Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales.

Para la discusión de este proyecto se otorgaran siete minutos base a las bancadas que tengan dos o más comités y cinco minutos al resto, más sesenta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante del segundo informe de la Comisión de Hacienda es el señor Manuel Monsalve .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 2 de este boletín de sesiones.

-El primer informe de la Comisión de Hacienda se rindió en la sesión 117ª de la presente legislatura, jueves 17 de diciembre de 2020.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor MONSALVE (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda, paso a dar lectura al segundo informe de la Comisión de Hacienda, a la cual le ha correspondido tratar la insistencia del gobierno en el proyecto de ley que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales.

Hace unos días, la Sala de la Corporación rechazó este proyecto. La Comisión de Hacienda, a partir del diálogo con los dirigentes de la mesa del sector público y con el gobierno, a través del ministro de Hacienda, logró incorporar las mejoras que me corresponde informar a la Sala, para que tome conocimiento.

Uno de los puntos en debate fue cómo mantener el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público.

En la primera propuesta, el gobierno había planteado un reajuste de 2,7 por ciento para los trabajadores del sector público con ingresos inferiores a 1.500.000 pesos. Aquí está la primera modificación relevante, pues se ha modificado el punto de corte. La propuesta que fue aprobada en la Comisión de Hacienda establece un reajuste de 2,7 por ciento a todos los funcionarios públicos que tienen remuneraciones inferiores a 2 millones de pesos.

En términos de cobertura, esto implica que aproximadamente el 90 por ciento de los trabajadores del sector público tendrían un reajuste similar al IPC, por lo cual su remuneración mantendría el poder adquisitivo.

Se mantiene el reajuste de 0,8 por ciento para aquellos trabajadores del sector público que tienen remuneraciones superiores a los 2 millones de pesos.

Evidentemente, esto implica que, por ejemplo, el bono de vacaciones, que tiene su límite de corte en los 794.149 pesos, mantiene un monto de 62.817 pesos para quienes tienen remuneraciones inferiores a ese monto de corte y de 43.814 pesos para todos los funcionarios públicos que tienen una remuneración que va desde los 794.149 a los 2 millones de pesos.

Un tercer elemento relevante tiene que ver con reponer un derecho que todos los años, cuando se discute el reajuste del sector público, se denomina bono de término de conflicto o que podríamos denominar bono de acuerdo, que no estaba en la propuesta original. Producto del diálogo, se ha repuesto un bono de término de conflicto en el proyecto de ley que va a votar la Sala. Ese bono respeta los puntos de corte, porque va a ser de 97.657 pesos para quienes tienen rentas inferiores a 721.187 pesos y de 48.301 pesos para quienes tienen ingresos que están sobre ese punto de corte y hasta los 2 millones de pesos.

También es muy relevante el compromiso que adquirió el gobierno, que quedó reflejado en el proyecto de ley, de hacer efectivo un compromiso público que implica entregar un bono de reconocimiento a todos los funcionarios de la salud del sector público, quienes han jugado un rol fundamental y han arriesgado su salud y muchos de ellos sus vidas en el combate contra la pandemia. Por lo tanto, se consideró necesario hacer efectivo este reconocimiento a través de un bono.

El proyecto de ley que será votado en esta Sala contiene un bono de reconocimiento de 200.000 pesos para los funcionarios de salud del sector público. En la discusión, la Comisión de Hacienda logró un acuerdo con el ministro de Hacienda para incorporar a funcionarios que habían quedado excluidos, que eran los trabajadores a honorarios.

Hay que recordar que, luego del inicio de la pandemia, en marzo, para dotar al sector público de las capacidades humanas para la atención y la trazabilidad, se recurrió a contratar equipos de salud a través de la modalidad a honorarios, los que estaban excluidos de este bono. En la Comisión de Hacienda el gobierno se comprometió a incorporarlos, aunque eso no está reflejado en este proyecto de ley por dificultades prácticas, pues hay que tomar conocimiento de cuántos son y con qué jornada están contratados, pero con esa información disponible, que el gobierno va a recabar, se procederá al pago del bono de reconocimiento a los trabajadores a honorarios que cumplan dos condiciones: tener contrato de jornada completa y tener una antigüedad de siete meses.

En la discusión en la Comisión de Hacienda también se planteó al gobierno las dificultades que enfrentan algunos trabajadores, en este caso los asistentes de la educación, que, respecto de su bono de desempeño y el bono de bajas rentas, no los ven reajustado en 2,7 por ciento, sino en 0,8 por ciento.

Asimismo, se planteó la dificultad de las trabajadoras que trabajan en salas cuna y en jardines infantiles vía transferencia de fondos que a partir del reajuste perderán la asignación de homologación.

También se planteó las dificultades que existen para el pago de asignación de zona a los trabajadores asistentes de la educación.

El gobierno se ha comprometido a resolver estos tres temas a partir de una mesa de trabajo con los representantes de los asistentes de la educación y de los trabajadores de los jardines infantiles vía transferencia de fondos, mesa de trabajo que debería constituirse antes del 31 de enero de 2021.

Esas son las modificaciones más sustanciales que el proyecto sufrió en la Comisión de Hacienda. En general, el proyecto fue aprobado, en todos estos elementos, por la unanimidad de los integrantes de la comisión.

En la Comisión de Hacienda fue rechazado, con seis votos a favor y siete abstenciones, el artículo 25, el cual contiene el bono de vacaciones. Ese artículo fue rechazado en virtud de que el monto que propuso el gobierno corresponde al 50 por ciento del bono de vacaciones del 2020.

Ese es el contenido del proyecto de ley de reajuste de remuneraciones de los trabajadores del sector público que, a continuación, deberemos discutir y votar en esta Sala.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto.

Informo a los diputados de la Comisión de Hacienda que, como a contar de las 17:30 horas deben participar en la sesión para ver el proyecto de ley del Fogape, serán los primeros en hacer uso de la palabra.

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, en primer lugar, voy a destacar y felicitar lo que ha hecho el diputado Manuel Monsalve , quien antes de que fuera redactado el informe final pudo reportar de manera oral lo que ocurrió en la larga e intensa sesión de la Comisión de Hacienda, en donde hubo flexibilización del ministro y de su gobierno en la relación con la comisión y, por supuesto, en el diálogo con los trabajadores organizados en la mesa del sector público.

Debo decir que algunas de las modificaciones que vamos a proceder a votar en esta sesión fueron aprobadas en la Comisión de Hacienda por unanimidad y otras por amplísima mayoría, y se refieren, en primer lugar, al cambio del límite que dividía los tramos afectos a 0,8 y 2,7 por ciento de reajuste.

El corte que el gobierno había propuesto en su proyecto original era en 1,5 millones de renta bruta. Cabe señalar que renta bruta significa descontados los bonos y demás ingresos, los que, al menos en el Estado central, representan el 30 por ciento adicional de los ingresos.

Ese límite de 1.500.000 pesos se desplazó hacia arriba, hasta 2 millones de pesos de renta bruta, por lo que alcanzó a cubrir al 90 por ciento de los trabajadores públicos. Se puede decir que, desde el punto de vista de la renta, el 90 por ciento de los trabajadores públicos no verá afectado -aunque tampoco verá mejorado su poder adquisitivo, sino que, al menos, logrará mantenerlo, que era el objetivo principal planteado en la comisión.

También se incorporó, a través de una indicación del Ejecutivo, un bono que se había planteado con mucha fuerza desde el mundo de la salud pública y por parlamentarios de manera transversal, pero que aquí, de manera algo patética, se quiso atribuir a los colegas de Chile Vamos, en este típico ejercicio de los gobiernos de decirles a sus partidarios “pídanme lo que voy a conceder para que aparezcan como autores de esa concesión”. Todo el mundo sabe de qué se trata. El gobierno ha llegado a un acuerdo con los siete gremios de la salud, de manera que todos sus trabajadores con contrato recibirán 200.000 pesos como bono covid-19.

Como se señaló, a la misma razón, la misma disposición: para la entrega de un bono que tenía su motivación principal y exclusiva en el compromiso y en los riesgos que asumieron los trabajadores de la salud para enfrentar la pandemia, naturalmente no tenía sentido hacer una distinción tajante entre trabajadores de planta y a contrata con los trabajadores a honorarios. Si lo que estamos premiando con ese bono es el compromiso asumido para enfrentar la covid, francamente la condición del trabajador es completamente indiferente.

Por lo tanto, el ministro accedió -lo va a decir públicamente como compromiso a extender ese bono a los trabajadores a honorarios que tengan jornadas completas y a lo menos siete meses de trabajo en el campo de la salud pública.

Por otro lado, se estableció un bono equivalente a la mitad del bono de la negociación anterior, aunque los bonos de esta naturaleza se deben definir cada vez. Un bono que usualmente es denominado como “de término de conflicto”, y que el ministro bautizó como el “bono del acuerdo”, también fue aprobado por unanimidad, por supuesto manteniendo su relación con los tramos establecidos.

Por supuesto, no nos vamos a abrazar ni vamos a levantar los brazos porque se trata de un reajuste austero, extremadamente austero, considerando las condiciones del contexto económico que tenemos hoy y del que vamos a tener mañana, pero es un reajuste que, al menos, asegura al 90 por ciento de los trabajadores públicos la mantención de su poder adquisitivo.

Me habría gustado, aunque la situación de crisis no lo permite, que se estableciera una diversificación de tasas de reajuste según tramos de ingresos como una constante futura para producir un acortamiento de la distancia entre los altos, los medios y los bajos salarios. Porque cuando a un salario de 5.000.000 de pesos le aplican un reajuste de 5 por ciento, dicho salario crece en 250.000 pesos, y cuando a un salario de 500.000 pesos le hacen un reajuste de 5 por ciento, crece en 25.000 pesos. Por lo tanto, inmediatamente la distancia entre ese salario de 5.250.000 pesos y ese de 525.000 pesos, en lugar de acortarse, crece cuando se aplican tasas de reajuste parejas.

Esta es una pequeña señal, pero quisiera que las profundizáramos en los años que vienen para producir acortamiento de la distancia y reducción de las desigualdades también al interior del aparato público.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Muchas gracias, ministro.

Solicito la unanimidad de la Sala para que ingrese la subdirectora de Racionalización y Función Pública de la Dipres, señora Cristina Torres .

