Labor Parlamentaria

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

A solicitud del diputado Florcita Alarcón , la Sala guardará un minuto de silencio con ocasión del sensible fallecimiento de don Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido bajo el seudónimo de Quino, famoso humorista gráfico e historietista argentino ganador del premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, y de la medalla de la Orden de las Artes y las Letras, de Francia.

Quino fue el creador de la famosa tira cómica Mafalda , publicada entre 1964 y 1973, obra conocida y replicada en todo el mundo hasta la actualidad.

Invito a todos a ponerse de pie.

-Las señoras diputadas, los señores diputados y los funcionarios guardan, de pie, un minuto de silencio.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Muchas gracias.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités, y tres minutos a las demás, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana es el señor Raúl Leiva .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Documentos de la Cuenta N° 3 de este boletín de sesiones

-El primer informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana se rindió en la sesión 77ª de la presente legislatura, en jueves 24 de septiembre 2020.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor LEIVA (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana, paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de suma, que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (boletín N° 12250-25).

De conformidad con lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Corporación, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por la Cámara de Diputados en la sesión 77ª, del 24 de septiembre del año en curso, con una indicación formulada por varios señores diputados y señoras diputadas, presentada en la Sala y admitida a tramitación, que generó este trámite adicional. No se presentaron otras indicaciones en este trámite en la comisión.

Constancias reglamentarias

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 305 del Reglamento de la Corporación, en este informe debe dejarse constancia de lo siguiente:

1. De las disposiciones que no fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones durante la elaboración del segundo informe en la comisión Se encuentran en la situación descrita en este punto los siguientes artículos del proyecto: los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 permanentes, además de los artículos primero, segundo y tercero transitorios.

Se hace presente que el artículo 1 fue objeto de una indicación, que fue declarada inadmisible.

2. De las disposiciones que deben darse por aprobadas reglamentariamente, con indicación de aquellas que requieren un quorum especial de aprobación

Las normas que se encuentran en esta situación, para los efectos del artículo 30 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se detallan en el informe pertinente que está a disposición de las señoras y de los señores diputados.

3. De las disposiciones que el Senado calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado y aquellas a las que la comisión otorgó igual carácter Tal como se consignó en el primer informe, el texto tratado y despachado por el Senado contiene una serie de disposiciones que requieren quorum especial de aprobación, que se transcriben en el informe respectivo. No obstante, se deja constancia de que en este trámite no hay normas aprobadas con ese carácter.

4. Respecto de los artículos suprimidos e indicaciones rechazadas

No hay artículos suprimidos y no hay indicaciones rechazadas.

5. De las indicaciones declaradas inadmisibles

De los diputados señores Jorge Alessandri , Pepe Auth , Miguel Ángel Calisto , Álvaro Carter, Juan Antonio Coloma , Luciano Cruz-Coke , Javier Hernández , Gonzalo Fuenzalida , Cristhian Moreira , Sebastián Torrealba y Osvaldo Urrutia , y de las diputadas señoras María José Hoffmann y Maite Orsini , del siguiente tenor:

Al artículo 1°:

Para incorporar el siguiente número 15), nuevo, reordenándose la numeración que le sigue, correlativamente:

“15) Incorpóranse, a continuación del artículo 72, los siguientes artículos 72 bis y 72 ter, pasando el actual artículo 72 bis a ser artículo 72 quáter:

“Artículo 72 bis.- El personal tendrá derecho a exigir que la institución persiga la responsabilidad civil y penal de las personas que atenten contra su vida o integridad física, como consecuencia del desempeño de sus funciones o de actos del servicio. Los atentados contra la vida o integridad física del personal serán considerados accidentes en acto del servicio para efectos de lo previsto en el artículo anterior.

Para efectos de lo previsto en el inciso anterior, la denuncia deberá ser presentada, con la debida prontitud, ante el Ministerio Público o ante cualquier tribunal con competencia criminal si no hubiere fiscalía en el lugar en que el personal desempeña sus funciones, por el General Director, a solicitud escrita del afectado, y cuando éste fuere el General Director, la denuncia la hará el Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Artículo 72 ter.- El personal tendrá derecho a ser defendido por la institución en el evento que alguna persona natural, persona jurídica u órgano del Estado presente una denuncia administrativa o deduzca acción penal en su contra, respecto del desempeño de sus funciones o de la ejecución de actos de servicio realizados durante manifestaciones públicas.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el personal respecto de quien se haya presentado una denuncia o deducido una querella deberá solicitar por escrito al General Director disponer los recursos necesarios para defender al personal denunciado o querellado, según se trate.

Con todo, el General Director podrá denegar la solicitud realizada por motivos calificados mediante un acto administrativo fundado.”.”.

Sometida a decisión de la comisión la declaración de admisibilidad de esta indicación, se dan argumentos a favor de la inadmisibilidad, por ser contraria a las ideas matrices del proyecto, porque se establece una nueva atribución para Carabineros, que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y porque, además, irrogaría gasto fiscal, materia que ya está legislada en el artículo 33 bis, etcétera.

Puesta en votación la declaración de admisibilidad, se rechaza por falta de quorum de aprobación. Votan a favor los diputados Jorge Alessandri , Miguel Ángel Calisto (Presidente), Gonzalo Fuenzalida , Luis Pardo y Sebastián Torrealba . En contra los diputados Marcelo Díaz , Raúl Leiva , Andrea Parra y Marisela Santibáñez . Se abstiene el diputado Carlos Abel Jarpa .

En consecuencia, se declara inadmisible la citada indicación. No hay disposiciones modificadas en este segundo trámite.

No hay disposiciones introducidas en este segundo trámite que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

No hay modificaciones introducidas al texto propuesto por el Senado.

Finalmente, la Comisión de Seguridad Ciudadana recomienda a la Sala aprobar el proyecto en los mismos términos que lo hiciera en su primer informe.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER (vía telemática).-

Señor Presidente, por años la institución de Carabineros de Chile fue reconocida como honorable y confiable, sobre todo en los primeros años de la vuelta a la democracia.

Es lamentable que en los últimos años, por causa de un contingente acotado y minoritario de funcionarios activos y en retiro de la institución, que dieron paso a situaciones como el “caso Fraude” o la “operación Huracán”, esta imagen se haya debilitado al punto de que la sociedad civil las denigra y menoscaba.

Es una lástima que este proyecto de ley haya permanecido casi un año en el Senado y no se le haya dado una tramitación más expedita con todo lo que ha sucedido.

Los hechos lamentables de corrupción dejaron al descubierto la falta de instrumentos de control y de transparencia, así como el descuido que, como legisladores, tuvimos frente a estas situaciones.

Me parece que el presente proyecto aborda las medidas que permiten implementar un efectivo control de la gestión financiera de las policías e incrementa también los niveles de transparencia de las mismas.

En fin, hoy más que nunca, con el escenario de creciente delincuencia y desórdenes que Chile enfrenta, la modernización de nuestras policías y el robustecimiento de su institucionalidad resultan imperiosos si queremos que las políticas de seguridad pública tengan éxito.

Apoyo los acuerdo adoptados en la última sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana y el texto propuesto del proyecto.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, tal como discutimos en la Comisión de Seguridad Ciudadana, este proyecto de ley tiene exactamente el mismo texto que la Cámara aprobó en general el pasado 24 de septiembre. Es importante señalar que no hay modificaciones al proyecto que votó esta Sala en esa fecha. Solo fue objeto de una indicación, que presentó problemas de forma y de fondo, que fue declarada inadmisible, en tanto irroga gasto fiscal y establece nuevas atribuciones para Carabineros de Chile. Sin embargo, es importante advertir, ante su eventual renovación, lo nefasto de la misma, pues propone dos nuevos artículos: el 72 bis y el 72 ter, que proponen dos figuras distintas.

El artículo 72 ter propone que, en caso de que algún funcionario, sea de Carabineros o de la Policía de Investigaciones, sufra algún atentado contra su vida o su integridad física, deberá ser patrocinado por Carabineros de Chile. Eso ya está resuelto, aprobado en general y en particular en la comisión, en el artículo 33 bis. Vale decir, cuando un funcionario de Carabineros sufre un atentado en contra de su vida, la institución debe necesariamente patrocinar y deducir las querellas criminales y las acciones civiles correspondientes al caso.

Por consiguiente, esto ya está resuelto en el proyecto de ley en el artículo 33 bis.

Sin embargo, la figura que se propuso en el artículo 72 ter es todo lo contrario, porque no se refiere a cuando el funcionario de Carabineros o de la Policía de Investigaciones fuese sujeto pasivo de una acción criminal; por el contrario, la propuesta que se declaró inadmisible pretendía que fueran defendidos aquellos funcionarios de Carabineros que cometieran delitos y se apartaran de las normas debidas y de los procedimientos, y fueran objeto de una querella criminal por parte del Estado, de personas naturales o de personas jurídicas. Además, se señalaba de manera expresa: por actos en manifestaciones públicas.

Vale decir, en este artículo 72 ter propuesto, y declarado inadmisible, lo que se pretendía era que, respecto de aquellos malos funcionarios de Carabineros que obraran fuera de las esferas de sus atribuciones y del marco normativo, que causaran daño, que cometieran violaciones a los derechos humanos o que, incluso, defraudaren a la institución, la institución debía hacerse cargo de su defensa específica y privilegiada, obviando que toda persona que comete un hecho que revista carácter de delito tiene necesariamente la debida defensa por la Defensoría Penal Pública, pagada por todos los chilenos. En este caso, no siendo suficiente eso, se pretendía que esas personas que cometen delitos en el ejercicio de sus funciones en manifestaciones públicas, causando daño, haciendo perder la vida y provocando mutilaciones a manifestantes además recibieran necesariamente la protección de la institución y se destinaran recursos a una defensa de la institución. Vale decir, se buscaba defender a criminales y a personas que cometen delitos.

Tan mala era la redacción de ese artículo 72 ter, declarado inadmisible, que incluso habilitaría para que aquellas personas que cometieron el peor fraude de Carabineros en la historia tuvieran derecho a exigir que la institución los defendiera. Ese es el sinsentido de esa indicación.

Por ello hemos solicitado, no solo por los problemas de admisibilidad ya expuestos en el informe y también en esta presentación, sino también por los problemas de contrasentido y de redacción que tiene, que no se renueve esa indicación, porque es inconcebible que este Parlamento, con todo lo que conoce y con todo lo que también sabe la comunidad, se preste para que Carabineros de Chile, con recursos del Estado, defienda a personas que han cometido delitos, que han cometido graves violaciones a los derechos humanos.

