Labor Parlamentaria

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales.

Para la discusión de este proyecto, se otorgarán siete minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités y cinco minutos al resto, más noventa minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputados informantes de las comisiones de Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social son el señor Guillermo Ramírez y la señora Alejandra Sepúlveda , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 115ª de la presente legislatura, en miércoles 16 de diciembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 4 de este boletín de sesiones.

-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de sesiones.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor RAMÍREZ (vía telemática).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, en su calidad de comisión técnica, paso a informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera , que reajusta las remuneraciones del sector público, concede aguinaldos y entrega otros beneficios.

Por parte del Ejecutivo, concurrió a presentar el proyecto el ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones , acompañado del subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Weber Pérez , y de la subdirectora de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, señora Cristina Torres Delgado .

Se escuchó también a dirigentes gremiales de diversas instituciones del sector público.

La idea matriz del proyecto es reajustar, de forma prudente y diferenciada, los salarios de los trabajadores del sector público, privilegiando a quienes perciben menores remuneraciones, incluida la concesión de aguinaldos y otros beneficios, todo ello en consideración, por una parte, al actual y futuro contexto económico provocado por la pandemia y las proyecciones de crecimiento del país, y, por otra, al acuerdo alcanzado por el gobierno con los representantes gremiales del sector público en cuanto a focalizar los esfuerzos para la mantención de la estabilidad del empleo público y el poder adquisitivo en grupos acotados de rentas, mediante el otorgamiento de un reajuste de 2,7 por ciento para las remuneraciones de hasta 1.500.000 pesos, y de 0,8 por ciento para las remuneraciones superiores a ese monto, como, asimismo, efectuar una serie de adecuaciones de empleos, plantas y reparticiones públicas, tendientes a lograr mayor eficiencia y un mejor Estado.

Se excluyen, sin embargo, las remuneraciones del Presidente y de ministros de la Corte Suprema, del fiscal de la Corte Suprema y del contralor general de la República, como asimismo los sueldos de los grados A, B, C y 1A de las escalas de sueldos. Tampoco se consideran las rentas percibidas por los ministros de Estado, por los diputados y senadores, y, en general, por las autoridades señaladas en el artículo 38 bis de la Constitución Política.

Además, el reajuste incorpora a los trabajadores del sector público que no están afectos a los sistemas remuneracionales que señala la norma, como también incrementa la unidad de subvención educacional en 2,7 por ciento.

La iniciativa legal concede también otros beneficios no remuneracionales y detalla los montos y trabajadores beneficiados con los aguinaldos de Navidad y de Fiestas Patrias, como los bonos de escolaridad, el aporte a los servicios de bienestar, el bono de nivelación, el bono de invierno y los aguinaldos para pensionados, así como normas orientadas a sectores particulares, tales como una bonificación para enfermeras, matronas y otros profesionales de colaboración médica, bonos de vacaciones, un bono de desempeño laboral para asistentes de la educación, una asignación para profesionales del Servicio Médico Legal, un bono para funcionarios de zonas extremas, un bono para asistentes de la educación y otros beneficios que indica.

En materias misceláneas, el proyecto establece los requisitos para el cargo de director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, modifica diversas materias de la planta de personal en la Policía de Investigaciones de Chile, concede beneficios al personal femenino de Gendarmería de Chile, establece una bonificación para el personal de la Comisión para el Mercado Financiero, regula el traspaso de personal desde la Corfo a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, dispone beneficios para funcionarios municipales, y modifica numerosas otras materias.

En lo relativo al impacto fiscal del proyecto, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos precisa que el costo total implícito en el proyecto llega a 1.049.770 millones de pesos. Los beneficios de mayor impacto en el erario son el reajuste de remuneraciones y subvenciones, que ascenderá a 545.972 millones de pesos; el Bono Invierno para el sector pasivo, por 91.701 millones de pesos; el aguinaldo de Fiestas Patrias, por 67.998 millones de pesos, y el aguinaldo de Navidad para el sector pasivo, por 58.640 millones de pesos.

En materia de financiamiento, el proyecto indica que el mayor gasto para los años 2020 y 2021 se cargará a los recursos de los respectivos presupuestos, con reasignaciones presupuestarias de cualquier subtítulo de gastos, y en lo que faltare, con transferencias del Tesoro Público.

La comisión debatió extensamente acerca de las cifras presentadas, discrepando de diversas posturas defendidas por la autoridad de gobierno. Tras el debate, el ministro de Hacienda se comprometió a avanzar prontamente en un bono Covid para el personal de la salud, incorporando en la definición de los montos la participación de los funcionarios beneficiados.

Asimismo, se explicó el caso de los trabajadores traspasados desde la Corfo al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, los cambios derivados del carácter permanente del bono de desempeño laboral, la situación del personal femenino de Gendarmería en materia de ascensos y permisos de natalidad, la solución a problemas de la planta y de ascensos de la Policía de Investigaciones, la situación de los asistentes de la educación en los establecimientos VTF, la asignación de zona de los asistentes de la educación traspasados a servicios de educación locales, la opción extraordinaria de acumular feriado legal pendiente por causas de la pandemia, y la creación de un derecho a indemnización para los funcionarios que sean desvinculados del Senama por causa de una evaluación negativa, entre otras varias temáticas.

Sometida a votación en general, la iniciativa fue aprobada por 7 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. Votaron a favor la diputada señora Sofía Cid y los diputados señores Patricio Melero , José Miguel Ortiz , Leopoldo Pérez , Issa Kort , Miguel Mellado y Gastón von Mühlenbrock . Votaron en contra los diputados señores Giorgio Jackson , Cosme Mellado , Manuel Monsalve , Marcelo Schilling y el presidente, señor Daniel Núñez . Se abstuvo el diputado señor Pablo Lorenzini .

En las votaciones en particular, la comisión rechazó por 6 votos a favor y 7 en contra, desde el artículo 1 al 33 del proyecto, con lo que consecuentemente se rechazaron tanto los guarismos del reajuste, como, asimismo, los aguinaldos, los bonos de escolaridad, el bono de vacaciones, el bono de desempeño laboral y otros beneficios no remuneracionales adicionales.

Los artículos 34 al 87, que contienen materias misceláneas, fueron aprobados.

Como consecuencia de lo anterior, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable Sala aprobar la presente iniciativa de ley en los términos referidos.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor FLORES (Presidente accidental).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) [de pie].-

Señor Presidente, distinguidas y distinguidos colegas, en mi calidad de diputada informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, me corresponde informar ante ustedes sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje, que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales, contenido en el boletín Nº 13960-05, con urgencia calificada de discusión inmediata.

En primer lugar, quiero expresar la preocupación de la gran mayoría de nuestra comisión por el hecho de haberse negado la posibilidad de estudiar y pronunciarnos sobre un proyecto tan importante, como lo es el de reajuste de remuneraciones del sector público, que afecta a gran parte de nuestros trabajadores y trabajadoras, y, además, por la cantidad de otras propuestas, de otros artículos que se han presentado y que deberían haber sido enviados a otras comisiones.

No tengo memoria, en mis años en esta Corporación, de una situación como esta, en que habiéndonos sido remitido un proyecto para su conocimiento y estudio, se nos negara el derecho a pronunciarnos sobre él y votar.

Para la mayoría de nuestra comisión -así también lo fue para la Comisión de Hacienda-, el proyecto es absolutamente insuficiente para reconocer el aporte y sacrificio que nuestros trabajadores y trabajadoras del sector público han hecho durante este tiempo de pandemia, un enorme esfuerzo para mantener nuestras instituciones y organizaciones públicas funcionando, la mayoría de las veces arriesgando su salud y, por qué no decirlo, también su propia vida.

Compartimos con la Comisión de Hacienda el rechazo a los montos del reajuste propuesto por el gobierno y a las remuneraciones y los distintos aguinaldos y beneficios que, históricamente, el Estado ha entregado a sus servidores públicos.

La cifra de la cual el Ejecutivo tozudamente no ha querido moverse no se condice con la realidad del sufrimiento que hoy tienen muchas familias de chilenos y chilenas azotadas por esta pandemia.

Desde la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de esta Corporación hacemos un llamado al gobierno para que mejore su proposición y dé respuesta a las justas demandas de los servidores públicos y las servidoras públicas para obtener un reajuste real de sus remuneraciones y, además, beneficios que compensen al menos -¡al menos! el alza del costo de la vida.

En particular, la comisión apuntó a la situación de los trabajadores asistentes de la educación, por quienes abogo para que, de una vez por todas, se aborde el problema, construyendo indicadores en conjunto con ellos.

Respecto de los funcionarios de la Corfo que serán traspasados de un servicio a otro, estimo que a ellos se les debería indemnizar por el término de sus servicios en su respectiva repartición.

Asimismo, discrepamos de la utilización de recursos públicos a través del servicio de bienestar de Carabineros para solventar la defensa de funcionarios involucrados en violaciones de derechos humanos y que incluso han sido desvinculados.

Del mismo modo, en materia de trabajadores a honorarios, estimamos necesario entregar las condiciones económicas para que aquellos que sean traspasados a contrata no sufran disminución de sus ingresos.

Asimismo, se considera injusto limitar la permanencia en el sector público hasta los 75 años de edad a los trabajadores y trabajadoras, dadas las precarias pensiones de vejez que entrega el sistema de pensiones actual.

Especial mención se hizo en el transcurso de la sesión del día de hoy de que el proyecto excede el marco de la ley de reajuste y se trataría más bien de una ley miscelánea cuyas diversas materias exceden la competencia exclusiva de la Comisión de Hacienda.

Asimismo, objetamos la intención del Ministerio de Hacienda de acceder a las cuentas de capitalización individual de los afiliados al sistema de AFP, pues violaría la esfera de la intimidad y la vida privada de las personas.

Por último, la comisión abogó fuertemente por que el gobierno entregue un bono especial a los trabajadores y las trabajadoras de la salud, el cual está comprometido desde la discusión del proyecto de ley presupuestos, y hasta el día de hoy no se concreta. Esos funcionarios han arriesgado su salud y su vida durante esta pandemia, por los chilenos y las chilenas.

En resumen, la mayoría de los diputados de la comisión lamentó que no se haya alcanzado un acuerdo en la mesa de negociación del sector público que permitiera que en este proyecto tan importante se viera reflejada la voluntad del gobierno por respetar el piso de las negociaciones que realizaron.

Agradecemos la presencia en la sesión del ministro de Hacienda, señor Ignacio Briones ; del subsecretario de dicha cartera, señor Alejandro Weber ; de la subdirectora de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, señora Cristina Torres Delgado ; del asesor legislativo del Ministerio de Hacienda, señor José Enrique González ; de la presidenta de la Confusam, señora Gabriela Flores Salgado ; del presidente de la ANEF, señor José Pérez , y a todos los gremios que participaron en forma telemática.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Patricio Melero .

El señor MELERO (vía telemática).-

Señor Presidente, hago uso de la palabra para solicitar que se extraigan de la intervención que acaba hacer la diputada Alejandra Sepúlveda una serie de apreciaciones subjetivas, que son personales de ella, y que no correspondía que las emitiera en su condición de diputada informante, como tratar al gobierno de tozudo o adjudicar a toda la comisión un planteamiento que jamás fue de todos sus integrantes.

Llamo a la Mesa a representarle a la diputada Alejandra Sepúlveda lo inconveniente que es que aproveche la tribuna que le brinda la confianza depositada en ella por la comisión para expresar su opinión, lo que debería hacer luego, en el transcurso del debate. No corresponde que el diputado informante, que debe representar a la comisión en pleno, emita opiniones y califique las actitudes del gobierno utilizando epítetos como “tozudo” u otros, mientras rinde el informe.

Por tanto, solicito que todas esas expresiones inadecuadas, que no corresponden a un diputado informante o que no son representativas del pensar de toda la comisión, como ella asevera, se eliminen de su intervención.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos y treinta segundos, el diputado Tucapel Jiménez Fuentes .

El señor JIMÉNEZ (vía telemática).-

Señor Presidente, tan poco tiempo para decir tanto, ¿no? Siempre nos condicionamos el tiempo entre nosotros. Es algo que no se entiende.

Parto con algo que dijo el presidente de la ANEF, señor José Pérez , ante la Comisión de Hacienda. Dijo: “Esto es un retroceso, es un castigo, es perder el poder adquisitivo que tienen los funcionarios públicos”.

