Labor Parlamentaria

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que permite la postergación de cuotas de créditos hipotecarios y crea garantía estatal para caucionar el pago de las cuotas postergadas.

Para la discusión de este proyecto, los Comités Parlamentarios acordaron los siguientes tiempos para el debate: cinco minutos base para las bancadas que tengan dos o más Comités, tres minutos para las demás, y treinta minutos distribuidos proporcionalmente.

Diputados informantes de las comisiones de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, y de Hacienda son los señores Jaime Naranjo y Giorgio Jackson , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 77ª de la presente legislatura, en jueves 24 de septiembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, sesión 86ª de la presente legislatura, en martes 13 de octubre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 10.

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 6 de este boletín de sesiones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.

El señor NARANJO (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo vengo en informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje del Presidente de la República, con urgencia calificada de discusión inmediata, que permite la postergación de cuotas de créditos hipotecarios y crea garantía estatal para caucionar el pago de las cuotas postergadas (boletín N° 13809-03).

Cabe recordar que la Sala aprobó en su primer trámite constitucional un proyecto que acogía dar facilidades para el pago de diversos tipos de créditos, en el cual el gobierno, en su momento, pretendió incorporar una indicación sustitutiva para abordar única y exclusivamente los créditos hipotecarios, la cual fue rechazada. Por lo tanto, esta Sala envió al Senado un proyecto que incorpora diversos tipos de créditos para que las personas puedan acogerse a pagos en cuotas y dar facilidades para ello.

Sin embargo, el gobierno estimó conveniente insistir en el proyecto que se aboca única y exclusivamente a los préstamos o créditos hipotecarios. La Comisión de Economía examinó la materia, la que aborda un sinnúmero de situaciones en que se encuentran los deudores hipotecarios en nuestro país.

Ideas matrices o fundamentales

La idea central del proyecto busca que las personas puedan postergar el pago de sus dividendos hipotecarios, en el marco de la pandemia por la covid-19 que afecta al país, para lo cual se crea un crédito especial denominado crédito de postergación. Esos contratos se garantizan, además de la hipoteca que cauciona al crédito hipotecario, con una nueva garantía estatal otorgada por el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (Fogape).

Para materializar lo anterior, se crea una nueva normativa jurídica y, además, se modifica el decreto ley N° 3.472, de 1980, que crea el Fondo de Garantía Para Pequeños Empresarios. El proyecto no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado.

Normas que requieren trámite de Hacienda

El inciso cuarto del artículo 1 y los artículos 8, 9 y 10 del texto aprobado por la comisión.

Votación

El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos. Votaron a favor la diputada Sofía Cid y los diputados señores Alejandro Bernales , Renato Garín , Harry Jürgensen , Joaquín Lavín , Cosme Mellado , Miguel Mellado , Jaime Naranjo , Rolando Renteria y Enrique van Rysselberghe . En contra lo hizo el diputado señor Boris Barrera . Por lo tanto, por 10 votos a favor, 1 en contra y 0 abstención, se aprobó en términos generales el proyecto.

No hubo artículos rechazados y diversas indicaciones fueron rechazadas, las que se consignan en el informe pertinente.

Relación descriptiva del proyecto

El proyecto consta de diez artículos permanentes y dos transitorios.

A través de los artículos 1 al 7 se regula todo lo concerniente al crédito de postergación.

Los artículos 8 al 10 abordan la garantía estatal que puede caucionar esos créditos de postergación mediante el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), por lo que se propone modificar el decreto ley N° 3.472, de 1980, que crea el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios.

El artículo primero transitorio establece la entrada en vigencia de la ley.

El artículo segundo transitorio consagra el plazo en que deberán celebrarse los contratos de créditos de postergación.

Disposiciones legales que el proyecto modifica

La iniciativa presidencial en estudio hace nacer un nuevo texto jurídico e introduce modificaciones en el decreto ley N° 3.472, de 1980.

Discusión general del proyecto

Teniendo en vista las consideraciones y los argumentos contenidos en el mensaje, y las opiniones y observaciones planteadas por el señor ministro de Hacienda, la señora diputada y los señores diputados aprobaron la idea de legislar sobre la materia por mayoría de votos.

Discusión y votación particular

El texto del mensaje fue aprobado por mayoría de votos, con cambios menores. En concreto:

1.Si bien se establece un reglamento de postergación de cuotas y garantía estatal dictado por el Ministerio de Hacienda, que podrá regular las demás características, plazos y condiciones del crédito de postergación, entre otros aspectos, se suprime la posibilidad de que mediante dicho reglamento se regulen otras materias cuando ello sea necesario para la adecuada aplicación de las disposiciones de esta ley.

2.Se aumenta de dos meses a 90 días el plazo en que deben celebrarse los contratos de crédito de postergación, contados desde la entrada en vigencia de esta futura ley.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor VON MÜHLENBROCK (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en lo relativo a la incidencia presupuestaria, sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera , que permite la postergación de cuotas de créditos hipotecarios y crea una garantía estatal para caucionar el pago de las cuotas postergadas.

En representación del Ejecutivo, concurrió a presentar el proyecto el subsecretario de Hacienda, señor Francisco Moreno , quien estuvo acompañado de la coordinadora de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, señora Catherine Tornel .

La idea fundamental de la iniciativa busca atender una urgente necesidad económica derivada de la pandemia por covid-19, mediante la aplicación de un mecanismo simplificado para posponer temporalmente el pago de dividendos de créditos hipotecarios para vivienda, en tanto esa obligación representa hoy uno de los mayores gastos en el presupuesto familiar. La iniciativa permite que los dividendos que se acojan a este beneficio sean pagados al final del crédito hipotecario, o bien sean repartidos en el plazo pendiente del crédito, según se acuerde con la respectiva entidad financiera.

En particular, el proyecto de ley dispone que las personas que tengan deudas garantizadas por una hipoteca podrán solicitar un crédito de postergación, que se celebrará mediante mandato otorgado por medios físicos o digitales, en el plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley, que estará libre de impuestos, deberá destinarse exclusivamente al pago de cuotas hipotecarias y tendrá una tasa máxima equivalente a la tasa del crédito hipotecario postergado.

De esa forma, las cuotas postergadas podrán pagarse en el plazo restante del crédito hipotecario o bien en un plazo posterior, considerando un período de gracia en caso de que existan otros créditos que se hayan contratado anteriormente para pagar cuotas del mismo crédito hipotecario.

En lo que respecta a las normas sometidas a conocimiento de esta Comisión de Hacienda, fueron todas aprobadas por la unanimidad de sus integrantes presentes, en cuanto disponen que los créditos de postergación estarán exentos del pago de impuesto de timbres y estampillas que señala el decreto ley N° 3.475. Asimismo, las normas que se refieren a la garantía estatal por los créditos comprendidos en esta ley. En particular, en cuanto se establece que las obligaciones de los créditos hipotecarios, de los créditos de postergación y de los contratos que indica, podrán garantizarse, de modo adicional a la hipoteca, con una garantía estatal otorgada por el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (Fogape), por un monto máximo de seis cuotas del respectivo crédito hipotecario, con una vigencia de sesenta meses.

De igual manera, también se aprobó una indicación del diputado Giorgio Jackson , complementada por los integrantes de la comisión, para agregar un inciso final que dispone que la garantía estatal solo podrá extenderse a obligaciones hipotecarias destinadas a financiar la adquisición de inmuebles cuyo avalúo comercial, al momento de la suscripción del contrato, no supere las 10.000 unidades de fomento.

Del mismo modo, se aprobó la disposición que señala que un reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda podrá regular las demás características, plazos y condiciones del crédito de postergación, así como la forma de funcionamiento del Fogape en relación con la garantía estatal, incluyendo materias tales como requisitos para obtener la garantía, su financiamiento, características, límites y otras materias relacionadas.

Finalmente, se incorporan nuevas normas transitorias al decreto ley N° 3.472, de 1980, que crea el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, para agregar la autorización de garantizar créditos de postergación, créditos hipotecarios y otros contratos de mutuo de dinero o de operaciones de crédito de dinero.

En materia de incidencia presupuestaria, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos precisa que la presente iniciativa no irroga gasto fiscal. Sin embargo, se advierte que la ejecución de la garantía estatal podría generar incobrables, que se contabilizarían con cargo al Fogape.

En ese escenario, se estima que el 25 por ciento del valor de la cartera garantizada podría convertirse en incobrable, generando un costo asociado ascendente a 21.951 millones de pesos por el período de vigencia de la garantía. No obstante, y dado que el Fogape constituye un patrimonio separado, ese costo no impactaría en el patrimonio fiscal.

Asimismo, se recuerda que la ley N° 21.229, que aumentó el capital del Fogape y flexibilizó temporalmente sus requisitos, estableció también un aporte fiscal por hasta 3.000 millones de dólares, recursos que conceden suficiencia al fondo para hacerse cargo de esta garantía.

Finalmente, y en consideración a la ley que creó el Fogape, su fiscalización corresponderá a la Comisión para el Mercado Financiero.

Todas las normas explicadas fueron sancionadas por la unanimidad de los integrantes presentes: la diputada Sofía Cid y los diputados Pablo Lorenzini , Patricio Melero , Daniel Núñez (presidente), José Miguel Ortiz , Leopoldo Pérez , Alejandro Santana , Alexis Sepúlveda , Giorgio Jackson y quien habla, Gastón von Mühlenbrock .

En consideración con lo anterior, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable Sala aprobar la presente iniciativa de ley en los términos señalados.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir que tengo sentimientos encontrados. Por supuesto, estoy entusiasmado porque, finalmente, después de seis meses, el gobierno envía un proyecto para resolver un problema que visualizamos al inicio del mes de marzo, presentando un proyecto, justamente, copatrocinado por usted, Presidente Undurraga , además de Pamela Jiles y otros colegas de distintas bancadas, para la postergación de créditos hipotecarios.

Por supuesto, entendíamos que esto requería la contraparte gubernamental; la solicitamos, pero no se oyó padre, en marzo. En abril, varios bancos anticiparon, motu proprio, probablemente los con mayor conciencia o con mayor preparación financiera, y dieron seis meses de postergación; otros dieron tres y otros no dieron ninguno. El proyecto comenzó a tramitarse, se agregaron otros proyectos referidos a otros créditos y, finalmente, el gobierno, recién en septiembre, trata de indicar el proyecto fusionado, que contenía, obviamente, la postergación de muchos otros créditos, pero ya era demasiado tarde.

Y hoy, en octubre, comienza a resolver el problema a través de una solución inteligente, acudiendo al fondo de garantía Fogape y las personas podrán postergar. Y si ya han postergado, va a regir esta garantía para los créditos contraídos o postergados desde el 1 de julio en adelante.

La Comisión de Economía hizo bien en ampliar de 60 a 90 días. La sagacidad del diputado Lorenzini mostró que entonces había que extender la garantía a 63 meses, porque estaba establecida en 62; como la Comisión de Economía agregó un mes, son 63 meses. El gobierno lo va a modificar, no sé si ahora o en el siguiente trámite.

En la Comisión de Hacienda quisimos establecer un límite superior del valor del inmueble respecto del cual pudiera operar esta garantía, que se estableció en 10.000 UF al momento de la adquisición de la vivienda o del bien, porque esto está pensado no solo para familias, sino también para las microempresas y pequeñas empresas que están teniendo problemas severos para cumplir sus obligaciones respecto de los dividendos hipotecarios. Obviamente, el incumplimiento del pago de los dividendos hace peligrar la mantención de la propiedad en manos de las familias, y sabemos lo que significa para una familia, en términos de su retroceso y de su calidad de vida, perder su departamento o su hogar.

Por lo tanto, por supuesto vamos a concurrir a aprobar el proyecto. Pero es necesario, a propósito de esto, dado que estamos echando mano al Fogape, insistir en que transversalmente la Cámara de Diputados ha solicitado al ministro de Hacienda que proponga las modificaciones necesarias para dar un nuevo impulso al Fogape, para que alcance a cubrir a muchísimas pequeñas empresas que quedaron fuera del acceso al crédito. Al mismo tiempo, que se resuelva -los escuchamos en la Comisión de Hacienda ayer- el gravísimo problema que están viviendo quienes desarrollan pequeñas actividades productivas en regiones, particularmente, y en pequeñas localidades, quienes han visto disminuidos sus ingresos de manera brutal. Estoy hablando de microempresas familiares. Por ello, debiera pensarse en un esfuerzo más macizo y más significativo. Sé que existen, pero tienen cobertura baja y alcances menores. Debiera pensarse en una operación de salvataje de la pequeña actividad comercial y productiva en las regiones de Chile.

Vamos a concurrir a aprobar esta iniciativa, espero que por unanimidad, porque responde a una necesidad urgente y dramática de miles y miles de familias chilenas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado Suazo .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, la verdad es que cuando una familia puede obtener su primera casa -como parte del millón de créditos hipotecarios que hay en este momento en el país-, la sensación que embarga a esa familia es de una alegría tremenda para el jefe de hogar, la mujer y los hijos; o para la mujer sola con sus hijos, o para el hombre solo con sus hijos. Se sienten con una tranquilidad infinita de estar en un lugar propio. Aunque tengan que pagarlo durante 20 años, durante 25 años o, tal vez, durante 30 años, tienen su bien, al que le llaman “bien propio”; es su casa, su departamento, donde pueden vivir con tranquilidad y no mirarle la cara a nadie por el hecho de vivir de allegados.

Lo mismo ocurre con aquellas pymes que con esfuerzo compran su local comercial o el local donde están funcionando, por el que antes pagaban un arriendo que beneficiaba a otro. También el crédito hipotecario sirve para eso.

Tenemos cerca de un millón de créditos hipotecarios en este momento en el país, con un flujo de dividendos hipotecarios en torno a los 450 millones de dólares mensuales. Estamos hablando del flujo que hay en la economía.

Los bancos ya han intermediado y postergado más de un millón de créditos por más de 40.000 millones de dólares. Esa es la magnitud de la profundidad de la crisis que en este momento estamos viviendo. ¿Por qué digo “la profundidad de la crisis que estamos viviendo”? Porque nadie esperaba que fuéramos a estar seis meses parados en el país y que reenfrentáramos la situación con muy pocas posibilidades.

¿Qué ha hecho el gobierno al respecto? Felicito al ministro de Hacienda por esta idea de salirse de la caja normal que tienen los economistas y pensar fuera de ella. ¿Para qué? Para ayudar a aquellas personas que tienen la ilusión de seguir viviendo en su primera casa, una primera casa que les ha costado muchísimo, y también a las pequeñas empresas, para que puedan mantener su local comercial, que en muchos casos han tenido seis meses cerrados, sin tener flujo para poder pagar los dividendos.

En justicia, estamos haciendo algo y creo que es importante decirlo. Estamos hablando de plata de todos los chilenos que va a ir a este millón de hogares, con la potencialidad de que puedan postergar durante seis meses las cuotas de sus créditos hipotecarios y “patearlas” al final del crédito, si así lo quieren, o prorratearlas, si así lo desean.

Es importante decir que la tasa de interés no va a ser otra; no es otro crédito hipotecario. Con la misma tasa se van a postergar esos seis meses.

Este crédito especial, que se denomina “crédito de postergación”, permite a las personas que tengan deudas garantizadas con hipotecas con determinados acreedores aplazar el pago de sus cuotas durante el actual período de la crisis financiera.

Muchos nos han escrito -a lo mejor a muchos parlamentarios también les han escrito- para señalarnos que están en una situación bastante complicada. Nadie quiere perder su casa. Eso es lo que creo que el gobierno ha leído muy bien. Por eso ha puesto en valor que esta garantía Fogape también vaya a las personas naturales y pueda garantizar este crédito de postergación para que esas personas queden al día y tengan tranquilidad para afrontar el futuro.

Había un plazo de 60 días, y en la Comisión de Economía lo subimos 90 días. Algunos querían 120 días. Pero con 90 días, la gente que está atrasada en su crédito o tiene problemas para pagarlo, una vez que se apruebe esta iniciativa -espero que sea por unanimidad y que en el Senado se tramite con celeridad y se convierta en ley de la república con prontitud-, tendrá una solución. Esas personas están con sus créditos hipotecarios impagos no porque quieran, sino porque no pueden. Lo primero es comer y después pagar el crédito hipotecario. Pero si esas personas no están pagando el crédito hipotecario es porque tampoco pueden comer. Es importante ver eso.

También es importante señalar que tendrán una tasa equivalente a la del crédito hipotecario. Por su parte, a los notarios se les fijó un monto de cobro máximo de 2.500 pesos por escritura pública del contrato de crédito de postergación. A los conservadores, el monto de cobro máximo se les fijó en 2.000 pesos por la respectiva inscripción.

Por lo tanto, creo que el proyecto está redondito. Es importante decir a los parlamentarios que hay que aprobarlo con prontitud, para que sea ley de la república.

Definitivamente, en esta crisis económica que estamos viviendo producto de la pandemia, que es algo que nadie había pensado, se están buscando novedosas políticas públicas para ir en ayuda de aquellas personas que tienen este bien preciado, que han logrado con mucha dificultad y con mucho ahorro; de aquellas personas que con mucho sacrificio han ido pagando su crédito hipotecario para tener su casa propia pagada, donde se sienten bien y cómodos junto a sus familias, a fin de que no la pierdan y puedan pasar estos malos momentos con la ayuda del Estado.

Vamos a concurrir a aprobar, espero por unanimidad, este proyecto de ley. Pedimos al Senado que también tramite con celeridad esta iniciativa, a fin de que sea ley de la república y vaya en ayuda de todos los chilenos que en este momento están sufriendo porque no pueden concurrir a pagar los créditos hipotecarios de sus viviendas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Boris Barrera Moreno .

El señor BARRERA (vía telemática).-

Señor Presidente, la tasa de interés que cobrarán los bancos por los créditos hipotecarios postergados con garantía estatal -¡ojo con esto!- será la que obtuvieron los deudores al momento de suscribir el contrato de esos créditos. Eso se llama abuso.

Los bancos corren cero riesgos al postergar los créditos hipotecarios. Además, con lo que propone este proyecto asumen la condición de acreedores y de deudores a la vez, en virtud del mandato que se otorga para la postergación de los créditos hipotecarios, cuyo articulado deja en manos del reglamento. Estoy dando todos estos antecedentes para que quienes no han leído el proyecto lo hagan y vean qué hay detrás de esto.

El empleo de los recursos del Fogape para postergar esos créditos en favor de los bancos implica enterrar el Fogape. Con eso se le pone una lápida a las pequeñas empresas, que tanto dice defender el gobierno; se termina de poner a disposición de los bancos y de las grandes empresas un fondo para ayudar a crear empleo y para lograr la estabilidad económica del país entero.

Si eso no es favorecer a la élite, no sé qué otra evidencia se requiere. Lo señalo, porque quiero que piensen en eso cuando comiencen a reclamar por los emprendedores afectados por las movilizaciones en torno a la plaza de la dignidad. Lo diré en otros términos: ¡Hasta cuándo usan los intereses de los pequeños emprendedores para esconder su rechazo a las demandas populares y para manipular a la opinión pública al decir que hay preocupación por los pequeños emprendedores, en circunstancias de que en realidad no la tienen!

Si bien la tasa de interés actual de los créditos hipotecarios subió en relación con la del año pasado, esta es más baja en relación con la tendencia de los últimos años. Por ese motivo, además de que los bancos no corren riesgo alguno por ofrecer esos créditos, la tasa de interés debiera ser por lo menos la mínima posible. En ese sentido, en la Comisión de Economía, en donde hubo un empate al respecto, propusimos que la tasa de los créditos hipotecarios fuera la más baja entre la tasa del contrato suscrito para otorgar esos créditos y la que el banco tiene al momento de su postergación.

Hace poco tiempo el gobierno promulgó la ley de portabilidad financiera, iniciativa que contribuimos a tramitar, la cual fue promovida por este mismo equipo del Ministerio de Hacienda, que planteó reiteradamente la relevancia de mejorar el acceso de los clientes a mejores tasas. Ese fue su caballito de batalla, que constituyó gran parte de su argumento.

Por lo tanto, ¿por qué no les permitimos ahora a los clientes acceder a mejores tasas para la postergación de los créditos hipotecarios ya que es el Estado es el que los garantizará?

Vamos a presentar una indicación en ese sentido, que esperamos que todos los colegas apoyen. Si se aprueba, no tendremos dificultad en votar a favor este proyecto; de lo contrario, tendremos que pensarlo un poco más, porque lo que propone esta iniciativa se podría transformar en un abuso.

Finalmente, quiero recordar que hace más de un mes aprobamos un proyecto de ley, iniciado en moción, que dispone la postergación del cobro de cuotas no solo de créditos hipotecarios, sino también de créditos de consumo en favor de las personas y empresas que señala, iniciativa que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. Lo menciono, porque quiero reivindicar que no sería muy consecuente aprobar el proyecto que hoy debatimos si no se dan las garantías para que la gente pueda realmente acceder a tasas de interés que no sean tan abusivas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini .

El señor LORENZINI.-

Señor Presidente, en relación con lo señalado por los diputados Pepe Auth y Miguel Mellado , en el artículo primero transitorio se establece que esta ley en proyecto tendrá una vigencia de sesenta y dos meses. O sea, no contempla lo que propusimos ayer en la Comisión de Hacienda, respecto de la necesidad de ampliar el plazo de la garantía a sesenta y tres meses, en razón del aumento en el término para solicitar el crédito desde dos meses a noventa días, con el objeto de que la garantía efectivamente sea de sesenta meses, como originalmente contemplaba el proyecto de ley.

El Ejecutivo se comprometió a ingresar una indicación en tal sentido, lo cual creo que hizo.

Por eso, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para que esa indicación sea puesta en votación, porque de lo contrario se producirá una descompensación y la futura ley no estará completa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala para acceder a lo solicitado por el diputado Pablo Lorenzini .

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Patricio Melero Abaroa .

El señor MELERO (vía telemática).-

Señor Presidente, aliviar los gastos de las familias y contribuir a que cuenten con mayor liquidez en estos tiempos difíciles, provocados por la pandemia, mediante la postergación del pago de su crédito hipotecario, que representa uno de los mayores gastos en el presupuesto familiar, es, sin duda, una iniciativa loable, necesaria y urgente.

Por eso, quiero destacar que pese a la demora, que hay que reconocer, entre la moción y el cambio del Ejecutivo, esta es una expresión muy clara y nítida de la importancia del trabajo colegislativo entre Parlamento y Ejecutivo. A mi juicio, esa es la mejor señal del camino que hay que buscar en una política de entendimiento, no de enfrentamiento, especialmente frente a las necesidades que muchos ciudadanos están teniendo producto de la covid-19.

El proyecto aborda uno de los ítems más importantes del gasto presupuestario familiar, puesto que, como ya se ha dicho, las familias destinan prácticamente el 28 por ciento de sus ingresos para pagar dividendos hipotecarios. En el país se pagan del orden de 450 millones de dólares mensuales por este concepto.

Por consiguiente, los bancos y otros intermediarios han postergado más de un millón de créditos, por más de 40.000 millones de pesos, a propósito de algunos discursos sobre el esfuerzo bancario.

Creo que hay que advertir que el mercado financiero no es como otros respecto de los que nos ha tocado legislar en otras oportunidades, de modo que si es intervenido sin cuidado se pueden generar graves efectos en el sistema de pagos. Además, no hay que olvidar una cuestión básica, que pareciera ser que el representante del Partido Comunista ignora, cual es que un banco o una institución financiera no funciona con recursos propios, sino con recursos que provienen de los ahorrantes. Lo que hace el banco es simplemente intermediar y prestar esos dineros.

Eso es lo que hacen los bancos con la plata del Partido Comunista, que es uno de los partidos más ricos del país, que la tiene depositada en fondos mutuos en distintos bancos. Claro, en ese caso al Partido Comunista le gusta una tasa de interés alta y lucrar, pero cuando se trata de ayudar a la ciudadanía surge la crítica y las dificultades para todo.

Si admitimos una suspensión masiva de créditos, ello va a afectar los flujos de pago a ahorrantes, cuentacorrentistas y depositantes, de manera que lo que nunca hay que olvidar es que los bancos también se deben a sus ahorrantes, por los que deben velar.

Dicho esto, creo que este proyecto de ley tiene también un alcance muy importante…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. No obstante, le vamos a otorgar más tiempo para que concluya de buena forma su intervención, puesto que el diputado Osvaldo Urrutia le ha cedido gentilmente el tiempo del Comité de la UDI.

Continúa con el uso de la palabra, señor diputado.

El señor MELERO (vía telemática).-

Señor Presidente, muy amable. Seré breve.

Esta iniciativa cobra mucho sentido si tenemos en consideración, tal como lo señalé, que la deuda total de los hogares chilenos alcanza a más del 75 por ciento del ingreso de las familias, que se compone en un 60 por ciento justamente de deudas hipotecarias.

Por ello, hace bien el mensaje en proponer la postergación de cuotas de créditos hipotecarios.

Finalmente, quiero agradecer a los parlamentarios que plantearon esta iniciativa originalmente, y también quiero reconocer el grado de atraso que tuvo el gobierno en avanzar en esto, pero también resaltar, como dijo mi colega Auth , esta inteligente iniciativa, que permitirá aliviar el bolsillo de muchos chilenos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo Ortiz .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, si bien valoro esta iniciativa, lamento que solo ahora el gobierno se haya dado cuenta de que las personas, principalmente las familias, también tienen deudas, porque desde marzo pasado el gobierno puso su mirada solo en la gente que se dedica a los negocios, al emprendimiento, a las empresas, olvidándose de que las familias también poseen deudas.

A partir de marzo, la Comisión de Economía, a través de diversas formas, ha venido planteando el problema que afecta a las familias. Desde que la pandemia partió en ese mes con más fuerza, en la comisión hemos estado escuchando a diversos actores: a los banqueteros, a los garzones; a la gente del transporte, colectivos, taxis, transporte escolar; por cierto, al comercio, a los pequeños y medianos empresarios, a los emprendedores, a las organizaciones de consumidores, en fin. La Comisión de Economía ha estado abierta a escuchar a todos los actores sociales.