Vuelvo a insistir: la redacción de esa indicación implicaría que, incluso, el peor fraude en la historia de nuestro país realizado en Carabineros deba ser amparado y protegido con una defensa judicial de Carabineros de Chile. Vale decir, los malos funcionarios, quienes cometen delitos, además debieran ser defendidos por la institución. Eso es inaceptable y debe ser rechazado de manera total y absoluta.

Por eso hago un llamado a quienes patrocinaron esa indicación a que no la renueven. Me refiero a los diputados Jorge Alessandri , Pepe Auth , Miguel Ángel Calisto , Álvaro Carter, Juan Antonio Coloma , Luciano Cruz-Coke , Javier Hernández , Gonzalo Fuenzalida , Cristhian Moreira , Sebastián Torrealba , Osvaldo Urrutia , María José Hoffmann y Maite Orsini . Les pedimos, por favor, que no la renueven, no solo por los problemas ya planteados de inadmisibilidad, sino porque es inconcebible que este Parlamento siquiera pueda dar el amparo jurídico a delincuentes que han cometido un grave daño a la institución de Carabineros y, por sobre todo, han mutilado y causado graves infracciones a los derechos humanos en nuestro país.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, también soy uno de los firmantes de esa indicación, y a mucha honra, porque los carabineros no se levantan en la mañana a cometer delitos. Los carabineros de Chile no se levantan a incumplir las leyes que han jurado respetar con su vida; han jurado dar la vida por los chilenos. Ellos no se levantan a hacer daño. Son otros los que se levantan a hacer daño y a tratar de matar carabineros. Sucede en La Araucanía, donde el otro día no trepidaron en encerrar a carabineros, en quemarles sus vehículos, en dispararles, y ellos no respondieron. ¿Saben por qué no respondieron? Por este tipo de leyes, que hacen que se llenen de informes, que vengan a besar el anillo a las comisiones aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado, y a que digan qué es lo que van a hacer el próximo año. Entonces, los diputados les dicen: “No, no quiero que compren tal vehículo, sino este otro”. ¡Eso se hace en la discusión del proyecto de ley de presupuestos!

¿Por qué tienen que venir de nuevo a las comisiones? ¿Qué va a pasar con la burocracia administrativa? Lo pregunto porque les piden informes y más informes.

Ahora, fíjense en lo que está pasando con la gente que no quiere entrar a Carabineros de Chile. Es justamente por esto: porque les dicen que son culpables antes de tener un juicio. Es más, en el estallido delincuencial dijeron que la plaza Italia era un centro de detención. Aquí también lo dijo la izquierda, y salió profusamente en los medios de comunicación. ¿Pero sabe lo que pasó después, señor Presidente? Ustedes los saben: fueron puras mentiras, y el honor de esos carabineros que funcionaban en ese cuartel fue deshonrado; sus familias e hijos fueron funados a través de las redes sociales. Incluso, en algún retén hubo un señor que dijo que lo habían violado. Y también, de la misma forma, esos carabineros fueron denostados públicamente y apartados de su servicio. ¡Y era mentira!

Ahora resulta que las mismas mentiras van a quedar plasmadas en este proyecto de ley, porque van a hacer una especie de call center para que en Carabineros, en el Ministerio del Interior, puedan denunciar a los carabineros. ¿Quién los va a defender? Ellos tendrán que hacerlo, con la plata de su bolsillo, porque los van a separar. Y cuando sean formalizados, ¿saben qué pasará? Se les quitará el sueldo.

Entonces, nosotros presentamos esta indicación, porque lo que dispone la iniciativa es burocracia administrativa, ya que es el carabinero el que tiene que solicitar la defensa. Debe enviar una solicitud, previa autorización del Ministerio del Interior -es decir, burocracia-, y después viene la institución que persiga judicialmente -o sea, burocracia de nuevo-.

Entonces, ¿cuándo Carabineros de Chile va a tener derechos humanos para defenderse? ¿Qué va a pasar con estas iniciativas? Lo que va a pasar es que Carabineros va a estar con los brazos abajo, va a llegar tarde a los procedimientos, porque va a preferir que coloquen que está incumpliendo los deberes militares que meterse en una funa, en la que le van a decir…

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN [vía telemática].-

Señor Presidente, quiero intervenir porque soy hijo de carabinero. Mi papá era carabinero.

En aquella época, antiguamente, existían tres autoridades en todos los pueblos: el profesor, el señor cura y el carabinero, respetados sin que nadie tuviera que pedir respeto.

Lo que se alega ahora es diferente, porque en esta época ya se percibe otra conducta de los carabineros. Se encuentran hasta grupos delincuenciales dentro de Carabineros.

Hay que recordar que esta época es diferente a la antigua, donde se tenía “un amigo en su camino”. Mi padre era carabinero, y yo actualmente siento que, incluso, Carabineros ya casi es de la derecha. Es de las fuerzas armadas de la derecha; no es de todo Chile.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix) [vía telemática].-

Señor Presidente, mi hijo pequeño quiere ser policía, pero para el estallido social entró en crisis porque vio cómo carabineros golpeaban a la gente en la calle. Ahora hizo un dibujo en donde aparecen policías buenos y policías malos; él quiere ser de los buenos.

Por su intermedio, señor Presidente, quiero expresar al diputado Miguel Mellado que no todos los policías son buenos; quien crea eso está equivocado: no todos son buenos ni todos son malos. Así como un niño de siete años lo tiene claro, en la Cámara de Diputados también debiéramos tenerlo claro. No se puede hacer una defensa a pie juntillas de Carabineros.

Ayer estuve en el valle de Elicura, en Contulmo, con aquellas personas a las que el ministro del Interior trató de terroristas. Tomé once con esos vecinos que fueron golpeados por carabineros que no se identificaron como tales. Solo lo hicieron cuando se vieron rodeados por más vecinos, luego de que tuvieron que bajarse de una de sus camionetas después de que chocaran al costado de las casas que se encuentran en la entrada de la comunidad.

Sin embargo, la versión fue que un grupo imaginario de encapuchados armados había efectuado un ataque a efectivos de Carabineros, en circunstancias de que en realidad se trataba de tres vecinos que habían ido con sus cañas a pescar, los que fueron brutalmente golpeados por carabineros.

Al día siguiente, efectivos de las fuerzas especiales concurrieron al lugar y dispararon balines de acero hacia el interior de la comunidad, producto de lo cual quedó gente herida. Los cartuchos que quedaron botados fueron entregados ayer a representantes del INDH, uno de los cuales fue encontrado sin percutar, de modo que será posible determinar su contenido.

Carabineros fue a provocar a los vecinos para que les tiraran piedras y poder entrar, porque es un recinto privado. No obstante, los vecinos no aceptaron la provocación y entraron a sus casas, pues es gente tranquila.

Ellos recordaron que cuando el ministro del Interior fue candidato a senador realizó un puerta a puerta y pasó por sus casas para pedirles el voto. Tal vez es un hecho anecdótico, pero es importante, porque a una de las personas que él imputa como terrorista, que fue una de las víctimas de la golpiza, fue brigadista de su campaña e instaló sus pancartas, quien se apuró en señalar que no lo había hecho por razones políticas, sino por la necesidad de trabajar.

Estamos frente a un caso de abuso policial que como sociedad no podemos aceptar, aun más cuando a quienes fueron víctimas de él se les quiere aplicar la ley antiterrorista sobre la base de un relato que no es real.

Reitero: ayer tomé once con ellos, ocasión en que me dieron a conocer sus nombres y su testimonio, encuentro en el que se hicieron presentes representantes del INDH, quienes constataron que se trataba de vecinos comunes y corrientes.

Entonces, ¿quién protege a la comunidad? ¿Dónde están los policías buenos en este país? Los vecinos afectados tienen una muy buena relación con Carabineros de Contulmo, pero este episodio los tiene asustados en sus casas.

Por lo tanto, este país le debe una explicación a la comunidad de Contulmo que fue afectada por el grave hecho que he señalado.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila ) [vía telemática].-

Señor Presidente, es de público conocimiento que Carabineros de Chile es una institución que años atrás contaba con la confianza de nuestra ciudadanía, pero hoy, lamentablemente, es una de las más desprestigiadas del país.

Cabe recordar los casos de corrupción, como el conocido “pacogate”; la violencia contra manifestantes, no como un hecho aislado, sino como violencia sistemática; las mutilaciones y las violaciones de los derechos humanos; el homicidio de Camilo Catrillanca ; su actuar en la Araucanía, escoltando a personas que ingresaron a una municipalidad a golpear a comuneros mapuches, y los casos de abusadores de mujeres en la institución, que gozan de un pacto de silencio en virtud del cual la institución protege a sus funcionarios antes que a las mujeres que día a día son víctimas de ellos. Todos esos casos han mermado la confianza en Carabineros, realidad que no solo es reflejada en las encuestas.

Una muestra clara del desprestigio que hoy afecta a Carabineros es la baja en las cifras de postulantes a la institución, cuya disminución no se debe, como lo indicó el ministro de Defensa, al temor de las lesiones de que pudieran ser objeto en actos de servicio. No es así; se debe a la desconfianza en la institución.

Los hechos hablan por sí solos. La ciudadanía ha podido ver claramente que esta institución necesita ser revisada y reformada de manera urgente y profunda.

El proyecto que estamos discutiendo se hace cargo de muchas de las falencias que hoy tiene la institución de Carabineros, pero, lamentablemente, deberemos pronunciarnos respecto de una iniciativa que fue pensada y formulada antes de los hechos que acaecieron en octubre del año pasado.

Quiero destacar, por ejemplo, la creación de un sistema de evaluación de los protocolos; los procedimientos de los resultados de la gestión policial; la explicitación del deber respetar la protección de los derechos humanos por parte de las policías; la creación de un sistema para la resolución de reclamos por parte de la ciudadanía; un modelo de control interno de conductas indebidas; la implementación de un sistema de control preventivo de declaraciones de patrimonio e intereses para oficiales; la incorporación de oficiales generales como sujetos de la ley del lobby, también valorable; la creación de una alta repartición para auditar internamente a la institución, aunque sigue dependiendo jerárquicamente del general director de Carabineros, fórmula que obviamente hay que revisar, porque no permite un real control civil.