Quiero relacionar eso con lo que ocurrió en la reforma laboral. Cuando discutimos dicha reforma, conseguimos dos grandes cosas: terminamos con el reemplazo en huelga, que era algo que nadie comprendía, e incorporamos la ley de piso, que, en definitiva, significa partir toda nueva negociación con el piso de lo que se haya conseguido en la anterior.

Acá me dirán que eso es para el mundo privado y que la negociación colectiva no existe para el sector público, pero todos sabemos que, en la práctica, la Mesa del Sector Público negocia colectivamente desde hace muchos años.

El Estado y el gobierno tienen que ser un ejemplo de empleador. ¡Qué señales enviamos al mundo privado cuando ni siquiera el gobierno es capaz de respetar la ley de piso! Aquí ni siquiera se están respetando los bonos que se consiguieron en la última negociación con la Mesa del Sector Público.

Algo bueno que debemos rescatar es que los sindicatos hayan llegado unidos, porque siempre hay divisiones. Soy un crítico de lo que ocurre con la unidad, no solo en el sector político, sino también en el mundo de los trabajadores. Pero esta vez llegaron unidos. Toda la mesa rechazó la propuesta del gobierno.

Después de haber tenido un año realmente crítico, los funcionarios públicos han sido un ejemplo por cómo han trabajado y cómo se han entregado. El mejor ejemplo es el de los funcionarios de la salud, que han sido -como dije en la comisión nuestros héroes y nuestras heroínas. Por eso estamos peleando para que se les dé un bono en reconocimiento a la tremenda labor que han realizado.

Vamos a rechazar este proyecto, porque, en el fondo, los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo. Que haya más dinero, que haya más reajuste permite mover la economía nacional. Lo hemos dicho siempre, y el retiro del 10 por ciento demostró que los trabajadores, cuando tienen más dinero, mueven la economía del país. Por eso…

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Lamentablemente, terminó su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra, hasta por seis minutos, el diputado Miguel Mellado Suazo .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, la pandemia provocada por el coronavirus ha generado una fuerte contracción en la economía mundial, incluida la de Chile.

En el caso de nuestro país, los ingresos de agosto muestran un derrumbe de 14,1 por ciento en los últimos doce meses, con una caída de 18,2 por ciento en la proyección de los ingresos fiscales.

La adopción de medidas excepcionales con miras a mitigar el impacto en el empleo implicó un aumento del 11, 4 por ciento del gasto fiscal respecto del presupuesto de 2019.

Por su parte, en el IPOM de diciembre de 2020, el Banco Central proyectó que la economía caería entre 6,25 y 5,75 por ciento, mientras que para 2021 se espera que crezca entre 5,5 y 6,5 por ciento.

Dicho todo eso, ¿qué está sucediendo en Chile? Los empleados públicos, ¿saben cuáles son las propuestas de reajuste para 2020-2021? En un contexto de coherencia entre el diseño de la política pública que ha primado y las diversas medidas que se han presentando este año en razón de la pandemia, la gran mayoría de ellas inéditas, felicito al ministro de Hacienda, pues propuso ideas originales, muy distintas a las tradicionales, como ocupar el fondo de cesantía para mantener con ingresos económicos a más de 750.000 trabajadores, de los cuales aproximadamente 250.000 aún no utilizan dicho fondo. En definitiva, fue una medida importante para mantener los empleos y los ingresos de los hogares.

A diferencia de los trabajadores del sector privado, a los trabajadores públicos no se les rebajó ni un peso de sus ingresos durante todo el año. Así, el reajuste de 2,7 por ciento para las rentas menores a 1.500.000 de pesos y de 0,8 por ciento para rentas superiores a ese monto lo que busca es apoyar a las rentas más bajas del sector público, a las que se les suma un bono especial de 45.000 pesos para quienes reciben rentas de hasta 545.000 pesos mensuales. Año a año se pretende mejorar las rentas más bajas del sector público.

Se propone un reajuste diferenciado, que implica que el 75 por ciento de los trabajadores del sector público, quienes tienen rentas de hasta 1.500.000 pesos, tengan un reajuste de 2,7 por ciento, correspondiente al IPC acumulado a noviembre del presente año.

El sector de salud recibirá un reconocimiento adicional, por la atención que ha brindado durante la pandemia, a través del pago del bono Trato Usuario, para quienes fueron considerados en los tramos 2 y 3, siendo beneficiados con un diferencial, como si hubieran estado en los tramos más altos.

En virtud de los anterior, la iniciativa contempla un reajuste diferenciado, a contar del 1 de diciembre de este año, de 0,8 por ciento para los funcionarios cuyas remuneraciones brutas sean superiores a 1.500.000 pesos y de 2,7 por ciento para quienes obtengan remuneraciones de hasta 1.500.000 pesos.

¿Qué pasará con las rentas más bajas, que se pretenden mejorar? Considerando el especial enfoque que tuvo el gobierno en política pública y siguiendo la lógica del ingreso mínimo garantizado, el año pasado se incorporó un bono especial de hasta 35.000 pesos para rentas de hasta 519.000 pesos. Este año, considerando la especial atención que merece este sector de trabajadores, se incrementará dicho aporte hasta llegar a 45.000 pesos mensuales para aquellos trabajadores cuya remuneración bruta en el mes de su pago sea inferior a 545.000 pesos y se desempeñen en una jornada completa. Recibirán el monto máximo quienes tengan una remuneración igual o inferior a 482.000 pesos. El universo aproximado de beneficiarios de este bono se estima entre 80.000 y 90.000 personas, es decir, entre 10 y 11 por ciento de la cobertura de esta ley.

Entre otros bonos, se considera un aguinaldo de navidad, con un monto de 59.000 pesos para aquellos trabajadores cuya renta líquida en noviembre de 2020 sea inferior a 794.000 pesos y de 31.000 pesos para rentas superiores a ese monto; un aguinaldo de fiestas patrias de 76.500 pesos para los trabajadores cuyas rentas líquidas sean igual o inferior a 794.000 pesos y de 53.000 pesos para rentas superiores; un bono de escolaridad, que consiste en un aporte de 74.000 pesos a quienes reciben remuneraciones brutas de hasta 2.600.000 pesos, además de una bonificación adicional de escolaridad de 31.000 pesos; un bono de vacaciones de 62.000 pesos para trabajadores con renta igual o inferior a 794.000 pesos y de 43.000 pesos para rentas que superen tal cantidad y no exceda de una remuneración bruta de 1.500.000 pesos.

Para el sector pasivo, se contempla un bono de invierno, un aguinaldo de fiestas patrias y otro de navidad.

En el ámbito de la salud, hay un bono Trato Usuario para atención primaria de salud y el servicio de salud. Se contempla, excepcionalmente, que a todos los funcionarios actualmente evaluados, con derecho a unificar por el trato usuario el tramo 2 y 3 se les pague un diferencial para alcanzar el monto que hubiesen percibido de haber sido evaluados en tramo 1.

Entre otras bonificaciones contempladas, tenemos una bonificación extraordinaria para enfermeras y matronas, un reajuste de remuneraciones sobre planilla complementaria y un reajuste del monto del bono que se asigna a los asistentes de la educación, etcétera.

¿Qué pasó? ¡La gente de la oposición rechazó no solo el reajuste a las remuneraciones, sino también los bonos que se iban a entregar! ¡Ellos serán los culpables si no hay reajuste ni aguinaldos! El gobierno hizo su mayor esfuerzo, considerando las circunstancias en que se encuentra nuestro país y el mundo, enfrentando una pandemia y con una economía caída. Con todo, se les entrega un reajuste de 2,7 o 0,8 por ciento dependiendo de los montos de los sueldos.

Los bonos fueron rechazados en la comisión. No sé qué va a pasar con ellos en esta Sala. Yo espero que se aprueben, porque de lo contrario deberán ser repuestos en la tramitación en el Senado.

Pido consistencia a la gente de la oposición en el discurso y en los hechos, pensando en la gente que trabaja en el sector público ¡No rasguemos vestiduras! Hay una carta que leyó un diputado, en que la Fenats del Biobío pedía que aprobaran en general el proyecto, pero algunos lo rechazaron. Entonces, hay un doble discurso: uno que se hace en privado y otro en público, donde se rasgan vestiduras.

Apelo a que a esta hora de la noche, cuando son casi las 21:00 horas de este jueves, los diputados apoyen este proyecto de reajuste de remuneraciones para el año 2021, porque es lo que el país puede dar en este momento.

Le pido a la gente que está en el servicio público que acepte este reajuste, porque estamos en una situación complicada como país. No pidamos más de lo que el país puede dar.

El ministro de Hacienda está haciendo su mejor y mayor esfuerzo y como país nos estamos endeudando muchísimo. Esa deuda la pagarán nuestros hijos y nuestros nietos; no la pagaremos nosotros.

Seamos sensatos. Este es un buen reajuste y espero que la oposición entienda que el país no está para seguir enanchando la deuda fiscal, que no da para más.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Tomás Hirsch Goldschmidt .

El señor HIRSCH (vía telemática).-

Señor Presidente, de los mismos creadores de la nueva normalidad, del retorno seguro, de arriba los corazones que vienen tiempos mejores, hoy se presenta un nuevo eufemismo piñerista llamado “reajuste del sector público”.

Este es un gobierno -quieren que se borre del acta de la Comisión de Trabajo, pero lo voy a decir de una tozudez absoluta.

Me pregunto por qué el gobierno no llama a las cosas por su nombre. Todos sabemos que un alza nominal de los salarios que no esté sobre el IPC acumulado no es un alza real de los salarios. Hoy, el pretexto para el congelamiento de los salarios reales de algunos trabajadores, y de reducción para otros, es la crisis sanitaria. Ese pretexto es parte de una estrategia mayor, para reducir el tamaño del Estado y para que siempre sean los trabajadores quienes tengan que pagar el costo de la crisis. Siempre hay una excusa para no mejorar los sueldos; es algo que vengo escuchando hace mucho tiempo. Sin embargo, siempre hay alguna excusa para seguir otorgándoles más beneficios a los grandes capitales, manteniéndoles tasas de impuestos extremadamente bajas. ¡Ni hablar de que el gobierno apoye el impuesto a los superricos! ¡No se toca a los amigos!

Actualmente, Chile ocupa el penúltimo lugar a nivel de la OCDE en gasto público respecto del Producto Interno Bruto (PIB). El empleo que genera el sector público es de apenas 12 por ciento, lo que nos ubica entre los países con menos generación de empleo por parte del Estado.

Durante el año 2020, los trabajadores de la salud, de acuerdo al propio gobierno, han estado en la primera línea, enfrentando la pandemia. Miles de funcionarias y funcionarios públicos han lidiado con el aumento de la carga laboral y doméstica como consecuencia de la crisis sanitaria.

¡Basta ya de que sean los trabajadores quienes tengan que pagar siempre el costo de la inoperancia del gobierno! Cada año hay una excusa nueva, pero en definitiva nunca se mejora la condición de los trabajadores y una y otra vez se privilegian los beneficios del capital. Hoy vuelve a pasar lo mismo y el gobierno es incapaz de escuchar, de entender y de captar lo que está pasando en el país.

Por respeto a la función que cumplen los funcionarios públicos, por respeto a las trabajadoras y trabajadores de nuestro país, rechazo este muy mal llamado reajuste, porque lo considero como una medida que sigue precarizando el empleo y afecta la dignidad de las trabajadoras y trabajadores del sector público.

Hay que rechazar esta propuesta del gobierno, porque no responde a las necesidades ni a las demandas de las trabajadoras y de los trabajadores de nuestro país.

He dicho.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Miguel Ortiz Novoa .

El señor ORTIZ (vía telemática).-

Señor Presidente, saludo a todos quienes están en la Sala; a diputadas y diputados; al señor ministro de Hacienda; al recién asumido subsecretario de esa cartera y a todo su equipo. Lamento que no haya podido ingresar a la Sala la subdirectora de Racionalización y Función Pública de la Dipres, quien entregó muchos antecedentes en la Comisión de Hacienda.

El 2020 ha sido un año dramático, en especial para los trabajadores y trabajadoras, ya que la pandemia ha afectado la actividad productiva y laboral. Muchas familias están sufriendo el desempleo, la caída de ingresos y mayor endeudamiento. Afortunadamente, ese panorama no se vive en el sector público, pero sí el teletrabajo, que ha generado un fuerte estrés laboral en las instituciones públicas.

