglamento.

El señor ALINCO (vía telemática).-

Señor Presidente, primero, lamento mucho que este proyecto no haya pasado por la Comisión de Obras Públicas, de la que soy integrante y su Presidente. Todos sus miembros esperábamos que nos enviaran esta iniciativa, dado que trata una materia que es nuestra especialidad.

Nos hemos reunido con una infinidad de dirigentes del sector, por lo que conocemos y abordamos este problema permanentemente.

Por otra parte, me parece que las famosas reuniones de Comités están sobrepasando sus límites. Como diputado de región, de una zona extrema, reclamo y pregunto qué pasa con los tiempos, porque si bien entiendo que hay un orden, resulta que con el trabajo telemático quedamos más desplazados todavía.

No me siento superior a ningún diputado ni diputada, pero tampoco -que quede claro- soy inferior a alguno o alguna, así que considero que se debe revisar este asunto.

La Cámara de Diputados es democrática y participativa. ¡Todos somos iguales! Reclamamos por el exceso de presidencialismo, pero parece que la Mesa y los famosos Comités hacen y deshacen, y a nosotros, los diputados de regiones, en especial a los de zonas extremas, nos dejan afuera o no nos dan el espacio de participación que les dan a otros diputados, como a los de la Región Metropolitana y de las regiones cercanas, como los de la Región de Valparaíso o de la Región de O’Higgins, a los que les dan los tiempos que requieren.

Por eso, creo que hay que revisar lo que está sucediendo. Decisiones como aquella, la de que un proyecto tan importante como este pase a comisión mixta, al menos debería ser propuesto y votado por la Sala. No puede ser que un grupo de diputados, junto con el Ejecutivo, tome decisiones que nos corresponde tomar a todos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón Irarrázabal .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena) [vía telemática].-

Señor Presidente, en razón del tiempo que tengo, me limitaré a destacar de esta moción la medida tendiente a reducir la tasa del impuesto de primera categoría a las pymes, además del reembolso del IVA acumulado a las empresas que ya han registrado caídas de 30 por ciento o más en sus ventas.

Destaco que, al fin, después de muchos meses de fricciones, conseguimos un bono especial de 350.000 pesos para dueños y choferes de taxis colectivos, conductores del transporte escolar, etcétera. Creo que es un avance, pero falta.

No puedo dejar de mencionar a la ministra Hutt , que ha dado una larga pelea. Por algo ha conseguido el primer bono sectorial, no obstante que sabemos que el Ministerio de Hacienda lleva el pandero en ese tipo de decisiones, y con justa razón.

Por otra parte, lamento que en la negociación entre el ministerio y los trabajadores se excluyera a ciertos conductores, pese al ímpetu que pusimos. Tratamos de integrarlos, pero no lo conseguimos. Por ello, hay muchos que, lamentablemente, no quedaron contentos con la negociación.

En nombre de esa gente, plantearé algunos puntos.

Primero, se pide a los dueños de los vehículos que efectúen una declaración jurada en las Seremis regionales para acreditar el nombre de los conductores y demás detalles. Me pregunto para qué, si existen las garitas, en donde están los listados de los conductores y las hojas de ruta.

A los conductores y propietarios se les puso el mes de agosto como límite para cerrar la lista, lo cual es bastante normal. En algunos casos son los dueños de los vehículos los que decidirán quiénes recibirían ese beneficio, sobre todo en aquellos casos en que aún se utiliza la modalidad de dos conductores por vehículo. Son pocos, pero los que queden afuera también tienen familia y necesitan este beneficio.

Además, hay que tomar en cuenta que muchos dejaron de trabajar en marzo por problemas de salud, con el inicio de la pandemia -muchos de ellos tienen sus años-, y otros conductores fueron desvinculados por los propietarios.

Entonces, no todos los conductores recibirán este beneficio.

Por otra parte, me parece que hay que estudiar caso a caso el monto, de manera de no descontar este beneficio del IFE, cuando este es de bajo monto.

Hay que analizar bien la situación. Espero que empecemos a trabajar en una mejora para este rubro y, tal vez, en la presentación de otro proyecto de ley.

Señor Presidente, los taxistas, los colectiveros y los trabajadores del rubro del transporte escolar son importantísimos para la comunidad y para la recuperación económica local y del país, por lo cual hay que darle otra vuelta a esta situación.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz Novoa .

El señor ORTIZ (vía telemática).-

Señor Presidente, el 15 de julio terminamos un diálogo y llegamos a un acuerdo. Es cierto que lo que tiene que ver con las pymes está desarrollado en esta iniciativa, pero también es una realidad que, después de que el proyecto fue aprobado en la Cámara, sin problemas, se advirtieron situaciones no consideradas.

Asimismo, es una realidad que el 29 de julio, en la Comisión de Hacienda, terminamos de tratar el proyecto del aporte para la clase media, y los trece diputados de la comisión -ninguno jugando al protagonismo- planteamos al ministro de Hacienda que sí o sí el lunes 3 de julio tenía que instalar una mesa de diálogo con la gente del transporte que había estado en una audiencia con nosotros.

Por eso me comprometí a aprobar el proyecto para la clase media, y lo demostramos el 30 de julio, en la Sala, cuando muchos querían que el proyecto fuera a comisión mixta. Lo resolvimos, y eso significó un aporte importante para la clase media. Quedaron asuntos pendientes, pero debemos reconocer que el ministro cumplió, pues lo prometido se incluyó en este proyecto de ley.

Hay muchos beneficios para las pymes, aunque se necesitan más. Sin embargo, hay una cosa que considero vital: de ahora en adelante, cada quince días, funcionará una mesa de trabajo que evaluará la implementación de lo acordado en el plan de emergencia por la protección de los ingresos de las familias y la reactivación económica y del empleo, y mensualmente se informará a las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado sobre los avances de la implementación del plan de apoyo para las pequeñas empresas. Por eso, vamos a aprobar este proyecto…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Ramón Barros Montero .

El señor BARROS (vía telemática).-

Señor Presidente, parto mi intervención con una referencia al discurso que acabo de oír, el del diputado Ortiz .

Cuánto se valora que un diputado con experiencia, integrante por décadas de la Comisión de Hacienda, tenga ese nivel de moderación, de valoración, entendiendo que es probable que no todos hayamos quedado completamente satisfechos con el paquete de medidas.

Es difícil abstraerse de la andanada de críticas, porque antes de que interviniera el diputado Ortiz , no oí una palabra para valorar los avances que hemos logrado en una sucesiva línea de políticas públicas, tal cual adelantó el ministro de Hacienda en abril, en el sentido de que este sería un proceso evolutivo.

Por eso el diputado Ortiz dijo que el ministro cumplió.

Todos sabemos que ha habido errores -¡qué duda cabe!- y que hay sectores que no han quedado del todo contentos, pero se nos abre un camino para complementar las medidas que se han adoptado. Este es un proceso evolutivo.

Agradezco particularmente a los dirigentes del transporte escolar de mi zona, a los señores Gustavo Ortiz , José Villar y José Rivera , dirigente de los colectiveros, con quienes hemos conversado respecto de todos los temas que se incluyen en este acuerdo con el transporte.

Sabemos que están fuera conductores y asistentes del transporte rural, y lo hemos hecho ver, pero no por eso solo vamos a criticar lo que se ha hecho.

En cuanto a las medidas que se tomaron respecto de la depreciación instantánea, conversé con los representantes de una pyme que vende maquinaria agrícola y forestal, y me dijeron que les viene bien la depreciación instantánea, porque a las pymes les compran las grandes empresas. La economía está entrelazada entre grandes y chicos.

Asimismo, a quienes solo critican, les recuerdo que gracias a que hemos tenido ministros de Hacienda serios se pueden implementar estas y muchas otras medidas. La crítica no lleva a ninguna parte; solo en la Sexta Región, con todo lo que se ha criticado el tema del Fogape, 38.000 pymes recibieron hoy dicho crédito. ¿Todas son grandes empresas? ¡Por supuesto que no!

Por las razones expuestas, votaré a favor.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Vicepresidente de la Cámara diputado Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-

Señor Presidente, este proyecto es muy importante para el desarrollo del país, en el marco de la pandemia y de la necesidad de la reactivación económica que hoy tenemos. Nada sería más importante que lograr una plena integración de todos los actores económicos y sociales a un plan de esta naturaleza; pero tan importante como ello habría sido que este plan hubiese sido consensuado y acordado con todos los actores.

Tengo en mis manos -quiero mostrarla- una carta que nos han dirigido a los parlamentarios prácticamente todas las organizaciones representativas de las pymes del país. En ella se señala que las pymes no han sido contempladas en este acuerdo de la Comisión Mixta.

Por lo tanto, no satisface a las cámaras de comercio, a las cámaras de turismo, a Asexma y a muchas otras organizaciones importantes del sector de las pymes, porque los recursos fiscales para financiar este plan serán utilizados en gran parte -dicen ellos- para financiar la reducción de muchas plantillas de trabajadores, y que el 84 por ciento de los recursos contemplados en el proyecto de la reactivación se utilizará, principalmente, por las grandes empresas.

Existe restricción en la accesibilidad a estos recursos, no tienen la urgencia necesaria; hay reducciones solo temporales de los impuestos, que van a alcanzar a 700.000 pesos, que no alcanzan para incorporar cinco trabajadores por empresa, como estaba previsto. Aun más, la propia Asociación de Municipalidades -aquí está la carta que enviaron al Senado y a los parlamentarios- señala que no fue incorporada en las audiencias para escuchar las necesidades de desarrollo local y territorial que eran indispensables.

Por ello, este proyecto, que debió haber sido fruto de un gran acuerdo y que debió haber incorporado a todos los actores, no lo hizo. Además, no le da la solución a cientos de miles de pymes que debieran haber recibido parte de estos recursos. Principalmente, se verán beneficiadas 30.000 empresas de gran tamaño, las que percibirán un monto promedio de 137 millones.

El proyecto es insuficiente, no cumple con los requisitos; debió haber sido un gran proyecto para el desarrollo de todos los chilenos.

Por las razones expuestas, votaré en contra.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, difiero de lo expresado por el diputado González . Este es un proyecto que va directamente a la vena de la economía y que entrega recursos importantes a las pymes, que son las más complicadas en estos momentos.

Se disminuye transitoriamente la tasa establecida en el artículo 20 de la ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del decreto ley 824, de 1974, para las empresas acogidas al régimen propyme, contemplado en la letra D) del artículo 14 de dicha ley, a 10 por ciento. Cabe recordar que aprobamos inicialmente una rebaja de 25 a 12.5 por ciento, por lo que ahora es mayor la rebaja, lo que me parece bien.

También valoro la devolución del crédito IVA de las pymes a aquellas que han permanecido cerradas y han tenido que stockearse.

Asimismo, me parece bien la postergación de la boleta electrónica -muy requerida-, que partía en septiembre, pero se pospuso para enero del próximo año, porque tenía muy complicadas a muchas personas.

Por otra parte, la ampliación de la depreciación instantánea, medida que ya tenemos en la Región de La Araucanía, a todo el país es un gran aliciente para las pymes, porque permite que aquellos que puedan invertir algo puedan depreciarlo de manera instantánea.

También valoro la destinación de recursos fiscales para el 1 por ciento regional, la ampliación a tres meses de la postergación del IVA, y, lo más importante, en la tramitación de la Comisión Mixta se logró resolver el tema de los transportistas, pues tanto los conductores como los microempresarios están muy complicados, porque, a veces, no recuperan la plata que significa mover una máquina.

Por eso, hoy hablé con el ministro de Hacienda y con algunos parlamentarios para ver en un próximo proyecto la manera de incrementar esa ayuda mediante las platas del plan espejo del Transantiago y así poder ir en apoyo de los pequeños empresarios del transporte remunerado, tanto mayor como menor, que están muy complicados, pues no toda la gente ha tenido el mismo comportamiento, no todos han podido salir de su casa, no todos han usado el transporte público y ...

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Terminó su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, hay que poner las cosas en su lugar y en su justa medida. Uno no quiere ser condescendiente ni tampoco puede ser tan optimista, porque lo que estamos avanzando acá, si bien son medidas que pueden valorarse en algunas personas ligadas a las pymes -pequeñas o medianas-, son bastante cosméticas.

Hoy, las pymes necesitan liquidez. Ellas hablan de apoyos tributarios reales. Se les entrega un paraguas, subsidios directos, y lo que necesitan realmente es volver a pararse.

Más allá del gran acuerdo que, probablemente, todos valoramos, este no puede ser un elemento que nos nuble al momento de poder seguir aportando. Si en nuestra región, en nuestros distritos, la gente de las pymes nos dicen que no les llegan los apoyos, que nos les llega el Fogape, porque tenemos 200.000 créditos Fogape -información del propio Ministerio de Hacienda-, en circunstancias de que en Chile hay más de un millón de pymes, es porque algo está pasando. En la práctica, no estamos llegando ni siquiera al 15 o al 20 por ciento de ellas, debido a que les piden evaluación comercial y a que los bancos utilizan muchos criterios de riesgo.

Entonces, este proyecto vuelve a lo que habíamos rechazado, la depreciación instantánea; está el tema del 1 por ciento regional, que, finalmente, no sirve para nada porque lo paga el propio Estado, pero valoro lo que pedimos y que no tiene mucho que ver con esto. Sinceramente, no me deja conforme el tema de las medidas tributarias, pero sí valoro lo que se incorporó en materia de transporte, que pedimos en la Comisión de Desarrollo Social; valoro que se haya armado ese trabajo y que el ministro haya cumplido, pero, de verdad, siento que son medidas para la clase media-media. ¿Por qué? Porque no se quiso escuchar a todos los gremios del transporte. Estuvo don Héctor Sandoval , representando muy bien a su gremio, pero nos faltaron los conductores. Le hicimos llegar a los ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, y de Hacienda los nombres de los dirigentes de las distintas federaciones, pero no los quisieron considerar. Dejaron fuera de los créditos a todo lo que es el servicio de taxis ejecutivos y de turismo, a los conductores.

