Labor Parlamentaria

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural pasa a informar en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, de origen en mensaje de S.E. el Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma”.

I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) Idea matriz o fundamental del proyecto de ley.

La idea matriz o fundamental del proyecto de ley es fortalecer la institucionalidad del Ministerio, modernizarlo y adaptarlo a los desafíos futuros del país, promoviendo un sistema agroalimentario, pesquero, acuícola y forestal competitivo y sostenible, comprometido socialmente y que sea base del desarrollo regional y rural.

2) Normas de quórum especial.

No existen normas de quórum calificados ni que tengan el carácter de ley orgánica constitucional.

3) Normas que requieran trámite de Hacienda.

El proyecto de ley no genera un nuevo gasto fiscal; en virtud de lo establecido en el Informe de Impacto Regulatorio que acompaña a esta iniciativa legal, por tanto se estimó que no debe ser remitido a esa Comisión de Hacienda.

4) Aprobación del proyecto, en general.

El proyecto de ley fue aprobado en general por siete votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. Por la afirmativa votaron los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Ramón Barros, Harry Jürgensen, Jorge Rathgeb, Jorge Sabag, Frank Sauerbaum e Ignacio Urrutia. Por la negativa, las diputadas Jenny Álvarez, Loreto Carvajal, Emilia Nuyado y Alejandra Sepúlveda. Se abstuvieron los diputados Rene Alinco y José Pérez.

5) Diputado informante.

Se designó Diputado informante al señor Jorge Sabag Villalobos.

II. ANTECEDENTES, FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS.

a) Antecedentes y fundamentos.

El mensaje enfatiza que Chile tiene características que le otorgan ventajas respecto de otros países de la región; así, por ejemplo, la existencia de una economía abierta con múltiples acuerdos de libre comercio, un patrimonio fito y zoosanitario de primer nivel, una producción a contratemporada respecto del hemisferio norte y una larga trayectoria en la exportación agroindustrial, pesquera, acuícola y forestal.

Asimismo, menciona que, para impulsar dichas actividades de gran relevancia interna y externa, se requieren de políticas públicas que promuevan el desarrollo integral e incluyan al sector privado y a la sociedad civil, como actores relevantes en la generación de estrategias que permitan definir metas comunes y acciones concretas para avanzar.

El texto resalta la necesidad de una modernización del Ministerio de Agricultura para lograr afianzar y consolidar la actual participación de Chile en los mercados internos y mundiales de alimentos, incluyendo pesca, acuicultura y el subsector forestal.

En el mismo sentido, la iniciativa pretende transformar el Ministerio de Agricultura, fundado en 1930, en una entidad flexible y moderna acorde a los tiempos, que posibilite al Estado proveer de herramientas que permitan a la agricultura, pesca, acuicultura, al sector alimentario y al forestal asumir un rol preponderante en la economía del país.

Agrega que las funciones y estructura del Ministerio de Agricultura fueron creadas por el decreto con fuerza de ley N° 294, del Ministerio de Hacienda, en la década de los sesenta y, dada la falta de estructura orgánica y funcional, se hace necesario una readecuación de la institucionalidad en relación con las demás estructuras ministeriales del país. La agricultura del país debe desarrollarse en función a la demanda de alimentos, en consecuencia, se requiere modernizar la institucionalidad con el objeto de mejorar la participación de Chile en los mercados internos e internacionales tanto de alimentos como forestales. Además, aboga por un ministerio con un rol activo en el desarrollo rural enfocado en la coordinación de las políticas sectoriales para lograr una mayor pertinencia de las acciones políticas, y evitar un rezago del mundo rural.

Se hace hincapié en que existe una clara intención de diversificar la matriz exportadora y, desde esa perspectiva, los sectores productivos agroalimentario, pesquero, acuícola y forestal (y sus derivados) deben esforzarse para avanzar a ritmos mucho más intensos, pero al mismo tiempo, simplificando la organización gubernamental y dando mayor preponderancia a temas de futuro, como son la calidad e inocuidad de alimentos, encadenamientos productivos, mecanización, participación de la mujer, desarrollo a nivel regional de cada sector, mejor y oportuna información y otros importantes desafíos para los próximos 30 años.

Respecto al sector silvoagropecuario. La decisión del Gobierno es orientar el ámbito de acción del Ministerio de Agricultura, para que éste, tenga entre sus funciones, la de promover el desarrollo del sector silvoagropecuario, como los demás sectores de su competencia, de la mano de mecanismos que consideren actividades de innovación, investigación y transferencia tecnológica.

Sobre el sector alimentario, se indica que se debe mejorar la productividad a nivel primario y centrarse en estrategias de desarrollo para la creación de valor agregado, ofreciendo al mercado de alimentos un alto grado de diferenciación por calidad. Junto a ello, fomentar el acceso de alimentos a la población vía cadenas cortas de comercialización, fortaleciendo los mercados locales, para así favorecer dietas saludables, con pertinencia territorial y con carácter de estacionalidad en las distintas regiones del país.

En materia de pesca y acuicultura, el proyecto de ley considera el traspaso de la totalidad de la institucionalidad de Pesca y Acuicultura desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, al nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural.

Así las cosas, el traspaso de la institucionalidad pesquera y acuícola busca ordenar en un mismo Ministerio todas aquellas instituciones relacionadas con la producción de alimentos, de manera que permita buscar las sinergias que naturalmente existen entre estos sectores y los otros sectores alimentarios de origen agropecuario, incorporando tanto la seguridad alimentaria como nutricional en las políticas acuícolas y pesqueras.

Finalmente, el mensaje menciona que el sector forestal creció fuertemente hasta la década anterior, sin embargo, en la actualidad se encuentra en un estado estacionario, sin explorar todo el potencial que tiene como fuente de desarrollo sostenible en recursos renovables y de mitigación del cambio climático, por lo tanto, estimaron necesario tener un sector forestal sostenible que permita un desarrollo integral con el medio ambiente y las comunidades, que permita responder a la creciente demanda de la madera protegiendo la biodiversidad de los ecosistemas protegidos y sus bosques nativos.

b) Objetivos.

En definitiva, se propone crear el ministerio de Agricultura, de los Alimentos y de Desarrollo Rural, modernizando la actual estructura orgánica de esta secretaría de Estado y agrupando bajo un mismo órgano ministerial todo lo relativo a los alimentos, incluyendo pesca, acuicultura y el subsector forestal.

c) Normas legales o reglamentarias que se propone modificar o que inciden, directa o indirectamente, en esta iniciativa legal.

La normativa constituye un nuevo cuerpo legal que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural.

Se modifica la ley N° 19.147, que crea la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, en lo que dice relación con la planta de personal de la Subsecretaría de Agricultura.

Asimismo, se introducen modificaciones a la ley N° 18.755 que establece normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero, deroga la ley N° 16.640 y otras disposiciones.

Se deroga el decreto con fuerza de ley N° 294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que establece funciones y estructura del Ministerio de Agricultura.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

El proyecto consta de 15 artículos permanentes, agrupados en cuatro títulos, y 4 disposiciones transitorias.

El título I, del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, artículo 1 y 2, dispone la creación y establece la competencia del nuevo Ministerio. Además, contempla las funciones. Básicamente, se dispone que le corresponderá realizar las actividades de estudio, fomento, orientación y coordinación de los sectores agropecuario, alimentario, acuícola, pesquero y forestal del país.

Seguidamente, se definen las funciones que permitirán al Ministerio cumplir con los objetivos propuestos, además de realizar la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se hayan fijado en materias de su competencia.

El título II, párrafos 1° al 4°, de la organización del Ministerio, artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9,

Este título determina la organización del nuevo Ministerio y las funciones que se asignan al ministro y su estructura, en la cual se encuentran la Subsecretaría de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, las Secretarías Regionales Ministeriales y las Direcciones Zonales de Pesca, estas últimas, asociadas originalmente a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

En cuanto a su funcionamiento, el Ministerio contará, además del ministro del ramo, con las dos Subsecretarías. Una de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, cuyo Subsecretario será el Jefe Superior del Servicio y coordinará la acción de los órganos dependientes, y relacionados con el Ministerio, de los sectores agropecuario, alimentario y forestal del país.

El proyecto de ley establece una estructura regional, disponiendo la desconcentración territorial de esta nueva secretaría de Estado a través de Secretarios Regionales Ministeriales.

Las Direcciones Zonales de Pesca continuarán con las funciones propias que les fueron encomendadas al momento de su creación como parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. A sus directores les corresponderá presidir el o los Consejos Zonales de Pesca existentes en el área de sus funciones, junto con coordinar su acción con los órganos públicos de la región respectiva en materia de pesca y acuicultura, y en general, ejercer las funciones que la ley le señale y las demás que le delegue el Subsecretario de Pesca y Acuicultura

Finalmente, el proyecto establece disposiciones comunes a las Subsecretarias relativas a la colaboración, subrogancia entre ellas, funciones y atribuciones, y un reglamento de organización interna del Ministerio

Título III, del Personal, artículos 10 y 11.

El proyecto de ley opta por someter al personal del Ministerio a las normas generales aplicables al común de los funcionarios de la Administración del Estado.

Título IV, Disposiciones Finales artículos 12, 13, 14 y 15.

Finalmente, en el Título IV se establecen disposiciones relativas a las referencias al nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural respecto de la normativa que rige al antiguo Ministerio; las referencias hechas en distintos cuerpos legales al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y su Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, sobre materias pesquera y acuícola; de las facultades, funciones y atribuciones de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la pesca artesanal y de la acuicultura de pequeña escala y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura; la regulación sobre la entrada en vigencia de la ley; y, finalmente, con la referencia a derogaciones de las normas pertinentes a las materias de este proyecto de ley.

Adicionalmente, se contempla el traspaso de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, al nuevo Ministerio, a la que le corresponderá la acción sobre el sector pesquero y acuícola, y la coordinación de los órganos y servicios públicos de los sectores acuícolas y pesqueros del país, además del sector privado pesquero industrial, artesanal y acuícola mediante las instancias de participación previstas en la legislación vigente.

Disposiciones Transitorias, artículos primero, segundo, tercero y cuarto.

El artículo primero, dispone que la ley entrará en vigencia dentro del pazo de seis meses contado desde la publicación en el Diario Oficial y dentro de ese plazo se deberán efectuar el traspaso de las Subsecretaria de Pesca y Acuicultura y los servicios dependientes.

El artículo segundo dispone que el reglamento a que. se refiere el artículo 3 de esta ley, se deberá dictar en un plazo de tres meses

El artículo tercero establece que el reglamento a que hace referencia el literal i) del artículo 2 de la ley se deberá dictar en el plazo de seis meses.

El artículo cuarto faculta al Presidente de la República para que en el plazo de un año dicte un decreto con fuerza de ley, expedido a través del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, el que será suscrito además por el Ministro de Economía, Fomento y reconstrucción para fijar los textos refundidos, coordinados y sistematizados de ley General de Pesca y Acuicultura; de ley que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala; de la ley que Regula el Desarrollo Armónico Integral de Caletas Pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación, y de la que legisla sobre la industria pesquera y sus derivados.

IV. DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE LEY.

a) Discusión general.

1. Ministerio de Agricultura.

a) Ministro, señor Antonio Walker [1].

El Ministro de Agricultura, señor Antonio Walker, expuso en base a una presentación [2] que dejó a disposición de la Comisión.

Declaró que el proyecto de ley viene a modernizar la institucionalidad y agricultura chilena, destacando el cambio de nombre a “Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural”.

Explicó que los espacios achurados de color verde, gris y amarillo son las comunas rurales, mixtas y urbanas del país respectivamente. A su vez, comentó que en el mapa se puede divisar la importancia de la ruralidad en Chile, precisando que existen 263 comunas con dicha nomenclatura de un total de 345. A mayor abundamiento, informó que el 25,5% del total de la población vive en la ruralidad.

Asimismo, comentó que existen 300 mil agricultores en Chile, siendo el 93% de ellos considerados pequeños, es decir, 285 mil agricultores tienen menos de 12 hectáreas de río básico. Agregó que sólo 165 mil agricultores son usuarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

En el mismo sentido, hizo presente que dicho sector emplea alrededor de 800 mil empleos en forma directa, representando un 9% de la fuerza laboral total del país.

Respecto a los motivos por los cuales se debiese concentrar la alimentación en un ministerio, explicó, a modo de contexto, que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, señala que el 2050 habrá 9.700 millones de personas en el mundo, por lo tanto, el Producto Interno Bruto crecerá en un 50%. Por consiguiente, declaró que los alimentos deberán producirse con menos agua y suelo, situación que deberá ser resuelta con políticas públicas certeras y eficaces, evitando dobles interpretaciones.

Manifestó que existe un tremendo desafío en el tema de la parcelación de agrado, debido a la disminución de la superficie cultivable en Chile. Asimismo, expresó que el Servicio Agrícola y Ganadero sólo certifica que un predio que se va a subdividir en parcelas de agrado cumpla con los 5000 metros cuadrados.

Destacó que la iniciativa legal pretende posicionar al país como un sector silvoagropecuario sustentable, productor de alimentos saludables y con carbono neutral que deje una profunda huella social con impacto regional. Respecto al punto, afirmó que dicho sector ya es carbono neutral, debido a que Chile produce 111.000 kilos de toneladas de carbono, siendo absorbido por el sector silvoagropecuario un 65% del Dióxido de Carbono.

Por otro lado, reflexionó sobre la vieja y nueva mirada de la agricultura, precisando que la primera es muy precaria, sin tecnología y pobre. A su vez, afirmó que la nueva visión es una gran oportunidad para poseer una agricultura que incorpore energías renovables (eólica, solar), como también, tecnología (digitalización, automatización y mecanización).

Reconoció que se pretende incorporar a las mujeres, los adultos mayores y jóvenes en el trabajo agrícola, precisando que para lo anterior es clave disminuir el esfuerzo físico.

También, hizo alusión a la importancia que tiene el turismo rural y el desarrollo local, por ejemplo, a través de agrupaciones de villorrios.

Respecto al cambio climático, mencionó que Rattan Lal, Premio Nobel de la Paz, efectuó una clase magistral sobre el desarrollo de la agricultura regenerativa y de cómo transformar los dos millones de hectáreas de suelo degradado que emiten CO2 en Chile, a suelos vivos sumideros de CO2 que puedan llegar a ser más importante que los bosques.

Sobre las nuevas tendencias de consumo, hizo hincapié en la producción orgánica, biodinámica e integrada, procurando dejar atrás la producción convencional de alimentos.

Por otro lado, se refirió a la estrategia que se utilizará para materializar el proyecto de ley. Señaló que en la trasformación participará el Ministerio de Agricultura, el subsecretario, las secretarías regionales ministeriales y los doce servicios del ministerio. Además, confirmó que se pretende incorporar al sector privado, público y a la sociedad civil, especialmente al mundo académico y científico. A mayor abundamiento, señaló que se utilizará el mismo presupuesto de mil millones de dólares que posee la cartera en la actualidad.

Afirmó que el sector alimentario y forestal debe ser sustentable, como condición para seguir haciendo agricultura, con el objeto de respetar el medio ambiente y a las personas. A su vez, comentó que el nuevo ministerio se debe fundar en tres pilares: Productivo/económico, social y ambiental.

Hizo presente que han realizado 252 visitas a 123 comunas del país (88 rurales), instancia que les permitió elaborar cuatro ejes para el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural:

1) Agua y Sustentabilidad: Es el eje más importante y el más debatido.

2) Asociatividad: Comentó que recorrió junto al Ministro de Hacienda las regiones de Los Lagos y Los Ríos, hablando sobre la asociatividad y el cooperativismo moderno, precisando que se han creado 106 cooperativas en menos de 24 meses, circunstancia que es muy positiva para la agricultura.

3) Desarrollo Rural: Informó que el lunes 9 de marzo, S. E. el Presidente de la República firmó la Política Nacional de Desarrollo Rural, que ha liderado la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, siendo su objeto, acortar la brecha entre el mundo rural y urbano y, mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

4) Modernización: La actual orgánica del Ministerio de Agricultura data de los años sesenta, por lo tanto, es necesario gestionar su transformación a los tiempos actuales. A su vez, sostuvo que la idea de agrupar todos los alimentos en un sólo ministerio tiene la finalidad de otorgar un sello común a toda la producción del país, denominado “Chile origen consciente”, el cual abarcaría los productos saludables y, también, el desarrollo del mundo rural.

b) Subsecretario, señor José Ignacio Pinochet.

Se refirió a los grandes hitos que marcan el proyecto de ley.

El primero es la modernización de la institucionalidad. Al respecto, explicó que el ministerio posee sólo una división denominada administración y finanzas, es decir, es una estructura sin contenido y no representa una división sustantiva. Esgrimió que son los doce servicios dependientes del ministerio los encargados de su complementación.

En el mismo sentido, afirmó que la agricultura está quedando atrás porque el ministerio no tiene competencias en temas de cambio climático, sustentabilidad, agua, entre otros. Por tanto, cuando se tramitan proyectos de ley en dichas materias, la institución actual queda muy rezagada. Estimó necesario corregir dicha anomalía histórica, procurando obtener las competencias necesarias para fomentar el desarrollo de la actividad productiva en el campo, esgrimiendo que lo más importante son las personas.

En síntesis, opinó que se requiere una actualización de las funciones ministeriales, hacia una entidad flexible y acorde a las necesidades actuales.

El segundo dice relación con la incorporación de la pesca y acuicultura, aclarando que tiene mucho sentido la transferencia de la Subsecretaría de Pesca al Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, no obstante, si ese elemento no llegará aprobarse, de todas formas, valdría la pena el esfuerzo. En definitiva, se requiere una coordinación de políticas alimentarias que potencien el valor de la pesca y velen por un desarrollo integral.

Por otro lado, mencionó el artículo 2, letra f, del proyecto de ley, que dispone: "Proponer iniciativas y coordinar estrategias y programas que tengan por objetivo aumentar el uso eficiente y disponibilidad del agua para los sectores agropecuario, acuícola, pesquero, alimentario y forestal, sin perjuicio de las competencias y en coordinación con otros ministerios y servicios sobre esta materia;”

Afirmó que lo anterior, otorgaría herramientas claras para combatir la gran crisis hídrica que afecta al país.

De la misma manera, hizo saber que, en la tramitación de la ley de cambio climático, el sector agrícola se encontraba en desventaja en comparación con el Ministerio del Medio Ambiente, ya que no tenían competencias para opinar fundamente.

El tercero se refiere al compromiso con el mundo rural, destacando que coordinarán políticas intersectoriales cuyo foco se centre en atender las necesidades del desarrollo rural y pesquero.

El cuarto hace alusión al nuevo enfoque alimentario, manifestando que se debe garantizar la producción de alimentos de alta calidad, siendo el Servicio Agrícola y Ganadero quien fiscalizará su inocuidad en el proceso de producción, debido a que es el organismo más competente para realizar dicha labor.

Agregó que en la actualidad la producción de alimentos se encuentra en una zona gris, ya que las competencias legales son de propiedad de la cartera de salud, sin embargo, no tienen los conocimientos necesarios del mundo rural, agregando que los pequeños productores quedan sometidos a una situación muy injusta al estar inmersos en una burocracia extensa, no pudiendo facilitarse la opción de comercializar lo que ellos producen con valor agregado.

Aclaró que, con el objeto de evitar duplicidades e interferencias de funciones en el proceso de fiscalización, con el Ministerio de Salud, ambos ministerios dictarán conjuntamente un reglamento.

Por último, señaló que la iniciativa legal no establece cambios respecto del número de plantas, grados y beneficios de los funcionarios.

Finalmente, sugirió a la comisión analizar y estudiar el proyecto de ley, procurando establecer un cronograma con tiempos determinados para avanzar y escuchar audiencias.

c ) Director del Servicio Agrícola y Ganadero, señor Horacio Bórquez.

Se refirió al tema de los alimentos, señalando que la participación del SAG en la actualidad es muy importante.

Expresó que en el tema agropecuario todo el control de inocuidad, enfermedades, residuos, entre otros aspectos, se encuentra entregado en más del 80% al SAG. Sin embargo, comentó que, al realizar un análisis del sistema de alimentos, se puede conocer la intervención de a lo menos dos ministerios, el Ministerio de Agricultura, a través de su control primario y el Ministerio de Salud, con la revisión de la inocuidad bacteriana.

Quiso ejemplificar la problemática de lo anterior, señalando que, si algún emprendedor decidiera generar una exportación de carne de cordero con papas y arroz, nadie en Chile podría certificarla, debido a que no existen prerrogativas de ningún ministerio para hacerlo.

También, declaró que existe un problema con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, ya que el SAG es el encargado de autorizar sus medicamentos y alimentos, para posteriormente, SERNAPESCA pueda autorizar a quienes lo producen.

Finalmente, opinó que el proyecto de ley va en la línea correcta y estimó fundamental separar las competencias de los ministerios, abordando aquellos vacíos normativos.

d) Directora Nacional de ODEPA [2], señora María Emilia Undurraga.

En términos generales, manifestó que se pretende considerar a la agricultura como un motor y una herramienta de desarrollo, especialmente rural. Asimismo, comentó que el año pasado se creó el Departamento de Sustentabilidad y, el antepasado, el Departamento de Desarrollo Rural, con el objeto de estar en línea con las bases del proyecto de ley.

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El señor Horacio Bórquez afirmó que el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, se enfocará en los pequeños productores, por lo mismo, estimó que se requiere efectuar un cambio de paradigma en la inocuidad alimentaria y, que sea un ente de la agricultura que pueda certificar dicha circunstancia.

Además, señaló que algunos temas se pueden plasmar en la ley y, otros, en documentos que posean mayor mutabilidad como una política pública. Asimismo, manifestó que crear un ministerio del mar y/o una subsecretaria forestal es una buena idea, sin embargo, S. E. el Presidente de la República expresó que no se pueden incrementar los gastos permanentes a futuro.

Con todo, explicó que utilizarán los mismos recursos para la materialización del proyecto de ley, como también, las mismas plantas, grados y beneficios para todos los funcionarios, precisando que solamente existe un aumento en tres jefes de división.

Finalmente, comunicó que el proyecto en cuestión traslada la Subsecretaría de Pesca, con todos sus organismos y presupuesto, al nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, no obstante, afirmó que, si no se logra dicha transferencia, la iniciativa sigue siendo relevante.

El señor Antonio Walker expresó estar llano a mejorar el proyecto de ley, pero sin desaprovechar la oportunidad de tener un nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural.

Respecto al tema de desarrollo rural, aclaró que el ministerio sería considerado como un “paragua”, llegando a la cultura rural campesina, a través de una Política Nacional de Desarrollo Rural, que se insertaría en el proyecto de ley. Afirmó que dicha política sería conformada por 14 ministerios, con el objeto de abordar las diferentes problemáticas del mundo rural con diferentes perspectivas y alcances.

Por otro lado, reconoció la validez de tres tipos de agricultura: de autoconsumo, productora de alimentos locales y exportadora.

Finalmente, comentó que están analizando un proyecto de prácticas injustas de comercios para los productos agrícolas, con el objeto de transparentar la transacción entre los países.

2. Ministerio de Agricultura [4].

a) Ministro de Agricultura, señor Antonio Walker.

Expuso, por segunda vez, sobre la importancia del nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, calificado con suma urgencia en especial atención a la coyuntura actual generada por la pandemia Covid-19, pues si bien lo primero es resguardar la vida de las personas, al mismo tiempo, es sustancial no interrumpir la cadena de abastecimiento, que abarca desde la agricultura familiar campesina hasta el consumidor final como último eslabón de la cadena.

Bajo tal presupuesto, este nuevo ministerio significará actualizar el sistema, incorporado la alimentación y el sector forestal en una sola institucionalidad, con la debida coordinación, según se establece en el artículo 2 del proyecto. Asimismo, permitirá fomentar la producción de alimentos saludables y confiables, con un sello propio, aspecto en el cual la creación de las Subsecretarías de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, y de Pesca y Acuicultura, ayudarían para satisfacer esta finalidad.

Sin embargo, resaltó que lo más importante sería la mayor incorporación y desarrollo del mundo rural a través de la coordinación de acciones sectoriales (artículo 2°, letra c), considerando junto al aspecto económico, también el ámbito social, como parte de una visión integral orientada al desarrollo de una producción sustentable de alimentos, con pleno respeto del medioambiente y personas, pues no sólo se trata de producir, sino que hacerlo teniendo presente la huella de agua, de carbono y el impacto social.

Finalmente, destacó el acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud para fortalecer la supervisión de los productos agrícolas, así como la inclusión de la pesca artesanal en una nueva subsecretaría, entre otros elementos por medio de los cuales el proyecto de ley busca mejorar considerablemente el sistema vigente.

b) Directora Nacional de ODEPA, señora María Emilia Undurraga.

Complementó lo anterior, señalando que este proyecto se enmarca en el contexto de una política nacional de desarrollo rural, que incluya los pilares económico, social y ambiental, favoreciendo la descentralización y valorizando la producción sustentable, con un fuerte enfoque local. Esta nueva política nacional de desarrollo rural define la ruralidad, extendiendo los territorios, junto con integrar distintas instituciones de carácter sectorial que amplían y mejoran la oferta, incluyendo aspectos sociales, económicos, de sustentabilidad e interculturalidad. [5]

3. Gerente General de Chilealimentos, señor Guillermo González. [6]

Expuso mediante una presentación, [7] destacando especialmente que Chilealimentos es una asociación gremial orientada a transformar nuestro país en una potencia alimentaria, para lo cual han desarrollado un arduo y largo trabajo orientado a concientizar sobre la gran relevancia que tienen los alimentos, cuestión que hoy se torna aún más evidente. Sin embargo, lo anterior ha sido complejo, pues conceptos como innovación, valor agregado, alta tecnología, capacitación de capital humano y responsabilidad empresarial medioambiental, no han resultado fáciles de comprender y transmitir. Por lo mismo, la creación de este nuevo ministerio será de gran ayuda, pues si bien existen mejoras en este sentido, falta por avanzar, entendiendo el gran aporte de las ventas de alimentos para la economía nacional (hoy se abastecen más de 200 países del mundo), como el impacto en la salud de las personas, todo lo cual requiere modernizar los sistemas, orientados hacia una real sustentabilidad.

4. Presidente de la Confederación de Ferias Libres ASOC.C.G., señor Froilán Flores. [8] Recordó que las ferias libres constituyen la cara visible del producto que nace del sector campesino. En términos generales, valoró la creación de este nuevo ministerio, pues permitirá desarrollar una política adecuada en la materia, tanto a nivel interno como externo, lo que hasta el momento no era posible por la falta de un ente regulatorio que coordinase las acciones correspondientes, con una visión clara para el desarrollo de la alimentación saludable, valorando también la riqueza de los productos naturales, sumada a una distribución que cumpla estándares de calidad suficientes.

Resaltó la urgencia de enfrentar la pandemia de obesidad que afecta al mundo, cuestión estrechamente relacionada con la producción de alimentos. Asimismo, consideró relevante eliminar los denominados “desiertos alimentarios” y proteger el campo, pues sin este recurso básico, no habrá producción posible; fortalecer la capacitación de los campesinos, como elemento esencial en el éxito de la producción; establecer una trazabilidad efectiva de los productos; etcétera. Para todo lo anterior, este nuevo ministerio será de gran ayuda.

5. Sindicato Nacional Honorarios PDTI . [9]

a) Presidente, señor Alejandro Alicera.

Manifestó su rechazo al proyecto de ley, pues este no contempla la debida institucionalización del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL), lo que estimó inaceptable, ya que continuar con esta visión profundiza abusos y falencias, desconociendo el acuerdo firmado por una gran mayoría de diputadas y diputados para regularizar el carácter de estos trabajadores como funcionarios contratados por el Estado, según se ha sentado ya por diversas sentencias judiciales.

En tal sentido, cuestionó la legitimidad del proyecto mientras siga validando la vulneración de los derechos de los trabajadores del PRODESAL, como parte de un problema mucho más amplio que afecta a todos los contratados a honorarios del Estado, cuya ilegalidad no parece comprensible. Recordó el compromiso del propio ministro para encontrar solución a esta problemática, pero que aún no se traduce en resultados. Además, existen bases científicas suficientes para implementar hoy mecanismos de trazabilidad de alimentos e insumos, lo que demuestra que sólo faltaría la generación de los sistemas correspondientes. En definitiva, criticó fuertemente la ausencia de respuestas oportunas en el proyecto sobre dichos aspectos, motivo por el cual llamó a rechazarlo.

b) Presidente de la agrupación de funcionarios de Programas Prodesal y PDTI de Indap, señor Luis Fernández .

Coincidió con lo expresado por el señor Alicera. Considerá que el proyecto no se hace cargo de la extensión agrícola, cuyos problemas se continuarían arrastrando. Preguntó de qué manera se generarán alimentos seguros, mientras no exista una política de Estado adecuada para la debida capacitación de los productores, más allá de las intenciones.

Recordó que se comprometió el fortalecimiento del PRODESAL, pero sólo se han practicado cambios cosméticos menores, sin respuesta a las demandas históricas de los trabajadores, a pesar de existir diversos proyectos de ley orientados a la institucionalización de este tipo de programas, pero que sin embargo no han tenido el respaldo del Ejecutivo. Por ende, observó una falta de diálogo para encontrar soluciones, expresando la mayor disponibilidad en favor de acordar soluciones legales, pacíficas y racionales. Por lo En consecuencia, solicitó también rechazar el proyecto de ley.

6. Presidente de la Confederación Nacional Campesina, señor Alejandro Steilen. [6]

Expresó que proviene del mundo rural al que admira profundamente, destacando la importancia de que se le otorgue a este la debida consideración, más allá de los estereotipos, entendiendo que este sector se caracteriza por representar la vida misma. En atención a ello, la Confederación que representa valora profundamente la creación de este nuevo ministerio, más aún en el contexto de crisis que Chile enfrenta por la pandemia Covid-19, donde ha quedado en evidencia lo fundamental que resulta ser la alimentación. Respecto del abuso que afectaría a los trabajadores a honorarios, recordó tratarse este de un tema complejo y que se arrastra desde hace mucho tiempo, criticando que esto se use en ciertos casos y en otros no. Finalmente, reiteró su apoyo al proyecto en discusión, por el impacto positivo que tendría.

7. Presidente de Fedefruta, señor Jorge Valenzuela. [7]

Felicitó al ministro por esta gran iniciativa, que permitirá actualizar la institucionalidad. Recordó que el sector agrícola genera un gran impacto en la economía y el empleo a nivel nacional. Destacó que la fruta es un alimento de gran importancia en la salud e inmunidad de la población general, pero que siendo un 80% agua requiere gran cantidad de este recurso, de modo que el rol del nuevo ministerio en el uso del agua tendrá la mayor trascendencia.

Asimismo, la inocuidad de los alimentos en lo que respecta a las frutas, debe ser también un punto que se debe robustecer. Valoró la nueva política de desarrollo rural, para disminuir las brechas, aunque esto dependerá fundamentalmente de una implementación práctica adecuada. Por último, destacó que un ministerio más fuerte y moderno, exige complementariamente fortalecer la innovación agrícola, potenciando la investigación y sus resultados, sin dejar de lado al SAG que también puede ser un tremendo aporte en esta materia.

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b) Debate y votación en general.

El Ministro de Agricultura, señor Antonio Walker explicó que la iniciativa legal viene a cambiar el modelo o paradigma de la producción de alimentos del país, considerando especialmente a la gente que vive en regiones, motivo por el cual, decidieron llamar a esta nueva institucionalidad como el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, enfatizando que existe una gran oportunidad de cambiarle el peso político, económico y social a la agricultura chilena.

Comentó que efectivamente Chile se encuentra inmerso en medio de una pandemia que se desarrolla con premura, por lo que se está realizando un seguimiento diario para saber cómo enfrentarla. Agregó que viene saliendo de una reunión con algunos ministros de agricultura de América, con el objeto de comparar la situación en las distintas naciones y buscar las mejores alternativas al respecto.

Hizo hincapíe en que la salud de las personas es lo más importante y por eso el nuevo ministerio ha generado los protocolos e instructivos que permitan proteger a toda la cadena alimentaria del sector, ya que hay más de un millón de personas trabajando en forma directa y otro millón en forma indirecta en el rubro.

Respecto a la alimentación, agricultura y producción de alimentos, afirmó que se debe analizar cómo protegerla, reiterando en varias ocasiones la expresión del “campo a la mesa” y explicando que ese es el motivo de por qué a Chile no le faltarán alimentos para enfrentar el invierno, el Covid-19 y lograr un enlace con la próxima cosecha.

Reflexionó que la salud y la alimentación van de la mano y por eso se ha decretado a la agricultura como un servicio esencial, para que los mercados mayoristas, minoristas, ferias libres y supermercados puedan seguir funcionando, a fin de abastecer de alimentos a toda la población. Hizo presente que se pretende otorgar un sello común a la producción y reiteró que es una gran oportunidad para el país. A su vez, exclamó que poseer una producción sustentable que proteja al medio ambiente y a las personas es sumamente importante.

Del mismo modo, afirmó que existe la gran oportunidad de agrupar todos los elementos en un sólo ministerio, no obstante, para ello se requieren de las sugerencias de los diputados y diputadas de la Comisión de Agricultura, con independencia del color político. Hizo hincapié en la idea de producir alimentos con un sello común para abastecer a todos los chilenos y, además, fortalecer su exportación.

Agregó que el mundo de la agricultura es un sector muy intensivo en mano de obra, donde hay mucha gente que aún no se ha podido subir al carro de la agricultura moderna, produciendo alimentos solamente para el autoconsumo, motivo por el cual, se comprometió a seguir apoyándolos.

Igualmente, explicó que es un error quedarse atrás en la modernización de la institución porque existen excelentes competidores como Nueva Zelanda, Australia y, últimamente, Perú, por lo que hay que diferenciarse con un producto distinto, con un sello de calidad diverso. Asimismo, sostuvo que debe existir un énfasis en la forma de producción, afirmando que la agricultura no debe ser parte del problema del cambio climático sino parte de la solución. Sobre el punto final, se refirió a la agricultura regenerativa, comentando que existe la gran oportunidad de transformar dos millones de hectáreas en suelos degradados y vivos, altos en carbono y que puedan ser sumideros de CO2.

También, respaldó la tramitación del proyecto de ley, precisando que se encuentra vinculado con temas tan importantes como la salud y la alimentación de Chile.

Por otro lado, sostuvo que el Ministerio de Agricultura tiene un presupuesto muy acotado de mil millones de dólares, mediante el cual debe hacerse cargo de todos sus servicios y de la producción de alimentos. En el mismo sentido, afirmó que este sector no ha sido tomado en cuenta como debiese, señalando que el Estado de Chile se encuentra en deuda con la agricultura y, por lo mismo, no se puede desaprovechar la posibilidad de materializar el proyecto de ley.

Respecto al traspaso que sufrirá el sector pesquero, comentó que solamente volverá a su antiguo origen, explicando que antes de 1978 se encontraba en el Ministerio de Agricultura, ya que se consideraba parte de los alimentos, salud y de la agricultura familiar campesina. Preguntó ¿Quién es más parecido a un campesino? ¿Un pescador o un economista?

Asimismo, explicó que la pesca es parte fundamental de la cadena alimentaria, citando al diputado Alinco, quien señalaba que no existe razón para justificar la importación de productos del mar, teniendo en consideración que Chile es uno de los países con más costa en el mundo.

Reiteró la idea de que todos los alimentos deben estar en un solo ministerio, enfatizando que el campesino y el pescador tienen mucho en común.

Destacó que el sector forestal en conjunto con la Corporación Nacional Forestal son parte del nuevo ministerio, no obstante, reconoció que se deben hacer cargo de los 18,5 millones de hectáreas de áreas silvestres protegidas y de los 2,4 millones de plantaciones forestales. Asimismo, se refirió a la importancia del ordenamiento territorial, a fin de que las plantaciones exóticas y los bosques nativos se planten donde deban estar.

Respecto al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, informó que fue aprobado en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, donde se pretende fortalecer su institucionalidad. Además, mencionó otras iniciativas legales que tienen la misma finalidad.

Por último, señaló que el capítulo más especial del proyecto es el relativo al desarrollo rural, explicando que ningún otro ministerio se hace cargo de dicha temática y mucho menos del mundo campesino, agregando que existen seis millones de personas que habitan el 83% de la superficie de la nación. Del mismo modo, afirmó que el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural se hará cargo a través de la nueva Política Nacional de Desarrollo Rural.

A mayor abundamiento, informó que S. E. el Presidente de la República firmó la Política Nacional de Desarrollo Rural, la cual está conformada por catorce ministerios y presidida por el Ministro de Agricultura, con el objeto de acortar la brecha existente entre el mundo rural y el mundo urbano.

Reiteró la idea de que el sector pesquero vuelve a su origen y expresó que se necesita un ministerio con mucho más peso político, económico y social.

Finalmente, dejó en claro que el proyecto de ley es para toda la agricultura y el sector pesquero de Chile, señalando que la forma para abordar los problemas alimentarios que se generarán una vez terminada la pandemia por el Covid-19, será unificando todo el tema alimentario en un solo ministerio.

El Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), señor Carlos Recondo, se refirió a la exposición efectuada por la asociación de funcionarios del INDAP, quienes habrían manifestado una inquietud muy legítima y válida, sin embargo, aclaró que no es una preocupación que necesariamente deba ser abordada en este proyecto. Asimismo, afirmó que la iniciativa legal tiene ideas matrices muy claras, sobre las cuales no quiso ahondar.

Aseguró poseer la mejor disposición con la asociación de funcionarios, en el sentido de trabajar y analizar la ley orgánica del INDAP, que es donde estarían incorporados los elementos que les interesan y demandan.

Reiteró la necesidad de votar la idea de legislar, precisando que los detalles pueden verse con calma al renovarse las urgencias, quedándose perfectamente abierta la posibilidad de discusión respecto de los aspectos particulares del proyecto, los cuales pueden materializarse, a través de las diversas indicaciones de los diputados y diputadas de la Comisión.

La Directora Nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), señora María Emilia Undurraga, reafirmó lo señalado por el Ministro de Agricultura, en el sentido de avanzar en una Política Nacional Desarrollo Rural, la cual necesita el paragua del nuevo Misterio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural para poder coordinarla.

El Ministro de Agricultura no compartió la idea de que el que el proyecto se haya hecho a la rápida, precisando que se ha trabajado dos años con mucho esfuerzo y dedicación, donde se ha consultado a la sociedad civil y a las organizaciones campesinas.

A mayor abundamiento, comentó que han consultado a expertos internacionales, guiándose por lo que ha hecho Nueva Zelanda, quienes se caracterizan por realizar una agricultura sustentable y el respeto de las buenas prácticas laborales, precisando que ellos tienen el sistema que se pretende incorporar en Chile.

Por otro lado, señaló que aquí no hay personas afectadas en la pesca, sino que se pretende ayudar a la pesca artesanal e incorporarla a un ministerio que recoja todas sus particularidades y logre su desarrollo integral.

Asimismo, quiso clarificar que las mejores condiciones laborales de los trabajadores y funcionarios del Ministerio de Agricultura no pasan por una decisión del Ministerio, sino que dependen específicamente de la Ley de Presupuestos que se aprueba todos los años.

En síntesis, comunicó estar disponible para abrir todos los espacios de diálogo necesarios para discutir este importante proyecto en un tiempo razonable.