El sector público, en especial la salud pública, tanto de hospitales como de consultorios municipales ubicados a lo largo del país, ha sido, lejos, la primera línea para enfrentar la crisis sanitaria. Frente a esta crisis se requiere de un sector público fuerte para recuperar y ejecutar la inversión que posibilite la reactivación de la economía, a fin de actuar eficientemente en una red de protección social que ha mostrado muchas falencias en ayudar a las familias más necesitadas.

En estos momentos no corresponde que se precaricen las condiciones de trabajo del sector público. ¡Hay que proteger el empleo y las remuneraciones! Nadie puede aspirar en una crisis a que se mejoren las condiciones salariales, pero sí a defender el poder adquisitivo mediante reajustes que de verdad den el ciento por ciento del IPC anual. También corresponde defender los puestos laborales y crear más empleos, si es necesario, para enfrentar la crisis sanitaria.

Se propone un 2,7 por ciento de reajuste de remuneraciones para los funcionarios con rentas de hasta 1.500.000 de pesos de remuneración bruta, y al resto un 0,8 por ciento. Creo que ello no es equidad salarial, porque no resguarda la capacidad salarial de los trabajadores de menores ingresos.

Lo que está pendiente y debe resolverse es el bono especial dirigido a los funcionarios de la salud pública que están en primera línea dando lucha contra la covid. Sí debo decir que hay dos artículos que reconocieron algunas asignaciones, que se están cumpliendo, en el sector salud.

El ministro de Hacienda, después de una petición que le hicieran diputados oficialistas, dio a conocer que el gobierno está dispuesto a crear un bono. Esperamos tener noticias favorables hoy o bien cuando el proyecto se despache al Senado. No es posible aceptar lo que está sucediendo. Esas materias no han sido resueltas en este diálogo.

Así como asumí la responsabilidad de votar la idea de legislar, también fui muy claro en rechazar el artículo 1, que contiene los reajustes de 0,8 por ciento y de 2,7 por ciento. Es más, junto con otros colegas, rechacé los artículos 2 al 33, que tienen que ver con aguinaldos y beneficios, es decir, todo aquello que legítimamente han solicitado los trabajadores fiscales durante años y que les hemos conseguido a través de sucesivas leyes.

Señor ministro -por su intermedio, señor Presidente-, es el momento de que dé a conocer que efectivamente se creará un bono y que el reajuste mejorará. Son dos materias fundamentales; de lo contrario, estaremos obligados a seguir votando en contra el artículo 1 y desde los artículos 2 al 33. Espero que esto se entienda o, de lo contrario, esto llegará a comisión mixta.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, hasta por seis minutos y cincuenta y dos segundos, el diputado Manuel Monsalve Benavides .

El señor MONSALVE.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer la labor que efectúan cientos de miles de funcionarios públicos a lo largo de todo Chile, sus gremios y dirigentes.

Cuando ocurre una crisis, el sector público, como lo hemos visto en esta crisis sanitaria, económica y social, se despliega en salud, en educación, en los municipios y en los servicios que atienden a las personas, es decir, en todos los ámbitos. No es posible enfrentar una crisis sin un sector público fuerte. Hoy estamos discutiendo sus condiciones salariales y laborales. Quiero reconocer en ellos su capacidad de unidad para instalar un proceso de negociación colectiva que no es fácil, ya que la misma no está legislada para el sector público. Ese proceso tiene como tarea central proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

En particular, quiero reconocer a los dirigentes de la mesa del sector público de la Región del Biobío en la persona de la presidenta de la ANEF de la zona, señora Lorena Lobos, quien me ha transmitido la necesidad de defender con fuerza los derechos laborales de los trabajadores del sector público.

¿Cuál es el punto central? Dieciséis gremios del sector público de salud han negociado con el gobierno y los dieciséis gremios rechazaron la propuesta del Ejecutivo por un elemento central: le quita poder adquisitivo a los trabajadores. En 2021, los trabajadores van a tener menos ingresos -lo puedo demostrar y menor poder adquisitivo que en 2020. Una tarea esencial del Congreso es protegerlos, defender los derechos adquiridos y su poder adquisitivo. Eso es lo que hemos intentado hacer en todos los debates laborales, tanto en el sector privado como en el público.

Sostuvimos una discusión en la Comisión de Hacienda respecto de lo que constituyen los pisos de negociación. Es cierto que ello no está legislado para el sector público. Muchas personas del mundo sindical, a través de décadas de lucha, al igual que muchos de los que estamos en este Congreso, compartimos la necesidad de instalar pisos de negociación, pero el gobierno quiere vulnerarlos. No solo quiere quitar poder adquisitivo, sino también quitar o reducir elementos estipulados en la negociación anterior.

En la práctica, un trabajador del sector público que percibe una remuneración de 600.000 pesos, en 2021 va a tener menor poder adquisitivo y, por ende, menores ingresos. No estoy de acuerdo con eso. Por lo tanto, vamos a rechazar la propuesta del gobierno para forzar una negociación.

Además, en este debate se vuelve a instalar una idea que encuentro nefasta para el país que queremos construir: me refiero al hecho de que, al final, la crisis la tienen que pagar los trabajadores.

Primero, tenemos la ley de protección al empleo, que suspende contratos y obliga a los trabajadores a asumir la disminución de sus ingresos a costa de sus propios recursos depositados en sus cuentas individuales del seguro de desempleo. Después, como no hay respuesta oportuna del gobierno, los trabajadores tienen que hacer uso del primer retiro de 10 por ciento de sus fondos previsionales. Como el gobierno sigue sin dar respuesta oportuna y suficiente, tienen que hacer uso de un segundo retiro de 10 por ciento de sus fondos.

Los recursos utilizados de los fondos de los trabajadores para enfrentar la crisis ya suman 30.000 millones de dólares. Ahora, el gobierno llega aquí con un proyecto de ley que les quita poder adquisitivo y vuelve a instalar la idea de que, al parecer, para el gobierno el costo de esta crisis la deben pagar los trabajadores.

No hay ninguna iniciativa para que quienes se ubican en el tramo del 1 por ciento de mayores ingresos hagan un esfuerzo similar al que se les está pidiendo a los trabajadores. Aquí no hay patrocinio ni interés en sacar adelante un proyecto, por ejemplo, para establecer un impuesto, por una sola vez, a los patrimonios de más de 20 millones de dólares. Vuelve a ser la política del embudo: ancho para los que están en el 1 por ciento más rico y estrecho para el mundo laboral.

Tuvimos un debate respecto de los bajos salarios. Todavía hay trabajadores del sector público que perciben salarios bajo el piso salarial que el Congreso fija para el sector público. Por ejemplo, ese es el caso de los asistentes de la educación. A algunos trabajadores también les quitan beneficios que este Congreso ha legislado, como, por ejemplo, la asignación de homologación que se entrega a las trabajadoras que se desempeñan en salas cuna y jardines infantiles vía transferencia de fondos.

Reconozco que el ministro de Hacienda adquirió un compromiso respecto de este punto, que es constituir una mesa para enfrentar y resolver ese problema, lo cual le agradezco por intermedio del señor Presidente. Espero que antes del 31 de enero podamos concretar la instalación de la mesa, tal como fue establecido en la Comisión de Hacienda.

El bono para los trabajadores de la salud es un reconocimiento a una labor de gran envergadura. La tasa de contagios de los funcionarios de la salud es más alta que la del promedio; en algún momento, el 10 por ciento de los contagiados eran funcionarios de la salud. Hay funcionarios de la salud que han fallecido en el ejercicio de su función. Hoy existen brotes muy importantes en establecimientos de salud, como, por ejemplo, el brote en el Hospital Dr. Víctor Ríos Ruiz , de la ciudad de Los Ángeles. Los trabajadores y sus familias son los que se contagian.

Entonces, cuando se pide el reconocimiento y el cumplimiento de la palabra del gobierno, se está pidiendo efectivamente reconocer un sacrificio profundo que han hecho los trabajadores de la salud pública de Chile, el cual vamos a seguir requiriendo, porque la pandemia no ha terminado ni se ha aliviado; por el contrario, se está agravando en gran parte de las regiones de Chile.

Finalmente, vuelvo a pedir votación separada del artículo 86, el cual volveré a rechazar, porque entrega facultades al gobierno para cesar en la función pública a los mayores de 75 años de edad, cuestión que me parece total y absolutamente discriminatoria y que no debería ser parte de este proyecto de ley.

No vamos a aceptar el chantaje, porque aquí los objetivos son integrales; no vamos a permitir que se baje el poder adquisitivo, y vamos a exigir el bono para los trabajadores del sector público de la salud. Mientras eso no ocurra, nosotros vamos a votar en contra la propuesta del gobierno.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Melero .

El señor MELERO (vía telemática).-

Señor Presidente, de pronto, cuando escucho algunas intervenciones de mis colegas diputados de la oposición, me da la impresión de que estuviéramos discutiendo una ley de reajuste y una serie de leyes misceláneas en el marco de un país en normalidad. Veo poca comprensión, poca solidaridad con el resto de los chilenos y poco entendimiento de las dificultades que el país atraviesa, que son las que justifican este reajuste en un contexto único y diferente al de las leyes de reajuste de años pasados.

Honorable Cámara de Diputados, no escapa al criterio de todos ustedes, porque tienen las cifras y el conocimiento, que este proyecto de ley de reajuste se discute en un marco de enorme adversidad, con un país que, este año, tendrá un crecimiento económico negativo de menos 5,5 por ciento, con una tasa de desempleo en torno al 14 por ciento, que tiene a cerca de un millón ochocientos mil chilenos sin trabajo -el desconfinamiento en algunas partes y las políticas de subsidio al empleo nos han permitido recuperar del orden de trescientos mil-, y con un país que tiene la capacidad de controlar la inflación en el 2,7 por ciento. Pero pareciera ser que para la oposición ese no es el país que pretenden justificar. Entonces, llueven las exigencias y las demandas, y hay poca disponibilidad a entender el contexto que estamos viviendo.

Este es un proyecto de reajuste realista en la posibilidad que el país tiene, que va a mantener el poder adquisitivo a todos los trabajadores del sector público que tengan ingresos inferiores a 1.500.000 de pesos, que son -volvemos a decirlo en torno al 4 o 5 por ciento de los chilenos de más ingresos del país, y que respecto del resto, con salarios más altos de 1.500.000 de pesos en el sector público, va a permitir un reajuste del 0,8 por ciento, que sí es inferior a la inflación, pero está dentro de las posibilidades que se tienen.

Desde luego, debemos decir que las más altas rentas del país, incluidos diputados, senadores, ministros de Estado, Presidente de la República, ministros de la Corte Suprema, tendrán cero reajuste, que es lo que corresponde.

Veo que ese contexto no se reconoce y que, entonces, llueven las exigencias.

Permítanme mostrar, como norma comparativa, lo está pasando en otros países latinoamericanos en materia de reajuste del sector público: en Perú tienen un reajuste de menos 1,9 por ciento; en Uruguay, de menos 3,3 por ciento; en Costa Rica, de menos 0,9 por ciento; en Brasil, de menos 2,9 por ciento; en Colombia, de menos 1,1 por ciento; en Belice, de menos 0,7 por ciento, y en el vecino país Argentina los trabajadores del sector público cayeron con un reajuste de menos 38 por ciento.

¿Por qué en Chile podemos otorgar un reajuste de 2,7 por ciento? Porque hemos hecho las cosas bien, porque hemos actuado con responsabilidad fiscal, porque, en el pasado, tuvimos capacidad de ahorrar plata y aún tenemos plata en nuestros fondos soberanos; porque también hemos tenido la capacidad de reencauzar los fondos del Estado en las prioridades que el país nos ha puesto por delante. Sin embargo, seguimos exigiendo.

¿Los señores diputados han meditado que el país tiene un déficit fiscal importante? ¿Los señores diputados de la oposición reconocen que el esfuerzo fiscal que el país ha hecho ya está sobre el 8 por ciento del producto interno bruto, lo que nos pone entre los siete u ocho países que más han ayudado a sus ciudadanos, comparándonos incluso con países desarrollados? Pero nada de eso se valora o reconoce a la hora de votar y resolver.

