Labor Parlamentaria

HONORABLE SENADO,

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS:

La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

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El Senado, cámara de origen, en sesión de 6 de enero de 2021, designó como integrantes de la Comisión Mixta a los integrantes de la Comisión de Hacienda, Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma Correa, José García Ruminot, Ricardo Lagos Weber, Carlos Montes Cisternas y Jorge Pizarro Soto.

En sesión celebrada el 7 de enero de 2021, la Cámara de Diputados, por su parte, también designó como miembros de la Comisión Mixta a los Honorables Diputados señora Sofía Cid Versalovic, y señores Giorgio Jackson Drago, Patricio Melero Abaroa, José Miguel Ortiz Novoa y Marcelo Schilling Rodríguez. Con posterioridad, en sesión de 27 de enero la Diputada señora Cid fue reemplazada por el Honorable Diputado señor José Miguel Castro, y el Diputado señor Schilling fue reemplazado por el Honorable Diputado señor Leonardo Soto.

Previa citación de la señora Presidenta del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día 13 de enero de 2021, con la asistencia de sus miembros, Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma Correa, José García Ruminot, Ricardo Lagos Weber, Carlos Montes Cisternas y Jorge Pizarro Soto, y Honorables Diputados señora Sofía Cid Versalovic, y señores Giorgio Jackson Drago, Patricio Melero Abaroa, José Miguel Ortiz Novoa y Marcelo Schilling Rodríguez. En dicha oportunidad, por unanimidad, eligió como Presidente al Honorable Senador señor Pizarro. Enseguida, se abocó al cumplimiento de su cometido.

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A una o más de las sesiones en que se consideró este asunto concurrieron, además, las siguientes personas:

Del Ministerio de Hacienda, el exministro, señor Ignacio Briones; el Ministro, señor Rodrigo Cerda; el Subsecretario, señor Alejandro Weber; el Jefe de Gabinete y Coordinador de Mejoramiento del Gasto Público, señor Juan José Obach; el Jefe de asesores y Coordinador de Relaciones Internacionales, señor Andrés Pérez; los asesores de Mercado de Capitales, señores Juan Pablo Loyola y Joaquín Uauy; el Coordinador Legislativo, señor José Riquelme, y la asesora legislativa, señora Gabriela Rodríguez.

De la Comisión para el Mercado Financiero, el Presidente, señor Joaquín Cortez; la Directora de Estudios, señora Nancy Silva; la Intendenta de Administración y Operaciones, señora Pía Barros; el Intendente de Seguros, señor Daniel García; el Jefe del Área Jurídica, señor José Antonio Gaspar, y la Jefa de Gabinete, señora Gabriela Gurovich.

De la Superintendencia de Pensiones, el Superintendente, señor Osvaldo Macías; el Fiscal, señor Mario Valderrama, y el Intendente de Fiscalización, señor Jorge Mastrangelo.

Del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, el asesor legislativo, señor Marcelo Estrella.

De la Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP Chile), la Presidenta, señora Ann Clark; el Vicepresidente, señor Lientur Vergara; la Secretaria, señora Alda Ortiz, y el Tesorero, señor Carlos Rivera.

La asesora del Honorable Senador García, señora Valentina Becerra.

El asesor del Honorable Senador Lagos, señor Reinaldo Monardes.

El asesor del Honorable Senador Montes, señor Maximiliano Acevedo.

Del Comité Partido Demócrata Cristiano, el asesor, señor Julio Valladares.

La asesora del Honorable Diputado Jackson, señora Suina Chahuan.

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En sesión de 18 de enero, la Comisión escuchó a la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, AGAP Chile, cuya Presidenta, señora Ann Clark, efectuó una exposición en formato ppt, del siguiente tenor:

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SER ASESOR PREVISIONAL?

• Comprobar conocimientos cada 5 años. (Rendición de examen, reprueba al menos el 70% de los postulantes).

• Estar inscrito en el Registro de Asesores Previsionales.

• Contratación de pólizas de garantía y responsabilidad civil.

Lo más importante es cumplir con lo que dice art.171 del decreto ley 3.500

DEFINICIÓN ASESORÍA PREVISIONAL

Art. 171 (D.L. 3500)

“La asesoría previsional tendrá por objeto otorgar información a los afiliados y beneficiarios del sistema, considerando de manera INTEGRAL todos los aspectos que dicen relación con su situación particular y que fueren necesarios para adoptar decisiones informadas de acuerdo a sus NECESIDADES e INTERESES, en relación con las prestaciones y beneficios que contempla esta ley Dicha asesoría comprenderá además la intermediación de seguros previsionales. Esta asesoría deberá prestarse con total INDEPENDENCIA de la entidad que otorgue el beneficio.”.

Nosotros no somos una figura comercial, no vendemos ni intermediamos nada sino que otorgamos Asesoría Previsional y sin embargo se nos regulan nuestros ingresos como si lo fuéramos.

Suponen que nuestro objetivo es pensionar a las personas bajo alguna modalidad, pero esa no es la razón por la que existimos en la ley.

Los Asesores Previsionales, educamos, orientamos y ayudamos a tomar decisiones, las que muchas veces derivan en servicios sin cobro.

NUESTRAS PROPUESTAS

1. Regular a los Agentes de Inversiones masivos en lo siguiente:

• Pruebas de conocimientos específicos en mercados financieros.

• Pólizas de seguros que los hagan responsables de posibles perjuicios.

• Que sean regulados por la Comisión para el Mercado Financiero.

• Pertenecer a un registro Independiente de Agentes de Inversiones Masivos

• Prohibición absoluta de educar, asesorar o sugerir temas previsionales.

DARLES EL NOMBRE DE AGENTES DE INVERSIÓN MASIVOS Y NO DE ASESORES PREVISIONALES

¿TENEMOS ALGO EN COMÚN?

¿CÓMO RECIBIR LA ASESORÍA CORRECTA?

¿TENEMOS ALGO EN COMÚN?

LOS AGENTES DE INVERSIÓN MASIVOS NO PUEDEN SER ASESORES PREVISIONALES PORQUE NO CUMPLEN CON EL OBJETO PRINCIPAL DE LA ASESORÍA PREVISIONAL (art. 171)

NUESTRAS PROPUESTAS

2. (Art. 180) Reservar el uso de la denominación “ASESOR PREVISIONAL” y “ASESORÍA PREVISIONAL” a los inscritos vigentes en el registro de asesores previsionales y prohibir a cualquier otra institución previsional, personas naturales o jurídicas sugerir, publicitar, o autodenominarse como asesor u ofrecer servicio de asesoría en esta materia.

3. (Art 179) Mantener la comisión por asesoría previsional vida pasiva en un máximo de 2% con tope de la Renta Imponible vigente.

¿POR QUÉ NO SE DEBE BAJAR?

- De acuerdo a la recomendación de la Superintendencia de Pensiones y de la Comisión para el Mercado Financiero los ingresos son similares, en mediana y promedio, a los ingresos de trabajadores con niveles educacionales equivalentes y en ramas de actividad económica y en oficios comparables según CASEN 2017.

- El 54%de los Asesores Previsionales cierra a lo más un negocio al mes.

- El aumento en los costos los últimos 12 años, dentro de los cuales están la obligatoriedad de cotizar desde el año pasado, el pago de IVA por parte de Entidades Previsionales y el nulo reajuste del tope desde el año 2008.

- El valor social y la dignidad de tener pensionados tomando decisiones informados (57% no recibe Asesoría Previsional).

- El tiempo y costo invertido en la capacitación financiera, previsional y tributaria necesaria para realizar la labor de asesor previsional

- La ley debiera poner en valor lo mejor del sistema, buscando resguardar a los afiliados.

4. (Art. 179) La Asesoría Previsional es un derecho de todo trabajador Quienes paguen por la Asesoría Previsional de los afiliados deben ser las Instituciones que administran los fondos de los pensionados o a los que se les transfieran finalmente.

5. (Art 173) Póliza de Seguros de Garantía y de Responsabilidad Civil (sin posibilidad de boleta de garantía), ofrecido por institución privada y/o pública en caso de no haber oferta privada o que esta no sea razonable y calculada por la Superintendencia de Pensiones.

NUESTRA MIRADA…

- Compartimos la preocupación del Banco Central sobre la consejería masiva por cambios de fondos previsionales.

- Compartimos la preocupación del Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías: “Lo primero que se debería hacer, es regular este tipo de asesores que recomiendan cambio de fondos, ponerlos bajo el perímetro regulatorio de la Superintendencia que se registren, que se inscriban acá, que se revisen los mensajes que envían, la veracidad de lo que dicen, y los resultados de lo que recomiendan.”.

- Que se hagan responsables de lo que están haciendo, porque hoy no lo hacen (diciembre, 2019)

Sin embargo, estas personas son Agentes de Inversiones Masivos, y no pueden ser llamados Asesores Previsionales pues no cumplen con el objeto descrito en el art. 171 que dicen relación con el conocimiento de la situación particular de los afiliados.

Los Asesores Previsionales somos un aporte en la vida de las personas a las que aconsejamos, buscando la mejor opción de acuerdo a su realidad y a sus expectativas.

Buscamos aportar a las mejoras del sistema con propuestas que sean justas y responsables.

La Secretaria de AGAP, señora Alda Ortiz, manifestó que se necesita regular a quienes aconsejan cambios masivos de fondos, pero sin confundir con los asesores previsionales que son algo muy distinto y verán empeorada su situación con las nuevas regulaciones propuestas.

En sesión de 19 de enero, el señor Ministro explicó que en varios de los puntos en divergencia han logrado acuerdo, pero que persisten diferencias que deben analizar si pueden resolver durante la sesión.

Respecto del pago de intereses cuando se prepaga un crédito, informó haber preparado una presentación del siguiente tenor, que muestra los inconvenientes de la propuesta aprobada en segundo trámite:

Amortización a “tasa justa” – un error conceptual

Algunos principios básicos

• Para una tasa de interés dada, el Valor Actual Neto (VAN) de la tabla de desarrollo de una deuda debe ser igual a cero;

• Esto es lo mismo que decir que su TIR equivale a su tasa de interés;

• Dos créditos son equivalentes financieramente hablando si el VAN de sus flujos es el mismo. O si sus TIR son iguales;

• El crédito puede ser “cero cupón” (capital e intereses se descuentan hoy); solo intereses y amortización al final o bien cualquier combinación entre medio. Financieramente lo relevante es que sus VAN sean iguales.

La propuesta de “tasa de interés justa”

(1)- Toma el total de intereses pagados (iT) a lo largo de la tabla de amortización para un préstamo de “n” periodos

(2)- Luego calcula el interés promedio por periodo

(3)- Luego aplica ese interés promedio a un horizonte <n ya que se produce un prepago

(4)- Calcula la diferencia entre los intereses efectivamente pagados y “el interés justo” que cabría haber pagado

(5)- Le resta la diferencia “pagada en exceso” al valor del capital que queda por amortizar al momento del prepago

Ejemplo:

Duración crédito= 10 años

Intereses totales pagados= $100

“Interés justo” si prepago al año 5=$50

Interés pagado al año 5= $65

“Interés en exceso”=$15, que es el valor a restar al saldo a prepagar

Un ejemplo simple

Concluyó expresando que lo que ocurriría lógicamente es que quien debería prestar a una cierta tasa, lo hará a una tasa mayor considerando la posibilidad de prepago.

DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS EN CONTROVERSIA Y ACUERDOS DE LA COMISIÓN MIXTA

A continuación, se efectúa una relación de las diferencias suscitadas entre ambas Corporaciones durante la tramitación de la iniciativa, así como de los acuerdos adoptados a su respecto.

Artículo 2°, numeral 5)

En primer trámite constitucional el Senado aprobó un artículo 2° que introduce modificaciones en la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, y su numeral 5) sustituye, en el número 3) del artículo 36, la expresión “las superintendencias” por “la Comisión”.

En segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados contempló el texto aprobado por el Senado como letra a) e incorporó la siguiente letra b):

“b) Agrégase el siguiente numeral 5):

“5) Las exautoridades y funcionarios públicos a que se refieren los numerales 1), 2) y 3), hasta el término de doce meses contado desde que hubieren cesado en el cargo.”.”.

En tercer trámite constitucional el Senado desechó las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados.

El señor Ministro hizo presente que el Ejecutivo pondrá urgencia al proyecto de ley que fortalece la integridad pública.

A continuación, el Presidente de la Comisión Mixta puso en votación el texto despachado en el segundo trámite constitucional por la Cámara de Diputados, el que fue rechazado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro, y Honorables Diputados señora Cid y señores Jackson, Melero y Ortiz (9x0), manteniéndose lo aprobado por el Senado en primer trámite constitucional.

Artículo 3°, incisos octavo y noveno

En primer trámite constitucional el Senado aprobó un artículo 3° relativo a la prestación de servicios de asesoría de inversión en Chile.

En segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados eliminó sus incisos octavo y noveno, que disponen lo siguiente:

“Sufrirán las penas de presidio menor en cualquiera de sus grados, quienes presten asesorías de inversión de manera habitual sin estar previamente inscritos en el Registro establecido en el presente artículo o cuya inscripción hubiere sido suspendida o cancelada.

Por su parte, sufrirán la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, los que, con el objeto de inducir a error, difundan información falsa o tendenciosa, aun cuando no persigan con ello obtener ventajas para sí o terceros.”.