Por supuesto, se agradecen los avances que plantea el proyecto de ley, pero debemos tener claridad de que lo que hoy votaremos no es suficiente en absoluto.

Las deficiencias de la institución de Carabineros no se solucionan en su totalidad con el proyecto. Hace falta calar muy hondo en esta institución. No falta simplemente, por ejemplo, con señalar que se deben respetar los derechos humanos, sino que se debe invertir tiempo en formación y recursos, si es necesario hacerlo, para que ello sea posible y real. Se requiere también voluntad política en ese sentido.

Basta con ver el caso de Alemania, que acaba de dar de baja a veintinueve policías por participar en chats de ultraderecha en los que se compartían imágenes de Hitler y alusiones racistas y xenófobas. Hoy, incluso, investigan en Alemania la existencia de una red de ultraderecha al interior de la policía. Lamentablemente, eso está lejos de suceder en nuestro país.

Del mismo modo, en Chile debemos comprometernos con la eliminación de las lógicas instauradas en dictadura.

El gobierno debe comprometerse con una policía que defienda a la ciudadanía, no que la mutile; que proteja las manifestaciones pacíficas, en lugar de reprimirlas; que entienda que no pueden existir pactos de silencio en que queden impunes las violaciones a los derechos humanos, las mutilaciones, las lesiones oculares, las muertes de manifestantes, la represión a servicios de primeros auxilios en manifestaciones.

Se necesita una policía que entienda que su función es servir y proteger a la ciudadanía, no a los gobiernos ni al poder de turno.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza .

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer infinitamente no solo a los más de 60.000 funcionarios y funcionarias de Carabineros por la labor que realizan en el día a día en nuestro país, sino también a sus familias, a aquellos padres, a aquellos hijos, a aquellas esposas y esposos que tienen muchas veces que vivir con la inseguridad por las salidas de funcionarios y funcionarias de Carabineros.

La diputada Vallejo diferenció claramente lo que eran las manifestaciones pacíficas de las manifestaciones violentas. De allí la inseguridad que se genera ante el tipo de situaciones a las que deben hacer frente los funcionarios de Carabineros.

Chile vivió una etapa tremendamente violenta a contar del 18 de octubre. ¿Y qué pasó? Que nuestros carabineros y nuestras carabineras eran violentamente atacados. ¿Por qué? Por vestir un uniforme.

Ese uniforme representa algo. Eso se les olvida a algunos de los que hoy han intervenido para referirse a este proyecto, a esa izquierda que no ha evolucionado, sino que ha involucionado, que vuelve a usar la violencia como un método y una práctica para llegar al poder.

Esa incitación a la violencia que había hacia los carabineros y las carabineras se vivía en el día a día. Entonces, cuando se habla de que las cifras de postulación a Carabineros de Chile han bajado, díganme qué padre de familia hoy día va a incentivar a que su hijo ingrese a una institución que está siendo atacada diariamente.

Por eso es tan importante este proyecto, porque avanza en aspectos que hay que solucionar. Todas las instituciones deben ir modernizándose y adecuándose a los tiempos que se viven actualmente.

Como señalé, esta iniciativa es un avance. Comparto lo que se ha dicho aquí en cuanto a que no es la solución a todo, pero debemos ir avanzando, de manera de poder ir fortaleciendo a una institución tremendamente querida, que está en el corazón de las chilenas y chilenos; que, independiente de los gobiernos, ha mantenido su imparcialidad, porque en todos los gobiernos de la historia de Chile Carabineros ha estado al servicio del país, no de la administración de turno. Ello es tremendamente importante y destacable, y a eso se debe el reconocimiento ciudadano.

¡Cuando uno anda en terreno, cuando recorre las calles de nuestro país y cada una de las comunas que representamos, se da cuenta del respeto que existe por parte de la ciudadanía!

También hemos sido testigos de cómo desde este mismo hemiciclo algunos atacaron e indicaron a ciertos funcionarios de Carabineros como responsables de algo que después se demostró que era falso.

Entonces, no tratemos de instalar una falsa realidad sobre algo que no ocurre en el día a día, porque Carabineros de Chile sigue teniendo el respeto y el prestigio que se merece.

En esta misma Sala, ¿podemos decir que tenemos la altura moral para criticar a otra institución? ¿Acaso aquí no existen también responsabilidades -por su intermedio, señor Presidente, lo señalo a todos los colegas en diferentes delitos? ¡También hemos tenido responsables en este hemiciclo! Entonces, no podemos decir que aquí se tienen las manos limpias.

¿Con qué moral indican a otros cuando aquí hay algunos parlamentarios que han ordenado asesinatos en su momento? Y quién les dice ahora: “¿por qué estás sentado aquí?”. ¿O nos hace a todos responsables de eso?

No, señor Presidente. No podemos marcar a una institución por lo que han dicho o hecho unos pocos.

Por eso, voy a aprobar este proyecto.

He dicho.

Tiene la palabra la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea) [vía telemática].-

Señor Presidente, resulta bien increíble escuchar discursos como los que me han precedido. Francamente, no se entiende esta suerte de apropiación que hacen algunos sectores de derecha de una institución que nos pertenece a todos los chilenos; este discurso simplista, limitado, además, intelectualmente, ¡y hablando de moral, de altura moral! ¿De qué estamos hablando? ¡Lo que tiene que hacer el Congreso es legislar con rigurosidad y responsabilidad! Y respecto a eso me voy a referir.

Ya basta de que sectores de derecha sigan apropiándose de una institución que no es de ellos, sino de todos los chilenos, ¡perdónenme! ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando ese tipo de situaciones, que tienen que ver con la moral? Sin duda, tenemos morales bastante distintas, pero ¡ya está bueno de esto!

Por otro lado, me referiré a este proyecto.

Aprobamos en general esta iniciativa hace unos días. No nos gusta en su totalidad, pero mejoró sustancialmente durante la tramitación. Ello, porque aprobamos indicaciones relacionadas con derechos humanos, mejoramos el control al interior de Carabineros.

El proyecto volvió a la comisión, a raíz de una indicación presentada básicamente por el diputado Jorge Alessandri . Él constata una situación al interior de Carabineros en que sí se les hace defensa a los oficiales y no a los suboficiales cuando tienen problemas con la justicia.

Finalmente, esa es una cuestión interna. La verdad es que no logro entender por qué ocurre eso, por qué se hace esa distinción en Carabineros. Es una de las cosas que hemos alegado: esta suerte de diferencia que se hace al interior de Carabineros entre los oficiales y los suboficiales. Siempre hemos aspirado -lo hemos dicho a una institución que tenga una sola escuela, que permita que los carabineros por formación técnica y por mérito logren ascender. Eso le cambiaría estructuralmente la cara a Carabineros de Chile.

Lo que propone la señalada indicación ya está regulado en el artículo 33 bis que se incorpora a la ley N° 18.961 mediante el número 9) del artículo 1 del proyecto. Efectivamente, allí se considera la defensa de Carabineros, y, por lo tanto, la indicación era innecesaria.

¿Qué es lo curioso de esa indicación? Que agrega un artículo 72 ter, que señala que a aquellos funcionarios que sean denunciados la institución debería proveerles la defensa, lo cual irroga gasto. Pero, además, nosotros consideramos inadmisible dicha indicación, porque creemos que excedía las atribuciones, ya que disponía recursos para la defensa sin distinguir si los funcionarios actuaron dentro del marco legal o no.

Evidentemente, en un contexto en que hemos visto que se han violentado los derechos humanos, en lo personal no me parece que haya que hacer defensa de funcionarios que, por ejemplo, como ha ocurrido, están involucrados en situaciones de robo o de violaciones a derechos humanos. Eso no corresponde. Pero sí corresponde si han actuado dentro de sus atribuciones y del marco legal, lo que ya está legislado.

Por lo tanto, consideramos que esa indicación estaba absolutamente fuera de lugar, por lo que se declaró inadmisible.

Por lo tanto, a pesar de que el proyecto no nos gusta ciento por ciento, llamamos a aprobarlo. Asimismo, queremos invitar al gobierno a que anuncie creaciones de coordinadoras para la reforma a Carabineros y a que avancemos en esta, a fin de no verla en proyectos divididos en uno y otro lado, sino de manera integral.

Por último, debemos entender que el problema de Carabineros no es ni de la izquierda ni de la derecha, ni de los morales ni de los amorales, sino del país, y en la medida que lo abordemos con la altura de miras que se requiere, podremos tener una institución que todo el mundo valore y respete. Hoy eso no es así; le guste a quien le guste, ¡no es así! Y todos estamos llamados a defenderla y cuidarla, no algunos nomás.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Luis Pardo .

El señor PARDO (vía telemática).-

Señor Presidente, en primer lugar, reitero que valoro este proyecto de ley.

En mi intervención anterior me referí en detalle a su contenido. Ahora me referiré y explicaré la indicación -esperamos que se pueda restablecer que pretende dar a los carabineros, que están cumpliendo un rol tan complejo como es la contención del orden público en situaciones de extrema violencia, como las que hemos visto, la certeza de que tendrán acceso a un debido proceso y serán adecuadamente defendidos en el evento de ser denunciados o sometidos a una investigación judicial.

No comparto en absoluto lo que ha señalado el diputado Raúl Leiva cuando dice que es para defender a criminales. Me sorprende que la presunción de inocencia no rija para los funcionarios de Carabineros, y me sorprende también que haya legiones de abogados que buscan perjudicar y afectar a una institución, pero esta no tenga los recursos económicos, técnicos y legales para defender a sus funcionarios.

Por supuesto que si un funcionario de Carabineros comete alguna trasgresión o alguna violación de la normativa vigente, tendrá que ser sancionado, como de hecho ha ocurrido, pero no puede ser que sean privados de remuneraciones, sean separados del cargo y, además, no cuenten con la mínima defensa jurídica, en un contexto como aquel en que ellos se desempeñan.

No son válidas las comparaciones con otro tipo de instituciones o con otro tipo de trabajos. Estamos hablando de nuestros carabineros, quienes han sufrido una disminución en la valoración ciudadana, en parte por algunas situaciones y hechos lamentables y condenables, como los desfalcos dentro de la institución, que este proyecto contribuirá enormemente a prevenir y evitar que se produzcan en el futuro.