Finalmente, informó que no ha visto en otro ministerio la intención de recoger esta Política Nacional de Desarrollo Rural, mencionando los siguientes datos para contextualizar: El 54% de la población rural tiene acceso al agua y en el sector urbano un 98%; el 61% de la población rural tiene una casa en buenas condiciones y en el sector urbano un 90,5%; el 16% de la población rural tiene acceso a banda ancha y en el sector urbano un 60%; el 38% de la población rural vive cerca de un centro médico y en el sector urbano un 91%. Al respecto, hizo hincapié en terminar con la gran brecha existente entre el sector rural y urbano.

Votación en general.

Sometido a votación, el proyecto de ley fue aprobado en general por siete votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. Por la afirmativa votaron los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Ramón Barros, Harry Jürgensen, Jorge Rathgeb, Jorge Sabag, Frank Sauerbaum e Ignacio Urrutia. Por la negativa, las diputadas Jenny Álvarez, Loreto Carvajal, Emilia Nuyado y Alejandra Sepúlveda. Se abstuvieron los diputados Rene Alinco y José Pérez.

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c) Discusión general, Audiencias.

Posteriormente, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, se acordó, continuar con las audicencias y el Ministro de Agricultura se comprometió a retirar y hacer presente la urgencia “suma” a fin de posibilitar las audiencias y por ende la discusión general de la iniciativa legal en tramitación.

Por consiguiente, se reccibieron las opiniones de los representantes de distintas organizaciones que se indican:

8. Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, señor Roland Hager [8].

En primer término, comentó que debido a la premura en la tramitación del proyecto aún no han podido consultar a sus bases para poder traer una posición clara de los más de 150 funcionarios de la Subsecretaría.

Explicó que más allá del nombre del proyecto, el cual invisibiliza los temas de pesca y acuicultura, la iniciativa destaca la modernización del Estado y en ese aspecto si existe un consenso.

Respecto de lo informado por el Ministro de Agricultura, reiteró los tres pilares fundamentales de la iniciativa, mencionando la incorporación de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura al nuevo ministerio; la ampliación de las facultades del Servicio Agrícola y Ganadero referente a la fiscalización y control sanitario de toda la producción de alimentos y; el desarrollo rural.

Le llamó la atención del proyecto lo relativo a la modernización y fortalecimiento de la institucionalidad del Ministerio de Agricultura, sin embargo, afirmó que la Subsecretaría no recibe estructuración alguna, siendo que esta Institución es la responsable de regular y administrar la actividad pesquera y acuícola.

A mayor abundamiento, esbozó que el proyecto no considera la realidad actual de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, siendo el traspaso solamente un cambio de casa, sin ser necesariamente una ganancia para el país.

Desde el punto de vista del desarrollo local, argumentó que la realidad del agricultor es totalmente distinta a la de los pescadores artesanales, especialmente en lo relativo a sus necesidades y desafíos. Del mismo modo, reflexionó si la nueva Política de Desarrollo Rural va a incorporar a la actividad pesquera y a la acuicultura.

En el mismo sentido, argumentó que el proyecto carece de un diagnóstico de cómo funcionaría en la actualidad la institucionalidad pesquera y acuícola. A su vez, explicó que al leer la iniciativa se entiende que se encuentra enfocada en un 90% en aspectos de agricultora y actividades agropecuarias que no calzarían dentro del tema pesquero propiamente tal.

Espera que el mensaje potencie realmente la actividad pesquera y acuícola, sin embargo, indicó que no han recibido ningún tipo de retroalimentación al respecto.

Por último, mencionó que un proyecto de esta envergadura no debiese ser discutido en tiempos de pandemia, más aun cuando se refiere a la creación uno de los ministerios más potentes a nivel nacional. Además, afirmó que llama la atención un traslado total de la institucionalidad pesquera, sin haber hecho un nuevo proceso de análisis con los gremios y servicios que los componen. Sugirió efectuar un análisis profundo e invitar a otros actores interesados.

Finalmente, señaló que no puedo decir derechamente que están a favor o en contra del proyecto porque se necesita consultar a las bases, a fin de enriquecer la idea que se pretende legislar.

9. Presidente de la Asociación de Funcionarios Públicos del sector pesca, señor Helmut Toledo [9].

Hizo presente que la opinión sobre el proyecto de ley es a título personal, señalando que no pudo consultar a sus bases para tener claridad respecto del proyecto de ley, precisando que es una iniciativa muy trascendental.

Comentó que no es solamente un cambio de casa, sino que la iniciativa viene a proponer un enfoque totalmente distinto.

Sugirió a la Comisión otorgar un tiempo prudente para poder sociabilizar el proyecto de ley con las bases y conseguir un pronunciamiento fidedigno al respecto. A mayor abundamiento, explicó que el contexto de la pandemia por el Covid-19 que afecta al país, hace que la iniciativa resulte un tanto improcedente.

Manifestó su preocupación por los puestos de trabajo del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, a fin de evitar una eventual afectación producto de un cambio tan radical, motivo por el cual, estimó necesario discutir la parte final del proyecto, agregando que la iniciativa podría significar una mejora en el sector público pesquero, siempre y cuando se analice de forma correcta.

Por otro lado, comentó que en la actualidad el organigrama de la Institución tiene problemas en cuanto a la estructura, ya que es una estructura funcional pero no se encuentra decretada por ley, en ese sentido, afirmó estar al debe puesto que para funcionar en regiones se deben dictar normas internas para atender un organigrama de acuerdo a la modernidad del Estado.

Del mismo modo, pidió a la Comisión otorgar más tiempo para consultar con sus bases y tener un pronunciamiento cabal al respecto. A su vez, esgrimió que no se ha realizado un diagnóstico de cómo esta funcionado el sector pesquero, para de esa forma señalar con firmeza que el cambio de domicilio ministerial que se pretende realizar a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura significará necesariamente una mejora sustancial.

10. Vicepresidenta Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, señora Zoila Bustamante. [10]

Respecto del proyecto manifesto su extraneza por la suma urgencia que le otorgó el Ejecutivo, sin dar lugar a que los verdaderos actores vinculados a los efectos de la iniciativa puedan dar a conocer si opinión.

Reflexionó sobre la situación actual de los pescadores artesanales y su evidente postergación en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En el mismo sentido, esgrimió que la eventual incorporación al nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural podría relevar aún más al sector pesquero, ya que primeramente estaría el sector industrial.

Asimismo, comentó que el proyecto no tiene fundamentos que permitan vislumbrar con claridad que se encuentra alineado con las actividades diarias del rubro pesquero y su extracción, agregando que no fueron tomados en cuenta.

Se refirió a la decisión de otorgar suma urgencia al proyecto de ley y explicó que su Confederación había mantenido reuniones previas con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, donde habrían transmitido el anhelo de la pesca artesanal en el orden de contar con su propia institucionalidad, dejando la dependencia de un ministerio dedicado a otro rubro.

Con todo, manifestó que cuando decidieron el nombre del proyecto no habrían considerado el ámbito de la pesca y sólo habían dado énfasis al tema alimentario. Esgrimió que la simple determinación del nombre en el nuevo ministerio sería una falta de respeto para todos los pescadores artesanales.

En el mismo sentido, hizo presente que todo el esfuerzo que han efectuado por mejorar su calidad de vida, atribuciones y trabajo se perdería por el simple motivo de existir un “cambio de casa” que no necesariamente garantizaría los derechos de su sector. Asimismo, afirmó que existe un gran abanico de personas que viven del sector pesquero, precisando que la Armada de Chile los contabiliza aproximadamente en 120 mil.

Señaló que no se puede seguir legislando a puertas cerradas porque las personas que alimentan el país sí existen y no pueden ser consideradas como alimento per se. Aclaró que no se puede estar legislando para las grandes industrias porque no se logrará materializar nada, haciendo hincapié en la suma urgencia asignada al proyecto.

Finalmente, estimó necesario legislar en otra época y no en el contexto de la pandemia por el Covid-19, mencionando que todo el trabajo efectuado por el sector pesquero desde el año 90 podría quedar en el olvido con la iniciativa en tramitación.

11. Director de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, señor José Alvarado. [11]

En primer término, reflexionó sobre los motivos que determinaron discutir el proyecto en el mes del mar, agregando que posiblemente S. E. el Presidente de la República pretenda anunciar la aprobación del mismo en su discurso.

Argumentó que la gente de mar no estaría de acuerdo con el proyecto por el simple hecho de que ya habrían ido a consultar sobre la iniciativa, quedando pendiente una reunión al respecto, la cual nunca se habría materializado. Agregó que la determinación de incorporar suma urgencia, lo hace dudar de quienes son los que se encuentran detrás del proyecto, esbozando que podría estar hecho para las grandes instituciones, sin necesariamente, preocuparse de fortalecer a la pesca.

Mencionó que la discusión en comento tomó por sorpresa al sector pesquero, señalando que no ha he podido contactarse aún con los representantes del área. Sin embargo, aclaró que se encuentran más preocupado de cómo terminarán el año, precisando que un 97% de la merluza va a los mercados españoles y dicho comercio se encuentra paralizado.

Se comprometió a enviar observaciones a la iniciativa legal, no obstante, quiso dejar en claro que en la actualidad existen otras prioridades, encontrándose preocupado –principalmente- de la alimentación de la gente.

12. Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Corporación Nacional Forestal, señor Elvis Núñez. [12]

Comentó que no es adecuado revisar la iniciativa legal con tanta premura y, especialmente, en el contexto que afecta al país producto de la pandemia por el Covid-19.

Respecto del fondo, después de realizada una evaluación preliminar, considera que el proyecto de ley amenaza a la Corporación Nacional Forestal porque aparentemente no se vería fortalecida. Asimismo, esgrimió que no se aprecia con claridad los fundamentos, atribuciones y beneficios de la creación del nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, ya que no abarcaría todos los elementos necesarios, sino que solamente sería un cambio de casa.

13. Tesorero de la Federación Nacional de Sindicatos de la Corporación Nacional Forestal, señor Patricio Argandoña. [13]

Expuso en base a una presentación [14] que dejó a disposición de la Comisión.

En primer término, señaló que los trabajadores y trabajadoras de la Corporación Nacional Forestal han estado al margen de este proyecto y, además, existe una gran preocupación y rechazo a la absoluta disgregación y parcialidad con que se sigue reorganizando el Ministerio de Agricultura bajo el discurso de “la modernización”.

Asimismo, manifestó que sólo en materia forestal se discuten los siguientes proyectos:

1. Boletín N° 11.175-01, que crea el Servicio Nacional Forestal, dependiente del MINAGRI, terminando con la actual CONAF, en segundo trámite constitucional en el Senado, sin movimiento desde julio del 2019. (Se priva a la CONAF dependiente de MINAGRI de la administración y gestión de las áreas silvestres protegidas siendo entregadas al servicio Nacional de Biodiversidad.)

2. Boletín N° 9.404-12, que crea el nuevo Servicio de Biodiversidad (SBAP) dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, en segundo trámite constitucional y sin movimiento desde marzo 2020.

Al respecto, reflexionó sobre la forma en que se podría velar por la integridad y coherencia de las diferentes iniciativas legales.

En el mismo sentido, agregó que se echa de menos la presencia de datos evaluativos cuantitativos y cualitativos del MINAGRI que justifiquen el proyecto.

En síntesis, manifestó que el proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural se fortalece con la incorporación de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura -que pasa del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a Agricultura-, pero invisibiliza y minimiza al sector forestal. Por lo anterior, indicó que los trabajadores de CONAF consideran que constituye un retroceso para todo el sector forestal chileno y muy particularmente para sus trabajadores.

Afirmó estar en presencia de un proyecto inconsulto, donde los trabajadores del sector forestal nunca tuvieron participación ni opinión. Además, sostuvo que aumenta la percepción de improvisación al seguir discutiendo sin integralidad varios proyectos que crean o modifican institucionalidad sin coherencia entre ellos, como también, la poca consecuencia respecto de los compromisos adquiridos por Chile a nivel internacional (Agenda 2030 y los ODS para el Desarrollo Sostenible).

A mayor abundamiento, expresó que dentro del Ministerio de Agricultura no se ha considerado la Política Forestal 2015/2035 elaborada en tres años de intenso trabajo, por el Consejo de Política Forestal instancia asesora pública-privada, académica, ambiental, científica, gremial y social.

Por último, señaló que la iniciativa no considera la función de conservación, recuperación y uso múltiple del bosque nativo y, tampoco se hace cargo de los desafíos futuros, donde los INDCs presentados por Chile para mitigar y adaptarse al cambio climático serían francamente deficientes.

Finalmente, reiteró la necesidad de:

1) Crear una Subsecretaría Forestal al interior del Ministerio de Agricultura, reconociendo la importancia estratégica del sector;

2) Crear el Servicio Forestal del Estado a partir de la actual Corporación Nacional Forestal;

3) Fortalecer el INFOR, transformándolo en el Instituto de Investigación Forestal que el país necesita, dotándolo de recursos y personal, y

4) Institucionalizar el Consejo de Política Forestal como un órgano asesor y consultivo del Ministerio de Agricultura para implementar, hacer seguimiento y evaluar la política forestal.

14. Presidente del Sindicato de profesionales de la Corporación Nacional Forestal, señor Ricardo Heinsohn. [15]

Coincidió en que existe demasiada premura en la tramitación del proyecto, siendo que es un tema de gran importancia para muchas personas, por lo mismo, sugirió realizar todas las gestiones necesarias para quitar la urgencia calificada de suma, teniendo en consideración lo que sucede a nivel mundial por el Covid-19.

Asimismo, reflexionó sobre la ausencia de un informe financiero acorde a los requerimientos de un nuevo ministerio, especialmente respecto de la permanencia y traslado de los trabajadores de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y de todos sus servicios al nuevo ministerio.

Del mismo modo, comentó que no logra visualizar cual sería el beneficio para el país con la aprobación del proyecto de ley, ya que obedecería al típico modelo extractivista y exportador de Chile, agregando que se requiere algo más integral y coherente.

En el mismo sentido, explicó que la iniciativa estaría dejando de lado al sector forestal, ya que no se puede apreciar contenido respecto del cuidado y manejo de bosques nativos. Argumentó que un proyecto que es incompleto, que no hace referencia a la Corporación Nacional Forestal ni a sus funcionarios.

Por último, mencionó que la actividad forestal es la segunda actividad más importante de Chile en materia de exportaciones, después de la minería.

15. Presidente del Sindicato Nacional de SERNAPESCA, señor César Acuña. [16]

Explicó que la suma urgencia incorporada al proyecto no tiene fundamento, debido a la importancia del mismo y el contexto que vive el país.

A su vez, señaló que en la actualidad no tiene seguridad si el proyecto es adecuado o no, sin embargo, explicó que Chile tiene reconocimiento mundial en temas de pesca, por lo cual si se quiere hablar de integralidad, el nombre o título del nuevo ministerio debe identificar a todos.

A modo ilustrativo, mencionó que el Servicio Nacional de Pesca perteneció al Ministerio de Agricultura, pasando al Ministerio de Economía en 1978, sin embargo, dicha cartera nunca le otorgó la debida importancia al rubro.

Respecto a la iniciativa, sugirió que a lo menos se mencione a la pesca en el nombre del nuevo ministerio, a fin de evitar sentirse un apéndice del mismo, teniendo en consideración el rol de la actividad pesquera la cual es reconocida a nivel mundial.

Expresó que para estar a favor del proyecto -en principio- se requiere que el traspaso de la Institución al nuevo ministerio, sea garantizando su integralidad, especialmente en materia de remuneraciones y mantención del empleo.

Respecto a la modernización, comentó que se pretende contar con un locutor ministerial único, lo que en la práctica solo implicaría dar un primer paso para enfrentar los problemas actuales del país. En caso de ser así, esgrimió que no significaría un menoscabo a la situación laboral de los funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, sin embargo, enfatizó que podría haber otros aspectos que sí podrían afectar, motivo el cual se comprometió a remitir observaciones.

16. Presidente del Sindicato Nacional Honorarios PDTI del país, señor Alejandro Alicera. [17]

Afirmó que la lucha o defensa de los derechos de los trabajadores es con independencia del Gobierno de turno.

Dicho lo anterior, sugirió retirar la urgencia calificada de suma, ya que existen muchos sectores involucrados con la iniciativa legal, quienes no se encuentran acogidos íntegramente en la propuesta, haciendo hincapié en la protección de los trabajadores que desarrollan sus labores en modalidad a honorarios.

Esbozó que los Programas de Desarrollo Local deberían ser institucionalizados en el nuevo ministerio, garantizando y evitando una eventual vulneración de derechos.

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17. Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, señor Julio Berdegué. [18]

Señaló que la FAO valora muy positivamente la iniciativa de modernizar el Ministerio de Agricultura, explicando que Chile tiene un sector silvoagropecuario, pesquero, acuícola y alimenticio sumamente importante al ser un gran generador de empleo y considerarse como motor de la economía en muchas de sus regiones.

En el mismo sentido, comentó que el mundo rural también es sumamente significativo aunque muchos habitantes no lo vislumbren así en la vida cotidiana. Detalló que el 30% de la población nacional es parte de este mundo, como también, muchos de los recursos naturales, los ecosistemas fundamentales y las expresiones culturales arraigadas en el país.

Asimismo, sostuvo que el sector rural tiene muy importantes desafíos, mencionando que uno de ellos dice relación con la agricultura dual, donde más del 90% de las unidades de producción que constituyen la agricultura familiar campesina no han logrado aún una plena inserción en las cadenas de valor y en la inclusión económica.

A su vez, afirmó que dicho sector tiene niveles de pobreza y carencias de oportunidades y bienestar mucho mayores que los promedios generales del país. Además, explicó que el sector contribuye a la degradación de los suelos y de las aguas de Chile, siendo un importante usuario de la enorme porción de agua fresca que se utiliza en el país, poniendo a la agricultura y a la ganadería en conflicto permanente con otros sectores que requieren del recurso vital.

A mayor abundamiento, expresó que los suelos degradados no solo afectan la productividad de la agricultura y demás actividades económicas asociadas al campo, sino que también liberan enormes cantidades de carbono a la atmosfera, puntualizando que después de los océanos, los suelos contendrían mucho más carbono que todos los bosques del planeta. Así las cosas, mencionó que la degradación de los suelos de Chile es una contribución al cambio climático.

Aclaró que el sector en comento ha tenido impactos en la biodiversidad, indicando que la pandemia que enfrenta la humanidad en la actualidad tiene que ver con una ruptura de los equilibrios entre alimentación, agricultura y biodiversidad. Comunicó que con frecuente presencia estos virus originarios de animales silvestres hacen el salto hacia las sociedades humanas, debido a la ruptura de los equilibrios fundamentales entre los diversos elementos mencionados.

Agregó que los niveles netos de emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto del sector en Chile no serían altos gracias a la potencia de su sector forestal y de sus bosques nativos, sin embargo, afirmó que el sector agrícola y el ganadero son importantes emisores, puntualizando que la contaminación será un factor creciente de competitividad entre las naciones.

Destacó que existe un rezago en América Latina y el Caribe en el proceso de adaptación al cambio climático, indicando que Chile ha estado luchando durante los últimos años en contra de una terrible sequía.

En materia de innovación, esbozó que Chile ha sido un país líder en comparación con otros países de Latinoamérica y del mundo desarrollado, reiterando que los agricultores chilenos han sido ejemplares en impulsar procesos de innovación, sin embargo, expresó que por definición esta es una agenda que no terminará nunca.

Sobre el tema de los transgénicos, dejó en claro que es una materia muy significativa, no obstante, afirmó que el mundo ya no estaría discutiendo sobre estos aspectos, sino que de otras tecnologías, por lo cual los temas de la innovación y sus procesos requieren de una agilidad que muchas veces cuesta mantener.

Respecto a la iniciativa legal, mencionó que el proyecto de ley no aborda de manera suficiente el tema de la seguridad alimentaria y nutricional de Chile, reflexionando que algunos creían que Chile era un país que se habría librado del hambre, sin embargo, debido a los últimos eventos protagonizados por la crisis económica y la pandemia, han recordado la importancia de generar políticas permanentes en dicho ámbito, afirmando que un país nunca se encuentra totalmente libre de caer en crisis. En el mismo sentido, esbozó que el problema de la subalimentación no es el único, sino que también es la mala ingesta de productos alimenticios, aclarando que Chile es una de las naciones del continente con más alto porcentaje de obesidad en su población.

En cuanto al desarrollo rural, sostuvo que es un problema fundamental ya que ha operado una especie de vacío constitucional, donde nadie es propiamente dueño del problema. Por ese motivo, afirmó la importancia de incorporar dicha temática al proyecto de ley.

Por otro lado, esbozó que la institucionalidad pública sectorial del país es reconocida y respetada en toda la región, sin embargo, afirmó que es una institucionalidad del siglo XX, motivo por el cual, el proyecto de ley trataría de mantener su liderazgo en la región pero con una institucionalidad del siglo XXI.

Por último, declaró que la tendencia actual en el mundo es que los ministerios de agricultura se conviertan en instituciones cuya función sea inminentemente política, en el sentido de la dictación y determinación de las políticas públicas, separando entre el ministerio y otras instituciones, la función ejecutiva de dichas políticas. Por su parte, explicó que el proyecto de ley asigna al Ministerio de Agricultura una función esencialmente de coordinación, respecto de los servicios relacionados con la cartera. Así las cosas, estimó no estar seguro de que la función de coordinación pueda ser suficiente para lograr que la institucionalidad funcione coherentemente como sistema. De la misma manera, opinó que los efectos de la modernización del Ministerio tendrán un límite en el Estado, argumentando que si el ministerio es la entidad política considerada como la “cabeza”, su eficacia dependerá del grado de desarrollo de sus “brazos y piernas” que son sus servicios.

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18. Presidente del Consejo de Decanos de las Facultades de Agronomía de las Universidades pertenecientes al CRUCH, Decano de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Rodrigo Figueroa. [19]

Expuso en base a una presentación [19] que dejó a disposición de la Comisión, denominada “Nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural”.

Señaló que la iniciativa legal es una oportunidad importante de avanzar frente a un nuevo escenario de cambio constante. Respecto al cambio climático, manifestó que existen diversos objetivos y desafíos que abordar, tales como, la forma en que se ordena el territorio; la sostenibilidad ambiental, económica y social; las innovaciones que se desarrollan; la multifunción del espacio rural; la seguridad y soberanía alimentaria y, la competividad.

Sostuvo que la estructura actual del Ministerio de Agricultura no permite alcanzar los desafíos del futuro, en materia de desarrollo rural y alimentación. A su vez, declaró que el proyecto de ley viene a modernizar y actualizar la institucionalidad con el objeto de parecerse a los ministerios de agricultura del mundo, donde se puede apreciar que existe una integralidad de elementos, donde la palabra agricultura engloba todo el cultivo de la tierra en términos amplios.

Desde el punto de vista del desarrollo nacional y territorial, afirmó que la propuesta recoge lo que los expertos han venido recomendando hace un largo tiempo, mencionando algunos aspectos como la obtención de una organización más coherente con el sistema agroalimentario y el mejoramiento en la alineación de los incentivos. Asimismo, detalló que se reconocerá explícitamente los vínculos entre la producción primaria, la cadena de valor alimentaria y el bienestar rural, como también, se dejará de lado el antiguo modelo que fomentaba la separación de las diversas áreas y no permitía lograr su integralidad.

Consideró que, existen algunos aspectos que requieren importantes adiciones para poder cumplir con los objetivos, mencionando que se necesita de un marco institucional correcto a priori para lograr sus cometidos (integración de sistemas alimentarios); fortalecer sustancialmente el capital humano y la infraestructura analítica disponible en el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural y, procurar atraer y mantener a profesionales de alto nivel, circunstancia fundamental para asumir una responsabilidad aún mayor por la seguridad de todo el sistema alimentario, conjuntamente con la aceptación de responsabilidades explícitas por el bienestar de todos los hogares rurales y el desarrollo territorial en un país con más de 4200 km en longitud.

Asimismo, reflexionó sobre las otras reformas institucionales necesarias que se deben realizar para lograr materializar correctamente el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural (reestructuración interna). A modo ejemplar, esbozó que el Servicio Agrícola y Ganadero posee una sobrecarga de responsabilidades, ya que realizan diferentes funciones desde fiscalizar la ley de alcoholes hasta certificar la fruta. De la misma manera, estimó necesario conocer la forma en que se organizará el sector forestal y las organizaciones de investigación e innovación del sistema agroalimentario, como también, en el sector de la inocuidad.

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Respecto al rol coordinador que deberá cumplir el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario en el contexto de la modernización del nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, mencionó que dicho rol debe permitir varias cosas, tales como generar un marco de incentivo que logre alinear y comunicar los diversos sectores de forma muy transversal, como también, un rol multisectorial de desarrollo rural, lo cual involucra la participación y coordinación con varios ministerios.

Por último, se refirió a la importancia de coordinar el rol del Estado en investigación y promoción de la innovación, con el objeto de crear las condiciones necesarias para atraer capital humano avanzado al Ministerio.

19. Decana de la Facultad de Ciencias Forestal y Conservación de la Naturales de la Universidad de Chile, señora Carmen Luz De La Maza. [20]

Expuso en base a una presentación [21] que dejó a disposición de la Comisión.

Manifestó estar de acuerdo con los objetivos del mensaje presidencial que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, en el sentido de poder modernizar y adaptar su institucionalidad a los desafíos futuros del país, promoviendo un sistema agroalimentario, pesquero, acuícola y forestal competitivo y sostenible, comprometido socialmente y con base en el desarrollo regional y rural.

En el mismo sentido, señaló que el foco de la iniciativa es generar una mayor capacidad de producir alimentos y nuevos productos para los consumidores de Chile y del exterior, siendo las actividades agroalimentarias, pesqueras, acuícolas y forestales una fuente de calidad de vida y de superación de la pobreza.

Sobre el objetivo, opinó que el mensaje se encuentra centrado en la producción de alimentos como base para otros desarrollos y, en el traspaso de la totalidad de la institucionalidad de Pesca y Acuicultura desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, al nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, sin embargo, comentó que no pudo visualizar completamente al sector forestal en la propuesta.

Respecto a la justificación del proyecto de ley, afirmó que nuevamente, al igual que en los objetivos, se estaría enfatizando la producción de alimentos. Además, opinó que se puede visualizar muy débil desde la perspectiva de la sustentabilidad ambiental, teniendo en consideración todos los compromisos que ha adquirido Chile a nivel internacional, en relación con los objetivos de desarrollo sostenible.

Asimismo, indicó que debe existir una compatibilización entre la necesidad de producir alimentos y el necesario abastecimiento de agua potable para las comunidades locales, en caso contrario, no podría hablarse de un verdadero beneficio para el mundo rural.

Sobre los diagnósticos y desafíos establecidos en el mensaje presidencial, sostuvo que es un diagnóstico favorable que indica, en parte, la importancia del sector forestal, sin embargo, afirmó que falta enfatizar los desafíos en materia de sostenibilidad que tiene el sector forestal, donde el papel de los bosques es extremadamente relevante, no solamente desde el punto de vista de la biodiversidad. Al respecto, hizo hincapié en un reciente informe de FAO-UNEP (20 mayo 2020) el cual indica que la crisis del Covid-19 ha revelado con claridad la importancia de conservar y usar la naturaleza en forma sostenible, reconociendo que la salud humana está directamente vinculada a la salud de los ecosistemas, siendo la protección de los bosques un factor clave, ya que ellos albergan la mayor parte de la biodiversidad terrestre del planeta.

Así las cosas, esgrimió que la importancia de los bosques -reconocida a nivel mundial- tampoco se encuentra reflejada de forma adecuada en el articulado del proyecto.

Respecto al artículo 2 del proyecto de ley relativo a las funciones del ministerio, señaló que entre las letras “a” y “s” se hace un énfasis al tema alimentario, sin embargo, expresó que el nombre forestal aparece directamente en las letras a, b, f, g, l, siempre al último junto a otras materias, tales como, agropecuarias, alimentarias, acuícolas y pesqueras. Comentó que lo anterior es un cambio positivo pero muy insuficiente.

En cuanto al artículo 3 relativo a la estructura y organización del nuevo Ministerio, indicó que el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural contará con la Subsecretaría de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural y, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, como también, con las Secretarías Regionales Ministeriales y Direcciones Zonales de Pesca de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

En efecto, explicó que en la organización del nuevo Ministerio tampoco se reconoce al sector forestal, ya que no se propone un servicio público con niveles similares a lo que es INDAP y SAG, que representan a los subsectores agrícola y pecuario.

Manifestó que en la actualidad el sector forestal no cuenta con un servicio público, puesto que la Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una corporación de derecho privado y el Instituto Forestal (INFOR) es equivalente al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA).

En cuanto a los artículos 4, 5 y 6 relativos a las funciones del Ministro, Subsecretarios y Seremis, estimó necesario crear y agregar una Subsecretaría Forestal, teniendo en consideración la gran relevancia del sector y la gran estructura que se pretende programar, a través del mensaje presidencial.

Respecto a las demás normas, aclaró que se refieren a las actividades comunes de las subsecretarías, disposiciones finales y artículos transitorios, precisando que estos últimos dicen relación con el momento en que empieza a regir la ley.

Por último, reflexionó sobre algunos aspectos, preguntándose ¿Si el sector forestal y todos sus atributos que se le reconocen son tan importantes como describe el proyecto de ley? ¿Por qué no amerita que en este nuevo Ministerio, este sector cuente con una Subsecretaría Forestal?

De la misma manera, señaló que tampoco se aprecia cómo se coordinaría el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural con los otros cuerpos legales del sector forestal, ejemplificando con los proyectos de ley que crea el Servicio Nacional Forestal (Boletín N° 11.175-01) y el que crea el Servicio de Biodiversidad (Boletín N° 9404-12), en los cuales existiría un traspaso real de las áreas silvestres protegidas de la Corporación Nacional Forestal al Servicio de Biodiversidad.

Explicó que tampoco se ha considerado la Política Forestal 2015-2035, la cual fue elaborada entre 2015-2017 por el Consejo de Política Forestal, instancia asesora pública-privada, en la que participan diversos actores relevantes del sector forestal, desde el punto de vista académico, ambiental, científico, gremial y social. A mayor abundamiento, informó que tanto el Consejo como la Política Forestal fueron creados y aprobados mediante decreto supremo, agregando que dicho Consejo ha discutido otros proyectos relevantes, como por ejemplo “PL Fomento Forestal y Mitigación al cambio Climático”; “PL Incendios Forestales” y, “Modificaciones a Ley 20.283-Bosque Nativo”.

Finalmente, argumentó que este proyecto de ley no mejora al sector forestal, sino que más bien lo debilita, ya que no toma en cuenta toda su trayectoria de contribuciones sociales, económicas y ambientales. Además, comentó que lo disminuye al no otorgarle la jerarquía que merece y necesita, motivo por el cual sugiere que la iniciativa legal fortalezca explícitamente la institucionalidad de dicho sector, incorporando en su organización una Subsecretaría Forestal y promoviendo la pronta creación de un Servicio Nacional Forestal, como también, procurando gestionar todas las acciones que vayan en pro de estas iniciativas.

20- Decano de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile, señor Alfredo Aguilera. [22]

Expuso en base a una minuta [23] que dejó a disposición de la Comisión.

1. Manifestó que su Facultad es una de las más antiguas del país con más de 65 años de vida y con aproximadamente 1.500 profesionales titulados, los cuales han contribuido de manera significativa al desarrollo del país, en diversos ámbitos, tales como el manejo de plantaciones forestales; silvicultura del bosque nativo; estudio del cambio climático; hidrología de cuencas; restauración ecológica y, en la innovación y apoyo hacia la industrias y pequeñas y medianas empresas.

Seguidamente se refirió a la necesidad de ir modernizando aquellas estructuras del Estado que con el pasar de los años evidencian un envejecimiento o falta de actualización acorde con las necesidades del mundo cambiante, sin embargo, opinó que la velocidad con que ocurren estos cambios al parecer no son acordes con las urgentes necesidades de la sociedad.

En el mismo sentido, consideró que es muy importante avanzar en determinar aquellos elementos claves del sector forestal que en el mediano plazo logren de manera concreta aumentar los beneficios sociales que potencialmente posee dicho sector y que deben llegar a toda la sociedad chilena.

Manifestó que el territorio nacional cuenta con una extensa superficie cubierta por bosques que representarían un 23%, abarcando aproximadamente 17 millones de hectáreas. Detalló que, en esta superficie, más del 80% son bosques nativos.

A mayor abundamiento, informó que en la Región de Los Lagos el volumen de madera de bosque nativo alcanza los mil millones de metros cúbicos, sin embargo, afirmó que la mitad de este volumen se encuentra destinado como leña combustible.

Desde el punto de vista de la economía nacional, señaló que las plantaciones forestales aportan alrededor de un 3,5 % del Producto Interno Bruto de Chile, agregando que al año 2019 sólo por concepto de exportaciones se alcanzó un monto superior a los 5.600 millones de dólares.

En cuanto a la generación de empleo del sector forestal, mencionó que este supera los 300 mil puestos de trabajo desde el punto de vista de mano de obra directa e indirecta.

Manifestó que con las cifras antes mencionadas sólo se puede dimensionar en parte la importancia del sector forestal, ya que, si bien es un generador de empleo y un enorme aporte para la economía, la sociedad en general aún no se ha visto significativamente beneficiada.

Por otro lado, explicó que es urgente que la institucionalidad otorgue un gran impulso a la conservación de la biodiversidad, precisando que Chile dentro de la OCDE no cuenta con los recursos e iniciativas necesarias para asegurar en el largo plazo el resguardo y la protección de la increíble biodiversidad que posee el país.

Así las cosas, estimó que es urgente contar con un servicio forestal y una Subsecretaría Forestal, indicando que esta es la oportunidad para materializar su creación. A su vez, comentó que Chile necesita con prioridad el establecimiento de un modelo de desarrollo forestal sustentable y para ello es clave contar con la institucionalidad adecuada, circunstancia que podría asegurar en el mediano plazo cosas tales como, la mejora en la calidad de vida de las personas; la disminución de la degradación de los bosques; provisión de bienes y servicios del bosque hacia la sociedad en cantidad y calidad y, el resguardo de la biodiversidad.

A mayor abundamiento, hizo presente que esta nueva institucionalidad debe contar con una Subsecretaría Forestal, organismo que debiese ser el encargado de coordinar las políticas del sector, vincularse con las demás instituciones asociadas y hacerse responsable de los recursos forestales.

Opinó que el proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural da un paso atrás, debido a que no se ha escuchado oportunamente a todos los actores del sector forestal, agregando que la Corporación Nacional Forestal a fines de 2015 entregó los desafíos y visiones del sector forestal chileno para el periodo 2015-2035, visiones que no habrían sido tomadas en cuenta en el mensaje presidencial. Asimismo, opinó que debe escucharse el planteamiento del Colegio de Ingenieros Forestales y a las numerosas organizaciones no gubernamentales vinculadas al tema.

Recalcó que leyendo la iniciativa legal pudo percatarse de las pocas veces que fueron citadas ciertas palabras claves como carbono (1), agua (3), cambio climático (5) y forestal (29), en comparación con otras expresiones que al parecer tendrían mayor importancia como serían la agricultura (52) y los alimentos (67).

Hizo presente que, el sector forestal con el paso del tiempo ha ido concentrando la propiedad y limitando la diversificación de los productos, detallando que es un sector exportador de materia primas y no hay un necesario impulso hacia la producción de productos con mayor valor agregado. Explicó que generar productos con mayor valor agregado en la industria forestal es virtuoso ya que implica un mayor desarrollo de las ciencias y la tecnología.

Por último, hizo algunas observaciones de forma, expresando que en el nombre del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural se estaría excluyendo explícitamente al sector forestal, teniendo en consideración la importancia del rubro a nivel nacional en todos sus ámbitos. Sugirió modificar el nombre a Ministerio de Agricultura, Bosques, Alimentos y Desarrollo Rural.

Igualmente, expresó que en el proyecto de ley el sector forestal ocupa el último lugar de importancia, citando una parte del artículo primero del texto legal “, en adelante el Ministerio, el cual será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño, proposición y aplicación de políticas, planes, programas y normativas para el desarrollo de los sectores agropecuario, alimentario, acuícola, pesquero y forestal del país.” Al respecto, afirmó que lo anterior es reiterativo en todo el articulado por lo cual sugiere cambiar el orden de los factores.

También, realizó observaciones de fondo al Título II, Párrafo 1°, de la Organización del Ministerio, señalando que la propuesta de organización excluye explícitamente al sector forestal, asociándolo a otras áreas y sin considerar la creación de una Subsecretaría Forestal de carácter exclusivo, dada la complejidad y cobertura forestal del país. Según lo señalado, afirmó que debería agregarse un nuevo artículo que defina y explicite las funciones de un nuevo Subsecretario Forestal.

Por último, enfatizó la necesidad de avanzar en el resguardo y visión de futuro, procurando la integración de un área que requiere de grandes esfuerzos, debido al gran potencial de desarrollo sustentable que ofrece el sector forestal y que hasta la fecha no se ha sabido materializar correctamente.

Afirmó que una institucionalidad representada a través de un subsecretario forestal podría abarcar los siguientes aspectos:

- Impulsar beneficios para la población que depende de los bosques; estimular la creación de puestos de trabajo al incorporar bosques en manejo a largo plazo;

- Incentivar el manejo del bosque nativo; promover y facilitar acciones y recursos hacia áreas silvestres protegidas;

- Impulsar el resguardo e incremento de la biodiversidad en las masas boscosas;

- Trazar lineamientos respecto del uso o no de la madera como combustible y definir políticas al respecto, y

- Trabajar en políticas de desarrollo en conjunto con todos los organismos y organizaciones de la sociedad civil que directa o indirectamente dependen del sector forestal, tales como, pymes forestales, pymes de madera, empresas de servicios, contratistas, centros de investigación, universidades, entre otros.

Explicó que todo lo señalado anteriormente no será posible si es que el nuevo ministerio no cuenta con un subsecretario forestal, lo cual lamentablemente dejará al sector forestal postergado en un estado indefinido de letargo e inacción como ha sido hasta el momento.

Finalmente, argumentó que, de no otorgarse importancia al sector forestal en este cuerpo legal, va a ser muy difícil que Chile logre sus objetivos comprometidos con el cambio climático, con la superación de la pobreza, con el respeto y el cuidado la biodiversidad y, con el cuidado del agua, la producción de bienes y servicios del bosque.

21. Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, señor Manuel Sánchez. [24]

Expuso en base a una presentación [25] que dejo a disposición de la Comisión, denominada “Análisis al proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural”.

En primer término, comentó que su Facultad cuenta con 44 años de educación superior en el área forestal y 28 años como Facultad de Ciencias Forestales, agregando que aproximadamente existen 1.400 profesionales titulados en el rubro.

Dicho eso, se refirió a la modernización del Ministerio de Agricultura, reconociendo la necesidad de cambiar el actual Ministerio por otro más global y acorde a las necesidades actuales. Opinó que evalúan positivamente los enfoques y los esfuerzos del Gobierno por mejorar las condiciones del sector rural.

Asimismo, estimó importante incorporar al sector alimentario como parte integral del Ministerio, como también, fomentar el traslado de pesca y acuicultura desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a la nueva institucionalidad.

Manifestó que la nueva estructura debe ser un ejemplo de eficacia, eficiencia, probidad y transparencia, reconociéndose verdaderamente al 30% de la población que vive en zonas rurales, el cual cubre el 80% de territorio. Afirmó que apoyaran la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Rural, sin embargo, aclaró que nadie los ha considerado.

