Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para esta discusión se otorgarán cinco minutos a las bancadas que tengan dos o más Comités, y tres minutos a las demás.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 86ª de la presente legislatura, en martes 13 de octubre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 8

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ (vía telemática).-

Señor Presidente, el monto del ingreso mínimo es una de las materias más complejas del trabajo parlamentario, porque todos, sin discriminación, aspiramos a que los trabajadores accedan a un ingreso mínimo superior al que fijamos en este debate.

El ingreso mínimo es la demostración evidente de las tremendas desigualdades que aquejan a nuestra sociedad. Sin embargo, como país, tanto el gobierno como el Parlamento no hemos podido encontrar caminos viables para que los trabajadores tengan un ingreso digno de su trabajo.

Incluso, ahora estamos explorando como país la posibilidad de que el salario mínimo sea complementado por el subsidio fiscal que estableció la ley N° 21.218, pero en este debate, lamentablemente, no hemos podido llegar a acuerdo.

Reconozco que el ingreso mínimo lo pagan las pymes. Como en la Comisión de Hacienda me hicieron críticas legítimas por haber aprobado los 6.000 pesos, en circunstancias de que había rechazado los 1.500 pesos, al día siguiente fundamenté mi voto en que no había ninguna posibilidad de un mayor aumento. Al final se ratificó lo que pasó en el Senado: se aprobaron los 6.000 pesos.

Quiero reiterar lo siguiente: hay un informe financiero, que significa más de tres mil millones […]; es decir, no es solamente el salario mínimo, que es vital. Debido a eso fundamenté el voto en la Comisión de Hacienda y también en la Sala. Se perdió, pero en el Senado no se obtuvo nada mayor a seis mil pesos.

¿Cuál es el problema? Nosotros, como bancada, nos reunimos anteayer y al final acordamos que apoyaríamos todo lo que saliera del Senado. Lo haremos en función de que esperamos, legítimamente, que en abril se llegue a un buen acuerdo para las pymes.

Estamos convencidos de que hay que buscar todos los caminos en función de que la economía crezca, y así ver cómo hacemos justicia a estas personas.

Dentro de lo grande que es la política, porque sin política no hay democracia, en algunos momentos hay sinsabores, que las redes sociales muchas veces no entienden, y es legítimo que así sea. No obstante, creemos que los perceptores del ingreso mínimo no pueden seguir esperando este escuálido incremento y los nuevos valores de las asignaciones familiar y maternal, y del subsidio familiar.

Hablando de la manera lo más didáctica posible, si no aprobamos los seis mil pesos, no va a haber ningún aumento para las asignaciones familiar y maternal, y del subsidio familiar.

Como bancada apoyaremos la reposición del artículo 1 que hizo el Senado. Lo hacemos en función de que el gobierno, en este instante, plantea que sí o sí es necesario preocuparse del tema económico, que de verdad está difícil, complejo, complicado.

Estoy convencido de que vamos a seguir adelante para ver cómo buscamos un acuerdo último, que signifique efectivamente un mejoramiento del ingreso mínimo; esperamos que sea así.

Ahora más que nunca creemos que si no estamos unidos con una visión de Estado, con una visión en función del país, del tema sanitario y de lo que significan los miles y miles de chilenas y chilenos que han fallecido, no vamos a encontrar el camino que nos permita recuperarnos, saludarnos, el camino que haga posible que nos podamos entender.

Por eso, en nombre de mi bancada, anuncio que vamos a apoyar la reposición que se hizo en el Senado.

He dicho.

-Los puntos suspensivos entre corchetes corresponden a interrupciones en la transmisión telemática.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Pido a los Comités que nos hagan llegar los nombres de los diputados que van a intervenir.

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, este proyecto ingresó a tramitación el 31 de agosto. Hoy estamos a 14 de octubre, es decir, ha transcurrido un mes y medio, mes y medio que esperan los chilenos que reciben el sueldo mínimo, la mayoría de los cuales trabajan en el sector privado, porque todos sabemos que el Estado no es el que paga el sueldo mínimo. Este incremento lo tendrán que pagar las pymes; en su oportunidad ya lo dijimos. Este proyecto ha pasado como tres veces por acá, y la verdad es que queremos apurar su despacho.

Nosotros colocamos el monto, pero lo pagan las pymes, las mismas que hoy están luchando y a las que todos nosotros defendemos. Los parlamentarios acá decimos que defendemos a las pymes.

Debemos retrotraernos a lo que fue el estallido social y, desde marzo a la fecha, a la pandemia, período en que las pymes han sufrido muchísimo. Tres de cada cuatro chilenos hoy esperan que aprobemos este proyecto para que su renta se incremente, no que sigamos utilizando políticamente el tema y sigamos dilatando su despacho. Podríamos haber visto ayer este proyecto, pero no, teníamos que perder el tiempo en una acusación constitucional que, en verdad, no daba para mucho.

En verdad, todos quisiéramos que el incremento fuera mucho mayor, especialmente hoy, cuando las necesidades son infinitas. Pero seamos realistas: la situación no está para eso. Muchas pymes no están ni siquiera paradas para poder pagar el sueldo mínimo.

Hoy vemos que cientos de empleos se pierden día tras día, cifras que podrían incrementarse aún más si a quienes generan empleos se les impone hoy un aumento mayor de la renta de sus trabajadores. Ya hemos pedido que pequeños y medianos empresarios, en la medida de lo posible, hagan el esfuerzo de mantener las relaciones laborales con sus trabajadores y pagar sus imposiciones, a la espera de que puedan volver a abrir su emprendimiento. Muchos se han endeudado solo para pagar las imposiciones. En ese sentido, cabe recordar que nadie está obligado a lo imposible. Si no han podido vender ni menos abrir sus puertas, tampoco han podido generar ingresos para cumplir con sus responsabilidades financieras. Desde octubre del año pasado hasta hoy solo han acumulado deudas.

Debido a la pandemia, hoy la situación es compleja y no se vislumbra una solución a corto plazo. Hay que hacer un esfuerzo, pero no es justo que las más exigidas sean las pymes; esto ya no se puede dilatar más.

Hoy, la crítica se dirige al gobierno: se dice que es mezquino y se lo acusa de defender a los grandes empresarios, de hacer que los trabajadores paguen el costo de la pandemia. Pero eso no es correcto, no es así. Les recuerdo una vez más que si bien el Estado no paga el sueldo mínimo, sí entrega un subsidio para que los trabajadores reciban el ingreso mínimo garantizado. Hay alrededor de 700.000 posibles beneficiarios, de los cuales 300.000 están percibiendo dicho subsidio. Faltan 400.000, más o menos, que podrían comenzar a percibir el ingreso mínimo garantizado. En la medida que mayor sea el sueldo mínimo, menor será el subsidio.

Estoy seguro de que el gobierno tampoco está feliz con este reajuste de 0,4 por ciento, pero le toca hacer el papel de malo. Esto es igual que en una familia, donde alguien tiene que administrar, hacer rendir los recursos, ver lo que se puede o no se puede hacer, hacer proyecciones de lo que podría suceder en el futuro y evaluar los imponderables de siempre, sobre todo para nuestro país, donde si no hay sequía, hay inundaciones, tiembla, se activa un volcán o tenemos un gran incendio. En fin, tenemos de todo.

Si vamos a los números, la idea es reactivar la economía. Ojalá que haya una mayor cantidad de recursos para ello -como viene el presupuesto para 2021-, pensando en crecimiento y empleo; que haya muchos subsidios a la contratación, muchos subsidios para lograr que las pymes puedan volver a pararse y volver a contratar.

Quiero recordarles que tres de cada cuatro empleos los dan las pymes, que son las que pagan el sueldo mínimo. Entonces, creo que ahí tiene que estar la fuerza de este proyecto.

Pido a los parlamentarios que aprobemos rápidamente este proyecto de ley, para poder aumentar el sueldo mínimo. Después, el próximo año, cuando estemos mejor -Dios lo quiera-, volveremos a conversar sobre la materia. Esperamos tener el ingreso mínimo garantizado para lograr que los trabajadores efectivamente tengan más posibilidades de contar con ingresos.

Ahora lo más importante es tener trabajo, y eso se logra con la reactivación económica. Esperamos que se coloquen todos los recursos para generar más empleos y que las pymes, que en estos momentos están cerradas, no porque sean malas, sino a consecuencia de la pandemia, puedan volver a abrir, volver a pararse y volver a contratar a las personas necesarias para levantar este país.

Finalmente, anuncio que vamos a aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, las condiciones que nos han llevado a rechazar la propuesta del Ejecutivo no han variado. Si bien el gobierno terminó aceptando aumentar los montos originales, pasando de 1.500 a 6.000 pesos, esto no es un avance real, ni mucho menos incidirá en mejorar la calidad de vida de las familias que deben sobrevivir con el ingreso mínimo.

El aumento de 6.000 pesos no resuelve la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que perciben como ingreso el salario mínimo. Lo cierto es que el IPC de los alimentos ha tenido un incremento muy superior al índice general, estimándose en un 6,8 por ciento, muy por encima del 1,9 por ciento que ofrece el gobierno. Estamos discutiendo una cifra que ni siquiera alcanza a cubrir las necesidades de alimentación, afectadas por la inflación acumulada.

El gobierno no se hace cargo de esta realidad e insiste en un discurso político e ideológico, el mismo que llevó a nuestro país a la explosión social y política de octubre pasado.

Las diputadas y los diputados de oposición plantearon crear un bono que cubra la pérdida de poder adquisitivo que implica el 6,8 por ciento. De esta manera, se complementa el exiguo aumento del salario mínimo con un bono de transferencia directa desde el Estado a las familias que reciben el salario mínimo.

Si esto no se aceptaba, se propuso entonces un aumento de 8.000 pesos hasta abril próximo, cuestión que el gobierno también rechazó.

Hacemos referencia a esos elementos porque creemos que, si existe espacio para una solución que vaya en ayuda de las personas más vulnerables, plantear un aumento de 1,9 por ciento al ingreso mínimo busca condicionar el conjunto de negociaciones colectivas en curso y que se avecinan con el argumento de que en la crisis se opta por traspasar, una vez más, los costos económicos a los trabajadores más precarizados de nuestro país.

Si el gobierno pone el acento en la situación de las pymes al momento de explicar al Congreso cómo ha sido el proceso de traspaso de recursos aprobados por ambas cámaras, cabe preguntar qué ha sucedido con aquellas que no están bancarizadas y que están al margen de la posibilidad de acceder a créditos, dadas las condiciones que considera el Fogape, y cuántas pymes han podido ingresar recursos para liquidez inmediata en los últimos meses.

Se ha aprobado un conjunto de ayudas precisamente para las pymes, para evitar su colapso y su quiebra. Sin embargo, se busca contraponer la viabilidad de estas con el aumento de, al menos, 8.000 pesos a los trabajadores.

El gobierno instala la disyuntiva de cerrar empresas o aceptar un salario mínimo que ni siquiera permite mantener el poder adquisitivo. El salario mínimo es parte del problema y está en la base del estallido social, pues no soluciona la desigualdad. Se requiere un salario justo que sea herramienta de inclusión y mínima redistribución de ingresos…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, solo quiero decir: ¡gobierno porfiado! ¡Es porfiado este gobierno! Le hemos dado un montón de alternativas y argumentos para que entienda lo que está pasando con los pequeños comerciantes, con las pymes y con los trabajadores y trabajadoras que ganan el salario mínimo. Siempre se dice: “¡Las pymes, las pymes! Ahí tenemos un problema, porque si aumentamos el salario mínimo, se complica la situación para las pymes”. Pero le dimos la solución al ministro y se la hemos dado durante todo este tiempo: incorporar un subsidio, con el delta que se produce, para las pequeñas y medianas empresas. De esa forma ese factor se termina.

Entonces, sacan las pymes para una cosa, pero para otras no.

El diputado Manuel Monsalve ha sido majadero en solicitar que el ingreso mínimo garantizado sea neteado, de forma que, si aumentamos el salario mínimo, no disminuya el otro subsidio. Asimismo, propusimos que mejoremos la cobertura, pero tampoco lo han aceptado. Sin embargo, luego de que en esta Sala se aprobaron 12.000 millones de dólares para instrumentos de ayuda, vemos que aparecen las grandes empresas, y aparecen los subsidios, que no son focalizados a la pequeña empresa, sino al amplio espectro que tenemos. El diputado Miguel Mellado ha planteado, innumerables veces, la posibilidad de crear un Fogape 2.0 para la pequeña empresa, pero tampoco existe voluntad para ello.

Le hemos dicho al gobierno que abordemos esta materia sistémicamente, no solo con un proyecto, porque al tratarla con un solo proyecto, parece obvio que tengamos que aprobarlo, pero no es obvio, porque la discusión es mucho más amplia. Sin embargo, el gobierno no ha querido dar esa discusión.

Acaba de ingresar a la Sala el ministro de Hacienda, pero no se ha perdido nada de lo que he dicho, porque estoy repitiendo exactamente lo mismo que dije la semana pasada, la antepasada y la anterior.

Lo que me preocupa es que no seamos capaces de sentarnos a la mesa a ver los distintos factores y tratar de armonizar los recursos que tenemos con la pandemia, por un lado, y la forma de reactivar la economía, por el otro. Sin embargo, ¿cómo lo hacemos con un gobierno que no quiere sentarse a escuchar ni a dialogar?

Por eso, nosotros no votaremos a favor el proyecto, porque tenemos exactamente los mismos argumentos que la vez anterior y tenemos un gobierno que no escucha.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al señor ministro.

Señor ministro -por su intermedio, señor Presidente-, no tengo nada novedoso que contarle. Estamos en una situación en que los hechos siguen siendo los mismos que cuando comenzamos esta conversación: una situación económica mala; más mala todavía para las pequeñas y medianas empresas.

Existe la necesidad de un reajuste del salario mínimo, porque, aunque el IPC general se mantiene cercano a cero, lo que redundaría en que no sería necesaria dicha alza para recuperar el poder adquisitivo, si uno lo descompone, descubriría que en el área de los alimentos el alza es mayor y está cercana al 3 por ciento. Entonces, ¿es necesario un reajuste al salario mínimo? Es necesario. Obviamente, no puede ser imprudente, como dijo el colega Miguel Mellado .