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Patricio Melero .

El señor MELERO.-

Señor Presidente, mi alocución será muy breve, porque el señor ministro , don Ignacio Briones , ha hecho un resumen muy importante de los cambios realizados.

Quiero resaltar ese hecho, porque este proyecto de ley de reajuste de remuneraciones para los trabajadores del sector público, que concede los aguinaldos que señala y una serie de otros beneficios, ingresó a tramitación legislativa sin haberse alcanzado un acuerdo con los gremios. Sin embargo, gracias al diálogo llevado a cabo entre todos los gremios de la salud y el gobierno, proceso en el que intermediamos y contribuimos los parlamentarios, se concordó en el otorgamiento de un bono de 200.000 pesos para todos ellos.

Sin perjuicio de lo anterior, producto de una segunda instancia de diálogo, esta tarde en la Comisión de Hacienda se adoptó el compromiso de ampliar la entrega de ese bono a los funcionarios a honorarios que tengan por lo menos siete meses de trabajo, período que coincide con la llegada de la pandemia por covid a nuestro país.

Por consiguiente, será ahora responsabilidad del Ministerio de Salud determinar quiénes son los que realmente reúnen los requisitos para recibir el bono covid de 200.000 pesos.

Este es el tipo de democracia que se debe construir en Chile, que permita el entendimiento y la habilitación de caminos de encuentro. Tenemos que evitar la democracia del enfrentamiento, que cierra las puertas al diálogo.

El rechazo de la oposición a la idea de legislar, de que fue objeto este proyecto, es la más clara evidencia de que el problema muchas veces está en las élites políticas y en la incapacidad de los parlamentarios de encontrar caminos de acuerdo.

Esta iniciativa será aprobada en particular de forma prácticamente unánime, gracias a la disposición del gobierno, de los gremios y del mundo político. Pero cuesta llegar a acuerdo cuando un gobierno tiene minoría en el Parlamento y cuando reina más bien el deseo de infligir derrotas políticas que la voluntad y el deseo de avanzar.

El ejemplo de hoy, así como el tratamiento del proyecto de ley de presupuestos y de otras iniciativas que abordamos en el segundo semestre de este año, como fue el gran acuerdo del financiamiento de los 12.000 millones de dólares, deja en evidencia lo negativo que es el camino de las posturas extremas e intransigentes. En especial, resulta ser un mal camino aquel que pretende pasar por sobre la Constitución Política, de lo cual nos ha dado una nueva lección el Tribunal Constitucional, que ha recuperado el estado de Derecho en el país y que ha puesto coto al abuso de quienes no respetan la Constitución, a pesar de haber jurado hacerlo. Eso va tanto para mi sector político como para la oposición.

Veo una luz de esperanza en cuanto a la recuperación de los espacios de diálogo y entendimiento que necesitamos. Eso fue lo que el país nos dijo que quería en el plebiscito: que hubiera menos enfrentamiento y más entendimiento; que se apartaran los sectores extremos y que estos se pusieran de acuerdo en las grandes tareas que el país reclama.

Estoy contento esta tarde. El ejemplo del tratamiento de este proyecto de ley de reajuste es el camino que tenemos que seguir; eso es lo que la ciudadanía nos reclama. Esta es una oportunidad de reflexión para quienes en algún momento pudimos haber estado en posturas más irreflexivas, que tal vez impedían encontrar caminos de entendimiento.

¡Bien por los trabajadores de la salud, ya que se tienen muy merecida la entrega del bono especial de emergencia sanitaria!

Asimismo, ¡bien por la Policía de Investigaciones de Chile! En virtud de lo que establecen tres artículos de esta iniciativa, podrán darle tiraje a la chimenea. Así, sus oficiales podrán ascender y tener el reconocimiento que merecen sus carreras, por el que tanto tiempo han esperado.

En definitiva, bien por el país, porque hemos demostrado tener la capacidad económica que se requiere para enfrentar las demandas de la ciudadanía, gracias a la cual podremos financiar este reajuste.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve .

El señor MONSALVE.-

Señor Presidente, esta negociación es de los dirigentes de la Mesa del Sector Público, de dieciséis gremios. Hay que valorar los temas que ellos han puesto en el debate, así como el mandato que nos han entregado a la hora de debatir, acordar y votar esta iniciativa.

¿Cuáles son las tres ideas que, desde mi perspectiva, cruzan este debate?

En primer lugar, mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Ese es uno de los mandatos de los gremios del sector público.

En segundo término, hacer realidad el compromiso de reconocer a los funcionarios de la salud del sector público, quienes, tal como se ha señalado, han jugado un rol central, estratégico y heroico en el enfrentamiento de la pandemia, incluso a riesgo de sus propias vidas. Lamentablemente, muchos funcionarios de la salud han fallecido.

Tercero, se debe determinar de qué forma los beneficios que se proponen llegarán a la totalidad de los funcionarios, sin la exclusión de ningún sector, cuestión que se ha discutido en la Comisión de Hacienda respecto de los asistentes de la educación y de las trabajadoras de las salas cuna y de los jardines vía transferencia de fondos.

En el caso del poder adquisitivo, hemos logrado un avance respecto de la propuesta original del gobierno, que fue rechazada por esta Sala hace algunos días.

El 2,7 por ciento de reajuste, que tenía como corte, como límite, a los funcionarios que tenían una remuneración de un millón y medio de pesos, ha sido modificado en la discusión, a través de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda.

¿Cuál es el efecto de eso? Que con el objeto de proteger el poder adquisitivo se ha logrado aumentar dicho corte de un millón y medio de pesos a dos millones de pesos, lo que implica que el 90 por ciento de los trabajadores del sector público lograrán mantener su poder adquisitivo. Esa era una de las tareas a la que se debían orientar la conversación y los acercamientos generados a partir del diálogo.

Por otra parte, los gremios del sector público plantearon la necesidad de que se considerara algo que está presente en las negociaciones del reajuste del sector público que se llevan a cabo todos los años: la entrega del bono de término de conflicto. Se trata de un beneficio que no estaba contemplado en la propuesta original del gobierno, y que ahora se ha repuesto. Valoramos esa señal. Por eso, votamos a favor la indicación respectiva en la Comisión de Hacienda.

Que ese bono se ha repuesto en montos inferiores, ¡está bien! Hay un contexto económico, social y laboral difícil en el país; pero hay que tratar de mantener los logros alcanzados por la lucha sindical y las negociaciones de los trabajadores.

En ese sentido, nos ha parecido indispensable respaldar la petición de la Mesa del Sector Público de reponer el bono de acuerdo de término de conflicto. Eso también se ha logrado en el contexto de la discusión y de las indicaciones que se han repuesto en la Comisión de Hacienda.

En tercer término, ¿qué se está reconociendo con la entrega del bono especial de emergencia sanitaria covid-19? El trabajo determinante efectuado por los funcionarios de la salud para controlar la pandemia.

La pandemia no solo ha tenido efectos en materia de salud, también ha provocado un drama económico y social. Ya hemos señalado aquí que se han perdido dos millones de empleos y que setecientos mil empleos se encuentran congelados. ¡Ni hablar de la pequeña y mediana empresa!

El control de la pandemia, que es la tarea central de los funcionarios de la salud, aunque no su labor exclusiva, ya que deben atender a quienes se enferman y viven situaciones críticas de salud, ha implicado no solo un enorme esfuerzo, sino gran riesgo y sacrificio, trabajo que debe ser reconocido en el sentido de no excluir de los beneficios a funcionario alguno de la salud.

A partir de marzo, para enfrentar esta pandemia hubo que contratar profesionales a honorarios, los que cumplen funciones en unidades de cuidado intensivo, en residencias sanitarias o en el fortalecimiento de las tareas de trazabilidad del Estado. Ellos han estado en la primera línea de la lucha contra el coronavirus, de manera que no podían quedar excluidos.

Por eso, se pidió al gobierno el compromiso expreso de incorporar a los trabajadores a honorarios, quienes han cumplido esa función en el marco de la salud pública de nuestro país. Se logró un acuerdo para ese fin, el cual no quedó expresado como artículo en el proyecto de ley, sino como un compromiso formal en las actas de la Comisión de Hacienda.

Ahora, el gobierno tiene la tarea de recabar la información respecto de dónde están y cuántos son los trabajadores que cumplen jornada completa a honorarios y que, desde diciembre hacia atrás, llevan contratados por lo menos siete meses. Una vez recabada esa información, el gobierno tiene el compromiso de hacer que a esos trabajadores de la salud pública también les llegue el bono de reconocimiento.

Un tercer punto se refiere a aquellos trabajadores que, por diversas razones, están excluidos de la voluntad del gobierno y del Congreso Nacional respecto de la posibilidad de recibir estos beneficios y reajustes. Quienes lo han planteado son los asistentes de la educación, cuyo bono de desempeño laboral no se reajusta en 2,7 por ciento, sino en solo 0,8 por ciento. Tampoco lo recibe el bono de rentas mínimas, que también tiene problemas, porque no todos lo están recibiendo. Asimismo, las trabajadoras vía transferencia de fondos han planteado el problema respecto de su asignación de homologación, y tenemos problemas con la asignación de zona.

Todos esos trabajadores y trabajadoras tienen derecho a que el reajuste también se les aplique a ellos y a todos los bonos que reciben, pero eso no está ocurriendo.

Más allá de las dificultades de registro de información que tiene el gobierno, su tarea, y la del Congreso Nacional, es que estos reajustes lleguen a todos los trabajadores, sin exclusiones.

En ese contexto, la Comisión de Hacienda ha logrado un compromiso expreso del gobierno en orden a enfrentar los problemas planteados, compromiso que se traducirá en una mesa de trabajo que se reunirá en enero, en la cual se deberá recibir una propuesta para resolver este problema, aunque no en enero, pero sí en un plazo prudente.

Espero que el gobierno actúe con agilidad, prontitud y rapidez, porque estamos hablando de derechos laborales, de derechos de trabajadores que están en juego, particularmente de los trabajadores que reciben las remuneraciones más bajas del Estado. Muchos de ellos ni siquiera alcanzan el piso salarial que se establece para los funcionarios públicos.

Esa es una situación que debe ser reparada con urgencia, por lo cual espero que la mesa que constituirá el gobierno actúe con la urgencia que se requiere.

