Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que declara el 1 de octubre de cada año como el Día de la Diplomacia Chilena.

Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Issa Kort .

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, el proyecto se discutirá según las normas de la tabla de Fácil Despacho, es decir, se admitirán cuatro discursos de hasta tres minutos cada uno.

Antecedentes:

-Moción, sesión 90ª de la legislatura 367ª, en jueves 17 de octubre de 2019.Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 49ª de la presente legislatura, en jueves 30 de julio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 18.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor KORT (de pie).-

Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y reglamentario, iniciado en moción de las señoras del Real, doña Catalina ; Fernández, doña Maya ; Hertz , doña Carmen , y Sabat , doña Marcela , y de los señores Jarpa, don Carlos Abel ; Kort, don Issa ; Matta, don Manuel Antonio ; Mirosevic, don Vlado ; Undurraga, don Francisco , y Vidal, don Pablo , que declara el 1 de octubre de cada año como el Día de la Diplomacia Chilena, contenido en el boletín N° 12996-10, sin calificación de urgencia.

A las sesiones que la comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron el ministro de Relaciones Exteriores, señor Teodoro Ribera Neumann , y la señora Mila Alejandra Francisco Ferrada , presidenta de la Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica) de dicha cartera de Estado.

La presente iniciativa consta de dos artículos permanentes. El primero declara el 1 de octubre de cada año como el Día de la Diplomacia Chilena. El segundo faculta al Ministerio de Relaciones Exteriores para organizar actividades conmemorativas, de carácter solemne, a fin de honrar la memoria de todos quienes han dado vida a la diplomacia chilena y para seguir fomentando un camino de paz y entendimiento con todos los países del mundo.

Afirman los autores y autoras de la moción que da inicio al proyecto de ley en informe que son muchos los elementos que se encuentran contenidos en la palabra “diplomacia”, tales como el derecho internacional público, relaciones de Estados, prevención, cooperación, desarrollo, comunidad internacional y tanto otros que pueden contenerse en la definición esbozada por el diplomático británico Ernest Satow , quien señalaba que la “diplomacia es la conducción de los negocios entre Estados por medios pacíficos. Es, asimismo, la aplicación de la inteligencia y el tacto en la conducción de las relaciones oficiales entre gobiernos de Estados independientes.”.

Agregan que el desarrollo de la diplomacia a lo largo de la historia ha sido fundamental para que las relaciones internacionales entre los Estados hayan presentado significativos avances en pro de la humanidad. Eso no se debe solo, argumentan, a que los conflictos internacionales hayan cambiado los campos de batalla por los tribunales y otras instancias internacionales, sino a que, desde sus orígenes, la diplomacia ha prevenido la existencia misma de los conflictos internacionales y ha perseguido mayor cercanía entre países.

Añaden que, en lo que a respecta Chile, no deja de llamar la atención lo significativa que ha sido la diplomacia en nuestra historia republicana, sobre todo considerando que al analizar el período colonial chileno lo que salta a la vista es un carácter bastante insular y con casi nulos contactos con otras naciones.

Precisan a continuación que, desde sus orígenes, la diplomacia chilena ha debido abrirse paso en un contexto global que ha sido muy dinámico, pasando de un siglo XIX en que las diferencias entre los Estados se resolvían preferentemente por la fuerza, hasta un siglo XX donde se consolida el multilateralismo producto del trauma que generaron en la humanidad las dos guerras mundiales.

Añaden que, en pleno siglo XXI, el concepto que impera es la responsabilidad de conservar la paz y construir lazos entre Estados mediante la vía diplomática. No se trata solo de un asunto de seguridad, pues la diplomacia ha facilitado la comunicación y el entendimiento entre los Estados, lo que a su vez ha llevado a forjar alianzas que se aprecian en diversas materias, tanto civiles como políticas, sociales, económicas y culturales, que han permitido mejorar la calidad de vida de una parte importante de los habitantes del planeta. Grandes acuerdos y organismos internacionales han surgido a raíz de esta voluntad de cooperación.

En lo que respecta a nuestra historia diplomática, las y los autores de la moción señalan que deben reconocerse las figuras de los primeros personeros en adquirir la responsabilidad de la Cancillería. José Gaspar Marín Esquivel , asumió como secretario de Relaciones Exteriores, en 1810, en la naciente Patria Vieja. Ya en la República, en 1817, Bernardo O’Higgins designaría como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores a Miguel Zañartu , quien ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, al igual como a lo largo de la historia ocuparon ese cargo importantes personeros de la vida pública nacional, como Manuel Rodríguez , Mariano Egaña , Diego Portales , Manuel Montt , Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda .

Del mismo modo, aseveran que un hito fundamental para el desarrollo de la diplomacia fue la fundación de la Academia Diplomática, por decreto de 3 de junio de 1954, que lleva el nombre del destacadísimo intelectual venezolano Andrés Bello .

El estudio multidisciplinar y el grado de perfeccionamiento han llevado a sostener, con total autoridad, que la diplomacia, por lo menos en Chile, es una profesión que merece todo el reconocimiento como tal, contando actualmente con cónsules y/o embajadores en más de setenta países del mundo, ubicados en todos los continentes.

Además, estamos altamente comprometidos con el derecho internacional. Chile es miembro activo de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, en las cuales personeros chilenos, como Michelle Bachelet y José Miguel Insulza , han ocupado cargos de alta dirección.

Hacen presente las y los mocionantes que a pesar de las diferencias territoriales con los países vecinos durante el siglo XIX, que condujeron a conflictos bélicos, las pugnas que las motivaron pudieron retomar un camino pacífico que permitió zanjar diplomáticamente los términos fronterizos. Al respecto, destacan:

a)El Tratado de Paz y Amistad del 20 de octubre de 1904, el cual fija los límites definitivos con Bolivia, que fue ratificado de manera unánime por ambos congresos nacionales.

b)El Tratado de Lima de 1929, que puso fin a la controversia con Perú respecto de la soberanía de las provincias de Tacna y Arica.

c)Avanzado el siglo XX, se debe destacar la solución del asunto con Argentina conocido como “conflicto del Beagle”. Si bien aquellas diferencias nunca llegaron a dirimirse por la fuerza, sí significó una importante tensión internacional, la cual encontró solución definitiva en el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile de 1984.

A continuación, agregan que la República de Chile es un fiel reflejo del triunfo de la diplomacia como herramienta pacífica.

No solo todas nuestras fronteras están definidas por tratados internacionales, todos celebrados hace un tiempo cercano al siglo de antigüedad. Y en lo que respecta a conflictos bélicos, Chile no se ha visto involucrado en uno desde el término de la Guerra del Pacífico, en 1883.

Sin embargo, añaden que el rol de la diplomacia en Chile no se puede reducir únicamente al resguardo de la seguridad del Estado. Señalan que no se puede obviar que Chile ha cimentado gran parte de su desarrollo en su incorporación a una vasta red global de comercio, la cual se ha constituido mediante la suscripción de treinta tratados comerciales con países de las más diversas magnitudes y de culturas muy diferentes.

Estos acuerdos han facilitado los ingresos de productos chilenos en el mercado global, lo que ha permitido posicionar la imagen país de Chile en el mundo no solamente como un ente político, sino también como un ente cultural. Agregan que el sólido desarrollo de la diplomacia chilena ha sido decisivo para alcanzar ese posicionamiento.

Sostienen, más adelante, que el 1 de octubre de 2018 se convierte hoy en día en un hito memorable del triunfo de la diplomacia chilena.

La demanda presentada por Bolivia el 24 de abril de 2013, agregan, pretendía establecer que Chile tenía la obligación de negociar un acceso soberano al océano Pacífico para Bolivia, sobre la base de un falso incumplimiento del Tratado de Paz y Amistad de 1904.

El 12 de octubre de 2013, los agentes de ambos Estados se reunieron con el presidente de la Corte Internacional para definir los plazos judiciales para presentar la memoria y la contramemoria.

Bolivia presentó su memoria el 15 de abril de 2014. Chile, por su parte, optó por no presentar una contramemoria en aquella etapa procesal, sino que optó por hacer valer su derecho a presentar objeciones preliminares a la competencia de la Corte.

Ante esta estrategia, Bolivia presentó su contestación a las objeciones preliminares el 7 de noviembre de 2014.

El 16 de febrero de 2015 la Corte fijó los días para que los Estados partes presentaran sus alegatos en lo que refiere a las objeciones preliminares, fijando para el 4 de mayo de 2015 el alegato de Chile y para el 8 de mayo del mismo año el alegato de Bolivia.

El 24 de septiembre de 2015 la corte rechazó las objeciones a la competencia presentadas por Chile. El 12 de julio de 2016, Chile presentó su contramemoria, argumentando que no existe la obligación de negociar por parte de nuestro Estado para con el Estado boliviano. El 21 de marzo de 2017 Bolivia presentó su réplica, y el 15 de septiembre de 2017, Chile presentó su dúplica. En marzo de 2018 se realizaron los alegatos, en que ambos Estados partes presentaron todos sus argumentos: Bolivia, el 19 marzo, y Chile, el 28 del mismo mes.

Finalmente, añaden los autores del proyecto, el 1 de octubre de 2018, la Corte Internacional de Justicia de La Haya resolvió a favor de la pretensión chilena, rechazando rotundamente las aspiraciones bolivianas. Solo tres magistrados se pronunciaron en favor de la pretensión de Bolivia, mientras que doce lo hicieron en favor de la posición de Chile.

Hacen presente, del igual modo, que ello fue un triunfo muy importante para la diplomacia chilena, porque la corte ratificó un argumento chileno que se sostiene desde el Tratado de Paz y Amistad de 1904, suscrito con veinte años de posterioridad a la Guerra del Pacífico, negociado bajo principios diplomáticos y al cual Chile dio y da cumplimiento de las obligaciones a las que se obligó en ese documento.

Agregan que fue muy relevante también, porque fue fiel reflejo de la capacidad argumentativa del equipo diplomático chileno, así como también de la congruencia de los argumentos, los cuales se sostuvieron pasando por tres períodos presidenciales, con gobiernos representativos de diferentes corrientes políticas.

Al respecto, los mocionantes sostienen que se debe reconocer la conducción del Presidente Sebastián Piñera en el inicio del proceso, la conducción de la Presidenta Michelle Bachelet en su continuidad y la conducción de la segunda administración del Presidente Piñera en la conclusión.

Asimismo, que se debe destacar a los tres cancilleres, señores Alfredo Moreno , Heraldo Muñoz y Roberto Ampuero ; a los tres agentes chilenos ante la corte de La Haya, señores Felipe Bulnes , José Miguel Insulza y Claudio Grossman , y a todos y a cada uno de los chilenos y extranjeros que han trabajado para mejorar el prestigio de la diplomacia chilena.

En conclusión, señalan los autores del proyecto, el 1 de octubre de 2018 fue un día en que el Estado de Chile demostró que los argumentos pueden triunfar frente a la presión política y la injustificada animadversión del Presidente boliviano en contra del Estado de Chile. En definitiva, fue un día que demostró que podemos confiar en la diplomacia, que debemos cuidar la diplomacia, que debemos promover la diplomacia y que debemos agradecer la diplomacia.

A mayor abundamiento, recalcan que el espíritu de la iniciativa es conmemorar no solamente el triunfo de la diplomacia, sino también el triunfo de la paz, con el propósito de resolver, a través de esa vía, los conflictos entre los países.

El proyecto de ley fue aprobado en general y en particular a la vez, en la sesión ordinaria del día 21 de julio del año en curso, por la unanimidad de los diez integrantes de la comisión presentes.

Votaron a favor las diputadas señoras Del Real, doña Catalina ; Fernández, doña Maya ; Hertz , doña Carmen , y Muñoz , doña Francesca , y los diputados señores Jarpa, don Carlos Abel ; Mirosevic, don Vlado ; Naranjo, don Jaime ; Vidal, don Pablo , y quien informa. Asimismo, concurrió con su voto positivo la entonces diputada y hoy senadora señora Marcela Sabat .

Finalmente, me permito hacer presente a los colegas que, a juicio de la comisión, en el proyecto que se somete a consideración de la honorable Sala no existen normas que revistan el carácter de orgánico constitucional ni de quorum calificado.

Como consecuencia de todo lo expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recomienda a esta Sala la aprobación del proyecto de ley contenido en el informe que sus señorías tienen en su poder.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al canciller y a todos los colegas presentes, tanto en la Sala como por vía telemática.

Quizás el mayor esfuerzo civilizatorio de los siglos XX y XXI ha sido el paso a paso que hemos ido dando para ponernos de acuerdo, entre los distintos países, respecto de normas comunes que nos rijan, pese a nuestras diferencias culturales y sociales.

Es así como hemos logrado un amplio aparataje de reconocimiento y protección de los derechos humanos, de estabilidad para desarrollar un comercio fluido, pero también respecto del cuidado de aspectos sanitarios, ambientales y laborales, y nos hemos propuesto ambiciosas metas para el futuro.

Esos logros nacen, principalmente, en razón de nuestra convicción por la paz, la justicia y la empatía de miles de trabajadores que dedican sus vidas y sus carreras personales a cimentar las relaciones que permitan sostener los grandes acuerdos.

Por lo expuesto, pido el apoyo de esta Sala para reconocer a esas personas, a nuestros diplomáticos de carrera, quienes han encumbrado hasta lo más alto a la política internacional chilena y marcado un sello de profesionalismo, transparencia y amor por nuestro país.

Los tiempos actuales son confusos y hay muchas tentaciones para abandonar el rumbo global y dejar atrás todos los acuerdos alcanzados, pero hacerlo significaría un gran retroceso para nuestras sociedades. Este reconocimiento, por humilde que sea, puede ser una gran señal y un tremendo empujón a nuestro compromiso por la paz y por la seriedad en las relaciones internacionales.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC (vía telemática).-

Señor Presidente, a propósito de este proyecto, me gustaría mencionar algunos episodios luminosos de la historia de la diplomacia chilena. Dado que son muchos, he seleccionado tres, que me parecen dignos de destacar, por su relevancia.

El primero ocurrió luego de la guerra civil española, cuando muchos de los militantes del bando republicano, que había perdido la guerra, se exiliaron en Francia, donde habían quedado entregados a su suerte, en las peores condiciones. El Presidente Pedro Aguirre Cerda encomendó al cónsul de nuestro país en Francia, Pablo Neruda , que liderara la misión de asilar en Chile a una cantidad de aproximadamente dos mil españoles, quienes llegaron a las costas de Valparaíso en el barco Winnipeg , en 1939.

Chile, en un gesto de fraternidad, trajo a su territorio a ese grupo de españoles. Ellos se instalaron en nuestro país, donde desarrollaron su vida.

Ese es un primer hito que merece ser recordado, en el que destacan particularmente la participación de Pedro Aguirre Cerda y Pablo Neruda .

El segundo hito se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el diplomático Hernán Santa Cruz fue nombrado primer embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, que estaba naciendo. Él, al poco tiempo, fue designado como uno de los ocho miembros encargados de redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue algo bastante especial que fuera nominado para participar en ese grupo, que fue encabezado por Eleanor Roosevelt .

El tercer hito ocurrió en 2003, cuando Chile integró, como miembro no permanente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En aquella ocasión, el Presidente Ricardo Lagos decidió decir “no” a la invasión de Irak, y tuvo que decírselo al Presidente Bush . Fue un momento de tensión en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos; sin embargo, Chile mantuvo su dignidad.

Por hitos como los expuestos, votaré a favor este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Catalina del Real.