¿Por qué, si podemos apoyar de verdad, apoyamos a medias? ¿Por qué, si podemos realmente acompañar a las familias, lo hacemos con mucha burocracia y letra chica?

Nosotros estamos para mejorar la propuesta de ley. Lo que hizo el gobierno, al incorporar una indicación de manera rápida en la Comisión Mixta, fue mezquino, porque no permitió al Congreso Nacional aportar con su visión, con lo que conocemos de las regiones y del transporte público.

Valoro lo realizado, pero me quedo con una sensación amarga, porque creo que se puede trabajar de mejor manera.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Santana Tirachini .

El señor SANTANA (don Alejandro).-

Señor Presidente, es importante entender que esta iniciativa no solo es propyme, sino, principalmente, prorreactivación económica.

En esa línea, se están incorporando elementos de carácter transitorio, que, sin lugar a dudas, van a permitir, entre otras cosas, generar liquidez, recursos disponibles para capital de trabajo, fomentar de manera importante la inversión y el consumo, y, lo más determinante, recuperar los empleos que se han perdido en Chile como consecuencia de la pandemia.

Ahora bien, las críticas que se formulan no hacen referencia al acuerdo político que se suscribió el 14 de junio para ir en ayuda de las chilenas y de los chilenos afectados por la pandemia. Obviamente, ninguna iniciativa tiene cobertura total y absoluta, por lo que se requiere de iniciativas complementarias para ir avanzando, con el fin de beneficiar a quienes aún no han tenido esa posibilidad, sobre todo si han sido afectados en su giro o actividad económica. Ello debe complementarse con medidas fiscales y con las nuevas políticas sociales y laborales que se proyectan. De lo contrario, vamos a quedar permanentemente en el debate del área chica, en el debate de lo insuficiente, en el debate de que las cosas en el futuro van a empeorar en vez de mejorar.

Hemos dicho con mucha fuerza que hay que mejorar las cosas y que hay otras que se pudieron haber hecho mejor. Es importante señalar que esta iniciativa no solamente ayuda a la liquidez, sino, además, facilita el pago de impuestos, pues para el período 2020-2022 se aumentó la rebaja transitoria del impuesto de primera categoría para quienes estén afectos al régimen propyme de 10 por ciento a 25 por ciento, habrá devolución del IVA acumulado y, además, amortización por depreciación acelerada. Se trata de medidas de verdad importantes. Quizá los parlamentarios que permanentemente critican no entienden la relevancia de esto para el emprendedor, para la persona que tiene que generar ingresos permanentes, que tiene que contratar personal, que tiene que darle sustento y permanencia a su emprendimiento.

Valoro el esfuerzo hecho. Espero que hoy podamos dar una señal importante al país para seguir avanzando en la reactivación económica.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson Drago .

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, nos han dicho por todos los medios que en una pandemia como la que estamos viviendo no es el momento de hacer una reforma tributaria, ello en respuesta a lo que desde marzo venimos pidiendo varios de nosotros, esto es, que el costo de la crisis no la tengan que asumir las trabajadoras y los trabajadores, sino también, y principalmente, quienes han acumulado mayor riqueza a costa, por supuesto, del trabajo de millones de trabajadoras y de trabajadores. Nos han dicho que no es el momento. Lo han dicho una y otra vez. Lo han dicho desde todos los ángulos posibles para criticar una idea de justicia y de redistribución social.

Sin embargo, lo que se somete a votación hoy es, precisamente, una reforma tributaria, cosa que el gobierno nos ha dicho que no se puede hacer en una pandemia, porque no es el momento. No obstante, es justamente lo que hoy vamos a votar en esta Sala.

El gobierno ha insistido en defender las grandes fortunas para que no contribuyan en esta crisis y ha insistido en distintos proyectos para que sean los trabajadores y las trabajadoras quienes carguen el costo de la crisis. Si no es una reforma tributaria la que puede recaudar fondos para financiar el déficit fiscal que esta pandemia está generando, ¿de qué reforma tributaria estamos hablando? Precisamente, de una reforma tributaria que, al revés de recaudar, gasta. ¿Y en qué proporciones gasta durante los próximos dos años? El sentido común indica que debería gastarse en los que más necesitan, pero al examinar el informe financiero por lejos el mayor peso del gasto durante los próximos dos años se lo lleva la depreciación instantánea de las grandes empresas. Y digo “en los próximos dos años”, porque el ministro fue enfático en decir que hay que mirar el gasto en flujo anual y no en valor presente. Por lo tanto, siguiendo las instrucciones del ministro, el mayor gasto para los próximos dos años -repito- se focaliza en las grandes empresas, porque antes de este proyecto, y sin este proyecto, las empresas pequeñas y medianas ya tienen depreciación instantánea.

Por lo tanto, no solo estamos frente a un gobierno que defiende a las grandes fortunas para que no contribuyan como corresponde en esta crisis; no solo estamos frente a un gobierno que propone que la crisis la paguen las trabajadoras y los trabajadores con sus distintas formas de ahorro o de reducción de salarios, sino que estamos frente a un gobierno que quiere poner el énfasis en que las grandes empresas durante los próximos dos años paguen menos por sus inversiones. Es el mundo al revés.

Nosotros estamos plenamente disponibles y hemos conversado con pymes para hacer un paquete de medidas que las favorezcan. Creemos que el paquete presentado acá -se ha demostrado con muchos argumentos- es insuficiente para las pymes, en el sentido de que esto no va a resolver su crisis de liquidez. Para tener impuesto a la renta de primera categoría hay que tener utilidades, y hay muchas empresas que en la actualidad se están yendo a pique. Por otro lado, toda la gente que tiene pymes sabe que después de completar los formularios en abril les llega una devolución, pero la mayoría de las pymes en Chile finalmente se ubican en tramos exentos, por lo que la reducción de un 25 por ciento a un 10 por ciento les afecta en el flujo de un mes, pues tenemos un sistema ciento por ciento integrado para las pymes.

Aquí no estamos solucionando el problema a las pymes, sino que, so pretexto de la crisis que atraviesan, se nos impone un incentivo a la inversión del gran capital a través de la depreciación instantánea, y también un perdonazo que no tiene justificación técnica para que no paguen las inversiones en regiones durante el primer año, y sea el Estado el que pague el impuesto de las empresas. Es una cuestión bastante sui géneris. Además, se incluye materias bastante innovadoras, por decirlo elegante, pero que se encuentran fuera del marco de entendimiento al que se había llegado entre los partidos y el gobierno, como la depreciación de intangibles, que rechazamos en la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional. Por lo tanto, creo que es importante enviar una señal política al gobierno.

Por supuesto que no tenemos problema en aprobar, con todos los déficits, con todo lo que hay que mejorar, todo aquello que se incorporó en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, para darle celeridad a la iniciativa. Sin embargo, hay materias que deberán examinarse en algún momento, porque acá se usó un atajo y aquellas no se abordaron de manera integral. El corazón del proyecto en discusión manda una señal completamente errónea. Por eso, más allá de que contenga cosas positivas, como la postergación del IVA y otras medidas que creemos importantes, nosotros no vamos a concurrir con nuestro voto favorable, sino que nos vamos a abstener, porque nos ponen en una encrucijada política que es tramposa, engañosa, pues por un lado se ocupa en primera línea a las pymes como voz y marketing del proyecto, pero el grueso del volumen de recursos mencionados en el informe financiero va dirigido a las grandes empresas.

¡No me digan, entonces, que no es momento de hacer reformas tributarias! Hoy se está aprobando una reforma tributaria que en los próximos dos años significará una pérdida de ingresos del fisco proveniente de las grandes empresas por cerca de 2.700 millones de dólares, pues acá no estamos hablando de las pequeñas ni de las medianas empresas.

Al menos desde Revolución Democrática , no vamos a votar a favor del articulado que se refiere a la reforma tributaria que beneficia a las grandes empresas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda Orbenes .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, cuando el ministro estuvo presente, nosotros dijimos que, sin duda, íbamos a votar a favor, y yo dije “qué bueno que, por fin, en menos de un mes, vamos a tener una segunda coincidencia con el ministro en la Sala”. Pero, por la forma en que se ha dado la discusión y en que hemos visto lo que está ocurriendo, uno dice que no han cambiado de chip y que viene el mismo formato, porque vamos a ayudar a las grandes empresas en desmedro de las pequeñas.

Pero ¿qué puede hacer uno como diputada para que la voz de los ciudadanos se tome en cuenta? Porque una cosa es la realidad que plantea el ministro en relación con las pequeñas y medianas empresas, con la postergación de las boletas electrónicas, y otra cosa es lo que ocurre a las personas.

Señor Presidente, permítame un minuto. Esto no lo he hecho nunca.

-La diputada Alejandra Sepúlveda difunde un archivo de audio.

Un señor DIPUTADO.-

¡No se puede hacer!

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

¡Si se puede!

¿No se puede hacer? Yo creí que se podía hacer, porque se ha hecho antes.

La voz que escucharon es del presidente de la Cámara de Comercio de San Vicente…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Señora diputada, no quedará registrado.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, no sabía que no se podía hacer; no volverá a ocurrir.

El presidente de la Cámara de Comercio de San Vicente dijo hoy que no es cierto lo que acaba de decir el ministro en la Sala. No es cierto. No es gratuito el software para que las pequeñas y medianas empresas apliquen esas famosas boletas, medida que hoy se quiere postergar. No es verdad, porque tienen que pagar para entrar y recibir ese servicio.

Entonces, mi complicación con el hecho de estar en esta cápsula -me refiero al Congreso Nacional- es lo que pasa con las pequeñas y medianas empresas. Ya sabemos lo que les va a pasar a las grandes empresas: va a haber una ayuda del gobierno. Pero el problema lo tendrán las empresas chicas, que no necesitan no pagar, sino tener liquidez, plata, recursos para echar a andar la economía, sobre todo en las regiones, provincias y comunas.

Por eso, lamento que el ministro no se encuentre presente en este momento, para que nos responda y también le conteste a José González , presidente de la Cámara de Comercio de San Vicente.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Señora diputada, el uso de la palabra es para los diputados; no para terceras personas a través de los diputados. Esas personas pueden ser mencionadas, se puede hacer referencia a las mismas, pero no difundir un discurso de ellas. Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez Lahsen .

El señor PÉREZ (don Leopoldo).-

Señor Presidente, hoy podemos terminar la tramitación de un proyecto que es urgente para la reactivación económica y que tiene un significado político profundo.

Este proyecto se trata no solo de apoyar a todas las empresas con medidas tributarias y a los gremios del transporte menor con una ayuda directa a su bolsillo, sino, por sobre cualquier otra cosa, de que la buena política, la que hace mejores países, se construya respetando los acuerdos que se alcanzan. Es así de simple. Es lógico, natural y deseable que existan diferentes miradas sobre cómo lograr un mejor país.

Las ideas que tiene el diputado Marcelo Schilling , con quien compartí en la Comisión de Hacienda y en la Comisión Mixta, son muy diferentes a las mías, pero en algo sí debemos estar de acuerdo: en respetar los compromisos, y este es un proyecto que fue acordado el 14 de junio por el gobierno, Chile Vamos, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia. Por eso, hoy debiéramos ver a todos votar a favor el informe de la Comisión Mixta.

Políticamente, el gobierno ha cumplido su palabra y hoy el proyecto contiene las mismas medidas originalmente presentadas cuando ingresó. A saber, una rebaja transitoria a la mitad del impuesto de primera categoría del régimen propyme, que implica una rebaja de 15 puntos, pasando del 25 por ciento al 10 por ciento; una devolución del IVA acumulado por las pymes; la ampliación de la depreciación instantánea del ciento por ciento hasta el 31 de diciembre de 2022, lo que es un cañonazo para la inversión, y la destinación de recursos fiscales para la contribución regional del 1 por ciento para proyectos iniciados hasta el 2021, medida contemplada en el acuerdo del 14 de junio.

Además de estos contenidos, a pedido de Chile Vamos, en la Comisión Mixta logramos que el Ejecutivo incorporara una rebaja adicional a la tasa del impuesto de primera categoría para las pymes; la postergación de la entrada en vigencia de la boleta electrónica para facturadores electrónicos, desde septiembre de 2020 a enero de 2021; un beneficio a los gremios del transporte que consiste en un bono de 350.000 pesos y un préstamos blando de hasta 1 millón de pesos de apoyo a estos microempresarios y conductores del transporte remunerado de pasajeros. También se concederá un aporte único que se puede pedir por un período de hasta 60 días, a contar del día en que esta futura ley entre en vigencia.

Agradezco al Ejecutivo por haber contemplado la rebaja al impuesto de primera categoría que pagan las pymes. Es una señal potente que no se veía desde los inicios de 1990.

Asimismo, solicito a mi gobierno la urgente modernización del Estado, para hacer más fácil la vida de todos los chilenos. Un ejemplo es el caso de los conductores de la locomoción menor, que aquí tanto se ha mencionado y con el que se han llenado la boca varios parlamentarios. No existen registros de ellos. El único registro que hay corresponde a los transportistas escolares, pero respecto del resto de los transportistas, de los taxis, los taxis colectivos e, incluso, de los conductores de buses rurales e interurbanos, no existe registro.

En la Región Metropolitana solo existe un registro de hace tres años, es decir, que está desactualizado, y no es que exista un registro propiamente tal, sino que las bases de licitación de la Región Metropolitana exigían esa información para el recorrido de los colectivos. Por lo tanto, es urgente una…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull López .

El señor ROCAFULL.-

Señor Presidente, me voy a referir muy brevemente al proyecto, específicamente a la parte que tiene que ver con el transporte, dado el tiempo de que dispongo.