Vamos a insistir en pedir votación separada, para votar en contra la facultad de cesar en sus trabajos a los mayores de 75 años, porque, reitero, me parece una medida discriminatoria. Yo, por lo menos, insistiré en rechazar la concesión de esa facultad, con el objeto de que, si hay una norma de ese tipo, se aplique para todos y no solo para algunos. Eso hace que una medida no sea arbitraria ni discriminatoria. Lo que plantea el gobierno hasta ahora sigue siendo discriminatorio.

Felicito a José Pérez Debelli , presidente de la ANEF, quien ha estado aquí en representación del sector público; a Gabriela Flores , a Patricia Valderas , representantes de la atención primaria y de la Fenats, respectivamente, y envío un saludo a los asistentes de la educación de la Región del Biobío, a través de Nelly Arratia y Miguel Ángel Araneda , quienes han planteado los problemas que aquejan a los asistentes de la educación.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Santana .

El señor SANTANA (don Alejandro).-

Señor Presidente, qué duda cabe de que estamos enfrentando una discusión de reajuste del sector público en un período anormal, difícil, complejo, en medio de una pandemia que ha afectado al mundo y también de manera importante a nuestro país.

El debate con el gobierno, en la Comisión de Hacienda, tuvo por objeto avanzar y llegar a acuerdos, y espero que eso se traduzca aquí, en la Sala, en la posibilidad de dar certezas a los más de 500.000 trabajadores del sector público.

A pesar de lo complejo que es este debate en lo social, en lo económico, en lo laboral, podemos decir que Chile ha logrado dar la protección, la seguridad y el cuidado necesarios a los funcionarios públicos, quienes, afortunadamente, no se han visto afectados en el empleo ni impactados en los ingresos que legítimamente reciben producto de su trabajo y esfuerzo.

En consecuencia, cuando el gobierno propone un reajuste que busca mantener el poder adquisitivo y ese reajuste alcanza al 90 por ciento de los funcionarios públicos, estamos diciendo que el gobierno no solo se ha comprometido con ese sector en términos de no poner en riesgo sus fuentes laborales, sino también que se ha comprometido a cuidarlo, a protegerlo en términos de mantener su poder adquisitivo, por lo menos respecto del 90 por ciento de los funcionarios de este sector.

Ese no es un tema menor, porque sabemos que en el sector privado hay mucha gente que, aunque no ha perdido su poder adquisitivo, no piensa en un reajuste real que le entregue su empleador, sino en mantener su trabajo y no perder sus ingresos, porque podría ser despedido y sus opciones de encontrar nuevo empleo serían muy difíciles y complejas.

Sabemos que los más de 500.000 funcionarios públicos ganan, en promedio, 30 por ciento más que el promedio de los 7 millones de trabajadores del sector privado. Nos debe llenar de satisfacción que a esas personas también se les pueda cumplir, en el sentido de que el 90 por ciento de ellos no pierda su poder adquisitivo.

Agradecemos la respuesta del gobierno a la solicitud que le hicimos ver los diputados de Chile Vamos en cuanto a que se entregara un bono excepcional para los trabajadores de la salud, quienes durante todo este año han puesto todo su empeño y sus esfuerzos a disposición de la comunidad, comprometiendo su seguridad personal y familiar, dado que potencialmente podrían haberse visto contagiados de covid-19.

Creo que el gobierno ha enviado la señal correcta, en un escenario complejo, con recursos escasos, con contracción económica, haciendo transferencias directas a los chilenos y chilenas, que en un porcentaje importante, tomando en cuenta el tamaño de nuestra economía, han sido beneficiados con los aportes que se han hecho.

En lo que dice relación con esta iniciativa, agradezco al gobierno la voluntad manifestada en cuanto a evaluar la inclusión de quienes se desempeñan a honorarios. En concreto, el gobierno se ha comprometido, a través del ministro, a estudiar su caso para ver si es posible incorporarlos. Con tal finalidad, se pedirán los antecedentes pertinentes al Ministerio de Salud.

El único aspecto negativo, que ojalá podamos corregir aquí, en la Sala, sería el voto en contra al bono de vacaciones, ya que si esta situación se mantiene, significa que no van a tener un bono de vacaciones, como se ha propuesto, que sería de 50 por ciento.

Espero que eso lo podamos corregir en la Sala y podamos dar una señal correcta a los funcionarios públicos de nuestro país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ (vía telemática).-

Señor Presidente, qué importante es, en la tarea legislativa, que hoy hayamos llegado a un buen acuerdo con el Ejecutivo, en relación con la situación económica.

Hubo capacidad de diálogo, de llegar a un entendimiento, lo que se vio reflejado ayer en los acuerdos alcanzados con los siete gremios de la salud, que en Teatinos 120, junto con el ministro de Hacienda y, anteriormente, en una conversación con el ministro de Salud, firmaron todo, aceptando el bono de 200.000 pesos, beneficio más que justo y que, naturalmente, está dentro del enfoque de los acuerdos y entendimientos.

Cabe destacar también que todos los gremios de salud estuvieron por hacer extensivo el beneficio a los trabajadores a honorarios.

En todo eso, debo relevar la labor de la Asociación de Técnicos en Enfermería de nuestro glorioso Hospital Guillermo Grant Benavente , el más grande del país, y del Colegio Nacional de Técnicos en Enfermería, encabezada por la señora Mireya Sanhueza Castillo , que ha hecho posible que se haga justicia social y humanitaria a personas que están trabajando desde marzo en la zona de sacrificio, en la primera línea contra la covid-19. Mi reconocimiento para ellos. Estoy convencido de que se cumplirá el compromiso, tal como expresó el ministro de Hacienda.

Sin embargo, faltan dos cosas, que quiero mencionar aquí: incorporar a las y los funcionarios del Hospital J.J. Aguirre , de la Universidad de Chile, y aclarar la situación de los médicos, los que, según el Colegio Médico, aparecen excluidos del beneficio.

¿Qué es lo importante? El reajuste de 0,8 por ciento ya no se aplicará a los funcionarios cuyas remuneraciones brutas sean iguales o superiores a 1.500.000 pesos, sino que se empezará a aplicar a aquellos cuyas remuneraciones brutas sean iguales o superiores a los 2 millones de pesos. Esta medida favorecerá al 90 por ciento de los trabajadores de la administración pública y municipal del país, quienes recibirán un reajuste de sus remuneraciones de 2,7 por ciento.

Se ha repuesto el bono de término de conflicto, aunque su monto corresponda al 50 por ciento del monto recibido el último año, lo que equivale a 95.000 y 50.000 pesos para los funcionarios, según sea el monto de sus salarios. Asimismo, el gobierno se comprometió a resolver a la brevedad el acceso al reajuste y al bono de los trabajadores de los jardines infantiles VTF y de algunos asistentes de la educación. Se aclaró también el artículo 75, sobre los beneficiarios del Indap. Por lo tanto, estamos en el camino que debiéramos recorrer siempre.

Tengo en mis manos el informe financiero de este proyecto de ley. Son 32 los beneficios que estaban en zona cero, pero gracias a la comprensión y la claridad de que se debe estar a las alturas que se requieren, se ha llegado a un acuerdo, que siempre se tiene que buscar con diálogo y, por ningún motivo, se debe tratar de imponer una idea.

Aquí hay una mayoría parlamentaria que tiene una mirada del desarrollo y que busca el diálogo. Por eso, me parece muy positivo e importante que en el día de hoy, en lo posible, votemos unánimemente, para que demostremos al país que los políticos no nos guiamos por nuestros egos, sino que estamos en función de cumplir con nuestras responsabilidades y con nuestros deberes, los que en este caso significan buscar que los trabajadores de la administración pública obtengan mejores rentas y mejores condiciones para desarrollar su actividad.

Envío un gran saludo a todos los gremios y les digo que gracias a la unidad fue posible llegar a un buen acuerdo, que se traduce en este proyecto de reajuste de remuneraciones del sector público, que debiera comenzar a regir desde el 1 de diciembre de este año.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ (vía telemática).-

Señor Presidente, quiero partir mi intervención saludando al señor José Pérez , presidente de la ANEF; a la señora Gabriela Flores , presidenta de la Confusam, y a la señora Consuelo Villaseñor , presidenta de Confedeprus, todos grandes dirigentes y, a través de ellos, a todos los empleados públicos, que cumplen una destacadísima labor en el país, sobre todo a los funcionarios y funcionarias de la salud.

No me voy a sumar a las palabras de satisfacción y de jolgorio expresadas por algunos diputados, porque creo que hay una estrategia del Ejecutivo al presentar una propuesta muy mala para lograr acuerdos, que pueden dejar satisfechos a algunos, pero seguimos estando por debajo de un reajuste real, que es la única manera de mejorar el nivel de vida de las personas en el país.

Siempre hemos tenido reajustes acordes al IPC, no solamente en este gobierno -para ser justos-, sino también en nuestros gobiernos, lo que ha significado una gran pelea, porque al final lo que hace esa política es mantener el nivel de vida de los trabajadores, pero no mejorarlo. Se subió el corte a 2 millones de pesos, lo que beneficiará al 90 por ciento de los empleados públicos, pero la cifra sigue estando por debajo del reajuste real, lo que es más de lo mismo. Siempre hay una excusa para no subir los salarios: la crisis asiática, y cuando la economía marcha bien no hay que subirse por el chorro; si la economía está mal, hay que ajustarse el cinturón, y hoy la excusa es la pandemia. ¡Siempre el costo lo pagan los trabajadores!

Dicho lo anterior, considero que el gobierno hace mal cuando no respeta la ley de piso, algo que ya dije en mi primera intervención, porque damos un mal ejemplo. No se trata solo de recuperar el bono de vacaciones y el bono de término de conflicto, sino que de respetar un derecho adquirido. En ese sentido, que en el sector privado, la ley de piso tiene que ver con lo último que se adquirió y tiene relación directa con el monto, porque, de lo contrario, no tendría ningún sentido solo respetar el derecho adquirido y no el monto. Se podrá decir que se ha hecho un esfuerzo, pero se logró solo el 50 por ciento de lo último que se adquirió.