En el mismo sentido, corroboró que el sector silvoagropecuario es el motor de desarrollo del país con un 23,4% de las exportaciones, por lo cual se requiere promover el desarrollo del sector con innovación, investigación y transferencia tecnológica.

Coincidió con las afirmaciones respecto al potencial de desarrollo del país basado en el sector forestal, explicando que dicha área, representa el 7,5% del total de exportaciones (2019), aportando un 2,1% del PIB, y generando 150.000 empleos directos, otros tantos indirectos y si se suman los puestos de trabajo de los Productos Forestales No Madereros, se sobrepasaría los 500 mil empleos. Asimismo, informó que existe un Consejo de Política Forestal que desarrolló una planificación del sector forestal chileno de 2015 al 2035, puntualizando que en dicha instancia se lograron acuerdos y metas sumamente importantes.

También, indicó que existe el Boletín N° 11.175-01 que crea el Servicio Nacional Forestal, el cual debiese terminar con la Corporación Nacional Forestal. En efecto, recordó que CONAF es el encargado de aplicar las leyes y reglamentaciones forestales hasta ahora, sin embargo, es una institucionalidad privada, donde sus trabajadores aún no han sido consultados respecto al nuevo Ministerio.

Igualmente, hizo alusión al Boletín N° 9404-12 que ha impulsado la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente. Argumentó que esto último sería paradójico porque en el análisis de presentación del proyecto del nuevo Ministerio se valora fervientemente al sector forestal, sin embargo, a través del SBAP se despoja a CONAF del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

Por otro lado, comentó que analizados los lineamientos futuros contemplados en el proyecto y comparados con lo que actualmente realiza el sector forestal, existe una concordancia, pero no una coherencia con las acciones que se toman al respecto, precisando que no se menciona el sector forestal o la silvicultura, en el nombre del nuevo Ministerio. Tampoco se presta atención al gran anhelo del sector forestal por una Subsecretaría, teniendo en consideración el aporte al PIB, las exportaciones, el empleo y el desarrollo industrial. A mayor abundamiento, señaló que es verdad que se estaría legislando respecto del Servicio Nacional Forestal, sin embargo será tan desvalido como CONAF en la inmensidad de los demás subsectores del nuevo Ministerio.

Sobre las fortalezas del sector forestal que justificarían la creación de una Subsecretaría Forestal, enumeró, las siguientes:

1) Alto aporte al PIB (2,1%) (El subsector pesca aportaría solo un 0,6%).

2) Alto aporte al empleo (más de 500 mil empleos).

3) Motor de desarrollo rural, industrial, portuario, de transportes.

4) Mayor superficie de impacto de su actividad productiva.

5) Mejor herramienta para cumplir con los compromisos ante el cambio climático.

6) El 44,6% del territorio es calificado como de Aptitud Preferentemente Forestal (no arable).

7) Alrededor del 22,4% del territorio nacional son bosques.

8) 16,9 Millones de hectáreas cubiertas por áreas boscosas, de las cuales 14,6 MM son bosques nativos y 2,3 MM son de plantaciones.

9) Los bosques capturan 62% de las emisiones de CO2 anuales del país (2016), siendo el único sector que trabajará para cumplir con los compromisos contraídos en el COP 25.

Estimó importante que la nueva institucionalidad permita visibilizar el derecho de uno de los sectores más importantes del país en términos de tamaño, productividad, empleo, desarrollo industrial, efecto en el desarrollo rural, protección de recursos naturales, protección del régimen hídrico y protección contra la desertificación, reconociendo la importancia del sector forestal y agregando el concepto “Silvicultura” o “Forestal” en el nombre del Ministerio.

Por último, expresó que el mayor anhelo es incorporar una Subsecretaría Forestal, explicando que en la actualidad existe una política forestal mundial, que exige un desarrollo sustentable que incluya todos los aspectos que salieron a la luz con el estallido social. Al respecto, opinó imprescindible garantizar coherencia con los compromisos internacionales y considerar los lineamientos del Consejo de Política Forestal 2015-2035.

Respecto al Servicio Nacional Forestal, exclamó que se pretende controlar los grandes conglomerados del sector, transparentando la competitividad, resguardando las pymes madereras y los pequeños y medianos productores de madera, como también, proteger a los pequeños y medianos propietarios de bosques nativos, impulsando un verdadero proceso de incentivo al manejo silvícola del bosque nativo, para cumplir con los compromisos contraídos (Un millón de hectáreas de bosque nativo productivo).

Finalmente, hizo presente que muchas organizaciones forestales de la Región del Biobío también se encuentran preocupadas por una mejora sustancial del proyecto, en orden a visibilizar y mejora el sector forestal.

22. Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, señora Eve Crowley. [26]

Expuso en base a una presentación [27] que dejó a disposición de la Comisión.

En primer término, reflexionó sobre los desafíos del sector silvoagropecuario, haciendo alusión a la agricultura dual y las políticas diferenciadas; la sustentabilidad; la adaptación y mitigación del cambio climático y, los sistemas alimentarios.

Señaló que el sector silvoagropecuario en Chile es muy importante, contribuyendo un 11% del PIB y generando empleo principalmente en las zonas rurales. A su vez, indicó que existe la agricultura de pequeña escala, la cual abarcaría al 93% de los agricultores del país. Así las cosas, afirmó que ambos sectores requieren de políticas diferenciadas para poder enfrentas sus distintas realidades, haciendo hincapié en las grandes brechas existentes entre el sector urbano y rural, teniendo en consideración que la pobreza en el sector rural es más del doble que en el urbano.

Respecto a la sustentabilidad medio ambiental, mencionó que un 70% de la pesca es sobreexplotado, casi la mitad de los suelos se encuentran degradados por erosión y el sector agropecuario consume un 82% del agua disponible a nivel nacional.

Sobre la adaptación y mitigación del cambio climático, enfatizó que el sector silvoagropecuario es clave para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. En ese sentido, comentó que Chile es altamente vulnerable al cambio climático y depende de la disponibilidad y calidad de sus recursos naturales e hídricos, precisando que el 72% del territorio y 90% de los habitantes actualmente están afectados por la sequía. Explicó que esta adaptación es esencial para la seguridad alimentaria de las comunidades más pobres, motivo por el cual, afirmó que se requiere un sector resiliente al cambio climático.

Explicó que el sistema alimentario y las desigualdades sociales en Chile son evidentes, señalando que uno de cada dos niños y tres de cada cuatro adultos poseen exceso de peso, por lo tanto, opinó que se requiere de un mayor esfuerzo articulado para asegurar el acceso a una alimentación más saludable. Asimismo, argumentó que en Chile también existen problemas de inseguridad alimentaria asociada al Covid-19, producto de la vulnerabilidad de cadenas alimentarias tan concentradas.

Por otro lado, manifestó que hicieron una consulta con distintos países que se encuentran pasando momentos similares respecto a la constitución de sus ministerios, dejando en claro que las distintas medidas adoptadas por otras naciones son únicas y no demuestran necesariamente el paso a seguir que debería adoptar Chile, sin embargo, detalló que efectuaron dicho análisis con una mirada imparcial.

A través de un cuadro comparativo, se refirió a las ventajas y desventajas de una reforma estructural de esta naturaleza, haciendo hincapié en los alimentos, el desarrollo rural y la pesca.

Respecto al tema alimentario, indicó que cuando uno mira a otros países se observa una tendencia a incluir y considerar las cuestiones relacionadas con la alimentación en los ministerios de agricultura de los diversos países. Lo anterior demuestra la voluntad de elevar la importancia de la seguridad alimentaria a la hora de diseñar e implementar planes y programas en materia de desarrollo agrícola y rural.

Expresó que esta tendencia es parte del cambio desde un enfoque tradicional (casi exclusivamente en la producción) hacia una mirada más moderna y amplia sobre la calidad, inocuidad de los alimentos, bienestar animal, agricultura biológica y la importancia creciente de políticas para la protección de los consumidores. Así las cosas, afirmó que existen algunos ministerios que juntan los conceptos de agricultura, desarrollo rural y pesca, tales como Alemania, Francia, Holanda, Irlanda, Suecia y Finlandia.

Opinó que existe una gran eficiencia al tener todos los sectores productivos de alimentos en la misma institucionalidad. Además, expresó que una mirada sistémica permite una perspectiva y gestión más integral y armonizada del sistema alimentario con un conductor único para todo el sector. También, aseguró que permite una mejor gestión en la distribución de valor, con el objeto de que un grupo de agricultores no se encuentre en desventaja con otros y para encontrar innovaciones que permitan la reducción en los costos para los consumidores y una mayor ganancia para los productores.

Explicó que es importante considerar que en algunos casos cuando se crea un ministerio tan masivo en materia agroalimentaria, puede que se pierda el equilibrio y dificulte su capacidad de gestionar, ejemplificando con el caso de Nueva Zelanda. Igualmente, consideró relevante asegurar que no existan conflictos de interés latente entre la producción y el aseguramiento de la salud, precisando que algunas funciones -gestión y producción- deberían quedar separadas en el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural.

Respecto al desarrollo rural, explicó que la institucionalización del desarrollo rural presenta una gran oportunidad de fomentar un desarrollo inclusivo que tenga como centro a la agricultura familiar campesina y a la pesca artesanal, incluyendo a los pueblos originarios, mujeres y jóvenes.

Argumentó que los beneficios de tener un desarrollo rural explícitamente dentro del nuevo Ministerio, serían los siguientes: Ayudar en la visibilización del territorio rural y disminuir las brechas con el sector urbano; permitir poner énfasis en la agricultura familiar campesina como un motor de desarrollo; permitir el desarrollo de políticas diferenciadas para la agricultura de pequeña y gran escala y, facilitar una mirada intersectorial más allá de la meramente productiva.

Aclaró que el desarrollo rural tiene que ir más allá de la agricultura, logrando una coordinación interministerial verdadera, con diferentes sectores y necesidades (educación, salud, infraestructura, planificación, presupuesto y protección social). Señaló que hay un riesgo vinculado en que estos otros aspectos del desarrollo rural no reciban el mismo enfoque, si no existen mecanismos y poderes para coordinar con la gama completa de carteras. A su vez, esbozó que podría existir un conflicto de intereses entre grandes y pequeños agricultores al respecto, indicando que en Brasil se establecieron temas separados para analizar el desarrollo rural.

Por otro lado, manifestó que la pesca y la acuicultura para la FAO siempre han sido parte de la agricultura, por lo que el proyecto de ley va en el sentido correcto, debido a que no existirían razones de ningún tipo para mantenerlo separado al ser actividades que conviven. Mencionó que los ministerios de Francia, Alemania, Holanda, Irlanda, Suecia, Finlandia, entre otros, poseen juntos a los sectores de pesca, agricultura y desarrollo rural, a diferencia de Canadá, quien es partidario de su separación. A su vez, indicó que el posicionamiento del sector pesquero y acuícola dependen del tamaño del rubro, el volumen de producción, las eventuales amenazas al océano y la importancia en la economía nacional.

Explicó que incorporar a la pesca con el sector alimentario ayudaría al posicionamiento del pescado como un alimento o fuente de proteína saludable, teniendo en consideración que solamente un 9% de la población cumple con los requerimientos de pescado en su dieta. Asimismo, esbozó que podría generar eficiencia en temas de gestión, administración e infraestructura asociada con la inocuidad de los productos y, también, podría facilitar a una complementariedad entre varios servicios con mandatos muy similares.

Dejó en claro que se requieren parámetros y criterios objetivos de financiamiento para que los servicios sigan con sus recursos. De la misma forma, explicó que al integrar diversos sectores con distintas cualidades técnicas y bajo un mismo paragua, podrían generar un gran desafío para la autoridad ministerial.

En efecto, consideró que es muy importante que el sector pesquero siga con una Subsecretaría distinta y especializada, debido a los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Chile en la materia.

Por último, exclamó que la FAO considera positiva la modernización del Ministerio, siempre y cuando se ponga énfasis en la seguridad alimentaria y nutrición del país. Hizo presente que en 19 cartas magnas de diversos países se establece el derecho a la alimentación como garantía constitucional.

También, opinó que es importante conocer las otras funciones que se les asignarán al nuevo Ministerio, más allá de la coordinación en el desarrollo rural. Igualmente, reflexionó que la iniciativa de ley demuestra un “que hacer” y no un “como hacer”, detallando que son sumamente importantes las eventuales atribuciones, funciones y restructuración de los otros servicios.

23. Representante del IICA [27] en Chile, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, señor Hernán Chiriboga. [28]

Expuso en base a una presentación [29] que dejó a disposición de la Comisión.

Explicó que la crisis sanitaria nos pone en una coyuntura totalmente diferente, señalando que si bien es una crisis lamentable para el mundo, es cuando el sector agropecuario ha tomado mayor relevancia en la historia de la humanidad.

Compartió un video del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, donde se acredita su cooperación técnica de 70 años en el hemisferio.

En efecto, respaldó enfáticamente la propuesta de modernización del Ministerio de Agricultura, con una institucionalidad sólida, sustentable, actualizada y con proyección, ampliando la visión de una agricultura primaria a una agricultura enfocada en cadenas de valor con sustentabilidad.

Igualmente, explicó un cuadro producción y diversificación de ingresos en territorios rurales, demostrando que el índice de pobreza rural es menor cuando existen sectores y ministerios más diversificados donde no se prioriza solamente a la agricultura primaria. Argumentó que Chile está relativamente bien ubicado en relación con otros países de Latinoamérica, siendo que este aspecto debería mejorar aún más con la propuesta que crea el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural.

A mayor abundamiento, reiteró que la propuesta se fortalece con la situación actual de pandemia por el Covid-19, debido a la inminente crisis económica y aumento de la pobreza, la cual se verá acompañada de una gran crisis hídrica.

Expresó que la agricultura deberá proveer más alimentos, aumentando la producción con precios razonables y produciendo alimentos sanos con un claro enfoque de cadena. Asimismo, acotó que se requiere implementar políticas de desarrollo rural integral, haciendo hincapié en la participación de jóvenes y de mujeres en el sector rural, a fin de descentralizar la economía del país.

Por último, compartió dos casos de políticas similares que fueron exitosas, haciendo alusión a Brasil y Canadá.

Al respecto, sostuvo que el tema alimentario en Canadá es sumamente importante. Explicó que dicha nación tiene una visión en cadenas, es decir, dentro y fuera de las fincas, circunstancia que ha permitido catalogarlo como una potencia alimentaria, siendo la nación con mayor grado de inocuidad de alimentos en el planeta, sin embargo, opinó que poseer producción de alimentos sin inocuidad no es suficiente.

Por su parte, comentó que el ministerio del ramo en Brasil tiene mucha fuerza en la económica del país y, además, comprende los ámbitos de agricultura, alimento, acuicultura, pesca e incluso temas de cambio climático.

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El Ministro de Agricultura, señor Antonio Walker, agradeció el esfuerzo que todos hacen por mejorar la agricultura y el sector rural, argumentando que si no se hubiese puesto este tema en la palestra nunca se podría haber realizado este debate.

Dejó en claro que con la modernización del Ministerio no se cambiará el mundo agrícola, no obstante, opinó que se podrá ir construyendo un mejor y más justo sector agrícola, ejemplificando con el árbol que recién entrega frutos después de 4 a 5 años.

Asimismo, recalcó que se pretende tener una Subsecretaría que abarque todo lo que significa la tierra, tanto en la producción y en el desarrollo del mundo rural. A mayor abundamiento, afirmó que no se pueden seguir creando más ministerios y subsecretarias porque el financiamiento depende de una Ley de Presupuestos para el Sector Público, situación que no depende del Ministerio.

Igualmente, aclaró que el sector forestal es parte fundamental de la agricultura chilena y, por eso, se estaría pensando en la creación de un Servicio Nacional Forestal. A mayor abundamiento, esclareció que el sector forestal y la pesca pueden estar incluidos en el nombre del nuevo Ministerio de Agricultura, no obstante, anticipó que no se puede crear una subsecretaría por cada rubro de la agricultura.

Por último, expresó que el mayor mérito del nuevo Ministerio es hacerse cargo de la tremenda desigualdad existente entre el mundo rural y urbano, precisando que una de ellas dice relación con el acceso al agua potable donde el mundo urbano tiene una cobertura del 98% y el mundo rural de 54%. Al respecto, puntualizó que para tal efecto se incorpora y materializa la Política Nacional de Desarrollo Rural.

Finalmente, solicitó a la Comisión realizar propuestas para la modernización del Ministerio de Agricultura, en el caso de no existir acuerdo con la institucionalidad que se propone.

El señor Manuel Sánchez indicó que el sector forestal como toda actividad humana tiene luces y sombras. Respecto al agua, citó al filósofo Confucio “si yo manejo el bosque, manejo el río”, puntualizando que los recursos forestales son los que mantienen las corrientes de los ríos y fuentes de agua.

Reconoció el gran ímpetu del Ministro de Agricultura y sostuvo estar de acuerdo con el proyecto, opinando que cada paso por mejorar la institución es bienvenido.

Por otro lado, comentó que con la Subsecretaría Forestal se podrían establecer políticas públicas que vayan de la mano con la regulación de la pobreza rural y las plantaciones. En efecto, manifestó que en otros países se exige a las empresas la creación de escuelas, postas y el mejoramiento del desarrollo de las personas que viven en dichos sectores rurales explotados.

El señor Alfredo Aguilera hizo presente que existe una gran oportunidad de modernizar la institución.

Asimismo, enfatizó la necesidad de crear una Subsecretaria Forestal e incorporar al sector en el nombre del nuevo Ministerio.

En el mismo sentido, indicó que la propuesta de agrupar en un Ministerio dos grandes Subsecretarías es factible, sin embargo, en la práctica el sector forestal es mucho más que eso, opinando que el tema presupuestario es menor porque se estaría en presencia de un tema de Estado a largo plazo.

24. Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, señor Roberto Cornejo. [30]

Expuso en base a una presentación [31] que dejó a disposición de la Comisión.

En primer término, hizo presente que la exposición se concentra exclusivamente en analizar la situación del sector forestal en la iniciativa legal.

Afirmó que la opinión del Colegio de Ingenieros Forestales es que el proyecto de ley no considera al sector forestal, manteniéndolo en una situación de postergación respecto a las otras temáticas que se abordan, precisando que lo anterior se refleja por la ausencia de una Subsecretaría Forestal.

Reflexionó sobre el por qué el sector forestal debe tener una subsecretaría especializada.

Al respecto, comentó que el sector forestal ha crecido y se ha complejizado en las últimas décadas, indicando que el cambio climático ha puesto de manifiesto la importancia de los bosques no sólo como fuente de bienes, sino también como un recurso estratégico para la generación de servicios ecosistémicos y la mitigación de las emisiones de CO2.

Igualmente, expresó que el rubro ha experimentado un crecimiento acelerado en términos de superficie plantada, montos exportados, países de destino y participación en el PIB nacional.

En el mismo sentido, señaló que el sector forestal público es responsable de administrar 17 millones de hectáreas de bosques, proteger 15 millones de hectáreas de parques y reservas, como también fiscalizar 10 millones de hectáreas de formaciones xerofíticas.

A mayor abundamiento, comentó que la actividad forestal representa un 2,1% del PIB nacional en comparación a la pesca, que representa solamente un 0,6%. Pese a lo anterior, esgrimió que el sector forestal aún no se encuentra consolidado y enfrenta numerosos desafíos que requieren una modernización institucional para afrontarlos.

Explicó que se puede observar un debilitamiento de la gestión forestal al interior del Ministerio de Agricultura, detallando que el 2010 se redujeron sus funciones, limitándolas a la protección de los recursos silvoagropecuarios, con el fin de trasladar competencias más amplias sobre los recursos naturales al Ministerio del Medio Ambiente, como paso previo a la creación de un Servicio de Biodiversidad. Agregó que lo anterior, generaría conflictos en la gestión pública de los bosques.

Señaló que en la práctica, ante la ausencia de una Subsecretaría Forestal, CONAF actúa como la entidad pública principal del sector, opinando que sería inadecuado porque esta Corporación diseña, ejecuta y evalúa las políticas y normativas del sector forestal, lo que no resultaría eficiente ni transparente, dado que le corresponde evaluar su propio desempeño, identificar sus deficiencias y corregirlas, sin una mirada externa.

Afirmó que el servicio forestal debería limitarse a implementar políticas que hayan sido definidas por una instancia superior y que la actual Subsecretaría de Agricultura no es la instancia superior que el sector necesita, reiterando la necesidad de incorporar una Subsecretaria Forestal especializada.

Por otra parte, mencionó los desafíos del sector forestal y opinó que son demasiado complejos para la institucionalidad que actualmente posee.

1) Participar de las acciones de mitigación del cambio climático, a través de la forestación y el manejo del bosque nativo.

2) Mantener la generación de bienes y servicios que los bosques producen y que la sociedad demanda.

3) Reducir la degradación y pérdida de bosques, especialmente en la zona central.

4) Incorporar a los pequeños propietarios al desarrollo forestal.

5) Combatir incendios forestales.

6) Detener los procesos de erosión y desertificación que se intensifican junto con el cambio climático.

7) Administrar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas que asciende a 15 millones de hectáreas.

8) Avanzar hacia el desarrollo de una bioeconomía basada en recursos naturales renovables, principalmente derivados de la madera.

9) Cumplir los compromisos nacionales (carbono neutralidad al 2050) e internacionales (compromisos de reducción de emisiones del Acuerdo de París).

10) Ampliar su ámbito de acción a las ciudades a través de la arborización y silvicultura urbana, generando ciudades más sustentables.

Sostuvo que es prácticamente imposible enfrentar adecuadamente estos desafíos sin una administración forestal de alto nivel, separada de los objetivos específicos del sector agropecuario o pesquero.

Recalcó que en 1998 el Ejecutivo justificaba la creación de una Subsecretaría Forestal para lograr avanzar hacia una especialización de las instituciones que tienen un mandato vinculado al quehacer forestal. Argumentó que han pasado más de 20 años y esa necesidad solo se ha acrecentado, haciendo hincapié en la urgencia de corregir esta inexplicable omisión en el proyecto de ley.

También, manifestó que existe un amplio consenso entre los actores del sector forestal sobre la urgencia de contar con una Subsecretaría Forestal, mencionando a los distintos gremios productivos (Aprobosque, AchBiom, ProNitens, ACOFORAG, PYMEMAD, Sociedad Nacional Forestal); el Colegio de Ingenieros Forestales; las Facultades de Ciencias Forestales de Universidades; la Agricultura Familiar Campesina (MUCECH); la Agrupación de Ingenieros Forestales Defensores del Bosque Nativo; el Colegio de Ingenieros Agrónomos; las asociaciones de pequeños propietarios forestales de bosque nativo; los sindicatos de profesionales y trabajadores de CONAF; el sindicato de trabajadores de INFOR y, otras organizaciones.

Por último, mencionó y explicó los tres argumentos en contra de la creación de una Subsecretaría Forestal:

1) Sector forestal consolidado: Opinó que en este análisis sólo se visualiza el accionar de las grandes empresas, dejando afuera el resto del sector, como pequeños y medianos propietarios, pequeñas y medianas empresas madereras, contratistas forestales, biomasa, productos del bosque no madereros y muchos otros rubros;

2) Incremento del gasto: Manifestó que la creación de esta institucionalidad no implica un gasto significativo, porque requiere de una contratación menor de profesionales de apoyo y no implica aumento en las Seremías Regionales;

3) El sector forestal está bien representado dentro del ministerio: Argumentó que esta afirmación es errónea, teniendo en consideración lo expuesto por todos los representantes del sector forestal en la Comisión.

Finalmente, sostuvo que la aspiración de avanzar como país hacia un desarrollo sostenible y hacia una bioeconomía forestal con bajo impacto ambiental sólo sería posible si se cuenta con diseños institucionales especializados y de alto nivel de decisión, precisando que el sector forestal es clave en este desafío, sin embargo, señaló que los actuales diseños institucionales, limitan su potencial.

25. Sociedad Nacional Forestal A.G.

a) Vicepresidente, señor Mario Hermosilla. [32]

Expuso en base a una presentación [33] que dejó a disposición de la Comisión.

En primer término manifestó que, el sector forestal ha sufrido 300 años de desforestación y procesos de erosión muy severos, precisando que en 1850 la sociedad chilena planteo serias alarmas respecto a estos problemas y recién en 1872 se promulgó una ley corta que prohíbe la tala de árboles. Asimismo, mencionó que a fines del siglo XVIII el Estado trae al señor Federico Albert, donde se establecen ensayos de introducción de especies y, en 1931 se promulga le ley de bosques que tiene importantes beneficios tributarios para promover la forestación. Por último, señaló que en 1974 con la publicación del decreto ley N° 701 se logran forestar en Chile 400.000 hectáreas, completando 2,4 millones de hectáreas forestadas al 2015 (1,4 M son de pino, 0,9 M de eucaliptus y 0,16 M de otras especies), proliferando la mejor captación de aguas hacia las napas subterráneas.

A mayor abundamiento, explicó que en Talca el 74% del agua que cae en el año no es aprovechada por el bosque, porque durante el invierno entra en un proceso de no crecimiento debido a la presencia de temperaturas que no posibilitan el desarrollo de la fotosíntesis.

Asimismo, señaló que el agua caída en un sector desforestado logra infiltrarse solamente en el 1%, sin embargo, aclaró que el suelo forestado de un bosque logra imbuir agua en un 17%, permitiendo infiltrar a las capas freáticas un 8,5%. Igualmente, comentó que el bosque produce una disminución en la velocidad con que el agua se desplaza.

Declaró que el sector forestal con 2,4 millones de hectáreas habría contribuido en que no se perdieran 120 millones de toneladas de agua al año.

También, indicó que el sector contribuye a la creación de productos con US$10.000 millones al año, de los cuales US$ 4.000 millones van al mercado nacional y US$ 6.000 millones en exportaciones. Además, afirmó que genera 300.000 empleos directos e indirectos y permite la captura de CO2 a través de sus bosques.

Por otro lado, se refirió a los grandes desafíos que enfrenta el sector forestal en lo sucesivo, mencionando la recuperación del dinamismo y la rentabilidad de la actividad y, haciendo hincapié en varios temas, tales como, la falta de una persona en el Ejecutivo dedicada a los problemas del sector; la necesidad de forestar 1 millón de los 2 millones de hectáreas erosionadas y deforestadas que quedan en Chile, para adicionar un 40% más de actividad económica cada año; la intención de agregar 125.000 nuevos empleos, especialmente para los sectores rurales y, la necesidad de unir al sector estatal y privado en la prevención y combate de incendios rurales.

De la misma manera, estimó importante incorporar a diez nuevas especies al esfuerzo forestador; desburocratizar el sector forestal, precisando que este rubro siempre debe pedir permiso para poder accionar (plantar, cosechar, etc.); crear e incorporar de forma urgente un Servicio Forestal que reemplace a CONAF; mayor infraestructura de caminos, puentes, puertos y ferrocarriles, con un estándar que permitan operar a bajo costo; aplicar tolerancia cero con los incendios rurales y erradicar el terrorismo rural.

En el mismo sentido, informó que la industria de los bienes y servicios debido a los incendios forestales estaría enfrentando problemas de abastecimiento, circunstancia que generaría una disminución del sector forestal, siendo que se requiere propender a su ampliación. Por lo anterior, afirmó que deben ser líderes mundiales en la construcción en madera.

Respecto al proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, estimó preocupante que las tremendas instituciones del SAG, INDAP y ODEPA no tengan las capacidades forestales necesarias para un desarrollo óptimo del rubro. Opinó que lo anterior ha producido un estancamiento en el desarrollo de la actividad forestal, teniendo en consideración la falta de ejecutivos forestales en el Ministerio de Agricultura y en las secretarías regionales.

Finalmente, elogió el esfuerzo efectuado por el Consejo de Política Forestal e instó a retomar dicha labor.

b) Director Ejecutivo, señor Emilio Uribe. [34]

Expuso en base a la misma presentación utilizada por el señor Mario Hermosilla.

Apoyó la creación de un Ministerio que incluya a la actividad forestal, asignándole la importancia que tiene dentro del sector silvoagropecuario. Además, hizo hincapié en la necesidad de contar con una Subsecretaría Forestal, con el objeto de proyectar un país forestal sostenible, que establezca políticas de Estado, no obstante, opinó que no pueden apoyar una reestructuración del Ministerio de Agricultura tal como estaría planteada por el Ejecutivo.

Asimismo, señaló que la actividad forestal se encuentra diluida en distintos servicios públicos, los cuales no cuentan con funcionarios o profesionales capacitados y calificados que puedan interlocutar adecuadamente con el sector forestal, esgrimiendo que las políticas de Estado deberían implementarse a través de un servicio forestal altamente calificado técnicamente.

En el mismo sentido, informó que el proyecto de ley para crear el Servicio Nacional Forestal se encuentra en el Senado sin movimiento alguno.

Finalmente, expresó que este nuevo Ministerio debería incorporar la denominación "forestal " o "silvícola" por su importancia relativa y, además, reconocer que debe refundir lo forestal -que está disgregado y con escasa coordinación- en los diferentes servicios públicos, como ODEPA, SAG, INIA INDAP, CIREN y otros. En efecto, opinó que no se trata de crear más estructuras burocráticas, sino que más bien, servicios altamente eficaces y eficientes, sin mayores costos para el Estado y que cuenten con una facilidad para organizarse en centros o divisiones sectoriales que reporten a una Subsecretaría Forestal.

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El Ministro de Agricultura, señor Antonio Walker, agradeció las presentaciones efectuadas.

Manifestó que la ley orgánica del Ministerio de Agricultura es de 1960 y prácticamente no hace mención al sector forestal, sin embargo, afirmó que el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural incluye al sector con mucho énfasis, haciendo alusión a las siete letras del artículo 2 del proyecto de ley, donde se hace mención expresa al rubro.

Respecto al nombre del nuevo Ministerio, aclaró que existe la posibilidad de incorporar al sector pesquero y forestal.

Acotó que dentro de la nueva institucionalidad existe la Subsecretaría de Agricultura o también denominada “Subsecretaría de la Tierra”, donde se encuentran incorporados el sector pecuario, hortofrutícola, cerealero y forestal. Al respecto, esgrimió que muchos sectores de la agricultura también solicitan su propia subsecretaría, no obstante, aclaró que no se puede crear una institución por cada rubro.

Recalcó la importancia del sector forestal y sus servicios, haciendo alusión a la Corporación Nacional Forestal, al Instituto Nacional Forestal, al Consejo de Política Forestal y al futuro Servicio Nacional Forestal, esgrimiendo que este último debería potenciarlo aún más. Asimismo, detalló que es el único sector de la agricultura que tiene una instancia denominada “mesa de la madera” donde participan los gremios y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y el Ministerio de Agricultura. También, indicó que muchos servicios del nuevo Ministerio se encuentran vinculados estrechamente con el rubro.

Por último, interpretó al sector forestal, señalando que el rubro apoya la creación del nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, sin embargo, solicitan la creación de una Subsecretaría Forestal. Sobre el punto, enfatizó que no es posible la creación de otra subsecretaría dada la modernización que está efectuando el Estado.

El señor Roberto Cornejo, en términos generales, opinó que la modernización del nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural sólo estaría enfocado en un cambio de nombre.

Además, hizo hincapié en la creación de una Subsecretaría Forestal.

El señor Mario Hermosilla reiteró la necesidad de contar con una autoridad especializada, dentro del Ministerio de Agricultura, que se dedique al sector forestal, teniendo en consideración todos los desafíos futuros que se vienen.

El señor Antonio Walker aclaró que el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural busca participar en el diseño y elaboración de las políticas públicas para el sector forestal, con una implementación a cargo de la Corporación Nacional Forestal o el Servicio Nacional Forestal. Además, señaló que la nueva Política Nacional de Desarrollo Rural también se encuentra estrechamente vinculada al sector.

Instó a la Comisión a discutir el proyecto de ley, sin agotar su análisis en la creación de una Subsecretaría Forestal, anticipando que no es posible su materialización.

26. Presidente de la Asociación Gremial de Profesionales Pesqueros y Acuicultores de Chile A.G, señor Marcelo Martínez. [35]

Expuso en base a una presentación [36] que dejó a disposición de la Comisión.

Informó que la asociación gremial se fundó en 1971 y se encuentra compuesta por más de 300 ingenieros acuicultores e ingenieros pesqueros, que se desempeñan en el sector público y privado. Han desarrollado jornadas de pesquerías y acuicultura, congresos nacionales e internacionales y publicaciones de libros y documentos técnicos, como también, han participado activamente en las distintas instancias de asesoramiento al Estado, en materias legislativas y educacionales. En síntesis, destacó que poseen una gran trayectoria en la historia y desarrollo de la pesca y acuicultura de Chile.

Antes de comenzar con la presentación propiamente tal, realizó dos preguntas para la reflexión de los diputados y diputadas de la Comisión: ¿Cómo visualizan el desarrollo sostenible de la pesca y acuicultura en los próximos 10 años? ¿El proyecto de ley satisface los requerimientos de ese escenario futuro?

Hizo presente, que concuerdan con la iniciativa legal debido a la urgente necesidad de modernizar la administración pública del sector de pesca y acuicultura, y de mejorar la eficiencia del Estado, sin embargo, estimó que el proyecto de ley adolece de aspectos fundamentales de forma y fondo.

En ese sentido, afirmó que la APROPECH A.G. rechaza el actual proyecto de ley y solicita generar un diálogo abierto y sistemático con todos los sectores involucrados en el sector de la pesca y acuicultura (academia, producción y sociedad civil), durante un plazo prudente y acotado, con el objeto de construir un acuerdo transversal que sustente el fondo de una nueva propuesta que permita instaurar una administración pública, para que el sector en comento pueda ser sostenible y basado en recursos hidrobiológicos y medio ambientes sustentables.

Hizo constar la plena disposición de aportar con las diversas experiencias y conocimientos de los profesionales que integran la Asociación, para la construcción y participación de un diálogo sistemático, que permita llegar a un acuerdo transversal que sustente el fondo de la propuesta de una nueva administración pública.

Respecto a la importancia de la actividad pesquera, estimó que el rubro en las costas de Chile se remonta posiblemente a los tiempos de la cultura del anzuelo de conchas, es decir, unos 4.400 años A.C. Asimismo, afirmó que el sector pesquero-acuicultor es la tercera actividad más relevante dentro de la economía nacional, mencionando algunos hitos que avalan dicha información:

1) En 2019 el país exportó US$ 6.789 millones (10% de las exportaciones totales).

2) Los desembarques y cosechas acumuladas al 2019 fueron 3,46 millones de toneladas, precisando que 2,14 millones correspondieron a la pesca extractiva artesanal e industrial y 1,32 millones a la acuicultura.

3) A partir de 1992 Chile es el segundo productor mundial de salmones después de Noruega.

4) Chile es el primer exportador de mejillón a nivel mundial y el segundo productor después de China.

5) En 2016 Chile se posicionó como el séptimo exportador mundial de pescados.

6) El país es considerado una potencia pesquera y acuícola a nivel internacional, por el nivel y calidad en su producción.

7) Desarrolla la actividad extractiva a lo largo de toda la costa y la alta mar. Manifestó que en éste último, los recursos son regulados por organizaciones regionales de pesca, como la CAMELAR para recursos antárticos como el krill y el bacalao, y la ORP del Pacífico Sur para el jurel y la jibia.

Consideró que esta iniciativa legal es inoportuna considerando el estado de catástrofe generado por la pandemia del Covid-19, por lo que no permite una adecuada discusión. Además, opinó que el proyecto presenta una asimetría y sesgo marcado en favor de la agricultura versus la pesca y acuicultura, siendo que ambos sectores tienen una participación similar en la actividad económica del país. En efecto, afirmó que el mensaje no se hace cargo de abordar los problemas actuales y los desafíos futuros de la pesca y acuicultura.

Se refirió a los desafíos particulares y comunes de la pesca y acuicultura, reiterando la extrema necesidad de abordarlos, con el objeto de propender al óptimo desarrollo de los sectores.

También, realizó un análisis detallado respecto de los problemas que afectarían al articulado del proyecto de ley, haciendo una breve descripción de los mismos.

Por último, concluyó que el proyecto de ley no se hace cargo de resolver los problemas actuales y desafíos del sector de la pesca y acuicultura y, tampoco se logra percibir cuál es la propuesta de valor que ameritaría el cambio propuesto. A su vez, opinó que la iniciativa requiere de una instancia de reformulación que aborde desde sus bases, la situación actual y futura del sector.

A mayor abundamiento, expresó que la pesca y la acuicultura tienen una importancia económica y social muy relevante para el país, pero además representan un aspecto estratégico geopolítico muy relevante, precisando que el mensaje no reconoce sus méritos e importancias para el país, es más lo invisibiliza.

Finalmente, sugirió crear una mesa de trabajo con representantes de los actores del sector de la pesca y acuicultura (productivo, académico e investigación, profesional, público), con el objeto de construir una propuesta que se haga cargo de los problemas y desafíos del sector, agregando contundente valor a su administración pública.

27. Presidente de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, señor Marcelo Oliva.1

Expuso en base a una presentación [37] que dejó a disposición de la Comisión.

Inició su participación señalando que representa a una corporación de derecho privado creada el 14 de octubre de 1994, por el decreto supremo N° 1404 del Ministerio de Justicia, la cual es sucesora del Comité de las Ciencias del Mar-Chile, fundado el 17 de diciembre de 1960.

Los objetivos de la Sociedad son el fomento y la difusión de la investigación científica y tecnológica en el área de las ciencias del mar, tales como, el asesoramiento científico, docente y técnico de instituciones públicas o privadas, nacionales, internacionales y extranjeras, así como, la publicación y divulgación de los trabajos de la Sociedad, de sus miembros o de otras personas y, en general cualquier acción que tienda a la mejor comprensión por parte de la comunidad respecto de la importancia que las ciencias del mar tienen para el desarrollo científico, económico, social y cultural de Chile. Se cuenta con más de 300 asociados que desarrollan actividades académicas y administrativas a lo largo del país, con una muy fuerte presencia en pesca y acuicultura.

Hizo constar que, a diferencia del sector forestal no hará una defensa del rubro de la pesca y acuicultura porque su importancia ya se encuentra plasmada por la actual Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

En todo caso, consideró preocupante la urgencia “suma” que se le otorgó al proyecto de ley, teniendo presente que existen muchas organizaciones y actores vinculados al rubro que aún no han podido discutir sobre la propuesta de modernización. Asimismo, reflexionó sobre las actuales condiciones sanitarias y sociales que afectan al país, las que eventualmente impedirían un adecuado estudio y análisis del mensaje presidencial.

Respecto a la propuesta legal, estimó que más que trasladar la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo al nuevo Ministerio, se debería crear el “Ministerio del Mar o el “Ministerio de Pesca y Acuicultura”, el cual tendría que enfocarse, entre otros aspectos, en los recursos naturales renovables (pesca-acuicultura; áreas marinas protegidas) y recursos naturales no renovables (minería subacuática). Argumentó que la propuesta se fundamenta en las innumerables riquezas naturales renovables existentes en el mar, las cuales requieren de una atención especial y prioritaria para asegurar su sustentabilidad.