En tercer trámite constitucional el Senado desechó la enmienda introducida por la Cámara de Diputados.

El Presidente de la Comisión Mixta, puso en votación el texto despachado en el primer trámite constitucional por el Senado, el que fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro, y Honorables Diputados señora Cid y señores Jackson, Melero y Ortiz (9x0).

Artículo 4°

En primer trámite constitucional el Senado aprobó un artículo 4° que introduce modificaciones en el decreto ley 3.500, de 1980, que establece nuevo sistema de pensiones.

En segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados efectuó diversas enmiendas, entre ellas: a) reemplazó el literal a) del numeral 4), b) suprimió el numeral 6), c) reemplazó el numeral 7) y d) eliminó el literal b) del numeral 10), todas referidas a artículos del TITULO XVII, De la Asesoría Previsional, del decreto ley N° 3.500.

En tercer trámite constitucional el Senado desechó las citadas enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados.

En sesión de 25 de enero, el señor Cortez acotó que hay varios asesores de inversión en materia previsional pero que los únicos significativos son “Felices y Forrados”.

Agregó que la preocupación de la CMF no está en los asesores previsionales que asesoran individualmente a quienes se van a pensionar, sino en las asesorías masivas de inversión relativas a los Fondos.

El asesor del Ministerio de Hacienda, señor Loyola, dio a conocer la siguiente propuesta del Ejecutivo en la materia:

“1) Para reemplazar el Numeral 4), por el siguiente:

“4) Incorpórase en el artículo 171 los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“Sin perjuicio de lo anterior, las personas naturales o jurídicas que realicen recomendaciones no personalizadas dirigidas, por cualquier medio, a afiliados, beneficiarios o pensionados del Sistema o a grupos específicos de aquellos, respecto de esta materia, incluyendo las transferencias entre tipos de Fondos de Pensiones, serán considerados como “Asesores Previsionales Masivos” o “Entidades de Asesoría Previsional Masiva”, los que se regirán por todas las normas aplicables a los Asesores Previsionales o las Entidades de Asesoría Previsional, según corresponda, a menos que se indique lo contrario.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerará como asesoría previsional otorgada por Asesores Previsionales Masivos o Entidades de Asesoría Previsional Masiva, toda aquella asesoría y/o recomendaciones no personalizadas dirigidas, por cualquier medio, a afiliados, beneficiarios o pensionados del Sistema o a grupos específicos de aquellos, que se preste en forma remunerada o en forma habitual, aunque no sea remunerada. Esta asesoría no requerirá de la consideración integral de los aspectos que dicen relación con la situación particular de asesorado para que sea considerada asesoría previsional. Una norma de carácter general de la Superintendencia de Pensiones determinará los requisitos que deberá cumplir una asesoría para ser considerada como habitual, debiendo para ello considerar parámetros como la cantidad de recomendaciones en determinados periodos de tiempo y su masividad.”.”.

2) Para reemplazar la letra c) del Numeral 5), por la siguiente:

“c) Agrégase el siguiente inciso segundo:

“Dicha Superintendencia podrá establecer, mediante norma de carácter general, requisitos diferenciados para los Asesores Previsionales, las Entidades de Asesoría Previsional, los Asesores Previsionales Masivos y las Entidades de Asesoría Previsional Masiva en función del tipo de asesoría previsional que presten, así como la clase de destinatarios que tales asesorías contemplen.”.”.

3) Para intercalar, el siguiente numeral 6), nuevo, del siguiente tenor, pasando el actual numeral 6) a ser 7) y así sucesivamente:

“6) Reemplázase el encabezado del párrafo 2. del TÍTULO XVII De la Asesoría Previsional por el siguiente: “2. De las Entidades de Asesoría Previsional, los Asesores Previsionales, las Entidades de Asesoría Previsional Masiva y de los Asesores Previsionales Masivos.”

4) Para reemplazar el actual numeral 6), que pasó a ser el 7), por el siguiente:

“7) Modifícase el artículo 173 de la siguiente manera:

a) Intercálase, entre la palabra “Sistema” y el punto aparte de su inciso primero, la siguiente expresión: “, de conformidad al inciso primero del artículo 171. Las Entidades de Asesoría Previsional Masiva serán sociedades constituidas en Chile con el objeto específico de otorgar servicios de asesoría previsional a los afiliados y beneficiarios del Sistema de conformidad a los incisos tercero y cuarto del artículo 171”.

b) Reemplázase los incisos tercero y cuarto del artículo 173, por los siguientes:

“Las Entidades de Asesoría Previsional, los Asesores Previsionales, las Entidades de Asesoría Previsional Masiva y los Asesores Previsionales Masivos deberán acreditar ante la Superintendencia de Pensiones la constitución de una garantía, mediante boleta de garantía bancaria o la contratación de una póliza de seguros que, al efecto, autorice la Comisión para el Mercado Financiero, para responder del correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones emanadas de su actividad y, especialmente, de los perjuicios que puedan ocasionar a los afiliados, beneficiarios o pensionados que contraten sus servicios de asesoría previsional.

La garantía a que se refiere el inciso anterior deberá constituirse por el monto que determine la Superintendencia de Pensiones, según los parámetros establecidos en una norma de carácter general que dicte para tal efecto, pudiendo incluirse distinciones según el tipo de asesoría previsional y el prestador de ésta, tales como Asesores Previsionales, Entidades de Asesoría Previsionales, Asesores Previsionales Masivos o Entidades de Asesoría Previsional Masiva, o el impacto de aquellas en el patrimonio de los afiliados o beneficiarios. Sin perjuicio de lo anterior, el referido monto no podrá ser menor a 500 unidades de fomento, ni mayor a 60.000 unidades de fomento.”.”.

5) Para reemplazar el actual numeral 7), que pasó a ser el 8), por el siguiente:

“8) Modifícase el artículo 174 de la siguiente manera:

a) Modifícase su inciso primero de la siguiente manera:

i) Intercálase, entre las expresiones “Entidades de Asesoría Previsional” y “y sus dependientes”, la expresión “y las Entidades de Asesoría Previsional Masiva”.

ii) Intercálase, entre las expresiones “Asesores Previsionales” y la “, deberán cumplir” la expresión “y los Asesores Previsionales Masivos”.

iii) Reemplázase la letra a), por la siguiente:

“a) Ser mayor de edad, chileno o extranjero, ambos con residencia en Chile y tener cédula de identidad al día;”.

b) Reemplázanse sus incisos segundo y tercero por los siguientes:

“El cumplimiento de los requisitos a que se refiere el inciso anterior será acreditado en la forma y periodicidad que establezca la Superintendencia de Pensiones mediante norma de carácter general. La Superintendencia, para todos los efectos de este artículo, podrá licitar el diseño, aplicación, corrección y cobro de la prueba de conocimientos suficientes en una institución de educación superior, acreditada en la Comisión Nacional de Acreditación, creada por la Ley N° 20.129. La Superintendencia podrá diferenciar la acreditación a que se refiere la letra d), en función del tipo de actividad de asesoría previsional que desempeñe el Asesor Previsional, la Entidad de Asesoría Previsional, el Asesor Previsional Masivo o la Entidad de Asesoría Previsional Masiva. Con todo, la Superintendencia de Pensiones, en conjunto con la Comisión para el Mercado Financiero, determinarán las materias necesarias para la acreditación de conocimientos en materia de asesoría previsional que requerirán acreditar los Asesores Previsionales y los socios, administradores y representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional. Las precitadas entidades deberán establecer exigencias homogéneas para los Asesores Previsionales y los socios, administradores y representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional y para los agentes de ventas de rentas vitalicias. Asimismo, corresponderá a la Superintendencia de Pensiones determinar las materias necesarias para la acreditación de conocimientos, que requerirán acreditar los Asesores Previsionales Masivos y los socios, administradores y representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsionales Masivas.

No podrán ser socios, administradores, dependientes que desempeñen la función de asesoría previsional, representantes legales de una Entidad de Asesoría Previsional, o de Entidades de Asesoría Previsional Masiva, o Asesores Previsionales o Asesores Previsionales Masivos, las personas que se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:

a) Los procesados o condenados por delito que merezca pena aflictiva;

b) Los que tengan actualmente la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, y quienes tengan prohibición de comerciar, y

c) Las personas sancionadas con la revocación de su inscripción en alguno de los registros que lleven o regulen las Superintendencias de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, o los que hayan sido administradores, directores o representantes legales de una persona jurídica sancionada de igual manera, a no ser que hayan salvado su responsabilidad en la forma que prescribe la ley.”.

c) Modifícase el actual inciso final de la siguiente forma:

i) Intercálase, entre las expresiones “Asesores Previsionales” y “ni directores”, la expresión “, Asesores Previsionales Masivos,”.

ii) Intercálase, a continuación de la expresión “directores,”, las dos veces que aparece, la frase “socios, accionistas, ejecutivos principales,”.

iii) Reemplázase la expresión “sociedad de Asesoría Previsional” por la expresión “Entidad de Asesoría Previsional o Entidad de Asesoría Previsional Masiva”.

d) Agréganse los siguientes incisos quinto, sexto, séptimo y octavo, nuevos:

“Los socios, accionistas, directores, gerentes, ejecutivos principales, apoderados o dependientes de agencias de valores, corredoras de bolsa, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía o de administradoras de la ley N° 20.712, o entidades que conformen el grupo empresarial de aquellas:

a) no podrán ser Asesores Previsionales Masivos;

b) no podrán ser socios, accionistas, directores, gerentes, ejecutivos principales, apoderados o dependientes de Entidades de Asesoría Previsional Masiva;

Los socios, accionistas, directores, gerentes, ejecutivos principales, apoderados o dependientes de Entidades de Asesoría Previsional Masiva y sus parientes por consanguinidad o afinidad, ambos en segundo grado:

a) no podrán ejercer la función de administración de cartera en los términos definidos en el inciso segundo del artículo 153 de esta ley.

b) les estará prohibido valerse, directa o indirectamente, en beneficio propio o de terceros relacionados, de las variaciones en los precios de mercado que se deriven de las recomendaciones que hayan efectuado a sus clientes. Para la fiscalización de esta prohibición, la Superintendencia podrá celebrar convenios de colaboración de intercambio de información y/o monitoreo con el Banco Central de Chile y la Comisión para el Mercado Financiero.

Con el objeto de velar por el cumplimiento de las disposiciones de este artículo, la Superintendencia, mediante norma de carácter general, determinará la información que deberán mantener las Entidades de Asesoría Previsional, las Entidades de Asesoría Previsional Masiva, los Asesores Previsionales y los Asesores Previsionales Masivos, el archivo de registros que llevarán y aquella información que deberán remitir a la Superintendencia.

El que contravenga lo dispuesto en los incisos anteriores será sancionado de conformidad a lo establecido en la presente ley y en el decreto con fuerza de ley N°101, de 1980, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.”.”

6) Para intercalar la siguiente letra b), del siguiente tenor, en el actual numeral 8), que pasó a ser el 9), pasando la actual letra b) a ser c):

“b) Intercálase, en su inciso segundo, entre las expresiones “Entidades de Asesoría Previsional” y “llevar un registro” la expresión “y las Entidades de Asesoría Previsional Masiva”.”.

7) Para modificar el actual numeral 9), que pasó a ser el 10), de la siguiente manera:

a) Incorpórase las letras a), b), c), nuevas, pasando la actual letra a) a ser d) y así sucesivamente:

“a) Reemplázase, en su inciso primero, la expresión “Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores Previsionales” por la expresión “Las Entidades de Asesoría Previsional, los Asesores Previsionales, las Entidades de Asesoría Previsional Masiva y los Asesores Previsionales Masivos”.

b) Reemplázase, en su inciso segundo, la expresión “Por las Entidades de Asesoría Previsional” por la expresión “Por las Entidades de Asesoría Previsional y las Entidades de Asesoría Previsional Masiva”.

c) Reemplázase, en su inciso tercero, la expresión “Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores Previsionales” por la expresión “Las Entidades de Asesoría Previsional, los Asesores Previsionales, las Entidades de Asesoría Previsional Masiva y los Asesores Previsionales Masivos”.”.

b) Intercálase la letra e) nueva, del siguiente tenor, entre la actual letra a), que pasó a ser d), y la actual letra b), que pasa ahora a ser f):

“e) Intercálase, en su inciso cuarto, entre la expresión “Entidades de Asesoría Previsional” y “encargados” la expresión “y las Entidades de Asesoría Previsional Masiva”.”.