Si bien es cierto se ha llegado a acuerdo con los siete gremios y se valora el bono de 200.000 pesos, se ha dejado afuera a más de 7.000 trabajadores: personal del Fonasa, del ISP, personal civil de los hospitales, de Capredena, de Enaer, que fueron quienes construyeron los ventiladores mecánicos; del hospital clínico J.J. Aguirre . ¡Todos quedaron afuera del bono! No se hizo ningún esfuerzo para incluirlos, por lo cual espero que en el Senado sí se tomen en consideración.

Sabemos que nuestra labor es presionar para que el gobierno suba el guarismo, para que suba el monto del reajuste, pero llega un momento en que debemos votar a favor, porque no podemos dejar sin nada a los trabajadores. Eso ocurre en la discusión del monto del salario mínimo o del reajuste de remuneraciones del sector público, pero eso no significa que estemos satisfechos con el resultado. Nosotros somos representantes de la ciudadanía, representantes de los trabajadores, por lo que lo mínimo que podemos hacer es ponernos detrás de las demandas de las organizaciones sindicales, y ellos han sido muy claros. Por eso, vamos a votar a favor algunos artículos y a rechazar otros.

Por último, respecto del despido encubierto de los funcionarios mayores de 75 años. Eso va en contradicción con el estatuto administrativo, que dice claramente que salir de la administración pública es un acto voluntario; por lo tanto, acá se estaría yendo contra un derecho laboral. Por eso, le pido al gobierno que revise esta situación, porque contradice el estatuto administrativo. Sabemos que no podemos promover que todos los empleados públicos trabajen hasta los 78 u 80 años, pero eso tiene que ver directamente con otro grave problema: el monto de las pensiones.

Repito que el estatuto administrativo contempla claramente que salir de la administración pública es un hecho voluntario, por lo que debemos rechazar el artículo 86.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET (vía telemática).-

Señor Presidente, ya lo han expresado algunos colegas, pero no quería dejar de mencionarlo. En la sesión de esta mañana pedí votación separada del artículo 86, porque se pretende hacer una modificación sustantiva, de principios, a las normas del estatuto administrativo. Se crea una causal nueva de desvinculación de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública: el solo hecho de cumplir 75 años de edad. Me parece muy grave y lo vamos a votar en contra, porque es claramente una medida discriminatoria.

Hay actividades donde, por supuesto, se establecen límites de edad, como, por ejemplo, en el Poder Judicial o los notarios, que también forman parte del Poder Judicial como auxiliares, pero se trata de funcionarios públicos que están en el tope de sus carreras, que administran justicia y que, por lo demás, jubilan muy bien económicamente. Aquí estamos hablando de funcionarios comunes y corrientes, que muchas veces se quedan en la administración pública hasta una edad bastante avanzada por necesidad, por sus hijos, por sus nietos, en fin. Así que, reitero, vamos a votar en contra de esa norma, porque es muy grave establecer en un proyecto de ley de reajuste una reforma de esta naturaleza.

En segundo lugar, el señor ministro de Hacienda, en reiteradas oportunidades, ha dicho en la prensa que el bono a los trabajadores del sector salud, quienes han dado una lucha digna y valiente contra la covid-19, lo han pedido parlamentarios de derecha, y lo ha reiterado en varias oportunidades.

Al respecto, quiero pedir al ministro que revise las solicitudes de la Federación Regionalista Verde Social y de otros partidos de oposición, puesto que lo mismo se lo pedimos en marzo y en abril. Está muy bien que lo haya pedido la derecha, la izquierda y que lo hayamos pedido todos, pero estamos hablando de recursos públicos, y ese bono -tan merecido ha sido pedido por todos y no solo por un sector político. Por ello, le pido que revise los antecedentes, porque en sus intervenciones, una y otra vez, ha señalado algo que me parece al menos incompleto, y no es la primera vez que lo hace.

Está tratando de llevar agua a su molino, y tiene derecho a hacerlo, pero yo también tengo derecho a señalar la exacta realidad. Entiendo que los regionalistas fuimos los primeros que lo pedimos; para comprobarlo, solo hay que revisar los oficios.

En tercer lugar, lamento mucho que los trabajadores y trabajadoras de Atacama, que hace algunos años lograron un importante reconocimiento, con el bono Atacama, ahora vean que este se mantiene solo para un sector de los trabajadores y no sea el bono que recibían todos los trabajadores y en una dimensión mucho más amplia que ahora. Ese bono se les quitó hace mucho tiempo, en 2018. Por eso, lamento mucho que hoy no se corrija eso.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Issa Kort .

El señor KORT.-

Señor Presidente, saludo al ministro de Hacienda y al subsecretario de la cartera.

Quiero destacar y reconocer el esfuerzo que han hecho todos los actores, tanto los representantes de los trabajadores como también los del gobierno. Asimismo, valoro la actitud que ha tenido el Parlamento. Lo digo, porque es muy fuerte, es muy violento votar en contra la idea de legislar un reajuste al sector público en un año tan complejo como el que está viviendo el mundo entero, donde Chile, obviamente, no es la excepción. Ese optimismo o ese idealismo que a veces tienen algunos miembros de la oposición no acompañan ni ayudan a la realidad que vive el Estado de Chile.

Hoy estamos discutiendo un reajuste distinto, con indicaciones, con artículos nuevos, que recogen peticiones efectuadas desde el Parlamento. Por eso, como ya señalé, quiero destacar el esfuerzo, el trabajo y el ánimo de buscar consensos. Sin embargo, quiero detenerme en un punto.

A todos nos pasa que nos especializamos en ciertos temas y que concurrimos a determinadas comisiones donde tenemos más cercanía y llegada con quienes participan en ellas. Esa es la razón por la que trabajé muy de la mano con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones ; con el subsecretario, Alejandro Weber , y con el director de Presupuestos, Matías Acevedo , ante los que reafirmamos una solicitud formal que hicieron el canciller, Andrés Allamand ; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia , y la Asociación de Diplomáticos de Carrera, en el sentido de concretar y cerrar un proceso histórico que regía desde 1978 respecto de las designaciones, ascensos y demás resoluciones relativas al personal del servicio exterior. La ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores, promulgada en el segundo período de la entonces Presidenta Bachelet , tarea en la que reconocemos especialmente el liderazgo del entonces canciller Heraldo Muñoz , estableció que el proceso de ascensos de los diplomáticos debe ser por concurso. Sin embargo, por distintos motivos, la toma de razón de las bases de ese concurso, así como el reglamento de la ley de modernización del servicio exterior, no habían podido estar disponibles, por lo que la Contraloría no podía tomar razón de los mismos, lo que estaba retrasando el proceso natural de ascensos de once diplomáticos de carrera, en un servicio que, insisto, es jerárquico, pero también meritocrático.

En ese sentido, reconocemos la voluntad del gobierno, que ha incorporado un nuevo artículo 89, para que la provisión de las vacantes de ascensos disponibles al 31 de diciembre de 2020 para las categorías de consejero o cónsul general de segunda clase de la planta del servicio exterior se realice conforme a las normas aplicables con anterioridad a la entrada en vigencia de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 25 del decreto con fuerza de ley Nº 33, de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores, siempre que se provean entre la publicación de la presente ley en proyecto y el 28 de febrero de 2021, ambas fechas inclusive.

Además, se establece que los cargos que queden vacantes en esas categorías a partir del 1 de enero de 2021 se proveerán a través del procedimiento concursal que establece el citado numeral 4 del artículo 25, que se convocará conforme a dicha norma y su reglamento.

Agradecemos enormemente la voluntad, la disposición y el análisis que se ha llevado a cabo. Insistimos en que la Contraloría General de la República ha tomado razón de las bases y del reglamento, por lo que a partir del 1 de enero del próximo año podrán efectuarse los concursos como la ley establece.

Agradecemos y reiteramos nuestro reconocimiento al ministro, al subsecretario, al director de Presupuestos, pero de manera muy especial a Carolina Valdivia , subsecretaria de Relaciones Exteriores, y al presidente y a la vicepresidenta de Adica, con quienes más tuve contacto.

Por último, agradezco el compromiso de otros parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores, particularmente del diputado y vicepresidente de la Corporación señor Francisco Undurraga . Sabemos que en el Senado también hubo peticiones al respecto.

Esta ley generará una modernización en la cancillería, pero también el cierre de un ciclo, como corresponde.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, quiero saludar en esta instancia a todos los gremios de Chile y a todos los trabajadores, independientemente de si se encuentran encasillados en plantas o sirven en calidad de a contrata o a honorarios, y más allá de las diferencias que se puedan generar al alero de esta discusión.

Quiero reconocer a dos mujeres de mi distrito que han estado en primera línea durante esta pandemia: Patricia Valdera , presidenta de la Fenats, y Gabriela Flores , presidenta de la Confusam, las que nos han acompañado durante este proceso, peleando junto a otros gremios de la salud. Ello es necesario en el momento complejo en que nos encontramos. Nos habría gustado que el esfuerzo fuera mayor, pero aún nos queda espacio de negociación en el Senado. Por eso, invito al gobierno a clarificar muchos de los temas con los que se comprometió en la Comisión de Hacienda.

Aprovecho de saludar a los miembros de la Comisión de Hacienda, especialmente a nuestro diputado José Miguel Ortiz . Como dije, todavía hay mucho por clarificar. Me refiero específicamente al tema relacionado con los trabajadores de la salud que sirven a honorarios y a la entrega del bono covid-19. El tema fue instalado por parlamentarios de oposición y del oficialismo para que el Ministerio de Hacienda tomara cartas en el asunto. Hoy existe un compromiso, pero queremos que de aquí a marzo se convierta en una realidad.

Ingresamos una indicación que se relaciona con el incentivo al retiro para los funcionarios de Gendarmería de Chile. Todo el sector público ha tenido dificultades en relación con esa materia. Por eso, incorporamos una indicación para que ese proceso fuera voluntario. El Ministerio de Hacienda se comprometió a analizar aquello. Espero que también pueda darle solución a esa problemática.

Luego, la diputada Sepúlveda va a ingresar una indicación, que vamos a apoyar, que tiene que ver con la dignidad de los trabajadores del sector público. Me refiero al bono que está ofreciendo el gobierno, que se concretará en dos pagos y cuyos montos a percibir serán proporcionales al tiempo trabajado en los seis meses inmediatamente anteriores al pago. Hay mucho por hacer.

