Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

Esta sesión tiene por objeto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y 334 y siguientes del Reglamento de la Corporación, considerar hasta su total despacho la acusación constitucional deducida por catorce señoras diputadas y señores diputados en contra del ministro de Interior y Seguridad Pública, señor Víctor Pérez Varela .

Antecedentes:

-Acusación constitucional deducida en contra del ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Víctor Pérez Varela , sesión 86ª de la presente legislatura, en martes 13 de octubre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra del ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Víctor Pérez Varela . Documentos de la Cuenta N° 13 de este boletín de sesiones.

No habiéndose deducido cuestión previa, pasaremos al fondo de la acusación.

En virtud de lo preceptuado en la letra b) del artículo 44 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ofrezco la palabra al diputado Gabriel Ascencio para que sostenga la acusación.

Tiene la palabra, diputado Ascencio .

El señor ASCENCIO.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la Mesa, al señor ministro del Interior, don Víctor Pérez ; a los señores ministros que lo acompañan, a los abogados, a los y las colegas presentes y a quienes nos ven telemáticamente.

Antes de iniciar mi presentación de la acusación constitucional deducida en contra del ministro del Interior y Seguridad Pública, permítame agradecer a los diputados de todos los partidos de oposición que firmaron el libelo acusatorio, convencidos de los fundamentos que lo justifican, y a sus asesores directos, que colaboraron en la formulación de los capítulos que me toca exponer.

También agradezco a los cinco integrantes de la comisión revisora de esta acusación, las diputadas señoras Loreto Carvajal , Presidenta de la comisión, y Jenny Álvarez , y los diputados señores Fernando Meza , Alejandro Bernales y Joaquín Lavín , por la dedicación rigurosa y objetiva con que trabajaron, lo que todos los colegas pueden apreciar en el informe que ha elaborado la secretaria, señora Ana María Skoknic , el cual está a disposición de todos en la página web de la Cámara de Diputados.

Saludo también al equipo de apoyo de la comisión, el abogado ayudante Cristián Ortiz y la secretaria Silvia Rivas , y a todos los invitados que expusieron sus argumentos en cada una de las sesiones que celebramos.

Mi intervención durará más o menos una hora y media, para constancia de la Mesa y de los señores y señoras diputados.

Me saltaré la parte relativa a de qué se trata la acusación constitucional, cuáles son los requisitos y dónde están establecidos, porque eso lo hemos conversado largamente aquí, en esta Sala, respecto de otras acusaciones. Sin embargo, hago presente que todo aquello está claramente establecido en la Constitución.

Antes de entrar en el fondo del asunto, debo señalar que esta acusación constitucional consta de tres capítulos, que son bastante claros. El primero tiene que ver con dejar de cumplir la ley, en razón del paro de camioneros; el segundo se relaciona con haber infraccionado el principio constitucional de igualdad ante la ley, y el tercero tiene que ver con el control jerárquico del señor ministro del Interior sobre Carabineros.

Antes de desarrollar el primer capítulo, haré dos observaciones.

La primera es que no puedo dejar de referirme a la defensa del señor Víctor Pérez . No puedo hacer otra cosa. Igual, no puedo decir que me sorprende que tenga nuevo abogado. Pero mi comentario no tiene que ver con eso, sino con la forma como, a través del escrito presentado por los abogados del acusado, se refirieron a quienes habíamos deducido la acusación.

Sucedió que la defensa del señor ministro del Interior y Seguridad Pública, don Víctor Pérez , dentro de la contestación a la presente acusación, se permitió realizar juicios abusivos, muy poco respetuosos con quienes somos representantes populares de un poder del Estado. Citaré a dicha defensa para sostener esta afirmación.

La defensa utilizó, entre otras cosas, epítetos altamente poco decorosos e irrespetuosos respecto de quienes ejercemos legítimamente una facultad de orden constitucional, como los siguientes: “los acusadores fueron absolutamente desprolijos”, “el proceder de los acusadores fue profesionalmente tan precario, que ni siquiera examinaron este punto”, “los acusadores caen en un error absoluto”, “los acusadores plantean un absurdo de derecho”, “son diputados, pero se creen también jueces penales, o al menos de policía local. Nuestro representado, en cambio, actúa con responsabilidad personal y profesional”.

Claro, con el paso de las primeras horas, las mismas palabras y calificativos comienzan a tener un fuerte revés y el acusado y sus representantes comienzan a retroceder respecto de los fundamentos sobre los que sostenían sus duras críticas en nuestra contra. Veamos por qué.

La defensa señaló que nuestra acusación tenía un defecto de legitimación pasiva, al haber incurrido en el grueso error jurídico de atribuir al ministro acusado la obligación legal de control del orden público, ignorando el texto, actualmente vigente, del decreto supremo 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declara estado de excepción constitucional de catástrofe.

Añade también que “…el libelo acusatorio fue estructurado desconociendo el ordenamiento jurídico chileno vigente a la época de los hechos en que se funda,…”. Continúa: “Este error, en palabras de la defensa, subyace a todos los capítulos del libelo, ya que nosotros -la parte acusadora sostendríamos erradamente que las competencias legales de mando y de control sobre Carabineros y de garantías del orden público habrían estado radicadas en el ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Víctor Pérez Varela ”. Eso era lo que nosotros sosteníamos.

Para la defensa del señor ministro del Interior, esto es un error absoluto -remarco estas palabras-, ya que en el documento que ingresaron a esta honorable Cámara, ellos remarcan dos palabras con letras negras y con subrayado: “error absoluto”. Este error absoluto -señala la defensa o lo señalaba, al menos está dado por quienes hoy en día tienen a su cargo el mando y control sobre Carabineros, por lo que la garantía del orden público, entonces, no sería del ministro del Interior, sino que de los jefes de la Defensa, nombrados por el Presidente de la República el 18 de marzo de 2020, a través de los decretos de excepción constitucional por calamidad pública, a causa de la pandemia de covid-19, quienes al ser oficiales y miembros de las Fuerzas Armadas están bajo la dependencia del ministro de Defensa Nacional, señor Mario Desbordes .

En resumen, lo que señaló la defensa, es decir, lo que señaló el propio ministro Víctor Pérez , ya que sus abogados cumplen el rol de representarlo ante este Congreso Nacional, es que quienes firmamos la acusación constitucional nos equivocamos de ministro al acusar. Y hoy, por algún hecho de realismo mágico, van a evitar esa parte de su presentación para no continuar con un conflicto político interno que se les produjo en el gobierno y en su coalición, porque es evidente que se presentó un conflicto político que no calcularon.

Señor Presidente, me imagino que el acusado leyó la contestación, y no entiendo cómo no le fue posible prever los efectos políticos que eso iba a traer. El ministro de Defensa Nacional, cuando se entera en la mañana, no sé si por el diario o por los llamados que le hacen los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, no sabe qué contestar. Va a La Moneda, se entrevista con el Presidente de la República y este, a su vez, se entrevista con el ministro del Interior, y eso produce conflictos no deseados en esta situación. Me imagino que eran no deseados, porque lo otro sería deslealtad y no voy a acusar al ministro Víctor Pérez de ser desleal con su colega el ministro Desbordes .

Entonces, un error de esa magnitud es lo que da comienzo a la contestación del señor ministro y da también pábulo para que nos traten de la manera como he señalado.

Señalaron respecto de este argumento, que fue el centro de la defensa y que produce tanto problemas políticos como problemas dentro de la coalición, que, con lo que ya habían desvirtuado de la acusación constitucional no queda nada o casi nada. Luego, ese argumento terminó por derrumbarse como un castillo de naipes y se derrumbó de tan mala manera que la defensa del propio ministro Pérez Varela , en un ejercicio que yo no había visto jamás en mis años como parlamentario, terminó desentendiéndose de sus propios fundamentos, invalidando su propia postura y solicitando tiempo extraordinario, el día que se había fijado para resolver, mediante votación, esta acusación en la comisión revisora, con el objeto de poder exponer nuevamente, pero ahora buscando contraargumentar su propia contestación e intentando hacer como que la anterior nunca había existido. O sea, la defensa contra la defensa.

De hecho, en la comisión que analizó esta acusación constitucional, antes ya, el propio ministro Mario Desbordes y el general director de Carabineros habían contradicho a la defensa, señalando claramente que las Fuerzas de Orden y Seguridad, a pesar del estado de excepción constitucional por calamidad pública, siguen dependiendo del ministro del Interior. Reitero, lo dijeron Mario Desbordes , ministro de Defensa Nacional, y el general director de Carabineros.

Entonces, lo expuesto por el ministro Desbordes y por el general director de Carabineros simplemente concuerda con nuestro orden institucional, el que no se ve afectado en caso alguno por la declaración de un estado de excepción. El mandato constitucional es claro y no existe ninguna disposición que entregue, ni aun excepcionalmente, la dependencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad en otra autoridad que no sea la cartera cuyo titular es el ministro del Interior acusado, tal como lo dispone el artículo 101 de la Constitución Política: “Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.”.

Entonces, ¿quiénes son los que actúan con absoluta desprolijidad y caen en errores absolutos o absurdos de derecho, cuando a los seis días de ingresada la respuesta señalan todo lo contrario a lo que sostuvieron con tanta seguridad y con tan falsa superioridad jurídica?

En la sesión del 29 de octubre, según el acta oficial de esa sesión, la defensa del ministro de Víctor Pérez declaró otra vez para señalar que “…la responsabilidad institucional de la actuación de Carabineros como institución respecto de los conflictos, es de responsabilidad del ministro del Interior y no de otra autoridad, ni de ministros de Defensa ni de Vivienda, ni de ningún otro.”. Eso señaló el abogado Rojas. Dice: “Solo del ministro del Interior, quien cree y está orgulloso de que durante su gestión tan breve se haya logrado mejorar el control del orden público. No está perfecto, pero ha mejorado.”. Esas son las palabras de la defensa.

Señor Presidente, tengo ahora la siguiente duda. Nosotros tuvimos la contestación por escrito del ministro del Interior, señor Víctor Pérez Varela . A los días, uno podía ver por la prensa que él les ordenaba a sus abogados no perseverar en el argumento que habían señalado en la primera contestación. Luego, tenemos en la comisión revisora otras dos contestaciones: una, en la que empieza a aminorar lo que había dicho antes y la última declaración de los abogados, que fue el día que había que votar su admisibilidad.

Y ahora, don Víctor se presenta en la Sala y tengo la duda acerca de si voy a tener una tercera tanda de argumentos. O sea, nuevos argumentos, con los cuales pretendan contestar la acusación.

No voy a discutir si lo pueden hacer o no, simplemente voy a tratar de contestar lo que ya expusieron, a pesar de lo controvertido y contradictorio. Ahora, si vienen con otros argumentos, vamos a quedar en una situación un poco difícil, pero -reitero no voy a hacer una discusión sobre eso, porque en realidad lo que quiero remarcar es que la desprolijidad, quizá la desorientación, la incapacidad para contestar la acusación constitucional, por lo extraordinario del fundamento jurídico, constitucional y político, fue responsabilidad del ministro acusado, y no de nosotros, y eso hizo que no pudieran contestar como lo habrían hecho.

A continuación, me quiero referir a cada uno de los capítulos acusatorios, pero antes de eso, quiero hacer una segunda observación.

Me parece importante rescatar algo de las actas que he estado leyendo de la comisión revisora que presidió la diputada Loreto Carvajal , y me parece necesario hacerlo porque el abogado Rojas, que hasta ese momento era el abogado del señor ministro del Interior, sostiene que: “No puede desconocer el ministro, como podría desconocer, como yo creo que no desconoce ningún parlamentario de la república ni ningún miembro del gobierno, que cuando los camioneros -ahora ya estamos en el Capítulo I, pero esto sirve para os capítulos I y IIlo hicieron -el paro porque tienen problemas, así como tiene problemas la sociedad y lo manifiesta en las calles;”. Eso me parece interesante, porque reconoce que los camioneros tienen problemas -todo el mundo conoce las dificultades que enfrentan-, pero el abogado de don Víctor dice que también los problemas los tiene la sociedad y que esta lo manifiesta en las calles.

Quiero que presten atención a eso, porque para unos se aplica todo el rigor de la ley, y para otros, diálogo, conversación y acuerdos con recursos del Estado. Y continúa: “De esa misma manera, los camioneros enfrentaban problemas en el más básico de los bienes jurídicos. Un bien jurídico que (…) es la protección de su vida y de su integridad física y psíquica,…”. Ese es el bien jurídico que se decidió proteger. Ese es el problema de los camioneros.

Después, el abogado Rojas dijo: “Por lo tanto, cuando estas personas actúan como lo hicieron, a través de una acción de hecho, violando las reglas de la República -aquí hay un reconocimiento de que los camioneros estaban cometiendo un delito-, podemos ver que hay dos maneras en que el ministro del Interior puede enfrentarlas…”. O aplicaba la ley o se iba de diálogo con ellos, y llegaba a acuerdo con ellos.

El abogado Rojas agrega: “…el ministrodel Interior y Seguridad Pública cuenta con las facultades asignadas, con otras posibilidades y potestades, dentro de las cuales la de mayor gravedad e intensidad es (…) la ley de Seguridad Interior del Estado (…) Esa es una posibilidad con la que contaba el ministro del Interior, pero también contaba, como lo hemos aprendido a partir de las exposiciones de los expertos que han expuesto ante ustedes, con otras posibilidades de actuación,…”.

Continúa diciendo que “la verdad es que las autoridades siempre deben tener en cuenta en el ejercicio de sus potestades discrecionales -eso es importante que en la vida hay cuestiones de fin y de medios. De manera tal que la autoridad debe tener presente cuál es el fin y ponderar, a través de un juicio de mérito político, de conveniencia y de oportunidad, cuáles son los medios adecuados para alcanzar ese fin que es el del bien común, conforme a lo que establece la Constitución (…)

De manera que el ministrodel Interior y Seguridad Pública tenía que ver la posibilidad efectiva de que el diálogo llevara a un acuerdo efectivo, puesto que si esa posibilidad no existía, evidentemente que en algún momento tenía que recurrir a otros instrumentos (…)

Entonces, lo que hizo en los casos el ministro del Interior fue monitorear la situación y tener todo preparado, de manera de emplear ese mecanismo en el caso necesario. Y dentro de la visualización de lo que ocurrió en esos seis días -fueron solo seis días, no perdamos la perspectiva-,” -solo fueron seis días de estrangulamiento de las carreteras, nada más“lo que se observaba y lo que la seguridad pública le informaba consistía en que el sistema jurídico estaba operando.”.

Dijo que el sistema operó y que ese era el conocimiento que tenía en su conciencia el señor ministro de Estado.

A raíz de eso, quiero referirme a una pregunta que la diputada Loreto Carvajal , presidenta de la comisión, le hizo al abogado luego de escuchar su intervención. Quiero hacer presente esto, porque aquí hay buena parte de las razones por las cuales acusamos. La facultad discrecional nunca es arbitraria.

La diputada Loreto Carvajal dice: “Es importante señalar, como se ha dicho, que se requiere que se aplique bajo el supuesto de la igualdad ante la ley, y en esa situación quiero preguntar si considera usted que los bienes jurídicos protegidos pueden calificarse de más importantes o menos importantes y, por tanto, si se determina y se aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado en un caso en que el bien jurídico protegido es menor y, en este caso, me refiero a la situación que ocurrió a propósito de la toma de las municipalidades en la Región de La Araucanía. En ese caso, para usted, sería necesario aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado y no en el caso del bien jurídico protegido, como se ha señalado en la comisión a propósito de la falta de bienes, de la falta de servicio, a propósito de las menciones que ha hecho el ministro de Salud, que ha hecho el ministro de Agricultura, que ha hecho el ministro de Economía, Fomento y Turismo, que lo ha dicho el director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas cuando se impidió abastecer a las escuelas rurales de los alimentos básicos para los alumnos, a propósito de las canastas de la Junaeb.

Entonces, ¿cuál es, a su juicio, el bien jurídico de mayor o menor rango que, en este caso, permite hacer la distinción? ¿No percibe usted allí alguna contravención al principio de igualdad ante la ley? En ese contexto, sumado además la pandemia que, en definitiva, hay un bien protegido superior que es la salud, sin duda, y en donde el propio ministro de Salud, quien será invitado también a esta comisión -el ministro Paris-, ha señalado que se provocó un perjuicio, que hubo un cuestionamiento allí de alto rango. Hablamos del ministro de Salud, en época de pandemia, donde se impidió el paso de ambulancias, donde se impidió acceder a medicamentos, en donde a propósito de este paro, porque no señala otro -a propósito del caso y del libelo acusatorio elemento sustancial como es debido a aquel hecho que impidió acceder y, por supuesto, al Estado proteger como un bien absolutamente esencial, necesario, urgente para la vida, como era justamente el paso de las ambulancias y poder llegar con los insumos médicos necesarios para esos efectos.”.

Entonces, el bien jurídico protegido para unos era la tranquilidad, la seguridad -está bien-, pero para otros el bien jurídico era la necesidad de que las carreteras continuaran abiertas, que hubiese combustible, que hubiese medicamentos, que los supermercados tuvieran abastecimiento suficiente, que hubiese parafina para la calefacción en el sur de Chile, que los camiones recolectores de basura pudieran pasar y sacar la basura domiciliaria. Entonces, para eso no es importante, entre comillas, el bien jurídico; no es importante.

Esa evaluación, justamente, es la que transforma una facultad discrecional en una facultad de uso arbitrario. ¡Eso es, justamente! Entonces, allí hay un punto extraordinario para que podamos continuar.