8) Para modificar el actual numeral 10), que pasó a ser el 11), de la siguiente manera:

a) Incorpórase la letra a), nueva, pasando la actual letra a) a ser b) y así sucesivamente:

“a) Reemplázase, en su inciso primero, la expresión de “de una Entidad de Asesoría Previsional o de un Asesor Previsional” por la expresión “de una Entidad de Asesoría Previsional, de un Asesor Previsional, de una Entidad de Asesoría Previsional Masiva o de un Asesor Previsional Masivo”.”.

b) Sustitúyese, en su inciso segundo, la frase “las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros conjuntamente”, por la siguiente: “la Superintendencia de Pensiones,”.

c) Intercálase la letra e), nueva, del siguiente tenor, entre la actual letra c), que pasó a ser d) y la actual letra d), que pasa a ser f):

“e) Reemplázase, en su inciso tercero, la frase de “cancelar la inscripción de la Entidad de Asesoría Previsional o del Asesor Previsional del Registro de Asesores Previsionales” por la expresión “cancelar la inscripción de la Entidad de Asesoría Previsional, del Asesor Previsional, de la Entidad de Asesoría Previsional Masiva o del Asesor Previsional Masivo del Registro de Asesores Previsionales”.”.

d) Reemplázase la letra d), que pasó a ser f), por la siguiente:

“f) Agrégase el siguiente inciso final:

“Asimismo, la Superintendencia de Pensiones podrá suspender del Registro, mediante resolución fundada y por un plazo máximo de seis meses, renovable por una vez, a las Entidades de Asesoría Previsional, los Asesores Previsionales, las Entidades de Asesoría Previsional Masiva o los Asesores Previsionales Masivos en los casos en que no se cumpla con las normas necesarias para el adecuado desarrollo de tales actividades, o cuando así lo requiera el interés público.”.”.

9) Para incorporar un numeral 12), nuevo, del siguiente tenor, después del actual numeral 10), que pasó a ser 11):

“12) Modifícase el artículo 178 de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en su inciso primero, la frase “entre la Entidad de Asesoría Previsional o el Asesor Previsional y el afiliado” por la expresión “entre la Entidad de Asesoría Previsional, el Asesor Previsional, la Entidad de Asesoría Previsional Masiva o el Asesor Previsional Masivo y el afiliado”.

b) Reemplázase, en su inciso segundo, la frase “proporcionada por el Asesor Previsional” por la expresión “proporcionada por la Entidad de Asesoría Previsional, el Asesor Previsional, la Entidad de Asesoría Previsional Masiva o el Asesor Previsional Masivo”.

10) Para incorporar un numeral 13), nuevo, del siguiente tenor, después del actual numeral 12):

“Reemplázase el artículo 180 por el siguiente:

“Artículo 180.- Ninguna persona natural o jurídica que no se encontrare inscrita en el Registro a que se refiere el artículo 172 podrá arrogarse la calidad de Entidad de Asesoría Previsional, de Asesor Previsional, de Entidad de Asesoría Previsional Masiva o de Asesor Previsional Masivo, según corresponda. Podrán ser sancionados con multas de 20 hasta 200 unidades tributarias mensuales quienes actuaren como Entidad de Asesoría Previsional, Asesores Previsionales, Entidad de Asesoría Previsional Masiva o Asesores Previsionales Masivos, sin estar inscritos en el citado registro, o cuya inscripción hubiere sido suspendida o eliminada, y los que a sabiendas les faciliten los medios para hacerlo. De la aplicación de estas multas, podrá reclamarse en la forma establecida en el número 8 del artículo 94. Asimismo, les serán aplicables, en lo que corresponda, los incisos segundo, cuarto, quinto, sexto y final del artículo 25.

Se reserva el uso de la denominación “Entidad de Asesoría Previsional”, “Asesor Previsional”, “Entidad de Asesoría Previsional Masiva” y de “Asesor Previsional Masivo” para las personas jurídicas y naturales a que se refiere el número dos de este Título.”.”.

11) Para incorporar un numeral 14), nuevo, del siguiente tenor, después del actual numeral 13):

“14) Intercálase, en el artículo 181, entre las expresiones “Entidad de Asesoría Previsional” e “y sus dependientes”, la expresión “o de una Entidad de Asesoría Previsional Masiva”.”.”.

En la siguiente sesión, el Honorable Senador señor Pizarro refirió la existencia de puntos en los que no fue posible llegar a acuerdo, como sí fue posible respecto de lo propuesto acerca de las garantías por el Ejecutivo.

El Coordinador Legislativo del Ministerio de Hacienda, señor José Riquelme, explicó los acercamientos efectuados dentro de la tarde con los asesores de los parlamentarios. Agregó que el Superintendente de Pensiones podría exponer sobre la materia.

El Superintendente de Pensiones, señor Osvaldo Macías, expresó que el proyecto de ley propone que los asesores de inversión queden bajo el perímetro de fiscalización de la Superintendencia, y eso es en razón de que es esta entidad la que debe velar por los derechos de las personas en relación a los fondos previsionales.

Observó que la semana anterior se presentó un estudio que muestra que quienes siguen estas recomendaciones perdieron 0,8% de rentabilidad al año. El estudio muestra que cada vez más personas se cambian y por montos mayores. Agregó que la disminución puede llegar hasta 1% al año y al 20% del total de las pensiones. Además, afirmó, otro efecto es que las personas que no se cambian también pierden de manera significativa por disminución de valor de los fondos.

Agregó que los asesores previsionales no sólo hacen recomendaciones al momento de pensionarse, puede ser en cualquier momento y con recomendación de en cuál fondo ubicarse. Estos asesores están bajo supervigilancia de la SP, por lo que sería muy inconveniente que asesores similares queden bajo regulación de la CMF. Añadió que todas estas materias se encuentran en el decreto ley N° 3.500.

El señor Cortez manifestó que todos coinciden en la necesidad de regular a estos asesores, más allá de si es mejor que los supervigile la Superintendencia.

En sesión de 26 de enero, el Ministro de Hacienda, señor Rodrigo Cerda, se presentó ante la Comisión Mixta para abordar la última discrepancia que queda por resolver.

El señor Cortez indicó que requerirían un plazo para poder ajustar la propuesta.

Posteriormente, el Ministro de Hacienda, señor Cerda, dio a conocer una propuesta del siguiente tenor, con la figura diferenciada de asesores financieros previsionales y registros separados respecto de los asesores previsionales que ya están regulados:

“TITULO XVII

De la Asesoría Previsional

1. Del Objeto de la Asesoría Previsional.

Art. 171. La asesoría previsional tendrá por objeto otorgar información a los afiliados y beneficiarios del Sistema, considerando de manera integral todos los aspectos que dicen relación con su situación particular y que fueren necesarios para adoptar decisiones informadas de acuerdo a sus necesidades e intereses, en relación con las prestaciones y beneficios que contempla esta ley. Dicha asesoría comprenderá además la intermediación de seguros previsionales. Esta asesoría deberá prestarse con total independencia de la entidad que otorgue el beneficio.

Respecto de los afiliados y beneficiarios que cumplan los requisitos para pensionarse y de los pensionados bajo la modalidad de retiro programado, la asesoría deberá informar en especial sobre la forma de hacer efectiva su pensión según las modalidades previstas en el artículo 61 de esta ley, sus características y demás beneficios a que pudieren acceder según el caso, con una estimación de sus montos. Las Personas naturales o jurídicas que presten asesoría previsional en los términos antes indicados serán denominados “Asesores Previsionales” o “Entidades de Asesoría Previsional”, respectivamente.

Sin perjuicio de lo anterior, las personas naturales o jurídicas que realicen las actividades del inciso primero de este artículo de forma no personalizada dirigidas, por cualquier medio, a afiliados, beneficiarios o pensionados del Sistema o a grupos específicos de aquellos, respecto de esta materia, incluyendo las transferencias entre tipos de Fondos de Pensiones, serán considerados como “Asesores Financieros Previsionales” o “Entidades de Asesoría Financiera Previsional”, los que se regirán por todas las normas aplicables a los Asesores Previsionales o las Entidades de Asesoría Previsional, según corresponda, a menos que se indique lo contrario. Los Asesores Financieros Previsionales y las Entidades de Asesoría Financiera Previsional, estarán sujetos a la fiscalización conjunta de la Superintendencia de Pensiones y de la Comisión para el Mercado Financiero, debiendo todas las normas de carácter general que emita la Superintendencia de Pensiones para regular a los Asesores Financieros Previsionales y las Entidades de Asesoría Financiera Previsional, ser dictadas mediante resolución conjunta con la Comisión para el Mercado Financiero.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerará como asesoría previsional otorgada por Asesores Financieros Previsionales o Entidades de Asesoría Financiera Previsional, toda aquella asesoría y/o recomendaciones no personalizadas dirigidas, por cualquier medio, a afiliados, beneficiarios o pensionados del Sistema o a grupos específicos de aquellos. Esta asesoría no requerirá de la consideración integral de los aspectos que dicen relación con la situación particular de asesorado para que sea considerada asesoría previsional.

Artículo 172.- Créase el Registro de Asesores Previsionales, que mantendrá la Superintendencia de Pensiones, en el cual deberán inscribirse los Asesores Previsionales y las Entidades de Asesoría Previsional que desarrollen la actividad de asesoría previsional a que aluden los incisos primero y segundo del artículo anterior. Para tal efecto, deberán dar cumplimiento a las exigencias que se establecen en el presente Título y en lo que se refiere al procedimiento de inscripción en el registro a las normas de carácter general que al respecto dicte la mencionada Superintendencia.

Adicionalmente, créase el Registro de Asesores Financieros Previsionales, que mantendrán en forma conjunta la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones, en el cual deberán inscribirse los Asesores Financieros Previsionales y las Entidades de Asesoría Financiera Previsional que desarrollen la actividad de asesoría previsional no personalizada a la que aluden los incisos tercero y cuarto del artículo anterior. Para tal efecto, deberán dar cumplimiento a las exigencias que se establecen en el presente Título y en lo que se refiere al procedimiento de inscripción en el registro a las resoluciones conjuntas que al respecto dicten la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, conjuntamente.

Dichas autoridades, según sus competencias y en cada uno de los registros antes indicados, podrán establecer, mediante norma de carácter general, requisitos diferenciados para los Asesores Previsionales, las Entidades de Asesoría Previsional, los Asesores Financieros Previsionales y las Entidades de Asesoría Financiera Previsional en función del tipo de asesoría previsional que presten, así como la clase de destinatarios que tales asesorías contemplen.

2. De las Entidades de Asesoría Previsional, los Asesores Previsionales, las Entidades de Asesoría Financiera Previsional y de los Asesores Financieros Previsionales.

Artículo 173.- Las Entidades de Asesoría Previsional serán sociedades constituidas en Chile con el objeto específico de otorgar servicios de asesoría previsional a los afiliados y beneficiarios del Sistema, de conformidad al inciso primero y segundo del artículo 171. Las Entidades de Asesoría Financiera Previsional serán sociedades constituidas en Chile con el objeto específico de otorgar servicios de asesoría previsional a los afiliados y beneficiarios del Sistema de conformidad a los incisos tercero y cuarto del artículo 171.

Sus socios, administradores, representantes legales y las personas que tengan a su cargo realizar las funciones de asesoría previsional, deberán reunir los requisitos y estarán sujetas a las obligaciones que se establecen en este Título.

Las Entidades de Asesoría Previsional, los Asesores Previsionales, las Entidades de Asesoría Financiera Previsional y los Asesores Financieros Previsionales deberán acreditar ante la Superintendencia de Pensiones la constitución de una garantía, mediante boleta de garantía bancaria o la contratación de una póliza de seguros que, al efecto, autorice la Comisión para el Mercado Financiero, para responder del correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones emanadas de su actividad y, especialmente, de los perjuicios que puedan ocasionar a los afiliados, beneficiarios o pensionados que contraten sus servicios de asesoría previsional.

La garantía a que se refiere el inciso anterior deberá constituirse por el monto que determine la Superintendencia de Pensiones, según los parámetros establecidos en una norma de carácter general que dicte para tal efecto, pudiendo incluirse distinciones según el tipo de asesoría previsional y el prestador de ésta, tales como Asesores Previsionales, Entidades de Asesoría Previsional, Asesores Financieros Previsionales o Entidades de Asesoría Financiera Previsional, o el impacto de aquellas en el patrimonio de los afiliados o beneficiarios. Sin perjuicio de lo anterior, el referido monto no podrá ser menor a 500 unidades de fomento, ni mayor a 60.000 unidades de fomento. Para el caso de los Asesores Financieros Previsionales y de las Entidades de Asesoría Financiera Previsional, el monto de la garantía aplicable deberá ser determinada por la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, mediante resolución conjunta.

Artículo 174.- Los socios, los administradores, los representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional y las Entidades de Asesoría Financiera Previsional y sus dependientes que desempeñen la función de asesoría previsional, así como los Asesores Previsionales y los Asesores Financieros Previsionales, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad, chileno o extranjero, ambos con residencia en Chile y tener cédula de identidad al día;

b) Tener antecedentes comerciales intachables;

c) Estar en posesión, a lo menos, de licencia de educación media o estudios equivalentes;

d) Acreditar los conocimientos suficientes sobre materias previsionales y de seguros.