La valoración ciudadana que afecta a Carabineros también tiene mucho que ver con la campaña de desprestigio inaceptable que sostienen los mismos que no se han hecho cargo, por ejemplo, de la denuncia de centros de tortura inexistentes, de detenciones y de desapariciones forzadas a manos de funcionarios de Carabineros, denuncias que la justicia demostró que eran totalmente falsas. Hablo de lo ocurrido en octubre pasado. Se demostró que todo eso era falso; sin embargo, ocupó titulares. Los mismos que hicieron esas denuncias en forma irresponsable siguen hablando mal de Carabineros, contribuyendo a su desprestigio.

El desprestigio que ha sufrido Carabineros de Chile no es el que algunos dimensionan. En terreno, cuando recorremos nuestro territorio y visitamos juntas de vecinos, lo primero que nos pide la gente es que aumente la dotación de carabineros.

Efectivamente, ha habido un ataque frontal hacia la institución, un ataque sistemático para afectar su honra, para desdibujar su función ante la ciudadanía, pero la inmensa mayoría de sus funcionarios cumple su noble misión en forma ardua y de manera abnegada. Por lo tanto, si son objeto de una acusación, lo menos que merecen es contar con la posibilidad de defenderse ante la justicia. Obviamente, si resultan culpables, deben ser sancionados como corresponde, pero no los podemos dejar en el desamparo ni permitir que esta campaña de difamación siga su curso, incluso en este mismo hemiciclo, con aseveraciones totalmente desbalanceadas respecto de la realidad.

Vamos a apoyar este proyecto. Sabemos que no es la gran solución, como ningún proyecto lo es, pero es una gran contribución a la transparencia en todo lo que dice relación con la administración y la gestión de los recursos financieros de Carabineros. Además, contiene normas muy importantes en materia de gestión operativa. Sin embargo, creemos que falta este otro elemento fundamental para compensar y ayudar a que quienes cumplen esa función en defensa de toda la sociedad, independiente de que algunos, como en todas partes, cometan errores…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, intervendré brevemente, porque sé que quedan pocos minutos.

Me referiré a la indicación que presentó la derecha para establecer una especie de defensa judicial o jurídica a Carabineros, a todo evento, para todos los uniformados que tengan problemas con la justicia penal por actos de servicio.

En mi opinión, es una propuesta que no puede ser aceptada, porque el carabinero que cumple rigurosamente con los protocolos y sus obligaciones, que hace uso racional y ponderado de las herramientas que le proporciona la institución, que llega a la hora y que no tiene cuestionamientos, no necesita ninguna defensa jurídica, no necesita que su institución haga defensas corporativas, no necesita ir respaldado, con pactos de silencio a enfrentar a la justicia.

Lo que hace esta indicación, en el fondo, es buscar la defensa de personas que han tenido compromiso con las violaciones a los derechos humanos. Hay varios balances que se han hecho a nivel internacional que establecen que cientos de funcionarios uniformados han vulnerado los derechos de las personas. Para ellos, evidentemente, no puede haber una defensa corporativa; tienen que someterse libremente a la justicia, como lo hacen todos los chilenos, sin este subsidio, sin que el Estado tenga que pagar su defensa judicial.

Por eso, rechazaremos la indicación.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, frente a las distintas observaciones y dichos que se han expresado en este debate, me veo en la obligación de recordar ciertos aspectos y algunas cifras.

Primero, entre el 19 octubre al 24 de marzo de 2020 hubo 5.132 policías y funcionarios de las Fuerzas Armadas que recibieron heridas, desde menos graves a graves, y 1.616 ciudadanos en las mismas condiciones. Pido que alguno de aquellos que han hablado mal de las policías me dé una explicación respecto de estas cifras, porque son totalmente incongruentes.

Segundo, es evidente que se están aferrando a la distorsión de los hechos, porque no tienen absolutamente ningún elemento más para impulsar sus ideologías. La bandera de nuestra patria, la que tiene una sola estrella, es la que defienden las policías, no la bandera de ocho estrellas, que es la que a algunos les gustaría tener en nuestro país. Esa no existe.

Reconozco que las policías han cometido errores graves, como en cualquier institución, incluida esta, el Congreso Nacional, donde conviven personas, seres humanos que, en su esencia, tienden al bien y al mal, por su naturaleza imperfecta, y también reconozco que Chile está cansado de la política, de la miseria y de la mentira.

Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile son grandes instituciones y les debemos el respeto y el cariño que merecen.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, originado en moción, que modifica la ley No 20.422, que Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, con el objeto de garantizarles el acceso a los recintos que indica.

Para la discusión del proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más comités y tres minutos al resto, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputada informante de la Comisión de Deportes y Recreación es la señorita Marisela Santibáñez .

Antecedentes:

-Moción, sesión 92ª de la legislatura 366ª, en miércoles 24 de octubre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 7.

-Informe de la Comisión de Deportes y Recreación, sesión 78ª de la presente legislatura, en martes 29 de septiembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 20.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela ) [de pie].-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Deportes y Recreación, me corresponde informar el proyecto, iniciado en una moción de las diputadas Camila Rojas Valderrama , Cristina Girardi Lavín y quien habla, Marisela Santibáñez Novoa , y de los diputados Boris Barrera Moreno , Marcos Ilabaca Cerda , Sebastián Keitel Bianchi , Cosme Mellado Pino , Francisco Undurraga Gazitúa , Cristóbal Urruticoechea Ríos y Matías Walker Prieto , que modifica la ley N° 20.422, que Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, con el objeto de garantizarles el acceso a los recintos que indica, en primer trámite constitucional y reglamentario, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 85 del Reglamento de la Corporación.

La idea matriz del proyecto de ley consiste en establecer la obligación de que los recintos deportivos y aquellos en que se desarrollen actividades culturales cuenten con condiciones de accesibilidad universal, para facilitar el tránsito de personas con discapacidad.

En cuanto a sus antecedentes y fundamentos, los autores del proyecto manifiestan que desde 2010, con la publicación de la ley N° 20.422, se comenzó a dar cumplimiento a las obligaciones internacionales derivadas de la suscripción, por parte de nuestro país, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, que impone a sus Estados Parte la responsabilidad de adoptar acciones específicas en relación con la inclusión social de personas con discapacidad, agregando también un nuevo concepto relativo a la interacción de las personas con su entorno, ya que este genera barreras para su participación plena y en igualdad de condiciones de estas personas en la sociedad.

Sin embargo, aunque se han logrado avances en la materia, observan que la normativa vigente no ha cumplido del todo su objetivo de eliminar la discriminación, ya que hoy en día sufrir de alguna discapacidad significa una enorme desventaja en materia de acceso al trabajo, a la educación, entre otras situaciones.

Con la presentación de su proyecto, los autores de la moción pretenden seguir equiparando los derechos de las personas con discapacidad, en el sentido de proporcionar un acceso libre, expedito y en buenas condiciones para las personas que asistan a eventos deportivos, musicales, etcétera, ya que a nivel nacional no todos los estadios y recintos deportivos cuentan con un acceso adecuado, contrariando con ello lo que la ley establece en la letra a) de su artículo 3º, que define la vida independiente como el estado que permite a una persona tomar decisiones, ejercer actos de manera autónoma y participar activamente en la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

En cuanto a los hitos de su tramitación, se destaca su ingreso a la comisión el 7 de mayo de 2019, destinándose tres sesiones para su análisis y despacho.

En la primera de ellas, la sesión N° 89, celebrada el 18 de agosto de 2020, se escuchó la opinión de la ministra del Deporte, señora Cecilia Pérez , y del abogado señor Fernando Monsalve Arias .

En la segunda sesión, la N° 90, celebrada el 1 de septiembre de 2020, se escuchó la opinión del ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Felipe Ward Edwards , y se procedió a su votación en general, aprobándose por unanimidad.

Por último, en la tercera sesión, la Nº 92, destinada a tratar este proyecto de ley, celebrada el 22 de septiembre de 2020, se presentó una indicación al artículo único, para establecer una sanción en caso de incumplimiento de la nueva normativa, procediéndose a la votación particular de la moción conjuntamente con la indicación referida, resultando ambas disposiciones aprobadas por la unanimidad de los parlamentarios integrantes de la Comisión.

En consecuencia, el texto propuesto por esta comisión, y que se recomienda aprobar a la Sala de esta honorable Cámara, consta de un artículo único, con dos numerales, según se expresa:

“Artículo único.- Modifícase la ley N° 20.422, en el siguiente sentido:

1. Incorpórase en su artículo 28 un nuevo inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser el cuarto y así sucesivamente:

“Los estadios y en general todos los recintos deportivos, al menos donde se practique deporte profesional, sean estos públicos o privados, deberán contar con accesibilidad universal, para que las personas con discapacidad puedan acceder y desplazarse sin barreras de ningún tipo. Misma obligación tendrán los recintos culturales, sean estos públicos o privados, también aquellos lugares o recintos donde se realicen espectáculos musicales masivos.”.

2. Añádese el siguiente artículo 28 bis:

“Artículo 28 bis.- Las infracciones por incumplimiento de la disposición establecida en el inciso tercero del artículo 28, serán sancionadas con multas de 15 a 130 UTM, siendo aplicables para estas infracciones las demás disposiciones del Título VI de la presente ley, especialmente lo referido a la reincidencia y clausura del recinto deportivo.”.”.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señor Presidente, si me preguntan sobre cómo lograr la verdadera inclusión, mi respuesta es cambiando el paradigma de la accesibilidad y que esta no esté limitada, sino que en su integridad sea de carácter universal.

Parte de ello es que exista la obligación, en general, de que los recintos deportivos o aquellos donde se desarrollen actividades culturales tengan condiciones de accesibilidad universal para posibilitar el tránsito de personas con discapacidad, a efectos de pensar en la autovalencia y la completa autonomía, sin distinción de ningún tipo que coarte lo anterior.

Sin ir más lejos, según datos del INE, el 66 por ciento de los estadios fiscales y municipales del país no cuenta con infraestructura que permita la accesibilidad, situación similar a la que se produce en el ámbito privado. A eso me refiero cuando digo que hay que cambiar el paradigma. Se debe proyectar la construcción y desarrollo de infraestructura con perspectivas de inclusión e igualdad para todos los espacios, para que no existan obstáculos de ningún tipo.

Aplaudo la presentación de este proyecto, porque suma antecedentes a la necesidad de regular sobre la accesibilidad, con la finalidad de provocar un cambio cultural y social. Quiero dar un ejemplo de la necesidad de este cambio: la Dirección Nacional de Senadis, servicio público vinculado a la discapacidad, con absoluta indolencia, con fecha 7 de agosto de 2019, respondió a una solicitud planteada por una persona que sufre discapacidad, que si tiene alguna consulta o reclamo que hacer, concurra a las oficinas centrales, ubicadas en Valparaíso, en un tercer piso. ¡La respuesta me parece insólita para alguien que vive en Los Andes, a 150 kilómetros de Valparaíso! La solicitud la presentó el Centro Esperanza Nuestra.

Estuve la semana pasada con César Arancibia , presidente del Centro Esperanza Nuestra, y con Ignacio Aldana , presidente de Apura Discapacidad Visual, de la provincia de Los Andes, quienes me hablaron sobre la dificultad que enfrentan, por ejemplo, cuando van a votar, teniendo en consideración el hecho importante que ocurrirá el 25 de octubre.

Me contaron que, incluso, han debido ser trasladados en brazos cuando han debido votar en un piso superior del recinto de votación.

Por lo anterior, es necesario que todas las medidas sean implementadas en favor de la inclusión: igualdad de oportunidades, acceso y participación de todos y de todas, en las mismas condiciones.

Hay que salir, de una vez por todas, de la fotografía y de los lindos discursos y pasar a la acción real, que, por lo demás, es un derecho.

Votaré a favor de este proyecto, porque aporta de manera sustancial a la inclusión, obligando a eliminar todos los obstáculos de accesibilidad.

Por supuesto, felicito a la diputada y amiga Marisela Santibáñez y a todos los diputados y diputadas que patrocinaron esta iniciativa.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG (vía telemática).-

Señor Presidente, en 2010, Chile firmó un tratado internacional que establece la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, lo que significó un cambio de paradigma en el tratamiento que se debe dar a la discapacidad, pasando de la idea de que son las personas con discapacidad las que tienen que cambiar a la idea de que es el entorno el que debe cambiar para permitir el pleno desarrollo de esas personas.

A raíz de lo anterior, surgió el concepto de accesibilidad y diseño universal, que significa que todos los recintos públicos deben contar con accesibilidad y un diseño universal.

Lamentablemente, ya han pasado diez años y no toda la infraestructura se ha puesto al día. Se han aprobado leyes importantes, como, por ejemplo, que no se financiarán proyectos con fondos públicos en los que no se contemple la accesibilidad y diseño universal. Sin embargo, cerca del 65 por ciento de los estadios y centros culturales no cumple con este concepto, por lo que con esta iniciativa se pretende reiterarlo y establecer multas que van de 15 a 130 unidades tributarias mensuales.

Lo que no establece este proyecto, y me parece que debe corregirse, es la gradualidad en la que se debe hacer exigible esta obligación. Ya han pasado diez años, lo que significa una gradualidad muy larga, por lo que es importante establecer un plazo para que toda la infraestructura se ponga al día en cuanto a la accesibilidad universal, a fin de que las personas que tienen alguna discapacidad puedan acceder a eventos deportivos y culturales. De lo contrario, se produce discriminación y se colocan trabas para el pleno desarrollo de las personas con discapacidad.

Por lo anterior, es importante establecer una gradualidad para hacer exigible esta obligación, para que tengamos una ley que sea efectiva, porque la que aprobamos hace diez años -la Nº 20.422 todavía no lo es realmente.

Creemos en la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

Anuncio que aprobaremos el proyecto de ley. Esperamos que se complemente con gradualidad para hacer efectivo su contenido. Todos tenemos derecho a acudir a eventos deportivos y culturales, por lo que no podemos discriminar a personas a las que, por diversas circunstancias, les es mucho más difícil acceder a ellos.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, en 2018 presenté este proyecto junto con un hombre del deporte y, además, un colega. Me refiero al diputado Sebastián Keitel . También fue suscrito por mi querido compañero el diputado Boris Barrera y por los diputados Cosme Mellado , Marcos Ilabaca y Matías Walker ; mi amigo, el diputado Cristóbal Urruticoechea , y, especialmente, el Primer Vicepresidente de esta Corporación, el diputado Francisco Undurraga . También lo suscribieron las queridas diputadas Camila Rojas y Cristina Girardi , mujeres amables, de lucha y de gran convicción. Todos ellos y todas ellas no están solo para sumar las firmas que requiere un proyecto de ley, ni tampoco por casualidad, sino que por causalidad.

Esta vez, la causa de lucha es la integración. Esta iniciativa nace en un partido de fútbol del club de mis amores, Colo-Colo , y en un estadio que siento como mi casa: el Estadio Monumental David Arellano. No recuerdo el resultado del partido, pero sí recuerdo las portadas del día siguiente en los medios de comunicación, que indicaban que nuevamente perdíamos el partido más importante: el de la verdadera integración, ese que está pendiente, ese que nos tiene en deuda con casi tres millones de chilenos y chilenas.

Señor Presidente, según el II Estudio Nacional de la Discapacidad, el 16,7 por ciento de la población de dos y más años se encuentra en situación de discapacidad, es decir, 2.836.818 personas en todo nuestro país. No es fácil decir la cifra, porque cada dígito es un chileno o una chilena más, nunca uno o una menos. Esa cifra nos invita, sin duda, a trabajar con fuerza y a seguir legislando en favor de las verdaderas políticas de integración, que garanticen una mejora en la calidad de vida de los niños y niñas, adultos y adultas en situación de discapacidad.

Hoy, el número uno de esos casi tres millones de chilenos y chilenas se llama Javier Morales , un compañero progresista que, desde su situación de discapacidad, colaboró en la elaboración de este proyecto de ley y estuvo presente en esta Cámara cuando se votó en general en la Comisión de Deportes y Recreación. A través de usted, señor Presidente, aprovecho de saludarlo y agradecer su colaboración.

También agradezco a los miembros de la Comisión de Deportes, en ese momento presidida por el diputado Matías Walker , por la unanimidad entregada a nuestra iniciativa legal.

El acceso al deporte y a la cultura es un tema pendiente en nuestro país. Es un buen comienzo proceder a adaptar la infraestructura para garantizar que todas las personas puedan acceder y desplazarse sin barreras de ningún tipo, como lo estipula el proyecto de ley al referirse a la accesibilidad universal en estadios y, en general, en recintos deportivos y de espectáculos culturales.

Señor Presidente, es un deber garantizar el cumplimiento de lo señalado en el proyecto. Así, gracias a una indicación del diputado Andrés Celis , se fijó una multa por incumplimiento de la normativa, que va desde 15 a 130 UTM. Incluso, se arriesga la clausura del centro deportivo o cultural en caso de reincidir en la infracción.

Finalmente, señor Presidente, invitamos a todos los diputados y diputadas a aprobar este proyecto, porque es transversal. Con todo, es necesario seguir legislando en favor de los derechos de las personas en situación de discapacidad; es fundamental seguir trabajando en esto, para que gocen plenamente de todos los derechos y libertades en igualdad de condiciones, de modo de cumplir con los tratados internacionales ratificados por nuestro país en las convenciones de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por Pedro, por mi querido Pedro ; por todos los niños, y para que no nos llenemos la boca con la Teletón. Si queremos integración, tenemos que partir por arreglar los lugares para que la gente se pueda desplazar. Es un derecho.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (vía telemática).-

Señor Presidente, saludo a los diputados y diputadas que hoy nos acompañan.

Agradezco profundamente a la diputada Marisela Santibáñez que me haya hecho partícipe de este proyecto de ley. Creo que esta es una iniciativa que viene a contribuir, viene a sumar, viene a generar inclusión. Desde ese punto de vista, mi llamado es a compartir las palabras tan honestas, tan profundas y tan comprometidas de todos quienes han intervenido, y, sobre todo, las de la diputada Marisela Santibáñez , en tanto gestora y coordinadora de la iniciativa. Ella logró reunirnos en torno de este proyecto, que, sin duda, viene a reforzar algo que está trabajando esta Cámara, no gracias a mi discapacidad, sino gracias al compromiso de colegas integrantes de esta Cámara desde hace ya mucho tiempo. Me refiero a la bancada transversal en torno de la discapacidad. Tenemos un compromiso abierto en relación con esa materia y hemos aprobado proyectos por unanimidad. Más adelante vamos a tratar una iniciativa que es de mi autoría, pero aquí lo importante, lo relevante es hacer un llamado a todos los colegas a que aprueben este proyecto por unanimidad, y, en general, todos los proyectos relacionados con la discapacidad.

Los proyectos sobre discapacidad nos unen. Son proyectos que no nos hacen más buenos, sino generar la justicia y la inclusión que como Estado de Chile le debemos a un sector de la población que es parte de la nación. Los discapacitados no estamos “anichados”, sino que somos personas que debemos seguir construyendo, y para eso el acceso es relevante.

No sacamos nada con que los médicos y los centros de rehabilitación, ya sean físicos, mentales o audiovisuales, nos den una patente de rehabilitado si el entorno no es capaz de acogernos para seguir siendo personas, seres humanos, que es lo que pretendemos con este tipo de proyectos, que es lo que pretende la diputada Marisela Santibáñez cuando nos invita y nos convoca a suscribir esta iniciativa para hacer realidad la inclusión, el respeto y la constatación de la diversidad.

Muchas gracias, diputada Marisela Santibáñez ; muchas gracias a los firmantes; muchas gracias a las personas que han intervenido sobre este proyecto y a quienes lo votarán.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull .

El señor ROCAFULL.-

Señor Presidente, me alegro de que estemos tratando este proyecto de ley. Por supuesto, también felicito a los autores y autoras de la iniciativa, sobre todo a la diputada Marisela Santibáñez . Cuando hablamos de un país más justo, más democrático, debemos considerar el hecho de que tenemos que ser un país más inclusivo.

Si bien es cierto que hemos avanzado en esta materia, creo que es poco respecto de lo que deberíamos haber avanzado hasta hoy. Este país va a ser país cuando haya una mejor convivencia, y habrá una mejor convivencia cuando seamos capaces, todos y todas, no necesariamente algunos, de no pensar en las personas en situación de discapacidad como personas al margen. Lo que tenemos que considerar es que todos y todas valemos lo mismo; todos y todas somos importantes; todos tenemos razón de ser. Por lo tanto, la situación de discapacidad la creamos nosotros al no dar la facilidad y las posibilidades para que las personas puedan desarrollarse, para que puedan ser.