Explicó que retornar el sector de la pesca y acuicultura al Ministerio de Agricultura reconocería que son actividades que comparten recursos naturales renovables, sin embargo, opinó que lo anterior debe asegurar un desarrollo propio de la actividad que permita afrontar los nuevos desafíos, con una debida modernización de la actual institucionalidad. Comentó que si bien estos son elementos importantes en la propuesta, destacó una serie de falencias que ameritan su revisión profunda, con la participación activa de los actores involucrados que puedan dispersar todas las dudas al respecto.

En el mismo sentido, indicó que el proyecto plantea un nuevo Ministerio con dos Subsecretarías, sin embargo, en el nombre del nuevo Ministerio recoge sólo a una de ellas.

Por otro lado, expresó que el mundo rural requiere de una nueva visión y coordinación de las políticas sectoriales, argumentando que en la definición de “mundo rural” no están explícitas las particularidades del sector asociadas a la pesca y acuicultura. Al respecto, señaló que se menciona la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) 2014-2024 como guía para el accionar del nuevo Ministerio, no obstante, el decreto N° 19 de 12 de marzo de 2020 que crea la PNDR, dispone que el mundo rural está constituido por la ruralidad asociada al “campo” y al agro, en consecuencia no recoge las particularidades de la “ruralidad pesquera y acuicultora”.

Respecto a una discusión semántica, estimó preocupante la incorporación del término “considera” en la siguiente parte de la iniciativa legal “Este proyecto de ley considera el traspaso de la totalidad de la institucionalidad de Pesca y Acuicultura al nuevo Ministerio”. Explicó que la forma verbal en comento no aseguraría el tránsito de la institucionalidad pesquera en su conjunto al nuevo Ministerio.

A mayor abundamiento, mencionó que el artículo 3 del proyecto de ley dispone en su parte pertinente que:

“Artículo 3.- Estructura del Ministerio. La organización del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural será la siguiente:

a) El Ministro de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural.

b) La Subsecretaría de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural.

c) La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

d) Las Secretarías Regionales Ministeriales.

e) Las Direcciones Zonales de Pesca de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.”

Agregó que el articulado de la estructura del Ministerio no menciona al SERNAPESCA, pese a que forma parte de la institucionalidad pesquera y acuícola.

Por último, afirmó que estas no son las únicas preocupaciones de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, en relación con la propuesta del nuevo Ministerio. Asimismo, estimó importante que, cuando las condiciones así lo permitan, se genere un amplio proceso democrático, participativo, debidamente informado y con los tiempos necesarios para generar un cambio hacia una institucionalidad moderna y dinámica, ajustada a los desafíos que se enfrentan en un escenario post-pandemia y con un incesante avance del cambio global.

Finalmente, hizo presente que la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar está abierta a participar activamente en las discusiones que sean necesarias para asegurar una institucionalidad pesquera y acuícola que asegure la sustentabilidad de la actividad.

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El Ministro de Agricultura reiteró que el sector pesquero nunca debió haber salido del Ministerio de Agricultura y, por lo tanto, solamente estaría volviendo a su hogar.

Reflexionó sobre la sinergia existente entre el sector de la pesca y la agricultura, precisando estar llano a discutir sobre el proyecto de ley, sus desafíos y falencias.

Asimismo, justificó la urgencia calificada de suma debido a la gran premura que tiene el tema, teniendo en consideración que quedan solamente 20 meses de Gobierno.

Por último, mencionó que es perfectamente posible que en el nombre del nuevo Ministerio se considere al sector pesquero y, además, sugirió a la Comisión invitar a exponer al Subsecretario de Pesca y Acuicultura.

Asimismo, expresó que hay muchos países en el mundo que tienen unidas las actividades de pesca y agricultura, como por ejemplo Nueva Zelanda, esbozando que es un país digno a seguir.

El señor Marcelo Martínez hizo hincapié en la necesidad de discutir ampliamente el proyecto, con el objeto de promover su enriquecimiento y garantizar las condiciones idóneas para el traslado íntegro del sector pesquero desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a la nueva institucionalidad.

28. Presidente de PYMEMAD Chile, señor Fernando Rosselot. [38]

Expuso en base a una presentación [39] que dejó a disposición de la Comisión.

Señaló que existe una fuerte asimetría en el sector forestal maderero, ya que estaría dominado por dos grandes actores. Afirmó que esta asimetría afecta negativamente a las medianas y pequeñas empresas del sector, en todo su ciclo productivo, desde el abastecimiento, acceso al crédito y a la tecnología, acceso a los mercados, acceso a puertos y a los fletes navieros.

Manifestó que las apremiantes fundamentales de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Industriales de la Madera son:

1) El abastecimiento de los trozos aserrables y materia prima en general para las PYMES.

2) Las tarifas navieras altas y las dificultades para adquirir espacio en las naves.

Consideró que para solucionar estos y otros problemas se deben sentar todos los actores involucrados, tales como las grandes empresas, las Pymes y el Estado.

Indicó que la brecha entre las exportaciones de las grandes empresas y el resto de las industrias se ha acrecentado, lo que se podría explicar en parte por el factor celulosa y los tableros, pero aún es una dicotomía muy alta. Además, que en la madera aserrada de pino radiata también existe una brecha de tal modo que las grandes empresas representan un 70 % de las exportaciones.

Dejó en claro que PYMEMAD gestionó la creación de instancias de conversación para tratar las problemáticas de las PYMES madereras, mencionando que entre 2012 y 2013 se inician las conversaciones con las grandes empresas y con los ministerios de Agricultura y de Economía, Fomento y Turismo, sin embargo, aclaró que recién durante el 2018 estas conversaciones se reanudan, pero sin periodicidad y agenda establecida.

Estimó necesario contar con una institucionalidad potente para analizar los grandes temas del sector, haciendo alusión a la creación de una Subsecretaría Forestal y un Servicio Nacional Forestal. En el mismo sentido, acotó que existen 47 subsecretarías a nivel nacional y de las más variadas materias, tales como la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, no obstante a lo anterior, el sector forestal no tiene su propia institucionalidad siendo que aporta con más del 2% del PIB.

Por último, argumentó que la creación de una Subsecretaría Forestal es una demanda con más de 20 años, agregando que existe una oportunidad histórica con este proyecto de ley para mejorar al sector y reconocer la importancia de los bosques y del trabajo que genera a nivel rural en muchos territorios. Opinó que se necesita una institucionalidad potente dentro del nuevo Ministerio, a fin de que pueda coordinar y crear políticas públicas, a través del diálogo con otros ministerios y subsecretarías.

A mayor abundamiento, estimó necesario levantar políticas públicas para la construcción en madera, señalando que es completamente posible crecer de un 18% a un 35% en dicha actividad, tal como lo señaló en Consejo de Política Forestal.

Finalmente, afirmó que la mayoría de los gremios madereros y forestales de Chile están completamente de acuerdo con la creación de una Subsecretaría Forestal.

29. Presidente Nacional de CORMA, señor Juan José Ugarte. [40]

Expuso en base a una presentaciónv[41] que dejó a disposición de la Comisión.

En primer término, explicó que la Corporación Chilena de la Madera A.G., reúne a más de 180 actores del sector forestal, siendo el 72% Pequeñas y Medianas Empresas, 21% personas naturales, 5% universidades o centros de formación y 2% grandes empresas. Asimismo, esbozó algunas características del rubro.

También, explicó que el sector forestal en el mundo y en Chile ha sido considerado una industria esencial, por sus aportes en temas de salud e higiene de la población. Al respecto, indicó que ante la pandemia los asociados de Corma han tomado todas las medidas de higiene y seguridad para garantizar la salud de sus trabajadores. Además, afirmó que las empresas del sector se encuentran colaborando activamente con los municipios y comunidades rurales en temas tales como: higienización de barrios, equipamiento de hospitales, residencias sanitarias y entrega de insumos de higiene y salud.

Estimó necesario como desafió internacional para Chile alcanzar la neutralidad del carbono, esgrimiendo que los bosques, plantados y nativos cumplen un rol fundamental a la hora de hacer frente al cambio climático dada su alta capacidad de absorción de CO2. Al respecto, informó que el sector forestal contribuye a capturar un 60% de los gases efecto invernadero.

Señaló que en Chile ya no se estarían creando nuevos bosques y los incendios estarían destruyendo los existentes, situación que iría en desmedro no sólo de la actividad forestal sino que también de la capacidad hacer frente al cambio climático.

A mayor abundamiento, indicó que durante el último tiempo se han incrementado los hechos delictuales en la macro zona sur del país donde habitan tres millones de chilenos, mencionando los robos de madera, ataques incendiarios a maquinarias, incendios rurales intencionales y la usurpación de tierras. En ese sentido, afirmó que se han presentado más de 600 denuncias y querellas por incendios intencionales, terminando sólo 4 de estas en condena.

Respecto a los trabajos relacionados con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, esgrimió que el sector forestal cada día se relaciona con alrededor de 750 comunidades rurales. A su vez, comentó que existe una mesa de trabajo junto a la CONADI y 48 comunidades mapuches, con el objeto de analizar la política de tierras y determinar la totalidad de los predios de empresas forestales solicitados por las comunidades indígenas.

Hizo hincapié en el fortalecimiento de la pequeña y mediana industria, afirmando que nadie debe quedarse atrás porque se necesita un rol social activo que se extienda por todo el territorio y que permita impulsar trabajo en todas las regiones de Chile.

Respecto al proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, indicó que a nivel de conducción política surge la pregunta ¿De qué manera estaría representado el sector forestal en este nuevo desafío institucional?

Se refirió a los aspectos positivos del proyecto, valorando el fortalecimiento y modernización de la institucionalidad ministerial, así como el objetivo de potenciar el desarrollo rural como foco de política nacional y coordinación institucional. Asimismo, señaló que el mensaje destaca la importancia del sector forestal, la cantidad de empleos y la actividad económica que genera y, también, pone en relieve su aporte a la meta de carbono-neutralidad del país.

Consideró adecuado y oportuno fortalecer y modernizar la institucionalidad forestal dentro de la orgánica y potestades del Minagri, tomando en consideración los siguientes factores:

1) Gradualidad: Planteó una orgánica que permita a todos los sectores productivos tener un marco institucional claro, que en el caso del sector forestal resulta fundamental para avanzar en las nuevas etapas de desarrollo. Además, puntualizó que en el contexto de la atomización del sector forestal y la crisis social y económica que vive Chile se debe realizar esta etapa con la gradualidad necesaria.

2) Focalización: Sugirió la creación de una subsecretaría mixta, denominada Subsecretaría de Agricultura y Bosques, lo que significaría incorporar de manera explícita a ese nivel jerárquico la tarea de generar y hacer seguimiento a las políticas forestales, así como resolver situaciones que afecten negativamente al sector.

Asimismo, propuso focalizar los esfuerzos en fortalecer algunas reparticiones del sector forestal dependientes del Ministerio de Agricultura (CONAF, INFOR, ODEPA). Hizo hincapié en poner suma urgencia al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal.

3) Capacidad para asumir desafíos: Explicó que el sector forestal en Chile presenta grandes desafíos, donde organismos como CONAF, INFOR, ODEPA y SAG han realizado importantes aportes, pero se requiere de nuevos instrumentos legales e institucionales, y por sobre todo, una orgánica clara y efectiva que logre enfrentar estos desafíos, con miras a responder a los desafíos del sector.

Finalmente, propuso incorporar al sector forestal en la nueva denominación del Ministerio, a través de una subsecretaría mixta que abarque los ámbitos agrícola y forestal y, que incluya a la CONAF como servicio público.

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El señor Juan José Ugarte afirmó que existe completa disponibilidad por parte de CORMA de participar en la mesa de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con el objeto de analizar el tema de las tierras ancestrales.

El Ministro de Agricultura, señor Antonio Walker, afirmó que la agricultura tendrá un rol productivo muy importante después de la pandemia por el Covid-19, en relación con la seguridad alimentaria de Chile y de los otros países del continente.

Respecto al nombre del nuevo Ministerio, esgrimió que se debe acoger en igualdad de condiciones a todos los sectores de la agricultura. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de incorporar al sector alimentario y pesquero en la misma institucionalidad, para afrontar los difíciles desafíos que vienen.

Agradeció todas las propuestas constructivas que han efectuado CORMA y PYMEMAD respecto a la importancia del sector forestal y la necesaria modernización del Ministerio de Agricultura.

Igualmente, se refirió a la importancia de la cultura regenerativa que permitiría transformar a los suelos degradados que emiten CO2 en suelos vivos sumideros de gases invernaderos, precisando que no existe otra actividad en el mundo que pueda influir de tal manera en lo anterior.

Respecto a la solicitud de tener una subsecretaría mixta, señaló que se encuentran estudiando la propuesta, sin embargo, aún no existe una respuesta y/o consenso oficial.

Por último, esgrimió que se debe enriquecer el proyecto a través de todas las opiniones que puedan otorgar los distintos actores y rubros de la agricultura.

30. El Secretario del Sindicato Regiones Unidas Empresas del Instituto de Fomento Pesquero (SERIFOP), señor Renato Céspedes. [42]

Expuso en base a una presentación [43] que dejó a disposición de la Comisión.

Informó que el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, creada en 1964 por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), mediante un proyecto de asistencia técnica internacional en asuntos pesqueros entre el Gobierno de Chile, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Seguidamente, se refirió a la importancia y rol que detentan los océanos a nivel mundial, mencionando que cubren el 70% de la superficie de la tierra; albergan alrededor del 80% de toda la vida en el mundo; es la biosfera más grande del planeta; generan el 50% del oxígeno que necesitamos; absorben el 25% de todas las emisiones de dióxido de carbono; capturan el 90% del calor adicional que generan dichas emisiones; no sólo son “el pulmón del planeta”, sino que además son el mayor sumidero de carbono; alimentan a una biodiversidad inimaginable y producen alimentos, empleo, minerales y recursos energéticos necesarios para que la vida en el planeta perdure y prospere.

Agregó que, los océanos se enfrentan a amenazas sin precedentes como resultado de las actividades humanas y por lo tanto es urgente abordar algunos de los problemas más significativos de la época, como el cambio climático, la inseguridad alimentaria, las enfermedades y pandemias, la pérdida de biodiversidad, la desigualdad económica e incluso los conflictos y contiendas, opinando que se debe actuar lo antes posible para proteger el estado de los océanos.

Hizo hincapié en las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible, sobre la vida submarina, señalando que fue adoptado el 2015 como aspecto fundamental de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el mismo sentido, acotó que posee distintos objetivos transformadores, que dicen relación con la necesidad de conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, mares y recursos marinos del planeta.

A mayor abundamiento, expresó que existen seis objetivos que son el foco por el cual la pesca, agricultura y el manejo de los océanos debiera orientarse, mencionando la reducción de la contaminación marina; la protección de los ecosistemas marinos y costeros; la minimización de la acidificación; el fin de la pesca ilegal y la sobrepesca; el aumento de la inversión en conocimiento científico y tecnología marina y, el respeto de las leyes internacionales que llaman al uso seguro y sostenible de los océanos y sus recursos.

También, reflexionó sobre la necesidad de crear un Ministerio de Pesca y Acuicultura, precisando que en el proyecto de ley existe una ausencia de análisis y discusión participativa para saber qué tipo de institucionalidad requiere el país para hacer frente a los nuevos desafíos.

Por otro lado, manifestó que el sector de la pesca y acuicultura no se encontraban originalmente incluidas en la propuesta de agricultura del Programa de Gobierno 2018-2022, sin embargo, opinó que la decisión de unir actualmente a estos dos rubros no logra envolver los objetivos primitivos del Programa de Gobierno.

Expresó que la iniciativa carece de una visión completa sobre la importancia y rol que detentan los océanos en Chile, en diversas materias. Además, afirmó que el objetivo central de la iniciativa es generar la capacidad de producir alimentos y nuevos productos para los consumidores, dejando de lado muchos aspectos relevantes.

En síntesis, aclaró que el proyecto de ley contiene una estructura institucional frágil ante los altos desafíos en materia de océano, pesca y acuicultura, donde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura pareciera ejercer solamente un rol de coordinación a diferencia de las facultades mayores y fundamentales que posee la Subsecretaría de Agricultura.

Por último, declaró que es fundamental fortalecer el proyecto de ley en materia de agricultura, forestal y desarrollo rural, sin embargo, expresó que la institucionalidad de pesca y acuicultura debe ser tratada por separado. Además, urge generar una mesa de trabajo con los actores de la pesca y acuicultura para construir una nueva institucionalidad en el rubro, haciendo hincapié en la posibilidad de evaluar la creación del Ministerio de Pesca y Acuicultura e incorporar la meta ODS 14 como visión en dicha institucionalidad.

31- Presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral y vocero coordinador de la pesca artesanal, señor Gino Bavestrello [44], expuso en base a una minuta [45] que dejó a disposición de la Comisión.

Reflexionó sobre la pertinencia de calificar esta iniciativa legal con urgencia “suma” , así como del hecho que ni siquiera en el título del proyecto de ley estaría contemplado el sector pesquero.

Opinó que el contenido de la iniciativa de ley no es lo que estaba esperando la pesca artesanal, haciendo hincapié en la creación del Ministerio del Mar.

Respecto al fondo, esgrimió que este no soluciona la modernización ni el fortalecimiento da la institucionalidad de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, precisando que en la actualidad la institucionalidad es más política que técnica.

Se refirió a varias temáticas legislativas, políticas y jurídicas que afectarían al sector pesquero.

Además, agregó que como rubro y a pesar de la desunión del sector pesquero artesanal, después de que una dirigencia participara en el “Acuerdo Longueira”, existe un amplio consenso para postular la creación del Ministerio del Mar o el Ministerio de Pesca y Acuicultura y, también, las subsecretarías de Pesca, Acuicultura, Borde Costero y de los Pueblos Originarios.

Destacó que la seguridad y soberanía alimentaria si deben estar presente en el proyecto de ley, puntualizando que se requiere una medida que permita “declarar algunos recursos hidrobiológicos de interés nacional” ya que son la base alimentaria del pueblo, agregando que no se debería recurrir a otras naciones para garantizar la alimentación.

Informó que Chile es un país pesquero que tiene un consumo de 7 kilos de pescado per cápita mientras la media del mundo es de 20 kilos. Consideró que lo anterior es aberrante y de ello no se hace cargo el proyecto de ley, porque su foco son las exportaciones que comprometen los negocios de un puñado de grandes inversionistas. Chile podría garantizar su seguridad alimentaria a través de la creación del Ministerio del Mar, teniendo en consideración los 756.950 km2 de territorio y los 3.681.989 km2 de mar como zona económica exclusiva.

Hizo presente que se está discutiendo un proyecto de ley que no va en la línea del consenso mayoritario de la ciudadanía, debido a que se estaría ad portas de una discusión país, donde justamente se repensará el Estado y la nación que se quiere a futuro. Comentó que la supuesta modernización con que se adorna este proyecto de ley está lejos de apuntar a los reales problemas alimentarios de Chile.

Se suma a lo anterior que el Estado en las últimas décadas ha sido cómplice en facilitar los medios para hacer desaparecer el 70% de sus principales especies pesqueras de mayor valor comercial, lo que obliga a tareas monumentales desde el Estado para recuperar estos ecosistemas marinos devastados.

Por último, expresó que desde la FAO hasta el foro mundial del comercio pregonan la importancia de políticas de Estado y gobernanza que apunten a la sostenibilidad de los océanos, sus ecosistemas y su biodiversidad, argumentando que lo anterior requiere de un aparato estatal más robusto que coloque como prioridad el bien común de cada país como el de la comunidad global, ya que el tema de la vida en los océanos ha pasado a ser una preocupación planetaria.

Finalmente, sugirió al Ejecutivo retirar el proyecto de ley para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y, posteriormente, ingresar otra iniciativa que diga relación con la creación del nuevo Ministerio del Mar y Acuicultura, una vez pasada la pandemia por el Covid-19 y el plebiscito por una nueva constitución.

32. Asesora de la Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal de Chile, antropóloga, señora Catalina Álvarez. [45]

Expuso en base a una presentación [47] que dejó a disposición de la Comisión.

Infomrmó que desde 2015 a la fecha existe un crecimiento sostenido de la inscripción de mujeres en las distintas áreas del sector pesquero, principalmente en el ámbito de recolección de algas. Asimismo, se refirió a la composición de género de las organizaciones pesqueras y sus cargos dirigenciales.

Explicó que en el año 2019 se presentó un proyecto de ley que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, para establecer una cuota de género en la integración de los órganos y el registro pesquero artesanal, adecuando sus definiciones a un lenguaje inclusivo. Esta propuesta permitiría garantizar la igualdad de género en el rubro, en virtud de las directrices de la FAO.

A mayor abundamiento, informó que el 17 de junio de 2020 la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley en comento, situación que sería un gran avance en materia de género.

Por último, manifestó que en el proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, no se estaría reconociendo todo el trabajo efectuado y alcanzado por las mujeres en materia de pesca y que permitan de alguna manera disminuir las brechas de género que la misma Subsecretaría de Pesca y Acuicultura ha identificado.

33. Coordinadora de la Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal de Chile, señora Sara Garrido.[48]

Reflexionó sobre el rol y el trabajo que han venido realizando las mujeres vinculadas a la pesca artesanal.

Respecto del proyecto de ley, expresó que avanzar en propuestas de esta envergadura sin la participación de los pescadores y pueblos originarios no es conveniente ni acertado, agregando que tampoco es el momento de discutir sobre este tipo de proyectos, teniendo en consideración que recién se están abriendo espacios y puertas para el reconocimiento laboral de las mujeres y la disminución de la brecha de género en el rubro pesquero. Dejó en claro que con esta nueva institucionalidad habría un retroceso absoluto en el tema.

Asimismo, explicó que los pescadores artesanales y, principalmente las mujeres, se encuentran enfocadas en proteger la producción local y el autoabastecimiento nacional, a diferencia del proyecto de ley que hace alusión a la producción a gran escala, exportaciones, y a la soberanía alimentaria de otros países.

Por último, esgrimió que es muy engorroso agrupar a tantos rubros en un nuevo Ministerio ya que se generarían diversas problemáticas administrativas.

Finalmente, sugirió fomentar mayor participación e inclusión en el proyecto de ley.

34. Salmón Chile, el señor Arturo Clement. [49]

Manifestó que, la salmonicultura es el segundo productor mundial después de Noruega y la segunda actividad más exportadora de Chile, después de la minería, siendo sus principales destinos EE.UU, Japón, Rusia, China y Brasil. Además, comentó que existen alrededor de 4.000 Pymes que tienen a la industria como su principal o exclusivo cliente. En el mismo sentido, agregó que el rubro posee un encadenamiento agrícola debido a que cerca de 70.000 hectáreas emplazadas entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos se siembran para generar alimento para los salmones (aceite vegetal).

Expresó que la acuicultura sostenible es probablemente una de las fuentes más importantes y sanas para la alimentación mundial. Recalcó que para el 2050 la densidad poblacional aumentará en 3.000 millones de personas, lo que generará un déficit alimentario en la población si es que no se trabaja para ello, según algunas consideraciones dispuestas por la FAO y los principalmente organismos internacionales.

Por otro lado, reflexionó sobre la importancia del nuevo Ministerio, tanto para los actores involucrados como el país.

La decisión de agrupar toda la alimentación bajo un mismo paragua es favorable, argumentando que existen sinergias al interior de la producción en Chile. La institucionalidad se transformaría en un instrumento potente y permitiría tener una fuerza política suficiente para lograr un aumento considerable y sostenido de la alimentación. Asimismo, explicó que si se suman todas las exportaciones de alimentos serían por lejos la segunda actividad o producto más importante del país, con cerca de US 30.000 millones. Elogió las potencialidades y diversas variedades alimentarias existentes en Chile, opinando que podría fomentarse su exportación hacia otros países.

Mencionó que la gestión administrativa encargada de encasillar a todos los alimentos debe ser necesariamente eficiente y lo menos burocrática posible.

Dejó en claro que se deben reforzar algunos aspectos técnicos jurídicos del proyecto, como también otros temas de coordinación regulatoria, velando por su unificación. Igualmente, declaró que es muy relevante generar un diálogo potente con todos los usuarios del mar.

Del mismo modo, comentó que en el traspaso de las instituciones al nuevo Ministerio debe evitarse la duplicidad de funciones, procurando no solo traspasar funciones sino que también eficiencia, agilidad y mayores competencias.

Por último, expresó que la acuicultura requiere objetivos específicos y estrategias de desarrollo de largo plazo, para fomentar en otras cosas, la investigación e innovación que permitan garantizar una verdadera sustentabilidad para el rubro.

Finalmente, consideró que es una falacia creer que las actividades del mar se desarrollarán de mejor forma solamente por contar con un ministerio propio, haciendo alusión al denominado Ministerio del Mar.

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35. Ex Ministro de Agricultura, señor Carlos Furche. [50]

Expuso en base a una presentación[51] que dejó a disposición de la Comisión.

En primera instancia, reflexionó sobre cuáles serán los desafíos principales que deberán enfrentar los sectores agropecuario, forestal y pesquero en las próximas décadas, teniendo en consideración el ajuste institucional que se pretende realizar.

Ecpresó que la agricultura mundial y nacional se encuentra en un proceso bastante acelerado de transformación, el cual se verá acentuado por la crisis sanitaria. Consideró que existen tres elementos que son claves en esta dinámica de cambio:

1) Aumentar la producción de alimentos, especialmente aquellos que son potencialmente aptos para ser producidos por Chile.

2) La nueva producción de alimentos se deberá realizar en una situación extremadamente más restrictiva, como consecuencia del cambio climático, siendo indudable que se deberá trabajar en la agricultura con menos cantidad de agua.

3) Se debe tomar en cuenta la nueva revolución tecnológica llevada a cabo por la inteligencia artificial, ingeniera genética y el uso de Big Data, entre otros, que transformarán decisivamente la manera en que se realiza agricultura.

En síntesis, manifestó que el sector agrícola deberá seguir siendo un rubro productivo, eficiente y capaz de responder a la demanda nacional e internacional, no obstante, de que deberá hacerlo con mayores restricciones y menos cantidad de recursos hídricos y de suelos y, en consecuencia, con la necesidad de incorporar muy decididamente tecnología y eficiencia en la institucionalidad y en el manejo de los recursos.

Señaló que el proyecto de ley , em estudio, se encuentra en la línea correcta porque está vinculado con los desafíos de la agricultura en Chile, puntualizando que la decisión de consolidar en una institución ministerial todo el tema alimentario (agricultura, pesca y acuicultura) es adecuada y desde el punto de vista conceptual no admite reparos. Afirmó que en varios países de América Latina se estaría siguiendo esta línea institucional.

Acotó que en el caso de Chile, podrían existir complicaciones a la idea de agrupar el sector alimentario en una sola institución, pero estarían relacionadas con el ámbito operacional.

Por otro lado, expresó que al transferir toda la institucionalidad de la Subsecretaría de Pesca al nuevo Ministerio de Agricultura, se podría generar una carga o presión adicional al Instituto de Desarrollo Agropecuario, debido a la gran demanda de pescadores que no tendrán una institución de fomento a la cual recurrir, por lo que acudirán al INDAP. Argumentó que esta nueva institucionalidad debe necesariamente incluir la operación del Instituto Nacional Desarrollo Sustentable Pesca Artesanal y Acuicultura (INDESPA) para evitar eventuales problemáticas.

Asimismo, reflexionó sobre el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, preguntándose si es una institución suficientemente fuerte para garantizar su labor en materia de sanidad, sin recargar el trabajo del Servicio Agrícola y Ganadero.

Igualmente, destacó que existen dos herramientas fundamentales para adaptarse al cambio climático, mencionando los recursos hídricos y la innovación tecnológica. Sugirió que en el debate del nuevo ministerio, estos tópicos, sean vistos de manera asociada a la modernización del Ministerio.

Relevó la importancia de contar con una Comisión Nacional de Riego con un nivel de institucionalidad permanente para el sector agrícola, en relación con la futura renovación de la ley N° 18.450 que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje.

Por último, se refirió a la Política Nacional de Desarrollo Rural, señalando que es necesario que la nueva institucionalidad pueda ejercer su función de coordinación con un rango de formalización más alto, procurando constituir un consejo interministerial de desarrollo rural con atribuciones y facultades que permitan aprobar programas y presupuestos. Ejemplificó con el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego que preside el Ministro de Agricultura y que tiene como vicepresidente al Ministro de Obras Públicas.

Sugirió incorporar instancias más formales de coordinación con los gobiernos regionales y municipios, a fin de optimizar y potenciar el desarrollo rural.

Finalmente, recalcó que el proyecto de ley es perfectamente pertinente para avanzar en la modernización de la institucionalidad del sistema agroalimentario.

36. Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios/as del Instituto de Desarrollo Agropecuario ANFI, señor Fernando Moraga. [53]

Expuso en base a una minuta [53] que dejó a disposición de la Comisión.

Respecto a la redacción del proyecto de ley, desde el punto de vista jurídico, manifestó que existe un conflicto de constitucionalidad en cuanto a las funciones del Ministro de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural.

Estimó preocupante la redacción del inciso segundo del artículo 4º del proyecto de ley, en relación con las facultades del Ministro para resolver los conflictos de competencia.

“Al Ministro le corresponderá especialmente velar por la consistencia y coherencias de las labores realizadas por las subsecretarías y los servicios relacionados o dependientes que forman parte de su estructura, resolviendo cualquier asunto que pueda suscitarse en cuanto a sus competencias.”.

Agregó que, lo anterior podría generar infracciones de tipo constitucional al vulnerarse los artículos 6° (Principio de Supremacía Constitucional) y 7° (Principio de Separación de Poderes) de la Constitución Política de la República. Acotó que la jurisprudencia y doctrina están contestes en que las normas antes mencionadas contienen los denominados principios de Legalidad y de Juridicidad, los que se constituyen como límites esenciales para la actuación de los órganos del Estado, en cuanto deslindan las funciones de cada uno de los poderes que lo integran, permitiendo la materialización del Estado de Derecho e impidiendo la intromisión de los órganos del Estado en los ámbitos de competencia de los otros.

Sugirió elaborar un estudio en derecho sobre competencia dado que la idea de legislar y la creación de un nuevo Ministerio de Agricultura, no puede estar expuesto a un eventual vicio de constitucionalidad.

Por otro lado, señaló que el proyecto también modifica la ley orgánica constitucional N°18.910 del Instituto de Desarrollo Agropecuario. Explicó que el artículo 5° de la LOC menciona que el presupuesto institucional lo elabora el jefe de servicio y lo somete a aprobación del Ministro de Agricultura, sin embargo, en el nuevo proyecto el Ministro participa directamente en la elaboración del presupuesto, siendo esto un cambio no menor y que podría traer consigo algún conflicto de competencias no solo en la elaboración de los presupuestos sino que también en su aplicación.

Igualmente, felicitó a todos los ministros de agricultura que han tenido la intención de modificar la institucionalidad del Ministerio y sus servicios. Al respecto, comentó que los servicios del agro también tienen leyes orgánicas que datan de fechas muy antiguas, por lo que urge su actualización como forma complementaria.

A mayor abundamiento, estimó necesario modificar el artículo 13 de la LOC de Indap, mencionando que fue creada en 1990 estableciendo el concepto de pequeño productor agrícola, para que, posteriormente, en 1992 se efectuará una negociación y discusión bastante filosófica que culminó con la decisión de agregar el concepto de campesino. Acotó que el problema principal es que Indap posee una limitación legal muy estricta donde, por ejemplo, un pequeño productor agrícola no puede tener más de dos hectáreas de riego básico ni un activo superior a las 3.500 UF y, además, sus ingresos deben provenir fundamentalmente de la actividad agrícola. Asimismo, esbozó que con los nuevos reavalúos fiscales, la Institución deberá egresar a miles de pequeños productores agrícolas, donde prácticamente todo el sector de la reforma agraria quedaría fuera del ámbito de acción de Indap.

Finalmente, esbozó que se deben implementar medidas para que los funcionarios de Indap posean estabilidad laboral en sus cargos, precisando que lo anterior no afecta, necesariamente, el erario nacional.

37. Presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G (ASOEX), señor Ronald Bown. [54]

En términos generales, explicó que la ruralidad es un elemento fundamental y básico para el desarrollo de la actividad agrícola.

Asimismo, sostuvo que la funcionalidad y responsabilidad completa de la cadena alimentaria debe estar a cargo de un sólo Ministerio, agregando que el Ministerio de Salud a veces tiene una injerencia que no es muy concordante y expedita a lo que debería ser realmente. En síntesis, estuvo de acuerdo con la visión completa e integradora del tema alimentario propuesta por el proyecto de ley.

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El Ministro de Agricultura, señor Antonio Walker, destacó que existe una concordancia en el espíritu de unir la cadena alimentaria en el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, no obstante, afirmó que existen muchos temas operacionales que se deben afrontar y hacerse cargo, con el objeto de evitar sobrecargar el ámbito de la agricultura con otras funciones relativas a la pesca.

Agregó que, para cumplir el objetivo de reunir en un sólo ministerio la producción de alimento se requiere delimitar muy bien las funciones que ostentarán las subsecretarías denominadas “de las tierras y sus productos y “del mar y sus productos”. Asimismo, estimó necesario hacer todas las gestiones posibles para no recargar al Indap, esgrimiendo que se necesita un Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala 2.0.

Respecto del rol coordinador que tiene el Ministerio de Agricultura en la Política Nacional de Desarrollo Rural con los doce ministerios que participan en ella, señaló que es imprescindible buscar nuevas fórmulas que permitan incorporar más funciones para fomentar el rol social y campesino, agregando que esta política le servirá incluso al sector pesquero.

Comentó estar dispuesto a estudiar y analizar las normativas señaladas por el señor Moraga, a fin de buscar una nueva redacción que evite eventuales vulneraciones a la Constitución Política de la República y vaya en la línea de lo que desean los funcionaros públicos del sector.

Por otro lado, señaló que Chile debe potenciar y destacar por una adecuada inocuidad alimentaria, garantizando el conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos que permitan asegurar que una vez ingeridos, no representen un riesgo para la salud.

Por último, aclaró que los aspectos relativos a la pesca podrán discutirse cuando este proyecto pase a la otra comisión técnica.

38. Directora Ejecutiva de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, señora Jennifer Romero [55], expuso en base a una presentación [56] que dejó a disposición de la Comisión.

Recordó que, en 1952 se crea la carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad de Chile y aparece en escena la Corporación Nacional de la Madera (CORMA). Luego, en 1960 y hasta la actualidad, el Ministerio de Agricultura (MINAGRI) pasaría a ser responsable del sector forestal en Chile. A su vez, indicó que en 1965 se creó el Instituto Forestal (INFOR) y, en 1969 se creó la Corporación Nacional de Reforestación (COREF), puntualizando que esta última en 1973 pasa a ser la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Respecto a la situación actual, señaló que el sector forestal es mucho más que la industria forestal, detallando que Chile está muy bien catalogado a nivel mundial en producción de pulpa de madera; en producción de madera en troza industrial; en producción de madera aserrada y, en exportaciones generales de productos forestales. Asimismo, hizo hincapié en otros aspectos tales como la participación del rubro en el Producto Interno Bruto, su empleabilidad y la superficie que abarca en el territorio nacional.

Expresó que pese a las cifras antes expuestas y lo extenso del sector forestal, CONAF e INFOR son servicios de carácter privado y limitados en su accionar. A su vez, el SNASPE es un sistema que está permanentemente siendo debilitado, donde actualmente se discute su traspaso a través del Servicio de Biodiversidad al Ministerio del Medio Ambiente.

Asimismo, hizo presente que no se han respetado los compromisos establecidos en la política forestal 2015-2035. Aún no se cuenta con servicios forestales públicos y fortalecidos en todas sus atribuciones, ni con instrumentos de fomento que se adapten a todas las realidades territoriales y que permitan cumplir compromisos en el marco de la COP25, como los NDCs.

Igualmente, mencionó que no se cuenta con instrumentos de fomento que permitan integrar el desarrollo forestal con el agropecuario y, agregó que el desarrollo del sector forestal sólo se ha limitado a fortalecer la industria forestal maderera, desestimando otras importantes funciones como la conservación y protección de ecosistemas nativos desde la macrozona norte a la austral.

También, se refirió a la existencia de sustitución de bosque nativo y matorrales para la habilitación de cultivos agrícolas, los cuales son autorizados mediante planes de manejo aprobados para la corta de bosque nativo y la habilitación de cultivos agrícolas, que han permitido la transformación de casi 20.000 hectáreas de bosque nativo, principalmente entre la Región Metropolitana de Santiago y la Región del Maule. Informó que lo anterior fue revelado y discutido en una Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados el 2019.

Expresó que los bosques y matorrales también proporcionan servicios ecosistémicos esenciales que respaldan la agricultura sostenible, regulando los flujos de agua, estabilizando los suelos, manteniendo la fertilidad del suelo, regulando el clima y proporcionando un hábitat viable para los polinizadores silvestres y los depredadores de las plagas agrícolas.

Respecto a la interrogante ¿Cómo contribuye el sector forestal a la seguridad alimentaria?, señaló los siguientes puntos:

1. Provee de alimentos directos a través de los bosques y plantaciones.

2. Sostiene a la agricultura practicada en los alrededores.

3. Sostiene a los polinizadores.

4. Son refugio y alimento para el ganado.

5. Representan formas tradicionales de medicina y de cuidado para la salud.

6. Generan regulación microclimática.

7. Provee de leña (cocina y calefacción).

8. Aporta a una mejor nutrición, debido a la biodiversidad natural de los ecosistemas que generan una mayor variedad en las dietas.

A mayor abundamiento, ahondó en dos tópicos importantes:

a) La estabilización de suelos y fertilidad: Señaló que el comité científico de la COP 25, Sub-mesa de cambio de uso de suelo, indicó que es indispensable aplicar regulaciones de uso de suelo para mantener una diversidad de servicios ecosistémicos, con el objeto de enfrentar los efectos del cambio climático.

b) La provisión y filtro de agua: Puntualizó que gran parte del agua dulce accesible en el mundo proviene de cuencas hidrográficas y humedales boscosos, que suministran el 75% de las necesidades domésticas, agrícolas, industriales y ecológicas.

Por otro lado, mostro una infografía, explicando la importancia que convivan en un mismo valle o cuenca, la producción agrícola, el bosque nativo y las plantaciones, detallando que todo esto debe estar interrelacionado pero de forma sustentable.

Respecto al proyecto de ley, leyó algunos extractos del mensaje presidencial que le parecieron relevante destacar.

1) (…) promoviendo un sistema agroalimentario, pesquero, acuícola y forestal competitivo y sostenible, comprometido socialmente, que sea base del desarrollo regional y rural.

2) (…) siendo las actividades agroalimentarias, pesqueras, acuícolas y forestales una fuente de calidad de vida y de superación de la pobreza.

3) Una mejor alimentación, uso del agua y cuidado del medio ambiente son algunos de los desafíos más importantes para incrementar tanto nuestra oferta nacional como exportadora (…).

4) El mundo rural ha sido históricamente considerado como sinónimo de rezago. Hoy, cerca del 30% de la población en Chile vive en zonas rurales, habitando más del 80% del territorio. (…) pues tanto en pobreza por ingreso como en pobreza multidimensional las cifras rurales duplican las urbanas (CASEN 2017).

5) Chile tiene alrededor de 300.000 predios silvoagropecuarios.

6) (…) se propone una mirada integral desde el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural en la producción de alimentos. La clásica mirada sectorial no permite asumir los desafíos modernos de la agricultura.