El capítulo I, el haber dejado sin ejecutar las leyes en materias relativas al orden público, se formula con ocasión de la paralización del grupo de camioneros en las principales rutas del país. Según el propio decir de sus representantes, tenía por objeto estrangular las carreteras de Chile. Esto lo dijeron a través de una carta -es importante señalarlo-, porque en algún momento vamos a hablar de otra carta que se mandó. En esta carta no se aplica la ley de Seguridad Interior del Estado, pero en la otra sí se aplica.

Repito, la paralización, según el propio decir de sus representantes, tenía por objeto estrangular las carreteras de Chile, cuestión que lograron concretar en un alto porcentaje, produciendo los negativos efectos de los cuales se da cuenta en esta acusación. Esos hechos adquirieron mayor gravedad por realizarse mientras el país enfrenta una pandemia inédita, que ha afectado social y económicamente a millones de hogares chilenos, y cuyas características han gatillado la dictación de un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública.

Así, mientras todo un país se encontraba buscando soluciones para paliar esta crisis, un sector del gremio de transportistas, representados por la Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur y la Confederación Nacional del Transporte de Carga, efectuaba una paralización en la que incluso uno de sus dirigentes, Sergio Pérez , señaló que buscaba este estrangulamiento de carreteras, instalando máquinas de pesado tonelaje en las principales rutas del país, fundamentalmente en el camino a Valparaíso, y luego, de Concepción al sur.

Probablemente, aquellas personas que viven en Santiago no fueron capaces de percibir el daño y el perjuicio que eso ocasionaba -eso es muy probable-, pero aquellos que viven en Concepción, Temuco, Valdivia , Osorno , Puerto Montt, Chiloé o Aysén , todos ellos sufrieron esta consecuencia gravísima por no ser abastecidos ni por contar con algún tipo de productos o de insumos, con problemas para llegar a los hospitales, etcétera.

No quiero dejar de mencionar las palabras del presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, don Juan Araya , cuyo sector no adhirió por ningún motivo a esta paralización. En sus palabras calificó la acción de sus pares como terrorismo -eso es lo que dice otro dirigente de los camioneros: terrorismo-, debido a los efectos de la paralización y sus consecuencias para la ciudadanía, por todos conocidas.

Sobre ello, el profesor Jaime Gajardo nos señalaba que no se requiere, para encuadrar la acusación, que se haya cometido un daño efectivo y real con la falta de aplicación de una ley, ya que lo que busca este control constitucional es evitar la vulneración de la norma mediante la omisión de aquello, siendo suficiente constatar que el ministro ha dejado sin ejecución las leyes para que se entienda configurada la causal, sin que tenga que ver un resultado dañoso respecto de alguna persona en particular.

Bajo este entendido, para acusarle no se requiere resultado dañoso, sino que basta la configuración de la causal de haber dejado de ejecutar la norma. Pero, aun así, la inejecución significó además un daño para las personas, por lo que enumeraré a los colegas parlamentarios varios de los efectos que tuvo el modo en que los camioneros decidieron movilizarse, cometiendo ilegalidades que no fueron controladas por la autoridad encargada del orden público -aquí estamos hablando de orden público y que permiten ilustrar que, aun no siendo necesario un daño ni mucho menos que este sea grave, ese daño a la sociedad sí se produjo y fue grave. Parte de esos efectos fueron el bloqueo de las principales rutas de nuestro país, incluyendo el impedimento de tránsito para camiones con alimentos, ambulancias, vehículos con insumos médicos, camiones recolectores de residuos domiciliarios y transporte de alimentos de la Junaeb, así como obstáculos para llegar a los puertos de San Vicente, San Antonio y Coronel, donde quedaron 290.000 toneladas de grano para consumo animal y humano en el terminal de Puerto Panul, sin poder descargar.

Sumemos a los efectos de esta movilización las infracciones al toque de queda y a las resoluciones de la autoridad sanitaria, el efecto del desabastecimiento de productos básicos en medio de esta pandemia en el sur del país, las amenazas a conductores que no estaban plegados a la movilización y las agresiones a las propias policías.

En este contexto, el combustible fue uno de los primeros insumos que comenzó a hacer falta, extendiéndose rápidamente por todas las regiones, desde la de La Araucanía hacia el sur.

Incluso, los ministros de Estado dieron a conocer, a esa fecha, los problemas que se advertían con ocasión de estos hechos, y lo haré presente con énfasis, toda vez que cuando concurrieron ante la comisión revisora, fueron extremadamente cautelosos en sus exposiciones, intentando desentenderse de lo que antes habían afirmado.

Pero el ministro de Salud, don Enrique Paris , expuso públicamente su preocupación por el bloqueo de las ambulancias, aseverando que -textual-: “Yo estoy preocupado porque he recibido información de que ha habido desvíos de ambulancias, atrasos en la llegada de los funcionarios, hay médicos que han reclamado porque no han podido llegar a su lugar de trabajo, (…) ambulancias han tenido que desviarse de su ruta produciendo problemas en los pacientes que están siendo trasladados…”.

Además, calificó de “inaceptable desde el punto de vista del Ministerio de Salud (…) que no se cumplan las normas sanitarias,…”. Lamentablemente, ante la comisión respectiva no quiso sostener firmemente sus dichos y solo se limitó a echarle la culpa a la prensa; y no solo él: el ministro Antonio Walker señaló que “desde el Biobío al sur estamos viendo algún problema de desabastecimiento en las carnes blancas que no pueden llegar a zonas más extremas como Chiloé, Puerto Montt”. El ministro, en relación con estos hechos, señaló, de igual modo, que estaba en riesgo el abastecimiento de alimentos, y termina diciendo: “no podemos agregarle otro problema (a las personas)”.

El ministro de Economía también habló y reconoció que el paro de camioneros no solo estaba generando problemas de desabastecimiento, sino que rápidamente se tradujo en un alza de precios en algunos productos, particularmente en frutas y verduras.

Si bien los ministros no desmintieron ante la comisión sus dichos -no los desmintieron-, se limitaron a morigerar las palabras que antes habían dicho a los medios de prensa. Es entendible, absolutamente entendible su conducta.

También se pronunció la Asociación Gremial de Supermercados de Chile, que agrupa a Cencosud, Tottus , Walmart , SMU, entre otras cadenas y holding del rubro, denunciando problemas de abastecimiento, y además se informaba que los problemas cruzaban nuestras fronteras, ya que la Asociación de Exportadores de Fruta informaba que no se lograba trasladar las cargas programadas para el zarpe de los barcos por la imposibilidad de que llegaran los camiones a puerto.

Tratar, intentar restarle valor a lo grave de lo que estaba ocurriendo es insensato; no es cierto, no es verdad. Posiblemente, no lo podían percibir en Santiago, pero en el sur se estaba viviendo esta desgracia.

El Estado de Chile tiene un ministro a quien el ordenamiento jurídico constitucional le ha encomendado la más alta labor dentro del gabinete ministerial, incluso asumiendo las veces de Vicepresidente de la República cuando el Presidente se ausenta del territorio nacional. Y así es: pese a la infructuosa intención del señor ministro de desatenderse de su función inherente al cargo, como lo sostuvo en la contestación escrita, es él quien tiene el mandato constitucional -en especial, en virtud de los artículos 23, 33 y 101 de la Carta Fundamental y de la ley orgánica constitucional respectiva, la de colaboración directa e inmediata con el Presidente de la República para garantizar el orden público y sobre quien dependen las Fuerzas de Orden y Seguridad encargadas de dicho propósito, no perdiendo jamás dichas atribuciones.

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, encabezado por el acusado, don Victor Pérez Varela , tiene bajo su responsabilidad el resguardo del orden público, el que resulta un elemento esencial dentro de un Estado democrático en cuanto a mantener y preservar el orden social, contribuyendo al normal funcionamiento, en especial a su paz y su convivencia.

El acusado cuenta con facultades únicas que la ley le ha encomendado de acuerdo a sus competencias directas en materia de orden público -o sea, no las tiene nadie más; las tiene solo el ministro consistentes en ser el único órgano con que cuenta el Poder Ejecutivo, por ejemplo, para ser capaz de querellarse, de encausar las querellas para el resguardo de los intereses generales de la nación, para evitar que se afecte la organización del Estado, el que no puede ser alterado por voluntades individuales, como las descritas del paro de camioneros, durante este contexto de estado de excepción constitucional.

Y hago la observación de que además el Código Procesal Penal sí establece para todos los funcionarios el deber de denunciar los delitos de que tomen conocimiento, pero no todos los funcionarios cuentan con las facultades y atribuciones legales con las que sí cuenta el ministro del Interior y Seguridad Pública, precisamente por el rol garante del orden público que se le ha atribuido.

Es cierto, todos los funcionarios públicos tienen la facultad de acuerdo con los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal, ¡está bien! Pero el ministro tiene facultades únicas, exclusivas; solo él puede invocar determinadas leyes.

Entre los delitos contra la seguridad del Estado que fueron cometidos por los camioneros fueron cometidos estos delitos-, podemos identificar en el artículo 6, en la letra a), “Los que provocaren desórdenes o cualquier acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública; (…) Los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales de comunicación, de transporte o de distribución, y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elementos;”.

Y en la letra d) dice: “Los que inciten, promuevan o fomenten o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen o impidan el libre acceso a puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes;”.

En el artículo 11 dice: “Toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública; o en las actividades de la producción, del transporte o del comercio producidos sin sujeción a las leyes y que produzcan alteraciones del orden público o perturbaciones en los servicios de utilidad pública o de funcionamiento legal obligatorio o daño a cualquiera de las industrias vitales, constituye delito y será castigado con presidio o relegación menores en sus grados mínimo a medio.

En la misma pena incurrirán los que induzcan, inciten o fomenten alguno de los actos ilícitos a que se refiere el inciso anterior.”.

Las leyes recién citadas son facultad de invocación exclusiva del ministro del Interior, cuyo titular responsable es el acusado, quien decidió no interponerlas, y que, tal como veremos en el siguiente capítulo, no se trata de una decisión del ministro de evitar aplicarlas durante su mandato, sino que omitió aplicarlas ¡en este caso en particular! No es que haya tomado una decisión general durante el mandato: “Yo como ministro no voy a aplicar jamás esta”, y ese es un criterio; puede ser fundado, es un criterio. ¡No! Para este caso en particular omitió invocar la ley de seguridad del Estado.

Entonces, no se querelló. Pasó una semana de paralización, de cruce de camiones en las principales rutas del país. Inclusive, si el ministro no quería aplicar la ley de seguridad del Estado, tenía la obligación de aplicar el decreto con fuerza de ley N° 7.912, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que le permite interponer las demás querellas por diversos delitos cuando se transgrede la normalidad de las actividades y funcionamientos de la institucionalidad.

Es cierto que es discrecional; usted decide si la invoca o no la invoca. Pero cada vez que antes, en los gobiernos anteriores, se decidía no invocarla, siempre había la utilización de los delitos establecidos en el Código Penal, y había una querella invocando el Código Penal. Pero nunca decir: “mire, vamos a estar seis días dialogando para ver si logramos un acuerdo”, porque esa no es la tarea, no es la manera como se puede cautelar el orden público. El ministro no actuó. Por el contrario, avaló una violencia consciente y deliberadamente; prefirió calificar como pacífico el estrangulamiento de las principales carreteras del país.

Si el ministro, en uso de sus facultades, no quiso invocar la ley de seguridad del Estado, podría haber invocado la ley penal, donde está el catálogo de delitos que se configuran con la acción de los camioneros.

Aquí sí, de todas maneras, me quiero detener en una de las últimas modificaciones que se hicieron en este Congreso y en esta Sala, muy discutida, muy controversial, pero a solicitud de este gobierno: la denominada ley antibarricadas. Porque dicha ley modificó el Código Penal y estableció el artículo 268 septies, del siguiente tenor:

“Artículo 268 septies.- El que, sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Idéntica pena se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpusieren sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por esta.”.

El ministro, también en una actitud que no tiene explicación, más que el uso de una facultad discrecional, que la transforma en arbitraria, se niega a aplicar su propia ley, solo porque se trataba de estos camioneros. Voy a decir “su propia ley”, porque, para ser franco, yo voté a favor de esa ley, de esa controvertida ley, y el ministro la defendió en el Senado.

Señor Presidente, entonces, ¿por qué no es posible olvidar las propias palabras ante el Senado, cuando el señor ministro, como senador, llamó a aprobar la ley N° 21.208? Decía -esto es hace menos de un año-: “Quien se manifiesta o se reúne pacíficamente no tiene absolutamente ninguna vinculación, ni la más remota, con las normas que se establecen en este proyecto de ley.”. De acuerdo.

Agrega: “Las disposiciones de esta iniciativa se relacionan con los que usan la violencia, con los que intimidan, con los que saquean, con los que cruzan camiones en las carreteras o en las calles, con los que golpean a los demás.”. “Por tanto, el primer elemento que debemos tener presente -continuaba el senador Pérez en esa épocaes que aquí hay una línea divisoria extraordinariamente clara entre quien es un manifestante en una protesta y aquel que usa la violencia y la agresión como método de expresión.”.

“¡Queremos proteger a quienes van en una ambulancia y necesitan llegar a un centro asistencial para ser atendidos!”. Palabras del acusado. “¡Queremos proteger a quienes van en una ambulancia y necesitan llegar a un centro asistencial para ser atendidos! ¡Eso es defender a las personas y a su dignidad!”.

Y cerraba diciendo: “No hay duda de que toda sociedad democrática tiene que sancionar drásticamente a quien usa la violencia (...)”. “Porque el que una persona o un grupo quiera imponer sus ideas por la violencia es la antítesis de la democracia. Y nosotros debemos defenderla.”.

Saben, estoy de acuerdo con el senador, pero no estoy de acuerdo con el ministro. Esa es la tremenda diferencia que tenemos acá.

Aquí, entonces, no queda lugar a dudas: el ministro no cauteló el orden público, dejó de ejecutar la ley. Su rol como funcionario de gobierno está con la comunidad toda y no solo con un sector de la población, a quien trató de forma preferente -como vamos a ver igual en el próximo capítulo-, a quien trató de forma deferente, atendió en La Moneda con alfombra roja, y terminó entregándole importantes beneficios económicos a costa del Estado.

Quiero reiterar que, sin perjuicio de las obligaciones constitucionales y legales únicas en manos del ministro del Interior, y que dejó sin ejecución, se encuentra, además, la obligación general para todo empleado público, establecida en los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal, respecto al deber de denunciar los delitos de que tomare conocimiento en el ejercicio de sus funciones en el plazo de veinticuatro horas.

Aquí la contestación dice que yo le hice la pega al ministro. En la contestación, desde su errática concepción de los poderes del Estado, entrega otra afirmación equivocada: señala que habiéndose interpuesto denuncia por parte de parlamentarios por los delitos que se cometían por parte de los camioneros, se habría extinguido para el señor ministro el deber de denunciar, señalado en los artículos 175 y 176.

Debo reiterar, una vez más, que para estos efectos los parlamentarios no se entienden empleados públicos. Fue una gran discusión aquí en el Congreso. Hay leyes en las cuales se ha debido incorporar expresamente -creo que en la ley de cohecho al parlamentario, para que se entienda que esa norma que estaba aprobando también les iba a corresponder a ellos. Porque los parlamentarios son electos popularmente. Los parlamentarios no tienen el empleador que tiene el señor ministro y todos los funcionarios públicos.

Entonces, estos artículos 175 y 176 son bien importantes. Yo no lo creo, yo soy absolutamente contrario a lo que la contestación ha señalado, en el sentido de que el uso de la facultad discrecional le compete solamente al ministro, sin límite. No lo creo, pero no importa. Si eso fuera cierto, si la Sala determinara que no hubo arbitrariedad, aun así el señor ministro tenía la obligación de actuar de acuerdo con los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal. Como funcionario público, tenía la obligación de denunciar en veinticuatro horas la comisión de delitos, que él mismo ha reconocido que se estaban cometiendo en nuestras carreteras.

Pero, bueno, dijeron que con la denuncia de Ascencio todo se había extinguido. La verdad, es absurdo pensar que el ministro del Interior entienda que su deber de denuncia queda subrogado al actuar de los parlamentarios de oposición, que actúan en su rol de fiscalizadores de los actos de gobierno.

Tampoco es posible entender que el actuar del Ministerio Público exime de responsabilidad al ministro acusado, porque aquí lo que ocurre es que la defensa confunde el rol de garante del orden público que recae sobre el Ministerio del Interior, por lo que se le acusa en el presente libelo, con el actuar del Ministerio Público. Este último es el órgano autónomo encargado de investigar, de perseguir los delitos penales que se cometan en el país, pero en ningún caso de gobernar o de preocuparse del orden público; solo de los delitos. Es el ministro Víctor Pérez Varela quien debe responder por las normas sobre orden público que se invocan en esta acusación.

Ante la extrema debilidad de la defensa se ha hecho llegar a la comisión un listado de más de 3.000 partes por mal estacionamiento en todo el país, intentando asimilar un mal estacionamiento frente a una residencia con un acto deliberado y anunciado de estrangular las carreteras, con las consecuencias que ya hemos anotado. Dicho listado fue acompañado en la última sesión de la comisión y se enumeran denuncias cuya fecha e implicados no fueron acompañados ni detallados frente a la comisión revisora.

Incluso, se dio una situación un poco insólita: el ministrodel Interior y Seguridad Pública acusado -podía haberlo hecho-, en vez de acompañar él los antecedentes con que buscaba fundamentar su relato, pidió insistentemente al órgano dependiente de su ministerio, a Carabineros -¡pero si Carabineros depende del señor ministro!-, que remitiera este listado de partes, antecedentes o de oficios a algún tribunal de policía local. Él podía haber acompañado los antecedentes con que buscaba fundamentar el relato, pero, no sé, esta relación entre el ministro y Carabineros es tan rara, porque termina pidiéndolo por oficio a través de la comisión revisora. Es un poco absurdo, pero bueno.