La señora DEL REAL (doña Catalina) [vía telemática].-

Señor Presidente, el proyecto de ley que se somete a consideración de esta Sala, que busca declarar el 1 de octubre de cada año como el Día de la Diplomacia Chilena, que presentamos parlamentarios de todas las bancadas políticas, se fundamenta en que un día como ese, en 2018, la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, resolvió a favor de Chile las aspiraciones bolivianas relacionadas con la obligación de negociar un eventual acceso al océano Pacífico.

Ese fallo fue y es fundamental para las relaciones internacionales de Chile, y deja en claro que la diplomacia deber ser la forma de superar las diferencias entre países, por la vía pacífica.

Expresamos nuestro reconocimiento por quienes asumen la función diplomática, con todo lo que ello demanda. Esa vocación personal reviste un deber para los firmantes de esta moción, que consiste en valorar el trabajo que el cuerpo diplomático ha desarrollado a lo largo de su historia.

En nuestra historia republicana, la diplomacia ha sido significativa; desde sus orígenes ha debido abrirse paso en un contexto global que ha sido muy difícil y dinámico, pasando de un siglo XIX en que las diferencias entre los Estados se resolvían preferentemente por la fuerza, a un siglo XX en que la diplomacia se consolida y, con ello, la vía pacífica. Es más, en pleno siglo XXI, el concepto que impera es el de la responsabilidad de conservar la paz y de construir lazos entre Estados mediante la vía diplomática.

No se trata solo de un asunto de seguridad. En efecto, la diplomacia ha facilitado la comunicación y el entendimiento entre los Estados, lo que a su vez ha llevado a forjar alianzas que se aprecian en diversas materias: civiles, políticas, sociales, económicas y culturales, que han permitido mejorar la calidad de vida de una parte importante de los habitantes del planeta.

Hay algunos aspectos que me parecen importantes: el convenio sobre intercambio de azogue con pólvora, entre Chile y Argentina, firmado en Buenos Aires el 23 de octubre de 1812, que marca la aparición de don Francisco Antonio Pinto , quien lo suscribió en nombre del gobierno chileno. El señor Pinto fue el primer agente diplomático designado por nuestro país en el exterior.

La historia diplomática de Chile también nos cuenta sobre don José Antonio de Irisarri , quien sería nuestro primer diplomático profesional, conforme a las características de la época.

Por otra parte, tras la consolidación de la república, una de las figuras más destacadas, no solo de Chile, sino de América, fue don Andrés Bello , quien desempeñó un papel fundamental para la diplomacia chilena desde su cargo de oficial mayor de Relaciones Exteriores, que ocupó ininterrumpidamente desde 1830 a 1852.

Señor Presidente, estimada Cámara, creo fundamental que esta Sala apruebe este proyecto, ojalá por unanimidad, a fin de consolidar la paz y ver a la diplomacia como una de las actividades más importantes para nuestra nación y para el mundo.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Winter .

El señor WINTER (vía telemática).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al canciller Allamand . Del mismo modo, me sumo al reconocimiento, saludos y homenajes que ha hecho la mayor parte de los colegas a la diplomacia chilena, un cuerpo de nuestro Estado que se dedica a cambiar las instituciones que saben de fusiles por las que saben del diálogo, que es justamente lo que los chilenos y chilenas vamos a hacer a partir del 25 de octubre.

Felicito el espíritu de este proyecto, que es de merecido homenaje hacia la diplomacia y de relevar las soluciones pacíficas de las controversias.

No obstante, debo remarcar que me parece un error la fecha que se ha elegido, porque ese día no se conmemora un día de integración, no es un día en que haya ocurrido un acuerdo entre pueblos, sino uno, como muy bien describió el diputado Kort en su informe, de triunfo, pero de triunfo de un país sobre otro, donde claramente hay un ganador y un perdedor.

En pleno siglo XXI, con un cambio climático encima, que incluso podría poner en riesgo la viabilidad de la existencia de nuestra especie, el rol de la diplomacia chilena no puede ni debe ser ganarle a Bolivia, sino abrazar y hermanarnos con Bolivia hasta conseguir un verdadero triunfo como sería lograr la cooperación con el resto de los países de América Latina para enfrentar problemas tan grandes como la injusticia social o el cambio climático.

El objetivo de América Latina debiera ser transformarse en un continente verdaderamente integrado. No tiene sentido la República de Chile sin el impulso creativo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ni tiene sentido la libertad de Perú y de Bolivia sin el impulso de la República de Chile.

América Latina es un solo pueblo, desgarrado por sus oligarquías, la que debemos volver a integrar en pro de la paz y del desarrollo verdadero.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, jamás imaginé en mi vida participar en la diplomacia -mi único contacto con la diplomacia era haber jugado a las naciones o a las quemadas en condición de embajador- cuando el Presidente Ricardo Lagos , en 2000, me honró confiándome la representación de Chile ante el Reino de Suecia, país europeo con la mayor presencia de exiliados y migrantes chilenos.

Allí supe del trabajo leal y comprometido de los diplomáticos chilenos; conocí de cerca a hombres y mujeres de las más diversas profesiones que trabajan en la proyección del Estado y del prestigio de Chile, así como de la defensa de sus intereses permanentes, más allá de los gobiernos. Ellos merecen el reconocimiento que se propone hoy, porque no es solo un trabajo o una profesión, sino una verdadera misión.

En representación de todos los diplomáticos, cuyo trabajo pude apreciar, vaya mi reconocimiento a don Hernán Bascuñán , quien me acompañó como primer secretario en la embajada de Chile en Suecia y hoy es nuestro embajador.

Quienes dedican sus vidas a defender los intereses de Chile en todos los continentes merecen este reconocimiento que, espero, sea aprobado de forma unánime por la Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Pablo Vidal .

El señor VIDAL (vía telemática).-

Señor Presidente, agradezco al diputado Issa Kort , autor de esta moción, que nos invitó a sumarnos a ella.

Tuve la suerte y el honor, en septiembre de 2018, de asumir la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Corporación, y a tan solo 24 horas de haber asumido dicho cargo recibí un llamado del entonces canciller Roberto Ampuero , quien se encontraba fuera del país, para avisarme que la Corte Internacional de Justicia de La Haya había determinado el día 1º de octubre para dar a conocer el fallo por la demanda de Bolivia en contra de Chile.

Ese día el triunfo no fue solo el que se diera la razón a los argumentos que había defendido Chile. El principal triunfo que ocurrió ese 1º de octubre fue que una diferencia legítima entre dos países se resolvió de manera pacífica, a través de argumentos jurídicos.

El desafío respecto de la integración regional, sobre todo entre Chile y Bolivia, en que ni siquiera hemos sido capaces de restablecer nuestras relaciones diplomáticas, sigue pendiente, pero se va a construir precisamente gracias a la vía diplomática. En los últimos días hemos visto cómo una serie de tratados internacionales, por ejemplo en materia de derechos humanos, han permitido alcanzar acuerdos importantes para nuestro país. Por eso, si finalmente este proyecto es aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado, será una señal de que Chile, a través del Congreso Nacional, ratifica la importancia de la diplomacia como mecanismo de entendimiento entre los Estados, lo cual es muy importante, dados los desafíos que enfrentamos y que hay tendencias políticas que señalan que los países serios debieran alejarse de las Naciones Unidas, en circunstancias de que todos los grandes acuerdos civilizatorios del último siglo logrados por la humanidad han sido alcanzados gracias a la diplomacia, al entendimiento internacional y a organismos internacionales como las Naciones Unidas. Por eso, apoyo y valoro esta iniciativa.

Vamos a aprobar este proyecto de ley que establece el 1° de octubre como el Día de la Diplomacia Chilena.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Issa Kort .

El señor KORT.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al canciller Andrés Allamand , quien hizo uso de la palabra al inicio de este debate y dio a conocer argumentos transversales de carácter técnico, pero también políticos, que es lo que quiero relevar.

Esta es una iniciativa parlamentaria absolutamente transversal, pues representa a todas las bancadas de la Cámara de Diputados y, tal como lo han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, busca relevar la labor de la diplomacia como herramienta moderna, civilizadora y esencial del Estado. En ese sentido, cabe destacar el trabajo de la diplomacia chilena, porque la diplomacia no es solo las acciones que emprende la Cancillería; la diplomacia es activa.

Nosotros mismos utilizamos como herramienta la diplomacia parlamentaria y hemos visto, a raíz de nuestro trabajo, la diplomacia gremial, sindical, cultural y ciudadana, pero también existe la diplomacia familiar, que planteó el diputado Pepe Auth en su intervención, cuando relevó el trabajo de los diplomáticos de carrera. Detrás de cada uno de ellos hay una familia que los acompaña en su viaje a diversos países, con diferentes culturas, con los costos que muchas veces tiene ello. En ese sentido, es bueno resaltar la herramienta de la diplomacia.

En segundo lugar, quiero destacar que se trata de un proyecto de ley muy simple, pero muy significativo. Tiene solo dos artículos. El artículo 1 construye políticamente la efeméride del 1 de octubre como triunfo del diálogo, como triunfo de la diplomacia, como triunfo del derecho internacional y como el triunfo de un tribunal que dirime las diferencias entre dos Estados. No hubo fusiles ni ningún tipo de amedrentamiento, solo hubo diálogo y triunfó el derecho internacional, que es lo que se pone aquí en relevancia.

El artículo 2 faculta al Ministerio de Relaciones Exteriores para organizar actividades conmemorativas de carácter solemne cada 1º de octubre, como un acto de recuerdo a la diplomacia como quehacer cultural.

No puedo dejar de mencionar la que considero la hazaña del siglo XXI de la diplomacia chilena, cual es el respaldo a la posición chilena de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Quiero nombrar a los tres cancilleres que estuvieron a cargo, los señores Alfredo Moreno , Heraldo Muñoz y Roberto Ampuero ; a los tres agentes, señores Felipe Bulnes , José Miguel Insulza y Claudio Grossman . No puedo dejar de mencionar al excoagente y actual embajador de Chile en Estados Unidos, señor Alfonso Silva , así como a la actual subsecretaria de Relaciones Exteriores, señora Carolina Valdivia ; a un equipo multidisciplinario integrado por Alberto van Klaveren , María Teresa Infante , Benjamín Salas . Tantas personas, tantos profesionales diplomáticos y no diplomáticos que hicieron posible este reconocimiento a la diplomacia chilena.

Por último, quiero hacer un llamado al Congreso en cuanto a aprobar por unanimidad la iniciativa. Se trata de un proyecto sencillo, simple, pero transcendental, porque debemos construir, mantener y cultivar la vocación de ponernos de acuerdo y esta iniciativa es un ejemplo de que el Congreso Nacional puede, unánimemente, adoptar decisiones y realizar acciones propositivas para la sociedad.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de acuerdo, iniciado en moción, que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados para crear una comisión permanente del adulto mayor.

De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios, este proyecto se discutirá según las normas de la tabla de Fácil Despacho, es decir, se emitirán cuatro discursos de hasta tres minutos cada uno.

Rinde el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el diputado Sebastián Keitel .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Documentos de la Cuenta N° 2 de este boletín de sesiones.

-El primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se rindió en la sesión 59ª de la presente legislatura, en jueves 13 de agosto de 2020.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor KEITEL (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, vengo en informar, en segundo trámite reglamentario, el proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados para crear una comisión permanente del adulto mayor.

La idea matriz o fundamental del proyecto es crear una comisión permanente que se aboque a informar los proyectos de ley, como asimismo a recibir antecedentes y emitir pronunciamientos en materias relativas a personas mayores.

Para su elaboración se ha tenido presente que, de acuerdo al censo 2017, los adultos o personas mayores alcanzan la cifra de 2.850.171 personas, equivalente al 16,2 por ciento de los habitantes del país. De estos, aproximadamente el 40 por ciento tiene algún grado de discapacidad.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el rápido envejecimiento de la población presenta desafíos especiales, y no solo en salud, sino también en el desarrollo de servicios y ambientes amigables con los mayores. Es necesario contar con entornos físicos y sociales más amigables y reinventar las suposiciones que se tiene de la vejez para que las sociedades fomenten su participación y visibilidad, tema que se ha tenido presente en la discusión del proyecto en el segundo trámite reglamentario.

Asimismo, en la discusión en segundo trámite reglamentario, se tuvo presente que la nomenclatura “adulto mayor” debe ser actualizada, debido a que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores define, en su artículo 2, como persona mayor a aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años.

De manera que se estimó prudente utilizar un término unívoco que se usa a nivel internacional y que hoy es ampliamente utilizado.

Incluso, si se observa la página web del Senama, entidad creada por la ley Nº 19.828, el 17 de septiembre de 2002, servicio que estará relacionado con la comisión cuya creación se propone, se consigna que la misión de la institución es fomentar el envejecimiento activo y el desarrollo de servicios sociales para las personas mayores, cualquiera sea su condición, fortaleciendo su participación y valoración en la sociedad, entre otras cosas.

Es por eso que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, así como en el primer trámite reglamentario aprobó por unanimidad la creación de una comisión del adulto mayor, también por unanimidad, en el segundo trámite, aprobó una indicación en virtud de la cual se perfecciona la denominación de la comisión, de manera que se aprobó la creación de la comisión permanente de personas mayores y discapacidad, destinada principalmente a tramitar los proyectos de ley dirigidos a ese segmento de la población.

Muchas veces, la acumulación de proyectos y las urgencias hacen improbable ver proyectos sobre la persona mayor en una comisión que tiene materias igualmente importantes, pero de distinta naturaleza. Por eso, se requiere una comisión dedicada exclusivamente a las personas mayores, en particular en un país en el cual ellos son cada vez más.

Por ello, solicito a esta Honorable Sala que apruebe este proyecto de la misma manera en que fue despachado en la comisión.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER (vía telemática).-

Señor Presidente, bien sabemos que, como país y como legisladores, tenemos una gran deuda con nuestros adultos mayores.

A pesar de que se han ingresado varios proyectos de ley y de resolución para abordar esta materia, muy pocos han prosperado. De hecho, en agosto de 2016 y con el N° 671, ingresé un proyecto de resolución para solicitar al Ejecutivo el despacho de un proyecto de ley que otorgue al Senama las atribuciones para ser legitimado como activo en la defensa de los derechos de los adultos mayores cuyos derechos fuesen vulnerados.

Luego, el 13 de junio del 2017, nuevamente ingresé un proyecto de resolución, cuyo propósito era la creación de una línea de crédito social para el adulto mayor y dotar de una mayor institucionalidad al Senama.

El 25 de enero de este año, ingresé otro proyecto para eximir a los adultos mayores del cobro del corte y reposición de servicios básicos. Ninguno de ellos ha visto la luz, en el sentido de que el Ejecutivo tome finalmente la iniciativa de robustecer la legislación para aquel grupo etario.

Los adultos mayores constituyen un numeroso contingente de casi 3 millones de personas en nuestro país; es decir, representan alrededor del 17,5 por ciento de la población. Para el 2040, serán alrededor del 30 por ciento de los habitantes de Chile.

Es una triste realidad el hecho de que la mayoría de ellos viven en condiciones bastante precarias, indignas y de pobreza, con pensiones que podemos catalogar de miserables y de hambre, que viven a menudo abandonados a su suerte y con enfermedades crónicas e irreversibles, en medio de la soledad y la desesperanza.

Hemos hecho esfuerzos, pero aún hay un largo camino por andar, ya que Chile lidera el proceso de envejecimiento latinoamericano, lo que se aprecia de forma evidente en los cambios de distribución en los grupos etarios, en un proceso acelerado de inversión de la pirámide poblacional. Según el censo realizado en 2017, se puede advertir una disminución importante de las personas menores de 14 años, las que se redujeron de un 25,7 por ciento, de acuerdo con el censo de 2002, a 20,1 por ciento en 2017. Al contrario, se puede constatar un incremento sostenido de las personas mayores de 64 años, quienes aumentaron de 12,2 por ciento, registrado en 2002, a 16,6 por ciento en 2017.