Pero como no podemos resolver a satisfacción el tema ahora, en lo inmediato, señor ministro, ¿por qué no ponernos un horizonte? ¿Por qué no decir: “En seis meses más vamos a partir el camino que resulte de una gran concertación nacional entre trabajadores, empresarios, gobierno y sistema político, que en tres o cuatro años más lleve el salario mínimo por sobre los ingresos necesarios para estar arriba del umbral de la pobreza”? ¿Por qué eso no es posible? ¿Por qué llaman a todo tipo de acuerdos nacionales, que nadie sabe bien en qué ayudan, y no se esmeran por un acuerdo nacional que lleve al contentamiento del país?

Todos hablan de que hay que superar la crisis social, que el estallido, etcétera, y de que hay que ponerle remedio. Pues bien, este es uno de los remedios más eficaces. Pero no; se persevera en las cosas tradicionales y en los argumentos de siempre. Están los que alegan contra el hecho de que una vez al año se realiza una gran conversación entre la Central Unitaria de Trabajadores y el gobierno para tratar de llegar a un acuerdo respecto del salario mínimo, rutina que es fatigosa y reiterativa. Entonces, ministro, ayude a sacarla de ahí y no le haga caso a Pérez, porque es de los que anda patinando en el barro. No escuche tonteras, ministro. Escuche alguna cosa inteligente alguna vez y póngala en práctica.

¿Sabe qué? Mejor vamos a votar en contra para que sigamos conversando de lo mismo en comisión mixta.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gastón von Mühlenbrock .

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Hacienda.

El ingreso mínimo garantizado es un nuevo elemento que tenemos que considerar en el reajuste del salario mínimo. Hay que pensar que, en períodos pasados, el aumento del salario mínimo fue inferior al que estamos por votar hoy. Sin embargo, estamos en un contexto diferente, lo que es una realidad no solo nacional, sino también mundial.

En marzo de este año, al inicio de la pandemia, el Congreso Nacional despachó a ley una iniciativa que crea el ingreso mínimo garantizado, subsidio pagado por el Estado, para aquellos trabajadores dependientes con jornada ordinaria regidos por el Código del Trabajo que perciban una remuneración bruta inferior a 384.363 pesos e integren un hogar perteneciente a los primeros nueve deciles. Ello implica que nadie recibirá menos de 300.000 pesos líquidos al mes.

En la práctica, este subsidio permite elevar el salario mínimo y otros un poco superiores, pero con cargo al Estado. Dicha iniciativa generó un nuevo y novedoso mecanismo para aumentar los ingresos de los trabajadores con rentas más bajas, mediante una transferencia directa del Estado a los trabajadores, sin mediar burocracia, como en otras transferencias estatales, ni con cargo a los empleadores.

En virtud de dicha normativa, la discusión sobre el monto del ingreso mínimo mensual debe dar cuenta de que, en la práctica, ya existe un salario mínimo mayor a 320.500 pesos, que debe pagar el empleador. Además, cualquier aumento del salario mínimo con cargo al empleador no implicará un aumento en el ingreso de los trabajadores en la misma proporción, toda vez que dicho aumento implicaría una rebaja del aporte estatal complementario.

Dicho subsidio es decreciente en la medida en que aumenta el ingreso, es decir, un aumento del salario mínimo en este contexto de pandemia, existiendo un ingreso garantizado, no incrementará el ingreso final de los trabajadores, pero sí encarecerá el costo de las contrataciones.

El aumento del salario mínimo permitirá aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, ya que la inflación de marzo fue de 0,4 por ciento. Debemos considerar que en marzo de 2020, en forma previa a la pandemia, pero con un estallido de violencia a cuestas, aumentó el ingreso mínimo en 2,5 por ciento real, de 301.000 a 320.500 pesos mensuales, cifra acordada en 2018, en el marco de un reajuste plurianual, cuando no se podía contemplar que en el último trimestre de 2019 el país tendría un crecimiento de menos 2,1 por ciento.

La pandemia ha generado la grave crisis económica y social de los últimos siglos, de modo que los esfuerzos deben estar centrados en la generación de más y mejores empleos. Desde abril de 2020 se entrega el ingreso mínimo garantizado, que permite elevar, con cargo al Estado, los ingresos de los trabajadores dependientes con rentas más bajas.

Por otra parte, debemos considerar qué ha sucedido con ocasión de reajustes pasados. En 2016, el entonces ministro de Hacienda logró que el Congreso Nacional aprobara un reajuste de 6.000 pesos semestrales. Este reajuste también será semestral, pero con crisis económica de por medio, de manera que es injusto someter a este gobierno a un estrés del mercado laboral, en circunstancias de que aquello no se hizo cuando existieron condiciones más favorables.

Es bueno recordar esta cifra, porque la olvidamos, pero debemos poner los pies en la tierra por el contexto económico que estamos viviendo, en que no sabemos lo que puede venir por delante, debido a que existe una recesión internacional. Lo importante es que nuestros trabajadores no pueden quedarse sin un aumento que sea por lo menos igual al alza del costo de la vida, y tampoco podemos ahogar a las pymes, que así lo han pedido.

En consecuencia, votaremos a favor el reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Por un punto de Reglamento, tiene la palabra, vía telemática, el diputado Patricio Melero .

El señor MELERO (vía telemática).-

Señor Presidente, rechacé integrar la Comisión Mixta por un problema de coordinación interna con mi bancada, ya que no puedo asumir la responsabilidad de integrarla mientras estamos con sesiones de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Por eso, he pedido a mi bancada que me reemplacen.

En consecuencia, señor Presidente, pido que mi nombre sea reemplazado por quien determine la jefa de bancada de la UDI.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el diputado señor Melero ?

Acordado.

Entonces, quedaremos a la espera de que la jefa de la bancada envíe el reemplazo del diputado Patricio Melero .

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica la Carta Fundamental para facilitar la suscripción de patrocinios y la declaración e inscripción de listas de candidaturas independientes, con miras a la elección de los integrantes del órgano constituyente a que se refiere su disposición vigésimo novena transitoria.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos para las bancadas que tengan dos o más comités y tres minutos al resto, más sesenta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputada informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es la señora Paulina Núñez .

Antecedentes:

-Moción, sesión 74ª de la presente legislatura, en martes 22 de septiembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 39.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 86ª de la presente legislatura, en martes 13 de octubre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 9.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada informante.

La señora NÚÑEZ (doña Paulina) [vía telemática].-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar sobre el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica la Carta Fundamental para facilitar la suscripción de patrocinios y la declaración e inscripción de listas de candidaturas independientes, con miras a la elección de los integrantes del órgano constituyente a que se refiere su disposición vigésimo novena transitoria.

Dicha moción fue suscrita por los diputados Pepe Auth , Gabriel Boric, Juan Luis Castro , Luciano Cruz-Coke , Carlos Abel Jarpa , Andrés Longton , Fernando Meza , Víctor Torres , Francisco Undurraga y Matías Walker .

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en facilitar la presentación de candidaturas y listas de candidaturas independientes, mediante un sistema que no exija concurrir presencialmente ante notario para patrocinarlas, y rebajar el número de patrocinios requeridos, para lo cual se modifica la disposición transitoria vigésimo novena de la Carta Fundamental, que establece reglas especiales para la elección de representantes a la convención mixta constitucional o convención constitucional.

Durante el estudio del proyecto, la comisión recibió al señor Cristián Monckeberg , ministro secretario general de la Presidencia; a la abogada y exsenadora Soledad Alvear , actualmente coordinadora de la agrupación de independientes Comunidad en Movimiento; al abogado Juan Pablo Hermosilla , en representación de la agrupación Independientes, No Neutrales; del Servicio Electoral, al señor Patricio Santamaría , presidente del Consejo Directivo; a la señora Juanita Gana , consejera del Consejo Directivo; al señor Raúl García , director nacional; al señor Álvaro Castañón , secretario abogado del Consejo Directivo, y al diputado Pepe Auth , en su calidad de autor de la moción.

Los autores de la moción sostienen que el acuerdo constitucional del 15 de noviembre de 2019 dio inicio a un proceso único en nuestra historia republicana, por medio del cual se consultará a la ciudadanía a través de un plebiscito que consulta la aprobación o rechazo al proceso de definición de una nueva Constitución Política, y también sobre dos opciones de instancia constituyente.

Para materializar este acuerdo histórico, fue necesario realizar diversas reformas constitucionales y legales. En primer lugar, se incorporó un nuevo capítulo a la Constitución Política, para iniciar el proceso de cambio constitucional; se modificó la ley para permitir la conformación de listas de candidaturas independientes, y se estableció la paridad de género para integrar el órgano encargado de redactar y proponer la nueva Constitución, en caso de que esa sea la voluntad mayoritaria.

En caso de ganar la opción “Apruebo”, la reforma constitucional establecida por medio de la ley N° 21.216, que permitió la inscripción de listas independientes, señala que las normas aplicables de manera supletoria para dicha inscripción serán aquellas establecidas para los diputados, es decir, las normas de la ley N° 18.700.

En otras palabras, para inscribir las listas independientes se requiere cumplir con el requisito de patrocinio de manera presencial ante notario -o ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, en aquellas localidades en que no existe notario- de un número equivalente al 0,4 por ciento de votos válidos emitidos en las últimas elecciones de diputados, cuyos domicilios electorales estén en el respectivo distrito, con un máximo de 1,5 por ciento por lista, debiendo dichos patrocinios estar suscritos de manera presencial.

Por ello, señalan que es prácticamente imposible que se presenten candidaturas y listas independientes, si se mantiene la exigencia de concurrir presencialmente ante notario para patrocinarlas y no se rebaja significativamente el número de patrocinios requeridos.

Por lo tanto, mediante este proyecto de reforma constitucional se busca modificar la disposición vigésimo novena transitoria de la Constitución Política de la República, que regula las candidaturas independientes, para conformar las convenciones constitucionales.

Es por ello también que, en el inciso segundo de esa disposición, se busca reemplazar la frase “lista de candidatos independientes las que se regirán por las siguientes reglas” por la siguiente: “lista de candidatos independientes o independientes fuera de lista, que se regirán por las siguientes reglas”, incorporando con ello la opción de independientes fuera de la lista, lo cual es relevante, porque amplía el espectro de posibilidades de participación de los independientes.

Asimismo, se agrega un inciso que establece las reglas para los independientes fuera de lista. Esta nueva norma dispone que “Los candidatos y candidatas independientes fuera de lista requerirán para inscribirse del patrocinio de un número de ciudadanos independientes igual o superior al 0,2 por ciento de los electores que hubieren sufragado en el respectivo distrito electoral en la anterior elección periódica de diputados, de acuerdo con el escrutinio general realizado por el Tribunal Calificador de Elecciones.

Hago presente que la norma actualmente vigente exige a los candidatos independientes de lista un patrocinio individual de un número de ciudadanos independientes igual o superior al 0,4 por ciento de los que hubieren sufragado en el distrito electoral en la anterior elección periódica de diputados, de manera que reducir al 0,2 por ciento facilita las candidaturas de independientes, en este caso, fuera de lista.

Por su parte, también se modifican los requisitos para candidatos independientes en lista. La norma actualmente vigente señala que estos, considerados individualmente, requerirán el patrocinio de un número de ciudadanos independientes igual o superior al 0,4 por ciento de los que hubieren sufragado en el distrito electoral en la anterior elección periódica de diputados, de acuerdo con el escrutinio general realizado por el Tribunal Calificador de Elecciones, con un tope de 1,5 por ciento por lista de quienes hubieren sufragado en el distrito electoral respectivo.

En cambio, el proyecto propone que la lista requerirá el patrocinio de un número de ciudadanos independientes igual o superior al 0,5 por ciento de los electores que hubieren sufragado en el respectivo distrito electoral en la anterior elección periódica de diputados, de acuerdo con el escrutinio general realizado por el Tribunal Calificador de Elecciones. Los patrocinios de la lista se obtendrán de la sumatoria de los patrocinios individuales de los candidatos y candidatas que lo conforman. De esta manera, al unirse los candidatos en una lista pueden sumar sus patrocinios y alcanzar el 0,5 por ciento de la lista ya señalado, lo que, sin duda, facilita su participación.

Un aspecto fundamental para que realmente puedan participar candidatos independientes lo da el siguiente inciso final, nuevo, fruto de una indicación del Ejecutivo, que evita el tremendo obstáculo de obtener patrocinios ante notario.

La nueva disposición propuesta establece lo siguiente: “El patrocinio de candidaturas independientes a que alude este artículo podrá realizarse a través de una plataforma electrónica dispuesta por el Servicio Electoral, a la que se accederá previa autentificación de identidad. En este caso, se entenderá suscrito el patrocinio de la respectiva candidatura, a través de medios electrónicos. Por medio de esta plataforma, el Servicio Electoral generará la nómina de patrocinantes, en tiempo y forma, para efectos de la declaración de la respectiva candidatura. Esta plataforma deberá cumplir con los estándares de seguridad necesarios para asegurar su adecuado funcionamiento.”.

Por último, este proyecto de reforma constitucional fue aprobado por la comisión que integro, y solicito a esta honorable Sala proceder en el mismo sentido.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, hoy vamos a ver quién es quién; quiénes quieren, de verdad, facilitar la posibilidad a los independientes de ser candidatos a convencionales y sumarlos a sus listas en pactos y favorecer su elegibilidad, y quiénes quieren ponerle la pista más pesada a los independientes.

Saludo a todas las organizaciones de la sociedad civil, como la agrupación Independientes No Neutrales por el Apruebo, que se han movilizado con la intención de remecer al Congreso Nacional con una petición muy concreta, que no es otra que volver a la fórmula que ya habíamos aprobado el año pasado, en diciembre, para facilitar que los independientes puedan ser candidatos y sumar sus votos, por la vía de exigir solo 0,2 por ciento de patrocinio para los independientes fuera de lista y 0,5 a la lista.

¿Qué pasó el año pasado? A quienes no lo recuerdan les refrescaré la memoria: en la Comisión de Constitución aprobamos una indicación que iba en ese sentido, pero cuando el proyecto llegó a la Sala, el diputado Coloma presentó una indicación para aumentar esa exigencia al doble, y así quedó.

Lamentablemente, algunos sectores de la oposición pisaron el palito, entre ellos, el Frente Amplio, y aprobaron la indicación del diputado Coloma -para los que dicen que a veces la Democracia Cristiana vota con la derecha-, y, bueno, se pusieron de acuerdo para aumentar esta exigencia al doble.