En primer lugar, obviamente, nos parece bien tratar este proyecto rápidamente, porque la gente requiere estas medidas con urgencia. Sin embargo, aquí se obvian algunas particularidades. Chile es un país largo, en que cada región tiene diferencias marcadísimas.

Por ejemplo, el diputado Leopoldo Pérez acaba de señalar que no hay registros de los conductores, pero yo le puedo decir -por su intermedio, señor Presidente- que en la Región de Arica y Parinacota están los registros de todos los conductores de taxis colectivos y también de taxis que van a Tacna.

Quiero hacer el punto en dos cosas que me parecen superimportantes, sobre las que el ministro de Hacienda -por supuesto, no es una materia que le corresponde- no ha podido darme respuesta ni tampoco la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, con la cual acabo de conversar.

Primero, los taxis que van de Arica a Tacna. Desde que se cerró la frontera, esos trabajadores quedaron sin trabajo, sin poder trabajar.

Por lo tanto, como se considera solamente el decreto N° 212 y no el decreto N° 265, que incluye a los taxistas internacionales, solicito que ellos puedan ser considerados, porque también son parte del transporte remunerado. Los taxis que viajan a Tacna, que es una dinámica continua y de mucha historia en nuestra ciudad, tienen que estar presentes en esto, al igual que los conductores.

Por otra parte, también hay servicios de furgones que concurren a los pueblos del interior y no tienen el subsidio del transporte fiscal. Por lo tanto, en ese sentido, también pido que sean considerados.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las proposiciones de la Comisión Mixta en los siguientes términos:

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que suspende, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe motivado por la pandemia de covid-19, la facultad de las isapres de modificar el precio base de los planes de salud en términos más onerosos para sus afiliados.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités y tres minutos al resto, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor Miguel Crispi .

Antecedentes:

Segundo informe de la Comisión de Salud, sesión 55ª de la presente legislatura, en martes 11 de agosto de 2020. Documentos de la Cuenta N° 14.

-El primer informe de la Comisión de Salud, se rindió en la sesión 46ª de la presente legislatura, en miércoles 22 de julio de 2020.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor CRISPI (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Salud, paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre el proyecto de ley iniciado en tres mociones refundidas.

La primera moción suspende, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe motivado por la pandemia de covid-19, la facultad de las isapres de modificar el precio base de los planes de salud en términos más onerosos para sus afiliados, y fue presentada por los diputados Florcita Alarcón , Boris Barrera , Andrés Celis , Renato Garín , Tomás Hirsch , Ximena Ossandón , Patricio Rosas y Raúl Soto .

La segunda modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, del 2005, del Ministerio de Salud, para suspender, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe motivado por la pandemia de covid-19, la facultad de las isapres de poner término, modificar o aumentar unilateralmente el precio de los planes de salud de sus afiliados, presentada por los diputados Gabriel Boric , Diego Ibáñez , Gonzalo Winter y Gael Yeomans .

La tercera modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, para prohibir a las isapres modificar los contratos de salud o aumentar su precio en perjuicio de sus afiliados, durante una epidemia o pandemia, o alerta sanitaria declarada por la autoridad sanitaria, y es de quien habla, el diputado Miguel Crispi .

La Cámara de Diputados y diputadas, en sesión de 22 de julio de 2020, aprobó en general el proyecto de ley de la referencia.

De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento, el proyecto de ley volvió a la Comisión, dado que se presentaron indicaciones, y hoy día vuelve para su trámite final en la Cámara y esperamos que pueda avanzar al Senado.

Cabe tener presente que la idea matriz o fundamental de los proyectos es prohibir que las isapres puedan subir el valor de los precios de los planes, o modificar o poner término unilateral a los contratos de salud que mantienen con sus afiliados, durante los períodos de epidemia o pandemia.

Este proyecto de ley introdujo modificaciones en su primer trámite reglamentario al decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido y sistematizado de la ley N° 15.076, en la medida en que introduce dos artículos nuevos a dicho cuerpo legal.

Cabe hacer presente que, en este segundo trámite reglamentario, se presentaron cuatro indicaciones, tres de las cuales fueron rechazadas.

A su vez, se debe mencionar que no hay normas que deban ser aprobadas por quorum especial, ni artículos suprimidos, ni se han introducido disposiciones nuevas.

Respecto de las modificaciones, mediante la indicación aprobada en la comisión, se introdujo la modificación que paso a referir.

En este segundo trámite reglamentario, se aprobó la modificación introducida en el artículo 197 bis, contenido en el artículo único permanente, mediante indicación presentada por el diputado Jose Miguel Castro y suscrita, además, por los diputados Juan Luis Castro , Karol Cariola , Ricardo Celis , Diego Ibáñez , Javier Macaya , Cristhian Moreira , Ximena Ossandón , Patricio Rosas y Víctor Torres , con algunas modificaciones acordadas unánimemente durante la sesión, del siguiente tenor:

1) Para intercalar, en el artículo 197 bis, un inciso tercero nuevo entre los incisos segundo y tercero, pasando el actual tercero a ser cuarto y así sucesivamente, del siguiente tenor:

“En el caso de que se cumpla lo señalado en el inciso anterior, la autoridad competente deberá calcular, respecto del Sistema de Instituciones de Salud Previsional, los indicadores de variación de los precios de las prestaciones de salud, considerando la frecuencia de uso de las mismas y de la variación del gasto en subsidios por incapacidad laboral por ese año.”. Esta norma se refiere a lo que se ha denominado el “IPC de la salud”.

Se señaló que si bien esta propuesta es parte de la discusión en la reforma de la ley de isapres, radicada en el Senado, debe incorporarse en este proyecto por la premura que requiere su aprobación, atendidas las especiales condiciones en que nos encontramos en materia de salud pública.

La idea central de la modificación introducida en este segundo trámite reglamentario es que, en el supuesto de que el elemento habilitante para prohibir el alza del valor de los planes de las isapres tenga una duración superior al año, dichas instituciones no puedan subir el valor del plan de manera que acumulen el costo equivalente a dos años, en forma discrecional y sin mayor control. Se trata de que la autoridad competente calcule un indicador de variación de los precios de las prestaciones de salud, tomando en cuenta la frecuencia con que fueron utilizadas y la variación del gasto del subsidio por incapacidad, en su caso.

En concreto, se hace referencia a un “IPC de la salud” para evitar distorsiones y alzas desmedidas e injustificadas en el próximo año, en que ya no esté vigente la pandemia, y que se vuelva a la norma en las que las isapres reajustan sus planes, por ahora, con cierta restricción.

La indicación se aprobó por mayoría absoluta: 10 votos a favor y 1 abstención. Votaron a favor las diputadas y los diputados Karol Cariola, Juan Luis Castro , Ricardo Celis , Miguel Crispi , Cristhian Moreira , Diego Ibáñez , Javier Macaya , Ximena Ossandón , Patricio Rosas y Víctor Torres . Se abstuvo el diputado Jorge Durán .

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch Goldschmidt .

El señor HIRSCH (vía telemática).-

Señor Presidente, hoy, una vez más, estamos discutiendo este proyecto de ley que presenté para que las isapres no puedan subir sus planes durante el período de emergencia por la pandemia y hasta 180 días después de que termine.

En la primera votación tuvimos una muy amplia mayoría, con 135 votos a favor. Yo espero que esta vez la votación sea unánime, porque debemos dar una señal muy clara de que el Congreso está por la protección de las familias frente a la amenaza de las isapres de subir sus planes en medio de la pandemia, lo que es inconcebible.

Con más de 10.000 muertos oficiales, y cerca de 14.000 reales, según el DEIS, con cientos de miles de desempleados y de hogares sin ingresos, con decenas de miles de familias que hoy se están alimentando mediante ollas comunes, no podemos aceptar que se lucre con la salud o con el dolor y la angustia de las familias.

Para nosotros, los humanistas, la salud es un derecho humano fundamental, que jamás debe depender de la situación económica. En este sistema economicista, eso parece muy difícil de entender por algunos, pero si realmente se pusiera al ser humano como valor central, nadie dudaría de lo que estoy diciendo.

Lo increíble es que en la actual Constitución , la de la dictadura -esa que algunos quieren mantener-, ni siquiera está establecido el derecho a la salud; solo está incluido el derecho a elegir el sistema de salud, es decir, a elegir quién nos va a trasquilar. Entonces, como mínimo, que las isapres no suban sus precios en medio de la pandemia. Es lo mínimo que se puede plantear.

Lo que hace nuestro proyecto es suspender las alzas de los planes de las isapres y impide que estas puedan poner término unilateralmente a sus planes o puedan modificar los contratos con sus afiliados. Si bien eso parece una medida lógica, de sentido común en un contexto de emergencia sanitaria, lamentablemente, ya hemos visto que para este gobierno el sentido común es el menos común de los sentidos.

Pero a pesar de la desidia del gobierno para enfrentar esta pandemia, para quienes creemos que existen necesidades bastantes más urgentes que si se abre o se cierra el Costanera Center, este proyecto sigue siendo urgente y muy necesario.

Por lo mismo, pido al gobierno que, si está por la protección de las familias, le ponga urgencia a este proyecto, y al Senado le pido que lo tramite con sentido de urgencia, entendiendo que responde a una preocupación de miles de familias chilenas.

Ojalá en la Cámara de Diputados y diputadas lo aprobemos por unanimidad, para dar una señal clara de apoyo a las familias.

Por cierto, votaré a favor.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando Pérez .

La señora HERNANDO (doña Marcela) [vía telemática].-

Señor Presidente, la idea matriz o fundamental de estos proyectos refundidos es prohibir que las isapres puedan subir los precios de los planes o modificar o poner término unilateral a los contratos de salud que mantienen con sus afiliados, durante los períodos de epidemia o pandemia.

Esta política pública surgió en respuesta obvia a las alzas de precios que comenzaron a ser notificadas y ejecutadas a los afiliados en medio de esta pandemia, hecho inexplicable en el contexto de una crisis económica para la mayoría de las familias chilenas y mientras se conocían resultados financieros muy favorables para la industria de las isapres.

En estos días hemos conocido los miles de casos de garantías GES que no han sido cumplidas, porque los establecimientos hospitalarios han priorizado la atención por covid-19 y las urgencias. Esto implica un ahorro significativo para las isapres, por meses de no dar cobertura -al menos quirúrgica- a esas patologías.

En las mociones fusionadas no se consideraba inicialmente la congelación de la prima GES. En virtud de una indicación de mi autoría quedó incorporada en el texto del proyecto la garantía de que en el contexto de una epidemia o pandemia, hasta 180 días después de la cesación de ella, estará prohibido aumentar el precio de los planes de salud y el valor de las primas GES.

Aprovecho la ocasión para reiterar, una vez más, la necesidad de actualizar la ley GES en cuanto a las primas. No basta con acomodar las prestaciones cada tres años por decreto. La ley ya tiene 15 años, y su upgrade posibilitaría incluir más patologías, además de métodos de diagnóstico y tratamientos más modernos y eficaces. Además, permitiría proteger la ley GES, que transversalmente ha sido catalogada como, quizás, la reforma más importante del sistema de salud en los últimos cincuenta años.

Por esta y otras razones, la bancada del Partido Radical va a apoyar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, vamos a aprobar y a apoyar este proyecto de ley, que prohíbe a las isapres subir el precio de los planes, o modificar o poner término de manera unilateral durante la pandemia a los contratos que mantienen con sus afiliados.

Durante años las isapres han abusado de las personas en este país, lucrando a costa de su salud, y lo han hecho en total impunidad, en total ilegalidad y en total inconstitucionalidad, porque los planes de salud son un contrato y no pueden ser modificados de manera unilateral, sino que debe ser de mutuo acuerdo.

Cuando las isapres envían cartas para notificar a sus afiliados del alza de sus planes de salud, señalando que en caso de que los afiliados no reclamen en un determinado plazo, se entiende por aceptada esa alza, están cometiendo abiertamente una ilegalidad y, en definitiva, incumpliendo las normas civiles mínimas en materia contractual, que señalan que las cosas se modifican de la misma forma en que se hacen; y cuando un contrato es de dos partes, ambas deben estar de acuerdo en modificarlo.

Aún más grave es que se incumplen normas constitucionales, como el derecho de las personas de elegir libremente sus planes de salud o el derecho de propiedad que las personas tienen sobre aquellos planes.

Por lo tanto, hay una deuda tremenda del Estado de Chile, hay una deuda tremenda de este Congreso de legislar para ponerle el cascabel al gato y terminar con estos abusos. Me parece muy bien que este proyecto avance, en el contexto de la pandemia, en esa dirección. Pero tenemos que ir mucho más allá y solucionar el problema también en un contexto de normalidad.

Paremos los abusos de las isapres y apoyemos este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Javier Macaya Danús .

El señor MACAYA (vía telemática).-

Señor Presidente, para poner las cosas en contexto, este proyecto ya fue aprobado en general por la Cámara en su primer trámite reglamentario, hace un par de semanas. De lo que hoy nos hacemos cargo es particularmente de una indicación que se incorporó en el segundo trámite reglamentario en la Comisión de Salud, que busca generar un marco más objetivo a las alzas pospandemia, lo que se ha denominado y tratado en las distintas reformas a las isapres como “el IPC de la salud”. Creo que es importante recordarlo.

También es importante recordar que distintos constitucionalistas, de todos los sectores políticos, como el expresidente del Tribunal Constitucional Carlos Carmona y el exmiembro del mismo, Enrique Navarro , señalaron que este proyecto -resulta casi una paradoja decirlo cuando tramitamos estos proyectos en tiempos de pandemia, pero creo que es útil recordar lo relativo a la constitucionalidad en cuanto al gasto público o a las facultades de iniciativa exclusiva del Presidente de la República- se enmarca en la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por tratarse de materias propias de la seguridad social.