El cumplimiento de los requisitos a que se refiere el inciso anterior será acreditado en la forma y periodicidad que establezca la Superintendencia de Pensiones mediante norma de carácter general. La Superintendencia, para todos los efectos de este artículo, podrá licitar el diseño, aplicación, corrección y cobro de la prueba de conocimientos suficientes en una institución de educación superior, acreditada en la Comisión Nacional de Acreditación, creada por la Ley N° 20.129. La Superintendencia podrá diferenciar la acreditación a que se refiere la letra d), en función del tipo de actividad de asesoría previsional que desempeñe el Asesor Previsional, la Entidad de Asesoría Previsional, el Asesor Financiero Previsional o la Entidad de Asesoría Financiera Previsional. Con todo, la Superintendencia de Pensiones, en conjunto con la Comisión para el Mercado Financiero, determinarán las materias necesarias para la acreditación de conocimientos en materia de asesoría previsional que requerirán acreditar los Asesores Previsionales y los socios, administradores y representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional. Las precitadas entidades deberán establecer exigencias homogéneas para los Asesores Previsionales y los socios, administradores y representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional y para los agentes de ventas de rentas vitalicias. Por otra parte, los Asesores Financieros Previsionales y los socios, administradores y representantes legales de las Entidades de Asesoría Financiera Previsional, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos antes indicados en la forma y periodicidad que la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero determinen mediante norma de carácter general dictada conjuntamente por ambas instituciones. Asimismo, corresponderá a dichas instituciones determinar las materias necesarias para la acreditación de conocimientos, que requerirán acreditar los Asesores Financieros Previsionales y los socios, administradores y representantes legales de las Entidades de Asesoría Financiera Previsional.

No podrán ser socios, administradores, dependientes que desempeñen la función de asesoría previsional, representantes legales de una Entidad de Asesoría Previsional, o de Entidades de Asesoría Financiera Previsional, Asesores Previsionales o Asesores Financieros Previsionales, las personas que se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:

a) Los procesados o condenados por delito que merezca pena aflictiva;

b) Los que tengan actualmente la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, y quienes tengan prohibición de comerciar, y

c) Las personas sancionadas con la revocación de su inscripción en alguno de los registros que lleven o regulen la Superintendencias de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, o los que hayan sido administradores, directores o representantes legales de una persona jurídica sancionada de igual manera, a no ser que hayan salvado su responsabilidad en la forma que prescribe la ley.

No podrán ser Asesores Previsionales ni Asesores Financieros Previsionales ni directores, socios, accionistas, ejecutivos principales, gerentes, apoderados o dependientes de una Entidad de Asesoría Previsional o Entidad de Asesoría Financiera Previsional, quienes sean directores, socios, accionistas, ejecutivos principales, gerentes, apoderados o dependientes de una Administradora de Fondos de Pensiones, aseguradora, reaseguradora, liquidadora de siniestros o entidades que conformen el grupo empresarial de estas sociedades.

Los socios, accionistas, directores, gerentes, ejecutivos principales, apoderados o dependientes de agencias de valores, corredoras de bolsa, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía o de administradoras de la ley N° 20.712, o entidades que conformen el grupo empresarial de aquellas:

a) no podrán ser Asesores Financieros Previsionales;

b) no podrán ser socios, accionistas, directores, gerentes, ejecutivos principales, apoderados o dependientes de Entidades de Asesoría Financiera Previsional;

Los socios, accionistas, directores, gerentes, ejecutivos principales, apoderados o dependientes de Entidades de Asesoría Financiera Previsional y sus parientes por consanguinidad o afinidad, ambos en segundo grado:

a) no podrán ejercer la función de administración de cartera en los términos definidos en el inciso segundo del artículo 153 de esta ley.

b) les estará prohibido valerse, directa o indirectamente, en beneficio propio o de terceros relacionados, de las variaciones en los precios de mercado que se deriven de las recomendaciones que hayan efectuado a sus clientes. Para la fiscalización de esta prohibición, la Superintendencia, en conjunto con la Comisión para el Mercado Financiero podrán celebrar convenios de colaboración de intercambio de información y/o monitoreo con el Banco Central de Chile.

Con el objeto de velar por el cumplimiento de las disposiciones de este artículo, la Superintendencia, mediante norma de carácter general, determinará la información que deberán mantener las Entidades de Asesoría Previsional, las Entidades de Asesoría Financiera Previsional, los Asesores Previsionales y los Asesores Financieros Previsionales, el archivo de registros que llevarán y aquella información que deberán remitir a la Superintendencia. Sin perjuicio de ello, para el caso de las Entidades de Asesoría Financiera Previsional y los Asesores Financieros Previsionales, dicha norma de carácter general deberá ser dictada de forma conjunta por la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero.

El que contravenga lo dispuesto en los incisos anteriores será sancionado de conformidad a lo establecido en la presente ley y en el decreto con fuerza de ley N°101, de 1980, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Artículo 175.- Respecto de las personas o entidades que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos para ejercer la actividad de asesoría previsional referidos en los artículos precedentes, la Superintendencia de Pensiones dictará una Resolución que ordene su inscripción en el registro respectivo, conceda la autorización para funcionar y fije un plazo para iniciar sus actividades. Para el caso de las Entidades de Asesoría Financiera Previsional y los Asesores Financieros Previsionales, dicha resolución deberá ser dictada de forma conjunta por la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero.

Será responsabilidad de las Entidades de Asesoría Previsional y las Entidades de Asesoría Financiera Previsional llevar un registro de los dependientes que desempeñen la función de asesoría, debiendo instruirlos y capacitarlos para el desarrollo de dichas funciones. Asimismo, estarán obligadas a otorgar todas las facilidades que se requieran para efectuar el control que respecto de estas materias determine la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, según corresponda.

Artículo 176.- Las Entidades de Asesoría Previsional, los Asesores Previsionales, las Entidades de Asesoría Financiera Previsional y los Asesores Financieros Previsionales responderán hasta de la culpa leve en el cumplimiento de las funciones derivadas de las asesorías previsionales que otorguen a los afiliados o sus beneficiarios y estarán obligadas a indemnizar los perjuicios por el daño que ocasionen. Lo anterior, no obsta a las sanciones administrativas que asimismo pudieren corresponderles.

Por las Entidades de Asesoría Previsional y las Entidades de Asesoría Financiera Previsional responderán, además, sus socios y administradores, civil, administrativa y penalmente, a menos que constare su falta de participación o su oposición al hecho constitutivo de infracción o incumplimiento.

Las Entidades de Asesoría Previsional, los Asesores Previsionales, las Entidades de Asesoría Financiera Previsional y los Asesores Financieros Previsionales estarán sometidos a la supervigilancia, control y fiscalización de la Superintendencia de Pensiones que, para ello, estará investida de las facultades establecidas en esta ley y en su ley orgánica. En el caso de las Entidades de Asesoría Financiera Previsional y los Asesores Financieros Previsionales, dicha supervigilancia, control y fiscalización deberá ser efectuada de forma conjunta con la Comisión para el Mercado Financiero, conforme a lo indicado en el artículo 171 de esta ley.

Asimismo, los dependientes de las Entidades de Asesoría Previsional y las Entidades de Asesoría Financiera Previsional encargados de la prestación del servicio, quedarán sujetos al control y fiscalización de la Superintendencia de Pensiones y de la Comisión para el Mercado Financiero, según corresponda, las cuales tendrán respecto de aquéllos las mismas facultades a que se refiere el inciso anterior.

Artículo 177.- La cancelación por revocación o eliminación en el Registro de Asesores Previsionales o en el Registro de Asesores Financieros Previsionales de una Entidad de Asesoría Previsional, de un Asesor Previsional, de una Entidad de Asesoría Financiera Previsional o de un Asesor Financiero Previsional, procederá respectivamente:

a) Cuando alguno de aquéllos incurra en infracción grave de ley, y

b) En el caso que no mantengan vigente la boleta de garantía bancaria o el seguro referido en el artículo 173 de esta ley.

La declaración de infracción grave de ley corresponderá a la Superintendencia de Pensiones y deberá estar fundada en alguna de las disposiciones establecidas en esta ley. Sin perjuicio de ello, en el caso de cancelación, revocación o eliminación de una Entidad de Asesoría Financiera Previsional o de un Asesor Financiero Previsional del Registro de Asesores Financieros Previsionales, dicha declaración de infracción grave de ley corresponderá a la Superintendencia de Pensiones conjuntamente con la Comisión para el Mercado Financiero.

Declarada la infracción grave o constatado el incumplimiento señalado en la letra b) del inciso primero, la Superintendencia de Pensiones dictará una resolución fundada que ordene cancelar la inscripción de la Entidad de Asesoría Previsional, del Asesor Previsional, de la Entidad de Asesoría Previsional no Personalizada o del Asesor Previsional no Personalizado del Registro de Asesores Previsionales o del Registro de Asesores Financieros previsionales, según corresponda, y revoque la autorización para funcionar.

Asimismo, la Superintendencia de Pensiones podrá suspender del registro correspondiente, mediante resolución fundada y por un plazo máximo de seis meses, renovable por una vez, a las Entidades de Asesoría Previsional, los Asesores Previsionales, las Entidades de Asesoría Financiera Previsional o los Asesores Financieros Previsionales en los casos en que no se cumpla con las normas necesarias para el adecuado desarrollo de tales actividades, o cuando así lo requiera el interés público.

Sin perjuicio de lo anterior, la cancelación, revocación o suspensión de Entidades de Asesoría Financiera Previsional o de Asesores Financieros Previsionales del Registro de Asesores Financieros Previsionales, deberá efectuarse mediante resolución conjunta de la Superintendencia de Pensiones y de la Comisión para el Mercado Financiero.

3. De la contratación de la Asesoría Previsional.

Artículo 178.- Para los efectos de prestar la asesoría previsional, deberá celebrarse un contrato de prestación de servicios entre la Entidad de Asesoría Previsional, el Asesor Previsional, la Entidad de Asesoría Previsional Financiera o el Asesor Financiero Previsional y el afiliado o sus beneficiarios, según corresponda, el que establecerá los derechos y obligaciones de ambas partes y cuyo contenido mínimo será establecido mediante norma de carácter general que dictará la Superintendencia de Pensiones. Para el caso de las Entidades de Asesoría Financiera Previsional y los Asesores Financieros Previsionales, dicha norma de carácter general deberá ser dictada en conjunto con la Comisión para el Mercado Financiero.

La contratación de una asesoría previsional es voluntaria para el afiliado o sus beneficiarios, según corresponda, y en ningún caso podrá comprender la obligación de aquéllos de acoger la recomendación que por escrito les fuere proporcionada por la Entidad de Asesoría Previsional, el Asesor Previsional, la Entidad de Asesoría Financiera Previsional o el Asesor Financiero Previsional.

Artículo 179.- Los afiliados o beneficiarios de pensión no podrán pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional con cargo a la cuenta de capitalización individual, a excepción de lo indicado en los incisos segundo y tercero de este artículo.

Los afiliados o beneficiarios de pensión, según corresponda, que cumplan los requisitos para pensionarse podrán, al momento de seleccionar modalidad de pensión de retiro programado, pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional, con cargo a la cuenta de capitalización individual, hasta el monto que resulte de multiplicar una tasa máxima fijada mediante el decreto supremo conjunto a que se refiere el inciso decimocuarto del artículo 61 bis, por el saldo de dicha cuenta destinado a esta modalidad de pensión. Cuando se seleccione una modalidad de pensión de renta vitalicia, los honorarios por concepto de asesoría previsional corresponderán a la comisión o retribución a que alude el inciso decimocuarto del artículo 61 bis y se pagarán en la forma señalada en dicho inciso. En todo caso, la tasa máxima a que se refiere la primera oración de este inciso y el monto máximo a pagar por concepto de asesoría previsional, que se establezcan para la modalidad de pensión de retiro programado, deberán ser inferiores a los que se determinen para la modalidad de renta vitalicia.

Con todo, los honorarios totales por concepto de asesoría previsional no podrán superar el 1,5 de los fondos de la cuenta de capitalización individual del afiliado destinados a pensión, ni podrán exceder un monto equivalente a 60 unidades de fomento.

Las Administradoras y las compañías de seguros de vida no podrán efectuar pago alguno distinto al establecido en este artículo a los asesores previsionales, sean ellos en dinero o especies, como tampoco podrán financiar los gastos en que deban incurrir para su cometido.

4. Otras Disposiciones.

Artículo 180.- Ninguna persona natural o jurídica que no se encontrare inscrita en alguno de los registros a que se refiere el artículo 172 podrá arrogarse la calidad de Entidad de Asesoría Previsional, de Asesor Previsional, de Entidad de Asesoría Financiera Previsional o de Asesor Financiero Previsional, según corresponda. Podrán ser sancionados con multas de 20 hasta 200 unidades tributarias mensuales quienes actuaren como Entidad de Asesoría Previsional, Asesores Previsionales, Entidad de Asesoría Financiera Previsional o Asesores Financieros Previsionales, sin estar inscritos en el correspondiente registro, o cuya inscripción hubiere sido suspendida o eliminada, y los que a sabiendas les faciliten los medios para hacerlo. De la aplicación de estas multas, podrá reclamarse en la forma establecida en el número 8 del artículo 94. Asimismo, les serán aplicables, en lo que corresponda, los incisos segundo, cuarto, quinto, sexto y final del artículo 25.

Se reserva el uso de la denominación “Entidad de Asesoría Previsional”, “Asesor Previsional”, “Entidad de Asesoría Financiera Previsional” y de “Asesor Financiero Previsional” para las personas jurídicas y naturales a que se refiere este Título.

Artículo 181.- Los socios, administradores y representantes legales de una Entidad de Asesoría Previsional o de una Entidad de Asesoría Financiera Previsional y sus dependientes que cumplan funciones de asesoría previsional, así como las personas naturales inscritas en el registro respectivo, según corresponda, no podrán otorgar bajo ninguna circunstancia a los afiliados o sus beneficiarios otros incentivos o beneficios diferentes a los propios de la asesoría, sea en forma directa o indirecta, ni aun a título gratuito o de cualquier otro modo.