Pero, como siempre, la vida nos da la oportunidad de corregir los errores, y hoy tenemos esa oportunidad, porque podemos volver a la fórmula que ya habíamos aprobado el año pasado, para hacerle menos pesada la pista a los independientes.

Probablemente, algunos van a renovar indicaciones para hacerle más pesada la pista a los independientes y otros se van a abstener.

En ese sentido, le pido al ministro Cristián Monckeberg , por su intermedio, señora Presidenta –es bueno ver de nuevo en la testera a la diputada Maya Fernández -, que el gobierno no sea neutral en este proyecto, que haga un llamado concreto a sus parlamentarios a aprobarlo. ¿Por qué? Porque he visto que Chile Vamos, particularmente los partidarios de la opción que no es el “Apruebo”, han dicho: “¿Para qué vamos a tener un segundo congreso si se van a elegir los mismos políticos de siempre? ¡Ahora tenemos la oportunidad concreta de no elegir a los mismos políticos de siempre, facilitándole la postulación a los independientes, aprobando el proyecto tal como fue despachado por la Comisión de Constitución, estableciendo estos umbrales mínimos!

A los vecinos y a los diputados de la Región de Coquimbo -lamentablemente, no tenemos diputadas en la región- les quiero decir que esto es muy simple. Con la norma aprobada el año pasado, tras la indicación del diputado Juan Antonio Coloma , un independiente en la Región de Coquimbo debía reunir 1.000 firmas para ser candidato. Ahora, de aprobarse esta reforma, como la propusimos en la Comisión de Constitución, requiere poco más de la mitad: 514 firmas. Eso facilita la posibilidad a los independientes de ser candidatos, y en un sistema proporcional, por la cifra repartidora, no solamente ser candidatos, sino que favorecer su elegibilidad.

Entonces, hoy vamos a ver quién es quién, porque si rechazan esta norma, no vengan a decir después que la nueva Constitución la van a escribir los mismos políticos de siempre, si ustedes quieren hacerle la vida más difícil a los independientes que quieren postular.

Por eso, agradezco a Juan Pablo Hermosilla , quien asistió a la Comisión, a Soledad Alvear y a tantos independientes que desde la sociedad civil han propiciado esta norma y que han escrito artículos para explicar lo importante que es, para tener una Constitución legitimada, contar con los independientes, con las mujeres, con escaños reservados para los pueblos originarios y -así lo esperamos- con representantes de los chilenos en el exterior. Al respecto vamos a poner en tabla muy luego en la Comisión de Constitución el proyecto de la diputada Natalia Castillo y del diputado Pablo Vidal .

Agradezco al diputado Pepe Auth , quien fue el principal impulsor de este proyecto, por haberme invitado a suscribirlo, iniciativa que aprobamos en la Comisión de Constitución. Es muy importante el apoyo del gobierno para que los independientes no tengan que recurrir a una notaría, para que las firmas puedan ser electrónicas, a través de ClaveÚnica. Espero que el compromiso del gobierno y de sus parlamentarios sea para aprobar este proyecto que busca que los independientes puedan, de verdad, no solo ser candidatos, sino también ser elegidos. He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señora Presidenta, por supuesto que aprobaré esta iniciativa que busca dotar de mayores posibilidades a los independientes en el proceso de elección de constituyentes.

Tengo que agradecer especialmente al diputado Pepe Auth por haberme invitado a patrocinar esta iniciativa que es parte de un muy sentido clamor ciudadano.

También, debo agradecer al diputado Luciano Cruz-Coke , quien en la Comisión de Constitución defendió férreamente nuestra posición respecto de lo importante que es la participación de los independientes. Abrirnos a su participación es relevante, es democrático y demuestra un compromiso con que el proceso se lleve a cabo de cara a la ciudadanía, porque eso le otorgará mayor transparencia y legitimará los resultados.

Cualquier esfuerzo que hagamos por idear el futuro del país no puede dejar de lado la importancia de que el proceso sea reconocido y valorado por todos.

Además, esta reforma introduce mayor competencia, la que es siempre positiva en todo orden de cosas. Ante la competencia debemos ser más ingeniosos, debemos esforzarnos más por capturar la atención, por convencer que nuestras ideas son las mejores para el país, para conquistar los votos. Todos nos veremos beneficiados por tener más y mejores candidatos en la papeleta, y de esa diversidad nacerá la riqueza.

Ahora bien, este mismo convencimiento que veo en todos por aprobar hoy esta iniciativa, me hubiese encantado verlo ese día de verano en que dimos inicio a todo este proceso constituyente, porque lo mismo que estamos discutiendo hoy fue propuesto por la bancada de diputados de Evópoli en esa ocasión. Ahí propusimos que se redujera de 0,4 a 0,2 por ciento el porcentaje de electores que se exigía a los independientes para inscribirse, exactamente el mismo porcentaje que hoy se propone.

No recuerdo esto para subirnos los bonos como partido, sino que a modo de crítica, porque en esa noche no se rechazó esta idea porque no hubiera voluntad, sino porque se legisló a la rápida, con el afán de subir rápido la foto sobre la participación paritaria.

No haberse dado el tiempo en ese momento gatilló que para solucionar esto -igualmente urgente- debiera presentarse un nuevo proyecto, con todo el gasto de tiempo que eso significa en la comisión y ahora en la Sala, tiempo que podríamos haber destinado para discutir otras necesidades.

El mensaje es muy simple: la ciudadanía nos pide no solo mayor participación de los independientes, sino también nos exige ser eficientes; lamentablemente, la tramitación de esa indicación de mi bancada no lo fue.

Coincido con el diputado Matías Walker en que ahora es cuándo y ahora vamos a ver quiénes de verdad propician, o propiciamos, la participación ciudadana y la participación de los independientes en el futuro proceso constituyente, si es que la ciudadanía así lo determina.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ (vía telemática).-

Señora Presidenta, tal como se ha señalado, el proyecto surge de una moción del diputado Pepe Auth que, como ya hemos escuchado al ministro, ha sido respaldada por el gobierno, que la ha patrocinado y le ha dado urgencia. Su objetivo es flexibilizar los requisitos para inscribir candidaturas independientes a la convención constitucional.

Esta materia ya contiene normas especiales, pues en la reforma constitucional aprobada se posibilita la participación de agrupaciones o listas de independientes, lo que no ocurre en las elecciones parlamentarias.

El proyecto en debate, sin duda, responde a las aspiraciones y demandas de los sectores independientes, deseosos de ser parte interviniente y con representación en la futura convención constitucional; aspiran a que la instancia en que se hará la nueva Constitución sea un órgano en que no solo estén representados los partidos políticos, los denominados “políticos de siempre”, sino también líderes de movimientos sociales y dirigentes de organizaciones con amplia representación regional y nacional, lo que sin duda es una necesidad para la salud de la democracia y la legitimidad de la nueva Constitución Política.

Por lo tanto, no me cabe ninguna duda ni vacilación de que hay que aprobar en general este proyecto, que va en la línea correcta.

No obstante, cabe advertir a esta Cámara, y también a la ciudadanía, que la forma en que está formulado el proyecto puede constituir una nueva trampa de la derecha y de los sectores políticos que aspiran a una sobrerrepresentación de la derecha en la convención constitucional, con el fin de mantener la política de los acuerdos y los falsos equilibrios, acoplados al famoso quorum de los dos tercios.

No es un secreto que gran parte de los sectores independientes y líderes sociales que se inclinan por un cambio constitucional que rompa definitivamente con la herencia del modelo neoliberal y la Constitución de 1980, son los mismos que, por supuesto, concurrieron a la convención y que están por la opción “Apruebo”, y que son los independientes por el “Apruebo”. Es decir, la gran mayoría de los sectores que hoy quieren participar como independientes en este proceso están por una nueva Constitución política.

La iniciativa, tal como está concebida, puede llegar a ser una fórmula hecha a la medida del gobierno, de la derecha y de aquellos que desean mantener el statu quo. ¿Por qué? Porque tendrá como efecto, a mi entender, la dispersión de votos en aquellas listas cuyas motivaciones e intenciones se adscriban al progresismo, a la centroizquierda y a la izquierda. Esta dispersión no asegura la elegibilidad de los independientes y, a mi entender, puede disminuir la elegibilidad del progresismo y de la centroizquierda. Sin embargo, sí garantizará la elegibilidad de la derecha, la que, bajo la fórmula de Pablo Longueira, de ir unida, tal como lo ha expresado en reiteradas ocasiones, la centroderecha asegurará su sobrerrepresentación bajo el actual sistema de elegibilidad, donde casi el 50 por ciento, si no el 50 por ciento de los convencionales, sean de derecha y partidarios de aquellos que desean mantener las pilastras del modelo neoliberal.

Por lo tanto, tal como está este proyecto, puede llegar a ser un traje a la medida de la derecha.

Por ello, se hace necesaria una indicación que asegure la transparente competencia entre partidos y que, por otro carril, se asegure mediante escaños reservados la elegibilidad de los independientes, tal como lo hicimos con la paridad de género y los escaños reservados para los pueblos originarios, al menos.

Lo que se busca es la elegibilidad de los independientes, es decir, que ellos sí o sí estén presentes en la convención constitucional, que es la que, sin duda, va a aprobar el pueblo de Chile el 25 de octubre. Para tal efecto, propongo que a los integrantes ya estipulados en la convención se adicione una ciudadana y un ciudadano independientes por cada distrito, siendo elegidos los dos más votados, respetando la paridad de género. Esto, además, viene a corregir la mezquina representación de los convencionales, mediante las reglas de elección de la Cámara de Diputados.

La actual representación de la soberanía nacional no se refleja solamente en la Cámara de Diputados, sino en el sistema de representación completo, es decir, en la totalidad de representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado, por lo cual la indicación no resulta contradictoria respecto de la totalidad de la representación parlamentaria existente en la actualidad.

Como vemos, este proceso estará dotado constantemente de amenazas y de trampas. Por eso, respecto del acuerdo entre el gobierno y la derecha respecto de este proyecto, hay que ser prudentes. Repito, así como se garantizó paridad de género y escaños reservados en la Cámara de Diputados, debemos procurar asegurar que los independientes sí o sí estén presentes en la convención. Los llamados independientes en la ley electoral son nada más ni nada menos que la gran mayoría de los chilenos…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Concluyó su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto Ferrada .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, estamos a escasos once días de una convocatoria que es histórica para nuestro país. Me refiero al plebiscito constituyente. Ese plebiscito va a dar un inicio democrático a un camino que va a durar un buen tiempo y que va a permitir que Chile se haga cargo de una gran deuda que mantiene con el futuro del país, cual es contar con una nueva Constitución, que nos conecte con los problemas del siglo XXI y que no nos ancle a estar atados permanentemente a los problemas del pasado; que integre todas las aspiraciones, sueños y objetivos de los chilenos de hoy, relacionados, por ejemplo, con lo digital, con la transición ecológica, con el feminismo, de modo que esas aspiraciones sean acogidas en esa nueva Constitución.

Por eso, es muy importante este proceso constituyente que surge desde el mismo pueblo movilizado a partir del 18 de octubre del año pasado, y que se concretó en un acuerdo hacia la nueva Constitución el 15 de noviembre. Ahí se construyó el primer piso de un proceso inédito, histórico y trascendental para nuestro país.

Ese primer piso tiene muchos aspectos destacables, como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la construcción de la nueva Constitución, pero también tiene falencias, matices y claroscuros, porque fue consecuencia de un acuerdo y no pudimos imponer todas nuestras condiciones. Las reglas de elección de los convencionales constituyentes, es decir, de quienes redactarán la nueva Constitución, son las reglas de elección de diputados. En el fondo, se busca hacer una especie de espejo de lo que es la Cámara de Diputados en la convencional constituyente.

El oficialismo, que impuso esa idea, nos hablaba de que quería tener reglas fijas, claras y conocidas. Sin embargo, si se reproduce el mismo resultado de la Cámara de Diputados en la convencional constituyente, estaremos socavando la legitimidad de la nueva Constitución.

El proceso constituyente no es un proceso legislativo, sino uno en que el pueblo, el soberano, escribe la nueva Constitución, por lo que no puede seguir las reglas legislativas.

Por eso, a ese primer piso, que es el acuerdo por una nueva Constitución, hemos ido construyendo otros que han ido cambiando esa idea original. El más importante y que fue aprobado el año pasado, consistió en establecer que la convención constituyente debía ser paritaria, es decir, que debía estar integrada exactamente por la misma cantidad de hombres y de mujeres.

Segundo, establecimos la posibilidad de que esa convención constitucional contara con escaños reservados para los pueblos originarios. Es una necesidad pagar esa deuda con nuestros pueblos originarios. Está a punto de despacharse desde el Senado ese tercer piso del proceso constituyente, que va a integrar a todas las etnias que han sido históricamente excluidas de las decisiones importantes del país.

Pero queda también este último piso, que tiene que ver con la participación de los independientes, que son la inmensa mayoría del país, quienes tienen ideas, propuestas y sueños respecto de lo que debe ser la organización del país; sin embargo, el sistema no facilita su participación en el proceso constituyente. Por eso, es importante este proyecto de ley, porque facilita la suscripción de patrocinios y la declaración e inscripción de candidaturas independientes para la elección de integrantes de la convención constitucional.

La iniciativa se hace cargo de dos aspectos que compartimos ciento por ciento. En primer lugar, permite que los independientes que quieran postularse a la convencional constituyente tengan patrocinios, que son respaldos de otros independientes para fundamentar su candidatura, y que tal proceso se pueda llevar a cabo en una plataforma electrónica en el Servel mediante ClaveÚnica. Así, se deja atrás la obligación de los independientes de conseguir patrocinios presenciales en notarías, lo que es bastante difícil, por no decir imposible en tiempos de pandemia.

Un segundo aspecto tiene que ver con bajar la cantidad de patrocinios requeridos para que un independiente pueda ser candidato a la convención constitucional. Cada candidato o candidata que conforme la lista, considerado individualmente, requería el patrocinio de un número de ciudadanos independientes igual o superior al 0,4 por ciento; hoy esa cifra disminuye a 0,2 por ciento. Para que se hagan una idea quienes tengan interés en postular en el distrito Nº 14, de las provincias de Maipo, Melipilla y Talagante, un independiente puede ser candidato a la convención constituyente con 620 patrocinios. Si se juntan seis independientes y reúnen entre todos alrededor de 1.400 patrocinios, pueden constituir una lista independiente, que es algo que ya está autorizado.