Dicho esto, me voy a referir a tres temas específicos. Primero, el bono covid-19. Estoy seguro de que será una realidad, que el gobierno lo entregará a los trabajadores de la salud, porque los parlamentarios de Chile Vamos se lo pedimos hace tres días.

He conversado con los presidentes de la Confusam y de una serie de otros gremios, y les puedo garantizar que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera les va a otorgar un bono, porque reconocemos el valor del trabajo que realizan, el esfuerzo que han hecho durante estos meses de pandemia y el esfuerzo que tendremos que seguir haciendo, porque la pandemia persiste y crece. Es un bono muy justificado. Espero que, en el contexto de las discusiones que siguen, tengamos la cifra definitiva, que estimo que debe ser en torno a los doscientos mil pesos, para reconocer ese aporte gigantesco de los trabajadores de la salud.

Agradezco al gobierno del Presidente Piñera por haber tenido la sensibilidad, la capacidad y los recursos económicos, porque son varias decenas de millones de dólares lo que cuesta este bono para ir en beneficio de los trabajadores de la salud.

Dentro de las normas misceláneas, hago especial mención al tratamiento que se hace respecto de la Policía de Investigaciones de Chile, en los artículos 38, 39 y siguientes, en que se modifica el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile y la Ley Orgánica de Policía de Investigaciones de Chile, para darle “tiraje a la chimenea”, para los oficiales que han estado durante años esperando un ascenso y no han podido tenerlo, y para que, de una vez por todas, se reconozca el enorme valor que tiene la acción policial. El reconocimiento a la institución se hace por esa vía, y espero que tenga la aprobación de todos.

Por último, cabe destacar, en forma muy importante, el reconocimiento -al menos de mi partido, la UDI, que votará favorablemente este proyecto de ley hacia todos los trabajadores del sector público, porque conocemos el valor del trabajo que realizan, el enorme aporte que hacen al país, y entendemos que, en el contexto de la crisis, es un sector que ha tenido el enorme beneficio de no haber perdido una sola fuente de trabajo y que, además, verá reajustado su salario.

¿Qué sector de Chile puede tener la tranquilidad que hoy otorga el hecho de estar en el sector público? ¿Qué trabajador de Chile, que no esté en el sector público, puede tener la estabilidad y la tranquilidad de saber que recibirá su reajuste, que cuatro veces al año recibirá los salarios adicionales que se pagan con el bono ANEF de cumplimiento de metas?

Pueden estar tranquilos, porque este gobierno garantiza al sector público estabilidad. De lo contrario, comparen con lo que ocurre en otros países, con las pérdidas de empleos y las dificultades.

Por todo lo expuesto, vamos a votar a favor este proyecto de ley de reajuste.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez Seguel .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, por su intermedio quiero señalar al ministro de Hacienda y a sus asesores que compararnos con otros países puede ser una buena técnica, pero nuestro país se caracteriza, especialmente en el sector público, por tener hombres y mujeres que se esfuerzan, que trabajan día a día y que hacen lo mejor para Chile.

Somos uno de los países que en el mundo público presenta uno de los menores niveles de corrupción y la mayor cantidad de horas trabajadas. Pero en el último tiempo, este sector se ha enfrentado a una pandemia que, si bien ha afectado a todo el mundo, en Chile ha sido mucho más cruel producto de las condiciones climáticas y del territorio en que vivimos.

Por lo tanto, los funcionarios públicos son el pilar de nuestra sociedad, son el pilar con el cual todas las instituciones -incluyendo al Congreso Nacional y sus trabajadores pueden movilizar este país y lograr que el engranaje vaya poco a poco generando.

Por eso es importante que el Estado y sus autoridades de turno tengan siempre en cuenta el reconocimiento a los trabajadores, hombres y mujeres, que se esfuerzan cada día.

Por cierto, en distintos sectores de nuestra sociedad todos los funcionarios públicos, unos más y otros menos, han trabajado para llevar adelante al país en momentos completamente difíciles. Veamos lo que hace nuestra gente de la salud, los profesores con su búsqueda de una fórmula para educar a distancia a nuestros hijos y las organizaciones de profesionales que ayudan para que esta situación mejore. Pero dentro de ese ámbito también encontramos un sector precario constituido por funcionarios públicos contratados a honorarios, quienes muchas veces tienen el temor de que a fin de año los vayan a despedir.

Por lo tanto, creo que es importante que el Ejecutivo sea aún más generoso; no generoso por serlo, sino por reconocer que la labor pública que realizan nuestros funcionarios y trabajadores merece eso y mucho más.

Los funcionarios públicos son personas que, al margen de su ideología política, se esmeran en hacer el bien y se esmeran en hacer bien su trabajo. Saben que esto es importante, saben que no pueden dejar de hacerlo y muchas veces hacen todo lo posible, incluso más allá de las horas que les corresponde trabajar.

A todos nos ha correspondido visitar distintas instituciones, como colegios, hospitales o consultorios, y hemos visto que en estos últimos están los funcionarios realizando muchas veces una serie de actividades propias y sacando de sus propios recursos para ayudar a tantas personas que llegan a esos servicios.

Si nuestro país hoy se ha podido movilizar, ha podido generar estabilidad y ha podido entregar orientación a la población ha sido gracias a los funcionarios públicos que, desde Arica a Punta Arenas y desde el mar hasta la cordillera, se han esforzado.

Ellos necesitan no un privilegio, necesitan lo justo, necesitan lo que el Estado debe entregarles, necesitan y deben tener lo que les corresponde porque durante este período, con todos los problemas psicológicos que han debido soportar, merecen nuestro respeto y nuestro cariño.

Por eso, votaré en contra este proyecto mientras no sea mejorado.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado José Pérez Arriagada .

El señor PÉREZ (don José) [vía telemática].-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los colegas diputados y diputadas, a nuestro personal administrativo, a los secretarios y a los invitados especiales.

Nadie desconoce que el 2020 ha sido un año complejo para Chile y para el mundo entero, pero tampoco podemos olvidar que los trabajadores del sector público estuvieron siempre atentos a cumplir con su función como corresponde en esta pandemia, que ha sido agobiante y en la que muchos han padecido y muchos han perdido la vida.

Hablar del sector público es hablar del sector que da vida a la actividad pública de nuestro país, por lo que debemos ser consecuentes con ello y ser generosos para entregarle un reajuste prudente. ¿Cómo es posible que haya personas que recibirán el 0,2 por ciento de reajuste? Eso no tiene cabida alguna, eso no tiene explicación. ¿Cómo es posible que el Estado de Chile haya despedido a más de setenta trabajadores de la empresa Fesur en Concepción durante la pandemia? ¿Ese es el respeto que tenemos por nuestros trabajadores? ¡Vaya que es mal empleador el Estado de Chile! Y lo sigue siendo.

Deberíamos dar un ejemplo en esta oportunidad para avanzar en una negociación que parece que será un parto difícil, tan difícil como lo fue el proyecto de ley de presupuestos del sector público para 2021, en el que llegamos a acuerdo el último día, a última hora, a través de una Comisión Mixta. Bajo ningún punto de vista eso corresponde.

Hay malestar en el sector público por este reajuste mezquino que se quiere dar, y mucho más malestar en el sector salud, tanto en la salud primaria como en la salud pública, en la que todos los funcionarios han jugado un rol realmente titánico, desde los médicos hasta los choferes, auxiliares, matronas y anestesistas. Todos ellos han jugado un rol fundamental, pues han estado al frente en esta pandemia tratando de salvar la vida a tanta gente.

La verdad es que en este año complejo tenemos que ser un poco más generosos y entregar los recursos que realmente merecen los funcionarios del sector público. Y para qué decir los funcionarios del sector salud que he mencionado, a los que el Ejecutivo ha ofrecido bonos que no les ha entregado. En esto tenemos que ser más responsables. Por eso se desprestigia el servicio público y la gente se va al sector privado. Por eso tenemos enormes filas de listas de espera para operaciones, porque los profesionales se van al sector privado dado que el sector público no responde de acuerdo a las necesidades y requerimientos de esos profesionales.

Votaré en contra este proyecto, porque es mezquino, no corresponde a la realidad que vive el país. Espero que en el Senado se mejore para llegar a un acuerdo que permita entregar un reajuste justo…

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Jaime Mulet Martínez .

El señor MULET [vía telemática].-

Señor Presidente, he querido intervenir en la discusión de este proyecto no solo por la relevancia que tiene el reajuste de las remuneraciones de los trabajadores del sector público cada año, sino también porque me he reunido con la Mesa del Sector Público de mi Región de Atacama, como lo hago habitualmente. Obviamente, he seguido la discusión de este proyecto tan importante para todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, y también lo he hecho por la orientación que genera hacia el mundo privado, porque de alguna manera genera una señal al mundo privado.

Al igual como lo han expresado mis colegas, es tremendamente grave que el gobierno no quiera al menos mantener el nivel adquisitivo de los sueldos de los trabajadores y trabajadoras del sector público. El hecho de que se ofrezca solo el 0,8 por ciento de reajuste a aquellos que ganan más de 1,5 millones de pesos es, a mi juicio, extremadamente grave. Hablamos de una remuneración de 1,5 millones de pesos de trabajadores y trabajadoras que tienen, como me lo han dicho una y otra vez, no solo una familia; muchas veces tienen un hijo o hija en la universidad, la que deben pagar, y deben mantener, como cualquier otra familia chilena, a un padre o a un abuelo. Por ello, ponerlos hoy en la situación de disminuirles el ingreso, como objetivamente es en términos reales lo que se hará a los trabajadores y trabajadoras del sector público que ganan más de 1,5 millones de pesos, me parece extremadamente grave.

¿Por qué sucede esto en Chile? Escuché a algunos colegas de la derecha decir: “Mire, ha bajado el ingreso del sector público”, y citaron ejemplos de Latinoamérica. No sé si es así o no es así; pero suponiendo que lo sea, el problema es que en Chile hay un nivel de desconfianza inmenso en el gobierno, factor que es muy determinante. Al gobierno no se le cree, porque normalmente tiene la manga muy ancha para otorgar a las empresas los aportes, los beneficios y los recursos que ha dispuesto para estas a propósito de la pandemia. No obstante, cuando se trata de los trabajadores, la manga es más angosta, tal como ha sucedido en la práctica, situación que se ha señalado una y otra vez. En este caso, es extremadamente grave, mediante el reajuste de remuneraciones que se propone, disminuir el sueldo de los trabajadores que ganan un millón y medio de pesos o más en el sector público.

Por lo tanto, los diputados y diputadas de la Federación Regionalista Verde Social votaremos en contra este proyecto de reajuste de remuneraciones de los trabajadores del sector público porque, obviamente, es una situación injusta, como lo hemos dicho en forma reiterada.

En ese sentido, quiero consultar al ministro de Hacienda qué se está esperando para dar una compensación a los trabajadores de la salud. Aunque la entrega de un bono especial para ellos sea mínima, tal compensación es muy merecida para un sector cuya labor ha sido relevante, el que deberá seguir trabajando arduamente quizás durante cuántos meses más, debido al rebrote de la pandemia que está comenzando a producirse. Me parece que es otro hecho extremadamente grave.

De más está decir que estas negociaciones son siempre duras, pero hoy, con este gobierno, son todavía más duras y complejas, y no solo por la pandemia.

Lo señalo porque quiero recordar que el año pasado, así como el anterior, se perdió el bono Atacama, el que fue ganado por los trabajadores y las trabajadoras en la mesa del sector público de la Región de Atacama. Se trata de la entrega de un bono para los trabajadores del sector público por las condiciones especiales que tiene la región, cuyo monto, en situación de normalidad, fue reducido a un cuarto por este gobierno. No obstante, ahora, en condiciones de pandemia, el gobierno nuevamente mantiene esa misma reducción de lo que habían logrado hace algunos años.

Por ese motivo, así como por muchas otras razones, debido a que la forma en que se está enfrentando esta materia es abusiva, ya que se está haciendo pagar el costo a los trabajadores, votaremos en contra este proyecto de reajuste de remuneraciones del sector público.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez Arancibia .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, la gran discusión que estamos llevando a cabo dice relación con quién está pagando el costo de esta crisis.