- Reemplázase el artículo cuarto transitorio por el siguiente:

“Artículo cuarto.- Las personas o entidades que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5) del artículo 4° de esta ley, deban estar inscritas en el Registro de Asesores Financieros Previsionales a más tardar el primer día hábil del sexto mes posterior a la publicación de la presente ley. Para tales efectos, la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, deberán dictar la norma de carácter general que se refiere el inciso segundo del artículo 172, que regulará el procedimiento de inscripción en dicho registro, a más tardar el primer día hábil del cuarto mes posterior a la publicación de la presente ley.”.”.

En sesión de 27 de enero, el Ejecutivo presentó la siguiente proposición que incide sobre los artículos 4 y cuarto transitorio:

“AL ARTÍCULO 4

1) Para reemplazar los numerales 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) por el siguiente numeral 4):

“4) Reemplázase el Título XVII De la Asesoría Previsional por el siguiente:

“TITULO XVII

De la Asesoría Previsional

1. Del Objeto de la Asesoría Previsional.

Artículo 171.- La asesoría previsional tendrá por objeto otorgar información a los afiliados y beneficiarios del Sistema, considerando de manera integral todos los aspectos que dicen relación con su situación particular y que fueren necesarios para adoptar decisiones informadas de acuerdo a sus necesidades e intereses, en relación con las prestaciones y beneficios que contempla esta ley. Dicha asesoría comprenderá además la intermediación de seguros previsionales. Esta asesoría deberá prestarse con total independencia de la entidad que otorgue el beneficio.

Respecto de los afiliados y beneficiarios que cumplan los requisitos para pensionarse y de los pensionados bajo la modalidad de retiro programado, la asesoría deberá informar en especial sobre la forma de hacer efectiva su pensión según las modalidades previstas en el artículo 61 de esta ley, sus características y demás beneficios a que pudieren acceder según el caso, con una estimación de sus montos. Las personas naturales o jurídicas que presten asesoría previsional en los términos antes indicados serán denominados “Asesores Previsionales” o “Entidades de Asesoría Previsional”, respectivamente.

Sin perjuicio de lo anterior, las personas naturales o jurídicas que realicen las actividades del inciso primero de este artículo de forma no personalizada, dirigidas por cualquier medio a afiliados, beneficiarios o pensionados del Sistema o a grupos específicos de aquellos, respecto de esta materia, incluyendo las transferencias entre tipos de Fondos de Pensiones, serán considerados como “Asesores Financieros Previsionales” o “Entidades de Asesoría Financiera Previsional”, los que se regirán por todas las normas aplicables a los Asesores Previsionales o las Entidades de Asesoría Previsional, según corresponda, a menos que se indique lo contrario. Los Asesores Financieros Previsionales y las Entidades de Asesoría Financiera Previsional, estarán sujetos a la fiscalización conjunta de la Superintendencia de Pensiones y de la Comisión para el Mercado Financiero, debiendo todas las normas de carácter general que emita la Superintendencia de Pensiones para regular a los Asesores Financieros Previsionales y las Entidades de Asesoría Financiera Previsional, ser dictadas mediante resolución conjunta con la Comisión para el Mercado Financiero.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerará como asesoría previsional otorgada por Asesores Financieros Previsionales o Entidades de Asesoría Financiera Previsional, toda aquella asesoría y/o recomendación no personalizada dirigida, por cualquier medio, a afiliados, beneficiarios o pensionados del Sistema o a grupos específicos de aquellos. Esta asesoría no requerirá de la consideración integral de los aspectos que dicen relación con la situación particular del asesorado para que sea considerada asesoría previsional.

Artículo 172.- Créase el Registro de Asesores Previsionales, que mantendrá la Superintendencia de Pensiones, en el cual deberán inscribirse los Asesores Previsionales y las Entidades de Asesoría Previsional que desarrollen la actividad de asesoría previsional a que aluden los incisos primero y segundo del artículo anterior. Para tal efecto, deberán dar cumplimiento a las exigencias que se establecen en el presente Título y en lo que se refiere al procedimiento de inscripción en el registro, a las normas de carácter general que al respecto dicte la mencionada Superintendencia.

Adicionalmente, créase el Registro de Asesores Financieros Previsionales, que mantendrán en forma conjunta la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones, en el cual deberán inscribirse los Asesores Financieros Previsionales y las Entidades de Asesoría Financiera Previsional que desarrollen la actividad de asesoría previsional no personalizada a la que aluden los incisos tercero y cuarto del artículo anterior. Para tal efecto, deberán dar cumplimiento a las exigencias que se establecen en el presente Título y en lo que se refiere al procedimiento de inscripción en el registro, a las resoluciones conjuntas que al respecto dicten la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero.

Dichas autoridades, según sus competencias y en cada uno de los registros antes indicados, podrán establecer, mediante norma de carácter general, requisitos diferenciados para los Asesores Previsionales, las Entidades de Asesoría Previsional, los Asesores Financieros Previsionales y las Entidades de Asesoría Financiera Previsional en función del tipo de asesoría previsional que presten, así como la clase de destinatarios que tales asesorías contemplen.

2. De las Entidades de Asesoría Previsional, los Asesores Previsionales, las Entidades de Asesoría Financiera Previsional y de los Asesores Financieros Previsionales.

Artículo 173.- Las Entidades de Asesoría Previsional serán sociedades constituidas en Chile con el objeto específico de otorgar servicios de asesoría previsional a los afiliados y beneficiarios del Sistema, de conformidad al inciso primero y segundo del artículo 171. Las Entidades de Asesoría Financiera Previsional serán sociedades constituidas en Chile con el objeto específico de otorgar servicios de asesoría previsional a los afiliados y beneficiarios del Sistema de conformidad a los incisos tercero y cuarto del artículo 171.

Sus socios, accionistas, administradores, representantes legales y las personas que tengan a su cargo realizar las funciones de asesoría previsional, deberán reunir los requisitos y estarán sujetas a las obligaciones que se establecen en este Título.

Las Entidades de Asesoría Previsional, los Asesores Previsionales, las Entidades de Asesoría Financiera Previsional y los Asesores Financieros Previsionales deberán acreditar ante la Superintendencia de Pensiones la constitución de una garantía, mediante boleta de garantía bancaria o la contratación de una póliza de seguros que, al efecto, autorice la Comisión para el Mercado Financiero, para responder del correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones emanadas de su actividad y, especialmente, de los perjuicios que puedan ocasionar a los afiliados, beneficiarios o pensionados que contraten sus servicios de asesoría previsional.

La garantía a que se refiere el inciso anterior deberá constituirse por el monto que determine la Superintendencia de Pensiones, según los parámetros establecidos en una norma de carácter general que dicte para tal efecto, pudiendo incluirse distinciones según el tipo de asesoría previsional y el prestador de ésta, tales como Asesores Previsionales, Entidades de Asesoría Previsional, Asesores Financieros Previsionales o Entidades de Asesoría Financiera Previsional, o el impacto de aquellas en el patrimonio de los afiliados o beneficiarios. Sin perjuicio de lo anterior, el referido monto no podrá ser menor a 500 unidades de fomento, ni mayor a 60.000 unidades de fomento. Para el caso de los Asesores Financieros Previsionales y de las Entidades de Asesoría Financiera Previsional, el monto de la garantía aplicable deberá ser determinada por la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, mediante resolución conjunta.

Artículo 174.- Los socios, accionistas, los administradores, los representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional y las Entidades de Asesoría Financiera Previsional y sus dependientes que desempeñen la función de asesoría previsional, así como los Asesores Previsionales y los Asesores Financieros Previsionales, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad, chileno o extranjero, ambos con residencia en Chile y tener cédula de identidad al día;

b) Tener antecedentes comerciales intachables;

c) Estar en posesión, a lo menos, de licencia de educación media o estudios equivalentes;

d) Acreditar los conocimientos suficientes sobre materias previsionales y de seguros.

El cumplimiento de los requisitos a que se refiere el inciso anterior será acreditado en la forma y periodicidad que establezca la Superintendencia de Pensiones mediante norma de carácter general. La Superintendencia, para todos los efectos de este artículo, podrá licitar el diseño, aplicación, corrección y cobro de la prueba de conocimientos suficientes en una institución de educación superior, acreditada en la Comisión Nacional de Acreditación, creada por la ley N° 20.129. La Superintendencia podrá diferenciar la acreditación de conocimientos a que se refiere la letra d), en función del tipo de actividad de asesoría previsional que desempeñe el Asesor Previsional, la Entidad de Asesoría Previsional, el Asesor Financiero Previsional o la Entidad de Asesoría Financiera Previsional. Con todo, la Superintendencia de Pensiones, en conjunto con la Comisión para el Mercado Financiero, determinarán las materias necesarias para la acreditación de conocimientos en materia de asesoría previsional que requerirán acreditar los Asesores Previsionales y los socios, accionistas, administradores y representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional. Las precitadas entidades deberán establecer exigencias homogéneas para los Asesores Previsionales y los socios, accionistas, administradores y representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional y para los agentes de ventas de rentas vitalicias. Por otra parte, los Asesores Financieros Previsionales y los socios, accionistas, administradores y representantes legales de las Entidades de Asesoría Financiera Previsional, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos antes indicados en la forma y periodicidad que la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero determinen mediante norma de carácter general dictada conjuntamente por ambas instituciones. Asimismo, corresponderá a dichas instituciones determinar las materias necesarias para la acreditación de conocimientos, que requerirán acreditar los Asesores Financieros Previsionales y los socios, accionistas, administradores y representantes legales de las Entidades de Asesoría Financiera Previsional.

No podrán ser socios, accionistas, administradores, dependientes que desempeñen la función de asesoría previsional, representantes legales de una Entidad de Asesoría Previsional, o de Entidades de Asesoría Financiera Previsional, Asesores Previsionales o Asesores Financieros Previsionales, las personas que se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:

a) Los acusados o condenados por delito que merezca pena aflictiva;

b) Los que tengan actualmente la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, y quienes tengan prohibición de comerciar, y

c) Las personas sancionadas con la revocación de su inscripción en alguno de los registros que lleven o regulen la Superintendencias de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, o los que hayan sido administradores, directores o representantes legales de una persona jurídica sancionada de igual manera, a no ser que hayan salvado su responsabilidad en la forma que prescribe la ley.

No podrán ser Asesores Previsionales ni Asesores Financieros Previsionales ni directores, socios, accionistas, ejecutivos principales, gerentes, apoderados o dependientes de una Entidad de Asesoría Previsional o Entidad de Asesoría Financiera Previsional, quienes sean directores, socios, accionistas, ejecutivos principales, gerentes, apoderados o dependientes de una Administradora de Fondos de Pensiones, aseguradora, reaseguradora, liquidadora de siniestros o entidades que conformen el grupo empresarial de estas sociedades.

Los socios, accionistas, directores, gerentes, ejecutivos principales, apoderados o dependientes de agencias de valores, corredoras de bolsa, Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía o de administradoras de la ley N° 20.712, o entidades que conformen el grupo empresarial de aquellas:

a) no podrán ser Asesores Financieros Previsionales;

b) no podrán ser socios, accionistas, directores, gerentes, ejecutivos principales, apoderados o dependientes de Entidades de Asesoría Financiera Previsional;

Los socios, accionistas, directores, gerentes, ejecutivos principales, apoderados o dependientes de Entidades de Asesoría Financiera Previsional y sus parientes por consanguinidad o afinidad, ambos en segundo grado en línea recta y colateral:

a) no podrán ejercer la función de administración de cartera en los términos definidos en el inciso segundo del artículo 153 de esta ley.

b) les estará prohibido valerse, directa o indirectamente, en beneficio propio o de terceros relacionados, de las variaciones en los precios de mercado que se deriven de las recomendaciones que hayan efectuado a sus clientes. Para la fiscalización de esta prohibición, la Superintendencia, en conjunto con la Comisión para el Mercado Financiero podrán celebrar convenios de colaboración de intercambio de información y/o monitoreo con el Banco Central de Chile.

Con el objeto de velar por el cumplimiento de las disposiciones de este artículo, la Superintendencia, mediante norma de carácter general, determinará la información que deberán mantener las Entidades de Asesoría Previsional, las Entidades de Asesoría Financiera Previsional, los Asesores Previsionales y los Asesores Financieros Previsionales, el archivo de registros que llevarán y aquella información que deberán remitir a la Superintendencia. Sin perjuicio de ello, para el caso de las Entidades de Asesoría Financiera Previsional y los Asesores Financieros Previsionales, dicha norma de carácter general deberá ser dictada de forma conjunta por la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero.

El que contravenga lo dispuesto en los incisos anteriores será sancionado de conformidad a lo establecido en la presente ley y en el decreto con fuerza de ley N°101, de 1980, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Para el caso de los Asesores Financieros Previsionales y las Entidades de Asesoría Financiera Previsional también serán aplicables las sanciones establecidas en el decreto ley N° 3.538, de 1980.

Artículo 175.- Respecto de las personas o entidades que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos para ejercer la actividad de asesoría previsional referidos en los artículos precedentes, la Superintendencia de Pensiones dictará una resolución que ordene su inscripción en el registro respectivo, conceda la autorización para funcionar y fije un plazo para iniciar sus actividades. Para el caso de las Entidades de Asesoría Financiera Previsional y los Asesores Financieros Previsionales, dicha resolución deberá ser dictada de forma conjunta por la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero.