Han transcurrido nueve años desde que hemos tratado de ponerle el cascabel al gato -como lo he escuchado hoy en algunas intervenciones-, en términos de hacer una reforma estructural al sistema de isapres, objetivando la manera en que se modifican los precios, estableciendo reglas claras para cambiarse de un plan a otro, poniendo término a las discriminaciones a las mujeres en edad fértil, y terminando con las discriminaciones abusivas -como lo señaló el Tribunal Constitucional en 2010- a las personas de más edad o más proclives a enfermarse. Esa es una discusión que llora en el Congreso, que lleva nueve años durmiendo en el Senado. Es importante que tengamos la capacidad de sacarla adelante.

También hago presente que, como ha sido habitual en estos meses de pandemia, en el Congreso nos hemos dado a legislar sobre temas en los que el Ejecutivo, el gobierno, ha tenido la capacidad de ponerse de acuerdo con algunas de las empresas involucradas, como ocurre en este caso con las isapres, para solucionar temas, que ya se han resuelto por la vía administrativa. Y pongo especial énfasis en ello en relación con este proyecto, porque cuando uno revisa los acuerdos a los que han llegado las isapres con sus afiliados respecto de no modificar las tarifas y respecto de los seguros de cesantía, fundamentalmente para aquellas personas que han perdido sus empleos, se da cuenta de que son cosas que incluso van un poco más allá de aquello en lo que estamos legislando en este proyecto.

Creo que la incorporación de un parámetro objetivo, como el IPC de la salud, me parece que es algo correcto que hicimos en la comisión, y es la razón por la cual lo voté favorablemente. Y habiendo manifestado en la primera instancia mis reparos relativos a la constitucionalidad de este proyecto, incluso habiendo manifestado la reserva de constitucionalidad en el primer trámite reglamentario, me parece que la incorporación de esta indicación, que le da más objetividad a las modificaciones de tarifas pospandemia, es algo positivo.

Hemos dicho, siendo parlamentarios del oficialismo, que muchas veces hemos llegado tarde, que muchas veces ha sido el Parlamento el que ha tenido que hacerse cargo de algunas cosas, y sobre la marcha el gobierno ha negociado con las empresas de suministros básicos mediante un acuerdo que tiene un respaldo importante, porque también estuvo detrás la Superintendencia de Salud.

En este caso también se llegó a un acuerdo con las isapres, que incluso va un poco más allá, incorporando seguros de cesantía y prestaciones. Además, cabe tener en consideración que todos los potenciales ahorros que ha tenido el sistema de seguridad social privado en Chile probablemente van a tener un efecto rebote en el período pospandemia. Si bien en este tiempo todas las prestaciones han tenido que ver con la pandemia, en el período pospandemia va a tener un efecto el hecho de que haya personas afectadas por dolencias o enfermedades crónicas que no han sido oportunamente atendidas.

Desde esa perspectiva, me parece que la indicación que objetiva el plan y el alza de tarifas pospandemia es algo positivo, que mejora el proyecto, aun habiendo manifestado en el primer trámite reglamentario los reparos sobre la inconstitucionalidad del mismo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada María Loreto Carvajal Ambiado .

La señora CARVAJAL (doña M.a Loreto).-

Señor Presidente, uno quisiera que las normativas, incluso de este tipo de instituciones, que versan sobre algo tan relevante como la salud de las personas, se autorregularan o se automodificaran de manera inmediata cuando hay un decreto de emergencia.

Lo que siempre debe haber es voluntad de las personas -como ha ocurrido en este proyecto- para evitar que continúen los abusos y que se siga lucrando frente a una situación tan catastrófica como la que vivimos.

Cuando se revisa el pronunciamiento de los tribunales de justicia respecto de las denuncias que se han hecho frente a las alzas de los planes de salud y los abusos de las isapres, se puede observar que solo el siete por ciento de los usuarios de las isapres ha efectuado la denuncia correspondiente, lo que se puede deber, entre otras razones, a la forma en que están redactados los contratos de adhesión de los planes de salud, frente a los cuales a uno no se le da otra opción que responder “sí” o “no”.

Respecto de ese porcentaje mínimo de personas que han tenido la posibilidad de denunciar las alzas abusivas de las isapres, los tribunales han definido que estas son ilegales, arbitrarias, caprichosas e injustificadas.

¿Qué se ha hecho frente a esa situación? El Congreso Nacional, tal como aquí se ha mencionado, lo que está haciendo es proponer la suspensión de la facultad de las isapres para adecuar los planes de salud durante la pandemia, así como de la facultad para poner fin al contrato de salud por finalización de la relación laboral o cuando esta se encuentra suspendida, tal como se dispone en las modificaciones que se han introducido a las normas laborales, además de permitir el reembolso por los excesos o excedentes derivados de aquello.

En consecuencia, votaré a favor este proyecto, porque, tal como lo mencionó su autor, no cabe más que esta iniciativa avance con rapidez en su tramitación.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Crispi Serrano .

El señor CRISPI.-

Señor Presidente, tal como se ha señalado, este asunto ni siquiera debiera ser materia de ley. No obstante, como nuestro país ha entregado tal poder a los privados en el ámbito de la seguridad social, nos vemos obligados a tener que regular cosas tan básicas como que en período de pandemia las isapres no procedan al alza de las primas de los planes de salud de sus afiliados.

Cuando el 31 de marzo pasado esas instituciones anunciaron el alza de los planes de salud, todos nos preguntamos cómo era posible aquello, pero en realidad no debiera habernos extrañado que procedieran de esa forma incluso en período de pandemia. Por esa razón, un grupo de diputados y diputadas, sin mediar color político alguno, presentaron tres proyectos distintos para impedir el alza de los planes de salud.

Sin perjuicio de que no tengo dudas de que esta iniciativa será aprobada por unanimidad, la reflexión que debemos hacernos es qué vendrá después. Presentamos esos proyectos porque lo que han hecho las isapres, el alza de las primas de los planes de salud en plena pandemia, es un reflejo de la cultura del abuso en una sociedad. Lo hicimos, porque no es esperable que las isapres se pongan la mano en el corazón y no aumenten los valores los planes de salud.

Algo similar ocurrió la semana pasada en el debate del proyecto que dispuso la suspensión del pago de las cuotas de los créditos CAE, ocasión en que un diputado señaló en su intervención que le pedía a los bancos que se pusieran la mano en el corazón. No intervine ese día en la Sala, pero esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza. A mi juicio, no tenemos que pedir ni a las AFP, ni a las isapres ni a los bancos que se pongan la mano en el corazón: lo que debemos hacer es legislar para impedir que permanezca la cultura del abuso y para construir una verdadero sistema de seguridad social, a fin de que las instituciones que tienen como misión proteger a los ciudadanos estén orientadas hacia el bien público, no hacia el interés particular de cada una de ellas: el lucro. Frente a la cultura del abuso debemos construir la sociedad del cuidado.

Por eso, espero que este proyecto, que es tan específico, respecto del cual probablemente muchos señores diputados y muchas señoras diputadas hemos recibido distintos mensajes en redes sociales o de personas de nuestros distritos, solo sea la punta del iceberg de los grandes debates que debemos tener como país.

Respecto de las instituciones de seguridad social, que en Chile han sido entregadas por décadas a instituciones privadas, debiera haber un consenso básico, el cual me extraña que en nuestro país esté trazado entre la izquierda y la derecha. En otras naciones, sin importar que la coalición que gobierna sea de izquierda, de centro o de derecha, no existe debate alguno en cuanto a que la seguridad social debe ser administrada y garantizada por el Estado. No obstante, en Chile estamos repitiendo discusiones demasiado ortodoxas y anticuadas, que nublan el camino por el cual transitar.

Por lo tanto, hoy aprobaremos este proyecto para dar una certeza mínima no solo a las personas del grupo socioeconómico ABC1 que están afiliadas a las isapres, sino también a muchos hombres y a muchas mujeres de clase media, que lo único que hacen es trabajar para estar en una isapre, porque la seguridad social en salud es demasiado débil.

En consecuencia, estamos legislando para ellos y para ellas, para proteger a los ciudadanos y para avanzar en mejorar la institucionalidad y en el establecimiento de la sociedad del cuidado que tendremos que comenzar a construir cuando termine esta pandemia.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas Barrientos .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, a pesar de que se ha hablado bastante del mercado, de la ética, de la autorregulación y de si el mercado tiene o no corazón, en esta pandemia hemos comprobado la peor cara del mercado. Durante la pandemia hemos visto los peores ejemplos de abusos excesivos de parte de muchas empresas que, se supone, tienen por objeto servir y ayudar al consumidor y a la clase media.

Hay aproximadamente dos millones de afiliados de clase media afectados por las alzas unilaterales de las isapres. Pero resulta que las isapres, cuyos representantes fueron a quejarse a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de que estaban a punto de quebrar, obtuvieron utilidades por 18.863 millones de pesos durante el primer semestre de este año, en plena pandemia.

Además, las isapres tienen un sistema de integración vertical, constituido, entre otros, por centros médicos, clínicas, centros de imagenología y de otros exámenes, que les permite obtener ganancias por otras vías, las que no aparecen reflejadas en ningún informe de ganancia de utilidades.

Por eso, nuestro proyecto, que prohíbe subir los valores de los planes de salud y modificar o poner término unilateral a ellos, tiene absoluto sentido social y de justicia. Lo votaremos a favor porque no queremos más abusos ni que se siga asfixiando a la clase media. Queremos una sociedad solidaria y enfocada en la seguridad social.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Eduardo Durán Salinas .

El señor DURÁN (don Eduardo).-

Señor Presidente, sin duda, hay que apoyar el proyecto que hoy debatimos, por cuanto busca suspender la atribución que tienen las isapres de aumentar los precios y adecuar los planes de salud durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, decretado por la pandemia.

Diversos estudios demuestran el incremento histórico de la presentación de recursos de protección en contra de las isapres por el alza unilateral de los precios de los planes de salud. Uno tendería a pensar que con motivo de la pandemia la presentación de tales recursos hubiese disminuido, debido a la postergación de las alzas de los valores de dichos planes, pero no ocurrió así. Cabe recordar que las isapres iban a concretar dicha alza en abril de este año, pero en pleno contexto de pandemia y de recesión económica se acordó con el gobierno una postergación en el aumento del precio de sus planes.

Así y todo, entre enero y julio de 2020 ingresaron casi 120.000 recursos de protección en contra de las isapres, porcentaje que supera en 20 por ciento a los ingresados el primer semestre del año pasado. Ese es el mayor registro durante la última década. El resultado es que las isapres pierden dichos recursos en los tribunales de justicia, pues estos concluyen que las alzas son ilegales y carecen de una justificación en atención a los costos reales de las prestaciones médicas, entre otras razones.

Este proyecto llega en buena hora y es muy necesario, pero no debemos olvidar que también tenemos que generar una reforma urgente, profunda y radical al sistema privado de salud, con el objeto de transformarlo en uno que contemple coberturas definidas, que elimine las preexistencias y la discriminación hacia las mujeres, entre otras materias que deben ser modificadas.

Un estudio de Espacio Público muestra que el 40 por ciento de los afiliados no puede cambiarse de isapre, porque alguno de sus familiares está en un tramo de edad particularmente riesgoso o bien porque tiene enfermedades preexistentes. El 60 por ciento restante no lo hace porque el exceso de planes ofrecidos es de tal magnitud que impide una comparación apropiada, o porque existen acuerdos de exclusividad con ciertas clínicas, lo que limita la competencia.

Por otra parte, la Asociación de Isapres de Chile informó que durante el primer trimestre de este año las utilidades de la industria fueron cercanas a los 18.000 millones de pesos; es decir, 87 por ciento superior a las del mismo período del año pasado.

Ese amplio margen se debió a la postergación de prestaciones médicas, como consecuencia de la emergencia sanitaria. O sea, hubo menos consultas, menos prestaciones, menos cirugías, etcétera.

Mientras todas las industrias están al borde de la quiebra, las isapres generan millonarias utilidades, desproporcionadas, que no van en línea con el mercado en general. Ello debiera traducirse en beneficios para sus afiliados, como aumentos de cobertura, copago cero u otros, porque cuando se gana, todos debiéramos ganar.

Finalmente, no solo durante la pandemia, sino siempre, debe ser nuestro deber defender a las familias de los abusos que puedan darse, en este caso por parte de las isapres, sobre todo en un tema tan sensible como es la salud de las chilenas y los chilenos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Luis Castro González .

El señor CASTRO (don Juan Luis) [vía telemática].-

Señor Presidente, estamos frente a un escenario complejo en que, como dijeron algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, durante el período de estallido social y con mayor fuerza durante la pandemia, las isapres han tenido contención de costos, así como una fuga importante de afiliados, pues, desde noviembre de 2019 a la fecha, más de 30.000 personas se han desafiliado de las isapres.

La gran causa de ello ha sido el alza en el valor de los planes, por el reajuste anual del precio base y el que se produce cada tres años en la prima GES.

No obstante que la gente ha ocupado muy poco el sistema de isapres y se han desafiliado 30.000 personas en los últimos meses, como expresé, los precios siguen al alza y no se ha manifestado una voluntad explícita en el sentido de modificar el sistema de una vez por todas, para que, en períodos de pandemia, como el que estamos viviendo, que no sabemos por cuánto tiempo más se prolongará, no se aplique la reajustabilidad en los precios de los planes, en virtud de las utilidades cuantiosas […].

Estamos hablando de una de las industrias más refractarias a los cambios, a toda modalidad nueva que introduzca solidaridad al sistema. Por algo el proyecto de ley que lo reforma lleva casi dos años de tramitación en el Senado, sin que haya habido avances significativos.

Eso se debe a múltiples razones, desde falta de voluntad política hasta la defensa de los intereses que hay detrás de ese mundo tan complejo y cerrado, como es el de las isapres, que mantiene a tres millones de personas presas o cautivas en una relación que los afecta.