Con su venia, quiero hacer un ejercicio matemático, ya que estamos en la discusión del proyecto de ley que reajusta las remuneraciones del sector público. Con posterioridad, cuando el subsecretario y el ministro de Hacienda regresen a la Sala, que me corrijan si estoy equivocado.

Según el artículo 18 de este proyecto de ley, el ingreso mínimo en el Estado para un trabajador es de 403.904 pesos. Según la propuesta del gobierno, ese trabajador tendrá un reajuste de 2,7 por ciento, que equivale al IPC de 2020. Es decir, para los trabajadores que perciben menores rentas, su poder adquisitivo no se verá incrementado, sino que se mantendrá estable.

Después, el gobierno señala que se incrementará el bono para rentas menores: de 35.000 pesos a 45.000 pesos mensuales. Eso quiere decir que el bono de los trabajadores que perciban esas rentas aumentará en 108.660 pesos al año.

Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que el gobierno en su mismo proyecto de ley está retirando el denominado bono especial de diciembre, más conocido popularmente como el bono de término de conflicto, que el año pasado fue de 195.315 pesos. Además, a ese mismo trabajador, que es el más modesto, el que gana el salario más bajo en la administración pública, le está retirando la mitad del bono de vacaciones, lo que equivale a 64.635 pesos.

¿Sabe cuál es el resultado cuando uno hace la sumatoria para los doce meses del 2021? Que el trabajador que gana el ingreso mínimo del Estado tendrá una pérdida de 151.290 pesos. Esa es la realidad: la pérdida de aproximadamente 150.000 pesos.

Lo que no puedo entender es cómo quieren que la Cámara de Diputados apruebe que los trabajadores más modestos de la administración pública tengan una pérdida de alrededor de 150.000 pesos al año. Considero que eso es absolutamente injusto. Entonces, cuando decimos que la política del gobierno hace recaer sobre los trabajadores el peso de la crisis, lo hacemos sobre la base de lo que señalan las cifras. ¡Esa es la política del gobierno! No estoy hablando de los que ganan desde 1.500.000 pesos hacia arriba, sino de la masa de trabajadores que perciben los salarios más modestos del Estado.

Por supuesto que en el sector privado las cosas son peores, son más dramáticas: hay más cesantía, hay pérdida de ingresos, hay precarización. Pero nosotros no queremos que los dramas que viven los trabajadores del sector privado se reproduzcan en el sector público. Lo que queremos es que no existan esos dramas sociales ni en el sector privado ni en el público.

Por eso es tan importante que rechacemos este proyecto de ley tal como viene formulado, porque la señal política que se está dando es que el costo de la crisis la pagan los trabajadores, con su esfuerzo, con su sacrificio, y eso es lo que hoy estamos cuestionando. Por eso hemos sido tan claros y tajantes en decir que rechazamos este reajuste tal como está formulado.

Hay un segundo punto que uno no puede dejar de manifestar. Por su intermedio, le pido al ministro, públicamente, en forma muy trasparente, que por favor nos diga si lo que voy a relatar es verdad o mentira. Si estoy equivocado, ministro, por favor, corríjame.

Hace un rato, hoy en la tarde, entiendo que un asesor suyo se reunió acá, en el Congreso, con un grupo de dirigentes de la salud, a los que les dijeron que iban a recibir un bono de 200.000 pesos, el que se entregaría a todos los trabajadores de los hospitales, a todos los trabajadores de la atención primaria. Quiero saber si eso es verdad o mentira, porque si es así, sin perjuicio de que por supuesto que me gustaría que el monto del bono fuera mayor, sería un avance tremendo. Pero nos han dicho que después de que les hicieron ese ofrecimiento les señalaron que ese bono no se podría otorgar si aquí se rechazaba el guarismo.

¿Estamos ante un chantaje? ¿Es eso lo que quiso decir ese asesor o miembro de su equipo que se juntó con los dirigentes, que convocó a los ocho dirigentes de la salud que estaban acá? ¿Es así o me están engañando y me están mintiendo?

Le pido, ministro, que transparente esa situación. ¿Sabe por qué? Porque con el sufrimiento y con el esfuerzo de los trabajadores de la salud de Chile no se juega. Hay que hablarles claro; hay que decir las cosas como son.

Deles el bono que merecen, porque ellos han puesto sus vidas y la de sus familias en riesgo, han trabajado sin cesar durante todo este período y deberán hacer un segundo esfuerzo titánico, porque sabemos que viene la llamada segunda ola, de manera que se requieren no solo los aplausos, sino también un reconocimiento económico.

Esa es la exigencia que quisiéramos que hoy, en esta sesión, se pudiera hacer realidad.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Ricardo Celis Araya .

El señor CELIS (don Ricardo) [vía telemática].-

Señor Presidente, Nataly me escribe un tuit que dice: “Doctor Celis, usted nos conoce, sabe de nuestra realidad. Por favor, ayúdenos, estamos física y mentalmente mal. No hemos parado desde marzo y hoy se ríen de nosotros, los funcionarios públicos”. Por su parte, Carmen Gloria me escribe: “Por favor, defiéndanos”, entre otras cosas.

Cuando se discutió el proyecto de ley de presupuestos de la nación se dijo, claramente, que el bono de emergencia covid-19 no se iba a tratar en ese debate, sino cuando se viera el reajuste del sector público. Ha llegado ese momento y están mintiendo de nuevo, lo que es inaceptable.

Les digo a los diputados de Chile Vamos, a quienes escuché hace algún momento señalar que ellos habían pedido esto, que no se pasen de listos. No son ellos los que lo han pedido; lo solicitaron los trabajadores. Ellos han sido los que han estado exigiendo esto en junio, julio, agosto, septiembre, etcétera, pero cada vez se les ha engañado al señalarles que eso será visto en una próxima ocasión.

Por lo tanto, por lo menos a los trabadores de la salud, por favor, cúmplanles. No les mientan más y que no diga Chile vamos que este bono es gracias a ellos, porque no es así; es fruto del esfuerzo de los trabajadores. Esta materia la discutimos cuando se trató el proyecto de ley de presupuestos, tal como lo acaba de señalar el diputado Daniel Núñez .

En la práctica, con este proyecto de ley que otorga el reajuste de remuneraciones a los trabadores del sector público, ellos están perdiendo. En diciembre de 2021, constatarán que habrán perdido aproximadamente 150.000 pesos en relación a los ingresos que reciben hoy, en circunstancias de que se han sacado la mugre con esta pandemia, se la han jugado por la salud de los chilenos y han salvado vidas. Los trabajadores de la salud municipal han salido a hacer su pega en relación con la trazabilidad, los trabajadores municipales han mantenido las calles limpias, los trabajadores del Servicio de Registro Civil han estado recibiendo los certificados de defunción, la gente de Chile Atiende ha trabajado enormemente durante la pandemia, pero el gobierno les está dando un portazo y los está tratando de un modo mezquino y miserable.

Anuncio que rechazaré este reajuste, porque es inaceptable.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática y hasta por tres minutos, el diputado Miguel Crispi Serrano .

El señor CRISPI (vía telemática).-

Señor Presidente, quise intervenir en este proyecto para profundizar en el trato que el gobierno ha dado a las trabajadoras y los trabajadores de la salud.

Por mi labor parlamentaria y por ser parte de la Comisión de Salud, tengo una relación permanente con los gremios de la salud. En verdad, es bastante lamentable que, en el contexto de esta crisis, la mayoría de las comunicaciones sean para pedir apoyo para que el gobierno, de una vez por todas, reconozca no solo con aplausos, sino también con beneficios, con el derecho a descanso, con el cuidado que ameritan quienes han sido la primera línea en la defensa de nuestros conciudadanos en los distintos centros de salud del país.

Uno de los temas que se discutieron en el contexto de la ley de presupuestos fue el bono Trato Usuario. Se pedía algo totalmente razonable: que, dado que no se había podido hacer la evaluación el año pasado, se dieran por cumplidas las metas en el primer tramo y, por tanto, se otorgara dicho beneficio en esa calidad a todos los trabajadores y trabajadoras.

El gobierno regateó este asunto, lo peloteó, hizo informes, dijo que se haría de manera administrativa, luego señaló que se entregaría vía ley de presupuestos. Si existe la voluntad, la verdad es que no se entiende por qué no se zanjan los temas y se deja de jugar con los trabajadores y las trabajadoras de la salud.

Respecto de la ley de presupuestos, parte de la manera en que se destrabó la discusión del proyecto fue con el compromiso de que habría un beneficio excepcional, el bono covid, para el sector salud, el cual se incorporaría en el contexto de la tramitación de la iniciativa en discusión.

En la negociación de la mesa del sector público, a los trabajadores de la salud básicamente se les chantajea y se les obliga a firmar el respectivo acuerdo diciéndoles que ambos beneficios eran lo mismo, cuando los parlamentarios y las parlamentarias teníamos clarísimo que se trataba de cosas distintas: bono Trato Usuario y bono covid. Y en ese contexto, hoy se comienza a informar, de manera informal, a las y los trabajadores y a sus dirigentes y dirigentas, que habría un bono de 200.000, pero que tiene que ver con la aprobación de lo que estamos discutiendo ahora.

Entonces, ¡basta de chantajes! El gobierno debe entender realmente la relevancia que han tenido y que seguirán teniendo los funcionarios de la salud en la pandemia. Esto ya parece amedrentamiento. Porque, ¿quién va a defendernos en la segunda ola, ya que no sabemos cuándo llegarán las vacunas? ¡Serán las trabajadoras y los trabajadores de la salud!

Por lo tanto, frente a ello, pido al gobierno que pare con el peloteo, que pare con este trato, que no se corresponde con la labor que están llevando a cabo las y los trabajadores de la salud, y zanje esta discusión.

Asimismo, ojalá que el ministro pueda intervenir antes de que termine esta sesión para saber si va a haber o no un bono covid, en qué condiciones se entregará y si será de carácter universal.

De esa manera, podremos enfrentar la votación de este proyecto.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez Lahsen .

El señor PÉREZ (don Leopoldo).-

Señor Presidente, estimados colegas, señores ministro y subsecretario de Hacienda, respectivamente, vengo a referirme a un proyecto complejo -qué duda cabe-, que no solo aborda el tema del reajuste del sector público, sino también varias materias más en el ámbito remuneracional y laboral de muchos trabajadores públicos.

Para analizar esta iniciativa, creo necesario recordar y destacar, con mayúscula, que estamos atravesando la crisis económica más profunda y abrupta de nuestra historia reciente.

Más de dos millones de empleos se han destruido en el transcurso de solo unos meses, dentro de lo cual destaco que ninguno corresponde al sector público.

Una muestra de la magnitud de la crisis es la estimación publicada hoy por la Cepal relativa al PIB de Chile para este año. Según la Cepal, el PIB de nuestro país caerá en 6 por ciento, una disminución mucho mayor a la de la crisis de 2009, cuando cayó 1,6 por ciento, la que en ese momento se veía como la gran crisis de nuestra época.

Lo más grave de la situación que enfrentamos es que no podemos saber con real certeza hasta cuándo durará. A pesar de que se ha avanzado en el desarrollo de vacunas, estas aún deben terminar de probarse para luego ser administradas a la población, lo cual será el inicio del fin de la crisis sanitaria.

Pero la destrucción de empleos y la crisis económica no tienen vacunas, por lo que se requerirá la prolongación de lo que ha sido un enorme esfuerzo fiscal, que todavía deberá extenderse por varios meses más, si no años.

Solo quiero recordar a la Sala -para tener una idea justa de la envergadura del esfuerzo fiscal de nuestro país que Chile ha sido el país de Latinoamérica que más ha invertido en la crisis actual en cuanto al porcentaje de su Producto Interno Bruto, que es la única forma honesta de comparar los esfuerzos fiscales. Esto último ha llevado a aumentar la deuda pública a niveles mucho mayores que a los que estábamos acostumbrados, y, por supuesto, a usar una parte importante de los ahorros que sabíamos que habíamos logrado reunir.

Como legisladores y como miembros de un poder del Estado, debemos tomar decisiones precisamente con una mirada de Estado. La propuesta del gobierno es prudente al establecer tramos de reajuste: de manera progresiva, se plantean distintos niveles de reajuste de remuneraciones según el nivel de ingresos. En este concepto, quiero destacar la diferenciación en tramos, ya que se trata de una forma tangible de atender el problema de las grandes diferencias de sueldos en el sector público.

Otro aspecto de justicia que se destaca en el proyecto es que las altas autoridades, que ganamos millones de pesos -eso está muy lejos de la realidad salarial de la inmensa mayoría de los chilenos-, no tendremos reajuste. Ello constituye un acto de justicia y, al mismo tiempo, de prudencia fiscal.

Lamentablemente, mis colegas de oposición en la Comisión de Hacienda, en un gesto de profunda mezquindad política, rechazaron no solo el guarismo del reajuste, sino una serie de beneficios. Al respecto, uno podría entender que el rol de la oposición puede ser muchas veces pedir más beneficios, y, en ese sentido, sería sencillo comprender que frente a un monto de reajuste bajo, comparado con años normales y sin pandemia, ellos pidieran más. Lo que no se entiende es que hayan rechazado una diversidad de bonos y otros beneficios que nada tienen que ver con el reajuste propiamente tal y que constituyen derechos adquiridos desde hace muchos años. Estoy hablando de aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, de asignaciones especiales de zona a diferentes profesionales esenciales de la salud o de la educación, entre otros.

Por otra parte, me parece importante destacar el reconocimiento que se da a los trabajadores de la salud mediante un bono, que no hace otra cosa más que relevar el gigantesco rol que las circunstancias de la vida les impusieron y que, con profundo profesionalismo y, por momentos, incluso heroicamente, han sabido desempeñar frente a esta pandemia, que nos ha golpeado tan sorpresiva y profundamente.

Este beneficio fue especialmente pedido por los parlamentarios de Chile Vamos. El gobierno supo escuchar y actuar en justicia con nuestro personal de salud.

Por todo lo anterior, hago un llamado a los colegas a aprobar este proyecto de ley, en especial consideración a los apremios que está viviendo nuestro país y a las urgencias sociales, sanitarias y económicas que exigirán un enorme esfuerzo fiscal por varios meses más, en el mejor de los escenarios, pero es muy seguro que deberá extenderse por algunos años más.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker Prieto .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los señores ministro y subsecretario de Hacienda.

He estado dialogando todo el día con representantes de la mesa del sector público de la Región de Coquimbo.

Aprovecho de saludar a Clara Olivares, presidenta de la ANEF; a los trabajadores de la salud; a Mauricio Ugarte, presidente regional de la Fenats; a Iris Contreras , del hospital de Coquimbo; a Karina Espinoza , del hospital de La Serena; a Rose Mary Cortés, del hospital de Ovalle; a la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile, a la Confusam, a la Fenpruss.

¿Qué nos han pedido todas esas organizaciones? Que no aprobemos el proyecto de reajuste del sector público si no está sobre la mesa, de manera concreta y formal, el bono covid, que es un justo reconocimiento económico, pero por sobre todo moral, a esa primera línea, la de los trabajadores de la salud, quienes han arriesgado su salud para atender en precarias condiciones a la población de la región que tiene la menor cantidad de camas hospitalarias del país, en estos tiempos de crisis sanitaria.

Muchos de ellos han debido cumplir licencias médicas en razón de haberse contagiado. Costó un mundo que se les entregaran los elementos mínimos de protección personal, que se les habilitaran zonas de descanso y de alimentación adecuadas para no contagiarse.

Por eso, considero que otorgarles este bono no es un capricho, y no puede intercambiarse por otros bonos, que los trabajadores consideran que forman parte de sus derechos adquiridos. No piden nada más ni nada menos que mantener el valor adquisitivo del dinero que ganan.

En consecuencia, si no se les concede el bono covid-19 de manera concreta, tangible, rechazaremos este proyecto de ley de reajuste del sector público, en solidaridad con todos esos trabajadores y también con los trabajadores de la autoridad sanitaria, que han cumplido un rol muy difícil y en malas condiciones durante esta pandemia.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Muy bien, diputado. Tiene la palabra el diputado Gastón Saavedra .

El señor SAAVEDRA.-

Señor Presidente, ¿sabe qué?, le encuentro razón a los diputados de la derecha gobernante que piden que no se maltrate al gobierno. Voy a usar un sinónimo -puede ser que tampoco les guste-, pero lo cierto es que ha habido una actitud contumaz del gobierno, no obstante lo cual debemos reconocer que ha sido coherente. ¿Por qué lo digo? Porque ha hecho pagar los costos de la crisis, en todos los términos, a los trabajadores. Por ejemplo, la ley de protección del empleo la pagan los trabajadores con su seguro de cesantía. Con la posibilidad de retirar el 10 por ciento de sus ahorros previsionales se financia la ayuda que necesitan las familias para enfrentar la pandemia, lo mismo que sucederá con el retiro del segundo 10 por ciento.

¿Qué nos ha dicho el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli , un luchador incansable? Nos ha hablado de dos cosas: de estabilidad y de poder adquisitivo.

Cuando hablamos de estabilidad, nos referimos a la estabilidad en el empleo, para que los trabajadores del sector público no pierdan sus trabajos por decisiones discrecionales, como se ha propuesto en los diferentes espacios donde se discute este proyecto de ley. Hay situaciones respecto de las cuales se van a fijar criterios que son puramente discrecionales de los jefes de servicio. Así no hay el diálogo asertivo, fecundo con los trabajadores.

Nos preocupa la aplicación del teletrabajo. No está en discusión si vino para quedarse, pues se seguirá haciendo, pero se tiene que establece en acuerdo con los trabajadores, para establecer las formas adecuadas, con respeto al derecho a desconectarse, por ejemplo.

En suma, los derechos de los trabajadores y las nuevas relaciones laborales se tienen que dar a partir de la estabilidad en el trabajo.

Se habla del nuevo Sename . También allí hay una situación que resolver. Al menos mil de sus cinco mil trabajadores no estarían calificando para continuar en el nuevo servicio. Eso es pérdida de empleos.

De allí en adelante, lo que plantea el presidente de la ANEF con el conjunto de la Mesa del Sector Público, y como lo han hecho ver Gabriela Flores , presidenta de la Confusam, y Lorena Lobos, presidenta de la ANEF de la Región de Biobío, es que debemos mantener los puestos de empleo, pero sin reducir el poder adquisitivo de los trabajadores. Allí hay una situación que resolver.

No podemos aceptar este modesto, este escaso reajuste de 2,7 por ciento para los trabajadores que ganan menos de un millón quinientos mil pesos, y de 0,8 por ciento para aquellos que ganan más que eso. ¿Por qué? Porque resulta que los trabajadores tienen otras cosas que hacer. Es el justo reconocimiento a los que han hecho un gran esfuerzo en aras de su vocación principal, que es el servicio público, cuidar al resto de los chilenos. Los trabajadores del sector público han estado en la primera línea, y no me refiero solo a los de la salud, a los que por cierto reconocemos y agradecemos su entrega, sino también a otros que han prestado sus valiosos servicios, como los funcionarios del Servicio Médico Legal, que tienen que retirar los cadáveres de aquellos que dejaron esta tierra a consecuencia de la pandemia.

¿Quién se preocupa de ellos? Ellos también deben ser considerados.

Se habla del bono covid-19. Es cierto, todos lo exigimos, como se desprende de las acciones políticas de unos y otros; pero de una vez por todas reconozcamos las cosas tal como son: esto es parte del esfuerzo, del trabajo mancomunado de los dirigentes sindicales que representan a los suyos en estas negociaciones. Eso es lo correcto. El resto son avivadas que no corresponden. No es ético actuar así, en cuanto a expresión de lo que se espera sea la conducta de los parlamentarios.

Se ha planteado la entrega de ese bono, pero es discriminatorio, pues se excluye de ese beneficio a funcionarios como los del hospital clínico de Magallanes o a los del J.J. Aguirre. Tampoco se considera a los trabajadores de las instituciones sanitarias de las Fuerzas Armadas, que han reconvertido sus camas en camas críticas. Ellos también son trabajadores de la salud, por lo que merecen reparación y reconocimiento a través del bono covid-19.

Hay otros trabajadores, como los de la empresa Enaer , que también merecen el reconocimiento. Ellos produjeron ventiladores mecánicos. Hay que reconocerles sus capacidades, habilidades y competencias.

Eso, que está allí por años de parte de los trabajadores, debe ser reconocido en este aumento. No pueden quedar excluidos porque simplemente no se les considera o alguien simplemente no lo pensó.

Reitero: no podemos aceptar este reajuste escaso, modesto, pues, finalmente, no reconoce la acción pública, no reconoce la vocación de servicio de los trabajadores que componen el servicio público. Por eso lo vamos a rechazar. No nos satisface a nosotros, como parlamentarios, ni a los trabajadores. En tanto no se incorpore el bono covid-19 como corresponde, no podemos votar a favor esta iniciativa de ley que busca reajustar las remuneraciones de los trabajadores del sector público.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, el subsecretario de Hacienda, que es psicólogo organizacional, va a entender muy bien la ansiedad contenida del diputado Melero al anunciar un bono respecto del cual el propio ministro dijo, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social -comparto profundamente su informe, entregado por la diputada Alejandra Sepúlveda -, que no podía otorgarse. Él está aquí, así que me puede desmentir si considera que no es cierto lo que he dicho.

Así como mi brillante compañero Daniel Núñez ha sido claro en los números, quiero ser muy claro también respecto de lo que se detecta en las intenciones. El ministro -algo al respecto leyó el diputado Rocafull , según lo que entendí; me pueden corregir si me equivoco dijo claramente que no se podía presentar una indicación a este proyecto porque fue calificado con suma urgencia, así que era imposible hacerlo acá. También estaba la presidenta, la persona que escuchó y recibió la oferta.

A mí me parece que es muy necesario. Algunos hablan de la necesidad de ser serios, responsables; de hecho, piden que trabajemos seriamente. Sin embargo, según he entendido en el poco tiempo que llevo acá, trabajando en la Comisión de Salud, la manera de actuar con seriedad es transparentar estos juegos.

Las personas que nos están mirando, el pueblo inteligente, el pueblo que crece, está escuchando cada día mejor, está poniendo acento en lo necesario, está siguiéndonos, está mirándonos y tomando nota de nuestras actitudes. Por cierto que es necesario empezar a hacerlo.

La sesión de hoy de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social era necesaria, más allá de la costumbre. Lo que hay que hacer es seguir trabajando, como dice una hermosa frase, “hasta que la dignidad se haga costumbre”. Los trabajadores y las trabajadoras de la salud son dignos, y los trabajadores y trabajadoras del sector privado también son dignos. Es increíble que esos trabajadores y trabajadoras nos pidan rechazar este proyecto de ley. Realmente siento que es necesario hacer frente al chantaje aprendido, porque esta soberbia se aprende; se aprende a negociar así, sin pensar en la dignidad de las personas. Entiendo que el ministro tiene instalado en su matriz negociar así. Lo hemos visto permanentemente y hemos hablado de la soberbia técnica y del respeto a la dignidad de los trabajadores y trabajadoras.

Este es el momento en que trabajadores y trabajadoras tienen la oportunidad de hacerse escuchar, y nosotros, la obligación de escucharlos. Hemos trabajado y vamos a seguir trabajando desde nuestra bancada en ese sentido.

Por eso, vamos a rechazar, con todo el corazón y también el cerebro, este reajuste o este proyecto misceláneo que ha presentado el ministro Briones .

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, creo que es justo reconocer la función que han desempeñado durante tanto tiempo los funcionarios públicos de este país. Sé que la mayoría de ellos está esperando que se resuelva positivamente esta discusión para encontrar un guarismo, un porcentaje que permita, a lo menos, como lo han dicho muchos colegas, que el poder adquisitivo se mantenga, es decir, que el reajuste suba los sueldos y no los baje en desmedro de las familias. Por eso, el reajuste es muy injusto.

Estamos en tiempos de pandemia y, sin duda, todas las familias chilenas están complicadas. En ese contexto, algunas personas deben seguir trabajando por el bien del país. Por eso no se ha detenido ninguna de las funciones del Estado. Se continúan otorgando subsidios habitacionales y se siguen construyendo caminos. ¡Para qué decir lo que pasa en salud! Hemos escuchado a sus dirigentes y se refirieron a lo que ocurre en la atención primaria, a cómo las condiciones en que se encuentra afectan a los trabajadores en su propia salud, a los contagios a que están expuestos y a las muertes que han debido lamentar.

Este debate sobre un porcentaje más o de un porcentaje menos es no entender el sentido de lo que estamos hablando, es no entender la importancia de entregar recursos para que las familias, a lo menos, no pierdan su poder adquisitivo. Me cuesta entender que eso no se valore.

De más está decir -usted lo sabe muy bien, señor Presidente que los trabajadores del sector público están trabajando con sus propios computadores, con su propia luz, con sus propias cosas, y con sus propias inseguridades en cada una de sus casas.

Aprovecho de hacer un reconocimiento especial a las funcionarias de las distintas reparticiones públicas que realizan teletrabajo junto a sus hijos, con las complicaciones que ello implica. Ellas han hecho una labor heroica por el país. Eso lo reconoce todo el mundo, pero al parecer a nosotros nos cuesta hacerlo.

Por otra parte, quiero recalcar que el proyecto es misceláneo, pues trae de todo. Permítanme dar un ejemplo.

Las cajas de compensación -lo estábamos chequeando con el diputado Marcos Ilabaca hace unos minutos están enviando un mensaje en el que dicen que la distribución del 7 por ciento de salud será distinta. Señalan que las cajas de compensación se van a llevar el 3,1 por ciento y que Fonasa se va a llevar el resto. Eso ya lo están informando. Me acaba de entregar la información una funcionaria del hospital de San Fernando, quien, además, es dirigenta. Eso ni siquiera es ley todavía; se encuentra estipulado en el artículo 78 del proyecto. O sea, hoy, la Superintendencia de Seguridad Social y las cajas de compensación están informando sobre algo que ni siquiera está aprobado. Como Condorito, una dice “¡Plop! ¡No entiendo nada!”. Eso debería haber sido revisado por la Comisión de Trabajo en forma específica.

Voy a mencionar otro condorito que me complica.

Diputado Sabag , como usted sabe, hay algo que permanentemente pedimos en la Comisión de Agricultura: me refiero a las 3.500 unidades de fomento de activos para los pequeños agricultores. Sin embargo, la ley restringe la entrega de esos recursos a quienes hayan recibido subsidio en 2020. O sea, teníamos una buena intención, pero el Ejecutivo achica el universo del subsidio. Eso significa que muchos pequeños agricultores van a recibir mucha menor cantidad de recursos. Hablamos de quienes entregan el alimento en pandemia. Ese es otro error. Una se pregunta por qué se producen esos autogoles, por qué tenemos que buscar la letra chica en cada uno de los artículos, por qué no damos la cara y hacemos las cosas bien. Así, suma y sigue.

Señor Presidente, no es posible que en el artículo 86 se señale que se va a despedir a los funcionarios de más de 75 años de edad, de planta y a contrata de los ministerios y los servicios dependientes de ellos, o que se relacionen con el Presidente de la República a través de ellos. Son funcionarios que han servido toda su vida al Estado, pero los vamos a despedir con 6 meses de sueldo en el bolsillo. Además, como tenemos “espectaculares” pensiones, ustedes entenderán que se van “felices”. Ni siquiera hemos hecho un esfuerzo por incentivar el retiro de esas personas.

Ustedes se disparan en los pies. Allí enfrente hay un psicólogo. ¡Por Dios que me gusta que esté sentado ahí! ¡A ver si con el ministro podemos hacer algo! Necesitamos apoyo y ayuda.

Estoy absolutamente preocupada por este proyecto misceláneo.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth Stewart .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, estamos en un ritual que acostumbramos repetir todos los años. Es cierto que excepcionalmente llega aquí el proyecto de ley de reajuste con acuerdo de todos los gremios, pero pocas veces llega sin el acuerdo de todos ellos. A veces se rechaza en general; otras, se rechaza en particular en la Cámara. Enseguida, el Senado lo repone en general, luego de la insistencia o, en particular. El ministro ya sabe que, rechazado en general o en particular, siempre se abre un espacio mayor o menor para conversar. El gobierno acostumbra reponer en el Senado lo que se rechaza aquí. Incluso, a veces fuerza a sus partidarios a aprobar materias que después modifica en el Senado, dejando a los diputados de su sector con la vergüenza de haber aprobado artículos que luego se modifican en forma sustancial. La mayoría de las veces -esto viene ocurriendo desde hace rato esto termina en una Comisión Mixta.

Acostumbro a aprobar la iniciativa en general para continuar su tramitación, pero le quiero decir, ministro, que esta vez la votaré en contra. La razón es que quiero rechazar el enfoque con que el gobierno ha abordado la discusión.

Mi impresión -es un juicio, por supuesto, y usted lo puede rebatir es que usted le está diciendo a los trabajadores públicos -así lo refrendaron los diputados Patricio Melero y Miguel Mellado que se den con una piedra en el pecho porque mantuvieron sus empleos.

¡Que se den con una piedra en el pecho porque mantuvieron sus empleos! Así lo escuché, aunque no con esa expresión tan popular. Por supuesto, esto no se aplica a lo que ocurrió en el sector privado, donde casi dos millones de personas perdieron el empleo.

Esto sucede en tiempos de crisis, cuando más se necesita la presencia del Estado. Nosotros estamos acostumbrados a ningunear lo que tenemos; tenemos una dificultad patológica para valorar lo que hemos conseguido.

Sé que la función pública necesita modernización. Eso lo sabe Alejandro Weber , el flamante subsecretario. Con todo -usted lo sabe, ministro-, el Banco Mundial, un organismo que no es una entidad alternativa, ni sospechosa de comunismo, ni de nada que se le parezca, nos sitúa por lejos en el primer lugar de América Latina en eficiencia estatal en todos los índices. Nos sitúa por sobre Italia , por sobre España , por sobre Bélgica , países reputados de la OCDE.

Ministro, usted y su gobierno proponen un reajuste de 2,7 por ciento para los salarios de hasta 1.500.000 de pesos, aunque sé que, en la práctica, son cerca de 2 millones de pesos si se agregan los bonos. A veces, esos beneficios los mete en el ingreso y otras no. Por otra parte, ofrece un reajuste de 0,8 por ciento para aquellos salarios superiores a ese monto. La inflación hasta ahora es de 2,6 por ciento. Es decir, lo que propone el gobierno para los salarios superiores al millón y medio de pesos es una caída de 1,8 por ciento.

Se me termina el tiempo. Por lo tanto, voy a agregar a mi concepto de rechazo el vértigo…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán Pinto .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señor Presidente, nos hemos reunido con muchos trabajadores del sector público, principalmente del área de la salud, quienes, por supuesto, por razones de la pandemia, han adquirido la titánica labor de combatir día a día la covid-19.

Hemos visto a muchos afuera luchando por lo que es justo, ya que muchos han tratado de opacar esta discusión diciendo que los trabajadores del sector público deberían hacer un sacrificio, que, de acuerdo con la realidad nacional, deberían decir que no al reajuste, pues, como recién señaló un diputado, han mantenido sus trabajos y no han dejado de percibir sus ingresos.

Mis preguntas son: ¿por qué debemos martirizar a los trabajadores y trabajadoras del sector público? ¿Por qué asumir que ellos deben ser los que paguen los costos de la crisis económica y casi culparlos de un supuesto escaso compromiso con todos aquellos chilenos y chilenas que quedaron sin trabajo? Esto no se debe transformar, en lo absoluto, en un debate en que se contraponen los intereses de los trabajadores, pues si el gobierno anunció un aumento presupuestario de 7,3 por ciento, lo mínimo es que el aumento de las remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras vaya en una dirección, al menos, similar. Que no sean ellos los que sigan pagando los costos de la crisis, que no se les recorte a ellos y ellas para financiar otros programas o partidas. Es decir, no se puede hablar de una lógica de ahorro del gobierno a costa de los ingresos de las personas.

El Estado debe ser garante de asegurar y proteger la calidad del trabajo del sector público, y lo mínimo es establecer que no decaiga o se deprecie su ingreso, a efecto de tener siempre como objetivo y finalidad la dignidad y el derecho de los trabajadores y trabajadoras.

Estoy con todos ellos y ellas, para que no sigan pagando la crisis. Lo que hoy discutimos es un mínimo; lo que se ha logrado es que tengamos a trabajadores y trabajadoras casi mendigando por dignidad.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson Drago .

El señor JACKSON (vía telemática).-

Señor Presidente, parto mi intervención con lo bueno del proyecto: las autoridades, particularmente las más altas autoridades de nuestro país, no tendremos un reajuste, lo cual, por cierto, es de sentido común. Lo que hace seis años fue rebatido, tildado de populista y, de hecho, rechazado por la mayoría de esta misma Sala, cuando las diferencias eran aún más abismales, previo a la reducción de nuestra dieta parlamentaria, ahora es de sentido común. Sinceramente, me alegro de que no tengamos que desgastarnos en ese punto.

Ahora bien, para entrar en materia, voy a abordar el principal argumento del gobierno en esta discusión, cual es la comparación con el sector privado.

La comparación con el desempleo en el sector privado no solo es injusta, sino que, a ratos, es un insulto. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo sabe que el desempleo en el sector privado responde a una disminución de la demanda; de esa manera muchos negocios dejaron de ser sostenibles o tuvieron que achicarse; pero, a diferencia del sector privado, en el sector público ha habido más y no menos demanda.

Ha sido el sector público el que en varios sectores se ha echado al hombro esta pandemia; pero el gobierno, desconectado de la realidad de los propios funcionarios públicos que tiene la obligación de liderar, intenta ocupar el dolor del resto de la población para hacer esta odiosa comparación, puesto que es como si les dijera: “Ustedes, los privilegiados y privilegiadas, dense con una piedra en el pecho -como dijo un diputado o en los dientes; lávense la boca con jabón antes de exigir derechos que el resto del país no tiene”.

Pero, en el caso de trabajadores y trabajadoras del sector público, la realidad no puede estar más distante del privilegio. Me imagino a los profesores y profesoras, y a los administrativos -a todos ellos-, ambientando sus casas para cumplir de la mejor manera posible con los servicios públicos en los que trabajan, mejorando el internet de sus casas, actualizando el computador, el celular, la silla y la mesa, con un aumento de las cuentas de luz, y todo eso mientras tienen que cuidar a sus hijos e hijas.

¡Qué decir de los trabajadores y trabajadoras de la salud que han puesto sus cuerpos y a veces, lamentablemente, sus vidas y las de sus familias al servicio de sus compatriotas!

Por eso que da rabia cuando el gobierno viene y, en su presentación oficial -en la lámina de PowerPoint que hizo-, insulta al decir que el reajuste efectivo para los trabajadores y trabajadoras será 14,2 por ciento. ¡Claro! Ese reajuste no ha sido comparado con todos los ingresos que los trabajadores y trabajadoras tuvieron en el 2020, como debería ser una comparación rigurosa, sino que se ha hecho con un ejercicio selectivo en que compara ingresos imponibles de 2020, excluyendo los bonos, con todos los ingresos -bonos incluidos y mensualizados del año 2021. Así como lo escuchan.

El gobierno tuvo la personalidad de mostrarnos en una presentación oficial que el aumento para los trabajadores del sector público iba a ser de 14,2 por ciento, como si se pudieran comparar peras con rinocerontes, como si los bonos que se entregan todos los años no fueran pisos de negociación reconocidos por todos los gobiernos que ha habido desde el retorno a la democracia.

En muchos hogares donde hay un servidor público se perdieron otras fuentes de ingreso, otros empleos; también se perdieron pymes que eran parte de esos mismos núcleos familiares, y hoy los trabajadores y trabajadoras del sector público, en muchos lugares, deben sostener todo el hogar con sus ingresos. O sea, además de tener que aumentar y adecuar la carga de trabajo al nuevo formato telemático, en muchos casos ellos son el único sostén de sus hogares.

Por eso, lo que se abre es un tema de fondo. Es cierto que estamos en una situación de endeudamiento y déficit, y que para resolver ese déficit existen dos soluciones: reducir el gasto a través de un exiguo aumento del presupuesto en materia de reajuste del sector público, como lo propone el gobierno, o aumentar la recaudación. Pero Chile ya tiene un aumento público muy pequeño en términos comparativos, por lo que reducir el gasto muchas veces implica retroceder en los pocos derechos que se han conquistado. Por consiguiente, como dijo la diputada Camila Vallejo , es necesario que el gobierno no se “haga el Larry” con aumentar la carga tributaria a los superricos, para no frustrar a una ciudadanía que está demandando ampliación de derechos.