7) Chile tiene vocación forestal, el desarrollo de esta actividad económica ha permitido un crecimiento del país en torno a recursos renovables que permiten que este sector tenga un futuro sostenible y rentable.

8) El sector forestal está conformado por más de diez mil empresas (…)

9) Es necesario un sector forestal sostenible que permita un desarrollo integral con el medio ambiente y las comunidades, que permita responder a la creciente demanda de la madera protegiendo la biodiversidad de los ecosistemas protegidos y sus bosques nativos; una hectárea de plantaciones equivale a veinte hectáreas de bosque nativo en cuanto a volúmenes de producción (Estudio CORMA Universidad de Chile 2014).

Sobre el último punto, consideró que en la iniciativa legal existe una mirada muy estrecha del sector forestal, considerándolo solamente vinculado con la producción maderera.

Mencionó que en el nombre del nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural no se encuentra considerado al sector forestal. A mayor abundamiento, comentó que en la estructura que propone esta nueva institucionalidad no estaría la creación de una Subsecretaría Forestal.

Por último, esgrimió que en el actual escenario climático se deben reducir riesgos para la población y preocuparse de la seguridad nacional (económica, socio-cultural y ambiental). Lo anterior implicaría cambiar y adaptar modelos productivos contemplando el contexto climático y la capacidad de carga de los territorios. Asimismo, acotó que la reactivación del sector económico y recuperación de la economía post pandemia puede ser más efectiva si se incluye al sector forestal como eje productivo y con un enfoque sustentable. Indicando que para ello, es necesario: Fortalecer la institucionalidad del sector; modificar los instrumentos para diversificar y flexibilizar el manejo forestal, especialmente del bosque nativo y, disminuir la burocracia institucional que ha llevado a los propietarios a ver los ecosistemas forestales como un estorbo.

Finalmente, realizó tres preguntas a la Comisión ¿Por qué el sector forestal no es considerado en toda su dimensión? ¿Por qué al sector forestal no se le da la importancia que realmente tiene? ¿Por qué es tan difícil materializar una Subsecretaría Forestal? Recalcó que la creación de una Subsecretaría Forestal si bien no necesariamente solucionaría todos los problemas, si puede ser considerado como un paso mínimo e importante para el rubro.

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El asesor del Ministerio de Agricultura, señor Andrés Meneses, vislumbró muchos puntos de coincidencias en la exposición, enfatizando la importancia que detenta el bosque nativo, en cuanto gran mitigador de los efectos del cambio climático.

Compartió la necesidad de progresar en el fortalecimiento de la institucionalidad forestal, argumentando que más que una Subsecretaria Forestal, hay que avanzar en consolidar aquellos proyectos en los cuales esta Comisión ya se ha pronunciado, haciendo alusión a la iniciativa que crea el Servicio Nacional Forestal.

Explicó que la idea matriz del proyecto de ley consiste en redistribuir el orden de los actores del mundo público en relación con el sector alimentario y forestal. Señaló que una de las demandas del sector forestal es que exista una separación clara entre lo que debe ser el diseño de las políticas públicas y la ejecución o aplicación de las leyes forestales. Esta iniciativa viene a situar en el más alto nivel el diseño de políticas públicas al proponer que sea el propio Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, el encargado de diseñar, aplicar y proponer políticas relacionadas con el fomento forestal, incluyendo el concepto de sustentabilidad.

El diputado Jorge Sabag (Presidente) instó a la diputada Nuyado enviar la nómina de invitados para la próxima sesión.

La señora Jennifer Romero reflexionó sobre la eventual culpa que ha tenido el sector forestal en no transmitir adecuadamente la importancia del rubro.

Instó a la Comisión a conocer la propuesta de un nuevo modelo forestal, la cual se encuentra materializada en un libro que realizaron al respecto.

Comentó que existe una visión bastante común de los actores del sector forestal, sin embargo, opinó que no existe mucha flexibilización en la redacción del proyecto de ley. Asimismo, argumentó que en las propuestas del sector forestal no existe un interés económico, sino que sólo un interés de bien común avalado a través de la evidencia científica.

39. Presidente de la Mesa Comunal de Pesca de Lebu, señor Melchor Celedón [57].

Hizo hincapié en la creación del Ministerio del Mar como un requerimiento a nivel nacional. Asimismo, manifestó que el proyecto de ley, lejos de avanzar viene a generar un retroceso en el desarrollo de la pesca artesanal, al intentar incluir el sector en el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural.

A mayor abundamiento, opinó que el sector de la pesca merece una institucionalidad potente y autónoma, debido a la gran importancia que posee en el ámbito económico para el desarrollo sustentable del país.

Destacó que la iniciativa ni siquiera habla del desarrollo de las caletas pesqueras y sólo incorpora a la pesca como un decorativo o acompañante de la nueva institucionalidad, con una participación muy débil.

En síntesis, rechazó el avance del proyecto de ley en cuestión, argumentando que se requiere la creación de un Ministerio del Mar.

Finalmente, solicitó ser incluido en una próxima sesión para poder realizar una presentación más sólida y detallada sobre el tema.

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40. Abogado y profesor de derecho administrativo de la Universidad de Chile, señor Luis Cordero. [58]

Expuso en base a una presentación [59] que dejó a disposición de la Comisión.

En primer término, señaló que los ministerios son los órganos superiores de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores, los cuales corresponden a los campos específicos de actividades en que deben ejercer dichas funciones.

Para tales efectos, deberán proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector.

Agregó que, los ministerios tienen una racionalidad, desde el punto de vista de la política pública, en el diseño institucional chileno, basada en el modelo organizacional administrativo de 1980 y con injerencia desde la Constitución de 1925. El modelo administrativo chileno descansa en la distinción de dos grandes mundos:

1. El de la política y la regulación, en manos de los ministerios, y

2. El de la ejecución e implementación, en manos de los servicios públicos. Esta distinción es básica y da origen a distintas variables, ministerios de ejecución o servicios públicos de planificación.

Manifestó que uno de los problemas centrales es focalizar las instituciones para posteriormente tratar de resolver la política pública, sin embargo, opinó que en el proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural pareciera ser un problema a la inversa.

Explicó que el Ministerio de Agricultura está focalizado en la década de los 30’ y ha ido evolucionando en sus estructuras internas de forma muy diversa. Asimismo, reflexionó sobre las características que debe ostentar un sistema institucional en régimen para operar correctamente.

Hizo hincapié en el organigrama [60] de la Administración del Estado, explicando que los ministerios se ordenan sectorialmente y se hacen cargo de la política y regulación, luego se encuentran las subsecretarías y secretarías regionales ministeriales, detallando que estas últimas operan en función del ministerio. Agregó que más abajo se encuentran las grandes unidades que fortalecen el modelo institucional en cualquier sistema de la administración pública chilena, haciendo alusión a los diferentes servicios públicos.

A mayor abundamiento, expresó que el actual modelo de ministerios requiere de la identificación clara de los responsables de la gestión de políticas públicas e implementación, puntualizando que para ello se requiere responder la siguiente interrogante: ¿Cómo se estructuran sus servicios o agencias públicas?.

Respecto al proyecto de ley, dmanifestó que existe una ausencia crónica de la institucionalidad del sector forestal, precisando que la iniciativa no completa su marco institucional sin la tramitación del Servicio Nacional Forestal.

Por último, informó que las unidades de gestión que tiene el Ministerio de Agricultura son variadas, tales como el Instituto de Desarrollo Agropecuario, el Servicio Agrícola y Ganadero y la Comisión Nacional de Riego, no obstante, acotó que la Contraloría General de la República sigue registrando como una unidad institucional a la Corporación Nacional Forestal y de Protección de los Recursos Naturales Renovables, la cual legalmente existe pero nunca se ha implementado en los hechos.

Finalmente, afirmó que el sector forestal carece de una institucionalidad acorde a sus requerimientos, haciendo hincapié en las limitaciones que posee la Corporación Nacional Forestal.

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El señor Cordero en primer término, comentó que el sistema de organización administrativa de Chile es extremadamente rígido, por lo que toda reforma institucional enfrenta el problema de esa rigidez.

Respecto a la pregunta del diputado Alinco, informó no tener una idea muy elaborada sobre el punto, sin embargo, declaró que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura funciona con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura como si fueran un solo ecosistema y, por ende, podrían trasladarse modularmente a distintos lugares. Agregó que teóricamente el sector de pesca estaría volviendo a su matriz de origen y opinó que el Sernapesca es muy centralizado por lo que debería apuntar en reformularse dicho servicio previamente. En síntesis, señaló que el sector pesquero va a tener problemas con independencia del sector en que se encuentre.

Por último, esgrimió que en el sistema chileno quien define las políticas públicas no es la subsecretaría sino que es el ministerio, precisando que en la tradición constitucional chilena se infiere que el encargado de definir dichas políticas es S. E. el Presidente de la República en colaboración con los ministerios, haciendo hincapié en que la subsecretaría es una unidad administrativa que ordena algunos aspectos pero no define una política, por lo tanto, afirmó que la creación de una Subsecretaría Forestal no resuelve el problema de cómo se crea una política forestal, precisando que la interrogante debe ser la siguiente: ¿Qué procedimiento se debiera tener para obtener una política forestal inclusiva en los distintos sectores?.

El Ministro de Agricultura, señor Antonio Walker, reflexionó sobre algunas consideraciones.

En primer término, señaló que no ve ninguna razón para que el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo se preocupe más por la pesca artesanal que el futuro Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural. Consideró que la creación de esta nueva institucionalidad viene justamente a cambiar el nivel de preocupación por la pesca artesanal, precisando que Indespa e Indap al igual que Senarpesca y Sag serían hermanos.

Expresó que se aprovechará la Política Nacional de Desarrollo Rural y todos sus principios para hacerse cargo de los pescadores artesanales. Asimismo, afirmó que el nuevo Ministerio no solo se enfocará en la producción sino que también será muy social.

Respecto de la consulta del diputado Pérez, aclaró que se determinó que fue un hongo el que generó la muerte de la Araucaria.

Por último, mencionó que el Consejo de Política Forestal es un tremendo aporte para analizar y diseñar la hoja de ruta para la creación de una política forestal, puntualizando que en dicha instancia también participan el Infor y la mesa de la madera.

Finalmente, expresó que no puede haber un momento más oportuno para discutir el proyecto de ley, debido a que esta modernización del Ministerio viene a hacerse cargo de la seguridad alimentaria de Chile y de todos los efectos que ello conlleva, como la disponibilidad, acceso y nutrición de los alimentos.

41. Representante de la Red de Mujeres de la Pesca Artesanal Nacional, señora Angélica Teuquil. [61]

Dio a conocer algunas observaciones y reflexiones como mujer de la pesca artesanal.

En términos generales, declaró que están trabajando para incorporar una cuota de género dentro de la Ley de Pesca, debido a las grandes falencias que sufren las mujeres dedicadas a la pesca artesanal.

Se refirió al trabajo que realizan en la Región de Los Lagos, especialmente con la merluza austral y la mantarraya, precisando que esta última estuvo en veda biológica por más de cinco años. Dejó en claro que la mayor parte de las especies pesqueras están sobreexplotadas.

Asimismo, hizo alusión a las mujeres recolectoras de orillas, señalando que no hay una plataforma social dentro de la Ley de Pesca para garantizar la salud, seguridad social y otros aspectos relevantes para sus trabajadoras.

También, estimó necesario considerar la creación de un Ministerio del Mar, con el objeto de desarrollar el rubro pesquero en forma óptima.

Finalmente, esgrimió que no solo viven de la parte social sino que también de la productiva, puntualizando que en la actualidad se les ha quitado este último aspecto.

42. Federación Provincial de Pescadores Artesanales de Chiloé Unido y Dirigenta de la Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal de Chile, señora Carola Barría. [62]

Expuso en base a una presentación [63] que dejó a disposición de la Comisión.

En primer término, se refirió a la distribución territorial entre mujeres y hombres en la pesca artesanal dentro de Chile, puntualizando que la zona con mayor participación formal de mujeres en la pesca es la Región de Los Lagos y posteriormente la Región del Biobío.

Ejemplificó con algunas de las múltiples actividades que las mujeres de la pesca artesanal realizan en la Región de Los Lagos, mencionando la recolección de algas; la recolección de mariscos; la pesca de subsistencia; la acuicultura a través de mitíllidos; las desconchadoras de Piure; las pelilleras o algueras, entre otras actividades.

Comentó que las mujeres de la región han hecho frente a diversas crisis sociales, ambientales y sanitarias, agregando que la actividad depende del clima, las estaciones del año y de la sobre explotación de los recursos.

Mencionó algunos aspectos de contaminación que afectaron al rubro tales como: Fiebre del Loco (década de los 80); Fiebre del Pelillo (década de los 90); Marea Roja (2016); escape de salmones (depredan especies nativas); sobre explotación de recursos que inciden en la disminución de su disponibilidad y, las vedas legales y biológicas.

Agregó que las mujeres son las más afectadas en estas situaciones porque se dedican en su mayoría a la recolección de algas, mariscos y pesca de subsistencia. Asimismo dejó en claro que el proyecto de ley solamente incorpora la palabra “mujer” en una oportunidad.

Se refirió a las características sociales y económicas que caracterizan a las mujeres dedicadas al rubro, mencionando las siguientes:

1. Las mujeres son mayores de edad y con bajo nivel de escolaridad.

2. No tienen seguridad social.

3. No hay reconocimiento de enfermedades particulares que se generan a través del trabajo.

4. Falta de seguros laborales (seguro de Banco del Estado es insuficiente).

5. No hay protección en caso de viudez.

A mayor abundamiento, expresó que menos del 3% de las mujeres de la Región de Los Lagos son dueñas de embarcaciones y, en su mayoría son lanchas menores o botes. Igualmente, afirmó que no existe experiencia de créditos para el sector, por no cumplir con las condiciones requeridas.

En el mismo sentido, se refirió a las consecuencias de dejar el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, debido a que no se podría hablar de una diversificación pesquera ya que estas se encuentran pensadas en el ámbito del turismo. Además, expresó que la FAO coincide en que las mujeres continúan siendo menoscabadas porque no estarían siendo consideradas dentro de un plan de trabajo y desarrollo.

Por otro lado, coincidió con la postura del señor Cordero, en el sentido de que Chile no está a la altura de tomar una decisión tan relevante que no asegure un éxito.

Sugirió que se trabaje en forma paralela para buscar la eficiencia y eficacia como sectores productivos distintos e instó a seguir debatiendo en más audiencias sobre el proyecto de ley.

También, estimó necesario la creación de una plataforma social para el rubro, que abarque seguridad social, salud y otras cosas importantes. Además, comentó que se evidencia la necesidad de una política pública sobre seguridad alimentaria para la pesca artesanal, con el objeto de fortalecer la economía local. Por último, señaló que se evidencia la necesidad de una articulación entre algunas instituciones públicas, tales como Conadi, Sernameg y otras.

Finalmente, hizo presente que:

1. Se requiere que termine la invisibilización de las mujeres del sector de la pesca artesanal (antes y después de la captura y, en la elaboración de los productos del mar).

2. El proyecto de ley genera una gran incertidumbre y retroceso en el trabajo que han realizado las mujeres de la pesca en su reconocimiento. Declaró tener muchas preguntas al respecto, mencionado las siguientes: ¿Cuál es el enfoque de género del Ministerio?, ¿Qué pasará con las mujeres que realizan actividades conexas?, ¿Cómo el Ministerio se hará cargo de las recientes indagaciones de la Subpesca donde ha identificado importantes brechas y barreras de género específicas en el sector? ¿Cómo se regulará la vulnerabilidad de las mujeres del rubro pesquero en comparación con otros actores de la agricultura?.

3) Afirmó ser un sector muy diverso y con características muy distintas a la agricultura. }

4) Estimó más pertinente la creación de un Ministerio del Mar, que reconozca y desarrolle los diversos roles de las mujeres de la pesca.

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El señor Antonio Walker manifestó que en el sector agrícola la incorporación de la mujer ha sido notable, donde un 24% de los empleos asalariados que genera la agricultura están compuestas por mujeres.

43. Representante de la Organización Mapuche por el Bosque Ancestral e Itrofil Mongen, el Lonko José Escalona de Mulchén de la Región del Biobío. [64]

Expuso en base a una presentación [65] que dejó a disposición de la Comisión.

Expresó que, el Ministro de Agricultura en todos sus discursos nunca ha nombrado a los pueblos originarios, comunidades que son prexistentes al Estado de Chile y que han sido discriminadas e invisibilizadas por la nación.

Se refirió a la aplicación de la consulta indígena del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, señalando que es deber del Estado realizar dicha consulta cuando una medida legislativa o administrativa afecta a los pueblos originarios, en relación con los artículos 6 y 7 del Convenio.

Asimismo, mencionó que Chile debe abstraerse de promover iniciativas legales o avance en la implementación de proyectos productivos o extractivos en los territorios de los pueblos originarios, en el contexto de la pandemia por el Covid-19.

Afirmó que la decisión de llevar adelante el proyecto de ley viola el derecho a la libre determinación de los pueblos originarios, especialmente al pueblo Mapuche, considerando que somete a las comunidades a un escenario incierto en sus procedimientos y contenidos.

Comentó que el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, ha sido una iniciativa unilateral del Estado chileno, omitiendo el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios y sus organizaciones territoriales. Aclaró que recurrirán a las instancias judiciales nacionales e internacionales que correspondan para garantizar la correcta aplicación del Convenio 169.

A mayor abundamiento, solicitó oficiar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para que informe sobre la pertinencia de aplicar la consulta indígena en la discusión y tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, boletín N° 13.218-06.

Por otro lado, se refirió al valor cultural y espiritual de las comunidades indígenas, señalando términos tales como el “KÜme mongen” e “Itrofi Mongen” haciendo alusión a las tierras que les pertenecen y a vivir en un ambiente de libre contaminación y de afectaciones. Asimismo, hizo presente que muchos pueblos mapuches han sido desplazados de sus tierras, reflexionando ¿Si el nuevo Ministerio viene a prometer desarrollo rural sin acciones concretas?

Hizo hincapié en los derechos universales de aguas, señalando que en noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la observación general Nº 15 sobre el derecho al agua, precisando que el artículo primero establece que: "El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna". A su vez, esgrimió que la observación Nº 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

Manifestó que con la creación de los embalses, las comunidades que se encuentran emplazadas en sus alrededores quedarán eventualmente desabastecidas. A mayor abundamiento, declaró que el informe de la comisión mundial de represas (ONU, 2000) indica entre numerosos impactos ambientales, los siguientes:

1. Pérdida de la biodiversidad acuática, de las pesquerías río arriba y abajo, y de los servicios brindados por las planicies de inundación río abajo, por los humedales, y por los ecosistemas de las riberas, y estuarios adyacentes.

2. Pérdida de bosques y de hábitats naturales, de poblaciones de especies, y la degradación de las cuencas río arriba debido a la inundación de la zona de los embalses.

3. Impactos acumulativos en la calidad del agua, en las inundaciones naturales y en la composición de las especies, cuando en el mismo río se construyen varias represas.

Estimó que esta ley no tiene elementos para frenar la ambición depredadora medioambiental que generan las grandes empresas forestales a los territorios ancestrales. Asimismo, consultó a la Comisión ¿De qué forma se estaría pensando el nuevo desarrollo rural y, en especial, cómo va afectar a los pueblos originarios?

Igualmente, preguntó si la nueva institucionalidad tendrá recursos frescos o se utilizará la misma ejecución presupuestaria actual, teniendo en consideración que la mayoría de los ministerios y servicios han sufrido un recorte de sus recursos, debido a la pandemia por el Covid-19.

Por último, hizo alusión al granero territorial Wallmapu [66], precisando que el 97% de los granos, lentejas, porotos, garbanzos y, principalmente, trigo se producían en este territorio, sin embargo, acotó que en la actualidad este mismo porcentaje de productos, se importan desde el extranjero, lo que ha producido una significativa pobreza sociocultural y migración del campo a la ciudad por parte de campesinos, debido al crecimiento exponencial de las forestales y la escasez de agua que ha generado la producción de cultivos de pino y eucaliptus.

Finalmente, instó a la sociedad a ser más tolerante y menos discriminatorio respecto de los pueblos originarios, haciendo énfasis en el respeto a la autoderminación de los pueblos mapuches.

44. Representante de los Dirigentes y Dirigentas Campesinas y Asalariados del Agro y Pueblos Originarios, señora Francisca Rodríguez. [67]

Expuso en base a una minuta [68] que dejó a disposición de la Comisión.

En primer término, señaló que la modernización del Ministerio de Agricultura no es algo nuevo y es sumamente importante.

A su vez, manifestó que una cosa es visibilizar el proyecto de ley a los diversos actores del rubro y otra es discutir lo que realmente necesitan y requieren, puntualizando que las comunidades -en su mayoría- han señalado que no es el momento de analizar el proyecto de ley.

Comentó que esperaban un “Ministerio de Agricultura y la Alimentación”, sin embargo el nombre actual de la institucionalidad cambia completamente el contenido. Sostuvo que el sistema alimentario debe garantizar en primer lugar una alimentación para el pueblo, sana y nutritiva que dé garantías a la vida y a la salud de la gente, precisando que en la actualidad se está hablando de los alimentos como una mercancía y un producto de cambio.

Hizo hincapié en luchar por la soberanía alimentaria, puntualizando que dicho término no solamente se refiere al derecho de los campesinos de producir la tierra, sino que también, garantizar el derecho que tienen los pueblos a consumir dichos productos.

Dejó en claro que el proyecto de ley ha sido estudiado en detalle por los representantes de 11 organizaciones campesinas, quienes habrían efectuado diversas observaciones.

Explicó que el mayor peligro de este proyecto es que tras el pretexto de un cambio institucional (la creación de un nuevo Ministerio) se institucionalizan y fijan diversas políticas públicas, quitando cualquier poder decisión sobre ellas a los futuros gobiernos o a los movimientos sociales que quieran influir sobre ellas. Por ejemplo, si en el futuro, un gobierno decidiera privilegiar la producción interna sobre la agroexportación, o decidiese limitar las plantaciones forestales o la acuicultura por razones ambientales y de protección del agua y del mar, se le podría acusar de actuar ilegalmente.

Manifestó que el proyecto está orientado al fomento de la exportación, subordinando la agricultura y la pesca a la exportación y a la industria alimentaria. Declaró que en la justificación de la ley entregada por el Gobierno, se repiten una y otra vez aseveraciones a favor de poner la agroexportación y la agroindustria como el centro de las políticas silvoagropecuarias. Además, aclaró que las menciones a la producción de alimentos para el consumo nacional parecen más que nada un saludo a la bandera sin contenidos específicos ni menos efectivos.

Expresó que aunque en la justificación del proyecto se habla de seguridad alimentaria, en el proyecto de ley mismo, y especialmente en la definición de las atribuciones del nuevo ministerio, no hay una sola mención a la necesidad de garantizar la alimentación de los chilenos, ni siquiera se menciona la seguridad alimentaria. Igualmente, esbozó que no existe mención alguna para la soberanía alimentaria.

Acotó que el proyecto de ley y su justificación hacen una extraña separación entre la producción agrícola y la “producción alimentaria”, como si la producción de alimentos dependiera exclusivamente de las empresas de alimentos. En efecto, señaló que en el texto legal se habla repetidamente de “los sectores agropecuarios, alimentario, acuícola, pesquero y forestal del país”.

Al mismo tiempo, asefuró que el proyecto busca explícitamente imponer a la agricultura normas y medidas que la harán más compleja y que sólo beneficiarían a los grandes productores y a las empresas procesadoras de alimentos. Detalló que el proyecto sitúa como elemento central de la nueva institucionalidad el promover la “inocuidad de alimentos” y la trazabilidad, entre otros, dándole poderes fiscalizadores adicionales al SAG (lo que es contradictorio con otras políticas impulsadas actualmente, como el proyecto de resolución del SAG sobre cultivos transgénicos, en el que se deja a si mismo sin poder fiscalizar los cultivos transgénicos). A mayor abundamiento, indicó que estos conceptos se han utilizado para imponer reglas que sólo encarecen la producción y obligan a los agricultores y campesinos a depender de mega empresas y de mega poderes productores. Un ejemplo de este tipo de medidas es la prohibición de vender leche cruda, que sólo llevó a la concentración de la industria y la producción lechera y al colapso de la producción nacional, por lo que hoy la leche que se consume es “inocua,” pero depende mayoritariamente de las importaciones y es de mucho menor calidad que la anterior.

También, expresó que se le da una importancia central a los encadenamientos productivos y al papel del sector empresarial, subordinando a la agricultura campesina e indígena a las condiciones que exija el agroempresariado, que por experiencia buscaría la explotación. En contraste, sólo una vez se menciona la “agricultura familiar campesina” y una vez la “agricultura familiar”.

Afirmó que el proyecto minimiza y no da cuenta de la relevancia y los aportes alimentarios económicos, sociales, ambientales y políticos que genera el bosque nativo, privilegiando el sector comercial maderero, que ha sido el mayormente beneficiado con las políticas y los recursos públicos desde la época de la dictadura. Además, sostuvo que tal como lo demuestran las cifras oficiales, lo que el proyecto llama el “sector forestal” corresponde a una actividad económica controlada por grupos económicos privados, asociados principalmente a las empresas de la industria forestal denominadas Arauco, CMPC, y Mininco.

Por último, señaló que el proyecto de ley y su justificación ignora absolutamente los grandes problemas estructurales provocados por el modelo agroexportador y forestal chileno, mencionando los siguientes:

a) Extrema concentración de la tierra, puntualizando que el 75% de la tierra está en manos de menos del 1% de los propietarios. Las forestales Mininco y Arauco son propietarios de más de 1.800.000 hectáreas.

b) Privatización y extrema concentración de la propiedad del agua, que hace que cada año los agricultores campesinos e indígenas deban limitar su producción porque no pueden contar con el agua necesaria.

c) Condiciones laborales malas y precarias. Los trabajadores silvoagropecuarios son el sector laboral peor pagado, con sueldos que son 30% más bajos que el promedio. Explicó que contrario a lo que dice la justificación de la ley, el sector agroexportador no ha creado nuevos empleos; la generalización del modelo agroexportador destruyó el trabajo y lo reemplazó por trabajo inseguro y mal pagado, que además se ha mantenido estacionario desde la década de 1990, precisando que lo mismo ocurre con las plantaciones forestales.

d) Privatización del mar y cercamiento y castigo a la pesca artesanal.

e) Dependencia cada vez mayor de importaciones de alimentos básicos, como las leguminosas, situación que hoy se hace dramática cuando la pandemia ya estaría provocando hambre y desnutrición.

Finalmente, reiteró que no es el momento para llevar este debate, debido a que la situación que vive el país es crítica y no es la propicia para estar discutiendo un proyecto de ley tan relevante como la modernización del Ministerio de Agricultura. Argumentó que los esfuerzos de todo el país deben estar en superar la amenaza del hambre y no en arrinconar más aún a la agricultura campesina e indígena y a la pesca artesanal. Por lo tanto, en vez de discutir este cambio en un momento inadecuado, debe existir una concentración en desarrollar un plan de emergencia para proteger a la agricultura campesina e indígena y asegurar así la alimentación para todos los chilenos.

45. Presidente de la Directiva del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Trabajadores Forestales, señor Mauricio Aguilera. [69]

Expuso en base a una presentación [70] que dejó a disposición de la Comisión.

En primer término, suscribió y respaldo en general lo planteado en la discusión del proyecto de ley, por parte de la siguientes instituciones del sector forestal: Colegio de Ingenieros Forestales A.G; Sindicato de Profesionales de Conaf; Federación Nacional de Sindicatos de Conaf; PYMEMAD; Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo y los Decanos Facultad Cs. Forestales U. de Chile, U. Austral, U. Concepción. Al respecto, manifestó que uno de los temas más importantes para el rubro es la creación de una Subsecretaría Forestal, con el objeto de contar con una institucionalidad adecuada que permita un desarrollo óptimo del sector.

Por otro lado, expresó que el Instituto Nacional Forestal fue creado en 1961 y en la actualidad el sindicato de trabajadores agrupa a más de 120 funcionarios desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

Dejó en claro que la historia del sector forestal chileno está marcada por una ausencia explícita de una institucionalidad forestal pública que genere y gestione una política de desarrollo de largo plazo en torno a los ecosistemas forestales, lo que se mantiene hasta el día de hoy, y que este proyecto tampoco corregiría.

Indicó que entre la Región del Maule y la Región Los Lagos, los bosques en el pasado eran considerados recursos disponibles, infinitos, constituyendo verdaderas barreras naturales para la expansión territorial y agrícola, sin embargo, declaró que después de 450 años en ese mismo territorio se ha vislumbrado un 51 % de pérdida de bosque, principalmente producto del asentamiento de la agricultura y las plantaciones forestales. Debido a lo anterior, señaló que la institucionalidad forestal es reactiva a desastres ecológicos provocados por el hombre y fomentados de alguna manera por el Estado.

Asimismo, hizo referencia a la ordenanza -en época de la colonia- de la legislación minera de 1789, precisando que no existía una modificación importante en dicho periodo, sin embargo, expresó que en el siglo XIX comienza a alterarse sustantivamente el bosque nativo, lo que produjo la creación de la primera ley de protección del bosque por parte del Estado en 1872.

A mayor abundamiento, esbozó que en el siglo XX comienza el Estado hacerse cargo de esta intervención y abuso indiscriminado de los recursos naturales, teniendo en consideración los impactos ambientales que se estaban generando. Declaró que en este periodo existieron varios hitos importantes, tales como la creación de la carrera de educación forestal superior; la Corporación de Reforestación Coref -actual Conaf- y el Instituto Nacional Forestal.

Por último, manifestó que en el siglo XXI se crea la ley de bosque nativo en el 2008 y el Consejo de Política Forestal el 2015, puntualizando que este último elabora una carta de navegación para el sector forestal.

También, manifestó que en la actualidad se reconoce mundialmente el rol de los bosques en la regulación de los procesos climáticos, la mantención de ecosistemas, la protección del suelo y la generación de bienes y servicios. Opinó que estas funciones necesitan una mirada de largo plazo y políticas capaces de compatibilizar necesidades del hoy y del mañana.

Informó algunos datos relevantes del sector forestal:

1) 36,8 millones de hectáreas se encuentran con algún grado de erosión, correspondiendo al 49% del territorio nacional, por causa antrópica (CIREN, 2010).

2) Entre 1970 y 2011 existe una pérdida del 19% del bosque nativo desde la Región de Valparaíso a la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (55% por sustitución forestal o agrícola) (UFROUACH, 2016).

3) Importante desarrollo industrial en base a plantaciones, con externalidades positivas y negativas del modelo, relacionadas con la postergación del bosque nativo.

4) Importante rol de los bosques en la mitigación del cambio climático, por ser capturadores de carbono.

Asimismo, mencionó algunas funciones importantes de los bosques:

Recalcó que la institucionalidad y la política forestal no es sólo un tema biótico, la componente antrópica es vital para su comprensión, aspecto históricamente no reconocido en el modelo forestal chileno. Asimismo, sostuvo que la pobreza rural es más extrema aún en las familias vinculadas a los bosques.

Respecto al proyecto de ley, indicó que el proyecto responde a una clara necesidad de modernizar la institucionalidad pública del sector agrícola, sin embargo, opinó que se requiere visibilizar en el proyecto la institucionalidad vinculada con investigación pública. (INFOR, FIA, INIA, CIREN, FIBN).

Asimismo, sugirió a la Comisión escuchar e incorporar las distintas visiones sectoriales, que las personas han comunicado en esta Comisión, en especial, la voz de las comunidades y de los funcionarios, teniendo en consideración la particularidad de largo plazo que posee el sector forestal, donde los resultados de las decisiones de hoy, serán asimiladas y evaluadas por las futuras generaciones.

Por último, comentó que existe la oportunidad histórica de crear por primera vez una institucionalidad forestal, debido a 500 años de uso y abuso de los recursos boscosos, en desmedro de las personas que viven en torno a los bosques. Acotó que las acciones del pasado en torno a los bosques, no es posible replicarlas en el presente y comprometer el futuro de las nuevas generaciones.

Finalmente, afirmó que un Chile sustentable debe desarrollar integralmente el sistema económico, los ecosistemas naturales, al ser humano, la tecnología y el conocimiento, con un proyecto político en la toma de decisiones, a través de la creación de una Subsecretaría Forestal.

46. Ex Ministra de Agricultura, señora Marigen Hornkohl. [71]

Expuso en base a una minuta [72] que dejó a disposición de la Comisión.

Explicó que contar con un proyecto de ley que asume un necesario proceso de modernización de la institucionalidad en materia agroalimentaria para el país, constituye una buena noticia. Se trata, por cierto, de una aspiración de todos quienes han tenido la oportunidad de dirigir el sector desde hace más de dos décadas.

Manifestó que el proyecto presentado por el Gobierno, en su mensaje, contiene variadas afirmaciones que dicen relación con la necesidad y oportunidad del mismo, procediendo a mencionarlas:

1) Propone fortalecer la institucionalidad del Ministerio, modernizarlo y adaptarlo a los desafíos futuros del país, promoviendo un sistema agroalimentario, pesquero, acuícola y forestal competitivo y sostenible, comprometido socialmente, que sea base del desarrollo regional y rural.

2) Afirma que el país debe tener como prioridad un desarrollo integral de sus zonas rurales y sus costas, velando, entre otros, por sus tradiciones, como también por la productividad. Además, incorpora el enfoque en la capacidad de producir más alimentos para Chile y el mundo, indicando que las actividades agroalimentarias, pesqueras, acuícolas y forestales son una fuente de calidad de vida.

3) Plantea que la agricultura chilena debe desarrollarse y crecer en función de la demanda nacional e internacional de alimentos.

4) Sostiene que una mejor alimentación, uso del agua y cuidado del medio ambiente son algunos de los desafíos más importantes para incrementar tanto la oferta nacional como exportadora. Agrega que, para esta última, sería necesario ampliar la superficie regada en los próximos años, a fin de proyectar un aumento en las exportaciones en porcentajes significativos durante las próximas décadas.

5) Indica que los sectores productivos agroalimentario, pesquero, acuícola y forestal (y sus derivados) deben esforzarse para avanzar a ritmos mucho más intensos, pero al mismo tiempo, simplificando la organización gubernamental y dando mayor preponderancia a temas de futuro, como son la calidad e inocuidad de alimentos, encadenamientos productivos, mecanización, participación de la mujer, desarrollo a nivel regional de cada sector, mejor y oportuna información y otros importantes desafíos para los próximos 30 años.

6) Destaca la necesidad de contar con un interlocutor ministerial único para todo el conjunto de alimentos, pesca, acuicultura, forestal y sus derivados.

7) Menciona la interconectividad del mundo, la necesidad de seguir invirtiendo en tecnologías e innovación y, la obligación de avanzar en una mayor inclusión e igualdad entre productores, cumpliendo con amplitud y uniformidad los aspectos de calidad e inocuidad para responder a demandas de mercados exigentes.

8) En cuanto al mundo rural, reconoce un rezago, y menciona las potencialidades de los distintos territorios como un foco esencial para la sostenibilidad de la economía del país, ratificando mediante cifras, que las oportunidades no han llegado a todos de manera equitativa, pues tanto en pobreza por ingreso como en pobreza multidimensional, las cifras rurales duplican las urbanas, lo que constituiría un imperativo ético abordarlo mediante la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural.

9) Destaca la instalación formal de un trabajo interministerial cuyo foco se centre en la mejora del acceso a la salud, educación, capacitación, conectividad y vivienda; entre otros, agregando que la cooperación publico privada y de la propia sociedad civil resulta clave ante el objetivo alcanzar el aumento del bienestar de las personas.

10) Invita a comprender que, con la mirada puesta en este horizonte, se propone un nuevo Ministerio que sea un ejemplo de eficacia, eficiencia, probidad y transparencia. Es decir, el proyecto se centra casi exclusivamente en lo orgánico estructural para readecuar la administración de sus funciones.

En síntesis, y a partir de lo expuesto en su mensaje la iniciativa invita a una posibilidad de futuro mediante la integración de todo el sector alimentario, es decir, de todos los alimentos provenientes del agro y del mar en un sólo ministerio, lo que permitiría formular políticas alimentarias más coherentes que involucren a todos los sectores.

Argumentó que el proyecto de ley, además, menciona la preocupación por las personas dedicadas a las actividades situadas al alero del nuevo Ministerio de Agricultura mediante una coordinación de la Política Nacional de Desarrollo Rural.

Respecto del contexto, consideró que en una época de pandemia la seguridad alimentaria es clave, proponiendo para ello, en materia de inocuidad alimentaria un trabajo conjunto entre los ministerios de Agricultura y de Salud, de manera que el primero se dedique preferentemente a la alimentación y el segundo a la salud de las personas.

También, y como elemento adicional de análisis, destacó que el informe de impacto regulatorio, realizado por el Gobierno a través del Minagri y la Segpres, define esta propuesta como un proyecto que crea una nueva orgánica para la agricultura, alimentos y el desarrollo rural. A mayor abundamiento, enfatizó que el informe mencionado es explícito al indicar que no implica costo en cuanto al impacto regulatorio en ámbitos fundamentales para una política pública con mirada sistémica.

Manifestó que más allá de la importante señal política, las cuantiosas sesiones efectuadas por la Comisión, sumado al trabajo de los equipos técnicos del Ministerio, es necesario que se haya podido tomar conocimiento de los estudios realizados sectorialmente para identificar los aspectos claves de una iniciativa de tal magnitud, profundizando en los puntos estratégicos a establecer para agregar la visión sistémica y el ajuste en el quehacer de todos los organismos involucrados en esta iniciativa, para necesariamente abordar una transformación estructural, profunda y compleja como es la intención manifestada en su mensaje.

Respecto a la complejidad institucional y la mirada sistémica, comentó que es importante integrar, bajo un mismo paragua institucional, temas tan disímiles y complejos como la producción agropecuaria, acuícola, pesquera y alimentaria, por una parte, la actividad silvícola por otra e incluso el desarrollo rural que constituye una inteligente y necesaria mirada.

Destacó el concepto de necesidad de integración institucional, atribuyendo al futuro Ministerio, por el simple hecho de su creación, efectos casi inmediatos en materia de coordinación y sinergias institucionales, articulación público privada, e impactos en la competitividad, el desarrollo exportador, la sustentabilidad ambiental y el bienestar y calidad de vida de las personas. Sin embargo, afirmó que el articulado no responde a la forma en que se alcanzará dicho objetivo, precisando que en lo relativo a la coordinación intersectorial, la intención de integrar efectivamente su existencia en la normativa vigente adquiere relevancia crítica para instalar el desarrollo rural como imperativo del quehacer prioritario del Estado.

Argumentó que el mensaje presidencial, es sin duda bien intencionado, ya que pretende que en mayor o menor medida el objetivo anterior pudiera ser alcanzado con un proceso de modernización institucional profundo y serio, sin embargo, aclaró que al revisar sus contenidos se requiere conocer cómo se realizará este proceso para dar cumplimiento a las promesas de crecimiento, sustentabilidad y calidad de vida.

En concordancia con lo anterior, agregó que uno de los elementos fundantes de la propuesta es la necesidad de aproximarse a una mirada sistémica de las cadenas de valor agropecuaria, silvícola, acuícola y pesquera. En este punto, reflexionó que sería muy importante conocer el modo en que cada acción propuesta -que es una aproximación sectorial, productivista y de corte agrario- abordará el desafío de constituirse en ministerio de los alimentos manteniendo su herencia sectorial.