Si esto ocurriera en Arica, los números son inferiores. Una persona en Arica puede ser candidato independiente a la convención constitucional con solo 150 patrocinios digitales. Creo que esas son demostraciones concretas de que queremos que esta Constitución nazca del pueblo mismo, sea escrita desde abajo hacia arriba.

La participación de los independientes será siempre importante en la organización del Estado. De hecho, para este proceso constituyente son fundamentales, son imprescindibles, porque la nueva Constitución debe surgir del pueblo mismo, con el pueblo y para el pueblo.

Por eso, los socialistas vamos a apoyar todas las normas que faciliten y estimulen la participación de los independientes en la generación de la nueva Constitución, porque el iniciador, el protagonista y el dueño de este proceso constituyente es el pueblo chileno, el pueblo soberano que va a escribir la nueva Constitución.

Por supuesto, aprobaremos…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Renato Garín González .

El señor GARÍN (vía telemática).-

Señor Presidente, realmente me alegra escuchar todo este interés por nosotros, los independientes. Ojalá, este mismo interés y esta misma buena fe estuvieran en la vida diaria dentro del Congreso Nacional, y no la persecución que hemos visto en los últimos dos años contra el comité de los independientes.

El proyecto va a generar problemas a la oposición. Ese es un hecho. Por eso, el gobierno patrocina con tanto interés -creo yo- esta idea, porque hizo las matemáticas y se dio cuenta de que mientras más listas de independientes haya es más difícil que la oposición logre los famosos dos tercios que se acordaron aquella noche del 15 de noviembre en el baño de la sede del Congreso en Santiago, como hemos sabido, entre el señor Coloma y un diputado que actuó como llanero solitario, sin el apoyo de su partido esa noche.

Hay mucho cinismo en este debate. A los independientes nos critican en el Congreso, nos tratan de individualistas en este odio que hay a la individualidad, con este énfasis en los proyectos colectivos, que en realidad no existen. Pero, en realidad, lo que vemos es que a los partidos y, sobre todo, a las bancadas de los diputados no les interesan los independientes. Los que les interesan son los famosos que pueden colocar en la franja de televisión, a quienes pueden buscar un distrito para competir con alguien que les cae mal. Esa es la gente que les interesa: los famosos, como la gente que aparece en los matinales, y no los independientes, que no son lo mismo. Que los famosos sean independientes es una cuestión circunstancial. Insisto en que a los partidos les interesan los famosos.

¿Por qué hay tantos independientes en la oposición? Por el mal manejo de los partidos de la oposición. El mal manejo de la centroizquierda es lo que hace proliferar independientes que no quieren nada con los partidos políticos, ni jóvenes, ni viejos, ni bonitos, ni feos.

Por ende, será muy difícil conseguir los dos tercios. O sea, los partidos acordaron una regla entre gallos y media noche, en el baño de la sede del Congreso en Santiago, pero no han hecho nada por crear las condiciones para conseguir esos dos tercios. O sea, es gravísimo lo que han hecho.

Más encima, ahora tenemos un debate respecto de lo que significan esos dos tercios. Los que leen El Mercurio lo deben saber, porque van como cincuenta cartas enviadas al diario, interpretando qué significan los dos tercios: si es en general o en particular, si es el reglamento o no, etcétera.

Esa noche del 15 de noviembre yo le hice ver a una serie de diputados que el tema de los dos tercios iba a generar problemas y que había que arreglarlo. Después, la Comisión de Constitución, como una especie de doctor Jekyll y míster Hyde , no nos dejó votar la indicación de nuestra autoría para arreglar el tema del quorum en la redacción que habían hecho. De este modo, si sumamos al 15 de noviembre el mal manejo de la oposición y la inteligencia matemática del ministro Monckeberg , con lo que está haciendo, tenemos un cóctel perfecto en favor de un sector de Renovación Nacional y de la derecha social que van a tener en su mano el quorum constitucional. O sea, un negocio perfecto para el “chef” Mario Desbordes , hoy ministro de Defensa, quien es celebrado por el kindergarten y es ídolo de las multitudes porque hizo un tremendo negocio para Renovación Nacional. Hoy, la derecha, gracias al mal manejo, tiene ventaja en la elección presidencial y en las elecciones de alcaldes y de gobernadores, y vemos muy difícil el tema de los dos tercios.

Por ende, mi llamado a los independientes es a acordar con estos partidos nefastos y a conseguir los dos tercios, porque la dispersión ayuda a la derecha.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis Araya .

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señor Presidente, la tan desprestigiada política ha tenido pocos momentos en donde hacer lo suyo, que es hacer política. Uno de esos momentos ocurrió el 15 de noviembre, cuando se llegó a un acuerdo que permite que hoy estemos conversando sobre cómo Chile va a participar, de modo democrático, en la construcción de nuestra Constitución. Nuestro país nunca ha construido su Constitución de manera democrática. ¡Nunca! Esta es la primera oportunidad que Chile tiene de construir una Constitución en forma democrática.

Lo bueno es que esta construcción va a ser definida de modo paritario, lo que es un tremendo logro, y con los pueblos originarios. Esperamos tener aquí pronto el proyecto que viene del Senado para resolver aquello, de manera que participen los pueblos originarios como actores relevantes en nuestro país y, por cierto, también los independientes.

Aquí tampoco hay que enervar a los partidos políticos. Los partidos políticos son parte fundante e importante en la construcción democrática. Tienen un valor muy relevante, así como también los independientes y la voz de estos.

Este proyecto nos propone mejorar las posibilidades de que los grupos de independientes se organicen para participar en el proceso democrático. Obviamente, como bancada del PPD, estamos de acuerdo con ello. Vamos a votar a favor este proyecto, porque mientras más disminuyan las barreras, más posibilidades tienen de participar los independientes.

Es cierto que eso va a producir mucha fragmentación en el mundo independiente, pero esa es una cosa que tiene que evaluar la gente del mundo independiente, en el sentido de ver qué va a ocurrir y cómo se organizará para que no ocurra una ultrafragmentación que la deje afuera.

Por lo tanto, este proyecto apunta en el sentido correcto: mejores condiciones frente a las barreras para que puedan participar los independientes y reducción a 0,5 por ciento del patrocinio de ciudadanos que hubiesen sufragado en la última elección. Además, se establece que los patrocinios de la lista se obtendrán de la sumatoria de los patrocinios individuales de los candidatos y candidatas que lo conforman.

La invitación a los independientes es para que vayan a votar el 25 de octubre y que, ojalá, voten por el “Apruebo”, para que tengan la posibilidad de participar en la construcción de la nueva Constitución como independientes, con el valor que tiene el mundo de los independientes y con visiones distintas a las que tenemos los parlamentarios, los cuales no somos los más malos ni los peores, ni tampoco los que tenemos una visión maniquea de la sociedad. Queremos construir todos juntos, porque todos tenemos derechos: las mujeres, los hombres, la gente de la diversidad sexual…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet Martínez .

El señor MULET (vía telemática).-

Señor Presidente, voy a renovar una indicación. Estamos juntando las firmas para renovarla, para corregir un defecto y un problema grave que provoca este proyecto de reforma constitucional, que, desgraciadamente, ha sido tramitado de manera tan rápida y con muy poco debate.

Me dieron solo un minuto para justificar la indicación que presenté en la Comisión de Constitución, y ni siquiera me dieron el derecho a réplica. La verdad es que modificar una Constitución no es una tarea tan simple ni de un minuto para otro. Lamento que la Comisión de Constitución haya actuado de esta forma en este proyecto de reforma constitucional tan relevante, que, obviamente, tiene un propósito absolutamente noble. Estoy de acuerdo en que haya igualdad para los independientes en la competencia que -¡qué duda cabe!- va a ser el proceso electoral de la elección de los convencionales constituyentes. En ese sentido, hay una muy buena inspiración del diputado Pepe Auth , que fue uno de los patrocinantes de esta moción.

El mismo diputado Pepe Auth está de acuerdo con la indicación que yo presenté y que, desgraciadamente, la comisión rechazó en una discusión limitadísima.

¿En qué consiste la indicación? Si se aprueba este proyecto tal como está, sin nuestra indicación, discrimina a diecisiete partidos políticos -nueve con representación parlamentaria- que no están inscritos en las dieciséis regiones. Algunos están inscritos en doce, trece, ocho o tres regiones; en fin, de tres regiones hacia arriba.

La mayoría son partidos políticos nuevos, pero hay otros no tan nuevos. Por ejemplo, uno de ellos es el Partido Humanista, que no está inscrito en dos regiones. ¿Y por qué los discrimina? Porque militantes de esos diecisiete partidos políticos que buscan generar participación están en regiones donde los partidos todavía no se legalizan. Hablo de partidos legalizados. Los partidos se legalizan en todo Chile, en las dieciséis regiones o en tres o más regiones; algunos están en ocho, nueve, diez, etcétera.

Entonces, el proyecto, tal como fue aprobado por la comisión, implica que aquellos militantes de partidos en regiones en donde no están legalizados esos partidos políticos no pueden competir, porque los partidos políticos, por una disposición de 1999 y por otra de 2015, no pueden competir en las regiones donde no están inscritos. En suma, miles y miles de militantes de partidos no van a poder competir.

¿Y los independientes? Bienvenidos, que compitan en todos los lugares.

Entonces, por esta vía, indirectamente, se les están poniendo más restricciones a los militantes. Eso, obviamente, no implica que no haya que aprobar las ayudas y facilidades para los independientes. No, hay que aprobarlas; pero tampoco hay que descuidar a los militantes de partidos políticos, muchos de los cuales no van a poder competir; o sea, se da la discriminación al revés.

Por eso, presenté una indicación renovada para corregir ese hecho; de lo contrario, el proyecto va a ser inconstitucional y nos obligarán, desde ya hago reserva de recurrir…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputado. Tiene la palabra el diputado Raúl Saldívar Auger .

El señor SALDÍVAR (vía telemática).-

Señor Presidente, indiscutiblemente, la política siempre está en cuestionamiento y su legitimación es una tarea permanente.

El discurso apolítico ha crecido ostensiblemente después del estallido social. La crítica ha estado centrada en el espectro político en general y en las estructuras institucionales heredadas de la dictadura. Los partidos políticos han sido vistos como perpetuadores de un modelo que para muchos ya no representa a la ciudadanía. En consecuencia, necesitamos formar ciudadanía, pero ciudadanía activa, que valore lo público.

Además, se requiere entregar educación política, sin complejos, y civismo, asunto esencial, crucial para una sociedad que se desenvuelve y quiere construir un mejor devenir. Ese ha sido históricamente el rol de los partidos políticos.

Asimismo, debemos desprejuiciarnos respecto de que las ideologías son algo negativo.

En este contexto, los independientes adquieren especial relevancia, pues, de ganar el Apruebo -como espero sinceramente-, se abrirá una disputa electoral en la que participará todo el espectro político y muchos independientes que hacen eco de la crisis de representación que hoy sufren los partidos. Sin embargo, verán dificultado su ingreso a la carrera por conformar el órgano constituyente. Precisamente es eso lo que queremos subsanar con este proyecto, buscando igualar las condiciones a los independientes que deseen participar, para que tengan opción real.

La discusión constituyente es ciento por ciento política. No se puede decir otra cosa, puesto que la esencia de la política está en la interrelación de las distintas miradas sobre la realidad y su interpretación. En tiempos en que la política se encuentra en serio cuestionamiento, paradojalmente incluso por quienes detentan cargos de elección popular, debemos avanzar en extender y profundizar la democracia, evitando que capte adeptos el discurso que ve en la política y en la democracia el origen de los problemas de la sociedad actual.

Este es un paso importante que, sumado a la igualdad de género y a los escaños reservados –espero que se resuelva pronto-, constituye naturalmente correr los límites de la democracia y avanzar.

Requerimos, en este sentido,…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputado. Tiene la palabra el diputado Tomás Fuentes Barros .

El señor FUENTES (vía telemática).-

Señor Presidente, cuando algunos argumentan que algunos parlamentarios planteamos que se producirá un doble Congreso, creo que siguen confundiendo a la gente, sobre todo al mundo independiente, porque el doble Congreso se produce como consecuencia del sistema que reparte los escaños, no por disminuir las barreras de entrada.

Como señaló el diputado Garín , nosotros podríamos abrir la cancha para que participaran muchos independientes, pero eso, por la dispersión de votos, va a favorecer a los partidos políticos.

Entonces, aquellos diputados que argumentan que hoy veremos quiénes están de un lado y quiénes están del otro, en verdad están muy equivocados, y si bien declaran estar por un lado, en realidad los están perjudicando.

Dicho esto, respecto del primer punto, relacionado con las adhesiones por internet o virtuales, las aplaudimos y estamos muy de acuerdo. Es obvio que ahora, gracias a la tecnología -no solo con ocasión de la pandemia-, ya no es necesario ir a la notaría, donde difícilmente vemos al notario, para contar con un ministro de fe para inscribir una candidatura, pues con la ClaveÚnica y la plataforma del Servel se puede hacer. Son adhesiones que la gente puede realizar desde su casa. De esa forma se facilita mucho el trámite.

Ahora bien, en honor a la verdad, en la comisión el diputado Giorgio Jackson propuso cambiar el factor 0,2, propuesto por el diputado Pepe Auth , por 0,3, cuestión que compartimos. Por eso presentamos una indicación. Aquí no se trata solamente de lo que la gente prometa, sino también de a quiénes representan los candidatos.

En la última elección municipal, en Maipú hubo 107 candidatos a concejal, situación que dificulta mucho la capacidad de la gente para elegir, y eso que con la ley respectiva se aplica el factor 0,5; pero en este otro caso, tras el famoso acuerdo, se les pedía 0,4 por ciento.

Entonces, a decir verdad, hacer una disminución a 0,2 por ciento podría ser perjudicial. ¿Por qué? No voy a hablar de los distritos más pequeños, como Arica o Antofagasta, donde se piden 150 o 192 firmas, o de Aysén, donde se piden 76 -recuerden que se procederá de manera virtual-; voy a hablar, por ejemplo, de Santiago Centro.