Será responsabilidad de las Entidades de Asesoría Previsional y las Entidades de Asesoría Financiera Previsional llevar un registro de los dependientes que desempeñen la función de asesoría, debiendo instruirlos y capacitarlos para el desarrollo de dichas funciones. Asimismo, estarán obligadas a otorgar todas las facilidades que se requieran para efectuar el control que respecto de estas materias determine la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, según corresponda.

Artículo 176.- Las Entidades de Asesoría Previsional, los Asesores Previsionales, las Entidades de Asesoría Financiera Previsional y los Asesores Financieros Previsionales responderán hasta de la culpa leve en el cumplimiento de las funciones derivadas de las asesorías previsionales que otorguen a los afiliados o sus beneficiarios y estarán obligadas a indemnizar los perjuicios por el daño que ocasionen. Lo anterior, no obsta a las sanciones administrativas que asimismo pudieren corresponderles.

Por las Entidades de Asesoría Previsional y las Entidades de Asesoría Financiera Previsional responderán, además, sus socios, accionistas y administradores, civil, administrativa y penalmente, a menos que constare su falta de participación o su oposición al hecho constitutivo de infracción o incumplimiento.

Las Entidades de Asesoría Previsional, los Asesores Previsionales, las Entidades de Asesoría Financiera Previsional y los Asesores Financieros Previsionales estarán sometidos a la supervigilancia, control y fiscalización de la Superintendencia de Pensiones que, para ello, estará investida de las facultades establecidas en esta ley y en su ley orgánica. En el caso de los Asesores Financieros Previsionales y las Entidades de Asesoría Financiera Previsional, dicha supervigilancia, control y fiscalización deberá ser efectuada en forma conjunta con la Comisión para el Mercado Financiero, conforme a lo indicado en el artículo 171 de esta ley. Para tales efectos, la Comisión para el Mercado Financiero estará investida de las facultades establecidas en esta ley y en su ley orgánica.

Asimismo, los dependientes de las Entidades de Asesoría Previsional y las Entidades de Asesoría Financiera Previsional encargados de la prestación del servicio, quedarán sujetos al control y fiscalización de la Superintendencia de Pensiones y de la Comisión para el Mercado Financiero, según corresponda, las cuales tendrán respecto de aquéllos las mismas facultades a que se refiere el inciso anterior.

Artículo 177.- La cancelación por revocación o eliminación en el Registro de Asesores Previsionales o en el Registro de Asesores Financieros Previsionales de una Entidad de Asesoría Previsional, de un Asesor Previsional, de una Entidad de Asesoría Financiera Previsional o de un Asesor Financiero Previsional, procederá respectivamente:

a) Cuando alguno de aquéllos incurra en infracción grave de ley, o

b) En el caso que no mantengan vigente la boleta de garantía bancaria o el seguro referido en el artículo 173 de esta ley.

La declaración de infracción grave de ley corresponderá a la Superintendencia de Pensiones y deberá estar fundada en alguna de las disposiciones establecidas en esta ley. Sin perjuicio de ello, en el caso de cancelación, revocación o eliminación de una Entidad de Asesoría Financiera Previsional o de un Asesor Financiero Previsional del Registro de Asesores Financieros Previsionales, dicha declaración de infracción grave de ley corresponderá a la Superintendencia de Pensiones conjuntamente con la Comisión para el Mercado Financiero.

Declarada la infracción grave o constatado el incumplimiento señalado en la letra b) del inciso primero, la Superintendencia de Pensiones dictará una resolución fundada que ordene cancelar la inscripción de la Entidad de Asesoría Previsional, del Asesor Previsional, de la Entidad de Asesoría Previsional no Personalizada o del Asesor Previsional no Personalizado del Registro de Asesores Previsionales o del Registro de Asesores Financieros previsionales, según corresponda, y revoque la autorización para funcionar.

Asimismo, la Superintendencia de Pensiones podrá suspender del registro correspondiente, mediante resolución fundada y por un plazo máximo de seis meses, renovable por una vez, a las Entidades de Asesoría Previsional, los Asesores Previsionales, las Entidades de Asesoría Financiera Previsional o los Asesores Financieros Previsionales en los casos en que no se cumpla con las normas necesarias para el adecuado desarrollo de tales actividades, o cuando así lo requiera el interés público.

Sin perjuicio de lo anterior, la cancelación, revocación o suspensión de Entidades de Asesoría Financiera Previsional o de Asesores Financieros Previsionales del Registro de Asesores Financieros Previsionales, deberá efectuarse mediante resolución conjunta de la Superintendencia de Pensiones y de la Comisión para el Mercado Financiero.

3. De la contratación de la Asesoría Previsional.

Artículo 178.- Para los efectos de prestar la asesoría previsional, deberá celebrarse un contrato de prestación de servicios entre la Entidad de Asesoría Previsional, el Asesor Previsional, la Entidad de Asesoría Previsional Financiera o el Asesor Financiero Previsional y el afiliado o sus beneficiarios, según corresponda, el que establecerá los derechos y obligaciones de ambas partes y cuyo contenido mínimo será establecido mediante norma de carácter general que dictará la Superintendencia de Pensiones. Para el caso de las Entidades de Asesoría Financiera Previsional y los Asesores Financieros Previsionales, dicha norma de carácter general deberá ser dictada en conjunto con la Comisión para el Mercado Financiero.

La contratación de una asesoría previsional es voluntaria para el afiliado o sus beneficiarios, según corresponda, y en ningún caso podrá comprender la obligación de aquéllos de acoger la recomendación que por escrito les fuere proporcionada por la Entidad de Asesoría Previsional, el Asesor Previsional, la Entidad de Asesoría Financiera Previsional o el Asesor Financiero Previsional.

Artículo 179.- Los afiliados o beneficiarios de pensión no podrán pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional con cargo a la cuenta de capitalización individual, a excepción de lo indicado en los incisos segundo y tercero de este artículo.

Los afiliados o beneficiarios de pensión, según corresponda, que cumplan los requisitos para pensionarse podrán, al momento de seleccionar modalidad de pensión de retiro programado, pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional, con cargo a la cuenta de capitalización individual, hasta el monto que resulte de multiplicar una tasa máxima fijada mediante el decreto supremo conjunto a que se refiere el inciso decimocuarto del artículo 61 bis, por el saldo de dicha cuenta destinado a esta modalidad de pensión. Cuando se seleccione una modalidad de pensión de renta vitalicia, los honorarios por concepto de asesoría previsional corresponderán a la comisión o retribución a que alude el inciso decimocuarto del artículo 61 bis y se pagarán en la forma señalada en dicho inciso. En todo caso, la tasa máxima a que se refiere la primera oración de este inciso y el monto máximo a pagar por concepto de asesoría previsional, que se establezcan para la modalidad de pensión de retiro programado, deberán ser inferiores a los que se determinen para la modalidad de renta vitalicia.

Con todo, los honorarios totales por concepto de asesoría previsional no podrán superar el 1,5 de los fondos de la cuenta de capitalización individual del afiliado destinados a pensión, ni podrán exceder un monto equivalente a 60 unidades de fomento.

Las Administradoras y las compañías de seguros de vida no podrán efectuar pago alguno distinto al establecido en este artículo a los asesores previsionales, sean ellos en dinero o especies, como tampoco podrán financiar los gastos en que deban incurrir para su cometido.

4. Otras Disposiciones.

Artículo 180.- Ninguna persona natural o jurídica que no se encontrare inscrita en alguno de los registros a que se refiere el artículo 172 podrá arrogarse la calidad de Entidad de Asesoría Previsional, de Asesor Previsional, de Entidad de Asesoría Financiera Previsional o de Asesor Financiero Previsional, según corresponda. Podrán ser sancionados con multas de 20 hasta 200 unidades tributarias mensuales quienes actuaren como Entidad de Asesoría Previsional, Asesores Previsionales, Entidad de Asesoría Financiera Previsional o Asesores Financieros Previsionales, sin estar inscritos en el correspondiente registro, o cuya inscripción hubiere sido suspendida o eliminada, y los que a sabiendas les faciliten los medios para hacerlo. De la aplicación de estas multas, podrá reclamarse en la forma establecida en el número 8 del artículo 94. Asimismo, les serán aplicables, en lo que corresponda, los incisos segundo, cuarto, quinto, sexto y final del artículo 25.

Se reserva el uso de la denominación “Entidad de Asesoría Previsional”, “Asesor Previsional”, “Entidad de Asesoría Financiera Previsional” y de “Asesor Financiero Previsional” para las personas jurídicas y naturales a que se refiere este Título.

Artículo 181.- Los socios, accionistas, administradores y representantes legales de una Entidad de Asesoría Previsional o de una Entidad de Asesoría Financiera Previsional y sus dependientes que cumplan funciones de asesoría previsional, así como las personas naturales inscritas en el registro respectivo, según corresponda, no podrán otorgar bajo ninguna circunstancia a los afiliados o sus beneficiarios otros incentivos o beneficios diferentes a los propios de la asesoría, sea en forma directa o indirecta, ni aun a título gratuito o de cualquier otro modo.”.”.

AL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO

2) Para reemplazar el artículo cuarto transitorio por el siguiente:

“Artículo cuarto.- Las personas o entidades que, de acuerdo a lo dispuesto en el nuevo Título XVII del decreto ley N° 3.500, de 1980, deben estar inscritas en el Registro de Asesores Financieros Previsionales, deberán inscribirse a más tardar el primer día hábil del sexto mes posterior a la publicación de la presente ley. Para tales efectos, la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero, deberán dictar la norma de carácter general que se refiere el inciso segundo del artículo 172 del decreto ley N° 3.500, de 1980, que regulará el procedimiento de inscripción en dicho registro, a más tardar el primer día hábil del cuarto mes posterior a la publicación de la presente ley.”.”.

La proposición en discusión fue aprobada con los votos de los Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro, y de los Honorables Diputados señores Castro y Ortiz. El Honorable Diputado señor Jackson votó en contra (7x1).

La Intendenta de Administración y Operaciones de la CMF, señora Pía Barros, agregó que también implica inversión de las compañías de seguros, no sólo de la CMF.

Acotó que hoy se demoran 30 días en responder, y agregó que implementar un sistema de respuesta en 3 días costaría aproximadamente 90 millones de pesos, y en línea serían $150 millones, por una vez.

A continuación, respecto del número 1), el Presidente de la Comisión Mixta puso en votación el texto despachado en el segundo trámite constitucional por la Cámara de Diputados, el que fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro, y Honorables Diputados señora Cid y señores Jackson, Melero, Ortiz y Schilling (10x0).

A continuación, respecto del número 2), el Presidente de la Comisión Mixta puso en votación el texto despachado en el segundo trámite constitucional por la Cámara de Diputados, con la supresión de los ordinales i) y viii), lo que fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro, y Honorables Diputados señora Cid y señores Jackson, Melero, Ortiz y Schilling (10x0).

Artículo 7°, nuevo

En segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados incorporó el siguiente artículo 7°:

“Artículo 7°.- Modifícase el decreto ley N° 3.538, de 1980, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, en el siguiente sentido:

1. Modifícase el numeral 20 del artículo 5 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la palabra “percibido” por “obtenido”.

b) Reemplázase la frase “el precio de mercado promedio ponderado del valor de oferta pública en los sesenta días anteriores al de la fecha de” por “tanto las ganancias que se hayan producido como las pérdidas que se hubieren evitado mediante”.

2. Modifícase el numeral 2 del inciso primero del artículo 36 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su literal a) el guarismo “15.000” por “100.000”.

b) Reemplázase en su literal b) la frase “la emisión, registro contable u operación irregular” por la expresión “las operaciones sancionadas”.

c) Reemplázase en su literal c) la frase “la emisión, registro contable u operación irregular” por la expresión “las operaciones sancionadas”.

3. Modifícase el numeral 2 del inciso primero del artículo 37 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su literal a) el guarismo “15.000” por “100.000”.

b) Reemplázase en su literal b) la frase “la emisión, registro contable u operación irregular” por la expresión “las operaciones sancionadas”.

c) Reemplázase en su literal c) la frase “la emisión, registro contable u operación irregular” por la expresión “las operaciones sancionadas”.

4. Agrégase el siguiente Título VII, nuevo:

“Título VII

Del Denunciante Anónimo

Artículo 82.- Tendrán la calidad de denunciantes anónimos y podrán acogerse a las disposiciones del presente Título, siempre y cuando así lo soliciten a la Comisión de manera expresa, quienes, de manera voluntaria y en la forma establecida por la Comisión mediante norma de carácter general, colaboren con investigaciones aportando antecedentes sustanciales, precisos, veraces, comprobables y desconocidos por ésta para la detección, constatación o acreditación de infracciones de las leyes que sean materia de competencia de la Comisión, o de la participación del presunto infractor de dichas infracciones. Esta norma de carácter general deberá contener parámetros objetivos para determinar el carácter sustancial, preciso, veraz, comprobable y desconocido de los antecedentes aportados.

No obstante lo anterior, no tendrán la calidad de denunciantes anónimos quienes hayan incurrido en la conducta sancionada o tengan la calidad de víctima de la misma.