Este proyecto de ley incorpora algo de justicia en ese contexto. En todo caso, esta reforma debe ir asociada a un cambio que introduzca, a lo menos, incluso a través de una ley corta, el fin a la judicialización extrema que afecta al sistema de isapres. Con otros parlamentarios, creemos que podemos avanzar algo mientras esperamos que termine la tramitación del proyecto de ley larga, que, como señalé, se encuentra en el Senado, de manera de poner fin a los 100.000 juicios que se llevan a cabo cada año, lo que ha generado una industria secundaria y paralela, que es la industria de los abogados.

La mayoría de los afiliados gana en las cortes, pero mediante un trámite judicial que ha surgido en reemplazo de una ley que no funciona.

En razón de eso, desde el Partido Socialista estamos decididos a darle mayor celeridad al proyecto de ley, con el objeto de que se haga realidad ahora, y no se sigan cometiendo abusos diariamente.

Por ello, anuncio nuestro total respaldo a esta iniciativa.

En conclusión, se requiere dar solución a los problemas de fondo de las isapres, aquellos que dicen relación con la discriminación por preexistencia, por edad, en el caso de los menores de dos años y de los adultos mayores, y por sexo, en el caso de las mujeres en edad fértil. Históricamente, estos han sido los grupos discriminados por las isapres, y ya no se resiste más un modelo así.

Por último, debo decir que el litigio siempre ha sido la punta de lanza en este sistema. Es por eso que apoyamos con mucha fuerza la iniciativa y esperamos que se complemente con otros proyectos, como el que deberá poner fin a la judicialización, que es el medio al que deben recurrir miles de personas para detener el reajuste o alza en el precio de sus planes.

El proyecto debe dar origen a una norma permanente, distinta de la que estamos legislando, con el objeto de resolver, de una vez por todas, las fallas que presenta el sistema de isapres desde hace más de cuarenta años.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra Sepúlveda .

El señor LABRA (vía telemática).-

Señor Presidente, la grave situación sanitaria y económica que afecta al país hizo necesaria la tramitación de este proyecto de ley, con el objeto de proteger a la población, tanto en materia de salud como por el impacto económico que ha causado la pandemia provocada por el coronavirus.

La iniciativa avanza en ese sentido, por cuanto restringe las posibilidades de las isapres de modificar unilateralmente las condiciones de los contratos celebrados durante la pandemia y los días posteriores a esta.

La idea matriz o fundamental del proyecto es prohibir que las isapres suban el valor de los precios de los planes, así como modificar o poner término unilateralmente a los contratos de salud que mantienen con sus afiliados durante los períodos de pandemia o epidemia. Para estos efectos, establece que las instituciones de salud previsional estén impedidas, durante la vigencia de una alerta sanitaria decretada debido a una epidemia o pandemia, y hasta 180 días después de que se levante la medida, de ejercer las facultades de aumentar el precio de los planes de salud y el valor de la prima GES. Asimismo, les impide denegar, disminuir o limitar sus prestaciones y servicios, y establece sanciones en caso de incumplimiento.

Si bien el proyecto no resuelve por completo el problema de fondo -algo que hemos visto muy seguido en diversas iniciativas-, ya que el ordenamiento jurídico entrega a las isapres poderosas herramientas legales que les permiten la modificación unilateral de los contratos y prestaciones de planes de salud, esta iniciativa, en sí misma, se puede catalogar como un avance.

En atención a la crisis sanitaria económica provocada por el coronavirus, se hace primordial aprobar este proyecto, pues es absolutamente necesario que se disponga por ley que, en momentos tan difíciles para la mayoría de las familias chilenas, las empresas que prestan servicios privados de salud no puedan ejercer esas facultades, que solo buscan garantizar la rentabilidad de sus negocios.

Si bien este proyecto de ley es un pequeño paso, está muy lejos de resolver el problema estructural del que debemos hacernos cargo prontamente, como es la existencia de un sistema de salud para ricos y otro para pobres. El verdadero debate que debemos empujar en el proceso constituyente que se avecina, el que se iniciará el 25 de octubre, es construir un sistema público de salud robusto, suficientemente financiado y con características de universalidad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda Orbenes .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, expreso mi reconocimiento a las tres mociones refundidas en esta discusión. Espero que quede muy claro que esto proviene de iniciativas parlamentarias que se relacionan con lo que estamos viviendo en este período de pandemia.

La idea matriz del proyecto es que las isapres, que tienen alrededor de dos millones y medio de afiliados, no puedan subir unilateralmente los planes de salud ni las primas GES, que constituyen un derecho que ha podido salvar la vida de muchos chilenos y chilenas.

Me pregunto por qué debemos hacer esto solo en los casos de epidemia o pandemia, en casos excepcionales, en circunstancias de que vemos cómo se han judicializado muchísimos casos de prestaciones de servicios, cuyo costo ha sido aumentado unilateralmente, sin el acuerdo de los afiliados. Por ello, el poder judicial ha solicitado al poder legislativo resolver esta discrepancia permanente.

Por eso, me parece pertinente llegar a un acuerdo lo antes posible para modificar el sistema de isapres, proyecto que está desde hace bastante tiempo en el Parlamento. El problema de fondo es que las isapres no han querido entender que esto no debería ser un negocio, porque permanentemente se supedita la salud de las personas a las utilidades de las isapres, que, como se ha dicho, ascienden a más de 18.000 millones de pesos en lo que va de este año, y no han tenido ninguna de las complicaciones que pudieran generarles algún déficit. Las cifras hablan por sí solas.

Por eso, como Federación Regionalista Verde Social votaremos a favor de este proyecto de ley surgido de tres mociones refundidas.

Además, esperamos que en la discusión de la nueva Constitución Política este sea un pilar fundamental de la seguridad social, no solo en relación con las pensiones, sino también respecto del sistema de salud que entregue la atención de salud que merecen los chilenos y chilenas, más allá de cuánto tengan en el bolsillo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que prohíbe a los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados negar la matrícula para el 2021 a estudiantes que presenten deudas, en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia por covid-19.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más comités y tres minutos al resto, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Educación es el señor Mario Venegas .

Antecedentes:

-Moción, sesión 32ª de la presente legislatura, en miércoles 17 de junio de 2020.

Documentos de la Cuenta N° 13.

-Informe de la Comisión de Educación, sesión 55ª de la presente legislatura, en martes 11 de agosto de 2020. Documentos de la Cuenta N° 15.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En reemplazo del diputado Mario Venegas , rinde el informe el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Educación, me corresponde informar el proyecto de ley que prohíbe a los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados negar la matrícula para el año 2021 a estudiantes que presentan deudas en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia por covid-19, iniciado en moción de las diputadas Cristina Girardi , Camila Rojas y Camila Vallejo , y de los diputados Rodrigo González , Juan Santana y Gonzalo Winter .

Idea matriz o fundamental

La iniciativa tiene por objeto impedir que los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados cancelen o impidan la renovación de la matrícula para el año escolar 2021 a estudiantes que presenten deudas por el no pago de mensualidades, mientras se acredite que la situación financiera de la familia se ha visto menoscabada por la situación de pandemia por covid-19.

Fundamentos

Según se expresa en la moción, la pandemia que actualmente aqueja a Chile y al mundo ha afectado gravemente el empleo, debido a las limitaciones de desplazamiento que han existido en el país para controlar la covid-19. Expertos han señalado que el desempleo estaría llegando al 20 por ciento, lo que afecta gravemente los ingresos que normalmente tienen las familias chilenas.

Ahora bien, según el Instituto Nacional de Estadísticas, las familias chilenas gastan gran parte del presupuesto del hogar en la educación de sus hijos, siendo la educación básica y media una de las prioridades del gasto en que incurren los hogares chilenos.

Frente a esta contingencia, se debe resguardar el derecho a la educación, consagrado constitucionalmente en el número 10º del artículo 19 de la Constitución Política de la República y, asimismo, resguardar la trayectoria educativa de los estudiantes, la cual hace posible asegurar el propio derecho a la educación.

Añade la iniciativa que, de esta manera, y en el contexto de crisis económica producto de la pandemia por covid-19, resulta imperiosa la necesidad de aliviar las consecuencias negativas que puede conllevar dicha crisis respecto del estudiante que presente deuda en su establecimiento educacional, por lo que es de vital importancia evitar sanciones como la cancelación o la negativa de la matrícula para el próximo año escolar.

El proyecto original planteaba un artículo único, que disponía que para el año escolar 2021 los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados no podrían cancelar o impedir la renovación de la matrícula a ningún estudiante que presente deuda por el no pago de mensualidades, mientras se acredite que la situación financiera de la familia se ha visto menoscabada por la situación de pandemia por covid-19.

El inciso segundo establecía que se considerará, entre otros antecedentes, que la situación financiera de la familia del estudiante se ha visto menoscabada, en los casos en que algún miembro de su grupo familiar haya perdido su empleo y que se encuentre acogido a la ley N° 19.728 o se haya suspendido su relación laboral o visto reducida su jornada en virtud de la ley N° 21.227.

Tramitación en la comisión

Durante la tramitación del proyecto, la comisión recibió a representantes de colegios particulares pagados y particulares subvencionados, a padres y apoderados, y a representantes de trabajadores de la educación particular subvencionada.

Entre los diputados hubo visiones contrapuestas respecto de esta iniciativa. Si bien hubo coincidencia en cuanto a la necesidad de apoyar a las familias que han visto disminuidos sus ingresos, para que sus hijos puedan continuar sus estudios en sus establecimientos educacionales, las diferencias se centraron en la forma de hacerlo.

Quienes estuvieron a favor de la moción argumentaron que resulta indispensable que los establecimientos educacionales no impidan la matrícula para el 2021 a estudiantes cuyos padres no han podido pagar los aranceles durante el 2020, como consecuencia de la pandemia por covid-19, de manera que los niños, niñas y adolescentes no se vean alejados de los proyectos educativos que sus familias han escogido para ellos.

Por su parte, quienes manifestaron una postura distinta consideraron necesario otorgar a las comunidades educativas libertad y flexibilidad para conciliar las complicaciones económicas que viven los padres, junto a las del colegio para cumplir con sus compromisos y pagar los sueldos de profesores y trabajadores.

En definitiva, la comisión aprobó por unanimidad una indicación para sustituir el texto original de la moción, estableciendo que los establecimientos educacionales subvencionados con financiamiento compartido y particulares pagados deben elaborar un plan de medidas extraordinarias que tenga por objeto proponer y garantizar la continuidad del proceso educativo de los estudiantes, con énfasis en medidas cuyo objetivo sea enfrentar las consecuencias económicas como consecuencia de la emergencia sanitaria derivada de la covid-19.

A continuación, se establece que dicho plan debe contener y explicitar medidas extraordinarias, tales como becas, rebaja de mensualidades o reprogramación de deudas, para aquellos padres y apoderados que hayan perdido su empleo a consecuencia de la emergencia por covid-19 y que se encuentren acogidos a la ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo, o a la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales.

También se aprobó un artículo transitorio para establecer que estos planes deben ser elaborados por los establecimientos dentro del plazo de un mes de publicada la ley en proyecto, incluyendo las medidas ya implementadas, y que los alumnos que se acojan a esos planes tendrán asegurada la continuidad escolar en el mismo establecimiento para el año 2021, el que no puede cancelarles o impedirles la renovación de la matrícula.

Constancias reglamentarias

1) Normas de quorum especial

El proyecto no contempla normas de rango orgánico constitucional ni de quorum calificado.

2) Normas que requieren trámite de Hacienda

El articulado del proyecto de ley aprobado por la comisión no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del Reglamento de la Corporación.

3) Aprobación del proyecto de ley

El proyecto de ley se aprobó en general por mayoría de votos: 7 votos a favor y 3 abstenciones.

En particular, se aprobó por unanimidad: 10 votos a favor.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum Muñoz .

El señor SAUERBAUM.-

Señor Presidente, estamos trabajando desde hace meses con los padres y apoderados de los colegios particulares subvencionados de la Región de Ñuble, y también de otras regiones del país, en un proyecto que interpreta totalmente lo que hoy vamos a votar.

La iniciativa busca que se prohíba negar la matricula por deudas ante la situación de pandemia y de deficiencia económica que están presentando todos y cada uno de los padres en nuestro país.

Es importante aprobar este proyecto, pues otorgará un alivio a quienes hoy no están en condiciones de pagar tales deudas. En Chile tenemos 715.000 estudiantes en colegios particulares subvencionados con copago; en Ñuble existen alrededor de 12.000 estudiantes en esa situación, la mayoría de ellos de clase media, la que no ha recibido ni aportes económicos ni ayuda del Estado. Por lo tanto, esto sería un alivio y daría tranquilidad a cientos de padres pertenecientes a la postergada clase media que esperan que sus hijos sigan en el mismo proyecto educativo.

El proyecto educativo y la libertad de elegir son fundamentales para que el niño se desarrolle adecuadamente. Creemos injusto y discriminatorio el hecho de que, por no poder pagar este año, por la situación generada por el coronavirus, esos niños pudieran quedar sin matrícula.

También es necesario hacernos cargo de la realidad económica de los colegios, pues alrededor del 80 por ciento de los ingresos de los mismos se destinan, principalmente, a sueldos de profesores y asistentes de la educación, más el pago de infraestructura.

Los colegios han ahorrado durante estos meses. Parte de esos ahorros debieran traducirse en una rebaja importante en las mensualidades, que los padres han intentado pagar sagradamente para no perder la oportunidad de educar a sus hijos en el proyecto educativo que han elegido.

También este proyecto complementa una solicitud que hemos hecho al gobierno, a través del ministro de Educación y el ministro de Hacienda, a fin de entregar una ayuda económica concreta para una parte importante de esos estudiantes, fundamentalmente por el déficit económico que deben afrontar y, también, porque en promedio tienen dos hijos en el colegio. Por lo tanto, una ayuda económica será un alivio para seguir pagando las mensualidades, y de esa manera mantenerlos en la unidad educativa que han elegido para su formación.