Se refirió a la importancia de la coordinación y de la participación de los actores articulados desde la nueva figura institucional, puntualizando que esta materia es imprescindible de abordar en detalle con las entidades involucradas, y que debe estar considerada en la información anexa disponible o en los fundamentos del proyecto.

Respecto al cambio climático, indicó que si bien que el proyecto menciona el cambio climático como un factor presente en el desafío, no ahonda o precisa los mecanismos mediante los cuales se concreten iniciativas a asumirlo de modo sistémico y como parte central de la nueva orgánica. Es decir, relevarlo como un factor crítico para el sector administrado bajo la nueva institucionalidad.

Sobre el abordaje de materias como sanidad, inocuidad y calidad, comentó que la iniciativa propone facultar al SAG con nuevas atribuciones en la materia, indicando que se suscribirá un protocolo con el Ministerio de Salud para abordar posibles superposiciones, duplicidades, contiendas de competencias y otros. Ante esta propuesta, comentó que es posible suponer que dicha decisión contempla las complejas problemáticas sanitarias, económicas, productivas y comerciales, que del punto de vista regulatorio y del fomento productivo, ellas implican para abordarlo, incluyendo la certeza jurídica de que el Ministerio de Salud abdicará del mandato que tiene en materia de control de alimentos, entregando las potestades que le otorga el código sanitario a la agricultura, incluyendo la administración del Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA), así como también del rol de la Agencia de la Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA) modelo de modernización institucional de vanguardia único en la región, y por tanto de enorme contribución al desafío planteado.

Respecto al desarrollo rural, opinó que es importante destacar la posibilidad de revisar lo que se puede considerar como un sesgo economicista en la comprensión de lo rural, más allá del nombre implicado en la reestructuración institucional de “desarrollo rural”. Con seguridad, esgrimió que en el actual contexto de movilización y malestar social con el actual modelo de desarrollo, la discusión parlamentaria podrá ser un privilegiado espacio de reflexión sobre el real sentido del desarrollo rural en Chile, lo cual implica mirar más allá del enfoque productivo y económico, y asumir la diversidad étnica, cultural, natural y política que tiene el territorio.

También, declaró que la tramitación de esta iniciativa constituye también un espacio privilegiado para conocer la visión intersectorial de salud, medio ambiente y obras públicas para abordar en conjunto los problemas acceso, conectividad y degradación ambiental que afectan la salud y calidad de vida de las personas y, que les impiden desplegar sus propios proyectos de vida, cuestión básica del desarrollo.

A mayor abundamiento, informó que el 90% de las actividades económicas que sostienen el crecimiento nacional se realizan en zonas rurales. Sin embargo, la riqueza que estas producen se concentra en las zonas urbanas del país. Por ello, resulta importante poder conocer el modo en que sectorialmente, en conjunto con otras carteras como Hacienda y Desarrollo Social, se vislumbran mecanismos para promover una redistribución que permita a los territorios rurales retener parte de las riquezas que producen, pero también ser autónomos en la decisión sobre el destino de estos recursos, incluidas las posibles estrategias de vinculación y diálogo con los pueblos indígenas en los territorios rurales, contemplando sus cosmovisiones territoriales en el enfoque productivo. Para ello, declaró que la articulación e implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural constituye un elemento importante para la revisión y enriquecimiento de la presente iniciativa de modernización y desarrollo del sector.

Por otro lado, explicó que la incorporación de la Subsecretaría de Pesca, en particular, significa enfrentar las relaciones entre salmonicultura y la pesca industrial con las comunidades costeras y rurales, precisando que este es un factor importante a la hora de revisar su traslado al nuevo Ministerio. Argumentó que se deben promover relaciones de colaboración y convivencia para una mirada sistémica del foco alimentario más allá del factor económico productivo, definiendo con claridad el rol de desarrollo de las zonas involucradas en las estrategias de crecimiento económico bajo una mirada de sostenibilidad en el uso del recurso y el factor cultural. A su vez, agregó que la posibilidad de ampliar la mirada de lo rural más allá de la finalidad productiva, permitirá avanzar, a pesar de la dificultad de contexto, hacia un país diferente, más justo e inclusivo.

Finalmente, esgrimió que Chile requiere contar con una nueva visión y enfoque del sector agroalimentario, puntualizando que la cruda realidad que hoy enfrentan las naciones del mundo efectivamente constituye una oportunidad nunca antes vista para la humanidad.

47. Presidente de la Asociación de Mitilicultores de Chile, AmyChile, señor Branco Papic. [73]

Expuso en base a una minuta [74} que dejó a disposición de la Comisión.

Informó que AmiChile, es una organización gremial de la Región de los Lagos que representa a 52 socios, entre productores pequeños, medianos y grandes, que cultivan el 70% del total de choritos producidos en Chile y más del 80% de las exportaciones del sector. Entre sus socios, mencionó que el 60% son productores Mipymes (31), el 21% está representado por 11 empresas procesadoras y cultivadoras del país, y el 19% restantes, son proveedores de servicios e insumos.

El rubro otorga trabajo a aproximadamente 12.000 personas en forma directa y 5.000 personas de manera indirecta, donde la mayoría de las empresas mitilicultoras o cultivadoras de choritos, son pequeñas empresas. Agregó que en la actualidad, Chile es el segundo productor o cultivador de chhoritos (mejillón chileno) del mundo, después de China, y el primer exportador mundial de productos terminados en base a este recurso, principalmente cocido y congelado.

Respecto al proyecto de ley, contenido en el Boletín N°13.218-06 que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, señaló que como gremio, se ha estado analizando en profundidad y la posición de la organización es apoyarlo, siempre y cuando el mensaje demuestre explícitamente un fortalecimiento del sector acuicultor en la búsqueda de solución y término a proyectos pendientes y condiciones reales en beneficio del sector (público y privado), asegurando un crecimiento sostenido en el tiempo como una de las actividades estratégicas en la producción de alimentos de Chile, para el país y para el mundo.

Estimó necesario efectuar algunas consideraciones y observaciones generales al proyecto de ley:

1. El traspaso orgánico de instituciones relacionadas con la acuicultura y la pesca al Ministerio de Agricultura, a través de la creación del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, puede representar una oportunidad para relevar la importancia económica y social de la acuicultura en el país, resolviendo temáticas históricas que la actual institucionalidad, no ha logrado atender en forma adecuada ni oportuna, ejemplificando con el ordenamiento del territorio, las relocalizaciones efectivas, el resguardo de espacios para captación de semillas, las normativas ambientales diferenciadas, entre otros aspectos. Sin embargo, enfatizó que para AmiChile, no es suficiente radicar todos los alimentos en un sólo ministerio, puntualizando que aún existen muchas interrogantes que hacen dudar sobre el real beneficio que este cambio de institucionalidad generaría en la agricultura, teniendo en consideración la gran cantidad de desafíos y problemáticas, que ya enfrenta por sí solo, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

2) En la práctica, la actual Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, que depende del Ministerio de Economía, dedica un alto porcentaje de su gestión y recursos, a abordar y resolver temáticas de la pesca artesanal e industrial, en desmedro de la acuicultura, y cuando se tratan aspectos que afectan a la acuicultura, la prioridad claramente radica en la Salmonicultura, viéndose limitada la gestión sobre aquellos aspectos que afectan a la Mitilicultura.

En este sentido, señaló que no pueden visualizar en el proyecto de ley la voluntad política y parlamentaria, de crear un ministerio que agrupe las actividades costeras del país, y por tanto, las organizaciones esperan que, a lo menos, se configure la creación de subsecretarías independientes para la pesca por una parte, y para la acuicultura por otra, además de la Subsecretaría de Agricultura ya considerada en el proyecto. Opinó que de esta forma el rubro sería efectivamente priorizado.

3) Por otra parte, mencionó que si la intención es fortalecer los sistemas de gestión de los diferentes servicios que integran las subsecretarías de Pesca y Acuicultura y de Agricultura, es imperante considerar la opinión del profesor Luis Cordero en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de fecha 14 junio 2020, donde estima necesario que el proyecto de ley se haga cargo explícitamente sobre cómo se lograría ese objetivo, situación que hasta ahora no está considerado en la iniciativa. De esa forma, opinó que se tendrá la tranquilidad de que las mejoras, el fortalecimiento, la modernización, los presupuestos y la descentralización de los servicios que se promueve en las discusiones parlamentarias y se establecen como necesarias desde los sectores productivos, serían efectivamente incluidas en las nuevas normativas que reglamentarán la iniciativa legal.

4) En AmiChile están convencidos de que el diálogo con los actores interesados, es clave para que se configure una legislación que satisfaga los intereses de los sectores productivos involucrados. Sin embargo, esgrimió que la sensación generalizada de muchos actores y organizaciones de los sectores de pesca y acuicultura, es que se desconoce si los planteamientos expuestos serán considerados, porque hasta ahora, los comisionados sólo explican y enuncian las mismas respuestas iniciales que han sido descritas en el proyecto. En consecuencia queda la duda, si efectivamente se implementarán mejoras a la iniciativa.

Por último, mencionó que conforme a lo señalado por la FAO (2016), la acuicultura es la alternativa para incrementar el suministro de alimentos provenientes de recursos marinos y acuáticos que demandará la humanidad para el presente siglo. Siendo en Chile, y en la Región de los Lagos, una de las actividades productivas con mayor impacto socio económico.

En este contexto, señaló que AmiChile sólo estará de acuerdo con el proyecto de ley en la medida que este considere crear una Subsecretaría de Acuicultura, y otra de pesca, además de la Subsecretaría de Agricultura, incluyendo el fortalecimiento efectivo de los modelos de gestión de todos los organismos involucrados, como por ejemplo el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal (Indespa) y el Instituto de Fomento pesquero (IFOP).

48. Economista de la Universidad de Chile, señor Iván Nazif. [75]

Expuso en base a una presentación [76] que dejó a disposición de la Comisión.

En primer término, manifestó que es imperativo contar con un desarrollo institucional que de cuente de los desafíos presentes y futuros de una sociedad.

Se refirió a la necesidad de definir con precisión el objeto de trabajo, señalando que para esto es imprescindible diferenciar entre objeto de trabajo y objetivos institucionales. Asimismo, comentó que es necesario asignar responsabilidades en la gestión de una organización ministerial para que ésta sea clara respecto de qué tiene que hacer y, además, pueda diferenciarse de lo que realizan otros ministerios.

Indicó que el objeto de trabajo del nuevo Ministerio debería ser la producción proveniente de la utilización de los recursos naturales renovables, es decir, desde la producción primaria hasta el consumo, pasando por las actividades de comercialización y transformación industrial de sus productos. Asimismo, esgrimió que los objetivos del proyecto dicen relación con las políticas, las cuales debiesen contribuir a un desarrollo dinámico en lo económico, integrador en lo social y sustentable en lo ambiental. Argumentó que la confusión de ambos planos termina generando una estructura inconsistente en algunos supuestos.

Igualmente, dejó en claro que los sectores agropecuario, forestal, acuicultura y pesca son los primeros procesadores de recursos naturales renovables.

A mayor abundamiento, explicó que la dinámica de todas las relaciones requiere esfuerzos transversales que se complementan bajo la forma de aportes de bienes públicos, que, en definitiva operan los servicios ejecutores: (sanidad, investigación o innovación, fomento, impulso a la inversión de capital fijo, generación de infraestructura y logística e información para transparentar y hacer más competitivos los mercados)

Por otro lado y respecto a la definición de la estructura del Ministerio, esbozó que la propuesta para diseñar una institucionalidad ministerial requiere ser coherente en sus componentes y flexible para asumir distintos objetivos según sea la política pública. En consideración que se trata de una organización pública que debe estar convenientemente normada, puesto que se le permite hacer sólo aquello que la ley le indique, argumentando el ministerio en su rediseño debe poner acento en cómo departamentaliza su estructura, la forma que asumen las jerarquías y cómo todo eso impacta en la definición de sus funciones.

Declaró que se debe proponer con claridad los siguientes aspectos:

1) Criterios de departamentalización: el principio de departamentalización sugiere ser consistente con algún criterio de diferenciación de sus unidades componentes, los que pueden variar según sean las líneas jerárquicas, pero que deben ser coherentes entre sí. Por ejemplo puede haber una línea que se diferencie por el subsector que atiende (agropecuaria, forestal y pesca), en otra línea puede haber una diferenciación funcional (operativa, apoyo) y en otra línea una diferenciación territorial (regiones). Esta es una exigencia de buen orden administrativo que permite una asignación de responsabilidades y recursos más eficiente.

2) Jerarquías: el principio anterior se complementa con la definición de las jerarquías que permiten tener claridad de las líneas de responsabilidad y mando en la definición e implementación de las funciones de la organización.

Hizo hincapié en la parte de conducción del ministerio, señalando que el proyecto agrega una Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que en los hechos corresponde al traslado de una unidad organizativa compleja desde un ministerio a otro. Acotó que si el proyecto analizado se atiene a la definición de subsecretaría, como entidad básicamente responsable del manejo administrativo del ministerio, no se justifica la existencia de dos subsecretarías. Sin embargo, expresó que por todos es conocido que el cargo de subsecretario corresponde a un nivel jerárquico de viceministro que desde el punto de vista político y particularmente en el ámbito internacional, significa una consideración distinta a la de jefe de servicio, que sería la línea jerárquica inmediatamente inferior.

Sostuvo que existen precedentes cercanos acerca de conferir poder y prestigio a la segunda línea de mando. Siendo así, la definición de subsecretarías en el nuevo ministerio, debería atenerse a un solo criterio; o es el responsable de la gestión administrativa de la institución o representa una designación política y, por tanto, se le considera una forma de asignar realce político dentro de la estructura institucional.

Agregó que por tratarse de un ministerio responsable de la producción de bienes provenientes de subsectores claramente descritos, podrían establecerse subsecretarías agropecuarias, forestal y de pesca y acuicultura. Si se desecha esta opción, comentó que sería difícil sostener la idea de dos subsecretarías que no respetarían el principio antes señalado de la departamentalización.

3) Funciones: el proyecto hace una enumeración descriptiva y no sistémica de las funciones que conformarían las actividades del ministerio, sin explicar cuáles serían sus servicios. Estimó necesario fundamentar cómo se hacen operativas las políticas.

Asimismo, esbozó que al tratarse de un proyecto que institucionaliza la estructura del órgano rector de un ministerio sectorial se hace necesario definir con claridad el “orden de funciones” que realizaría tanto el ministerio como sus servicios. En efecto, opinó que es una tarea pendiente establecer qué se entiende por fomento, regulación, información y fiscalización, así como qué componentes tiene cada uno de esos tipos de funciones, qué actividades deberían realizar y cuántos y de dónde provienen los recursos para hacerlos efectivos.

En síntesis, expresó que el texto del proyecto analizado contiene inconsistencias conceptuales y fallas en su construcción, puesto que no responde con claridad a ninguno de los requisitos anteriores, siendo que esos componentes son los que definen a una institución.

Por último, enumeró algunos objetivos que pueden reunir consenso para la definición de una política pública del ministerio, mencionando los siguientes:

1) Inversión y crecimiento de todos sus subsectores, incluyendo sus dimensiones ampliadas.

2) Contribuir al desarrollo rural pero no hacerse cargo exclusivamente,y

3) Establecer una dinámica productiva que garantice ser ambientalmente sostenible.

Finalmente, recalcó que institucionalidad no es lo mismo que objetivos de política.

49. Ingeniera Agrónomo, miembro de la Comunidad Indígena Aymara de Ancovinto, Gerenta y Productora de la Cooperativa Quinaacop, señora Yanet Challapa, de Colchane. [77]

En términos generales, comentó que la organización que representa es una cooperativa agrícola Aymara, por lo que posee un modelo económico ancestral (Tawantisuyano).

Respecto al proyecto de ley, hizo hincapié en ciertos conceptos que parecen relevantes tener en consideración, tales como, la competitividad, modernización, mejor alimentación, uso del agua, cuidado del medio ambiente, exportación y desarrollo rural. Asimismo, mencionó los desafíos de mejorar la alimentación, el uso del agua y el cuidado del medio ambiente.

Concordó plenamente con algunas consideraciones expuestas por los presentadores anteriores, en el sentido de que la intención de tomar en esta discusión los recursos naturales renovables, merece definitivamente una discusión mucho más profunda, dado que el modelo económico ancestral se encuentra directamente relacionadas con la “madre tierra” (Pachamama viva), el cuidado de las relaciones humanas, el amor y el respeto a los seres vivos, es decir, un modelo basado en la reciprocidad y la redistribución de los recursos.

Respecto a la sustentabilidad y el desarrollo rural, manifestó que este aspecto se menciona dentro del proyecto de ley. Citó al profesor Álvaro Carevic, quien señala que: “la producción agropecuaria tiene un desarrollo sustentado desde periodos preincas en nuestros suelos con innovaciones propias de cultivos y animales. La importancia de este proceso productivo es que ha sido capaz de desarrollarse por casi dos mil años, logrando sustentar el sistema productivo y consecuentemente una población que habitó y que habita hoy en día entre el mar y la cordillera”.

En el mismo sentido, manifestó que la sustentabilidad de un proceso productivo Aymara tiene fuertes connotaciones etnoagroecológicas, por lo que debe tener como primera medida una prudencia tecnológica para avanzar hacia un sistema de desarrollo endógeno. Igualmente, argumentó que otro elemento de la sustentabilidad es la limitación de los recursos naturales, haciendo alusión al suelo, al agua y las praderas naturales y, precisando que los bofedales son unidades naturales frágiles, por lo tanto, la irracionalidad del uso de estos recursos pueden hacer desaparecer fácilmente un sistema productivo agrícola y pecuario en un país.

Destacó que en los pueblos originarios se encuentra la sabiduría y el conocimiento, agregando que es indispensable comenzar hablar de la territorialización de políticas públicas y la soberanía alimentaria, teniendo en consideración las actuales circunstancias que vive el país.

Por último, estimó necesario aplicar el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, el cual dispone que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se provean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Al respecto, acotó que los recursos naturales renovables tienen una vinculación y/o conexión directa con la forma de vivir, sistema de desarrollo y economía de los pueblos originarios.

50. Presidente de la Asociación de Agricultores Indígenas de Lay Lay de Calama, señor Esteban Araya .

Manifestó que la Asociación no se encuentra de acuerdo con la creación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, principalmente, porque no se ha realizado la consulta indígena prevista en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales.

Asimismo, argumentó que se va a seguir sobrexplotando el territorio indígena a través del uso indiscriminado del agua y de los cultivos tradicionales. Además, sostuvo que no se respeta la cadena alimenticia indígena, donde la agroindustria va a terminar acabando con todos los pequeños agricultores.

Reflexionó de qué forma se va a materializar el desarrollo rural y por qué el proyecto estaría enfocado solamente en la agroindustria y la exportación, sin considerar la alimentación interna chilena.

Estimó necesario, consignar en el acta de la sesión que el proyecto de ley en discusión es de carácter inconstitucional y, por lo tanto, anticipó que si se mantiene su tramitación adoptarán todas las acciones legales correspondientes.

51. Presidenta de la Comunidad Indígena Colla Pai Ote, Miembro de las Comunidades y Asociaciones Indígenas de la Corporación Nacional de Derechos Indígenas de Colla, Copiapó, señora Ercilia Araya.

En primer término, se refirió a la crisis hídrica y al abandono que sufren las comunidades indígenas por parte del Estado, puntualizando que las comunidades indígenas sólo producen para vivir. Además, comentó que se encuentran afectados con la disminución y muerte de su ganado.

Respecto al proyecto de ley, explicó que no han sido consultados y tampoco han sido respondidas algunas misivas dirigidas al Ministerio de Agricultura, en relación con temas tales como la sequía y los aluviones que afectan a sus animales. A su vez, hizo alusión al mal trato que reciben por parte del Instituto de Desarrollo Agropecuario de Copiapó, al no recibir subsidio alguno para realizar proyectos por no tener un documentos que acrediten el dominio de las tierras, precisando que el bono de 115 mil pesos ni siquiera alcanzaría para comprar semillas transgénicas.

Manifestó que es necesario establecer y considerar dentro del proyecto algunos aspectos de conciencia del uso y costumbre de los pueblos indígenas, haciendo alusión a la “pacha mapa”.

Por otro lado, realizó una crítica transversal al sistema y a las grandes empresas, precisando que tienen muchas posibilidades de surgir pero lamentablemente son coartados. Dejó en claro que las instituciones públicas exigen muchos requisitos para acceder a bonos, programas y beneficios, sin embargo se les dificulta su cumplimiento.

52. Secretaria de la Asociación Indígena de Butalelbún de Alto Biobío, señora Carmen Paine.

En primer término, señaló que se pretende arpobar el proyecto de ley bajo un paternalismo y una toma de decisiones predeterminadas, reflexionando y analizando diversas temáticas históricas a manera de contexto. Argumentó que es triste que se tomen determinaciones sin consultar a las comunidades indígenas.

Informó que enviaron una misiva al Ministerio de Agricultura respecto de la situación que afectó a más de 7.000 pehuenches de Alto Biobío, en relación con la construcción de centrales hidroeléctricas en la zona.

Destacó que con o sin consulta indígena, las comunidades van a rechazar esta nueva gestión de proyectos que se intentan implementar, porque estos pretenden exportar los productos al extranjero y con esa decisión sólo surgirían los grandes empresarios, quedando los mapuches completamente rezagados.

Crítico la estructura del sistema actual y señaló que todos los gobiernos son responsables de lo que sucede a los pueblos originarios.

En el mismo sentido, señaló que los pequeños agricultores se esfuerzan todos los días, sin embargo, sus animales se encuentran desnutridos y/o muertos, producto de los acontecimientos naturales y del hombre.

Por último, mencionó que cualquier mega proyecto de este estilo, se rechazará, puntualizando que necesitan fomentar la autonomía de los pueblos indígenas.

53. Profesora titular de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, señora María Angélica Fellenberg. [78]

Expuso en base a una presentación [79] que dejó a disposición de la Comisión.

Desde el punto de vista técnico, reflexionó sobre ¿qué debería abordar un Ministerio de Agricultura?, mencionando, entre otras, las siguientes:

1) Producción primaria, especialmente agropecuaria y forestal. Al respecto, explicó que más que un Estado asistencialista se debe contar con un Estado apoyador y pujante, es decir, que aborde los problemas y conozca las necesidades de la gente, con el objeto de ayudar y avanzar en su desarrollo.

Explicó que es importante ver al mundo rural como un motor productivo, donde los mismos agricultores puedan plantear sus necesidades y sugerencias para avanzar en el desarrollo de la agricultura. Dejó en claro que actualmente existe ayuda, pero falta definir bien los focos.

A mayor abundamiento, mencionó que requieren apoyo estatal focalizado en sus necesidades, que les permita avanzar y desarrollarse; incorporar tecnologías; comercializar de manera justa sus productos y encontrarse más vinculados entre ellos y con sus interesados.

2) Abordar la cadena productiva como un todo, haciendo alusión a la frase “del campo a la mesa”.

Manifestó que esta institucionalidad pública requiere modernizarse o reorganizarse en el ámbito de los alimentos, debido a que actualmente se tiene una normativa disgregada, un alto grado de fragmentación de los servicios públicos, duplicidades y vacíos institucionales.

Respecto de la normativa disgregada, esbozó que el desarrollo normativo ha sido reactivo e inorgánico, debido a que se ha ido generando como respuesta a distintas exigencias, lo que trae como consecuencia que no exista un marco jurídico ordenado que facilite la comprensión del funcionamiento del sector, tanto para emprendedores como consumidores.

Sobre el alto grado de fragmentación de los servicios públicos, comentó que la falta de un enfoque integral en la elaboración de la normativa, ha generado que las responsabilidades en el ámbito de los alimentos recaigan en distintos servicios del Estado.

Argumentó que las duplicidades institucionales dicen relación con los distintos servicios que inspeccionan diferentes temas relacionados a alimentos en un mismo punto, generando duplicidad de funciones, ineficiencias en la inspección, pérdida de recursos y mayores costos para el productor.

Acotó que los vacíos institucionales se relacionan con la efectiva carencia de facultades en el control y certificación.

Por otro lado, dejó en claro que en todo el mundo la cadena productiva va del campo a la mesa, haciendo alusión a la producción primaria y al lugar donde se procesa y distribuye, precisando que todo esto debe funcionar como un sistema organizado para garantizar la inocuidad alimentaria. Argumentó que este punto es completamente relevante porque le permite al Estado focalizar recursos y ser más efectivo y eficiente en los controles.

Expresó que la inocuidad alimentaria dice relación con el manejo, preparación y el almacenamiento de alimentos de manera que se prevengan las enfermedades transmitidas por alimentos, precisando que para que funcione este sistema de inocuidad se debe basar en los siguientes cuatro aspectos:

Finalmente, declaró estar a favor del nuevo ordenamiento jurídico en todos los lineamientos que plantea, especialmente respecto de la modernización de la institucionalidad; la incorporación de pesca y acuicultura al nuevo Ministerio; el compromiso con el desarrollo rural y, el enfoque de cadena productiva: “del campo al plato”. No obstante a lo anterior, opinó que existen elementos que se deben profundizar y mejorar.

54. Miembro de la Asamblea Originaria por la Descolonización y Plurinacionalidad (ASODEPLU), señor Ariel León.

Afirmó que la exposición de los demás representantes de las comunidades indígenas ha sido bastante elocuente en cuanto a este proyecto de ley, porque efectivamente se encuentra muy mal diseñado, principalmente porque no se habla de los pueblos originarios, con una invisibilización que no se puede negar.

Manifestó que la iniciativa legal debe pasar -necesariamente- por la consulta indígena del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, en caso contrario, esgrimió que se transformaría en un proyecto racista.

En el mismo sentido, acotó que este es un proyecto destinado principalmente a la agroindustria, dejando de lado a la pequeña agricultura familiar campesina. Afirmó que el nuevo modelo del Ministerio se ve difícilmente aplicable al sistema de autoconsumo y forma de producción de las comunidades indígenas.

A mayor abundamiento, agregó que la cultura ancestral no comparte la venta de territorios, la división entre la tierra y el agua y, menos los procesos de concentración de propiedad de las tierras y semillas. Informó que para los pueblos originarios, la semilla, la tierra y el agua no están separados del territorio, por lo que no puede haber una política alimentaria contraria a esos lineamientos, sin embargo, estuvo llano a compatibilizar visiones siempre y cuando se cuente con una real participación de los actores y un diálogo fluido, para efectos de llegar a consensos.

Respecto al traspaso de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura a la nueva institucionalidad, esgrimió que la ley de pesca no reconoció las cuotas ancestrales de pesca de los pueblos originarios, sin embargo, reconoció a las empresas un criterio de asignación por pesca histórica. Por lo tanto, opinó que previo a traspasar la Subsecretaría en cuestión se debería corregir este tipo de situaciones que produce mucha desconfianza en la gente.

Por último, consultó si el Ministerio de Agricultura habría enviado el proyecto de ley a la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas, en virtud del decreto 66 de consulta indígena, donde si un organismo estatal tiene la duda si una medida administrativa o legislativa puede afectar a los pueblos indígenas la puede enviar a la UCAI.

Finalmente, sugirió presentar una indicación sustitutiva por parte del Gobierno, con el objeto de que esta se analizada previamente por los pueblos indígenas, debido a que el actual proyecto no se ajusta a la realidad de las comunidades ancestrales.

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Con respecto a algunas consideraciones que se han comentado durante el transcurso de la sesión, indicó que no es necesario contar con más subsecretarias dentro de la orgánica del ministerio, ya que -recogiendo las palabras de Luis Cordero- para poder elegir entre una subsecretaría o servicio público se debe responder una pregunta previa ¿Cuál es la unidad de gestión que es más eficaz a la hora de aplicar una política pública? Frente a esa pregunta, esgrimió que la respuesta del profesor fue la siguiente: Lo más importante es contar con servicios eficientemente desplegados a lo largo del territorio y, la razón de ello, es que las subsecretarías por definición son órganos esencialmente centralizados, motivo por el cual, es contraproducente crear una nueva subsecretaría, porque tanto la agricultura como la pesca son actividades que se encuentran extensamente dispersas y/o repartidas a lo largo del territorio.

Recordó algunas reflexiones efectuadas por el Ministro de Agricultura en sesiones anteriores, que justifican legislar en época de pandemia debido a la estructura crítica y servicio esencial que representa la agricultura y la pesca, precisando que la cadena alimentaria no se debe ver interrumpida.

Respecto al posible sesgo exportador del proyecto, preguntó a la Comisión ¿Cuáles serían los artículos o incisos donde aparece dicho sesgo? Con el objeto de realizar una revisión de los mismos.

55. Subsecretario de Servicios Sociales, señor Sebastián Villarroel. [80]

Respecto al proyecto de ley, comento que este propone fortalecer la institucionalidad del actual Ministerio de Agricultura, modernizarlo y adaptarlo a los nuevos desafíos, promoviendo un sistema agroalimentario, pesquero acuícola y forestal competitivo socialmente.

Expresó que la nueva institucionalidad se enfocará, entre otras, en las siguientes funciones:

1) Coordinar acciones destinadas a formulación de una Política Nacional de Desarrollo Rural;

2) Promover actividades de innovación, investigación y transferencia tecnológica, con un nuevo enfoque para la institucionalidad alimentaria que permitirá aumentar las exportaciones y encaminar el sector alimentario como un actor relevante de la fuerza económica del país;

3) Fortalecer la libre competencia de los mercados;

4) Promover políticas y programas de mitigación y adaptación al cambio climático;

5) Promover la producción de alimentos inocuos;

6) Propone que la institucionalidad se haga cargo de manera integral del desempeño de todas las industrias y emprendimientos del sector, incluyendo el rubro pesquero y acuícola, en ese sentido, afirmó que la iniciativa legislativa considera el traspaso de la totalidad de la institucionalidad de Pesca y Acuicultura desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a esta Secretaría de Estado, y

7) Generar un sector forestal sostenible que permita el desarrollo integral con el medio ambiente, protegiendo la biodiversidad de los ecosistemas protegidos y sus bosques nativos.

Dicho lo anterior, manifestó que su intervención tiene por objetivo dar cuenta del informe de procedencia de consulta indígena respecto del proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, boletín N° 13218-06, el cual fue requerido por la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la H. Cámara de Diputados, mediante Oficio N° 331/2020, de fecha 22 de julio de 2020.

Respecto a la procedencia de consulta indígena, explicó que previamente se debe analizar la existencia de la medida legislativa y la susceptibilidad de afectación directa que la medida pueda generar en los pueblos indígenas conforme a la normativa vigente.

1) En cuanto a la existencia de una medida legislativa: Sostuvo que de conformidad al inciso 2º del artículo 7 del DS. Nº 66, al tratarse de un proyecto de ley cuya iniciativa es del Ejecutivo, corresponde determinar si es susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas.

2) Sobre el análisis de la susceptibilidad de afectación directa a los pueblos indígenas: Declaró que en lo relativo a la creación del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, su estructura institucional y funcionamiento, así como las referencias hechas a otros órganos de la administración pública, se estima que no existe una afectación directa a los pueblos indígenas, toda vez que se trata de una regulación sobre la actividad y organización interna de la administración del Estado, de manera que no existe una susceptibilidad de causar de manera directa un impacto significativo y específico en los pueblos indígenas en su calidad de tales, en los términos señalados por el DS. N° 66. En este sentido, opinó que la propuesta legislativa no es capaz de generar un efecto material o jurídico respecto de terceros.

En cuanto a las materias que regirá, esbozó que es importante señalar que el proyecto de ley no hace diferencias relativas a las personas a las cuales regirá, en ese sentido, la pertinencia a algún pueblo indígena en ningún caso será utilizada como factor de inclusión y/o exclusión de la norma propuesta.

Por lo expuesto anteriormente, indicó que el proyecto de ley en comento no es susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas. En consecuencia, afirmó que no es pertinente la realización de un proceso de consulta indígena respecto del mismo.

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56. Ex Ministro de Agricultura, señor Jaime Campos.

En primer término, manifestó que la creación del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural es un antiguo sueño sectorial puesto que corresponde a la moderna visión de la sociedad, ya que en la mayoría de las legislaciones modernas se estila analizar la materia desde el punto de vista de los alimentos, lo que lleva analizar aspectos tan importantes como la calidad e inocuidad alimentaria, mas allá de la mera producción agrícola.

Argumentó que no son pocas las legislaciones comparadas las que abordan en un sólo “ministerio de los alimentos” los temas pesquero y acuícola.

Respecto a la intención de incorporar al Ministerio de Agricultura competencias vinculadas al desarrollo rural, señaló que todos conocen la importancia del sector rural para el crecimiento y desarrollo del país, no solamente desde el punto de vista productivo sino que fundamentalmente por el número de personas que habitan dicho sector.

Declaró que los temas de desarrollo rural no solamente deben ser acometidos por el Ministerio de Agricultura, ya que existen aspectos relacionados con la salud, educación, vivienda, obras públicas, transportes, turismo, agua potable, intercomunicaciones, entre otras, las cuales naturalmente exceden los espacios tradicionales del Ministerio de Agricultura, sin embargo, reiteró que la tendencia contemporánea es que ese Ministerio se aboque a este tipo de problemas.

Sobre el actual proyecto de ley, compartió plenamente el mensaje de la iniciativa, expresando que es un buen resumen de las aspiraciones sectoriales y recoge gran parte de los planteamientos de estudios anteriores respecto al particular. Sin embargo, opinó que tiene algunas dudas de forma, precisando que no basta con buenas declaraciones semánticas sino que hay que analizar en la práctica cuáles serán los efectos de las medidas que se pretenden implementar.

Hizo hincapié en que la creación de un nuevo ministerio, con las características antes indicadas y con las nuevas competencias que se le asignen, obviamente exige la contratación de una nueva planta de funcionarios con su respectiva expresión presupuestaria, reflexionando sobre las diversas problemáticas que derivan del asunto.

En cuanto a las competencias de la nueva institucionalidad, reflexionó si la función de coordinación es completamente suficiente para la orgánica, teniendo en consideración que son muchos los otros ministerios que deben involucrarse en el desarrollo rural. Argumentó que este proyecto de ley es complejo, por lo que hay que tener muy claras y definidas cuáles serán las competencias y potestades del nuevo ministerio para evitar futuros problemas.

Estimó importante consignar en la ley la necesidad de avanzar en un Servicio Nacional de Riego, que es otra antigua aspiración sectorial.

Respecto al sector forestal, indicó que sería pertinente transformar la actual Corporación Nacional Forestal en un Servicio Nacional Forestal.

Sobre cuál debiese ser el órgano o servicio del ministerio encargado de la inocuidad alimentaria, opinó que al parecer sería el Servicio Agrícola y Ganadero, sin embargo, recordó que uno de los problemas que presenta el SAG es la multiplicidad de funciones, en circunstancias que teóricamente el rol del SAG debería ser solamente los temas específicamente sanitarios. Sugirió la creación de un servicio externo al ministerio para analizar el tema de la inocuidad alimentaria.

También, consultó si la actual institucionalidad pesquera y acuícola tiene una institución más o menos parecida o equivalente al Instituto de Desarrollo Agropecuario, en caso contrario, afirmó que eventualmente el rubro pesquero podría alegar que existe una discriminación por parte de INDAP, por abordar temáticas de la pequeña agricultura y no de la pesca artesanal.

Por último, consideró débil la referencia que se hace al rol del ministerio en el ámbito del ordenamiento territorial, cuestión que es muy importante para el sector silvoagropecuario.

Igualmente, recordó que las materias que abarca este proyecto de ley son bastante complejas, por lo tanto, es necesario tener muy claras y definidas cuáles serán las competencias de la nueva institucionalidad.

Finalmente, señaló a la Comisión que comparte en general el proyecto de ley.

57. Profesor Titular de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, señor Juan Pablo Zoffol. [81]

Expuso en base a una presentación [82] que dejó a disposición de la Comisión, denominada “Desafíos de la producción de alimentos en Chile”.

En primer término, recordó las grandes ventajas en materia agrícola, acuícola, pecuaria y forestal que ostenta Chile a lo largo de su territorio, debido a la diversa gama de condiciones meteorológicas, como es el clima mediterráneo templado que permite y fomenta la producción frutícola y agrícola, como también su inocuidad y sustentabilidad.

Informó que existen 75,6 hectáreas totales en Chile, precisando que solamente 31,6 poseen potencial agrícola y forestal. Asimismo, esbozó que la exportación total en el país es de US 70 mil millones, siendo 16% fruta, 13% salmón, 15% alimentos, 4% vino y 15% celulosa.

Respecto a la importación, mencionó que los principales productos importados son las carnes, oleaginosas, cereales y legumbres.

Explicó que la figura geométrica hace ver un resumen de cómo se ha estructurado un sector bastante exitoso, basado en la tecnología y en la mecanización, logrando vencer ciertos obstáculos y pudiendo ser competitivo a nivel internacional. Declaró que se ha permitido manejar un sistema exportador con inversiones, capital y con un desarrollo sostenible materializado a través de la Producción Interna Brutal del país. Explicó que lo anterior ha proliferado debido a la tecnología y la creación de productos inocuos, principalmente por la exigencia del mercado exportador, sin embargo, opinó que chile tiene sólo desarrollado el tema de inocuidad alimentaria para el sector exportador y muy poco para el mercado interno y su consumo propio, puntualizando que esto debe concientizarse en el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural.

Señaló que el sector agropecuario campesino es un rubro tremendamente afligido en la actualidad porque no existe posibilidad de tener un buen negocio de mercado interno que permita mantener este sistema productivo durante el transcurso del tiempo. Agregó que existe un fuerte subsidio y endeudamiento que mantiene a este grupo de familiar en un estado apremiante, por lo cual, opinó que es indispensable en un futuro cercano abocar la nueva institucionalidad a un cambio sustancial de la agricultura familiar campesina, procurando su asociación con las comunidades indígenas.

Manifestó que la agricultura familiar campesina es la actividad agrícola desarrollada a través de la fuerza laboral familiar, donde sus ingresos dependen -principalmente- de la actividad silvoagropecuaria. Agregó que este tipo de actividad cuenta -generalmente- con menos de 12 hectáreas para intentar lograr una producción sustentable y duradera en el tiempo.

A mayor abundamiento, informó que prácticamente todo lo correspondiente a la alimentación interna o autoconsumo lo estaría realizando la agricultura familiar campesina, mencionando los siguientes datos: 54% producción hortícola, 40% cultivos anuales y flores, 30% viñas viníferas, 94% producción caprina y 70% producción de miel.

Igualmente, expresó que es muy importante plantear una política nacional de desarrollo rural específicamente asociada a estas comunidades o grupos familiares, precisando que lo anterior requiere de una planificación en lo social, productivo y en lo ambiental. Además, agregó que se deben identificar oportunidades de mercado, ecosistemas de comunidades, asociatividad, educación profesional acorde al ámbito cultural e investigación para las necesidades reales de las comunidades.

Enfatizó que en la actualidad el sistema tiene un fuerte apoyo estatal a través de Indap, sin embargo, afirmó que esta ayuda sólo logra mantener la pobreza de los agricultores, debido a que no existe aún un cambio radical en el desarrollo futuro.

En el mismo sentido, se refirió al desarrollo rural sostenible y mencionó los elementos que tendría que tener una planificación de políticas públicas de Gobierno, donde se involucre la parte de producción, ambiental y social rural, detallando que estos aspectos no pueden manejarse de forma separada y desligada.