Asimismo, como comisión, veníamos planteando -en eso prácticamente no había diferencia entre parlamentarios de gobierno y de oposición- que la ayuda económica no debía ir solo a los emprendedores, a la gente que tiene negocio, sino también a las familias. Por eso, muchos miembros de dicha instancia presentamos proyectos en esa dirección. Sin embargo, lamentamos que, después de casi ocho meses, recién el gobierno se haya dado cuenta de que las familias también tienen deudas. De hecho, y lo recordé en el informe que rendí ante la Sala, en esta Cámara aprobamos un proyecto que considera la suspensión del cobro de cuotas de diversos tipos de crédito que tienen las familias hoy en día, el cual se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.

El Ejecutivo presentó este proyecto, que beneficia a la gente con crédito hipotecario -me parece bien que se elabore una iniciativa en esa dirección-, el cual tratamos en la comisión con la mayor prontitud, porque aborda un problema que tiene la familia chilena actualmente. Pero así como acogimos ese planteamiento del gobierno y le dimos la celeridad que correspondía, solicito al ministro de Hacienda hacer lo mismo respecto de la iniciativa que se encuentra en el Senado en este momento, que aborda diversos tipos de créditos. En este sentido, debemos entender que las familias chilenas hoy están siendo acosadas debido a las deudas que tienen, por lo que, claramente, hay que aliviarlas. Porque aquí no se están condonando deudas, sino dando a las familias facilidades para pagar.

Así como hoy podemos dar este paso en favor de quienes tienen créditos hipotecarios, sería lamentable que el gobierno no entendiera que las deudas de las familias van más allá de las hipotecarias. Podemos ponernos en las diversas situaciones que están viviendo las familias chilenas. Por ejemplo, hay gente que hace mucho tiempo compró vehículos para dedicarse al transporte, ya sea escolar, de mercancías, en fin, pero no ha podido salir adelante, por lo que necesita una ayuda crediticia.

Como bien se ha recordado aquí, esta iniciativa la iniciaron principalmente los bancos. Es decir, los bancos fueron más sensibles y se dieron cuenta más rápido que el gobierno de la necesidad de abordar la situación de los créditos hipotecarios.

Por eso, si bien este proyecto es importante, una vez más el gobierno llegó tarde -y llegamos tarde- para abordar este problema. Esperamos que hoy la Sala lo apruebe.

Por cierto, la iniciativa podría haber sido mejor. No cabe ninguna duda de que podría haber sido bastante mejor que lo que hoy se propone; pero es un paso, y hay que valorar el paso que se da. No obstante, espero que el gobierno entienda que hay distintos caminos para abordar el problema de las deudas de las familias chilenas. Creo que limitar esta situación solo a lo que ocurre con los créditos hipotecarios es absolutamente insuficiente -¡absolutamente insuficiente!-.

Por lo tanto, anuncio que apoyaremos esta iniciativa -por cierto que sí-, pero, al mismo tiempo, le pedimos, le exigimos al gobierno que le dé celeridad al proyecto que hoy está en el Senado, que permite dar facilidades de pago a las personas que tienen distintos tipos de créditos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda Orbenes .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, sin duda, para los chilenos la vivienda es el bien más importante, pues tiene que ver con la seguridad, es donde se crían los hijos, donde se constituye la familia, donde se forma el hogar. Sin embargo, a partir de la pandemia, hoy muchas familias tienen una inestabilidad económica tremenda. Muchos de mis amigos y amigas hoy me dicen que no pueden solventar su crédito hipotecario porque no tienen trabajo o se les redujo el sueldo o porque su pareja, el marido, con quien comparte los gastos, perdió su empleo. Es fundamental considerar esto.

Hago mías las palabras del diputado Naranjo , en términos de que las deudas no solo tienen que ver con los créditos hipotecarios, sino con muchos otros tipos de créditos que hoy tienen las familias.

Además de la postergación de los dividendos, aquí se incorpora una garantía estatal, que la otorga el Fogape, el cual estaba pensado fundamentalmente para los pequeños y medianos empresarios.

Entonces, al ver este proyecto, me pregunto: ¿a quién queremos ayudar? ¿A quién queremos de verdad ayudar: a los bancos con la garantía, para que se sientan seguros, o a las familias, para tengan su casa y no la pierdan? Porque no puedo entender que en este tipo de repactación no incorporemos la tasa de interés más baja. ¡No lo puedo entender! No puedo entender que, a pesar de entregar a los bancos la seguridad absoluta de que la gente pagará -porque si no lo hace, responderá el Estado-, no exista la posibilidad de que disminuya la tasa de interés del crédito. ¡No lo entiendo!

Por eso, nosotros estamos de acuerdo con lo planteado por el diputado Boris Barrera en una indicación que se rechazó en la Comisión de Economía. Pero para que ello se pueda votar se requiere la firma de diputados y jefes de bancada para renovar la referida indicación.

Por eso me opuse a lo que bien dijo el diputado Lorenzini , quien tiene mucha razón, que es la adecuación para que esto se haga en forma práctica. A ver, ¿vamos a votar una adecuación y no podremos votar que la tasa de interés sea la más baja para las personas, para las familias. ¡No lo puedo entender! No puedo entender que hoy día estemos ofreciendo todas las garantías a los bancos y no seamos capaces de dar garantías a las personas, que tampoco tienen trabajo y están con dificultades para sustentarse, de que a lo menos se considerará la tasa de interés más baja que tenga el mercado. ¡No lo entiendo!

Entonces, señor Presidente, veamos las dos indicaciones: la presentada por el diputado Lorenzini y -reunamos las firmas que se requieren para ello- la del diputado Boris Barrera y votemos. ¿Vamos a ayudar a los bancos? Muy bien, ahí está el Fogape con todas las garantías para el banco. Pero también el banco tiene que ayudar e incorporar la tasa de interés, porque no perderán nada; de hecho, los bancos nunca pierden.

Entiendo que el gobierno esté preocupado por los bancos, pero nosotros tenemos que preocuparnos por las familias, por todos los chilenos y las chilenas.

Por eso la indicación es importante, y espero que todos la votemos a favor. Si no lo hacemos, nadie entenderá que protejamos a los bancos y no a los deudores hipotecarios.

Esa es la diferencia, a pesar de la portabilidad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER [vía telemática].-

Señor Presidente, valoro sobremanera este proyecto de ley, que considero que será un tremendo apoyo para las familias de nuestro país.

Según las cuentas nacionales del primer trimestre de este año, publicadas recientemente por el Banco Central, la deuda total de los hogares alcanza a más del 75 por ciento de su ingreso disponible, y el 59 por ciento de esa deuda corresponde a créditos hipotecarios. Resulta, entonces, que el pago de los créditos hipotecarios ocupa una parte muy importante del presupuesto familiar, lo que es especialmente preocupante en la situación por la que atraviesa el país, una de las peores de su historia.

Teniendo en cuenta esos datos, es lamentable que el Ejecutivo no haya ingresado antes a tramitación este mensaje. En todo caso, espero que le demos una tramitación lo más expedita posible, pues está claro que será un apoyo crucial para las familias chilenas, dado que quienes se endeudan en créditos hipotecarios son precisamente quienes representan la fuerza laboral más importante de Chile y tienen la responsabilidad de levantar la economía de nuestro país.

Valoro que el proyecto establezca un mecanismo expedito para concretar esa postergación a través de un mandato electrónico, con un interés no superior al interés del mismo crédito hipotecario y garantía estatal a través del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios.

Apoyo el presente mensaje y espero que, tal como mencioné, le demos la tramitación más expedita y rápida posible.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG [vía telemática].-

Señor Presidente, hoy, en medio de esta pandemia, una de las preocupaciones de los chilenos y chilenas es precisamente cómo pagar las cuotas de los créditos hipotecarios con que adquirimos nuestras viviendas, que, sin lugar a dudas, son el principal bien que poseemos.

Esta iniciativa busca que, en el marco de la pandemia por covid-19, las personas puedan postergar el pago de sus dividendos hipotecarios, para lo cual se crea un crédito especial, denominado crédito de postergación, respaldado por el Estado a través de una garantía estatal otorgada por medio del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, por un total de hasta seis cuotas.

Sin duda, se trata de un gran apoyo para enfrentar estos momentos difíciles; sin embargo, debo reiterar la necesidad de que, tal como lo ha planteado la ciudadanía, esta postergación se extienda a los créditos que mantienen con el retail, con las grandes tiendas, que cobran las tasas de interés más altas del mercado, respecto de las cuales, debido a esta situación de pandemia, las familias no han podido dar debido cumplimiento al pago de cuotas.

Lamentablemente, respecto de esa posibilidad no se ha visto una actitud de apoyo para las familias por parte de esa industria.

Valoramos este proyecto, que se basa en la suscripción de un nuevo crédito, a pagar con posterioridad a los plazos estipulados en el crédito hipotecario original, aunque se mantiene el criterio de que la institución financiera acreedora tenga la libertad de aceptar o rechazar la solicitud.

Esperamos que la empresa privada, los bancos y el retail, en su momento, tengan la empatía suficiente para entender la grave situación que vive el país.

No sacamos nada con cobrar intereses moratorios y aumentar las sanciones a las personas, si el día de mañana no tenemos clientes o tendremos una economía muy debilitada.

Por eso, vamos a aprobar este proyecto, que traerá algo de alivio a miles de familias que están pagando con mucho esfuerzo sus créditos hipotecarios o que no han podido hacerlo durante este período de pandemia.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, las consecuencias económicas de la crisis sanitaria de la pandemia que enfrentamos y la irrupción de la violencia el 18 de octubre pasado han sido devastadoras para muchas familias chilenas, que han visto reducidos significativamente sus ingresos, si es que no han caído derechamente en la cesantía.

Sabemos que uno de los mayores gastos de los hogares es el pago de los créditos hipotecarios. La mayoría de los que me han antecedido en el uso de la palabra así lo han hecho presente, pero es un dato que, además, está avalado por estudios de expertos en la materia.

En promedio, en tiempos normales, cuando no hay pandemia ni desempleo, las familias destinan sobre el 30 por ciento de sus ingresos disponibles para pagar el crédito hipotecario con el cual adquirieron la vivienda que constituye su hogar. Con la pandemia, esto se ha incrementado a niveles superiores al 60 por ciento, razón por la cual cobra mucho sentido este proyecto.

La iniciativa es necesaria, urgente y, para muchas familias que la requieren en forma angustiante, cobra más sentido aún.

La deuda total de los hogares chilenos alcanza a más del 75 por ciento del ingreso familiar y el 60 por ciento de esa deuda corresponde a créditos hipotecarios.

Dada esa realidad, este mensaje propone una herramienta muy útil, que consiste en la postergación del pago de cierto número de cuotas de sus créditos hipotecarios, para lo cual genera los incentivos destinados a que las instituciones bancarias realicen las postergaciones y que su pago quede debidamente garantizado.

Hay que hacer presente que ya muchos bancos -nos habría gustado que fuese la totalidad- han iniciado un proceso en este sentido.

En resumen, dado los breves minutos de que dispongo, debo destacar que este proyecto tiene cuatro grandes características: la primera es que soluciona el problema de las dificultades de pago de los créditos hipotecarios de muchas familias chilenas que han visto reducidos sus ingresos y que están viviendo un período angustiante; la segunda es que se restringe solo a los créditos hipotecarios y a las personas naturales, dejando fuera de esta solución los créditos de consumo y las pymes; la tercera característica es que entrega la opción de pago a través de cuotas adicionales, pagaderas al final del crédito hipotecario o redistribuidas durante todo el período restante del crédito -esas son opciones a que pueden acceder las familias deudoras-, y la cuarta es que acceden a doble garantía, pues a la garantía hipotecaria se suma la garantía estatal, otorgada a través del Fogape, que fue una muy buena iniciativa agregada aquí, en la Cámara de Diputados, mientras se discutía el proyecto.

En síntesis, este proyecto crea mecanismos simplificados para posponer temporalmente el pago de los dividendos de créditos hipotecarios para la vivienda, por lo cual significa una tremenda ayuda para las familias que están viviendo dificultades, y favorece la postergación mediante el ofrecimiento de un mecanismo para que los acreedores vean garantizado el pago de las cuotas que se posterguen, a través del Fogape, por un plazo de cinco años.

En cuanto a la corrección de 60 a 90 días, estoy de acuerdo con hacerla. Es una corrección necesaria, aunque también se podría hacer en el Senado. Sin embargo, respecto de lo que han planteado otros parlamentarios en relación con fijar el precio de la tasa de interés, me parece que no tiene nada que ver con el sentido del proyecto en discusión.

Considerando lo expuesto y entendiendo que la iniciativa salva muchos de los problemas que presentaba el proyecto sobre postergación de cuotas de créditos, originado en una moción, votaremos a favor. No obstante, como toda obra humana, consideramos que la iniciativa puede ser perfeccionada, sobro todo desde el punto de vista técnico.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto Mardones .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, el proyecto, que avanza en la dirección correcta, toca un punto fundamental, porque, como lo hemos conversado muchas veces, en distintas discusiones legislativas, la crisis sanitaria originada por la pandemia ha generado efectos muy nocivos desde los puntos de vista económico y social. Las familias chilenas, incluidos los sectores más vulnerables y la clase media, han visto afectados su economía familiar, sus ingresos y sus empleos.

Por lo tanto, todas las iniciativas que se impulsen deben tender, por un lado, a entregar apoyo económico, y, por el otro, a alivianar la carga de gastos de las familias chilenas para entregarles certeza, tranquilidad y estabilidad durante estos meses de crisis.

En ese sentido, cabe recordar que, de acuerdo con el informe del segundo semestre de este año, emitido por el Banco Central, entre abril y junio las familias chilenas alcanzaron cifras históricas de endeudamiento. Más de 76,4 por ciento de los ingresos de las familias han sido destinados al pago de deudas, es decir, más de siete de cada diez pesos que reciben en ingresos las familias chilenas han sido destinados al pago de deudas. Hay que considerar que esta situación, en alguna medida, fue mitigada por el primer retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales de las AFP, que muchas familias ocuparon no solo para consumir y reactivar la economía, sino también para pagar deudas; de otra forma estaríamos en una situación aún peor.

En ese sentido, la deuda más importante, la más grande, no solo en términos económicos, sino también desde el punto de vista del resguardo, es la hipotecaria, deuda que las familias tienen por la compra de su vivienda, que da cobijo a los integrantes de su hogar, la que, sin duda alguna, debe ser la primera en protegerse.

En alguna medida, el proyecto permite la postergación del pago de los créditos hipotecarios, pasando las cuotas al final de este o, en su defecto, según se pacte con la respectiva entidad financiera, aplicando un prorrateo en el plazo que quede pendiente.

En cuanto a la garantía estatal, me parece muy bien; no obstante, comparto todas las dudas y planteamientos que señalan que, en este caso, debemos ponernos del lado de los ciudadanos, de las personas afectadas, a las que el proyecto debe proteger, y no únicamente del lado de la banca. En ese sentido, debemos avanzar en resguardar de mejor manera las tasas de interés. Por eso, estamos absolutamente llanos a apoyar la indicación en ese sentido.

Señaladas las bondades de la iniciativa, la cual apoyaremos, me referiré al malestar que tengo con este gobierno respecto de que, una vez más, un proyecto de estas características llega tarde en su oportunidad. En efecto, desde marzo venimos pidiendo la postergación de los créditos. En consecuencia, el gobierno llega siete meses tarde, al igual que con todas las medidas que ha impulsado; pero no solo llega tarde, sino que llega de forma insuficiente. Al respecto, lo que hemos pedido desde marzo es la postergación y prorrateo no solo de las cuotas de los créditos hipotecarios, que, como dije, es la deuda más importante, porque también hay gente que tiene créditos automotrices, créditos de consumo y deudas de tarjetas de crédito por avances en efectivo, obligaciones que ha sido imposible cumplir en el contexto de la pandemia, las que este gobierno está dejando de lado.

Aprobaremos el proyecto, pero el gobierno y el Senado no deben olvidar lo que nos costó sacar adelante la iniciativa, iniciada en moción del diputado Rodrigo González y apoyada por la bancada PPD, iniciativa que hoy está en el Senado, la cual abarca mucho más que los créditos hipotecarios. Ojalá que el gobierno le ponga urgencia y que ambos proyectos puedan avanzar en forma paralela.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez Lahsen .

El señor PÉREZ (don Leopoldo).-

Señor Presidente, respecto del proyecto, he escuchado decir a todos quienes me han antecedido en el uso de la palabra que lo van a aprobar, pero con la consabida crítica de que es insuficiente, que llega tarde, etcétera. Son palabras a las cuales ya nos tienen acostumbrados.

Se trata de un proyecto importante, por medio del cual lo que hace el Estado es entregar una garantía. Sin embargo, son la persona y la institución bancaria, cooperativa o compañía de seguros que facilitó el crédito hipotecario las que coordinarán la suspensión del pago por hasta seis meses, para chutear las cuotas a la cola del plazo total o en el plazo pendiente, dentro de los cinco años que dura la garantía estatal para caucionar cuotas postergadas.

Es necesario aprobar el proyecto con rapidez. Si las críticas arrecian sobre lo tardío de su tramitación es porque el bien más importante para las familias chilenas es, justamente, la vivienda. Prácticamente, “come” una parte importante de los ingresos familiares tratar de servir la deuda y de mantener su vivienda.

Por lo tanto, a nombre de la bancada de Renovación Nacional, anuncio nuestro voto favorable al proyecto, que ojalá se convierta en ley con la mayor prontitud.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez Seguel .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, comparto las palabras de distintos colegas en el sentido de que, si bien es cierto que ante una situación tan dramática algunos bancos han tenido la voluntad de acceder a flexibilizar y aplazar los pagos de las cuotas de créditos hipotecarios, hay otras entidades que no lo han hecho.

Lamentablemente, otro proyecto, originado en moción, que aplaza por un mayor tiempo, un mínimo de cinco meses, el pago de los créditos, se encuentra en el Senado, y no se le ha dado la prioridad que corresponde.

Por lo tanto, solicito a las distintas bancadas, especialmente a las de oposición, que conversen con los senadores para lograr que ese proyecto se discuta en la Cámara Alta.

El gobierno ingresó a tramitación la iniciativa que hoy discutimos, que originalmente entregaba un plazo máximo dos meses para la celebración de los contratos de crédito de postergación, tiempo que, a nuestro parecer, no soluciona el problema. Por eso, se logró un acuerdo con el subsecretario de Hacienda para aumentar dicho plazo a tres meses. Por mi parte, propuse que se otorgara un plazo de cuatro meses, pero mi propuesta fue rechazada.

Finalmente, se llegó a un acuerdo transversal para establecer un plazo de tres meses para la celebración de dichos contratos, que es lo que figura en la iniciativa que vemos hoy. Tres meses es un plazo importante, que representa una ayuda fundamental para cualquier familia que tiene una propiedad destinada a la vivienda o un local comercial comprometido con un crédito hipotecario.

Lamentablemente, se perdió por un voto la indicación del diputado Boris Barrera , para reemplazar el inciso segundo del artículo 2 por el siguiente: “Dichos créditos solo podrán usarse para pagar cuotas completas y consecutivas de un crédito hipotecario y tendrán la tasa de interés más baja entre la tasa al momento de realizar este trámite y la tasa del crédito hipotecario.”.

Eso era muy sencillo. En el fondo, si se dice que la tasa será la más baja, ¿qué pasa si, por ejemplo, el crédito obtenido o pactado tenía una tasa de 1,7 por ciento, y al momento de ser pagado dicha tasa era de 1,3 por ciento? Lo normal sería pagar a una tasa de 1,3 por ciento, pero eso fue lo que se perdió. Con todo, quiero decir a mis colegas de gobierno que en esto hubo un empate, lo que significa que no existió acuerdo suficiente.

La norma señala que, una vez pactado el crédito, se cobrará de acuerdo a la tasa más baja. ¿Por qué no hacerlo? De ese modo aprobaremos rápidamente el proyecto, el gobierno promulgará la ley respectiva y la misma beneficiará a aquellos chilenos y chilenas que están complicados con sus créditos hipotecarios.

Por lo tanto, llamamos al gobierno a tener flexibilidad. Si no se tiene acá, que esa flexibilidad la tenga el Senado, porque creemos que ello es de justicia.

Con todo lo que ha pasado durante la pandemia, tres meses es muy poco. Pienso en la cantidad de profesionales de clase media que han quedado sin trabajo y han debido empezar a vender sus cosas para pagar los créditos hipotecarios y no quedarse sin casa.

Votaré a favor el proyecto, y si existe una indicación en el sentido que he señalado, también la sancionaré favorablemente.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica las leyes Nos 18.045 y 18.046, para establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán siete minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités, y cinco minutos a las demás, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputada informante de la Comisión de Hacienda es la señora Sofía Cid .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 19ª de la legislatura 367ª, en miércoles 24 de abril de 2019. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 87ª de la presente legislatura, en miércoles 14 de octubre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 2.

Tiene la palabra, por vía telemática, la diputada informante.

La señora CID (doña Sofía ) [vía telemática].-

Señor Presidente, la Comisión de Hacienda pasa a informar en calidad de comisión técnica sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera , que modifica diversos textos legales para establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzar las responsabilidades de los agentes de mercados.

En representación del Poder Ejecutivo concurrió a presentar el proyecto el ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones , quien estuvo acompañado por la coordinadora de Mercado de Capitales de dicho ministerio, señora Catherine Tornel .

La idea fundamental de la iniciativa apunta a perfeccionar los mecanismos destinados a evitar abusos a los accionistas minoritarios, profundizar las herramientas que limitan los conflictos de intereses al interior de la administración, incorporar regulaciones para precisar las responsabilidades de las empresas de auditorías externas y fortalecer la labor normativa y fiscalizadora de la Comisión para el Mercado Financiero, todo ello con el fin de fortalecer la confianza en los mercados y alcanzar un buen funcionamiento de los mismos, en un marco de competencia leal, ética, y donde no existan abusos de sus participantes.

En particular, este proyecto de ley introduce modificaciones en diversas normas legales. Así, modifica la ley de mercado de valores, disponiendo que las bolsas establezcan mecanismos de interconexión para una mejor ejecución de las órdenes de los inversionistas, y asigna al ente fiscalizador la tarea de regular el establecimiento de los sistemas de negociación que deberían interconectarse de manera vinculante.

Se dispone, asimismo, que la comisión podrá rechazar las normas de las bolsas que establezcan las estructuras tarifarias de interconexión u otras condiciones aplicables a sus participantes o terceras bolsas, en caso de que considere que una o más condiciones son discriminatorias o afectan la libre competencia, concediendo un plazo prudente para su corrección.

Queda prohibida la manipulación de precios, entendiendo por tal aquella acción que se efectúa con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios de valores de oferta pública. Quedarán exceptuadas de esa prohibición aquellas actuaciones que, cumpliendo con los requisitos que establezca la Comisión para el Mercado Financiero mediante normas de carácter general, tengan por objeto fomentar la liquidez o profundidad del mercado.

Se refuerza, luego, la responsabilidad de los directores, administradores y ejecutivos ante eventuales perjuicios al mercado o a los inversionistas, incorporando la entrega de información maliciosamente falsa a un emisor de oferta pública, una empresa de auditoría o clasificadora de riesgos, como un supuesto para ser sancionado con una pena ahora más elevada, esto es, de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.

Asimismo, mediante norma dictada por la señalada comisión, se obligará a quienes realizan recomendaciones de inversión, explicitar sus eventuales conflictos de intereses, sus conocimientos y su experiencia en materia de inversión.

En lo referido a empresas de auditoría externa, se incorporará que la responsabilidad penal por dictaminar falsamente la sucesión financiera de una organización afectará tanto a los empleados como a los socios de la auditoría.

Se sanciona con la misma pena de presidio señalada anteriormente a quienes actúen en forma encubierta como empresa de auditoría externa, sin registrarse o bajo una inscripción suspendida o cancelada, así como a los socios administradores de empresas de auditorías externas que revelen información reservada de las empresas que auditen.

Asimismo, se modifica la ley sobre sociedades anónimas, se dispone que la comisión pueda normar los requisitos para que directores sean considerados como directores independientes, con la excepción que se señala.

Se dispone, también, que el directorio de la sociedad matriz de una sociedad fiscalizada por la comisión deba establecer y difundir, en concordancia con la norma establecida por la comisión, una política general de elección de directores en sus sociedades filiales.

Enseguida, se modifica la regulación relativa a la política de operaciones habituales, fortaleciendo la disponibilidad de dicha información respecto de los accionistas minoritarios.

Igualmente, el proyecto incorpora a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero los servicios de asesorías de inversión en Chile, entendiendo por asesorías de inversión la prestación de servicios o la oferta de productos públicos generales, o a los sectores específicos de él, relacionados con la inversión, e instrumentos financieros de cualquier especie.

Dispone luego que solo podrá prestar servicios de asesoría de inversión de manera habitual quien se encuentre previamente inscrito en un registro público, administrado y normado por la comisión.

En el mismo apartado se dispone que la información o publicidad de productos y servicios relacionados con la inversión sean normadas por la comisión, precisando las sanciones y agravantes para quienes incumplan tales disposiciones.

Por otra parte, se introducen modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980, que establece un nuevo sistema de pensiones. Allí se dispone que las compañías de seguros de vida solo puedan pagar a los intermediarios, en la comercialización de rentas vitalicias, una comisión que no podrá ser superior a una tasa máxima fijada por los ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social.

En materia de asesoría previsional, que será toda aquella que se preste en forma remunerada o de manera habitual, la normativa agrega que también comprenderá recomendaciones no personalizadas o realizadas al público en sectores específicos.

Asimismo, la Superintendencia de Pensiones podrá establecer requisitos diferenciados para los asesores previsionales o entidades de asesorías previsionales, en función del tipo de asesorías previsionales que presten, así como la clase de destinatarios que se contemplen, y solo podrán prestar esos servicios quienes se encuentren inscritos en el registro que lleve esa entidad fiscalizadora.