Hago presente que, de forma increíble, los antecedentes solicitados a la institución policial por los representantes del señor ministro no llegaron dentro del plazo de seis días que tenía para pronunciarse la comisión revisora. Por eso digo que es bien rara esta relación.

De todas formas, la acusación constitucional no dice relación con las denuncias o partes que Carabineros, según su criterio, pudiera haber o no haber hecho, sino con la inejecución de la normas de orden público que norman el trabajo del ministro del Interior.

Aquí quiero citar a la profesora Nancy Yáñez , que compareció ante la comisión revisora, porque precisamente respecto de este punto de este capítulo acusatorio señaló: “El paro de los camioneros se llevó adelante con una acción permisiva frente a la toma de las carreteras y extrema deferencia al actuar ilícito del gremio; tolerancia del accionar legal, (…) ineficacia y negligencia en la contención del orden público y de protección de la ciudadanía,…”.

Ante eso, claro, pueden decir que van a aminorar las graves consecuencias de las normas dejadas sin ejecución y de lo que conlleva la conceptualización del orden público. ¡Ah! ¡Lo que sucede es que las normas que los acusadores intentan señalar como dejar sin ejecución son normas discrecionales! De esta manera, se va a intentar subsumir la responsabilidad del señor ministro del Interior. Pero sucede que quienes invocan la discrecionalidad, omiten que-en palabras del profesor Gajardo las facultades discrecionales que tienen las autoridades deben ser ejercidas dentro del marco constitucional y debidamente fundadas, tal como se hace presente en esta acusación.

Sucede que la facultad discrecional no es una prerrogativa en sí misma. Entenderlo así sería aceptar entregar en manos de un agente del Estado una potestad absoluta y fácilmente corrompible. Por ello, la discrecionalidad tiene un límite inmediato. El límite de la discrecionalidad es la arbitrariedad. Está dicho por la Corte Suprema.

En palabras del profesor Felipe Paredes , “…cada vez que el Ministerio del Interior decide utilizar o no utilizar uno de estos caminos alternativos, eso no lo exime de la obligación de justificar por qué lo hizo y por qué no lo hizo.”. Eso está señalado en la ley del lobby.

El uso de su facultad, en forma arbitraria, convierte la inejecución del acusado en un antecedente de hecho que funda esta causal invocada, concluyendo -en palabras de la profesora Yáñez lo siguiente: “El ministro del Interior y Seguridad Pública insiste en que es una manifestación pacífica y no solo no se aplica ningún tipo de normativa para restablecer el orden público, a pesar de que esto implicó el cierre de carreteras, con las obvias consecuencias respecto de la provisión de suministro esencial, incluso suministro médico; actos de violencia contra disidentes políticos, incluso camioneros, y finalmente se aprueba una serie de demandas que levanta el gremio, dentro de las cuales -lo que me parece más complejo es el grupo, en definitiva, de leyes que se promete a los camioneros, precisamente porque engendra el riesgo de la criminalización de la protesta social de los disidentes políticos. Entonces, no cabe ninguna duda de que estamos aceptando presiones ilegítimas que finalmente van a redundar en la presión respecto de nuestro órgano representativo por excelencia, que es el Parlamento,…”.

En conclusión, igual como lo refirió el profesor Nash, al efecto, la Constitución establece claramente, en el artículo 5°, inciso segundo, que los derechos que emanan de la naturaleza humana son un límite a la soberanía, esto es, un límite al poder que detenta la autoridad, incluidas aquellas atribuciones que cuentan con un espacio de discrecionalidad.

Tal como lo ha sostenido la Corte Suprema, las atribuciones discrecionales nunca pueden ser ejercidas arbitrariamente. Para ello, el respeto del marco de los derechos humanos es fundamental.

En el capítulo II, nosotros acusamos al señor ministro de infracción a la Constitución y a la ley, vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley.

Este capítulo se forma a partir de la constatación de cómo el señor ministro del Interior, señor Víctor Pérez , ha actuado vulnerando este derecho humano al aplicar arbitrariamente sobre cierto grupo que se manifiesta todo el rigor de la ley, y siendo excesivamente pasivo sobre otro, sin más diferencias que la motivación política de sus manifestaciones.

Así, por ejemplo, ya hemos revisado, en el capítulo I, la evidente laxitud con que actuó el ministro encargado de la seguridad pública frente al bloqueo de carreteras, frente al desabastecimiento y la alteración de la vida diaria de muchos ciudadanos por el paro de los camioneros. Allí, en ningún momento tuvo siquiera la intención de recurrir al uso de sus herramientas legales para el resguardo del orden público, como la presentación de querellas o denuncias sobre hechos que hoy, luego de la ley N° 21.208, estaban tipificados como delitos. Esa es la importancia de esa ley.

Esa conducta fue totalmente contrapuesta a la que la misma autoridad tuvo frente a hechos como los del 24 de septiembre del 2020, en que el gobierno, rápidamente, invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado a raíz de una carta de la comunidad mapuche dirigida al Presidente de la República que llegó a la intendencia de La Araucanía, en la que señaló que comenzaría una toma de terrenos privados en Traiguén, como parte de un proceso de recuperación de tierras ancestrales.

El ministro declaraba que nadie puede, a través de una carta ni por ningún otro medio, anunciar que va a cometer delitos, que va a realizar un hecho de violencia, sin tener ninguna sanción por ello. Eso es una cuestión indiscutible, pero ya le había llegado la carta de los camioneros en la que decían que iban a estrangular las carreteras. ¡Con la carta de los camioneros, no dijo nada! ¡Con la carta de los mapuches: Ley de Seguridad Interior del Estado de inmediato! Allí hay una diferencia; una facultad discrecional se transforma en arbitraria. Eso es muy fuerte; eso es muy fuerte.

Entonces, yo no discuto lo que dijo el señor ministro, porque en realidad nadie puede andar anunciando la comisión de delitos por carta. Como vemos, a un grupo de camioneros que anuncia por la prensa la comisión de delitos y que, de hecho, lleva a cabo sus amenazas, porque además llevaron a cabo las amenazas, no se les aplican las mismas reglas que las declaradas por el señor ministro a propósito de una carta de un grupo de personas mapuches.

Entonces, es muy grave que el ministrodel Interior y Seguridad Pública haga una diferencia en la aplicación de la ley. Cuando se anuncia la toma de bienes privados -¡bienes privados!-, rápidamente, Ley de Seguridad Interior del Estado. Pero cuando se hace con la misma difusión, y los camioneros anuncian la estrangulación de las carreteras afectando a toda la comunidad, tomándose bienes públicos, ahí tiene una conducta distinta. O sea, para un bien privado, tiene una conducta; para un bien público, no importa, hay relajamiento.

Pasa lo mismo con otros ejemplos expuestos en esta acusación, como el trato distinto que recibe una u otra manifestación, dependiendo de la ideología o posición política que sustente, o el caso del desalojo de los municipios en la Región de La Araucanía.

Tal como lo expuso la profesora Yáñez , el desalojo se llevó a cabo “el 2 de agosto, inmediatamente después de la presencia del ministro del Interior en la zona, ocasión en que los alcaldes cuestionaron el que no hubiera tenido la deferencia de reunirse con ellos para abordar, de manera pacífica y política, los conflictos que se están viviendo en La Araucanía y que involucran a comunidades mapuches, tiene lugar un hecho de violencia racial e incendios en el municipio de la comuna de Curacautín, que no han tenido, por parte de las autoridades, el repudio que sí han tenido cualquiera de los otros actos de protestas social que han sido realizados por sectores disidentes a su corriente política, y eso es extremadamente grave.”. Eso dice la profesora Yáñez .

Conductas como las señaladas vulneran el principio de igualdad ante la ley, que se encuentra consagrado en nuestra Constitución. Su artículo 19, número 2°, establece: “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados.”. El inciso segundo del mismo número dispone: “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;”.

También dicho principio es uno de los derechos básicos de las personas, reconocido internacionalmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de Naciones Unidas. Dicho Pacto, en su artículo 26, señala: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”.

El profesor Humberto Nogueira , sobre el punto de igualdad que rige en nuestra Constitución, señala que cuando el artículo 19, N° 2°, en su inciso final, precisa que “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;”, debemos interpretar que ninguna autoridad, consideradas todas aquellas establecidas por la Constitución y el ordenamiento jurídico, o sea, toda persona que ejerza poder público dentro del ámbito legislativo, de gobierno, de administración o jurisdiccional, ninguna de ellas tiene permitido establecer normas y acciones discriminatorias, siendo inconstitucional tratar diferente a quienes se encuentran en una misma hipótesis jurídica.

Esto quiere decir que el ministro del Interior, según nosotros, debe necesariamente someter su actuar a la Constitución y a la ley, y, ciertamente, debe hacer aplicación del principio de igualdad, que se encuentra establecido en el 19, N° 2°, y en los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Chile y que se encuentran vigentes.

Por ello, las acciones del ministro respecto a no hacer uso de sus herramientas legales respecto de un grupo, para luego aplicar con la misma severidad esas mismas herramientas frente a otros grupos, no puede sino ser denominada como una discriminación arbitraria e injusta que vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley y que vulnera el principio de igualdad, reconocido en instrumentos internacionales de derechos humanos.

El profesor Nash agregaba algo más. El profesor Nash dice: “…la discriminación consiste (…) en un trato diferenciado que incluye preferencias injustificadas que se basen en una condición o calidad que configura algunas de las grandes tragedias de la humanidad:…” y que afecta el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, sea que dicha afectación haya sido directamente basada por la autoridad, sea porque se produce un resultado objetivo.

Como se desprende de la definición transcrita, uno de los criterios prohibidos por la legislación internacional sobre el cual basar un trato diferenciado es el de las ideas políticas -¡de las ideas políticas!-. Este es un criterio que ha sido incorporado históricamente dentro de las motivaciones prohibidas a nivel internacional para justificar un trato diferenciado. La discriminación por razones políticas es un tipo de discriminación que ha dado origen, históricamente, a graves situaciones de persecución y violación de derechos humanos.

En Chile, durante diecisiete años se discriminó por razones políticas, y, por lo tanto, se persiguió a opositores; se violaron sistemáticamente sus derechos humanos.

Por ello, frente a casos de discriminación política, los órganos de control constitucional, como lo es este Congreso, deben ser especialmente rigurosos en la sanción de su infracción por una de las más altas autoridades políticas del gobierno. Y en este punto -ya lo hemos señalado, pero lo reitero-, ante la relevancia que ello implica, ante el cargo que inviste la autoridad acusada, no podemos olvidar que el ministro del Interior es el jefe político del gobierno y, en caso de ausencia del Presidente, pasa a ocupar la Vicepresidencia.

El Capítulo III es haber dejado sin ejecución las leyes, al no haber ejercido el control jerárquico sobre los órganos sometidos a su dependencia, en este caso, Carabineros.

Respecto a este punto, el profesor Felipe Paredes señaló: “…el ministrodel Interior y Seguridad Pública es el jefe directo e inmediato de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Esa es una cuestión que emana claramente -que emana claramente del análisis de las disposiciones, tanto de la ley N° 18.575 como de la ley 20.502, particularmente en su inciso segundo, que está citado en el libelo.

En ese sentido, se podría concluir, a partir también de un principio general, que las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que correspondan, deben ejercer necesariamente control jerárquico, y este debe ser permanente respecto del funcionamiento de los organismos y las actuaciones sometidas a su dependencia.

En ese sentido, se debe concluir que el ministrodel Interior y Seguridad Pública es el responsable de las actuaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y el máximo eslabón jerárquico en la cadena de mando, y que el papel que debería tener esta acusación constitucional es determinar si este ministro del Interior ejerció, en este caso, correctamente sus atribuciones o las que establece el ordenamiento jurídico.”.

El profesor Gajardo , por su parte, agregaba lo siguiente: “El juicio de imputabilidad constitucional, en este caso, es similar al que se le hizo al exministro del Interior y Seguridad Pública el año pasado, y que terminó con su aprobación por parte del Senado de la República. Ahora bien, en este punto -el profesor dice-, la Corporación deberá ponderar si los hechos que se señalan en la acusación son de la entidad suficiente para señalar que el ministro ha incumplido el deber constitucional y legal de control jerárquico sobre Carabineros de Chile. (…)

Por tanto, en un Estado democrático de derecho, el límite para el ejercicio del poder político se encuentra en la garantía de los derechos fundamentales de la población, con lo cual si un ministro de Estado ha infringido la Constitución Política y las leyes, corresponde que se persiga la responsabilidad político-constitucional de este.”.

Este libelo acusatorio así lo refiere: el ministro Víctor Pérez ha incurrido en infracción a la Constitución y la ley, porque Carabineros, reiteradamente, ha actuado con violencia innecesaria y desproporcionada. De eso, se ha seguido lesión de derechos constitucionales, especial y notoriamente al derecho a la vida y a la integridad física, consagrado en el 19, N° 1°, de la Constitución.

Adicionalmente, ha omitido sus deberes de gestión en la institución -¡su deber de gestión!, algo bien importante encargada del resguardo del orden público, al no adoptar las medidas preventivas necesarias, en el seno de la organización, que impidan la realización de estos hechos ilícitos, infringiendo la ley N° 20.502, que Crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El ministro Víctor Pérez abandonó, de manera grave y notoria, su obligación de control del actuar de Carabineros, afectando con ello, grave y permanentemente, las garantías constitucionales de miles de chilenos.

El propio Presidente Piñera, en una entrevista publicada este domingo, reconoce que hay carabineros que cometen abusos o atropellos a derechos humanos. Dice otras cosas de Carabineros igual; pero, por lo menos, dice que reconoce que cometen abusos o atropellos a derechos humanos.

El ministro inició su mandato el 28 de julio de este año, viajando inmediatamente a la Región de La Araucanía, donde en horas posteriores se producen graves incidentes con ocasión de la recuperación de los edificios municipales y de otras manifestaciones. Todos recuerdan lo que ocurrió en esos días.

A partir de ese momento, las violaciones a los derechos humanos a los chilenos y chilenas continúan siendo afectados de manera grave, lo que queda de manifiesto no solo en las veintiún querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos desde la fecha en que asume el acusado, donde los casos más graves que ellos mencionan de violaciones a los derechos humanos incluyen: tres querellas por tortura, una querella por homicidio frustrado, otra por homicidio consumado, dos causas por hechos constitutivos de violencia sexual, más otra gran cantidad de hechos violentos en contra de manifestantes, de responsabilidad fundamentalmente de Carabineros de Chile.

Entre los hechos de alto impacto ciudadano, de alto impacto comunicacional, de la noticia esta que recorrió el mundo y que afectó, obviamente, la imagen de Chile, en contra de los manifestantes opositores al actual gobierno, cobró especial gravedad lo ocurrido el 2 de octubre del presente año en el puente Pío Nono, en Santiago, cuando un menor de edad es empujado al lecho del río Mapocho por un funcionario de Carabineros, cuestión que en principio habría sido imposible de ser conocida por la opinión pública, porque la primera versión de Carabineros fue negar la total participación de funcionarios de su institución. Más aún, luego se siguió ocultando la verdad en dos comunicados posteriores, hasta que la evidencia audiovisual hizo imposible que se continuara con esa mentira.

Tan grave como eso resulta la omisión de auxilio al joven cuando este es empujado y, luego, las acciones de encubrimiento por parte de la institución policial.

Ese 2 de octubre, como ya señalé, cerca de las 19:45 horas, fue empujado el adolescente de iniciales A.J.A.A., 16 años, al lecho del río Mapocho. Eso es muy impactante. Es muy impactante verlo tirado ahí, en medio de las aguas, con Carabineros mandándose a cambiar y con jóvenes tratando de salvarlo. Y eso fue producto de un empujón propinado por un funcionario de Carabineros, mientras se escapaba de una estampida de piquetes de carabineros, en momentos en que participaba en una manifestación.

Sucedido el hecho, Carabineros expuso versiones contradictorias, entregadas por diversas autoridades de la institución. Un teniente coronel dijo: “Quiero desmentir rotundamente este tipo de situación. Por ningún motivo Carabineros arrojó a esta persona al lecho del río”. Casi a las doce de la noche, el mismo oficial afirmó que lo que Carabineros desmintió y vuelve a desmentir absolutamente es que se haya tomado de los pies a esta persona o que haya sido tirada al río por un chorro del carro lanzagua, como inventaron testigos en redes sociales.

Al día siguiente, a las diez y tanto de la mañana, el general Enrique Monrás señaló que cuando personal de Carabineros intentó detener a varias personas, uno de los carabineros trató de interceptar a un joven, y este perdió el equilibrio y cayó, por sobre la baranda del puente Pío Nono, al lecho del río Mapocho.

Ninguna de las tres declaraciones se condice con la verdad, ninguna. Está bien, me van a decir que está en investigación y todo eso, pero lo que vimos es indesmentible.

De acuerdo con la investigación posterior, llevada adelante por la fiscal Ximena Chong , el adolescente no cayó, no perdió el equilibrio ni se lanzó de manera voluntaria al río Mapocho. La fiscal dijo que ni siquiera podía argumentarse que la mochila llevaba un peso que haya permitido que cayera al lecho del río por diferencias de peso. Además, manifestó que, luego de estudiar los antecedentes, identificó al carabinero Sebastián Zamora como el responsable de la caída del adolescente.

Me van a decir que el carabinero ya fue dado de baja, pero lo cierto es que no fue dado de baja por lanzar al niño al río, sino por problemas con una cámara institucional, que no llevaba, o porque llevaba una personal. Por eso fue dado de baja.

