Labor Parlamentaria

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, en materia de incompatibilidades del cargo de director de la Federación de Fútbol, y de inhabilidades para ser directores de federaciones deportivas nacionales.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos por bancada.

Diputado informante del segundo informe de la Comisión de Deportes y Recreación es el señor Pablo Prieto Lorca .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Deportes y Recreación, sesión 113ª de la presente legislatura, en martes 15 de diciembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 33.

-El primer informe de la Comisión de Deportes y Recreación se rindió en la sesión 92ª de la presente legislatura, en miércoles 28 de octubre de 2020.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor PRIETO (de pie).-

Señor Presidente, me corresponde rendir el informe del proyecto de ley, iniciado en una moción de los diputados señores Pablo Prieto , Karim Bianchi , Andrés Celis , Juan Fuenzalida , Cristhian Moreira , Jaime Mulet , Rolando Rentería y Enrique van Rysselberghe , y de las diputadas señoras Érika Olivera y Marisela Santibáñez , que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, en materia de incompatibilidades del cargo de director de la Federación de Fútbol, y de inhabilidades para ser directores de federaciones deportivas nacionales, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 85 del Reglamento de la Corporación.

Tal como indica su nombre, la idea matriz del proyecto de ley consiste en establecer un impedimento para que el presidente de una federación deportiva sea a la vez presidente de una de las asociaciones que la integran, impidiendo así que se produzcan situaciones de faltas de control por parte de los asociados a sus dirigentes.

En cuanto a sus antecedentes y fundamentos, los autores del proyecto manifiestan que la Federación de Fútbol de Chile, con más de 120 años de existencia, es la segunda organización de este tipo más antigua de América y una de las diez más antiguas del mundo.

Las circunstancias sobre las cuales se practica el fútbol a lo largo de su desarrollo han variado radicalmente no solo en cuanto a su masificación, sino a su vocación de industria, pues enormes cantidades de recursos circulan con ocasión de este deporte cada día más profesionalizado.

Si bien es cierto el fútbol es por esencia un espectáculo de carácter privado y vinculado a las competencias entre clubes de fútbol de carácter privado, su orientación y vocación social son innegables. Esto ha hecho patente la necesidad de profesionalizarlo en todos sus niveles e instancias.

Por lo anterior, resulta imperioso actualizar sus estructuras dirigenciales y, más que eso, incrementar sus estándares de probidad y transparencia en materia de gobierno corporativo, habida cuenta de la implicancia que esta actividad tiene en la ciudadanía y en la gestión de recursos, incluso públicos.

En cuanto a los hitos de su tramitación, se destaca su ingreso a la comisión el 20 de noviembre de 2018, destinándose siete sesiones para su análisis entre los meses de julio de 2019 y enero de 2020, después de los cuales fue despachado a la Sala.

Con fecha 28 de octubre de 2020, en la sesión 92ª de la legislatura 368ª, el proyecto fue aprobado en general en la Sala, por 145 votos afirmativos y 2 abstenciones, presentándose en dicha oportunidad una indicación para extender la incompatibilidad que se propone también a los dirigentes de los clubes que forman parte de las asociaciones que, a su vez, conforman la Federación de Fútbol de Chile, lo que motivó nuevamente su envío a esta comisión para que emitiera el respectivo segundo informe.

Puesta en discusión, los parlamentarios y parlamentarias integrantes de la comisión se manifestaron a favor de la misma por unanimidad. Además, concordaron en la necesidad de ampliar esta incompatibilidad a los restantes miembros del directorio de una federación deportiva nacional y hacerla extensiva a los cargos de director de las asociaciones y clubes.

También se hizo presente la necesidad de reformular el número 3 del artículo único, en atención a que con posterioridad a que el proyecto fuera despachado por la comisión en enero de 2020, la ley N° 19.712, precisamente en el artículo 40 T, entre otros, fue modificada por la ley N° 21.197, para establecer el deber de contar con un protocolo contra el acoso sexual, el abuso sexual, la discriminación y el maltrato en la actividad deportiva nacional, lo que fue publicado en febrero de 2020, precisándose una revisión de este texto, con el objeto de adecuarlo a la nueva redacción de la citada norma.

Finalmente, respecto del número 3 del artículo único, se presentó una indicación para hacer aplicable a la Federación de Fútbol de Chile, como contrapartida a la excepción prevista en el artículo 40 T de la ley N° 19.712, lo dispuesto en el inciso final del artículo 40 F y en todos los literales del artículo 40 G.

Las indicaciones precedentes fueron aprobadas por la unanimidad de los diputados presentes, despachándose el presente proyecto de ley.

En consecuencia, el texto propuesto por esta comisión y que se recomienda aprobar a la Sala de esta honorable Cámara consta de un artículo único, que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, y de tres números, que modifican los artículos 40 F, 40 G y 40 T del citado cuerpo legal.

Según se expresa en este proyecto de ley, en el artículo único, número 1, se incorpora a su artículo 40 F el siguiente inciso final, nuevo: “Tratándose de una Federación Deportiva Nacional, el cargo de presidente o director será incompatible con el cargo de miembro del directorio de cualquiera de las asociaciones o clubes que la conforman.”.

En el número 2, en su artículo 40 G, se agrega la siguiente letra f): “Los que hayan sido condenados por delitos contra la probidad o por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales de los trabajadores.”.

Y en el número 3 se agrega, en el artículo 40 T, entre la expresión “artículo 40 P” y el punto que le sigue, la siguiente frase: “y lo dispuesto en el inciso final del artículo 40 F y del artículo 40 G.”.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, la Comisión de Deportes y Recreación se ha enfocado en impulsar proyectos de ley que vengan a perfeccionar nuestra legislación en lo relativo al deporte, tanto para actualizar las normas a los tiempos actuales como también para hacer frente a situaciones puntuales que han afectado al deporte nacional y particularmente el desarrollo de los deportistas como también de los diferentes tipos de organizaciones deportivas. Con ese propósito, hace algunas semanas aprobamos el proyecto de ley sobre inhabilitación absoluta perpetua para el desempeño de cargos o funciones dentro de una organización deportiva en caso de ser condenado por determinados delitos, y recientemente comenzamos a estudiar un proyecto de ley, iniciado en mensaje, que busca incorporar a todas las federaciones deportivas dentro de la ley de Federaciones Deportivas Nacionales.

Hoy legislamos sobre un proyecto de ley que busca establecer un impedimento para que el presidente de una federación deportiva sea a la vez presidente de una de las asociaciones que la integran, impidiendo así que se produzcan situaciones de falta de control por parte de los asociados y sus dirigentes.

Las razones para impulsar este tipo de proyectos radican principalmente en que el desarrollo y la consolidación de las organizaciones deportivas actuales requiere de una progresiva profesionalización de la gestión de la actividad, pero también de una progresiva profesionalización de las personas que ejercen cargos directivos y de representación de las mismas organizaciones, con el fin de consolidar el deporte como una actividad económica sostenible en la cual deportistas y aficionados se vean representados, y de evitar, tal como lo señala la historia reciente de nuestro país, situaciones de irregularidades, de aprovechamiento y de corrupción que creemos intolerables en una actividad social tan noble como sana como lo es el deporte.

El deporte, sea en su manifestación como una actividad económica o como una actividad recreacional, debiera inspirar los más elementales valores sociales. Quienes hemos dedicado nuestra vida al deporte así lo entendemos, y también defendemos cómo el deporte promueve la vida saludable, la competición en buena ley y la integración social entre todas las personas, sin importar su origen ni situación socioeconómica.

Con este proyecto de ley buscamos evitar eventuales conflictos de intereses que puedan generarse ante la duplicidad de cargos de representación de organizaciones deportivas, especialmente cuando se forma parte de directorios de organizaciones deportivas de distinta jerarquía de manera simultánea, situaciones en las que eventualmente una persona podría beneficiar no solo a la organización deportiva o club de base del cual forma parte, sino particularmente beneficiar sus funciones o labores como dirigente, especialmente cuando tiene acceso a financiamiento.

Aprovecho la oportunidad de destacar la relevancia que tienen las federaciones deportivas en nuestro país y especialmente el compromiso que cientos de dirigentes tienen con sus clubes y federaciones, compromiso que muchas veces requiere de importantes esfuerzos familiares y laborales, entre otros.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET (vía telemática).-

Señor Presidente, este proyecto, que viene con algunas correcciones en segundo trámite reglamentario, es muy relevante.

En la Comisión de Deportes y Recreación tenemos la experiencia de importantes deportistas nacionales, como Érika Olivera , Sebastián Keitel o el diputado informante, Pablo Prieto , con quienes durante los últimos años hemos estado trabajando para ir resolviendo algunos aspectos complejos que tienen que ver con el buen funcionamiento de las distintas organizaciones deportivas del país.

El proyecto en particular que hoy tratamos tiene que ver no solo con la experiencia de ellos sino también con lo que recogimos en una comisión investigadora, que me tocó presidir, sobre las malas prácticas que ocurrieron y de los delitos que se cometieron en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, a propósito de la administración del señor Jadue , quien hoy está siendo juzgado en los Estados Unidos de América.

En aquella investigación también quedó en evidencia la forma en que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional tomaba el control de la Federación de Fútbol de Chile y, en definitiva, hacía abuso precisamente por el conflicto de intereses que había -que esta iniciativa pretende corregir- de uno de los miembros, de uno de los asociados de la Federación de Fútbol. Son dos las asociaciones que forman parte de ella: la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA). El abuso lo cometía obviamente la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, a propósito de esa administración de tan amargos recuerdos para el deporte nacional. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un conflicto de intereses entre el presidente de una de las asociaciones y el presidente de la federación. Lo han explicado muy bien quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Es evidente que eso se puede producir. Lo que busca este proyecto es corregir aquello, para evitar esos abusos.

Esos abusos se expresaron, por ejemplo, en el fútbol profesional en términos de cómo se recibían importantes recursos de origen internacional por parte de la Federación de Fútbol de Chile, los cuales no iban a uno de sus asociados, a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA). Los recursos iban fundamentalmente al propio fútbol profesional. O sea, había una mala administración, un conflicto de intereses y una pérdida obviamente para el fútbol amateur, que es tan relevante en nuestro país. Esa fue una de las conclusiones que obtuvimos en esa comisión especial investigadora.

Por eso hay que corregir, y una de las maneras de hacerlo es estableciendo derechamente la incompatibilidad entre el cargo de presidente de una asociación con el de presidente de la federación.

Creo que este proyecto va por el camino correcto y con las otras disposiciones legales que hemos aprobado anteriormente.

Así que vamos a aprobar esta iniciativa.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal con el propósito de establecer una circunstancia agravante de responsabilidad criminal en el caso de delitos que indica, cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos.

Para la discusión del proyecto se otorgarán 5 minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités y 3 minutos al resto, más 30 minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Marcelo Díaz .

Antecedentes:

Mociones:

-Boletín N° 11948-07, sesión 51ª de la legislatura 366ª, en martes 31 de julio de 2018. Documentos de la Cuenta N° 45, y

-Boletín N° 12926-07, sesión 72ª de la legislatura 367ª, en martes 10 de septiembre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 10.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 87ª de la legislatura 367ª, en martes 15 de octubre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 13.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En reemplazo del diputado Marcelo Díaz , rendirá el informe el diputado Francisco Undurraga , a quien ofrezco la palabra.

El señor UNDURRAGA (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal con el propósito de establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en el caso de delitos que indica cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos.

Las mociones fueron suscritas por los diputados Marcelo Díaz Díaz , Juan Luis Castro González , Daniella Cicardini Milla , Marcos Ilabaca Cerda , Raúl Leiva Carvajal , Manuel Monsalve Benavides , Jaime Naranjo Ortiz , Raúl Saldívar Auger , Juan Santana Castillo y Jaime Tohá González (boletín N° 11948-07), y Diego Ibáñez Cotroneo , Boris Barrera Moreno y Víctor Torres Jeldes (boletín N° 12926-07).

La idea matriz o fundamental del proyecto es el establecimiento de una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal específica respecto de los delitos de amenaza, lesiones graves, castración, mutilación y homicidio que pudieren cometerse en contra de dirigentes de organizaciones comunitarias por su condición de tales.

Los autores de las mociones sostienen que las y los dirigentes sociales desempeñan una labor que es fundamental para el desarrollo de la democracia, sobre todo en el contexto social chileno, donde el tejido social requiere ser fortalecido para el robustecimiento de la participación y el Estado de derecho.

Consideran que la actividad de la o el dirigente social muchas veces implica la defensa de los derechos humanos, labor importante para la consolidación de un Estado de derecho, a un punto tal que llega a justificar una protección para él o la líder de carácter preventiva y sancionatoria.

Agregan que, por su parte, las juntas de vecinos tienen como objetivo general “promover la integración, la participación y el desarrollo de los habitantes de la unidad vecinal”. Asimismo, deben gestionar la solución de los asuntos o problemas que afecten a la unidad vecinal, representando las inquietudes e intereses de sus miembros en estas materias, que en muchos casos comprende los constantes peligros al que son expuestos los vecinos por prácticas delictivas. De allí que una de sus funciones específicas a resaltar es precisamente colaborar con la municipalidad y organismos públicos competentes en la proposición, coordinación, información, difusión y ejecución de medidas tendientes al resguardo de la seguridad ciudadana.

En virtud de esto y de otras funciones que tienen las juntas de vecinos, sus integrantes se han expuesto a situaciones de riesgo. Así, en diversas ocasiones, sus dirigentes han sido objeto de amenazas y agresiones por parte de personas u organizaciones delictuales cuando asumen tareas de organización en materia de seguridad ciudadana.

En general, estiman que lo fundamental para la determinación de la agravación de ciertos delitos contra dirigente sociales es el mayor injusto del caso en cuestión y su mayor culpabilidad (reprochabilidad). En otras palabras, la primera supone un incremento de la gravedad objetiva del hecho y, la segunda, un mayor reproche al autor.

En este contexto, la circunstancia agravante propuesta se justifica objetivamente en la situación de vulnerabilidad de la víctima, por cuanto esta se encuentra en una situación de extrema indefensión al momento de la comisión del hecho punible, como al momento que sigue a la comisión, pues la naturaleza de sus funciones como dirigente, especialmente en problemas que afectan a la unidad en el ámbito de la seguridad ciudadana, lo expone a represalias de las organizaciones criminales que intimidan a las comunidades con sus prácticas. Asimismo, al defender los derechos de las personas eventualmente pueden verse expuestos a ataques o amenazas, y el plus de injusto radica en el disvalor de esta conducta, atendido el carácter social de las funciones de las personas afectadas.

Las y los autores del proyecto en informe están contestes de que la protección de las y los dirigentes sociales no se satisface por la vía de agravar las penas de los ilícitos, pero sí es un comienzo hacia el establecimiento y consagración de un sistema de protección integral de los dirigentes y líderes sociales, amparando su derecho a la vida, integridad, libertad y seguridad personal.

Fruto del debate sostenido en el seno de la comisión, se aprobó el proyecto, el cual incorpora dos normas en el Código Penal.

En primer lugar, agrega un artículo 298 bis, que dispone que en los casos de los delitos contemplados en los artículos precedentes (delito de amenazas), podrán ser aplicadas las penas superiores en un grado si la víctima fuere integrante del directorio de una organización comunitaria funcional, junta de vecinos o unión comunal, constituidas conforme a la ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, en represalia del ejercicio de sus funciones.

En segundo término, introduce un artículo 410 bis, que establece que en el caso de los delitos previstos en los artículos 391 (homicidio), 395, 396, 397 y 399 (castración, mutilación, lesiones graves y lesiones corporales en general), podrán ser aplicadas las penas superiores en un grado si la víctima fuere integrante del directorio de una organización comunitaria funcional, junta de vecinos o unión comunal, constituidas conforme a la ley N° 19.418, en represalia del ejercicio de sus funciones.

Habiendo sido aprobado el proyecto por la comisión que represento, solicito su aprobación en la misma forma a esta honorable Sala.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES.-

Señor Presidente, en verdad cuesta entender, pero ocurre, que un dirigente social, aquella persona que representa los intereses de los vecinos, a la que muchas veces le escasea la plata para poder resolver problemas familiares, gaste parte del ingreso familiar para hacer trámites en representación de los demás.

Las organizaciones funcionales, como los clubes deportivos, los grupos culturales, lo grupos de adultos mayores, o bien, las territoriales, como las juntas de vecinos o las uniones comunales de juntas de vecinos, son representadas por personas humildes, trabajadoras; por personas que ocupan su tiempo de descanso, su tiempo de convivencia familiar traqueteando buena parte del día, haciendo trámites por el bien común de su comunidad. Por lo tanto, se hace difícil entender que haya gente que las amenace. Ello, independientemente de aquellas personas a las cuales una gestión vecinal les pueda tocar sus intereses particulares. En ese sentido, ya estamos hablando de un abanico mayor de posibilidades de que los dirigentes de organizaciones comunitarias reciban amenazas.

Considero que este proyecto, que busca aumentar en un grado la pena para los delitos de amenazas o de lesiones corporales, dentro del espectro que acaba de informar el diputado Undurraga , es el inicio de un camino para generar mayor seguridad, protección y justicia para aquellos dirigentes que no reciben ni un peso del Estado para cumplir su labor, ni gozan de ningún tipo de seguro respecto del trayecto o del ejercicio de sus funciones, ni tienen ninguna retribución más que el cariño de su propia comunidad -a veces esos dirigentes reciben incluso la incomprensión de su propia comunidad-. En consecuencia, se trata de gente que de verdad hay que proteger.

En algunos lugares, en ciertas organizaciones existe una crisis de representación, por cuanto cuesta que la comunidad en general se tiente a seguir el camino para ser dirigente social, porque se sufren muchos sinsabores; lo he visto demasiadas veces. Por lo tanto, aquellos dirigentes que tienen la valentía, la vocación de servicio para representar a su comunidad deben ser protegidos de mejor forma. Si no reciben remuneración, si no tienen ningún tipo de seguro de vida o de accidentes ni nada que los proteja, entonces a lo menos generemos desincentivos para que quienes los amenazan o los agreden en el cumplimiento de su tarea eviten hacerlo. Si no es por la buena, será por la dura.

Por consiguiente, en ese contexto, pido a las y los colegas que apoyemos este proyecto. Es una buena señal para la protección de los dirigentes sociales; por tanto, espero que se tramite rápidamente para que la respectiva ley entre pronto en vigencia.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ (vía telemática).-

Señor Presidente, quiero partir leyendo el titular de una noticia del 11 de agosto de 2019. Dice: “Valparaíso: Dirigentes Vecinales fueron baleados y golpeados en su casa, por organizar a sus vecinos contra el narcotráfico”.

Dos dirigentes de la Junta de Vecinos N° 7 Cerro Polanco, en Valparaíso, distrito al que represento, fueron baleados y golpeados en su casa por organizar a sus vecinos contra el narcotráfico.

En días recientes hemos conocido antecedentes de casos similares ocurridos en otros lugares de la misma Región de Valparaíso. Hay -lo hemos conversado con las autoridades regionales y con las autoridades policiales- un desplazamiento de bandas de narcotraficantes desde la Región Metropolitana hacia el litoral de la provincia de San Antonio.

Hace algunos días, los alcaldes y las alcaldesas de dicha provincia concurrieron a La Moneda para exigir mayores medidas de seguridad. Hemos planteado al ministro del Interior y Seguridad Pública, por acuerdo unánime de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que cambie el modo en que se construyen los mapas de situación delincuencial. Hoy, esos mapas se construyen básicamente con la información que reciben Carabineros, la PDI y los tribunales de justicia; sin embargo, esa estadística esconde la realidad de lo que ocurre en los territorios, porque muchos vecinos y vecinas se niegan a denunciar por temor a represalias como la que cité y que motivó el proyecto que presenté junto con otros diputados, que hoy estamos discutiendo.

Los vecinos saben de muchos lugares en que se cometen delitos e incluso de quienes los cometen, pero tienen miedo a denunciar. En ese sentido, propusimos al ministro del Interior que hubiera un canal alternativo para construir mapas complementarios sobre situación delincuencial a partir de la información que los vecinos y vecinas, en particular sus líderes y lideresas sociales y territoriales, aportan para la construcción de mejores estrategias de lucha contra la delincuencia.

Pero el trabajo de esos dirigentes es gratis, no solo por lo que dijo recién el diputado Iván Flores , sino porque no es remunerado y sí implica gastos. Los dirigentes vecinales deben costear transporte, movilización; muchas veces tienen que poner recursos de sus propios bolsillos para financiar actividades en sus comunidades, en sus barrios -insisto-, sin recibir remuneración de ningún tipo por eso, pero, además, exponiendo su seguridad y la de sus familias a hechos como el que mencioné, que no constituye una excepción. No es la primera ni la última vez que ese tipo de hechos ocurre, y seguirán sucediendo.

Por lo tanto, nos parece indispensable dar desde el poder público, en este caso desde el Congreso, una señal de respaldo a ese importante rol que cumplen los dirigentes y las dirigentas sociales y territoriales, estableciendo penas más gravosas para quienes atentan contra ellos. Ello al menos es un modo de decir que nos importa lo que hacen, que valoramos su esfuerzo, que entendemos que juegan un rol fundamental en una sociedad democrática, particularmente en una materia que aparece siempre entre las primeras preocupaciones de la gente, como ocurre con la seguridad o la inseguridad que se vive en muchos territorios, en muchos lugares del país.

La Región de Valparaíso tiene cifras preocupantes en materia de delincuencia. Existe inquietud y molestia entre los vecinos y vecinas. Voy a contarles el caso del cerro Los Placeres.

Me reuní hace algunos meses con más de treinta organizaciones del cerro Los Placeres, alto, medio y bajo, reunión a la que también asistieron el intendente y representantes de Carabineros.

No fue una reunión muy provechosa -esperamos que se concreten algunos de los acuerdos-, pero quiero comentarles que cuando visité el lugar entré a la casa de un dirigente y me mostró unas planchas de cholguán y de aglomerado, y me dijo que las instaló para reforzar la seguridad de su casa. Había varios vecinos presentes, y lo que me dijo -me parece importante tenerlo presente- fue que ha gastado el 10 por ciento del primer retiro de la AFP en reforzar la seguridad de su vivienda.

Lo hacen porque tienen temor a la delincuencia y sienten que desde el inicio de la pandemia han sido abandonados, que el toque de queda rige para los vecinos, pero no para los delincuentes.

Quienes han cumplido la función de canalizar esas inquietudes, de expresar esa demanda de mayor protección y seguridad son precisamente los dirigentes de las juntas de vecinos, de los comités vecinales de seguridad, de organizaciones comunitarias funcionales.

Por consiguiente, es a ellos a quienes debemos decirles que sí estamos preocupados, que compartimos sus inquietudes y que estamos aquí para defender y proteger sus intereses y representar sus necesidades.

Este proyecto es una señal, primero, para quienes atentan contra la seguridad de dirigentes y dirigentas sociales y territoriales, para que sepan que no les va a salir gratis, que habrá mayor sanción penal para los que atenten contra quienes cumplen una función tan relevante, y, segundo, es una señal para los dirigentes y dirigentas vecinales, para decirles que su labor sí importa, que su labor es relevante, que su rol es fundamental para construir una mejor sociedad en democracia.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena) [vía telemática].-

Señor Presidente, la verdad es que siento sana envidia por la persona a la que se le ocurrió presentar este proyecto, porque es realmente muy notable. Quienes formamos parte del mundo político vivimos en contacto permanente -los que estamos siempre en terreno, que me imagino somos el ciento por ciento de los que formamos parte de la Cámara de Diputados- con los dirigentes y demás representantes de las organizaciones sociales.

Efectivamente, ellos viven un problema dual, ya que, por un lado, muchos están en constante sospecha, siempre hay algún grupo de su comunidad que está en constante sospecha respecto de ellos; pero lo que uno ve es justamente lo que han relatado los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, es decir, que son personas que se la juegan por su comunidad, que hacen milagros con pequeños recursos, muchas veces aportando parte de sus propios ingresos. Siempre están pendientes y conocen mejor que todos lo que sucede en sus sectores.

Me gustaría detenerme en el tema que acaba de tocar el diputado Marcelo Díaz : el narcotráfico. Cuando uno conversa con los dirigentes sociales, se da cuenta de cómo ha ido evolucionando el narcotráfico. Ellos siempre han conocido quién es el que históricamente ha traficado, pero hoy utilizan nuevas formas para hacerlo.

Gracias a los dirigentes he ido aprendiendo mucho sobre este problema. Sé que ahora se trafica con más violencia y que ahora se utilizan prácticas -esto es lamentable- que antes no se conocían en Chile, como el uso de pistolas y cuchillos, lo que ha hecho que haya ido cambiando el entorno que rodea al narcotráfico.

Los mismos vecinos, los de toda la vida, los que están por justicia en esos territorios, hoy se ven amedrentados, frente a lo cual no pueden hacer nada. Cada vez que tratan de hacer algo, inmediatamente son amedrentados.

Me pasó a mí, al haberme introducido en esos sectores -voy a seguir haciéndolo-, y fue mi equipo territorial el que sufrió las consecuencias, con una banda de narcotraficantes que destruyó una cuadra completa de autos, incluido el auto que usábamos para el territorio, las ventanas de las casas, etcétera. Realmente fue algo muy impresionante, y, lamentablemente, debo decir que Carabineros no estuvo a la altura de las circunstancias. Lo digo con mucho dolor.

Soy muy admiradora de los dirigentes sociales, especialmente porque la mayoría son mujeres. Uno no entiende por qué la mujer queda pegada ahí, pero la mayoría de las juntas de vecinos, al menos en mi distrito -no ocurre lo mismo en los clubes deportivos-, son dirigidas por mujeres, y lo hacen muy bien. Realmente hacen milagros. Son personas muy entregadas, con verdadera vocación.

No obstante, debo decir que no tengo claro si este proyecto solo los cubre mientras son dirigentes. Por eso, les digo a los mocionantes que quizás la protección debería durar un poco más, porque las represalias pueden venir en un tiempo posterior, cosa que pasa mucho.

Por ello, voy a investigar cómo está este proyecto en esa materia, porque no sé si es de por vida y si eso está incorporado.

Ahora bien, creo que esto se debe comunicar. No sacamos nada con votar hoy esta iniciativa, que se promulgue como ley y que después no se sepa más de esta nueva normativa, porque cuando una persona está metida en las drogas, que tenga un punto más de pena o lo que sea no le afecta mucho, dado que ni siquiera se entera.

De allí que considere que, de alguna forma, debemos difundir esta información en todos nuestros territorios cuando se promulgue la ley -espero que sea lo antes posible-, para que la gente la sepa y no tenga que enterarse recién cuando alguna dirigente sufra uno de esos ataques infames de los que suelen ser víctimas.

Creo que, de alguna forma, este proyecto vuelve a darles justicia a esas personas, que, por ejemplo, no tienen fuero, por lo que todos debemos apoyar la iniciativa.

Sin el apoyo de los dirigentes sociales, mi labor sería bastante menor; lo digo con mucha sinceridad y humildad. Siento un tremendo apoyo de la mayoría de ellos -también trato de ser un apoyo para ellos-, porque no tengo otra forma de llegar masivamente a las distintas comunidades. Recordemos que nosotros, los diputados, ahora representamos distritos mucho más grandes, por lo cual necesitamos el apoyo de los diversos tipos de dirigentes sociales.

Solo me resta agradecer a los patrocinantes de este proyecto y reiterarles mi petición de asegurarnos de que la protección que se entrega a los dirigentes sociales mediante esta iniciativa se prolongue más allá del periodo durante el cual estén ejerciendo su cargo, porque, como expresé, uno nunca sabe cuándo vienen las represalias.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Norambuena .

El señor NORAMBUENA.-

Señor Presidente, este proyecto de ley modifica el Código Penal con el propósito de establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en los casos de delitos que indica, cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos.

Quienes me antecedieron en el uso de la palabra dieron a conocer la importancia de estos dirigentes, que desarrollan una gran labor en beneficio de la comunidad en general, pero que muchas veces son víctimas de actos delictivos provocados por ciertos elementos en su población, que no ayudan en nada y dan cierta intranquilidad y poca seguridad a quienes desarrollan estas labores comunitarias.

Seguramente nuestros colegas, sin importar su tendencia política, han conocido las inquietudes de esos dirigentes como consecuencia de ese tipo de ataques en su contra, así que saben la relevancia de una moción de esta naturaleza. Por esa razón, solo haré algunos breves comentarios.

Uno de ellos apunta a que esta es una circunstancia modificatoria de responsabilidad que consiste en un conjunto de situaciones concretas descritas por el legislador, que al concurrir producen el efecto de influir en la magnitud de la pena aplicable, sea porque la conducta es considerada más o menos injusta o más o menos culpable.

Desde el punto de vista estrictamente material, consiste en un hecho, relación o dato concreto que el legislador tiene en cuenta para los efectos de graduar la responsabilidad penal.

El artículo 64 del Código Penal distingue entre circunstancias materiales y personales. Las materiales son aquellas que consisten en la ejecución material del hecho o en los medios utilizados para realizarla, y son personales aquellas que consisten en la disposición moral del delincuente, en su relación particular con el ofendido o en otra causa de la misma índole.

En Chile, estas circunstancias modificatorias de responsabilidad son taxativas, por lo que el juez solo podrá considerar aquellas que estén expresamente establecidas en virtud del principio de legalidad.

La circunstancia de responsabilidad penal del proyecto modifica el Código Penal en el sentido de agregar una circunstancia agravante de responsabilidad penal para los delitos que se cometan en contra de quienes ejercen labores directivas en juntas de vecinos.

Es importante esclarecer, en primer lugar, que para la configuración de las circunstancias modificatorias se requiere que el sujeto conozca la base fáctica, en este caso, que la persona en cuestión sea un dirigente vecinal, sobre la cual se estructura la causal de agravación de la pena, porque el artículo 64 del Código Penal solo considera el conocimiento de las causales materiales, pero no de las personales.

Por lo tanto, para que tenga sentido la norma, debería probarse eventualmente en el delito que la persona fue atacada por su condición de dirigente vecinal, pues de otro modo no tiene sentido la norma.

¿Cómo puede probarse la circunstancia de que un dirigente vecinal es atacado por su especial condición de dirigente? Es difícil establecerlo. El órgano persecutor es el que, en definitiva, va a tener la responsabilidad de esclarecerlo.

La recomendación es aprobar este proyecto, porque nos ayuda a prevenir, proteger y dar seguridad a nuestros dirigentes de juntas de vecinos, quienes desarrollan su trabajo de forma responsable y voluntaria. Votaré a favor del proyecto de ley.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, valoro este proyecto, puesto que los dirigentes sociales son la columna vertebral de nuestra institucionalidad; son personas que trabajan ad honorem para servir a su comunidad, sin recibir ningún tipo de remuneración.

Se ha intentado que estas personas, por lo menos, tengan un seguro de salud para sus traslados, pero es tan engorroso que, en la práctica, no tenemos un seguro de salud para los dirigentes sociales. Por eso, todo lo ayude a protegerlos va en la dirección correcta.

Todos los dirigentes sociales pueden ser objeto de amenazas y de otro tipo de delitos. Tenemos el caso de la alcaldesa de La Pintana, doña Claudia Pizarro , quien fue objeto de amenazas, y de una serie de dirigentes sociales que permanentemente son objeto de amenazas por parte de narcotraficantes, como señaló el diputado Díaz .

En síntesis, este proyecto aumenta en un grado las sanciones penales correspondientes a los delitos de amenaza, lesiones graves, castración, mutilación y homicidio, cuando estos son cometidos a raíz de que la víctima es un dirigente vecinal y con pleno conocimiento de esa circunstancia. Así, se pretende dar una protección mínima a quienes deben arriesgar sus vidas para servir a la comunidad. Muchos dirigentes sociales deben tomar decisiones que causan controversias en sus comunidades y, por ello, son objeto de amenazas y de lesiones.

Vamos a aprobar este blindaje a los dirigentes vecinales, porque es lo mínimo que podemos hacer por ellos.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Juan Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Juan) [vía telemática].-

Señor Presidente, felicito a los autores de este proyecto de ley.

La función que cumplen y han cumplido los dirigentes sociales siempre ha sido muy importante, pues forman parte de la cadena que conecta a la comunidad con sus representantes a nivel municipal, regional y nacional.

Ante la importante función que cumplen, lo mínimo que podemos hacer es entregarles un poco de resguardo, así como lo hemos tratado de hacer con los camioneros, con los funcionarios policiales y sus familias y con los gendarmes.

Establecer de forma expresa en el Código Penal una agravante especial para que en ciertos casos se aumente la pena a delitos determinados y, con ello, se dé una sanción ejemplarizadora a quienes atenten contra de dirigentes vecinales, es una muy buena alternativa, puesto que ellos se ven constantemente expuestos a situaciones peligrosas, ya que muchas veces los vecinos creen que mediante la violencia pueden conseguir sus objetivos.

Este proyecto de ley hace frente a esa violencia que hemos visto últimamente, tanto física como psicológica, puesto que consta de agresiones y de bullying, que no solo afectan al dirigente, sino también a su familia.

Entonces, al establecer de forma taxativa esta agravante, sin duda, se podrá prevenir o evitar situaciones que si bien no son tan comunes, sí han ocurrido. Es función de los parlamentarios anticiparnos a estas situaciones.

Celebro que este proyecto de ley se haya presentado sin necesidad de que haya ocurrido un hecho mediático.

Como dije, establecer esta agravante penal va a ayudar a que la función pública que realizan ad honorem esos dirigentes sociales sea realizada de manera más segura, sin poner en riesgo su vida ni la de sus familiares.

Por eso creo que es importante seguir legislando sobre esta materia, no solamente respecto de estos dirigentes, sino también de otros que se ven expuestos a lo mismo.

Señor Presidente, hoy se está dando un gran paso en relación con esta materia. Por ello, votaré a favor este proyecto de ley.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

LABRA.-

Señor Presidente, las y los dirigentes sociales desempeñan una labor fundamental en el desarrollo de la democracia, sobre todo en el contexto en donde el tejido social requiere ser fortalecido para robustecer la participación y el Estado de derecho. Ellos tienen funciones políticas y sociales, las que pueden ser parte de una comunidad de riesgo dentro de la sociedad, porque muchas veces su labor es representar a una organización comunitaria que tiene intereses opuestos a los de grupos económicos dominantes u organizaciones criminales, lo que puede provocar una constante tensión.

El proyecto, a través de un artículo único, establece que respecto de los delitos de amenazas, que en sus distintas modalidades contemplan penas de hasta cinco años de cárcel, las mismas puedan ser aumentadas en un grado si la víctima fuera integrante del directorio de una organización comunitaria funcional, junta de vecinos o unión comunal, siempre que ese ilícito fuese cometido en represalia del ejercicio de sus funciones.

Además, se establece que, en el caso de los delitos de homicidio, castración u otras mutilaciones, y de delitos que conlleven lesiones graves y menos graves, podrán ser aplicadas las penas superiores en un grado si la víctima fuese integrante del directorio de una organización comunitaria funcional, junta de vecinos o unión comunal en represalia del ejercicio de sus funciones.

En primer lugar, es necesario reconocer la labor llevada a cabo por quienes dedican su esfuerzo al ámbito de la dirigencia vecinal. Las y los dirigentes efectúan un trabajo que se ha traducido en avances y mejoramiento de la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. No queda más que agradecer ese esfuerzo y ese compromiso que día a día demuestran estos miles de chilenos y de chilenas que muchas veces postergan su vida familiar en beneficio de su entorno inmediato.

Pero esta labor de representación, en muchas oportunidades, pone a los dirigentes en evidente riesgo, por cuanto los intereses comunitarios que defienden se contraponen a los intereses de otros grupos de poder, ya sea de poder económico, de poder político o, derechamente, de la delincuencia organizada. Ejemplo de esto lo constituye la amenaza que sufrió un dirigente vecinal de la comuna de Cañete, que fue amenazado de muerte por cumplir su labor social. Lo mismo ocurrió con la presidenta de la junta de vecinos de Algarrobal, en San Felipe, y con la presidenta de la feria central de San Felipe, las que fueron amenazadas de muerte. Por último, y más grave aún, cabe destacar el ataque con armas de fuego perpetrado en contra de dos dirigentes del cerro Polanco , en Valparaíso, atacados por miembros de una banda dedicada al narcotráfico.

En ese sentido, el ordenamiento jurídico tiene la responsabilidad de otorgar la mayor garantía y protección a quienes dedican su vida y esfuerzo a representar intereses comunitarios. La norma que hoy nos toca votar avanza en ese sentido.

En estos y otros casos en que actores y dirigentes sociales han sufrido agresiones por ejercer su cargo de representación, se hace necesario que el poder político otorgue la mayor seguridad a quienes ejercen una labor que favorece no solo a su entorno, sino que también constituye la base de un sistema democrático representativo. Necesitamos de la mayor inteligencia policial, de la mejor inteligencia política, de la mejor inteligencia y sensibilidad con nuestro pueblo, que crece para enfrentar en forma global este problema.

Señor Presidente, vamos a votar a favor este proyecto. Ojala puedan ser incluidas la mayor cantidad de personas que ejerzan cargos en representación del pueblo. Ellas deben ser defendidas no solo con proyectos de ley que incrementen penas, sino con un desarrollo cultural profundo que haga de este país un mejor lugar para vivir para todos y todas.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, estoy seguro de que todos los que estamos hoy en la Sala y los que nos acompañan telemáticamente jamás pensamos que deberíamos legislar para abordar la situación que se ha descrito y que afecta a los dirigentes sociales.

Lamentablemente, los hechos y la realidad nos han llevado a esta situación. Claramente, las organizaciones criminales, nos guste o no, nos moleste o no, de una u otra forma se están tomando el país. Todos somos responsables de lo que está ocurriendo. En ese escenario, quienes están pagando las consecuencias son justamente los dirigentes sociales, porque están dando una lucha desigual para denunciar los hechos delictuales que ocurren en sus territorios. Lamentablemente, hasta la fecha, no existe protección o seguridad para ellos, por lo que no tienen cómo defenderse de los reiterados ataques que reciben de bandas delictuales o de organizaciones criminales.

Señor Presidente, creo que ha llegado la hora de actuar con mayor decisión. Lamentablemente, nuestras policías, tanto Carabineros como Investigaciones, han fallado en el ámbito de la inteligencia policial y no están en condiciones de abordar el tema como corresponde. Por eso los militantes e integrantes de la bancada del Partido Socialista impulsamos esta iniciativa.

Muchas veces se nos acusa de cosas absolutamente contrarias a nuestro ideal y a nuestros principios. Cuando hay que defender a las personas, cuando hay que hacer respetar la dignidad de las personas, siempre van a estar presentes los parlamentarios del Partido Socialista.

Los parlamentarios del Partido Socialista estamos convencidos de que los dirigentes sociales están enfrentando una lucha absolutamente desigual. Uno ve con preocupación la indiferencia con que actúan las policías y las autoridades para ayudarlos y defenderlos frente a las situaciones que se han descrito.

Por eso creo que este paso que hoy estamos dando, esta iniciativa que hemos impulsado los diputados del Partido Socialista, va en la dirección correcta. Debemos utilizar todos los instrumentos legales disponibles en un Estado de derecho para, de una vez por todas, ganarle la batalla a las organizaciones criminales y a las bandas delictuales. Es en ese espíritu y en esa dirección que hemos tomado la decisión, como bancada del Partido Socialista, de presentar esta iniciativa legislativa.

Señor Presidente, esperamos contar con el apoyo y el respaldo de todas las bancadas.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, he escuchado con atención las intervenciones y le doy gracias a Dios por permitirme ser parte, como parlamentario, de este grupo humano que está trabajando por leyes y proyectos positivos.

Como se ha dicho, los dirigentes, en general, pero particularmente los dirigentes de las juntas de vecinos, trabajan en favor de sus vecinos sin percibir sueldo alguno. Los dirigentes de las juntas de vecinos a nivel nacional son paramédicos, abogados, asistentes sociales, etcétera. Hacen la pega en terreno y muchas veces financian a sus vecinos con sus escasos recursos y escasos aportes familiares, al vecino que está más perjudicado.

Hoy, en muchas partes del país, los dirigentes vecinales demuestran la solidaridad, pues están a cargo de las ollas comunes. Cuando ellos no tienen aporte de los municipios o de las empresas, con sus escasos recursos “paran la olla” y dan un plato de comida a sus vecinos.

Qué bueno que en el Congreso se haya presentado un proyecto para que los delincuentes que agreden a los dirigentes vecinales sean sancionados. Espero que todos los parlamentarios, tanto los que participan en esta sesión de manera presencial como los que lo hacen telemáticamente, lo aprobemos en forma unánime y que pronto sea una ley.

Aprovecho de hacer un llamado a los alcaldes que también agreden a los dirigentes vecinales. Hay dirigentes -no todos, pero una gran cantidad- que piensan políticamente distinto de un candidato o apoyan a otro candidato distinto. Al respecto, el candidato que asume como alcalde o concejal debe dejar a un lado esas diferencias y apoyar a los dirigentes que trabajan en beneficio del sector y también de la comunidad.

Por lo tanto, sin duda, hoy es importante que podamos tener una ley que proteja, cuide y resguarde a los dirigentes vecinales. Ojalá mañana tengamos una ley que permita entregarles recursos para que se puedan movilizar, porque hasta para hacer diligencias y movilizarse tienen que meter la mano al bolsillo, puesto que, muchas veces, ni sus propios asociados pagan las cuotas que van en beneficio de ellos mismos.

Creo que este es un buen proyecto de ley. Por eso, me alegra ser parte de este Congreso y poder votarlo hoy a favor. Ojalá su aprobación sea por unanimidad.

He escuchado que aquí fallaron las policías. Yo creo que aquí falló el Estado, porque han fallado los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, porque no había implementado un proyecto como este; el Legislativo, nosotros, porque pasaron décadas para tener un proyecto de estas características en tabla, y el Judicial, porque, desgraciadamente, hemos visto -no con sorpresa, porque ya estamos habituados- que no hace la pega.

En este sentido, se me viene a la memoria el robo del siglo, en el que cerca de una docena de delincuentes se robaron una cantidad enorme de recursos. Esos delincuentes fueron detenidos, y una jueza los dejó libre; después la corte de apelaciones cambió el dictamen, pero cuando los fueron a buscar a sus casas, ya no estaban.

Por lo tanto, no le echemos la culpa al empedrado. Las policías hacen lo que pueden y, de verdad, hacen demasiado con el poco respaldo que nosotros mismos, como parlamentarios, les hemos entregado, con el escaso y nulo respaldo que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial les han entregado.

En consecuencia, todos debemos asumir la responsabilidad, porque cada uno de nosotros es responsable.

Por eso, me alegra que se haya presentado este proyecto. Una vez más, agradezco a Dios que me permita estar en esta discusión y en esta votación.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ (vía telemática).-

Señor Presidente, hace un tiempo, en una de las comunas que represento me tocó estar presente en la celebración del Día del Dirigente Social y Comunitario. Me dieron la posibilidad de hacer uso de la palabra, y les agradecí por lo que han hecho, por lo que hacen y por lo que seguirán haciendo.

Cuando les agradecí por lo que han hecho, les dije: “Ustedes son los principales responsables de que nuestro país haya recuperado la democracia y la libertad”. Ante la ausencia de dirigentes políticos -muchos exiliados, muchos presos, muchos asesinados-, los dirigentes sindicales, entre ellos mi padre, y los dirigentes sociales fueron quienes lucharon para recuperar la libertad y la democracia en nuestro país.

Por lo tanto, el hecho de que hoy nosotros estemos sentados aquí, en el Congreso, en gran parte se debe al trabajo que han hecho los dirigentes sociales.

Hoy ellos luchan, por su comunidad y sus vecinos, contra lo que han dicho mis colegas: la delincuencia, el narcotráfico y las amenazas, en un clima que nadie quisiera; pero también luchan contra la incomprensión de sus propios vecinos. Todos sabemos -no hay que ser ciego- que, en la mayoría de las organizaciones y de las juntas de vecinos, hay tres o cuatro que trabajan, y el resto solo critica. Ellos lo hacen porque tienen un compromiso y una tremenda vocación social. Además, como lo han dicho en este debate, lo hacen sin ningún sueldo y sin ningún seguro.

Por lo tanto, este es uno de los proyectos de mayor importancia, y me imagino que hoy lo vamos a aprobar por unanimidad, porque la tremenda labor que hacen los dirigentes sociales es digna de destacar. Ese compromiso, esa entrega, esa vocación que ellos tienen es realmente increíble, y cada uno de nosotros la vivimos día a día en nuestro trabajo en terreno en el distrito.

Por lo tanto, solo nos queda seguir aprobando proyectos que vayan en el sentido de entregarles protección. Ojalá no solo sea con este proyecto, sino que, en el futuro, vengan proyectos que permitan entregarles algún tipo de seguro o algún tipo de sueldo, porque muchas veces les toca hacer gestiones, como ir al centro y movilizarse, y todo eso sale de su bolsillo; o sea, el compromiso de ellos es tremendo.

Para terminar mi intervención, expreso mi mayor reconocimiento, admiración y respeto por todos los dirigentes y dirigentas sociales de nuestro país.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET (vía telemática).-

Señor Presidente, he escuchado con atención este importante debate, en que ponemos en discusión un tema tan relevante como la acción y la ayuda que, en general, hacen a la democracia chilena los dirigentes vecinales y sociales. Es muy relevante el trabajo que ellos hacen día a día.

Sin duda, vamos a aprobar este proyecto, pero considero que hay algo de hipocresía desde el mundo político hacia el mundo de los dirigentes vecinales, territoriales y sociales. Lo digo, porque me parece bien establecer una agravante en caso de determinados delitos, pero la deuda sigue siendo muy grande, porque no solo se trata de personas, hombres y mujeres, que trabajan día a día y que exponen su vida, su seguridad y su patrimonio, sino de personas esenciales para el funcionamiento de la democracia, para la labor de los alcaldes y para nuestra labor.

Yo soy una persona profundamente agradecida del apoyo que me entregan los dirigentes vecinales, sociales, territoriales o funcionales en el desempeño de mis actividades, y siempre ha sido así desde que estoy en política. Considero que este proyecto constituye un avance, pero muy pequeño.

En mi caso personal, hace muchos años que he pedido a los distintos gobiernos la posibilidad de establecer para los dirigentes, al menos, un seguro de vida, alguna retribución o compensación en caso de fallecimiento, pero no lo hemos logrado ni en este gobierno ni en dos o tres gobiernos anteriores, porque se requiere el patrocinio del Ejecutivo. Eso hay decirlo con claridad. Ese no es un tema solo de este gobierno, pero hay una deuda.

El día de hoy recuerdo especialmente a una dirigenta que falleció hace poco aquí en Vallenar, a Mirta Romero , quien dedicó toda su vida a trabajar por la comuna y por los demás, en las juntas de vecinos y en los centros de madres. Los dirigentes entregan prácticamente todo su patrimonio y muchas veces mueren en la pobreza. Aquello no debe ocurrir…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, creo que ya todo está dicho.

Solo quiero manifestar mi apoyo incondicional a esta iniciativa y, por cierto, felicitar a sus autores, porque todo lo que hagamos para entregar nuestro reconocimiento a los dirigentes sociales y, particularmente, a los dirigentes vecinales, sin duda, lo debemos apoyar sin condición.

Creo que en esta Sala y en el Congreso ningún parlamentario podría votar en contra o abstenerse en una iniciativa como esta, porque todos los que estamos en esta función conocemos la tremenda labor que desarrollan los dirigentes vecinales, los que, en definitiva, son motor de progreso y desarrollo para sus comunidades.

En todas las iniciativas que surgen en beneficio de las comunidades, siempre hay un dirigente que está en su origen; siempre hay un dirigente que está dispuesto a jugársela por el progreso y el desarrollo de estas comunidades a las cuales ellos representan ante las autoridades y, por cierto, ante el país. En este sentido, felicito a los autores de esta moción que pretende dar mayor resguardo a la labor del dirigente social.

Aquí se ha dicho que son ellos quienes están enfrentando -como dirían los compañeros del Frente Amplio- en la primera línea a los delincuentes y a los narcotraficantes, pues son estos personajes los que muchas veces atentan contra su integridad física y muchas veces amenazan a sus familias. Pero, a pesar de eso, los dirigentes siguen trabajando incansablemente para entregar progreso, desarrollo y protección a sus vecinos.

Por lo tanto, esta iniciativa entrega una herramienta más para proteger la integridad física del dirigente, de su familia y, por cierto, de sus vecinos.

Así que, en esa línea, reitero mi adhesión a esta iniciativa y felicito, por tercera vez, a sus autores.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-

Señor Presidente, este proyecto es un verdadero reconocimiento a la labor de los dirigentes sociales y vecinales. En verdad, es una labor muy abnegada, muchas veces heroica, sin recursos, sacrificada y muchas veces no reconocida suficientemente por sus respectivas comunidades. Este pequeño gesto, porque en realidad este proyecto no va a resolver todos los problemas de los dirigentes vecinales, los protege, reconoce su labor y permitirá que la puedan realizar mejor.

Es muy importante dar a las organizaciones sociales más protección, más apoyo y más recursos. Se habla de la creación de un seguro y de darles mayores facilidades para que puedan concurrir a la instancia correspondiente a resolver problemas relacionados con enfermedades, con sus familias y con otros asuntos en los que se requiere su ayuda, porque su labor es una prolongación de la labor del Estado en términos de asistencia, de apoyo y de solidaridad. Por eso, el Estado debe brindar ayuda a la función pública que ellos cumplen.

Es muy importante avanzar en muchos otros proyectos de esta naturaleza. Agradecemos al Partido Socialista la presentación de este proyecto. Nos comprometemos, junto con el Partido Socialista y otros partidos, a desarrollar una labor mucho más fuerte para reconocer la importancia de la participación vinculante y de la participación incidente de las organizaciones sociales, para que estas puedan…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado José Pérez .

El señor PÉREZ (don José) [vía telemática].-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a todos los integrantes de la Sala, a los secretarios y, especialmente, a las señoras diputadas y a los señores diputados.

Este es un proyecto que sin duda alguna vamos a aprobar con entusiasmo, porque busca respaldar la gestión que realizan los presidentes de las juntas de vecinos, los presidentes de las uniones comunales de juntas de vecinos, los dirigentes deportivos y los presidentes de comités habitacionales. Por consiguiente, lo vamos a aprobar en forma categórica.

Hace tiempo presenté un proyecto de resolución para que se creara un seguro por el Estado en favor de estos dirigentes, que muchas veces están haciendo un trabajo importante en beneficio de sus comunidades y, lamentablemente, pierden la vida o sufren accidentes de distinta naturaleza.

Creo que habría que considerar más adelante esa idea, ya que no la recogió el gobierno…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, este proyecto de ley, que permite aumentar las penas cuando los miembros del directorio de una organización comunitaria territorial o funcional, al amparo de la ley N° 19.418, sean objeto de algún tipo de delito, de amenazas, de lesiones lesiones graves, lesiones graves gravísimas-, incluso de homicidio, cuando se cometan en represalia al ejercicio de sus funciones, no solo es una buena idea, que de todas maneras vamos a aprobar, sino que permite reivindicar y amparar la labor de los dirigentes sociales. Nos permite iniciar -soy autor de esta iniciativa junto con compañeros de nuestra bancada- el desarrollo de un estatuto de protección del dirigente social y vecinal, porque la labor que ellos cumplen es multifuncional.

Siempre se requiere -hoy, sobre todo en pandemia- reivindicar la labor del dirigente social. Son ellos quienes en tiempos de pandemia se han organizado, han hecho ollas comunitarias y han permitido amparar a sus vecinos.

Pues bien, son los dirigentes sociales y vecinales quienes alzan la voz contra las problemáticas que tienen en el interior de sus barrios o sus poblaciones. Son ellos quienes denuncian; son la voz de la gran mayoría de los vecinos asolados por la delincuencia y el narcotráfico. Por lo mismo, los narcotraficantes y las bandas organizadas de delincuentes establecen como objetivo justamente a los dirigentes sociales que realizan estas denuncias.

Son los dirigentes sociales y vecinales quienes amparan y van en defensa y en protección de su barrio y de su comunidad. Es una labor que no tiene retribución de ninguna especie y que siempre es menoscabada o subvalorada, pero que es una base fundamental para el desarrollo de la democracia, y en pandemia y en emergencias es el sustento básico del desarrollo de nuestra sociedad.

Por eso, sancionar y agravar las penas para las amenazas y los delitos cometidos contra los dirigentes sociales, territoriales y funcionales, como plantea este proyecto de ley, es necesario y fundamental.

Insisto: se requiere avanzar en un estatuto de protección de los dirigentes sociales y vecinales, que son la base del desarrollo de la democracia y son la base del desarrollo de sus barrios y de nuestras comunas. La implementación de medidas que vayan en su ayuda y la creación de seguros es fundamental.

Por ello, vamos a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, este proyecto es un reconocimiento a la labor que permanentemente realizan los dirigentes sociales, trabajo, además, silencioso y que no tiene remuneración, que consiste en hacer presente los problemas de los vecinos y vecinas ante la autoridad. Si no existieran los dirigentes sociales, imagínense las complicaciones que tendríamos las autoridades para buscar soluciones a esos problemas. Tratar una a una con las personas es absolutamente difícil, y lo que hacen los dirigentes sociales es establecer precisamente ese nexo. Además, son elegidos por sus propios pares.

Por eso cabe relevar la importancia de los dirigentes sociales, considerando, además, la deuda que tiene el Estado con las organizaciones sociales y con quienes las representan, que son los dirigentes sociales. A uno le toca en el distrito estar con presidentes y directivas de juntas de vecinos, con comités de vivienda, con comités de agua potable, con comités de caminos, con comités de adelanto, tantos dirigentes que son importantes para la ciudadanía y con los cuales el país, sin duda, ha avanzado.

Entonces, lo que estamos haciendo hoy es ver cómo protegemos a esos dirigentes sociales de las amenazas, de los conflictos y del permanente acoso que puedan sufrir por parte de algunas personas.

Creo que este es un proyecto de la mayor importancia desde el punto de vista de la protección que hace la sociedad a los dirigentes sociales, y por ello lo vamos a aprobar.

No obstante, existen otras demandas que nos han planteado permanentemente los dirigentes sociales. Por ejemplo, el seguro, que para nosotros es de lógica absoluta, que deben tener para el traslado, para las enfermedades que puedan contraer con ocasión de sus funciones, y un complemento para la jubilación por el tiempo que ejercieron su labor.

Hay tantas cosas que el Parlamento ha propuesto para proteger y estimular la generación de líderes que tengan cierto grado de legitimidad, con el objeto de beneficiar la protección del Estado de Chile, pero lamentablemente ninguno de los gobiernos las ha considerado.

En consecuencia, como Federación Regionalista Verde Social, junto con señalar que votaremos a favor este proyecto, quiero hacer un reconocimiento especial a todos los dirigentes del país.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, en primer trámite constitucional, sobre muerte digna y cuidados paliativos.

Para la discusión del proyecto, se otorgará hasta un máximo de 5 minutos a los diputados y diputadas inscritos. Las inscripciones se encuentran concluidas. Se alcanzaron a inscribir 36 diputados y diputadas.

El debate se realizará hasta las 14:30 horas, por lo que se solicita a las señoras y señores diputados inscritos que utilicen de la mejor manera posible el tiempo asignado, con la finalidad de que la totalidad de los diputados inscritos puedan participar.

Una vez concluido el tiempo asignado a esta discusión, los diputados que no hayan alcanzado a intervenir podrán insertar sus discursos.

Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor Vlado Mirosevic .

Antecedentes:

Mociones:

-Boletín N° 7736-11, sesión 44ª de la legislatura 359ª, en jueves 16 de junio de 2011. Documentos de la Cuenta N° 10;

-Boletín N° 9644-11, sesión 80ª de la legislatura 362ª, en martes 14 de octubre de 2014.

Documentos de la Cuenta N° 10.

-Boletín N° 11577-11, sesión 115ª de la legislatura 365ª, en jueves 18 de enero de 2018. Documentos de la Cuenta N° 19.

-Boletín N° 11745-11, sesión 25ª de la legislatura 366ª, en jueves 17 de mayo de 2018. Documentos de la Cuenta N° 9.

-Informe de la Comisión de Salud, sesión 76ª de la legislatura 367ª, en martes 24 de septiembre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 9

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor MIROSEVIC (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Salud paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sobre cuatro proyectos referidos al tema anteriormente individualizado, iniciados en moción de los siguientes diputados:

El primero, sobre el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable, de los entonces diputados Adriana Muñoz D'Albora y Gaspar Rivas Sánchez .

El segundo modifica diversos cuerpos legales con el objeto de permitir la eutanasia, haciendo efectiva la autonomía de las personas en caso de enfermedades terminales, de los diputados Karol Cariola Oliva , Maya Fernández Allende , Marcela Hernando Pérez , Giorgio Jackson Drago , Tucapel Jiménez Fuentes , Vlado Mirosevic Verdugo y del entonces diputado Claudio Arriagada Macaya .

El tercero, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con el objeto de permitir la muerte digna o eutanasia, de los diputados Pepe Auth Stewart , Karol Cariola Oliva , Loreto Carvajal Ambiado , Cristina Girardi Lavín , Vlado Mirosevic Verdugo y Manuel Monsalve Benavides , y de los entonces diputados Miguel Ángel Alvarado Ramírez , Guillermo Ceroni Fuentes , Felipe Letelier Norambuena y Daniel Melo Contreras .

El cuarto, que establece el derecho a la eutanasia, regula las condiciones para su ejercicio y modifica de conformidad con ello el Código Penal, de los diputados Aracely Leuquén Uribe , Andrés Longton Herrera , Karin Luck Urban , Érika Olivera de La Fuente, Marcela Sabat Fernández y Sebastián Torrealba Alvarado .

Se hace presente que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 A de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Sala de la Corporación autorizó refundir dichos proyectos, a propuesta de la comisión, con fecha 21 de agosto de 2018.

La idea matriz o fundamental de los proyectos refundidos es establecer una normativa jurídica que permita a una persona que, cumpliendo ciertas condiciones estrictamente establecidas en la ley, decida y solicite asistencia médica para morir.

Para cumplir dicho objetivo, se propone introducir modificaciones a la ley sobre derechos y deberes de las personas en atención de salud, y en los códigos Civil y Penal.

Cabe destacar que el proyecto fue objeto de una larga y profunda reflexión y estudio, al que se destinaron quince sesiones, en las que se escuchó a expertos en la materia, en diversos ámbitos, y en las que se intentó consensuar en ciertas materias específicas para legislar en un tema tan delicado y profundo como el que se encuentra contenido en esta iniciativa legal.

Fundamentos del proyecto

En sus fundamentos, el boletín N° 7736-11 establece que nuestro ordenamiento jurídico debe contemplar la posibilidad de que una persona mayor de edad, en pleno uso de sus capacidades mentales, que sufre de una enfermedad o lesión terminal e incurable y que se encuentre en un estado tal de invalidez física que le impide poner fin a su vida por sus propios medios, pueda ser asistida en ese propósito por un médico, sin que este sea penalizado, si ha optado libremente por no seguir viviendo.

Algunas definiciones vinculadas al tema objeto del proyecto

En términos generales, la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como la Asociación Médica Mundial (AMM), aceptan como definición de eutanasia: “el acto deliberado de poner fin a la vida, a petición propia o de algún familiar.”.

Por su parte, la Real Academia de la Lengua Española define la eutanasia como “acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte, con su consentimiento o sin él”.

De un modo más específico, también se la ha definido como “la muerte indolora infligida a una persona humana, consciente o no, que sufre abundantemente a causa de enfermedades graves e incurables, o por su condición de disminuido, sean estas dolencias congénitas o adquiridas, llevada a cabo de manera deliberada por el personal sanitario o, al menos, con su ayuda, mediante fármacos o con la suspensión de curas vitales ordinarias, porque se considera irracional que prosiga una vida que, en tales condiciones, se valora como ya no digna de ser vivida” (Sociedad Médica de Santiago, 2011).

Por otra parte, la Declaración Iura et Bona de la Iglesia Católica sobre la eutanasia, la define como “una acción o una omisión que, por su naturaleza o en la intención, causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor”.

Sobre la base de estas definiciones generales, se han distinguido diversas categorías que el derecho comparado recoge, y que a continuación se desarrollan: eutanasia directa, eutanasia activa, eutanasia pasiva, eutanasia voluntaria, eutanasia no-voluntaria y eutanasia indirecta.

Existen, además, otras figuras jurídicas similares a la eutanasia, como es el “suicidio asistido”, consistente en proporcionar a una persona, en forma intencionada y con su autorización, los medios o procedimientos para suicidarse.

Sin embargo, es necesario considerar que este es un tema emergente en la comunidad internacional y, por lo tanto, las definiciones siguen aún en discusión, tanto en el ámbito médico como en el ético.

Normas legales en que incide el proyecto de ley

1.La ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de las personas en su atención en salud.

2.Artículos 391 y 393 del Código Penal.

Derecho comparado

En el mundo, solo cinco países han regulado la eutanasia: Bélgica , Holanda , Luxemburgo , Canadá y Colombia. Cuatro han regulado el suicidio asistido: Suiza, Holanda , Luxemburgo , y algunos estados de Estados Unidos de América.

En informe emitido por la Biblioteca del Congreso Nacional, que los miembros de la comisión tuvieron a la vista, se señala que se revisaron cuatro países: Bélgica , Colombia , Holanda y Luxemburgo, de los cuales todos regulan la eutanasia, mientras que Holanda y Luxemburgo además aceptan el suicidio asistido.

Estructura del proyecto

El texto refundido que se somete a conocimiento de la Sala consta de tres artículos permanentes mediante los cuales se modifica la ley N° 20.584, sobre derechos y deberes de los pacientes, el Código Civil y el Código Penal, respectivamente.

Discusión y votación general

La comisión, además de haber conocido las argumentaciones entregadas por algunos de los autores de las mociones que se refunden, escuchó a los siguientes expertos sobre la materia:

Al profesor y jefe de la Unidad de Bioética de la Universidad de Chile, señor Miguel Kottow .

A la subsecretaria de Salud Pública (S), señora Silvia Santander .

A la presidenta del Comité de Ética del Colegio Médico, doctora Gladys Bórquez Estefó .

A la profesora de la Universidad de Valparaíso señora Alejandra Zúñiga .

Al doctor Fernando Novoa .

En el seno de la comisión, hubo intercambio de opiniones. En tal sentido, uno de los autores de la moción, junto con agradecer la puesta en discusión de esta iniciativa legal, señaló que la idea principal del proyecto es reconocer la autonomía de las personas que tienen sufrimiento por enfermedades terminales o que, sin serlo, son insoportables, para decidir terminar con ese sufrimiento mediante una muerte digna.

Otros diputados coincidieron con lo dicho por el autor del proyecto y manifestaron que se trata de una legislación empática, pues no solo aborda la situación del paciente, sino también la de su familia ante la enfermedad terminal que se enfrenta. En tal sentido, sin perjuicio de que el proyecto manifiesta un respeto por la dignidad y la autonomía de todos los pacientes, sin considerar su condición económica, se estimó necesario regular de forma adecuada aspectos tales como los cuidados paliativos, cuestión que los patrocinantes apoyan, pero entienden que es de iniciativa presidencial; controles ex ante y ex post de esta prestación, pronunciarse sobre la objeción de conciencia y especificar las referencias a las enfermedades mentales como supuestos de procedencia de la eutanasia.

Por otro lado, quienes manifestaron su desacuerdo con esta iniciativa estimaron que quedaba en evidencia que acá se estaba interesado en legislar de manera específica la materia, toda vez que al solicitarse la fusión con otros proyectos se rechazó tal petición, atendido el contenido específico de aquellos. Por eso, a su juicio, era necesario pronunciarse, no solo sobre la idea de legislar, sino sobre el contenido de la iniciativa.

Recalcaron que no se puede legislar en función de las encuestas, ya que si bien la mayoría de la población podría estar de acuerdo con legislar sobre el tema, también lo estaría con reinstaurar la pena de muerte para ciertos delitos.

Votación general del proyecto

La comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en las mociones refundidas y luego de recibir las explicaciones de los representantes del Ministerio de Salud y la opinión de especialistas relacionados con la materia, lo que permitió a sus miembros formarse un idea sobre las implicancias, la incidencia real que tienen las modificaciones propuestas y la necesidad de legislar sobre el tema, tanto desde el ámbito de la salud pública como desde la perspectiva de los derechos de las personas, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la mayoría absoluta de los presentes.

Atendido que son cuatro los proyectos que fueron refundidos en uno solo, y que ello se hizo luego de la aprobación general de cada uno de ellos, procedo a dejar constancia de los respectivos resultados.

El proyecto contenido en el boletín N° 9644-11 fue aprobado por mayoría de votos.

Votaron a favor los diputados Karol Cariola, Juan Luis Castro , Ricardo Celis , Miguel Crispi , Jorge Durán , Vlado Mirosevic (en remplazo de la diputada Claudia Mix) , Patricio Rosas y Daniel Verdessi .

Votaron en contra los diputados Jaime Bellolio , Leopoldo Pérez (en remplazo del señor Andrés Celis) , Sergio Gahona y Javier Macaya .

Se abstuvo la diputada Érika Olivera .

Los proyectos contenidos en los boletines Nos 7736-11, 11577-11 y 11745-11 fueron aprobados por unanimidad.

Votaron a favor los diputados Karol Cariola, Juan Luis Castro , Andrés Celis , Ricardo Celis , Miguel Crispi , Claudia Mix , Jenny Álvarez (en reemplazo del diputado Patricio Rosas) y Daniel Verdessi .

Es cuanto puedo informar a la Sala.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, en la reunión de Comités di la unanimidad para que los colegas pudieran intervenir en este proyecto por cinco minutos, sin restricción. Sin embargo, hubo un error en la información que entregué, por lo que, lamentablemente, el diputado Alarcón no se pudo inscribir.

Los diputados del partido Federación Regionalista Verde Social no haremos uso de la palabra en esta iniciativa, porque queremos escuchar.

Por tanto, pido que recabe la unanimidad de la Sala en orden a autorizar que el diputado Alarcón se pueda inscribir en este proyecto.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Solicito la unanimidad de la Sala para acceder a lo solicitado por la diputada Alejandra Sepúlveda .

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Por un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, en la misma línea de lo planteado por la diputada Alejandra Sepúlveda , señalo que los diputados de la Comisión de Hacienda no pudimos estar presentes para inscribirnos en este proyecto.

Por tanto, le pido que recabe la unanimidad de la Sala para que también haga la excepción con el suscrito para poder inscribirme en este importante e histórico debate.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Solicito la unanimidad de la Sala para que el diputado Auth y otros miembros de la Comisión de Hacienda puedan inscribirse para intervenir en esta iniciativa, pues no pudieron hacerlo dentro del plazo establecido, debido a que se encontraban sesionando.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Pido que se haga llegar a la Mesa el nombre de los diputados de la Comisión de Hacienda que intervendrán en este proyecto.

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, quiero dedicar estos minutos a la reflexión a la que nos invita la eutanasia, un tema que esquivamos, porque, es lógico, ¿quién quiere hablar de la muerte propia o de la de un ser querido?

La muerte, siendo la única certeza que tenemos, nos aterra, ya que nos hace mirar al vacío, hacia lo desconocido.

Pero pensar en la muerte significa necesariamente pensar en la vida. Gracias a la muerte, valoramos infinitamente estar vivos; saber que nuestras vidas son finitas es la razón por la que siempre deseamos un segundo más para compartir con quienes queremos y lo que nos hace maravillarnos con el hecho de poder amar, reír, tocar o simplemente respirar.

Me levanto todo los días y entré a la política para que todos los chilenos puedan llevar una vida digna, en la cual seamos capaces de desarrollar libremente nuestros planes y anhelos. Por lo mismo, también estoy comprometido con la idea de que todos puedan tener una muerte digna.

Discutir sobre la eutanasia no significa obligar a la gente a morir, no significa ni significará jamás que los doctores dejen de dar lo mejor de sí en el cuidado de sus pacientes, sino permitir a aquellos que ya están cansados de seguir luchando, luego de dar grandísimas batallas, decir, de manera razonada, informada y deliberada: “Hasta aquí nomás llego”.

Sobre esta decisión siempre habrá temores, porque es algo irreversible. Pero llega un momento en que debemos abandonar esos temores y comenzar a confiar en las decisiones de los demás y a tratarnos como adultos.

¿Qué más adulto que confiar a una persona la capacidad de decidir, cuando ya no existen tratamiento o cura que alivien su dolor, sobre la manera de poner fin a su vida? ¿Quién soy yo para obligar a los otros a vivir bajo mis creencias? Me lo pregunto tanto para las personas que creen en la vida eterna como para quienes no lo hacen.

Probablemente, muchos considerarán, legítimamente, que este proyecto va en contra de su religión, de sus creencias, de su filosofía. ¡Bienvenido sea, entonces, el debate!

¿Por qué en pleno siglo XXI vamos a seguir actuando como si existieran ciertas personas poseedoras de la verdad, de la sana doctrina y que saben cómo deben vivir su vida los demás? ¿Por qué avalaríamos ser nosotros quienes decidamos, en vez del individuo, cuándo este ha alcanzado sus límites? ¿Por qué restringirnos a que se pueda tomar una decisión así?

He estudiado al revés y al derecho este proyecto, y por eso lo aprobaré, porque lo que veo es una ley que dignifica la muerte y, al mismo tiempo, la vida; porque veo que hay un trabajo serio e informado; porque se les permitirá a las personas estar acompañadas en el proceso de liberación; porque la decisión de solicitar la eutanasia será exclusivamente de esa persona y de nadie más; porque no se dejarán de hacer los esfuerzos médicos y porque en el centro está la idea de eliminar el dolor al final del camino.

Sin embargo, existen puntos sobre los que no estoy de acuerdo y otros respectos de los cuales considero que se pueden hacer mejoras. Por tal razón, presenté un importante número de indicaciones, que espero que sean bien acogidas, ya que me parece que contribuyen a un mayor y transversal acuerdo sobre la eutanasia.

Debo decir que se me vienen a la mente muchas personas, las que conocí y vi sufrir lo insufrible. No me referiré a ninguna en particular, pues no soy quién para refregar al resto el sufrimiento ajeno, pero son esos ejemplos los que me hacen querer sacar adelante la ley en proyecto. Pensar en que se las mantuvo obligadas a seguir respirando artificialmente, a que su corazón siguiera latiendo, sin la libertad de decidir si querían poner fin al sufrimiento y al dolor que las angustiaba, no me parece justo ni humano ni, menos, empático.

Termino mis palabras dejando en claro que la eutanasia no es algo que como sociedad deseemos que ocurra ni que fomentaremos, pero sí creo que debemos dar la libertad a las personas para optar por ella en caso de que quieran hacerlo.

Es trascendental que seamos soberanos de nuestras decisiones durante toda nuestra vida, de principio a fin. Así podremos tener una vida…

-Aplausos.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz .

La señora MUÑOZ (doña Francesca).-

Señor Presidente, es claro que las enfermedades terminales representan una situación extremadamente sensible para todos, una experiencia muy difícil, tanto para quienes la padecen como para sus familias y amigos cercanos.

Se trata, entonces, de un tema en que confluyen una serie de elementos, no solo jurídicos y médicos, sino también éticos y morales. Recordemos que tan solo cinco países han regulado la eutanasia y cuatro el suicidio asistido. Este proyecto va mucho más allá de las regulaciones existentes.

Existen diferentes enfoques sobre cómo abordar esta problemática por parte del Estado. El año pasado aprobamos el proyecto de ley -ahora está en el Senado- que pone el foco en los cuidados paliativos, que es, a mi juicio, el enfoque correcto.

El Estado debe centrar sus esfuerzos en proveer a las personas que padecen este tipo de enfermedades aquellos tratamientos destinados a reducir los dolores de su enfermedad y mejorar su calidad de vida. El proyecto que discutimos hoy, en cambio, representa un enfoque totalmente errado de la problemática, dado que no se preocupa de la conservación de la vida, sino de proveer la alternativa fácil, representada por la eutanasia.

Esto implica un cambio rotundo en el fin de la ciencia médica, que precisamente está orientada a proveer de todos los medios posibles para mantener a una persona con vida. Cuando se faculta a la medicina para terminar intencionalmente con la vida de una persona, habrá fallado en la consecución de su fin último.

Por otro lado, me parece muy grave que el proyecto abra una puerta para que menores de edad, adolescentes en pleno desarrollo, accedan a la eutanasia, pues es claro que no están en condiciones de ponderar en su justa medida una decisión irreversible y de tal envergadura como la que se plantea. Además, en caso de negativa de los padres, no se le otorga la facultad al juez para dirimir la situación, sino solo para constatar la concurrencia de requisitos mínimos. Por tanto, el proyecto además es atentatorio para con la familia, al someterla a un conflicto adicional a la tremenda carga emocional que ya representa una enfermedad de tal gravedad.

Más grave aún es que respecto de los menores de entre 16 y 18 años de edad los padres ni siquiera tendrían la posibilidad de oponerse; solo serían informados.

En consecuencia, anuncio mi voto en contra de este proyecto, porque creo que aborda esta problemática desde un enfoque totalmente errado.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Maya Fernández .

La señora FERNÁNDEZ (doña Maya).-

Señor Presidente, qué importantes son estos debates en el Congreso. Aquí todos los temas deben ser debatidos, y este tiene una importancia vital.

Analizaremos un tema que no siempre es fácil abordar: el que tiene que ver con la muerte digna.

Tenía un discurso preparado, pero he decidido leer una carta que lo dice todo; una carta que escribió un médico y dirigente socialista, exsecretario general del PS, el señor Manuel Almeyda , misiva que dirigió al actual ministro de Salud, Enrique Paris , cuando este era presidente del Colegio Médico.

La carta dice lo siguiente:

“Estimado doctor Paris , necesito plantearle un problema, en la esperanza de que con su participación se logre encontrar una solución.

Tengo 89 años y desde hace algunos años sufro una insuficiencia respiratoria y cardiaca junto a otros problemas propios de mi edad. Desde hace algunos meses, mi situación se ha agravado, haciéndome oxigenodependiente y con incapacidad de movilizarme. Cada día que pasa mi deterioro es mayor, impidiéndome realizar hasta las actividades habituales, incluso leer.

La vida que tengo es insufrible e indigna, como es la que llegan a tener las personas en mis mismas condiciones. Esa es la razón por la que quiero proponer a usted que el Colegio Médico promueva la creación de una comisión de hombres justos que estudien la mejor forma de poner término a la vida de las personas que estén en una condición de vida terminal, si así lo desean.

Esta forma justa y digna de poner fin a la vida de quien sufre ya un daño irreparable se ajusta a los derechos humanos que cualquier ciudadano debería tener. Lo demuestran así países que, tras largas discusiones, han incorporado en su legislación esta posibilidad, como Bélgica, Suiza , Inglaterra, algunos estados de Estados Unidos y Australia. Incluso en América Latina hay países que, de alguna u otra forma, se han preocupado del problema y le han dado alguna salida.

Esperando que usted acoja esta solicitud para que en nuestro país también se legisle al respecto, le saluda Manuel Almeyda .”.

Esa es la carta de un compañero socialista que, ante la imposibilidad de acceder a la eutanasia, decidió dejar de comer.

Este relato, esta carta, nos habla de una necesidad imperiosa de legislar, de pensar en quienes sufren y en quienes aspiran a tener una muerte digna.

Espero que aprobemos en general este proyecto y pensemos en todas aquellas personas que quieren, por su condición de paciente terminal, no sufrir y tener una muerte digna.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Crispi .

El señor CRISPI (vía telemática).-

Señor Presidente, es imposible que este debate no nos golpee, porque todo lo que trata de la vida y de la muerte nos afecta en nuestras creencias personales; pero creo que nuestras reflexiones y creencias personales no deben determinar los derechos y las creencias de otras personas.

Este no es el primer debate de esta naturaleza que se discute en el Congreso, pero este es particular, porque es muy delicado.

En el debate en la Comisión de Salud se presentaron muchas argumentaciones. En mi caso, recuerdo haber argumentado en función de la empatía, que, de algún modo, significa renunciar a nuestras propias visiones de mundo y ponernos en el lugar de aquellas personas que sufren un dolor que les hace la vida miserable y para el cual no hay una solución científica. Puede tratarse de una persona que no esté afectada psicológicamente en su decisión, sino que toma una decisión personal.

Creo mucho en eso, pero me parece que hay un tema más relevante aún, uno que tiene que ver con el tipo de sociedad hacia la cual vamos avanzando, una sociedad de derechos, una sociedad en la que las personas tienen derecho a tomar ciertas decisiones que no afectan al resto. Estas decisiones son personales y muchas veces las más dolorosas. En ese ámbito, nosotros deberíamos ser garantes de cierto marco.

Al final, la pregunta es si vamos a defender o no el derecho de una persona a terminar con su vida en ciertas condiciones de enfermedad, situación frente a la cual debo decir que, en verdad, creo que no soy quién para negarle ese derecho a otra persona.

¿Quién soy yo? ¿A base de qué se lo puedo negar? ¿A la investidura de un cargo y a los votos que me dieron 25.000 ciudadanos? ¿Eso me faculta para decidir por ellos en una situación límite y ponerle fin a ese sufrimiento en una decisión consciente, madura y adulta? No me siento capacitado y no tengo ese derecho.

En el debate de la Comisión de Salud hubo una discusión muy responsable, en que se escucharon varias visiones; se escuchó a varios profesionales, expertos y expertas, y redactamos una norma que, a mi juicio, en el contexto de la eutanasia, es conservadora, porque no le entrega el derecho a las personas a terminar con su vida bajo cualquier condición, aunque soy partidario de esa opción.

Creo que una persona adulta debería tener la libertad de poner fin a su vida. ¿Por qué no? Sin embargo, este proyecto no hace eso, sino que es una visión conservadora de un proyecto de eutanasia, que pone distintos requisitos para que, de este modo, podamos tener en nuestro país un procedimiento para poner fin a la vida.

Junto con una sociedad de derecho, también necesitamos avanzar hacia una sociedad que ofrezca a nuestros conciudadanos una vida digna, y, como señalaba la diputada Maya Fernández , también una muerte digna.

La dignidad, que ocupó un lugar protagónico en las movilizaciones sociales, también tiene mucho que ver con este proyecto de ley. Por eso, voy a aprobarlo e invito a que no sean nuestras definiciones personales las que impongan restricciones a otras y a otros en momentos límites, como lo es enfrentar una enfermedad que hace miserable a muchos conciudadanos la misma existencia, sino que dejemos esa decisión a las chilenas y a los chilenos.

No tenemos que decidir todo nosotros, tenemos que entregar poder a la ciudadanía. Creo en un Chile maduro, y creo que el Chile del 2020 por supuesto que debiera tener el derecho a terminar con la vida en las situaciones que describe esta ley en proyecto.

Finalmente, agradezco a los mocionantes y a todos quienes han participado en esta discusión, y anuncio que votaré a favor.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, toda vida tiene sentido y es trascendente, independientemente de la condición social, de si alguien es rico o es pobre, y de su raza; toda vida merece ser vivida. Eso es parte de lo que se denomina la dignidad humana.

Sin embargo, hoy en el mundo -Chile no es una excepción- estamos en la cultura del descarte, por lo que a aquellas personas que ya no son productivas, a aquellos seres humanos que no aportan materialmente a la sociedad se les quiere dar la posibilidad de irse anticipadamente de este mundo, de acelerar su muerte.

De ahí mi primera objeción, respecto del nombre de este proyecto de ley, que habla del buen morir, en circunstancias de que se trata de un proyecto de ley de eutanasia, no de cuidados paliativos, los que echamos de menos en esta iniciativa.

Me opongo a la cultura de la muerte. Por eso voté en contra del aborto, y también votaré en contra este proyecto, porque creo que un anciano, una persona mayor, en un estado terminal, tiene dignidad. Si hay cuidados paliativos, estos se deben priorizar, lo que no se ha hecho en este proyecto. En el título de la iniciativa se habla de cuidados paliativos, pero es lo que menos hay en este proyecto. Considero que de aplicarse, la situación sería muy diferente.

Según estudios, cerca del 99 por ciento de los pacientes que tienen acceso a cuidados paliativos cambian su decisión de acceder a la eutanasia. Por eso, en este proyecto debemos enfocarnos efectivamente en los cuidados paliativos.

En este proyecto se plantea el derecho a la autonomía de las personas para decidir sobre su propia muerte, en circunstancias de que hoy nadie obliga a una persona a someterse a tratamientos invasivos. En efecto, las personas pueden renunciar a esos tratamientos y enfrentar la muerte como ellas dispongan.

Aquí lo que se propone es acelerar ese proceso, y eso, por cierto, no nos es indiferente. En una sociedad concebida como individualista, cada persona toma sus propias decisiones, lo que me parece bien; pero tratándose de la muerte, todos somos corresponsables de la vida de los demás. Para eso estamos en el Congreso Nacional: para aprobar iniciativas de ley destinadas a mejorar la vida de los demás.

Es especialmente preocupante la situación de los menores de edad, que se incluyó también en esta ley en proyecto, que establece que los niños mayores de 14 años y menores de 16 años, contra la voluntad de sus padres, podrán acudir a un juez y, si este lo autoriza, acceder a la eutanasia. Se trata de una situación que se ha visto ya en Inglaterra, donde, en contra de la voluntad de los padres, que querían mantener con vida a su hijo y cuidarlo, la justicia ordenó practicar la eutanasia.

En el caso de los mayores de 16 años y menores de 18 años, no necesitan esta autorización; es decir, se deja en manos de niños y niñas que todavía están en proceso de desarrollo una decisión irreversible y tan trascendente como lo es continuar con su vida.

También es especialmente preocupante que este proyecto de ley establezca que el dolor psíquico se puede invocar como una causal para provocar la muerte o acelerarla. Mientras en otros países el dolor psíquico no es un motivo para conceder la eutanasia, en nuestro país se pretende establecerlo como una causal, lo que hace que este proyecto de ley sea mucho más liberal que la legislación existente en países como Holanda, donde existen comités de ética y comités de expertos destinados a ayudar a las personas que están en esa situación.

En cuanto a la objeción de conciencia, si bien es cierto está contemplada, me pregunto qué pasa si, por ejemplo, un técnico en enfermería no quiere derivar a la respectiva persona para que algún facultativo le provoque la muerte, porque eso puede significar que aquel entre en contradicción con sus convicciones. Al respecto, nuestra institucionalidad respeta la conciencia de cada persona.

Por eso, la objeción de conciencia tampoco está bien lograda en este proyecto de ley.

Voy a rechazar esta iniciativa, porque creo en la vida; creo que toda vida es digna y que con los cuidados paliativos podemos ayudar a las personas a vivir los últimos momentos de su vida.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN.-

Señor Presidente, cuando hablamos de eutanasia estamos hablando de la vida. En el ser humano, desde nuestra perspectiva, se encuentra un conjunto de intenciones que se desplegarán en el mundo. Cuando esas intenciones se limitan y no pueden llegar al mundo, tampoco al cuerpo, nuestra condición de humanidad se empequeñece, se limita.

¿En qué momento podemos tomar la determinación de poner fin a nuestra existencia porque nuestra libertad se ha visto restringida y ya no sentimos la alegría de vivir porque no es posible vivir?

Esta es una pregunta difícil, pero sí tengo la respuesta. La respuesta es que basta una sospecha, solo una sospecha, una sospecha que nace a veces del registro de mi debilidad. Es la fuerza de lo débil la que te dice que la poderosa vida tendrá que continuar más allá de la muerte.

¿Es éticamente justificable la eutanasia cuando no podemos sanar de una enfermedad porque el medicamento que la cura vale millones de dólares, como vimos en la sesión de ayer? ¿Es éticamente justificable cuando alguien está desesperado, como le ocurrió a Eduardo Miño , quien se inmoló por el nulo apoyo que estaban recibiendo las víctimas de la asbestosis por parte del Estado y de las empresas responsables? Es una situación que nos hace recordar los presos que todavía hay por la revuelta de hace un año.

La eutanasia no puede transformarse en una negación de la libertad, sino en la total afirmación del ser humano en su intento por alejar las condiciones de dolor y sufrimiento, por acercar el placer y alejar el dolor.

Además, recuerdo esa afirmación que nunca he olvidado: el ser humano es la única especie del planeta capaz de crear el espíritu dentro de sí. Eso me da mucha alegría.

Reitero: el ser humano es la única especie del planeta capaz de crear el espíritu dentro de sí. Eso era lo que quería decir.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ (vía telemática).-

Señor Presidente, nos abocamos al estudio del proyecto de ley que establece el derecho a no padecer dolores o sufrimientos intolerables y otorgar a las personas la facultad de decidir y solicitar asistencia médica para morir de forma digna. En otras palabras, se trata de permitir a cada persona vivir y morir según sus propias convicciones, conforme a la decisión de un paciente adulto que expresa libremente su voluntad.

Ciertamente, uno de los temas valóricos fundamentales de nuestra sociedad se vincula con vivir y morir dignamente y en paz. La muerte, sin lugar a dudas, es parte natural de la vida, independientemente de su motivo.

En enero del año pasado, todo Chile se impactó con el doloroso caso de Paula Díaz , quien padecía una rara enfermedad degenerativa que la mantenía postrada, sufriendo dolores que no eran aliviados por la medicina tradicional u otro tipo de tratamiento. Paula pidió la eutanasia a las autoridades de nuestro país, pero todas denegaron su solicitud porque la eutanasia no es legal en nuestro país.

La pregunta que deberíamos hacernos todos es qué haríamos si estuviésemos muriendo lentamente con un dolor prolongado e insoportable. ¿Es legítimo que una persona siga viviendo con dolor si ya no quiere sufrir más? Tengo la certeza de que abrir una posibilidad legal y digna para terminar con el dolor es de toda justicia y un derecho de cada persona.

Hoy, legislamos para que el Estado otorgue libertad y acompañamiento y no sancione a una persona que decide realizar lo que propone este proyecto, vale decir, resguardar el derecho, en casos extremos, a tener una muerte digna. La vida debe ser digna, es cierto, pero también la muerte. Existen muchos casos en Chile de personas de diversas edades que fallecieron esperando que este proyecto fuese ley. Para ellos ya llegamos tarde.

Señor Presidente, este proyecto no pretende imponer nada; solo estamos brindando la libertad de elegir a muchas personas. Muchos de nosotros seguiremos apoyando nuestra causa, pero cosa muy distinta es negar la posibilidad de que una persona elija por sí misma. ¿Qué derecho tenemos de negar esa posibilidad? ¿Quiénes somos para negar esa posibilidad? Como dijo el diputado Miguel Crispi , ¿podemos negar esa posibilidad por el hecho de que somos diputados? Repito, una cosa es seguir apoyando nuestra idea, pero otra muy distinta es decidir por terceros, y, sobre todo, respecto de sus vidas. Eso es algo realmente incomprensible. Esto tiene que ver con la empatía, con ponernos en el lugar del otro, que es algo que siempre recalco.

Señor Presidente, tomaré mi propia decisión. No quisiera, no me gustaría y no aceptaría que otros decidieran por mí. Hago un llamado a aprobar el proyecto que establece la necesidad de cuidados paliativos a personas con enfermedad de carácter terminal, pero que también permite solicitar asistencia médica especialista para morir dignamente.

Se debe entender que la muerte digna es la que llega después de hacer hasta el último esfuerzo para alargar la vida. Así, quienes prefieran evitar semanas o meses de sufrimiento extremo, por considerar que en esas circunstancias la muerte es más digna que la agonía, podrán tomar tan difícil decisión.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, agradezco al diputado Amaro Labra que me cediera estos minutos. Hablaré también en su nombre.

Sin lugar a dudas, esta discusión es de larga data en la Cámara de Diputados. No es la primera vez que discutimos este punto. Agradezco en particular al diputado Vlado Mirosevic por haberme invitado a patrocinar este proyecto.

Cuando expresamos que vivir dignamente no era lo único importante, sino también morir dignamente, la idea fue duramente criticada por sectores conservadores. Creo que todos y todas hemos tenido la oportunidad de vivir de cerca, de vivir de frente, de vivir de cara situaciones tan difíciles como la muerte de un familiar querido, o la difícil situación de la enfermedad terminal de alguien a quien se ama. Se hace muy difícil aceptar que una persona que uno quiere retener a su lado, con quien se quiere convivir, deba morir. Ya lo decía usted, señor Presidente: hablar de la muerte es complejo, porque es un tema que resulta desconocido, a pesar de que tenemos la certeza de que todos, en algún momento de la vida, deberemos afrontar esa situación.

Este proyecto se hace cargo de una demanda histórica de los y de las pacientes terminales, una demanda histórica de quienes creemos y valoramos la vida, de quienes creemos que no solo se debe vivir la vida como uno quiere, sino también aceptar y respetar que las personas mueran con toda la dignidad que se merecen.

Este proyecto busca regular algo que sabemos que existe en nuestro país y que se lleva a cabo de distintas formas. La diputada Maya Fernández mencionaba un caso en el que lamentablemente una persona dejó de comer para acelerar un proceso que inevitablemente se produciría. Esa persona no quería seguir viviendo con dolor, ni extender su vida en condiciones inhumanas. Sabemos que en algunos casos se aumentan las dosis de morfina bajo el riesgo de lo que eso significa. La dignidad humana está por delante de cualquier otra consideración. Por ello, hay funcionarios del mundo de la salud que, a riesgo de lo que ello implica, contribuyen a acelerar procesos sin el debido resguardo legal.

Hemos conocido varios casos, no solo a nivel público, sino también privado. Son familias que si bien sienten angustia de dejar ir a un ser querido, también sienten el dolor y la agonía provocada por una enfermedad terminal sobre la que la persona involucrada no tiene posibilidad de decidir. Hablamos de la libertad de vivir, de reivindicar el derecho de morir como se quiera, de morir con dignidad, de dejar partir sin ver el sufrimiento de un ser amado que hasta su último suspiro no encuentra solución en las técnicas que hoy ofrece la medicina.

Por eso, señor Presidente, no solo respaldo plenamente este proyecto, sino que también lo considero un acto de justicia.

Conozco a artistas visuales que han reivindicado esta demanda. Quiero hacer un homenaje a todos aquellos y a todas aquellas que, a costa de las críticas más dolorosas y descarnadas -algunos han sido tratados de herejes-, han reivindicado esta necesidad.

Vivir con dignidad y morir con dignidad; de eso se trata el proyecto. Por eso nuestra bancada va a aprobar el proyecto de ley. Vuelvo a agradecer la oportunidad que nos han brindado de patrocinarlo, a fin de que pueda ser tramitado hoy en esta Sala.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Enrique van Rysselberghe .

El señor VAN RYSSELBERGHE.-

Señor Presidente, el proyecto de ley sobre eutanasia ha suscitado grandes controversias tanto a nivel ético como constitucional. Quienes promueven esta iniciativa esgrimen los argumentos de una supuesta muerte digna y una concepción errada, a mi parecer, de una libertad absoluta que permitiría al sujeto no solo disponer de su vida, sino que exigir a un profesional médico la administración de sustancias que le den la muerte.

El título del proyecto habla de “muerte digna y cuidados paliativos”, pero analizando sus implicancias pareciera que poco y nada tiene que ver con una muerte digna, sino que, por el contrario, se trata de un proyecto que atenta abiertamente contra el derecho a la vida y la dignidad de las personas.

El proyecto consagra la asistencia médica para morir como un derecho de quienes sufren una enfermedad terminal, lo que conlleva una prestación correlativa que corresponde al Estado asegurar. A todas luces, esto es una injusticia manifiesta y una inconstitucionalidad, porque se desconoce el deber que la Constitución impone al Estado y a todas las personas no solo de abstenerse de realizar acciones que den muerte a otro, sino también de promover el ejercicio de este derecho en las condiciones que permitan a cada persona su mayor realización posible.

Con todo, hay que ir más allá, a la premisa esencial de este proyecto. ¿Será la eutanasia una muerte digna? Se ha creado la imagen de que, de no aprobarse el proyecto, se obligará a los pacientes a vivir sujetos a tratamientos dolorosos que prolonguen indefinidamente su vida en pésimas condiciones, planteándose la eutanasia como la única alternativa para asegurar la muerte digna. Sobre eso, cabe precisar que no hay nada que se aleje más de una muerte digna que abandonar todo esfuerzo de dar un tratamiento adecuado, desconociendo que la verdadera labor del médico es dar al paciente todos los medios que alivien su sufrimiento lo más posible, para que pueda llevar su enfermedad y vivir los momentos finales de su vida en las mejores condiciones. En esta línea se destaca la iniciativa que promueve los cuidados paliativos no oncológicos, que viene a ser una respuesta adecuada ante una enfermedad terminal, procurando dar al paciente un tratamiento que permita hacer llevadero el dolor y tener una muerte verdaderamente digna.

Por otro lado -esto es muy importante y debe servir para terminar con el mito-, cabe aclarar que la legislación actual resguarda la libertad de los pacientes para elegir si se someten o no a un tratamiento, descartando lo que se conoce como ensañamiento terapéutico. De esta forma, negarse a recibir un determinado tratamiento que prolongue artificialmente la vida es un derecho explícitamente reconocido por la actual ley.

Ante eso, se abren dos caminos: la salida corta o sencilla que consiste en abandonar todo empeño y derechamente quitar la vida a una persona para evitar el sufrimiento, o bien invertir esfuerzos, brindando las atenciones necesarias y cuidando que el proceso de muerte sea lo más natural y menos doloroso posible.

La vida no es un juego; no hay cabida para una salida fácil. Por el contrario, si de verdad se pretenden garantizar los derechos de los pacientes, sobre todo en lo relativo a su integridad y dignidad en los momentos de mayor sufrimiento, es necesario un tratamiento integral que contemple cuidados paliativos adecuados y un acompañamiento, tanto para el paciente como para su familia.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, el español Ramón Sampedro nos decía que la vida es un derecho y no una obligación. La famosa película Mar Adentro se inspiró en su vida real. Después de treinta años de sufrimiento psicológico, por estar postrado y no sentir su cuerpo, lo único que él pedía era partir.

He iniciado este discurso con sus palabras para saludar al pueblo español, porque hoy, hace pocos instantes, su Parlamento aprobó la eutanasia. Ha sido una coincidencia, pero justo hoy los españoles y españolas han desarrollado el mismo debate que ahora tenemos en Chile.

Cuando presenté este proyecto, junto con los diputados Giorgio Jackson , Claudio Arriagada , Maya Fernández , Karol Cariola y muchos otros parlamentarios, Chile era uno de los países más conservadores de América Latina. Esto fue en el año 2014, cuando cualquiera de estas materias era vista como un tema tabú, que no se podía discutir. La muerte era un tema completamente vetado en este Congreso.

Pero Chile ha cambiado, y hoy existe mayor conciencia de la libertad individual y de este espacio de no interferencia, en donde ni el Estado, ni la sociedad, ni las iglesias, ni nadie tiene legitimidad para interferir o para imponer un pensamiento único.

Un Estado laico significa el respeto más irrestricto a todas las creencias; significa que el Estado, a través de sus leyes, no tomará un solo camino. En el caso de nuestra legislación actual no hay espacio para la libertad de conciencia; solo hay un camino que, lamentablemente, es obligar a sufrir a aquellos pacientes que están en situaciones extremas, porque se les dice: “Ustedes solo pueden partir a través de muerte natural”. Se penaliza y persigue a aquellos que colaboran con algo distinto, y ese algo distinto no es más que respetar la voluntad del paciente.

Este proyecto no le impone a nadie una decisión, sino que abre camino a las libertades y ofrece una posibilidad frente a un sufrimiento extremo, con tres causales muy específicas, con requisitos muy específicos, con una segunda opinión médica, además de la del médico tratante, con un procedimiento muy bien detallado que quedó muy equilibrado, para que cada paciente en esas circunstancias sea quien tome la decisión.

No obligamos a nadie, ni siquiera al equipo médico, porque, dado que este proyecto de ley tiene una inspiración liberal, reconocemos el derecho no solo del paciente, sino también del equipo médico a objetar de conciencia si no está de acuerdo en participar en el procedimiento para asistir en una muerte digna.

Por lo tanto, envío un mensaje a este Congreso: no le demos un portazo a la dignidad; no le demos un portazo a esas libertades que durante la historia ha costado tanto conseguir o conquistar. Los chilenos, con nitidez, después del 18 de octubre, nos dicen: “No queremos tutelas, no queremos que decidan por nosotros. En una circunstancia como la proximidad de la muerte, queremos tomar una decisión soberana, individual, razonada”. Frente a eso, diremos que sí a este proyecto de ley.

Este es un proyecto que surge de una realidad brutal que se da en Chile. Me refiero a la carencia de los cuidados paliativos, los cuales no son universales. Cuando abrimos el debate sobre la eutanasia, el gobierno se comprometió con nosotros a universalizar el derecho a los cuidados paliativos.

Entonces, a un paciente, respecto del cual la ciencia llegó a su límite y no le puede ofrecer curación, el Estado y la sociedad no lo puede obligar a sufrir. El Estado y la sociedad tienen que darle el reconocimiento a su propia libertad, a su propia soberanía.

Termino mi intervención mencionando el dramático caso de Valentina Maureira , como hay tantos otros en nuestro país. Les envío un abrazo a su padre y a toda su familia, quienes han peleado por este derecho que Valentina exigió antes de morir, con convicción y con coraje.

Por Valentina y por todos esos otros casos en Chile, estoy a favor de la eutanasia.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Torrealba .

El señor TORREALBA.-

Señor Presidente, el tema de la eutanasia tiene tal profundidad que merece que todos los parlamentarios tengan el tiempo para expresar su opinión al respecto. Por eso, pedimos un aumento del tiempo para discutir este proyecto que, a mi juicio, es muy relevante.

Soy mocionante de uno de los proyectos que se intentó fusionar con el proyecto que está en discusión. Junto con la entonces diputada Marcela Sabat , el diputado Andrés Longton y otros diputados de Renovación Nacional creemos en el derecho a la eutanasia, por lo que nos incorporamos dentro de esa discusión con mucho respeto y con mucha conciencia de que también dentro de nuestra bancada hay colegas que no están a favor de ella, posición que entendemos. Sin perjuicio de ello, el esfuerzo de fusión de estas iniciativas no fue completo. Solo quiero detallar que este proyecto de ley habla de muerte digna y de cuidados paliativos, pero no tiene una sola coma sobre cuidados paliativos.

Por otra parte, no estamos a favor de algunos artículos, por lo que anuncio que presentaremos indicaciones para que este proyecto vuelva a la Comisión de Salud.

En lo personal, estoy de acuerdo con la eutanasia; creo que es un derecho que se debe ejercer. Pero antes de tener el derecho a la eutanasia debemos tener asegurados los cuidados paliativos. Por esa razón, el año pasado presentamos un proyecto, que hoy está en el Senado, para asegurar que todas aquellas personas que tienen enfermedades, más allá de lo oncológico, puedan contar con cuidados paliativos. ¿Por qué razón? Porque los cuidados paliativos permitirán a las personas tomar decisiones de manera libre. Los cuidados paliativos son un acompañamiento para que las personas puedan tener una muerte digna. No solo son remedios que hacen dormir a la persona o que le quitan el dolor, sino que también son un acompañamiento espiritual. Por lo tanto, creemos que ese proceso debe ser previo a que la persona tome la decisión de ejercer su derecho a la eutanasia.

Durante la discusión del proyecto me tocó participar en algunas comisiones en las que escuchamos algunos testimonios muy dolorosos y que evidentemente tienden a hacer pensar a todos que esto tiene que hacerse de manera rápida; pero, en verdad, la discusión de la eutanasia es demasiado profunda como para acelerarla por una imposición o visión política.

Este proyecto no es liberal ni conservador, sino que tiene que ver con la dignidad de las personas. Chile, si aprueba la eutanasia, no va a ser un Estado más liberal que otro, sino que será un Estado que finalmente va a entregar a esas personas que sufren el dolor profundo y continuo la posibilidad de que tengan una muerte digna.

En este discurso hablo a modo personal. Me toca ser jefe de bancada, pero en estos momentos represento mi visión personal. Creo que a este proyecto le falta mucho. Le falta, por ejemplo, que haya un proceso de acompañamiento profundo; que, evidentemente, no estén incluidos los menores de edad en el proyecto, porque no puede haber un menor de edad que tome una decisión como esta solo por su propia libertad, sino que tiene que ser acompañado por sus padres; tampoco creemos que aquellas personas que sufren enfermedades psíquicas puedan optar a este derecho, porque simplemente no tienen las condiciones necesarias para tomar una decisión en libertad.

Por lo tanto -reitero-, vamos a ingresar indicaciones para que esta iniciativa vuelva a la Comisión de Salud, y espero que allí se dé un debate con altura de miras, como se dio en el proceso anterior. Creo que este es el momento para que se tomen en consideración las visiones de otros sectores, a fin de tener un proyecto que no imponga una forma de ver este derecho a la eutanasia, sino que permita llegar a un acuerdo. Sobre todo, pido a mi gobierno que ponga suma urgencia al proyecto sobre cuidados paliativos, que hoy está en el Senado, porque -insisto- en Chile no puede estar establecido el derecho a la eutanasia si antes no tenemos garantizados los cuidados paliativos de calidad para todos los chilenos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Juan Luis Castro .

El señor CASTRO (don Juan Luis) [vía telemática].-

Señor Presidente, quiero dedicar esta sesión histórica a una persona joven que padeció una enfermedad neurológica por muchos años y que murió en enero del año pasado. Se llamaba Paula Díaz , oriunda de Talca. Ella sufrió una enfermedad neurológica, que nunca se supo cuál era, y pidió a dos presidentes de Chile que le concedieran la posibilidad de ejercer la eutanasia, pero eso nunca ocurrió. Para ella este debate, porque es muy importante la trascendencia histórica que va a tener.

Por décadas los médicos hemos tenido en nuestras manos el destino de la muerte de las personas. Perdonen que lo diga tan fuertemente, pero durante demasiados años en el mundo decidíamos, quienes estábamos en el lado de la salud, hasta dónde llegaba una persona en su agonía o en su enfermedad terminal. Afortunadamente las cosas han ido cambiando en el tiempo.

Me tocó trabajar más de veinte años en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Barros Luco y tuve que practicar eutanasias. Lo digo derechamente. ¿Cuál? Pasiva. Consistía en informar a los familiares del paciente la verdad respecto de un caso. Cuando no había nada más que hacer se comienza a bajar el oxígeno, se empiezan a retirar los sueros, se empiezan a retirar los antibióticos, las diálisis, la alimentación parenteral. Hoy ello se llama “limitación de esfuerzo terapéutico”, pero, en la práctica, es una eutanasia pasiva; es decir, omitirse de seguir adelante con terapias inútiles e infructuosas para rescatar o volver a la vida a una persona.

Entonces, ¿de qué se trata esto? De devolver a las personas el poder de resolver también, cuando están en el límite de la vida, hasta dónde continúan con ella cuando tienen una condición claramente imposible de recuperar o irreversible. En ese plano, así como hoy los médicos estamos acostumbrados a pedir el consentimiento de las personas para someterlas a una operación, a un examen o a una nueva terapia, y estas firman un documento, conscientes de lo que aceptan o rechazan como terapias médicas, hoy tenemos el deber de explicar a una persona cuando está en condición terminal. Esto no significa tener solo un cáncer; hay muchas enfermedades no cancerosas que también son terminales.

Esto es distinto de la terapia paliativa, que hoy se ha puesto en contradicción por algunos colegas parlamentarios, pero que no son contradictorias. La terapia paliativa obviamente es un coadyuvante fundamental para el rescate de la vida digna de una persona que sufre una enfermedad grave, pero el consentimiento para tomar una decisión que coloque fin a su vida ¡caramba que es una decisión que autónomamente tiene que resolver ella misma con criterios médicos establecidos!

Por ejemplo, el proyecto establece que personas afectadas por depresiones profundas, por adicciones a drogas o a distintas sustancias, evaluadas por terceros que son profesionales de la salud, quedan descartadas de llegar a una condición de eutanasia. ¡Claro!, porque una persona que está bajo un profundo cuadro depresivo evidentemente piensa en el fin de la vida, en el suicidio, y muchas lo hacen; pero aquí estamos hablando de decisiones cuando hay lucidez de conciencia y despejadas todas las interferencias medicamentosas o de enfermedades que produzcan la baja en el estado de ánimo.

Por lo mismo es que hoy este proyecto establece con claridad que el compromiso de la ciudadanía va a ser para lograr tener definición propia, o sea, autonomía para resolver estas cosas.

Durante la pandemia por covid ¿cuántas veces escuchamos hablar de muertes compasivas? Me imagino que todos nos acordamos de eso al principio: cuando esos enfermos graves por covid no llegaban a la UCI y se reportaban como muertes compasivas. ¿Qué era eso? Era la conversación que tenía el médico con la familia del paciente cuando no había nada más que hacer, para no conectarlo a un ventilador mecánico por lo infructuoso que esto resultaba para el nivel de gravedad que tenía esa persona, porque no le prolongaba la vida ni le daba esperanzas de recuperación. De eso se trata precisamente: de que cuando técnica y científicamente no haya nada más que hacer, entreguemos la soberanía a las personas para que decidan hasta dónde quieren sostener una vida en condiciones indignas o si quieren dar dignidad a su muerte.

Por eso este proyecto, que es de muerte digna o buen morir, que es lo que significa eutanasia, no puede ser peyorativo ni atentatorio a las culturas y a las creencias religiosas, porque, en la práctica, lo que estamos haciendo es valorizar el rol de la vida hasta donde los sujetos puedan por sí mismos, no por terceros, no por nosotros los médicos o porque alguien más diga otra cosa, definir hasta dónde aquella llega en condiciones precarias o insalvables.

Esta es una iniciativa fundamental. Hace dos años le dimos el vamos en la Comisión de Salud, hoy está en la Sala y debe ser, como lo han pedido varios colegas, motivo de urgencia por parte del supremo gobierno para que, de una vez por todas, haya ley de muerte digna en Chile, en aras de todos los fallecidos sin poder lograrlo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ (vía telemática).-

Señor Presidente, en mayo de 2006 presenté, junto con otros parlamentarios, mi primer proyecto de ley desde que fui elegido por primera vez diputado. Se trataba de una iniciativa que tenía por objeto, precisamente, otorgar derechos a los pacientes terminales para acelerar su muerte y evitar su sufrimiento físico, mediante la eutanasia.

La iniciativa generó una crisis de grandes proporciones en la coalición de gobierno de la época; sus autores fuimos objeto de grandes presiones para que retiráramos nuestras firmas del proyecto, lo que obviamente no hicimos. Finalmente, ese proyecto fue declarado inadmisible por supuesta inconstitucionalidad. No obstante, hoy estamos discutiendo en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas otra iniciativa que aborda la misma materia. ¡Cómo ha cambiado Chile y cómo tiene que seguir cambiando!

Sin embargo, vayamos al fondo de esta materia: eutanasia, tal como lo señaló el diputado Juan Luis Castro , significa, en griego, buen morir. Este procedimiento permite al paciente poner término a sufrimientos innecesarios y degradantes que no le permiten llevar una vida digna, sino de dolor y agonía, lo que atenta, además, contra su dignidad como persona humana.

La eutanasia, aparte de ser un procedimiento médico, es parte de un principio humanitario, relacionado con acortar el sufrimiento innecesario de otro individuo. Se afirma en la compasión, pues se considera cruel rehusarse a librar al enfermo incurable de una situación de padecimiento e indignidad. Se afirma, también, la primacía de la autonomía del paciente, reconociéndole el derecho de decidir cuándo abandonar la lucha por la vida, cuando esta implica sufrimientos que él no puede afrontar y que la medicina no puede suprimir o aliviar. Es decir, es la liberación del paciente de todo dolor y sufrimiento ante una condición médica irreversible cuyo pronóstico apunta, de todos modos, hacia la muerte.

Termino mi intervención recordando la evolución del pensamiento de una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad: Stephen Hawking , a quien se le detectó a los veintiún años de edad una enfermedad motoneuronal que le pronosticaba dos o tres años de vida. No obstante, murió en marzo de 2018. En cualquier caso, estuvo postrado en una silla de ruedas la mayor parte de su vida. Muchas veces se le preguntó a él sobre la eutanasia, sobre el suicidio asistido, y su respuesta fue siempre que había una esperanza. No obstante, en 2013, luego de una experiencia vital, producto de una enfermedad que lo tuvo al borde de la muerte, señaló, en forma textual: “Las personas que padecen una enfermedad terminal y sufren mucho dolor deberían tener el derecho de acabar con sus vidas, y aquellos que les ayuden no deberían ser perseguidos por la justicia”.

¿Por qué, en último término, algunos se arrogan la facultad de decidir de una persona sometida a una situación de indignidad, de sufrimiento, de padecimiento, que ruega por poner fin a su vida para no continuar en ese estado? ¿Por qué se le responde con la soberbia de quien se cree poseedor de una verdad revelada, imponiéndole la obligación de seguir viviendo en esas condiciones al único dueño de su propia vida?

Me alegro mucho de la coincidencia de que una película que tanto nos impactó se traduzca hoy en un cambio en la legislación española, ya que el congreso de los diputados y diputadas españoles aprobó la ley de eutanasia.

Aquí se han citado casos de ejemplos chilenos, de personas que han rogado por poner término a una vida indigna. Yo, por lo menos, no me siento poseedor de esa verdad revelada.

Por eso, frente a este proyecto que es profundamente humanitario, profundamente empático, votaré a favor.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Norambuena .

El señor NORAMBUENA.-

Señor Presidente, soy un convencido de que la función pública puede ser entendida desde la más profunda vocación de quienes la ejercemos, cuyo objeto es construir un país más justo para todas las personas que vivimos en esta tierra. Es precisamente esa vocación la que debe llevarnos a reflexionar sobre todos los aspectos que dicen relación con el bienestar humano, poniendo énfasis en aquellos que son más trascendentales a la hora de entendernos como personas.

¿Qué puede ser más trascendental para un Estado que salvaguardar la vida de sus habitantes? Soy de los que piensan que la respuesta a esa pregunta es “nada”, que nada es más importante para un país que proteger la vida de sus habitantes. El Estado está al servicio de las personas y es su deber velar para que estas puedan alcanzar el mayor bienestar material y espiritual posible.

No puedo apoyar un proyecto de este tipo, pues considero que atenta contra todos los valores que estimo fundamentales para entendernos como personas. Creo que este proyecto es fiel reflejo de un individualismo exacerbado, muy propio del siglo XXI, individualismo que deshumaniza a los más necesitados de nuestra sociedad, individualismo que nos desentiende por completo de quienes padecen enfermedades terminales o enfermedades que conllevan un alto sufrimiento.

Cuando en un país existen personas y familias que enfrentan sufrimientos tan complejos como es el final de la vida propia o de un ser querido, creo que es el deber de la sociedad prestar apoyo para que el padecimiento se sufra con dignidad, procurando que el dolor y los sufrimientos sean lo menos denigrantes posible, con respeto siempre, en todo momento, de la vida humana.

No es momento de olvidar. No podemos olvidar los siglos de historia que han llevado a los ordenamientos jurídicos a resaltar el derecho a la vida como uno de los bienes jurídicos más trascendentales de la convivencia humana. Para quienes somos creyentes, la vida es un don sagrado, que debe llevarse con dignidad hasta el último día, mientras que para quienes no lo son es la base sobre la que reposan todos los demás bienes jurídicos. Por lo tanto, es un bien jurídico intransable.

La vida es el bien de mayor envergadura para nuestra sociedad. Por ello, creo que un ordenamiento jurídico serio y respetuoso de la dignidad humana debe ser capaz de protegerla en todas sus fases, desde la concepción hasta la muerte natural.

¿Significa eso que debemos abandonar a nuestros enfermos terminales? Por supuesto que no. Por eso me opongo tan férreamente a este proyecto, porque considero que abandona a nuestros enfermos en el momento más complejo de su vida. Debemos avanzar hacia un régimen de tratamientos paliativos que dignifiquen la vida del enfermo terminal, que le permitan llevar sus últimos días sin sufrimiento, acompañado de sus seres más cercanos. Considero inhumano someter a un enfermo terminal a la presión de atentar contra su vida en el momento más complejo de esta, sobre todo cuando existe tanta experiencia documentada sobre personas que tras efectivos tratamientos paliativos han decidido continuar con su vida.

Este proyecto es absolutamente incoherente con el resto de nuestra legislación en materia de menores de edad. Ello, porque da absoluta autonomía a adolescentes de catorce años de edad en adelante, los que podrían, en determinados casos, pedir la eutanasia, incluso contra la voluntad de sus padres.

En consecuencia, por la dignidad de los enfermos terminales, votaré en contra este proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, nos enfrentamos a un proyecto que atenta contra la sacralidad de la vida humana. Los que somos cristianos, los que somos católicos, sabemos que esta se encuentra en el haber sido creada cada persona a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, en este debate no quiero argumentar solamente sobre la base de razones religiosas. Aunque crea en ellas, sé, evidentemente, que muchos no las comparten. Ahora bien, hay que decir que este no es un asunto religioso, sino de dignidad humana, de respeto hacia el otro, de una visión ética y política determinada.

La vida humana es un bien indisponible, porque es un don inmerecido de valor inestimable. Eso no es un asunto religioso. En efecto, la vida es indisponible, porque no es un bien de consumo. Parece absurdo que podamos disponer de ella como este proyecto lo plantea, incluso mediante un testamento vital, como si se tratara de propiedad de cosas materiales.

Esa visión se funda en el individualismo radical, en el liberalismo extremo, que trasciende la división de izquierda y derecha, que ve a la persona como un sujeto absolutamente autónomo, que no le debe nada a los demás. Qué lejos está esa visión extrema y neoliberal, que instrumentaliza la vida, de la visión que sostenemos los que creemos en el principio de solidaridad, que es el que debe regir nuestra sociedad.

Por otro lado, queridos colegas, este proyecto va mucho más allá, incluso más allá que la ley holandesa: permite, contra las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, que en ciertos casos los adolescentes de 14 años accedan a la eutanasia contra la voluntad expresa de sus padres, voluntad que desde los 16 años de edad ni siquiera se toma en cuenta.

Además, no se hace cargo del correlato demostrado empíricamente entre la depresión y las solicitudes de eutanasia, no garantiza que siempre sea un psiquiatra el que diagnostique la salud mental del paciente e incluye como causal para acceder a la eutanasia el dolor psíquico.

¿Qué es el dolor psíquico? ¿Qué es el dolor psíquico sino un problema de salud mental que impide a la persona actuar libremente?

Nada de esto se soluciona con el proyecto. Y sabemos que, por muchas indicaciones que presentemos, las cosas no van a cambiar en la comisión.

Por último -no por eso es menos importante-, el proyecto no toma en serio los cuidados paliativos, incluso contra las indicaciones de la OMS, organismo que insiste en la necesidad de tener cuidados paliativos sólidos antes de legislar sobre eutanasia. Se requiere un rol presente del Estado, con todos los recursos necesarios y disponibles para garantizar a los pacientes críticos, a los enfermos, a las personas postradas todas las seguridades en materia de cuidados paliativos.

¿Por qué la gente busca la eutanasia? Porque, efectivamente, el Estado no está presente para entregar todas las herramientas que le garanticen los cuidados necesarios.

¿Por qué la gente quiere la eutanasia? Porque no quiere ver endeudada a su familia con créditos contratados para poder solventar los gastos en salud.

Creo que esta iniciativa es tremendamente neoliberal. Además -así lo dice-, no hay proyectos asignados para incorporar cuidados paliativos. Así, el nombre es absolutamente engañoso, porque no se hace cargo de la verdadera dignidad del paciente, dignidad que no es un asunto religioso, sino que se trata de que esa persona pueda dar sentido a su propio dolor y sobrellevarlo humanamente. Nada de eso justifica el acto inhumano e injusto de matar directamente a una persona inocente.

Por lo expuesto, votaré en contra la idea de legislar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, este proyecto de ley sobre eutanasia atenta gravemente contra dos bienes humanos fundamentales ligados entre sí: la libertad y la dignidad inherente a la vida humana.

Ante todo, se debe tener presente que es ingenuo sostener que se puede cambiar lo negativo de esta iniciativa mediante indicaciones discutidas en un segundo trámite reglamentario en la comisión, no solo porque las deficiencias son muchas y profundas, sino porque, además, vistas las cosas con realismo político, es muy difícil que se lleguen a modificar los puntos complejos: eutanasia en menores de edad, diagnóstico previo hecho por un psiquiatra, suicidio asistido, testamentos vitales, etcétera.

El trabajo de la comisión no permitió un diálogo real. Una visión extrema se impuso sobre las demás hasta en aspectos evidentemente criticables del proyecto, como lo menciona la minuta.

Por ello, incluso a quienes están a favor de la eutanasia, les sugiero y les pido votar en contra de la idea de legislar.

Este proyecto va contra la libertad, porque no garantiza las condiciones materiales mínimas para el ejercicio de la autonomía del paciente. Entre otras cosas, permite a la persona solicitar la eutanasia por una dolencia de naturaleza psíquica -nuevo artículo 16 A, parágrafo &3, nuevo, intercalado en el párrafo 6° del Título II por el número 4) del artículo primero del proyecto que modifica la ley N° 20.584-, lo que deja en letra muerta el requisito de encontrarse en pleno uso de sus facultades mentales. En otras palabras, lo que en otros países impediría acceder a la eutanasia aquí es una causal para tal efecto.

Además, para ello basta un certificado -el proyecto no dice “diagnóstico”- de un médico especializado en medicina familiar, y no necesariamente de un psiquiatra. La competencia del paciente para decidir libremente no está asegurada en la iniciativa en comento y es muy difícil que eso cambie en un segundo informe de la comisión.

Este proyecto presenta una serie de deficiencias técnicas. Por ello, incluso quienes están a favor de la eutanasia deberían oponerse a él.

Entre otras deficiencias de la iniciativa, cabe mencionar las siguientes:

1.No se hace cargo de la experiencia comparada. Por ejemplo, no da mayor importancia a los cuidados paliativos, cuando está comprobado que la mayoría de los pacientes que pasa por aquellos desiste de la solicitud de eutanasia. Además, no incorpora comisiones revisoras, y apenas dispone restricciones que se han establecido en otros países.

2.No toma en cuenta el problema ya mencionado de la salud mental de los pacientes. En este sentido, cabe señalar que existe un claro correlato entre los índices de depresión y las solicitudes de eutanasia.

3.Es incoherente con el resto de nuestra legislación en materia de menores de edad, porque da absoluta autonomía a adolescentes de 14 años de edad en adelante, quienes podrían, en ciertos casos, pedir la eutanasia incluso contra la voluntad de sus padres. Por lo demás, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que no debe permitirse la eutanasia en menores de edad. Así, por ejemplo, ha manifestado su preocupación por el caso de Holanda.

Incluso si los cuidados paliativos garantizaran una elección libre e informada, considero que la eutanasia no es una opción legítima, porque la dignidad inherente a toda persona hace que su vida deba ser respetada y protegida siempre, aun cuando ella misma desee ponerle término. La vida no es un bien de consumo que pueda ser disponible.

Asimismo, el proyecto revela un estado de nuestra sociedad que no es sano, una cultura de la muerte y de la vida como algo instrumental o funcional al placer, al poder, a la producción, que no aprecia la vida como un don sagrado e inmerecido.

Señor Presidente, hace algunos años sufrí el fallecimiento de mi padre, quien tuvo una muerte muy dolorosa, pero jamás él, mi madre o nosotros pedimos que lo mataran, que le dieran muerte, porque Dios es el dueño de la vida.

Aquí dicen que nosotros mezclamos nuestras creencias con una “necesidad”. No es así; estamos muy lejos de eso.

Anuncio que rechazaré este proyecto de ley, y llamo a la Sala a pronunciarse en el mismo sentido.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, estamos ante la misma disyuntiva que tuvo este Congreso Nacional frente a la ley de divorcio, a la ley que despenaliza el aborto en tres causales y a la ley de identidad de género.

¿Puede uno imponer a otros su decisión, la que nace de su propia convicción religiosa o moral o de su perspectiva frente a la vida, cuando esa decisión solo afecta a la persona, y no a los demás?

¿En nombre de qué superioridad moral podríamos imponer a una pareja que se mantuviera casada?

¿En nombre de qué superioridad moral podríamos imponer a una mujer ultrajada la decisión de portar el fruto de esa violación?

¿En nombre de qué superioridad moral podemos imponer a una persona que siente que es mujer dentro del cuerpo de un hombre a mantenerse en esa condición disociada en lugar de identificarse con el género al que de verdad pertenece?

¿En nombre de qué superioridad moral puede uno imponer su decisión a una persona adulta, que en pleno uso de sus facultades mentales, perfectamente consciente, quiere anticipar el fin de su vida cuando está sufriendo un problema de salud irremediable y no quiere continuar padeciendo un sufrimiento intolerable?

¿En nombre de qué superioridad moral se puede imponer a otro una decisión distinta a la suya, cuando esta solo afecta a su individualidad?

No me siento en condiciones de sustituir a otro -ninguno de nosotros debería hacerlo- en una decisión que es absolutamente personal e intransferible.

No imaginan el sufrimiento personal que habría podido evitar si esta ley no hubiera tardado tanto en tramitarse, a pesar de que la inmensa mayoría de los chilenos la apoya.

No pude responder a la solitud de mi padre, quien falleció el año pasado, afectado de manera irreversible por un cáncer a los huesos que lo tuvo postrado varios meses, sufriendo hasta lo indecible. No pude.

Mi papá era un médico de personalidad fuerte, podría decir que hasta autoritaria, seguro de sí mismo; sin embargo, vivió humillado por una situación de dependencia absoluta para sus necesidades más básicas, atiborrado de drogas para aminorar, sin éxito, su sufrimiento.

No quiero que este Congreso Nacional reemplace a las personas en esa decisión tan personal, tan íntima. No entiendo que, desde una perspectiva cristiana, basada en el amor al prójimo, en la compasión, se le quiera imponer por ley el sufrimiento a las personas hasta lo indecible.

Llamo a los cristianos a reflexionar sobre el sentido profundo de su cristiandad, para que voten a favor del establecimiento de este derecho personal e intransferible a decidir anticipar el término de su vida cuando se está sufriendo hasta lo indecible por una enfermedad terminal.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Karin Luck .

La señora LUCK (doña Karin).-

Señor Presidente, dada la importancia del tema y la cantidad de inscritos, muchos no alcanzarán a intervenir, así que le solicito que recabe la unanimidad de la Sala para que, en caso de que el debate no se termine en esta sesión, podamos continuar otro día, para que todos puedan entregar su opinión sobre este gran tema, ya que muchos tienen opinión y la quieren expresar en la Sala.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo unánime para acceder a la solicitud de la diputada Karin Luck ?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, voto en contra de la muerte y voto en contra de la eutanasia; voto por la vida.

Esta iniciativa legal no busca la dignidad de pacientes terminales; busca la solución fácil para terminar con la vida de seres humanos que sufren. Pero también va más allá, pues incluye el suicidio a partir de los 14 años. En este caso, si los padres no dan su autorización, puede otorgarla el juez correspondiente.

A mi juicio, este no solo es un mal proyecto, sino una iniciativa que daña a la sociedad en sus cimientos y en su base solidaria.

La izquierda está avanzando de manera persistente en una cultura de la muerte, y nuestro sector, por complejos o falta de personalidad política, está silente.

El primer paso fue legalizar el aborto en tres causales, es decir, matar al más inocente de todos, al que no se puede defender; ahora, el siguiente paso es autorizar al que sufre para que se autoelimine.

Por muchas que sean las limitaciones que pretenden establecer en este proyecto de ley, el resultado es el mismo. Sí, el resultado es el mismo: el desprecio absoluto por la vida, la derrota del Estado por la vida, la derrota de la sociedad por la vida.

En consecuencia, voto en contra, porque voto a favor de la vida.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Solicito que recabe la unanimidad de la Sala, porque ante un proyecto de tanta importancia a nivel nacional, hay diecinueve diputados inscritos que no van a alcanzar a hablar, debido a que el término de la sesión es a las 14.30.

Por lo tanto, solicito que pida la unanimidad para bajar a cuatro minutos la duración de las intervenciones, para que, de esta forma, alcancen a intervenir todos los diputados inscritos.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado Andrés Longton ?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señor Presidente, soy una persona que ama enormemente la vida y que cree que la vida debe vivirse con dignidad. Por eso, cuando asumí la presidencia de la Comisión de Salud, pusimos este proyecto en discusión.

Esta iniciativa fue discutida durante varios meses, no en una sesión. Es cuestión de leer el informe para darse cuenta de lo importante, lo intenso, lo denso y lo amplio que fue el debate. Este no es un proyecto improvisado.

Como amo enormemente la vida digna, también creo, como muy bien lo dijo usted, Presidente, que la muerte merece dignidad.

Soy médico, he ejercido gran parte de mi vida como médico, he visto el sufrimiento, he visto morir. No hay contradicción entre los cuidados paliativos y la eutanasia; por el contrario, son complementarios. Es más, en Chile los cuidados paliativos están resguardados por una garantía GES desde hace muchos años y existe, de hecho, una guía clínica para los cuidados paliativos en enfermedades oncológicas.

Con el diputado Juan Luis Castro y otros presentamos una indicación que está incorporada, dentro de los literales correspondientes, donde se aborda y se dan las garantías de los cuidados paliativos no oncológicos.

Por lo tanto, son dos temas distintos -perdone que lo diga así-; es cuestión de conocer cómo las personas viven su enfermedad cuando no hay expectativas, cómo viven el dolor que es intratable, sin expectativas de vida, sin alternativas terapéuticas posibles, y cuando la persona lo pida en sufrimiento, nosotros le vamos a decir que no puede tomar una decisión de esta naturaleza.

No solo como médico, no solo el equipo médico ha visto esto; también lo hemos visto en nuestras familias, en nuestras casas, hemos conocido amigos, parientes, padres, hijos que han estado en esta situación. Esto no es un acto criminal ni un atentado contra la vida; es un acto de plena humanidad, un acto de lo más humano que hay, que tiene que ver con cómo somos capaces de darles respuestas, desde la sociedad, a la personas cuando tienen dolores intratables, insufribles y que no tienen más alternativas médicas ni terapéuticas para vivir y, a veces, sin expectativas de vida.

Los niños no deben estar incluidos, dicen algunos. Quiero decirles que hubo un caso muy conocido en Chile, el de una niña de 14 años que le pidió a la entonces Presidenta Michelle Bachelet que por favor le diera una inyección para terminar con su dolor. El padre de esa niña asistió a la comisión y nos dio su doloroso relato, como padre de familia, acerca de lo que significó ver sufrir a su hija, a Valentina Maureira .

Entonces, no digamos aquí que esta es una cuestión similar a las prácticas abortivas, a los actos contra la vida; esto es un acto de dignidad máximo. Se trata de ser capaces de reconocer en el otro, en el ser humano, que su dolor también es nuestro dolor y que nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de darle alguna alternativa.

No es casual que, mientras estábamos discutiendo esto, el Colegio Médico haya hecho una encuesta entre los colegas médicos, y el resultado fue que el 77 por ciento de los médicos dijo que era correcto que existiera la posibilidad de que las personas pidieran la eutanasia. Más del 50 por ciento de los médicos dijeron que estaban dispuestos a suministrar los medicamentos para que las personas, en la forma más tranquila e informada posible, sin sufrimiento ni dolor, pudieran optar por la eutanasia.

No es casual que la encuesta Cadem arroje como resultado que el 73 por ciento de los encuestados diga que la eutanasia debe ser un derecho y que, incluso, gran parte de ellos señale que esta posibilidad debe ser a partir de los 14 años de edad. Si la persona tiene 14 años, no tiene un tutor ni tiene a sus padres, en ningún caso la decisión es solo personal, porque un juez de familia será el receptor. El proyecto tiene todos los cuidados, todas las garantías, todos los resguardos para que este sea un acto de humanidad y no de dolor ni de sufrimiento.

Es el sufrimiento de las personas el que nos convoca a hacer esto. Por eso, cuando asumí la presidencia de la Comisión de Salud, me propuse, con cariño y con mucha fuerza, sacar adelante este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, sé que se hicieron dos solicitudes similares, pero tengo una tercera propuesta.

Estábamos sacando el cálculo con los diputados Andrés Longton y Karin Luck , y bastaría con extender veinte minutos la sesión para que todos los parlamentarios y parlamentarias pudiesen intervenir.

Pido que recabe el acuerdo de la Sala en tal sentido.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para extender en veinte minutos la sesión de Sala?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER (vía telemática).-

Señor Presidente, en temas como este suele primar muchas veces el atrincheramiento antes que la reflexión, lo que es un error. Ojalá todavía estemos a tiempo para reflexionar, porque este es un tema tremendamente relevante.

La eutanasia tiene tres aspectos fundamentales. Primero, hay mucha confusión en los términos. He escuchado a varios colegas decir que no se puede obligar a las personas a sufrir padecimientos innecesarios, especialmente tratándose de enfermedades irreversibles. Déjenme decirles que tienen toda la razón.

Pero ¿qué tiene que ver eso con la eutanasia? En la legislación y en la lex artis médica existe la llamada distanasia o el ensañamiento terapéutico, que es la prolongación innecesaria de la vida por medios artificiales. Mucho se ha escrito sobre eso y la regla es muy sencilla: nadie está obligado a prolongar su vida de manera irracional y desproporcionada. Eso se resuelve caso a caso, con médicos expertos, evitando la prolongación desproporcionada de la vida.

Por lo tanto, el argumento de que los tratamientos sean innecesarios está resuelto y desde hace mucho rato, por lo que no se necesita la eutanasia.

Con todo respeto, a veces el Parlamento pretende resolver de manera general lo que la medicina ya ha resuelto de manera particular, caso a caso. ¡Pastelero a tus pasteles!

Segundo, el argumento de la libertad de decidir. En el plano teórico: ¿somos las personas libres para decidir sobre la vida? ¿Llega hasta ahí nuestra libertad? Para aquellos que creen que sí, ¿qué escoge el paciente? ¿Escoge morir o más bien dejar de sufrir, tolerando o aceptando la muerte como una consecuencia indeseada?

Pues bien, para esto último -lo dije recién- existe la distanasia, que permite evitar tratamientos quirúrgicos y de otro tipo que sean innecesarios y desproporcionados. Eso ya está resuelto y no requiere la eutanasia.

Tercero, se nos interpela por parte de algunos diputados sobre una pretendida solidaridad con el paciente, sobre una supuesta compasión con el que sufre. ¿No será todo lo contrario? ¿Cuál debiese ser el esfuerzo de la sociedad? ¿No debiésemos destinar nuestro trabajo legislativo, político, en todo ámbito, a que todos tengan acceso a atenuar su dolor y que no sea un privilegio solamente de algunos, de manera que todos tengan derecho a una muerte verdaderamente digna, acompañada de sus seres queridos? ¿No se viste acá de solución lo que es en realidad una salida individualista, egoísta y facilista, desde el punto de vista social?

Señor Presidente, por su intermedio, al diputado Auth , con la misma fuerza con que él lo ha hecho, lo invito a reflexionar.

Respecto del proyecto en sí, es tremendamente radical, mucho más que las versiones más radicales de los países más radicalizados. ¿Cómo va a ser razonable que un menor de edad pueda poner término a su vida? ¿Cómo va a ser razonable que no haya apoyo psicológico suficiente ni comisiones revisoras?

La peor tragedia de la eutanasia es matar a alguien que se encuentra en estado vegetal, porque hay muchos ejemplos de personas que han recuperado su salud, en circunstancias de que se las consideraba enfermas terminales. ¿Quién va a responder por esa muerte inocente y a simple vista no querida por aquel que la padece?

Una reflexión final. Aunque cueste creerlo, la eutanasia tiene vasos comunicantes muy profundos con el neoliberalismo y la sociedad de consumo, que los promotores de la iniciativa dicen rechazar. Es esta idea de que la autonomía individual no tiene límites en lo moral ni en el consumo, y que las cosas valen en la medida en que son útiles.

Es la crítica de la cultura de lo desechable, que aplica tanto a la vida humana como al medio ambiente. Aunque cueste creerlo, son precisamente representantes de la izquierda los que hacen gala del más duro de los individualismos y del más duro de los neoliberalismos.

Por lo mismo, como consecuencia de lo anterior, teniendo una verdadera solidaridad con los que sufren, votaré en contra el proyecto y me la jugaré para que nuestro esfuerzo vaya más bien en atenuar el dolor y en encargarnos de las personas, no en la salida fácil de la eutanasia.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Está bien, pero necesitamos cumplir con los horarios.

Acabamos de aplazar la sesión, así que démosle el espacio a la gente para que se pronuncie. Tiene la palabra el diputado Sebastián Keitel .

El señor KEITEL.-

Señor Presidente, hoy es un día histórico para el país. Estamos debatiendo un proyecto de ley que viene a reconocer la autonomía de las personas, permitiéndoles decidir sobre su futuro.

Esta iniciativa avanza en la dirección correcta, porque busca poner término a años de sufrimiento de pacientes que tienen enfermedades terminales.

El proyecto establece dos hipótesis para solicitar la asistencia médica para morir. La primera es cuando la persona es diagnosticada con una enfermedad terminal, definiéndola como incurable, irreversible y progresiva, y la segunda es cuando existen requisitos copulativos, que están señalados en el proyecto.

También establece requisitos como el que dos médicos tengan que acreditar la enfermedad.

Además, este proyecto tiene por objeto ayudar a quienes ya no tienen tratamiento y sufren física y psicológicamente. Son muchos los casos mediáticos que podrían ser nombrados, pero también hay otros casos que no son conocidos y que se dan día a día en este país.

En lo personal, sé lo que puede llegar a sufrir una familia que tiene un enfermo terminal. Entiendo lo que viven y por eso reconozco la gran importancia de este proyecto, que brinda la posibilidad al enfermo terminal de tomar la decisión en sus últimos días de vida, especialmente ante tanto sufrimiento físico, psíquico, terminando el verdadero buen vivir.

Este es el momento de ayudar a tantos enfermos y a sus familias, apoyando de manera significativa un buen vivir para tener un buen morir, y mejorando el sistema de salud para tener una vida digna y una muerte digna, sobre la base de la propia decisión del afectado.

Ahora es cuando debemos avanzar en verdaderas políticas públicas de salud, que entreguen dignidad a tantas personas que lo necesitan, a las familias de cada uno de estos enfermos y por el futuro de todos los chilenos y chilenas.

Este proyecto se puede mejorar aún más. Ojalá vuelva a la comisión para analizar detalles que son importantes, pero, sin duda, ofrece una muerte digna a quienes ya no pueden seguir luchando y no quieren seguir sufriendo.

Por último, a todos los diputados y diputadas que puedan tener alguna duda antes de la votación, que están pensando rechazar este proyecto con el argumento de los cuidados paliativos, quiero decirles que los cuidados paliativos son muy importantes, pero existen enfermedades en las que no son suficientes, y en ese tipo de enfermedades los enfermos y sus familias viven una vida de mierda.

Por eso, con mucha convicción, voy a votar favorablemente el proyecto.

He dicho.

-Aplausos.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH (vía telemática).-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer al diputado Vlado Mirosevic por presentar este proyecto, pues nos permite no solo tener esta discusión, sino avanzar respecto de una materia importante para todos los chilenos.

Confío en que cada uno de los que discutimos este tema lo hagamos no desde el prejuicio, no desde el dogma, no desde una doctrina abstracta, sino desde nuestras visiones y, sobre todo, desde las experiencias que inspiran al ser humano real, a partir de las personas que conocemos y de la vida que llevamos.

Como parlamentarios nos toca conocer a mucha gente, muchas realidades, y en cada una de esas realidades hay esperanza de una vida mejor.

Para los humanistas las preguntas fundamentales que orientan la vida son quién soy y hacia dónde voy. Son dos preguntas que cada uno debería formularse, ojalá, todos los días, porque tienen que ver con el sentido de nuestra vida. Sobre todo son centrales las preguntas de si se quiere vivir y en qué condiciones se quiere vivir.

Hoy hay una deshumanización creciente; el ser humano es postergado en sus necesidades y en sus aspiraciones. Los humanistas insistimos en una tarea básica: hacer retroceder el sufrimiento del ser humano en el mundo. Y hablo otra vez del ser humano concreto, no del que ha sido idealizado por religiones y otros grupos.

La ciencia y la medicina en particular han logrado avances importantísimos que han permitido extender la vida y mejorar la calidad de vida; sin embargo, lo que algunos llaman esperanza de vida no puede medirse en cantidad de años de sobrevida. El problema está en que muchas veces las creencias ideológicas o religiosas, los Estados o las presiones de ciertos grupos buscan prolongar la vida de personas que sufren enfermedades terminales, generando un enorme dolor y sufrimiento en quienes las padecen y, por cierto, también en sus seres queridos. Algunos tipos de cáncer y enfermedades degenerativas causan en las personas niveles de dolor y de sufrimiento que a veces son inaguantables y que nos invitan a todos a la compasión hacia quienes las sobrellevan.

Los humanistas compartimos con otras visiones políticas, sociales y espirituales una mirada acerca del buen vivir, pero creemos que ese buen vivir debe estar asociado, también, a la forma en que se termina la vida, lo que se llama el buen morir. El buen morir debe ser parte de ese buen vivir y parte de una idea básica de bienestar o de calidad de vida.

La libertad de las personas, en este sentido, es algo sagrado. Cualquier persona que desea vivir soportando el dolor de la enfermedad está dando cuenta de una decisión muy personal que tiene toda la dignidad del mundo; pero también es notable la dignidad de quienes consideran que hay condiciones en las que es mejor dejar de vivir si seguir viviendo implica perpetuar un sufrimiento personal. En esto se juega la libertad humana. No es el derecho a ganar dinero o a explotar a otro ser humano. Una sociedad no debe obligar a prolongar la vida o, más bien, la sobrevida de la persona que sufre por una enfermedad.

En Chile, una legislación sobre la eutanasia debe partir del supuesto de que cualquier persona que esté enfrentada a una enfermedad incurable o condición de salud crítica agravada por el dolor y el sufrimiento debe tener el derecho a decidir sobre tener una muerte digna. Cualquier persona debe poder acceder al buen morir en uso de sus facultades mentales y, por cierto, de su plena voluntad.

Señor Presidente, apoyo este proyecto de ley porque considero fundamental que el Estado, el sistema de salud y los médicos del país puedan asistir a aquellas personas que toman libremente la decisión de terminar con el sufrimiento innecesario cuando su salud ya nos les permite vivir en condiciones dignas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado don Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, la eutanasia, entendida como un acto deliberado de poner fin a la vida a petición del paciente o de sus familiares, debe ser, sin duda, una de las mayores disputas con las que la humanidad ha debido lidiar, encontrándose distintos fundamentos éticos, jurídicos, morales, religiosos, científicos, e, incluso, filosóficos, que intentan, de una u otra forma, demostrar las razones de su ampliación.

Este Parlamento no está exento de ese debate. Hoy se pretende legislar sobre una materia regulada por solo cinco países en el mundo. Esta escasa experiencia comparada solo viene a reafirmar lo complejo de identificar los criterios esenciales para determinar la voluntad de una persona de morir, lo que muchas veces colisiona con un desgaste emocional o un cuadro depresivo como consecuencia de su propia enfermedad.

Por tanto, la pregunta que surge es cómo un médico, independientemente de su formación o experiencia, podría interpretar de la mejor manera el interés o voluntad de un paciente. Esto, simplemente, es un punto que no ha sido dilucidado hasta el día de hoy, un punto dudoso y peligroso que se suma a otros tantos y que viene a cuestionar seriamente la legitimidad de la eutanasia.

Por otro lado, se debe reconocer que a nuestro sistema de salud le falta mucho por mejorar. Sin embargo, progresivamente, se han implementado métodos avanzados y otras técnicas que abordan de mejor manera los cuidados paliativos que todo paciente necesita en una situación de gravedad y que pueden darle una mejor calidad de vida a ellos y a sus familias, sin la necesidad de provocar, deliberadamente, la muerte.

En este sentido, citando al destacado médico Alejandro Goic , “es un deber de la sociedad implementar los mecanismos que posibiliten una atención de salud oportuna y eficaz, como ser la promoción de un servicio social eficiente, la instalación de unidades de cuidados paliativos en los centros asistenciales, la atención multiprofesional y la extensión de los cuidados paliativos al hogar, que les permita a los enfermos y ancianos desvalidos morir en paz, rodeados de sus familiares. Estas medidas de apoyo social y humano y el uso de recursos terapéuticos proporcionados a la condición de los pacientes, evitando el empleo de métodos extraordinarios de tratamiento en pacientes con enfermedades irreversibles, parecen ser más humanas y éticamente aceptables que la eutanasia activa y su variante, el suicidio médicamente asistido.”.

Por ello, votaré en contra este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, hoy debemos pronunciarnos respecto de si el Estado de Chile puede reconocer el derecho de algunas personas a acceder a la eutanasia.

Ciertamente, es una legislación difícil, polémica, compleja, que nos interpela como sociedad respecto de reconocer algunas cuestiones básicas, por ejemplo, si las personas en determinadas circunstancias extremas pueden tener derecho a escoger el momento de su fallecimiento.

Evidentemente, en la normalidad uno tiene una opinión formada, pero hay momentos en que las personas padecen enfermedades graves que provocan un profundo dolor físico o que producen un profundo sufrimiento, que no es lo mismo que el dolor. Esas enfermedades crean condiciones invalidantes, al punto de que las personas ni siquiera pueden atender sus necesidades por sí mismas. Tengo la impresión de que la misma persona, a veces, llega a la convicción de que lo que está viviendo -la prolongación de la vida- no tiene mucho sentido si la vida misma se ha convertido en algo que no es vida. Esa es la situación que han padecido no muchas, pero un número importante de personas en el mundo.

Hay un caso muy conocido que fue llevado al cine: me refiero a Ramón Sampedro , una persona que vivió treinta años postrado en España. No podía mover más que su rostro para alimentarse. No tenía ninguna extremidad habilitada. Dependía de otros para llevar a cabo todas sus necesidades. Eso -repito- ocurrió durante treinta años. Él llevó a juicio al Estado español para que le permitiera tomar la decisión consciente y madurada de poner término a eso que no era vida.

Hoy tenemos la posibilidad de reconocer ese derecho a este grupo de personas que enfrentan un sufrimiento intolerable, porque son enfermas terminales que están desahuciadas, para tomar la decisión -está el consentimiento del propio paciente- de acelerar su fallecimiento y poner término a la inútil prolongación, con mucho sufrimiento, de una condición que ya no se parece mucho a lo que es la vida.

La eutanasia siempre se ha planteado como un derecho a la muerte digna. Es el derecho que se otorga a quienes han vivido una vida digna para tomar una decisión cuando ya no tienen una vida en esa condición.

Los socialistas vamos a aprobar este proyecto con las regulaciones, las restricciones y los límites que establece, que compartimos, porque creemos que las personas deben tener el derecho a decidir. La propia persona afectada tomará la decisión. Aquí se garantiza el consentimiento y la forma en que este se va a expresar, de manera que otros que piensan distinto, ya sea por razones religiosas o valóricas, no impongan su criterio a una persona que ya ha adoptado una decisión informada y libre de toda presión. Por muy difícil que sea, a esa persona hay que acompañarla y ayudarla, pero no privarla o imponerle una tesis que no comparte.

Este proyecto de ley reconoce un derecho. La sociedad necesita que, cada vez más, se reconozcan estas libertades que son básicas para las personas, las cuales, cuando se ejercen, no violentan a nadie, porque la persona que decide someterse a la eutanasia no obliga al médico ni al equipo médico; todo es voluntario. El médico que pueda verse expuesto a tomar la decisión de asistir a un paciente en su derecho a la eutanasia lo hace voluntariamente.

Es más, como han dicho varios colegas, se han hecho encuestas en Chile que indican que este derecho a la eutanasia no solo tiene el apoyo de más del 70 por ciento de los chilenos que lo tienen incorporado en su sentido común como algo necesario en condiciones extremas en que la propia persona afectada decide, sino también tiene el apoyo de los médicos. Ellos también han sido encuestados y, con el conocimiento que tienen de estos padecimientos y enfermedades, cerca del 80 por ciento también está de acuerdo con la eutanasia. Incluso, algunos que no están de acuerdo con la eutanasia y que no participarían en ella también consideran que los enfermos terminales deben tener ese derecho.

Este proyecto de ley establece bien quién autoriza, cómo se autoriza y cómo se realiza. Están todos los detalles que garantizan que la libertad básica de la persona de poner fin a su sufrimiento es un valor superior en una sociedad, como la chilena, que aspira a ser profundamente humana.

Por eso, voy a votar a favor el proyecto de ley.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, es difícil entender la naturalidad con que algunos diputados expresan su apoyo a este proyecto de ley, que aprueba la administración directa o la autoadministración de una sustancia para provocar la muerte de un ser humano. ¿Puede ser tan grande la vanidad del hombre que pretende construir leyes que permitan el término a la vida, como si lo que legalmente se permite termina siendo lo moralmente correcto? No existe peor fase del ser humano que esta: cuando cree que tiene la facultad para determinar quién puede nacer y quién debe morir.

Ustedes invocan la autonomía de la voluntad, pero ustedes son los que pretenden decidir qué vida es digna y qué vida no lo es. Transformar la eutanasia en una prestación de salud, que no hace otra cosa que matar a una persona o permitir el suicidio asistido, va a transformar al personal médico en verdugos, pudiendo dar espacios a soluciones finales no queridas por los enfermos ni por sus familias.

Habrá doctores objetores y otros dispuestos a administrar una dosis letal. Pero, en el colmo de las ambigüedades, ¿se considerará que el paciente muerto por la eutanasia habrá fallecido de muerte natural? Es una falacia extrema, porque sabemos que la muerte natural no la provoca alguna sustancia aplicada.

¿Quienes apoyan el proyecto creen que con esta mentira se puede tranquilizar la conciencia de quien participe en este acto que lleva solo a la muerte? Hoy aquí se han esgrimido razones para apoyar la eutanasia, alegando una falsa humanidad, progresismo o una ley muy propia del hombre actual, pero les recuerdo que, hace ochenta años, con el proyecto Aktion T4, una de las primeras leyes de eutanasia en el mundo, los nazis mataron a enfermos y discapacitados, entregándoles una supuesta muerte misericordiosa, una muerte compasiva.

¿Cuál es el precio de la muerte de un ser humano asesinado por compasión? No debemos hacer un juicio respecto de quien actúa desde el dolor, a veces desde la desesperación o también desde el sufrimiento. Pero nuestro deber es evitar su muerte, entregándole las herramientas necesarias para poder vivir.

¿Cuál es la sociedad que queremos construir? ¿La sociedad en que la persona y su vida son el bien más preciado o la que quiere este proyecto, en que solo vale lo que uno tiene o lo que uno es? Ninguna ley puede hacer decaer el derecho a vivir, puesto que la dignidad no depende de la calidad. Entendiendo y respetando el dolor y el sufrimiento de las personas que creen que la eutanasia es la solución, no podemos encontrar la solución en un proyecto que termine con la vida de quien sufre.

No estoy a favor de que sea posible acabar con la vida de un ser humano. No hay que terminar con la vida humana. Debemos luchar por cada vida; no hay que dejar atrás a nadie. La vida es un valor adquirido, y eso no lo otorga ninguno de nosotros.

Ante el sufrimiento, propongo el acompañamiento, la cultura del cuidado y del alivio del dolor; ustedes, ante el sufrimiento, proponen la muerte.

Les propongo dar esperanza y vida en la enfermedad, con cuidados paliativos garantizados en todos los rincones de nuestra nación, que garanticen el acompañamiento y la intimidad personal y espiritual para quien lo requiera, con apoyo a las personas cuidadoras y familiares, con permisos laborales retribuidos durante todo el proceso de acompañamiento. Les propongo la vida, no la muerte.

Hagan el esfuerzo de hablar con un especialista, porque él les dirá que cuando el paciente deja de sentirse una carga, cuando deja de sentir un poco de dolor, no quiere que lo maten ni tampoco suicidarse. ¡Quiere vivir!

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, me ha sorprendido escuchar a diputados jóvenes de este Parlamento, como Diego Schalper y Miguel Ángel Calisto , defender de manera egoísta -desde mi perspectiva- ideas del siglo pasado para oponerse a este proyecto.

Parece que para los pseudoliberales de la derecha chilena solo es legítimo defender las libertades individuales cuando se trata de favorecer a los grandes empresarios, para que, por ejemplo, no paguen más impuestos o para que no se fortalezca la organización colectiva de los trabajadores y trabajadoras para mejorar sus condiciones. Pero cuando se trata de una libertad individual tan básica y elemental, como es decidir qué hacer con nuestras propias vidas y con nuestra muerte, aparece el conservadurismo extremo que se impone a ese supuesto liberalismo. Por lo tanto, para la derecha chilena hay un liberalismo a la carta en nuestro país.

Parece que para algunos humanistas cristianos el amor al prójimo y la compasión no aplica cuando se trata de una persona que sufre, a la cual el Estado y el Congreso pretenden obligar a extender ese sufrimiento a límites irracionales. ¿Acaso también estamos ante humanistas cristianos a la carta?

Lo que hace este proyecto es devolver a esas personas que sufren la libertad y la dignidad. Se trata de un acto de amor y de compasión que reemplaza ese dolor y ese sufrimiento. ¿Por qué el Congreso y el Estado pretenden arrogarse la posibilidad de reemplazar la decisión de una persona respecto de su vida y de su muerte en una circunstancia extrema, como es el sufrimiento grave del cual estamos hablando? Yo creo que no tenemos ese derecho como Congreso. Tampoco tenemos el derecho, como Congreso, como parlamentarios y como Estado, de mirar hacia el techo frente a ese dolor y sufrimiento, y no aplicar un acto de amor y de compasión.

Llamo a la reflexión respecto de estos principios. Justamente, este proyecto hace justicia con muchas personas y con muchas familias que necesitan que el Estado les ofrezca una salida. Esta es una iniciativa de win-win porque beneficiaría a todos los que lo requieran y lo soliciten, pero, en contrapartida, no obligaría a nadie. Reitero: no obligaría a nadie.

Se trata de que las personas tengan la posibilidad de decidir. De eso se trata el proyecto.

Démosles esa posibilidad a las personas, a los enfermos que están sufriendo. Ha habido muchos casos, muchos ejemplos en nuestro país y en el mundo que pueden aplicar a este debate. Es momento de abrir una puerta a la posibilidad de que la muerte digna en Chile sea un derecho garantizado, sea un derecho individual, respetando lo que la persona decida hacer para terminar su vida en condiciones de dignidad, lo que hoy lamentablemente se le niega.

Por esas razones, con mucha fuerza y convicción, desde la bancada del PPD vamos a apoyar, a respaldar y a votar a favor el proyecto, y pedimos a todos los colegas que reflexionen y que no les cierren la puerta ni les impongan sus propios valores a las personas, porque si aplica ese criterio, la gente solo podría morir de acuerdo con los valores de una minoría y no de acuerdo con los suyos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Harry Jürgensen .

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente, hace 25 años, el papa Juan Pablo II señaló que vivíamos la época de la “cultura de la muerte”, entendida como la mentalidad que fomenta la destrucción de la vida humana y en la que algunos consideran la muerte de los seres humanos con cierto favor, el que se manifiesta a través de comportamientos, instituciones y leyes, como la que nos encontramos discutiendo, que facilitan y promueven la muerte.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, eutanasia es aquella “acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente”. De la simple lectura se comprende que existe una intención en el médico de provocar la muerte del enfermo, y el acto de quitar la vida a otro se le denomina homicidio. Más allá de cómo lo llamemos y de que tratemos de suavizar la discusión utilizando expresiones como “ayuda a morir”, de lo que hoy estamos hablando es de homicidio.

Habrá quienes justifiquen la eutanasia con argumentos piadosos que nos hagan sentir generosos al entregar esta posibilidad, ya que se trataría de “dar una muerte digna”, de evitar un sufrimiento inútil. Sería un ahorro para la familia, pues evitaría grandes cuentas en los hospitales y evitaría el dolor de ver a un ser querido agonizando, entre otros argumentos.

Como señalé, algunos justifican la eutanasia y el suicidio asistido, en que las personas tendrían derecho a una “muerte digna”. Pero ¿qué es dignidad? Siempre se ha entendido que la dignidad es una cualidad intangible e inviolable, propia de la esencia del hombre, que no se sostiene en base a circunstancias; por tanto, toda vida tiene valor. Sin embargo, pareciera que esta manera de entender la dignidad ha sido reemplazada erróneamente por la idea de que dignidad es calidad de vida. En consecuencia, si entendemos dignidad como calidad de vida, y la dignidad es el fundamento de nuestra vida, cuando una enfermedad u otra circunstancia arrebatan esa calidad de vida, la vida humana se transformaría en una vida indigna, dejando, por tanto, de ser una vida humana, justificándose entonces el dar muerte a otro.

Ustedes sabrán que Cicely Saunders dedicó toda su vida a los cuidados paliativos. Ella dijo: “La existencia de una opción legal para proporcionar un atajo hacia la muerte implica concederle ya poco valor a la persona que se está muriendo y al proceso que dicha persona está realizando”.

Desde la mentalidad eutanásica, la vida sería algo instrumental, funcional al placer, al poder, a la producción; pero olvida dos principios claves de la medicina paliativa, que debería ser el verdadero centro de las políticas públicas en esta materia: en primer lugar, olvida que los seres humanos somos guardianes de la dignidad de otros seres humanos y, en segundo lugar, que el enfermo es el débil que necesita ser acogido, aceptado y protegido.

Para cerrar, me quedo con una frase: “Hay que eliminar el sufrimiento humano, pero no al ser humano que sufre”.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena) [vía telemática].-

Señor Presidente, qué buena frase fue la última que mencionó el diputado Jürgensen , y tal vez es el centro de lo que discutimos hoy.

Este es un dilema muy difícil y lamentablemente en la Sala no vamos a tener el tiempo suficiente para discutirlo en profundidad. Pero lo que está claro es que la propuesta del proyecto, en concreto, va mucho más allá de las legislaciones más progresistas sobre la materia. Me parece que eso es preocupante. Invito a todos los diputados y diputadas a leer en profundidad este proyecto que vamos a votar hoy.

Como varios han dicho, la iniciativa permite la eutanasia de niños y niñas de 14 años contra la voluntad expresa de sus padres. Solo si no tienen la voluntad de sus padres, le tienen que preguntar a un juez. Eso me parece inaudito. También se permite la eutanasia en adolescentes de 16 años solo informando a los padres, quienes no tendrán ninguna posibilidad de oponerse a la muerte de su hijo. O sea, de alguna forma volvemos a anular a los padres en el rol fundamental que tienen en la vida de los hijos.

Se habla no solo de dolores físicos, sino también de dolencia psíquica. Me parece que esa es una causal muy ambigua. ¿Qué significa realmente eso? ¿Qué se entiende realmente por eso? Además, se suma el hecho de proponer que no sea necesario que esa dolencia psíquica sea diagnosticada por un psiquiatra, ya que si no hay psiquiatra, lo puede hacer un médico familiar. ¿Qué experiencia puede tener un médico familiar en detectar realmente lo que podría ser una dolencia psíquica que lleve al paciente a pedir la eutanasia?

El tema de los cuidados paliativos, guste o no, es tremendamente importante. Este es un tremendo tema. En este proyecto no es un requisito -y tengámoslo superclaro- recibir cuidados paliativos para solicitar la eutanasia. Es decir, no es necesario intentar previamente evitar las dolencias; me imagino que también estarán incluidas las psicológicas. Además, se crea el derecho a optar para recibir los cuidados paliativos, pero tampoco se está tomando en serio, ya que se crea un derecho sin presupuesto para los que los requieren, porque sabemos que en Chile solo acceden a ellos quienes sufren problemas oncológicos. Entonces, lo que se está proponiendo es inoperable, no se puede dar. Es un derecho sin cobertura.

Para mi gusto, los cuidados paliativos son fundamentales en la medida en que muestran una opción concreta para el paciente que está sufriendo. Quiero contar que la comisión fue visitada por varias personas, pero recuerdo que una mujer, que llevaba más de 20 años trabajando en los temas de los cuidados paliativos -que no era precisamente contraria a la eutanasia-, dijo que solo un paciente le había pedido la eutanasia y que, además, se la pidió como en broma. ¿Qué demuestra eso? Que la persona siempre se aferra a la vida y que si tiene cubierto el dolor, no va a pedir la eutanasia.

Entonces, los invito a asumir una postura verdaderamente humana y solidaria ante todos aquellos que sufren. La eutanasia, por más que se argumente en su favor, constituye una propuesta individualista -como ya se ha dicho-, de descarte y de mucha indiferencia.

En definitiva, ¿qué es el buen morir? El buen morir es morir sin dolor y, en mi opinión, acompañado de los seres queridos. Entonces, el debate no es solo sobre la autonomía, como algunos piensan, sino que es la capacidad de elegir. Esto no tiene nada que ver con si somos empáticos o no, sino sobre cómo nosotros, como sociedad, nos hacemos cargo de los que sufren, cómo los aconsejamos, cómo hacemos que todos se sientan valorados por lo que son.

Por eso mismo, lo primero es intentar aliviar los problemas sociales. Es una verdadera paradoja que, teniendo pensiones muy bajas, una salud pública muy mala, ofrezcamos con mucho entusiasmo la eutanasia. ¿De qué estamos hablando? ¿Es esta la mejor solución que podemos ofrecer a los que sufren?

No estoy dispuesta a esto; no cuenten conmigo para tamaña forma de mirar la vida. No estoy disponible para que el Estado configure el derecho a matar solo porque “el poncho nos quedó grande”.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON (vía telemática).-

Señor Presidente, hace varios años, en mi primer período de diputado, tuve la oportunidad de suscribir una iniciativa sobre esta materia. Hoy, agradezco al diputado Vlado Mirosevic que me haya invitado a patrocinar este importante proyecto, que aborda preguntas respecto de la vida y los cuidados paliativos de los enfermos terminales en relación con una de las pocas certezas que tenemos: la muerte.

Creo que es importante hablar no solo de la vida, sino también del buen vivir. En este debate echo de menos que se hable de la ciencia, de lo importante que es invertir en ella para salvar vidas o para contribuir al buen vivir de quienes padecen enfermedades que hoy son incurables, con la finalidad de que dejen de serlo.

Por supuesto, todas las personas debieran tener acceso a los beneficios que se pueden obtener a través de la ciencia, pero no he visto a muchos reclamar y exigir a los distintos gobiernos el aumento del presupuesto en ciencia e investigación, así como respecto de la necesidad de ampliar los derechos de las personas para que puedan acceder al tratamiento de distintas enfermedades que hoy no tienen cobertura.

Pareciera que hay un sector al que le importa la vida solo cuando se discute sobre el aborto o la eutanasia. Es importante dejar de hablar con eufemismos y con doble estándar cuando se aborda un debate respecto de la vida, en especial cuando hablamos del buen vivir.

¿Cuántos de los que están aquí, que hablan de lo invaluable que es la vida, levantaron la voz en el momento en que el gobierno avanzó, irresponsablemente, hacia el denominado retorno seguro, que empeoró la situación sanitaria debido a la covid-19? La consecuencia lamentable de ese retorno fue la prolongación nefasta de esta pandemia, que trajo consigo el fallecimiento de miles de compatriotas, todo porque había que acelerar la reactivación económica. Su repercusión fue mayor en términos económicos y en el incremento de costo de vidas.

¿Cuántos de los que están aquí salieron a alegar respecto del retorno seguro en razón de lo invaluable y sagrada que supuestamente es la vida?

Esa hipocresía es la que molesta. Cuando hay algo que afecta a una persona en lo más intimo, a raíz del padecimiento de un sufrimiento respecto del que ni siquiera somos capaces de ponernos en el lugar, sino mostrar solo un poco de empatía, cuando las personas, literalmente, están muriendo por dentro y están clamando terminar con ese sufrimiento, hay quienes se sienten con el derecho de decirles: “El Estado te prohíbe que puedas tomar esa decisión”.

En verdad no es un debate fácil, pero espero que por lo menos pueda traer algo de dignidad. Si se puede avanzar en materia de tratamientos paliativos, por supuesto que estaremos disponibles para hacerlo, pero para eso necesitamos el patrocinio del Ejecutivo y recursos. No obstante, no omitamos el debate de fondo, no omitamos la desesperación de las personas que no encuentran otra solución que la eutanasia para terminar con su sufrimiento, porque la ciencia no ha podido encontrar el alivio que se requiere para el dolor que provocan las enfermedades terminales. El que la ciencia no les brinde ese alivio no se debe a que no quiera hacerlo, sino debido a que no hay solución, dado que se trata de una enfermedad irreversible. En ese aspecto hace hincapié este proyecto.

Quiero que quienes hoy se oponen a esta iniciativa, más allá de que algunos lo hacen por razones religiosas, quizás porque son ajenos a la idea de laicicidad del Estado, nos señalen, con una mano en el corazón, si han tenido la oportunidad o la ocasión de que una persona los mire a los ojos y les diga que no quiere seguir viviendo. Quiero saber si alguien se lo ha señalado, pero no porque tenga una solución de otra naturaleza, no porque esté viviendo una depresión, sino sencillamente porque la vida y el estar atrapado en el cuerpo se ha transformado para ella en un suplicio, en una tortura con la que no quiere seguir luchando.

Creo que toda persona tiene derecho a hacer esa elección. A quienes no han tenido la oportunidad o la ocasión de que alguna persona amada o un ser querido les haya pedido, dicho o sincerado que no desea seguir viviendo, les digo que es una situación muy fuerte. Me tocó vivirla con mi padre, que estuvo postrado veintiocho años, quien en la última ocasión que tuve la oportunidad de verlo y de hablar con él me dijo que ya no quería seguir viviendo.

Por eso, agradezco al diputado Vlado Mirosevic el esfuerzo que ha hecho, y espero hoy, en su nombre, aprobar este proyecto de ley, que aborda la eutanasia.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pablo Prieto .

El señor PRIETO.-

Señor Presidente, parto por señalar mi más total y tajante rechazo a esta iniciativa, que permite habilitar la práctica eutanásica en nuestro país. Como suele sucedernos, estamos dando, según mi parecer, un paso a ciegas, sin haber abordado el problema real de los enfermos terminales o de quienes padecen condiciones o patologías que les generan un sufrimiento difícil de sobrellevar.

Este problema es el de los cuidados paliativos, el de la protección y el de los requerimientos médicos, que les permitiría sobrellevar su problema de mejor manera, lo que, a su vez, les posibilitaría seguir luchando por una eventual solución o mejoría.

Nada más ejemplar de lo que acabo de decir es que mientras se discutía este proyecto sobre eutanasia en la Comisión de Salud, se aprobó también un proyecto, presentado por el gobierno, que amplía y perfecciona el acceso a los cuidados paliativos. ¿Qué ocurrió? Que esa iniciativa, sobre cuidados paliativos, duerme en el Senado desde hace más de un año, mientras que acá estamos debatiendo la medida más radical posible ante una enfermedad.

Este mal paso que a mi juicio estamos dando se complementa con otra evidencia que señala que la eutanasia es un mal camino.

Permitir la eutanasia es abrir una puerta difícil o imposible de cerrar. Países como Holanda o Bélgica, en los que la eutanasia es permitida, se han convertido en verdaderos centros mundiales de la muerte, donde concurren pacientes y personas apresadas por situaciones que sin duda son muy difíciles. No solo han renunciado a continuar enfrentado la vida pese a sus adversidades, sino que además han sido víctimas del abandono familiar y social.

Esto ha surgido a través de las actividades de distintos tribunales, que, ante este “derecho”, pronuncian fallos que lo expanden constantemente, así como por el lobby llevado a cabo por empresas de la salud que se dedican a este rubro. Así, la eutanasia posibilita esas conductas y nos sumerge en un individualismo cada vez más profundo.

Entre otras cosas, el proyecto en discusión permite la eutanasia en menores de dieciocho años de edad, lo cual, según mi parecer, carece de la más mínima racionalidad. Recién ayer acabamos de ver cómo una vacuna segura y potencialmente eficiente fue desarrollada en menos de un año. Entonces, ¿qué diremos a las familias de esos jóvenes que prefirieron morir, cuando se conozca que el padecimiento que los aquejaba ya tiene cura?

En este proyecto, lo anterior es totalmente arbitrario, ya que un juez podría incluso permitir la eutanasia de un joven o un niño si los padres se oponen a ello.

¿Estamos capacitados para confiar así la vida de una persona a un tercero? Me lo pregunto, y también se lo pregunto a los colegas, entendiendo y respetando las opiniones de cada cual.

La ciencia y los conocimientos médicos siempre deben esforzarse en proteger y salvar la vida, como dice el juramento hipocrático, no en rendirse y terminarla. La prohibición de la eutanasia ha estado siempre en concordancia con nuestra tradición como país y como sociedad, que se autodefine como mayoritariamente cristiana.

Es cierto que, desde nuestras distintas realidades, en mayor o menor medida, nos toca enfrentar situaciones complejas. No cabe duda de que una enfermedad terminal o que produce padecimientos graves es algo extremo en ese contexto, pero por dura que pueda parecer la vida, debemos esforzarnos para seguir luchando y viviéndola: la vida es bella.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, no hay vida que no valga la pena ser vivida, pero sí hay sufrimientos producto de enfermedades incurables y que, inevitablemente, llevarán a la muerte, lo que ningún ser humano merece vivir.

La vida puede colocarnos distintos desafíos, los que de alguna manera podemos enfrentar; sin embargo, el dolor irreparable de una enfermedad que no tiene vuelta atrás puede llevar consigo a una persona y a su núcleo familiar secuelas permanentes que ni el paso del tiempo logra borrar.

¿Por qué no poder ejercer esa autodeterminación respecto de la vida de uno, cuando sabe que el desenlace diagnosticado y corroborado es inevitable? ¿Por qué privar de esa libertad individual, que no se opone al derecho a la vida, que sin duda es un valor esencial en toda sociedad, pero que en este caso está destinada a terminar, por lo que no significa una desprotección hacia ella, sino un acto de compasión?

La vida debe protegerse, pero no a costa de perpetuar un dolor insoportable e incurable que ha de venir acompañado de la muerte.

La vida debe acompañarse de otros valores, que, sin duda, la eutanasia puede entregar, los cuales necesariamente debe expresar la persona que tome la decisión de optar a ella de manera indelegable y con todos los resguardos médicos que sean necesarios para el certero diagnóstico respecto de quien, inevitablemente, ha transitado un camino de agonía, que nadie querría que viviera ningún ser querido.

Trasladémonos al diario vivir, al profundo acto de amor y de generosidad que significa aceptar que un ser querido elija voluntariamente, de manera consciente y libre, no seguir viviendo, no sufrir más.

Me costaría entender que alguien aceptara que a un ser querido que padece una enfermedad incurable y por el cual se han hecho todos los esfuerzos en cuanto a cuidados paliativos para aliviar su dolor -el proyecto sobre la materia fue aprobado en la Cámara de Diputados- se le prive de tomar una decisión que, sin duda, no traerá felicidad ni a él ni a los suyos, pero, sí, una cuota de humanidad a quien vive lo indeseable.

Por otra parte, ingresaremos indicaciones que van en la línea de uno de los proyectos de ley refundidos que presentamos un grupo de diputados de Renovación Nacional, para los efectos de limitar algunos aspectos, por ejemplo, para dejar establecida esta posibilidad solo para aquellos que sufren enfermedades terminales e incurables que ocasionan un sufrimiento físico intolerable y, además, para eliminar la inclusión de menores de edad en aquella.

Por lo anterior, votaré a favor este proyecto de ley que regula la eutanasia.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Víctor Torres .

El señor TORRES.-

Señor Presidente, hace más de un año avanzamos en la discusión de este proyecto en la Comisión de Salud. Desde allí, una vez más, este Congreso abrió paso a un debate que, sin duda, resulta complejo, en torno a los denominados temas valóricos. Pero son dilemas con los que nuestra sociedad convive y que, por tanto, es necesario abordar y analizar en este hemiciclo.

Se podrá decir que no y rechazar iniciativas como esta, pero ello no acallará ni dará respuesta a ese dolor humano que está, que existe y que continuará en diversas vidas humanas y, en consecuencia, en muchos hogares de nuestro país.

Por ello, detrás de este proyecto hay una delicada reflexión en torno a situaciones dramáticas de vida, las que debemos pensar desde el compromiso que tenemos con cada persona.

Así, legislaciones como esta permiten reconocer la condición humana de cada persona, comprender que en nuestro rol de representación requerimos tener compasión ante el dolor, el sufrimiento que vive el otro, y permitir reconocer ciertas condiciones en la vida que necesariamente deben entregarse a la conciencia, a la deliberación personal, sin coerción social ni sanción penal del Estado, anteponiendo el valor de la dignidad humana por sobre cualquier prohibición que pudiera afectar o aumentar dicho dolor.

Desde la medicina, hablamos de patología, y phatos tiene múltiples significados. Uno de ellos es “todo lo que se siente o experimenta, estado del alma, tristeza, pasión, padecimiento, enfermedad”, esa íntima emoción que una ley no debiera decidir cómo experimentar.

Quiero destacar el compromiso e importante trabajo de las y los integrantes de la comisión y de cada expositor que asistió a ella durante el estudio de esta iniciativa. Ello permitió presentar ante esta Sala un proyecto completo, estableciendo el derecho a no padecer dolores o sufrimientos intolerables, a evitar la prolongación artificial de la vida y a solicitar la asistencia médica para morir cuando exista diagnóstico de un problema de salud grave e irremediable.

Dicho problema de salud grave e irremediable se halla expresamente definido en la iniciativa, correspondiendo a una enfermedad terminal, o bien, describiendo una serie de requisitos copulativos asociados al padecimiento de una enfermedad incurable que le produzca a la persona una disminución avanzada e irreversible de sus capacidades, y que esto le ocasione sufrimientos físicos o psíquicos persistentes e intolerables que no puedan ser aliviados, lo cual trasciende al concepto de distanasia o ensañamiento terapéutico. Ello también se aplica a aquellos que dejan que la enfermedad tenga su evolución natural.

Es precisamente en dichas ocasiones cuando se busca entregar a la conciencia de aquella persona la posibilidad de decidir solicitar asistencia médica para morir. Ello, bajo un procedimiento regulado, velando por resguardar otro derecho inherente a la dignidad humana, que es la libertad de conciencia, a través de la objeción de conciencia para el médico, con el propósito de no coaccionar el actuar de quien, en su proceso de formación interno, aduzca que se encuentra impedido de realizar aquello.

Detrás de este proyecto hay una línea argumentativa que resulta indiscutible: la dignidad humana como especial condición, inherente a todas las personas. Al respecto, desde mi línea de formación, desde el pensamiento humanista cristiano en su concepción no confesional, debo necesariamente considerar a esa persona, a quien, bajo ciertas situaciones críticas, el Estado no puede imponer una decisión. Desde esa perspectiva, no resulta correcto mantener un ordenamiento jurídico que obliga a vulnerar sus vidas, imponiendo una única alternativa legal: vivir con dicho dolor, transgrediendo incluso principios propios de la medicina, según Callahan .

La conciencia es el lugar sagrado de toda persona humana: para algunos, el sanctasanctórum; para otros, el íntimo espacio donde conviven el hombre y Dios, cualquiera que sea la concepción sobre este, y donde se alojan decisiones honestas ante casos tan dramáticos. Por tanto, resulta incomprensible que el Estado no permita dar un espacio a ese diálogo interno libre y voluntario.

Vivimos en una sociedad que ha sido construida sobre la base de la convicción de que la muerte abre paso a la vida, a la vida trascendente. Quienes creemos que las personas somos materia y espíritu no limitamos la vida a su mera expresión física, sino que la proyectamos al ámbito espiritual. Entonces, ¿por qué dar a la muerte física una connotación negativa, más aún cuando en la prolongación de una vida en que prima el dolor total termina afectándose profundamente la dignidad humana?

Por último, cabe señalar que este debate no es exclusivamente jurídico, médico, político o cultural, sino multidimensional. Nos exige poner en la balanza y sopesar aquellas convicciones personales bajo el prisma del interés general, es decir, del bien común. Entonces, no es posible concebir un bien común ajeno al sufrimiento, al dolor total, a las esferas sociales, psicológicas y espirituales en un permanente estado de lidiar contra una enfermedad. Esa condición debe ser atendida de manera…

El Señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Gonzalo).-

Señor Presidente, la verdad es que no ha sido fácil tomar una decisión sobre la materia. En un principio, tenía una mirada positiva respecto de este proyecto. Y debo decir también que he recibido los consejos del diputado Longton , quien me dijo que el proyecto se votará en general, y, por tanto, que no nos neguemos a discutirlo. Sin embargo, hice el trabajo de tener una opinión basada en lo que creo.

Viendo lo que ocurre en los cinco países que tienen legislación sobre eutanasia y suicidio asistido, me doy cuenta de que, finalmente, lo que ha ido pasando es que se ha ido empujando a los enfermos a sentirse como un peso, como una carga, por lo cual solicitan la eutanasia como una vía de salida para el dolor, pero a veces se trata del dolor que surge como consecuencia del rechazo de la sociedad de la que forman parte.

Al igual que el diputado Prieto , creo que la vida es digna y bella, y que si hubiera personas que los aman y una sociedad que los acoge, ninguno de esos enfermos optaría por terminar con su vida para dejar de hacer sufrir a otros. Sin embargo, si el Estado o la familia ponen en duda que la vida de esos enfermos es digna de ser vivida y consideran que esos enfermos son un peso, sin duda que no hay un freno para considerar que la vida esté disponible, que es justamente en lo que no creo.

Creo en un Estado solidario, en una sociedad que valora el “nosotros”, que valora la comunidad, el acogimiento. Por ello voté a favor del proyecto de ley sobre cuidados paliativos, que actualmente está en el Senado.

Por otra parte, considero que, paradojalmente, esta iniciativa es en extremo neoliberal, que está inspirada en la esencia más extrema del liberalismo, en la ideología de la libertad negativa, que está plenamente desarrollada en este proyecto. O sea, la autonomía del ser humano no permite ninguna intervención, de nadie, ni del Estado ni de la sociedad, con lo cual se crea un individuo totalmente solitario, individualista, hiperconsumista, que se explota a sí mismo y cree que se está realizando; un individuo que, en definitiva, ante la falta de comunidad y de apoyo, se deprime.

Así vemos casos como el de Holanda, donde ya se está estableciendo una causal de vida completa. Es decir, personas que no han superado el alcoholismo, no han superado la depresión finalmente dicen: “No tengo nada más que hacer en la vida, perdió el sentido y, por lo tanto, puedo optar a la eutanasia”.

La verdad es que me resisto a construir una sociedad individualista, una sociedad sin solidaridad, una sociedad depresiva, y creo fielmente que este proyecto contribuye a eso, a exacerbar el individualismo, una sociedad en la que las personas que sirven pueden seguir viviendo, y cuando no sirven, cuando no son productivas para una sociedad o para un mercado, démosle la alternativa de ser asistidos para acceder al suicidio o a la eutanasia.

No creo en eso, razón por la cual votaré en contra de este proyecto, por convicción, por principios, porque rechazo este proyecto sobre eutanasia. No estoy disponible para dar mi voto a favor para seguir debatiendo y llegar a acuerdos legislativos que, finalmente, se fundan en un principio errado.

He dicho.

El señor GAHONA.-

Señor Presidente, tuvimos la oportunidad de avanzar en una respuesta integral para solucionar el dolor que padecen muchos de nuestros compatriotas. La respuesta era clara: hay que avanzar en cuidados paliativos, pero, en cambio, hoy nos encontramos frente a una nueva oportunidad derrochada.

El proyecto de ley que hoy discutimos es fruto de un refundido irracional, antojadizo y, a ratos, preocupante. No se quiso avanzar en una legislación racional sobre la eutanasia y los cuidados paliativos.

En Chile, se estima que existen 75.000 enfermos que padecen enfermedades avanzadas todos los años. Ellos merecen una legislación acorde a los tiempos.

Los cuidados paliativos confirman un fuerte compromiso por la vida y consideran el morir como un proceso natural. Se proponen preservar y garantizar la mejor calidad de vida posible hasta la muerte, dignificando a la persona enferma, sin adelantar ni posponer la muerte. En definitiva, los cuidados paliativos son la forma más humana que tenemos de apoyar a quienes están padeciendo dolor incurable o están cerca de su muerte irremediable. Lo hacen acompañando, aliviando, reconfortando, humanizando y dignificando, sin caer en los extremos que cosifican a la persona gravemente enferma, como el ensañamiento terapéutico o la eutanasia.

Según la Organización Mundial de la Salud, los cuidados paliativos son un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias, haciendo frente a los problemas asociados a las enfermedades con compromiso vital, a través de la prevención y alivio del sufrimiento mediante la identificación precoz y la evaluación minuciosa del dolor y de otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. Por eso, los beneficios de los cuidados paliativos son diversos. Es así que una pronta aplicación en la enfermedad supone una mejoría en la calidad de vida y reducción de la necesidad de tratamientos onerosos y agresivos.

Justamente, vale la pena resaltar que la atención brindada por los cuidados paliativos abarca todo el ciclo vital; no es solo al final de la vida o cuando el paciente está falleciendo, sino que puede brindarse desde el momento del diagnóstico de la enfermedad incurable.

Apremia avanzar de manera seria en esta materia, pero esta Cámara no es el lugar, no es el espacio y no es la instancia. Espero que el gobierno y los senadores tengan la sapiencia que los parlamentarios de oposición no tuvieron en la discusión legislativa de este proyecto de ley.

Además de importantes consideraciones ético-filosóficas que contravienen los argumentos del proyecto, quiero reiterar que la propuesta es irresponsable, por de pronto, porque el país no se ha hecho cargo de manejar el dolor de los pacientes con enfermedad avanzada, como lo posibilita el avance de las ciencias de la salud.

Promover una legislación sobre eutanasia en vez de garantizar un adecuado tratamiento de cuidados paliativos grafica claramente la errada concepción sobre el ser humano que, lamentablemente, tienen algunos en esta Cámara. No podemos seguir tratando a las personas como cosas desechables que, cuando no sirven, cuando se enferman, cuando no se pueden curar, son eliminadas. Todos los habitantes de nuestra patria merecen el mismo respeto y tienen la misma dignidad. En ese sentido, la única forma de tratar dignamente a todo ser humano sufriente que se encuentre al borde de su muerte es a través de los cuidados paliativos y no acabando con su vida.

Nunca hay que olvidar que con la eutanasia no se termina con el dolor ni con la pérdida del sentido de la vida; se termina con la vida misma de un ser humano vulnerable.

Espero que el Senado de la República sepa ponderar esta contradicción evidente en una legislación que haga justicia a la realidad de las personas vulnerables y permita generar el consenso necesario para promover una verdadera política pública perdurable, que nos haga sentir orgullosos del trato que damos a quienes sufren dolor físico o psíquico.

He dicho.