En esta misma materia, se define que las entidades de asesorías previsionales y los asesores previsionales deberán acreditar ante la Superintendencia de Pensiones la constitución de una garantía, que se fijará entre 500 UF y 60.000 UF, mediante una boleta de garantía bancaria o la contratación de una póliza de seguros, para responder por el correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones emanadas de su actividad, especialmente de los perjuicios que pudieren ocasionar a los afiliados o beneficiarios que contraten sus servicios de asesoría previsional.

También se faculta a la Superintendencia de Pensiones a suspender del registro, por un plazo máximo de seis meses, renovable por una vez, a los asesores previsionales cuando no cumplan las normas necesarias para el adecuado desarrollo de tales actividades, o cuando así lo requiera el interés público.

Por concepto de honorarios de asesoría previsional, se rebaja su monto de 2 por ciento a 1,5 por ciento de fondos de cuenta de capitalización individual del afiliado destinado a pensiones, con un tope de 60 UF.

Del mismo modo, el proyecto modifica el decreto con fuerza de ley sobre Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, para establecer que los agentes de venta de rentas vitalicias serán inscritos, previo cumplimiento de los requisitos correspondientes por la compañía de seguros a la que pertenezcan, en el registro especial que llevará la Comisión para el Mercado Financiero.

La Comisión de Hacienda también aprobó una indicación del Ejecutivo para crear un sistema de consulta de seguros digital, de acceso remoto y gratuito, que será administrado por la Comisión para el Mercado Financiero y que entregará información sobre los contratos de seguros a quienes tengan la calidad de contratante o asegurado y, en caso de fallecimiento o incapacidad judicialmente declarada, a quien demuestre un interés legítimo en acceder a dicha información.

Además, las compañías de seguros deberán mantener bases de datos actualizadas con la información de las pólizas respecto de las cuales mantengan obligaciones vigentes y deberán proporcionar a la Comisión para el Mercado Financiero la información necesaria para la operación del mencionado sistema de consulta.

El sistema de consulta de seguros deberá permitir que, con el objeto de obtener nuevas ofertas de seguros, los contratantes o asegurados puedan otorgar su consentimiento para que su información sea intercambiada entre las compañías de seguros, aplicando normas de veracidad y protección de datos personales.

También el proyecto incorpora modificaciones a la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, disponiendo que esa unidad podrá evaluar la aplicación de la normativa en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de las personas naturales y jurídicas obligadas a informar, para lo cual podrá requerir los datos y antecedentes que le permitan llevar a cabo dicha labor, así como aprobar matrices de riesgo.

La comisión aprobó una indicación del Ejecutivo para, entre otras cosas, elevar las multas por concepto de censura y adicionar el título “Del Denunciante Anónimo”, donde se define su calidad, derechos y protección.

La comisión aprobó también una indicación del Ejecutivo que precisa, en el Código de Comercio, que, con ocasión del otorgamiento, renegociación o repactación de productos o servicios financieros, no se podrán contratar seguros distintos de aquellos en que el beneficiario de la indemnización sea el acreedor de la operación crediticia, salvo que el seguro se contrate en un documento separado al producto y se deje constancia de que tiene el carácter de voluntario. En todo caso, el contratante tendrá la facultad de retractarse dentro del plazo de diez días, contados desde que reciba la póliza, sin expresión de causa ni cargo alguno, teniendo derecho a la devolución de la prima que hubiese pagado.

También aprobó una indicación del Ejecutivo que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero, donde se faculta a la Comisión para el Mercado Financiero para normar las comisiones por los créditos de dinero.

Finalmente, el artículo transitorio dispone los plazos de entrada en vigencia de diversas disposiciones de esta ley.

En lo relativo al impacto fiscal del proyecto, los informes financieros de la Dirección de Presupuestos aseguran que la presente iniciativa no irrogará gasto fiscal. La comisión aprobó el proyecto en general por 8 votos a favor y 4 en contra. Votaron a favor, la diputada que habla, Sofía Cid , y los diputados Giorgio Jackson , Patricio Melero , José Miguel Ortiz , Leopoldo Pérez , Guillermo Ramírez , Alejandro Santana y Gastón von Mühlenbrock . Votaron en contra los diputados Manuel Monsalve , Marcelo Schilling , Alexis Sepúlveda y Daniel Núñez (presidente).

En la votación particular, resultaron aprobados todos los artículos del proyecto de ley, la mayor parte de ellos por unanimidad de los diputados presentes.

Como consecuencia de lo anterior, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable Sala aprobar la iniciativa de ley en los mismos términos informados.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado Suazo .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, el objetivo de este proyecto es aumentar la transparencia del mercado y la protección de los inversionistas y usuarios menos protegidos del sistema financiero. Pero esta iniciativa no nace por obra del Espíritu Santo, sino que es un tema que viene, primero, de la Comisión Engel; segundo, de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, y esto lo digo para que muchos que no tenemos fe en las comisiones investigadoras veamos que, efectivamente, hay algo que se aprovecha de ellas para hacer proyectos de ley; tercero, de las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica; cuarto, de la agenda de trato justo con el consumidor financiero, y, quinto, de los informes de la OCDE sobre traspasos masivos de dinero.

Por lo tanto, el proyecto de ley busca fortalecer la confianza de los mercados, con el objetivo de lograr, por una parte, el buen funcionamiento de estos, en el marco de competencia transparente, leal y ética, en donde no existan abusos de sus participantes, perfeccionando el marco regulatorio vigente que sanciona conductas abusivas, y, por otra, elevar los estándares de los agentes de mercado, para favorecer el desarrollo financiero y, al mismo tiempo, fortalecer indirectamente la competitividad internacional.

Hay nueve consideraciones que quiero comentar:

Primero, el proyecto contempla distintas modificaciones a la ley N° 18.045, de Mercado de Valores, dentro de las cuales se encuentran: la obligación del directorio o administrador de emisores de valores de ofertas públicas de resguardar la información esencial hasta que esta sea pública. Aquí hablamos de información privilegiada, pues hemos visto en los medios de comunicación que muchos socios de empresas con información privilegiada se adelantan al mercado para obtener ganancias que no son lícitas.

Asimismo, los períodos de bloqueos obligatorios de transacciones para determinados actores y bajo determinadas condiciones, para que todos estén en las mismas condiciones cuando se dé el mercado.

Requisitos de gestión de riesgo respecto de corredores de bolsa y agentes de valores -hablamos del mismo tema de la información privilegiada- y distintas obligaciones con el objeto de velar por la interconexión de bolsas de valores, que es un tema que ya está sobre la mesa.

Se amplía el concepto de manipulación de precios.

En materia de sanciones, se aumentan las penas relacionadas con determinados ilícitos y se incorporan nuevas conductas ilícitas.

Requisitos para la información que se entregue a los accionistas o al público, en general, en materia de conflictos de intereses, idoneidad y experiencia de quienes difundan dicha información. Esto es tremendamente importante.

Segundo, el proyecto contempla distintas modificaciones a la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, dentro de las cuales se encuentran la protección a los accionistas minoritarios en caso de operaciones con partes relacionadas que no cumplan con la ley. Este es un caso importante. Hemos visto en algunas grandes empresas, sobre todo en el norte del país, en que hacen operaciones cascadas y los accionistas minoritarios no son tomados en cuenta. De acuerdo con esta futura ley, los accionistas minoritarios van a tener que ser tomados en cuenta y protegidos.

Asimismo, se establecen requisitos adicionales a la política de habitualidad para aprobar operaciones con partes relacionadas. Es importante hacer este hincapié.

Aumentar las potestades normativas del regulador en la definición de director independiente. Creo que esto es importante para poder proteger, sobre todo, a los accionistas minoritarios.

Requisitos y exigencias adicionales a los directores independientes, y se incorpora la facultad de requerir directamente de las empresas filiales de la sociedad anónima abierta la información que se considere pertinente por parte del fiscalizador. Eso es muy importante.

Tercero, el proyecto contempla un texto autónomo que tiene por objeto regular la prestación de servicios de asesorías de inversión, definiendo dicha actividad y estableciendo que serán fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero los requisitos que deberán cumplir quienes presten tal servicio y las sanciones a las que están sujetos por el incumplimiento a las señaladas normas.

Cuarto, el proyecto contempla modificaciones también al decreto ley N° 3.500, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1980, que establece nuevo sistema de pensiones. En particular, se perfeccionan las normas relacionadas con la actividad de asesoría previsional, con el fin de proteger a los afiliados y resguardar la fe pública.

Se define de manera precisa la actividad señalada. Se establece que estarán regulados exclusivamente por la Superintendencia de Pensiones y se establecen nuevos requisitos y exigencias para los mismos.

Quinto, el proyecto contempla distintas modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 251, sobre Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio, dentro de las cuales se encuentra la creación de un sistema de consulta de seguros digital, de acceso remoto y gratuito, que será administrado por el regulador. Esto me parece muy importante a la luz de lo que está sucediendo hoy en Chile, pero también respecto de lo que viene en el futuro. Esperamos que con el 5G sea bastante más rápida la cobertura.

Modificaciones a los procesos de licitación de seguros asociados a créditos hipotecarios, con el objeto de aumentar la competencia y transparencia de dicho proceso. Hoy, muchos bancos hacen firmar su seguro, siendo que deberían licitarse a nivel nacional, y uno, como usuario, puede participar en esa licitación.

Se elevan las exigencias de conocimiento, idoneidad e inhabilidad para los agentes de ventas de rentas vitalicias.

Sexto, el proyecto contempla distintas modificaciones a la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, las cuales tienen por objeto robustecer la actividad de dicho órgano a través del otorgamiento de nuevas facultades. Esto es importante, porque en distintas instituciones se ha visto colocar dineros en cuentas corrientes de funcionarios públicos que no ganan un sueldo alto, y la Unidad de Análisis Financiero no ha tenido a tiempo la información para tomar los resguardos que corresponden para el lavado de activos.

Séptimo, el proyecto contempla distintas modificaciones al decreto ley N° 3.538, del Ministerio de Hacienda, de 1980, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, dentro de las cuales se encuentran el robustecimiento de las facultades sancionatorias y la incorporación del denunciante anónimo, con el fin de facilitar y perfeccionar la labor fiscalizadora. Hoy, en los casos de colusión, la empresa debe autodenunciarse. Por eso, se crea el denunciante anónimo, para conocer si hay malas prácticas dentro de las empresas.

El proyecto también contempla modificaciones al Código de Comercio, con el fin de proteger a los contratantes de seguros asociados a productos o servicios financieros.

Por último, el proyecto contempla distintas modificaciones a la ley N° 18.010, del Ministerio de Hacienda, de 1981, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica, dentro de las cuales se encuentran aquellas que entrega a la Comisión para el Mercado Financiero la facultad de delimitar el concepto de comisión y así evitar que se cobren comisiones por servicios no prestados efectivamente. Me parecen muy bien las modificaciones a la Comisión para el Mercado Financiero, pues le conceden mayor robustez y herramientas para cuidar el mercado financiero chileno.

Por consiguiente, en este período de recuperación económica a raíz de la crisis que vivimos, será especialmente relevante contar con un mercado más trasparente, más leal, ético -que no haya solo clases de ética, sino también penas para quienes lo trasgreden-, donde no existan abusos por parte de sus participantes y eso haga mejorar la visión de la gente común y corriente hacia el mercado financiero, hacia las empresas y hacia el país. En general, se trata de que sea atractivo invertir en Chile.

Por lo tanto, anuncio que vamos a aprobar este proyecto y esperamos que todos los parlamentarios hagan lo mismo, porque modifica muchas leyes antiguas, a las que se debía hacer un lifting, para acomodarlas a lo que viene en el futuro. Muchas gracias.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Renato Garín .

El señor GARÍN (vía telemática).-

Señor Presidente, por supuesto que hay buenas ideas en este proyecto de ley, que modernizan el mercado de capitales, que sirven para contribuir con la transparencia, sobre todo en delitos de información privilegiada y otras figuras análogas. Por supuesto que sí.

Sin embargo, hay que ser justos y señalar que el proyecto tiene un artículo que se refiere específicamente a un negocio legal, a un negocio que ya está regulado y que no le hace daño a nadie, según entiendo, que es el negocio de Felices y Forrados, donde observo una obsesión, de parte del gobierno, que no comprendo.

En el artículo 3° -que pediré que rechacemos-, me parece que se exceden las facultades, incluso punitivas, con una ley penal en blanco, prácticamente, para que se sancione a estas entidades que hacen asesorías financieras. Y me sorprende este énfasis en Felices y Forrados, porque Felices y Forrados no le hace daño al mercado; Felices y Forrados le hace recomendaciones de cambio de fondos a las personas y las personas no pierden plata en ese traspaso de fondos. Nadie pierde cambiándose de fondos. Yo no conozco ningún caso de una persona que, siguiendo una recomendación inteligente de cambio de fondos, pierda plata. Incluso, hay senadores que hacen público cómo se cambian de fondos. Incluso, el programa electoral del Presidente Piñera hablaba de que con un click las personas podían cambiarse de fondos, ejerciendo la libertad sobre sus capitales, porque la plata es de las personas, como nos han repetido incansablemente, a propósito del retiro del 10 por ciento y del segundo retiro del 10 por ciento.

Entonces, ¿qué les molesta de Felices y Forrados? Yo no lo comprendo. ¿Por qué les preocupa más esa microempresa que las corredoras de bolsa, como Moneda Asset Management , o las corredoras de bolsa que dependen de los bancos o los negocios enormes que hemos visto en esta pasada, durante esta crisis, en la Bolsa de Comercio de Santiago, o del manotazo por 40.000 millones de dólares que los gobiernos les han dado a los fondos de pensiones para financiar gasto público?

¿Por qué no hablamos de eso en vez de hablar de Felices y Forrados?

Por lo demás, por su intermedio, señor Presidente, le quiero contar al ministro que en el barrio San Damián tienen un negocio parecido, se llama Infelices , pero Forrados.

Ahora, sobre el artículo 3°, me parece que una legislación penal en blanco para tratar de regular el sistema financiero es algo completamente fuera de foco. El derecho penal, más encima con ese tipo de legislación, con esa técnica legislativa, para abordar un tema de libertad financiera, de asesoría financiera, me parece fuera de foco; el derecho penal no sirve para ese tipo de tratativas.

Yo comprendo el tema de la información privilegiada a las grandes corredoras de bolsa, pero poner el foco en la asesoría financiera del cambio de fondos, me parece que detrás hay algo que es político, y que es lo que le molesta al gobierno y a las AFP, sobre todo: es la lectura política que tiene la asesoría que presta Felices y Forrados, que pone énfasis en la libertad individual sobre los fondos, la propiedad sobre esos fondos y el apoyo al primer retiro del 10 por ciento de los fondos, que ya aprobamos, contra todo pronóstico, y al segundo retiro, que parece que vamos a aprobar con toda claridad, gracias al empuje de la abuela Pamela Jiles y gracias al apoyo de los diputados oficialistas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ (vía telemática).-

Señor Presidente, quiero clarificar varias cosas.

Este proyecto es el producto de los siguientes antecedentes, que menciono para la historia fidedigna del establecimiento de la ley.

En 2015, la entonces Presidenta Michelle Bachelet nombró la denominada Comisión Engel, que hace variadas propuestas.

La Fiscalía Nacional Económica también presenta diferentes recomendaciones.

Por su parte, la Agenda Trato Justo con el Consumidor Financiero, de 2019, propone varias medidas y también la OCDE presenta in informe sobre traspasos masivos en los fondos de pensión.

Las recomendaciones de la Comisión Engel quedan plasmadas en este proyecto. Tales recomendaciones fueron:

Mayores atribuciones para una fiscalización eficaz de mercados, como ocurre con la ampliación del perímetro regulatorio de la Superintendencia de Pensiones y naturalmente de la Comisión para el Mercado Financiero […] de los entes fiscalizadores, por ejemplo, a través de un cuerpo colegiado como la CMF.

¿Qué pasó después? En 2015, este proyecto ingresó por el Senado, en el segundo gobierno de nuestra entonces Presidenta Michelle Bachelet , y fue informado por la Comisión de Hacienda en mayo de 2017; retoma su tramitación en 2018, durante el segundo gobierno del Presidente Piñera, y es aprobado por unanimidad en la Sala del Senado, en abril de 2019. Posteriormente fue conocido por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que es la comisión técnica, donde fue aprobado por amplia mayoría.

Las ideas matrices del proyecto son avanzar, en el marco de la agenda de probidad, en fortalecer la confianza de los mercados, con el objeto de lograr, por una parte, un buen funcionamiento de estos, en un marco de competencia transparente, leal y ética, en donde no existan abusos de sus participantes, perfeccionando el marco regulatorio vigente para sancionar conductas abusivas, y elevar los estándares de los agentes de mercados para favorecer el desarrollo financiero y, al mismo tiempo, fortalecer indirectamente la competitividad internacional. Asimismo, brindar mayor protección a los accionistas minoritarios y a los inversionistas, clarificar las responsabilidades de los auditores externos, fortalecer el rol de supervisión de la Comisión de Mercado Financiero, establecer una mayor fiscalización sobre las entidades que ofrecen productos y servicios de inversión, y, en definitiva, hacer menos difícil entender la forma en que operan los mercados financieros para aquellas personas menos preparadas que participan en los agentes de mercado.

El proyecto contempla diversas modificaciones a la ley N° 18.045, de Mercado de Valores, las cuales fueron expuestas por la diputada informante de nuestra Comisión de Hacienda.

Se abordan varios puntos que son vitales e importantes, que también están en el informe rendido por la diputada informante de la Comisión de Hacienda, que es la comisión donde correspondió analizar este proyecto.

Se modifica la ley Nº 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversos cuerpos legales en materia de lavado y blanqueo de activos, para robustecer la actividad de dicho órgano a través del otorgamiento de nuevas facultades.

Se modifica el decreto ley Nº 3.538, de 1980, del Ministerio de Hacienda, que crea la Comisión para el Mercado Financiero.

Se modifica el Código de Comercio, con el fin de proteger a los contratantes de seguros asociados a productos o servicios financieros.

Se modifica la ley Nº 18.010, de 1981, del Ministerio de Hacienda, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica, dentro de las cuales se encuentra aquella que entrega a la CMF la facultad de limitar el concepto de comisión y así evitar que se cobren comisiones por servicios no prestados efectivamente.

Quiero destacar que en la Comisión de Hacienda hicimos el trabajo y durante muchas sesiones. Escuchamos a todos los actores vinculados con materias relativas a la transparencia y a las responsabilidades en el ámbito financiero.

Por ello, voy a votar a favor este proyecto, porque va en el camino correcto de abordar situaciones extraordinarias y evitar que se presenten otras que han sucedido años atrás.

Por eso esperamos que hoy termine este trámite para que esta iniciativa luego sea ley de la república. Hago un reconocimiento a la presidenta…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Raúl Soto Mardones .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, es cierto que este proyecto de ley tiene elementos positivos desde el punto de vista de los objetivos que plantea. Regular y transparentar los mercados sin duda alguna es una necesidad cuando tenemos un mercado de capitales tan opaco, tan poco transparente y tan desregulado en este país. Ello me parece bien. Por eso, por supuesto que nosotros estaremos por apoyar las normas que de manera efectiva vayan en aquella dirección.

Pero también hay que ser absolutamente claro y transparente con la ciudadanía, porque lo que ha intentado el gobierno del Presidente Sebastián Piñera es también pasar gato por liebre. Han tratado de inmiscuir de contrabando normas que modifican el decreto ley Nº 3.500, en materia de pensiones, en materia previsional. Eso es lo que se ha intentado hacer en este caso: de contrabando, entre gallos y medianoche, el gobierno intentó introducir normas que modifican el decreto ley Nº 3.500 -materia previsional- en un proyecto que cumple un objetivo aparentemente distinto, que pone o debiera poner el foco en otro lado. Esa es una situación bastante cuestionable y que tenemos que poner sobre la mesa.

Hablo principalmente de dos cosas. La primera es lo que se ha denominado por parte de la propia ciudadanía como “el corralito de Piñera”, que buscaba modificar el decreto ley Nº 3.500. ¿Para qué? Para amarrar de manos a los trabajadores y trabajadoras de este país; para limitar su libertad de decisión respecto de qué hacer con sus ahorros previsionales; para limitar la posibilidad y la libertad de cambio de fondo, algo que además es total y absolutamente contradictorio con el propio programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Lo que prometió en su campaña el Presidente Piñera y escribió con la mano en su programa de gobierno, hoy lo borra con el codo para tratar de hacerles el favor a las AFP y limitar la posibilidad de que los chilenos decidan libremente, o asesorados si quieren, cambiarse o no de fondos para mejorar su rentabilidad, situación que es francamente inmoral.

Agradezco a la Comisión de Hacienda, que hizo la pega y declaró inadmisible el “corralito” de Piñera, por lo que hoy está fuera de lo que vamos a votar en esta sesión. Es importante que la ciudadanía lo sepa: el proyecto que vamos a votar en esta oportunidad no incluye el “corralito” de Piñera, porque fue bajado en la Comisión de Hacienda tras haber sido declarado inadmisible.

Es cierto, el gobierno va a buscar reponerlo. No lo va a reponer en esta oportunidad ni en este proyecto, sino en otra oportunidad y seguramente en un proyecto distinto, por lo que tenemos que estar atentos para que no nos pasen un gol nuevamente. Pero en esta oportunidad está fuera y nosotros estamos por el absoluto rechazo del “corralito” de Piñera para limitar la libertad de los chilenos y chilenas.

Asimismo, también estamos en contra de lo que se ha denominado “ley mordaza”, que lo que busca hacer es, de contrabando, regular una situación total y absolutamente distinta, que al parecer tiene nombre y apellido, según hemos escuchado en algunas intervenciones, que dice relación precisamente con el tema de los asesores previsionales. ¿Y qué se hace con esta “ley mordaza”, que contiene -como bien dijo el diputado Renato Garín - una ley penal en blanco, lo que jurídicamente es una aberración para los que estudiamos derecho? En definitiva, tratar de perseguir penalmente a aquellos que buscan prestar asesoría para que la gente pueda decidir libre y autónomamente qué hacer con sus ahorros previsionales. Nuevamente se pone un bozal, se pone un amarre de manos a la libertad de las personas para decidir respecto de lo que es el fruto de su trabajo, de su esfuerzo de la vida: sus propios ahorros previsionales.

Por lo tanto, obviamente tampoco estamos de acuerdo con esa “ley mordaza”, con esa ley penal en blanco, que estaría contenida en el artículo 3, respecto del cual entiendo que se va a pedir votación separada. Desde ya, anuncio que estamos por su absoluto rechazo.

Creo que esas dos normas son las que hoy causan principal preocupación en la ciudadanía. La primera -como ya expliqué- está fuera y no se va a votar el día de hoy, y tenemos que estar atentos para que no la repongan en otra oportunidad, y la segunda, con votación separada, podemos descartarla absolutamente. Esa es hoy nuestra posición.

Creo que debemos ser consecuentes y transparentes con la ciudadanía, en especial con la gente a la cual representamos, porque nos está viendo y está preocupada respecto de si vamos a estar por legislar para atarla de manos y ponerle una mordaza en la boca, respecto de su libertad de decisión con sus ahorros previsionales, o si vamos a estar por defender la libertad de las personas para mejorar su futuro.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Muy bien, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena) [vía telemática].-

Señor Presidente, una de las cosas que hemos repetido hasta el cansancio es que el mercado se tiene que integrar a la sociedad. En esto los políticos jugamos un rol fundamental.

En efecto, todos los agentes del mercado no son ajenos al destino social de nuestro país, pues estamos todos interrelacionados y debemos no solo adecuarnos, sino también preocuparnos por el destino del país.

En tal contexto se enmarca este proyecto, que establece, como se ha dicho, nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados.

El fortalecimiento de la confianza en los mercados financieros, palabra que está hoy muy olvidada, me parece que es crucial para que la sociedad funcione bien. En ese sentido, cabe reiterar que la confianza se establece sobre la base de la transparencia y de la condena absoluta de los abusos.

Tal vez estamos un poco atrasados con este proyecto. No obstante, confianza y transparencia, condena y sanción a los abusos son conceptos que siempre deben ir de la mano y que tienen que empapar el desarrollo del mercado financiero.

La reforma que propone esta iniciativa para establecer mayores atribuciones a la Comisión para el Mercado Financiero, hasta la protección de los accionistas minoritarios, como bien lo explicó el diputado Miguel Mellado , va en la línea correcta.

Sin embargo, tal como lo enfatizó el diputado José Miguel Ortiz , este proyecto fue presentado hace mucho tiempo, en el 2015, bajo la administración de Michelle Bachelet, luego del informe de la Comisión Engel. Me parece que es una buena noticia que este gobierno también lo impulse, porque de alguna forma se advierte que hay acuerdo sobre la necesidad de regular la actividad económica y ponerla en favor del bien común.

Para terminar mis palabras, quiero decir que debemos tener cuidado respecto de cómo se están usando las redes sociales para desinformar sobre este proyecto. Lo señalo, porque se ha hablado, como lo mencionó el diputado Raúl Soto , de una especie de “corralito”. Agradezco que el diputado Soto haya aclarado que hoy no vamos a votar eso, porque se ha hablado mucho del “corralito”, lo cual se ha hecho siempre desde la desconfianza. Por eso, me alegra lo que propone este proyecto, porque permitirá regular los mercados y a quienes especulan.

¿Qué tiene de malo regular a los asesores? Lo que estamos buscando es el bien común. No todos los asesores hacen bien su trabajo, de modo que es importante regularlos. No veo por qué hay una ley mordaza. Un buen asesor hace bien su trabajo, pero un mal asesor, que tenga otro tipo de incentivos económicos personales, tiene que ser regulado.

Parte del problema social que tenemos hoy se debe a que estos mercados no han estado nunca regulados. Se trabaja sobre la base de la desconfianza y ha existido mucho abuso, situación que este proyecto busca regular.

En definitiva, se trata de una iniciativa que es muy positiva, de modo que ojalá avance sin dificultades. Me gusta que haya iniciado su tramitación en el gobierno de Michelle Bachelet y que sea finiquitada por el gobierno del Presidente Piñera.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez Arancibia .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, lo primero que hay que hacer es reiterar algo que acá han dicho otros diputados, tal como lo hizo recién el diputado Raúl Soto . Hay que insistir en aquello, porque es natural que haya mucha preocupación en la ciudadanía.

Este proyecto de ley tiene un nombre que la gente no conoce, pero sí conoce algo respecto de lo que se ha hablado mucho: del famoso “corralito”. Cuando a la gente se le dice que no tendrá ninguna posibilidad de moverse con libertad de un fondo a otro, por ejemplo, del fondo más riesgoso al menos riesgoso, o viceversa, es obvio que se genera inquietud.

No porque exista la posibilidad de elegir entre los fondos A, B o C significa que sea una gran opción, porque al final estamos hablando de las mínimas opciones que tienen los trabajadores y las trabajadoras chilenos de defenderse, por ejemplo, frente a un crisis como la que se ha provocado hoy con el coronavirus, a partir de la cual mucha gente ha perdido cinco o seis millones de pesos en sus ahorros previsionales. En la Región de Coquimbo tenemos casos de personas que han perdido hasta diez millones de pesos.

Por lo tanto, es lógico que la gente diga: ¿qué puedo hacer si estoy obligado forzosamente a ahorrar en la AFP, que abusa de nosotros? Bueno, las pocas facultades de defensa que uno tiene es pasarse a un fondo menos riesgoso. Esas cosas son las que, absurdamente, el gobierno quería impedir en este proyecto de ley.

El famoso “corralito” comprendía dos cosas: primero, que el trabajador o que el afiliado a la AFP solo podía cambiarse entre fondos adyacentes, por ejemplo, del A al B o del E al D, pero no podía cambiarse de uno altamente riesgoso al menos riesgoso, como una forma de alivianar un impacto económico de una crisis en su pérdida de ahorros previsionales.

También, inexplicablemente, establecía que el plazo no era de cuatro días para hacer efectivo ese cambio de fondo, sino de treinta días.

Esa materia fue muy discutida en la Comisión de Hacienda. Incluso, le dije al ministro de Hacienda que era un atajo tramposo el que estaba haciendo el gobierno, lo cual provocó su indignación. Es un atajo, porque no corresponde que esta materia sea discutida en un proyecto de ley de transparencia de los agentes de mercado. ¿Qué tiene que ver el derecho o la posibilidad que tiene un afiliado de cambiarse de un fondo A, B o C con esta opción de que digan que va a haber más transparencia en los agentes de mercado? No tiene ninguna relación.

A mi juicio, por supuesto que aquí también existe un engaño, porque lo que se está diciendo a la gente es que cuando se cambie, en forma masiva, del fondo A al fondo E estaría provocando inestabilidad en el mercado financiero.

¡Fíjense en la paradoja: los responsables en Chile de las crisis, de la inestabilidad del mercado financiero, serían los trabajadores afiliados a las AFP! ¿Son acaso los trabajadores, cuando buscan defenderse un poco y disminuir sus pérdidas de ahorros previsionales al cambiarse a un fondo menos riesgoso, los que provocan la inestabilidad en los mercados financieros? ¡Por favor!

Esa explicación que nos dio el ministro de Hacienda es ridícula. Si otras autoridades lo hicieron, creo que es absolutamente falso.

En todo el mundo está demostrado que las crisis financieras tienen otros orígenes: los fines y las acciones especulativas de grandes poderes económicos, no lo que hacen un trabajador o una trabajadora desesperados por defenderse.

Por eso fue muy evidente que las materias relacionadas con el famoso “corralito” eran inadmisibles, dado que estaban fuera de la idea matriz del proyecto. No tenían ninguna relación con este proyecto de ley, cuyo origen tenía por objeto el establecimiento de una regulación a actores privados que incurrieron en prácticas fraudulentas, como las empresas Penta , Soquimich y otras.

Reitero que esa fue la razón por la que esa materia fue declarada inadmisible, porque no está contemplada en las ideas matrices de este proyecto de ley, de modo que no será votada ahora.

Por otra parte, hay que decir que la iniciativa que estamos tratando contempla modificaciones a tres leyes muy distintas. Como hemos comentado, propone la modificación del decreto ley Nº 3.500. Una parte fue eliminada, pero falta regular lo referido a las asesorías previsionales.

Al respecto, quiero señalar que está bien que se regulen ese tipo de asesorías -creo que nadie se opone a eso-, pero espero que sean regulaciones que no impidan que se ejerza esa actividad.

Además, se proponen modificaciones a la Ley sobre Sociedades Anónimas y al Código de Comercio, que tienen que ver con los contratos de seguros, aspecto sobre el cual el diputado Jackson ha presentado varias indicaciones que vamos a respaldar.

Sin embargo, quiero centrarme en una indicación que en la Comisión de Hacienda no fue aprobada -cuando fue sometida a votación se produjo un empate: hubo seis votos a favor y seis en contra-, cuya finalidad es la eliminación de la denominada “puerta giratoria”. En Chile, además de aquella que posibilita que gente que ha cometido delitos salga de la cárcel muy rápido, existe otra “puerta giratoria”: la que permite que exautoridades de gobierno salten a grandes cargos en empresas privadas. Si bien eso no implica en sí un delito, es algo que, a mi juicio, genera riesgos de uso de información privilegiada y de uso de tráfico de influencias, por lo que se debe limitar.

Algunos se molestaron cuando presenté esa indicación; dijeron que lo hacía con nombre y apellido. Como si yo tuviera la culpa de que el exministro de Hacienda Felipe Larraín , tras seis meses de dejar su cargo, decidiera integrarse al directorio de Cencosud. ¡Curioso, ¿no?! Es curioso, cuando él manejaba toda la información y el debate en detalle respecto de los cambios que se hicieron al Código Tributario. Bueno, eso me parece poco transparente; eso no ayuda a romper con la élite que está en los cargos del poder político y del poder económico, sin ningún tipo de actitud, como corresponde, de transparencia.

Por tal razón, presenté esa indicación, que fue rechazada en la comisión; pero ya se juntaron las firmas para que sea renovada. Pido apoyo al resto de los diputados y diputadas presentes para inhabilitar a exautoridades de gobierno, y también a parlamentarios, ya sean diputados o senadores, para integrar el directorio de una sociedad anónima abierta hasta el término de un año, contado desde que dejaron el cargo. Considero que se trata de una norma ética, correcta. Es lo que hoy día Chile está exigiendo: más transparencia, que no haya ningún espacio para prácticas de corrupción. Y esto de saltar de cargos de gobierno para ser parte de empresas, para tener un poder económico gigantesco o tomar parte en las decisiones de aquellas, evidentemente, es algo poco transparente.

Quiero insistir en esto. Sé que el gobierno se molestó mucho cuando presenté la referida indicación; sin embargo, pienso que para combatir la corrupción tenemos que dar el ejemplo, y, en este caso, la inhabilidad por un año es absolutamente razonable. Reitero que dicha inhabilidad es solo para integrar los directorios de las grandes empresas que son sociedades anónimas abiertas.

Por eso, pido el respaldo de la Sala en esta discusión.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez Lahsen .

El señor PÉREZ (don Leopoldo).-

Señor Presidente, pedí la palabra con anterioridad, pero no me la dieron.

Solicito que se elimine la expresión “atajo tramposo”, proferida por el diputado Daniel Núñez en contra del ministro de Hacienda.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Esta presidencia ocasional considera que esas palabras expresan un juicio político y no una agresión personal.

Por lo tanto, a menos que la Mesa piense lo contrario, como ex-Vicepresidente de la Corporación, considero que se trata de conceptos que están dentro del juicio político y no del personal.

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON (vía telemática).-

Señor Presidente, la verdad es que ya bastante se ha dicho sobre este proyecto.

Como integrante de la Comisión de Hacienda y habiendo presentado varias indicaciones, vengo en solicitar a la Sala que -aparte de lo que se ha señalado en cuanto a la tipificación y la sanción penal expresada en el artículo 3, de cuyos incisos hemos pedido votación separada, para que no exista esta sanción totalmente desmedida-, además de la aprobación de las normas que mejoran -son algunas moderadas mejoras- la regulación del sistema financiero y los agentes de mercado, que se aprueben seis indicaciones que he renovado referentes al sistema de seguros, como, por ejemplo, para que la información sea interconectada en tiempo real y de manera automática. Es decir, la idea es que la gente pueda acceder a la información de manera continua, como pasa con los distintos servicios digitales a los que permanentemente tenemos acceso, como Google o cualquier otro tipo de servicio que tengamos con ese nivel de velocidad, y empujar a los bancos a que exista una red interconectada.

Por otro lado, respecto de las bases de licitación de los seguros asociados a los créditos hipotecarios, nosotros, al menos, estamos tratando de introducir la idea de que esos seguros favorecen no solo a quien solicita el crédito, sino también al acreedor -es decir, al banco- y, por lo tanto, el costo de la prima debiera ser compartida, y propongo que se pague en partes iguales.

Al mismo tiempo, en la licitación de los seguros, para que no se produzca lo que hoy día ocurre, esto es, una integración vertical y bases de licitación casi a la medida de empresas relacionadas con los mismos bancos, pido que se excluya a aquellas, en los términos de la ley Nº 18.045.

Respecto del Código de Comercio, propongo varias modificaciones para que los costos y el interés asegurable sean compartidos y repartidos entre el banco y el consumidor, y que las primas en general de todo tipo de seguro se paguen 50 y 50.

Al mismo tiempo, así como en las farmacias existía el incentivo de la “canela” para vender productos más caros a los clientes, porque tenían incentivos económicos por parte de las farmacias, aquí ocurre algo similar, en este caso no con la salud, pero sí con la salud financiera -podríamos llamarla así- cuando se “enchufan” seguros que no tienen nada que ver con el producto financiero. Por lo tanto, creo que no se pueden generar incentivos para que los ejecutivos y las ejecutivas de cuentas, para llevar el pan a su mesa, terminen teniendo la obligación de abusar de los clientes, de los consumidores. Se trata de una buena oportunidad para poder regular esta materia.

En cuanto a la ley Nº 18.010, planteo algunas normas referentes a los intereses relacionados con el prepago, para lo cual hoy se utiliza un sistema de amortización francés; sin embargo, yo creo que debe ser un sistema que reconozca todo el interés pasado para que esto no se traduzca en una deuda y un prepago más caros.

Por último, propongo algunas medidas, en caso de que no exista rechazo respecto de una votación separada, cuya indicación estoy preparando, para que las tasas máximas convencionales no signifiquen más carga para el consumidor. Esto es algo bastante importante, porque si se empiezan a excluir otros gastos asociados a los mismos productos financieros que tiene un cliente, al final, de manera alternativa se estará baipaseando la tasa máxima convencional. Yo, al menos, creo que todos esos costos deben estar incluidos en dicha tasa.

Considero importante aprovechar de regular las distintas materias a que hice alusión.

Así que, habiendo manifestado nuestro rechazo a esta idea de que haya una “ley mordaza”, como se la ha llamado, o una sanción y tipificación penal, que entendemos que puede generar perjuicios, como que en un momento la información sea errónea, creemos que la solución para eso, para los fondos y los manejos de los fondos de pensiones de las y los chilenos no pasa por hacer este tipo de regulaciones, sino, en primer lugar y prioritariamente, por no tener un sistema basado en la capitalización individual; es decir, debiera tratarse de un sistema de seguridad social. Y si realmente quisiéramos arreglar el sistema, no tendríamos a la gente teniendo que apostar por fondos para ver si sacan unas lucas más cuando se jubilan. Ese sería el primer tema.

En segundo lugar, que no existan los multifondos. No tiene ningún sentido que exista este tipo de sistema para personas que, en su gran mayoría, no dominan, no controlan, no tienen información financiera suficiente para poder hacer movidas entre los fondos A y E. Es injusto que solo un porcentaje de la población pueda acceder a eso, mientras el resto simplemente está jugando a ciegas.

Por eso, antes de entrar a regular esto con una “ley mordaza” o con un corralito o con lo que se quiera hacer -eso ya es bastante absurdo para tratar de salvar un sistema que hace aguas por todos lados-, creemos que debiera haber un sistema de seguridad social y de pensiones basados en los principios de la seguridad social más que en la exclusiva responsabilidad individual de cada persona, como es hoy día. Asimismo, si se quisiera insistir en que haya una parte de capitalización individual, que esta no sea con multifondos, porque eso traspasa la responsabilidad de las pérdidas a las personas, lo que me parece una manera irresponsable de ver la materia.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber .

El señor SILBER.-

Señor Presidente, esta discusión es trascendental, porque tiene un alcance, de manera directa o indirecta, sobre los cerca de 18 millones de chilenos, quienes en algún momento serán beneficiarios del sistema de pensiones.

Los alcanza de manera directa porque quienes tienen ahorros en el sistema de multifondos verán afectado el monto de los recursos que han logrado acumular en sus cuentas de capitalización, y de manera indirecta, por sus repercusiones para la economía del país, que demanda un sistema más transparente.

Algunos acuñaron la frase “sin competencia no hay mercado”, pero, por simple que parezca, está escrita en piedra, y tiene que ver, por ejemplo, con lo que señaló el Consejo de Defensa del Estado (CDE) a propósito del caso Chispas, cuando habló de intereses económicos que podrían afectarnos a todos, como los que se producen a consecuencia de una decisión bursátil adoptada por unos pocos, que es lo que ocurrió con las acciones serie B, respecto de los que tenían acciones de la serie A. En aquella oportunidad, no entendíamos lo que planteaba la entonces presidenta del CDE, Clara Szczaranski , a propósito de ese caso, pero con el tiempo hemos entendido su profundidad, pues se refería a la asimetría de la información que hace que el manejo de unos pocos produzca efectos respecto del resto de los actores del mercado, incluso para quienes no participan en él.

Desde esa perspectiva, esta legislación es bienvenida, porque profundiza las normas de competencia y las de transparencia. Además, establece sanciones y se preocupa de los conflictos de intereses. A mi juicio, un sistema robusto desde el punto de vista financiero, como el chileno, debe avanzar en todos esos temas.

En cuanto a lo positivo, cabe destacar algunos temas en los cuales queremos insistir. Ya lo dijo el diputado Núñez respecto de los conflictos de intereses, esta suerte de puerta giratoria que en otros países se ha regulado con audacia y se conoce como periodo de enfriamiento, cuando una autoridad que toma decisiones relevantes desde el punto de vista financiero, como un ministro de Hacienda, al día siguiente puede o no estar sentado en el sillón de una AFP o de una empresa cuya musculatura financiera tiene efecto respecto del resto del mercado.

Por eso, vamos a participar no solo reponiendo las indicaciones desde la bancada de la DC, sino también concurriendo con nuestro voto.

Lo otro -ya lo dijo el diputado Garín - es que hay una disposición por la cual se entregan la condición de juez y parte a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). ¿Alguien podría decir que, en esta suerte de tempestad económica, la CMF ha mostrado estar a la altura de las circunstancias, defendiendo los intereses nacionales? Lo pongo en duda. Lo vimos con ocasión de la desafortunada carta que les mandó a los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional, a propósito de proyectos que hoy son leyes de la república, como la ley de protección al empleo, o el riesgo sistémico que señaló la CMF a propósito del retiro del 10 de por ciento de los fondos de pensiones, que nunca ocurrió.

En consecuencia, la institución goza de muy poca credibilidad. Por eso, vamos a votar en contra el artículo 3. Esas facultades deben establecerse por ley, según los estándares que fija la ley, y no quedar al arbitrio caprichoso de una autoridad que demostró ser negligente, poco profesional y que no ha ganado prestigio entre los chilenos, como era esperable respecto de una institución que opera en una materia tan sensible como es la del mercado financiero.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, este mensaje ingresó el 1 de julio de 2015, bajo el contexto de la agenda de probidad que planteó el gobierno de la época y, sin duda, perseguía fines muy loables, como el mejoramiento de los mercados y de la competitividad, la transparencia, la lealtad y la ética, así como sancionar las conductas abusivas. ¿Quién podría estar en contra de eso? ¡Nadie!

Además, se buscaba que los mercados financieros fueran amigables con las personas menos preparadas, en razón de su falta de conocimientos en esta materia. Es decir, se trataba de que, de alguna forma, explicaran y tradujeran la información que tenía que ver con los mercados.

¿Quién podría oponerse a que los accionistas minoritarios se involucren y sepan lo que está pasando en los mercados? Nadie se podría oponer a ello.

Pero que se intenten hacer goles de media cancha eso sí que no es aceptable. Lamentablemente, nos estamos acostumbrando a esos goles de media cancha, como se vio en el primer proyecto de ley.

Cuando se habla del decreto ley No 3.500, uno se pregunta qué hace ese decreto aquí. Se supone que tiene que ver con una reforma de pensiones; ahí tiene que estar. ¿Acaso el gobierno pretendía incorporar una indicación para que el decreto ley No 3.500 pasara?

Menos mal que tenemos un buen arquero en la Comisión de Hacienda. Algunas veces lo acompañan el resto de los jugadores, pero otras veces, no. Esta vez pudo atajar y se evitó el gol, al declarar inadmisible la indicación. ¡Perfecto! ¿Pero qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa con esto de la llamada ley mordaza, que muchos diputados y muchas diputadas han planteado?

Estamos tratando de que quienes estén afiliados a una AFP tengan información. Esa información tiene que ser correcta, tiene que ser fidedigna, tiene que ser la información que corresponde.

Perfecto, entonces acreditemos a aquellas personas que tienen que dar esa asesoría, pero no coloquemos garantías que no puedan cumplirse, que son unipersonales o son de una empresa.

Esa es mi preocupación. Lo que tenemos que acreditar es que la información sea la correcta, no que disminuyan los que entreguen la información; en caso contrario, unos pocos terminarán monopolizando esto, como ocurre en el mercado chileno.

Entonces, ¡fuera la llamada ley mordaza! La mayoría estamos de acuerdo en eso, pero queremos que se cumpla el objetivo principal, lo relacionado con la agenda de probidad, con no más abusos, y el gol que nos quisieron meter no respondía a esos objetivos.

Votaré a favor de este proyecto en lo que dice relación con la reforma y modificaciones a la ley N° 18.045 y a la ley N° 18.146, pero respecto de las modificaciones que tienen que ver con las pensiones, no estoy de acuerdo con ese gol que pretendían pasarnos en el decreto ley No 3.500 a través de la Comisión de Hacienda y no a través de la Comisión de Trabajo, que es lo que corresponde.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve .

El señor MONSALVE.-

Señor Presidente, entiendo que como no hay más inscritos, podré hacer uso libre del tiempo asignado a la bancada del Partido Socialista o hasta donde llegue mi creatividad.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene extensos diez minutos y diecisiete segundos, señor diputado.

El señor MONSALVE.-

Gracias, señor Presidente.

Primero, es indispensable aclarar los nudos clave respecto de este proyecto de ley.

Este proyecto modifica dos leyes: la No 18.045, de Mercado de Valores, y la No 18.046, sobre Sociedades Anónimas. Sin embargo, ninguna de esas modificaciones son las que han cautivado el interés del pueblo chileno, sino la indicación que presentó el gobierno a este proyecto, que fue discutida en la Comisión de Hacienda de esta Corporación.

Esa indicación no buscaba modificar ni el mercado de valores ni las sociedades anónimas, sino el decreto ley No 3.500, que regula el sistema de pensiones en Chile.

¡Vaya debate en el que se metió el gobierno del Presidente de la República, en especial su ministro de Hacienda!

Alguien podría sostener que el Ejecutivo tiene derecho a incorporarla; sin embargo, esa indicación afecta a cerca de 10 millones de chilenos que están afiliados al sistema de pensiones. La indicación buscaba limitar la libertad que tienen los chilenos para cambiarse de fondo. Eso es lo que lo chilenos han denominado “el corralito”.

Lo primero que hay que aclarar, entonces, es que ese corralito ya no está en el proyecto de ley que estamos discutiendo en esta Sala y que se votará hoy. Hay que decírselo a los chilenos que han mandado correos electrónicos o han escrito en Twitter, porque tienen que saberlo. Eso se debe a que dicha indicación fue declarada inadmisible en la Comisión de Hacienda y a que el gobierno reconoció que era un tema que hacía muy compleja la discusión de este proyecto de ley, por lo que terminó accediendo a retirar la indicación.

Por lo tanto, insisto en que “el corralito” no está en este proyecto. ¡Y qué bueno que no esté, porque era una mala idea! Chile tiene interés especial en reformar el sistema de pensiones, por lo cual hay que reformarlo en un solo proyecto de ley y no fragmentar la discusión.

El gobierno ha querido hacer modificaciones al decreto ley Nº 3.500 de manera parcial, por ejemplo, impidiendo que los afiliados se cambien de fondo, rigidizando el sistema, permitiendo solo cambiarse a los fondos adyacentes y aumentando el plazo para que esos cambios se produzcan. Eso ya no existe; era una mala idea, pues perjudicaba a los afiliados, a los trabajadores, colocándoles una limitación que no tienen quienes juegan a la compra y a la venta de acciones en el mercado financiero chileno.

Por otra parte, el Senado incorporó un artículo 3°, con el objeto de regular a los asesores previsionales. Se trata de una norma que, en el fondo, trata de impedir las asesorías que hoy presta, por ejemplo, Felices y Forrados .

En realidad, uno no tiene motivos para decir que no hay que regular a los asesores previsionales. Parece una buena idea y muy necesaria para proteger las buenas decisiones de los trabajadores en el manejo de sus fondos previsionales. Sin embargo, al leer el artículo 3º se llega a la conclusión de que el gobierno no los quiere regular, sino más bien quiere impedir que exista una asesoría previsional, porque establece penas privativas de libertad en una regulación extraordinariamente ambigua.

Por lo tanto, me parece que dicho artículo, denominado comúnmente como “ley mordaza”, lo que busca es impedir o inhibir que haya asesores previsionales que puedan orientar a los trabajadores con información distinta a la que hoy les entregan las AFP. Es un artículo respecto del que, en lo personal, me voy a abstener o lo voy a rechazar. No me parece que esté bien expresada la regulación de los asesores previsionales en el artículo 3º.

En tercer lugar, este era un proyecto que buscaba mejorar la transparencia, la competencia y regular los conflictos de intereses en el mercado de valores y en las sociedades anónimas. Cabe recordar que tiene su origen en el gobierno de la Presidenta Bachelet y está claramente bien orientado, por lo que los socialistas vamos a respaldar el resto de las normas del proyecto, incluida una indicación que nos parece sensata. Si uno quiere evitar los conflictos de intereses, no puede ser que una autoridad -ministro de Hacienda- o alguien que se desempeña en una institución que regula el mercado, como una superintendencia, al día siguiente de finalizar su función pública, esté sentado en el directorio de una de las empresas a las que debía regular y fiscalizar. Eso debilita la función pública de fiscalizar y de regular de buena manera a los agentes del mercado.

En consecuencia, vamos a votar favorablemente la indicación que impide o enfría la posibilidad de que autoridades públicas que toman decisiones o participan en la regulación de los mercados de valores y financiero, ocupen asientos en los directorios de las empresas a las que regulaban.

El gobierno ha intentado modificar el decreto ley Nº 3.500 -hay que recordarlo-, a través del proyecto de ley que buscaba un mejor funcionamiento del mercado financiero. Lamentablemente, la Cámara de Diputados lo aprobó, pero yo voté en contra. Debemos recordar que su objetivo era permitir a las grandes empresas emitir títulos de deuda para que una mayor cantidad de fondos previsionales de los trabajadores fuesen utilizados en la compra de títulos de deuda de las grandes empresas. En el fondo, se busca capitalizar a las grandes empresas con los fondos previsionales de los trabajadores.

¡Esa era una modificación clara al sistema de pensiones! A mi juicio, fue fragmentada para ocultarla, y, lamentablemente, la Sala de la Cámara de Diputados la aprobó. Eso llama la atención, porque el gobierno se opone tenazmente a la posibilidad del retiro de los fondos previsionales por parte de los trabajadores, en el contexto de la crisis financiera y económica que ha afectado a las familias chilenas a raíz de la pandemia, pero no se opone a modificar el uso de los fondos previsionales para ayudar a la capitalización de las grandes empresas. Esa conducta es completamente contradictoria.

Ya que el gobierno incorporó en este proyecto una modificación del sistema previsional, una modificación del decreto ley Nº 3.500, anuncio que voy a respaldar el proyecto de reforma constitucional que permite el segundo retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales de los chilenos, porque efectivamente hay millones de compatriotas que han perdido sus empleos y que han visto disminuidos sus ingresos de manera severa. Ellos, como se dice en buen chileno, están con el agua hasta cuello porque no han recibido apoyo del gobierno. Hay gente que sí lo ha recibido, pero muchos chilenos no han podido pagar los aranceles de sus hijos y los servicios básicos, y no tienen suficiente dinero para alimentar a su familia. Lo están pasando muy mal y no han recibido ninguna ayuda del gobierno. Por eso, si su situación es grave, démosles la oportunidad y la libertad de decidir sobre el retiro, por segunda vez, del 10 por ciento de sus fondos previsionales.

En ese contexto, espero respaldar en la Sala el proyecto de reforma constitucional, impulsado por la diputada Pamela Jiles , que permite por segunda vez el retiro de 10 por ciento de los fondos previsionales.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Alexis Sepúlveda .

El señor SEPÚLVEDA (don Alexis) [vía telemática].-

Señor Presidente, este proyecto quizás podría haber sido discutido de otra manera, en otras circunstancias, sin el ruido ambiente que ha provocado la decisión del gobierno de tratar de meter tantos goles de media cancha, como decía mi colega Alejandra Sepúlveda . Se trata de una materia que, en estricto rigor, es necesario regular. Sin embargo, pareciera que este proyecto tuviera nombre y apellido. Es un proyecto que está pensado para restringir la actividad económica que ha desarrollado una empresa, Felices y Forrados , a la cual yo no sigo, porque no me he cambiado de fondo ni tengo ninguna expectativa sobre mi futura pensión, dadas las cotizaciones que tengo en la AFP. Se trata de una empresa que ha logrado que un grupo de cotizantes evite las pérdidas que cada cierto tiempo informan nuestras AFP. ¡Ese ha sido el problema!

Si bien es cierto lo que decía el diputado Monsalve respecto de que el Ejecutivo retiró la indicación que colocaba plazos adicionales a los cambios a fondos adyacentes, que, en estricto rigor, hacían que el cambio del fondo A al fondo B podía demorar hasta 120 días, lo que parecía ridículo, lo que me sorprende son las explicaciones que ha dado el gobierno.

¡Es una frase para el bronce! El gobierno pretende limitar estos cambios masivos o el efecto que producen quienes se cambian tratando de evitar las pérdidas que registran las AFP. Señala que, a propósito de estos cambios, hay cotizantes que pierden, que, en estricto rigor, son los que no se cambian. Durante largo tiempo no había escuchado una explicación como esa. Pareciera que para el gobierno los responsables de las pérdidas de los cotizantes son los que se cambian, no quienes administran las AFP. ¡Miren qué insólito! ¡Lo encuentro increíble!

Vamos a tener que resolver artículos que regulan esta actividad económica. Algunos son realmente increíbles. El monto que se coloca como garantía para realizar esta actividad es inalcanzable. Pareciera que se quiere dejar a los poderosos de siempre tomar este nicho de negocio. En mi opinión, no hay ninguna restricción sustancial para que los mismos propietarios de las AFP generen una nueva empresa que ahora se dedique a la asesoría previsional, porque, además, tienen las lucas para abrir ese negocio. Los pequeños asesores, las empresas medianas que están realizando esa actividad, no podrán participar debido a los montos que se exigen como garantía.

Encontré sorprendente lo relativo a la publicidad. Se pretende sancionar cualquier opinión, cualquier comentario, cualquier análisis que, eventualmente, una persona o una empresa puedan realizar respecto de un problema generado por las AFP. Me refiero a las pérdidas de nuestros ahorros. Las pérdidas de nuestros ahorros no son generadas por los asesores previsionales, ni por los cotizantes al cambiarse de fondos, sino por los administradores de las AFP. Sobre eso no se dice ninguna palabra; las AFP pueden seguir adelante con sus operaciones sin ningún problema.

Hace unos días preguntaba en la Comisión de Hacienda qué pasaría si estas normas se las impusiéramos a los bancos. Todavía recuerdo una publicidad que señalaba que el banco era nuestro amigo. La publicidad, en el caso de los asesores previsionales, podría ser sancionada, pero no la bancaria. ¿Quién puede pensar a estas alturas de la vida que un banco es amigo de sus clientes? No sé si alguno ha sentido ese nivel de amistad con una institución financiera. Yo, por lo menos, no.

Por lo tanto, vamos a rechazar todas aquellas indicaciones que huelan, que busquen clara y nítidamente alterar la voluntad de los cotizantes de escapar de los errores que cometen las AFP. Así lo señalamos en la Comisión de Hacienda. Rechazaremos todos aquellos artículos que restrinjan la libertad de los cotizantes de asesorarse, de cambiarse de fondos, de evitar pérdidas.

Nos gustaría ver algún día -lo dejo en el tapete- un proyecto de ley que realmente castigue, sancione y presione a los dueños de las AFP, de modo de evitar pérdidas que afecten a los cotizantes.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, hay que recordar que el mensaje fue ingresado con fecha 1 de julio de 2015, pero que recién en abril de 2019 comenzó su tramitación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Se debe recordar, también, que su ingreso fue motivado por diversos acontecimientos, tales como la propuesta formulada en aquel entonces por el Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción en lo relativo a la confianza en los mercados.

Varias de esas propuestas fueron recogidas en la ya aprobada ley N° 21.000, que creó la Comisión para el Mercado Financiero en lo relativo al gobierno corporativo de los reguladores, fiscalización eficaz y autorregulación; otras, en la ley N° 20.945, sobre libre competencia, en lo relativo a la prohibición de interlocking, esto es, que empresas que compiten entre sí puedan tener directores comunes.

Otro caso emblemático que salió a la luz pública, sobre irregularidades en el mercado de capitales, fue el de AC Inversions, que motivó -recordarán los diputados de la época- el desarrollo de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.

Por eso, es bueno que la Cámara apruebe un proyecto de ley que nace de un acuerdo político fraguado durante el gobierno anterior. Luego, después de otro hito político, este gobierno, el de Chile Vamos, reimpulsó la iniciativa, dando cuenta así de la preocupación inequívoca de la mayoría de los diputados y de parlamentarios por un Chile más justo, con mejores mercados, con más competencia y con mayor transparencia.

El proyecto de ley fortalece la supervisión financiera, aumentando las sanciones, estableciendo la figura del denunciante anónimo y castigando con más fuerza el uso de información privilegiada.

Sin embargo, esta discusión también tiene algunos aspectos negativos, como la desinformación a la cual nos invitan algunos diputados que han hecho uso de la palabra, como, por ejemplo, el diputado Raúl Soto . Él dijo que el gobierno introdujo cambios al decreto ley N° 3.500 entre gallos y medianoche. Quiero pedirle al diputado Soto , por su intermedio, señor Presidente, que revise la historia de la ley, porque fue el gobierno de la Nueva Mayoría el que introdujo cambios a ese decreto ley en 2017. A menos que la expresión “entre gallos y medianoche” corresponda a un periodo de tiempo de tres años, el diputado se equivoca en lo que ha señalado.

Además, señor Presidente, se ha dicho en forma errónea -espero que sea realmente un error sin conflictos de probidad- que esta norma establece una ley mordaza. No existe una limitación a la libertad de expresión. Lo que persigue el proyecto es incorporar el concepto de asesoría previsional, para que la Superintendencia de Pensiones pueda realmente fiscalizar, situación que hoy no ocurre. Esta medida cuenta con el respaldo del Banco Central y ha sido promovida, además, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). ¿Alguien dirá que la OCDE y el Banco Central han actuado entre gallos y medianoche?

Señor Presidente, en estos difíciles momentos que vivimos, no solo por la pandemia, la cesantía, la violencia, Chile necesita de un debate más honesto y responsable, con información veraz. Repito: debe practicarse la honestidad, pues hay intervenciones que parecen, a veces, una caja de resonancia de intereses particulares.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Recabo la unanimidad de la Sala para ceder el tiempo restante del Comité Unión Demócrata Independiente al diputado Leopoldo Pérez . ¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, antes de que ponga fin al debate de este proyecto, quiero señalar que, en términos generales, estamos en presencia de una ley penal en blanco y abierta. Con esto, dejamos a la Comisión para el Mercado Financiero toda la potestad…

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Perdón, diputado Iván Flores . Usted está argumentado sobre un proyecto cuyo tiempo de discusión ha expirado. Usted fue Presidente de esta Corporación y conoce perfectamente el Reglamento.

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, permítame terminar.

He tomado la palabra para hacer reserva de constitucionalidad de este proyecto, por cuanto no es atribución de la autoridad administrativa definir las condiciones para establecer una ley penal. Antes de que me interrumpiera intentaba argumentar el porqué voy a hacer reserva de constitucionalidad.

Me parece que este proyecto de ley traspasa las atribuciones del Congreso Nacional y la responsabilidad de establecer normas por ley, las cuales estamos entregando al arbitrio de la Comisión para el Mercado Financiero, o sea, a la autoridad administrativa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila ) [vía telemática].-

Señor Presidente, se ha quitado el derecho a voto a dos parlamentarios de distintas coaliciones -yo soy una- haciendo alusión a que es una cuestión reglamentaria por haber marcado la asistencia presencialmente en la Sala y después habernos tenido que retirar, por distintas razones de carácter urgente, y habernos conectado de manera telemática.

Sin embargo, eso no está señalado de manera explícita en el reglamento telemático. De hecho, todo lo contrario: las sesiones telemáticas, como hemos visto y hemos remarcado, tanto la Mesa como los parlamentarios y parlamentarias, son una extensión de la Sala.

Entonces, no puede ser que por una falta de acuerdo o no existir consenso en la interpretación del reglamento, se nos quite a nosotros -y antes a otros- el derecho a votar de manera telemática, aun estando conectados a la Sala por ese medio.

Por lo tanto, me parece que eso tiene que terminar, y yo pido que, por favor, se diga algo al respecto, porque estuve revisando el reglamento de conexión telemática y en ninguna parte señala explícitamente que esa hipótesis concurriría: que se nos quite el derecho a votar telemáticamente después de haber estado presencialmente en la Sala. De hecho, todo lo contrario: es sumamente claro que persiste nuestro derecho a ejercer el voto.

Por lo tanto, pido nuevamente que se nos autorice, a mí y al diputado Cristóbal Urruticoechea , a votar como corresponde los proyectos de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO (vía telemática).-

Señor Presidente, esta sesión fue citada como una sesión de las que se denominan mixtas. Eso significa que a ella se puede concurrir presencialmente en la Sala o vía telemática, y vía telemática puede hacerse en el propio domicilio del diputado o en una oficina, en un espacio físico ad hoc para ejercer esta función.

No existe ninguna decisión de parte de los Comités en cuanto a que, habiendo estado un diputado en la Sala una parte de la sesión, queda impedido para ejercer su derecho a voto cuando posteriormente se conecta vía telemática en cualquiera de las circunstancias a que han hecho referencia los propios Comités.

Pido que se respete el derecho a voto del diputado Cristóbal Urruticoechea y de la diputada Camila Vallejo . No existe ninguna razón para restringir o limitar el derecho a voto, que es el derecho más importante que tenemos los diputados, en las circunstancias actuales.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, es de suma importancia que la Mesa aclare esta situación, porque no puede existir un doble criterio respecto de una determinada situación.

En este caso, quiero hacer presente que en una oportunidad, en una sesión especial, se me señaló que no podía votar, toda vez que yo había estado al inicio de la sesión en forma presencial y luego estuve de manera telemática el resto de la sesión.

Entonces, tal como se lo señalé al comienzo de la sesión, me gustaría que la Mesa fijara efectivamente el criterio, para tener reglas claras para todos los parlamentarios, porque, en definitiva, lo que deberíamos tener aquí todos los parlamentarios es seguridad jurídica, con la aplicación de una regla uniforme.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Diputado Ilabaca , tiene toda la razón. Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER (vía telemática).-

Señor Presidente, quiero ratificar lo que ha dicho la diputada Camila Vallejo y el diputado René Saffirio , pero con un agregado.

Al haber normas de quorum esto es especialmente perjudicial para el que vota a favor; porque para el que vota en contra es absolutamente inocuo, indiferente, para los efectos del resultado. Sin embargo, se afecta el quorum de votación en la Sala respecto de las normas de quorum.

Entonces, es doblemente perjudicial para el diputado que quiere votar a favor. En ese sentido, coincido en que, al no haber norma expresa que impida hacerlo, ambos parlamentarios deberían ser habilitados para votar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, el derecho a votar en la sesión emana de un mandato soberano, que no puede limitarse por una medida administrativa, y mucho menos por una interpretación reglamentaria.

Por eso, es muy importante que si hay diputados presentes, como el diputado Marcelo Schilling , que han dicho que han estado conectados telemáticamente y que han venido desde Santiago a votar a Valparaíso, si eso pasó alguna vez, ahora se permita la votación de la diputada Camila Vallejo .

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, voy a insistir en el punto, porque es relevante.

El derecho a voto de los parlamentarios y parlamentarias es un derecho constitucional que no se puede restringir por este tipo de medidas, porque, además, ha pasado esta situación varias veces. Yo misma he estado en esta Sala presente, he intervenido y luego he votado telemáticamente -no desde Santiago , sino desde mi oficina-, y no se me restringió el derecho a voto. También ha pasado al revés: ha habido diputados y diputadas que han estado en Santiago o en otras regiones y han llegado aquí a votar.

Por lo tanto, esta es una cuestión esencial, porque sienta un precedente, sobre todo porque estamos hablando de proyectos de ley que requieren un quorum especial.

Por tanto, solicito que se enmiende lo que se resolvió y se autorice el voto de la diputada Camila Vallejo y del diputado Cristóbal Urruticoechea .

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, la ausencia de norma reglamentaria no puede alterar el ejercicio de un derecho fundamental.

Si no hay norma expresa, es evidente que el ejercicio del derecho fundamental prima y no le puede ser negado a ningún parlamentario.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En consecuencia, procederán a votar.

Respecto de los parlamentarios que no alcanzaron a hacerlo, sus votos se agregarán al acta de la sesión.

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, si después de siete meses de voto telemático la Secretaría decide cambiar lo que se nos había informado, supongo que con esto también queda derogada la imposibilidad de votar en el auto, en movimiento, al aire libre, porque se estaría conculcando…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Eso está establecido de manera expresa, diputado Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, le pido a la Secretaría que, tal como acaba de cambiar la práctica de estos últimos meses, diga por qué se podría conculcar el derecho al voto de una persona que está al aire libre y no en una oficina. No hay ningún motivo por el cual se permita votar desde la casa, habiendo marcado en la Sala, y no desde el vehículo, al aire libre o de donde sea. Donde existe la misma razón debe existir la misma disposición. Le pido a la Secretaría que aclare el tema.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Eduardo Durán .

El señor DURÁN (don Eduardo).-

Señor Presidente, con esta actitud cambiante de la Mesa -disculpe que lo diga- estamos generando dos situaciones que se derivan de esta: que uno venga a marcar presente en la mañana, se retire al distrito o a hacer trabajo territorial y no participe de la sesión, y también nos da el derecho a revisar todas las votaciones anteriores en que, por esta misma situación, hemos quedado inhabilitados de votar.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado José Miguel Castro .

El señor CASTRO (don José Miguel).-

Señor Presidente, quiero plantear dos cuestiones.

La primera es que la finalidad que tiene el voto telemático es disminuir el aforo en la sala. Por lo tanto, no se condice con impedir el voto de aquellas personas que están presentes de forma telemática.

Y la segunda es que por favor pasemos a las votaciones. Creo que ya todos hemos hecho el punto.

Muchas gracias.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, yo rogaría que hablaran, por favor, y no gritaran; es esencial para que nos pongamos de acuerdo.

Creo que el punto no es menor. No podemos seguir votando si no definimos esto, porque las votaciones de los diputados que han sido perjudicados por la medida que se tomó son superimportantes, porque pudieron ser determinantes.

No creo que se pueda seguir votando si no definimos bien este punto.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Señor diputado, para su tranquilidad, en ninguna de las anteriores votaciones ha sido determinante el voto de ninguno de los dos diputados, dado que se superó con creces el quorum.

Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI (vía telemática).-

Señor Presidente, creo que es de toda lógica lo que pide la diputada Camila Vallejo , pero significaría un cambio de criterio. Personalmente, me pasó en dos oportunidades. Tuve una larga discusión con el Secretario General. No se me permitió votar telemáticamente después de haber marcado en la Sala.

Creo que tiene sentido lo que están pidiendo, pero si vamos a modificar las reglas, que sea desde la próxima sesión. No se pueden cambiar reglas tan importantes en la misma sesión, en mitad de una votación. Y si así lo hiciera, Presidente, le pido que revise hacia atrás todas las oportunidades, desde marzo, en que esto le ha ocurrido a diputados; en mi caso, ha sucedido en dos oportunidades, y en una de ellas fue un voto determinante.

Por lo tanto, habría que volver a esa votación de junio y modificarla con estas nuevas reglas, a menos de que su señoría diga que esta nueva regla rige desde la próxima sesión.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, insisto en que esta es una situación superdelicada, que puede traer consecuencias jurídicas hacia atrás también, porque, tal como señala el diputado Alessandri , nos ha pasado a varios.

El número 4 del Reglamento dice que podrán participar en las sesiones de Sala o de comisión, en forma presencial o a distancia, por vía telemática, a su elección, sin poder alterar dentro de una misma sesión la modalidad de participación elegida. Ese es un reglamento que fue votado por la Cámara y esas son las reglas por las cuales nos debemos regir.

Señor Presidente, pido que pueda ser corregida una situación que, para los efectos de esta cuestión en particular, debería ser tema de discusión de la Mesa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Diputado Saffirio , tiene la palabra por un punto de Reglamento.

El señor SAFFIRIO (vía telemática).-

Señor Presidente, esta Cámara está compuesta por 155 ciudadanos que hemos sido elegidos por votación universal y popular.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

¿Me indica cuál es el artículo del Reglamento que está invocando?

El señor SAFFIRIO (vía telemática).-

Artículo 55 y siguientes.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Gracias.

El señor SAFFIRIO (vía telemática).-

Decía que esta Cámara está compuesta por 155 ciudadanos cuyas facultades están definidas en el artículo 52 y siguientes de la Constitución.

No puede ni una ley ni un reglamento ni un decreto ni un acuerdo de Comités y mucho menos un Presidente de la Cámara cercenar arbitrariamente el derecho de dos diputados a ejercer una de sus facultades esenciales. Usted, Presidente, se está poniendo al margen de la Constitución y de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Yo le pido que rectifique de inmediato esa decisión, porque lo contrario no puede sino significar una censura a la Mesa, puesto que no puede violarse la Constitución flagrantemente, limitando los derechos de diputados, sin que ello tenga consecuencias.

Presidente, le pido sentidamente que rectifique el error cometido, porque usted no tiene facultades para hacer lo que ha hecho.

Nuestro derecho nace de la legitimidad que nos provee el hecho de haber sido elegidos para ejercer tres funciones básicas: legislar, fiscalizar y representar, y usted no está permitiendo a dos diputados cumplir con una de ellas, que es la de legislar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Guillermo Ramírez .

El señor RAMÍREZ (vía telemática).-

Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con el fondo de lo que plantea el diputado Saffirio . Pero lo que aparentemente no ha entendido el diputado Saffirio es que este criterio lleva meses ocupándose.

Somos muchos los parlamentarios que vivimos en carne propia la aplicación de esta norma injusta. Y somos muchos los diputados, de todas las bancadas, que hemos tenido discusiones sobre la materia con el Secretario General de la Cámara.

Presidente, me parece que lo que usted ha hecho, que es tomar la decisión de no innovar en la mitad de una sesión, es razonable.

Espero que, una vez terminada esta sesión, los Comités Parlamentarios se reúnan y revoquen esta mala práctica, que se ha extendido por meses.

El diputado René Saffirio habla como si usted hubiese establecido este criterio para esta sesión, pero eso no es así; el criterio se viene aplicando desde mayo.

Por lo tanto, lo que corresponde es que sean los Comités Parlamentarios los que acuerden revocarlo, y no usted, en la mitad de una sesión, tras dejar que los diputados cuya votación se cuestiona votaran en algunas ocasiones, pero no en otras.

Por último, señor Presidente, por su intermedio le hago presente al diputado Saffirio que quien ha defendido esta postura ha sido el Secretario General de la Cámara de Diputados. Así que, si él quiere censurar a alguien, que lo haga en contra del Secretario General, pero no contra la Mesa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB (vía telemática).-

Señor Presidente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento, en relación con las normas de derecho público que rigen el ordenamiento jurídico de nuestro país, que señalan que solo se puede hacer lo que está estrictamente permitido, cabe deducir que si esto no está reglamentado, es porque no está permitido, y si está reglamentado y hay que modificarlo, debe hacerse a través de una modificación explícita.

El criterio se viene aplicando desde hace tiempo, por lo que debe mantenerse, al menos hasta el final de esta sesión. Si hay que modificarlo, habrá que hacerlo con el acuerdo de los Comités Parlamentarios o, en su defecto, de la Sala.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carmen Hertz .

La señora HERTZ (doña Carmen) [vía telemática].-

Señor Presidente, sobre el mismo punto, el artículo 21 y siguientes del Reglamento, insisto en que, dado que la Mesa no tenía clara la cuestión, porque usted cambió de opinión en cuestión de minutos, es necesario que consulte a la Sala, ya que no se puede impedir que dos diputados voten, independientemente de que esta práctica, ilegítima e ilegal, se haya aplicado antes.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Señores diputados, la posición inicial de la Mesa -como señaló la diputada Carmen Hertz - era que efectivamente las dos personas podían votar. Ante la afección reclamada por el diputado Marcos Ilabaca , a pesar de haber citado un artículo que no corresponde a esta Corporación, sino que al Senado, nosotros, yo en particular -tengo que ser superclaro: actúo como Presidente accidental de la Mesa y asumo las responsabilidades que ello conlleva-, tomé la decisión, así estamos actuando, de que una vez terminada esta sesión, en la próxima citación a reunión de Comités, llevaremos una propuesta para salvar esta situación, con lo cual lo que procede es continuar y terminar con las votaciones.

Si quieren, discutimos el tema una vez terminadas las votaciones de los proyectos de ley, en las cuales no han participado la diputada Camila Vallejo y el diputado Cristóbal Urruticoechea . Me parece que tenemos que terminar así.

Honestamente, aquí no se le ha pasado “máquina” a nadie, no se ha querido censurar a nadie ni se le ha querido faltar el respeto a alguien.

Si el diputado René Saffirio , por intermedio de la Sala, estima necesario censurar a la Mesa, no tengo ningún problema, porque estoy actuando en conciencia.

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila ) [vía telemática].-

Señor Presidente, estoy pidiendo la palabra desde hace más de 40 minutos para plantear un punto de Reglamento, porque, como bien dijo la diputada Carmen Hertz , el artículo 21 faculta a cualquier diputado o diputada a pedir la observancia del Reglamento.

Obviamente, estamos hace rato solicitando la observancia del Reglamento, porque se ha tomado una decisión, de manera unilateral, por usted, señor Presidente, para limitar nuestro derecho constitucional a ejercer el derecho a voto, sin hacer expresa referencia a una norma reglamentaria y, cuando se hizo referencia a una norma reglamentaria, se citó el Reglamento del Senado, lo cual me parece escandaloso.

Creo que lo que hay que hacer, en función del artículo 21, es consultar a la Sala respecto de la interpretación del Reglamento. A mí no me parece que, como usted señala, si no estamos de acuerdo con la decisión, presentemos una censura, porque, al final, el daño lo está haciendo igual, que es inhibir, limitar un derecho constitucional de los parlamentarios a ejercer nuestro voto en proyectos de ley que son relevantes para la ciudadanía.

Es nuestro deber ejercer el voto de representación respecto de los proyectos de ley que estamos debatiendo, y usted nos está limitando ese derecho y, con eso, limitando el ejercicio de la soberanía de nuestros votantes. Esto no me parece algo menor, sino sumamente grave.

Respetando el Reglamento, en función de un artículo que sí está escrito y señalado en el mismo Reglamento, considero que esto se debe resolver por votación de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ (vía telemática).-

Señor Presidente, entendí que el diputado Ilabaca había citado un artículo que no es del Reglamento de la Cámara de Diputados, sino del Senado.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Eso es correcto, señor diputado.

El señor DÍAZ (vía telemática).-

Señor Presidente, eso quiere decir que su interpretación respecto de la norma fue errada. En consecuencia, no podemos seguir negando el derecho a votar al diputado Urruticoechea y a la diputada Vallejo .

Si un diputado invoca un artículo del Reglamento, pero se equivoca al hacerlo, lo que se debe hacer es corregirlo de inmediato.

No podemos impedir que dichos colegas ejerzan su derecho a votar, como está previsto y contemplado, pues es la razón por la que han sido elegidos.

No nos demos más vueltas y permita que voten. No va a cambiar nada en términos del resultado, pero sí se va a permitir que los diputados ejerzan su derecho a votar, como corresponde.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal .

La señora CARVAJAL (doña M.a Loreto).-

Señor Presidente, en razón del tiempo, propongo es que se permita votar a los diputados, y que, en caso de que se resuelva reglamentariamente que no correspondía que lo hicieran, se dejen sin efecto sus votos.

Debemos actuar en consecuencia y dar curso a esta sesión, por lo que sería más provechoso que permitiéramos que votara.

Insisto: si por Reglamento se determina que no corresponde, se dejan sin efecto sus votaciones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada María José Hoffmann .

La señora HOFFMANN (doña María José) [vía telemática].-

Señor Presidente, quiero pedir, por favor, que ponga orden. Ya discutimos esto y usted ya tomó una decisión.

Todos los parlamentarios que han intervenido han reconocido que se trata de un tema que perfectamente podemos discutir y respecto del cual podemos cambiar el criterio; pero, por favor, no insistamos en otorgar un privilegio a la diputada Vallejo , en circunstancias de que todo el resto de los diputados nos hemos sometido a las mismas normas. Si esas normas se cambian, tendrían que ser informadas a todos, para que todos podamos acceder a ellas.

Me parece que usted está tomando la decisión correcta.

El punto que plantea la diputada es perfectamente atendible, pero terminemos con este debate, porque llevamos más de una hora votando.

¡No insistamos más en privilegios! ¡Ley pareja no es dura!

-Aplausos.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI (vía telemática).-

Señor Presidente, cuando el Secretario General adoptó este criterio, que todos hemos seguido por meses, uno de sus argumentos fue que con esto se está cuidando a los diputados.

Por eso, los diputados y los Comités deben entender que si cambia el Reglamento, mañana leeremos en los diarios lo siguiente: “Los diputados cambiaron el Reglamento, pueden pasar quince segundos en la Sala, cobrar ochenta mil pesos de viático y después irse a votar desde su casa”.

Entendamos cuáles serán las repercusiones de este cambio y por qué las cosas han funcionado de una manera determinada. No nos impresionemos después cuando el titular de los diarios sea: “Diputados cobran ochenta mil pesos de viático por quince segundos de asistencia a la Sala”.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Señor diputado, honestamente, creo que este no es un tema de dinero.

No estoy presidiendo accidentalmente la Mesa para defender una cuota más o una cuota menos. Lo que debemos hacer aquí es buscar la corrección de nuestro actuar. Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, quiero señalar dos cosas.

Primero, la norma leída fue enviada por el Presidente de la Cámara de Diputados, señor Diego Paulsen , y se consultó al Secretario General, quien ratificó la misma decisión.

Ahora, independientemente de una norma bien o mal utilizada, el criterio que debe primar hoy es que una regla que se ha estado aplicando permanentemente desde que entramos al régimen telemático debe ser cambiada en el futuro. No podemos cambiarla en medio de una votación, porque fácilmente se podría pedir la nulidad de cada una de las votaciones en que se aplicó el Reglamento.

Señor Presidente, le doy mi voto de confianza respecto de la decisión que ha adoptado. Esta norma en particular debe ser cambiada en el futuro, a través de una decisión de los Comités, porque lo obrado en el pasado ya tiene consecuencias jurídicas, y necesitamos tomar decisiones con certeza jurídica y entregar seguridad jurídica.

Segundo, comparto ciento por ciento la posición del diputado Saffirio . Todos los parlamentarios tenemos un derecho constitucional que debemos ejercer y garantizar. Como dije, hoy se ha aplicado una regla, la cual debe ser modificada en los mismos términos en los que ha sido aplicada, pero en el futuro.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, cuando empezamos la discusión, el Secretario , don Luis Rojas , fue muy claro al decir que tenían derecho a votar, pero usted no escuchó eso.

Escuchamos al diputado Ilabaca citar una norma que se la mandó el Presidente de la Cámara, norma que no existe. Esto, reglamentariamente, no tiene razón de ser. Aquí alguien se equivocó, por decir lo menos, pero no es tan simple lo que está pasando.

Debiera hacerse lo que pide la diputada Camila Vallejo , cual es votar el punto de Reglamento. Eso es reglamentario, lo demás es correr la discusión. Es mejor que perdamos tiempo ahora y no corazón mañana.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Señora diputada, estamos en la mitad de la votación de un proyecto. Realizaremos la reunión de Comités una vez que terminemos las votaciones de este proyecto de ley.

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO (vía telemática).-

Señor Presidente, por respeto a la gran cantidad de parlamentarios que estamos presentes en esta sesión, pido que demos continuidad a las votaciones.

Me parece que hoy no hay ningún tipo de excepcionalidad para que parlamentarios de la Región Metropolitana o de la zona central del país no asistan a las sesiones del Congreso. La excepción debe regir para las personas mayores de 65 años y para quienes estamos en cuarentena.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por un punto de Reglamento, el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, no cuestionaré su decisión, pues usted responde por ella. Sin embargo, la diputada Claudia Mix pidió reunión de Comités con suspensión de la sesión de la Sala.

Quiero hacer un punto que tiene que ver con lo mismo.

Lo dije días atrás: hace siete meses iniciamos la votación telemática con un reglamento muy claro. ¿Usted ha medido el tiempo que demoramos en votar? ¿Alguien tiene la percepción de la cantidad de días que pasaremos votando el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2021 si no aprendemos a usar el teléfono para votar?

Ya que se atenderá una cuestión reglamentaria para ver qué pasó ahora con dos votaciones, resolvamos el tema de cómo estamos haciendo nuestra pega tanto desde la Sala como por vía telemática. Lo digo por lo siguiente.

Señor Presidente, a las 11:00 horas -lo tengo anotado-, de 155 parlamentarios y parlamentarias había 29 presentes en la Sala y solo 26 conectados, en circunstancias de que debieran haber estado conectados 126 parlamentarios. Faltaban 100. Esos parlamentarios estaban en otro lugar, a pesar de que su deber era estar conectados.

A las 12:15 horas había 28 diputados en la Sala -los mismos que estuvimos temprano acá- y solo 97 conectados, en circunstancias de que deberían haber estado en línea 127 parlamentarios. Tenemos que resolver eso.

Por lo tanto, primero, suspendamos el procedimiento de preguntar cómo votan los distintos diputados. ¡Demoraremos días en votar el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2021 si no resolvemos eso!

Lo segundo, asumamos la responsabilidad como parlamentarios de estar en la Sala, en una oficina, en la casa o donde sea, pero participemos en las sesiones.

Repito: hubo 100 parlamentarios que no estuvieron en la sesión en la mañana de hoy.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que establece bases generales para la educación afectiva y sexual de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales y modifica normas legales que indica.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgaran cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más comités y tres minutos al resto, más sesenta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Educación es el diputado Gonzalo Winter .

Antecedentes:

Mociones:

-Boletín N° 11710-04, sesión 19ª de la legislatura 366ª, en martes 8 de mayo de 2018. Documentos de la Cuenta N° 11.

-Boletín N° 12542-04, sesión 14ª de la legislatura 367ª, en jueves 11 de abril de 2019. Documentos de la Cuenta N° 13.

-Boletín N° 12593-04, sesión 20ª de la legislatura 367ª, en jueves 25 de abril de 2019.Documentos de la Cuenta N° 10.

-Boletín N° 12955-04, sesión 80ª de la legislatura 367ª, en martes 1 de octubre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 10.

-Informe de la Comisión de Educación, sesión 69ª de la presente legislatura, en martes 8 de septiembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 17.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor WINTER [vía telemática].-

Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Educación, me corresponde informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y reglamentario, iniciado en cuatro mociones refundidas, que establece normas generales en materia de educación sobre afectividad, sexualidad y género para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado.

Idea matriz o fundamental

El proyecto de ley tiene por objeto establecer un marco normativo general en materia de educación sexual y afectiva, entendiendo que se trata de un derecho humano cuyo titular son los niños, niñas y adolescentes. Se establece su obligatoriedad desde los primeros años de la educación, sus principios rectores, objetivos y contenidos mínimos, actualizando la normativa existente con los estándares internacionales de derechos humanos, y trasladando su regulación desde el ámbito de la salud al de la educación.

Fundamentos

Según se expresa en la moción, junto al avance del movimiento feminista en el país y el cuestionamiento al orden de las cosas que eso implica, se han enfrentado cuestiones como el aumento en los índices de enfermedades de transmisión sexual, concentrado particularmente en la población adolescente con VIH; el abuso sexual infantil, el cual es entendido como uno de los problemas de salud pública más graves a nivel mundial, y la violencia de género, que representa la expresión latente de una cultura que reproduce estereotipos y modelos de relacionarse machistas.

Añade la iniciativa que desde 2010 han aumentado en forma exponencial las enfermedades de transmisión sexual. De hecho, a la fecha, existen 39.628 personas con diagnóstico confirmado de VIH, cuyo tratamiento está garantizado a través del AUGE-GES. Es una cifra que, en todo caso, no logra reflejar la realidad de un virus que muchas personas desconocen que poseen hasta etapas avanzadas. Según se estima, en la población que va desde los 15 a los 19 años, la cifra ha aumentado en 125 por ciento, lo que pone un claro foco de preocupación.

En cuanto a la violencia sexual contra niñas y niños, el informe “Cifra negra de violencia sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes: ocultamiento social de una tragedia” revela que la generalidad de los abusos se produce en un contexto intrafamiliar. Este es uno de los factores que ha contribuido más fuertemente a su impunidad, por lo que solo un porcentaje menor de estas situaciones son detectadas y denunciadas a la justicia. Se estima que las cifras de casos no denunciados fluctúan entre el 70 y el 80 por ciento. De esta manera, el espacio que debiera ser el de mayor seguridad se convierte en el más peligroso para niños y niñas.

Durante el año 2016, en el país hubo una tasa de denuncias por el delito de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes de 91,3 por cada 100.000 habitantes.

La legislación existente en el país está planteada desde el enfoque sanitario, centrada en aspectos de fertilidad y supeditada a los principios y valores que cada establecimiento educacional propone, omitiendo que constituye un derecho humano de las niñas y los niños, y que la dimensión sexual del ser humano no se constituye ni reduce a cuestiones reproductivas o de cuidado de transmisión de enfermedades.

La construcción social de la sexualidad, la identidad de género, la relación con el cuerpo, el placer, el cuidado, la autoestima, el amor, el autoconocimiento y, por sobre todo, la violencia sexual que vulnera a la infancia, que normaliza abusos y violaciones correctivas, son imperativos para el desarrollo y deben ser considerados desde la sala cuna hasta la universidad.

Tramitación en la comisión

Durante la tramitación del proyecto, la comisión recibió al ministro de Educación, a la subsecretaria de Educación Parvularia y a numerosas personas y organizaciones.

Tanto entre los invitados como entre los diputados hubo visiones muy contrapuestas respecto de esta iniciativa. Uno de los puntos de mayor desacuerdo se produjo respecto de la educación sexual a niños de educación inicial y hasta cuarto básico. Quienes estaban a favor manifestaron que el foco en este segmento etario debe estar puesto en la educación afectiva, pero que esta educación es necesaria para prevenir el abuso sexual infantil. Por su parte, quienes mantuvieron una opinión contraria, sostuvieron que, precisamente, adelantar la educación sexual a niños de esa edad impide reconocer a tiempo los signos de abuso sexual en ellos.

La comisión, antes de comenzar a votar el proyecto, atendida la gran cantidad de indicaciones presentadas -cien indicaciones-, acordó conformar una mesa técnica entre sus integrantes y el Ministerio de Educación, con el objeto de realizar un trabajo que considerara todas las visiones, para que así el proyecto avanzara hacia un objetivo común.

Como producto de este trabajo se presentaron nuevas indicaciones, algunas de ellas para sustituir artículos del proyecto y otras para agregar incisos en cada artículo.

Durante la tramitación en particular se aprobó una indicación para modificar el título del proyecto, señalando que “Establece normas generales en materia de educación sobre afectividad, sexualidad y género para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado”.

En el artículo 1 se aprobó el texto propuesto por la diputada Rojas, para determinar que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deben incluir en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media, educación en afectividad, sexualidad y género, y que es deber del Estado la protección, promoción y garantía del ejercicio pleno de este derecho humano.

Asimismo, se aprobaron indicaciones para establecer que esta sexualidad debe ser responsable; que los programas deben respetar y resguardar especialmente la indemnidad de niños, niñas y adolescentes; que en ningún caso pueden realizarse en contra del derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos, y que corresponde al Estado otorgar especial protección a este derecho.

En el artículo 2 también se aprobó una propuesta de la diputada Rojas -entonces Presidenta de la Comisión-, para establecer que desde el primer nivel de transición de educación parvularia hasta cuarto año de educación básica, el foco debe estar en la afectividad, el autocuidado, el autoconocimiento y la prevención del abuso sexual infantil. A partir del quinto año, se abordarán aspectos biológicos, socioculturales, psicosociales de la sexualidad y temáticas encaminadas a la prevención de las infecciones de transmisión sexual, del embarazo adolescente y el abuso sexual, la violencia y el maltrato, el respeto por la diversidad y la no discriminación respecto de la orientación sexual e identidad de género, así como los diversos métodos anticonceptivos existentes y autorizados en Chile, de acuerdo a cada ciclo educativo.

Al mismo tiempo, se aprobaron enmiendas para clarificar que los objetivos establecidos en el proyecto de ley servirán de guía para la elaboración de planes, lineamientos, actividades conexas y programas, que la educación en afectividad y sexualidad debe promover el respeto irrestricto a toda persona, reconociéndola y tratándola como un fin y jamás como un medio, y procurar y promover la mayor realización espiritual y material posible de los niños, niñas y adolescentes.

En el artículo 3 se aprobó la propuesta de la diputada Hoffmann , los diputados Bobadilla y Pardo , y el entonces diputado, hoy ministro, señor Bellolio , para establecer que cada sostenedor de establecimiento educacional puede fijar libremente el contenido de cada programa, conforme a su proyecto educativo institucional, y que el Ministerio de Educación los apoyará, formulando distintas alternativas de programas de educación afectiva y sexual para su implementación, los cuales reconocerán el desarrollo progresivo e integral de los alumnos y la diversidad de proyectos educativos.

Del mismo modo, se aprobaron indicaciones para determinar que la información contenida en los programas deberá ser objetiva y estar basada en evidencia científica, que en el diseño de los programas se deberá considerar especialmente la opinión de los padres y apoderados, incorporándolos de forma activa en su elaboración y ejecución, y que en su elaboración se debe velar por el reconocimiento y respeto del derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos, y por su especial protección.

En el artículo 4 se aprobó el texto propuesto por la diputada Rojas, para disponer que los establecimientos educacionales, durante el mes de marzo de cada año, envíen un informe o realicen una reunión informativa por cada ciclo educativo sobre la formación en educación en afectividad, sexualidad y género adoptada por el establecimiento, las asignaturas y metodologías empleadas y sus contenidos específicos y las actividades conexas tanto para estudiantes como para los padres o apoderados, que se desarrollarán durante el año lectivo.

Además, se aprobaron indicaciones para establecer que se debe informar acerca de los certificados de idoneidad, de antecedentes y el de inhabilidad para trabajar con niños, niñas y adolescentes, y de los antecedentes profesionales de las personas que impartan los programas, asignaturas, contenidos, talleres o cualquier actividad conexa y que no se desempeñen en el establecimiento educacional.

Respecto del artículo 5, se aprobó que las infracciones a las disposiciones de esta ley puedan ser denunciadas ante la Superintendencia de Educación, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 20.529.

Para el artículo 6 se aprobó el texto propuesto por el entonces diputado Bellolio , para establecer que las universidades que se encuentren acreditadas y estén a cargo de la formación de los profesionales de la educación podrán impartir el ramo de educación sexual y afectiva, incorporando la enseñanza de contenidos biológicos, de género, psicológicos, socioculturales, afectivos, éticos y morales de la sexualidad, cuyos objetivos de aprendizaje propendan a un autoconocimiento, afectividad, autocuidado y sexualidad responsable.

Finalmente, se aprobó como artículo 7 la propuesta para derogar el inciso cuarto del artículo 1 de la ley N° 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de fertilidad, de manera que esta nueva ley regule todo lo relativo a educación sexual.

Constancias reglamentarias

1. Normas de quorum especial

Los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 del proyecto contemplan normas de carácter orgánico constitucional, según los fundamentos que se explicitan en el informe respectivo. El proyecto no contempla normas de quorum calificado.

2. Normas que requieren trámite de Hacienda

De acuerdo con el artículo 226 del Reglamento de la Corporación, el articulado del proyecto de ley aprobado por la comisión no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.

El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos.

Votaron a favor los siguientes diputados y diputadas: Cristina Girardi , Rodrigo González , Camila Rojas, Juan Santana , Camila Vallejo , Mario Venegas y Gonzalo Winter , y el entonces diputado Jaime Bellolio . Votaron en contra los diputados Sergio Bobadilla , Nino Baltolu (en reemplazo de la diputada María José Hoffmann) , Luis Pardo , Hugo Rey y Diego Schalper .

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Por los wasaps que todos hemos recibido, parece que la materia contenida en este proyecto tiene mucha atención de la gente, de manera que esperamos tener gran audiencia.

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, entiendo que hay indicaciones presentadas -confírmeme si es así-, de modo que esta iniciativa solo será votada en general y va a regresar a la comisión.

Hago la consulta para que usted informe a esos auditores intensamente interesados en el resultado de este debate.

Para referirse a un asunto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Camila Rojas .

La señorita ROJAS (doña Camila) .-

Señor Presidente, solo para aclarar y complementar lo dicho por el diputado Pepe Auth .

Habrá dos votaciones sobre este proyecto: una de quorum simple y otra de quorum calificado. Eso significa que podría no volver a la Comisión de Educación si las normas de quorum calificado no alcanzan el quorum requerido, aun cuando se hayan presentado indicaciones.

Entonces, pido que eso también se aclare para que quienes nos están siguiendo entiendan el formato de la votación.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea Ríos.

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, este proyecto no es otra cosa que el adoctrinamiento de una ideología de género como política pública educativa obligatoria.

Ya no serían los padres, ni siquiera el colegio, de acuerdo con su proyecto educativo institucional, los que elijan la mirada de cómo entender, enseñar y vivir la afectividad y la sexualidad, sino que enfrentaríamos el grave riesgo de que se imponga la mirada de la ideología de género que señala que no existe una sexualidad natural, sino que cada uno construye la suya, presentándola como un derecho humano que debe ser enseñado en la infancia.

La experimentación masiva en niños es cruel y les hace correr un enorme riesgo. Esa metodología sostiene, perversamente, que los niños deben experimentar con su sexualidad, con su orientación sexual y cuestionar su identidad de género, e incluye la exploración para ejercer su derecho a elegir.

El hecho de que se hable equivocadamente de que vivimos en un mundo distinto, avanzado, en una sociedad moderna, ha jugado y todavía juega en contra de la familia, en este caso, especialmente entre el vínculo padre e hijo. Lo niega, precisamente, en cuanto a su relación social.

En la llamada sociedad moderna, ¿la familia es un código simbólico leído, interpretado y regulado a través de la imposición de la ideología de género? El derecho de los padres a la educación preferente de sus hijos debe gozar de plena autonomía, dignidad inviolable de los padres, y este proyecto de ley no puede manipular malamente ese principio básico.

El hombre es un ser intrínsecamente social y dependiente, conceptos que se muestran de forma más patente en la infancia, estado de la vida en donde el ser humano es más vulnerable y en donde justamente este proyecto pretende intervenir.

Movimientos como el feminista o el LGBT, políticos e instituciones mal usan y juegan con los conceptos “mis derechos, mi libertad”, implementándose ideologías extremas para derribar lo que es fundamental de una comunidad, de una sociedad, de un pueblo, de un país: la familia, la fe y las tradiciones.

¿Cuántas leyes más están preparando y cuántas otras han ingresado para destruir el núcleo más serio y natural de una sociedad, y con esto mermar el vínculo padre-hijo, también para animar a los niños a rebelarse contra la autoridad de sus padres?

Rechazo en su totalidad este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo Muñoz .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, hace más de un año la diputada Camila Rojas me invitó a trabajar en una de las mociones refundidas que estamos discutiendo hoy, junto con los diputados y diputadas Claudia Mix , Vlado Mirosevic , el entonces diputado Jaime Bellolio , Gabriel Ascencio , Maya Fernández , Víctor Torres y Camila Vallejo , entre otros, que también firmaron otras mociones parecidas, con la convicción de la urgente necesidad de avanzar en una política pública de educación sexual integral desde la educación parvularia, para que los niños, niñas y adolescentes puedan aprender de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad de una manera responsable y, por sobre todo, segura.

Me alegra que podamos hoy discutir por fin este proyecto en la Sala. Su avance sigue siendo extremadamente urgente, porque una iniciativa de este tipo no busca lo que lamentablemente se ha dicho.

El debate ha estado plagado de información falsa, imprecisa, respecto de los alcances y objetivos del proyecto, en circunstancias de que la verdad no puede estar más alejada de lo que se está diciendo.

Se ha señalado, por ejemplo, que este proyecto busca quitar el derecho de los padres a educar sobre la sexualidad a sus hijos, cuando en la realidad es todo lo contrario.

El proyecto de ley reconoce explícitamente el derecho de los padres a educar a sus hijos y fomenta la cooperación entre el establecimiento educacional y los padres en este proceso de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes.

¿Cuántos casos de abuso sexual infantil y de violaciones hemos conocido en colegios, incluso algunos de manera masiva, cometidos en contra de cantidades de víctimas indeterminadas, justamente porque los establecimientos educacionales no cuentan con políticas relacionadas, por ejemplo, con la prevención del abuso sexual y en materia de autoconocimiento de niños y niñas de temprana edad?

También se ha dicho que esto implica sexualizar a los niños, lo que no solo es un profundo error, sino que se fundamenta en una visión ultraconservadora, que reduce la sexualidad al acto sexual y desconoce todos los otros ámbitos de la sexualidad, la que nos acompaña desde el día en que nacemos hasta el último respiro de nuestras vidas.

Muy por el contrario, lo que el proyecto busca es dotar de mayor protección a niños, niñas y adolescentes mediante el establecimiento de una educación afectiva, sexual y de género desde la temprana edad, educación que siempre será acorde al grado de desarrollo de niños, niñas y adolescentes, y, por supuesto, a su autonomía progresiva.

Este no es un capricho del progresismo ni una discusión simbólica; es una medida concreta, que ha sido recomendada y avalada tanto por los organismos internacionales de derechos humanos como también por los nacionales en la materia. Se trata de una cuestión de derechos.

Así, la falta de acceso a la educación sexual y reproductiva opera como una verdadera barrera para el cumplimiento de la obligación estatal de garantizar los derechos a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la educación y a la información. Ejemplos de ello hay múltiples.

Por medio de una educación sexual y afectiva integral se pueden cambiar patrones de conducta, comportamientos que hoy abundan en nuestra sociedad y que hacen que nuestros niveles de violencia sexual contra las mujeres y los niños sean realmente alarmantes.

De esta forma, la educación sexual constituye un medio para garantizar los derechos a la vida y a la salud, ya que contribuye a la reducción de las tasas de mortalidad materna, de aborto, de embarazos adolescentes y de VIH/sida. En definitiva, no se trata de un gustito ideológico, sino de una cuestión trascendental para la protección de niños, niñas y adolescentes.

De hecho, en la Comisión de Educación, el pasado 20 de enero, el coordinador del programa Educación Sexual para la Escuela de Hoy de la Universidad de Chile afirmó que, según datos de la Unesco, la educación sexual tiene como efectos el retraso en el inicio de las relaciones sexuales coitales, la disminución de la frecuencia de las relaciones sexuales coitales, la reducción del número de parejas sexuales en adolescentes, la disminución de los riesgos relacionados con la sexualidad adolescente, tales como el acoso sexual, los abusos sexuales, la violencia de género ejercida sobre todo contra las mujeres y un aumento en el uso del preservativo y de los anticonceptivos, lo que consecuencialmente previene, además de las enfermedades de transmisión sexual (ETS), el embarazo adolescente. Eso es absolutamente todo lo contrario de lo que los conservadores afirman que la futura ley generará. Es decir, el proyecto viene a plasmar en la ley estos verdaderos deberes del Estado.

Por esas razones, por una educación sexual integral para decidir, para conocer nuestro cuerpo, para querernos, para amarnos y para disfrutar nuestra sexualidad votaremos a favor la iniciativa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Mario Venegas Cárdenas .

El señor VENEGAS (vía telemática).-

Señor Presidente, intentaré abordar este proyecto y análisis para hacerme cargo de una enorme cantidad de correos que me han llegado y que me es imposible contestar, pero quiero hacerlo a través de mi presentación. Lo que caracteriza a esta iniciativa es que ha estado rodeada de una cantidad de falsedades y de interpretaciones equívocas que me sorprenden, aun cuando no debieran hacerlo.

Una primera observación que nos han hecho es: “No te metas con la educación de mis hijos”. ¡Falacia! El Estado es el responsable de la educación de los hijos. Toda nuestra organización, todos nuestros cuerpos legales establecen que es responsabilidad del Estado la educación de los estudiantes. Y ello se consagra en este proyecto. Dice: “…el Ministerio de Educación incorporará Objetivos de Aprendizaje Transversal a las Bases Curriculares y Objetivos de Aprendizaje a las asignaturas ya existentes…” para abordar el tema de la educación en afectividad, sexualidad y género. No somos unos perversos diputados. Es el Ministerio de Educación el que realizará aquello, conforme a las reglas, con participación incluso del Consejo Nacional de Educación si es necesario, porque ellos establecen el currículo. Entonces, al señalar que esto es deber del Estado, estamos reconociendo una realidad que siempre ha sido así.

En esos correos se dice también que se corre el riesgo de exponer a los niños a conocimientos inapropiados o inadecuados para su edad. Al respecto, el inciso tercero del artículo 1 del proyecto, dice: “Los programas de afectividad, sexualidad y género deberán respetar y resguardar especialmente la indemnidad de niños, niñas y adolescentes, entendida esta como el derecho a no ser expuestos a la realización, observación y/o participación en actos de connotación sexual inapropiados para su edad y grado de madurez,…”. Así lo señala la iniciativa en discusión.

Además, el inciso primero del artículo 2, señala: “Desde el primer nivel de transición de educación parvularia hasta cuarto año de educación básica, el foco estará en la afectividad, el autocuidado, el autoconocimiento y la prevención del abuso sexual infantil.”. Reitero: desde educación parvularia hasta cuarto año básico. Recién a partir de quinto año básico viene, como dispone el citado inciso, lo relativo a educación sexual.

También se nos dice que la iniciativa no respeta los proyectos educativos de los establecimientos educacionales. Al respecto, el artículo 2, inciso tercero, expresa textualmente: “La educación en afectividad, sexualidad y género para su implementación reconocerá el desarrollo progresivo e integral de los estudiantes, la diversidad de proyectos educativos…”. Así lo dispone este proyecto.

A mayor abundamiento, el artículo 3, inciso primero, señala: “Cada sostenedor de establecimiento educacional podrá fijar libremente el contenido de cada programa, de acuerdo con lo establecido en esta ley, conforme a su proyecto educativo institucional.”.

Igualmente, se nos dice que los padres no tienen participación. Al respecto, los remito al inciso tercero del artículo 3, que dispone: “En el diseño de los programas, se deberá considerar especialmente la opinión de los padres y apoderados, incorporándolos de forma activa en su elaboración y ejecución.”.

Por su parte, el artículo 4 señala: “…los establecimientos educacionales deberán realizar, durante el mes de marzo de cada año, el envío de un informe, o al menos una reunión informativa por cada ciclo educativo,…” con los padres y apoderados.

También se nos ha dicho que el proyecto atenta contra la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres. Al respecto, el artículo 1, dice: “La educación sexual y la educación en afectividad en ningún caso pueden realizarse en contra del derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos.”.

¿Quién dijo que todas estas cosas que andan circulando en la redes son verdaderas? ¡Es todo lo contrario! Estoy citando textualmente lo que el articulado del proyecto plantea.

Reitero lo que expresa el artículo 3, inciso tercero: “En el diseño de los programas, se deberá considerar especialmente la opinión de los padres y apoderados, incorporándolos de forma activa en su elaboración y ejecución.”. Y el inciso siguiente de dicho artículo dispone: “…se deberá velar por el reconocimiento y respeto del derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos,…”.

Estimados colegas, se puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero mentir no, y esto que han dicho algunos de mis colegas más conservadores no está en el proyecto. Por tanto, los invito a leer esta iniciativa y a no quedarse en consignas que no corresponden con su fin e intencionalidad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Juan Fuenzalida Cobo .

El señor FUENZALIDA (don Juan) [vía telemática].-

Señor Presidente, por su intermedio y como miembro de la Comisión de Educación, quiero ratificar en este hemiciclo mi voto de rechazo al proyecto en discusión, que atenta esencialmente contra uno de los principios más básicos de nuestra sociedad: la libertad.

Acá está en juego la libertad que tienen los sostenedores y los apoderados, lo que no es menor. Y esto se fundamenta en cuatro ejes, que, a mi juicio, hacen que este proyecto deba ser rechazado.

Primero, es un proyecto tramposo; segundo, es un proyecto totalitario; tercero, es un proyecto forzoso y, cuarto, es un proyecto antiliberal, porque atenta contra la libertad.

Es tramposo, porque si bien su contenido permite que existan diversos proyectos educativos y se enuncia el derecho preferente de los padres, al mismo tiempo esto es un engaño, dado que lo permite siempre y cuando esté sometido a las directrices y orientaciones del mismo proyecto. Por lo tanto, establece límites a la posibilidad de que uno pueda ejercer su libertad, tanto como padre, como para el proyecto educativo.

Es totalitario, porque impone una visión única de lo que es la sexualidad.

Es forzoso, porque los padres no tienen ninguna herramienta para oponerse a esta visión única de la sociedad que les quieren imponer.

Por último, es antiliberal, porque restringe la libertad que cada uno tiene para elegir lo que uno quiere para sus hijos.

Por otra parte, rechazo el proyecto, porque ¿quién mejor que los padres son los llamados a educar y a entregar valores a nuestros hijos? ¿Quién mejor que los padres son…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Luis Pardo .

El señor PARDO (vía telemática).-

Señor Presidente, estamos conscientes de la necesidad de contar con una educación sexual y afectiva que se imparta con contenidos acordes a la edad y madurez de los niños, respetando cabalmente los valores encarnados en el proyecto educativo de cada establecimiento y los valores y creencias de las familias.

Nadie puede negar tampoco la necesidad de mejorar y de profundizar en la prevención del abuso infantil, del embarazo adolescente o de la transmisión de enfermedades sexuales. Sin embargo, todo lo anterior debe hacerse respetando el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, quienes tienen el deber de participar en su proceso formativo, especialmente en esta materia, que es tan sensible.

En el ejercicio de ese derecho y de ese deber, los padres eligen para sus hijos un establecimiento educacional cuyo proyecto educativo responda a sus valores, creencias y expectativas. En caso de que los padres no hayan podido ejercer el derecho de elegir, por ejemplo cuando el Sistema de Admisión Escolar (SAE) los haya derivado a un establecimiento que no sea necesariamente el de su preferencia, los padres deben tener la opción de incidir en la educación de sus hijos, conocer los contenidos que les van a enseñar y oponerse a aquellos que no compartan.

Por último, la libertad de enseñanza, en función de la cual los establecimientos educacionales deben tener la autonomía necesaria para formular sus proyectos educativos e impartir la educación sexual y afectiva en coherencia con dicho proyecto.

Ambos principios, el derecho preferente y el deber de los padres a educar a sus hijos, y la libertad de enseñanza para formular proyectos educativos y metodologías para impartir los contenidos curriculares de acuerdo con determinados valores y principios son fundamentales, por cuanto ayudan a que haya diversidad de proyectos educativos que enriquezcan la pluralidad propia de una sociedad democrática y no una visión única impuesta desde el Estado.

Durante la discusión del proyecto en la Comisión de Educación, intentamos establecer la preeminencia de estos principios, que, a nuestro juicio, son intrazables en una sociedad libre y democrática.

Efectivamente, logramos que el derecho preferente de los padres quedara explícitamente consignado y que la educación hasta cuarto básico se enfoque en la afectividad y solo a partir de quinto básico abordar la educación sexual; sin embargo, el texto final es engañoso. De nada sirve reconocer el mencionado rol de los padres ni la diversidad de proyectos educativos si se somete todo a las directrices y orientaciones de este proyecto.

Las directrices de este proyecto son muy claras, en el sentido de que ni el establecimiento educacional ni los padres podrán ejercer su libertad más allá de lo prescrito en este proyecto.

Por lo tanto, las libertades que el proyecto reconoce en su texto serán letra muerta en la práctica.

Vamos a rechazar el proyecto, no porque estemos en contra de que se imparta una educación sexual y afectiva necesaria e integral que reconozca las diversas sensibilidades, creencias y orientaciones de los padres, y que otorgue la libertad necesaria a los distintos proyectos educativos para impartirla, sino porque es un mal proyecto, porque no ha sido posible llegar a un acuerdo que involucre la necesaria diversidad respecto de las visiones de la sociedad y porque no sostiene ni siquiera un argumento liberal para aquellos que lo presentan como un proyecto progresista y liberal.

Este proyecto es absolutamente inconveniente desde el punto de vista de esas libertades, en las cuales espero todos creamos, por lo que deberíamos corregirlo o, simplemente, rechazarlo.

Vamos a votar en contra del proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Javier Hernández .

El señor HERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, sin duda, estamos ante un proyecto a lo menos engorroso, y no cabe duda de que debemos abordar la educación sexual, pero la pregunta es a partir de qué edad y de qué forma.

Cualquiera iniciativa en esta materia debe ser estudiada de manera rigurosa, con respaldo científico, a fin de resguardar el interés superior del niño.

Los estudios acerca de la educación sexual se han centrado mayoritariamente en la etapa de la adolescencia, por lo que no existe certeza respecto de la conveniencia de impartir este tipo de educación en las edades más tempranas de la infancia. Además, creo que debemos reconocer y respetar el rol educador que desempeñan los padres, quienes son las personas que mejor conocen la personalidad, la capacidad de razonamiento, la madurez psicológica y el nivel de curiosidad de sus hijos.

La Unesco establece la centralidad de los padres en la educación de sus hijos y al hogar como espacio fundamental de aprendizaje, especialmente en el caso de los más pequeños, lo que es ampliamente reconocido en la actualidad.

Por otra parte, sin perjuicio de que creo que es muy importante impulsar iniciativas orientadas a prevenir el abuso infantil, no queda claro cómo el proyecto puede ser un aporte en esta materia.

Asimismo, si bien la iniciativa establece que los niveles de enseñanza parvularia, básica y media deberán incluir educación afectiva, lo cierto es que las bases curriculares actuales ya contemplan ese tipo de contenidos.

En cuanto a los niños más pequeños, cabe señalar que las bases curriculares de la enseñanza parvularia incluyen objetivos de desarrollo personal y social ligados a la afectividad, como el reconocimiento y expresión de sentimientos y emociones.

Por lo tanto, no queda claro cuál es el aporte del proyecto en lo que se refiere a educación afectiva.

Más allá del debate que gira en torno a la educación sexual y al enfoque de género, los padres, que válidamente pueden tener alguna sensibilidad en este aspecto, deben ser respetados en el derecho a educar a sus hijos de la manera que estimen conveniente, sobre todo cuando los niños son más pequeños. Lo creo así porque creo en la libertad, un componente básico de la democracia, tal como la conocemos hoy.

Por todo lo expuesto, anuncio mi voto en contra de la iniciativa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Sebastián Álvarez Ramírez .

El señor ÁLVAREZ (don Sebastián) [vía telemática].-

Señor Presidente, quiero hablar desde la voz de los padres, tíos, abuelos, de las familias de nuestro país, y argumentaré por qué votaré en contra del proyecto.

Primero, lo rechazaré porque considero que atenta contra la libertad, pues presenta una visión única de sexualidad, que sería obligatoria para todos los establecimientos educacionales, sin dar margen de oposición a los padres. Eso en sí es un atentado directo contra la libertad de enseñanza y contra la libertad de los padres en la educación de sus hijos.

Es cierto, como han mencionado algunos diputados, que la iniciativa permite que existan distintos proyectos educativos, como ocurre, por ejemplo, en el artículo 2, inciso tercero, y reconoce el derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos, en el artículo 3, inciso final. Incluso, refuerzan aquello, repitiendo formulaciones generales; pero eso es engañoso. El engaño consiste en que de nada sirve reconocer el mencionado rol de los padres ni la diversidad en los proyectos educativos si se somete todo a las directrices y orientaciones del proyecto, cuya línea es muy clara.

Por eso, considero que el proyecto es ambiguo y poco preciso. Así se señala con claridad en la formulación general, que reconoce la diversidad de proyectos educativos.

Al respecto, el artículo 3, inciso primero, señala: “Cada sostenedor de establecimiento educacional podrá fijar libremente el contenido de cada programa, de acuerdo con lo establecido en esta ley,…”.

De igual forma, en el artículo 4, inciso final, se indica que la capacitación de los docentes que podrá hacer el Ministerio de Educación deberá ceñirse al marco de los objetivos de la presente ley en proyecto.

Respecto del derecho preferente y del deber de los padres a educar a sus hijos, el proyecto es completamente totalitario, pues, además del reconocimiento teórico de su derecho y de la necesaria transparencia de la información que se enseñará, no entrega herramientas reales a los padres para oponerse a que sus hijos asistan a esas asignaturas o participen en esos talleres. No existe un consentimiento informado de los padres, no existe una autorización ni tampoco una acción judicial o administrativa que les permita oponerse.

Todas estas medidas fueron rechazadas en la comisión.

El proyecto impone una visión única de la sexualidad, que debe incorporarse en los programas de cualquier proyecto educativo. Teniendo eso presente -¡ojo!-, queda en letra muerta el permitir la diversidad de proyectos educativos.

Además, aquella visión única entra en evidente contradicción con muchos idearios educacionales, totalmente legítimos y válidos. Esa uniformidad se manifiesta en la imposición de ciertos objetivos y lineamientos obligatorios para todos los establecimientos educacionales, sean públicos o particulares, en consonancia con ideas progresistas, como el fomento al respeto por la diversidad y la no discriminación, especialmente basada en el sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, según lo establece el artículo 2, incisos primero y segundo; en el desarrollo de una sexualidad libre, artículo 2, inciso segundo, letra d), o en el simple reconocimiento del género, que incluso se incorporó en el título del proyecto.

Imponer visiones como las anteriormente señaladas es abiertamente una propuesta totalitaria, cuya oposición no pasa por declararse conservador o liberal. Es más, esta iniciativa es totalmente antiliberal, pues no respeta la libertad de los padres ni de los colegios.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Santana Castillo.

El señor SANTANA (don Juan).-

Señor Presidente, existe claro consenso de que la educación sexual debe ser abordada. Por eso surge este proyecto, que es fruto de un conjunto de mociones de distintos sectores políticos, las que fueron refundidas.

Como ya se ha dicho, a través de redes sociales se ha generado una campaña de demonización del proyecto. Al respecto, cabe precisar que muchas cosas que se han dicho están lejos de representar lo que verdaderamente contiene esta iniciativa.

A todas luces, la legislación actual resulta insuficiente para entender la educación sexual como un espacio necesario para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de violencia de género, y para el respeto por la diversidad y la prevención del abuso sexual. En ese sentido, el proyecto incorpora la educación sexual y la afectividad desde la primera infancia, con contenidos adecuados a cada etapa del desarrollo, propiciando la entrega de información correcta e imprescindible para prevenir vulneraciones que jamás van a poder ser reparadas. Solamente en 2016 ingresaron al Ministerio Público más de 15.000 denuncias por delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, es decir, un promedio de treinta víctimas diarias.

Frente a esa realidad, el Estado debe tener una actitud proactiva y moverse en todos los flancos posibles para abordar la situación; debe disponer de todos los recursos necesarios para asegurar la integridad de las niñas y los niños de Chile, y qué mejor que hacerlo desde los espacios educativos, en los que se construye la comunidad, y que muchas veces funcionan como espacios de contención frente a la indefensión.

A través de esta iniciativa, podemos ampliar la mirada de las políticas y de la legislación actual, centrada durante muchos años en los aspectos meramente reproductivos. Ahora buscamos la integralidad, conducente a la realización de la salud, del autocuidado y de la responsabilidad sexual y afectiva, con un enfoque de género que excluye los estereotipos y fomenta el respeto por la diversidad e identidad de género.

En el proyecto no hay nada que demonice, no hay nada que corrompa la virtud de nadie; solo existe el reconocimiento de una realidad brutal en nuestro país. El Estado está en deuda, lo que repercute de forma gravísima en la vida de muchas personas que hoy pueden dar testimonio de discriminación, bullying, abuso, violencia de género y segregación.

No queremos que esos testimonios se sigan repitiendo. Por eso, el Estado debe entregar las herramientas necesarias que permitan construir una mejor sociedad, una sociedad más inclusiva, respetuosa y diversa.

El proyecto entrega esas herramientas, pues incorpora programas de afectividad, sexualidad y género, resguardando especialmente la indemnidad de niños, niñas y adolescentes; centra el foco en el autocuidado y en la prevención del abuso sexual infantil desde el primer nivel de transición hasta cuarto año de enseñanza básica, y a partir del quinto año de enseñanza básica trata materias como la prevención del embarazo adolescente, las enfermedades de transmisión sexual, la violencia y el maltrato, y la no discriminación, todo de acuerdo a cada nivel educativo.

Claramente, este es un salto cualitativo respecto de la ley N° 20.418, que se enfoca en aspectos relativos a la fertilidad, ignorando que la sexualidad no se reduce a una cuestión únicamente reproductiva, como ya lo hemos dicho.

Reconozco la labor de nuestra colega Camila Rojas, quien impulsó este proyecto en la Comisión de Educación, y hago un llamado a todas y todos mis colegas a apoyarlo, pues poco o nada tiene que ver con lo que se ha acusado en las campañas realizadas a través de redes sociales.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz González .

La señora MUÑOZ (doña Francesca).-

Señor Presidente, desde un principio he considerado que este es un muy mal proyecto. En su texto original no existía ninguna referencia al rol de los padres en la educación de sus hijos. Es más, durante la tramitación fui testigo de la inexplicable resistencia por parte de algunos diputados a incorporar a los padres en esta normativa, argumentando incluso que los padres eran una barrera en el desarrollo de sus hijos.

Ese tipo de corrientes de pensamiento, que se busca instaurar con el proyecto, hace mal al país y a la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad.

El proyecto, en esencia, establece la obligatoriedad de la enseñanza de educación en sexualidad, afectividad y género, desde el primer nivel de transición de educación parvularia en adelante, incluyendo la formación de los profesores. Esto ha funcionado en otros países para que el Estado imponga una forma determinada de pensamiento, bajo la ideología de género, que señala cómo se deben impartir los contenidos de educación sexual, lo que es extremadamente grave.

Si bien se incorporó limitadamente a los padres, esa incorporación no es suficiente, ya que queda fuera la autorización directa de los padres en cuanto a si quieren para sus hijos una educación con enfoque de género. Eso demuestra, una vez más, que no existe ninguna intención de respetar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, ni en este proyecto ni en la redacción de una nueva Constitución.

También cabe señalar que actualmente ya existen contenidos en los programas de educación sexual, lo cual convierte a este proyecto en absolutamente innecesario.

Otro elemento a considerar es que el proyecto coarta la libertad de enseñanza, al imponer que los diferentes proyectos educativos deban adecuarse a lo establecido en una futura ley. Además, fija los criterios, que están en concordancia con la ideología de género predeterminada, vulnerando el proyecto educativo propio.

En esa misma línea, debo agregar que se vulnera la libertad de enseñanza de las universidades al imponer directrices y criterios ideológicos para las mallas curriculares de las carreras de pedagogía, cuestión que es abiertamente inconstitucional.

Reitero: con todos estos elementos se evidencia que en una nueva Constitución Política no se va a incorporar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, ni la libertad de enseñanza.

Por las razones expuestas, anuncio mi voto en contra de este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza .

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, un proyecto de ley de esta naturaleza es un verdadero caballo de Troya del Frente Amplio con una muy buena excusa: el abuso sexual. Obviamente, nadie puede estar en contra de la prevención de este deleznable delito, pero tengo serias dudas sobre si lo propuesto por la izquierda extrema es una verdadera motivación y si es la forma es la correcta.

En primer lugar, hay que señalar que la familia y los padres son quienes tienen la obligación de entregar las herramientas necesarias para un autocuidado. En segundo lugar, ¿por qué es la ley la que me tiene que decir cómo, cuándo y de qué manera hablo de afectividad, educación sexual y prevención? ¿Quién conoce más a nuestros hijos: sus padres o una mala ley?

Esta iniciativa legal es un pretexto más de la izquierda para meter al Estado al interior de nuestras casas, para, de forma oblicua, constante y con un buen pretexto, comenzar a introducir en los planes de educación su ideología, su desprecio a la libertad, al individuo y a la familia.

La izquierda, con este tipo de proyectos, nos muestra su incapacidad absoluta de proponer el autocuidado, la educación sexual y la afectividad desde el ser humano. Ellos quieren imponer que sea el Estado el que asuma esta responsabilidad. Esa es la solución más fácil, más cómoda, más típica de la izquierda, pero no por ello la mejor.

La bancada de diputados de la UDI votará en contra este proyecto, porque no creemos que tenga que ser el Estado el que venga a decir lo que las personas deben hacer en esta materia tan sensible para nuestras familias e hijos.

Si ustedes no confían ni en ustedes mismos, ni en la sociedad chilena, ni en la familia, menos…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Gonzalo Winter .

El señor WINTER (vía telemática).-

Señor Presidente, este proyecto se ha enfrentado al rechazo de los sectores más conservadores de la derecha chilena, recordándonos épocas del ultramontanismo. No dudaron en ir a funar -para ser bien explícito con los términos- al ministro Bellolio a las comisiones en que participó; han instalado en los medios de comunicación que este es un proyecto que sexualiza tempranamente a los niños, niñas y adolescentes, cuestión que es sencillamente una mentira introducida a través de fake news y otras estrategias digitales por sectas que hablan del peligro de educar a los niños, niñas y adolescentes, cuestionando la evidencia científica e, incluso, la relevancia de la educación sexual y afectiva.

Para esos sectores -lo han declarado con claridad-, hay bienes jurídicos más relevantes que la indemnidad y la autodeterminación sexual, o el derecho a la educación, como la libertad de hacer negocios con la educación. Para ellos, el temor de lo que llaman sexualización temprana, a pesar de lo que diga la ciencia o demuestre la realidad del acceso a internet, es tan relevante que están dispuestos a promover la ignorancia y la desinformación.

Las tradiciones, las ideologías y los temores, muchas veces nacidos de la desinformación, no pueden interponerse al bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes, ni a la evidencia científica. Necesitamos de una legislación que los proteja, justamente, de los depredadores sexuales, que, lamentablemente, muchas veces se encuentran en círculos cercanos. La información y esa luz que es la educación serán el antídoto contra aquellos crímenes.

Señor Presidente, a los que tienen dudas sinceras sobre el contenido del proyecto les doy dos consejos: hagan su trabajo y lean el proyecto en vez de los wasap que les mandan las sectas, o escuchen la intervención brillante del diputado Venegas , quien desmiente todo.

Además, quiero recordarles que esta sesión pasará a la historia por la claridad con que la diputada Rojas ha impulsado el proyecto, pero también porque algunos han repetido, una y otra vez, argumentos con los que hace cien años intentaron impedir que el Estado tuviera educación pública, diciendo que llevar a los niños a las escuelas del Estado era justamente pasar por encima de los padres. También intentaron evitar que existiera la educación primaria; intentaron…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Hugo Rey .

El señor REY.-

Señor Presidente, ¿cuáles son las ideas centrales de esta iniciativa? Primero, se obliga a todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, que incluyan educación de afectividad, sexualidad y género en todos sus niveles, desde la educación parvularia hasta la educación media.

Se establece como deber del Estado la protección, la promoción y garantía de ese derecho -educación sexual- en su calidad de derecho humano. A pesar de incorporar el derecho preferente de los padres sobre la materia, no se les hace un reconocimiento concreto para oponerse a los planes y programas a los que hace mención este proyecto, por lo que se ven impedidos, en la práctica, de ejercer sus derechos.

Se entrega la facultad a las universidades reconocidas por el Estado de que impartan carreras para la formación de profesionales de la educación y ramos de educación sexual y afectiva. Además, se determina el contenido de esos ramos, por lo que se infringe la autonomía universitaria y la libertad de enseñanza.

Esto tiene serios problemas de constitucionalidad. Los artículos 1, 2, 3 y 4 claramente sobrepasan las funciones que debe cumplir la Cámara de Diputados, pues esos preceptos colisionan con potestades del Presidente de la República, pues incluyen iniciativas que le pertenecen solo a él. Asimismo, el proyecto afecta la autonomía académica y la libertad de enseñanza.

Quiero decir claramente por qué voy a rechazar este proyecto.

Al establecer la educación sexual como un derecho humano se olvida que aquella está contenida en el derecho a la educación y en el derecho a la protección de salud, ambos consagrados en nuestra Constitución Política.

Por otra parte, en la actualidad no hay ningún tratado internacional que recoja tal derecho humano, y, por tanto, ninguno que Chile haya ratificado e incorporado en nuestra legislación, de conformidad con lo señalado en el inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política.

Uno de los temas más complejos del proyecto es la exclusión de los padres, madres y apoderados de los programas de educación de afectividad y sexualidad. Si bien se enuncia el derecho preferente de los padres sobre la educación de sus hijos, consagrado en el artículo 19, N° 11, de nuestra Constitución Política, la extensión de tal derecho se ve limitada, toda vez que no se exige la aprobación previa de aquellos. Los objetivos de aprendizaje consagrados en la Ley General de Educación -básica y media- son bajados de las respectivas bases curriculares, ya que contienen dimensiones que abordan la temática de sexualidad y afectividad. Este fue un tema recurrente en las sesiones de la comisión, en donde establecí y señalé que, efectivamente, gran parte de esos temas ya estaban contenidos en los planes de educación.

Estimado Presidente, en resumen, es un proyecto lleno de vicios constitucionales, con contenidos que, en su gran medida, se encuentran en las bases curriculares, por lo que, además, los efectos de esta iniciativa son pobres.

Finalmente, votaré en contra el proyecto porque no es posible pasar sobre el derecho preferente que tenemos los padres de educar a nuestros hijos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila ) [vía telemática].-

Señor Presidente, en este Congreso Nacional hemos legislado varias cuestiones y hemos aprobado una serie de proyectos de ley que buscan proteger, a través de sanciones, a las personas que son víctimas de violencia. Así lo hicimos, por ejemplo, con la “ley Zamudio”, por el caso de Daniel Zamudio , quien fue asesinado por su orientación sexual; aprobamos la “ley Gabriela”, que amplía el concepto de femicidio para sancionar realmente estos crímenes terribles contra las mujeres; la semana pasada, en esta misma Cámara de Diputados y diputadas, aprobamos un proyecto para aumentar las penas en los delitos de lesiones cuando estos se cometan en el contexto del pololeo y de las relaciones de pareja, más allá del matrimonio y de la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, hemos hecho un trabajo en relación con las sanciones y las modificaciones al Código Penal.

Si bien estos proyectos representan importantes avances, no son suficientes, y lo sabemos; estos proyectos nunca han sido suficientes para prevenir y detener este tipo de violencia. Más bien, son proyectos que tienen una mirada punitiva, que modifican el Código Penal, para aumentar penas o definir de mejor manera los delitos de odio y de connotación de género.

Como parlamentarios, sabemos que debemos tomarnos un poco más en serio estas cuestiones en nuestra labor legislativa y avanzar realmente en los elementos de prevención, porque no basta con aumentar penas y con tipificar conductas, para sancionar delitos como femicidios, crímenes de odio contra la comunidad LBGTI, el acoso callejero, abusos a mujeres o a menores. O sea, no son suficientes para evitar cualquier expresión de violencia a causa del sexo, del género, de la identidad o de la edad de las personas.

Eso significa que como Estado estamos en deuda y que no hemos sido capaces de educar a niños y niñas para que se conviertan en adultos tolerantes, responsables, que entiendan, respeten y celebren la diversidad. No hemos sido capaces de educar para eliminar las conductas violentas. Probablemente, en muchas ocasiones, incluso, las hemos promovido en los discursos que se dan, por ejemplo, en el Congreso Nacional.

No hablamos solo de una educación sexual integral que enseñe el respeto, la aceptación de todas las personas de sus identidades de género, de su sexo, de su orientación sexual, sino que también estamos muy al debe en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos un país que condena a las mujeres que eligen no seguir adelante con su embarazo, pero, al mismo tiempo, las priva de las herramientas necesarias -a hombres y mujeres- para evitar esos embarazos, las priva de las herramientas necesarias para llevar una vida sexoafectiva responsable, integral y libre de violencia.

¿Acaso podemos resolver los temas de prevención con campañas publicitarias? ¡Claro que no! Hay que establecer el derecho a la educación sexual e integral en afectividad desde temprana edad. Hablamos de una educación sexual integral, porque no basta con clases de biología que enseñen cómo un óvulo se junta con un espermatozoide. Necesitamos asegurar a las nuevas generaciones el derecho a aprender sobre su afectividad y su sexualidad de manera amplia, de forma tal que aprendan a relacionarse sanamente en su adultez, pero también para que aprendan cómo deben relacionarse los adultos con ellos y ellas.

Una educación sexual integral es clave en la prevención de la violencia contra las mujeres, las y los homosexuales, las lesbianas, las personas trans, porque con la educación aprendemos, y cuando aprendemos, perdemos el miedo y podemos aceptar que existen muchas realidades, que existe diversidad, que existen otros, otras y “otres”.

También es fundamental la educación sexual en la prevención del abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, en la medida en que aprenden qué está bien y qué está mal, así como a establecer los límites, y serán menos vulnerables a las manipulaciones de adultos inescrupulosos que confían en que niños, niñas y adolescentes se mantengan en la ingenuidad y en la ignorancia, para así aprovecharse y abusar de ellos y de ellas.

No es cierto que el proyecto en discusión busque fomentar la pornografía infantil ni la pedofilia, porque esa sería una aberración. Quienes han señalado eso, lamentablemente sin conocer de qué se trata el proyecto, derechamente lo hacen desde una mirada malintencionada, lo que me parece tremendamente irresponsable.

Este proyecto busca precisamente entregar herramientas a nuestros niños y niñas para evitar situaciones de abuso sexual. Todos los expertos y expertas concluyen que la temprana educación sexual integral que enseña a niños y niñas sobre afectividad, autocuidado, autoconocimiento, van en directo beneficio de la prevención del abuso sexual infantil. Esas son cuestiones que se garantizan en este proyecto de ley.

Además, se establece que no se expondrá a niños y niñas a actos e imágenes inapropiadas para su edad, resguardando, sobre todas las cosas, su indemnidad sexual.

Finalmente, quiero resaltar que el proyecto en discusión reconoce de manera expresa la supremacía del derecho preferente de padres y madres a educar a sus hijos e hijas, y establece el deber del Estado para asegurar ese derecho, pues lo establece como obligación del Estado.

Lo que hace este proyecto de ley es priorizar derechos de los niños, niñas y adolescentes a la educación, estableciendo contenidos que deben ser incorporados en su formación escolar, respetando los planes y programas de la escuela. O sea, también protege la libertad de enseñanza en ese sentido.

¿Acaso podrían acusar una vulneración de este derecho los padres y madres que no quieran, por ejemplo, enseñar a leer, a escribir, a sumar y a restar a sus hijos? Nadie podría pretender que los padres, por su libertad o por su derecho preferente, puedan prohibir a los hijos estudiar Matemáticas, para aprender a sumar y restar, o Lenguaje, para aprender a leer. Obviamente, sería distinta la discusión si la ponemos en esos términos.

Lo que hace este proyecto es dar una respuesta integral a tantas situaciones de violencia que en este mismo Congreso Nacional hemos condenado tajantemente.

La violencia no se acaba solo con los castigos y penas de cárcel. Necesitamos empezar antes, en la prevención de los más pequeños. Lamentablemente, ahí hemos estado llegando tarde; necesitamos llegar muchísimo antes, con una educación…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputada Camila Vallejo .

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG [vía telemática].-

Señor Presidente, en relación con el proyecto en discusión y lo tremendamente importante que es la educación sexual, cabe señalar, en primer lugar, que en Chile existe una educación sexual desde los niveles de prebásica hasta la enseñanza media. Están los programas, como el de las Jocas, que empezaron en los años 90. De manera que en Chile ya existe educación sexual.

Lo que hace este proyecto de ley es establecer una visión única de la sexualidad, haciéndola obligatoria por ley a todos los establecimientos educacionales del país, públicos y privados, desde la educación prebásica en adelante.

Si bien es cierto durante la tramitación logramos incorporar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, este derecho queda limitado o es letra muerta, puesto que se erige, mediante esta ley -no a través de un tratado internacional que haya suscrito Chile-, la educación sexual como un derecho humano. Eso significa que si un padre o una familia no está de acuerdo con incorporar a sus hijos a este tipo de educación muy especial, muy única, que es basada en la ideología de género, simplemente no lo va a poder evitar, porque cualquier juez va a dar preeminencia a un derecho humano por sobre un derecho constitucional, como es el derecho a la educación o el derecho de los padres a educar a sus hijos.

Por eso, sin ninguna duda, este es un proyecto totalitario, porque impone una visión única de la sexualidad, una visión única en esta materia, sin posibilidad de que, en la práctica, los padres, que son los primeros educadores, se puedan oponer.

Lo mismo pasa con los establecimientos educacionales, porque, si bien se reconoce la libertad de proyectos educativos, deben ceñirse a las directrices de este proyecto de ley. Por lo tanto, tampoco un colegio va a poder decir que no está de acuerdo con enseñar la sexualidad con una visión de género, porque debe ceñirse a este derecho humano, que es la visión que está imponiendo este proyecto de ley.

Durante la tramitación, logramos incorporar el derecho preferente de los padres, aunque limitado, por las razones que he expresado. Como señaló la diputada Francesca Muñoz , desde el origen de este proyecto, nunca se consideró a los padres. Si no hubiese sido por la indicación que presentamos, no habría aparecido el derecho preferente de los padres, puesto que el proyecto considera que los padres son una barrera para el desarrollo de los hijos, y ese es un elemento ideológico.

En la comisión también logramos incorporar la indemnidad sexual, es decir, que los niños no pueden ser sometidos a exhibiciones de escenas o actos sexuales inconvenientes para su edad. Eso tampoco estaba contenido en este proyecto, pero lo logramos en la comisión, y es un avance muy importante.

Nosotros creemos en la educación sexual; Chile necesita una educación sexual. Necesitamos que en todos los niveles se imparta educación sexual, pero no la imposición de una ideología, muy cuestionada en el mundo, que considera que las personas no somos ni hombres ni mujeres, sino que somos en virtud de estereotipos, según cómo hemos sido formados. Por lo tanto, hay que hacer una nueva ingeniería, hay que partir de cero y orientar la sexualidad de acuerdo a ciertos criterios.

Nosotros creemos que los padres deben ser oídos. Las personas que tienen una visión religiosa, como el pueblo evangélico o el pueblo católico, que organizan colegios, deben tener la libertad y el derecho de decidir si aceptan este tipo de educación o no. Pero con este proyecto no la van a tener, porque va a ser una imposición totalitaria que no respeta la libertad y el derecho preferente de los padres. Establece una sexualidad libre, sin explicar qué significa educación sexual libre, y creo que los padres necesitan una explicación.

Por eso, invito a rechazar este proyecto, de corte totalitario.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi Lavín .

La señora GIRARDI (doña Cristina) [vía telemática].-

Señor Presidente, este es un proyecto que se discutió largamente en la Comisión de Educación. Recibimos a muchísimas personas que plantearon las diferentes posiciones y también a muchos expertos. Efectivamente, como dijo la diputada Camila Vallejo , todos los expertos plantearon la necesidad de reforzar y profundizar en la educación sexual a nivel escolar en nuestro país, básicamente por los resultados que tenemos en nuestra sociedad: el problema de la violencia de género, el problema de la violencia hacia la mujer, el problema de no saber relacionarnos unos con otros, tiene que ver con una educación que está truncando el desarrollo humano.

La educación en la Ley General de Educación se plantea como un proceso en donde el sistema educativo acompaña el desarrollo del ser humano en las distintas etapas, y ese desarrollo tiene que ser integral.

No sé si aquellos que se oponen a este proyecto piensan que la parte sexual, afectiva, va por un carril aparte, como si no formara parte de nuestro cuerpo, de nuestra cotidianidad, de nuestra vida. Aquí veo como un rechazo a educar, a formar en esta área, y a formar integralmente, o sea, no seguir dividiéndonos como seres humanos para poder desarrollarnos. Eso no es desarrollo. Cuando nosotros separamos, cuando hacemos compartimentos estancos de lo que es el ser humano, no va a haber desarrollo. La mente, el cuerpo, el alma, la sexualidad, la afectividad, está todo en un cuerpo; por tanto, está todo relacionado, no hay separación.

Y hay un elemento importante, que aporta a la educación -la educación no es solamente meter información; hay algo relevante en la educación, o en la buena educación, que es a lo que aspiramos en nuestro país-, que es la conciencia. La conciencia es lo más importante en un proceso formativo, en un proceso educativo. Si no hay conciencia, si no tenemos conciencia de nuestro ser, si no tenemos conciencia de quiénes somos, de cómo nos vemos, de cómo construimos nuestra identidad, difícilmente vamos a poder ser seres humanos completos y con un potencial de desarrollo que amerite el respeto por la persona humana. Y eso es lo que está en cuestión acá.

La educación en Chile es compartimentada; apunta -lo hemos dicho en muchas ocasiones- solo a un área, que es el área cognitiva, esa área como aséptica, que no nos relaciona ni con lo que nos pasa ni con lo que nos emociona ni con lo que vivimos como seres humanos. Solo elementos de información, de cognición. No tiene que ver con la conciencia, no tiene que ver con el alma, no tiene que ver con la espiritualidad, no tiene que ver con lo que somos como seres humanos, no tiene que ver con la afectividad.

El hecho de que en Chile tengamos al 25 por ciento de los niños medicados en el sistema escolar habla de eso, de que no queremos personas con conciencia, no queremos personas que sientan, no queremos personas que se desarrollen integralmente; queremos seres autómatas, que aprendan lo que nosotros queremos que aprendan, que sea solo información y que, por favor, no nos metamos en las partes más profundas de lo que le pasa al ser humano.

Bueno, les quiero decir a las compañeras y a los compañeros diputados que la sexualidad y la afectividad son parte del ser humano. Si no las queremos asumir, si no las queremos acompañar, no nos vamos a desarrollar. Si no vamos a tener una educación que de verdad fortalezca la posibilidad de hacer una sociedad distinta de la que tenemos, vamos a seguir peleando, nos vamos a seguir agrediendo, vamos a seguir vulnerando los derechos de los demás, vamos a seguir violando, vamos a seguir generando violencia sexual, porque no hemos aprendido a desarrollar conciencia de nuestro cuerpo ni del de los demás ni de la relación con los demás.

Ese es el fondo de nuestro proyecto, ese es el fondo de lo que estamos hablando acá. Acá no estamos hablando de sexualizar la educación o de sexualizar a los niños; estamos hablando de desarrollo humano integral. El que no entiende que la sexualidad y la afectividad son parte de los seres humanos no merece llamarse ser humano, porque es parte nuestra, es parte intrínseca de nuestro desarrollo.

Yo quiero una sociedad más amorosa, una sociedad más afectuosa, una sociedad que sepa relacionarse, y a eso aspiro. Y sin esto, sin educación sexual, sin conciencia de lo que somos como seres humanos, sin conciencia del otro, sin conciencia de nosotros mismos, es difícil que podamos aspirar a una sociedad mejor que la que tenemos hoy.

Llamo a mis compañeras y compañeros a que abordemos el fondo de este proyecto. Ese es el fondo. Todo lo demás que se ha dicho, como que les vamos a quitar el derecho a los padres de educar sus hijos, etcétera, es una farsa brutal, es como si nosotros no reconociéramos, como padres y madres, que no recibimos educación sexual. No la recibimos, lamentablemente, y estamos desde el analfabetismo tratando de educar a nuestros hijos. Yo creo que es necesario hacer una sociedad distinta…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena) [vía telemática].-

Señor Presidente, este tema es muy interesante, pero dejando a un lado el tema de los hijos, a mí me parece que este es un proyecto que de liberal no tiene nada; es pura apariencia, porque, en el fondo, como bien se ha dicho en distintas intervenciones, restringe la libertad de los padres de elegir el lugar donde educar a sus hijos. El proyecto establece, claramente, que “cada sostenedor de establecimiento educacional podrá fijar libremente el contenido de cada programa, de acuerdo con lo establecido en esta ley.”. O sea, de qué libertad estamos hablando.

Este proyecto, para mi gusto -también se ha dicho-, vulnera a los padres la posibilidad de elegir un proyecto educativo, de acuerdo a la educación que le quieran dar a sus hijos e hijas. La educación, estimados amigos, jamás ha sido neutra, y eso lo sabemos todos los que somos padres.

Educar no es simplemente instruir a alguien. Cada padre busca, en la educación, un objetivo deseado: yo quiero que sea bueno, yo quiero que sea deportista, yo quiero que sea bueno para los negocios, yo quiero que sea político, incluso, que sean diferentes dentro de una misma familia. La educación -ténganlo claro- nunca es neutra, y los padres deben, en libertad, tener la posibilidad de elegir dónde educar a sus hijos y bajo qué proyecto educativo. Pero en esta iniciativa esto no se da, porque dice que el proyecto educativo debe ajustarse a lo establecido en esta ley.

A mí me parece que es tramposo, y por eso quiero decir -por su intermedio, Presidente- al diputado Venegas , a quien estimo mucho, que aquí no hay falsedades ni falta de comprensión. Es un proyecto claro, cortito y solo hay que leerlo.

Este proyecto vulnera también a muchos padres, a todos aquellos padres y madres que no están de acuerdo con esta ley. Dicho de otro modo, los padres que no serán vulnerados en su derecho a educar a sus hijos serán aquellos que están de acuerdo con lo que propone esta iniciativa, pero los demás sí serán vulnerados.

En lo personal, creo que la libertad no se puede poner en riesgo. Me cargan las cosas totalitarias. Este proyecto se viste de liberal, pero es absoluamente totalitario, porque impone una visión única de sexualidad: “todos deben marchar por aquí”.

Yo soy conservadora, y a mucho honor, pero con mucha, muchísima libertad, y jamás he restringido, como se ha dicho en varias intervenciones, el acto sexual a la reproducción. Muy por el contrario, la educación sexual va íntimamente ligada con la educación afectiva; pero yo decido dónde y cómo voy a educar a mis hijos, y tú decides dónde y cómo vas educar a tus hijos.

La verdad es que el derecho de los padres a educar a sus hijos no puede ser cuestionado bajo ninguna circunstancia.

El Estado debe cuidar a la familia. Esa es la…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla Muñoz .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, este es un proyecto de ley que pretende decir a los padres de nuestro país cómo deben educar a sus hijos, cómo debo educar a mis hijos, cómo debemos educar a nuestros hijos en conceptos tan privados al interior de la familia como la afectividad, la educación sexual y el respeto por el cuerpo.

¡Esto yo no lo acepto! Es mi derecho preferente y exclusivo, y no permitiré que la izquierda de nuestro país nuevamente promueva e imponga por ley la tiranía del Estado por sobre mis derechos de formar, educar y entregar valores a los míos.

El Frente Amplio y sus seguidores han encontrado la fórmula perfecta para introducir el Estado en nuestros hogares.

Nos dicen dónde debemos educar a nuestros hijos, nos dicen cuál es el proyecto educativo que debemos elegir, nos dicen también qué parte de la historia podemos contar y qué parte de la historia hay que borrar. ¡Sí, señor Presidente!

Nos dicen que una tómbola es mejor opción que nuestra voluntad para elegir el establecimiento educacional para nuestros hijos. Eso nos dicen desde el Frente Amplio y el Partido Comunista.

¿Qué nos dicen? Estado, Estado y más Estado.

Los integrantes de la bancada de mi partido, la UDI, al contrario que los del Frente Amplio y del Partido Comunista, creemos en la libertad y creemos en el individuo. No necesitamos un tutor para saber cómo educar a nuestros hijos.

Por otra parte, les digo con mucho respeto a los colegas de la ex-Concertación: no caigan, por favor, nunca más en el juego del Frente Amplio. Los han humillado, los han traicionado, y aún no aprenden. ¡Aprendan la lección! Lo más seguro es que votarán a favor este proyecto, siguiendo a los “ultrones”, pero lo que no saben y no se imaginan es qué están haciendo ellos en este momento. Ellos, en este momento, están ingresando indicaciones a este proyecto, en el Servel o en el Ministerio de Educación, a espaldas de ustedes, y ustedes, ingenuamente, les siguen creyendo.

Los miembros de este conglomerado están usando esta posibilidad para empoderar al Estado en lo más importante que tenemos: la educación de nuestros hijos.

Invito a la ex Nueva Mayoría a que no sigan creyendo, a que no se avergüencen de su historia y de su individualidad política. ¡Confíen en su buen criterio, en que los padres tenemos el derecho preferente para elegir la educación de nuestros hijos, y rechacen esta iniciativa!

Por eso, como diputado de la Unión Demócrata Independiente, anuncio mi voto en contra de este proyecto, porque no permitiré que el Frente Amplio y el Partido Comunista se metan con mis hijos. ¡Sí, señor Presidente! ¡No acepto que se metan con mis hijos!

Por eso, ¡rechazo!

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Eduardo Durán Salinas .

El señor DURÁN (don Eduardo).-

Señor Presidente, hoy, mientras la opinión pública está centrada en el plebiscito, en esta Sala se vota un proyecto de ley absolutamente ideológico y dictatorial. Seamos claros: quienes dicen que este proyecto no es ideológico pretenden pasarnos gato por liebre y que hoy aprobemos un lobo vestido de oveja.

Con todas sus letras, este es un proyecto de ley tramposo, que permite una dictadura del Estado en contra de la familia, en contra de los hijos, en contra del derecho preferente de los padres, y es un atentado directo contra la libertad de educación.

¿Por qué es un proyecto tramposo? El engaño consiste en que de nada sirve reconocer el mencionado rol de los padres ni la diversidad de proyectos educacionales, si se somete todo a las orientaciones de un proyecto con una carga evidentemente ideológica en temas de género y sexuales.

Respecto del derecho de los padres, estos no tienen las herramientas para oponerse, porque no existe un consentimiento informado ni tampoco una acción que les permita oponerse. ¿Saben por qué? Porque todas estas medidas fueron rechazadas en la comisión.

Este proyecto es un engaño promovido por los mismos que pretendieron establecer la autonomía progresiva en la Constitución, y no se lo permitimos; también es promovido por los mismos que pretendieron establecer la identidad de género en menores de 14 años, y tampoco se lo permitimos. Espero que en esta oportunidad, también con nuestro voto en contra, no se lo permitamos nuevamente.

Llamo a las familias de convicciones cristianas a unirse con valentía en contra de este proyecto y en contra de la agenda progresista de nuestro país.

Voto en contra con toda la fuerza.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pablo Prieto Lorca .

El señor PRIETO (vía telemática).-

Señor Presidente, cabe destacar que para todas las comunidades educativas la libertad de enseñanza debe quedar resguardada desde el momento en que se reconoce la variedad de proyectos educativos. Las creencias y valores son los que determinan un proyecto y, por lo tanto, son fundamentales para que una familia seleccione o no un determinado colegio.

Ahora bien, me pregunto, ¿cuál será el rol de los padres y de la familia en caso de aprobarse este proyecto? ¿Se podrán oponer a un programa de educación sexual impartido por el colegio de sus hijos?

A pesar de incorporar el derecho preferente de los padres, no se les hace un reconocimiento concreto para poder oponerse a los planes y programas que se mencionan en este proyecto, por lo que, en la práctica, se verán impedidos de realmente ejercer su derecho.

Es prioritario el resguardo en este proyecto de la legítima responsabilidad de los padres hacia sus hijos. Además, no es suficiente que los padres estén informados, sino que deben estar de acuerdo con el proyecto o programa que será impartido a sus hijos.

La educación de las emociones puede incidir en las costumbres y creencias que la familia, legítimamente, quiere transmitir a sus hijos y a sus hijas. Tanto es así que la propia Constitución Política de la República lo asegura, tal como lo manifestó el diputado Jorge Sabag .

Son diversas las razones que me confirman que no debemos avanzar en este proyecto de ley, entre otras, porque ya está contenido en las bases curriculares del Ministerio de Educación.

Yo defenderé absolutamente siempre el espacio y el derecho de cada familia en la crianza de sus hijos, y con este proyecto se le quiere ceder al Estado…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra la diputada Camila Rojas Valderrama .

La señorita ROJAS (doña Camila) .-

Señor Presidente, son varias las cosas que podría decir, pero voy a intentar concentrarme, primero, en decir que hubo una política de educación en sexualidad en 1993; un plan de educación en sexualidad y afectividad, firmado en 2005 por Sergio Bitar ; unas orientaciones del Ministerio de Educación, de 2012, denominadas “Orientaciones para el Diseño e Implementación de un Programa de Sexualidad, Afectividad y Género”, y unas de 2016, en materia de “Educación en Sexualidad, Afectividad y Género. Orientaciones para el Diseño e Implementación del Programa de Sexualidad, Afectividad y Género”.

Con eso, quiero decir que a la gente que le molesta la palabra “género”, puede revisar todos los planes del ministerio y van a encontrar las palabras sexualidad, afectividad y género.

Luego, quiero señalar que hay una asesoría técnica que nos llegó ayer, elaborada por la Biblioteca del Congreso Nacional, en la que se hace un análisis del currículo nacional, en el que aparece que la afectividad está considerada en educación de párvulos, principalmente relacionada con las emociones, con los sentimientos, para que los niños y niñas reconozcan sus emociones y sentimientos, para el reconocimiento de situaciones de riesgo, para el reconocimiento de la diversidad y de su identidad. De primero a sexto básico también aparecen conductas protectoras y de autocuidado. Desde luego, aparece la dimensión biológica, en sexto básico. De séptimo básico a segundo medio se integran temas de afectividad, sexualidad y género. Asimismo, aparecen aspectos biológicos, pero también afectivos y sociales. En segundo medio, aparece la paternidad responsable, y en cuarto medio, en Educación Ciudadana y Filosofía, se integra, por primera vez en toda la trayectoria escolar, la equidad de género y la diversidad sexual.

Entonces, en el actual currículo nacional hay temas referidos a educación, sexualidad, afectividad y género, pero ustedes se podrán dar cuenta de lo disgregados que están estos puntos. Sin tener un conocimiento muy acabado, nos podemos dar cuenta de ello.

Asimismo, ¿saben quién ha hecho una evaluación de la ley N° 20.418, que Fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad? El Departamento de Evaluación de esta misma Cámara, que luego de llevar a cabo la evaluación de esa ley señala que es tardía, que llega tarde.

Precisamente a raíz de que llega tarde se elaboraron los cuatro proyectos refundidos que hoy estamos discutiendo, los cuales tienen en común querer hacer obligatoria la educación sexual en todo el ciclo educativo, desde la educación de párvulos. La redacción de este proyecto, que surgió de la Comisión de Educación, tiene por objeto que la educación sexual y sus contenidos sean abordados en distintos niveles de enseñanza, que se potencie el currículo nacional y que haya también formación y capacitación para las y los docentes.

¿Qué dijimos los autores y autoras de estos proyectos? Que lo que hay no es suficiente; no es que no exista, sino que no es suficiente. Quiero señalar, ante las dudas que han surgido, que el proyecto emanado de la comisión señala seis veces la expresión “padres”, cinco veces “niños y niñas” y siete veces “derecho”, y dos de esas ocasiones en relación con el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.

Entonces, les pediría que paren de mentir, porque el proyecto no atenta contra la libertad. La iniciativa no es totalitaria por establecer lineamientos para los establecimientos. Creo que esos pensamientos oscuros, como el que señala que la libertad de los establecimientos y de los padres está por sobre la de los niños y niñas, tenemos que erradicarlos del Congreso, ojalá de todo Chile. Eso se logra, precisamente, habilitando la posibilidad de informarnos y orientarnos.

En consecuencia, les pido eso: que voten a favor de informarnos y orientarnos; que los niños y niñas de Chile tengan el derecho a ser informados y orientados en estas materias.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, mi consulta es muy concreta.

Usted anunció una votación que tiene un quorum más alto de lo habitual. Entonces, la pregunta es qué ocurrió con aquellos diputados a los que, estando presentes en la sesión, pero que tuvieron que retirarse por motivos fundados, no se les está permitiendo votar en modo telemático.

(Hablan varios señores diputados a la vez)

Lo digo -si quieren debatir pueden hacerlo, pero escuchen los argumentos- porque acá quedó en evidencia que el reglamento que rige el voto telemático no establece la imposibilidad de que en una sesión un diputado o una diputada vote en modo telemático no obstante haber estado presente en la Sala.

Como lo que hizo la Mesa fue establecer un criterio, lo que corresponde es que sea la Sala la que se pronuncie respecto de este cuestionamiento, dado que la diputada Camila Vallejo ha pedido hacer uso de un derecho constitucional que le asiste, como es el derecho a voto.

Eso es lo que estamos pidiendo: que se pronuncie la Sala. Es lo que corresponde y lo que debieron haber hecho los Comités, porque tiene impacto en las votaciones que vienen a continuación…

-Hablan varios señores diputados a la vez.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

¡Silencio por favor! ¡Silencio por favor!

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

En mi opinión, es una falta grave la que se está cometiendo, porque se le niega la soberanía a esta Sala para decidir frente a algo que no está estipulado en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Diputado Núñez , tal como le podría haber informado o le informó el representante del Comité del Partido Comunista, se mantuvo la decisión que se tomó en esta Sala, dado que no hubo acuerdo de los Comités para cambiar la costumbre en relación a cómo se ha venido actuando durante estos meses.

Asimismo, se reiteró que esta Mesa, en tanto aún cuente con la confianza de la Sala, presentará en la próxima reunión de jefes de los Comités Parlamentarios una alternativa para modificar o mantener la situación respecto de cómo se está operando. Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, está claro, y todos hemos podido apreciar, que no hay un criterio único respecto de esta situación; de hecho, la Mesa tomó una posición, y luego, después de analizar otros antecedentes, varió su posición original. Tanto es así, que convocó a una reunión de los Comités Parlamentarios con el objeto de tratar de resolver este inconveniente que se ha producido.

En consecuencia, invoco el artículo 21 del Reglamento, que señala de manera textual: “Cualquier diputado tiene derecho a pedir la observancia del reglamento, para lo cual deberá citar el artículo o artículos cuya aplicación reclama o referirse a su contenido en forma explícita.”.

Eso es lo que han hecho a lo menos cinco diputados de esta Corporación.

En su inciso segundo, la disposición mencionada señala: “Si la Mesa estima clara la cuestión reglamentaria, la resolverá inmediatamente -no es lo que vimos de parte de la Mesa-; en caso contrario, consultará a la Cámara.”.

Y el inciso tercero expresa: “El debate durará hasta diez minutos, que se distribuirán por partes iguales entre los diputados que plantean la cuestión reglamentaria y los que la impugnan.”.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Está bien diputado; le encuentro toda la razón, pero la Mesa tiene clara la posición, y es la que expusimos.

El señor LEIVA.-

Le pido que me deje terminar, señor Presidente.

Lo que claramente todos hemos presenciado es que no hay una postura inequívoca de la Mesa; de hecho, modificó su posición, y el Reglamento plantea claramente -hay texto expreso- que se debe someter a la consideración de la Cámara de Diputados.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar las modificaciones incorporadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Sanitario para regular la realización de estudios y ensayos clínicos, tendientes a la obtención de productos farmacéuticos y dispositivos médicos para el combate de las enfermedades que motivan una alerta sanitaria.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado. Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de sesiones.