No obstante esta realidad y las cifras preocupantes, poco se ha logrado. Por tanto, valoro la creación de esta comisión, que, con toda seguridad, será una instancia valiosísima para aportar y crear una legislación proadulto mayor, ya que, más allá de mejorar las pensiones, que es una deuda que mantenemos por años, creo relevante caminar hacia la creación de un estatuto jurídico especial para nuestros veteranos, que tanto han aportado a nuestro país.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señor Presidente, las personas mayores quieren terminar su vida lo más cercano a ser felices. Pienso que el Chile de 2020 sigue siendo ingrato con ellas en cuanto a políticas públicas y leyes que los beneficien y protejan, sobre todo pensando en que en nuestro país el aumento del número de este grupo etario ha sido significativo.

Mi vivencia más cercana está dada hoy por la convivencia estrecha, desde hace más de una década, con dos adultos mayores espectaculares, especiales por cierto, de 84 y 87 años: mi padre y mi madre. Es muy importante tener conciencia y vislumbrar el paso del tiempo en sus cuerpos, en sus mentes, en su cadencia, en su mirada.

Mi vivencia con adultos mayores también tuvo lugar en el teatro, especialmente aquel desplegado en los barrios. Cada función terminaba con el sello maravilloso de una tremenda conversación con todos quienes asistían, muy especialmente con las personas mayores.

“Nosotros no hemos leído la historia: nosotros la hemos vivido”, relatan. Los sentidos van debilitándose por causas naturales, pero el esfuerzo de cada uno de ellos por retardar ese proceso es evidente. Sus corazones ya no trabajan al ritmo de la juventud, a lo que hay que añadir la suma de vivencias y emociones que absorben de la familia que han construido: hijos, hijas, nietos, nietas. Cada impacto emocional en las personas mayores se multiplica en proporción al número que compone su núcleo familiar. “Lo que sucede a nuestros nietos les afecta a nuestros hijos, y a nosotros nos golpea por tres generaciones”, me relata una orgullosa abuela, y termina diciendo: “Lo mismo sucede con los buenos momentos compartidos”.

Por eso, deberíamos tener mayor conciencia de su cuidado y protección de manera integral. Si bien el ser humano se perfila por la información que recibe desde los genes, su alimentación, el entorno, estudios y afectos brindados, en las personas mayores esto adquiere un valor que muchas veces puede significar prolongar su existencia en años y calidad.

Su fuerza interior y sabiduría, cuando han podido avanzar en la vida de manera sana, aumenta de manera proporcional al desgaste de su cuerpo, principalmente de sus músculos, por las caídas desgraciadamente habituales en ellos, sumadas a un entorno estructural urbano que escasamente facilita su desplazamiento y una población civil que cada día los invisibiliza más, sabiendo que las relaciones humanas y sociales son capitales para las personas, más aún para las personas mayores durante la pandemia. Sin duda, el afecto sigue siendo el mayor motor para movilizarlos en su vida.

Celebro que se haya aprobado la creación de esta comisión, porque reconoce a las personas mayores como foco de trabajo, y que se sume la discapacidad como tema de especial dedicación en la búsqueda de integración social plena e igualdad de derechos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN (vía telemática).-

Señor Presidente, en relación con la creación de la Comisión del Adulto Mayor […], porque en mi caso es la posibilidad de rejuvenecimiento, el cual es posible, dependiendo también de la actividad que uno esté haciendo […] Participo en las actividades que la vida me proponga, incluido el amor sin complejos, aun cuando no tenga que establecer compromiso de matrimonio.

En nombre de los adultos mayores -quizá, de algunos-, quiero aclarar que no nos gusta que nos traten como abuelitos; nos gusta que nos vean como personas, y muy importante en esto es la indispensable relación con las generaciones jóvenes, porque ellos nos inducen alegremente a la posibilidad de envejecer.

Yo me siento muy bien de tener 75 años de edad en un mundo que le tiene tanto temor u horror a envejecer. Los jóvenes me han dicho: “¡Qué bueno, Florcita! O sea, yo tengo futuro. Si tú tienes 75 años de edad, me quedan muchos años por vivir”.

Estoy feliz de este concepto de envejecimiento activo, pero me gusta más el concepto de rejuvenecimiento feliz, de rejuvenecimiento alegre.

Por consiguiente, vamos a participar sin ninguna precaución y alegremente, porque yo me siento un pelusa de 75 años de edad. Ustedes han visto que a veces me han querido castigar por ser pelusa.

Señor Presidente, muchas gracias. Usted se ve muy joven, como un cabro chico al lado de los 75 años de edad que tengo yo.

He dicho.

-Los puntos suspensivos corresponden a interrupciones en la transmisión telemática.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Keitel .

El señor KEITEL.-

Señor Presidente, en relación con el informe que acabo de leer, me gustaría recalcar algunas cifras, datos duros que es muy importante que todos los diputados y diputadas tengan en consideración al momento de votar.

El 18 por ciento de los habitantes del país son adultos mayores, o sea, prácticamente tres millones de personas; el 17 por ciento del país tiene algún grado de discapacidad leve o severa, o sea, dos millones ochocientas mil personas. De ese 18 por ciento de adultos mayores, el 40 por ciento tiene algún grado de discapacidad leve o severa, y muchos de ellos tienen problemas de salud mental.

Quiero contarles un poco la historia de lo que ha pasado en la Cámara de Diputados. Desde el 2005 al 2013 existió una Comisión -permanente- de Discapacidad, la cual en 2013 pasó a ser parte de la Comisión de Desarrollo Social, que en ese entonces pasó a llamarse Comisión de Desarrollo Social y Discapacidad, y que terminó en 2017. Actualmente, en la Comisión de Desarrollo Social, instancia en que se supone se debieran ver todos los proyectos de discapacidad, ni siquiera aparece la palabra “discapacidad” en el nombre de la comisión. Por eso, la importancia de lo que vimos ayer en la Comisión de Constitución, en cuanto a agregar al proyecto inicial, que consistía en crear una comisión del adulto mayor, algo tan importante para la sociedad chilena como es la discapacidad.

Ayer también se vio el cambio de nombre de la comisión, a fin de dejarla finalmente como Comisión de Personas Mayores y Discapacidad.

Con esto vamos a lograr apoyar a gran parte de la sociedad chilena. Todos ellos merecen una vida con la mayor dignidad posible; tenemos que abarcar a este gran grupo de personas.

Quiero agradecer al presidente de la comisión, el diputado Matías Walker , por haber puesto el proyecto en tabla. También quiero agradecer a las diputadas Pamela Jiles y Carolina Marzán , y a mi gran y querido jefe de bancada, el diputado Luciano Cruz-Coke , por el tremendo apoyo que me dieron ayer en la comisión, así como también a cada uno de los diputados y diputadas que son parte de la comisión y que unánimemente votaron a favor este proyecto.

Espero que todo resulte muy bien y que trabajemos de manera muy seria en esta nueva Comisión de Personas Mayores y Discapacidad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Sanitario para regular la realización de estudios y ensayos clínicos, tendientes a la obtención de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, para el combate de las enfermedades que motivan una alerta sanitaria.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités, y tres minutos al resto, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional. Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor José Miguel Castro .

Antecedentes:

-Moción, sesión 41ª de la presente legislatura, en martes 14 de julio de 2020.

Documentos de la Cuenta N° 14.

-Informe de la Comisión de Salud, sesión 62ª de la presente legislatura, en miércoles 19 de agosto de 2020. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Salud.

El señor CASTRO (don José Miguel) [vía telemática].-

Señor Presidente, en nombre de Comisión de Salud paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que modifica el Código Sanitario para regular la realización de estudios y ensayos clínicos, tendientes a la obtención de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, para el combate de las enfermedades que motivan una alerta sanitaria.

El proyecto se inició en una moción de los diputados Juan Luis Castro , Ricardo Celis , Sofía Cid , Harry Jürgensen , Javier Macaya , Ximena Ossandón , Diego Schalper y quien habla, José Miguel Castro , así como también de los entonces diputados Jaime Bellolio Avaria y Mario Desbordes Jiménez .

La idea matriz o fundamental del proyecto es establecer una normativa especial para flexibilizar las disposiciones vigentes que permitan y faciliten al país participar en ensayos clínicos referidos a tratamientos para enfermedades que hayan dado lugar a una epidemia o pandemia.

Fundamentos del proyecto contenidos en la moción

La moción hace presente que el avance de la pandemia por covid-19 afecta a todo el mundo, y es la causa número uno del mayor número de muertes en el último tiempo.

El gran impedimento que existe aún para poder controlar el avance y propagación del virus es la carencia de una vacuna que permita prevenir el contagio o, en su defecto, atenuar los síntomas en caso de un contagio inminente.

Así, en todo el mundo se realiza una exhaustiva búsqueda de la tan ansiada y esperada vacuna. Actualmente, existen algunos países que han señalado contar con una alternativa que requiere el testeo necesario para poder ser aprobada y, posteriormente, distribuida mundialmente, en caso de tener resultado positivo.

Dentro de ellas, se encuentra la alternativa propuesta por el laboratorio Sinovac Biotech , ubicado en Beijing, China . Ellos cuentan con la vacuna denominada Coronavac, la que, de acuerdo con lo informado por sus creadores, luego de las pruebas efectuadas, el 90 por ciento de las personas que participaron en los estudios desarrollaron anticuerpos neutralizantes y fueron capaces de prevenir la infección por coronavirus.

Dentro de los países que se encuentran considerados para la realización de ensayos clínicos de esta alternativa asiática se encuentran Chile y Brasil. Es importante, además, que dichos testeos se realicen no solo en la capital del país, sino también en regiones, a fin de avanzar en el compromiso con la descentralización.

[…]

-Los puntos suspensivos corresponden a una interrupción en la transmisión telemática.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Señoras y señores diputados, mientras se restablece la comunicación con el diputado informante, seguiré leyendo el informe. Procedo a leer:

En aspectos específicos del proyecto, se atiende al plazo de duración de la responsabilidad del ente que participa en la investigación y ensayo clínico. En la actualidad los plazos de prescripción de la responsabilidad por daños causados con ocasión, o que se considere que han sido causados con ocasión del ensayo clínico, son muy largos en el tiempo, no obstante que, desde el punto de vista técnico, los eventos adversos de una vacuna la mayoría de las veces se manifiestan antes de los dos meses, en general los primeros días, por lo que aquello que puede ser atribuido a una vacuna es fácil de identificar en el tiempo. Por eso, se ha considerado que la legislación vigente en materia de responsabilidad por investigaciones médicas es un problema para el desarrollo de diversos tipos de investigaciones que puedan realizarse para enfrentar la pandemia.

Si bien el investigador es responsable por los daños ocurridos con “ocasión” de la investigación, a veces ello se toma demasiado amplio en su interpretación, lo que puede hacerlo responsable por hechos no directamente relacionados con la investigación, sino precisamente con la enfermedad que es analizada y que podría verificarse en un período indeterminado de tiempo después de ocurrida dicha investigación.

Estructura del proyecto.

La moción original está constituida por un artículo único permanente, mediante el cual se propone incorporar en el Código Sanitario un artículo 111 G bis, que se incorpora como norma final del Título V, que trata de los ensayos clínicos.

El texto despachado por la comisión que se propone y somete a consideración de la Sala cuenta, además, con un artículo transitorio agregado en la discusión de la comisión.

En la discusión general de la moción se escuchó la opinión de las autoridades, instituciones y personas invitadas a exponer, y que están vinculadas de alguna manera con el tema que se propone regular.

Participaron en estas sesiones el ministro de Ciencia, Tecnologías, Conocimiento e Innovación; el ministro de Salud; académicos de la Universidad Católica de Chile y de su Centro de Bioética; del Instituto Milenio; de la Sociedad de Infectología; abogadas y, finalmente, representantes de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes (AChAP) y de la Federación de Enfermedades poco Frecuentes (Fenpof), y del defensor y promotor de los derechos humanos de las víctimas de la talidomida y de las personas con discapacidad.

Discusión propiamente tal en el seno de la comisión.

Hubo coincidencia de que desde el ministerio apoyan esta iniciativa legal, pues se disponen estándares más fáciles de cumplir para quienes desarrollan investigaciones científicas y ensayos clínicos, atendiendo a que los actuales son de difícil cumplimiento. Con todo, entiende que estas reglas especiales y más flexibles están destinadas para supuestos de investigación motivadas por situaciones especiales, situaciones que motiven la declaración de una alerta sanitaria o de un estado de excepción constitucional de catástrofe originado por una pandemia o epidemia.

En la discusión hubo conciencia de que si bien se ha publicado que los desarrolladores de vacunas desean producir 1.000 millones de unidades, eso no es suficiente para un mundo de 8.000 millones de personas. En tal sentido, si países como Chile desean tener opciones preferentes para acceder a las eventuales vacunas que se produzcan, tienen que someterse a ensayos clínicos, pero si las reglas para el desarrollo de esos ensayos son muy complejas, quienes desarrollan las vacunas no elegirán al país para el desarrollo de los mismos.

Hubo coincidencia en que uno de los puntos a abordar es la obligación que pesa sobre el titular de la investigación de proporcionar el tratamiento a las personas que participan en la investigación por todo el tiempo que dure el tratamiento, pues tratándose de una vacuna, ese plazo es difícil de definir y puede significar toda la vida del sujeto, lo cual no se estima adecuado.

En cuanto al plazo de prescripción, actualmente puede ser indefinido, pues la acción de responsabilidad puede ser ejercida hasta cincuenta o sesenta años después de ocurrido el proceso de investigación, y hasta diez años después de ocurrida la muerte del sujeto que participó en ella. Se optó y consensuó como plazo tope para hacer efectiva la responsabilidad el de diez años luego de efectuada la administración de la última dosis del ensayo, estimándose como razonable atendidas las consideraciones tenidas a la vista en relación con las posibilidades de tener consecuencias médicas con ocasión de ella.

Es muy necesario recalcar que debe tenerse presente que habrá menos vacunas que personas a vacunar, y, aún cuando sea lamentable, ocurrirá una competencia mundial por su acceso. En tal sentido, hay que adecuar la regulación a los requerimientos de los productores de vacunas, pues, de lo contrario, el país accedería a ellas al final del reparto a nivel mundial, luego de los países que las compraron masivamente o de aquellos que decidieron participar en los ensayos clínicos.

Recordemos que los países que participen en dichos estudios accederán en forma preferente a la adquisición de dosis una vez que exista la vacuna, lo que es de suyo importante considerando que las proyecciones informan que la producción de vacunas será, por algunos años, menor a la cantidad de personas que las necesitarán.

Votación general del proyecto.

La comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos generales tenidos en consideración en la moción, y luego de escuchar a expertos en el tema e intercambiar opiniones entre los diputados presentes, lo que le permitió formarse una idea de la conveniencia o inconveniencia de la iniciativa legal sometida a su conocimiento, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los diputados presentes: 13 votos a favor.

Votaron los siguientes diputados y diputadas: Cariola , Juan Luis Castro , Andrés Celis , Ricardo Celis , Crispi , José Miguel Castro (en reemplazo del diputado Jorge Durán) , Gahona , Ibáñez , Macaya , Ossandón , Rosas y Torres , y el entonces diputado Bellolio .

Por los motivos expuestos, la comisión insta a la Sala a votar favorablemente este proyecto de ley y facilitar así que Chile pueda acceder en forma oportuna y suficiente a vacunas que puedan salvar la vida y la salud de su población. Muchas gracias.