Asimismo, el gobierno o su Ministerio de Hacienda deben clarificar qué va a pasar con el bono de vacaciones. Entiendo que se perdió en la comisión, por lo que es necesario saber qué pasó con ello.

Por último, quiero hacer un llamado al Senado para que recoja los planteamientos del sector salud, que algunos acá señalan que no ha tenido ninguna merma. Se equivocan, porque muchos de quienes trabajan en ese sector, para estar en primera línea, han debido gastar muchos recursos. Ellos han comprometido no solo su vida, sino también la de sus familias. Así que espero que no sigamos utilizando ese discurso, porque lo que se señala no es verdad. Hay mucho compromiso en el sector público. También lo digo como Presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.

Vamos a aprobar el proyecto, pero con los alcances que ya señalé.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, los gremios del sector público han dado una lucha constante. Por eso, quiero hacer un reconocimiento a los gremios de la salud, en particular al presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), don José Pérez ; a la presidenta de la Confusam, señora Gabriela Flores -a quien saludo con mucho cariño-, y al presidente de la Confusam de la Región de O’Higgins, Álex Ramírez . Ellos han estado muy preocupados por la tramitación del proyecto y se han movilizado social y políticamente para lograr mejorías en una iniciativa que era tremendamente insuficiente e indigna, considerando que como país y como sociedad estamos viviendo un momento muy especial.

Los trabajadores y trabajadoras han instalado el tema del poder adquisitivo, ya que es muy importante no perderlo, sobre todo en estos difíciles tiempos de crisis, evitando, así, retroceder en relación con años anteriores y respecto de derechos laborales adquiridos.

Por eso, en una primera instancia rechazamos el proyecto, y volvimos a hacerlo esta mañana, puesto que el Senado nos lo devolvió en las mismas condiciones en que se lo remitimos. Lo que se ha visto durante el día es una intensa negociación en el seno de la Comisión de Hacienda, donde se lograron avances importantes, los cuales, por cierto, no son suficientes, no son todo lo que querían los gremios y los trabajadores, no son todo lo que queríamos la oposición y la bancada del PPD, pero sí son avances importantes que hay que reconocer; porque cuando se amplía el estándar y el tope de remuneración mensual para aplicar el reajuste de 2,7 por ciento, de 1.500.000, como estaba originalmente, a 2 millones de pesos, y de ahí para arriba aplicar un reajuste de 0,8 por ciento, en definitiva se mejora el poder adquisitivo de un grupo que estaba quedando fuera en relación con lo que venía en el proyecto original, y se abarca al 90 por ciento de los trabajadores.

Obviamente, se quería un reajuste mayor. Sin embargo, lo que se está haciendo prácticamente es mantener el poder adquisitivo; incluso, en algunos casos, se retrocede un poco. Pero eso es lo que estuvo dispuesto a ceder el gobierno en esta tramitación.

Respecto de los derechos laborales, obviamente que no nos conformamos con un bono de vacaciones de 50 por ciento del entregado este año; queríamos más: que fuera del ciento por ciento del entregado este año.

Tampoco nos conformamos con un bono de término de conflicto de 50 por ciento del entregado en el reajuste anterior, pero el proyecto original venía con cero bono de término de conflicto; al menos, se logró avanzar en 50 por ciento, lo que, más el reajuste, permite que se reconozca como derecho laboral adquirido el bono de término de conflicto, cosa que es muy importante para no retroceder a fojas cero respecto de años anteriores.

Obviamente, esperamos que el Senado pueda seguir la negociación y mejorar esos aspectos. Además, esperamos que el compromiso de bono para los trabajadores de la salud, que se ha mejorado, porque se establece el compromiso de incorporar a los trabajadores a honorarios con siete meses de antigüedad y jornada completa, pueda incluir también a los funcionarios del Instituto de Salud Pública (ISP), del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), del Ministerio de Salud (Minsal), de los hospitales institucionalizados, y al personal civil de los centros de salud de Capredena y Enaer , que son funcionarios civiles que están pendientes de la posibilidad de ser incorporados a este beneficio.

Esperamos que el Senado no termine la negociación en este punto, y que el proyecto se pueda seguir mejorando para dar dignidad a todos los trabajadores del sector público.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren .

El señor EGUIGUREN.-

Señor Presidente, parto mi intervención enviando un saludo a Clara Olivares, presidenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de mi Región de Coquimbo. Hace algunos días, ella me llamó para decirme: “Diputado, por favor, le pido que no perdamos el poder adquisitivo”.

Creo que, considerando todo lo que buscaba conseguir, hoy ella debe estar contenta, porque, sinceramente, entiende que el país está en una situación compleja, que no están los tiempos ni los recursos para solicitar lo que, en justicia, uno cree que le corresponde. Sin embargo, aun así, ella solo me pidió no perder o mantener el poder adquisitivo.

Por eso, siempre debemos resaltar que el diálogo y la voluntad de llegar a acuerdos, a puntos de encuentro, son el mejor de los caminos, porque no ganamos nosotros los parlamentarios ni el Ejecutivo, sino que gana la ciudadanía, las personas que lo están pasando mal.

Hoy, gracias a esa voluntad de diálogo y de acuerdo, se va a aplicar un reajuste de 2,7 por ciento a los sueldos no solo de hasta 1.500.000 pesos, sino de hasta 2 millones de pesos. Eso fue posible porque hubo voluntad de ceder y de lograr un punto de unidad.

Sin embargo, hoy no puedo estar completamente contento, porque sé que a la oposición le molesta que hayamos pedido un bono para el personal de la salud. ¡Da lo mismo quién lo pidió! Lo que importa es quién lo recibe. Lo van a recibir las personas que están en la primera línea de verdad, real, en la que se construye y no se destruye; lo va a recibir el personal de la salud, al cual pregunté: ¿Por qué ustedes tienen que recibir este bono? Quería conocer de parte de ellos su impresión. Ellos me dijeron: “Porque hemos trabajado exponiendo la vida de nuestros familiares; porque en ocasiones hemos usado los elementos de protección personal más de un mes; porque trabajamos bajo presión las 24 horas del día; porque la mitad de los trabajadores han debido acogerse a licencias, a permisos especiales, y los hemos tenido que suplir, porque esos cupos no se han reemplazado en un ciento por ciento; porque aquí se trabaja sin descanso, y porque hay personas que están fuera desde el 18 de marzo y de ellas no se ha sabido nada”.

En fin, existen miles de razones que permiten entender que este bono está mucho más que justificado. Este bono no es mérito nuestro, sino del personal de la salud de todo Chile, pero específicamente me refiero al de la Región de Coquimbo. A todos ellos les doy las gracias. Qué merecido tienen este bono, porque, de verdad, se han entregado por todos nosotros.

No obstante, me gustaría que se revisara este beneficio y se incorporara a los que quedaron fuera, pero especialmente a quienes son funcionarios del Hospital Penitenciario, a funcionarios del área de salud de Gendarmería que han hecho lo imposible para mantener sanos a quienes atienden. Ellos me han pedido transmitirles a todos que, ojalá, logremos incorporar a quienes han quedado fuera de este bono tan justificado.

Finalmente, cabe decir que no es poco que el 90 por ciento de los trabajadores del sector público mantengan su poder adquisitivo. Siempre vamos a querer más, pero estamos en la mitad de una pandemia a la que, desgraciadamente, le queda un largo trecho por caminar, porque todo parece indicar que no se acabará muy pronto.

Gracias al sector público, porque ha empatizado con el resto del país, sabiendo que todos debemos poner de nuestra parte para sacar adelante esta situación; gracias al gobierno, ya que siempre tuvo esa voluntad de diálogo; gracias a los parlamentarios que han hecho lo posible para que, al final del día, no gane uno u otro, sino Chile, el sector público y los ciudadanos.

Ojalá que cuando vuelvan los tiempos normales, también haya ese reajuste que todos quisiéramos que tuviera el sector público.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, estamos terminando una nueva etapa de discusión de este proyecto. Por supuesto, hay una gran expectación por lo que se está haciendo.

Agradezco el trabajo de nuestro compañero Daniel Núñez , quien ha puesto todo su esfuerzo para que nuestro pueblo, nuestros trabajadores y trabajadoras tengan los incentivos y las respuestas que necesitan.

Durante la mañana de hoy, en la sesión de la Comisión de Hacienda, se aprobó en particular desde el artículo 1 hasta el artículo 87, más las indicaciones del Ejecutivo. Desde el artículo 1 hasta el artículo 33 se aprobó modificar el tramo salarial a partir del cual se aplica el reajuste a los sueldos, desde 1.500.000 a 2 millones de pesos.

Se rechazó el bono de vacaciones propuesto por el gobierno al ser insuficiente; se agregó el bono covid-19 de 200.000 pesos para los trabajadores y trabajadoras de la salud; no se incorporó a trabajadores a honorarios en el texto, pero se realizó el compromiso de otorgar el beneficio a los trabajadores a honorarios que hayan trabajado más de siete meses con jornada completa en el servicio público.

El artículo 89 propone que para el 2021 se mantenga la normativa antigua de ascensos de cónsules, y que luego se vuelva al sistema nuevo, hasta que se desestanque el sistema de ascenso.

En el artículo 91 se aprobó el bono de término de conflicto, ascendente al 50 por ciento del monto de los bonos entregados por este concepto los años anteriores.

La negociación por el reajuste, desde el rechazo en general por parte de la Cámara de Diputados, posibilitó un escenario en el que el gobierno se vio obligado a abrir la conversación para incrementar la cobertura del reajuste a un mayor tramo de ingresos, desde 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos como corte, y para considerar el bono para los trabajadores de la salud y el bono de término de conflicto.

Por otro lado, con su negociación, el gobierno forzó a tal punto para invisibilizar los compromisos previamente adquiridos en la discusión del presupuesto y que no forman parte, hasta ahora, de la parte miscelánea de la iniciativa, como fue el bono para las manipuladoras de alimentos, para los asistentes de la educación o la compensación de remuneraciones para los conductores del transporte público en regiones por aplicación de subsidios.

Además, subsisten puntos que para nosotros son críticos, tales como la posibilidad de traspasar recursos fiscales desde el Banco Estado a la banca privada, la incorporación de una causal de despido amplia -típica del sector privado en el Sename por necesidades del servicio, el seguro para la defensa judicial de Carabineros y el traspaso de comités Corfo y otros ministerios.