En el fondo, lo que hace el proyecto es obligar a los colegios a elaborar un plan de medidas extraordinarias que tenga como objetivo garantizar la continuidad del proceso educativo de los estudiantes. También deberá contener medidas extraordinarias, tales como becas, rebaja de mensualidades, reprogramación de deudas, entre otras, para aquellos padres y apoderados que hayan perdido su empleo como consecuencia de la emergencia de salud pública por brote de covid-19 o se encuentren acogidos a la ley N° 19.728.

El artículo transitorio que se presentó, que nos interpreta plenamente, señala que los planes a los que alude el proyecto deberán ser elaborados por los establecimientos dentro del plazo de un mes desde su publicación, incluyendo las medidas ya implementadas.

Finalmente, se expresa que los alumnos que se acojan a esos planes tendrán asegurada la continuidad escolar en el mismo establecimiento para 2021, sin que se les pueda cancelar o impedir la renovación de la matrícula. Es fundamental que se les dé tranquilidad a los padres y apoderados de que no por problemas económicos sus niños van a quedar fuera de los establecimientos educacionales particulares subvencionados con copago y particulares que ellos han elegido, para que sus hijos puedan ser formados en un proyecto educativo que los interpreta.

Es parte de la libertad de las personas; es parte de las posibilidades y es parte, también, de la garantía que tenemos que dar a cada una de las familias de clase media que hoy la están pasando mal.

Anuncio que vamos a aprobar el proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo Dowling .

La señorita VALLEJO (doña Camila ) [vía telemática].-

Señor Presidente, a estas alturas es imposible obviar las graves consecuencias económicas y sociales que ha provocado la crisis sanitaria a causa de la pandemia por covid-19.

Parte significativa de las capas medias, de las familias de ingresos medios, incluyendo a estas alturas a sectores altos, han visto caer sus ingresos de manera significativa. Obviamente, esto ha traído como consecuencia la imposibilidad de pagar cuentas y cuotas, no solo las de educación, sino también las relacionadas con dividendos y préstamos bancarios, entre otros compromisos. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), muchas familias chilenas destinan una parte importante de sus ingresos a la educación de sus hijos, porque todavía tenemos una educación fuertemente mercantilizada. Gran parte de los ingresos de los hogares se destinan no solo a pagar matrículas, colegiaturas y aranceles, sino también, lamentablemente, deudas por estudiar, lo que significa pagar interés sobre interés.

Básicamente , con este proyecto se busca dar una solución en el marco de nuestras atribuciones. El problema de fondo, que es mantener el financiamiento de los establecimientos a través de una adecuada subsistencia de las familias, con ingresos mensuales que les permitan realmente seguir manteniendo sus compromisos financieros, todavía no lo tenemos a la vista.

Eso depende única y exclusivamente del Presidente de la República, del Poder Ejecutivo.

Lo que hacemos con este proyecto es evitar situaciones, como la cancelación o la negación de la matrícula para 2021 a todos aquellos estudiantes cuyas familias, producto de la crisis, por las razones que señalé, no han podido pagar las mensualidades a causa de una fuerte caída de sus ingresos. Algunos han disminuido el pago y otros no han podido pagar las colegiaturas o los copagos que todavía existen en muchos establecimientos subvencionados.

Entonces, lo que hace el proyecto en su artículo único es disponer que los establecimientos educacionales particulares subvencionados con financiamiento compartido y los particulares pagados deberán elaborar un plan de medidas extraordinarias, cuyo fin sea garantizar la continuidad de la matrícula para 2021, poniendo énfasis en enfrentar las consecuencias económicas y sociales producto de la pandemia.

Este plan también debe considerar medidas, tales como becas, rebajas de mensualidades, reprogramación de deudas, entre otras materias, y así apoyar a los padres y apoderados que, producto de la pandemia, hayan perdido el empleo o se encuentren acogidos al seguro de desempleo, con suspensión de contrato o rebaja de jornada.

Además, contiene un artículo transitorio que fija en un mes, desde la publicación de la ley en proyecto, el plazo para que los establecimientos elaboren el plan a que alude este proyecto, incorporando las medidas descritas y aquellas que ya se estén aplicando.

Es cierto que hay muchos establecimientos que ya han hecho planes y que están tratando, incluso, de apoyar a algunos estudiantes y sus familias, pero no es la regla general, porque no existe esa política de flexibilización y de programas y planes especiales en todos los establecimientos educacionales.

Por lo tanto, esta futura ley mandata a todos los establecimientos subvencionados y particulares pagados a tener esos planes, con el objetivo principal de evitar que jóvenes pierdan la posibilidad de continuar en sus establecimientos educacionales el próximo año.

Además, sabemos que muchos colegios han tenido disminución en sus costos producto de que no tienen que pagar, por ejemplo, las cuentas de luz y agua, dado que están prácticamente paralizados, pero también sabemos que el 80 por ciento o, en algunos casos, el 90 por ciento, dependiendo del colegio -en general, la mayoría de los ingresos-, se va al pago de remuneraciones. Hay muchos colegios que todavía ni siquiera han aplicado la ley de suspensión de las remuneraciones, por lo que están pagando íntegramente los salarios de los funcionarios, funcionarias y profesores.

Creemos que en esos casos, más que simplemente decir que no se pueden pagar las colegiaturas, lo que queda es que el Estado realmente logre garantizar la continuidad de los proyectos educativos; pero eso es harina de otro costal, porque solo el Presidente de la República es quien puede dar una solución en esa dirección.

Por ahora, lo que estamos tratando de hacer a través de este proyecto de ley es que no existan repercusiones de carácter académico o financiero por cobros de intereses, producto de que esos jóvenes y sus familias están en una situación…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, diputada Camila Vallejo . Tiene la palabra el diputado Mario Venegas Cárdenas .

El señor VENEGAS (vía telemática).-

Señor Presidente, primero, me quiero excusar, porque tenía la responsabilidad de leer el informe de este proyecto, pero estaba convocado a la sesión de una comisión mixta para tratar otro proyecto, la que acaba de terminar.

Básicamente, quiero explicar la motivación que tenemos quienes aprobamos este proyecto de ley, y, además, invitar, especialmente a los colegas de mi bancada, a que consideren aprobarlo. La motivación tiene que ver con el contexto que tenemos, con los efectos que ha tenido la pandemia sobre muchísimas familias de clase media y de todos los niveles: la pérdida de empleos y la disminución significativa de sus ingresos. Naturalmente, eso se expresa en muchas consecuencias, todas ellas lamentables, por cierto. Una de las consecuencias es que las familias han caído en mora en distintos ámbitos.

Como mencionó la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, un ámbito importante son aquellas familias que destinan una parte importante de sus ingresos a pagar el colegio donde estudian sus hijos.

Lo que estamos planteando en este proyecto de ley no es que no paguen, sino que simplemente se hagan programas que busquen flexibilizar el pago. Aquí no hay una condonación, aun cuando todos somos testigos de que hay muchos apoderados de colegios particulares y particulares subvencionados, que tienen aportes de los apoderados -en algunos casos bastante importantes-, que han cuestionado si corresponde o no pagar en estas circunstancias, cuestión que yo no desmiento que hemos discutido en la Comisión de Educación. Hay gastos que los sostenedores siguen teniendo, por ejemplo, en lo que dice relación con el personal, que es un porcentaje importante.

Lo que dice este proyecto es que, por situaciones que no son de su responsabilidad, quienes tienen la mayor importancia para nosotros, que son los niños y niñas, los jóvenes, no tengan consecuencias, tales como perder el colegio en que estudian o han elegido estudiar.

Básicamente, lo que propone el proyecto es que no ocurra que, por razones de carácter económico, ellos vean en peligro la continuidad de sus estudios. La idea es que haya un plan de repactación de deudas, de flexibilización, que contemple becas, apoyos, etcétera, lo que algunos establecimientos ya están haciendo, pero no es la norma general.

Entonces, buscamos dar certezas jurídicas y proteger efectivamente el derecho que tienen los padres a que sus hijos continúen en los establecimientos escogidos para estos. Básicamente, eso es lo que busca establecer este proyecto, en atención al contexto que vivimos.

Por eso, los invito a votar a favor esta iniciativa.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Enrique van Rysselberghe .

El señor VAN RYSSELBERGHE (vía telemática).-

Señor Presidente, en nuestro país más de 60 por ciento de los niños y adolescentes asisten a colegios particulares subvencionados o particular pagados. Muchas de esas familias están pasando por momentos muy complejos producto de la actual crisis económica generada por la pandemia. Soy un firme convencido de que, como poder político, debemos contribuir con soluciones que ayuden a aminorar esa carga.

En efecto, las familias chilenas que tienen niños, adolescentes o, incluso, jóvenes en edad de estudiar gastan porcentajes significativos de sus ingresos en gastos educacionales, los cuales pueden ser directos, como los aranceles o matrículas, o indirectos, como los gastos de transporte, alimentación, materiales y otras actividades.

Por otro lado, tenemos a los establecimientos educacionales que han acusado en muchas oportunidades dentro de esta crisis el pesar que significa no contar con caja.

Las escuelas y los colegios son organizaciones que desarrollan una de las tareas más loables dentro de nuestro país, labor que debe ser reconocida y valorada en todo momento, especialmente en tiempos de crisis.

Debemos pensar en ellos, porque así como las familias de los estudiantes de los establecimientos educacionales deben solventar a su propia familia, ellos también lo deben hacer; se trata de la familia educativa, esa que está constituida por los profesores, auxiliares y familias de cada uno de ellos.

Este proyecto de ley presenta un camino intermedio que, desde mi punto de vista, es muy equilibrado. Por un lado, mantiene indemne la estabilidad educacional de los alumnos que asisten a la educación escolar y otorga a aquellas familias que más lo necesitan un importante respiro ante la incertidumbre brutal en la que estamos inmersos. Por otro lado, a los establecimientos educacionales les permite levantar un plan de medidas extraordinario que le dé ayuda para enfrentar de manera más eficiente los enormes desafíos financieros que le quedan por delante.

Estos planes pueden consistir en becas, rebaja de mensualidades, reprogramación de deudas, entre otras medidas, para aquellos padres y apoderados que hayan perdido su empleo como consecuencia de la emergencia, se encuentren acogidos a la ley de seguro de desempleo o a la reciente ley de protección al empleo.

Así, se trata de una medida que focaliza los esfuerzos en aquella parte de la población que efectivamente carece de los recursos, lo que en un contexto de crisis es fundamental para no cometer el error de que, por querer salvarlos a todos, terminemos salvando a nadie.

En ese contexto, anuncio desde ya mi voto a favor de la iniciativa e insto a los colegas a hacerlo de la misma forma.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Santana .

El señor SANTANA (don Juan) [vía telemática].-

Señor Presidente, el proyecto que analizamos, al igual que un sinnúmero de otras iniciativas, no sería necesario si tuviésemos una respuesta institucional fuerte por parte del Ministerio de Educación, que atendiera a las complejas situaciones que hoy están viviendo y que agobian a las comunidades educativas de nuestro país.

En esto no hay excusa que valga, dado que en todas las discusiones el ministro y los subsecretarios han tenido la oportunidad de hacerse parte de este debate y de hacer sus propias propuestas. Sin embargo, llegan con las manos vacías y sin propuesta alguna. Se oponen con frecuencia, pero no aportan ninguna alternativa.

Esta iniciativa, que fue aprobada transversalmente por los parlamentarios de la Comisión de Educación, permitirá que los padres y apoderados que han quedado cesantes o que están suspendidos en sus trabajos tengan la seguridad de que a sus hijos no se les podrá negar la matrícula para el 2021, y obliga a los sostenedores a crear planes de medidas extraordinarias, como becas, rebajas de colegiaturas o reprogramación de deudas para las familias más afectadas.

Lo que hemos intentado hacer en la Comisión de Educación es precisamente buscar soluciones al agobio económico y emocional de las familias, siempre con la convicción de que garantizar el derecho a la educación es un deber para el Estado, que no puede quedar sujeto a la voluntariedad de los sostenedores.

No es concebible que producto de las consecuencias desastrosas de una pandemia y del débil manejo del gobierno hoy existan niños y niñas que tendrán que abandonar sus comunidades educativas por carecer de los recursos suficientes para pagar una mensualidad, comunidades educativas que son muchas veces los entornos más seguros a los que tiene acceso un menor de edad.

En esto ninguna modalidad educativa puede quedar ajena, especialmente en la particular subvencionada, que recoge más del 50 por ciento de la matrícula del sistema escolar.

Hemos sido categóricos en que este año es excepcional y, como tal, requiere medidas excepcionales. Aquí no estamos condonando deudas, tal como lo señalaba el diputado Mario Venegas , ni afectando el proyecto educativo de nadie, sino que estamos cautelando lo que entendemos como un bien jurídico superior y al que el ministro de Educación ha sido incapaz de darle fuerza y orientación.

No olvidemos que por la ley de inclusión se empujó la universalidad en el derecho a la educación, el fin al copago y a la discriminación.

En esta crisis sanitaria, el gobierno tiene hoy la oportunidad de avanzar en esta línea y de trabajar en las profundas grietas de financiamiento que han quedado al descubierto en todos los niveles del sistema educacional chileno, en llegar con propuestas que fortalezcan la educación en el país y en dejar un legado que hasta ahora ha sido invisible.

El Estado chileno no puede abandonar su rol de garante y cargar la responsabilidad de un deber en la solvencia de las familias o en la discrecionalidad de los sostenedores.

De no existir este proyecto, ¿el ministro Raúl Figueroa ha dado alguna propuesta a los niños y niñas que perderían la matrícula o nuevamente confían en que las reglas del mercado van a llenar los silencios regulatorios?