Nosotros hacemos oídos sordos para algunas cosas, y, para otras, enarbolamos banderas. Hacemos oídos sordos cuando la ciudadanía dice: “Chuta, hay parlamentarios del 1 por ciento”. Entonces, hay que avanzar para que sean elegidos con un mínimo de 3 por ciento. Pero resulta que si hablamos de ese parlamentario del 1,2 por ciento o del 1,7 por ciento, en mi distrito obtuvieron más de 5.000 votos.

En suma, la ciudadanía no está conforme con el parlamentario que obtuvo 5.000 votos, por ejemplo, en mi distrito, pero nosotros no estamos de acuerdo con que un candidato del distrito 10, por ejemplo, tenga que reunir 0,4 por ciento de adhesiones virtuales, que equivale a 1.800 adhesiones. Si dividimos esa cifra por la cantidad de comunas, estaríamos hablando de 234 firmas por comuna. Si ellos hicieran una lista, o sea, el N+1, y se eligen ocho, en circunstancias de que son nueve candidatos, tendrían que tener 521 adhesiones virtuales.

Entonces, 0,4 por ciento no lo considero mucho, pero creo que 0,2 por ciento es un límite tan bajo, que ya no habría una barrera para postular, y no sé si con eso existiría cierta representación.

Por eso, presentamos la indicación para que quede establecido en 0,3 por ciento. Así, en lugar de exigir 1.876 firmas en un distrito grande, solo se requerirían 1.400. La idea es tener un poco más de representación, entendiendo que el problema de legitimidad de muchos en el Congreso se da por haber obtenido el 1 por ciento.

Como dije, con esta indicación estamos pidiendo 0,3 por ciento de adhesiones virtuales para que se inscriban de forma individual, considerando la ventaja de que si se entera el pacto -el N+1-, ya significaría el tope de 0,5 que propone el diputado Auth . En ese sentido, cabe recordar que el proyecto original establecía un porcentaje de 1,5.

Además, la indicación que presentamos dejaría el pacto en 1 por ciento, como lo planteó el diputado Jackson en la comisión.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON (vía telemática).-

Señor Presidente, este es un proyecto bastante importante. Tengo la impresión de que la ciudadanía está bastante atenta, por lo que tenemos que hablar con la verdad y no con retórica y eufemismos.

El sistema electoral que se acordó para el proceso constituyente es el proporcional de D’Hondt, sistema que en la ciencia política se conoce como un proporcional corregido, que, en este caso, se corrigió adicionalmente al que tenemos en la Cámara de Diputados para efectos de hacer realidad la paridad, que es un aspecto fundamental y que el movimiento feminista –con apoyo de muchas diputadas y senadoras- se la jugó para que pudiera existir, y también para que los independientes, a diferencia del sistema electoral regular, pudieran reunirse y formar entre ellos un pacto. También esperamos que se pueda aprobar, de manera concreta, la fórmula para que participen los pueblos originarios, con sus escaños reservados.

Lo hemos escuchado: la población no quiere que sean los mismos de siempre, cosa que nosotros, al menos, desde nuestro partido compartimos ciento por ciento. De hecho, muchos de nosotros, por las mismas razones, pasamos de ser independientes, como lo fui toda mi vida, a formar un partido político y una coalición nuevos.

Ahora, ¿cuál debiese ser nuestra respuesta desde el Congreso a esa demanda de que no sean los mismos de siempre? En primer lugar, lo más básico y algo que podría haberse regulado, quizás, de manera administrativa -pero si es necesario hacerlo por esta vía, que se haga- sería que pueda presentarse el patrocinio utilizando el sistema de ClaveÚnica. Obviamente, ello es esencial, sobre todo en un contexto de pandemia, para facilitar las inscripciones.

En segundo lugar, los partidos políticos pueden presentar candidatos que no hayan sido representantes, es decir, que no hayan sido los mismos de siempre. Nosotros, al menos, desde Revolución Democrática, somos un partido nuevo y no tenemos ninguna duda de que en nuestras candidaturas no van a ser los mismos de siempre, porque no tenemos a personas que hayan participado en la administración del poder en los últimos treinta años. Entonces, nosotros, como partido, invitamos al resto de los partidos a que no presenten a los mismos de siempre. Esa también puede ser una solución.

En tercer lugar, también podemos ocupar nuestras plataformas partidarias para facilitar la presentación de candidaturas de dirigencias sociales con quienes hayamos tenido vínculos de trabajo tanto territorial y en distintas materias, de modo que presenten sus candidatos, en vez de nosotros exponer nuestros cuadros partidarios. Desde Revolución Democrática, y sabemos que desde el Frente Amplio también, vamos a propiciar que en las listas en que estemos haya candidaturas independientes.

Y si hay partidos que siguen diciendo que todos los partidos políticos son nefastos para tratar de ganar algún nivel de popularidad, entonces que no presenten sus candidaturas, que no presenten listas, si creen que los partidos son tan nefastos.

Lo relevante de este proyecto es facilitar la electividad de los independientes y no su mera presentación con candidaturas, porque quienes hoy se las dan de independientes -muchos acá- no habrían resultado electos si no hubiera sido por los partidos políticos que presentaron sus candidaturas, salvo el diputado René Saffirio , quien presentó su candidatura como independiente ciento por ciento.

Por eso es fundamental aprobar la indicación para eliminar la prohibición que tienen hoy los independientes para integrar un pacto electoral en el que también concurran independientes. En la actualidad, la norma va derechamente en contra del artículo 18 de la Constitución Política, que dispone que se garantizará que siempre haya plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos, tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los procesos electorales. Hoy los partidos políticos pueden agruparse en un pacto electoral, pero los independientes no pueden hacerlo, salvo si van dentro de un partido; pero no existe la posibilidad de que vayan como independientes en un pacto.

Presenté una indicación en la comisión para que del actual 0,4 por ciento de electores exigido para patrocinar la inscripción de una candidatura independiente se bajara a 0,3 por ciento, y para que del actual 1,5 por ciento, en el caso de las listas, se bajara a 1 por ciento. Si quisiéramos, podríamos bajar el requisito de patrocinio a solo una firma. Podríamos decir: “Ya, establezcamos solo una firma para facilitar la candidatura a los independientes”. Pero el problema de ello es que alguien, para ser electo o electa, tiene que alcanzar la cifra repartidora del sistema D’Hondt, lo cual puede ser 10, 15 o 20 por ciento. Esos son números muchísimos más grandes que los que se están exigiendo. Entonces, una candidatura independiente o una suma de candidaturas independientes debe tener un apoyo social, que en este caso tiene que ser un patrocinio, ni siquiera una militancia; es decir, son apoyos más fáciles de conseguir al momento de ir a buscarlos a la ciudadanía, porque no los deja amarrados, lo cual es perfectamente posible. Nosotros lo hicimos, y cualquier persona que quiera armar un proyecto de candidatura independiente lo debería poder hacer, para que después pueda ser electa y tener un respaldo. De lo contrario, muchas listas dispersas de independientes -de derecha o de izquierda, da lo mismo- van a sentir que van a poder ser representados, pero los partidos políticos van a agrupar más votos y van a tener exactamente los mismos escaños, pero con menos votos. Es decir, se va a perder esa representación.

Por lo anterior, creemos que debe haber un diálogo entre los partidos políticos, las organizaciones sociales y las candidaturas independientes.

Por supuesto que también estamos de acuerdo con la indicación del diputado Mulet , porque no puede haber gente en un limbo, es decir, que formalmente, según la ley, es militante, pero que en su región no es considerada militante y tampoco puede ser considerada independiente. En consecuencia, no puede inscribir su candidatura. Eso obviamente es injusto.

Ahora, no basta con que sean más diversas o más diversos los delegados constituyentes, sino que necesitamos que haya mecanismos de participación directa donde puedan participar las y los 18 millones de compatriotas que no estarán en la convención.

Por último, me van a perdonar, pero la retórica da para mucho. Estoy de acuerdo con que más personas independientes puedan tener más facilidades para postular, pero cuando el diputado Walker menciona como independiente a Soledad Alvear, que en los últimos treinta años ejerció cargos de ministra, senadora y militante de la Democracia Cristiana, creo que es precisamente tratar de pasar gato por liebre. Porque si no queremos que sean los mismos de siempre, al menos disimulémoslo un poco en nuestras intervenciones y no mencionemos a alguien que llevó tanto tiempo en la política de la administración del poder durante los últimos treinta años.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto Mardones .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, qué duda cabe de que estamos en un momento histórico para nuestro país.

Estamos ad portas de que por primera vez en la historia republicana de Chile el poder se devuelva al pueblo, a la ciudadanía, para permitir y viabilizar un cambio institucional muy profundo y muy importante, como es la redacción de una nueva Constitución para Chile.

Por ello, vamos a poner todo nuestro esfuerzo en el “Apruebo” y en la “Convención constitucional”, porque a partir de allí se abrirá una puerta para construir juntos un Chile mejor, un Chile distinto, un Chile con mayor justicia social. Y ese Chile del futuro lo tenemos que escribir todos juntos, lo cual debe estar en sintonía con lo que nos exige la ciudadanía y la sociedad chilena hoy, que seguramente no es la misma que la de hace un par de años.

Lo anterior significa que el proceso constituyente, a lo menos, debe cumplir tres características: primero, paridad de género, que hoy está garantizada gracias al trabajo de este Congreso. Por primera vez, no en la historia de Chile, sino en la de la humanidad, un proceso constituyente y una convención constitucional van a tener igualdad de condiciones entre mujeres y hombres.

Segundo, habrá escaños reservados y participación para nuestros pueblos originarios, para saldar la deuda histórica con ellos. Esperamos que el Senado se ponga al día con la tramitación del proyecto de ley respectivo, para que esa posibilidad también esté presente.

Tercero, y muy importante: construir juntos ese nuevo Chile tiene que ser necesariamente con los independientes, que, sin duda, representan a la gran mayoría de este país. Por eso este proyecto llega tarde, pero más vale tarde que nunca, porque las condiciones de participación de los independientes, si bien estaban garantizadas, no eran lo suficientemente permisibles, desde el punto de vista de las barreras de acceso. Había muchas condicionantes que, en los hechos, hacían inviables la participación de los independientes en igualdad de condiciones. Este proyecto, que hemos conversado con organizaciones de la sociedad civil que están trabajando por la causa independiente en la Región de O’Higgins, lo vamos a apoyar con mucha fuerza, porque justamente permite rebajar las barreras de entrada y facilitar la vida a los independientes para que participen en el proceso constituyente. Así, se rebaja la barrera de entrada de 0,4 por ciento a 0,2 por ciento de patrocinio para las candidaturas independientes e individuales, y de 1,5 por ciento a 0,5 por ciento para las listas de independientes. Al mismo tiempo, se facilita el proceso para que las inscripciones se puedan dar por vía electrónica, considerando el especial momento de la pandemia que estamos viviendo.

Creo que nos falta aplicar este mismo criterio en todas las otras elecciones en nuestro país, a fin de tener un sistema electoral más justo y más inclusivo.

Por eso, la bancada del PPD va a aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Gonzalo Winter Etcheberry .

El señor WINTER (vía telemática).-

Señor Presidente, creo que el proyecto ha sido explicado con toda claridad. No obstante, a pesar de que tiene una adhesión prácticamente transversal, hay hartas cosas que están dando vueltas y que es necesario señalar con claridad.

La promesa del proceso constituyente no es menor. La promesa es que el pueblo del Chile, es decir, el poder constituyente, por primera vez, sería el protagonista de la redacción de una nueva Constitución.

Determinado sector, que abiertamente declara que no desea que aquello ocurra, intenta deslegitimar el proceso haciendo una campaña en contra de la política. Curioso, pues se trata de una campaña financiada y promovida por políticos o por financistas de políticos. Da para reflexionar que se desprestigie a quienes obtienen ciertas facultades en elecciones abiertas, en un contexto en que lo que se pretende hacer es cambiar, de manera democrática, un texto constitucional elaborado por personas designadas por quien tenía el poder de las armas para beneficiar a quienes tenían o siguen teniendo el poder del capital.

Estamos a favor de este proyecto, porque creemos que, dada la situación política actual del país, dotará de mayor legitimidad al proceso. En mi distrito, con este proyecto, un candidato completamente independiente asociado a otros independientes podría inscribirse con 225 firmas, más o menos. Podría sonar a mucho, pero esas 225 firmas le permitirían ser uno de ocho constituyentes para una población de un millón. De modo que es una cantidad que parece mucho más razonable.

Sin embargo, debemos tener conciencia de las múltiples posibles consecuencias de este proyecto de reforma constitucional. Se podría dar la paradoja de que este proyecto le dé legitimidad al proceso, por cuanto se despeja la teoría o se aplaca la teoría del secuestro que han hecho los partidos políticos del proceso, pero podría significar también la subrepresentación de ideas políticas, las cuales podrían ser castigadas por las matemáticas al enfrentarse divididas a las urnas, porque en las inclementes matemáticas se castiga severamente la dispersión. No estoy seguro de que aquello sea bien conocido por el grueso de la población, porque el sistema proporcional D’Hondt corregido, como se denomina, lleva en Chile solo dos años en funcionamiento.

Para que todos lo entiendan, lo diré de modo no polémico primero: la proliferación de listas progente a la que le gusta el puré aumenta directamente la cantidad de escaños de aquellos a quienes les gusta el arroz. Ahora lo diré de un modo un poco más cercano: la proliferación de listas en que los candidatos sean pro-Apruebo aumenta directamente la representación de quienes prefieren legítimamente la opción del Rechazo. Esto también podría minar la legitimidad del proceso, por cuanto podría darse que determinadas ideas políticas tengan un porcentaje de escaños realmente inferior a la cantidad de votos que han obtenido en las urnas. Eso va a hacer que la gente se pregunte: “¿Por qué hemos obtenido tan pocos escaños si hemos tenido tantos votos?”.

Por lo tanto, la proliferación de listas independientes podría significar, de hecho, la subrepresentación de estos mismos independientes. Tenemos que facilitarles la entrada a los independientes, pero tenemos que ser claros de las posibles consecuencias de que aquello ocurra.

Finalmente, la pregunta sigue siendo la siguiente: ¿cómo hacemos que el pueblo de Chile que sea el constituyente sea el protagonista? Es un error pensar que esto solo se responde por el hecho de que haya independientes en la convención. Por su intermedio, le hago una pregunta a la Sala: ¿si la convención constitucional se conforma en 95 por ciento de independientes, con paridad y escaños reservados, pero redactan la Constitución a puertas cerradas, en un lugar sin señal de internet, sin señal telefónica, sentirá el pueblo que ha participado?