La fiscal también afirmó que diversos medios probatorios demuestran que el joven cayó al lecho del río producto del accionar del funcionario.

A la vez, el Ministerio Público ha señalado que existe una contradicción entre la información entregada por Carabineros y los hechos, y una posible falsificación de la minuta de entrega del detenido, así como llamados contradictorios de Carabineros a la Fiscalía que tenían por finalidad encubrir los hechos que originaron la caída del joven al río.

¿Cuál fue la reacción del gobierno? Bueno, la misma de siempre: respaldó a Carabineros inmediatamente, a pesar de las evidencias notorias que la prensa y redes sociales exhibían.

Ninguna muestra de empatía hacia la familia de la víctima, ninguna denuncia ante el Ministerio Público y una débil y genérica condena a lo ocurrido.

Así, el gobierno, a través del ministro Víctor Pérez , emitió una declaración pública, el 3 de octubre -¡3 de octubre!-, en la que afirmó que el gobierno de Chile rechaza y condena categóricamente toda acción que atente contra los derechos humanos, en cualquier lugar, tiempo o circunstancia. Una condena genérica, absolutamente genérica.

El ministro continuó diciendo que el gobierno respalda la necesaria y fundamental labor de Carabineros en el cumplimiento de su mandato constitucional de resguardar el orden público y la seguridad ciudadana de todas las personas, dentro del marco de sus protocolos.

¿Por qué no se podía haber visitado a la familia? ¿Por qué no se podía haber dicho: mire, qué lamentable? ¿Por qué no se podía haber condenado inmediatamente el hecho? ¿Por qué no se podía haber exigido una investigación de inmediato acerca de las circunstancias que rodeaban esta tragedia que estaba ocurriendo allí? Nada. No se puede hacer nada de eso.

Otro de los hechos de alto impacto ciudadano que no puedo dejar de mencionar en esta acusación, por ser grave y condenable, y hay que investigarlo hasta el final, es lo que sucedió la noche del 18 de octubre, que refleja la conducta, esa cultura del gobierno y del ministro.

Esa noche, Aníbal Villarroel y sus amigos se desplazaron hacia la intersección de avenida Departamental con el pasaje Antonio Acevedo para participar en manifestaciones que se realizaban en ese lugar. Sin embargo, Aníbal y sus acompañantes debieron quedarse en los pasajes, sin poder salir, debido a las manifestaciones que se registraban en dicho lugar. A las once de la noche, según relatan los testigos, mientras se encontraban refugiados tras un poste de luz ubicado en calle Departamental, entre los pasajes Eugenio Matte y Raúl Fuica , observaron un bus de Carabineros con personal policial al interior, en pana mecánica, y siendo atacados por manifestantes.

En esos instantes, se acercó un vehículo, un carro lanzagases institucional, que prestó cobertura al bus. Luego, según lo indicado por los vecinos, llegó un carro blindado, que persiguió a los manifestantes, quienes ingresaron por el pasaje Matte . Ahí se encontraron con Aníbal y su acompañante, Bastián .

En esos instantes, presumiblemente desde el interior del vehículo, se percutan disparos; uno de ellos alcanzó la zona superior del cuerpo de Aníbal, que cayó al piso inmediatamente, y otro alcanzó a su acompañante, Bastián , en una extremidad inferior.

A Aníbal la bala le entró por una axila, le atravesó el corazón y salió por la otra axila. La bala era de Carabineros. Es cierto que hay que investigar las circunstancias y que había una manifestación, pero no hubo ni una empatía, ni una idea, ni una gana de preguntarse qué había pasado ahí, por qué ocurrió eso. Tampoco hubo una orden fuerte en la idea de empezar a cambiar esta cultura de la represión, ni nada como eso.

Personas que presenciaron el hecho arrastraron a Aníbal a una zona segura, para asistirlo. Según relatos, Aníbal había perdido la conciencia de manera inmediata, por lo que lo ingresaron al domicilio particular de una vecina. Llamaron por teléfono a Bomberos, los que, vía telefónica, prestaron asesoría para la realización de maniobras de reanimación, logrando que Aníbal inhalara aire en dos oportunidades.

Acto seguido, lo subieron a un vehículo particular y lo trasladaron al cesfam Amador Neghme , de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde se constató su fallecimiento. Aníbal había fallecido durante el trayecto.

El impacto de bala que terminó con la vida de Aníbal se produjo por el uso de un arma de fuego en condiciones de manifestación pública, lo que se encuentra expresamente prohibido por los estándares internacionales.

De nuevo palabras de la profesora Yáñez : “El uso de armas de fuego está reservado exclusivamente para situaciones extremas conforme al paradigma de la legítima defensa, es decir, cuando esté o puede estar en peligro la vida del personal policial, debiendo siempre ser objeto de reporte y control”.

Desde un punto de vista jurídico, el ministro Víctor Pérez ha transgredido varias normas constitucionales y legales. Para el caso específico del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la ley N° 20.502, que crea el referido ministerio, en su artículo 2°, inciso segundo, establece: “Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependerán de este Ministerio y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas.”.

El jefe superior de ese ministerio y, por tanto, su superior jerárquico, es el ministro Pérez .

La misma ley, en el artículo 3°, letra b), señala que es atribución del Ministerio “Velar por la mantención del orden público en el territorio nacional.”. Esa es su obligación: velar por la mantención del orden público en el territorio nacional.

Estas normas, junto con establecer que el ministro es el jefe superior directo e inmediato de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, consagran que esta función no debe desarrollarse de manera arbitraria o como mejor le parezca al ministro de turno, sino que las medidas que se adopten deben cumplir un estándar: el estándar de eficacia, racionalidad, eficiencia en la mantención del orden público.

Por tanto, las medidas llevadas adelante por Carabineros deben ser legales, necesarias, adecuadas y proporcionales para el restablecimiento del orden público, sin que vulneren los derechos fundamentales de las personas.

Esta conclusión -esto lo considero bien importante es reforzada por el artículo 11 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que se refiere al control jerárquico permanente en el funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia, control que se extiende a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos y a la legalidad y oportunidad de las actuaciones.

Miren, a los funcionarios con atribuciones de control jerárquico, como es el caso de los ministros, se les aplica un estándar que consiste en la obligación de supervigilar la actividad de sus inferiores, según el artículo 11 de la ley de bases de la administración del Estado.

Obviamente, ese estándar no puede consistir en la obligación de impedir materialmente que algún funcionario cometa infracciones; eso es obvio. No puede el ministro hacer eso, y lo repito: este estándar no puede consistir en la obligación de impedir materialmente que algún funcionario cometa infracción; pero en el caso de los funcionarios de la máxima jerarquía en la estructura, el estándar es el correcto funcionamiento del servicio o servicios a su cargo.

Aquí se acusa al señor ministro de no haber actuado con la obligación en cuanto a:

Primero, su obligación, en su rol de superior jerárquico, de adoptar medidas para prevenir dicho resultado antijurídico. No hizo nada con Carabineros para esto. Me pueden decir que no es cierto, que cambiaron el protocolo. Ya, pero después de que cambiaron el protocolo, lanzaron a un niño al río. No sé si sirvió para algo.

Pero su primera obligación, en su rol de superior jerárquico, es adoptar las medidas para prevenir dicho resultado antijurídico.

Segundo, para los casos en que ello no ocurre, tiene el deber de disponer las medidas para que dichas conductas no sean reiteradas.

Y tercero, para los casos perpetrados, que estas conductas sean investigadas y sancionadas.

Todo lo expuesto, en ningún caso, a juicio de los acusadores, ha sido cumplido por el señor ministro del Interior, como se demuestra en los hechos que he expuesto y como lo reafirmaron las y los expertos en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional que fueron escuchados en la comisión revisora.

Quiero ser enfático en este punto. La acusación que hemos presentado en contra del ministro del Interior no es por el hecho de que un funcionario no haya respetado los protocolos en un caso puntual, sino porque él, como representante de este gobierno, al igual como ha ocurrido con otros ministros que han encabezado la cartera del Interior, han sido evasivos en reconocer las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía, cometidas por Carabineros, cometidas por el Estado, desconociendo el gobierno y desconociendo el ministro las conclusiones de múltiples informes sobre derechos humanos emitidos por organismos nacionales e internacionales, y, por el contrario, entregando un incondicional apoyo a aquella institución que ha sido la principal acusada de cometer tales delitos. Como lo dijeran algunos invitados a la comisión, como la defensora de la Niñez o la profesora Yáñez , el ministro Pérez ha sido el continuador de esa política, de esa cultura, a pesar de que él asume una cartera ministerial en un momento de particular inestabilidad política. Eso obliga a que tenga una actuación específicamente cautelosa en la salvaguardia de los derechos humanos. Ese celo por proteger los derechos humanos, que menciona la profesora Yáñez , estimados colegas, no ha estado presente en el actuar del ministro del Interior, señor Víctor Pérez , y por eso lo acusamos.

El ministro del Interior, como nos ha dicho el abogado del adolescente empujado al río Mapocho y la familia de Aníbal, quien falleció de un disparo en la población La Victoria, no se acercó nunca a ninguno de los familiares de las víctimas. Por el contrario, el ministro ha continuado entregando el respaldo a Carabineros. Aun más, la pasividad del gobierno en condenar las violaciones a los derechos humanos es tal que da la impresión de que la institución de Carabineros se dirige sola. Esa autonomía es de tal magnitud que hacen lo que se les ocurre, no solo en materia de control del orden público, sino en todos los otros temas, como transparencia, probidad, corrupción y los problemas que ellos mismos enfrentan, como suboficiales y oficiales de menor jerarquía denunciando a sus superiores. Eso es grave, pero es responsabilidad del señor ministro del Interior.

Entonces, al parecer, si tomamos en cuenta los argumentos de la defensa presentados en la comisión, el ministro del Interior no sabía que Carabineros estaba en la esfera de su competencia en un estado de excepción constitucional; sin embargo, creo que quedó claro que eso no era cierto. Quedó claro durante el trabajo de la comisión que dicho argumento no es real.

El ministro Pérez es y ha sido siempre el superior jerárquico tanto del subsecretario del Interior -a quien vi hace poco por acá como de los intendentes; no hay intendentes que hagan algo importante, relevante, como presentar una querella por ley de seguridad interior del Estado; no hay intendente que no le consulte a usted, porque usted es su superior directo; también de las Fuerzas de Orden y Seguridad.

Finalmente, el fundamento constitucional de esta acusación imputable al ministro radica en que este puede ser acusado no solo por sus actos inmediatamente personales. Los capítulos I y II son realmente hechos personales.

Aquí se trata de la responsabilidad del ministro ahora por los actos represivos de Carabineros. El fundamento normativo de esta responsabilidad es, precisamente, el sentido de la declaración legislativa contenida en el artículo 1° de la ley N° 20.502, a la que antes hicimos referencia, según la cual el ministro del ramo concentra la decisión política en asuntos relacionados con el orden público y la seguridad pública interior. Carabineros de Chile, como cuerpo policial armado, es esencialmente obediente y depende directamente del ministro del Interior y Seguridad Pública. Por consiguiente, las acciones de Carabineros son de aquellas acciones por las cuales responde el ministro del Interior.

Esta conclusión no solo fluye del sentido de la ley N° 20.502, sino que, además, fue una de las finalidades precisas que orientaron la dictación de esta ley, según se desprende de la historia fidedigna de su establecimiento. Así, en la historia de la ley, el informe de la Comisión de Constitución del Senado lo sostuvo expresamente, refiriéndose a la decisión de que las policías dependieran del nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública. “Al pasar ambas policías a depender del Ministerio de Seguridad Pública encontrarán un ámbito institucional más afín con sus funciones propias, lo que les permitirá una relación más fluida con la autoridad encargada de la seguridad pública. El nuevo Ministro tendrá una responsabilidad más precisa en este campo tanto frente al Presidente de la República como ante las otras instancias de nuestro sistema institucional y la opinión pública en general y, al mismo tiempo, podrá hacer presente con mayor solvencia las exigencias y requerimientos del sector en lo referente a recursos y cambios legales y administrativos.”.

Por eso, por los actos de Carabineros responde el señor ministro y no los propios carabineros. Por eso nosotros no podemos presentar una acusación constitucional en contra de los generales o del general director de Carabineros, y sí la podemos presentar, por los hechos y las infracciones a la ley cometidas por Carabineros, en contra del ministro del Interior.

En definitiva, es indudable que el ministrodel Interior y Seguridad Pública es el responsable de las acciones que, con la finalidad de restablecer el orden público, realizan organismos como Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, cuestión que los abogados de la defensa y los expertos del gobierno, a través de sus parlamentarios, claro, han intentado desacreditar. Lo mismo hicieron con la acusación en contra del ministro Chadwick ; sin embargo, ello ha sido contradicho tanto en esa presentación como en esta.

El inciso segundo del artículo 101 de la Constitución establece que “Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública”.

“Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas.”.

Señor Presidente, quiero reiterar que no son los manifestantes quienes ponen en peligro la democracia. Tampoco son las acusaciones constitucionales las que ponen en peligro la democracia. Mantener eso para la prensa, está bien. Las acusaciones constitucionales tampoco demoran la tramitación de los proyectos de ley en el Congreso, como otros salen a decir también. El Congreso, a pesar de las acusaciones constitucionales, ha trabajado intensamente en distintas leyes. No diré cuáles ni por qué algunas se han demorado, porque no es el caso, pero el Congreso continúa tramitando, a pesar del esfuerzo que se hace por determinados colegas para ver el tema de las acusaciones constitucionales.

La democracia y nuestras instituciones tambalean, se debilitan y se ponen en peligro cuando las autoridades de este país, en este caso, el ministro del Interior y Seguridad Pública, infringen la Constitución y las leyes, o dejan estas sin cumplir, como se ha demostrado contundentemente durante el desarrollo de esta acusación. Eso pone en peligro la democracia.

Los hechos y los argumentos jurídicos de esta acusación son fuertes, son potentes, son de los más claros que hemos tenido en el Congreso, y la defensa no ha podido desvirtuarlos. Va a ser interesante escuchar con qué nuevos argumentos saldrá ahora, pero ha caído en versiones contradictorias, incluso, con otros miembros del gobierno y de sus propios subordinados, como Carabineros de Chile.

Yo sé -lo puedo entender que la situación dentro de la coalición gobernante es difícil. Probablemente, lo que debilita más la acción del gobierno son las decisiones o declaraciones que los propios parlamentarios de gobierno hacen debido a la impotencia que sienten porque el gobierno no hace o no cumple aquello que debiera hacer, especialmente en La Araucanía.

Probablemente, lo que más me llama a mí a presentar esta acusación y a los otros 13 diputados que lo hicieron, es la defensa de los derechos humanos; la defensa de los derechos humanos ayer, hoy y mañana. Esa es la clave del funcionamiento de convivencia en cualquier democracia; esa es la clave y el punto central, y ese es el grito explícito que está detrás de esta acusación: cambio de actitud.

No es un incidente menor lanzar un niño al río; no es un incidente menor asesinar a los jóvenes en la calle porque se manifiestan; no es menor agarrar a palos a un joven y volarle todos los dientes; no es menor patear en la cabeza a las mujeres. Esa debería ser la actitud permanente de todos nosotros si queremos salvaguardar la democracia. Ese es el punto.

Como eso no ha ocurrido, estos 14 diputados creen que el señor ministro del Interior es responsable, y le pedimos a esta Sala de diputados que voten favorablemente la admisibilidad de esta acusación constitucional, para que pase al Senado y este decida de acuerdo a sus competencias.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, ya que tenemos gran presencia de subsecretarios en las tribunas, quiero saber cómo se está manejando el ingreso de público a las tribunas, dadas las restricciones establecidas en razón de la pandemia por covid-19.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Señor diputado, le consultaremos al comité de emergencia cómo está manejando esa situación.

Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio para rectificar los hechos que estime necesario.

El señor ASCENCIO.-

Señor Presidente, puedo entender el estado emocional del ministro Pérez , puedo entender que está pasando por un momento complicado y, por lo tanto, es muy probable que de mí no salga ninguna palabra o crítica personal hacia él. Sin embargo, eso no quiere decir que no rebata el tipo de país que nos presenta ni la conducción que ha tenido como ministro del Interior desde el 28 de julio en adelante.

Tengo la impresión de que con las emociones tratan de convencernos de algo que efectivamente no existe. El mundo que nos cuentan no es el que está afuera, no es el de las calles, no es el de las poblaciones, no es el que sufren permanentemente los jóvenes que se manifiestan en contra del gobierno. Absolutamente, no.

Una primera observación es para decir que el señor ministro del Interior no se refirió nunca al tema de los derechos humanos, ¡Nunca! Solo dijo lo que hipotéticamente podría haber ocurrido y que él evitó.

Entonces, el señor ministro nos trata de convencer de que el mundo que hay afuera es justo y bueno gracias a esta “buena política” que él habría implementado, pero le digo que no es cierto.

Voy a evitar algunas cosas, pero necesito hacer presente otras. No sé si quiero ser amigo del señor Zaliasnik , pero no sé qué es lo que tiene que ver eso acá; no sé. No entiendo el tema personal, una especie de reclamo. No entiendo eso de decir: “ahora no soy amigo tuyo”. Insisto: no sé qué tiene que ver, si esto no es una cosa personal. Esta es una acusación constitucional presentada por catorce diputados en uso de sus facultades constitucionales. No es un tema personal.

Sé que hubo un cambio -lo estoy viendo en los abogados, pero pareciera que no ha habido ningún cambio, ya que la insolencia, el tono de desprecio para quienes presentan la acusación constitucional que estamos tratando se ha mantenido permanentemente en un continuo argumentativo, donde al parecer más importa la descalificación personal que el análisis de fondo del libelo del que nos estamos ocupando.