Quien solicite que se le otorgue la calidad de denunciante anónimo, aportando antecedentes a sabiendas de que éstos son falsos o fraudulentos, será sancionado con las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales.

Artículo 83.- La calidad de denunciante anónimo se adquiere a partir de la dictación de la resolución fundada que emita la Comisión en la que ésta manifieste que se cumple con las condiciones exigidas en el artículo 82.

Esta resolución podrá dictarse en el momento que la Comisión lo estime conveniente, incluso antes del inicio de la investigación y deberá ser notificada al denunciante.

La resolución de la Comisión a que se refiere el inciso primero, así como la identidad del denunciante anónimo, tendrán el carácter de secreto, salvo que el mismo denunciante renuncie a dicho anonimato.

No obstante lo anterior, la identidad de aquellas personas que soliciten la calidad de denunciante anónimo y entreguen antecedentes relativos a infracciones legales de materias de competencia de la Comisión tendrá el carácter de secreto, aun cuando tales antecedentes no sean suficientes para dictar la resolución referida en el inciso primero de este artículo.

Toda persona que haya tomado conocimiento de la identidad de un denunciante anónimo o de quien haya solicitado tal calidad de conformidad al inciso anterior, tendrá el deber de guardar secreto respecto de cualquier antecedente que permita identificar a dicho denunciante, siéndole aplicable la facultad de abstenerse de declarar conferida por el artículo 303 del Código Procesal Penal y la de no ser obligado a declarar conforme al artículo 360 del Código de Procedimiento Civil.

La infracción del deber de guardar secreto establecida en el presente artículo se castigará con multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales. En caso de que el infractor desempeñare funciones en la Comisión u otro organismo público, dicha infracción será sancionada, además, con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados. Asimismo, dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución del cargo.

Artículo 84.- El denunciante anónimo tendrá derecho a recibir un porcentaje de la multa que se aplique como consecuencia de la investigación y procedimiento en los cuales colaboró.

Dicho porcentaje será definido por la Comisión en la resolución sancionatoria, conforme a parámetros objetivos establecidos en una norma de carácter general y lo dispuesto en el inciso siguiente.

Con todo, el denunciante no podrá recibir un monto menor al 10 por ciento de la multa aplicada, y en ningún caso un monto superior al menor valor entre el 30 por ciento de la multa aplicada o 25.000 unidades de fomento.

La normativa señalada en el inciso segundo de este artículo establecerá la forma de distribución de dicho monto cuando distintos denunciantes anónimos hubieren colaborado en las mismas conductas sancionadas.

Artículo 85.- Una vez que la resolución sancionatoria respectiva se encuentre firme y la multa haya sido enterada por el infractor en la Tesorería General de la República, corresponderá a esta institución entregar a cada denunciante anónimo el monto a que se refiere el artículo anterior. La Tesorería General de la República deberá comunicar tal hecho a la Comisión tan pronto ello haya ocurrido.

El monto percibido por el denunciante anónimo en virtud del presente Título no constituirá renta y las operaciones necesarias para efectuar el pago correspondiente gozarán de secreto bancario.

Artículo 86.- No se podrá poner término a contratos de prestación de servicios con un denunciante anónimo, o suspender el inicio de éstos, motivado en el hecho de que éste hubiere colaborado con una investigación.

Todo acto en contravención al presente artículo será nulo y, en caso de que el denunciante anónimo demandare alegando infracción de este artículo, corresponderá a la parte demandada probar que el acto no estuvo motivado por esa causa.

Para efectos de acreditar la calidad de denunciante anónimo, la Comisión emitirá el certificado correspondiente a petición del tribunal en que el denunciante alega infracción a este artículo.

El juicio en que se alegue contravención del presente artículo deberá someterse a los trámites del procedimiento sumario.

No se podrá alegar contravención de este artículo por haberse puesto término a un contrato de prestación de servicios, después de transcurridos cinco años contados desde la fecha en que la resolución que aplicó la sanción de multa, en el proceso administrativo para el cual el denunciante anónimo colaboró, se encuentre firme.

El denunciante anónimo que colabore con la Comisión, de conformidad al artículo 82, no será penal ni administrativamente responsable por efectuar dicha colaboración. Asimismo, tampoco será civilmente responsable por los perjuicios que se produzcan por el sólo hecho de realizar la referida colaboración.”.

En tercer trámite constitucional el Senado desechó la enmienda introducida por la Cámara de Diputados.

El señor Ministro apuntó que se trata de un tema complejo. La lógica es que para poder sancionar los casos es necesario conocerlos y para eso se buscaba incentivar las denuncias efectivas. Manifestó que tomaron en cuenta que se trataba de una figura completamente nueva en nuestra legislación y, en ese entendido, elaboraron la siguiente propuesta:

“4. Agrégase el siguiente Título VII, nuevo:

“Título VII

Del Denunciante Anónimo

Artículo 82.- Tendrán la calidad de denunciantes anónimos y podrán acogerse a las disposiciones del presente Título, siempre y cuando así lo soliciten a la Comisión de manera expresa, quienes, de manera voluntaria y en la forma establecida por la Comisión mediante norma de carácter general, colaboren con investigaciones aportando antecedentes sustanciales, precisos, veraces, comprobables y desconocidos por ésta para la detección, constatación o acreditación de infracciones de las leyes que sean materia de competencia de la Comisión, o de la participación del presunto infractor de dichas infracciones. Esta norma de carácter general deberá contener parámetros objetivos para determinar el carácter sustancial, preciso, veraz, comprobable y desconocido de los antecedentes aportados.

No obstante lo anterior, no tendrán la calidad de denunciantes anónimos quienes hayan incurrido en la conducta sancionada o tengan la calidad de víctima de la misma.

Quien solicite que se le otorgue la calidad de denunciante anónimo, aportando antecedentes a sabiendas de que éstos son falsos o fraudulentos, será sancionado con las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales.

Artículo 83.- La calidad de denunciante anónimo se adquiere a partir de la dictación de la resolución fundada que emita la Comisión en la que ésta manifieste que se cumple con las condiciones exigidas en el artículo 82.

Esta resolución podrá dictarse en el momento que la Comisión lo estime conveniente, incluso antes del inicio de la investigación y deberá ser notificada al denunciante.

La resolución de la Comisión a que se refiere el inciso primero, así como la identidad del denunciante anónimo, tendrán el carácter de secreto, salvo que el mismo denunciante renuncie a dicho anonimato.

No obstante lo anterior, la identidad de aquellas personas que soliciten la calidad de denunciante anónimo y entreguen antecedentes relativos a infracciones legales de materias de competencia de la Comisión tendrá el carácter de secreto, aun cuando tales antecedentes no sean suficientes para dictar la resolución referida en el inciso primero de este artículo.

Toda persona que haya tomado conocimiento de la identidad de un denunciante anónimo o de quien haya solicitado tal calidad de conformidad al inciso anterior, tendrá el deber de guardar secreto respecto de cualquier antecedente que permita identificar a dicho denunciante, siéndole aplicable la facultad de abstenerse de declarar conferida por el artículo 303 del Código Procesal Penal y la de no ser obligado a declarar conforme al artículo 360 del Código de Procedimiento Civil.

La infracción del deber de guardar secreto establecida en el presente artículo se castigará con multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales. En caso de que el infractor desempeñare funciones en la Comisión u otro organismo público, dicha infracción será sancionada, además, con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados. Asimismo, dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución del cargo.

Artículo 84.- No se podrá poner término a contratos de prestación de servicios con un denunciante anónimo, o suspender el inicio de éstos, motivado por el hecho de que éste hubiere colaborado con una investigación.

Todo acto en contravención al presente artículo será nulo y, en caso que el denunciante anónimo demandare alegando infracción de este artículo, corresponderá a la parte demandada probar que el acto no estuvo motivado por esa causa.

Para efectos de acreditar la calidad de denunciante anónimo, la Comisión emitirá el certificado correspondiente a petición del tribunal en que el denunciante alega infracción a este artículo.

El juicio en que se alegue contravención al presente artículo deberá someterse a los trámites del procedimiento sumario.

No se podrá alegar contravención a este artículo por haberse puesto término a un contrato de prestación de servicios, después de transcurridos 5 años contados desde la fecha en que la resolución que aplicó la sanción de multa, en el proceso administrativo para el cual el denunciante anónimo colaboró, se encuentre firme.

El denunciante anónimo que colabore con la Comisión, de conformidad al artículo 82, no será penal ni administrativamente responsable por efectuar dicha colaboración, siempre y cuando haya obtenido la información de manera legítima, y no se sancione al denunciante de conformidad al inciso final del artículo 82. Asimismo, tampoco será civilmente responsable por los perjuicios que se produzcan por el solo hecho de realizar la referida colaboración, siempre y cuando haya obtenido la información de manera legítima, y no se sancione al denunciante de conformidad al inciso final del artículo 82.”.

En votación el texto incorporado por la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional resultó aprobado con los votos a favor de los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro y de los Honorables Diputados señora Cid y señores Jackson, Ortiz y Schilling, el voto en contra del Honorable Senador señor Coloma, y las abstenciones del Honorable Senador señor García y del Honorable Diputado señor Melero (7x1x2).

- La unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta acordó formular el texto del número 4 del artículo 7° - que incorpora un Título VII, sobre denunciante anónimo- como una proposición separada. Posteriormente, en sesión de 27 de enero, el Honorable Senador señor Coloma, en atención a la discusión verificada respecto de las discrepancias en el artículo 4, propuso dejar sin efecto el precedente acuerdo y así lo dispuso la Comisión.

Artículo 8°, nuevo

En segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados incorporó el siguiente artículo 8°:

“Artículo 8°.- Introdúcense en el Código de Comercio las siguientes modificaciones:

1. Agrégase a continuación del artículo 520, el siguiente artículo 520 bis, del siguiente tenor:

“Artículo 520 bis.- Interés asegurable en los seguros asociados a obligaciones de crédito de dinero. Los seguros de daños, personas o cualquier otro tipo contratados con el objeto de proteger los bienes dados en garantía o asegurar el pago de una obligación de crédito de dinero otorgada por un banco o institución financiera podrán ser contratados por el deudor o por cualquiera que tenga interés en el pago final de la deuda. Para los efectos de este artículo, se considerará que los bancos o instituciones financieras que otorguen dichos créditos tendrán un interés asegurable sobre el pago de la deuda o los bienes dados en garantía.

En todo préstamo de dinero otorgado por un banco o institución financiera se entenderá que tanto éste como el deudor tienen un interés asegurable en el pago del crédito. En la contratación de los seguros asociados a mutuos o préstamos de dinero otorgados a personas naturales o personas jurídicas de aquellas mencionadas en el inciso cuarto del artículo 40 del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, el pago de la prima será en partes iguales por el banco o institución financiera otorgante del crédito y el deudor.

Sin perjuicio de lo anterior, será de cargo exclusivo del banco aquella porción de la prima que corresponda a la comisión por licitación según lo establecido en el artículo 40 del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda.

Los seguros contratados en contravención de estas normas serán absolutamente nulos y el asegurador estará obligado a restituir las primas percibidas, pudiendo retener el importe de sus gastos, si ha actuado de buena fe.”.

2. Intercálase, a continuación del artículo 538, los siguientes artículos 538 bis y 538 ter:

“Artículo 538 bis. Seguros asociados a productos o servicios financieros. Con ocasión del otorgamiento, renegociación o repactación de productos o servicios financieros, no se podrá contratar seguros distintos de aquellos en que el beneficiario de la indemnización sea el acreedor de la operación crediticia a la cual se vincule la contratación del seguro y que diga relación a esa operación. Tampoco podrán celebrarse junto a los contratos de crédito, contratos de seguro que no digan estricta relación a los riesgos propios del endeudamiento. Los seguros ofrecidos y contratados en infracción de esta disposición serán especialmente sancionados con la nulidad de los cobros realizados, la devolución de dichos cobros reajustados y de las comisiones de uso que pudieren haberse derivado de ellos.

En los seguros asociados a productos o servicios financieros, el pago de la prima se pagará por partes iguales entre el banco o institución financiera otorgante del crédito y el deudor.

Para los efectos de este artículo, el contratante siempre tendrá la facultad de retractarse, dentro del plazo de diez días, contado desde que reciba la póliza, sin expresión de causa ni cargo alguno, teniendo derecho a la devolución de la prima que hubiere pagado.

El derecho de retracto no podrá ser ejercido si se hubiere verificado un siniestro o en seguros en que, por su naturaleza, los efectos del contrato terminen antes del plazo para ejercer el derecho a retracto.

Artículo 538 ter. Los bancos e instituciones financieras no podrán pagar incentivos económicos de ninguna índole, con el fin de estimular la contratación de seguros asociados a operaciones de crédito, que induzcan a sus trabajadores o a los de empresas relacionadas a incluir productos que no estén directamente vinculados con el riesgo asegurado o aquellos que la ley exija como obligatorios para la contratación del crédito.

Se entenderá por incentivo cualquier pago, regalo, servicio o beneficio económico entregado o realizado a las personas señaladas en el inciso anterior.”.”.

En tercer trámite constitucional el Senado desechó la enmienda introducida por la Cámara de Diputados.

La proposición para reemplazar el numeral 1 del artículo 8 fue aprobada con los votos a favor de los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Pizarro y de los Honorables Diputados señores Jackson, Ortiz y Schilling, y los votos en contra de los Honorables Senadores señores Coloma y García, y de los Honorables Diputados señora Cid y señor Melero. (6x4).