Por otro lado, comentó que a nivel internacional existe un cambio brutal, materializado, entre otros, por los siguientes aspectos:

1) El nuevo requerimiento de alimentos, donde el incremento de las calorías por día bordearían las 3.000 para el 2030.

2) El aumento importante de la población en el sector urbano, disminuyendo la población rural.

3) Los cambios en los sistemas de producción del campo, mencionando la labranza mínima como un sistema productivo que se estaría desarrollando en la mayoría de los países, con un incremento enorme en productividad.

4) El problema de la contaminación asociada a la agricultura industrial. Opinó que se debe analizar de qué forma se puede solucionar y evitar dichas problemáticas.

5) El cambio climático y la pérdida de alimentos. Al respecto, indicó que 1/3 de los alimentos se pierden.

6) El mal consumo de alimentos que ha llevado a tener un 30% de niños obesos.

7) El incremento de uso de antibióticos en animales.

Manifestó que el nuevo consumidor está en busca de alimentos más saludables, señalando que el 51% de los adultos comentan estar evitando el azúcar, las grasas y el sodio en su dieta, lo que ha reflejado un menor consumo de debidas de fantasía, aumentando el consumo de agua carbonatada y sus derivados (82%). Explicó que lo anterior ha obligado a la formulación de alimentos con dulzor pero bajos en glucosa, la incorporación de leche en los alimentos (lactosa) y el interés a nivel de consumidores por sustituir la proteína animal por proteína vegetal. A modo ejemplar, indicó que empresas como Kellogg están trabajando para enmascarar sabores amargos de proteínas de chícharo.

En síntesis, manifestó que los consumidores buscan sus productos por el comportamiento de las empresas en aspectos tales como la transparencia, justicia social y confianza con sus empleados.

Por otro lado, reflexionó sobre algunas medidas que estarían adoptando otros países para la sustitución de la proteína animal por la vegetal y la incorporación de alimentos nutraceuticos.

Por último, realizó algunas conclusiones, señalando que existen desafíos y brechas importantes en el sector rural, donde la restructuración requiere de una política moderna que se encuentre centrada en la productividad, en el medio ambiente y, en la cultura de comunidades familiares de bajos recursos y de alta pobreza.

Finalmente, esgrimió que un nuevo orden ministerial debe ser capaz de desarrollar este cambio estructural, con objetivos específicos cuantificables en lo productivo, social y ambiental y, también, haciendo énfasis en las políticas públicas y de gestión correspondientes.

58. Asesor jurídico de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Matías Meza. [83]

Expuso en base a una presentación [84] que dejó a disposición de la Comisión.

Señaló que uno de los principios fundamentales del Convenio 169 es la participación indígena de los pueblos indígenas en los asuntos que puedan afectarles. En efecto, la propia OIT ha identificado la participación y consulta como “la piedra angular” del Convenio.

Manifestó que la regla general en esta materia está contenida en la obligación de los gobiernos “de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”. Aclaró que este principio se concreta en diversos elementos a lo largo del Convenio, procediendo a mencionar y analizar aquellos que exigen adaptaciones institucionales en el Estado.

1. Participación en los organismos encargados de la política indígena. Expresó que el Convenio 169 señala que los Estados deben establecer mecanismos que permitan la participación indígena -al menos en la misma medida que otros sectores de la población- en todos los niveles de decisión de los organismos electivos y administrativos, “responsables de políticas y programas que les conciernan”.

2. Participación en planes y programas susceptibles de afectarles. Respecto a este punto, informó que en el artículo 7.1, el Convenio establece el derecho de los pueblos indígenas a participar “en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”, por lo tanto, el derecho a la participación indígena se expande a toda repartición pública que elabore, aplique y/o evalúe planes de desarrollo que puedan afectar a los pueblos indígenas.

3. Participación en la adopción de medidas susceptibles de afectarles directamente: la consulta previa. Explicó que el Convenio contempla un mecanismo de participación respecto de toda medida, administrativa o legislativa, susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas, haciendo alusión a la consulta previa indígena, la cual ha permeado a otros instrumentos internacionales, llegando a constituirse en "un principio general del Derecho Internacional", según ha afirmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CtIDH).

Acotó que la consulta previa indígena está concebida como un mecanismo de diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas, que se verifica través de las instituciones representativas de estos últimos y se orienta a la obtención del consentimiento de los pueblos indígenas respecto de las medidas que pueden afectarlos. Así se desprende de su norma matriz que establece el deber de los estados de:

Art. 6 [...] a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; [...]

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Respecto a la obligación del Ejecutivo, declaró que en el ordenamiento jurídico interno, el Decreto Supremo N° 66, que regula la consulta previa del Ejecutivo define como medida legislativa a consultar “los anteproyectos de ley y anteproyectos de reforma constitucional” iniciados por mensaje presidencial. De esta manera, antes de ingresar un proyecto de ley susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas, el Ejecutivo debe someter el respectivo anteproyecto a un proceso de consulta previa indígena.

A mayor abundamiento, manifestó que el citado decreto califica cuando una medida legislativa requiere la consulta previa, donde la disposición especifica que se trata de aquellos que sean causa directa de un impacto significativo y específico “sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas”.

Sobre la obligación del poder legislativo, comentó que la obligación del Congreso tiene dos dimensiones. La primera emana del carácter continuo de la consulta previa, donde el hecho de que se haya efectuado una consulta respecto de un ante-proyecto no descarga la responsabilidad de aquel en orden a mantener un diálogo permanente con las organizaciones indígenas durante la tramitación del proyecto.

A su vez, comentó que la segunda dimensión se relaciona con la cuestión de la iniciativa legislativa del propio Congreso. Por un lado, en el derecho internacional de tratados está prohibido descargar las responsabilidades internacionales invocando el derecho interno. En ese sentido, no podría aducirse que es el poder Ejecutivo el que tiene la obligación de consultar en el derecho chileno y no el poder legislativo para descargar la responsabilidad internacional. Desde el punto de vista del derecho interno, existe la obligación de consulta previa emanada del propio Convenio, y el principio de separación de poderes prohíbe al Ejecutivo inmiscuirse en la iniciativa legislativa del Congreso, por lo que naturalmente, es éste el llamado a regularla y ejecutarla.

Respecto al proyecto de ley, manifestó que propone la creación de una nueva Secretaría de Estado que concentra en una sola cartera las cuestiones relativas a alimentos, pesca, acuicultura, forestal y sus derivados.

En consecuencia, estimó que el nuevo ministerio tendría por objetivo colaborar con el Presidente de la República en “el diseño, proposición y aplicación de políticas, planes, programas y normativas para el desarrollo de los sectores agropecuario, alimentario, acuícola, pesquero y forestal del país”, incluyendo la elaboración de “políticas de largo plazo” para dichos sectores.

En cuanto a su estructura orgánica, explicó que el proyecto contempla dos subsecretarías: una dedicada a la Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural y otra a la Pesca y Acuicultura, señalando que esta última se traspasaría íntegramente con sus servicios dependientes y relacionados desde el Ministerio de Economía al nuevo Ministerio. Además, se contemplan Secretarías Regionales Ministeriales y las Direcciones Zonales de Pesca, actualmente alojadas en la cartera de Economía, que continuarían operando con las mismas funciones que les corresponden actualmente como parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Estimó importante hacer presente que dicha subsecretaría constituye el punto focal de la tramitación de la solicitud de Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios, establecidos en la ley N° 20.249 de 2008, sin que el proyecto altere dicho procedimiento.

Desde el punto de vista de la susceptibilidad de afectación directa, consideró relevante destacar entre las funciones que se asignan al Ministro del ramo para el cumplimiento de sus objetivos, la elaboración de planes para la mejora de los recursos genéticos del ámbito alimentario, la protección y fomento de las costumbres del mundo rural y pesquero artesanal, y el fomento de la participación de la sociedad civil en las materias de competencia del ministerio.

Desde la entrada en pleno vigor del Convenio 169 de la OIT en septiembre de 2009, han existido diversas oportunidades en las que el Congreso Nacional ha discutido sobre la procedencia o no de consulta previa indígena respecto de determinados proyectos de ley.

Para ello, señaló que se organiza la información siguiendo los criterios de afectación aplicables a medidas legislativas propuestos por la Corte Constitucional colombiana, a partir de los instrumentos internacionales y de las disposiciones constitucionales aplicables, donde dicho tribunal ha distinguido tres tipos de proyectos de ley que deben consultarse:

(i) Proyectos dirigidos específicamente a afectar derecho e intereses indígenas;

(ii) Proyectos generales que contienen disposiciones específicas dirigidas a pueblos indígenas; y

(iii) Proyectos generales que afectan elementos esenciales de la identidad indígena, como tierras, territorios y recursos naturales.

1. Proyectos dirigidos específicamente a indígenas. Sostuvo que en esta categoría se encuentran aquellos proyectos de ley o de reforma constitucional que se refieren exclusiva o principalmente a pueblos indígenas. Ejemplificó con la reforma que buscaba el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas presentada en 2007, precisando que si bien el ante proyecto no fue sometido a consulta previa, tras la entrada en vigor del Convenio en 2009, el Gobierno optó por consultar el texto una vez que el Senado aprobó la idea de legislar, para luego entregar sus resultados a la Comisión de Constitución del Senado, "a fin de que ésta pueda considerar los planteamientos emitidos cuando retome la discusión en particular sobre la Reforma Constitucional".

En el mismo sentido, comentó que los proyectos que conformaban la propuesta de Nueva Institucionalidad Indígena de la Presidenta Bachelet, fueron sometidos a consulta previa, donde uno buscaba crear una instancia centralizada, con rango de Ministerio, para diseñar, coordinar y evaluar planes y programas dirigidos a los pueblos indígenas, y permitir la participación de estos últimos a través de los Consejos de Pueblos, cuya creación se propone en el otro proyecto. Estos, a su vez, son entendidos como órganos autónomos, representativos, participativos y de consulta, además de ser colaboradores del Ministerio del ramo.

En el caso del proyecto del Ministerio de Pueblos Indígenas, la consulta abarcó la naturaleza del organismo, sus atribuciones y funciones, incluyendo la implementación del Convenio 169 de la OIT y de los procesos de consulta indígena, su organización interna, la elaboración de la Política Nacional Indígena, la regulación de las Áreas de Desarrollo Indígena, el Comité Interministerial y su carácter de sucesor legal de CONADI.

En cuanto al proyecto de Consejos de Pueblos Indígenas, se presentó la idea de crear un Consejo de Pueblos para cada uno de los nueve pueblos reconocidos legalmente en Chile, y otro de carácter Nacional, sus funciones y atribuciones, su composición interna y duración de los cargos, requisitos para ser consejero y reglamentación interna.

De lo anterior se desprende que cuando una medida legislativa se refiere explícitamente a los pueblos indígenas, se ha entendido que se constituye una posible afectación directa que requiere de una consulta previa.

2. Proyectos generales que contienen disposiciones específicas dirigidas a pueblos indígenas. Explicó que en esta categoría se encuentran los proyectos de ley o de reforma constitucional que tienen un alcance general, pero que también contienen disposiciones específicas dirigidas explícitamente a pueblos indígenas.

Ejemplificó con el proyecto de reforma al Código de Aguas, donde la propuesta original contenida en una moción parlamentaria era acotada, pero durante su tramitación se convirtió en una modificación general del régimen de aguas, que incluye disposiciones específicas dirigidas a pueblos indígenas.

Durante su tramitación, el Director de la DGA señaló que existían tres materias que debían ser consultadas: "la transferencia y gravamen de derechos de aprovechamiento destinados a usos ancestrales, que proceden solo entre comunidades [indígenas] [...] la regularización de derechos de agua en territorios indígenas [... y] la exención del pago de patente por no uso del agua, en beneficio de los indígenas y comunidades indígenas". Afirmó que el criterio expresado aquí es una proyección del anterior, esto es, requiere la consulta de las disposiciones que se refieren explícitamente a pueblos indígenas. Sin perjuicio de esto, hasta la fecha, afirmó que el proyecto no ha sido sometido a consulta previa.

Otro ejemplo, sería el proyecto de Nueva Constitución presentado por la Presidenta Bachelet en marzo de 2018, donde se trata de un proyecto de reforma integral de la constitución, que contiene diversas disposiciones que se refiere explícitamente a pueblos indígenas, estableciéndose, por ejemplo que “la soberanía reside en la Nación y en sus diversos pueblos indígenas”; reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena y les concede representación parlamentaria reservada; reconoce las formas de educación indígena y los derechos culturales indígenas y el respeto debido a los emblemas indígenas y a los valores esenciales de los pueblos indígenas.

Aclaró que este proyecto sí fue sometido a consulta previa indígena, aunque no en la forma de un ante-proyecto de ley, sino que por áreas temáticas y sus especificaciones: reconocimiento constitucional, derechos lingüísticos, derechos territoriales, participación política y representación diferenciada. Estos temas fueron recogidos en el Proceso Constituyente Indígena, enmarcado en el proceso de participación ciudadana para la elaboración de una nueva Constitución Política promovido por el gobierno de la Presidenta Bachelet.

Sostuvo que en ambos casos, se trata de regulaciones de amplio alcance que contienen disposiciones específicas sobre pueblos indígenas, donde se trata del mismo criterio aplicado a los proyectos dirigidos a pueblos indígenas: se consulta aquello que está explícitamente dirigido a aquellos, esto es, las disposiciones que constituyan un estatuto especial para los pueblos indígenas.

En otras palabras, señaló que el criterio aplicado parece ser la existencia de disposiciones referidas a pueblos indígenas explícitamente, sin que el hecho de que la regulación general de las aguas, en tanto recurso natural presente en los hábitat indígenas, o de la organización política del Estado, sea considerada como gatillante de la consulta previa indígena.

3. Proyectos generales que podrían afectar elementos esenciales de la identidad indígena, como tierras, territorios y recursos naturales. Esbozó que en esta categoría se agrupan aquellos proyectos de ley o de reforma constitucional que tienen un alcance general, sin que contengan disposiciones específicas explícitas aplicables a pueblos indígenas, precisando que lo determinante, conforme al estándar internacional, es si las disposiciones del proyecto pueden afectar a los pueblos indígenas de un modo diferente al resto de la población, particularmente respecto de la relación que los vincula con sus tierras y territorios (lo que incluye los recursos naturales presentes en ellos).

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59. Presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito endógena Mapuche Küme Mong, señor Jorge Huichalaf [86], expuso en base a una presentación [87] que dejó a disposición de la Comisión.

En primer término, señaló que dado el grave deterioro ambiental y humano a escala global, el nuevo ministerio debe ser motor de la reorganización de la agricultura mediante criterios agroecológicos, soberanía alimentaria y desarrollo endógeno de la innovación para el cuidado del ambiente. Por ende y desde el enfoque mapuche, propuso avanzar en una reforma agroecológica con pertinencia cultural, que en la praxis oriente el proceso transformacional de sustentabilidad y sostenibilidad de cuidado de la ñuke mapu (madre tierra), sumando a los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS, 2030), la defensa de los derechos de la madre tierra, vale decir, utilizando la herramienta de equilibrio biopsicosocial denominado Küme Mogen, afirmando que de esa forma se alcanzaría la reeducación de la humanidad para la preservación de la especie y la biodiversidad o itxofil mogen.

En el mismo sentido, se refirió a la compra de predios como mecanismo de reparación al despojo territorial y genocidio practicado en el siglo XIX contra el pueblo Mapuche. Al respecto, esgrimió que al volverse un mecanismo constante ha ocasionado nuevas discriminaciones y ha fomentado los intereses espurios, como también, la especulación de precios en el corretaje agrícola. Manifestó que por los altos intereses de la República y la aplicación del Convenio 169, especialmente los artículos 13 al 19, debe primar la expropiación como mecanismo de reivindicación de terrenos.

A mayor abundamiento, mencionó que el artículo 19 del Convenio 169 dispone que los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, señalando las siguientes:

a) La asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico.

b) El otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen.

También, enfatizó que se deben considerar algunos actos de derecho histórico como los tratados de reconocimiento territorial desde Quilin con España en 1641 y de Tapihue con Chile en 1825, ya que es la potestad mapuche de cara al estado internacional de relaciones entre las naciones, la que le otorga legalidad al Estado chileno en conformación en el Tratado de Tapihue. Declaró que lo anterior obliga el respeto del patrimonio y de los bienes comunitarios, precisando que el territorio y patrimonio para los pueblos indígenas resulta indivisible.

Por otro lado, informó que los conceptos “agroecología” o “agricultura orgánica” no son mencionados en el proyecto de ley, argumentando que se necesita promover desde el Estado, frente a la situación de cambio evolutivo de la sociedad y de la soberanía alimentaria, “el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros”.

A su vez, consideró que es imprescindible abrir el “poder comprador” para la producción comunitaria, orgánica y mapuche, puntualizando que la cuarta revolución industrial es una realidad, donde la utilización de tecnología blokchain para el respaldo y resguardo de los bienes comunitarios desde el patrimonio hasta las semillas vernáculas, son temas apremiantes en situación de pandemia, confinamiento, cesantía y estallido social, por lo cual, opinó que deben ser fomentados desde el Estado con una altísima participación de la sociedad civil que garanticen los mecanismos de gestión del ejercicio democrático y bioético de la política pública.

Igualmente, hizo hincapié en que el agua es un elemento de la naturaleza imprescindible, donde es necesario recalcar la indivisibilidad del agua con la tierra y su carácter de bien nacional de uso público. Asimismo, señaló que los derechos de la madre tierra son base para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sustentable, donde las primeras naciones son expertas y especialistas en temas de reparación y cuidado medioambiental. Agregó que el bosque nativo y la diversidad de la flora y fauna permiten el sano fluir del agua.

Por último, sugirió la creación del Instituto de Desarrollo Orgánico y Cooperativo para fomentar la soberanía alimentaria, la arborización y el cultivo de lawenes o plantas medicinales, promoviendo la acción de guardadoras de semillas. Lo anterior, con el objeto de realizar una verdadera transferencia tecnológica que vaya modelando el desarrollo no solo del mundo rural sino también indígena, en un contexto de resguardo y acompañamiento. Expresó que este Instituto será quien desarrolle un proceso ecológico, económico, social y espiritual para llevar cambios prácticos y directos, construyendo modelos de convivencia integral para la práctica y difusión del küme mogen (el buen vivir).

Finalmente, solicitó a la Comisión generar un convenio con INDAP para la cogestión de créditos blandos a territorios mapuches en perspectiva del desarrollo endógeno.

60. Vicepresidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito endógena Mapuche Küme Mong, señor Vicente Painel. [88]

Em síntesis:

1) Enfatizó la necesidad de incorporar la expropiación como elemento técnico, político y necesario en lo que respecta a la adquisición de predios en recuperación o reparación a las comunidades indígenas, debido a que el método de compra, más bien, ha generado especulación financiera e intereses varios.

2) Abogó por considerar el planteamiento de reforma agroecológica, denominada también, como reforma agraria mapuche.

3) Expresó que son un banco mapuche en el sentido de que pueden hipotecar sus tierras al otorgar la garantía universal bancaria (al ser mapuches). En ese sentido, hizo un llamado al Estado para confiar y hacer cogestión con las comunidades indígenas, en las líneas de fomento, con el objeto de cogestionar créditos productivos e inversión en las tierras indígenas.

4) Sostuvo que pueden y deben aportar en las distintas comisiones del Congreso Nacional, tales como pensiones, hacienda, economía, trabajo, en otras.

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61. Presidente de la Federación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública (FENFUSSAP), señor Ernesto Rojas [89], expuso en base a una presentación[90] que dejó disposición de la Comisión.

En primer término, rechazó el traspaso de la inocuidad alimentaria a un nuevo ministerio que no tendría las competencias ni la calidad para hacerlo.

Manifestó que la unidad de seguridad alimentaria es la entidad encargada de desarrollar las funciones de formalización, control, fiscalización y vigilancia de las disposiciones sanitario-ambientales relacionadas con el área de alimentos, para propender a asegurar la inocuidad de alimentos elaborados, importados, almacenados, envasados, transportados y comercializados en las regiones, con el propósito de prevenir y controlar los riesgos asociados al consumo de alimentos que afecten la salud de la población.

Expresó que la inocuidad alimentaria es la garantía de no causar daño al consumidor, cuando sea preparado o ingerido y de acuerdo con el uso a que se destine. Sostuvo que la inocuidad es uno de los cuatro grupos básicos de características que junto con las nutricionales, organolépticas y comerciales componen la calidad de los alimentos. Asimismo, señaló que a través de la prevención, fiscalización, promoción, educación y cumplimiento de normativas de salud se puede lograr la inocuidad.

Respecto al proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, esgrimió que se constata la eventual modificación de funciones de la autoridad sanitaria en lo concerniente al control de alimentos efectuado a nivel nacional por las unidades de alimentos de cada seremía de salud. A su vez, aclaró que en ningún momento se ha consultado ni socializado a los referentes técnicos nacionales y regionales de las unidades de alimento, por lo cual, esbozó que el proyecto adolece de una opinión sanitaria respecto de los efectos que este cambio podría suscitar en la inocuidad alimentaria del país.

En ese sentido, afirmó que no se ha evidenciado la real importancia que ha tenido la autoridad sanitaria en la protección de la salud de las personas, frente al aumento sostenido que ha tenido la industria alimentaria durante las últimas décadas en el país. Además, comentó que las regiones limítrofes están constantemente sometidas a una presión adicional respecto del control de los productos alimentarios, ante lo cual los funcionarios de la autoridad sanitaria siempre han respondido a cabalidad.

Sostuvo que el planteamiento de la creación de un nuevo Ministerio y el traspaso de casi la totalidad de las funciones sanitarias en lo concerniente al control de alimentos, evidencia un desconocimiento de los logros que se han realizados durante muchos años, fundamentalmente porque la misión de la unidad de alimentos es la protección de la salud de las personas por sobre cualquier otra mirada. Acotó que remover estas funciones a la autoridad sanitara conlleva un riesgo de perder los logros obtenidos por décadas y poner en riesgo la salud de la población en el territorio nacional.

Por último, se refirió a las principales funciones de la autoridad sanitaria; a la fiscalización efectuada en la instalación de alimentos; al sistema de gestión de calidad; los programas nacionales y regionales de vigilancia de alimentos; el control de alimentos de importación y, otras funciones.

Finalmente, comentó que el rol rector en materia de inocuidad de alimentos y fiscalización, como aspecto esencial de la salud pública, debe necesariamente mantenerse en el Ministerio de Salud.

62. Vicepresidente de la Federación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública (FENFUSSAP), señor Lorenzo González. [91]

Explicó que no existe nada más valorable que las sociedades busquen mejorar a través de la modernización de la institucionalidad, permitiéndoles el desarrollo y fortalecimiento de su comunidad y, ampliando eventualmente sus competencias. A su vez, afirmó que toda modernización de las instituciones del Estado deberían tender a fortalecerle, de tal manera que hagan posible satisfacer los requerimientos que la ciudadanía tiene en el cumplimiento de sus derechos esenciales, como es la alimentación y nutrición.

Declaró que, como representantes de los funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública, evaluarán si es efectivo que este proyecto propende a desmantelar los órganos del Estado, agregando que podrían tenerse otros antecedentes a la vista, tales como, la manera en que puede afectarse la salud de la población. Reflexionó qué se entiende por salud, señalando que es el logro del bienestar pleno de la población nacional y no sólo la ausencia de enfermedades, puntualizando que la protección de la salud es una función inalienable del Ministerio de Salud.

A mayor abundamiento, expresó que entre los méritos que se le asignan al proyecto se encuentran los siguientes:

1. Propiciar la seguridad alimentaria de América y Chile. Al respecto, señaló que es una extraña manera de enfrentar los desafíos cuando al mercado nacional ni siquiera llega lo mejor de la producción agropecuaria, siendo la mayor cantidad de la producción interna exportada a Estados Unidos, Europa y China.

2. Genera un gran beneficio para Chile y sus ciudadanos. Estimó que la iniciativa favorece al comercio, a los grandes agricultores, al sector viticultor, forestal y exportadores varios y, desde luego, a una cierta mirada de la economía, precisando que es la misma que ha demostrado no ser capaz de poner término a la inequidad social que se expresa en el modo de como la sociedad se organiza, produce y reproduce. Recordó que veces se encuentran con centros de producción que no reúnen las condiciones mínimas de trabajo impuestas en el DFL 5.

3. Aportar al desarrollo rural. Aclaró que las actuales formas en que se organiza la producción rural, ha profundizado el trabajo precario, el abuso de los enganchadores y la colusión en el pago a los temporeros.

Hizo constar que no es posible verificar cuáles son los beneficios de la modernización, toda vez que cada vez que se habla de modernizar el Estado se favorece la privatización de sus funciones y el abandono de los derechos de la población, entre ellos uno que es imprescindible defender, la salud de la gente.

Por último, declaró que Chile puede ser efectivamente una potencia agroalimentaria, pero sin profundizar el desmantelamiento del Estado, como tampoco, la salud de la población y la institución que tiene que velar por su protección.

63. Representante de la Federación de Trabajadores de las Seremis de Salud Regionales (FDR), señora Ana María Cordero. [92}

Expuso en base a una presentación [93] que dejó a disposición de la Comisión.

Estimó preocupante el ingreso del proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, el cual fue suscrito por el ex Ministro de Salud sin haber mediado ninguna socialización y comunicación previa con los referentes nacionales de alimentos del Ministerio de Salud y referentes regionales de las seremías de salud del país.

Informó que la Subsecretaría de Salud Pública tiene como misión liderar las estrategias de salud que permitan mejorar la salud de la población ejerciendo las funciones reguladoras, normativas, de vigilancia y fiscalizadoras que al Estado de Chile le competen, en materia de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, alineados con las prioridades del programa de Gobierno para el sector y a los objetivos sanitarios de la década, contribuyendo a un progreso sostenido en la calidad sanitaria y en la atención de los habitantes del país, asegurando un acceso oportuno y el respeto a la dignidad de las personas, con enfoque de género e inclusión social de grupos vulnerables, especialmente de personas en situación de discapacidad, pueblos indígenas y migrantes.

Se refirió a las funciones y objetivos del Ministerio de Salud, señalando que le corresponde ejercer la rectoría del sector, la cual comprende, entre otras materias, las siguientes:

a) La formulación, control y evaluación de planes y programas generales en materia de salud;

b) La definición de objetivos sanitarios nacionales;

c) La coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos sanitarios;

d) La coordinación y cooperación internacional en salud, y

e) La dirección y orientación de todas las actividades del Estado relacionadas a la provisión de acciones de salud, de acuerdo con las políticas fijadas.

A mayor abundamiento, se refirió a las principales funciones que ostenta la seremía de salud para el cuidado de los alimentos que se consumen dentro de Chile, haciendo alusión a la inocuidad alimentaria.

Estimó necesario conocer cuáles serán las funciones y alcances del nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, teniendo en consideración que el Ministerio de Salud posee todas las atribuciones para velar por el real cumplimiento y fiscalización de los alimentos, en el procesamiento, elaboración, envasado, etiquetado, conservación, almacenamiento en los lugares de acopio, en las fumigaciones terrestres y aéreas, derrames industriales, marea roja y, en la inocuidad alimentaria de las importaciones y exportaciones.

Explicó que las atribuciones y funciones que el Código Sanitario y, en especial el Reglamento Sanitario de los Alimentos, entrega a la autoridad sanitaria regional, tiene un fuerte sentido salubrista, que busca finalmente proteger la salud pública y en concreto, la salud de las personas, mediante la formalización, fiscalización y vigilancia de los establecimientos de elaboración y/o expendio de alimentos del país. Con ello, afirmó que se asegura la producción de alimentos sanos y seguros, contribuyendo a la inocuidad alimentaria y ayudando a disminuir los factores de riesgo que puedan representar la presencia de enfermedades derivadas de intoxicaciones alimentarias o ETAs.

En síntesis, manifestó que la misión del Ministerio de Salud es velar por la salud de la población, incluyendo el control de los alimentos los cuales constituyen un vehículo importante para la nutrición, el bienestar y el desarrollo de las personas y de la sociedad, y al mismo tiempo, un riesgo para la salud. En consecuencia, la inocuidad de los alimentos es una preocupación central del sector por su impacto en la salud pública.

Respecto de la experiencia internacional, comentó que se registran situaciones en donde las inoportunas medidas de prevención y control tomadas por la autoridad agrícola para enfrentar episodios, tales como los producidos por la encefalopatía espongiforme bovina (BSE) y el accidente de las dioxinas que afectó a Europa y a varios países del mundo, estuvieron retardadas por consideraciones de tipo económico y de resguardo de mercados, situación que no se condice con el importante rol de proteger la salud de las personas.

Por último, reiteró que el proyecto de ley nunca fue sensibilizado con los actores sociales afectados, por lo cual, visibilizó la preocupación de los trabajadores de las seremías de salud que se dedican de forma exclusiva a la inocuidad alimentaria, a quienes nunca se les habría tomado en cuenta su opinión. En consecuencia, afirmó que los trabajadores de la salud no aceptan la creación del nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural porque se enfoca en el aumento de los negocios y exportaciones y, no considera la salud pública del país, como una función principal de la autoridad sanitaria regional que se ejerce a través de las seremías de salud.

64. Presidenta de la Federación de Trabajadores de las Seremis de Salud Regionales (FDR), señora María Angélica de La Fuente.[94]

Reflexionó sobre el contexto sanitario y la pertinencia de tramitar el proyecto de ley que crea el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, teniendo en consideración que lo actores relevantes del rubro no tenían conocimiento ni siquiera de su presentación.

Afirmó que se debe rechazar la iniciativa legal porque se pretenden trasladar facultades sanitarias del Ministerio de Salud a la nueva institucionalidad, sin conocer que sucederá con los trabajadores y expertos que actualmente se desempeñan en dicho ámbito.

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El Asesor del Ministerio de Agricultura, señor Andrés Meneses, compartió que la primera preocupación de los funcionarios del Ministerio de Salud sea hacerse cargo de la salud de las personas con un criterio salubrista.

Expresó que el proyecto de ley también contempla y reconoce esa labor salubrista, aclarando que en su artículo segundo, letra i, dispone que el Ministerio de Agricultura a través del Servicio Agrícola y Ganadero, operará por la inocuidad alimentaria en el tramo productivo del proceso de producción, elaboración, embazado, etiquetado y conservación de los alimentos, precisando que no se considerarán parte de este proceso la distribución, acopio o el almacenamiento de alimentos hacia o en establecimientos destinados directamente al expendio o consumo humano. En consecuencia, afirmó que el Ministerio de Salud con sus funcionarios seguirán a cargo de la fiscalización de aquellos lugares de alimentos donde haya expendio directo de productos a las personas.

Recalcó que es importante tener una debida coordinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura, con el objeto de que el MINSAL se preocupe preferentemente del resguardo de la salud de las personas y el MINAGRI de la producción de alimentos.

El diputado José Pérez Arriagada solicitó respetar y escuchar a los próximos invitados, quienes esperan largo tiempo para exponer su punto de vista.

65. Coordinadora del Directorio Nacional de los Presidentes de Comités Asesores Regionales (CAR) y Presidenta Regional Valparaíso, señora Amelia Muñoz.

Explicó que representan a 170.000 usuarios, sin embargo, afirmó que tienen muy poca información del proyecto que crea el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, por lo cual, no puede proporcionarse con una opinión clara y precisa respecto de la iniciativa. De todas forma, dejó en claro que no se realizó la consultó indígena en virtud del Convenio 169 de la OIT.

Se refirió a la situación que vive la agricultura familiar campesina en la actualidad como usuarios de INDAP. Declaró que la AFC ha sido un pilar fundamental sobre todo en tiempos de pandemia, quienes no han parado de trabajar para asegurar la alimentación de Chile, sin embargo, opinó que también se ha dejado ver la pobreza y la desigualdad de oportunidades, señalando con mucha tristeza que los jóvenes sólo quieren irse del campo a la ciudad, con el objeto de tener más oportunidades y una mejor calidad de vida, ya que sus padres y abuelos -pese a trabajar duro- nunca salieron de su condición de pobreza.

Exclamó que se necesita mejorar la calidad de vida del Chile rural, teniendo igualdad de oportunidades que incluya una educación de calidad para los jóvenes. Asimismo, sostuvo que es importante contar con viviendas dignas, con acceso a servicios básicos, agua potable, luz eléctrica y conectividad, haciendo un llamado a que se privilegie el hecho de permanecer en el campo.

En el mismo sentido, solicitó que se revise la ley orgánica de INDAP, ley N° 19.253, la cual en su artículo 13, define al pequeño productor como aquel que tiene menos de 12 hectáreas de riego básico y activos hasta 3.500 UF. Agregó que otro tema importante es el reevaluó de terrenos agrícolas, el cual ha perjudicado a un número no menor de campesinos que han superado las 3.500 UF, quienes en su mayoría son adultos mayores con baja escolaridad y, entre medio de la crisis sanitaria se han quedado sin asesoría y sin la posibilidad de acceder a créditos para poder iniciar el año agrícola.

Por último, estimó necesario gestionar una inyección de recursos a INDAP para que puedan ayudar a los campesinos, teniendo en consideración que los diferentes rubros han sido golpeados por la sequía y el Covid-19.

Finalmente, agradeció a la Comisión de Agricultura la oportunidad de exponer y sugirió que los sigan invitando ya que los usuarios de INDAP sienten que son el corazón del Ministerio de Agricultura.

66. Usuario de INDAP, señor Carlos Núñez. [95]

Declaró que la Comisión de Agricultura debiera necesariamente tener en cuenta el sentir de los pequeños agricultores, las cooperativas y la gente que trabaja en el rubro.

Explicó que tiene muchas esperanzas que en el nuevo proyecto de ley se haga y fortalezca un desarrollo rural verdadero, inclusivo, integral y participativo, con trabajo en terreno, sin embargo, opinó que existen muchas dudas respecto a la intencionalidad de fondo de la nueva institucionalidad que se pretende crear, agregando que se requieren más recursos.

Reflexionó sobre algunas problemáticas cotidianas que afectan a los pequeños productores y las condiciones de seguridad de las carreteras, puntualizando que estos temas deben ser analizados por la institucionalidad encargada del desarrollo rural.

Respecto a la educación, opinó que se necesita educar a los productores y a los que manipulan los productos, con el objeto de que puedan aplicar lo aprendido.

Sobre vivienda, aclaró que no existen subsidios rurales que permitan conservar las casas con un espacio suficiente en la ruralidad, por lo cual no hay un verdadero espacio para la familia. Enfatizó que se necesita una solución al respecto, al igual que con los colegios y postas rurales.

Por último, sugirió analizar el proyecto de ley más a fondo y, sobre todo en regiones, argumentando que con las exposiciones que se han realizado en la Comisión, existen más más dudas que certezas.

67. Dirigenta comunal de Alto Biobío, señora María Curriao. [96]

Reflexionó sobre las condiciones laborales, sociales y económicas que les afectan, principalmente a los pueblos originarios.

Explicó que la rebaja presupuestaria ha afectado de sobremanera a las comunidades indígenas, especialmente por la menor entrega de forraje respecto de años anteriores.

Asimismo, hizo hincapié en realizar la consulta indígena establecida en el Convenio 169 de la OIT.

Criticó al Ministro de Agricultura, por haber efectuado una visita relámpago en la zona de Alto Biobío sin invitar a los dirigentes del sector.

68. Lonco Juan Rosales. [97]

Agradeció la oportunidad de exponer en la Comisión y reflexionó sobre la rebaja presupuestaria que afectó a la agricultura familiar campesina, por haberse entregado menos forraje que el año pasado.

Aclaró que el año pasado se proporcionaron 800 kilos de forraje por familia y este año fueron 475 kilos, expresando que no sólo habrían sido afectados por las nevazones sino que también por la crisis hídrica, las heladas y la crisis sanitaria.

69. Representante del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (MUCECH), señor Omar Jofré.[98]

Expuso en base a una presentación[99] que dejó a disposición de la Comisión.

En primer término, estimó importantísimo debatir sobre el tema agrario, pesquero y alimentario.

Seguidamente, consultó ¿Por qué los recursos que aquí se aprueban no llegan a la gente?

Explicó que la información del Ministerio de Agricultura hasta los años 60 era muy poco conocida, y con el tiempo se tuvo conocimiento de algunas oficinas y proyectos del Gobierno. En los años sesenta y hasta el 73, y particularmente desde la aplicación de la Ley de Reforma Agraria visualizaron una serie de nuevos funcionarios en el campo, con el objeto de ayudar a hacer productiva la tierra de los trabajadores que se incorporaron en los asentamientos.

Informó que entre los años 90-94 lograron recopilar información técnica que daba cuenta del tamaño de la disponibilidad de recursos del sector campesino, ejemplificando con el sector forestal donde se tienen más de 2 millones de hectáreas de aptitud forestal y más de 1 millón de hectáreas de bosque nativo.

Sostuvo que en las funciones del nuevo ministerio se debe incorporar la promoción de políticas de productos sanos, de forma sustentable e incorporar la agroecología, precisando que esto el sector campesino e indígena vienen implementando desde hace tiempo. Además, opinó que se debe relevar la necesidad de cuidar a los trabajadores, a los productores campesinos e indígenas, con el objeto de mejorar y fortalecer el desarrollo rural presente desde Arica a Magallanes, fortaleciendo el emprendimiento y la innovación que ya se estaría desarrollando en las distintas regiones.

A mayor abundamiento, estimó relevante fortalecer y aumentar los recursos para encausar las labores de los organismos operativos del ministerio, para su coordinación, articulación y apoyo a los trabajadores, como también, de los productores campesinos e indígenas.

Por último, hizo hincapié en la urgente tramitación de la CONAF pública y la pronta promulgación de la ley que corrige la ley del bosque nativo.

70. Gerente del Programa Estratégico Transforma Alimentos, señora Graciela Urrutia.[100]

Expuso en base a una presentación[101] que dejó a disposición de la Comisión, denominada “Una Visión de Largo Plazo de los Alimentos de Chile”.

Explicó que “transforma alimentos” es una instancia de coordinación y colaboración entre actores del sector público, privado y la academia, que en torno a una visión compartida de futuro, procuran remover barreras a la diversificación productiva del sector y mejorar el entorno para la innovación y emprendimiento.

Sostuvo que Chile se posiciona entre los países referentes en la producción de alimentos saludables a nivel mundial, con una industria competitiva, que contribuye a la diversificación y sofisticación productiva del país y proporciona los más altos estándares de calidad, inocuidad, sustentabilidad y calidad de vida.

Manifestó que el 26% de las empresas de Chile están vinculadas con los alimentos, generando casi un 20% del empleo. Agregó que el 16% de las ventas totales en Chile dicen relación con los alimentos, siendo la segunda actividad más importante después de la minería.

A mayor abundamiento, acotó que el 83% de las empresas están en regiones (agropecuaria, pesca, acuicultura, alimentos y manufactura) y el 91% de las empresas son MIPYMES. Estimó relevante saber cómo convergen los actores de una misma región para sacar la mayor potencialidad al desarrollo productivo, a través de la tecnología.

En el mismo sentido, afirmó que en Chile la segunda mayor fuerza exportadora es la vinculada con los alimentos, llegando al número 23 en el ranking mundial de países exportadores. Al respecto, esgrimió que si bien son cifras alentadoras, el país se encuentra exportando los mismos productos desde hace mucho tiempo, sin existir una verdadera diversificación productiva para todo el potencial que tiene Chile y su diversidad climática.