No me vengan a decir que los sueldos mayores a 1,5 millones son de los superricos y que con este proyecto se hacen cargo de ese punto al reducirles su poder adquisitivo, porque todos y todas quienes estamos aquí sabemos que, más allá de que, en términos relativos, sean una porción de los “altos ingresos” en nuestro país, debido a la tremenda desigualdad y a la miseria que existe en la otra parte de la curva, lo cierto es que alguien que gana 1,5 millones de pesos no es siquiera rico.

Los trabajadores y trabajadoras en Chile han tenido que pagar la crisis con su seguro de cesantía, con el endeudamiento de emprendedores, quienes, por cierto, también son trabajadores; con el desempleo, con ambos retiros de fondos de pensiones, y el gobierno propone que la sigan pagando, pero esta vez los trabajadores y trabajadoras del sector público, que se han echado al hombro esta pandemia, con reajustes de menos 1,8 y de cero por ciento real para el 2021.

¿Se va a estudiar el bono covid-19 y no es posible tenerlo hoy? Pero si desde la mitad del año que se viene planteando este tema. ¡Hace meses! ¿Acaso el gobierno se vino a enterar recién hoy? ¡Por favor! El gobierno sabe perfectamente que ese bono se ha estado planteando y que lo tuvieron en las mesas de negociación. ¡Pero no! El gobierno quiso plantearnos un bluf en el póquer, quiso jugar a las cartas con este reajuste.

¿Por qué creo que hay que rechazar la idea de legislar? Porque cuando un gobierno no llega a acuerdos con el gremio y se presenta con la postura de jugar al póquer como forma de negociación, eso no puede ser premiado, porque todos los gobiernos lo volverían a hacer. Ese sería un incentivo para que todos los gobiernos vengan y nos hagan exactamente lo mismo.

En cambio, si se rechaza, el gobierno deberá recurrir al Senado y aumentará el quorum que requiere para ser aprobada. De esa manera no se premia, porque el gobierno tendrá que pensarlo dos veces antes de llegar con el tejo corto, como lo hace hoy.

Es hora de que podamos mostrarle al gobierno que, sobre todo en un año como este, llegar con una propuesta como esta es inaceptable. Por eso, propongo que rechacemos este reajuste del sector público.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, este escenario parlamentario tiene acostumbrada a la ciudadanía a las palabras que permanentemente el señor ministro de Hacienda utiliza cada vez que asiste a cualquier proceso de discusión. Así, nos ha dicho permanentemente los graves problemas económicos que vive nuestro país y los sendos esfuerzos económicos y los aportes que hace este gobierno para enfrentar la crisis.

Pero lo cierto, tal como aquí se ha señalado, es que permanentemente es el pueblo de Chile el castigado por las decisiones que toma el ministro de Hacienda, don Ignacio Briones , mandado por el Presidente de la República. ¡Y hoy qué le importa, si tiene un 7 por ciento de aprobación! ¡Y hoy qué le importa, si ya está terminando su mandato!

Hoy quiere perjudicar a los funcionarios públicos de nuestro país entregándoles casi nada. Aquí varios diputados han señalado lo que viven los funcionarios públicos. Muchos dicen que parece que están flojeando, en circunstancias de que se están sacando la mugre, sin horario de trabajo, pues trabajan de sol a sol y más allá, en sus casas, desarrollando, además, otras funciones, respondiendo mensajes de WhatsApp a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana o a las 7 de la mañana. A esos funcionarios que se han estado sacando la mugre durante todo este proceso de pandemia, levantando la bandera de su servicio, hoy el gobierno les dice: “¿Saben qué?, no les tenemos reajuste”. Porque digamos las cosas como son: esto no es un reajuste.

Me molesta que a través de este proyecto de reajuste de remuneraciones del sector público nos traten de “vender la pescada” metiendo de contrabando otras normas. Porque es fácil, mediante el artículo 82 del proyecto, ofrecer defensa jurídica a los carabineros a través de su servicio de bienestar. ¿Qué tiene que ver el reajuste del sector público con entregar defensa jurídica a los carabineros?

Además, ¿qué tiene que ver con el reajuste del sector público que hoy les intenten aumentar a las cajas de compensación -un gran negocio privado, dependiente de las AFP, dueños de las compañías de seguros desde el 0,6 por ciento de la cotización de salud al 3,1 por ciento?

¿Por qué no lo discutimos en un proyecto de ley, como corresponde, y lo tratan de pasar como contrabando a través de esta iniciativa?

¿Por qué el ministro de Hacienda hoy les dice a los trabajadores mayores de 75 años de edad que van a cesar en sus puestos laborales? Esto es pasar de contrabando normas que no corresponden en este momento. Nos deberíamos preguntar por qué están trabajando esas personas de 75 años todavía en el sistema. Porque si dejan de trabajar, primero, no les va a llegar el bono de incentivo al retiro. Les quiero contar la experiencia de don Iván Torres, profesor de toda una vida en Paillaco: todavía está esperando el bono de incentivo al retiro. Él está enfermo y se quiere ir. ¿Por qué las personas trabajan hasta después de los 75 años?

¿Qué pasa con los trabajadores que ganan menos en el sector público de nuestro país?

¿Qué pasa con los asistentes de la educación? A los asistentes de la educación les decimos: “¿Saben qué?, les vamos a subir tres lucas”. Pero ¿qué pasa con la deuda histórica? ¿Qué pasa con todas estas rentas básicas? ¿Qué pasa con los jardines infantiles VTF?

Me escribieron don Juan Carlos Velásquez, doña Sofía Mendoza y don Francisco Pérez , asistentes de la educación de la Región de Los Ríos, quienes me dijeron: “Diputado, por favor, preocúpense de nosotros. Somos el último escalón de los servidores públicos y ganamos una miseria”.

¿Qué pasa con los recolectores de basura de nuestro país, que están externalizados ganando el sueldo mínimo?

¿Qué pasa con los trabajadores de las empresas externas en salud? La empresa Layner , en Valdivia, Región de Los Ríos, tiene más de quinientos trabajadores que no van a recibir ningún peso de este mejoramiento. ¿Por qué no los regularizan?

Entonces, cuando viene un ministro de Hacienda, como este ministro de Hacienda, que es un carepalo, ofreciéndoles basura y generalmente refregándoles en la boca a los trabajadores, es inaceptable.

Por esa razón, voy a rechazar en general este proyecto.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores García .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a las autoridades y también a los dirigentes de la ANEF y a cada gremio que desde Arica a Magallanes, esperando reciprocidad del gobierno por el esfuerzo que hacen, está siguiendo esta sesión.

La verdad es que hubiese querido haber hecho un corto trámite y aprobar este proyecto, pero ¿cómo hacerlo si el reajuste ni siquiera alcanza al IPC en las rentas más bajas y claramente disminuye el sueldo a las rentas medias y a todo el resto de los funcionarios públicos?

Podemos entender perfectamente las consecuencias de la pandemia, con un mundo de las microempresas y pequeñas empresas y con los trabajadores por cuenta propia duramente castigados por la pandemia, con los más de 1.500.000 trabajadores desempleados o con los cientos de miles con sueldos rebajados. Lo podemos entender; pero ello no puede ser condición para castigar y menoscabar los acuerdos con los funcionarios públicos en general, a los que se llegó en procesos anteriores.

Recién hablé con nuestra dirigenta de la Región de Los Ríos Nancy Silva Guerra; con Felisa Ortiz, de Aprojunji ; con José Pérez , de la ANEF nacional. Los funcionarios públicos -hay que reconocerlo asíno lo han pasado muy bien, como algunos han dicho aquí. La verdad es que no se puede pensar que lo pasan bien solamente porque tienen estabilidad laboral y se les ha mantenido el sueldo, a diferencia del mundo privado. Miles están sobrecargados en las funciones presenciales por reemplazar a quienes también tienen condiciones de cronicidad u otras complicaciones y tienen que hacer un tremendo esfuerzo telemático.

Toda negociación debe partir de la base actual; ese es el piso. Una negociación no puede partir del menoscabo. Ya viene la vacuna y con ella la esperanza de que tengamos un mejor 2021 y de regresar un poco a la actividad normal, pero mientras eso no ocurra no tenemos por qué castigar a los funcionarios públicos.

Voy a votar en contra en general el proyecto y que el gobierno lo reponga a través de una insistencia. Pero llamo la atención en particular sobre los trabajadores de la salud, sobre el bono de los trabajadores de la salud y sobre el camino que hay que emprender para que efectivamente tengamos un apoyo distinto a esos trabajadores.

Los bonos para los trabajadores de la educación, para los asistentes, para el personal de los DAEM, de los jardines infantiles y a la...

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas Barrientos .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, los funcionarios públicos han mantenido su renta, como se ha dicho muchas veces acá. ¿Por qué han mantenido su renta? Porque el Estado no puede tener una pausa, menos en una crisis. El Estado no puede parar de funcionar. Todo lo contrario, en una crisis es cuando más se necesita del Estado, porque el mundo privado arregla sus finanzas, despide o manda al seguro. Hemos visto todo lo que pasa en el mundo privado. Pero en el mundo público no puede pasar eso, porque uno de los baluartes en la labor de enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo es el trabajo de los funcionarios públicos, sobre todo de los de la salud. Esos funcionarios han recibido aplausos y han recibido muchas promesas, entre ellas el bono covid o los bonos de término de conflicto, y les han dicho que los trabajadores que están contratados por el Código del Trabajo sí se van a traspasar, pero no pasa nada. No viene en este reajuste. Se juega con la ilusión de los trabajadores, en circunstancias de que son ellos los que han arriesgado su vida; son ellos, los 37.363 trabajadores de la salud contagiados en la primera ola, con un alto nivel de secuelas, porque obviamente ellos sufren contagios con varias cepas y con cargas virales mucho más altas que la población general. Esas más de 37.000 personas, funcionarios del Estado, tienen familias, por tanto, son muchos más los afectados.

De esos trabajadores, hubo cuatro fallecidos en la Seremi de Salud, dieciséis fallecidos en la atención primaria y cuarenta y tres fallecidos en hospitales de las redes asistenciales de salud. Son sesenta y tres fallecidos; más que en nuestras Fuerzas Armadas en cualquier guerra de los últimos tiempos.

Esta es una verdadera batalla; pero estas personas, quienes han expuesto su vida para brindar salud pública de calidad, reconocida por el Banco Mundial como una de las más eficientes de Latinoamérica, reciben el pago de Chile, a quienes se les ha señalado: “Dense con una piedra en el pecho porque han tenido sueldo”.

Con la presentación de esta iniciativa sobre el reajuste de las remuneraciones a los trabajadores del sector público lo único que se ha hecho es reducir el sueldo, no hay un aumento real, así es que la vamos…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto Águila .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, cuando son las 22:21 horas estamos en el Congreso Nacional debatiendo un proyecto de ley muy importante. Me refiero a la iniciativa que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, sector que tradicionalmente ha tenido gran importancia en el modelo del Estado social y de derecho, en cuanto a cumplir con las políticas económicas diseñadas en cada momento histórico, en beneficio de cada gobierno.

Los funcionarios públicos son fundamentales para el Estado. Son ellos los que han estado activos en la primera línea para enfrentar la crisis que hoy vivimos: la crisis de la covid-19. Los funcionarios de salud no han sido los únicos que han estado activos en el combate contra la pandemia; también lo han estado los funcionarios de todos los servicios públicos, de los municipios, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, entre otros, quienes han puesto en riesgo su vida y la de sus familias.

Represento a un distrito que pertenece a la Región de Aysén, donde el factor que representa el sector público es determinante. En la región se desempeñan cerca de 5.000 funcionarios públicos, a contrata y titulares: 20 por ciento de funcionarios públicos titulares y 80 por ciento a contrata, lo que contraviene la norma que establece que ese porcentaje debe ser igual al 50 por ciento en ambas categorías, a fin de garantizar la carrera funcionaria.

Es fundamental contar con el bono para los funcionarios públicos, cuyo otorgamiento espero que no sea contemplado solo para los funcionarios de salud. A mi juicio, el bono covid-19 debe ser extendido para todos los funcionarios públicos del país, que se han sacado la mugre para enfrentar la crisis que hoy vivimos.

¡Si no hay bono, no hay voto!

He dicho.