En discusión el proyecto

Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis Araya .

El señor CELIS (don Ricardo) [vía telemática].-

Señor Presidente, este proyecto presentó complejidades en su discusión, fundamentalmente porque nosotros entendimos -así lo tuvo siempre presente la comisión- que era necesario avanzar, como país, en la obtención de una vacuna contra el coronavirus de manera preferencial.

También comprendimos que un elemento importante dice relación con los efectos adversos que pueden ocurrir en un proceso de ensayo clínico.

Por lo tanto, aquí está en discusión cómo somos capaces de avanzar como país en los estudios, siendo parte de los ensayos clínicos en la búsqueda de una vacuna para el coronavirus y, a la vez, de respetar lo más posible a las personas que participan de esos ensayos clínicos ante los efectos adversos que puedan ocurrir.

Como sabemos, las acciones civiles en materia de responsabilidad por daños no pueden ejercerse indefinidamente y se encuentran sujetas a reglas de prescripción, que es lo que se señala en el informe. La ley Ricarte Soto aborda este tema y establece diez años de responsabilidad civil, pero no considera un elemento importante: no deja fijo el momento desde el que se hace efectiva esta garantía o la responsabilidad civil para empresas o universidades o quienes fueron parte de los ensayos clínicos.

La prescripción es uno de los modos de extinguir las obligaciones, como muy bien se ha señalado en el informe, y la responsabilidad civil sobre ensayos clínicos por productos farmacéuticos y otros elementos de uso médico consagra dos aspectos que lo diferencian del régimen civil en general: primero, el plazo de prescripción será de diez años y no de cuatro, como en las acciones para perseguir la responsabilidad civil en el régimen general. Segundo, este tiempo se computa desde la manifestación del daño y no desde la perpetración del acto. La época de la perpetración del acto ha sido interpretada de dos maneras distintas: una, asociada al momento en que se origina el hecho -en este caso el ensayo clínico-, y otra, vinculada a cuando se manifiesta el daño, el efecto adverso, producto del ensayo clínico en la búsqueda de una vacuna.

Debido a que el proyecto de ley (boletín N° 13642-11) que estamos discutiendo se remite al artículo 2332 del Código Civil para computar el plazo, se consagraría una prescripción de cuatro años desde la perpetración del acto. Pero en este caso tenemos claro que la ley Ricarte Soto establece diez años y que lo hace desde la manifestación de los síntomas o la manifestación del daño. Por ello, la comisión revisó este tema en forma exhaustiva, entendiendo que debemos avanzar fundamentalmente en ensayos clínicos para la obtención de la vacuna, mientras exista un estado de excepción constitucional debido a una pandemia o epidemia, no en cualquier momento -queda circunscripto exclusivamente a un estado excepcional debido a una epidemia o pandemia-, y estableció los diez años que hoy dispone la ley Ricarte Soto como plazo para perseguir la responsabilidad civil, pero -reitero- lo circunscribe o lo limita desde la perpetración del ensayo clínico, o sea, desde el momento en que la persona recibe la última dosis del ensayo clínico. Este asunto fue objeto de una amplia discusión.

Creemos que en el proyecto se mantienen los derechos de las personas que son sujetos de un ensayo clínico, las responsabilidades civiles de la empresa o de quien lo lleve adelante, quien tiene la obligación de la carga de la prueba, a diferencia de cómo estaba manifestado inicialmente, y la continuidad de la persona que está sujeta al ensayo clínico.

Creemos que estamos atendiendo al cuidado de las personas y a un ensayo clínico adecuado…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado José Miguel Castro Bascuñán .

El señor CASTRO (don José Miguel) [vía telemática].-

Señor Presidente, le agradezco por haber rendido el resto del informe de la Comisión de Salud.

Primero, quiero dar las gracias. Siempre parto mis discursos dando las gracias a las personas que hacen posible que contemos con estos informes; es imposible que tramitemos todos los proyectos. Gracias a la secretaria de la Comisión de Salud, Ana María Skoknic ; a Cristian Ortiz y a Silvia Rivas , quienes participaron en todas las sesiones de la Comisión de Salud en las que participamos nosotros. Agradezco al ministerio y a las personas que apoyaron este proyecto: Jaime González , Jorge Hübner y el doctor Enrique Accorsi . Agradezco a la gente de la academia que participó en este proyecto: Paulina Ramos y Alexis Kalergis . Por supuesto, agradezco a los diputados Ricardo Celis , Andrés Celis, Juan Luis Castro , Patricio Rosas , Javier Macaya , Jaime Bellolio , ahora ministro, Ximena Ossandón y Jorge Durán . En especial, agradezco a alguien que ha apoyado fuertemente el tema de las vacunas, lo que sin duda será una bandera que él llevará el día de mañana y por lo cual tendrá una escarapela colgada en su corazón, ya que gracias a él pudimos acceder a la vacuna. Estoy hablando del ministro de Salud, una persona comprometida con la salud pública, una persona a la que no se le puede poner en entredicho su compromiso con la salud pública y con todo Chile. Agradezco al ministro Paris por empujar este proyecto y haberle dado la urgencia que necesitaba.

Voy a hablar no desde mis palabras, sino desde las de otros, acerca de los ensayos clínicos. Paso a leer una carta escrita a El Mercurio que dice: “…las sociedades que no desarrollan o participan de los procesos de investigación biomédica quedan relegadas a lugares secundarios de desarrollo, innovación y oportunidades. (…)

La inmensa mayoría de los medicamentos modernos han sido autorizados después de haber sido sometidos a ensayos clínicos. Eso es lo que se pretende hacer en el mundo para contar con tratamientos y vacunas contra el nuevo coronavirus.

La investigación biomédica nacional sufrió un fuerte revés el 2015 por haberse aprobado disposiciones extremadamente restrictivas en las leyes denominadas “Deberes y Derechos de los Pacientes” y “ Ricarte Soto ”. Dichas restricciones, aunque bien intencionadas, por supuesto, no existen -quiero ser tajante aquí: no existen- en ningún país industrializado, y llevaron a una marcada disminución de ensayos clínicos, especialmente en enfermedades tan graves como el cáncer, afecciones psiquiátricas, neurológicas, respiratorias e infecciosas. Estas disposiciones han inhibido la iniciación de ensayos clínicos en el país y pueden dejarnos fuera de la evaluación de nuevos medicamentos para tratar y vacunas para prevenir la avasalladora pandemia de Covid-19.”. Esta carta fue escrita por Rodolfo Armas Merino , presidente de la Academia Chilena de Medicina, y Arnoldo Quezada Lagos , secretario. Son más de doce grupos de médicos los que también hacen un llamado a aprobar este proyecto; doce sociedades médicas. Es sumamente importante.

Estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde, en el fondo, lo queremos todo gratis, donde el esfuerzo no cabe, donde ganarse las cosas no existe. Simplemente a través de leyes o a través de la magia muchas veces escuchamos a algunos decir que vamos a poder obtener lo que queremos. Es imposible que el mundo desarrolle más de 1.000 o 1.500 millones de dosis para el 2021, y somos más de 8.000 millones los que existimos en este planeta. Indudablemente, si se quiere, hay que trabajar. Y yo quiero que Chile no sea un simple espectador de lo que es el desarrollo de la vacuna; quiero que seamos parte, que estemos dentro de la cadena de valor, de manera que podamos anticiparnos y estar primeros en la fila con respecto a las vacunas.

Es de suma importancia que el Congreso Nacional tome conciencia de que tenemos que flexibilizar, sobre todo ahora, ciertas normas y ponernos a la altura de lo que hacen los países industrializados y del primer mundo -quizás mal llamados así-.

Necesitamos aprobar este proyecto. Agradezco a todos aquellos que de forma transversal lo apoyaron. Pido a la Cámara que hagamos de este un día trascendental e histórico en la carrera por la vacuna contra la covid-19.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Miguel Crispi Serrano .

El señor CRISPI (vía telemática).-

Señor Presidente, creo que este proyecto de ley tensiona.

En mi intervención quiero intentar convencer a los diputados y diputadas de votarlo en contra, al contrario de lo que probablemente dicen sus minutas de votación.

Lo que se está señalando con esta iniciativa es que, al disminuir las barreras que protegen a los pacientes, cuando participan de un ensayo clínico, se generarán incentivos para aumentar la investigación científica y para que Chile pueda obtener la vacuna. Ambas cosas son igualmente relevantes, tanto que Chile tenga más chances de tener la vacuna como la protección a los pacientes.

Los estándares de protección a los pacientes que tenemos hoy son los que ganaron los pacientes y las pacientes durante la discusión del denominado proyecto de ley Ricarte Soto.

Al respecto, no estoy de acuerdo con lo que señaló el diputado Ricardo Celis , porque la ley es clara, no hay incertidumbre. La ley señala que una persona que participa de un ensayo clínico tiene hasta diez años, después de que se manifiesta el daño, para denunciar al laboratorio que haya sido responsable de ese ensayo clínico. Me parece que eso está bien, que es correcto, y eso no significa estar en contra de que Chile avance y tenga más chances de obtener una vacuna.

La pregunta que debemos formularnos es cuáles son los medios y los incentivos que vamos a generar para que Chile pueda avanzar en esa dirección. Yo creo que cuando los incentivos del mercado se cruzan con el ámbito de la salud se generan muy malos resultados.

Por ejemplo, ¿cuál fue la palanca con la que hoy se hizo el convenio con el laboratorio chino Sinovac Biotech ? La palanca no fue disminuir la protección a los pacientes; la palanca fue el compromiso del Estado de poner 2.600 millones de pesos sobre la mesa y la participación de una alianza público-privada.

¿Qué otras cosas podríamos hacer? El Estado chileno podría comprometerse más con sus universidades y decir que las va a apoyar, que va a ser su aval, en caso de que algunas de las personas que participen de los ensayos clínicos tengan daños en el futuro; todo eso se podría hacer. Pero el camino que se escoge en esta moción es disminuir la protección a los pacientes.

El proyecto original no solo disminuía la protección en años, sino también en relación con el peso de la prueba: establecía que era el paciente el que tenía que decir cuándo suponía que se había generado un daño y demostrarlo. Ninguna persona normal podría hacerlo, solo un laboratorio tiene la posibilidad de hacer esa investigación y comprobarla.

Por otro lado, se negaba el derecho a las personas que participaban de los ensayos clínicos de mantener la continuidad del tratamiento: estas podían partir con un ensayo, pero en cualquier momento se lo podían cortan. La disposición que consagraba aquello se eliminó, lo que se puede considerar una noticia positiva, pero es peligroso que se haya rebajado el plazo de diez años después de que se realiza la última inoculación, la última inyección, o después de que se toma la última pastilla de este ensayo clínico, porque hay muchas enfermedades cuyas consecuencias se manifiestan en el largo plazo.

¿Qué tipo de enfermedades son aquellas? Por ejemplo, las enfermedades relacionadas con la imposibilidad de ser padres. La carga genética, las modificaciones genéticas que generan los ensayos puede hacer que una persona joven, que hoy necesita la plata, participe de un ensayo, pero que en diez años más, cuando quiera ser padre, no pueda serlo. Para ese momento ya no podrá demandar al laboratorio clínico.

En resumen, creo que este es un debate complejo. Por supuesto, todos compartimos la necesidad de que Chile avance y de que tenga más chances de contar con la vacuna, pero no estoy de acuerdo con que se haga a costa de los pacientes.

Creo que es el Estado el que debe hacerse cargo, como lo está haciendo con el laboratorio chino, poniendo plata sobre la mesa y generando los incentivos institucionales y financieros; pero no que el incentivo sea bajar la barrera de la protección de los pacientes, porque -de nuevo- cuando el capitalismo y los incentivos del mercado se cruzan con el derecho a la salud, obtenemos muy malos resultados.

Eso es todo cuanto quiero plantear. Espero haber convencido a algunos diputados de votar en contra de lo que dice su minuta de votación.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena) [vía telemática].-

Señor Presidente, agradezco la invitación del diputado José Miguel Castro a suscribir este proyecto, que tiene como idea matriz o fundamental el establecimiento de una norma especial para flexibilizar las disposiciones vigentes que permitan y faciliten al país participar en ensayos clínicos referidos a tratamientos para enfermedades que hayan dado lugar a una epidemia o pandemia.

Entonces, esto no es para todas las circunstancias, sino concretamente para esas instancias.

Todos sabemos que la situación es hoy especial, y queremos con ansias -todo Chile lo quiere- que llegue la vacuna contra la covid-19. Estamos todos muy esperanzados, porque se sabe que hay varios ensayos en el mundo que se encuentran en distintas etapas.

Chile está también haciendo un esfuerzo para adquirir la vacuna. Somos un país pequeño, no somos una potencia mundial, pero de alguna forma tenemos que conseguir, lo antes posible, la vacuna en la cantidad necesaria y con la calidad que se requiere.

En consecuencia, el objetivo del proyecto es garantizar el suministro oportuno y equitativo de una vacuna segura y efectiva contra la covid-19, a través de la colaboración internacional en investigación y desarrollo. Para eso debemos poner a disposición tanto las capacidades como las ventajas que tenemos como país; no son muchas, pero algunas tenemos.

Sabemos que existe un comité de expertos que está evaluando las distintas ofertas y que da la luz verde para que las cosas continúen. Asimismo, tenemos claro que hoy existe una alianza, tal como se dijo y se leyeron los montos, entre la Universidad Católica, el Estado, la CPC y el laboratorio chino Sinovac Biotech .

Sabemos que hay otro laboratorio que está en carrera, pero no tenemos mayor información al respecto, porque el comité de expertos es el encargado de evaluar todo esto.

Esta colaboración científica es distinta a las tradicionales -quiero hacer hincapié en esto-, por la urgencia. En todas partes del mundo se está dando esta colaboración público-privada. Normalmente, los laboratorios se encargan de los costos, pero este caso es distinto, debido a la pandemia. Se está generando una situación que es anómala en esta materia: la colaboración público-privada.

La normativa chilena vigente presenta algunas barreras en términos de costos sobre las eventuales consecuencias, como señalaron los diputados Miguel Crispi y Ricardo Celis . Resulta muy oneroso para una aseguradora o para una universidad responder a las posibles consecuencias y a los eventuales daños que se produzcan en el futuro, situación que el diputado Crispi explicó muy bien.

Sin embargo, quiero mostrar la otra cara. Si yo participo de un estudio y supuestamente se manifiesta o yo considero que se manifiesta un daño treinta años después, tengo que probarlo. ¿Qué aseguradora o laboratorio va a querer asumir ese costo hoy, pues prácticamente la persona podría estar toda una vida cubierta? Porque perfectamente puedes decir que todo lo que te ha pasado en tu vida -independiente de que sea cierto- ha sido producto de ese ensayo clínico, al cual se asistió voluntariamente.

Entonces, lo que hace este proyecto frente a esa situación, que fue la más discutida, es el establecimiento de un plazo de prescripción de diez años para demandar los daños provocados por los ensayos clínicos, los que serán contados desde la administración de la última dosis del ensayo.

Pero me quiero detener un poco sobre este aspecto. Los ensayos clínicos registrados en el Instituto de Salud Pública han disminuido. Desde que se promulgó la ley que regula los derechos de los pacientes, el porcentaje de los ensayos clínicos disminuyó de 95 a 75 por ciento. Se trata de un problema respecto del cual esta Cámara deberá debatir en breve tiempo más.

Hoy la investigación es muy importante, como siempre lo ha sido. ¿Por qué es tan importante la investigación para Chile? Porque tenemos enfermedades que son muy propias, producto de nuestra raza, como el cáncer gástrico y la vesícula biliar. Son enfermedades que a otros países, que son grandes potencias en esta materia, no les interesan, a las que no dan prioridad.