Está bien; sé que debo escuchar muchas cosas y no tengo problema con eso -lo he escuchado siempre-, pero ningunear a los diputados no tiene ningún sentido. ¡Ningunearnos no tiene ningún sentido!

Voy a tratar de decir algunas otras cosas. El señor abogado del señor ministro dice que son muchas las acusaciones constitucionales, son demasiadas. ¡Hasta cuándo! El único que no se puede quejar de la presentación de acusaciones constitucionales es el abogado del señor Pérez -el único-, y no voy a decir por qué, pero todos ustedes saben. ¡Es el único en esta Sala que no puede quejarse porque haya acusaciones constitucionales! ¡Mal no le va!

No quiero centrarme en esa discusión, pero ser irrespetuoso no tiene sentido en esta Sala. Sé que no es el tono del ministro Pérez -y efectivamente no fue el tono-, con quien no estoy de acuerdo, lo que políticamente es correcto, pero la idea de ningunear a los diputados porque se les ocurre hacer uso de una facultad constitucional, definitivamente, está absolutamente de más.

La defensa realiza un ejercicio matemático, calcula el tiempo que según ella esta Cámara de Diputados “ha perdido” en tratar acusaciones constitucionales. Por ello, debemos preguntarnos si es la acusación constitucional un impedimento para que las leyes se discutan en el Congreso. ¿La tramitación de las acusaciones constitucionales distrajo las funciones legislativas del Congreso? No voy a hacer ese cálculo de cuántas horas, cuántas gallinas me pude haber comprado o cuántos huevos pude haber tenido. Ese argumento parece tan simple.

Desde el punto de vista de las funciones legislativas del Congreso, no puedo aceptar, a nombre de todos los diputados -no sé si alguien quiere aceptarla-, que se diga que las acusaciones constitucionales distraen las funciones legislativas.

Tampoco es correcto señalar en esta Sala que la acusación constitucional sea una manifestación del ejercicio del poder punitivo sancionatorio del Estado, pues las acusaciones constitucionales son atribuciones exclusivas del Congreso Nacional, quien es el único órgano dentro del Estado de derecho a quien la Constitución Política le ha establecido el rol de garante del cumplimiento del orden político-jurídico-constitucional, a cargo de velar por él para evitar el abuso de poder por parte de la autoridad.

Criticar el ejercicio de esta atribución es cercenarla y olvidar que el Estado está al servicio de cada una de las personas que habita en el territorio nacional. A esas personas debemos proteger, no a quienes detentan cargos de poder. A mayor abundamiento, ¿el ejercicio legislativo se ve afectado? Eso es completamente falso, entre las tantas falsedades que escuché del señor abogado. Es completamente falso, y para demostrarlo voy a tomar un pequeño periodo de tiempo en el cual en el Congreso Nacional se han tramitado tres acusaciones constitucionales, como fueron las acciones contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, doña Silvana Donoso -parece que la oficina del abogado atendió a la señora Donoso -, contra el exministro Jaime Mañalich y la que hoy conocemos.

La primera acusación constitucional del período al que hago referencia, contra la jueza Silvana Donoso , fue interpuesta el 13 de agosto del presente año. Entre ese día y hoy, junto con resolver las tres acusaciones constitucionales, de la manera en que todos conocen, el Congreso Nacional ha despachado leyes tan importante como, por ejemplo, las que reguló el financiamiento para la campaña del plebiscito constituyente del 25 de octubre recién pasado, la que incorpora a los trabajadores de casa particular al seguro de cesantía, se tramita de manera normal el proyecto de ley de presupuestos, y cada una de las señoras y señores diputados tiene en sus comisiones una tremenda cantidad de proyectos que tramitan permanentemente, sin perder el tiempo en esto.

¿Qué es lo que realmente ha demorado el trámite legislativo y la publicación de proyectos de ley verdaderamente importantes para los chilenos? El ejercicio de la facultad de veto presidencial frente a este Congreso Nacional, vetos que han recaído en los últimos meses en la ley que permitía conexión a internet gratuita a estudiantes vulnerables, la que establecía el procedimiento de tutela laboral para los funcionarios públicos o la que establecía el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, que atrasó su tramitación por semanas, ya que al Presidente de la República no le pareció lo que este Congreso Nacional, por amplia mayoría, había aprobado de manera democrática.

Al señor abogado de la defensa no le escuché ninguna palabra de esto, probablemente porque lo ignora. Pero eso es lo que demora la tramitación de los proyectos aquí; el resto es cháchara.

El abogado señaló que analizará los defectos de forma de la acusación constitucional, lo que me sonó bien extraño, ya que para eso está la cuestión previa, para analizar los defectos de forma. No sé por qué lo discutía ahora si ellos mismos dijeron que no invocarían la cuestión previa.

Pues bien, al renunciar a ese derecho, lo que hace es aceptar que la forma de la acusación está bien presentada, por lo que omitiré responder a esa parte que ya está clara y aceptada por todos nosotros.

El abogado reconoce estar acostumbrado a ir a tribunales de justicia. Lo sé absolutamente, y no a un juzgado de policía local; ahí no va, porque va a otros tribunales más altos. Ello explica que tenga serios errores en cuanto a la comprensión y a la conceptualización de una acusación constitucional. Por ello, esto no se trata de un juicio penal; no rigen las normas procesales penales a las que está acostumbrado. Si no, yo habría alegado por qué me están contestando ahora; no tenía sentido. Este no es un juicio penal.

Entonces, el abogado del señor Victor Pérez debe comprender que se encuentra bajo una instancia política, un órgano político. Si se trata de alcanzar convicción jurisdiccional estaría frente a un órgano dependiente del Poder Judicial, pues es allí donde están los jueces. Aquí estamos los representantes de un órgano político.

La Cámara de Diputados alcanzará una convicción política-jurídica acerca del mérito de admisibilidad en pos de ser garante del Congreso Nacional de su expresión, de ser un sistema de frenos y contrapesos -pesos y contrapesos institucionales, o sea, control recíproco; eso es lo que hacemos. El Senado tiene otro carácter.

La defensa señala en su contestación aquí, en la Sala, que acá habría una especie de prejuzgamiento y que en la Cámara no se escucha, que no hay un derecho a defensa. La verdad es que hoy estamos por tercera vez escuchando nuevos argumentos, o, para ponerlo al revés, aquí estamos escuchando tres argumentos distintos de la defensa del señor ministro: por escrito, una; verbal, otra, y, ahora, también verbal, aquí, en la Sala.

Desde que se notifica de la acusación constitucional el ministro tiene plazo de diez días para contestar. No puede el abogado hacernos responsables de la negligencia de su representado al defenderse.

Por supuesto, muchos han alcanzado convicción en la decisión. Por su intermedio, señor Presidente, quiero decirle al señor abogado que nos encontramos en la última etapa de un procedimiento establecido en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, donde los integrantes de la comisión revisora, en un ejercicio riguroso y objetivo, han escuchado a diversos intervinientes y han manifestado ya su decisión.

La acusación está bien presentada. Ha sido expuesta en detalle, por lo que no procede desestimar esta nueva acusación. Además, nada agrega a los hechos, que están claros. Allí están los fundamentos de hecho y de derecho.

La defensa y el defendido nos acusan de no dar argumentos suficientes acerca de cuáles fueron realmente las infracciones. La verdad, Presidente, es que los argumentos de la acusación se encuentran a lo largo de toda la acusación. Son sólidos, claros, categóricos y están expuestos. No sé si quería que los pusiéramos con números; no sé. Están allí. Un buen lector puede comprender perfectamente lo que allí se señala, sobre todo si es abogado. Se acusa al ministro de no preocuparse del orden público, de tratar en forma diferenciada a distintos grupos por cuestiones políticas, de no hacer efectivo el ejercicio de su rol como superior jerárquico.

No se le está acusando de si aplicó o no la ley de seguridad del Estado. No sé dónde viene eso. Yo creo que lo entienden perfectamente, pero la idea es tratar de tergiversar. La idea no es “mire, señor ministro, no aplicó la ley de seguridad del Estado”. Lo que se está diciendo es que esa ley, que el ministro tiene en sus manos, que la puede invocar, que es el único que lo puede hacer, que es discrecional, no la puede aplicar arbitrariamente. ¡No hubo ni una sola respuesta en relación con el tema de la arbitrariedad, ni por parte del abogado ni por parte del acusado! ¡Nunca se refirieron al tema de la arbitrariedad! ¡Nunca! ¡Es evidente la arbitrariedad! Bueno, y de eso se le acusa: de arbitrariedad en el uso de facultades discrecionales, entre otras cosas.

Nunca ha señalado la parte acusadora que el ministro debe reprimir y querellarse siempre. Nunca lo señalamos. ¡Nunca! ¡Nunca! Queremos que el ministro mantenga siempre una misma línea, sin discriminaciones arbitrarias; que no sea extremadamente severo en determinados casos ni extremadamente pasivo con sus más cercanos en el ámbito político. Lo único que se le pide es que cumpla con la ley, esa ley que dice que si conoce de un delito lo debe denunciar; que use las herramientas que democráticamente se le proveen y que si alguien bloquea carreteras poniendo gravemente en peligro el bienestar de los ciudadanos, tome las medidas para remediar dicha situación, la situación de todos los ciudadanos, no la situación de los que están cometiendo el delito. ¿Se entiende eso o no? Si dispone de facultades discrecionales, que dicha discrecionalidad no sea arbitraria.

Nos acusa la defensa de que estamos acusando al señor ministro por problemas estructurales del Estado en materia de supervisión jerárquica sobre Carabineros. Debo decirle al ministro, señor Presidente, que para eso son gobierno. ¡Para eso son gobierno! Hicieron promesas y dijeron que iban a resolver todo. No fueron gobierno para venir ahora a dar explicaciones de que las fallas son estructurales.

Quiero decir una cosa altiro: violar los derechos humanos no es una falla estructural. ¡No es una falla estructural! Hay que corregir los problemas; no se los puede mantener; no se puede seguir dando apoyo irrestricto a una institución con problemas estructurales, menos aún para intentar evadir responsabilidades.

Quiero hacer un comentario de inmediato sobre el tema de Carabineros.

La verdad es que soy un convencido de que requiere de una profunda reforma, y no entendí cuál fue la intención del señor ministro cuando me saca en cara que yo había votado dos veces la reforma policial. No lo entiendo; perdón, pero no lo entendí. Soy un convencido de que efectivamente la autonomía de la cual goza hoy día Carabineros ya es insostenible y que tiene que haber un control de la autoridad civil, que de alguna manera vaya achicando esos espacios de autonomía. Pero hoy la autoridad civil es el señor ministro. No hay otro; es el señor ministro del Interior y Seguridad Pública. Él es hoy día la autoridad civil. Por lo tanto, no podemos evitar aquí nuestra responsabilidad diciendo que no se ha reformado la ley. No podemos hacerlo. Y se requiere la reforma por el tema autonomía, el tema transparencia, el tema formación, el tema probidad. Todas esas cosas se tienen que discutir, porque Chile necesita de una policía distinta de la que tenemos. Hoy, lo único que tenemos es una policía represiva.

Sobre la ultima ratio, los profesores han dejado claro -ha quedado también claro en otras acusaciones constitucional es que no hay un orden de prelación en la utilización de herramientas de control constitucional, sino que estas dicen relación con la gravedad de los hechos en virtud de los cuales se acusa.

El abogado defensor nos señala que hoy es momento de mirarnos a los ojos. ¿Sabe, señor Presidente? Hay cientos de chilenos que no pueden hacerlo, porque Carabineros los privó de su mirada. Ese punto debería llamarnos la atención.

El abogado defensor señala que el ministro Pérez tiene una conducta dialogante ante la protesta. La verdad, estoy de acuerdo. O sea, si esa conducta fuera permanente, esto sería espectacular. Esa debiera ser siempre la conducta del señor ministro; debió ser siempre la conducta del ministro, no solamente dialogar con los amigos; de lo contrario, no tiene sentido.

(El señor diputado exhibe una fotografía del puente Pío Nono)

Él no tuvo ninguna posibilidad de diálogo; ninguna. Con él no conversaron; a él simplemente lo tiraron al río.

(El señor diputado exhibe una fotografía de Aníbal Villarroel)

Aníbal no tuvo ninguna posibilidad de diálogo. Simplemente le pegaron un balazo. Eso es lo que ocurrió con Aníbal.

No voy a avanzar en esa línea, pero la verdad es que queremos un país de diálogo, en el que se termine la cultura de la represión, donde hagamos un poquito más que venir acá, a la Sala, a que nos digan que hay políticos malos, que la política es mala, que la buena política y no sé qué más. Eso no sirve. Lo que sirve son las acciones concretas de quienes detentan el poder. ¡Eso es lo que nosotros necesitamos!

La defensa ha dicho que han mejorado los protocolos y que han disminuido las incidencias de querellas o hechos constitutivos de delitos contra los derechos humanos. El evitar violaciones a los derechos humanos es un mínimo que debemos exigir al gobierno. Sin embargo, esa supuesta preocupación se contradice con aquellas 21 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, o con el caso del joven de Pío Nono, porque el ministro vuelve a respaldar a la institución, bajándole el perfil al sufrimiento de las víctimas.

Si uno pudiera ver que la conducta es distinta y que el ministro estuvo, que los acompañó, que se preocupó, que condenó, que ordenó la investigación, que colaboró con el Ministerio Público, claro, eso es distinto, pero ninguno de los que están acá pudo expresarla. ¡Ninguno, señor Presidente!

Ese no es el control jerárquico que exige la ley. Parte de su rol como superior jerárquico, como dije en mi presentación anterior, es prevenir, reparar e investigar -prevenir, reparar e investigar-. Nada de eso está hecho. Eso está en el Estatuto Administrativo, por si acaso.

La defensa señala que los acusadores despreciamos la política -¡guau! No, señor Presidente y que en otras ocasiones se ha usado o no la ley de seguridad interior del Estado. En ninguna parte, entonces, se hace un reproche por el no uso de dicha legislación. Nunca lo dijimos así. ¡Nunca!

Sigo reiterando: hay momentos en que hay que aplicarla, hay momentos en que no hay que aplicarla, pero esa es una evaluación que hace la autoridad. El punto no es ese de nuevo; es la arbitrariedad. El reproche es que no se haya hecho uso de ninguna herramienta jurídica frente a un grupo que llamó a estrangular las carreteras de nuestro país. ¡Eso es!

Dice el abogado que no hay que comparar peras con manzanas. No hay que comparar la expresión, la demanda, la petición de un grupo mapuche con el grupo de unos camioneros. Obvio, son tan distintos. Los camioneros son otro nivel, son los amigos; los mapuches no. Hay muchas querellas que se han presentado por la ley de seguridad interior del Estado, pero veíamos que la mayoría está presentada en contra de los mapuches. Eso no suma.

Entonces, el abogado de la defensa, señor Presidente, señala que la ley penal no soluciona los conflictos políticos y que en el caso del paro de los camioneros la habría empeorado.

Quiero volver a citar al mismo ministro del Interior. El 24 de septiembre de este año, según informaron medios de prensa, presentó la querella por ley de seguridad interior del Estado en contra de los firmantes de una carta dirigida al Presidente Piñera, en que las comunidades mapuches le comunicaron que efectuarían toma de predios en las comunas de Victoria y Traiguén, en la Región de La Araucanía. ¿Cuántos eran: quince, veinte, treinta? ¿Y esos se iban a tomar las 130.000 hectáreas? ¿Y por qué exageramos con el tema de las hectáreas? Para demostrar que es una cosa tremenda 130.000 hectáreas.

Lo tremendo estaba ocurriendo en las carreteras; lo tremendo estaba ocurriendo en que se hayan cruzado los camiones y ustedes no hayan hecho nada; lo tremendo era el desabastecimiento, la falta de parafina, la falta del pellet, la falta de comida, y eso estaba ocurriendo.

Yo entiendo: los que viven en Santiago probablemente no lo vivieron como lo vivimos los que estamos en el sur. Entonces, lo otro, que era simplemente el anuncio de la posibilidad de cometer un delito -y está bien lo que hizo, me parece a mí-, es absolutamente comparable con los delitos que sí estaban cometiendo los camioneros. No es menor lo que hicieron. Y no hay que tratar de disminuir lo dicho por los ministros, porque los ministros en sus primeras declaraciones fueron clarísimos acerca de lo que estaba ocurriendo. Que después, por razones de solidaridad, hayan tenido que mejorar la versión, está bien, eso se entiende.

Víctor Pérez , nuestro ministro del Interior, afirma que nadie puede, a través de una carta ni por ningún otro medio, anunciar que va a cometer delitos, que va a realizar un hecho de violencia, sin tener sanción por ello. O sea, unos sí pueden mandar cartas anunciando que van a cometer delitos y otros no pueden hacerlo, porque les cae todo el peso de la ley. Acá no hay un manejo dialogante como la defensa intenta vestir la conducta del ministro del Interior. No es cierto.

El señor abogado, señor Presidente, que me cita en su defensa en una declaración de prensa hoy en una columna, en un diario de circulación nacional -era una forma de decirle que, probablemente, se iba a aprobar la acusación, y que, bueno, si se aprobaba la acusación, quedaba suspendido y que, por lo tanto, el tema del auto fiscal iba a ser un tema; está bien, pero no sé qué tiene eso de relevante; o sea, es de las cosas más irrelevantes que hoy he visto acá, pero no importa, está bien, lo puso, sacó aplausos-, señala que esta acusación, entre otros hechos, le recuerda el denominado síndrome de la rana hervida, bajo la cual -y lo cito de manera expresa la premisa es que si se coloca una rana en agua hirviendo, esta saltará, pero si se coloca en agua tibia, cuya temperatura se va incrementando lentamente hasta alcanzar el punto de ebullición, ella no percibirá el peligro y morirá. ¡Eso es!

Como me interpelaron directamente, entonces yo puedo contestar. Yo creo que lo que incrementa la temperatura del agua hasta alcanzar un punto de ebullición peligroso son alegaciones como las que escuché hoy acá, cuando se nos viene a sostener en esta Sala que renunciamos a la política o a la buena política, cuando ejercemos de manera legítima una atribución que la Constitución nos entrega para hacer efectiva la responsabilidad de ministros que no cumplen con la ley. ¡Dios mío! Un salvataje político a una mala inscripción electoral ocurrida hace casi veinte años no cambia, por un segundo, nuestras obligaciones constitucionales. No la cambia, no puede cambiarla. ¿Vamos a empezar a cobrarnos las cosas? ¡Uh! No sé si en esta acusación eso tiene algo que ver, pero no vamos a avanzar en esa línea.

Para ir cerrando, quisiera señalar que en un principio la defensa señaló que se haría cargo de lo que alegaron en un inicio; luego, se autor respondió en la comisión respecto de que el ministro no tenía control sobre el orden público, Carabineros; luego, fue contradicho. La verdad es que ahora volvemos a saber que esta era una defensa plausible y que, quizás, políticamente no era apropiada. Pero no era apropiada solamente por los problemas que le producía dentro del bloque político. Pero que no era incorrecta pareciera ser desde el punto de vista jurídico.

Sería bueno que los abogados de la defensa -todos ellos, señor Presidente fueran pensando en dedicarse a la gimnasia y no al derecho. Yo, al menos, no había visto en esta Sala dos vueltas de carnero tan perfectas como estas; no las había visto. Hay unos juegos panamericanos en los próximos años.

Las “desvariaciones” jurídicas presentadas por la defensa y por el ministro hoy en esta Sala nos mantienen en solicitar que esta acusación constitucional sea declarada admisible para que así sea analizada en su mérito por el Senado.

No es justo el ninguneo a los parlamentarios por nadie, por muy poderoso que sea; no es justo. Uno aquí quiere rebatir ideas, está bien, con énfasis, sin énfasis; está bien, pero rebate ideas. Pero venir a ningunear a las personas y tratar, de alguna manera, de afectarlas en su situación personal, creo que no tiene ningún sentido, porque, al final, lo que está aquí en juego es el país que queremos, y el país que queremos tiene que ver fundamentalmente con el respeto irrestricto a los derechos humanos. ¡Irrestricto! No hay otra forma de hacerlo. ¡No hay otra forma de hacerlo!

No es justificación que el ministro haya asumido hace tres meses. No es justificación, porque, aunque el paro de los camioneros le haya reventado a las dos semanas o tres semanas, él tenía que asumir y asumió una decisión, tomó una decisión, tomó un camino, y creo que fue incorrecto para el resto los chilenos. Y lo mismo con el tema de las violaciones a los derechos humanos que hemos señalado acá.

Entonces, yo creo que no hay otra opción hoy día que no sea la de aprobar la admisibilidad por esta Sala, y me parece que, en realidad, más allá del discurso emocional del señor ministro, en la respuesta del señor abogado no hay absolutamente ningún hecho importante, relevante, que justifique una opinión distinta a la que nosotros ya hemos tenido. Algún día podemos hablar de desprolijidad -algún día-; pero seguir tratando de acusarnos de desprolijos no tiene, en realidad, ningún sentido, no tiene cabida y, obviamente, no corresponde. Los fundamentos plausibles están allí.

Creo que, en realidad, entendiendo la situación del ministro, en eso nada cambia la opinión que los diputados tienen sobre este asunto.

Por eso, llamo de nuevo a los diputados y diputadas a aprobar la admisibilidad de esta acusación.

Muchas gracias, señor Presidente.

He dicho.

-Aplausos.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Para efectos de la fundamentación del voto de la cuestión de fondo, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 159, inciso primero del Reglamento de la Corporación.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Matías Walker Prieto .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, quiero saludar a los ministros que hoy nos acompañan, especialmente al ministro del Interior.

Creo que es bueno recordar a todos quienes están siguiendo esta sesión que lo que deberá resolver la Cámara de Diputados, debido a que la defensa renunció a alegar la cuestión previa, es la admisibilidad de la cuestión de fondo, es decir, si ha o no lugar esta acusación constitucional. En caso de declararla admisible, el Senado deberá actuar como jurado para resolver si el ministro acusado es o no culpable de la infracción que se le imputa, la que en caso de aprobarse significará su destitución y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años.

¿Por qué causales se acusa al ministro? Por las que muy bien ha señalado el diputado Ascencio : infracción a la ley, infracción a la Constitución o haber dejado las leyes sin ejecución.

Obviamente, este es un ejercicio que cuando uno tiene mayoría en el Congreso, como oposición, tiene que ejercer con mucha responsabilidad.

Hemos sido muchos los que hemos votado en contra de algunas acusaciones constitucionales en contra de ministros de Estado de este gobierno. Por ejemplo, recuerdo cuando votamos en contra la acusación constitucional deducida en contra de la ministra Marcela Cubillos , porque en ese caso la defensa, a cargo del abogado Francisco Cox , creo que correctamente se dedicó a desvirtuar cada una de las acusaciones y elementos fácticos y a señalar por qué no se producía la causal de infracción a la Constitución y las leyes.

No ha sido este el caso, ni de la primera defensa que tuvo el ministro Víctor Pérez ni de la defensa que ha tenido en la Sala el día de hoy.

Creo que la alegación que ha hecho el diputado Gabriel Ascencio , en cuanto a cómo ha sostenido finalmente esta acusación, ha sido brillante. La defensa ha sido incapaz de contestar los hechos y los fundamentos de derecho.

La paralización de un grupo de camioneros en las principales rutas del país, que según el propio decir de sus representantes tenía por objeto estrangular las carreteras de Chile, no fue un acto pacífico, y el señor ministro lo sabe, porque defendió y promovió la denominada “ley antibarricadas”, la misma ley que algunos de nosotros aprobamos en el Congreso Nacional, norma que establece, claramente, que el que sin estar autorizado interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación a las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo.

Dicha disposición señala que idéntica pena se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpusieren sus vehículos en la vía en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por esta.

Como yo aprobé ese artículo, con todas las críticas que hubo dentro de la propia oposición, tengo todo el derecho de exigirle al ministro del Interior que aplique estas disposiciones que el propio gobierno promovió y que el señor ministro, en ese entonces senador, defendió en el trámite en el Senado.

El fiscal nacional le tuvo que recordar al ministro del Interior que solo él puede invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Si se invoca dicha ley, al menos debió invocarse la ley antibarricadas -que este gobierno promovió y que nosotros aprobamos contra algunos dueños de camiones que, como dijo Juan Araya , presidente de la principal confederación de dueños de camiones de Chile, interrumpieron las carreteras mediante la fuerza, amenazando a otros camioneros, poniendo en peligro y afectando la provisión de bienes y servicios básicos de la población. Eso es infracción a la Constitución, infracción a la ley y falta de ejecución de la ley.

Por eso, esta acusación constitucional es admisible y la votaremos a favor.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Alejandro Bernales Maldonado .

El señor BERNALES (vía telemática).-

Señor Presidente, en mi calidad de miembro de la comisión revisora, me gustaría resumir las razones de por qué he llegado a la conclusión de que hay que apoyar la acusación contra el ministro Víctor Pérez .

A modo de marco general, quiero señalar el tremendo error en el que incurrieron el ministro y sus abogados al momento de abordar su defensa, señalando que, en estado de excepción, Carabineros dependía y era controlado por los jefes de defensa nacional y, por lo tanto, que el responsable político del control del orden público era el ministro de Defensa, cuestión que fue desmentida por él y por el general director de Carabineros. Se entiende la incomodidad que genera el ministro Desbordes en parte de su sector, pero endosarle ese tipo de responsabilidad es, por lo bajo, excesivo.

Ahora quiero detenerme en las responsabilidades del ministro en los capítulos que conforman esta acusación.

En Chile se bloquearon carreteras, se desabastecieron ciudades, aumentaron los precios de los productos esenciales, y al ministro le pareció inoportuno hacer su trabajo e invocar la ley de seguridad del Estado. Pero cuando existe una advertencia por parte de un grupo de comunidades mapuches de tomarse un terreno en La Araucanía, ahí sí considera prudente utilizar todo el peso de la ley.

Ahora nos dice que al invocarla impidió que se agravara la situación, pero se olvida de señalar que es ese el estándar que fijó el propio gobierno en materia de uso de la ley de seguridad interior del Estado: a unos sí y a otros no. Y ahí está mal, ministro, porque actúa con absoluta desproporción, desigualdad en la aplicación de la ley e irracionalidad en el uso de la facultad discrecional.

Las diferencias de trato no solo dan cuenta de una decisión carente de toda justificación, dictada por capricho o mera voluntad. Si el camino elegido es el diálogo, entonces, que sea la acción que se aplique para todos.

Y esa diferencia en el trato también se extiende en el segundo capítulo.

Si analizamos la política del gobierno en materia de manifestaciones, podemos decir que ha existido una constante criminalización de la protesta social pacífica y ha existido también una diferencia feroz al momento de elegir a quién se protege y a quién no. Un ejemplo es el trato que se dio a los manifestantes los días antes del plebiscito: mientras en Las Condes Carabineros blindaba y escoltaba caravanas por el rechazo, en la plaza de la dignidad se reprimía con violencia desmedida a quienes se manifestaban, llegando al extremo de violar los derechos humanos de manera generalizada. Es decir, para el Rechazo, resguardo, y para el Apruebo, represión, en circunstancias de que la igualdad ante la ley exige investigar y restablecer el orden público con igual celo.

Me gustaría recordar que la propia defensa del ministro Pérez citó a Sergio Micco , director del INDH, queriendo dar a entender que durante la vigencia del mandato del ministro Pérez no se habían violado los derechos humanos. Sin embargo, el señor Micco desmintió tal cita y señaló que, desde que el ministro Pérez asumió, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado veintiún acciones judiciales por considerar que se han violado derechos humanos, incluyendo tres querellas por torturas, una querella por homicidio frustrado, otra por homicidio consumado y dos por causas o hechos constitutivos de violencia sexual, lo que evidencia que el funcionamiento defectuoso de Carabineros se ha mantenido bajo su mando.

Vuelvo ahora sobre el hecho que sirve de fundamento para el último capítulo acusatorio, esto es, la caída de un joven hacia el río Mapocho luego de ser empujado por un funcionario de Carabineros y por la omisión a auxilio y encubrimiento por parte de la institución.

Está mal y no es posible que ante un hecho de tal brutalidad no se adopten por parte de la autoridad civil medidas de control robustas sobre quienes están a cargo del orden público y del uso de la fuerza.

Honorable Sala, en Chile, durante el último año, y, por cierto, durante los últimos tres meses, no ha existido un respeto irrestricto por los derechos humanos. No hay control del orden público y tampoco se les ha entregado protección y seguridad a los propios carabineros. Como Estado, debemos trabajar con urgencia en la intervención civil inmediata y la refundación de Carabineros, porque no es tolerable que quien debe velar por el cuidado de cada chileno y chilena termine vulnerando los derechos fundamentales, como tampoco es tolerable el abuso laboral y la precariedad con que trabajan miles de carabineros. Este último punto se grafica, tristemente, en la muerte del cabo mapuche Eugenio Nain . No es posible que hoy, a cinco días de su muerte, no sepamos qué ocurrió y no haya sospecha de responsabilidades.

Les pregunto a quienes aún no se convencen, ¿acaso ustedes creen que esto no significa un fracaso del Ministerio del Interior, además de dejar en evidencia la inacción del gobierno? Bueno, el ministro Víctor Pérez debe responder políticamente por sus acciones y omisiones.

Hago un llamado a aprobar esta acusación constitucional. Gracias, Presidente.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Gracias, diputado.

Corresponde el uso de la palabra a la diputada miembro del Partido Socialista, del distrito N° 26, de la Región de Los Lagos, doña Jenny Álvarez Vera .

Diputada Álvarez , tiene usted el uso de la palabra.

La señora ÁLVAREZ (doña Jenny) [vía telemática].-

Gracias, Presidente.

Reitero los argumentos de mi votación favorable en la comisión revisora de esta acusación constitucional ante esta honorable Sala.

Comienzo desechando el primer argumento de la defensa del ministro, que sostuvo en un comienzo, pero que luego tuvo que retractarse: que Carabineros de Chile, durante la vigencia de estado de excepción constitucional de catástrofe, no depende del ministro del Interior, sino del ministro de Defensa.

Estimados colegas, no podemos validar esta tesis; no podemos sostener acá que Carabineros no depende del ministro del Interior; no podemos rechazar esta acusación y concluir que Carabineros de Chile no reconoce a un superior jerárquico, como pretendió decirnos el ministro del Interior. Es todo lo contario: durante el estado de excepción, el ministro del Interior es el responsable político de la cartera, debiendo cumplir con su obligación de preservar el orden público, y no de cualquier forma, sino bajo estrictos criterios legales de eficiencia, eficacia y racionalidad, no pudiendo disponer medidas que vulneren los derechos de las personas ni omitir la realización de las acciones que aseguren el resguardo del orden público. Sostener lo contrario implica arribar a una conclusión de carácter inconstitucional, puesto que se contravendría expresamente el inciso dos del artículo 101 de la Constitución Política de la República.

Asimismo lo reafirmó el general director de Carabineros, al señalar: “lo que es el día a día, en cuanto a la prevención y control del delito y lo que es el orden público, eso lo vemos directamente con el Ministerio del Interior, a través de la vía administrativa o la vinculación con la Subsecretaría del Interior.”.

Y el ministro de Defensa indicó también en la comisión: “Acá hay un trabajo en conjunto con los generales, pero no respecto a las manifestaciones públicas.”. Continúa más adelante: “no son parte de las tareas que les corresponde abordar a las Fuerzas Armadas.”.

En conclusión, para que no quede ninguna duda, durante el estado de excepción constitucional de catástrofe no se suspenden las obligaciones constitucionales y legales del ministro del Interior. En consecuencia, tiene la obligación de mantener un control jerárquico permanente sobre Carabineros, impidiendo que incurriera en los hechos denunciados por esta presente acusación.

Sabemos, honorables diputadas y diputados, que no es posible acusar en esta sede política al general director de Carabineros, quien carece de responsabilidad política por su gestión. Entonces, el ministro es la única autoridad política que puede responder por la actuación de los carabineros. Solo es posible acusar a este por la violación a los derechos humanos que se verifiquen dentro de la órbita de sus competencias o por las infracciones a la ley en la mantención del orden público.

Honorable Sala, la presente acusación constitucional tiene tres capítulos; ya fueron muy bien explicados por el diputado representante de los acusadores, el honorable diputado Gabriel Ascencio . Pero respecto al último capítulo acusatorio, el ministro del Interior ha incurrido en infracción de la Constitución y las leyes, porque Carabineros reiteradamente ha actuado con violencia innecesaria y desproporcionada, y de eso se ha seguido lesión de derechos constitucionales, especial y notoriamente el derecho a la vida e integridad física.

Por todo lo acá señalado, considero, honorable Cámara, que hay argumentos de mérito para aprobar esta acusación constitucional.

Por otro lado, estas omisiones en los deberes de gestión del ministro del Interior se ven reflejadas también -y puede ser parte de una nueva acusación por los hechos conocidos por todos. Me refiero, señor Presidente, al asesinato de un joven e indefenso carabinero, el cabo Eugenio Nain Caniumil , de origen mapuche, quien, actuando en un procedimiento de barricadas en la ruta, en el sector de Metrenco, Región de La Araucanía, recibió un certero disparo que le provocó la muerte. ¡Y son sus propios compañeros de la institución quienes manifestaron la falta de medidas idóneas para el desarrollo de labores en el día a día!

La omisión de proveer los elementos de seguridad constituye una infracción a su obligación de proteger eficazmente la vida y salud de los funcionarios. Y no me refiero a implementación que consista en camiones que lancen agua con químicos, como gas pimienta y soda cáustica, en contra de la ciudadanía, o balines que causen traumatismo ocular en nuestros compatriotas, sino a medidas básicas de seguridad, como chalecos antibalas y cascos.

Por todo lo señalado, llamo a votar a favor esta acusación constitucional.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Pardo Sáinz .

El señor PARDO.-

Señor Presidente, se acusa al ministro Víctor Pérez de haber sido demasiado blando con los camioneros y demasiado duro respecto de las manifestaciones violentas, acusando una discriminación arbitraria de carácter político, como si no hubiese diferencias objetivas entre las manifestaciones violentas y el paro de camioneros.

Es cierto que el paro afectó el orden público, como ocurre con muchas movilizaciones, y es cierto que la autoridad tiene el deber de aplicar la ley para resguardar el orden público y los derechos del resto de la ciudadanía, empleando prudencialmente los medios adecuados para cada circunstancia.

Por supuesto que condenamos la interrupción del tránsito, como también condenamos toda vulneración de derechos humanos en el ejercicio de la fuerza pública. Sin embargo, resulta lamentable el esfuerzo que algunos realizan para lograr un empate insostenible entre el paro de camioneros y lo que realizan quienes reiteradamente queman maquinaria y camiones, iglesias, escuelas, estaciones del metro, saquean supermercados y comercios, hacen barricadas y apedrean vehículos particulares, personas y edificios; quienes destruyen el mobiliario urbano, y quienes asaltan comisarías o agreden criminalmente a carabineros. Es un intento de empate insostenible e impresentable.

Ojalá los acusadores tuviesen el mismo celo constitucional para proveer y exigir del Estado todos los medios necesarios para mantener el orden público y ejercer la fuerza legítima frente a esta violencia extrema, que algunos relativizan, justifican y ahora intentan empatar.

Quiero aprovechar esta instancia, la novena acusación constitucional de la izquierda en un mismo periodo presidencial, para hacer una reflexión de fondo, pero no sin antes aclarar que no criticamos el uso, sino el abuso de esta prerrogativa que, por cierto, nos distrae de las funciones legislativas esenciales.

En 2001, la Democracia Cristiana cometió un inexcusable error en la inscripción de sus candidaturas parlamentarias. El entonces Presidente, Ricardo Lagos , tuvo que enviar un proyecto de ley, con el apoyo de la oposición de entonces, para aplazar las elecciones y permitir así la inscripción de las candidaturas fallidas, entre otras, la del diputado acusador, señor Ascencio .

Esa ley, que salvó a la Democracia Cristiana de quedarse sin parlamentarios, incluido el diputado Ascencio , contó con el apoyo de la oposición de la época y fue liderada, entre otros, por el entonces diputado y jefe de bancada, Víctor Pérez .

Ese tipo de actitudes, la de Víctor Pérez y la de la oposición de la época, reflejan no solo amistad cívica, sino que revelan también la calidad humana de los actores políticos.

Qué elocuente contraste con la conducta de quienes han hecho de las acusaciones constitucionales un deporte, de quienes exacerban el odio y la polarización en sus discursos, en vez de contribuir a un clima de diálogo y entendimiento, en circunstancias de que vivimos una de las crisis más complejas y graves de nuestra historia republicana, que requiere más que nunca la colaboración generosa de todos los actores políticos.

Llamo a rechazar esta acusación y a dar vuelta la página respecto de esta forma de hacer política, que degrada la democracia y cuestiona nuestra esencia republicana.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Carmen Hertz Cádiz .

La señora HERTZ (doña Carmen) [vía telemática].-

Señor Presidente, para referirme a la responsabilidad política del ministro del Interior, debo abordar lo que se ha repetido majaderamente para pretender que esta no existe, y recordar que su defensa, en una idea digna de Disney, intentó trasladar la responsabilidad a la cartera de Defensa, amén de agraviar e injuriar a los diputados acusadores.

Ahora, a través suyo, el abogado del ministro, amén de sus cansadoras invocaciones de fábulas, dichos de filósofos e imágenes cinematográficas, pretende convencernos de que votar a favor esta acusación sería no devolverle una suerte de favor al ministro Pérez por la inscripción de una lista.

Por su intermedio, señor Presidente, ¡qué insolencia más grotesca!

Nos han tratado de convencer de que la herramienta de la acusación constitucional sería un instrumento que puede usarse solo como ultima ratio, lo que es falso. Constitucionalmente, no se establece orden alguno en que se deban utilizar las herramientas de fiscalización de la Cámara de Diputados, por lo cual somos los fiscalizadores quienes decidimos, conforme al mérito de los antecedentes, de cuál herramienta nos valdremos primero, considerando además que esto es parte de la supremacía constitucional que ejerce exclusivamente el Congreso Nacional.

Se ha argumentado una supuesta discrecionalidad absoluta de las facultades del ministro del Interior para la aplicación de la ley, que, obviamente, no es tal, ya que estas facultades jamás serán arbitrarias; siempre estarán sujetas a los principios de racionalidad y de proporcionalidad, teniendo un límite insoslayable, que es el respeto a los derechos fundamentales de las personas, lo que se relaciona con el fin último del Estado de derecho, que es garantizar los derechos inherentes a la condición humana.

El ministro Pérez , evidentemente, abusó de las facultades discrecionales, vulneró el principio constitucional de igualdad ante la ley, y todos fuimos testigos del trato desigual y discriminatorio que se dio a la disidencia política versus los sectores adherentes al oficialismo, lo que se tradujo en graves violaciones a los derechos humanos de los primeros, acompañado de una indolencia total del oficialismo frente a esos hechos.

Este verdadero patrón de conducta del ministro del Interior quedó en evidencia con su reacción ante los hechos ocurridos en la madrugada del 2 de agosto del año en curso, en los denominados “desalojos” de las tomas de algunos municipios en La Araucanía.

Carabineros de Chile, que depende jerárquicamente del Ministerio del Interior, protegió a grupos ligados a la ultraderecha -el ministro los llamó “ciudadanía”-, grupos que, por razones de odio, expresando ideas racistas y con armas contundentes, agredieron violentamente a quienes protestaban, lo que terminó en acciones judiciales incoadas por Interior contra los manifestantes, pero no contra los agresores.

En tanto, frente a las manifestaciones convocadas por un grupo de camioneros, oportunidad en que se cometieron delitos flagrantes contra el orden público, permitidos y protegidos por ese ministro, y que se plasmó en la pasividad absoluta de Carabineros de Chile, es inequívoco que el ministro no solo decidió ser permisivo con este grupo de camioneros delincuentes, sino que les otorgó un trato privilegiado, haciendo diferencias arbitrarias y quebrantando el principio de igualdad ante la ley, lo que el ministro llama “diálogo”.

Respecto de quienes legítimamente protestaban el viernes 2 de octubre, todos vimos cómo un funcionario policial lanzó a un adolescente desde el puente Pío Nono a la ribera del río Mapocho, y también cómo Carabineros no le prestó ayuda alguna, sino que incluso agudizó la represión en esos instantes.

Un punto trágico se alcanzó el 18 de octubre en la población La Victoria, donde fue asesinado un poblador por una herida a bala disparada por un funcionario de Carabineros. Ante esta brutalidad, nos preguntamos legítimamente dónde está el control jerárquico del Ministerio del Interior respecto de Carabineros.

Tenemos el deber de advertir que, históricamente, la discriminación por razones políticas ha dado origen a graves situaciones de persecución y de violación de los derechos humanos, que pueden llegar a configurar crímenes de lesa humanidad, tal como lo ha considerado la propia Corte Penal Internacional. Es una situación gravísima; supone una verdadera deriva a un régimen autoritario, ante lo cual todas y todos quienes estamos aquí tenemos el imperativo de denunciar que se está poniendo en riesgo el Estado de derecho.

La bancada del Partido Comunista votará a favor la admisibilidad de la acusación constitucional contra el ministro Pérez , pues, a nuestro juicio, las causales de responsabilidad están plenamente configuradas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet Martínez .

El señor MULET.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los estimados colegas y estimadas colegas, a los señores abogados y a la abogada presentes, así como a las autoridades de gobierno que nos acompañan.

Desde la Federación Regionalista Verde Social decimos desde ya que vamos a votar a favorablemente la admisibilidad de esta acusación constitucional. Debo señalar con mucha claridad que he llegado a la convicción absoluta de la necesidad de declararla admisible, en el contexto que ello implica, para que el Senado juzgue las conductas que se señalan en los distintos capítulos y las responsabilidades que se le atribuyen al ministro.

En estos pocos minutos, quiero referirme particularmente al capítulo III.

Los colegas acusadores Gabriel Ascencio y otros han hecho una exposición lata de cada uno de los antecedentes y de las justificaciones que implicaron dar lugar a esta acusación constitucional.

El capítulo I: “Haber dejado sin ejecutar las leyes en materias relativas al orden público”; el capítulo II: “Haber infringido la Constitución o las leyes, vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley”. Reitero, en lo personal, me preocupa especialmente el capítulo III: “Haber dejado de ejecutar las leyes, al no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre los órganos sometidos a su dependencia” y se citan las normas legales. Claramente, el ministrodel Interior y Seguridad Pública es el jefe directo e inmediato de las Fuerzas de Orden y Seguridad -esa es una cuestión que emana claramente de la ley N° 18.575-, y esto cobra especial relevancia con la situación tan grave, violenta y dura ocurrida el 2 de octubre en el puente Pío Nono.

Si esto fuera un hecho episódico, uno quizás podría interpretar las cosas de otra manera, pero es una actitud invariable. Es una constante que el día 2 de octubre nos coloca en los medios de comunicación de todo el mundo ante la gravedad del hecho y, además, como país, nos hace pasar una vergüenza adicional por la negativa reiterada de los comunicados de Carabineros de que ese hecho no había existido y que era de otra naturaleza. La evidencia de las imágenes tomadas por particulares y por la prensa permitió llegar prontamente a la verdad.

Esta constante, la fabricación de pruebas falsas incriminatorias, queda reflejada en un artículo de Jaime Arellano en El Mercurio, en el que señala: “…la malversación de caudales públicos por parte de altos oficiales; disparos reiterados de balines, causando ceguera total o parcial a cientos de personas durante las protestas sociales; la investigación criminal de hechos calificados por la Fiscalía como tortura en una comisaría; la investigación contra un carabinero por empujar a un joven desde un puente, calificado como homicidio frustrado por el órgano persecutor; y críticas amplias a los resultados en la prevención…”, etcétera.

Estamos ante una institución que, obviamente, tiene serios problemas y que ese día, el 2 de octubre, tampoco toma las medidas mínimas, sino que nuevamente se va por otro camino y se señalan hechos falsos.

Fundamentalmente es allí, sin perjuicio de los otros capítulos, es donde me surge la convicción más profunda de la necesidad de acusar constitucionalmente al señor ministro del Interior. No es posible que frente a todos esos hechos no haya las acciones de reproche y que, día a día, lo que hace el gobierno y lo que hace el señor ministro del Interior, después del 2 de octubre e, incluso, después de las declaraciones de prensa en que los encargados de Carabineros mienten reiteradamente, no son capaces de hacer un reproche profundo y sustantivo a una actuación tan grave, tan indigna, tan abusadora y tan violadora de los derechos humanos.

El señor ministro repite una y otra vez que él cumple las órdenes del Presidente de la República, y eso -debo decirlo me preocupa más, porque creo que, más allá de la responsabilidad del propio señor ministro del Interior, que está enfrentando en este Congreso con hidalguía y decisión, la responsabilidad profunda está en el Presidente de la República, que no es capaz de enmendar sus conductas y que hoy se ha transformado en un problema grave para la república; el problema está centralizado permanentemente en él, señor…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, saludo al ministro Pérez , a los ministros que lo acompañan, a los abogados de su defensa y a los colegas diputados y diputadas.

El ministro Pérez es acusado constitucionalmente en una vorágine de excesos de la oposición, que utiliza la acusación constitucional por novena vez -¡novena vez!-, que haciendo un uso de esta herramienta de ultima ratio, la utiliza para tratar de cohesionarse políticamente, después de un sonado fracaso público en la negociación de primarias para su sector político en la próxima elección municipal.

La única forma de cohesión que tiene hoy esta oposición es oponerse a todo, es trancar todo proyecto posible del gobierno, es tratar de burlar las leyes y la Constitución, es buscar botar ministros, incluso botar al mismo Presidente Piñera .

Se pudo haber interpelado al ministro, se le pudo haber citado, se le pudo haber pedido explicaciones respecto de su corto actuar en algún momento de los dos meses que llevaba en el cargo cuando fue acusado. Es importante recalcarlo: llevaba dos meses en el cargo.

¿En qué juego perverso se ha transformado la política y la democracia en las manos de este Congreso, en que nuestro sistema presidencial busca destituir al ministro del Interior, quien lleva menos de cien días en el cargo? Pero todos sabemos -al menos todos los que estamos en este hemiciclo perfectamente qué es lo que está en juego, y dista mucho de la responsabilidad del ministro Pérez . Acá lo que hay es un acuerdo político partidario que está demandando su cabeza y que contempla, entre otras cosas, la testera de la Cámara, la negociación de la oposición para los constituyentes y distintas pruebas de lealtad que deben hacerse, además, a viva voz y dando testimonios explícitos, dado que no existe ese colchón que cohesiona la amistad entre ellos: la confianza.

Pero también esto ocurre, principalmente, porque es el único juego al que saben jugar: hacer estos actos estentóreos para causar daño político en un momento en que, además, la violencia política arrecia y, lejos de buscar aliviarla, gestos como este solo la azuzan. Y lo más grave de todo es que, habiendo aquí diputados con conciencia, a quienes les hiere tener que destruir la respetabilidad y la honra o destituir o suspender de funciones a una persona que no ha hecho sino cumplir con la ley, como lo ha demostrado la defensa, se han visto coaccionados, se han visto forzados para dar la vuelta a sus principios, a lo que creen justo, para dar hoy una señal política de unidad, objetivo que, por supuesto, no conseguirán por esta vía.

No se engañen; este no es el pegamento que necesitan los proyectos políticos que en nada se parecen, que en nada acuerdan, que nada proponen y que no tiene posibilidad de ofrecer al país sino revancha y división.

La acusación y los acusadores caen en un evidente doble estándar al haberse opuesto permanentemente a la aprobación de la ley antibarricadas y a su utilización durante los eventos de protestas y manifestaciones y, sin embargo, exigirlo frente a las movilizaciones del gremio de los camioneros. Se repitió hasta el cansancio que las movilizaciones reflejaban un problema político y que su respuesta debía ser política y no a través de la fuerza pública y la violencia.

El ministro Pérez , siguiendo esa lógica, logró destrabar de forma rápida y efectiva dicho problema político, a través de la negociación y el diálogo, sin que fuera necesario aplicar medidas más agresivas. Cabe recalcar que, durante las movilizaciones, en ningún momento estuvo en riesgo el aprovisionamiento de la nación ni las redes básicas de abastecimiento y el país logró funcionar con relativa normalidad.

Evidentemente, los inconvenientes que trajeron las movilizaciones del gremio de camioneros fueron menores que otras que han generado movilizaciones violentas respecto de las cuales no solo se exige la utilización de estas leyes, sino que se ha acusado constitucionalmente y con éxito a otros ministros por haberlas utilizado.

Puesto de otra manera, la escalada de violencia y agitación social que distintos grupos han realizado no están permitidas bajo el marco normativo, pero se normalizaron hoy en el país por motivos políticos u otros que no fueron sancionados.

La semana pasada vimos como un miembro de Carabineros de solo 24 años, Eugenio Nain , padre de dos pequeños, murió asesinado a sangre fría por un grupo de violentistas en la zona sur del país. En vez de estar legislando para aprobar leyes que mejoren y entreguen mejores herramientas a nuestras policías para enfrentar la violencia, estamos en una acusación constitucional infundada, digna de la vieja política de trincheras y que lo único que consigue es debilitar la acción de Carabineros y desproteger la vida de miles de chilenos que hoy no pueden vivir en paz.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito Hasbún .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, después de haber escuchado por horas y horas la defensa del ministro y de su abogado, solo deseo que algún día logren tener una pizca de ese tremendo amor propio que guardan hacia sí mismos por el resto de nuestros compatriotas y, en especial, por las víctimas de los abusos de las violaciones a los derechos humanos, a las cuales no destinaron ni una sola palabra. Tampoco la tuvieron por nuestro pueblo trabajador.

Si transformáramos solo una pizca de ese amor propio que se tienen a sí mismos en empatía hacia el resto, de seguro que Chile sería un país mejor.

Después del resultado categórico del plebiscito, pensamos que iba a ser innecesario romper la burbuja en la que se encuentra viviendo aún el ministro del Interior. La insolencia de la defensa del ministro Pérez ratifica la necesidad de apartar de la agenda de seguridad pública la política de la confrontación y de la represión.

La pandemia ya es sumamente difícil como para, además, tener que lidiar con autoridades que niegan ayudas sociales, al mismo momento en que utilizan a las policías para ir a enfrentar a las personas que el gobierno no quiere atender. Eso hicieron antes, eso están haciendo ahora, y eso, parece, que quieren continuar haciendo: utilizar a las policías para enfrentar problemas sociales y políticos, para enfrentar al pueblo, porque ellos no se quieren hacer cargo de los problemas. Luego, como siempre lo han hecho, señor Presidente, los van a abandonar, se van a salvar solos, como ahora lo están intentando hacer.

Esta acusación se sustenta jurídicamente en los tres capítulos acusatorios del libelo, pero tiene un único y urgente sentido político, y es no darle ni un día más en su cargo al señor Víctor Pérez , pues ha hecho de la provocación su práctica política. En los momentos más difíciles de nuestro pueblo, ha decidido y ha planificado actuar por fuera de la ley, utilizando al Ministerio del Interior para los objetivos ideológicos de la extrema derecha, de la cual siempre ha formado parte.

Ante la acusación que realizamos, la defensa nos argumenta que, a diferencia de nosotros, los diputados acusadores, el señor Víctor Pérez ha demostrado una tremenda responsabilidad y profesionalismo a cargo del Ministerio del Interior y, acto seguido, la defensa tiene que contratar a otro abogado y, después, presentar una nueva defensa. Pues bien, ese responsable y profesional ministro a cargo de la seguridad de nuestro país hoy nos plantea que los tres capítulos acusatorios no tienen sentido.

Primero, nosotros planteamos que el Ministerio del Interior ha dejado de ejecutar leyes en materias relativas al orden público. ¿Cómo no va a haber dejado de ejecutar leyes si mientras un grupo de camioneros amenazaba con desabastecer el país en medio de una pandemia y una crisis de hambre; mientras un grupo de camioneros vulneraba el toque de queda y todas las medidas sanitarias; mientras se emborrachaban bloqueando accesos a las ciudades, y el país con una rabia contenida veía las imágenes, el mal ministro, que se autodefine como una persona responsable y profesional, no solo no aplicó las leyes que él mismo promovió, sino que premió a los responsables con dinero proveniente de los impuestos que pagan todas y todos los chilenos de esfuerzo? ¡Es fácil regalar plata ajena al mismo tiempo que se niegan las demandas sociales!