Creo que no.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Vlado Mirosevic Verdugo .

El señor MIROSEVIC (vía telemática).-

Señor Presidente, por supuesto, desde el Partido Liberal y desde el Frente Amplio vamos a apoyar este proyecto de reforma constitucional, porque estamos en circunstancias en las cuales tenemos quizás la primera oportunidad en cuarenta años de poder revertir la herencia de la dictadura en el régimen político chileno.

La Constitución de 1980 no solamente fue hecha en dictadura, sino que fue una Constitución ideada e inspirada en un pensamiento ideológico bastante fanático y radical, propio, naturalmente, de una dictadura que, lamentablemente, logró imprimir en la Constitución que nos sigue rigiendo su espíritu, ese pensamiento ideológico extremo e imponérselo al resto de los chilenos. Es decir, un pequeño grupo, dotado de las armas y en un régimen de dictadura, logró imponer las reglas del juego incluso una vez terminada dicho régimen, de manera que dejó una Constitución inclinada hacia un lado.

Este proceso constituyente no significa que vayamos a hacer lo contrario hacia el otro lado. Lo que significa es que nos vamos a dar una Constitución democrática, legítima, que fije reglas del juego, las cuales el consenso absolutamente mayoritario apoya. Digo esto porque la Constitución que tenemos que dejar no debe estar dotada del extremismo ideológico de un sector, que fue lo que hizo el señor Jaime Guzmán y compañía, gracia al apoyo de la dictadura de Augusto Pinochet, una dictadura que no fue solo militar, sino también cívico-militar.

Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora, de manera inédita en la historia republicana y constitucional de Chile, es fijar las reglas del juego de manera democrática, lo que no ocurrió con la Constitución Política de 1833, con la de 1925 y menos con la de 1980. Esta será la primera oportunidad de la ciudadanía, el poder constituyente originario, una idea profundamente liberal, que proviene de la Revolución francesa, y por eso los liberales siempre hemos estado a favor de la asamblea constituyente. Miren el siglo XIX chileno para darse cuenta de aquello.

Me parece que una nueva Constitución permitirá que ese consenso sea legítimo, siempre y cuando el proceso y el procedimiento sean también legítimos. Por eso que los procedimientos democráticos importan, incluso tanto o más que el fondo.

Por lo tanto, la participación de independientes puede ser decisiva, con el objeto de que en el plebiscito de salida de este proceso no tengamos una especie de Brexit chileno. Es decir, si este proceso es secuestrado por los mismos partidos políticos de siempre, efectivamente tiene una alta posibilidad de fracasar. Todos aquellos que queremos una Constitución democrática y no una Constitución secuestrada por el dogmatismo ideológico que se heredó de la dictadura, hoy necesitamos dar legitimidad a este proceso, para que tengamos una amplia mayoría que vaya al plebiscito de salida a ratificar el texto que de allí emane. Por eso, la participación de independientes es absolutamente decisiva.

Quiero terminar mi intervención con un mensaje para los independientes que están por el “Apruebo” y que son de centro-izquierda: la dispersión va a beneficiar a la derecha, que intentará mantener sus dogmas ideológicos en la Constitución, de manera que hay que tener responsabilidad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth Stewart .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, el Congreso tomó una decisión inédita al evaluar el significado de la instancia constituyente que va a proponerle al país una nueva Constitución. Por eso, innovó de manera inédita en generarles a los independientes la posibilidad de que constituyeran listas, para competir en igualdad de condiciones -lo subrayo: en igualdad de condiciones- con los partidos.

Esto, por supuesto, no vale para las elecciones de cualquier instancia permanente, pero se trata de una instancia que durará un año, que va a tener relevancia para los próximos 30, 40 o 50 años, en la cual la legitimidad es un antecedente fundamental.

Pero resulta que, luego de haber aprobado, vino la pandemia, y la pandemia convirtió en una barrera infranqueable la obligación de presentar los patrocinios directamente a un notario de manera presencial. Luego, convirtió los umbrales establecidos en una barrera infranqueable: el número equivalente al 1,5 por ciento de quienes participaron en la elección de diputados precedente y el 0,4 por ciento para candidaturas individuales.

Por eso, junto a usted, señor Presidente, y a los diputados señores Walker , Boric , Longton , Meza , Jarpa y otros, presentamos una iniciativa transversal que proponía tres cosas: la primera, permitir que los patrocinios se pudieran hacer directamente ante el Servel, en su plataforma virtual, con el uso de ClaveÚnica.

Dadas las circunstancias generadas por la pandemia, se hace imposible la concurrencia presencial ante notario para la presentación de candidaturas. En esto hubo completa unanimidad en la comisión. Además, el gobierno tuvo a bien transformar la propuesta en una iniciativa que concordó con el Servicio Electoral. Por lo tanto, en ese punto estamos listos.

La segunda cuestión que propusimos fue que las personas independientes pudieran inscribirse fuera de pacto. Este es un derecho constitucional -artículo 18 de la Constitución- que no habíamos contemplado. Solo habíamos considerado la inscripción de listas de independientes, pero no de personas. Al respecto, señalo que esta propuesta también fue aprobada por la comisión.

Luego, planteamos rebajar los umbrales de exigencia de 1,5 a 0,5 por ciento para las listas de independientes. ¿Por qué a 0,5 por ciento? Porque parece que fuera un capricho. Primero, porque el 1,5 por ciento es una exigencia seis veces -¡seis veces!- superior a la que se hace a los partidos para constituirse, que es de 0,25 por ciento. Seis veces más parece excesivo, cuando hemos hablado de igualdad entre listas de independientes y listas de partidos. Y, segundo, porque para presentar una candidatura presidencial independiente, adivinen cuánto exige la ley: 0,5 por ciento.

Hoy, para constituir un partido en las dieciséis regiones basta entre quince mil y veinte mil firmas. Pero con la ley vigente, para que independientes inscriban listas en los veintiocho distritos se necesitan entre noventa mil y cien mil patrocinios. Lo que estamos proponiendo es rebajar el umbral al doble de lo que se exige a los partidos, esto es a 0,5 por ciento.

En consecuencia, pido que aprobemos por unanimidad, primero, la posibilidad de que el patrocinio de candidaturas independientes se realice en forma directa ante el Servel a través del sistema de ClaveÚnica.

Luego, que se aprueben los umbrales de exigencia tal cual vienen de la comisión. Si no se consigue superar la barrera, que se vote la indicación del 1 por ciento presentada por el diputado del Frente Amplio Giorgio Jackson y el diputadode Renovación Nacional Tomás Fuentes. Yo, por supuesto, la votaría a favor; si no logramos 0,5 por ciento, la rebaja del 1 por ciento también es relevante.

La representatividad y la legitimidad del proceso constituyente están en juego ahora, porque, además, después del 25 de octubre viene la inscripción de los candidatos, que es el 9 de enero. Es decir, el tiempo que transcurrirá entre el resultado del plebiscito y la inscripción de candidatos será escasísimo para buscar patrocinio e inscribir listas.

Por eso, lo que está en juego es la legitimidad y la validez de una elección, que va a tener…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de reforma constitucional en los siguientes términos:

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Este Presidente declara inadmisible la indicación, por no tener relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, de conformidad con lo prescrito en los artículos 69 de la Constitución Política de la República y 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

En efecto, la idea matriz de esta iniciativa consiste en facilitar la presentación de candidaturas y listas de candidaturas independientes mediante un sistema que no exija concurrir presencialmente ante notario para patrocinarlas y rebajar el número de patrocinios requeridos, para lo cual se modifica la disposición transitoria vigésimo novena de la Carta Fundamental, que establece reglas especiales para la elección de representantes a la Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional, pero en caso alguno pretende aumentar el número de convencionales, como la indicación en comento.

Se ha reclamado la declaración de inadmisibilidad.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, por vía telemática, el diputado Hugo Gutiérrez , para defender la admisibilidad.

El señor GUTIÉRREZ (vía telemática).-

Señor Presidente, la Mesa de la Cámara de Diputados ha considerado que la indicación que he presentado es inadmisible por no estar de acuerdo con la idea matriz del proyecto de reforma constitucional, que, a mi entender, es asegurar la participación de independientes en la Convención Constitucional.

¿Qué sentido tiene hacer una reforma de este tenor y de esta magnitud si no es para que los independientes, que, sin duda, son la mayoría de los chilenos y chilenas, puedan ser parte concreta y real de esta convención? No hay mejor manera o forma de asegurar aquello que con escaños reservados para los independientes. De esta forma se materializa su exigencia de participación en la convención y se disipan definitivamente las suspicacias de que serán “los políticos de siempre” los que estarán presentes en dicha convención.

Este proyecto de reforma constitucional es indispensable, pero más lo es si la finalidad del mismo es que los independientes estén presentes en la convención. De lo contrario, no tiene sentido llevar adelante este proceso, pues solo se creará la ilusión de participación de los independientes, los cuales no serán elegidos debido a la alta dispersión electoral que favorecerá, a mi entender, y de acuerdo con las matemáticas, a la derecha.

Creo que la forma de asegurar la real participación de los independientes debe ser la misma que se adoptó en relación con la paridad de género y con los escaños reservados para los pueblos originarios, materia que aún está en discusión en el Senado.

He propuesto una fórmula para que eso se concrete y se materialice, y de una vez por todas los independientes sientan que este proceso les pertenece y que van a formar parte, sí o sí, de la convención constitucional.

En consecuencia, no es una indicación inadmisible, sino plenamente admisible, pues tiene el sentido de asegurar la participación de los independientes en la convención.

Por eso, solicito que se vote la inadmisibilidad de la indicación.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En consecuencia, se confirma la inadmisibilidad de la indicación.

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET (vía telemática).-

Señor Presidente, hago reserva de constitucionalidad respecto del proyecto, a propósito del rechazo de la indicación que pedí renovar, contenida en el N° 6 de la minuta de votación, dado que el proyecto, tal como se ha aprobado, es absolutamente discriminatorio respecto de los militantes de diecisiete partidos políticos constituidos en este país, pero que no lo están en algunas regiones, toda vez que ello transgrede el artículo 18 de la Constitución Política de la República.

De manera que hago reserva de constitucionalidad por ese motivo.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Se dejará constancia de su reserva de constitucionalidad.

Despachado el proyecto al Senado.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Por último, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código de Justicia Militar para excluir de la jurisdicción militar el conocimiento de las causas por delitos comunes cometidos por militares y entregarlo a la justicia ordinaria.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités, y tres minutos al resto, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputada informante de la Comisión de Defensa Nacional es la señora Loreto Carvajal .

Antecedentes:

-Moción, sesión 11ª de la legislatura 367ª, en jueves 4 de abril de 2019. Documentos de la Cuenta N° 8.

-Informe de la Comisión de Defensa Nacional, sesión 150ª de la legislatura 367ª, en jueves 30 de enero de 2020. Documentos de la Cuenta N° 10.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (de pie).-

Señor Presidente, estimados colegas, en representación de la Comisión de Defensa Nacional, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción de la diputada señora Maya Fernández y de los diputados señores Jorge Brito , Mario Desbordes (actual ministro de Defensa Nacional), Francisco Eguiguren , Manuel Matta, José Pérez , Patricio Rosas , Guillermo Teillier , Jaime Tohá y Matías Walker , que modifica el Código de Justicia Militar para excluir de la jurisdicción militar el conocimiento de las causas por delitos comunes cometidos por militares y entregarlo a la justicia ordinaria.

Esta iniciativa tiene por objeto excluir de la jurisdicción de los tribunales militares el conocimiento de las causas por delitos comunes cometidos por militares.

La moción señala que el Código de Justicia Militar tuvo su origen en 1925, mediante el decreto ley N° 63, de 23 de diciembre de 1925, y hasta el momento no ha sido objeto de transformaciones estructurales, salvo aquella incorporada a través de la ley N° 20.968, que Tipifica Delitos de Tortura y de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Dicho cuerpo legal, además, introduce cambios a la ley N° 20.477, que Modifica Competencia de Tribunales Militares, eliminando la posibilidad de que civiles estén sujetos a la competencia de la justicia militar, ya sea en calidad de víctimas o de imputados.

Se advierte que urge adecuar la legislación penal militar, pues durante los últimos años ha evolucionado en concordancia con estándares establecidos por el derecho internacional y la propia concepción y exigencias de la democracia y del Estado de derecho. Además, el desarrollo de las garantías penales sustantivas y procesales penales, de aplicación universal, en caso de cualquier imputación penal, incluidas las relativas a los delitos militares, ha experimentado una variada evolución durante los últimos años.

Los autores del proyecto hacen presente que se necesita una reforma integral al Código de Justicia Militar, que actualice sus normas y garantice un debido proceso en el procedimiento de justicia militar. Independientemente de que los civiles hayan sido excluidos, los militares que siguen sometidos a la jurisdicción castrense no gozan de todas las garantías que asegura el proceso penal acusatorio.

La iniciativa recuerda que la necesidad de insistir en reformar la justicia militar no solo surge de las agendas de los gobiernos, sino que responde a una obligación internacional del Estado, derivada de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara Iribarne versus Chile, dictada el 22 de noviembre de 2005, cuyo cumplimiento íntegro continúa pendiente. La Corte sostuvo, en el párrafo número 124 de la sentencia, que “En un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que, por su propia naturaleza, atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar.”.

En este orden de cosas, la Corte señaló que Chile debía adecuar su ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar, estimando que en caso de que el Estado considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, esta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo.

Conforme al último Informe de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, del 1 de septiembre de 2016, “la Corte estima que si bien la ley N° 20.477 es un avance en la reforma de la competencia de la justicia militar, ésta continúa siendo insuficiente para dar cumplimiento a esta medida de reparación pues no cumple con adecuar plenamente la normativa interna de Chile a los estándares o parámetros indicados en la Sentencia sobre las limitaciones que debe observar la jurisdicción penal militar (…)”.