Entonces, de alguna forma Chile ha ido perdiendo. Por eso se debe ampliar la capacidad de investigación para avanzar, por ejemplo, en el combate contra la covid-19. Estamos quedando fuera de la línea. Por eso Argentina va a producir la vacuna, pero nosotros no.

Hoy tenemos exigencias que hacen que los laboratorios se estén yendo a Argentina y a Brasil, y no es que ellos no tengan normas, porque usan la norma y los estándares internacionales. Nosotros hemos ido mucho más allá, con lo cual se han ido desincentivando todos los estudios científicos que se deberían estar haciendo en nuestro país.

En consecuencia, deberemos abordar ese tema, que tiene muy preocupada a toda la sociedad científica.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Verdessi .

El señor VERDESSI.-

Señor Presidente, la necesidad de tener vacunas rápidamente es algo evidente, pero sobre el tema hay dos miradas.

Una mirada es la que tienen países como Rusia, que ha adelantado etapas, con lo cual ha sometido a riesgo a muchas personas. Científicamente, es posible avanzar sin saltarse etapas.

Yo creo que el tema de las responsabilidades civiles, los plazos y los ensayos clínicos en pandemia requiere una mirada especial; sin embargo, nunca deberíamos suspender los derechos de los pacientes. La mirada que uno tiene como médico pone de manifiesto la necesidad de no dejar inermes a los pacientes frente a los fracasos terapéuticos.

Hoy día, evidentemente, el incentivo económico para la investigación no es una buena arma. El incentivo debe ser la investigación misma, el lograr la sanidad, el conseguir el estímulo; el estímulo debe estar dado por la ciencia, no por el mercado.

Entonces, a mí me complica bastante el hecho de que en esta materia haya daños a pacientes que después de diez años no puedan ser reparados desde el punto de vista legal.

Por eso, la reflexión que debemos hacer es en el sentido de que Chile tiene una vasta experiencia en el ámbito de las vacunas. Por ejemplo, nosotros hemos ido muchas veces a otros países a revisar sus protocolos, pero no hemos incorporado las vacunas correspondientes por no cumplir con los estándares exigidos en Chile, que son muy altos. Creo que debemos tener la precaución de no bajar esos estándares.

Por lo tanto, aun cuando entiendo el buen sentido de este proyecto, tendré una mirada más vigilante. Lo digo sin el intento de representar un pensamiento de bancada, sino como médico.

En ese sentido, me voy a sumar a opinión de mi colega Víctor Torres , quien tiene una postura crítica al respecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, en la Comisión de Salud analizamos este proyecto, que busca regular la realización de estudios clínicos para la obtención de productos farmacéuticos y dispositivos médicos para el combate de enfermedades que motivan una alerta sanitaria. En dicha instancia vimos los riesgos que significaba bajar la responsabilidad sobre los efectos atribuibles a los ensayos clínicos en pacientes.

Tal como mis colegas médicos lo han expresado acá, esta situación es compleja. Resulta difícil bajar la seguridad respecto de los estudios clínicos, porque muchas veces los efectos adversos se manifiestan muchos años después de su realización. Por lo tanto, limitar solo a diez años el plazo de prescripción para impetrar la acción de daños es un riesgo demasiado grande para nuestros pacientes.

Hasta fines de los años 90, en Chile producíamos casi todas las vacunas de nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones. Creo que debemos recuperar esa práctica, porque en nuestro país tenemos un potencial científico muy grande, muy desarrollado, y no solo en Santiago, sino en todas las regiones.

Dejo hecha esa observación.

Por otro lado, hay que considerar que en el campo de las vacunas que tanto necesitamos hoy día a causa del coronavirus y los efectos que la falta de ellas está ocasionando en nuestra economía, en nuestro país, en la muerte de miles y miles de chilenos, y de millones de personas a nivel mundial, existe un acuerdo, el de Costa Rica, el cual Chile suscribió, en el sentido de que las vacunas serán un bien esencial mundial. En consecuencia, hay que hacer valer ese acuerdo ante las naciones para que no se especule con el tema de quién obtiene la vacuna primero y quién tiene acceso o no a ella.

Además, sabemos que en estos momentos hay 166 estudios de vacunas en el mundo; 28 de ellas ya se encuentran en ensayos avanzados y 6 entrando en fase 3. Por tanto, hoy día tenemos en marcha muchos proyectos. De estas vacunas, según los expertos, no más del 16 por ciento tendrá éxito. Así, tampoco podemos poner todas nuestras fichas y toda nuestra capacidad intelectual y nuestros científicos apostando a una u otra.

Se han elegido algunas. Sinovac, el laboratorio chino, ya firmó un acuerdo con la Universidad Católica, que cuenta con apoyo del gobierno, para tener un acceso preferencial a 20 millones de dosis, lo que constituye una buena medida.

Pero la discusión que tuvimos en la Comisión de Salud no da cuenta de que bajar el riesgo a los pacientes y reducir a diez años el plazo en cuanto a la responsabilidad por un posible daño sea esencial para desarrollar este tipo de estudios, sino todo lo contrario. En este tipo de estudios es esencial la colaboración con una universidad y los recursos que puedan agenciar tanto la casa de estudios superiores como el gobierno de Chile.

Pero no solo de vacunas podemos hablar en este momento. Tenemos muchos ensayos clínicos para productos farmacéuticos; por ejemplo, lo que está desarrollando un equipo de la Universidad Austral de Chile en la Región de Los Ríos: una investigación con nanoanticuerpos de alpacas. Recientemente, dicha institución ha logrado conseguir un anticuerpo que es ciento por ciento efectivo para neutralizar el coronavirus y hasta sus cepas más agresivas.

Ese equipo desarrolló con anterioridad nanoanticuerpos para neutralizar el virus Hanta , lo que para nosotros, en la Región de Los Ríos y más al sur, fue fundamental, porque a partir de esos nanoanticuerpos se desarrolló un test para poder detectar rápidamente el virus.

De igual modo, esos mismos nanoanticuerpos permitieron el desarrollo de un dispositivo por la industria Sanofi , que es como una aerocámara que elimina el virus sincicial respiratorio en los pacientes.

En la última prueba, realizada hace un mes, se demostró que los nanoanticuerpos son un elemento útil, una herramienta positiva para tratar el coronavirus, cuyo éxito ya se encuentra documentado.

Por eso debemos ampliar nuestra mirada y no solo pensar en las vacunas -probablemente, como mencioné, no todas tengan éxito; quizás solo el 16 o el 17 por ciento lo tengan, y tal vez demoren más de dos años en ponerse a nuestra ciudadanía-, y enfocarnos en apoyar proyectos, como el desarrollo de herramientas como la que hemos planteado desde Valdivia , en la Región de Los Ríos, cual es la técnica de los nanoanticuerpos de alpaca, un sistema de proteínas que se desarrolla en esa especie animal, que tiene una alta facilidad de desarrollo y, además, neutraliza ciento por ciento el virus.

Por lo expuesto, anuncio que apoyaré este proyecto, excepto en lo referido a la disminución a diez años de la prescripción de la acción para perseguir la responsabilidad por daños producidos a raíz de un estudio clínico.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA, doña Karol (vía telemática).-

Señor Presidente, quiero partir comentando que no tengo dudas de las buenas intenciones de algunos parlamentarios, y particularmente de aquellos que apoyaron este proyecto. Es más, en la Comisión de Salud la gran mayoría de los diputados votamos a favor la iniciativa en general, en la búsqueda de introducirle alguna mejoría, porque creíamos que en el inicio efectivamente había buenas intenciones para poder llevar adelante la propuesta. Ello, con todas las observaciones que aquí se han hecho y que comparto plenamente, en especial las del diputado Miguel Crispi .

Quiero hacer algunos análisis.

Si bien en un principio nos pareció que esta propuesta podía ser mejorada si existía una voluntad por parte de los autores de avanzar en modificaciones que realmente nos llevaran a garantizar lo que se busca: en el fondo, facilitar mecanismos de investigación, vinculando lo público y lo privado, y, fundamentalmente, facilitando algunos procedimientos a aquellas instituciones que cuentan con menos recursos, como las universidades, a todos y todas nos llamó la atención, y creemos que es muy importante mencionarlo en esta discusión, lo siguiente:

Primero, que los pacientes, las organizaciones de pacientes, acusaron de forma permanente que la propuesta desregula la materia en cuestión y, principalmente, desprotege a las personas frente a la mercantilización de la salud y el mercado farmacéutico.

El nivel de desconfianza que existe en la población chilena -yo me sumo a esa desconfianza- respecto del mercado farmacéutico y de esta mirada permanente que pone a la salud como un instrumento que puede ser mercantilizado sin ningún tipo de limitaciones es algo que no nos gusta, por lo cual pensamos que se debe cambiar.

También nos llamó profundamente la atención algo que, al menos para mí, fue un factor de alerta -debo decirlo con mucha responsabilidad- y me generó cierta sospecha. Me refiero a que este proyecto de ley, presentado por algunos parlamentarios, contó con el patrocinio del Ejecutivo y recibió la calificación de urgencia de “discusión inmediata”, sin conocimiento previo, porque lo conocimos durante su tramitación. Estoy hablando de la suscripción de un acuerdo tripartito alcanzado entre el gobierno, el laboratorio Sinovac y la Universidad Católica para colaborar en un ensayo clínico que está valorizado en 5.200 millones de pesos, de los cuales 2.600 millones corresponden a aporte del Estado.

Ante esto, surgió la pregunta -todavía tengo la duda- acerca de lo ético de este proyecto de ley, que, de alguna manera, se hace a la medida de un acuerdo que ya está funcionando.

Me parece cuestionable tramitar un proyecto como este, dado que ya se está avanzando en la ejecución de un acuerdo que se dio de manera explícita, el que, además, busca financiar, a través de la seguridad de los pacientes, de la ciudadanía, de los usuarios, la posibilidad de incentivar la producción de un determinado medicamento, en este caso la vacuna contra la covid-19, por parte de un laboratorio privado.

La verdad es que pongo en cuestionamiento las condiciones éticas en las que se ha desarrollado este proyecto de ley, razón por la cual, si bien en su momento, de buena fe, aprobamos en general la idea de legislar, no estamos conformes con los términos en que salió de la comisión, más todavía al conocer la iniciativa inicial -valga la redundancia-, en que se dejaba de aplicar el artículo 111 c, que dice que los laboratorios no tienen la obligación de continuar sin costo los tratamientos de los pacientes que se sometan voluntariamente a los ensayos clínicos, es decir, que los pacientes se sometan a experimentos para encontrar cura a las enfermedades respecto de las cuales hoy no existe vacuna, y que, una vez descubierta, a los mismos colaboradores se les cobre por el tratamiento.

Estuvimos en contra de eso, y por supuesto que estamos en contra de la disminución de los años en la cobertura de seguridad de los tratamientos. Por eso, creemos que este proyecto, al menos tal como está, no puede ser aprobado, así que vamos a votarlo en contra. Solo vamos a aprobar aquellas modificaciones que se hicieron en la Comisión de Salud en función de la protección de los pacientes.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES.-

Señor Presidente, en toda obra humana, independientemente de las necesidades de mejoras o del área de que se trate o de cuánto pueda requerirse en la búsqueda de herramientas o instrumentos para mejorar las condiciones o nivel de vida de las personas o de las comunidades, se debe ser muy cuidadoso, éticamente cuidadoso y especialmente cauteloso, mientras no estén absolutamente despejadas las dudas de sus daños colaterales o los perjuicios posteriores a las personas que intervienen o que finalmente sean sujetos de “los beneficios” de una nueva tecnología.

¿Por qué lo digo? Porque, en términos generales, las obras humanas, en cualquiera de las áreas, también pueden ser presa de intereses poco altruistas o que derechamente no buscan el bienestar de las personas o de las comunidades, sino la renta fácil y contundente.

En el caso de la salud, particularmente en el proyecto que aquí se trata, no voy a poner jamás en duda la buena intención de los colegas que lo han propiciado, apoyado o construido. Lo que sí pongo es un acento muy claro respecto de los alcances y consecuencias que puede tener este proyecto, de convertirse en ley, si cae en manos de los inescrupulosos que ya conocemos.

Está claro que, en el caso de los esfuerzos en investigación en salud, de los esfuerzos por desarrollar tecnologías, de los esfuerzos en realizar ensayos clínicos con seres vivos, particularmente con seres humanos, hay que ser extremadamente cautelosos.

Es más, dadas las experiencias que ha habido en el mundo, y por cierto en nuestro país, debemos ser doblemente cautelosos, porque la honorabilidad, la ética a toda prueba, la moral, que nos alcanza a todos y que está detrás a veces de algunos negocios, no puede subsumir el interés superior de lo que significa el bien de la comunidad.

En Chile hemos tenido dolorosas experiencias sobre esto, ¿o alguien puede pensar que la colusión en el precio de los medicamentos fue sencillamente buscar un poco más de ganancias? Lo que se estaba afectando era el bien más preciado que, tal vez, pueden tener las personas, en especial las que alcanzan la edad de adulto mayor, cuando un medicamento puede hacer la diferencia para tener una vejez un poco más autovalente, para lo cual deben gastarse la poca plata de su escuálido ingreso en un remedio que está lejos de tener el precio justo.

También tenemos el caso de los errores que se han cometido, como el de 1960, que fue error del Estado de Chile, patrocinado por el Ministerio de Salud, respecto del cual hasta el día de hoy ha faltado voluntad política para resolverlo. Me refiero al uso de Talidomida en mujeres embarazadas, razón por la cual hoy tenemos personas, que ya no son niños, sino mayores, cincuentones, a las cuales les falta, por ejemplo, el brazo izquierdo, los dos brazos o las piernas, y reciben una pensión asistencial que ni siquiera les alcanza para comer.

Cuando los padres de esas personas están vivos, se preocupan de su hijo. Cuando esa familia no tiene plata y los padres han fallecido, esa persona, con esa dificultad, queda sola y desvalida.

Sostuvimos varias reuniones con los entonces ministros Santelices , Mañalich y Chadwick para decirles que aún hay 35 personas sobrevivientes de la Talidomida que siguen recibiendo pensiones miserables, que no les alcanzan para vivir dignamente, y están en esa situación por culpa del Estado de Chile; no obstante, no hubo voluntad política para enfrentar esa situación como corresponde.

No seamos imprudentes cuando tengamos dudas. No cuestiono las intenciones de los autores de este proyecto, pero no podemos flexibilizar las condiciones de los ensayos clínicos; se deben tomar todas las medidas que sean necesarias, porque las consecuencias negativas que se pueden producir perdurarán en las personas afectadas.

Los ejemplos que les acabo de mencionar: los negocios que pasan por encima de toda ética y los errores garrafales cometidos por el propio Estado, deben indicarnos el camino a seguir.

No voy a aprobar este proyecto mientras no se aclaren todas las dudas que legítimamente tenemos, dada la experiencia que ha habido no en Europa, no en Asia, sino en Chile.

Por eso, señor Presidente, yo rechazo.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Luis Castro .

El señor CASTRO (don Juan Luis) [vía telemática].-

Señor Presidente, he escuchado algunos discursos muy incendiarios, inflamados respecto de un conjunto de sospechas.

Quiero decir con total sinceridad, para que la gente esté bien informada de lo que se está discutiendo acá, primero, que el ensayo clínico del gobierno con un laboratorio chino se rige por las reglas vigentes, no por un proyecto de ley como el que estamos discutiendo, y las reglas vigentes están claramente consagradas en el Código Sanitario, que considera las restricciones, las coberturas, los efectos colaterales y las condiciones a las que queda sometido el ensayo que acaba de partir en Chile, y las tienen que respetar.