Hemos pedido votación separada del artículo 25, sobre el bono de vacaciones, equivalente al 50 por ciento de los bonos anteriores; del artículo 45, sobre traspaso de personal desde la Corfo al Mincyt; del artículo 46, sobre traspaso del personal desde la Corfo a la Segpres; del artículo 52, sobre regulación del teletrabajo y el derecho a desconexión por el jefe de servicio; del artículo 53, también sobre regulación del teletrabajo y el derecho a desconexión por el jefe de servicio; del artículo 82, sobre pago del seguro de defensa jurídica de Carabineros, y del artículo 86, sobre declaración de vacancia para trabajadores de la administración del Estado mayores de 75 años de edad.

Quiero desdramatizar esta discusión. Lo que tenemos que hacer es ganar permanentemente derechos y recursos para los trabajadores y las trabajadoras, lo que ha sido muy difícil.

Sé de los esfuerzos realizados; he estado presente en las comisiones de Hacienda y de Trabajo, he estado siguiendo la discusión de este proyecto de ley y creo que no podemos sacar cuentas tan alegres como las que están sacando algunos. Tenemos que seguir mirando la realidad fuertemente y con claridad.

El Estado debe seguir creciendo y trabajando mucho más por sus trabajadores y trabajadoras. Por tanto, no saquemos cuentas alegres.

Sigamos la tramitación con tranquilidad, con mucha paciencia y tratemos de hacer hasta lo imposible para conseguir más beneficios para los trabajadores y trabajadoras del país.

Agradezco la discusión que tuvimos en la Comisión de Trabajo con el diputado Tucapel Jiménez , con la diputada Alejandra Sepúlveda y con todos los miembros de esa comisión. También asistí a las sesiones de la Comisión de Hacienda.

Insisto en que tienen razón los que plantean que hay que ir con calma. No se saca nada con discursos en un tono heroico. Aquí se habla mucho de la primera línea. ¿Cuál primera línea? ¿La que ha sido capaz de defender? ¿La que ha sido capaz de contener el apetito permanente de los que están por que el mercado sea el regulador de todo?

Debemos tener mayor preocupación por las personas que trabajan en los hospitales. Esas personas necesitan mayor preocupación de parte de nosotros, y mayor preocupación del ministro Briones y de los demás ministerios. Esto no se va a resolver con maniobras de este tipo, diciendo que estamos todos unidos. Eso no es cierto y todo este pueblo lo sabe. Tenemos que acercarnos más a la verdad, a la realidad, y eso no se logra haciendo ese tipo de gestos permanentes, porque nuestro pueblo sabe leer lo que está pasando, sabe claramente quiénes están aquí y para qué están aquí.

Agradezco nuevamente a mi compañero Daniel Núñez por su sacrificio y por su permanente preocupación en la Comisión de Hacienda por lograr mejores y mayores posibilidades para los trabajadores y las trabajadoras.

Es cierto que nos han obligado a llegar a acuerdos; no es la mejor manera discutir así. Agradezco a los trabajadores y las trabajadoras que están representados en la mesa del sector público, pero hay muchos más que no están siendo representados en este momento y que merecen ser representados y estar aquí con sus propias voces. Hay que seguir trabajando en eso.

Muchas gracias a la Cámara por la posibilidad de llegar hasta aquí y permitirnos decir lo que tenemos que expresar.

Estamos de acuerdo en que hay que seguir avanzando. Y ojalá, palabra que significa “quiera Dios” o “quiera Alá”…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN [vía telemática].-

Señor Presidente, el nombre de la canción: “Alguien tiene que decirlo”.

¿Quiénes están contentos con este reajuste? La DC, los radicales, el PPD, la neo Concertación. ¿Por qué están contentos, si esta es una porquería de reajuste? Más encima, estamos chantajeados, pues si no se da esta porquería, los trabajadores se quedarían sin nada.

Se dice que el gobierno, más precisamente el Presidente Piñera , es el enterrador. Así lo dice Alberto Mayol , pues enterró a la derecha, el 20 por ciento; enterró a las AFP, enterró a Carabineros auspiciando la violencia sin límites, con muchas víctimas y ojos definitivamente rotos; enterró a las Fuerzas Armadas por dejarles caer la corrupción.

Y la oposición neo concertacionista de la DC, PPD, socialistas y radicales enterraron a la oposición.

¿Cómo se llama la canción?: “Alguien tiene que decirlo”.

Más encima, esta porquería de reajuste se entrega en un tiempo tan malo. Esta es una pésima canción que se llama “Alguien tiene que decirlo”.

Gracias por dejarme decirlo.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, sin duda, todos quisiéramos más, pero en el contexto del país en que vivimos, de las dificultades que tenemos, creo que, desde el rechazo en general que tuvo la propuesta del gobierno hasta lo que se ha logrado hoy, es claramente distinto el escenario.

Esto nos permite comenzar a dar respuestas claras a quienes han merecido un mayor apoyo. Hablo de los funcionarios públicos en general, especialmente de los trabajadores de la salud. El hecho de que hoy tengamos un reajuste, con un tope de remuneración de 2 millones de pesos, de 2,7 por ciento, sin duda es un avance.

Tenemos que reponer el bono de vacaciones. Por eso quiero decir al subsecretario de Hacienda, con quién hemos conversado, que se le reconoce el hecho de que, por este error que se ha cometido en el rechazo del bono de vacaciones, efectivamente se va a reponer ahora.

Luego, se otorgará un bono de 62.817 pesos y de 43.814 para las rentas más altas.

Además, también quiero agradecerle que estén incorporados los cinco puntos que hoy permiten terminar con la odiosa discriminación hacia funcionarios policiales, que van a poder ascender; los asistentes policiales podrán sentirse verdaderamente incorporados a la institución, las cuatro subdirecciones van a ser consideradas, va a reconocérseles el título universitario y se van a poder incorporar nuevas especialidades.

Pero en el tema de salud quiero hacer un punto que, en lo que queda, debería aclararse y resolverse.

En primer lugar, me preocupa muchísimo si el bono de 200.000 pesos contemplado para los trabajadores de la salud alcanzará a ser entregado, por un monto exactamente igual, a los trabajadores de los hospitales y de la atención primaria. Existe el compromiso verbal de agregar al personal a honorarios y a los funcionarios externos que hacen la misma pega de los funcionarios de planta. Me refiero a los TENS, a las enfermeras, a los tecnólogos, a los administrativos y a los médicos que son funcionarios externos y que también están luchando contra la covid-19. No obstante, planteo esta inquietud porque lo que no queda estipulado por escrito, con plazos determinados, se tiende a olvidar. Eso debe quedar absolutamente claro antes de que se apruebe este proyecto de ley.

Además, quiero saber qué pasa con los trabajadores civiles de los hospitales institucionales. Se debe dar una respuesta definitiva a los funcionarios de esas instituciones.

En verdad me alegro de haber llegado al punto en que estamos…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull .

El señor ROCAFULL.-

Señor Presidente, no sé a qué se debe el miedo o el reproche que genera el debate de puntos de vista diferentes. No obstante, creo que lo importante es que aquí, como representantes de diferentes corrientes políticas, nos hicimos parte de la demanda de los trabajadores y trabajadoras del sector público.

Son ellos quienes tal como hoy, desde muy temprano, han estado día a día afuera del Congreso Nacional con la finalidad de manifestar sus demandas y para luchar por todos los trabajadores y trabajadoras del país. Por eso, quiero hacer un reconocimiento al gran trabajo que han hecho las dirigentas y los dirigentes nacionales.

En concreto, de una vez por todas se está poniendo orden en este proyecto de ley, de modo que considero muy malos los ejemplos citados por el diputado Patricio Melero respecto de algunas decisiones del Tribunal Constitucional.

Ese organismo registró un empate en la votación para declarar inconstitucional el segundo retiro del 10 por ciento, pero quien dirimió ese resultado fue una extrabajadora del Presidente Piñera , quien por supuesto apoyó la hipótesis de su requerimiento; fue una decisión política. De allí que el Tribunal Constitucional actuó como una tercera cámara. Esa es la razón por la que es muy desafortunado el comentario del diputado Melero .

Estoy consciente de que en la tramitación de este proyecto se ha efectuado un gran trabajo y un gran esfuerzo, tanto de la comisión como de los ministros de las carteras respectivas, pero todavía tenemos algunas dudas.

Hoy existe el compromiso de incluir como beneficiarios de lo que dispone esta iniciativa a los trabajadores a honorarios, pero tal compromiso no figura en esta propuesta. Considero que esa situación es complicada, porque todos sabemos que en el sector público los trabajadores a honorarios a veces deben hacer más trabajo que todos para cuidar su pega, ya que no tienen derecho a vacaciones y en algunos casos tampoco a descanso. Es decir, a pesar de que ese sector de funcionarios debe trabajar más que todos, siempre se les ha tratado como el pariente pobre del servicio público.

Por lo tanto, hubiese sido importante dejar establecida hoy la inclusión de esos trabajadores. Desconozco la razón por la que no se hizo, pero tengo entendido que existe un compromiso en tal sentido, el cual se deberá analizar.

Otro aspecto que me preocupa es el referido al de los asistentes de la educación, los que desde hace mucho, no solo hoy, con motivo del debate de este proyecto de reajuste de remuneraciones para los trabajadores del sector público, vienen peleando por sus logros y por las conquistas que han obtenido, respecto de las que no se les ha retribuido como corresponde.

Por ejemplo, en la región que represento, la de Arica y Parinacota , todavía los tramitan, en forma reiterada, para el pago de beneficios que están ganados y que se encuentran contemplados en el Estatuto Administrativo.

De allí que es importante lo que han dicho los integrantes de la Comisión de Hacienda, en el sentido de que existiría el compromiso de analizar esa situación, y espero que dicho compromiso quede plasmado en alguna parte, porque en verdad nos interesa que los asistentes de la educación, así como los trabajadores que hoy están contratados a honorarios en el sistema de salud, que trabajaron tanto como cualquier otro funcionario de ese sector, incluso más que muchos de ellos, también sean merecedores de este bono.