Agrega que “considera preocupante que, habiendo transcurrido casi seis años desde la emisión de la ley Nº 20.477 y más de diez años desde la emisión de la Sentencia, Chile no haya adoptado ninguna otra medida para completar la armonización de su derecho interno con los estándares convencionales e internacionales en materia de competencia de la jurisdicción penal militar. Si bien el Estado ha hecho referencias a diversos proyectos de ley que buscarían, entre otros aspectos, reformar la competencia personal y material de los tribunales militares, derogar el Código de Justicia Militar y la ley Nº 20.477 y, a su vez, crear un Código Penal Militar, estos proyectos no han sido aprobados aún (…), y tampoco ha sido aportada por el Estado información actualizada y detallada sobre su trámite legislativo.”.

En cuanto al derecho comparado, la moción señala que en Canadá, la Parte III de la National Defense Act establece un sistema de justicia militar cuyo objeto es sancionar ofensas contra bienes jurídicos de carácter militar. Así, para el caso en que funcionarios militares cometan delitos comunes que no afecten dichos bienes jurídicos, su conocimiento corresponde a los tribunales ordinarios de justicia.

En Alemania, por su parte, no existen tribunales militares y la administración de justicia militar se estructura a partir de ciertos delitos tipificados en el Código de Disciplina Militar y en el Código Penal Militar, delitos que son de carácter excepcional y solo pueden ser cometidos por militares. Su conocimiento corresponde a los tribunales ordinarios de justicia bajo las reglas generales del código procesal penal de Alemania.

Finalmente, en Argentina, la ley N° 20.394, de 2008, derogó el Código de Justicia Militar y tipificó en el Código Penal delitos que anteriormente eran considerados "militares". Así, los delitos cometidos por militares en tiempo de guerra o con ocasión de otros conflictos armados serán investigados y juzgados según el régimen general previsto para el tiempo de paz. Es decir, incluso en tiempos de guerra, la regla general es que el procedimiento aplicable para delitos cometidos por militares es el ordinario que se aplica en tiempos de paz, y las causas son conocidas por los tribunales ordinarios de justicia.

Finalmente, los mocionantes señalaron que, considerando que una reforma orgánica a la justicia militar corresponde a una iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo, es necesario avanzar en la delimitación de la competencia material de los tribunales militares, excluyendo los delitos comunes y sometiéndolos a la justicia ordinaria.

En cuanto a su contenido, el proyecto de ley consta de un artículo único que busca modificar el Código de Justicia Militar, derogando aquellas normas que suponen, dentro de la jurisdicción militar, el conocimiento de las causas por delitos comunes cometidos por militares.

Así, se deroga el número 3° del artículo 5° del Código de Justicia Militar, como también el inciso primero del artículo 9° del mismo cuerpo legal.

Además, se incorpora un nuevo inciso en el artículo 5°, mediante el cual se busca reafirmar la limitación de la competencia material de los tribunales militares.

Cabe señalar que, durante su discusión, la comisión contó con el valioso aporte de los auditores generales de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, quienes realizaron valiosos aportes y sugerencias que contribuyeron a perfeccionar el proyecto de ley en informe.

Sometido a votación en general el proyecto, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes.

Durante la discusión particular, y considerando la opinión de la Corte Suprema, las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Palamara Iribarne versus Chile, y el reconocimiento de las mismas Fuerzas Armadas en orden a que la actual justicia militar no otorga las garantías suficientes del debido proceso, se redactó, en las reuniones internas de trabajo, a las que asistieron representantes de las instituciones castrenses, del Ejecutivo y parlamentarios, una indicación para restringir la competencia de los tribunales militares, que actualmente es suficientemente amplia como para conocer delitos de índole sexual, de falsedad o que atentan contra la fe pública o la confianza.

Sometida a votación la indicación, se aprobó por mayoría de votos.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Gabriel Ascencio .

El señor ASCENCIO (vía telemática).-

Señor Presidente, este es un proyecto de ley muy importante que, de alguna manera, trata de suplir lo que no hemos hecho para modificar la justicia militar.

Para muchos de nosotros lo ideal sería que la justicia militar fuera suprimida, pues afecta el derecho de los imputados a ser juzgados por un tribunal imparcial, pero la verdad es que ese no es el punto hoy, sino que es solo una reflexión.

En todo caso, debemos reconocer que la justicia militar se ha ido modificando de a poco, no obstante lo cual todavía nuestro Código de Justicia Militar reglamenta el juzgamiento de militares por la comisión de delitos comunes, en circunstancias de que debería limitarse exclusivamente al conocimiento de los delitos propiamente castrenses cometidos por militares.

Hay recomendaciones de todo tipo, de comisiones de derechos humanos o en fallos judiciales; pero quiero señalar que así como hay muchas recomendaciones, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el examen de un informe presentado por Chile, recomendó la adopción de una ley que limite la jurisdicción de los tribunales militares exclusivamente al enjuiciamiento de personal militar acusado de cometer delitos de carácter militar. Este proyecto tiene que ver con eso, porque con esta iniciativa, que discutimos en la Comisión de Defensa, se busca eliminar la desigualdad que permanece en nuestro sistema judicial, que reconoce una justicia que juzga civiles, y otra, aparte, en que personal militar imparte justicia a otros militares, aunque se trate de juzgar la comisión de delitos comunes.

Actualmente, cuando los militares cometen un delito común, como un asalto, un robo o cualquier delito tipificado en el Código Penal, son investigados por fiscales militares y juzgados por jueces militares, que son de la confianza del comandante en jefe respectivo, mediante un procedimiento que no ha tenido los avances en cuanto a imparcialidad y resguardo de los derechos del imputado que ha experimentado en las últimas décadas la justicia penal para civiles.

Por ello, lo que plantea el proyecto es eliminar de la competencia de la justicia militar los delitos comunes, aun cuando sean cometidos por personal militar, y que estos sean siempre juzgados por tribunales ordinarios, en un proceso racional y justo en el que el imputado cuente con las garantías procesales que hoy se reconocen en la justicia civil; es decir, en que el persecutor sea un fiscal del Ministerio Público, como órgano independiente del gobierno, y de cualquier institución castrense, y en que los jueces sean imparciales, no de la confianza del comandante en jefe respectivo.

Los tribunales militares, con los cambios que aprobamos en la Comisión de Defensa, tendrán competencia para conocer delitos exclusivamente militares que lesionen bienes jurídicos militares, dejando a la justicia civil los delitos comunes cometidos por personal castrense, incluso si se cometen en contra de otro funcionario de las Fuerzas Armadas, en contra de la institución castrense o dentro de un recinto militar.

En concreto, todos entendemos que desobedecer las órdenes de un superior, más aún en tiempos de guerra, o entregar información secreta a potencias extranjeras constituyen delitos militares que deben ser resueltos por la justicia militar, cuyos tribunales son dedicados y expertos en el conocimiento de esas materias, que son propias del quehacer militar, por lo que podrán juzgar y sancionar de mejor manera las conductas que atenten contra los deberes de un funcionario de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando un militar roba a otro militar en un cuartel, o comete fraude, o extrae recursos públicos desde una institución de las Fuerzas Armadas para su provecho. Estos ilícitos no afectan un bien jurídico propio del deber militar; son más bien delitos comunes contemplados en el Código Penal y que deben ser juzgados como tales por la justicia encargada de estas materias, por los jueces de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal, no por un tribunal militar.

Debemos dejar de lado la existencia de una justicia paralela para una parte de la sociedad, como es el personal de las Fuerzas Armadas, y reconocer que toda persona que comete un delito, incluso cuando se trata de un militar, debe ser juzgada en un proceso racional, justo y en igualdad de condiciones con cualquier otra persona; es decir, debe ser juzgada por tribunales ordinarios con competencia en lo penal, con las garantías propias del proceso. La existencia de tribunales especiales, como los tribunales militares, deben ser una excepción en nuestro ordenamiento jurídico, aplicables solo cuando circunstancias especiales así lo ameriten.

Una cosa importante: hubo una discusión en la Comisión de Defensa sobre los alcances del cambio que debía hacerse. En concreto, lo que se terminó por aprobar, con votos de parlamentarios de oposición, es que serán de competencia de la justicia militar los delitos exclusivamente militares, cuando lesionen bienes jurídicos militares, eliminando el número 3° del artículo 5°, que daba a la justicia militar la posibilidad de conocer delitos comunes cometidos por militares en ejercicio de sus funciones o en recintos militares.

Hubo un indicación de un diputado de gobierno, que fue rechazada por la Comisión de Defensa, pero que entiendo ha sido repuesta por el señor diputado, para eliminar todos los cambios del proyecto y que los tribunales militares puedan seguir conociendo de delitos comunes cometidos por militares durante estado de guerra, estando en campaña, en actos de servicio militar o con ocasión de él, en los cuarteles, campamentos, vivaques, fortalezas, obras militares, almacenes, oficinas, dependencias, fundiciones, maestranzas, fábricas, parques, academias, escuelas, embarcaciones, arsenales, faros y demás recintos militares o policiales, o establecimientos de instituciones armadas cuando, por la naturaleza o características del delito, se afecte la disciplina y eficacia operativa de las Fuerzas Armadas.

Eso ya fue rechazado en la Comisión de Defensa Nacional, pero una indicación similar ha sido presentada nuevamente. Reitero que ya fue rechazada, porque no era el avance que se busca con el proyecto. Así, delitos como fraude al fisco y malversación de caudales públicos podrán considerarse que afectan la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas, y delitos sexuales o robos, que afecten la disciplina, quedando todos estos delitos radicados en la justicia militar. ¡Esa no es la idea del proyecto! Los delitos comunes deben ser vistos por los tribunales de justicia comunes como cualquier chileno. Esa es la regla que queremos aprobar.

Espero que todos votemos a favor del proyecto tal como viene de la Comisión de Defensa Nacional.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

El Comité Mixto solicita el acuerdo de la Sala para ceder su tiempo al Comité de Revolución Democrática.

¿Habría acuerdo para aquello?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Guillermo Teillier del Valle.

El señor TEILLIER (vía telemática).-

Señor Presidente, debemos tener muy en cuenta en esta discusión que el Estado de Chile ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias oportunidades.

Fue condenado por violaciones a los derechos humanos de integrantes del pueblo mapuche en el caso Norín Catrimán , a quienes se les criminalizó por el solo hecho de manifestarse públicamente, o por el caso de Humberto Palamara , mencionado ya en el informe de la diputada Loreto Carvajal , que motivó la presentación de esta iniciativa de ley, y que se refiere a la responsabilidad internacional del Estado de Chile por la censura previa impuesta a la publicación del libro Ética y Servicios de Inteligencia, y la incautación de todo material relacionado con él, la detención arbitraria de su autor y la falta de un debido proceso.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado chileno debe adecuar su ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar, de forma tal que, en caso de que considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, esta debe limitarse solo al conocimiento de delitos cometidos por militares en servicio activo.

Por lo tanto, el Estado debe establecer, a través de su legislación, límites a la competencia de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales penales militares.

Han pasado más de quince años desde ese fallo y aún tenemos un Código de Justicia Militar con tribunales especiales que, a nuestro juicio, no tienen la suficiente imparcialidad e independencia y, a través del tiempo, solo se ha limitado su competencia en casos muy concretos.

Es así que la ley N° 20.477 excluye a los civiles como sujetos activos de delitos de competencia militar, y la ley N° 20.968 excluye del sistema a los civiles y menores de edad que tengan la calidad de víctimas o imputados, cambio que tiene su origen en una modificación parlamentaria de la que soy parte.

Estos cambios legislativos permiten hoy que sea el Ministerio Público el encargado de investigar las denuncias contra 466 agentes de Estado, policías y efectivos de las Fuerzas Armadas, acusados de violaciones a los derechos humanos desde el inicio del estallido social, según informó ese organismo público a Ciper.

Hoy discutimos nuevamente si es necesario tener tribunales especiales, como los de justicia militar, discusión que fue posible gracias a la presentación de un proyecto de ley por parte del diputado Jorge Brito , a quien aprovecho de agradecer la invitación que me extendió para participar de esta iniciativa.

El proyecto busca excluir de la justicia militar, en forma absoluta, a toda persona que no tenga la calidad de militar y que la competencia de sus tribunales quede limitada al conocimiento de delitos exclusivamente militares que lesionen bienes jurídicos militares. A la vez, incorpora una norma sobre la competencia de los tribunales ordinarios en lo penal, al señalar que el conocimiento y el juzgamiento de los delitos comunes que cometan militares, incluso respecto de otros militares, serán de su competencia.

Creemos en la necesidad de cambiar integralmente el sistema de administración de justicia penal militar, para que esté acorde al derecho internacional sobre derechos humanos, por lo que nos opondremos a cualquier indicación en el sentido contrario.

Considerando que esta iniciativa constituye un avance en el otorgamiento de garantías penales propias de un Estado democrático, la bancada del Partido Comunista votará a favor.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia Soto .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, este proyecto de ley contiene un artículo único, cuyo objetivo es modificar el Código de Justicia Militar, derogando aquellas normas que suponen, dentro de la jurisdicción militar, el conocimiento de las causas por delitos comunes cometidos por militares.

Establece que la jurisdicción militar será para los delitos exclusivamente militares y define como tales aquellos que lesionen únicamente bienes jurídicos militares y que estén contemplados en ese código y en otras leyes especiales que sometan su conocimiento a los tribunales militares como, por ejemplo, el incumplimiento de deberes militares, la traición a la patria, la deserción, etcétera.

El inciso segundo del artículo que modifica el Código de Justicia Militar establece que corresponderá siempre a los tribunales ordinarios con competencia en lo penal el conocimiento y juzgamiento de los delitos comunes que cometan militares, incluso respecto de otros militares, sean estas personas naturales o personas jurídicas, reparticiones o dependencias de las instituciones armadas.

Por lo tanto, este inciso establece una norma de exclusión definitiva de la jurisdicción militar de los delitos comunes cometidos por militares que, de acuerdo al numeral 3 que incorpora esta modificación, corresponde a la justicia militar, en tanto sean cometidos en recinto militar, aun cuando dichos delitos sean cometidos contra militares o instituciones militares.

La razón de ser de este tipo de jurisdicción de la justicia militar radica, en esencia, en permitir a las Fuerzas Armadas robustecer directamente valores de trascendencia jurídica en el desempeño de sus funciones, como son la disciplina, la seguridad militar y la eficiencia en las operaciones militares.

La justicia militar tiene una consagración constitucional en el artículo 83, inciso cuarto, en lo que se refiere a los órganos competentes para la dirección de la investigación de los hechos que constituyan delito dentro de la jurisdicción militar, así como la protección de los testigos y demás medidas; en el artículo 101, que incluye una referencia a las normas particulares que rigen la justicia militar.