Hizo un llamado para que los agricultores -mediante ayuda estatal- puedan elaborar productos con un estándar de calidad que les permita llegar a países distantes.

Explicó que existe un contexto global muy distinto a los años anteriores, donde se deberá alimentar a dos mil millones más de personas, con mejores calidades y estándares, pero con menos recursos.

Finalmente, esgrimió la siguiente frase adaptada “Si buscamos conseguir resultados distintos, no podemos seguir haciendo lo mismo”.

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El señor Andrés Meneses señaló que la actividad desarrollada en la zona de Alto Biobío se distribuyó una cantidad de forraje equivalente a 256 millones de pesos, sin embargo, aclaró que están desarrollando el detalle de cual habría sido el impacto real de la entrega de forraje en dicho sector.

c) Discusión y votación en particular.

El Ministro de Agricultura, señor Antonio Walker, expuso en base a una presentación[102] que dejó a disposición de la Comisión.

En primer término, señaló que acogerá una de las indicaciones presentadas por el diputado Sabag, que dice relación con el nombre del nuevo ministerio. Propuso que el nombre de la nueva institucionalidad sea la siguiente: Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural, con el objeto de integrar a los distintos sectores del rubro silvoagropeacurio.

La actual orgánica del Ministerio de Agricultura data de 1960, época en la que los objetivos y los medios de entonces eran muy distintos a los de la actualidad. Asimismo, elogió que la iniciativa contempla que el sector de la pesca vuelva a su origen, el cual habría dejado en 1978.

Agregó que el nuevo ministerio se basa en el equilibrio de tres pilares fundamentales para todo el sector silvoagropecuario, acuícola y pesquero, mencionando el aspecto social, económico y ambiental. Además, la nueva institucionalidad deberá converger con el sector público, privado y la sociedad civil.

Asimismo, hizo alusión a los objetivos del nuevo ministerio, mencionando los siguientes:

1. Integrar en un sólo ministerio la institucionalidad alimentaria, forestal, acuícola y pesquera.

2. Incorporar el desarrollo y valorización del mundo rural.

3. Promover el desarrollo sustentable y el respeto al medio ambiente. Afirmó que la sustentabilidad es lo que debe diferenciar a Chile en la producción de alimentos.

En el mismo sentido, se refirió a los principales cambios que ostenta la nueva institucionalidad, resaltando los siguientes:

1) Formulación y ejecución de políticas alimentarias.

2) Incorporación de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la cual pasaría a ser dependiente del nuevo ministerio.

3) Promoción del desarrollo sustentable del sector alimentario y forestal. Agregó que Chile tiene la meta de ser carbono neutral al 2050.

4) Coordinación con el Ministerio de Salud, a través de la fiscalización de alimentos. Afirmó que la nueva institucionalidad delimita muy bien las funciones del SAG y del MINSAL, precisando que todo producto desde que sale del mar o del campo hasta que es procesado es responsabilidad del Servicio Agrícola y Ganadero.

5) Coordinación interministerial de la Política Nacional de Desarrollo Rural. Acotó que esta política tiene como principal objetivo terminar con la brecha entre el mundo rural y el urbano.

Explicó que la organización actual del Ministerio de Agricultura se compone de una Subsecretaría de Agricultura y doce servicios públicos, con 16.000 mil personas que atienden a 300.000 agricultores y más de 8 millones de personas que habitan el mundo rural. Asimismo, declaró que el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo está compuesto de la Subsecretaría de Turismo, la Subsecretaría de Economía y, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, puntualizando que esta última solamente tiene dos servicios (SERNAPESCA, INDESPA) para atender a un sector muy grande y lleno de desafíos.

La nueva institucionalidad es mucho más integradora que la actual, acogiendo al rubro pesquero en dicha tarea, con el objeto de hacerse cargo de las precariedades que sufre dicho sector y sus desafíos.

A mayor abundamiento, comentó que el nuevo Ministerio será compuesto por la Subsecretaría de la Tierra y sus productos y, la Subsecretaría del Mar y sus productos, donde se mantienen los doce servicios de agricultura y los dos de pesca. Aclaró que esta convergencia ya la hicieron grandes países productores de alimentos, tales como, Nueva Zelanda, Inglaterra, España, Francia, Italia y Japón.

Por otro lado, mencionó los principales aportes del proyecto de ley:

1) La colaboración entre los servicios, enfatizando las temáticas comunes entre INDESPA e INDAP, el SAG y SERNAPESCA y, INIA e IFOP.

2) La incorporación de un diálogo público privado para enfrentar los desafíos del sector alimentario, forestal y pesquero.

3) La seguridad alimentaria, haciendo alusión a la disponibilidad de los alimentos, el acceso y su calidad nutritiva. Explicó que es indispensable contar con un Ministerio que se haga cargo de manera integral del desempeño de todas las industrias y emprendimientos del sector, incluyendo aquellas propias del rubro pesquero y acuícola.

4) El desarrollo rural territorial, a través de la Política Nacional de Desarrollo Rural, con el objeto principal de disminuir la brecha urbana rural.

5) La colaboración internacional. Estimó necesario aprender de las nuevas tecnologías y legislaciones mundiales.

6) El rol estratégico del sector agrícola, acuícola, pesquero y forestal. Sostuvo que lo anterior tiene como objetivo principal descentralizar, reducir la pobreza, fomentar el desarrollo sustentable y mirar el largo plazo.

Por último, señaló que han estado presente en la Comisión más de 80 expositores, procediendo a su individualización:

Finalmente, relevó la importancia del sector forestal y explicó los motivos por los cuales no se puede crear una Subsecretaría Forestal, enfatizando que la tendencia mundial es tener menos ministerios y subsecretarías, con el objeto de ser mucho más eficiente en la administración de los recursos. Asimismo, hizo hincapié en reforzar la formación y tramitación del Servicio Nacional Forestal.

El señor Antonio Walker señaló que la opinión del diputado Flores es muy dolorosa para todos los que han participado en la elaboración y modificación del proyecto de ley, teniendo en consideración el gran trabajo y esfuerzo realizado por el rubro. Asimismo, afirmó que se debe trabajar en conjunto y con más fuerza para sacar adelante el SENARFOR, reforzar el INDAP y los servicios del agro.

Destacó que después de la minería, la agricultura y la pesca son por lejos el sector con más fuerza económica, política y social.

Finalmente, hizo presente que el proyecto puede tener errores y omisiones, pero se parte de la base que la iniciativa es bastante mejor que la actual institucionalidad en agricultura, forestal y pesca.

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TÍTULO I

Del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural

Se presentó la siguiente indicación:

Artículo 1

Artículo 1. Creación y Competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural. Créase el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, en adelante el Ministerio, el cual será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño, proposición y aplicación de políticas, planes, programas y normativas para el desarrollo de los sectores agropecuario, alimentario, acuícola, pesquero y forestal del país.

Corresponderá al Ministerio, realizar las actividades de estudio, fomento, orientación y coordinación de los sectores agropecuario, alimentario, acuícola, pesquero y forestal del país.

Asimismo, le corresponderá la promoción de la sustentabilidad y competitividad de los sectores sujetos a su competencia; la construcción de un marco estratégico que permita establecer políticas de largo plazo para sus sectores a través de la coordinación y colaboración interministerial; la protección del patrimonio fito y zoosanitario con especial resguardo, en estas materias, de las fronteras del país, así como los recursos hidrobiológicos, sus ecosistemas y los recursos naturales renovables del ámbito silvoagropecuario, pesquero, acuícola y alimentario del país; la proposición de la normativa destinada al ordenamiento territorial del ejercicio de las actividades de pesca y acuicultura; velar por el cumplimiento de las condiciones de inocuidad de los alimentos que se producen en el territorio nacional y/o para la exportación de los mismos; velar por la cooperación, coordinación y desarrollo de las políticas de comercio exterior en materias silvoagropecuarias, de pesca, y acuicultura; propender a la coordinación de acciones encaminadas al desarrollo rural y de caletas pesqueras artesanales; y velar por la participación público-privada y de la sociedad civil, todo lo anterior, de acuerdo a las atribuciones propias de este Ministerio.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

Artículo 2

Artículo 2. Funciones del Ministerio. Para el cumplimiento de sus objetivos corresponderá al Ministerio, en particular, las siguientes funciones y atribuciones:

Letra l)

l) Proponer estrategias y programas sectoriales vinculados a materias agropecuarias, alimentarias, acuícolas, pesqueras y forestales, en función de la territorialidad específica, ya sea dentro del ámbito regional, provincial, comunal u otro sector particular dentro del país;

Sometida a votación, la letra l) se aprobó por mayoría de votos, siete votos a favor y seis en contra (7-6-0). Por la afirmativa, votaron los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Ramón Barros, Harry Jürgensen, Jorge Rathgeb, Jorge Sabag, Frank Sauerbaum e Ignacio Urrutia. Por la negativa, lo hicieron las diputadas Jenny Álvarez, Loreto Carvajal, Emilia Nuyado y Alejandra Sepúlveda y, los diputados René Alinco y José Pérez.

Letra m)

m) Participar en la elaboración de los presupuestos de los organismos dependientes o relacionados con el Ministerio, promoviendo su coherencia con la política agroalimentaria, acuícola, pesquera y forestal del país. En el ejercicio de esta facultad, deberá efectuar el seguimiento de su gestión programática y presupuestaria;

En votación, la letra m) se aprobó por mayoría de votos, siete votos a favor y seis en contra (7-6-0). Por la afirmativa, votaron los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Ramón Barros, Harry Jürgensen, Jorge Rathgeb, Jorge Sabag, Frank Sauerbaum e Ignacio Urrutia. Por la negativa, lo hicieron las diputadas Jenny Álvarez, Loreto Carvajal, Emilia Nuyado y Alejandra Sepúlveda y, los diputados René Alinco y José Pérez.

Letra o)

o) Coordinar la comunicación y difusión de las políticas, planes, programas, proyectos y actividades sectoriales, ya sea del propio Ministerio como también de sus servicios dependientes o relacionados;

Sometida a votación, la letra o) se aprobó por mayoría de votos, siete votos a favor y seis en contra (7-6-0). Por la afirmativa, votaron los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Ramón Barros, Harry Jürgensen, Jorge Rathgeb, Jorge Sabag, Frank Sauerbaum e Ignacio Urrutia. Por la negativa, lo hicieron las diputadas Jenny Álvarez, Loreto Carvajal, Emilia Nuyado y Alejandra Sepúlveda y, los diputados René Alinco y José Pérez.

Letras r) y s)

r) Articular y promover acciones tendientes a fomentar la participación público-privado, como de la sociedad civil, en materias de competencias propias del Ministerio; y

s) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le asigne la ley.

En votación, las letras r) y s) se aprobaron por mayoría de votos, siete votos a favor y seis en contra (7-6-0). Por la afirmativa, votaron los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Ramón Barros, Harry Jürgensen, Jorge Rathgeb, Jorge Sabag, Frank Sauerbaum e Ignacio Urrutia. Por la negativa, lo hicieron las diputadas Jenny Álvarez, Loreto Carvajal, Emilia Nuyado y Alejandra Sepúlveda y, los diputados René Alinco y José Pérez.

Artículo 3

Inciso primero

Artículo 3.- Estructura del Ministerio. La organización del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural será la siguiente:

a) El Ministro de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural.

b) La Subsecretaría de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural.

c) La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

d) Las Secretarías Regionales Ministeriales.

e) Las Direcciones Zonales de Pesca de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

Inciso segundo

Un reglamento expedido por el Ministerio determinará su estructura organizativa interna, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Puesto en votación, el inciso segundo se aprobó por mayoría de votos, siete votos a favor y seis en contra (7-6-0). Por la afirmativa, votaron los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Ramón Barros, Harry Jürgensen, Jorge Rathgeb, Jorge Sabag, Frank Sauerbaum e Ignacio Urrutia. Por la negativa, lo hicieron las diputadas Jenny Álvarez, Loreto Carvajal, Emilia Nuyado y Alejandra Sepúlveda y, los diputados René Alinco y José Pérez.

*Cabe hacer presente que se acordó que la Secretaría de la Comisión debe modificar el texto del artículo 3, con el objeto de realizar una redacción que incluya un enfoque de género.

Artículo 4

Párrafo 2º

De la Subsecretaría de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 6.- De las Secretarías Regionales Ministeriales. En cada región del país habrá una Secretaría Regional Ministerial a cargo de un Secretario Regional Ministerial, las que se encontrarán sometidas a lo dispuesto en la ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio del Interior. Sin embargo, corresponderá a las Direcciones Zonales de Pesca de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura ejercer las competencias en las materias referidas a pesca y acuicultura. Lo anterior, es sin perjuicio del deber de coordinación con las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales en todas aquellas materias que corresponda.

Sin discusión, puesto en votación, el artículo sexto, fue aprobado por mayoría de votos, siete votos a favor y cuatro en contra (7-4-0). Por la afirmativa, votaron los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Ramón Barros, Harry Jürgensen, Jorge Rathgeb, Jorge Sabag, Frank Sauerbaum e Ignacio Urrutia. Por la negativa, lo hicieron las diputadas Jenny Álvarez y Emilia Nuyado y, los diputados René Alinco y José Pérez.

Párrafo 3º

De la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Artículo 7

Artículo 8

Párrafo 4º

Disposiciones Comunes a las Subsecretarías

Artículo 9

TÍTULO III, Del Personal

Artículo 10

Artículo 11

TÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 12

Artículo 12.- Todas las referencias que en la legislación y normativa vigente se hagan al Ministerio de Agricultura, se entenderán hechas al Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural. Del mismo modo, toda referencia que se haga a la Subsecretaría de Agricultura y a sus Secretarías Regionales Ministeriales se entenderá efectuada, respectivamente, a la Subsecretaría de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural y, a las Secretarías Regionales Ministeriales.

Puesto en votación, el artículo 12 fue aprobado por mayoría de votos, siete votos a favor y seis en contra (7-6-0). Por la afirmativa, votaron los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Ramón Barros, Harry Jürgensen, Jorge Rathgeb, Jorge Sabag, Frank Sauerbaum e Ignacio Urrutia. Por la negativa, lo hicieron las diputadas Jenny Álvarez, Loreto Carvajal, Emilia Nuyado y Alejandra Sepúlveda y, los diputados René Alinco y José Pérez.

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 14.- Derógase el decreto con fuerza de ley Nº 294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que establece funciones y estructura del Ministerio de Agricultura.

El señor Andrés Meneses manifestó que, con la creación de una nueva institucionalidad de los alimentos, se debe necesariamente derogar el actual decreto con fuerza de ley N° 298, de 196, del Ministerio de Hacienda, que establece funciones y estructura del Ministerio de Agricultura.

Sometido a votación, el artículo 14 ee aprobado por mayoría de votos, siete votos a favor y seis en contra (7-6-0). Por la afirmativa, votaron los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Ramón Barros, Harry Jürgensen, Jorge Rathgeb, Jorge Sabag, Frank Sauerbaum e Ignacio Urrutia. Por la negativa, lo hicieron las diputadas Jenny Álvarez, Loreto Carvajal, Emilia Nuyado y Alejandra Sepúlveda y, los diputados René Alinco y José Pérez.

Artículo 15

Artículo 15.- Modifícase la ley N° 18.755 que establece normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero, deroga la ley N° 16.640 y otras disposiciones, en el siguiente sentido:

a) Incorpórase en el artículo 2°, a continuación del punto final, que pasará a ser un punto y coma “;” la siguiente expresión:

“controlar y fiscalizar, acorde las políticas y/o estrategias que instruya el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano y/o animal, durante el proceso de producción de los mismos, en conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes.”.

b) Incorpórase en el artículo 3° el siguiente literal r), nuevo:

“r) Controlar y fiscalizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano y/o animal durante el proceso de producción de los mismos. Se comprenderá en la producción de alimentos, el cultivo, recolección, procesamiento, elaboración, envasado, etiquetado, conservación y almacenamiento de los alimentos en los lugares de acopio utilizados durante este proceso. No se considerará parte de este proceso, la distribución, acopio o almacenamiento de alimentos hacia o en establecimientos destinados directamente al expendio o consumo humano.”.

En votación, el artículo 15 fue aprobado por mayoría de votos, siete votos a favor y seis en contra (7-6-0). Por la afirmativa, votaron los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Ramón Barros, Harry Jürgensen, Jorge Rathgeb, Jorge Sabag, Frank Sauerbaum e Ignacio Urrutia. Por la negativa, lo hicieron las diputadas Jenny Álvarez, Loreto Carvajal, Emilia Nuyado y Alejandra Sepúlveda y, los diputados René Alinco y José Pérez.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero

Artículo primero. La presente ley entrará en vigencia dentro del plazo de seis meses contado desde su publicación en el Diario Oficial. Dentro de este plazo se deberán efectuar todas las gestiones administrativas para concretar el traspaso de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y los servicios dependientes o que se relacionen por intermedio de dicha Subsecretaría, desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo al Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural.

Puesto en votación, el artículo primero fue aprobado por mayoría de votos, siete votos a favor y seis en contra (7-6-0). Por la afirmativa, votaron los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Ramón Barros, Harry Jürgensen, Jorge Rathgeb, Jorge Sabag, Frank Sauerbaum e Ignacio Urrutia. Por la negativa, lo hicieron las diputadas Jenny Álvarez, Loreto Carvajal, Emilia Nuyado y Alejandra Sepúlveda y, los diputados René Alinco y José Pérez.

Artículo segundo

Artículo segundo. El reglamento al que hace referencia el inciso segundo del artículo 3 de la presente ley, deberá dictarse en un plazo de tres meses contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

El señor Andrés Meneses aclaró que efectivamente este artículo dice relación con el reglamento que deberá confeccionar el Ministerio de Agricultura, el cual determinará su estructura organizativa interna.

Sometido a votación, el artículo segundo fue aprobado por mayoría de votos, siete votos a favor y seis en contra (7-6-0). Por la afirmativa, votaron los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Ramón Barros, Harry Jürgensen, Jorge Rathgeb, Jorge Sabag, Frank Sauerbaum e Ignacio Urrutia. Por la negativa, lo hicieron las diputadas Jenny Álvarez, Loreto Carvajal, Emilia Nuyado y Alejandra Sepúlveda y, los diputados René Alinco y José Pérez.

Artículo tercero

Artículo tercero. El reglamento a que hace referencia el literal i) del artículo 2 de esta ley, deberá dictarse en un plazo de seis meses contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

En votación, el artículo tercero es aprobado por mayoría de votos, siete votos a favor y seis en contra (7-6-0). Por la afirmativa, votaron los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Ramón Barros, Harry Jürgensen, Jorge Rathgeb, Jorge Sabag, Frank Sauerbaum e Ignacio Urrutia. Por la negativa, lo hicieron las diputadas Jenny Álvarez, Loreto Carvajal, Emilia Nuyado y Alejandra Sepúlveda y, los diputados René Alinco y José Pérez.

Artículo cuarto

Artículo cuarto. Facúltase al Presidente de la República, para que en el plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, dicte un decreto con fuerza de ley, expedido a través del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, el que también deberá ser suscrito por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, fijando el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura; de la ley N° 21.069, que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, Indespa; de la ley N° 21.027, que regula el Desarrollo Integral y Armónico de Caletas Pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación; y del decreto con fuerza de ley N° 5, de 1983, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N°34, de 1931, que legisla sobre la industria pesquera y sus derivados. El mencionado decreto con fuerza de ley, junto con refundir, coordinar y sistematizar la normativa señalada, deberá, modificar las referencias al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, como a la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, de acuerdo a lo establecido en la presente ley, en los casos que corresponda, y actualizar los nombres de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.”.

El señor Andrés Meneses explicó que este artículo transitorio es una norma de estilo en todos aquellos proyectos que modifican o crean nuevas institucionalidades ministeriales y, que básicamente otorga a S. E. el Presidente de la República un plazo de un año contado desde la publicación de la ley, para poder realizar todas las adecuaciones a través de textos refundidos de todas las leyes en las cuales se hace alusión a los ministerios de Agricultura y Economía, dada las modificaciones que se están aprobando en este proyecto de ley.

Puesto en votación, el artículo cuarto fue aprobado por mayoría de votos, siete votos a favor y seis en contra (7-6-0). Por la afirmativa, votaron los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Ramón Barros, Harry Jürgensen, Jorge Rathgeb, Jorge Sabag, Frank Sauerbaum e Ignacio Urrutia. Por la negativa, lo hicieron las diputadas Jenny Álvarez, Loreto Carvajal, Emilia Nuyado y Alejandra Sepúlveda y, los diputados René Alinco y José Pérez.

V. ARTICULOS E INDICACIONES RECHAZADAS E INADMISIBLES.

a) Indicaciones rechazadas.

1. De las diputadas Carvajal y Sepúlveda, para suprimir en todo el proyecto de ley las palabras y referencias acuícola, pesquero y alimentario.

2. De las mismas diputadas, para eliminar del artículo 3, las letras c) y e).

b) Indicaciones inadmisibles.

No hay.

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Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el diputado informante, la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural recomienda aprobar el siguiente:

“PROYECTO DE LEY

TÍTULO I

Del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural

Artículo 1. Creación y competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural. Créase el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural, en adelante el Ministerio, el cual será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño, proposición y aplicación de políticas, planes, programas y normativas para el desarrollo de los sectores agropecuario, alimentario, acuícola, pesquero y forestal del país.

Corresponderá al Ministerio, realizar las actividades de estudio, fomento, orientación y coordinación de los sectores agropecuario, alimentario, acuícola, pesquero y forestal del país.

Asimismo, le corresponderá la promoción de la sustentabilidad y competitividad de los sectores sujetos a su competencia; la construcción de un marco estratégico que permita establecer políticas de largo plazo para sus sectores a través de la coordinación y colaboración interministerial; la protección del patrimonio fito y zoosanitario con especial resguardo, en estas materias, de las fronteras del país, así como los recursos hidrobiológicos, sus ecosistemas y los recursos naturales renovables del ámbito silvoagropecuario, pesquero, acuícola y alimentario del país; la proposición de la normativa destinada al ordenamiento territorial del ejercicio de las actividades de pesca y acuicultura; velar por el cumplimiento de las condiciones de inocuidad de los alimentos que se producen en el territorio nacional y/o para la exportación de los mismos; velar por la cooperación, coordinación y desarrollo de las políticas de comercio exterior en materias silvoagropecuarias, de pesca, y acuicultura; propender a la coordinación de acciones encaminadas al desarrollo rural y de caletas pesqueras artesanales; y velar por la participación público-privada y de la sociedad civil, todo lo anterior, de acuerdo a las atribuciones propias de este Ministerio.

En lo respectivo a materias alimentarias, las competencias señaladas en el inciso anterior deberán tender a respetar la seguridad en el acceso a los alimentos, propendiendo a que, tanto a nivel individual, como familiar, local y nacional, los recursos alimentarios estén disponibles para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas con el fin de que estas puedan llevar una vida activa y sana. Asimismo, deberán tender a promover la seguridad alimentaria, a objeto de mitigar el peligro o merma en la calidad de vida que una crisis pueda ocasionar en una fuente alimentaria. La promoción de la seguridad alimentaria considerará aquellas políticas públicas que permitan mejorar la productividad y la comercialización de los productos alimentarios del país.

El Ministerio y los organismos que dependan de él deberán, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, así como en sus actividades y en el diseño e implementación de lineamientos, planes, políticas, programas y normativas, tener en especial consideración las características y necesidades de cada zona del país, y en caso de ser necesario deberá adaptar los instrumentos para que sean eficientes y eficaces para lograr su fin.

Artículo 2.- Funciones del Ministerio. Para el cumplimiento de sus objetivos corresponderá al Ministerio, en particular, las siguientes funciones y atribuciones:

a) Estudiar, diseñar y proponer al Presidente de la República los lineamientos, planes, políticas, programas y normativas que promuevan el desarrollo de los sectores agrícola, ganadero, acuícola, pesquero, alimentario y forestal;

b) Orientar, fomentar, coordinar y supervigilar el funcionamiento de los Servicios dependientes o relacionados con el Ministerio, ya sean, centralizados o descentralizados y, vincularse con los otros ministerios para la elaboración, ejecución y evaluación de los lineamientos de los sectores agrícola, ganadero, acuícola, pesquero, alimentario y forestal;

c) Coordinar acciones destinadas a la formulación de una Política Nacional de Desarrollo Rural, enfocada al desarrollo e integración de los habitantes de los sectores rurales del país, procurando mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de las personas que viven en el mundo rural, de acuerdo a las competencias propias del Ministerio; como también en coordinación con los demás ministerios y entidades públicas con competencias en estas materias;

d) Velar por el cumplimiento de las políticas, planes, programas, estrategias y acciones tendientes a fortalecer el desarrollo integral y armónico, así como a la protección del patrimonio natural, cultural y económico de las caletas, de acuerdo a las competencias propias del Ministerio; debiendo actuar coordinadamente y en colaboración con los demás ministerios y entidades públicas con competencias en estas materias;

e) Promover el desarrollo de los sectores de su competencia a través de mecanismos que consideren actividades de innovación, investigación, transferencia tecnológica y conectividad digital, procurando la producción de alimentos inocuos con procesos que incorporen mayor valor y amigables con el medio ambiente, sin perjuicio de las competencias y en coordinación con otros ministerios y servicios sobre esta materia;

f) Proponer iniciativas y coordinar estrategias y programas que tengan por objetivo aumentar el uso eficiente y disponibilidad del agua para los sectores agrícola y ganadero, acuícola, pesquero, alimentario y forestal, velando por la sustentabilidad de los cultivos, sin perjuicio de las competencias y en coordinación con otros ministerios y servicios sobre esta materia;

g) Promover actividades de producción agrícola, alimentaria, acuícola y de pesca, la protección de recursos naturales y el desarrollo forestal, de manera inocua, limpia, sostenible y compatible con el medio ambiente, sin perjuicio de las competencias y en coordinación con otros ministerios y servicios sobre esta materia;

h) Proponer criterios destinados a promover el comercio exterior y evitar la competencia desleal en los sectores silvoagropecuario, alimentario, acuícola y pesquero, en coordinación con los ministerios y servicios que tienen competencia en dicha materia;

i) Proponer programas y estrategias que promuevan la producción de alimentos inocuos para consumo humano y/o animal, nacional o de exportación y velar por la inocuidad de los alimentos importados destinados al consumo humano y/o animal, todo lo anterior, conforme a la regulación sanitaria, fito, zoosanitaria correspondiente y considerando aquellas políticas que permitan mejorar la productividad y la comercialización de los productos alimentarios.

Además, deberá velar durante el proceso de producción de los alimentos destinados al consumo humano y/o animal, por la inocuidad de éstos, ejerciendo el control y la fiscalización de este proceso a través del Servicio Agrícola y Ganadero, o el servicio que lo reemplace, en conformidad a sus atribuciones legales. Para lo anterior, se comprenderá dentro del proceso de producción de alimentos destinados al consumo humano y/o animal, el cultivo, recolección, procesamiento, elaboración, envasado, etiquetado, conservación y almacenamiento de los alimentos en los lugares de acopio utilizados durante este proceso. No se considerará parte de este proceso, la distribución, acopio o almacenamiento de alimentos hacia o en establecimientos destinados directamente al expendio o consumo humano.

Con el objeto de propender a la unidad de acción, evitar duplicidades o interferencia de funciones, los Ministros de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, y Salud, dictarán un reglamento en forma conjunta, el que establecerá los mecanismos y procedimientos para la ejecución coordinada de las funciones establecidas en el presente literal.

j) Proponer políticas para promover la selección, desarrollo, conservación y mejoramiento de los recursos genéticos del ámbito alimentario, silvoagropecuario y acuícola, sin perjuicio de las atribuciones que a otros ministerios correspondan en la materia, promoviendo la colaboración interinstitucional en el desarrollo de dichas políticas, entre los distintos organismos de investigación vinculados al área alimentaria, ya sean estos públicos o privados;

k) Velar y promover acciones tendientes a fortalecer la libre competencia de los mercados de bienes y servicios en los sectores económicos relacionados a este Ministerio, lo cual es sin perjuicio de las funciones y atribuciones que corresponden por ley a otros ministerios y entes públicos, en especial los encargados de prevenir ilícitos anticompetitivos, contemplados en el decreto ley N° 211, de 1973;

l) Proponer estrategias y programas sectoriales vinculados a materias agropecuarias, alimentarias, acuícolas, pesqueras y forestales, en función de la territorialidad específica, ya sea dentro del ámbito regional, provincial, comunal u otro sector particular dentro del país;

m) Participar en la elaboración de los presupuestos de los organismos dependientes o relacionados con el Ministerio, promoviendo su coherencia con la política agroalimentaria, acuícola, pesquera y forestal del país. En el ejercicio de esta facultad, deberá efectuar el seguimiento de su gestión programática y presupuestaria;

n) Promover políticas y generar información que derive en acciones y programas de mitigación y adaptación frente al fenómeno del cambio climático, respecto de los sectores silvoagropecuarios, pesca, acuicultura y alimentario, sin perjuicio de las funciones y atribuciones que corresponden por ley a otros ministerios y entes públicos y en coordinación con estos, promoviendo la colaboración interinstitucional en el desarrollo de dichas políticas, entre los distintos organismos de investigación vinculados al área alimentaria, ya sean estos públicos o privados;

o) Coordinar la comunicación y difusión de las políticas, planes, programas, proyectos y actividades sectoriales, ya sea del propio Ministerio como también de sus servicios dependientes o relacionados;

p) Proponer estrategias, planes y programas que resguarden y estimulen las costumbres y tradiciones del mundo rural y pesquero artesanal, sin perjuicio de las competencias y en coordinación con otros ministerios y servicios públicos competentes en esta materia;

q) Estudiar, analizar y proponer políticas públicas y marcos regulatorios que permitan mejorar la producción y/o productividad, la elaboración y la comercialización, según sea el caso, de productos agrícolas, ganaderos, forestales, alimentarios, pesqueros y acuícolas, resguardando la salud animal, vegetal y de los consumidores;

r) Articular y promover acciones tendientes a fomentar la participación público-privado, como de la sociedad civil, en materias de competencias propias del Ministerio; y

s) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le asigne la ley.

TÍTULO II

Párrafo 1°

De la Organización del Ministerio

Artículo 3.- Estructura del Ministerio. La organización del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural será la siguiente:

a) La Ministra o el Ministro de Agricultura, Pesca, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural.

b) La Subsecretaría de Agricultura, Alimentos Recursos Forestales y Desarrollo Rural.

c) La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

d) Las secretarías regionales ministeriales.

e) Las direcciones zonales de Pesca de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Un reglamento expedido por el Ministerio determinará su estructura organizativa interna, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Artículo 4.- De la Ministra o del Ministro. La Ministra o el Ministro es el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en la conducción del ministerio y la dirección superior de las políticas nacionales, planes y programas en materia de agricultura, ganadería, alimentos, pesca y acuicultura, recursos forestales y desarrollo rural.

A la Ministra o al Ministro le corresponderá especialmente velar por la consistencia y coherencia de las labores realizadas por las subsecretarías y los servicios relacionados o dependientes que forman parte de su estructura, resolviendo cualquier asunto que pueda suscitarse en cuanto a sus competencias.

La Ministra o el Ministro de Agricultura, Pesca, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural será subrogado en primer orden por el subsecretario de Agricultura, Recursos Forestales, Alimentos y Desarrollo Rural, y a falta de éste, por el subsecretario de Pesca y Acuicultura, sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para nombrar como subrogante a otro Ministro de Estado.

Párrafo 2º

De la Subsecretaría de Agricultura, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural

Artículo 5.- De la Subsecretaría de Agricultura, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural. La Subsecretaría de Agricultura, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural estará a cargo de la Subsecretaria o Subsecretario de Agricultura, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural, quien será el jefe superior del Servicio y tendrá el carácter de colaborador inmediato de la ministra o ministro.

Corresponderá a la Subsecretaria o al Subsecretario de Agricultura, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural:

a) Proponer a la Ministra o al Ministro políticas, planes y programas relativos a los sectores agropecuario, alimentario y forestal, y al desarrollo rural del país y evaluarlos, además de estudiar y proponer las normas aplicables a dichos sectores;

b) Ejercer la administración interna del Ministerio;

c) Ser el superior administrativo de las Secretarías Regionales Ministeriales;

d) Coordinar la acción de los órganos y servicios públicos de los sectores agropecuario, alimentario y forestal del país, los que se relacionarán con el Ministerio a través de ésta; y

e) Las tareas que la Ministra o el Ministro le encomiende y las demás atribuciones que le asigne la legislación vigente.

Específicamente en materias alimentarias, deberá coordinar su accionar con la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, de conformidad a lo establecido en el literal i) del artículo 2 precedente.

Artículo 6.- De las Secretarías Regionales Ministeriales. En cada región del país habrá una Secretaría Regional Ministerial a cargo de una Secretaria o Secretario Regional Ministerial, las que se encontrarán sometidas a lo dispuesto en la ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio del Interior. Sin embargo, corresponderá a las Direcciones Zonales de Pesca de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura ejercer las competencias en las materias referidas a pesca y acuicultura. Lo anterior, es sin perjuicio del deber de coordinación con las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales en todas aquellas materias que corresponda.

Párrafo 3º

De la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

Artículo 7.- De la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Esta Subsecretaría estará a cargo de la Subsecretaria o del Subsecretario de Pesca y Acuicultura quien será el colaborador inmediato de la Ministra o Ministro de Agricultura, Pesca, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural en la acción que sobre el sector pesquero y acuícola le competa y coordinará la acción de los órganos y servicios públicos de los sectores acuícolas y pesqueros del país, los que se relacionarán con el Ministerio a través de ésta. Asimismo, ejercerá la coordinación con el sector privado pesquero industrial, artesanal y acuícola mediante las instancias de participación previstas en la legislación vigente.

Artículo 8.- De las Direcciones Zonales de Pesca. Las Direcciones Zonales de Pesca y Acuicultura estarán a cargo de un Director o Directora quién dependerá jerárquicamente de la Subsecretaria o Subsecretario de Pesca y Acuicultura. El Director o Directora presidirá el o los Consejos Zonales de Pesca existentes en el área en que deba ejercer sus funciones, coordinará su acción con los órganos públicos de la región en materia de pesca y acuicultura, atenderá las consultas de los usuarios y difundirá la normativa pesquera y acuícola, ejercerá las funciones que la ley le señale y las demás que le delegue el Subsecretario o Subsecretaria de Pesca y Acuicultura.

Las Direcciones Zonales están agrupadas por regiones según se señala a continuación:

a) Región de Arica y Parinacota, Región de Tarapacá y Región de Antofagasta;

b) Región de Atacama y Región de Coquimbo;

c) Región de Valparaíso, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins y Región del Maule;

d) Región de Ñuble y Región del Biobío;

e) Región de La Araucanía y Región de Los Ríos;

f) Región de Los Lagos;

g) Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo;

h) Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Párrafo 4º

Disposiciones Comunes a las Subsecretarías

Artículo 9.- Subrogancia de las Subsecretarias o de los Subsecretarios. En los casos de subrogación de las Subsecretarias o de los Subsecretarios, se aplicarán las normas del artículo 79 y siguientes del decreto con fuerza de ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo.

TÍTULO III

Del Personal

Artículo 10.- El personal del Ministerio estará afecto a las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y en materia de remuneraciones, a las normas del decreto ley Nº 249, de 1973, del Ministerio de Hacienda, que fija escala única de sueldos para el personal que señala, y su legislación complementaria.

Artículo 11.- Modifícase la planta de personal vigente de la Subsecretaria de Agricultura, fijada por el artículo 6 de la ley N° 19.147, que crea la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, como sigue:

TÍTULO IV

Disposiciones Finales

Artículo 12.- Todas las referencias que en la legislación y normativa vigente se hagan al Ministerio de Agricultura, se entenderán hechas al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural. Del mismo modo, toda referencia que se haga a la Subsecretaría de Agricultura y a sus Secretarías Regionales Ministeriales se entenderá efectuada, respectivamente, a la Subsecretaría de Agricultura, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural y, a las Secretarías Regionales Ministeriales.

Artículo 13.- Traspásese la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural. Además, traspásense a este último Ministerio los servicios dependientes o que se relacionen por intermedio de dicha Subsecretaría.

Las referencias que se hagan al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, como a la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño en los casos que corresponda en las leyes, reglamentos, decretos, resoluciones o convenios en materia de pesca y de acuicultura, se entenderán hechas al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural.

En virtud de lo anterior, desde el momento de la entrada en vigencia de la presente ley, se entenderán traspasadas al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural, por el sólo ministerio de la ley, todas las atribuciones y funciones que en materia pesquera y acuícola tenga competencia el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Artículo 14.- Derógase el decreto con fuerza de ley Nº 294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que establece funciones y estructura del Ministerio de Agricultura.

Artículo 15.- Modifícase la ley N° 18.755 que establece normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero, deroga la ley N° 16.640 y otras disposiciones, en el siguiente sentido:

a) Incorpórase en el artículo 2°, a continuación del punto final, que pasará a ser un punto y coma “;” la siguiente expresión:

“controlar y fiscalizar, acorde las políticas y/o estrategias que instruya el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural, la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano y/o animal, durante el proceso de producción de los mismos, en conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes.”.

b) Incorpórase en el artículo 3° el siguiente literal r), nuevo:

“r) Controlar y fiscalizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano y/o animal durante el proceso de producción de los mismos. Se comprenderá en la producción de alimentos, el cultivo, recolección, procesamiento, elaboración, envasado, etiquetado, conservación y almacenamiento de los alimentos en los lugares de acopio utilizados durante este proceso. No se considerará parte de este proceso, la distribución, acopio o almacenamiento de alimentos hacia o en establecimientos destinados directamente al expendio o consumo humano.”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero. La presente ley entrará en vigencia dentro del plazo de seis meses contado desde su publicación en el Diario Oficial. Dentro de este plazo se deberán efectuar todas las gestiones administrativas para concretar el traspaso de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y los servicios dependientes o que se relacionen por intermedio de dicha Subsecretaría, desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural.

Artículo segundo. El reglamento al que hace referencia el inciso segundo del artículo 3 de la presente ley, deberá dictarse en un plazo de tres meses contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

Artículo tercero. El reglamento a que hace referencia el literal i) del artículo 2 de esta ley, deberá dictarse en un plazo de seis meses contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

Artículo cuarto. Facúltase a la Presidenta o Presidente de la República, para que en el plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, dicte un decreto con fuerza de ley, expedido a través del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentos, Recursos Forestales y Desarrollo Rural, el que también deberá ser suscrito por la Ministra o el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, fijando el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura; de la ley N° 21.069, que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, Indespa; de la ley N° 21.027, que regula el Desarrollo Integral y Armónico de Caletas Pesqueras a nivel nacional y fija normas para su declaración y asignación; y del decreto con fuerza de ley N° 5, de 1983, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N°34, de 1931, que legisla sobre la industria pesquera y sus derivados. El mencionado decreto con fuerza de ley, junto con refundir, coordinar y sistematizar la normativa señalada, deberá, modificar las referencias al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, como a la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, de acuerdo a lo establecido en la presente ley, en los casos que corresponda, y actualizar los nombres de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.”.

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Se designó Diputado Informante al señor Jorge Sabag Villalobos.

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Sala de la Comisión, a 22 de septiembre de 2020.

MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS

Abogada Secretaria de la Comisión