Los mismos sostenedores que expusieron en la comisión afirmaron que existe una morosidad cercana al 60 por ciento de las mensualidades, y entendemos la preocupación de los sostenedores respecto de la continuidad de sus proyectos educativos. Sabemos que ellos albergan una gran cantidad de trabajadores de la educación, y es por eso que el proyecto original fue modificado e incorporó una redacción más consensuada.

Esperamos que como el gobierno ha levantado propuestas de rescate financiero para las grandes empresas y para las AFP, también busque mecanismos de apoyo a los sostenedores.

Dada la transversalidad de este proyecto, su lógica y sentido común y la protección en el derecho a la educación, llamo a mis colegas, diputados y diputadas, a que aprobemos esta iniciativa.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señorita ROJAS (doña Camila) .-

Señor Presidente, en primer lugar, agradezco que el proyecto de ley haya podido estar rápidamente en tabla.

La semana pasada lo terminamos de votar en la Comisión de Educación. Fue una votación unánime, con una indicación presentada por el diputado Luis Pardo .

Hago mención a esto, porque me parece relevante que este proyecto sea votado el día de hoy y pueda ser despachado rápidamente al Senado, para que ojalá lo vote, y no como ha ocurrido con los otros proyectos que hemos despachado desde la Comisión de Educación.

El proyecto busca que no se le pueda negar la matrícula a ningún estudiante durante el 2021.

Al respecto, es importante mencionar un dato. Actualmente, el artículo 11 de la Ley General de Educación no permite que se cancele la matrícula durante el mismo año; es decir, si el apoderado del estudiante no ha podido pagar, no se le puede expulsar durante el 2020.

Sin embargo, lo que nosotros estamos haciendo es que esto se extienda para el 2021. ¿Por qué? No hay mucho más que profundizar respecto de la situación que se está viviendo a raíz de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, que también es una crisis social y económica -es decir, es una crisis en toda su envergadura-, que ha significado que muchas madres, padres y apoderados hayan caído en morosidad.

Hay colegios -me gustaría destacarlo- que han tomado medidas; sin embargo, las alternativas son disímiles y muchas veces también pueden ser insuficientes. De hecho, hay varios casos de esta índole que se han judicializado, en que padres, madres y apoderados que han decidido llevar a la justicia, mediante recursos de protección, la situación que enfrentan en los colegios que eligieron para sus hijos e hijas.

Por eso es necesario tener una norma estándar, que sirva a todos los niños, niñas y adolescentes, que llegue a todos los colegios y que, en definitiva, no dependa de la voluntad de cada establecimiento, porque -insisto- hay establecimientos que han tomado medidas, pero hay otros que no lo han hecho.

El proyecto, además de impedir que se cancele la matrícula -es el acuerdo al que llegamos en la comisión-, establece que los colegios tengan que elaborar un plan de medidas extraordinarias para paliar la crisis económica que está viviendo el país, lo que puede implementarse a través de becas, reprogramación de la deuda, rebaja de las mensualidades, entre otras alternativas que acuerden con las y los apoderados, para que no se cancele la matrícula durante el 2021.

Lo que estamos haciendo con esta medida es resguardar la continuidad educativa para el próximo año y, por lo tanto, poner el derecho a la educación de todas y de todos en el centro de la discusión.

Además, tal como mencionaron los diputados y diputadas, esta no es la solución a todo el problema que se vive en los colegios particulares subvencionados con financiamiento compartido y en los colegios particulares pagados. Nos gustaría hacer más por esos establecimientos; sin embargo, eso es de iniciativa del gobierno. Los colegios y jardines infantiles -que aquí no están incluidos, pero respecto de los cuales nos han llegado diversos casos, porque en la Comisión de Educación hemos recibido a sostenedores- están en una situación crítica y, por lo tanto, requieren más apoyo que el que les puede brindar el Fogape, que es la respuesta que hasta ahora ha dado el gobierno.

Lo menciono porque este proyecto está enfocado a los estudiantes y los apoderados que se han visto enfrentados a no poder pagar las mensualidades, pero también es cierto que hay que tomar medidas respecto de la situación financiera de los propios establecimientos.

Asimismo, y por último, cabe mencionar que el proyecto no afecta la obligación de pago que surge a raíz de un acuerdo transversal. De hecho, vamos a presentar una indicación, que queremos que se vote en esta sesión para que el proyecto sea despachado, que hace algunas mejoras al texto que despachamos de la comisión. Y es urgente, porque este mes, precisamente desde agosto, empiezan los procesos de matrículas. Por lo tanto, este proyecto tiene que convertirse lo antes posible en ley, para que ningún niño o niña, para que ningún apoderado o apoderada enfrente la situación de que le cancelen la matrícula a raíz de que no pudo pagar durante el 2020, porque perdió el trabajo o porque se enfrentó a alguna situación extraordinaria debido a la crisis del coronavirus.

Espero que podamos votar hoy la indicación señalada y que este proyecto prontamente se convierta en ley.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina) [vía telemática].-

Señor Presidente, voy a leer el mensaje de la directora de una escuela, que también es apoderada. Dice: “Gracias, gracias. Hoy les hablo como ciudadana. Gracias por jugársela, porque podré pagar la deuda de universidad que tengo de mi hija mayor. Estudia Nutrición y estoy atrasada con las mensualidades. Estoy muy emocionada. Nada más importante para una madre, que sostiene sola a las hijas, que asegurar su educación.”.

Y este es el escenario: en Chile, los padres y las madres tienen la difícil tarea de asegurar la educación, porque el Estado no la asegura. El Estado no asegura la educación, porque en Chile la educación no es un derecho. Lamentablemente, no es un derecho. Claramente, lo que deberíamos tener es que la educación no dependiera de cuánta plata tengo en el bolsillo.

El diputado Sauerbaum , quien apoya este proyecto, dijo que existe la libertad en Chile -y que es una garantía constitucional- de elegir el establecimiento donde queremos que vayan nuestros hijos. Eso es mentira; es una real mentira. Nunca en Chile hemos tenido libertad para elegir la educación que queremos, porque depende claramente de los ingresos que tenga cada uno. Eso no es libertad. En ninguna parte del mundo a eso le deberíamos llamar libertad. Solo en Chile le decimos libertad a algo que no es libertad; eso es lo lamentable. Y como esta garantía constitucional que es el derecho a la educación no existe en nuestro país, tenemos que presentar estos proyectos e ir por la tangente para ir asegurando el derecho a la educación, porque efectivamente aquellos padres y madres y familias que hoy están en una situación económica brutalmente diezmada no pueden hacerse cargo de aquello de lo que antes podían hacerse cargo. ¿Por qué? Porque en Chile la educación hay que pagarla, porque en Chile la educación no es un derecho. Claro, estos padres hoy, en un contexto como el nuestro, dicen: “Yo elegí; elegí un colegio pagado”. Pero eso es lamentable. Es lamentable que muchos de los niños que hoy están en determinados colegios vean impedida su trayectoria escolar en el mismo establecimiento que eligieron sus padres para ellos, si no aprobamos este proyecto de ley.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Pardo .

El señor PARDO.-

Señor Presidente, todos conocemos la realidad de muchas familias que tienen a sus hijos en establecimientos particulares o particulares subvencionados con copago, que han visto una dramática disminución de sus ingresos o que han perdido el trabajo y enfrentan, entre otras, la dificultad de tener que asumir el pago de la colegiatura. Y también somos conscientes de que los establecimientos particulares subvencionados y los establecimientos particulares mantienen su estructura de gastos pese a que no están prestando todo el servicio, pero están haciendo el esfuerzo de la educación a distancia y están asumiendo el costo más alto de la educación: las remuneraciones del personal tanto docente como paradocente. Por tanto, encontrar una solución a ambos problemas es sumamente difícil.

Lo que hemos hecho en este proyecto de ley es establecer una modalidad en virtud de la cual cada establecimiento, de acuerdo con su propia realidad y de acuerdo con el conocimiento de su propia comunidad educativa, va a elaborar los planes necesarios para ayudar, ya sea con becas, con reprogramaciones, con rebajas y otro tipo de ayudas, a aquellas familias que no están en condiciones de asumir plenamente el compromiso de financiar las colegiaturas de sus hijos. Aquellos que se acojan a estos planes van a quedar exentos de una eventual suspensión de su matrícula en el año siguiente.

De esta forma, un proyecto de ley que tenía como objeto simplemente eliminar la suspensión de matrícula, sin dar esta señal necesaria de buscar la ayuda para cada familia de acuerdo con la realidad de cada establecimiento y de cada familia, ha sido mejorado de común acuerdo por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Educación.

Por supuesto que vamos a apoyar esta iniciativa, en especial la indicación que se ha presentado hoy a consideración de la Sala, que perfecciona el mecanismo que acabo de señalar.

Reitero que vamos a votar favorablemente este proyecto, que busca colaborar y ayudar a las familias, particularmente de clase media, que están enfrentando las dificultades para el pago de sus establecimientos, pero, al mismo tiempo, sin arriesgar la sostenibilidad y la sustentabilidad de esos mismos establecimientos, que esperamos que reciban además otro tipo de ayudas y acceso al financiamiento, que es parte de las necesidades para mantener nuestra capacidad de entregar educación de calidad a miles de niños que hoy también están sufriendo los efectos de la pandemia.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, le agradezco que me otorgue el uso de la palabra para referirme a este proyecto de ley, que se origina en una moción, que busca prohibir que los establecimientos particulares subvencionados y los particulares pagados les nieguen o les condicionen la renovación de la matrícula a aquellos estudiantes cuyas familias estén atravesando una situación económica difícil, por la que no han podido pagar la colegiatura o la matrícula o las cuotas en el presente año.

El proyecto plantea que mientras la familia pueda demostrar un detrimento de su economía y que, por esta causa, debiendo priorizar sus pocos recursos en aquellas cosas que son de verdad esenciales, no haya podido pagar la matrícula, no se vea impedida de reservarla para el año 2021, o concretarla, independientemente de que uno pudiera entender también la situación económica que atraviesan los colegios privados, porque finalmente son una empresa que necesita resolver gastos. Lo más importante es que el niño o niña pueda seguir manteniendo el ritmo de su educación.

En este contexto, aun cuando pudieran ser comprensibles las razones económicas y financieras de estas empresas o colegios, cuesta entender que no haya corazón ni sentimientos en quienes administran esos establecimientos, y que definitivamente dejen fuera a estas personas, que lo único que buscan es el progreso personal en la vida, crecer como personas, poder servir a su patria, formar una familia y tener la posibilidad de desplegar sus alas; sabemos que todos las tenemos, pero necesitamos herramientas, y esas herramientas las da principalmente la educación formal.

Pido que votemos a favor este proyecto de ley, porque son las señales que el Chile que sufre hoy necesita, para que las familias se sigan sintiendo acompañadas por aquellos proyectos que promueve el gobierno, que aquí se han mejorado, con discusiones a veces muy duras, pero con la voluntad de avanzar, y también por aquellos que surgen, en hora buena, por la decisión de parlamentarios y de parlamentarias que buscan dar solución, por la vía legal, a los problemas que surgen por la comisión de abusos.

Repito: podemos entender las dificultades económicas por las que pueden estar atravesando muchos colegios a lo largo de Chile, pero no se puede entender que a los niños de las familias que lo están pasando mal a causa de la pandemia se les niegue la matrícula para el año 2021 por establecimientos educacionales que les están entregando educación y un componente muy importante para su formación como personas: la convivencia con sus compañeros, con sus pares, con los que forman parte de una nueva familia que generalmente dura para toda la vida.

Negar la matrícula para el próximo año a un estudiante por parte de establecimientos educacionales particulares subvencionados o particulares pagados porque los papás de ese estudiante han tenido una dificultad económica, me parece no solo inhumano, sino también un despropósito en su afán de formar personas.

Por las razones señaladas, espero que aprobemos este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, como integrante de la Comisión de Educación he sido testigo de una vorágine de iniciativas, promovidas por el Frente Amplio y por la izquierda representada por el Partido Comunista, que atentan gravemente contra la libertad que tienen los padres de elegir el proyecto educativo que quieren para sus hijos.

También he sido testigo en dicha instancia de cómo el Frente Amplio y el Partido Comunista desconocen total y absolutamente el tremendo aporte que han hecho los colegios particulares subvencionados y los colegios particulares a la educación de nuestro querido país.

Muchas de las iniciativas que se han presentado desconocen el aporte que han hecho, lo reitero, tanto los colegios particulares subvencionados como los colegios particulares a la educación de nuestro país, iniciativas que son promovidas por el Frente Amplio y por el Partido Comunista.

(Hablan varios diputados a la vez)

Esta iniciativa en cierta forma marca una pequeña diferencia.

En ese sentido, quiero dejar constancia de que este proyecto es distinto a las ideas que han promovido el Frente Amplio y el Partido Comunista en el sentido de no reconocer el aporte que hacen los colegios particulares y los colegios particulares subvencionados al desarrollo del país.

-Manifestaciones en la Sala.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ruego a la Sala guardar silencio. Continúa con el uso de la palabra, señor diputado.

El señor BOBADILLA.-

Este proyecto fue mejorado sustantivamente con el aporte de todos los integrantes de la comisión. Ha sido mejorado porque ha considerado el aporte que hacen estos colegios, muchos de los cuales ya han reprogramado la deuda, han entregado becas y han propuesto planes de pago. En definitiva, cosas que ya se están haciendo y que hoy se quieren consagrar en este proyecto de ley.

Por lo tanto, voy a votar a favor esta iniciativa, al igual como lo hará mi bancada, debido a que los colegios particulares y los colegios particulares subvencionados hacen un aporte significativo para el desarrollo de nuestro país.

Asimismo, quiero señalar que estos colegios son discriminados en relación con el tratamiento que el Estado les debe dar.

Reitero: este proyecto fue mejorado en la comisión. Por eso, con entusiasmo, lo votaré a favor, al igual que mi bancada.

He dicho.