Apoyamos con fuerza esta moción parlamentaria, pero instamos por más. No se trata de ser solidarios únicamente durante la Teletón, durante las 27 horas de amor y punto. Esto de la solidaridad debe practicarse todos los días del año, toda la vida. Debemos tener más conciencia; debemos sentir más afecto, más cariño por todos y todas. Por lo tanto, extiendo una invitación para que el Congreso y, en especial, la Cámara de Diputados sigan en esta línea y no nos olvidemos de todos los chilenos y chilenas.

¡Bien, diputada Marisela Santibáñez , por este proyecto! ¡Bien por la fuerza con la que ha defendido este proyecto! ¡Vamos por más!

La bancada del Partido Socialista, por supuesto, va a apoyar con fuerza, con convicción, con afecto y corazón este proyecto.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Finalmente, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que reconoce la sordoceguera como discapacidad única y promueve la plena inclusión social de las personas sordociegas.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para su discusión se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités, y tres minutos a las demás, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación es el señor Francisco Undurraga .

Antecedentes:

-Moción, sesión 15ª de la presente legislatura, en martes 21 de abril de 2020. Documentos de la Cuenta N° 6.

-Informe de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, sesión 78ª de la presente legislatura, en martes 29 de septiembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 19.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor UNDURRAGA (vía telemática).-

Señor Presidente, de conformidad con el mandato que me confirió la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción de la diputada señora Maya Fernández , de los diputados señores Pepe Auth , Juan Antonio Coloma , Luciano Cruz-Coke, Iván Flores , Giorgio Jackson , Jorge Sabag y quien habla, Francisco Undurraga , y del entonces diputado Jaime Bellolio , que reconoce la sordoceguera como discapacidad única y promueve la plena inclusión social de las personas sordociegas.

La idea matriz del proyecto de ley es reconocer la sordoceguera como una discapacidad única y asegurar a las personas que la padecen la igualdad de oportunidades, con el fin de obtener su plena inclusión social y el pleno disfrute de sus derechos, excluyendo cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad.

Por otra parte, se deja constancia de que el proyecto es de quorum simple.

La comisión aprobó por unanimidad la idea de legislar. Participaron en la votación las diputadas señoras Sandra Amar , Catalina del Real, Claudia Mix , Érika Olivera , Joanna Pérez y Virginia Troncoso , y los diputados señores Boris Barrera (Presidente), a quien aprovecho de agradecer las facilidades para gestionar el proyecto; Cosme Mellado , Jaime Naranjo y Jorge Sabag .

Antecedentes y fundamentos

La ley N° 20.422, de 2010, que Establece las Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, en su artículo 5°, dice que una “Persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”.

Con la dictación de la mencionada ley, nuestro ordenamiento jurídico se actualizó, dejando a un lado la antigua visión centrada en los déficits y minusvalías, y haciendo hincapié en que lo que determina si una persona presenta o no discapacidad radica en el factor relacional, entendido como la limitante de la capacidad de interacción entre la persona y el entorno.

El hecho de que el sistema jurídico entienda así el concepto de persona con discapacidad no es una mera declaración de principios, sino que conlleva considerar que la discapacidad deja de ser un atributo exclusivo de las personas, siendo también una condición que la sociedad sufre y que, por ende, le compete y es responsable de superarla.

Una consecuencia clara de lo anterior es la autoimposición de la obligación de diseñar las políticas públicas conforme a los criterios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social, y de buscar -el Estado como fin la plena inclusión social, tal como lo señala la ley N° 20.422.

Si bien ha habido avances considerables y el actual reconocimiento de las personas con discapacidad es mucho mayor desde la publicación de la ley N° 20.422, también es cierto que, por desgracia, hay ciertas discapacidades que aún se encuentran invisibilizadas o bien cuentan con menores apoyos. Ese es el caso de la sordoceguera.

¿Qué es la sordoceguera? De conformidad con la Declaración de las Necesidades Básicas de las Personas Sordociegas, adoptada durante la IV Conferencia Mundial de Hellen Keller, celebrada en 1989, en Estocolmo, Suecia , la sordoceguera se define como “una discapacidad única que resulta de la combinación de las deficiencias sensoriales visual y auditiva, la cual genera en las personas que la padecen severos problemas de comunicación y una consecuente desconexión con el mundo,…”.

La sordoceguera se caracteriza por generar problemas de comunicación, movilización y acceso a información que son únicos, los cuales traen aparejados la necesidad de atenciones especiales, diseñadas específicamente para quienes la padecen. Por lo mismo, es indispensable reconocer y definir la sordoceguera no como la suma de dos discapacidades, sino como una discapacidad única con características e identidad propias, teniendo siempre en cuenta su dualidad. Por lo tanto, no es correcto calificar la sordoceguera como ceguera con la discapacidad adicional de la sordera o la sordera con el agregado de la deficiencia de la ceguera, puesto que es una discapacidad diferente que exige servicios especializados.

Lamentablemente, en Chile ser sordociego es una singularidad; se considera la sordoceguera como una discapacidad subsumida por la discapacidad prevalente, ya sea sordera o ceguera. Por ese motivo no cuenta con las políticas públicas y apoyos suficientes.

Según ese enfoque, la sordoceguera se ha transformado en una realidad invisible. Al no ser considerada como una discapacidad única, singularmente observable, no se mide, no existen estudios ni tampoco estadísticas. Es una discapacidad que se encuentra oculta en los datos de las discapacidades visuales y auditivas.

Resumen del contenido del proyecto

El proyecto está estructurado en siete artículos permanentes y uno transitorio. En síntesis, el texto establece, en primer lugar, que su objetivo es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas sordociegas, con el fin de obtener su plena inclusión social; luego plasma conceptos como “sordoceguera”, poniendo énfasis en que es una discapacidad única, y “guía intérprete”; reconoce los distintos sistemas de comunicación oficial (dactilología, braille, etcétera) y la libertad para las personas sordociegas de elegir entre ellos; destaca el rol del Estado como promotor de la formación y capacitación de los guías intérpretes para las personas sordociegas. Finalmente, señala que los estudios desarrollados por los organismos estatales cuya finalidad sea medir la población de personas con discapacidad, sus necesidades y particularidades, deberán considerar la sordoceguera como una discapacidad única, de manera de obtener los antecedentes necesarios para el desarrollo de políticas públicas.

Discusión del proyecto

Antes de entrar en la discusión particular del proyecto, la comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, acogió a tramitación una indicación que reemplaza íntegramente el articulado original de la moción.

Dicha indicación obedeció a una recomendación efectuada por el Servicio Nacional de la Discapacidad durante la discusión general, que planteó que no es adecuado crear leyes específicas para ciertos tipos de discapacidad, como proponía la moción originalmente, ya que siempre habrá más de alguna que no contará con tal regulación concreta.

Si bien la sordoceguera tiene sus particularidades, hay otras discapacidades que también son sumamente complejas, por lo que se torna difícil legislar solo para unas y no para otras.

Por tal motivo, es preferible incorporar la sordoceguera dentro de las normas de la ley N° 20.422, opción que siguió la indicación en comento.

En cuanto al contenido de la indicación, cabe decir que es muy similar al texto que reemplaza.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley respecto del cual he sido honrado con la tarea de informarlo a la Sala.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA [vía telemática].-

Señor Presidente, apoyamos decididamente este proyecto, pero, lamentablemente, no podría decir lo mismo del gobierno. Luego apuntaré algo sobre aquello.

Las personas sordas y ciegas padecen, como se ha dicho, de una discapacidad única que, en estos tiempos, mandata a nuestra parte con una obligación de hacer y abandonar el no hacer de otros tiempos.

Esta iniciativa, sin duda, va en la dirección correcta al reconocer esta doble discapacidad y promover la acción pública y privada en función de abordarla desde la especificidad compleja que significa.

El propio informe indica que –cito “Es necesario el diseño e implementación de estrategias propias, que cuenten con profesionales debidamente especializados y preparados para una completa y adecuada evaluación del potencial y capacidad de cada uno de los individuos…”.

Ello ocurre porque no es una suma de dos discapacidades, sino, cómo se dijo, única.

Desde luego, lo primero que debemos hacer es dejar de invisibilizar la sordoceguera, y lo segundo es concretar acciones para incluir a las personas con sordoceguera. La ley tiene el desafío de aportar consideraciones que puedan plasmarse en estos hechos concretos.

Los autores de esta iniciativa asumen sus limitaciones, porque, en verdad, para que el proyecto pueda traducirse en hechos reales, se requieren compromisos y apoyo estatal y público, para que tanto el Estado como los privados tomen medidas.

En ese sentido, el decreto supremo 170, del Ministerio de Educación, de 2010, que definió, entre otras cosas, la sordoceguera, requiere, como primera medida, capacitar guías intérpretes en los planos de salud, vivienda y trabajo, y también se requieren compromisos.

Sin embargo, a sabiendas de que el proyecto es, en general, declarativo y necesita el apoyo del Ejecutivo, el gobierno -hay que decirlo no quiso hacer nada en relación con esta iniciativa. Por lo menos eso fue lo que vimos en todo el proceso de discusión y mejora de este proyecto.

Fue así que cuando el diputado señor Undurraga nos solicitó apoyo para tramitar el proyecto, no dudamos, lo colocamos en tabla y le dimos la mayor celeridad posible.

El proyecto de ley plantea, de forma clara, que la generación de un sistema de formación y registro de guías intérpretes es prioritario. Inicialmente, no modificaba la ley N° 20.422, sobre inclusión de personas con discapacidad, y eran normas aisladas, como decía el informe rendido por el diputado Undurraga , pero ahora la modifica, acertadamente, en mi opinión.

Lamentablemente, el gobierno de don Sebastián Piñera miró desde lejos. No hay sordo ciegos que sean banqueros o dueños de AFP. De hecho, ayer vimos en la Comisión de Economía un proyecto que emplea recursos del Fogape para apoyar a los bancos y postergar créditos con garantía estatal; es decir, los bancos no corren riesgo alguno, pero tratándose de personas que requieren de apoyo decidido, se omite y reina el silencio, cuestión que no podemos dejar de denunciar. Lo que importa, finalmente, es cuidar el bolsillo de los banqueros y de la elite, más que ayudar a las personas.

Nosotros, como bancada, seguiremos apoyando este proyecto resueltamente, como lo hicimos durante su tramitación en la Comisión de Desarrollo Social, la cual tengo el honor de presidir.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, comenzaré agradeciendo a los representantes de las distintas organizaciones sociales que nos visitaron en la Comisión de Desarrollo Social para entregar sus importantes comentarios y experiencia respecto del proyecto que en este momento nos convoca.