Capítulo II, haber infringido la Constitución y las leyes, vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley.

El 2 de septiembre, en la ciudad de Talca -pueden revisar los videos en internet-, cuando vecinos de la zona se manifestaban en la vereda con pancartas contra los camioneros que amenazaban con dejarlos sin medicamentos y alimentos, las fuerzas especiales de las policías fueron a enfrentar a los vecinos. No dedicaron ni una gota de esos gases químicos para los camioneros que estaban saboteando el funcionamiento del país; muy por el contrario, la mano dura fue contra el pueblo pobre, contra el pueblo humilde, contra la gente honesta. El mismo día en que Carabineros protegía al matonaje, las fuerzas especiales atacaban a los técnicos y técnicas de la salud.

Además, el capítulo señala que el ministro dejó de ejecutar leyes al no ejercer control en relación con todas las violaciones de los derechos humanos que ya se han mencionado.

En función del tiempo, pareciera que hay que tener Fonasa para ser objetivo de la represión policial del ministro Víctor Pérez .

Chile necesita unidad. Por eso es tan importante apartar del poder a quienes abusan del cargo. Necesitamos aprobar esta acusación…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Antes de continuar, necesito recabar la unanimidad de la Sala para que las comisiones puedan partir media hora después de terminada la sesión.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra la diputada Paulina Núñez .

La señora NÚÑEZ (doña Paulina).-

Señor Presidente, saludo al ministro Víctor Pérez , al ministro Baldo Prokurica , a la defensa, a nuestros colegas y a quienes nos están siguiendo durante esta acusación constitucional.

El 25 de octubre los chilenos decidieron por la paz, los acuerdos y querer construir un mejor país. ¿Cómo cabe ahí la idea de acusar al ministro del Interior y Seguridad Pública? ¿Qué busca la oposición, salvo republicanas excepciones, sino castigar al ministro Víctor Pérez por un hecho no imputable a su persona y desestabilizar al gobierno?

Hago uso de la palabra en representación de la bancada de Renovación Nacional para pedir, por favor, que recuperemos la convivencia y miremos hacia adelante. Cada uno de nosotros tiene una oportunidad, y los chilenos nos dieron una oportunidad. No nos equivoquemos; dejemos las odiosidades y las pequeñeces a un lado.

Estamos viviendo un momento histórico y tenemos la oportunidad -insisto de reconducir los ánimos. No lo estamos pidiendo desde el oficialismo; menos lo estoy pidiendo yo: lo pidieron más de 7 millones de chilenos hace unos días.

Ese mensaje categórico también fue para nosotros, para los partidos políticos y para el Parlamento. ¡Basta! No puede ser que el Presidente elegido democráticamente nombre a un ministro del Interior, y este Parlamento, gracias a una mayoría circunstancial, lo saque, menos sin fundamento y restringiéndonos una vez más a la mera cuenta política.

Espero ver a la oposición y a todo el Parlamento unido para solucionar problemas, dar respuestas a demandas históricas y reales, enfrentar a quienes quieren quebrar nuestra democracia, y no en lo que hoy estamos: la novena acusación constitucional en dos años y medio. Esta acusación solo busca generar divisiones, y eso es precisamente lo que hoy como país debemos erradicar.

Estamos frente a una acusación contradictoria, engañosa, jurídicamente errada, sin fundamento, ni siquiera con un foco claro. Mezcla el paro de los camioneros, la violencia en La Araucanía y la caída del joven en el puente Pío Nono. ¿Qué es lo que busca? Simplemente, acusar por acusar.

Señor Presidente, en esta Cámara hemos venido a buscar consensos, a convencer y ser convencidos, y espero que eso sea lo que ocurra hoy.

Nada nuevo va a surgir si hoy se aprueba esta acusación. Sin embargo, veo con esperanza el futuro si somos capaces de frenar las pasadas de cuentas políticas que tan aburridos tienen a todos los chilenos.

Ministro Víctor Pérez , por su intermedio, señor Presidente, sabemos que no está arrepentido de haber asumido el desafío, y por eso le damos las gracias. Somos muchos más los que queremos que al país le vaya bien y que a este gobierno le vaya bien.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Alexis Sepúlveda .

El señor SEPÚLVEDA (don Alexis) [vía telemática].-

Señor Presidente, sin duda que se ha discutido latamente sobre los argumentos jurídicos que sostienen esta acusación: los de la parte acusadora y, por cierto, los argumentos que han presentado tanto los abogados como el ministro.

Este no es un tema que nos debería complicar; la verdad es que muchas veces depende de la perspectiva en que uno lo quiera mirar, pero es indudable que aquí hay hechos fundamentales que gatillaron la presentación de esta acusación.

No es el único, pero para mí, por lo menos, un hecho relevante fue el actuar de Carabineros en este hecho públicamente conocido, internacionalmente conocido, por imágenes que recorrieron el mundo, cuando un joven era arrojado al río Mapocho . Por suerte, salvó su vida, porque perfectamente podríamos haber estado lamentando la pérdida de una vida humana. Es ahí donde uno espera, y lo que creo que todos aquí esperarían, que asuma la responsabilidad política alguien que “ha salvado colado”.

Dos ministros del Interior -en su momento el exministro Andrés Chadwick y ahora el ministro Víctor Pérez están respondiendo por actuaciones de Carabineros, pero el principal responsable aquí está “saliendo colado”. Me refiero al general Mario Rozas . No sé hasta cuándo esto es sostenible. No sé qué es lo que sabe el general Rozas que, prácticamente, se transforma en un intocable.

Pero yo quería detenerme -con todo el respeto y por su intermedio, Presidente en algunas comparaciones que han hecho el ministro y la defensa con respecto al sentido republicano de este Congreso, al actuar del ministro cuando fue parlamentario, en estos acuerdos, en estas soluciones que eventualmente hubo cuando un partido tuvo un mal proceso de inscripción, y eventualmente otras.

Pero yo trataría de comparar peras con peras y manzanas con manzanas, porque lo razonable es que uno debería mirar a propósito del argumento que entrega el propio ministro Pérez del sentido republicano, de la relación humana; uno debería preguntarse: bueno, el ministro Pérez , en su paso por el Parlamento, ¿cómo votó el conjunto de acusaciones constitucionales que en su momento presentó su sector político? En 1991, contra el ministro Germán Correa . Veníamos recuperando la democracia y ya teníamos una acusación constitucional. Voy a obviar las acusaciones a los ministros de la Corte Suprema y al fiscal Torres, que, por cierto, también fue acusado. En 1994, el ministro Alejandro Foxley , de Hacienda, democratacristiano, y Alejandro Hales , de Minería; en 1997, José Pablo Arellano , de Educación; en 1998, la acusación al general Augusto Pinochet -sería bueno saber cómo votó en su momento el parlamentario, el actual ministro Pérez -; en 1998, también se acusó al ministro de Obras Públicas de la época, al ex-Presidente Ricardo Lagos ; en 2002, al intendente Marcelo Trivelli ; en 2003, al ministro de Economía Jorge Rodríguez Grossi -una acusación que la verdad no había parámetro para tomarla-; en 2004, al intendente Iván de la Maza ; en el mismo 2004, al ministro de Justicia, el independiente Luis Bates , ¡al exministro Luis Bates ! todo eso en la época en la que el ministro Pérez era diputado, por cierto-, y el 2008 tuvimos la acusación a la ministra Yasna Provoste , que finalmente se zanjó en el Senado y que significó su destitución y la imposibilidad de tener durante cinco años la posibilidad de ocupar espacio público. Qué duda cabe de que no pudo ser candidata al Parlamento. Mucho después lo pudo ser con tremendo resultado.

Entonces, cuando uno quiere comparar, en mi opinión, debe comparar con lo que ha sido la conducta en hechos similares. Y yo me pregunto, a propósito de lo que nos plantea el ministro Pérez del sentido republicano, lo que plantea la defensa de estas situaciones en las cuales él ayudó a resolver, ¿cómo votó el ministro Pérez cuando era diputado y cuando era senador todas estas acusaciones constitucionales? ¿Acaso todas tenían argumento? ¿Acaso todas eran justificadas?

Solamente quería plantear eso, Presidente, para justificar el porqué estoy de acuerdo con…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Muchas gracias, diputado Sepúlveda .

Tiene la palabra la diputada y presidenta de la comisión de la acusación constitucional, señora Loreto Carvajal .

La señora CARVAJAL (doña M.a Loreto).-

Muchas gracias, Presidente.

La verdad que saludar, sin duda, al ministro, a los ministros, a la defensa y a los estimados colegas.

Me tocó presidir esta comisión que buscaba responder a la admisibilidad y al mérito que tenía esta, sustentada en un libelo acusatorio muy contundente. Lo digo, porque, a propósito de esta acción, se ha determinado y se ha dicho por parte del abogado defensor cual mago. Yo me acuerdo que el principal truco que nos gusta a todos -creo en los ciudadanos es cuando se hacen desaparecer las cosas, y creo que aquí debo entender que el abogado de la defensa pretende, por el solo hecho de cambiar al jurista, que se cambien los argumentos que fueron contundentemente expresados y defendidos por la defensa, que habló a nombre del ministro del Interior, por cierto, en la comisión.

Se habla y se dice por el mismo que aquí hay una acusación que es desprolija, que es inoportuna; dice él que además merece el catálogo de ser una acusación frívola. Yo quiero decir que es totalmente despreciable, como usted bien dice acá, a propósito de la acusación, que se desprecie la buena acción política, dado que no están los argumentos. Yo creo que es despreciable no hacerse cargo de las responsabilidades que, por ley y por la Constitución, cada uno de nosotros tenemos, y, por cierto, el ministro de Estado, que no solo ha jurado en esta última ocasión como ministro de Estado; lo hizo muchas veces siendo diputado y siendo senador. No podría alegarse, entonces, no conocer la Constitución y no conocer la ley.

Sin duda que el despreciar significa no hacerse cargo de aquellas atribuciones que fueron puestas en duda a propósito de aquella defensa, en donde se pretendió delegar de una manera burda las acciones y la responsabilidad a un ministro que, no por casualidad y no por desaparición por arte de magia, no está sentado a su lado. Me da la sensación de que aquellos ministros que dijeron por la prensa que efectivamente no tenían las atribuciones, sino que las consignadas claramente en la Constitución y en la ley, dicho a propósito no solo por el ministro de Defensa, excolega nuestro Mario Desbordes , sino también por el general director de Carabineros y también por el propio Presidente de la República, en donde no quedó ninguna duda de a quién compete la responsabilidad de la seguridad interior del país y del orden público. Sin duda, la seguridad pública debe, no solo en estados normales, sino en estado de excepción, estar obviamente bajo la responsabilidad del ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo digo a propósito de los capítulos -nos queda poco tiempo-. El capítulo del orden público. ¿Quién podría negar en esta Sala y en este país que tener 2.300 camiones en la ruta principal, en la columna vertebral del país, provocando efectos dañinos no solo en la economía con el impedir llegar a puertos, no solo en la salud cuando los funcionarios de salud, médicos y otros, se les imposibilitó acceder a sus lugares de trabajo? ¿Quién podría negar que hubo aumento de precios? ¿Quién podría negar que hubo desabastecimiento? Contrariamente a lo que dice la defensa, el ministro Walker , el ministro de Economía, el ministro Paris, la ministra de Transportes, ninguno de ellos fue capaz de hacerse cargo y decir que aquí había estado una situación normal.

El orden público, sin duda, se alteró por siete días, y el ministro tenía dos alternativas: dejar que operaran las instituciones administrativas -dejémoselo a los juzgados de policía local, hagamos las denuncias a través de Carabineros-, o bien hacerse cargo de sus atribuciones, como, por ejemplo, haber usado los mecanismos para poder hacer efectiva la ley de seguridad del Estado. No lo hizo -dice él-, no lo hizo porque, por una actitud de lucidez, dijo: “Mejor voy a dialogar”, haciéndose cargo, entonces, de que la mejor forma de terminar aquellos efectos era por una actitud de buena voluntad y de buen samaritano que correspondía solo dialogar. Aquello no resultó; los efectos son conocidos por la población: el desabastecimiento, el aumento de precios, que obviamente ocurrió y nadie en esta Sala podría negarlo…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Señora diputada, disculpe la interrupción. Por favor, silencio en la Sala; está hablando la diputada Loreto Carvajal .

Puede continuar, señora diputada.

La señora CARVAJAL (doña M.a Loreto).-

Lo que hizo el ministro del Interior y Seguridad Pública fue observar con excesiva e inexcusable tolerancia los hechos de bloqueos de rutas, los hechos de vulneración a los derechos humanos. Sin duda que aquí actuó por el orden público de 2.300 camioneros y no por los diecisiete millones de chilenos que se vieron entorpecidos, no en una situación normal, porque se ha querido majaderamente decir que aquí hay una manifestación pacífica. Eso no ocurrió. Estábamos en estado de excepción constitucional.

En estos treinta segundos, solo decir que la transgresión al orden jerárquico es inexcusable. No es posible que hoy día tengamos al general director de Carabineros con hechos tan catastróficos como los que ocurrieron entonces, con empujar a un joven desde el puente Pío Nono, no hacerse cargo de su asistencia posterior, pero además con hechos como los que ocurrieron -y aprovechamos de solidarizar con el carabinero muerto en La Araucanía con el joven muerto.

Por supuesto que aprobaré…

El señor PAULSEN.-

Gracias, diputada Loreto Carvajal . Pido a la Sala guardar silencio.

Tiene la palabra la diputada María José Hoffmann .

La señora HOFFMANN (doña María José).-

Señor Presidente, hoy no solamente quiero hablar en nombre de la bancada de la UDI, sino también de tu partido y especialmente de tu región, que representaste tan bien, junto al diputado Sanhueza , por tantos años, con tanto talento.

Miren, les pido atención.

(La señora diputada exhibe un documento)

“Víctor Pérez será suspendido y no podrá volver a Santiago (…) en un auto fiscal. Tendrá que hacerlo en bus”. Esta frase es del diputado Ascencio , un “verdadero estadista”, ¿no? Este comentario refleja el verdadero espíritu de la acusación: la más absoluta ausencia de republicanismo y de la más mínima decencia política.

¿Se imaginan a Patricio Aylwin , a Pérez Yoma , a Eduardo Frei comentando algo tan menor o revanchista, como que el ministro no podrá usar el auto fiscal? Me cuesta imaginar una actitud tan poco noble como esta. Qué diferencia de la nobleza, cuando Víctor Pérez y toda la UDI les tendió una mano para que pudieran participar en las elecciones parlamentarias. Esta misma Cámara tramitó, en menos de 24 horas, un proyecto de ley para salvar a la DC de sus propios errores. Las ganamos, pero compitiendo lealmente. Qué distante y diferente es la actitud que está detrás de esta acusación: una mezcla de intereses personales y pequeños de algunos.

Y no es la primera vez que han abusado tanto de esta herramienta, es la novena. Nueve veces hemos tenido que escuchar discursos vanidosos, eternos, llenos de frases rimbombantes y de aplauso fácil. Nueve veces hemos tenido que escuchar a los mismos de siempre, apropiándose de la palabra “pueblo”, cuando impulsan sus propios intereses políticos.

¿Alguien me puede explicar en qué contribuye el espíritu del plebiscito en esta acusación? Es un absurdo y va en la dirección contraria a la nueva etapa que tiene que vivir Chile. Esta acusación rompe el espíritu del plebiscito, y ustedes debieran ser los más interesados en que el mensaje de esperanza no se diluya en enfrentamiento y polarización.

En la misma semana en que todavía lamentamos el asesinato del cabo Eugenio Nain , ese crimen horroroso, que muchos de ustedes condenan tibiamente y que nos recuerda la deuda que tiene este Congreso en materia de orden, ¿en qué contribuye esta acusación en casos tan graves? ¿Qué consuelo le da a la familia del cabo o a los miles de familias que han sido víctimas de la violencia?

Le pido que llame al orden, señor Presidente.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Pido silencio en la Sala.

La señora HOFFMANN (doña María José).-

Esta acusación no tiene fundamentos, tal como lo señaló en la comisión el diputado Lavín . Entonces, ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es el fundamento? Cuando no hay razones, solo aparecen las pequeñas.

Al principio, me preguntaba sobre el entusiasmo de una parte de la Democracia Cristiana en esta acusación. ¿Sería acaso el peaje que les habrían cobrado para recuperar la Mesa de la Cámara? ¿Sería la forma de hacerse los lindos con quienes no quisieron pactar con ustedes, con quienes no les contestan el teléfono? Eso sería muy burdo, sería entender la política como una transacción. Entonces, ¿quiénes están detrás? Y me apareció esto:

(La señora diputada exhibe un documento)

Es una convocatoria a una reunión por Zoom para la acusación constitucional del 3 de octubre, y no de la secretaria del diputado Ascencio , sino de la secretaria de un diputado comunista. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? ¡Siguen estando de rodillas frente a la izquierda más intransigente, esperando su aprobación! ¡Parte de la crisis de la política es esta crisis de carácter, de no tener el valor suficiente para hacer lo correcto y no solo lo popular, porque tienen miedo a las propias funas de su sector, que los sigan llamando traidores! No entienden que se están traicionando a sí mismos. ¡Carácter! ¡Carácter! ¡A eso se les apela! Esta acusación no es correcta; tengan el valor de demostrarlo con su voto.

El ministro Pérez podría haberse quedado en la seguridad del Senado; pero para eso nació la Unión Demócrata Independiente: para hacer lo difícil, para asumir los costos de lo impopular, para poner a Chile siempre primero, sin ninguna consideración política previa.

Esta acusación no tiene fundamento y ustedes saben que es injusta. ¡Tengan el carácter para rechazarla!

He dicho.

-Aplausos.