Respecto al número 2 se produjo el siguiente debate:

El señor Ministro informó que efectuaría una propuesta que gira en relación a la transparencia y al derecho a retracto, lo que permitiría un mejor conocimiento y la posibilidad de salir de esa parte del contrato si fuese el caso.

Leyó la siguiente proposición:

“Artículo 538 bis. Seguros asociados a productos o servicios financieros. Con ocasión del otorgamiento, renegociación o repactación de operaciones de crédito de dinero, no se podrá contratar seguros distintos de aquellos en que el beneficiario de la indemnización sea el acreedor de la operación crediticia a la cual se vincule la contratación del seguro y que digan relación con tal operación.

La prohibición del inciso anterior no será aplicable cuando el seguro se contrate en un documento separado y se deje constancia, de forma expresa y clara, de que tiene el carácter de voluntario, lo que deberá constar en la parte superior del contrato. Adicionalmente se deberá especificar, si corresponde, que el seguro no dice relación con el otorgamiento, renegociación o repactación de las operaciones señaladas en el inciso anterior.

Asimismo, para el caso del inciso anterior, el contratante tendrá la facultad de retractarse, dentro del plazo de diez días, contados desde que reciba la póliza, sin expresión de causa ni cargo alguno, teniendo derecho a la devolución de la prima que hubiere pagado.

El derecho de retracto no podrá ser ejercido si se hubiere verificado un siniestro o en seguros en que, por su naturaleza, los efectos del contrato terminen antes del plazo para ejercer el derecho a retracto.”.

Se incorporaron a la sesión representantes de la CMF y su Presidente, señor Cortez, explicó que la fiscalización involucra una gran cantidad de denuncias de diverso tipo, por lo que es difícil responder cuál es el número de reclamos y las sanciones por esta materia.

Respecto de otras opiniones vertidas, el Fiscal de la CMF, señor José Antonio Gaspar, expresó que actualmente está regulada la contratación de seguros a créditos financieros; mencionó el artículo 40 de la ley que rige los seguros y señaló que también está regulado el deber de asesoría de quien ofrece un producto.

El Intendente de Seguros, señor Daniel García, indicó que se deben distinguir los mecanismos de comercialización, dado que, en el caso de hipotecarios, el artículo 40 del DFL 251 exige licitación y en la mayor parte de los casos se hace con participación de corredor de seguros, casi siempre asociado a la entidad crediticia.

Señaló que los casos de retracto varían según el producto al que están asociados y conforme a ello se ve el nivel de reclamos: el volumen no es significativo cuando hay intermediario en los créditos, en cambio sí es alto cuando se trata de un seguro de desempleo asociado a tarjetas de crédito, por ejemplo.

El señor Ministro expresó que le cuesta seguir la lógica que expresa el Diputado señor Jackson, porque los números que expone se refieren al problema actual pero no a lo que ocurrirá con la proposición que han efectuado como Ejecutivo, que busca resolver el problema descrito.

Artículo 9°, nuevo

En segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados incorporó el siguiente artículo 9°:

“Artículo 9°.- Modifícase la ley N° 18.010 que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica, en el siguiente sentido:

1. Reemplázase la expresión “Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras” por “Comisión para el Mercado Financiero”, todas las veces que aparece en el texto de la ley.

2. Reemplázase el término “Superintendencia” por la palabra “Comisión”, todas las veces que aparece en el texto de la ley.

3. En su artículo 10:

a) Reemplázase en el encabezado de su inciso segundo la expresión “Superintendencia de Bancos” por “Comisión para el Mercado Financiero”.

b) Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser cuarto y quinto, respectivamente:

“En estos casos sólo podrán cobrarse los intereses que proporcionalmente haya generado el capital, en las condiciones pactadas, hasta la fecha en que se realiza el pre pago. Lo que el deudor hubiere pagado en exceso de dicho monto se imputará al capital que se anticipa.”.

4. Incorpórase en el artículo 16 el siguiente inciso segundo:

“Con todo, en obligaciones de hasta 5.000 unidades de fomento en las que el acreedor realice profesionalmente este tipo de operaciones, salvo disposición legal en contrario, el interés pactado para el caso de retardo en las obligaciones del deudor no podrá exceder el interés corriente que rija a la fecha de la convención. Este interés sólo podrá devengarse sobre aquella parte del capital que se encuentre efectivamente vencida, no podrá acumularse con los intereses remuneratorios y no podrá ser capitalizada para el cálculo de intereses de ningún tipo. En caso de contravención se aplicará lo dispuesto en el artículo 8°, y en caso de que corresponda se podrá pedir la nulidad contemplada en el artículo 17 E de la ley N° 19.496.”.

5. Agrégase al final del Título I, De las Operaciones de Crédito de Dinero, el siguiente artículo 19 ter:

“Artículo 19 ter.- La Comisión determinará, mediante norma de carácter general, los requisitos, reglas y condiciones que deberán cumplir las comisiones que se cobren respecto de las operaciones de crédito de dinero otorgadas por las entidades supervisadas por la Comisión y de aquellas sometidas a su fiscalización, conforme a lo establecido en el artículo 31 de esta ley, debiendo corresponder a contraprestaciones por servicios reales y efectivamente prestados.

Asimismo, dicha normativa deberá establecer criterios objetivos para la determinación de tales comisiones, los cuales deberán calcularse en base al costo de prestación del servicio.”.

6. Intercálase en el inciso segundo del artículo 31, entre la expresión “toda suma que” y la coma que le sigue, la frase “se ajuste a los términos contemplados en el artículo 19 ter y aquellas sumas que”.

7. Reemplázanse en el artículo 34 las palabras “al Superintendente” por la expresión “a la Comisión”.”.

En tercer trámite constitucional el Senado desechó la enmienda introducida por la Cámara de Diputados.

Los números 1, 2, 3 letra a), y 7, fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro, y Honorables Diputados señora Cid y señores Jackson, Melero, Ortiz y Schilling (10x0).

El número 6 fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro, y Honorables Diputados señora Cid y señores Jackson, Melero, Ortiz y Schilling (10x0).

Artículo octavo transitorio, nuevo

En segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados incorporó el siguiente artículo octavo transitorio:

“Artículo octavo.- La norma de carácter general que deba emitir la Comisión para el Mercado Financiero, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 ter de la ley N° 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica, que se incorpora en virtud del artículo 9 de la presente ley, deberá ser dictada dentro de los doce meses siguientes a la publicación de esta ley, sin perjuicio de la fecha que se determine en la misma para su entrada en vigencia.

Las instituciones que deban modificar los contratos relativos a operaciones contempladas en el artículo 6 ter de la ley N° 18.010, que hayan sido suscritos con antelación a la entrada en vigencia de la normativa señalada en este artículo, para adecuarlos a sus disposiciones, deberán, a su costa, enviar por cualquier medio físico o tecnológico a sus clientes un anexo con el detalle de las modificaciones para su aceptación o rechazo, pudiendo en este último caso el oferente dar término al correspondiente contrato, todo ello en los plazos y condiciones que la Comisión para el Mercado Financiero establezca al efecto.”.

En tercer trámite constitucional el Senado desechó la enmienda introducida por la Cámara de Diputados.

Respecto del artículo, el asesor del Ministerio de Hacienda, señor Loyola, explicó que se refiere a que la CMF haga aplicar la ley, pero no existe objeción de fondo, se rechazó sólo por su relación con el artículo 9°.

El artículo octavo transitorio fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro, y Honorables Diputados señora Cid y señores Jackson, Melero, Ortiz y Schilling (10x0).

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PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA

En consecuencia, en mérito de lo expuesto y como forma y modo de resolver las divergencias producidas entre ambas Cámaras, esta Comisión Mixta tiene el honor de efectuar al Honorable Senado y a la Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición:

Artículo 2°, numeral 5)

Rechazar la agregación efectuada por la Cámara de Diputados, manteniendo el texto aprobado por el Senado.

(Unanimidad 9x0)

Artículo 3°, incisos octavo y noveno

Rechazar la supresión efectuada por la Cámara de Diputados y mantener el texto despachado por el Senado.

(Unanimidad 9x0)

Artículo 4°

- Reemplazar los numerales 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) y 13) aprobados por el Senado por un numeral 4) que sustituye el Título XVII, “De la Asesoría Previsional”, del decreto ley N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece nuevo sistema de pensiones.

- Sustituir el artículo cuarto transitorio, relativo a fecha de inscripción en registro de asesores.

(Mayoría 7x1 en contra)

Artículo 5°, numerales 1) y 2), nuevos

Aprobar en los mismos términos el numeral 1) incorporado por la Cámara de Diputados, y aprobar también el numeral 2) introducido por dicha Cámara, con excepción de los ordinales i y viii de su letra a).

(Unanimidad 10x0)

Artículo 7°, nuevo

Aprobar en los mismos términos el artículo 7°, nuevo, introducido por la Cámara de Diputados.

(Mayoría 7 x 1 en contra x 2 abstenciones)

Artículo 8°, nuevo

- Reemplazar el artículo 520 bis propuesto en el numeral 1 por otro del siguiente tenor:

“Artículo 520 bis.- Interés asegurable en los seguros asociados a obligaciones de crédito de dinero. En los seguros de daños, personas o de cualquier otro tipo contratados con el objeto de resguardar los bienes dados en garantía o asegurar el pago de una obligación de crédito de dinero, se considerará que los bancos o instituciones financieras que hubieren otorgado dichos créditos tienen un interés asegurable sobre el pago de la deuda o los bienes dados en garantía.”.

(Mayoría 6x4 en contra)

- Sustituir el número 2 por el que sigue:

“2. Intercálase, a continuación del artículo 538, el siguiente artículo 538 bis:

“Artículo 538 bis. Seguros asociados a productos o servicios financieros. Con ocasión del otorgamiento, renegociación o repactación de productos o servicios financieros, no se podrá contratar en el mismo acto o de manera conjunta seguros distintos de aquellos que tengan por objeto asegurar el pago de la deuda al acreedor o la protección de los bienes dados en garantía, los cuales serán determinados por la Comisión para el Mercado Financiero mediante norma de carácter general.

Serán nulos de pleno derecho los seguros que se contraten en contravención con lo señalado en el inciso primero.

Lo dispuesto en los incisos anteriores no será aplicable si dichos seguros son ratificados por el contratante del producto o servicio financiero, sin mediar mandato al acreedor, dentro del plazo de 30 días desde su suscripción. Sólo podrá cobrarse prima por estos seguros desde la fecha de su ratificación.

En tal caso, los riesgos serán de cargo del asegurador desde la fecha que establezca la póliza, o en su defecto, desde el momento de la ratificación.

La ratificación deberá realizarse por escrito, personalmente o por correo electrónico u otro medio equivalente, y deberá constar de forma expresa y clara la voluntad de estar ratificando la contratación del seguro, junto con especificarse que se trata de un seguro voluntario que no dice relación con el otorgamiento, renegociación o repactación de las operaciones contratadas.”.

- Agregar, en relación con el artículo 538 bis precedentemente transcrito, un artículo noveno transitorio, nuevo.

(Mayoría 9 x1 abstención)

Artículo 9°, nuevo

Aprobar el artículo 9° incorporado por la Cámara de Diputados, con las siguientes enmiendas:

- Incorporar un numeral 3, nuevo, del siguiente tenor:

“3. Agrégase el siguiente inciso final a su artículo 6°:

“No se podrá cobrar intereses por sobre aquella parte de la deuda que ya esté pagada.”.

(Unanimidad 10x0)

- Reemplazar el inciso tercero contenido en el literal b) del número 3 -que pasa a ser 4- por el siguiente:

“En las operaciones de crédito de dinero sólo podrán cobrarse los intereses asociados al capital insoluto, según condiciones pactadas. En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales el acreedor deberá restituir los montos que haya cobrado en exceso.”.

(Unanimidad 10x0)

- Sustituir el inciso segundo propuesto en el numeral 4 -que pasa a ser 5- por el que sigue:

“El interés moratorio a que se refiere el inciso anterior no podrá aplicarse conjunta ni adicionalmente, sobre un mismo monto, con ningún otro interés. Asimismo, este interés sólo podrá cobrarse sobre aquella parte del capital que se encuentre efectivamente vencida y no podrá ser capitalizada para el cálculo de intereses de ningún tipo.”.

(Unanimidad 10x0)

- Agregar al artículo 19 ter propuesto en el numeral 5 -que pasa a ser 6- el siguiente inciso final:

“Serán considerados intereses los cobros que no cumplan con los requisitos, reglas y condiciones que establezca la Comisión mediante la normativa referida precedentemente.”.

(Unanimidad 10x0)

Artículo octavo transitorio, nuevo

Aprobar en los mismos términos el artículo octavo transitorio incorporado por la Cámara de Diputados.

(Unanimidad 10x0)

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A título meramente informativo, cabe hacer presente que, de ser aprobada la proposición de la Comisión Mixta, el texto de la iniciativa legal quedaría como sigue:

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*El presente informe se suscribe sólo por la secretaria de la Comisión en virtud del acuerdo de Comités de 15 de abril de 2020, que autoriza proceder de esta manera.

MARÍA SOLEDAD ARAVENA

Secretaria de la Comisión