Participaron en las diferentes sesiones la directora ejecutiva de la Corporación para la Inclusión de Personas con Discapacidad Visual y Sordociegas, señora Carolyn Sánchez ; el presidente de la Asociación de Sordos de Chile y gestor de la Red Chile Sordos, señor Gustavo Vergara ; el abogado de la organización, señor Álvaro Jofré ; el coordinador de la Unidad Técnica de Sordoceguera de la Fundación “Once”, señor Eugenio Romero ; la directora nacional del Senadis, señora Ximena Rivas , y la coordinadora legislativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, señora Andrea Martínez .

Por supuesto, agradezco también al diputado Francisco Undurraga , por su importante compromiso para que hoy este proyecto se encuentre en la Sala, y a la Comisión de Desarrollo Social y a su presidente, diputado Boris Barrera , por colocarlo en tabla para su discusión.

Nuestro país y sus leyes avanzan hacia la concientización acerca de los distintos tipos de discapacidad que viven día a día nuestros compatriotas. Nadie podría negar que hemos avanzado, que hemos entendido las particulares realidades que cada uno vive, los problemas que se generan en la vida diaria, pero, sin duda, aún nos falta mucho para alcanzar los estándares óptimos de inclusión.

En esta oportunidad, nos corresponde reconocer, a través de un instrumento legal, la sordoceguera como una discapacidad diferente, única y con entidad propia.

La sordoceguera es una discapacidad que se configura como consecuencia de la combinación, en una misma persona, de una deficiencia visual y de una deficiencia auditiva.

Este reconocimiento ya existe en países como Perú, Colombia y España, en los que se han elaborado leyes particulares.

Este especial tipo de discapacidad genera importantes problemas de comunicación y de acceso a la información, lo que cobra especial relevancia al considerar la importancia que las comunicaciones tienen en nuestro mundo actual, en el cual cada actividad social, económica y laboral se realiza mediante el uso de dispositivos electrónicos que, precisamente, transfieren información perceptible tanto por la vista como por el oído.

Como se puede apreciar, vivir en los tiempos actuales, con todo este avance gigante de la tecnología, no implica facilitar la vida de quienes tienen como condición de discapacidad la sordoceguera, pero debemos hacer el esfuerzo y pretender que las leyes promuevan la mayor inclusión posible en todos los ámbitos de la sociedad.

Por eso, este proyecto de ley, además de definir la sordoceguera, menciona expresamente aquellas situaciones de hecho por las cuales se ven impedidas estas personas, ya sea para su comunicación, movilización, participación en la sociedad o acceso a la información.

Además, reconoce la necesidad de que estas personas cuenten con interpretes especialistas en dicha discapacidad, que les faciliten su participación plena en la sociedad, con la denominación de guía intérprete.

Un elemento característico de las leyes que en otros países se han promulgado sobre esta materia se relaciona con la consagración de un deber del Estado de promover la formación y capacitación de los guías-intérpretes a partir de normativas administrativas que elaborará la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social.

Esto implica afirmar que la sordoceguera dejará de ser un asunto que simplemente sea abordado desde instituciones privadas, pues el Estado tendrá un fuerte rol como asegurador de la calidad de los guías intérpretes en cuanto a su capacitación e idoneidad.

Finalmente, mencionaré la importancia que tiene para nuestro país que hoy aprobemos este proyecto y que el camino que desde hoy se trace implique una constante revisión y adecuación de las políticas públicas, especialmente las sociales, que permitan y favorezcan la participación plena de las personas con distintas capacidades en nuestra sociedad.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Diego Ibáñez .

El señor IBÁÑEZ (vía telemática).-

Señor Presidente, en 2010 se dictó la ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas en situación de discapacidad. Ello vino a dejar atrás conceptos -como bien señaló el Secretario de la Cámara como minusválido, que era usado bajo el enfoque de que el problema solo está en la persona considerada individualmente, en circunstancias de que el problema es colectivo. Entender las capacidades diferentes hoy como sujetos de derecho sin duda es un avance en relación con las normativas internacionales.

La normativa nacional nos exige avanzar rápidamente para reconocer que esta situación de discapacidad, la sordoceguera, es única. La sordoceguera no significa que las personas tengan dos discapacidades, sino que implica una identidad propia que conlleva problemas propios, únicos, de comunicación, de movilización y de acceso a la información, que alberga una identidad que requiere una política pública específica y no una política pública basada en la prevalencia de tal o cual prefiguración, como si estas personas tuvieran que calzar con algún estereotipo impuesto por una política pública anterior. Por ello, lo que hace esta política pública es actualizar esa necesidad y reconocerla, para romper las barreras impuestas por la sociedad.

El derecho humano a la dignidad, a la integridad, a ser plenos física y psíquicamente, implica un acceso universal a la información, por lo que valorar el reconocimiento de la diversidad de personas con discapacidad y sus necesidades particulares es urgente. Esto también implica la obligación de elevar los estándares de cumplimiento de las medidas de acceso universal a la información, principalmente a la educación y a la cultura, y de acceso a la justicia y al trabajo.

El 28 de septiembre se celebró el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que en Chile se vulnera en diversos espacios; por ejemplo, en los noticiarios, cuando uno cambia de canal, puede ver que los intérpretes de lenguas de señas no se encuentran. Las personas sordas ni siquiera pueden decidir su preferencia. Tampoco hay intérpretes de señas en los matinales o en los bloques de entretención; ni siquiera se establecen estándares decentes para las campañas del plebiscito. Incluso, los segundos de campaña hacen muy difícil que las personas en situación de discapacidad accedan a la información y a la comprensión de lo que se transmite. ¿Cómo ofrecer una accesibilidad cognitiva o una alternativa si no se considera algo tan mínimo? Ni hablar de las medidas del recuadro del intérprete de señas de la televisión.

Aquí hay un problema de no seguir dejando a estas personas en el último lugar de la fila. Una sociedad de cuidado no se mide por quién va primero, sino por quién va último en la fila y cuánto se le protege colectivamente.

Hoy no es lo mismo una persona en situación de discapacidad en un barrio segregado, en una comuna con baja accesibilidad a espacios públicos, abiertos, que una persona que no tiene esta situación y que vive en una comuna más rica. Son determinantes sociales que generalmente profundizan la brecha de la pobreza y de la segregación, lo que, por supuesto, hay que combatir.

La importancia de avanzar en el reconocimiento de esta situación de discapacidad como una identidad única es que la política pública hoy no se puede seguir subsumiendo en aquella discapacidad que, en teoría, es prevalente, la ceguera o la sordera, por un lado. Todos quienes familiarmente hemos vivido estas situaciones de cerca lo reconocemos bien. No se considera como una identidad propia o una característica distinta que haga que la política pública impacte de forma efectiva en el bienestar, en la dignidad, en los derechos humanos y en la plenitud de estas personas. De hecho, esta situación de discapacidad ni siquiera fue considerada en el Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, que publicó el Ministerio de Desarrollo Social en 2015. En consecuencia, los resultados del diagnóstico de la política pública terminan siendo erróneos, al menos para una parte de la población que hoy necesita cuidado.

En definitiva, es crucial dejar de invisibilizar esta situación de discapacidad y avanzar en reconocerla como única, tal como lo han hecho España, Perú y Colombia. Para esto se necesita no solo su consagración legal en el papel, sino también que el Estado asuma un rol garante respecto de acciones que deben concretarse para que estas personas puedan cumplir con estándares de dignidad. Por supuesto, también se requiere combatir los determinantes sociales de la pobreza y la segregación, que hacen que el círculo de la dependencia se cargue sobre todo en las mujeres, quienes finalmente terminan haciéndose cargo de algo de lo que no se hace cargo el Estado ni la sociedad en su totalidad.

Por supuesto, vamos a aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Sandra Amar .

La señora AMAR (doña Sandra) [vía telemática].-

Señor Presidente, para comenzar quiero mencionar que la sordoceguera en Chile es una realidad bastante desconocida.

Quien padece sordoceguera es catalogado como una persona sorda o ciega que tiene una discapacidad adicional; es decir, no existe el reconocimiento de esta condición como una discapacidad propiamente tal, subsumiéndose en una categoría que no le es propia.

Tanto es así que ni siquiera tenemos un registro oficial o un censo que nos diga con exactitud cuántas personas sordociegas hay en nuestro país, cuestión que la Corporación para la inclusión de personas con discapacidad visual y sordociegas viene pidiendo hace muchos años, de lo que nos enteramos cuando se trató este proyecto en la Comisión de Desarrollo Social.

Si bien lo anterior puede parecer algo sin mayor importancia para algunos, en verdad resulta muy trascendental. Es trascendental, porque solo ante el reconocimiento oficial de la sordoceguera podremos avanzar en lo que es la verdadera inclusión. Solo tras su reconocimiento oficial podremos exigir la asignación de recursos públicos para la sordoceguera, así como la creación e implementación de políticas públicas que tengan por objeto la generación de espacios de aprendizaje de las personas sordociegas, la promoción de sus derechos y la integración en la sociedad.

Solo en virtud del reconocimiento oficial podremos dar verdaderos pasos para que las personas sordociegas alcancen su autonomía.

Debe tenerse presente que las corporaciones que trabajan con personas sordociegas saben que deben hacerlo desde una perspectiva especial, donde todas las técnicas y formas de enseñanza son muy diferentes a las utilizadas con personas sordas o ciegas. Tanto es así que un intérprete, que puede llegar a trabajar hasta con treinta personas con discapacidad auditiva, requiere una dedicación total con una persona sordociega.

Por eso es tan importante que hoy estemos reconociendo la sordoceguera como discapacidad única; por eso es tan importante asignar recursos para ayudar a quienes tienen esa condición. Valoro los dichos de la ministra de Desarrollo Social y Familia cuando habla de ir capacitando a guías e intérpretes.

Hoy estamos ante un hito importante. Digo “hito”, porque el camino por recorrer es aún extenso. Estamos iniciando este proceso, de modo que falta mucho para que podamos hablar de plena inclusión; estamos muy al debe aún como sociedad. Falta mucho para que logremos la total eliminación de todas las formas de discriminación.

Debemos hacer estos cambios culturales que tanto requiere nuestra sociedad. Sin duda alguna, pasos como el que estamos dando hoy van en la dirección correcta.

Por eso, quiero felicitar al diputado Francisco Undurraga , autor de este proyecto, a quien agradezco la posibilidad de que hayamos podido tratar esta iniciativa en la Comisión de Desarrollo Social, donde fue aprobada por unanimidad.

Se trata de un proyecto transversal, que contó con el apoyo de toda la comisión, el cual no me cabe la menor duda de que será aprobado por unanimidad en la Sala.

Esperamos que así sea, porque proyectos como este contribuyen a la creación de una sociedad más justa, más integradora y más inclusiva.

Espero que no solamente nos quedemos en el relato, en el discurso, sino que seamos portadores de este mensaje y contribuyamos a tener una sociedad más justa, más igualitaria y más inclusiva.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, quiero hacer una reflexión previa, que dice relación con que los mocionantes del proyecto son de distintos colores políticos.

Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, instancia en la que se trató esta iniciativa, tienen sus legítimas diferencias; pero cuando uno ve cómo se complementan todos los diputados y diputadas en pos de reconocer las legítimas expectativas y necesidades de las personas, los colores y los partidos políticos desaparecen, porque hay un principio más importante, que es cómo mejoramos la calidad de vida de las personas que hoy nos necesitan en el país.

La Cámara de Diputados ha dado prueba de eso en varias oportunidades. Espero que esta sea la fórmula para continuar legislando en los próximos meses.

Integré la Comisión de Desarrollo Social durante algunos años, y si hay algo que aprendí allí es que la discapacidad está relacionada, sobre todo, con las barreras que coloca el propio entorno. Me refiero a las barreras que colocamos como sociedad para que las personas con capacidades distintas no se puedan expresar y no puedan llegar a tener una participación real en la sociedad. Al final, somos nosotros los que generamos distintas dificultades para que esas personas puedan desarrollarse no solo por el bien de ellas mismas, sino de la sociedad, que las necesita.

Entonces, frente a eso, es muy importante conceptualizar la sordoceguera como una discapacidad única. No se trata de una discapacidad que debemos entender como “una u otra”, sino como “una y otra”, porque esa doble condición es la que la hace única.

En ese sentido, es muy importante lo que señala el proyecto en materia de guías e intérpretes, porque son estas personas las que pueden convertirse en las herramientas que permitan sistematizar las comunicaciones y agregarles el adjetivo de que se trata de comunicaciones oficiales y ajustadas a las necesidades de la persona con esta discapacidad.

Entonces, frente a esto, el concepto de guía e intérprete, que me parece que está muy bien desarrollado en la moción, se convertirá en un instrumento que permitirá quebrar, romper, destruir las barreras del entorno para posibilitar la comunicación, la movilización y la participación plena de las personas con estas capacidades distintas.

La Federación Regionalista Verde Social votará a favor este proyecto, el cual nos gusta que haya sido iniciado en moción y que cuente con el apoyo de todos los sectores políticos, tal como ocurrió en la Comisión de Desarrollo Social, instancia que lo acogió fraternalmente.

Asimismo, nos alegra escuchar que la ministra de Desarrollo Social y Familia, de quien conocemos su sensibilidad sobre este tema, va a impulsar la tramitación de este proyecto en el Senado, así como varias otras iniciativas relacionadas que están durmiendo en el Senado y que aún no han visto la luz en términos de convertirse en ley de la república.

Por las razones señaladas, reitero que con mucha alegría vamos a votar a favor este proyecto de ley.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA (vía telemática).-

Señor Presidente, hace casi un año, viajaba de vuelta del Congreso camino a mi casa, quizás como lo hacen muchos de ustedes, escuchando la radio. Ahí supe de la existencia de la Corporación para la inclusión de personas con discapacidad visual y sordociegas (Cidevi), que por ese medio de comunicación hacía un llamado muy simple: reconocer la sordoceguera como una discapacidad única. Mi primera reacción fue de sorpresa. ¿Sordoceguera? ¿Qué es eso?

Esta condición que viven cientos o quizás miles de personas en nuestro país me era completamente ajena, y me da la impresión de que es desconocida para gran parte de la sociedad.

¿Y cómo no va a serlo si no aparece mencionada ni siquiera una vez en la Encuesta Nacional de Discapacidad? ¿Cómo no va a serlo si no existen políticas públicas pensadas y diseñadas para sus necesidades?

Con mi equipo decidimos ir a conocer la corporación. Ahí se me abrieron las puertas a un mundo total y absolutamente desconocido. Era una realidad chocante, pero, a la vez, había un trabajo maravilloso y profesional, y, por sobre todo, un futuro auspicioso para estas personas si se cuenta con los apoyos eficientes y oportunos.

Tal como lo dice su nombre, una persona sordociega es aquella que reúne las deficiencias de las discapacidades visual y auditiva al mismo tiempo, pero no por ello tiene las mismas necesidades; sus barreras de comunicación en el entorno, de aprendizaje, de autonomía son aún mayores, pero no imposibles de sortear.

Desafortunadamente, en Chile ser sordociego es una singularidad, considerándose la sordoceguera como una discapacidad dentro de la discapacidad prevalente, ya sea sordera o ceguera, y por este motivo no cuenta con políticas públicas ni apoyo suficientes. Así, se ha transformado en una realidad invisible: al no considerarse como una discapacidad única, singularmente observable, no se mide, no existen estudios ni tampoco estadísticas.

A continuación, haré algunos agradecimientos.

En primer lugar, quiero agradecer profundamente a quienes me acompañaron en este proyecto, que confiaron en él y lo firmaron.

En segundo término, a la Comisión de Desarrollo Social, que con su aporte enriqueció este proyecto, que pretendía ser aislado, pero que terminó incorporado donde corresponde: en la ley de discapacidad.

En tercer lugar, y no por ello menos relevante, a la ministra Karla Rubilar , nuestra excolega diputada, quien tiene un compromiso a toda prueba con el mundo de la discapacidad.

Cuando ella llegó al Ministerio de Desarrollo Social y Familia movió cielo, mar y tierra para que esta iniciativa no solo se viera, sino también para que se enriqueciera y contara con el apoyo del Ejecutivo. En lo personal, tengo una deuda de cariño y admiración con la ministra. Si no hubiera sido por el trabajo de ella, a lo mejor este proyecto no habría salido tan fortalecido y enriquecido desde la comisión.

Por último, quiero recordar a todos nuestros colegas, y en particular a mí mismo, que, lamentablemente, la sordoceguera no es ajena a nosotros. Muchas veces en nuestra actividad política somos tanto sordos como ciegos. Así que esto no solamente se relaciona con las personas que tienen una discapacidad única, como la sordoceguera, sino también con recordarnos a nosotros mismos que debemos hacer de este un mejor mundo e incluir a todas las personas.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG (vía telemática).-

Señor Presidente, quiero partir mis palabras saludando y felicitando al diputado Francisco Undurraga por esta iniciativa y también por su gran generosidad al habernos hecho partícipes de ella.

Asimismo, quiero agradecer a todos quienes participaron en este debate en representación de la sociedad civil, como don Gustavo Vergara , gran dirigente de la comunidad sorda; doña Carolyn Sánchez, don Álvaro Jofré, don Eugenio Romero ; doña Ximena Rivas, del Senadis , y a su abogada Andrea Martínez , quienes también hicieron importantes aportes en la Comisión de Desarrollo Social.

Por cierto, agradezco a nuestro Presidente, señor Boris Barrera , quien tuvo la intuición y la inteligencia de poner en tabla el proyecto en la comisión, de manera que pudiéramos relevar la importancia de aquel, que reconoce la sordoceguera como una discapacidad única, que pretende visibilizar una realidad que para muchos chilenos es invisible y da cuenta de personas con serias dificultades para comunicarse con su entorno.

Como manifesté, esta iniciativa reconoce la sordoceguera como una discapacidad única y específica que requiere el apoyo de la sociedad para que las personas que la padecen tengan oportunidades reales de desarrollo y realización personal, excluyendo, por supuesto, cualquier forma de discriminación basada en la discapacidad.

De acuerdo con estadísticas internacionales, entre 0,2 y 2 por ciento de la población mundial sufre sordoceguera. En tanto, las estimaciones hechas a partir del Censo de 2012 -lo acaba de recordar la ministra Rubilar apuntan a que en nuestro país hay cerca de 7.696 personas que padecen dicha discapacidad, aunque no existen estudios formales al respecto, lo que constituye uno de los principales problemas para mejorar la situación de quienes tienen dos discapacidades al mismo tiempo, viendo virtualmente imposibilitadas sus capacidades de comunicación con los demás.

Es importante destacar que, a partir de la ley de discapacidad, se modificó el paradigma con que nuestro país entiende la discapacidad. A las personas con discapacidad no se las considera simplemente así, sino como personas a las que el entorno no integra debido a sus limitaciones, lo que se traduce en la obligación del Estado por promover su incorporación a la vida nacional.

Desde esa perspectiva, el proyecto en comento aporta, además, el reconocimiento de la sordoceguera como una discapacidad distinguible de otras al establecer que las personas sordociegas podrán acceder, comparecer ante las instituciones públicas y privadas, acompañadas de intérpretes de lengua de señas o guías intérpretes, según sea el caso, así como también la obligación del Estado de promover, dentro del ámbito de sus competencias y conforme a sus atribuciones y medios, la formación y capacitación continua de guías intérpretes, de acuerdo con los estándares que determine el reglamento que dictará al efecto el Ministerio de Desarrollo Social y Familia dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la ley en proyecto. Esto, porque muchas veces -tenemos la experiencia de eso los reglamentos demoran una eternidad, lo que hace que las leyes se vuelvan ineficaces.

Por eso, valoramos el compromiso de la ministra Karla Rubilar en el sentido de agilizar la tramitación de este proyecto en el Senado, de manera que la futura ley entre pronto en vigencia y que también se dicten los reglamentos respectivos para que los guías intérpretes puedan capacitarse y prestar un servicio a las personas que padecen sordoceguera.

Por último, quiero reiterar que en esta sesión nos encontramos avanzando en dos proyectos muy importantes para la inclusión social de personas con discapacidad.

Agradezco al mundo de la discapacidad y a las organizaciones civiles, ya que, a pesar de todas las diferencias que podamos tener en la Cámara de Diputados, la discapacidad nos une, por lo que siempre han sido apoyados y aprobados por unanimidad estos proyectos, que son tremendamente humanos e importantes para el desarrollo inclusivo de nuestra nación.

He dicho.