Sin embargo, se ha planteado una modificación al Código de Justicia Militar porque, a juicio de sus críticos, no garantiza aspectos mínimos del debido proceso que están reconocidos en diversos instrumentos internacionales.

Con todo, hay que hacer presente que, en el último tiempo, se ha restringido la aplicación de la justicia militar. En efecto, con la ley N° 20.477 se eliminó la competencia de los tribunales militares para juzgar a civiles y personas menores de edad, con lo que se han reducido significativamente los sujetos a este tipo de jurisdicción.

Reforzando la idea, cabe distinguir que entre los delitos militares, los delitos comunes y los delitos militarizados, como se los ha llamado, los primeros son aquellos que cautelan bienes jurídicos militares, que son ejecutados por militares o con ocasión de un servicio de estas características. Actualmente, son delitos militares los que contempla el Código de Justicia Militar en el artículo 5°.

Los delitos militarizados son aquellos que, siendo comunes, son realizados por militares en actos de servicio o en recintos militares. Se militarizan porque se daña un bien jurídico. Eso es lo que queremos hacer presente con la indicación presentada. Pondré un ejemplo.

Un militar ingresa a un supermercado durante las horas de toque de queda y comete un robo. ¿Quién debe juzgar ese delito? ¿La justicia ordinaria? Esta lo va a procesar por hurto en lugar no habitado, cuya pena es ínfima, y probablemente va a quedar en libertad. Si lo condena la justicia militar, lo será por dos hechos: por hurto y por incumplimiento de deberes militares, porque, haciendo uso de su uniforme y de su armamento, ingresó a un lugar al que no estaba facultado e incumplió sus deberes militares. ¿Cuál condena creen ustedes que va a ser mayor? Una lo va a sancionar por hurto en lugar no habitado; la otra, por incumplimiento de deberes militares y por el hurto.

Permítanme agregar algunas consideraciones particulares.

El inciso tercero del artículo 5°, nuevo, impone jurisdicción ordinaria en el caso de delitos que no son cometidos por militares, pero que al atentar contra bienes jurídicos, como la jerarquía y la disciplina, requieren conocimiento de la justicia militar.

Hemos presentado una indicación, que no es la misma que discutimos en la Sala -se parece, pero no es la misma-, con el objeto de que el proyecto vuelva a la comisión técnica y podamos debatir esa indicación que nos parece fundamental. Un delito común, cometido por un militar en servicio activo, cumpliendo órdenes militares, sea en estado de guerra o en una circunstancia como el control en toque de queda, o en cumplimiento de otras responsabilidades que se han entregado en tiempos de paz, tienen una agravante y deben ser juzgados por la justicia militar.

Señor Presidente, aun cuando el proyecto se discutió con bastante énfasis en la comisión, finalmente no hubo un acuerdo generalizado y la indicación fue rechazada. Así y todo, creemos que es necesario volver a discutir la indicación para su debate en la comisión, de manera de no dejar un vacío legal con la modificación que se pretende introducir.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, por su intermedio y con todo respeto, me dirijo a los parlamentarios de ultraderecha que dicen querer cuidar a las Fuerzas Armadas, pero lo que hacen es cuidar un sistema obsoleto, de hace más de un siglo.

A quienes se opusieron a proteger a los denunciantes y se oponen a dar garantías de debido proceso a todas las causas en que se investigan actos relacionados con militares, queremos decirles que si bien es legítimo que no estén de acuerdo con avanzar y adecuarse al siglo XXI, esperamos que no logren bloquear este avance que acoge todas las recomendaciones que realizó la Corte Suprema, que implementa lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en 2005, y que además hace realidad lo que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en su informe presentado al Estado chileno, en donde plantea la necesidad de agilizar la adopción de una ley que modifique el Código de Justicia Militar.

Mientras algunos intentan demorar ese avance, como recién escuchamos, otros -las Naciones Unidas y nosotros- intentamos agilizar una deuda histórica pendiente, que tiene víctimas como Álex Lemun , Juan Collihuín , Matías Catrileo y Jaime Mendoza , cuyos autores quedaron impunes. Es necesario e imperioso garantizar el debido proceso a todas las partes que hoy se involucran en los asuntos que está investigando la justicia sobre malversación de fondos públicos y fraude al fisco.

Para ir a lo concreto, debo decir que hasta el 11 de julio de 2013 no sabía que en Chile había dos sistemas de justicia: un sistema para 18 millones de chilenas y chilenos y otro sistema para casi 100.000 militares y policías. Propusimos este proyecto de ley como parte de las propuestas para construir un nuevo paradigma en la relación entre civiles y militares.

Consultado el Ejército de Chile, nos llevamos la sorpresa de que varios de sus integrantes respaldan este tipo de ideas, porque entienden y han visto, al igual que nosotros, que la justicia militar no da ninguna garantía de debido proceso.

Quiero señalar a la Sala que en 2013 me vi involucrado en un caso con la justicia militar, el que permaneció durante seis años en esa sede antes de ser cerrado. En el regimiento Maipo fui sometido a tres careos y a más de cinco interrogatorios.

En 2015, me carearon con el sargento Marcos Guerrero Martínez , quien hacía dos meses había disparado su arma en una protesta y había asesinado a Nelson Quichillao . Ambos casos quedaron impunes. Recién en diciembre del año pasado la justicia civil falló a nuestro favor, reconociendo los daños, las lesiones graves que Carabineros me provocó en 2013, y que la justicia militar amparó en un proceso de seis años llevado a cabo en el regimiento Maipo .

Repito que fui sometido a careos e interrogatorios, pero se desestimaron las acusaciones. Se le creyó a Carabineros, que decía que las lesiones que me dejaron postrado luego de una intervención quirúrgica a la que fui sometido a la columna, y varios otros daños que me acompañan hasta hoy, eran completamente falsas. Creyeron la versión de Carabineros, que señaló que las lesiones se habían originado porque perdí el equilibrio al subirme al bus policial. Además, esa institución señaló que las cámaras que utilizaban, lamentablemente, habían llenado su memoria tres minutos antes de procederse a mi detención.

La justicia militar toma parte en favor de los abusadores; la justicia militar no da ninguna garantía de debido proceso. En pleno siglo XXI, llama la atención cómo la extrema derecha porfía en tener Fuerzas Armadas que funcionan con un sistema del siglo pasado o, peor aún, con rasgos del siglo XIX.

Valoramos la modificación introducida en 2016, que excluye a los civiles de la competencia de la justicia militar. Espero que mi caso haya sido uno de los últimos impunes en la justicia militar.

Lo urgente hoy es que el abuso sexual, el fraude al fisco, la malversación de fondos públicos sean investigados y sancionados en un tribunal civil, de cara a todo Chile. Somos chilenos y chilenas por igual, vistamos de color o de uniforme, y merecemos la garantía del debido proceso para obtener justicia.

Si después de tanto abuso todavía algunos se preguntan qué podemos hacer, acá tenemos algo concreto: dejar de dilatar la supresión de la actuación de la justicia militar en relación con delitos comunes y pedir que, por ejemplo, los abusos sexuales, el fraude al fisco y la malversación de fondos públicos sean examinados por un sistema público y no secreto, por un sistema que dé garantías para la defensa y la investigación.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, por su intermedio quiero señalar al diputado que me antecedió en el uso de la palabra que nosotros, la derecha, defendemos y queremos a las instituciones y a nuestra patria. No queremos destruirla, como pretenden ellos, mintiendo sobre los hechos, incidiendo sobre las Fuerzas Armadas con el único fin de involucrarse y adueñarse de ellas, porque es la única forma que tienen de llegar al poder. No existe otra manera en que el Frente Amplio pueda llegar al poder si no es interviniendo las instituciones y el gobierno. Por eso, constantemente, las ponen en jaque.

Estoy de acuerdo en que hay materias que se deben modificar, pero a este proyecto le faltan cosas. Como dijo el diputado Osvaldo Urrutia , es muy importante profundizar en este proyecto, pero por el momento manifiesto mi posición contraria, porque no me parece razonable el enfoque pretendido por esta reforma al Código de Justicia Militar, en virtud de las razones que a continuación expongo.

Primero, debemos señalar que el orden jurídico militar comprende una organización muy particular, a la cual se le asignan deberes, atribuciones y funciones, y que impone ciertos límites, condiciones y restricciones que son propios del régimen castrense.

En este sentido, la especial estructura jerárquica y disciplinaria que rige a los militares exige que la justicia penal y disciplinaria sea una justicia especializada, altamente preparada, que tenga una organización eminentemente técnica y que, además, forme parte integral de esa misma estructura castrense.

Para efectos del Código de Justicia Militar y de las demás leyes procesales y penales pertinentes, se considera militares a los funcionarios pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, constituidos por el personal de planta, el personal llamado al servicio y el personal de reserva llamado al servicio activo. Además, también se considera militares, entre otros, a los soldados conscriptos, los oficiales de reclutamiento, los cadetes, grumetes, aprendices y alumnos regulares de las escuelas institucionales y de Carabineros de Chile.

Por otro lado, con este proyecto, lo que verdaderamente se está discutiendo es la competencia de los tribunales de justicia para conocer de delitos cometidos por militares. Si bien es cierto que la legislación militar penal debe ser actualizada –en eso estoy de acuerdo-, me parece que se requiere un estudio profundo antes de adoptar la decisión de limitar la jurisdicción militar al solo conocimiento de los delitos de la función.

Según la experiencia comparada, los países que se han alineado al estándar buscado por este proyecto de ley son, por ejemplo, México , España y Bolivia, todos países del Foro de Sao Paulo -extraordinariamente curioso- que contemplan los delitos de funciones en el ámbito de la justicia militar propiamente tal, países que no representan el modelo ideal, el prototipo o arquetipo adecuado, el norte a seguir en esta materia por nuestro país.

Tenemos instituciones castrenses eficaces, con un alto sentido del honor y del deber, que defienden la soberanía nacional, que contribuyen a resguardar la seguridad nacional, que se encargan de ayudar a la población durante emergencias y catástrofes, que han cooperado exitosamente en asuntos humanitarios internacionales, que son un verdadero ejemplo en Latinoamérica, y de las cuales debemos sentirnos orgullosos.

Me preocupa que este proyecto de ley debilite nuestra institución militar, afecte la eficacia operativa de nuestras instituciones castrenses y entregue gradualmente la justicia penal y disciplinaria a tribunales ordinarios, ajenos a la cultura militar, que no están especializados en estas materias y que no forman parte integral de la estructura castrense.

Por todo lo expuesto, yo rechazo este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN (vía telemática).-

Señor Presidente, necesitamos unas Fuerzas Armadas para todo Chile y no para una sola facción política de extrema derecha. ¡Para todo Chile!

Siempre que defienden a las Fuerzas Armadas, uno dice claramente: “¡Ah, las Fuerzas Armadas de la derecha!”.

Si mi amigo Cristóbal Urruticoechea cree que se quiere atacar a Chile con este proyecto de ley, le digo -por su intermedio, señor Presidente- que no conoce Chile. En Chile ahora no se respetan los derechos humanos.

También señaló que las Fuerzas Armadas estarían para hacer respetar la soberanía. ¿Cuándo? Aquí lo único que pueden atacar es al “enemigo interno”, al pueblo.

Cuando estaban las tiranías en Argentina y en Chile, hubo un intento de atacar a nuestro país, y en ese caso había que hacer respetar la soberanía. Eran dos tiranías que se querían pelear.

Lo ideal sería que la justicia militar no existiera, porque afecta el derecho humano de los imputados a ser juzgados por un tribunal imparcial. Si los tribunales militares siguieran existiendo, tendríamos que reformarlos integralmente. Así estaríamos en sintonía con el derecho internacional de los derechos humanos y los requerimientos de la democracia y del Estado de derecho.

Amigos, las Fuerzas Armadas no deberían ser de la derecha. Necesitamos unas Fuerzas Armadas para todo Chile.

Déjense de defender sus Fuerzas Armadas, tengamos unas Fuerzas Armadas de todos los chilenos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal .

La señora CARVAJAL (doña Loreto).-

Señor Presidente, sin duda, este proyecto es necesario e importante, mas no es suficiente.

Como aquí se ha señalado, tenemos un Código de Justicia Militar que tiene 95 años y que no se adecúa a un sistema democrático ni al Estado de derecho que vivimos y que queremos reforzar y potenciar en nuestro país.

Sin duda, las recomendaciones y la actual justicia, que ha sido modificada en términos generales, no han sido capaces de hacer transformaciones profundas en esta materia.

Hubiésemos querido que en aquella gran reforma al sistema procesal penal se hubiera profundizado en este sistema, que provoca injusticia, que es absolutamente antidemocrático y que, como lo dice el informe que me tocó rendir, requiere cambios profundos, no solo porque la realidad nos los impone, sino porque, además, ha habido muchas recomendaciones en el derecho internacional que han señalado que nuestro sistema no solo debe ser adecuado, sino eliminado.

Deberíamos avanzar hacia la eliminación de los tribunales militares, de manera que la administración de la justicia militar se aborde y se trate de acuerdo con las normas del derecho común y, obviamente, del Código Procesal Penal chileno.

Llama la atención -quiero señalarlo muy claramente- que aún haya sentencias que señalan que nuestro sistema debe no solo adecuar la justicia a los estándares internacionales, sino, además, generar condiciones de igualdad que no vulneren el legítimo derecho a la justicia.

Como se ha profundizado, este es un proyecto que busca justamente sacar de la esfera del conocimiento de los tribunales militares aquellos delitos comunes cometidos por militares.

Sin duda, es un avance que valoramos y que, como bancada del Partido por la Democracia, estamos llanos a aprobar; pero tenemos que hacer una gran transformación en el sistema que permita generar aquello que se denomina igualdad ante la ley, derecho que, obviamente, dado este sistema, no se otorga.

Como señalé al inicio, este es un avance que no nos deja contentos y que nos impone tareas y desafíos profundos en la estructura de la justicia para todos y todas.

Por esa razón, anuncio mi voto a favor y llamo a mis colegas a sumarse a un proyecto que fue aprobado unánimemente en la Comisión de Defensa Nacional, con el voto favorable incluso del entonces diputado y hoy ministro de Defensa Nacional, señor Mario Desbordes .

Por supuesto, vamos a votar a favor esta iniciativa.

He dicho.