-Aplausos.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado René Alinco .

El señor ALINCO (vía telemática).-

Señor Presidente, un pueblo que no se educa está destinado a vivir en la esclavitud. Estas palabras las dijo Luis Emilio Recabarren , padre del movimiento obrero chileno y líder de los trabajadores latinoamericanos. ¡Por eso la educación no es gratuita! A través de una buena educación y gratuita, los trabajadores les disputaríamos el poder político a los dueños de nuestro país y adquiriríamos conocimientos para poder gobernar y transformar nuestra patria y hacer justicia social. Por eso, la educación no es gratuita y a los pobres y a sus hijos les cuesta mucho tener acceso a una buena educación, porque esta depende del maldito y vil dinero.

El Presidente Sebastián Piñera ha pronunciado, en muchas oportunidades, que viene una crisis social, una pandemia social, lo que es indiscutible. ¿Cómo se pretende combatir esta pandemia social en Chile? ¿Con más analfabetos? ¿Con más jóvenes y niños, hombres y mujeres que anden pateando piedras en las calles de nuestra patria?

Por lo tanto, felicito, sin lugar a dudas, a los autores y a las autoras de este proyecto. Como decía la compañera Girardi , hay que buscar por la tangente, por el lado de la ley, la forma en que podemos ayudar a nuestros jóvenes. Pero no es suficiente. Aquí queda más claro que nunca, muy nítido, que el acceso a la educación lo obtienen solo algunos privilegiados. Aun más, queda muy claro que la educación es un negocio.

Espero que aprobemos por unanimidad este proyecto, pese a que tiene sabor a poco.

Por lo tanto, todos los diputados, no solo los de oposición, sino también los de avanzada progresista que tienen el gobierno y la derecha, debemos buscar la fórmula para que la educación chilena sea gratuita y de buena calidad.

Anuncio mi voto a favor, en nombre de los jóvenes estudiantes desde Arica a Punta Arenas.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro) [vía telemática].-

Señor Presidente, con mucha honestidad, felicito al grupo de parlamentarios jóvenes que llegó a este hemiciclo con iniciativas que han permitido consensuar y lograr el avance de proyectos sociales respecto de los que, lamentablemente, en el periodo anterior existía una especie de inercia. Me refiero al Frente Amplio, al Partido Comunista y a la oposición, incluyendo también a parlamentarios de gobierno que han adherido, como hicieron en el caso del proyecto que permitió el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales.

Comparto también las palabras del diputado Bobadilla . Al igual que la mayoría de los parlamentarios del país, nuestros hijos han estudiado en colegios particulares o colegios particulares subvencionados. Efectivamente, estos colegios hacen un aporte al país, pero existía esta brecha y muchas veces no había control, sin perjuicio de que hoy se está ejerciendo.

Este proyecto -tal como ya han dicho-, que ha sido mejorado, tiene por objeto dar la oportunidad a todos los estudiantes de continuar sus estudios en los colegios particulares subvencionados y en los colegios particulares en que cursan sus estudios, y que estos establecimientos vayan ganándose el respeto, el cariño y la consideración de todos.

Reitero las felicitaciones a los autores de este proyecto y anuncio que lo votaremos a favor.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (vía telemática).-

Señor Presidente, como integrante de la Comisión de Educación, con gusto vamos a aprobar este proyecto, que resguarda y da tranquilidad a los padres en cuanto a que sus hijos no van a perder la matrícula el próximo año.

He escuchado con atención las intervenciones de diputados de diferentes sectores políticos. Lo señalo, porque si bien es cierto que la clase media, pero también un gran sector que no pertenece a esa clase, tiene a sus hijos en colegios particulares subvencionados o particulares, quiero recordar un poco de historia.

El 18 de octubre del año pasado se produjo el estallido social y, con posterioridad, el estallido delincuencial, que dejó a miles o millones de chilenos cesantes, porque algunos quemaron y destruyeron todo. A eso se agregó, a partir de marzo, la pandemia.

Ese conjunto de situaciones provocó que muchos padres afectados por la crisis no pudieran seguir pagando las mensualidades de los colegios de sus hijos, en los establecimientos que ellos eligieron.

Por otra parte, no he escuchado a ninguno de los intervinientes mencionar -quizás se olvidó- que miles de padres, a nivel nacional, se vieron obligados a trasladar a sus hijos desde establecimientos educacionales municipales a colegios particulares, porque los profesores de los establecimientos municipales vivían en paro. Pasaban semanas y hasta meses en paro, por lo que no había clases, y como la gran mayoría de los padres quiere que haya continuidad en los estudios, para que sus hijos puedan llegar a la educación superior y sean hombres y mujeres de bien, se vieron en la necesidad y en la obligación de cambiarlos de un establecimiento municipal, donde pagaban cero pesos, a uno particular subvencionado o -los menos- a un colegio particular.

Tanto los padres como sus hijos -los alumnos- quieren, necesitan y anhelan que estos puedan volver a clases presenciales. Pero son los profesores los que les están negando la sal y el agua, al igual que los asistentes de la educación, pues no quieren que se reanuden las clases, no obstante que el ministro de Educación ha dicho en todos los tonos que la vuelta a clases presenciales se hará de manera voluntaria, bien regulada, en forma tranquila y segura. Lamentablemente, hay quienes se niegan a esa posibilidad, partiendo por parlamentarios de oposición.

Obviamente, votaré a favor este proyecto, pero, junto con anunciarlo, hago un llamado a la cordura, a mantener un compromiso real para sacar adelante a los niños.

Justo ahora, cuando pareciera ser que hay puros derechos y pocos deberes, he escuchado con preocupación que hay quienes sostienen que los alumnos no deberían volver a clases hasta marzo del próximo año y que a todos los deberían pasar de curso. Con la misma preocupación me he enterado de que algunos dirigentes de centros de padres dicen que sus hijos no volverán a clases y que los tienen que pasar de curso.

No entiendo esas posturas, porque creo que todo padre que actúa de manera responsable y seria, que sabe y asume que hay obligaciones y derechos, debería privilegiar que sus hijos obtuvieran el conocimiento que requieren y propender a que pasen de curso solo aquellos alumnos que lo merezcan por su capacidad, compromiso y rendimiento. Sin embargo, lo que se está pidiendo es que todos pasen de curso.

Lamento lo que está pasando. Sé que hay preocupación en los colegios particulares, porque me he reunido con algunas agrupaciones. A la Comisión de Educación han concurrido algunos dirigentes o representantes de esos establecimientos, quienes nos han hecho saber que están muy preocupados, porque en diciembre de este año vencerá el plazo para concretar la compra de los inmuebles donde funcionan los establecimientos, de sociedades y de particulares, pero no ha habido respuesta a su preocupación, y los bancos tampoco les han dado respuesta positiva para poder realizar esas compras.

Por lo expuesto, espero que el gobierno, a través del ministro de Educación, y la Comisión de Educación de nuestra Corporación se enfoquen en resolver ese problema, para que estudiemos cómo extender ese plazo, por lo menos en un par de años.

Por otra parte, hago un llamado al Colegio de Profesores a que actúe en forma seria y responsable, para que, ojalá, todos los alumnos que quieran volver a clases presenciales, sea en la educación municipal, sea en la particular, puedan hacerlo, sin temor a cómo reaccionará el sostenedor, el alcalde de turno o el representante del colegio.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina) [vía telemática].-

Señor Presidente, como todos saben, les tengo especial cariño al diputado Bobadilla , a la diputada Hoffmann y al exdiputado Bellolio , con quienes he compartido muchos años en la Comisión de Educación. Aunque muchas veces pensamos distinto, siempre hay espacio para el cariño y el respeto.

Por eso, con mucho cariño y respeto le digo al diputado Bobadilla que este proyecto de ley no es una iniciativa del Partido Comunista ni del Frente Amplio; la autora de esta moción soy yo, e invité a los demás diputados y diputadas a participar, entre ellos, a las diputadas Vallejo y Rojas .

No soy del Partido Comunista y no tengo algo en contra de algún establecimiento educacional. Y si fuera del Partido Comunista o del Frente Amplio, tampoco lo tendría, porque no se trata de eso. No se trata de discriminar. Los establecimientos de educación particular subvencionada reciben exactamente la misma subvención que los establecimientos de educación pública. Entonces, ¿de qué discriminación habla el diputado Bobadilla ?

Este no es un tema del Partido Comunista ni del Frente Amplio; tiene que ver con que nuestro país tomó la decisión de impedir que los recursos públicos destinados a la educación sean utilizados en negocios, para que vayan en beneficio de los niños, de su educación.

Eso es lo que queremos: que todos los recursos públicos destinados a educación se usen para educar, no para abultar los bolsillos de los propietarios de los establecimientos. Eso no es discriminar, sino hacer justicia a los niños.

Los niños pertenecen a una determinada comunidad escolar, por lo cual no deberían ser expulsados, así como así, porque no son cosas, son personas. No son un par de zapatos, son niños, y nuestro deber es formarlos y educarlos…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, diputada Girardi . Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, cabe recordar que, inicialmente, este proyecto de ley tenía un artículo único, que era absolutamente insuficiente, pues solo señalaba que durante el año 2021 los establecimientos educacionales no podrían cancelar ni impedir la renovación de las matriculas de los estudiantes que se hayan visto impedidos de pagar sus mensualidades durante 2020 como consecuencia del menoscabo de la situación financiera de sus familias por causa de la pandemia.

Eso regía tanto para alumnos de colegios particulares como para los de los establecimientos particulares subvencionados.

El artículo señalaba, además, que se entendería por situación financiera menoscabada el hecho de que algún miembro del grupo familiar hubiese perdido su empleo y estuviese acogido a un seguro de desempleo, o que se le haya suspendido su relación laboral o reducido su jornada en virtud de lo establecido en la ley No 21.227.

No obstante, el 6 de agosto la Comisión de Educación de la Cámara agregó importantes indicaciones al proyecto, que lo mejoraron sustantivamente, al incorporar una obligación para los colegios subvencionados con financiamiento compartido y particulares pagados: la de confeccionar un plan de medidas extraordinarias que tengan por objeto propender a garantizar la continuidad del proceso educativo de los estudiantes, con énfasis en medidas cuyo objeto fuera enfrentar las consecuencias económicas derivadas de la emergencia sanitaria.

Se mencionan, además, algunas medidas que deben incluirse en el plan, como becas, rebaja de mensualidades y reprogramación de deudas, entre otras, para los padres y/o apoderados de los alumnos afectados. Asimismo, el proyecto señala que los establecimientos deberán elaborar dichos planes de medidas extraordinarias en el plazo de un mes, contado desde la publicación de la ley en proyecto.

Este proyecto pretende ayudar a aquellas familias que cubren gastos educacionales en colegios particulares y particulares subvencionados. Cabe señalar que los gastos en educación que deben solventar dichas familias abarcan cerca del 20 por ciento de sus ingresos, una parte muy importante de su presupuesto.

Ya en abril de este año, el Sernac daba a conocer que había recibido alrededor de 275 reclamos relacionados con educación, de los cuales el 17 por ciento tenía relación con los gastos en educación, y que el factor predominante de los reclamos apuntaba principalmente a solicitar el congelamiento o la rebaja de los aranceles, considerando que los niños no estaban asistiendo a clases presenciales.

Durante la actual crisis sanitaria y económica se han presentado innumerables mociones que buscan alterar la relación contractual dentro de la sociedad civil, favoreciendo la posición de la persona natural. Esta situación, que en principio parece muy razonable, adolece de falta de análisis, lo que es muy nocivo para la sociedad en su conjunto, ya que las personas jurídicas también garantizan, en última instancia, la subsistencia económica de las personas naturales vinculadas a ellas, es decir, de los trabajadores que se desempeñan en los colegios particulares pagados y particulares subvencionados.

Es necesario avanzar en medidas que protejan a las familias que se encuentran en una situación más desfavorable producto de la pandemia, pero dichas medidas deben ser focalizadas, ya que no todas las familias han sido afectadas por la crisis, por lo que una política que no distingue entre afectados y no afectados terminará perjudicando el flujo de caja de las instituciones, lo que comprometerá la precariedad laboral de los trabajadores que se desempeñan en dichas instituciones, así como de los trabajadores de las distintas empresas proveedoras.

Por ello, creo que las indicaciones presentadas en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados permitieron mejorar significativamente el proyecto, en cuanto a establecer un plan de medidas que permiten entregar soluciones más concretas a los estudiantes afectados por la crisis, sin comprometer necesariamente la subsistencia y el funcionamiento de los establecimientos educacionales y de todo su personal.

Además, un plan de medidas permite al establecimiento asimilar de mejor manera las consecuencias prácticas para efectos de su operatividad en tiempos de emergencia, de recuperación y de posrecuperación de esta crisis sanitaria y económica.

En consecuencia, votaré a favor de este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Cerrado el debate. Ha concluido el tiempo del Orden del Día.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor PAULSEN (Presidente).-

La diputada señorita Camila Rojas presentó una indicación para reemplazar el inciso segundo del artículo único del proyecto, en los términos que explicará el señor Secretario.

El señor LANDEROS (Secretario).-

La indicación es para reemplazar el inciso segundo del artículo único por los siguientes incisos:

“Dicho plan deberá contener y explicitar medidas extraordinarias tales como becas, rebaja de mensualidades, reprogramación de deudas, entre otras, para aquellos padres, madres y apoderados cuya situación económica se ha visto menoscabada producto de la emergencia sanitaria.

Se considerará, entre otras, que la situación económica de padres, madres y apoderados se ha visto menoscabada en los casos en que hayan perdido su empleo a consecuencia de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del Covid-19, o se encuentren acogidos a la ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo, o la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales.

En caso de que se adopten medidas de flexibilización económicas en las que se establezca una modalidad diversa de pago o en el número de cuotas, el cambio en dichas condiciones no podrá generar intereses ni multas por mora.”.