Por último, quiero señalar que la manera como se quiere obligar a jubilar a los funcionarios mayores de 75 años de edad me parece que es una tremenda discriminación. No lo podemos aceptar, de manera que pediremos votación separada del artículo respectivo.

Agradezco los esfuerzos que se han hecho en la tramitación de este proyecto y me parece bien que en el debate haya primado el diálogo, pero todavía estamos siendo injustos con los funcionarios públicos que no están siendo incluidos con los mismos beneficios que el resto.

Por eso, sería importante que el gobierno diera una señal potente en el sentido de retirar de la Contraloría los despidos que se cursaron, porque en esta discusión solo se ha hablado del reajuste de remuneraciones de los trabajadores públicos, pero nada se ha dicho respecto de los despidos que se han llevado a cabo en ese sector, quienes no recibirán ningún tipo de reajuste ni sueldo.

Creo que sería un bonito gesto de parte del gobierno, dado el momento que estamos viviendo por la pandemia, que se considerara a quienes han sido desvinculados de dicho sector, porque cuando discutimos el proyecto de ley de presupuestos no se llevó a cabo la reducción presupuestaria respectiva.

Nos sorprende negativamente que funcionarios con diez, doce o quince años de servicio hayan sido desvinculados del sector público, quienes, como todos sabemos, recibirán cero pesos de indemnización.

En consecuencia, apelo a que se busque alguna forma de resolver los problemas que se generarán para los trabajadores y las trabajadoras que la próxima semana quedarán sin empleo.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, quiero recordar a la oposición por qué estamos aquí. Estamos aquí porque hace una semana se rechazó la idea de legislar, se rechazó la idea de que pudiéramos negociar dentro de la comisión muchas cosas; se perdió tiempo. No obstante, por la insistencia del gobierno, por la insistencia del ministro de Hacienda, se logró que este proyecto, que fue mejorado, volviera a ser puesto en tabla en el Senado. Eso obligó a que lo votáramos hoy por la mañana y que se continuara con su tramitación.

Las mejoras de que fue objeto la iniciativa tuvieron su origen a partir del triángulo virtuoso logrado entre los gremios, el gobierno y el Parlamento. ¿Por qué? Porque todos han cedido parte. Creo que en las negociaciones eso es lo que pasa cuando se tiene como objetivo que los trabajadores del sector público salgan beneficiados.

En este año de pandemia, en el que se han venido abajo los ingresos fiscales, ha aumentado tanto el endeudamiento como el desempleo, así como el número de empleados fiscales, como en el caso de la Región de La Araucanía.

En ese sentido, aprovecho de hacer un reconocimiento a la señora Teresa Saavedra , dirigenta del hospital regional, que me decía: “Diputado, no le afloje al bono que nosotros hemos estado trabajando incansablemente por toda mi gente”.

¡Señora Teresa, acá está el beneficio! ¡Acá está el bono especial covid-19, por un monto de 200.000 pesos, que se dará como reconocimiento a todos los trabajadores de la salud por haber estado en la primera línea! ¡Acá está el beneficio que se les entregará como reconocimiento por estar sometidos aún a ese nivel de estrés! Ese es el caso de los trabajadores del hospital regional de La Araucanía, establecimiento que tiene más del 95 por ciento de ocupación, el que se entregará también a los trabajadores a honorarios desde hace siete meses, me refiero de diciembre hacia atrás. Por eso creo que es un gran logro que hizo el ministro de Hacienda con los siete gremios unidos en esta iniciativa.

Asimismo, quiero destacar el aumento de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos para el tope de 2,7 por ciento de aumento de remuneraciones. Quienes ganen un sueldo superior a ese monto el reajuste ascenderá a 0,8 por ciento. Para el bono de vacaciones también se subió el tope, pero el artículo respectivo se rechazó en la comisión. Si bien en dicha instancia nadie votó en contra, se abstuvo una cantidad suficiente de diputados para que no contara con el quorum requerido para aprobarlo. Espero que ahora se apruebe en Sala.

En cuanto al bono de término de conflicto, es importante establecer que para los trabajadores cuya remuneración líquida sea igual o inferior a 721.187 pesos el monto será de aproximadamente 98.000 pesos.

Me quiero referir a la disposición que establece un techo para el otorgamiento del IFE. Todos anuncian que vendrá una segunda ola de la pandemia en enero, febrero o marzo, de manera que será necesario que el gobierno -en este caso, el ministro de Hacienda vuelva a activar el IFE.

Por lo tanto, no podemos tener un techo por regiones, sino, a lo mejor, un IFE universal para todo el país.

También es muy importante, sobre todo para la Región de La Araucanía, lo que sucederá con Carabineros. Es bueno que a través de la oficina de bienestar de Carabineros de Chile se pueda contratar un seguro para defensa jurídica, como habíamos conversado con el ex general director de la institución, quien estaba viendo la forma de hacerlo. Dicho seguro permitiría que los carabineros pudieran cumplir su misión sin peligro de que después deban vender los muebles o su casa para pagar una buena defensa jurídica.

Me parece muy importante lo que se ha avanzado en esta materia. Es una propuesta redondita, así que espero que la aprobemos por unanimidad, como dijo un diputado por ahí.

También es importante aclararle al diputado Auth que es efectivo que los diputados de Chile Vamos pedimos al ministro el establecimiento de un bono covid para la gente de los servicios de salud, tanto primarios como secundarios. Me parece que habla bien del ministro el que haya acogido el planteamiento para estudiarlo, de modo que saque las cuentas y vea los números, porque, como muchos de ustedes saben, los ministros de Hacienda suelen ser devotos de la virgen del puño. Pero de repente abren el puño y logramos sacar algunos bonos que ayudan a mejorar la situación de las personas.

Eso habla bien de la negociación que hemos hecho y da cuenta de que es posible transar y llegar a acuerdos en el Congreso, sobre todo si consideramos que la oposición, después de una negativa absoluta a querer considerar este proyecto, hoy se sumará para construir la mayoría que permita despachar definitivamente este reajuste de remuneraciones para los trabajadores del sector público, que aunque algunos considerarán escaso, hay que valorarlo conforme a la realidad que vive el país. El hecho de que los trabajadores del sector público no pierdan su poder adquisitivo es algo positivo.

Asimismo, me parece importante el aumento sustantivo que habrá en materia de bonos, en los bonos de término de conflicto, en los de vacaciones y en los que corresponden a los ítems de siempre, que vienen reajustados.

Así que, señor Presidente, no debemos retrasar más esta iniciativa; votémosla con prontitud y esperemos que mañana el Senado apruebe lo que nosotros le despachemos y no se ponga creativo y dé lugar al tercer trámite, a fin de que el proyecto se convierta en ley y este mes se puedan pagar los bonos, el aguinaldo y los salarios reajustados a los trabajadores del sector público.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON (vía telemática).-

Señor Presidente, la verdad es que siento que no hay nada que celebrar el día de hoy. Esperaría un poquito más de humildad del gobierno y del oficialismo respecto del resultado al que llegamos hoy, porque, básicamente, este proyecto que estamos votando trae una mala noticia para quienes sostienen los servicios públicos: miles de trabajadores y trabajadoras del sector público no tendrán un reajuste suficiente de sus salarios como para mantener su poder adquisitivo, ya que se verá disminuido por efectos de la inflación. Hay trabajadores y trabajadoras que perderán plata respecto de lo que ganaban el año pasado.

Por lo tanto, partiría por reconocer que no es una buena noticia lo que estamos por aprobar. Ello, a pesar de la presión que se ha ejercido, principalmente por parte de los gremios, pero también de quienes rechazamos este proyecto en general, para que el gobierno tuviera no solo que insistir, sino cambiar su posición inicial, que fue sumamente soberbia, y que consistía, básicamente, en que los funcionarios públicos debían agradecer que al menos mantenían sus puestos de trabajo, no como el resto de Chile, que está desempleado.

Ese fue el tono con que partieron este debate el gobierno y el oficialismo. Recuerden que fue así como partió la discusión, con el oficialismo diciendo que el resto de los trabajadores no tienen trabajo y, por lo tanto, los trabajadores del sector público debían pegarse con una piedra en el pecho porque mantenían sus empleos, desconociendo con ello todo los esfuerzos que han realizado durante estos meses y la adaptación a la que se tuvieron que someter en razón de las nuevas condiciones de trabajo. A ello debemos agregar el sufrimiento que están viviendo muchas familias, independientemente de que uno de sus integrantes sea servidor público y pueda mantener su empleo.

En ese sentido, a partir de la presión que se ha generado en distintos ámbitos, logramos que el gobierno aumentara el tramo de reajuste hasta los 2.000.000 de pesos, al igual que el tramo para la entrega de los bonos covid.

Más allá de que hoy, en un intento de provocación bastante burdo, se intente atribuir dicho avance al sector oficialista o a cualquier sector, debemos reconocer que esta es una demanda de las trabajadoras y los trabajadores que viene desde junio. Entonces, que ahora alguien se atreva a decir que gracias al oficialismo se creará el bono es, a lo menos, insostenible. No sé, pero me parece que quedan en ridículo al decirlo. Obviamente, no se lo creen ni ellos, porque saben que no es así, pero irrita y saca del clima de posible diálogo positivo el que intenten pasar gato por liebre de una forma tan burda, con una mentira como esa.

A pesar de que hay quienes creen que el “miente, miente, que algo queda” puede resultar en algunos sentidos, creo que es más lo que daña que lo que aporta, no solo en cuanto a la honra personal, sino respecto de la honra de este espacio, el Congreso Nacional, cuando se incurre en esas mentiras deliberadas.

No obstante, todavía hay ciertas dudas respecto de este bono, que, en principio, beneficiará a las personas que están en planta o a contrata. Hoy, en la Comisión de Hacienda, el gobierno comprometió que también se otorgará a los trabajadores a honorarios. Es un compromiso, pero no tenemos claridad respecto de cómo y cuándo se hará efectivo. Lo único que sabemos es que el bono se entregará a personas que tienen, al menos, siete meses continuos de servicio con jornada completa, pero no sabemos a qué tipo de trabajadores y a qué dependencias llegará.

Nos han hecho muchas preguntas personas que quieren saber, por ejemplo, qué pasa con el hospital clínico de la Universidad de Chile o con otras reparticiones y servicios cuyos funcionarios han estado también en la primera línea del combate contra la covid-19.