Nada de este proyecto tiene que ver con el ensayo clínico de Sinovac Chile, que hizo el gobierno chileno, y que parte este mes. ¡Nada! Lo digo a título informativo, porque aquí se levantan fantasmas que no existen, como si hubiera una colusión de intereses en este tema. ¡No! Eso lo aclararon los ministros de Salud y de Ciencia. Este proyecto dice relación con futuros ensayos, y eso es taxativo. ¡Por favor, que nadie enrede las cosas! ¡Que nadie hable de conflicto de intereses, de conflictos morales o sospeche de quienes propiciamos esta iniciativa, porque no los hay! Hablemos con total claridad.

Por otra parte, Chile fue productor de vacunas hasta hace 20 años, y lo fue por décadas, pero perdió esa condición por distintas razones. Nuestro país producía un gran caudal de vacunas, pero en estos últimos 20 años hemos dependido de la compra de vacunas importadas, por ejemplo, para combatir la influenza, el virus respiratorio sincicial y muchas otras enfermedades.

Ahora, por primera vez, se abre la posibilidad de realizar estos ensayos, y muchos otros a futuro, para combatir el coronavirus y otras enfermedades que afecten a la población mundial. Entonces, recuperar la industria de la vacuna nacional, sin entrar en conflictos con industrias internacionales, es clave y por eso debemos apoyar la iniciativa.

Aparte de ello, quiero decir a mis distinguidos colegas de la Comisión de Salud que no sé por qué ahora reivindican planteamientos tan críticos, en circunstancias de que concurrieron a aprobar el proyecto en general. Una de las críticas fundamentales que se hizo a la iniciativa fue la necesidad de alargar los tiempos de prescripción, cosa que logramos a través de indicaciones, dejando en las mejores y óptimas condiciones de resguardo a la ciudadanía para el futuro. Reitero, no para el ensayo que hoy está vigente, hecho por el gobierno. Aun así, fue apoyado por amplia mayoría en la comisión, donde no estuvieron algunos que hoy reclaman que el proyecto debe ser rechazado.

Entonces, por favor, este es un paso muy importante para que Chile recupere lo que tuvo -la producción de vacunas-, para que Chile se coloque en el concierto internacional de la investigación científica y para que todos los pacientes estén resguardados por 10 años, como dice taxativamente el proyecto, de todo efecto colateral, que será cubierto por las mismas compañías, desde la última dosis de la vacuna. Hasta de eso nos preocupamos de que fuera taxativo, para que no hubiera ninguna duda al respecto.

Por tanto, deploro que haya gente que hable de conflictos éticos o de que este proyecto tiene…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Javier Macaya .

El señor MACAYA (vía telemática).-

Señor Presidente, mis primeras palabras son de agradecimiento a los dos diputados de apellido Castro . A José Miguel , por haberme invitado a firmar este proyecto, que ha logrado un apoyo transversal, porque es muy importante adelantarse y tener la capacidad de generar los ensayos clínicos para enfrentar una situación tan difícil en lo sanitario, como la que estamos viviendo. Y a Juan Luis , por la nota de cordura que puso en su intervención respecto de las desconfianzas que algunos han tratado de instalar en relación con este proyecto.

Parte importante de los problemas que vive la política en estos días tiene relación con ver fantasmas donde no los hay y con tratar de instalar una desconfianza permanente. De hecho, escuché a una diputada hablar de una supuesta ilegitimidad ética del proyecto, debido a los supuestos beneficios que obtendría una determinada empresa por los ensayos clínicos.

Quiero simplificar la discusión. El proyecto, muy sucintamente, busca saltarse de alguna manera la burocracia, que muchas veces torna lentos los procesos para los ensayos clínicos en tiempos de pandemia. Estamos en un tiempo excepcionalísimo, en el que se requiere rapidez para que Chile, ojalá, se ubique en los primeros lugares en la fila a nivel mundial respecto de las vacunas contra el coronavirus, que es algo que está bastante desarrollado. Se dice que, probablemente, el primer semestre del próximo año vamos a tener novedades, por lo que es importante que Chile esté en el grupo de avanzada, que le permita ofrecer una respuesta sanitaria rápida a su población.

Originalmente, el proyecto eximía al desarrollador del ensayo clínico de la obligación de proporcionar una continuidad en el tratamiento, que es un tema que ha ocasionado muchos problemas por la ley Ricarte Soto porque, en la práctica, ha significado que los ensayos clínicos, a propósito de esa ley, hayan disminuido de manera muy significativa.

Por otra parte, los titulares de las autorizaciones para el uso provisional con fines de investigación, van a ser responsables por los daños que causen con ocasión de la investigación, en los términos señalados por el artículo N° 111 del Código Sanitario. Originalmente, la acción que se había establecido en el proyecto era la típica en materia de responsabilidad extracontractual, es decir cuatro años, que es la acción que está determinada en el artículo N° 2332 del Código Civil.

¿Qué cambió? Se incorporó una indicación para que ese plazo de cuatro años aumentara a un plazo bastante razonable, que es el plazo máximo de prescripción que establece la legislación chilena en materia civil, respecto de los derechos y las obligaciones, que son diez años. Ese fue el plazo que finalmente se convino y también se incorporó un nuevo artículo 111 G bis al Código Sanitario, que establece que durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe, decretado con ocasión de una epidemia o pandemia, y hasta los ciento ochenta días siguientes a la cesación de ese período, se podrán autorizar ensayos clínicos con reglas diversas a las generales.

Ambas indicaciones fueron aprobadas por unanimidad en la comisión. Por eso, generar un manto de duda, de sospecha, que no ha tenido un resorte en antecedentes que se hayan entregado respecto de la importancia del proyecto, de alguna manera es un abuso por parte de las personas que lo instalan. Hablar de una supuesta ilegitimidad ética en momentos en que todas las fuerzas y voluntades políticas deben estar puestas en superar el momento que vivimos no es lo correcto. No es bueno instalar la desconfianza o ver fantasmas donde no los hay.

El proyecto que discutimos es muy importante y, por eso, reitero mi agradecimiento al diputado José Miguel Castro por haberme invitado a participar. Espero que contemos con una amplia mayoría para su aprobación. Obviamente, anuncio mi voto a favor.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código de Aguas para ampliar el plazo de vigencia y posibilitar la prórroga de los decretos que declaren zonas de escasez hídrica).

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión del proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más comités, y tres minutos al resto, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación es el señor Pepe Auth .

Antecedentes:

-Moción, sesión 5ª de la presente legislatura, en lunes 23 de marzo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 11.

-Informe de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, sesión 36ª de la presente legislatura, en jueves 2 de julio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 24.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor AUTH (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, informo sobre el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas para ampliar el plazo de vigencia y posibilitar la prórroga de los decretos que declaren zonas de escasez hídrica, iniciativa iniciada en moción de las diputadas Alejandra Sepúlveda , Camila Rojas y Camila Flores , y de los diputados René Alinco , Gabriel Ascencio , Harry Jürgensen , Jaime Mulet , Jaime Naranjo , Esteban Velásquez y Pedro Velásquez , que cumple su primer trámite constitucional y reglamentario.

La idea matriz del proyecto es ampliar la vigencia del decreto de escasez hídrica y posibilitar su prórroga cada vez que se requiera si se mantienen las circunstancias que dieron lugar a su dictación.

La iniciativa no contiene normas de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado y, además, no presenta normas que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

La comisión compartió los fundamentos del proyecto y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de los diputados que la integran, señores Sebastián Álvarez , Gabriel Ascencio , Renato Garín , Diego Ibáñez , Harry Jürgensen , Nicolás Noman , señora Camila Flores y quien habla, Pepe Auth .

En cuanto a los fundamentos del proyecto, los mocionantes señalan que el agua es un componente trascendental para la vida humana y animal, formando parte de aquellos escasos recursos que se requieren para la subsistencia de las especies en todas sus formas.

No hay vida humana sin agua. Por eso, la protección de este elemento básico es un deber constitucional del Estado, que obliga a todas sus autoridades. El agua cumple relevantes funciones ambientales, toda vez que es un elemento esencial en el desarrollo de los ecosistemas y de las especies animales y vegetales que habitan en estos, y forma parte del deber del Estado tutelar la preservación de la naturaleza.

Los bosques se nutren del agua para prevenir procesos de erosión del suelo y reducir el carbono presente en la atmósfera. Por ello es esencial su protección, conservación y preservación.

El agua también es utilizada en actividades económicas cruciales para el desarrollo, como la agricultura, la generación de energía, la minería, entre otras, por lo que su ordenación y regulación deben permitir que se utilice racionalmente para el desarrollo y crecimiento económico.

Además, los mocionantes destacan que nuestro país enfrenta una escasez hídrica sin precedentes en la historia, que ha afectado a miles de habitantes de sectores rurales y pequeños productores, toda vez que sus medios de subsistencia se ven seriamente amenazados por la falta de agua. Decenas de miles de animales han muerto por falta de agua y alimento, dejando una desolación palpable en los territorios precordilleranos.

En los terrenos de riego la situación no es sustancialmente mejor. Existen zonas que han visto gravemente afectada su producción agrícola, fundamentalmente por la depredación del recurso hídrico, provocada, entre otros factores, por la tala del bosque nativo. No es exagerado indicar que esta escasez en los próximos años podría comenzar a afectar el agua destinada al consumo humano, por lo que es necesario adoptar medidas urgentes para paliar sus efectos.

Los autores de la moción hacen presente que una de las herramientas con que cuenta el Estado para hacer frente a la escasez es la contemplada en el artículo 314 del Código de Aguas, que permite dictar el decreto de escasez hídrica. Sin embargo, este instrumento de gestión tiene dos limitantes: solo puede ser dictado por períodos máximos de seis meses y estos períodos no son prorrogables. La situación actual de los recursos hídricos en Chile exige extender el plazo de estos decretos y asegurar la posibilidad de su prórroga.

Los largos períodos de escasez hídrica que estamos viviendo, y seguirá viviendo Chile como consecuencia del cambio climático, requieren de mayor flexibilidad de este instrumento del Estado, puesto que permite una intervención directa en el uso del agua para garantizar el consumo humano.

Por eso, este proyecto de ley propone ampliar la extensión del decreto de escasez hídrica a doce meses y permitir su prórroga, cuando se mantengan las condiciones que lo generaron.

Contenido del proyecto

El proyecto de ley consta de un artículo permanente y uno transitorio.

El artículo permanente modifica el artículo 314 del Código de Aguas para establecer que la vigencia del decreto de escasez hídrica sea de hasta un año, prorrogable cada vez que se requiera, de mantenerse las circunstancias que dieron lugar a su dictación.

Por su parte, el artículo transitorio dispone que los decretos de escasez hídrica actualmente vigentes puedan ser prorrogados cada vez que se requiera, manteniéndose las circunstancias que dieron lugar a su dictación.

Durante la discusión se analizó la propuesta de incorporar a este proyecto de ley la norma aprobada por la Comisión de Agricultura del Senado en la reforma al Código de Aguas, en segundo trámite constitucional en esa instancia legislativa, con el objeto de sustituir el concepto de “extraordinaria sequía”, que es el concepto requerido, por “situación de severa sequía”, debido a que en la actualidad la sequía ha dejado de ser una situación extraordinaria, siendo el concepto de “severa sequía” más apropiado para dar cuenta de la situación requerida para desencadenar el decreto que declare zona de emergencia hídrica.

Asimismo, la indicación incorpora la exigencia de un informe previo de la Dirección General de Aguas.

Esta indicación fue aprobada por unanimidad de los diputados presentes: Camila Flores , Sebastián Álvarez , Gabriel Ascencio , Renato Garín , Diego Ibáñez , Harry Jürgensen , Nicolás Noman y quien habla, Pepe Auth .

En virtud de lo expuesto, la comisión recomienda a la Sala, por la unanimidad de sus miembros, aprobar el proyecto de ley sometido a su consideración.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Camila Flores .

La señora FLORES (doña Camila) [vía telemática].-

Señor Presidente, este es un proyecto fundamental, particularmente por la grave sequía que está viviendo nuestro país, no solamente en la zona centro o norte, sino en todo el territorio nacional.

Por eso, en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación apoyamos unánimemente este proyecto que viene a modificar una situación que era necesaria, porque muchas veces la demora y la burocracia de tener que sacar una firma y de enviar papeles de una región a otra hacía tardía la decisión de decretar zona de escasez hídrica.

Por lo tanto, este proyecto viene a aumentar el plazo de vigencia del decreto de escasez hídrica. La legislación señala que el plazo es seis meses, y nosotros proponemos que el plazo sea un año y, además, prorrogable, puesto que en la actual legislación no es prorrogable. Por consiguiente, sugerimos que, previo informe de la Dirección General de Aguas, el plazo de un año se pueda prorrogar.

Eso es fundamental, particularmente para quienes vivimos en regiones y representamos regiones que tienen situaciones graves de sequía. Por ejemplo, es el caso de la Región de Valparaíso, donde por más una década hemos vivido una situación cada vez más angustiante y apremiante en torno a la sequía, que ha afectado no solamente a la agricultura -particularmente a la pequeña agricultura-, sino también a las personas por la falta de un elemento vital para el consumo humano, el agua, especialmente en todos los sistemas de agua potable rural. Contar con un decreto que declare de escasez hídrica a una determinada zona permite hacer una serie de modificaciones en el uso y el consumo de la misma.

Por eso, para nosotros es tan importante este proyecto, que aprobamos por unanimidad en la comisión, con una discusión con mucha altura de miras y, sobre todo, poniéndonos en el lugar de aquellas zonas que, por mucho tiempo -por décadas-, están viviendo una situación terrible, cual es que muchas veces deben elegir si utilizan el agua para los alimentos o el lavado de ropa; es decir, deben priorizar entre uno y otro uso, lo que es realmente lamentable.

En la Región de Valparaíso se han visto afectados, por ejemplo, los crianceros, porque el forraje, que es el alimento para los animales, muchas veces escasea por la sequía. Hemos visto que muchos agricultores han tenido que reconvertirse, precisamente porque no tienen agua para regar sus plantaciones.

Insisto: en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación hemos definido que el uso prioritario debe ser el consumo humano, y desgraciadamente hemos visto que muchas familias en nuestro país no tienen agua potable y son surtidas de este recurso vital a través de los sistemas de agua potable rural, que cumplen un rol fundamental.

En consecuencia, ampliar el plazo de vigencia del decreto de escasez hídrica es fundamental, pues va a permitir que no se pierda tiempo valioso y necesario para tener esta declaratoria de zona de escasez hídrica, que permite una mayor inversión y redestinación de recursos, y, por supuesto, que las autoridades competentes en la materia también puedan definir políticas que para nosotros son fundamentales.

Ahora, ¿esto tiene que venir aparejado de otras materias? Por supuesto que sí. Es fundamental que se haga una mayor inversión por parte del Estado. Espero que en la próxima discusión de la ley de presupuestos logremos así establecerlo, con un fuerte gasto fiscal para todo lo que tiene que ver con los sistemas de agua potable rural, con la construcción de embalses y también con la tecnificación del riego. Es fundamental avanzar en todas estas materias.

Aunque para algunos este puede ser un proyecto que no cambia, que no impacta en tantas personas, claramente es muy relevante, especialmente para todos aquellos que representamos a zonas en donde estamos con una escasez hídrica profunda. Como bien señaló el diputado informante, ya no estamos en situaciones excepcionales, sino que se trata de un estado permanente que viven distintas comunas, distintas regiones de nuestros país, donde, desgraciadamente, la sequía llegó para quedarse.

En ese sentido, espero que hoy se apruebe de manera unánime el proyecto, para permitir que el decreto tenga una vigencia de un año, prorrogable sucesivamente, previo informe de la Dirección General de Aguas, lo cual otorgará más tiempo a las autoridades competentes para hacer frente a esta situación tan terrible y grave como es la sequía en nuestro país.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio .

El señor ASCENCIO (vía telemática).-

Señor Presidente, la bancada de la Democracia Cristiana va a apoyar el proyecto. A la vez, agradezco a la diputada Alejandra Sepúlveda haberlo presentado.

Quiero hacer algunas observaciones.

Nosotros estamos algo así como pirquineando los temas del agua, porque hay algo que no se ha resuelto definitivamente por el Congreso Nacional: la modificación del Código de Aguas. En dicha modificación hay una gran cantidad de temas que nosotros estamos tratando de resolver por separado.

Hace pocos días aprobamos un proyecto del diputado Diego Ibáñez , que tenía que ver fundamentalmente con facultar al Presidente de la República a reservar el uso del agua para el consumo humano y el uso doméstico de subsistencia durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Ese es un punto.

Ayer, en la Comisión de Recursos Hídricos hablábamos sobre el problema de no tener todavía el reglamento para la ley que regula los servicios sanitarios rurales, del agua potable rural. No se puede poner en vigencia la ley por la falta de ese reglamento.

También hablábamos sobre la protección de los humedales, que son los reservorios de agua que vamos a necesitar en momentos de escasez. Recordamos que se encuentra en tramitación un proyecto para la protección de los humedales, las turberas y los pomponales, que fue aprobado por la Cámara de Diputados y que está paralizado en el Senado.

En verdad, hay muchos otros temas relacionados con el agua, cuya solución se topa con la modificación al Código de Aguas, iniciativa que la Cámara de Diputados aprobó hace muchos años. Entonces, hay que ver la posibilidad de que Senado pueda tramitar rápidamente ese proyecto, que vuelva a la Cámara de Diputados con sus modificaciones y luego despacharlo para que se convierta en ley, de manera de tener un Código de Aguas que efectivamente cumpla con los objetivos de cada uno de estos proyectos que se están tramitando.

El proyecto en discusión dispone un cambio que, en principio, puede verse como bien simple, pero en realidad tiene harta relevancia en la gestión del recurso hídrico en nuestro país. Como se dijo, los decretos de escasez hídrica, según el actual Código de Aguas, pueden ser dictados por el Presidente de la República solo por un plazo de seis meses y no son prorrogables. Los cambios que aprobamos en la Comisión de Recursos Hídricos extienden el plazo a un período de hasta doce meses, prorrogable sucesivamente, previo informe de la Dirección General de Aguas.

El texto actual del código tiene el inconveniente de que, ante una sequía grave o una sequía muy prolongada, como la que hemos visto en nuestro país, las medidas de emergencia hídrica, que son dictadas por la Dirección General de Aguas, quedarían sin efecto a los seis meses. Eso resulta inconveniente para enfrentar los problemas, porque se tendría que comenzar con un nuevo decreto, con toda la burocracia que eso significa.

La Dirección General de Aguas ha decretado escasez hídrica para más de 139 comunas del país, decretos que quedan sin efecto al cabo de seis meses, lo cual, reitero, es un problema si la escasez hídrica continúa y se deben dictar nuevos decretos por otros seis meses. Por eso, esta ley en proyecto se adapta a esta realidad.

Insisto: esta es una materia que trata el Código de Aguas, y que nosotros no hemos resuelto. Entonces, tenemos que trabajar en estos proyectos menores, con el objeto de ir avanzando poco a poco para solucionar estas situaciones.

Anuncio que vamos a votar a favor el proyecto. Esperamos que se siga mejorando la gestión hídrica para enfrentar estos problemas, que cada vez van a ser más frecuentes. No obstante, hago el llamado de atención de que son demasiados los problemas existentes, y los estamos tratando todos por separado. Por ello, necesitamos hacer un solo gran marco general, que establezca claramente los derechos de los habitantes del país sobre el agua.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH (vía telemática).-

Señor Presidente, no hay vida humana sin agua. Eso dice el informe leído por el diputado Pepe Auth .

Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que todos coincidimos en eso; es una realidad indiscutible. Pero en Chile hay muchos humanos sin agua, y eso también es una realidad indiscutible. El hecho de que haya muchos humanos sin agua en Chile no es por la gran sequía, que, sin duda, ha sido muy terrible, muy compleja y muy prolongada; la razón de que haya tanta gente sin agua o con serios problemas de agua es por motivos humanos, no naturales. Esto tiene que ver con cómo está diseñada la legalidad en relación con el agua en Chile.

Señor Presidente, este es un muy buen proyecto; está muy bien que en tiempos de sequía se pueda declarar zona de escasez hídrica por un año en vez de por seis meses. Está bien; vamos a aprobar la iniciativa, y creo que debería tener un respaldo unánime. No veo por qué no, porque claramente mejora la situación. Pero el tema de fondo no es ese. Acá hay un problema muy serio, con un Código de Aguas que es único en el mundo. Es otro más de los récords insólitos, surrealistas, extraños, que tenemos en este país: un Código de Aguas que le entrega a perpetuidad los derechos de agua al primero que los inscribe, independientemente de que estén en terrenos de otros, en comunidades de pueblos originarios, en zonas de escasez o en donde sea.

Resulta que en Chile el agua es un negocio; esa es la lógica que impera. Por eso, más allá de todas estas iniciativas de ley que estamos haciendo, de todas estas reformas, modificaciones, indicaciones, resoluciones, lo que sea, en definitiva, mientras el agua sea un negocio, un gigantesco negocio, vamos a seguir teniendo problemas de escasez hídrica.

Insisto: llueva mucho o llueva poco, vamos a tener problemas de escasez hídrica por efecto del negocio que se hace con el agua.

El año antepasado solicité mediante oficio a todas las intendencias, a todos los gobiernos regionales y a todas las municipalidades información respecto de lo que estaba pasando con la venta de agua y con los camiones aljibe, y me encontré con una información que es brutal, cual es que en 2018 el Estado de Chile gastó más de 90.000 millones de pesos al año en la compra de agua, en circunstancias de que en muchos lugares existe agua, pero la tienen concentrada unos pocos: los palteros, en Cabildo, en Petorca y en otros sectores; las mineras en el norte, donde dejan a las comunidades de pueblos originarios sin ese recurso, y las grandes plantas de celulosa y otras en el sur, que también dejan a las comunidades mapuches sin agua.

Ese es el tema de fondo. ¿Por qué no vamos al fondo del asunto? Sabemos que lo que pasa con el agua también ocurre en general en Chile. Es cosa de ver el mar: a siete familias se les regaló el mar. Y después andamos peleando por un par de centímetros, de metros o de kilómetros de mar con otros países, en circunstancias de que en Chile, con la connivencia de algunos diputados y senadores, y también de algunos ministros, se les regaló el mar a siete familias. Lo mismo pasa con el agua.

Además, lamentablemente, hay ciertos apellidos que se repiten en todo el país, tanto en los derechos de agua -ciertos grupos económicos- como en el negociado de los camiones aljibes.

Entonces, me parece que es el momento de conversarlo, porque, insisto, el proyecto de ley está muy bien, pero el tema es otro. El tema es que necesitamos, de una vez por todas, terminar con este Código de Aguas.

Quiero aprovechar este poco tiempo que me queda para hacer un homenaje a quienes han luchado y se han jugado la vida por el agua en Chile; y digo directamente “la vida” porque, incluso, tienen mártires hoy día. Me refiero a la agrupación Modatima , cuyo dirigente máximo ganó un premio internacional. Sin embargo, aquí en Chile no se reconoce la lucha, el trabajo y el esfuerzo que han hecho por recuperar el agua como un bien esencial y estratégico, que debe estar al servicio de todos los chilenos.

Para ser muy claro, voy a votar a favor el proyecto -creo que todos lo vamos a hacer-, pero la gran tarea, la gran lucha y la gran demanda que tenemos en nuestro país es recuperar el agua para que, de una vez por todas, deje de ser un negociado de unos pocos y sea un bien y un derecho de todas las chilenas y todos los chilenos.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, una vez más nos vemos enfrentados, como Cámara y, en general, como Parlamento, a la grave situación que vive nuestro país a causa de la crisis hídrica que nos afecta desde hace mucho tiempo.

Creo que, lamentablemente, por falta de voluntad de algunos sectores políticos, no hemos entrado de manera profunda e intensiva a abordar el problema del agua en nuestro país, lo que parte principalmente por hacer una modificación al Código de Aguas. Desgraciadamente, todos los esfuerzos que se han hecho durante bastante tiempo por hacer una modificación profunda al Código de Aguas vigente, a fin de garantizar el día de mañana los derechos de agua, no han avanzado o han avanzado muy poco.

Durante estos años hemos estado en verdaderas operaciones cosmetológicas, en operaciones de goteo, haciendo determinadas modificaciones o presentando diversas iniciativas que puedan apuntar a lo que es fundamental: cómo garantizamos que los derechos de agua lleguen a todos nuestros compatriotas, sin ninguna dificultad, como también que sean compatibles con las necesidades productivas o económicas del país. Esa discusión, que debiera ser nacional y traducirse en una política de Estado, lamentablemente no la hemos hecho. Algunos renuncian a hacer esa discusión, que es fundamental, más aún considerando que las condiciones climáticas están cambiando profundamente. Cada día se hace más esencial abordar el tema del agua, no solo en nuestro país, sino en el mundo.

Este proyecto, al cual adherí y del que me hice parte, es muy simple y da cuenta de una realidad que es efectiva. Lamentablemente, la norma legal vigente es extraordinariamente rígida. Digámoslo: declarar zonas de escasez hídrica por seis meses, no prorrogables, indudablemente no responde a la realidad que vive el país ni a la necesidad urgente que tiene la gente de poder disponer de este recurso esencial. Por eso, esta iniciativa, como muy bien se ha señalado en esta Sala, busca extender ese plazo de seis meses a un año y hacerlo prorrogable, si las condiciones así lo determinan.

Creemos que la flexibilización que plantea esta propuesta legislativa que estamos haciendo es, por cierto, una respuesta claramente insuficiente para los requerimientos y necesidades que tiene el país, pero es un paso dentro de los muchos que estamos dando, a través, como dije al comienzo, de una legislación goteo a goteo que busca garantizar el derecho al agua a nuestros habitantes en forma amplia y masiva.

Así que espero que, el día de mañana, en esta Sala, en este Congreso, de una vez por todas podamos tener una visión común, una política nacional, una política de Estado para abordar la grave crisis hídrica que vive nuestro país. Para ello es fundamental empezar con modificar profundamente el Código de Aguas que hoy nos rige.

Por estas razones, vamos a votar a favor la iniciativa.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, como autora de la moción, agradezco a la Comisión de Recursos Hídricos, porque hizo un extraordinario trabajo. Primero, le agradezco por acoger la moción y por la rapidez con que la tramitó, pero también por la forma en que interpretó no solo las complicaciones que tiene el Código de Aguas, sino también las que afectan a la propia institucionalidad, como es la Dirección General de Aguas, que con el procedimiento administrativo que se propone contará con un trámite mucho más rápido. Sin duda, agradezco al presidente de la comisión, porque se enriqueció y se mejoró la moción.

No puedo más que volver a insistir no solo en la importancia del agua, que es obvia, sino también en los problemas que tenemos en las distintas regiones por la escasez hídrica, generada porque no se entiende la complejidad del recurso hídrico, y propiciada por la propia institucionalidad, por ejemplo, a través de la Conaf y los permisos que se han entregado para la tala de bosque nativo en mi región. Específicamente en el distrito del que me honro ser diputada, en comunas como Las Cabras, Pichidegua y San Vicente , se tala indiscriminadamente el bosque para plantar paltos. Viene mucha gente de Santiago e, incluso, de otros países a colocar este “oro verde”, como lo llaman hoy, raspando -porque así se dice: raspando- el bosque nativo, con lo cual afectan todas las cuencas y la posibilidad de retener el agua, sobre todo para los sistemas de agua potable rural (APR).

Elaboramos esta moción pensando en cómo se declara hoy la zona de escasez hídrica y en la complejidad que implica que prevalezcan las mismas condiciones o que, incluso, sean peores que al momento en que se declaró por primera vez la zona de escasez hídrica. Por ello, las medidas administrativas deben ser rápidas, de modo que no se requiera hacer una evaluación que signifique dictar un segundo, un tercer o un cuarto decreto de escasez hídrica. La idea es que la vigencia de este decreto sea de hasta un año, pero, como dispone muy bien el artículo transitorio del proyecto, cuando existan las condiciones, prorrogable sucesivamente, previo informe de la Dirección General de Aguas, como se ha hecho siempre sobre la base del artículo 314 del decreto con fuerza de ley N° 1.122, que fija el texto del Código de Aguas.

Concuerdo absolutamente con el presidente de la Comisión de Recursos Hídricos en términos de que estamos como pirquineando, como haciendo algunas cosas al interior del Código de Aguas que permitan ser más expeditos, que permitan mejorar, pero no es lo sustancial, no es lo que nos gustaría y lo que deberíamos hacer, como fue lo que ya hizo esta Cámara y despachó al Senado; me refiero al proyecto que modifica una parte del Código de Aguas.

Espero, tal como se lo hemos pedido al Ejecutivo, que se haga presente la urgencia al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, porque, como lo hemos revisado, seguramente después va a llegar a esta Sala y vamos a tener discrepancias, como ya las tenemos, respecto de la forma en que el Senado ha tratado un proyecto tan importante para el país.

Además, sin duda, la nueva Constitución va a tener una gran voz e implicará una parte importante de las modificaciones relativas a los recursos hídricos, específicamente el agua.

Por eso, solicito a las diputadas y a los diputados que están en la Sala que voten favorablemente estas dos modificaciones al artículo 314 del Código de Aguas, que solo hacen más rápido el procedimiento para aquellas zonas que, como ya se señaló, sufren de una extraordinaria sequía.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (vía telemática).-

Señor Presidente, el agua es vida, qué duda cabe: vida para nosotros, los seres humanos; vida para los animalitos; vida para las plantas y vida en general.

Recién escuchaba que este año, gracias a Dios, la sequía galopante que teníamos disminuyó, porque ha llovido bastante y ha caído mucha nieve.

Vivo en una región en que, gracias a Dios, no hemos tenido estos problemas, en una región en que, minuto a minuto, se vierten hacia el mar, a través del río Biobío, millones de metros cúbicos de agua sin tratamiento; no hay ningún embalse, no hay nada.

En nuestra zona -algo señaló un diputado hace un rato-, se lleva agua a sectores en que no la hay.

Sin embargo, a pesar de que vivo en una región con mucha agua -repito, gracias a Dios-, hay sectores que no la tienen, y se me viene a la memoria algo que vi cuando recién había asumido como diputado, hace un par de años, en la comuna de Hualqui, en el sector rural.

Al término del gobierno de la señora Michelle Bachelet se instaló una APR: se instaló la torre, el estanque y el motor, es decir, todo. Pero ocurrió algo muy curioso: donde se instaló la APR, no había agua; no buscaron agua. Conozco un par de casos como estos, en que se pagó muy bien a quienes instalaron la APR y nadie siguió el procedimiento.

En nuestra zona hay un transportista conocido como el zar del agua. Se trata de un señor que lleva décadas trabajando con camiones aljibe donde el agua es oro -esto es literal y real-, porque factura millones de dólares por la entrega de agua bajo ningún parámetro, bajo ninguna fiscalización, ningún registro. No se sabe cuántos metros cúbicos le dejaron a “la señora Juanita ” en el cerro La Pólvora, por dar un ejemplo. A fin de mes entrega la factura al gobierno regional y se paga, y nadie fiscaliza.

Entonces, creo realmente que lo que se está tratando hoy es serio. Efectivamente, la sequía ha afectado a nuestro país en este último tiempo, pero debe haber fiscalización en lugares donde la situación es la contraria.

En 2019 había un proyecto para llevar agua desde nuestra región hacia al norte. Se trataba de un proyecto de miles de millones de dólares, en circunstancias de que hacer aquello resulta absurdo. Lo que debemos hacer ese instalar plantas desalinizadoras en todo el país para entregar agua potable, agua bebible, a los seres humanos, a los animalitos, a las plantas, a la agricultura.

Creo que eso corresponde, pero decir que esperamos tener una nueva Constitución para que esto no vuelva a ocurrir. Estoy en contra de una nueva Constitución -quiero decirlo-, pero no sé si una nueva Constitución va a hacer llover donde no llueve o va a evitar que tengamos más sectores áridos o más desérticos. No involucremos a una Constitución en algo que ha sido una irresponsabilidad nuestra, de los seres humanos, sobre todo de las autoridades que deben velar por el buen uso del agua. Lo que hay que hacer es instalar APR.

Se me viene a la memoria otro caso. Fui alcalde de Coronel, y en la isla Santa María , donde viven más de dos mil personas, había serios problemas de acceso al agua potable. En el primer gobierno del Presidente Piñera instalamos un APR, cuya implementación tuvo un costo de más de mil millones de pesos, y hoy los vecinos tienen agua potable. Antes había que ir a una quebrada y caminar kilómetros con un tarro para obtener agua; hoy tienen agua todo el día y se pueden bañar como todos los seres humanos del continente.

Por lo tanto, cuando hay responsabilidad, cuando hay compromiso, cuando se quiere hacer bien la pega, se hace independientemente del color político.

Insisto en que se requieren más embalses, más tranques; evitemos que el agua de la lluvia se pierda en el mar, sin ningún aprovechamiento. En nuestra zona, muchos metros cúbicos de agua por minuto, del río Biobío, se están desperdiciando.

Es cierto que hoy hay una necesidad real y es verdad que hay sequía, pero también no es menos cierto que, gracias a Dios, en gran parte del país llovió bastante, los embalses se llenaron y hoy hay una reserva de agua para seguir viviendo, porque el agua es vida.

Hago un llamado a fiscalizar, porque no queremos más zares del agua en ninguna zona. Queremos que haya mayor fiscalización, porque los recursos que se dilapidan son de todos los chilenos. Hoy, cuando hay tanta necesidad debido a la pandemia, debe fiscalizarse a quién se entrega el agua y su calidad. No hay registro ni fiscalización que controle que el agua que se entrega en sectores rurales a la gente que lo necesita tiene la calidad suficiente para ser consumida por los habitantes.

Finalmente, quiero señalar que el país ve con preocupación lo que está ocurriendo debido a la escasez de agua, pero depende de nosotros mejorar el sistema. Depende de nosotros entregar herramientas para llegar con el agua a los sectores que lo requieren, mediante APR reales, no con APR inventados para cobrar la factura e irse para la casa sin que nadie responda a los vecinos.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina) [vía telemática].-

Señor Presidente, por su intermedio, quiero decir al diputado Leonidas Romero que sí es necesario cambiar la Constitución, porque la actual Carta Fundamental establece que los derechos de agua son de privados. El Estado los entrega a título gratuito y después gasta -¡miren qué raro!- 90.000 millones, como lo señaló el diputado Hirsch , para comprar agua a las mismas personas a quienes les entregó los derechos de agua a título gratuito. ¡Miren qué divertido!

Aquello es posible porque la Constitución lo avala, porque la Constitución no establece que el agua es un bien nacional de uso público, que no es del Estado de Chile, sino que es de aquellos que tienen plata. Por eso hay un zar del agua.

Por eso es necesario cambiar la Constitución, para establecer que el agua debe ser de todos los chilenos y que es un recurso necesario para la vida, para toda la vida, y no solo para la de los seres humanos, y usted también dijo, diputado Romero , que el agua es vital para los animales y para las plantas. El ser humano no es lo más importante; el planeta es lo más importante, porque sin agua, sin vida animal y vegetal, los seres humanos igual se van a morir. Es importante que tengamos clara esa situación.

Tal como lo señaló la diputada Alejandra Sepúlveda , el problema es que la misma disposición que se está proponiendo establecer en esta iniciativa está contenida en el proyecto que modifica el Código de Aguas, que lleva cuatro años en el Senado esperando ser tramitado y aprobado, para que nosotros lo volvamos a tratar en esta Sala. Claramente, esa iniciativa vendrá con hartos cambios, que una vez más favorecen a los propietarios y a los zares del agua.

Considero que es una vergüenza absoluta que el proyecto que reforma el Código de Aguas lleve cuatro años esperando ser tramitado en el Senado, situación que nos ha llevado a tener que estar desmembrando ese proyecto que está en el Senado, con el objeto de extirparle pedacitos para tramitarlos en proyectos de ley cortos como este, que amplía el plazo de vigencia y facilita la prórroga de los decretos que declaren zonas de escasez hídrica, o como el que aprobamos la semana pasada, relativo a la priorización del uso de agua para consumo humano, disposición que también está incluida en el proyecto que reforma el Código de Aguas.

Por lo tanto, creo que aquí hay un problema de fondo, cual es que todos los gobiernos del Estado de Chile, tanto el actual gobierno como los anteriores, los de la Concertación, el de la Nueva Mayoría…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputada. Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel) [vía telemática].-

Señor Presidente, saludo a los autores de este proyecto, que valoro y agradezco, porque considero que lo que nos propone es un avance muy importante.

Me parece necesario recordar por qué es importante que se apruebe esta iniciativa: porque el decreto de escasez hídrica impide constituir nuevos derechos de aprovechamiento de agua, pero no que se sigan sobreexplotando los acuíferos subterráneos o aguas superficiales que ya están muy sobreexplotadas, con el consiguiente riesgo de que se sequen esas fuentes de abastecimiento.

Ahora bien, la pregunta obvia que muchas veces la gente nos hace es qué pasa con los APR y cuando una empresa sanitaria necesita construir un pozo para sacar agua y respaldar el agua potable de una ciudad. La respuesta es que, en esos casos, el decreto de escasez hídrica permite hacer perforaciones para extraer agua con ese objetivo.

No obstante, quiero denunciar que, lamentablemente, dicho decreto tiene deficiencias y déficits importantes, cuyo origen es, a mi juicio, que la norma aplicada en 2014, según una circular o un instructivo de la Dirección General de Aguas (DGA) de ese año, permite que privados sigan extrayendo agua a pesar de haber un decreto de escasez hídrica.

Eso es tremendamente importante, porque en la gente se puede generar la impresión de que el decreto detiene la construcción de un pozo profundo por parte de una empresa privada, pero, lamentablemente, eso no es así.

Tengo una copia del decreto de escasez hídrica de 2014, que señala que la solicitud de otro tipo de empresas o personas será denegada, a excepción de que cumpla con los requisitos, y ahí dice que, si una persona ve afectado su derecho de agua por la sequía, puede presentar dicha solicitud de manera excepcional.

Alguien puede decir que estoy señalando una cosa muy leguleya, pero, lamentablemente, es lo que ocurre en los territorios. Para que ustedes vean que eso no es abstracto, voy a darles un ejemplo concreto que denuncié el año pasado.

En 2019, Agroindustrial Las Tinajas S.A., de la comuna de Combarbalá, construyó tres pozos profundos en el período peak de la sequía, en una región que lleva años con decretos de escasez hídrica, y luego solicitó autorización a la DGA para extraer agua. ¿Qué hizo dicha institución? Entregó su autorización. ¿Por qué lo hizo? Porque dijo que dicha empresa tenía derechos de agua en un canal, el cual se secó por la sequía, por lo cual quería extraer agua para regar sus plantaciones de paltos y naranjos con aguas profundas del acuífero.

Insisto en que eso fue autorizado por la DGA. Ningún campesino ni pequeño productor en Chile puede hacer esos pozos profundos; ningún pequeño productor que hace una solicitud como esa a la DGA consigue su autorización, pero cuando se trata de grandes empresas, como Agroindustrial Las Tinajas, que además está domiciliada en la comuna de Vitacura, sí las obtienen.

En consecuencia, hago presente que, para que esta norma sea efectiva, debe modificarse la circular o el instructivo que emitió la DGA en 2014. Emplazo al director nacional de la institución, señor Óscar Cristi , a fin de que haga efectivo ese cambio en la circular. Debemos dejar claramente establecido que donde haya decretos de escasez hídrica no se debe permitir la construcción de obras para extraer agua ni la extracción misma del agua por parte de privados.

Eso no corresponde, por cuanto distorsiona el sentido de la norma de escasez hídrica. Además, ha tenido un efecto muy nocivo. He visto decenas de casos en que esto ha sido denunciado. De hecho, he recibido denuncias en ese sentido por casos ocurridos en las comunas de Petorca, La Ligua y Cabildo […]

También me sumo a lo manifestado por la diputada Cristina Girardi y el diputado Gabriel Ascencio , quienes han solicitado avanzar en la reforma del Código de Aguas, porque estos cambios pequeños no resuelven […]

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Diputado Núñez , hay fallas en su conexión, por lo cual no es posible escucharlo. Podrá terminar su intervención más adelante, cuando se solucione el problema.

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, en Chile el agua es un bien nacional de uso público, pero se da la curiosidad de que está en manos de privados, a través de los derechos de aprovechamiento de aguas, consuntivos y no consuntivos. Esos derechos son perpetuos para los particulares y están protegidos por el derecho de propiedad, garantizado por la Carta Fundamental.

Entonces, curiosamente, el agua es un bien nacional de uso público de todos los chilenos, pero resulta que es un negocio para ciertos particulares.

Como indicó un señor diputado, eso a uno lo empieza a complicar, porque, en definitiva, siento que vamos legislando con medidas necesarias, pero parches, y no nos hacemos cargo del problema de fondo, que dice relación con la vergüenza que debemos sentir los chilenos por el hecho de que el agua, no obstante que atravesamos un período de escasez hídrica que ya dura años, no haya sido declarada un derecho humano para la población.

En estricto rigor, el agua debería ser considerada como un derecho humano básico para toda la población y no un bien para el negocio de unos pocos. Si ustedes van al sector de Liquiñe, ubicado cerca de Coñaripe, comuna de Panguipulli, pueden reunirse con los vecinos y preguntarles cuál es su principal problema, y ahí constatarán que, por ejemplo, los habitantes del sector Río Hueico les dirán que no tienen agua. Sin embargo, al lado se ve un tremendo río, el río Hueico. Y si preguntan qué pasa con esas aguas, les responderán que son de privados, de un empresario de Santiago.

Ese tipo de situaciones se da en una región donde, supuestamente, el agua es bastante abundante, porque la Región de Los Ríos es la zona más lluviosa de Chile. Sin embargo, lo cierto es que el nivel de escasez hídrica es salvaje.

El nivel de gastos en que incurren los doce municipios de la Región de Los Ríos para suministrar agua a través de camiones aljibe a diferentes sectores de la población es enorme. Eso se da porque tenemos un Código de Aguas deficiente y porque un sector de este Parlamento siempre se ha negado y se seguirá negando a la posibilidad de establecer el agua como un derecho humano básico.

Por eso, cuando nos preguntan por qué queremos cambiar la Constitución, la respuesta inmediata que surge es por cosas como esta, porque queremos que el agua sea declarada como un bien nacional real.

Tenemos graves problemas con el actual Código de Aguas, debido a las externalidades ambientales negativas que se producen, por la inequidad en el acceso y las dificultades de gobernanza, gestión de los recursos y protección de las cuencas. No es una exageración decir que enfrentamos problemas graves, como la destrucción el bosque nativo y de las cuencas hidrográficas.

En los pocos minutos que me quedan, me referiré a la situación que enfrentan los vecinos en la costa valdiviana. Ellos han denunciado permanentemente la intervención de los cursos de agua que surten al APR Niebla-Los Molinos, el principal de Valdivia, lo que se debe a que algunas empresas inmobiliarias han talado el bosque nativo e intervenido los lugares de nacimiento de las aguas.

Alejandra Aguilar , Sergio Quinán y Magdalena Contreras han puesto los puntos sobres las íes respecto de esta situación, que se debe a que la DGA no hace su pega. En consecuencia, debemos generar necesariamente un…

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo) (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG (vía telemática).-

Señor Presidente, valoro el proyecto de ley de la diputada Alejandra Sepúlveda , con quien también presentamos una moción para que el agua sea prioritariamente de consumo humano.

La iniciativa en debate amplía la facultad de la autoridad en materia de dictación de decretos de escasez hídrica, actualmente restringidos a una vigencia de seis meses y sin posibilidad de prórroga. A partir de ahora, la vigencia será por un período máximo de un año, y, además, se establece que, de mantenerse las circunstancias que dieron origen a su dictación, podrán ser prorrogados sin limitaciones.

Actualmente, Chile tiene problemas de escasez hídrica. Sin ir más lejos, la Región de Ñuble, a la que represento, tiene serios problemas, incluso durante el invierno, por lo que se debe distribuir el agua en camiones aljibe. Sin embargo, contradictoriamente, a diario se vierten al mar miles de millones de metros cúbicos que, si los utilizáramos inteligentemente y con una adecuada tecnología, amigable con el medio ambiente, nos permitiría tener agua suficiente para todos los chilenos. Debemos imitar el ejemplo de Holanda, que ha ideado un novedoso sistema de represas inflables en los cauces de los ríos. Se requiere construir más embalses.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada María Loreto Carvajal .

La señora CARVAJAL (doña M.a Loreto).-

Señor Presidente, tal como lo han relatado algunos colegas, estamos desvistiendo a un santo para vestir a otro. La causa del problema es más profunda de lo que estamos viendo en el proyecto.

Sin duda, no hay discusión respecto de aprobar, me imagino que por unanimidad, el aumento del período máximo de vigencia del decreto de escasez hídrica de seis meses a un año y permitir su prórroga sucesiva, de mantenerse las condiciones que le dieron origen. En eso no hay ninguna discusión.

No obstante, existe un tema de fondo. Me refiero a que en nuestro país hay carencia y falta de acceso al recurso hídrico, no solo para el consumo humano. Recordemos la inmensa cantidad de APR que luchan por acceder al agua potable. En contraposición, se despilfarra una gran cantidad de recursos en camiones aljibe, detrás de los que hay un negocio del cual el gobierno no se ha hecho cargo, a pesar de que se habla de la urgencia de gobernar el agua. Lamentablemente, hoy en día el Estado de Chile no gobierna el agua, sino que solo genera condiciones para que un bien nacional de uso público se encuentre en manos de privados, que lo administran de manera perpetua y gratuita. Por ello, el comercio y la especulación del agua son el pan nuestro de cada día.

Por lo tanto, hago un llamado al Ejecutivo. ¡Hasta cuándo se va a hacer el leso con respecto a la tramitación del Código de Aguas! Hace más de cuatro años logramos modificarlo, a pesar de la arremetida feroz de los grandes empresarios. Ese es el tema de fondo y por eso abogo por él.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN (vía telemática).-

Señor Presidente, la actual Constitución le roba el agua a los chilenos.

¡La actual Constitución le roba el agua a los chilenos! ¡La actual Constitución…!