Legítimamente, las trabajadoras y los trabajadores del sector municipal, que también han estado encima de la pandemia, preguntan lo mismo respecto del bono covid. A ellos y ellas, además de agradecerles, además de los aplausos que muchas veces se han dado, debería dárseles una respuesta, cosa que hoy no ocurre.

Obviamente, es mejor tener algo que no tener nada, pero bajaría el tono de complacencia que he escuchado en muchos de los que han intervenido en este debate, y les pido que no continúen con ese intento de atribuirse falsamente el origen del bono, porque es solo atribuible a la lucha que han dado los gremios.

Lo mismo digo respecto del bono de término de conflicto, que es algo importante que los gremios han solicitado y que hoy se entrega, sin perjuicio de que todavía hay dudas respecto de cómo se administran aquellos beneficios que se logran durante un año, y que, al año siguiente, dejan de contar como piso de negociación. Eso es algo que el gobierno no ha abordado con criterio común, sino que insiste en que no existen pisos de negociación, no obstante que para nosotros resulta obvio que lo alcanzado en la negociación de un año debería servir de base o piso mínimo para la negociación del año siguiente.

Me parece fundamental alertar respecto de que hay solicitudes de votaciones separadas en relación con tres disposiciones, para que, ojalá, podamos no incluirlas en este proyecto de ley de reajuste, que tiene varias cosas misceláneas.

La primera es respecto de Carabineros y la posibilidad de que, a través de su departamento de bienestar, pueda contratar, sin ningún tipo de condiciones, de especificidad respecto del ámbito de acción, seguros para defender judicialmente a sus funcionarios, incluso a los que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Al menos yo, creo que es algo totalmente fuera de las ideas matrices de este proyecto de ley. Además, no debiese estar contemplado para una institución, como poniéndose el parche antes de la herida, en el año en el que más conflictos por derechos humanos ha habido desde el término de la dictadura.

En ese sentido, espero que podamos alcanzar los quorum necesarios para rechazar esa disposición y que quienes cometan delitos, quienes sean imputados por ciertos delitos puedan tener la defensa financiada por el Estado que tienen todas las chilenas y todos los chilenos: la de la Defensoría Penal Pública. La idea es que no tengan un privilegio específico, menos aún quienes hayan tenido que ver con abusos de la posición de poder que ostentan desde el Estado.

La segunda se refiere a un problema súper importante, respecto del cual también alertamos en la comisión. Me refiero a los jaqueos, a la ciber-seguridad en el Banco-Estado y en las cuentas que mantiene la administración pública en dicha institución financiera.

El respectivo artículo, que entró casi colado, podría ser un proyecto de ley completo, por lo que requiere una discusión importante y separada. Estoy completamente consciente de que es fundamental tener un sistema de respaldo, pero si solamente se dejan los titulares, sin ningún tipo de lineamiento específico, sin discutir acerca de cuáles son las medidas de ciber-seguridad que hoy está tomando el Estado en sus distintas instituciones y para resguardar la infraestructura estratégica -por ejemplo, las cuentas bancarias-, el proyecto queda absolutamente corto.

Por último, hay dos postergaciones de leyes relacionadas con la educación, que no debieran ser aprobadas en este proyecto de ley. La primera se relaciona con la ley de inclusión. En efecto, se busca postergar por un año más la fijación de los arriendos de los establecimientos. Recordemos que su monto se obtiene de una fórmula que se acordó en la misma ley de inclusión.

Este tema es muy importante, porque muchas veces se utilizó ese mecanismo para desviar valiosos recursos para la educación. Hoy son pocos los establecimientos que se utilizan para clases presenciales, pero en ningún caso debiera postergarse la fijación de los arriendos, tal como establece la ley.

La segunda se relaciona con lo siguiente: existe la necesidad de que las universidades estatales tengan a contrata o de planta, no a honorarios, al personal que trabaja de manera estable en funciones básicas, como hacer clases y algunas labores administrativas. Eso quedó establecido en la ley N° 21.094, sobre Universidades Estatales, pero hoy nuevamente se propone su postergación, situación que lleva a mantener la precarización laboral.

Así que menos cuentas alegres; más que tener una gran noticia, les debemos disculpas y nuestro agradecimiento a las y a los trabajadores del sector público. Espero que en años venideros, cuando eventualmente exista una mayor recaudación fiscal para enfrentar los desafíos de nuestro país, por ejemplo, exigiendo a los sectores más pudientes un mayor aporte, podamos decirles a las y a los trabajadores del sector público que realmente les tenemos una buena noticia, que sus salarios se van acercando al gran valor del trabajo que ellos entregan a todas las chilenas y a todos los chilenos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, es importante destacar que se ha tratado de mantener un diálogo constructivo, con el fin de ponernos de acuerdo para mejorar las condiciones de las trabajadoras y de los trabajadores del sector público.

Agradezco a todos los funcionarios públicos que han seguido este debate, en especial a los representantes de los gremios que han participado en la discusión, tanto en la Comisión de Hacienda como en la de Trabajo. Destaco de manera especial a José Pérez , presidente de la ANEF.

También me han encargado saludar a los funcionarios del sector municipal, que son primera línea y han estado permanentemente trabajando y ayudando a las personas y a las familias durante esta pandemia.

Más allá de lo que han dicho todos los diputados y las diputadas respecto de lo que se ha logrado en esta negociación, quiero destacar que a veces es bueno votar en contra, porque de alguna manera eso sirve para encontrar puntos de acuerdo y mejorar las condiciones de los trabajadores.

Respecto de las remuneraciones, nos complica el bono de vacaciones y la desigualdad que afecta a las trabajadoras de los jardines infantiles VTF. Espero que en el Senado se busque una solución y se logre mejorar su situación.

En la Comisión de Trabajo hemos calificado a esta ley en proyecto como miscelánea, porque contiene un popurrí de cosas que para nosotros son muy complejas y que nos obligan a plantear una discusión, yo diría casi completa, frente a articulados que son titulares, los que, dicho sea de paso, son bien difíciles de abordar.

Pedí votación separada de los artículos 52 y 53, que tienen que ver con teletrabajo. Ellos se refieren no solo al derecho a desconexión de los trabajadores. Debemos hacernos las siguientes preguntas: ¿qué pasa con en análisis de los puestos de trabajo y los accidentes laborales? ¿Quién paga la luz, el agua, los computadores, internet, etcétera? ¡Es prácticamente una ley completa!

El artículo 70 significó para nosotros una tremenda lucha para lograr traspasar a los trabajadores a honorarios a contrata. Hoy estamos bajando de ocho mil a cuatro mil las personas que esperábamos que fuesen traspasadas a contrata.

El artículo 77 faculta al ministro de Agricultura a realizar ciertos ajustes, materia que, a nuestro juicio, debería pasar por el Congreso Nacional. Al respecto conversamos con el diputado Iván Flores ,

El artículo 78, que dice relación con las cajas de compensación, contiene un solo tema, el cual considero debería ser materia de un proyecto completo, debido a lo que está pasando con las licencias médicas. No es tan fácil decir que en el nuevo estatuto general para las cajas de compensación de asignación familiar se modifica el porcentaje de cotización de 0,6 a 3,1 por ciento. Debiéramos revisar más antecedentes.

A mi juicio, el artículo 86, relativo al despido de los funcionarios públicos mayores de 75 años de edad, con una indemnización equivalente al total de remuneraciones, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis, no corresponde. Desde el punto de vista de los derechos laborales, es muy complicado que puedan jubilar en estas condiciones. Es muy importante que exista un incentivo al retiro.

Agradezco al ministro de Hacienda el artículo 75, relativo a los beneficios de los usuarios del Indap, de una amplia gama, y que habíamos presentado respecto de los tributos.

No me queda más tiempo para intervenir, pero antes de terminar deseo destacar que nos complica lo que ocurre en las universidades no estatales, porque sus trabajadores no están recibiendo los beneficios que han percibido en años anteriores.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, por un minuto y cincuenta y seis segundos, el diputado José Pérez .

El señor PÉREZ (don José) [vía telemática].-

Señor Presidente, sin duda, este ha sido un año difícil para nuestro país, y, por consiguiente, todo ha sido más complejo.

Hemos escuchado y desde aquí saludo con mucho afecto, cariño y reconocimiento a los dirigentes de los distintos gremios a nivel nacional, que representan a todos los trabajadores del sector público, trabajadores que han cumplido eficientemente -todos ellos su labor durante este año tan complejo debido a la pandemia que nos ha afectado duramente.

Hay que decir las cosas por su nombre: hace algunos días, cuando se discutió por primera vez este proyecto, todos los diputados de Chile Vamos lo aprobaron. ¡No vengan a decir que pidieron esto o aquello! Tengamos respeto y fraternidad entre los distintos sectores políticos, pero no faltemos a la verdad, porque eso enturbia nuestra relación, que debe ser fluida, amistosa, prudente y con altura de miras.

Si quienes somos de oposición no hubiésemos rechazado en la oportunidad anterior este proyecto, hoy no estaríamos discutiendo la forma en que se ha avanzado en algunas cuestiones en que parecía imposible avanzar.

También quiero reconocer, con altura de miras, la disposición del ministro de Hacienda al diálogo, a llegar a acuerdos, a entender y escuchar, algo que es tremendamente importante. Lo digo, porque recuerdo a muchos ministros de Hacienda con quienes era muy difícil llegar a acuerdos en la Cámara de Diputados.

En suma, creo que hemos avanzado mucho. Faltan dos o tres puntos importantes en los que habrá que seguir conversando, pero hoy los empleados del sector público pueden estar contentos, porque han contado con el respaldo de todos los parlamentarios para lograr un mejor reajuste, lo que va en beneficio de esos trabajadores y de sus familias.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por dieciocho segundos, el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro) [vía telemática].-

Señor Presidente, agradecer a nuestros trabajadores públicos le da sentido al pasado, trae tranquilidad en el presente y proyecta optimismo en el futuro.

Los trabajadores públicos merecen justicia y dignidad, y los gobiernos deben garantizarlas.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Cerrado el debate.

Los Comités Parlamentarios me han pedido suspender la sesión por cinco minutos, con el objeto de organizar las votaciones separadas que se han solicitado.

Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión: