Labor Parlamentaria

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones incorporadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar la legislación electoral vigente y fortalecer la democracia.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán siete minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités, y cinco minutos a las demás.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 126ª de la presente legislatura, en miércoles 6 de enero de 2021. Documentos de la Cuenta N° 7.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra, vía telemática y hasta por tres minutos, el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER (vía telemática).-

Señor Presidente, me parece que este proyecto de ley, que ha sido bastante consensuado con el Ejecutivo y con el Servel, va en la línea correcta, en el sentido de ser un eslabón más en el perfeccionamiento de las herramientas que refuercen la democracia en Chile.

La utilización de medios electrónicos para los efectos de las notificaciones pertinentes, dejando los otros medios de comunicación como subsidiarios para estos efectos, si así lo manifiesta el elector, facilita las comunicaciones y transforma al Servel en una institución mucho más cercana a la gente y menos burocrática, además de bajar considerablemente el gasto fiscal en envíos de certificados.

Por otro lado, la depuración del padrón mediante la eliminación de las personas de noventa años o más años que no hayan renovado su cédula en los últimos once años es una medida eficiente para evitar que se mal utilicen los datos de estas personas para fraudes u otras malas prácticas en el ámbito electoral.

La posibilidad de que las declaraciones de candidaturas y la afiliación a partidos políticos en formación se puedan realizar por medios electrónicos es también un mecanismo que facilitará considerablemente los procedimientos.

En resumidas cuentas, el proyecto viene a transformar tanto al Servel como los procedimientos electorales en un sistema mucho más expedito, eficiente y acorde a los nuevos tiempos.

Por lo tanto, apoyo las modificaciones introducidas por el Senado.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, este proyecto, cuya idea matriz es modernizar la normativa electoral en diversos aspectos, como la adecuación del padrón electoral y la utilización preferente de medios electrónicos para publicar y notificar determinadas actuaciones electorales que emanan del Servel, vuelve prácticamente sin mayores modificaciones de su segundo trámite constitucional. De este modo, queda patente el esfuerzo y la coordinación desplegada por quienes integramos la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, que realizamos un trabajo conjunto y armónico con el Ejecutivo y el Servel, en sintonía con el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución que suscribió la gran mayoría de los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional, el 15 de noviembre del 2019, con miras a facilitar la participación ciudadana en los procesos electorales que se avecinan este 2021, acorde con el principio de transparencia de nuestro ordenamiento jurídico, que, en definitiva, es el móvil que inspira el mensaje que dio origen al proyecto.

Sin ir más lejos, ayer se marcó un hito en materia electoral, ya que se cerró el plazo para las candidaturas a convencionales constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales, una especie de puntapié inicial de los procesos electorales de este 2021, en los que se espera la mayor convocatoria y participación ciudadana, a efectos de legitimar las elecciones que, a juicio del propio director del Servel, pueden ser las más grandes de la historia nacional.

El proyecto, que consta de cuatro artículos, propone modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y a la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos.

Ahora bien, lo sustancial está en las innovaciones en cuanto a la adecuación del padrón electoral y a la utilización preferente de medios electrónicos para la publicación y notificación de actos del Servicio Electoral.

En cuanto al artículo 1, el cual no fue objeto de modificaciones de fondo por parte del Senado, el proyecto otorga la posibilidad de eliminar del Registro Electoral a aquellas personas respecto de las cuales existen presunciones fundadas de su fallecimiento, aun cuando no se cuente con el certificado de defunción respectivo, autorizando al Servel, interconectado con el Servicio de Registro Civil e Identificación, a elaborar un listado especial con los ciudadanos mayores de 90 años que no hayan obtenido o renovado su cédula nacional de identidad en los últimos once años y que, además, no hayan votado en las últimas dos elecciones.

Recordemos que la cédula nacional de identidad tiene una vigencia de diez años, por lo que si transcurridos once años una persona no la renueva y tiene más de 90 años de edad, es altamente probable que no pueda participar de los procesos electorales.

El supuesto anterior fue debidamente discutido, ya que no debe interpretarse como una restricción o exclusión de la cuarta de edad de los procesos eleccionarios, sino como la posibilidad de facilitar, en la medida en que existan presunciones fundadas y concurran los requisitos que la ley establece, la depuración del padrón.

Idéntico cuidado tuvieron todos los integrantes de la comisión en relación con mantener las notificaciones o publicaciones tradicionales y establecer, como alternativa complementaria, las comunicaciones vía correo electrónico o por medios digitales, considerando las distintas realidades regionales, comunales y etarias que se dan a lo largo del país.

También, esta adecuación y modernización se traduce en una mejor interacción y en una reducción significativa del gasto fiscal, al contar con información oficial en línea entre los servicios involucrados y la comunidad.

En este orden de cosas, cabe destacar que logramos aprobar indicaciones que van en la línea de fortalecer la trasparencia de los partidos políticos, al reemplazar el vocablo “identificar” por “registrar”, respecto de los aportes públicos y privados que se hacen a los partidos políticos, pero también al establecer que se deberá registrar toda asignación y donación testamentaria que se haga a favor de los partidos políticos.

Respecto del último punto, se mantuvo, en su esencia, la indicación promovida por los diputados de Chile Vamos en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, la cual fue aprobada por la unanimidad de sus miembros. La indicación guarda directa relación con el artículo 36 bis de la misma ley, que fue incorporado por la ley N° 20.915, con el objeto de fortalecer el carácter público y democrático de los partidos políticos, y facilitar su modernización. Además, consideró la instrucción general del Consejo para la Transparencia sobre transparencia activa de los partidos políticos, cuyo objetivo es fortalecer el acceso a la información. La idea es que, en el futuro, respecto de ningún representante electo popularmente o partido al que representa se deje espacio a dudas si se puede ser más claro, tal como lo señaló el diputado Giorgio Jackson en una entrevista radial.

Por otra parte, los partidos políticos no podrán fusionarse durante el período comprendido entre los 90 días anteriores hasta los 90 días posteriores a la fecha de la celebración de una elección de diputados, evitándose así, en la práctica, fusiones que pueden ser percibidas por los ciudadanos como uniones por mera conveniencia o con fines puramente electorales.

Además, el proyecto, en su estructura y contenido, propicia y facilita las candidaturas independientes, desafío que fue recogido por el Ejecutivo a partir de las demandas ciudadanas, lo que promueve la participación en el sistema, dotándolo de mayor transparencia y legitimidad, lo que va en la línea correcta si se considera que el propio director del Servel reportó que, aproximadamente, 2.230 candidaturas independientes se inscribieron para ser convencionales constituyentes a lo largo del país, y se han recibido más de 380.000 patrocinios.

Por todas las razones expuestas, vamos a votar a favor.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, este proyecto surge de la obligación legal del Servel de revisar los cuerpos normativos vinculados con nuestro sistema electoral después de cada elección.

El proyecto de ley avanza en dos líneas: la adecuación del padrón electoral mediante la exclusión de personas mayores de 90 años, que se presumen fallecidas, con un mecanismo de eliminación del Registro de Afiliados de los llamados “militantes zombis”, y la notificación electrónica de los actos del Servel, como medidas de ahorro presupuestario.

El Senado modificó de 10 a 15 días el plazo de apelación que tienen las personas mayores de 90 años, con carné de identidad vencido, que figuren en la nómina para ser eliminadas de los registros electorales; deja en manos de una instrucción general del Servel la regulación de la afiliación electrónica a un partido político; modificó la norma revisada por la Cámara que impedía la fusión de partidos políticos que no cumplieran las exigencias de la ley para su funcionamiento, reponiendo la posibilidad de fusión entre los 90 días anteriores y los 90 días posteriores a la elección de diputados y diputadas; redujo de 90 a 30 días el plazo de cancelación de un partido político por no haber alcanzado el 5 por ciento de los votos, permitiendo la fusión dentro de ese plazo; dejó como artículo transitorio la norma que permite de manera extraordinaria a los partidos políticos gastar el aporte público entregado a los mismos para el fomento de la participación de las mujeres y que no haya sido ejecutado como consecuencia de la pandemia; redujo el piso de la multa por vulnerar la ley N° 20.900 de 7 a 5 UTM, y amplía de 45 días a un rango de 70 a 100 días el plazo para que el director del Servel se pronuncie respecto de las rendiciones de ingresos y gastos electorales.

La pandemia y la introducción de plataformas digitales en las relaciones sociales suponen una necesaria reeducación de la política institucional y de nuestra democracia en distintos espacios, ciclos y dinámicas políticas que se configuran a partir de la masificación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, las que se van socializando políticamente a través de las redes sociales. Desde esa perspectiva, cualquiera iniciativa que vaya en la dirección de modernizar nuestro sistema político apuntando a la democratización puede ser vista como un avance. Sin embargo, cuando un proyecto de ley solo tiene como intención ahorrar una cantidad ínfima de dinero en lugar de impulsar una verdadera modernización y fortalecimiento de nuestra democracia, se puede dudar legítimamente de su eficacia.

El proyecto tiene aspectos positivos, como la posibilidad de afiliación por medios electrónicos a un partido político o la depuración del Registro de Afiliados, para transparentar la real situación de los partidos políticos.

Este proyecto pudo haber constituido la oportunidad de modernizar realmente nuestro sistema político. Perfectamente se pudo haber discutido la incorporación de mecanismos de votación a distancia o electrónica para ciertos casos, sobre todo considerando que aún estamos en pandemia y que se viene una serie de procesos electorales importantísimos, como la elección de los miembros de la Convención Constitucional.

Repito que el proyecto tiene aspectos positivos. Si bien pudo ser tratado de mejor manera, no nos dimos el tiempo necesario para hacerlo. De todas maneras, como bancada comunista, votaremos a favor la iniciativa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, el sistema electoral en Chile parece del siglo XIX, pues se deben efectuar muchas inscripciones en distintos periódicos y en el Diario Oficial.

Si apreciamos el proyecto desde la perspectiva de los partidos y del mismo Servel , es una buena iniciativa. Uno puede estar en desacuerdo o no tan de acuerdo con algunas cosas, pero, en general, es un muy buen proyecto.

La iniciativa -repitonos saca del siglo XIX, pero nos pone recién en el siglo XX, no en el XXI. Lo digo porque este proyecto, si bien es bueno -lo voy a aprobar-, no va al fondo de los problemas del sistema electoral. Eso no depende del Servel, sino, más bien, de los partidos políticos, de las candidaturas y de las autoridades.

Desde 2015 está durmiendo en el Senado un proyecto que la Cámara de Diputados despachó en 2013, relativo a la violencia en las elecciones, el que fue tramitado a propósito del “proyecto de ley Luciano”, bautizado así en recuerdo de Luciano Rendón, agredido por brigadistas de la Democracia Cristiana y de la UDI con antecedentes penales. Este proyecto de ley señala que las personas con antecedentes penales no deberían formar parte de brigadas.

Ingresamos un proyecto de ley para que los aportes de privados a campañas y el límite del gasto electoral no sean tan elevados. ¿Quién puede donar cuatro millones de pesos a una campaña? Los empresarios. Si bien está prohibido que los empresarios o las empresas financien campañas, igualmente lo hacen hasta ese límite.

Llamo a esta Cámara a legislar los temas de fondo, a prestigiar la política, cambiando y prohibiendo todas las malas prácticas que rodean las campañas electorales.

Pido que se oficie al Senado para que destrabe el “proyecto de ley Luciano” y sea examinado por esta Cámara. No olvidemos que tenemos un año con muchas elecciones.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna) [vía telemática].-

Señor Presidente, felicito a cada uno de los diputados y diputadas de la Comisión de Gobierno Interior, la cual presido, por el trabajo que han llevado a cabo de manera transversal, seria y responsable. Cuando hablamos de trabajar en reforzar nuestra democracia, participación y ciudadanía; cuando hacemos un llamado a mejorar y prestigiar la política, hay que hacerlo con responsabilidad política.

La Democracia Cristiana es un partido de oposición, pero también nos interesa avanzar con lo que el gobierno pone a disposición. Y este no es un gran proyecto, sino más bien cosmético en lo que respecta a algunas materias. En ese sentido, pudo haber sido mucho más ambicioso. Sin embargo, con lo que el gobierno puso en la mesa y las indicaciones patrocinadas por quienes estuvimos disponibles para apoyarlas, hemos llegado a algo que por lo menos aporta al Servel. Sin duda, nos habría gustado que hubiese habido más voluntad para patrocinar otras indicaciones, para desburocratizar y hacer menos lento el trabajo de los vocales y de tanta gente que participa muchas veces de manera voluntaria en el proceso electoral, pero ello no fue posible. Tampoco hubo voluntad para avanzar en materias como la de timbres y otras.

El proyecto que hoy discutimos, que se encuentra en tercer trámite constitucional, es necesario para nuestro sistema electoral. Por ejemplo, establece la posibilidad de que el Servicio Electoral informe al elector, a través de correo electrónico, de las situaciones que digan relación con su persona, notificando de cambios de domicilio electoral, postulaciones a cargos de elección popular, suscripciones de candidaturas a partidos en formación, etcétera.

También, soluciona una situación que aqueja a esos miles de chilenos que habiendo militado alguna vez en algún partido político, decidieron no refichar, pensando que pasarían a ser independientes. Sin embargo, lo que sucedió es que quedaron suspendidos de sus derechos militantes, sin perder la condición de tal. Con la norma propuesta en el proyecto, esas personas podrán readquirir su calidad de independientes, que hoy algunos manipulan y utilizan tanto. Aquí hay que validar el trabajo de los independientes de verdad, sin necesidad de realizar el trámite de renuncia a partidos políticos en caso de no haber refichado.

Una de las reformas más importantes planteadas por el proyecto de ley es la que presentamos en conjunto con las diputadas Parra y Hernando , y que el Ejecutivo, por consejo del Servel, aceptó. Consiste en la posibilidad de patrocinar candidaturas a través del sistema de Clave Única, procedimiento que ya existe para convencionales constituyentes, en virtud de la reforma constitucional impulsada por el colega Matías Walker en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Esa iniciativa surgió inicialmente en la comisión de Gobierno Interior; sin embargo, debido a que el gobierno reaccionó muy tarde, la tomó la Comisión de Constitución. Lamentablemente, no podrá ser ley antes de las próximas elecciones de gobernadores regionales y alcaldes. La misma habría sido muy útil para dar señales claras y concretas a los independientes, porque muchas personas opinan, pero no son capaces de entregar señales claras.

El proyecto podría haber sido una posibilidad para la inscripción, que venció anoche, de acuerdo con los plazos establecidos en el sistema.

Lamento que el proyecto no haya podido ser ley. A muchos independientes les complicamos el sistema de inscripción por encontrarnos en plena pandemia. No estuvimos a la altura de las circunstancias. Quiero reiterarlo, porque se trata de algo que advertimos hace meses en la comisión. Lamento que no existiera voluntad para ello. Creo que la burocracia del sistema fue mayor que la forma de reaccionar para el establecimiento de una legislación.

Pese a todo lo anterior, es necesario reconocer la voluntad política de todos los actores que participaron en la discusión del proyecto. Las grandes reformas en materia electoral necesitan acuerdos, como los alcanzados durante la tramitación de este proyecto. En ese sentido, la Comisión de Gobierno ha demostrado, con varios proyectos en tabla, que ha sido capaz de destrabar, de avanzar y de lograr acuerdos.

Quiero destacar que las modificaciones incorporadas por el Senado en el segundo trámite constitucional no son más que enmiendas formales que no cambian ningún aspecto de fondo respecto de lo aprobado por nuestra comisión y por la Cámara. Tampoco eliminan el reconocimiento exprés que se hizo a las víctimas de la dictadura, que, hasta la fecha, son considerados detenidos desaparecidos. En ese aspecto, valoro lo que hizo el ministro Monckeberg …

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, sobre el proyecto nos referimos in extenso hace pocas semanas, y, por supuesto, lo hicimos de manera positiva, porque incorpora un conjunto de modificaciones que apuntan a actualizar los procedimientos del sistema electoral chileno de acuerdo a las nuevas tecnologías y a la modernidad. Creo que son muy positivas. Se vio, por ejemplo, lo que ocurrió con la plataforma virtual de inscripción de independientes. Asimismo, se vio cómo habría sido de distinta la situación si ese sistema se hubiera aplicado al conjunto de las elecciones. Lo digo, porque quienes se inscribieron como candidatos a gobernador como independientes, a alcalde o a concejal, tuvieron que recorrer el camino antiguo, con las dificultades añadidas por la pandemia.

No obstante, como suele hacerse, quiero acudir a los fenicios. Usted, señor Presidente, conoce bien el chiste de los fenicios. Quiero hablar de la urgente necesidad de modernización del sistema de votación, para que toda persona pueda votar en el local más cercano del lugar donde se encuentre o donde trabaje. Solo así resolveremos el gran problema de falta de participación electoral.

Establecimos la inscripción automática y el voto voluntario. Sin embargo, resulta que en Chile el voto no solo es voluntario, sino que es pagado, porque en ocasiones las personas deben desplazarse muchos kilómetros para ejercer su derecho a voto.

En verdad, desde el punto de vista de la tecnología, y manteniendo la seguridad del sistema, es perfectamente posible que el Estado se comprometa a permitir que cada ciudadano de este país vote en el lugar más cercano de aquel en que se encuentre, sea un liceo, sea un local que se haya habilitado para ese efecto, con la sola transformación tecnológica que permita que en cada una de las mesas y de los locales de votación de Chile se pueda acceder a todo el padrón. Esta medida se aplica en muchos países, lo que, por supuesto, disminuye de manera radical la dificultad para votar. Hoy, la cantidad de desplazamientos que hacen las chilenas y los chilenos para concurrir a votar es increíblemente mayor de lo que el mínimo concepto de economía permite entender.

Al golpear la puerta en algún hogar del distrito, uno se encuentra con que las tres, cuatro o cinco personas que viven allí, votan en mesas y, a veces, en locales distintos. Es muy frecuente que el elector tenga un local de votación a cien, doscientos o trescientos metros de su casa, pero deba desplazarse a otro que queda a muchos kilómetros. Eso podría resolverse de forma sencilla con el padrón electrónico -no me refiero al voto electrónico, sino al padrón electrónico-, de manera que a todo ciudadano, tras identificarse, le sea asignado el voto que corresponde, y él, personalmente, lo meta dentro de la urna. La idea es mantener el voto presencial y secreto, sin variar en lo absoluto la confiabilidad del proceso.

Existe un estudio que hizo el Servicio Electoral (Servel), cuyo resultado fue positivo. Al respecto, estoy muy inquieto y preocupado, porque de ese estudio no ha emanado la política necesaria para esa transformación.

Señor Presidente, por su intermedio pido al gobierno que haga esa transformación. Sé que es muy difícil llevarla a cabo cuando las elecciones están cerca, pero hay que hacerla para los próximos comicios. De otra forma, nos encontraremos de nuevo con el mismo problema: tendremos cerca una elección y no haremos las transformaciones requeridas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, el proyecto fue objeto de pequeñas modificaciones en el Senado. Eso quiere decir que en la Cámara de Diputados se hizo un muy buen trabajo respecto de la modernización de la legislación electoral.

Si bien el proyecto no es lo completo que quisiéramos, sí es un avance importante en lo que tiene que ver con ahorro de recursos del Estado, principalmente en lo que tiene relación con las publicaciones. En efecto, se gastaba mucho dinero en publicaciones, las que perfectamente se pueden hacer a través de la página web del Servel.

Esa medida va a significar un ahorro importante para el Estado.

En cuanto a las notificaciones, estas podrán hacerse también a través del e-mail, no necesariamente por carta certificada, una vez que el elector manifieste su consentimiento.

Son pasos importantes para modernizar la legislación electoral.

También deseo destacar la eliminación de los militantes “zombis”, es decir, aquellos que estaban en una especie de limbo, pues tenían sus derechos políticos suspendidos, no podían ser candidatos y tampoco podían votar en primarias, porque seguían figurando como militantes de algún partido político, a pesar de no haber sido reempadronados. Gracias a la iniciativa, más de 300.000 personas recobrarán su normalidad en la vida política, pues podrán participar y ser candidatas sin ningún problema.

¿Es necesario complementar el proyecto con otras iniciativas? Sí. El diputado Pepe Auth mencionó una, en el sentido de acercar los locales de votación al domicilio de los electores. Hoy existe una iniciativa, de mi autoría, que busca solucionar ese problema, la que se encuentra en segundo trámite constitucional, en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

Si queremos combatir la abstención electoral y el desprestigio de la política, no solo se debe elevar la calidad del debate, sino también facilitar la vida a la gente y aminorar los costos que implica para ella ir a sufragar.

Hoy, el costo de ir a sufragar puede ser más alto que el beneficio que pueda obtener una persona por elegir a una autoridad que la represente en sus intereses. En efecto, esa persona muchas veces debe pagar dos, tres y hasta cuatro locomociones, o bien tiene que trabajar ese día. Ese elector muchas veces tiene un local de votación a una cuadra de su hogar, y es posible que otra persona de su familia vote en ese local, pero él tiene que desplazarse kilómetros para hacerlo.

Si bien el Servel está haciendo un avance importante y está creando nuevas circunscripciones electorales en lugares en que no existían, para que la gente se traslade mucho menos de lo que debía hacerlo hasta ahora, es necesario corregir esa desigualdad social evidente que hoy existe en el ejercicio del derecho a voto.

Para una persona que tiene automóvil, para quien no representa un mayor costo ir a votar un día domingo, claramente el esfuerzo de hacerlo será mucho menor que para otra que necesita esos recursos para satisfacer las necesidades de su familia.

En consecuencia, es necesario avanzar en acercar los locales de votación a los domicilios de los electores, así como en implementar el voto anticipado.

Además, debo destacar la modernización que implica poder inscribir las candidaturas a través de la página web del Servel, de modo de evitar costos innecesarios para quienes desean ser candidatos, sobre todo para los independientes, que no figuran en ningún partido político.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción y mensaje, refundidos, que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (boletines Nos 13115-06 y 1356507).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán siete minutos a las bancadas que tengan dos o más Comités, y cinco minutos a quienes conformen un Comité, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputada informante de las comisiones unidas de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es la señora Marcela Hernando .

Antecedentes:

Moción:

-Boletín N° 13115-06, sesión 121ª de la legislatura 367ª, en miércoles 11 de diciembre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 6, y

-Mensaje:

Boletín N° 13565-07, sesión 28ª de la presente legislatura, en martes 9 de junio de 2020.

Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informes de las comisiones unidas de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización; y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 113ª de la presente legislatura, en martes 15 de diciembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 36.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 127ª de la presente legislatura, en jueves 7 de enero de 2021. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada informante.

La señora HERNANDO (doña Marcela) [vía telemática].-

Señor Presidente, en mi calidad de diputada informante de las comisiones unidas de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a rendir el informe emitido por ellas, recaído en el proyecto, iniciado en moción de las diputadas Hernando , Luck , Parra y Pérez , doña Joanna , y de los diputados Berger , Monsalve , Saffirio , Saldívar , Soto, don Leonardo , y Trisotti , que modifica la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, para promover la denuncia, por parte de los funcionarios públicos, de los delitos y otros hechos irregulares de los que tengan conocimiento (boletín N° 13115-06), y en el proyecto, iniciado en mensaje, que establece un nuevo estatuto de protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (boletín N° 13565-07).

Las ideas matrices son fortalecer la probidad pública, establecer un nuevo sistema de recepción de denuncias por hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o de faltas administrativas, y hechos constitutivos de corrupción o que afectaren bienes o recursos públicos, cometidos al interior de la Administración del Estado, y reforzar las medidas de protección para el denunciante.

El proyecto contiene normas de quorum especial.

a) Son de rango orgánico constitucional las siguientes normas del proyecto:

La letra a) del artículo 1, según el artículo 38 de la Constitución Política de la República, porque incide en la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado; los artículos 2, 4, 8, 9, 11 y 12, de acuerdo con el artículo 98 de la Constitución Política, porque confieren nuevas funciones a la Contraloría General de la República, y el artículo 15, número 2), según el inciso primero del artículo 84 de la Carta Fundamental, pues otorga una atribución al Ministerio Público.

b) Son de quorum calificado el artículo 6 y el artículo 15, número 1), de conformidad con el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política, pues consagran una excepción al principio según el cual son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado.

La comisión aprobó por unanimidad -16 votosla idea de legislar. Participaron en la votación las diputadas Camila Flores , Marcela Hernando , Pamela Jiles , Paulina Núñez , Andrea Parra , Catalina Pérez y Joanna Pérez (Presidenta), y los diputados Bernardo Berger , Luciano Cruz-Coke , Hugo Gutiérrez , Marcos Ilabaca , Andrés Longton , Raúl Saldívar , Leonardo Soto , Renzo Trisotti y Matías Walker .

Antecedentes y fundamentos

1. La moción (boletín N° 13115-06)

La ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, señala que las relaciones entre el Estado y el personal de los ministerios, intendencias y gobernaciones, y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se regulan por dicho cuerpo legal, sin perjuicio de las excepciones que consagra la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Los funcionarios públicos participan en la administración pública del gobierno, son parte central de la administración y acceden a su condición a través de la elección, el nombramiento, la selección o empleo. Pueden ser de confianza o designados, según el sistema de concursos.

De acuerdo con un estudio de la Dipres, de 2017, que se denomina Principales tendencias del empleo en el Gobierno Central, en el periodo 2007–2016 el personal civil que desempeñaba funciones en el gobierno central, incluyendo al de dotación y a honorarios, había pasado de 202.896 a 296.080, lo que implica un crecimiento de 45,9 por ciento en ese período, con una tasa promedio anual de 4,3 por ciento.

Más adelante, y en un plano diferente, los autores del proyecto abordan el tema de la corrupción, en el cual destacan la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de 2004, que señala que la corrupción representa un hecho grave para el desarrollo democrático. La Convención insta a tipificar como delito de corrupción las conductas de soborno a funcionarios públicos, como asimismo el fraude, la apropiación indebida, el lavado de dinero, la obstrucción a la justicia, el tráfico de influencias, el abuso de poder, el enriquecimiento ilícito, el soborno en el sector privado, la colusión y los desvíos de recursos en el sector privado.

También es interesante la aproximación al tema de la corrupción política por parte del organismo Transparencia Internacional, de 2017, que la concibe como una manipulación de las políticas, las instituciones y las normas de procedimiento en la asignación de recursos y la financiación por los decidores políticos, quienes abusan de su posición para sostener su poder, estatus y riqueza.

El Estatuto Administrativo, en su artículo 61, contiene las obligaciones a que deben sujetarse los funcionarios públicos. En el contexto del proyecto de ley, merece ser destacada la que está plasmada en la letra k), que dice así:

“Artículo 61.- Serán obligaciones de cada funcionario: (…)

k) Denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía si no hubiere fiscalía en el lugar en que el funcionario presta servicios, con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos y a la autoridad competente los hechos de carácter irregular, especialmente de aquellos que contravienen el principio de probidad administrativa regulado por la ley Nº 18.575.”.

Por su parte, el artículo 90 establece los parámetros sobre los cuales debe operar la denuncia, y cuáles son las garantías de protección que amparan a los funcionarios que denuncian hechos de corrupción.

En cuanto al contenido de la moción, esta plantea las siguientes medidas:

Permitir al funcionario solicitar el traslado de su lugar de funciones. Hoy solo se permite solicitar “no ser trasladado”.

Otorgar la facultad de pedir judicialmente la separación provisional del trabajo, con derecho a remuneración (ser apartado de las funciones), para casos graves en que el denunciante haya sido objeto de amenazas y de presiones.

Generar un incentivo desde el punto de vista de la carrera funcionaria, cuando el hecho denunciado implique un detrimento para el patrimonio fiscal.

2. El mensaje (boletín N° 13565-07)

A partir de la publicación de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se sientan las bases de un sistema de integridad pública. En efecto, desde 2008 a la fecha han entrado en vigencia catorce leyes que conforman dicho sistema, entre las que destacan la ley N° 20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios, y la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. Estas leyes, junto con otras, han tenido entre sus objetivos incrementar la probidad administrativa, regular el lobby y aumentar los niveles de transparencia en la democracia, entre otros aspectos.

Aunque la ley N° 20.205, que Protege al Funcionario que Denuncia Irregularidades y Faltas al Principio de Probidad, constituyó un gran avance en la materia, tal normativa contempla ciertos aspectos que es necesario y recomendable perfeccionar. En ese sentido, la ley referida tiene un campo de aplicación acotado, pues solo reconoce derechos para aquellos funcionarios públicos a los que se les aplica el Estatuto Administrativo o el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, pero no a quienes se encuentran sujetos a otros regímenes estatutarios, contratados a honorarios o bajo el régimen contractual normado por el Código del Trabajo. Asimismo, no dispuso de un canal que facilite el cumplimiento del deber de denuncia y que permita a la Administración tomar conocimiento, a la brevedad, de aquellos actos que lesionan el correcto ejercicio de la función pública.

En razón de lo expuesto -continúa el mensaje-, resulta necesario fortalecer y perfeccionar los mecanismos existentes en nuestra legislación, para promover que no solo los funcionarios públicos, sino todas las personas que desempeñen funciones en la Administración del Estado, cualquiera sea la calidad jurídica en que lo hagan y el estatuto que les sea aplicable, e incluso los ciudadanos particulares, puedan denunciar hechos de que tomen conocimiento al interior de la administración y que pudieren estimarse constitutivos de infracciones a las obligaciones o deberes ministeriales previstos en el ordenamiento jurídico, sean o no constitutivos de delito, estableciendo para tales fines procedimientos expeditos de denuncia y medidas de protección eficientes que motiven la denuncia, especialmente por parte de los operadores del sistema público.

Síntesis del proyecto contenido en el mensaje

El Título I (artículo 1) contiene varias definiciones, como lo que debe entenderse por Administración del Estado para efectos de esta ley, o “canal” (por canal de denuncias de la Contraloría.)

El Título II crea y regula el referido canal de denuncias, que es administrado por la Contraloría a través de una plataforma electrónica, y que permite a toda persona denunciar hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o de faltas administrativas, incluyendo hechos constitutivos de corrupción.

Frente a una denuncia, la Contraloría puede ordenar a la autoridad dotada de potestad disciplinaria iniciar el procedimiento respectivo, o incoar ella directamente un procedimiento disciplinario, debiendo, en el segundo caso, proponer las sanciones que estime procedentes, o la absolución.

Otro aspecto importante del proyecto es que establece que el contenido de la denuncia y sus antecedentes de respaldo serán reservados desde su ingreso al canal, en caso de que el solicitante pida la reserva de su identidad, sin perjuicio de la excepción que indica.

Asimismo, cabe destacar que el denunciante puede solicitar a la Contraloría que se apliquen a su favor medidas preventivas de protección.

El proyecto adecua, por otra parte, algunos cuerpos legales, como el Estatuto Administrativo, el Código Procesal Penal y el Código Penal. En cuanto a este último, se incorporan los artículos 211 bis y 211 ter; el primero de ellos señala lo que debe entenderse por “infracción administrativa” y por “infracción disciplinaria”. En el artículo 211 ter se establece la figura de la retractación oportuna de quien hubiere formulado una denuncia maliciosa.

Durante la discusión particular se aprobaron varias modificaciones a los textos originales de los proyectos refundidos, entre ellas las siguientes:

En el artículo 1, se amplió el concepto de Administración del Estado para efectos de esta ley, que en el texto del mensaje excluía a las empresas públicas y a los órganos constitucionalmente autónomos. En virtud de una indicación del Ejecutivo, se establece que se incluyen los órganos y servicios públicos sujetos a la fiscalización de la Contraloría.

Por otro lado, según una indicación parlamentaria, en el mismo artículo 1 se agregó el concepto de denunciante, entendiendo por tal a aquella persona que pone en conocimiento de las autoridades respectivas acciones u omisiones susceptibles de ser calificadas como corrupción pública o privada, de naturaleza penal o de infracciones al deber de probidad, cuya verosimilitud sea demostrable no mediando hechos deliberadamente falsos o simulados.

Otra enmienda sustantiva fue la incorporación de un artículo dentro del Título I del proyecto, que contiene las disposiciones generales, y que consagra como un derecho del denunciante de corrupción el acceso a la protección, para garantizar el ejercicio pleno de la integridad personal y la de sus bienes, en caso de verse amenazados como consecuencia de la denuncia que ha hecho.

En virtud de una indicación parlamentaria, se agregó un inciso en el artículo 4, que establece que se considerará circunstancia atenuante en el contexto de los procedimientos disciplinarios a que pudiere dar lugar la interposición de la denuncia, la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos denunciados.

En el artículo 8, que enuncia las medidas preventivas de protección que puede solicitar el denunciante a la Contraloría, se incorporaron otras, como, por ejemplo, el secreto de determinadas actuaciones, registros o documentos; el traslado de las diligencias a las que deba asistir el denunciante y de cuya ubicación no se dejará constancia en el registro respectivo, y la utilización de procedimientos mecánicos o tecnológicos que eviten la participación física del testigo en las actuaciones procesales.

En el artículo 11, que consagra el derecho de concurrir ante la Contraloría de toda persona que, como consecuencia de haber hecho una denuncia a través del canal hubiere sufrido represalias por una actuación que afectare su estabilidad laboral, se incorporaron dos nuevos incisos, de acuerdo a una indicación parlamentaria. En virtud del primero de ellos, se extiende tal derecho al que, habiendo realizado tal denuncia, vea impedidas sus posibilidades de ingreso, promoción o renovación laboral, sea en el organismo en que se encontraba al momento de denunciar, o en otro. El segundo inciso que se agrega al artículo 11 faculta también a concurrir ante la Contraloría al cónyuge, conviviente civil o pariente (en los grados que se señalan), que en razón de la denuncia efectuada por su pariente sufra represalia.

De conformidad con otra indicación parlamentaria, se agregó un artículo 12 bis, que en resumen señala que el funcionario público que sea coautor, cómplice o encubridor de alguna conducta susceptible de ser sancionada penalmente, podrá obtener una reducción de la sanción descrita en esta ley cuando aporte al tribunal competente antecedentes que conduzcan a la acreditación de dicha conducta y a la determinación de los demás responsables.

Otra modificación importante incorporada durante la discusión particular consistió en agregar un Título Nuevo, que lleva el epígrafe Disposiciones Finales, y que consta de dos artículos, el 12 ter y el 12 quater.

En el artículo 12 ter se establece que las disposiciones de esta ley también serán aplicables a las denuncias por hechos constitutivos de faltas administrativas o infracciones disciplinarias en las que tuvieren participación las corporaciones o fundaciones de desarrollo regional, o las corporaciones o fundaciones municipales, o su personal en ambos casos; o bien las empresas o sociedades en las que el Estado o sus diversos organismos tengan aportes de capital mayoritario. No obstante, no serán aplicables las normas sobre deber de denuncia y medidas de protección que contempla el proyecto respecto del personal que presta servicios en las instituciones y empresas antes aludidas.

A su vez, el nuevo artículo 12 quater precisa que el trabajador regido por el Código del Trabajo que ha sufrido represalias con motivo de una denuncia efectuada podrá reclamar conforme a lo estipulado en dicho Código.

Por las consideraciones expuestas, las comisiones unidas de Gobierno Interior y de Constitución recomiendan a la Sala aprobar el proyecto de ley al cual me he referido.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor VON MÜHLENBROCK (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en lo referido a su incidencia presupuestaria, el proyecto de ley que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa.

La iniciativa se originó en proyectos refundidos, el primero, de las diputadas señoras Marcela Hernando , Karin Luck , Andrea Parra y Joanna Pérez , y de los diputados señores Bernardo Berger , Manuel Monsalve , René Saffirio , Raúl Saldívar , Leonardo Soto y Renzo Trisotti, ingresada a tramitación el 9 de diciembre de 2019, y el segundo, en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, ingresado el 4 de junio de 2020, correspondientes a los boletines Nos 13115-06 y 13565-07, respectivamente.

En representación del Ejecutivo, presentó el proyecto el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández .

La idea fundamental de la iniciativa apunta a fortalecer la normativa existente sobre probidad en la administración del Estado mediante la incorporación de medidas legales de protección al denunciante, entendido este no solo como el funcionario público, sino todas las personas que desempeñen funciones en la administración del Estado, cualquiera sea la calidad jurídica en que lo hagan y el estatuto que les sea aplicable, e incluso los ciudadanos particulares, para que puedan denunciar hechos de que tomen conocimiento al interior de la administración y que pudieren estimarse constitutivos de infracciones a las obligaciones o deberes ministeriales previstos en el ordenamiento jurídico, sean o no constitutivos de delito, estableciendo para tales fines procedimientos expeditos de denuncia y medidas de protección eficientes y suficientes que motiven la denuncia, especialmente por parte de los operadores del sistema público.

Para materializar ese propósito, se crea un canal de la Contraloría General de la República que permitirá denunciar hechos constitutivos de infracciones disciplinarias y de faltas administrativas. Asimismo, se otorgan al órgano contralor potestades disciplinarias para ordenar directamente la persecución de responsabilidades administrativas de los servidores públicos involucrados en tales conductas, y se le impone el deber de poner en conocimiento del Ministerio Público aquellos hechos denunciados en el referido canal que sean constitutivos de delito.

El proyecto establece también la opción al denunciante de requerir la reserva de su identidad, así como otros mecanismos de protección en favor de él.

Por otra parte, se crean nuevos tipos penales con el objeto de sancionar la denuncia calumniosa y la violación del secreto.

En materia de incidencia fiscal, el primer informe financiero de la Dirección de Presupuestos señala que la implementación de una plataforma electrónica para el nuevo canal de denuncias de la Contraloría General de la República se materializará a través de mejoras al sistema actualmente en operación, mediante la contratación de un equipo externo y el aumento de la capacidad de almacenamiento de la plataforma, lo que involucrará un costo estimado, por una sola vez, de 87.109.000 pesos.

Se debe adicionar a lo anterior el fortalecimiento de la Unidad de Protección Funcionaria de la Contraloría General de la República, lo que significará requerimientos de personal, que se evaluarán anualmente en la formulación de los correspondientes proyectos de ley de presupuestos.

En materia de financiamiento, el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la futura ley durante el primer año presupuestario de su vigencia se financiará con cargo al presupuesto de la Contraloría General de la República, y, en lo que faltare, con recursos del Tesoro Público. En los años siguientes se estará a lo que considere la ley de presupuestos respectiva.

La Comisión de Hacienda, tras conocer los detalles de este proyecto y ponderar positivamente sus particularidades, aprobó por unanimidad las dos disposiciones de su competencia: el artículo 2 permanente y el artículo cuarto transitorio.

Votaron a favor la diputada señora Sofía Cid y los diputados señores Cosme Mellado , José Miguel Ortiz , Leopoldo Pérez , Alejandro Santana , Marcelo Schilling , Pablo Lorenzini (Presidente accidental) y quien informa, Gastón von Mühlenbrock .

Por lo expuesto, la Comisión de Hacienda recomienda a esta Sala aprobar la iniciativa de ley en los mismos términos señalados.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando .

La señora HERNANDO (doña Marcela) [vía telemática].-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer la disponibilidad que tuvo el gobierno, el Ejecutivo, para aceptar la fusión de su proyecto con una iniciativa de la cual soy autora junto con otros colegas.

Asimismo, en este escaso tiempo quiero destacar los aspectos más importantes que, a mi juicio, tiene este proyecto.

Primero, la protección al denunciante, que hasta ahora ha sido bastante débil. Una de las razones por las cuales desconocemos una cantidad de cosas importantes que pasan en la administración pública es precisamente porque no existe esa protección y el hilo se corta por lo más delgado.

Segundo, la extensión de este proyecto a algunos organismos que al principio no estaban considerados, como las corporaciones municipales y algunas empresas del Estado, que estarán sujetas al nuevo estatuto propuesto.

Por último, quiero señalar que, desde mi punto de vista, el proyecto tiene una parte débil, cual es el establecimiento de incentivos para que las personas denuncien. En la administración pública, por tratarse de fondos del Estado, no pueden existir incentivos, por lo que reitero ese aspecto ha quedado definitivamente débil.

Anuncio que el Partido Radical apoyará esta iniciativa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena) [vía telemática].-

Señor Presidente, la administración del Estado, como aparato burocrático, siempre es regulada por leyes y está constituida por diversas estructuras administrativas, además de organismos y servicios públicos, y, en el fondo, es un elemento fundamental para el bien común.

Asimismo, la administración del Estado es el poder encargado de satisfacer, como dice en el texto, las necesidades públicas de modo continuo y permanente.

Entonces, es la administración del Estado la encargada de hacer realidad la aplicación de las leyes. Nosotros las creamos y quien las ejecuta es la administración del Estado, y por eso se llama Poder Ejecutivo.

Son muchos y diversos los principios que rigen la administración del Estado y a su personal, todos los cuales se orientan a esta realización del fin, que, como dije, es buscar el bien común. ¿Pero cuál es? Atender las necesidades de las personas.

Entre estos principios, uno que es fundamental y del cual pareciera que hoy toda la sociedad, transversalmente, está carente es la probidad.

Este proyecto trata de una probidad específica: la administrativa.

La probidad administrativa es el principio que debe inspirar la labor de los funcionarios y del personal de la administración del Estado, que consiste -así lo dice el proyectoen observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. O sea, está muy bien definido el concepto de probidad en esta materia.

El principio de probidad es una emanación del bien común, pues entiende que la labor del Estado es servir a los demás y no servirse de los demás para fines propios. Sin embargo, lamentablemente, vemos que eso ocurre con bastante frecuencia. Por eso, celebro este proyecto.

Por otro lado, el Estado no puede lograr su cometido sin probidad, y si trata de hacerlo, no llega a cumplir totalmente su finalidad, pues están permanentemente en pugna el interés privado y el bien común. En el fondo, hay un peligro constante de caer en corrupción.

Por todo lo expresado, el proyecto que discutimos busca justamente fortalecer el principio de probidad administrativa y perfecciona las herramientas legales existentes en esta materia, como muy bien señaló la diputada Marcela Hernando , para que, de ese modo, no solo los funcionarios públicos, sino todas las personas que desempeñan funciones en la Administración del Estado, incluso los particulares que de alguna forma se relacionan con ella, puedan denunciar los hechos que pudieren constituir infracciones a las obligaciones o a los deberes administrativos que ya definí.

Una norma especialmente relevante es aquella que busca resguardar a los denunciantes, de manera que estos no vean en riesgo su trabajo ni su integridad. De este modo, no solo se hace aplicable el resguardo al denunciante, sino que se impulsa y promueve la denuncia, como explicó la diputada Marcela Hernando .

Solo es posible el resguardo de la probidad cuando todos estamos comprometidos con ella. Por tanto, este es un llamado muy potente y una herramienta para romper ese círculo vicioso en que todos ven, pero nadie se atreve a denunciar, por miedo a las represalias.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker Prieto .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, parto por precisar que haré uso de la palabra por 3 minutos y 19 segundos, y que lo que reste, hasta completar 4 minutos, lo usará la diputada Joanna Pérez , quien presidió el trabajo que realizamos en las comisiones unidas de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Ambas comisiones trabajamos de manera conjunta durante muchos meses para sacar este estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa, y me parece que el resultado es un buen proyecto, que, entre otras herramientas, establece un canal de denuncia vía electrónica.

Todos los funcionarios público que sean testigos de algún acto contrario a la probidad, sin perjuicio de los delitos que puedan ser denunciados ante el Ministerio Público, tendrán un canal directo con la Contraloría General de la República, vía electrónica, para hacer sus denuncias, garantizándose la reserva de identidad del denunciante.

Por supuesto, como muy bien lo señalaron quienes informaron el proyecto, si se abusa de esta facultad y se ejerce con el objeto de afectar la honra de un apersona determinada, eso tendrá una sanción, porque lo que se busca, obviamente, es que este sea un espacio para que se realicen denuncias responsables.

También se incorporan medidas de protección a la familia del denunciante y se establece que no podrá ejercerse el ius variandi, es decir, la facultad que tiene el organismo para el cual trabaja el funcionario de cambiarlo de destinación o de afectar sus funciones. Se trata de una mala práctica que suele ocuparse en la Administración del Estado, dado que en muchas ocasiones al denunciante no solo no se le toma en serio respecto de su denuncia, sino que además sufre efectos colaterales adversos, en una suerte de venganza que se utiliza para terminar castigando al funcionario que hace una denuncia por faltas a la probidad.

Solo quiero lamentar -lo conversamos con el diputado Leonardo Soto de la Comisión de Constituciónque no quedaran incorporados en el proyecto de ley los órganos constitucionales autónomos, incluido el Congreso Nacional. La razón que se dio por parte del Ejecutivo para no incluirlos es que no son órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Me parece que, no obstante la explicación, es una materia que quedó pendiente.

De todas maneras, valoro el trabajo y el apoyo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín , en la tramitación de este proyecto, pues fue muy importante para alcanzar este logro, al igual que el desempeño de quien presidió el trabajo de las comisiones unidas, la diputada Joanna Pérez , pues logró sacar adelante un gran trabajo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri Vergara .

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, agradezco al diputado Marcos Ilabaca que nos recordara lo importante que es la salud.

En relación con este proyecto de ley, iniciado en moción y mensaje, refundidos, que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa, en el que trabajamos de manera ardua en las comisiones unidas de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, debo señalar que tiene por propósito principal favorecer y simplificar la presentación de denuncias respecto de los actos contra la probidad en toda la Administración, a través de un canal descentralizado y electrónico, que estará a cargo de la Contraloría General de la República.

Asimismo, busca establecer incentivos para la denuncia de hechos que atenten contra la probidad y, especialmente, reforzar las medidas para proteger al denunciante y prevenir actos de represalia o de hostigamiento en contra de las personas que realicen la denuncia administrativa o penal.

Dentro de las medidas que incorpora el proyecto, debo destacar varias que me parecen pasos en la dirección correcta para fortalecer el sistema de protección de los denunciantes y desincentivar conductas dañinas que resultan ser contrarias a la fe pública y a la buena administración del Estado, y que hoy, en el contexto de la crisis social y de las últimas denuncias conocidas respecto de la corporación de la municipalidad de Recoleta acerca de las luminarias, requieren especial atención.

La primera herramienta que se establece es un canal de denuncias centralizado y digital, a cargo de la Contraloría General de la República, a través del cual cualquier persona podrá denunciar hechos contrarios a la probidad administrativa, provenientes del personal de la Administración del Estado.

El proyecto engloba a los funcionarios vinculados con la Administración bajo cualquiera de las diversas formas de contratación pública: planta, contrata, honorarios, Código del Trabajo.

Otro de los aspectos centrales del proyecto es que garantiza la reserva de la identidad del denunciante. La persona que denuncia hechos que atenten contra la probidad puede solicitar, al momento de la presentación, que no se revele su identidad, y quedará protegida a través de todo el desarrollo del proceso que se abra a partir de la denuncia.

Con esta reserva se garantiza, precisamente, que el funcionario no se vea afectado a eventuales represalias u hostigamientos provenientes de sus jefaturas o del o los denunciados, para que este sistema de denuncia se fortalezca y pueda tener una real aplicación y difusión, que es precisamente lo que pretende el proyecto, a fin de tutelar y transparentar la probidad pública.

Adicionalmente a la reserva de identidad, se consideran nuevas medidas preventivas de protección para el personal de la Administración del Estado dentro de sus funciones y se amplía el actual sistema de medidas, que solo se aplicaba a ciertos funcionarios públicos, no a todos.

También se compatibilizan, dentro del nuevo sistema propuesto, las denuncias ante un órgano externo de control, con los mecanismos ya existentes de reclamación y protección con que cuentan los funcionarios públicos y también los municipales, por denuncias al interior de sus instituciones o servicios.

Se mantienen vigentes las normas de protección que contiene el estatuto administrativo que rige a los funcionarios municipales en favor de los funcionarios públicos o municipales que denuncien en sus respectivos servicios, las que se complementan con más herramientas y mecanismos propuestos en este proyecto.

Finalmente, se establece en esta iniciativa otro tipo de medidas de protección en sede penal. Si una persona denuncia hechos que revisten carácter de delito, que se deriven en un proceso penal, podrá solicitar al Ministerio Público medidas de protección a su favor cuando exista un riesgo real de ser él mismo o su familia víctimas de amenazas u hostigamientos.

El proyecto además contempla otros detalles que podría ser demasiado extenso mencionar acá, pero que también tienden a proteger a los denunciantes, por un lado, y, por el otro, a fortalecer el sistema de investigación.

Nuestra bancada votará a favor este proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna) [vía telemática].-

Señor Presidente, quiero valorar el trabajo y el desafío de discutir un proyecto tan importante como este en dos comisiones unidas: la de Gobierno y la de Constitución. Por eso, vaya mi saludo al Presidente de la Comisión de Constitución, diputado Matías Walker , y a los integrantes de ambas comisiones.

No fue un trabajo fácil; nos demoramos meses en sacar adelante el proyecto, pero lo hicimos de manera muy concienzuda.

Quiero destacar la importancia de este proyecto como respuesta al desafío de preservar y potenciar la probidad administrativa en todos los niveles posibles, especialmente en momentos de profunda desconfianza ciudadana respecto de las instituciones del Estado, y de un incremento en la percepción sobre la ocurrencia de hechos de corrupción, tanto a gran escala como en menor dimensión.

De acuerdo al informe, se trata de fortalecer la probidad administrativa mediante el perfeccionamiento de los mecanismos legales existentes, básicamente, la ley Nº 20.205, que protege a los denunciantes, ampliando el universo de personas que se pueden acoger a estos mecanismos de resguardo.

El trabajo conjunto de las comisiones mencionadas fue de alto nivel, y se escuchó la opinión de las instituciones que más conocimiento tienen en esta materia, como lo son la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de funcionarios públicos. Además, rescato el importante trabajo realizado por el Ejecutivo, representado por el ministro de Justicia, señor Hernán Larraín , y la moción presentada por la diputada Marcela Hernando .

El proyecto plantea la necesidad de establecer formas de protección y de resguardo a los funcionarios que denuncien, centrándose principalmente en materias en las que son parte los funcionarios, dejando fuera a los trabajadores que no están adscritos al Estatuto Administrativo, como lo son los trabajadores a contrata o a honorarios. Sin embargo, para esos trabajadores se reconoció una garantía respecto de la acción de tutela laboral cuando sean testigos o denunciantes de hechos constitutivos de corrupción.

En este sentido, se amplía la protección de estos denunciantes, y de cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos, sea funcionario público o privado, con la debida reserva de su identidad; se crea una plataforma digital a cargo de la Contraloría General de la República, se impone la obligación a todos los funcionarios públicos de denunciar cualquier hecho de corrupción, aunque no sea un delito explícito, y se sanciona a las autoridades públicas que presionen al personal para evitar sus denuncias, pudiendo llegar hasta su destitución.

Es importante enfatizar la declaración hecha por el Ministerio de Justicia en las comisiones unidas, en cuanto a que se podrán denunciar también las situaciones de corrupción ocurridas con anterioridad a la publicación de este cuerpo legal, siempre que no hayan prescrito a la fecha en que se revele.

El éxito de esta iniciativa requiere naturalmente de la cooperación de la ciudadanía; pero lo más relevante es que se podrá disponer de este medio rápido, expedido y anónimo para hacer denuncias con la seguridad de que será la Contraloría, independientemente de cualquier interés público, la que investigará administrativamente las acusaciones que se hagan, pudiendo derivar los antecedentes a otros organismos de fiscalización, incluso al Ministerio Público, asegurando en todo momento la reserva de identidad del denunciante.

Por eso, anuncio que la bancada de la Democracia Cristiana va a apoyar esta iniciativa, y agradezco nuevamente el trabajo conjunto de ambas comisiones y, por cierto, la voluntad transversal de sus integrantes de avanzar en la materia.

Por cierto, felicito al ministro de Justicia, quien tuvo la voluntad de incorporar nuestras indicaciones. Al respecto, el diputado Leonardo Soto dijo que va a presentar una indicación, la que, sin duda, analizaremos para apoyarla.

Entre todos y todas debemos seguir fortaleciendo la labor pública, la probidad, la transparencia, y debemos eliminar la corrupción en todo el aparataje público, porque están involucrados recursos públicos, de todos los chilenos.

Finalmente, reitero mi voto a favor del proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero destacar el trabajo que realizaron las comisiones unidas de Gobierno Interior y de Constitución, lideradas por la diputada Joanna Pérez y el diputado Matías Walker , respectivamente.

Asimismo, felicito principalmente a la diputada Marcela Hernando , quien presentó una moción que logró ser refundida con el proyecto del Ejecutivo.

Si bien este es un proyecto que puede no llegar a tener tanta repercusión mediática, sí es una tarea pendiente que tenemos en la administración pública y, en general, en los organismos públicos, independientemente de la forma de contratación de quienes allí laboran: de planta, a contrata, a honorarios o por el Código del Trabajo. Estamos hablando de personas que trabajan en un organismo público y tienen la imposibilidad de poder denunciar con libertad hechos de corrupción, delitos o faltas a la probidad de los que toman conocimiento en el ejercicio de sus funciones, principalmente porque sienten el básico instinto de proteger su trabajo y temen sufrir hostigamiento o persecución. Son personas que se sienten imposibilitadas de poder denunciar los hechos por temor a ser despedidas o recibir algún tipo de represalia contra su persona o contra su familia.

Esta iniciativa permitirá contar con un mecanismo para denunciar directamente ante la Contraloría, es decir, tener un control externo, donde se va a mantener y a asegurar el anonimato. Incluso más, se crea un nuevo tipo penal, la violación de secreto. Por lo tanto, todo aquel que no respete el anonimato respecto de la denuncia y el procedimiento podrá ser sancionado penalmente.

Asimismo, se establecen sanciones contra quien denuncie de manera calumniosa. Es importante, porque esto abre la puerta para que muchos antecedentes lleguen a Contraloría, quizá muchos de ellos sin la seriedad suficiente y solamente con el objetivo de dañar la honra y la dignidad de una persona.

Por eso, la labor de la Contraloría es fundamental para derivar, cuando corresponda, esos antecedentes al Ministerio Público y ordenar los sumarios correspondientes, algunos de los cuales se realizarán directamente y otros por los respectivos organismos de la Administración del Estado. En definitiva, la denuncia calumniosa también tiene una sanción penal, y se va a extender precisamente a los procedimientos administrativos en relación con faltas a la probidad.

Asimismo, existirá un sistema de protección a los testigos que no son parte del proceso, pero intervienen en él. Eso, que estaba pendiente, va a significar una mayor protección para el denunciante.

En la misma línea, se incorpora a las empresas del Estado, en donde también pueden existir focos de corrupción; es decir, se incorporan todos los organismos donde, de una u otra manera, interviene la Contraloría General de la República, y donde existen funcionarios contratados en distintas modalidades.

Hace pocos días conocimos, y sigue en la palestra, el caso de la licitación de luminarias LED. La dificultad que tienen el Ministerio Público y su unidad anticorrupción para poder detectar estos hechos es muy grande. Lamentablemente, estos hechos ocurren, y más seguido de lo que uno cree; pero el temor, la persecución, el enfrentar día a día a las personas con las que uno trabaja, y quizás a la persona que le dio el trabajo, hacen muy dificultoso que en la administración pública y en los organismos de la Administración del Estado estos hechos puedan ser denunciados. Muchas veces Chile aparece en los rankings como un país maravilloso, por el lugar que ocupa en materia de bajos índices de corrupción, pero la verdad es que tenemos una corrupción que está muy muy oculta.

La modernización de la legislación respecto de los métodos de denuncia nos va a permitir contar con funcionarios más responsables y más protegidos -también sus familiascuando tengan que denunciar. Además, se incorpora el método de la delación compensada y anotaciones de mérito cuando el funcionario no tenga participación en el delito que está denunciando.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, agradezco el enorme trabajo que llevaron a cabo las comisiones unidas de Constitución y de Gobierno Interior, presididas por la diputada Joanna Pérez , con la colaboración de todas las bancadas.

Este proyecto trata sobre corrupción. Usted sabe muy bien que una de las causas de la crisis social, política e, incluso, económica por la que atraviesa nuestro país se encuentra en la proliferación de la corrupción. La gente se indigna cuando ve la corrupción instalada en las Fuerzas Armadas, en el aparato público, en el aparato municipal y cuando aprecia que mucha gente prospera a costa del dinero de todos los chilenos. Muchos de esos dineros deberían haber llegado a fondos destinados a mejorar los servicios de salud y los servicios de educación, pero terminaron en bolsillos privados.

La gente también se indigna cuando, muchas veces, se protege al corrupto, se le premia, se le envía como agregado militar o policial al extranjero, para evadir la situación que lo apremia o, simplemente, se le da una pensión de lujo. Por otro lado, se castiga, persigue y amenaza a quien denuncia la corrupción, como ocurrió en el caso del capitán Harvey, que tomó la decisión de denunciar al alto mando por corrupción. Fue enjuiciado por sedición, perseguido, amenazado y espiado por la misma institución a la que denunciaba. Finalmente, fue dado de baja. Eso es parte de la base de la corrupción que hay que cambiar.

Como la corrupción está bastante avanzada, se hace necesario que tengamos una legislación anticorrupción de avanzada, la que se debe poner precisamente en esas situaciones.

Con este proyecto estamos estableciendo un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos de corrupción. Se trata de proteger a quien denuncia la corrupción, porque, de otra manera, sería muy difícil enfrentarla, ya que es subyacente y se maneja en los espacios institucionales gracias a las facilidades que se dan. No tiene que ver con que un funcionario público o un jefe sean malos o tengan menor nivel de ética, sino con las facilidades que dan las instituciones.

Por eso, este proyecto plantea la posibilidad de proteger, a través de un estatuto, a los denunciantes de corrupción, para que puedan hacer las revelaciones que sirvan para desmantelar las redes de corrupción y no pase lo que le ocurrió al capitán Harvey.

Este proyecto de reforma establece un canal de denuncia en la Contraloría General de la República, mediante una plataforma electrónica, a efectos de que toda persona pueda denunciar hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o de faltas administrativas, incluyendo, entre otros, hechos constitutivos de corrupción, o que afectaren, o pudieren afectar, bienes o recursos públicos, en los que tuviere participación personal de la administración del Estado o un organismo de la administración de Estado. Se le otorga a la Contraloría la obligación de tramitar la denuncia y se garantiza, si así lo quiere el denunciante, no revelar su identidad. El nombre, las características y la situación en la que vive el denunciante quedan bajo siete llaves, ya sea que se trate de un funcionario público o de un particular. Establece, incluso, sanciones penales si se revela la identidad del denunciante, factor fundamental para favorecer este tipo de denuncias.

También se refuerzan las medidas de protección de los servidores públicos denunciantes para que no puedan ser trasladados, perseguidos, afectados en sus remuneraciones o castigados con malas evaluaciones, como suele ocurrir.

Asimismo, se establecen medidas de protección cuando hay delitos. Se establece la obligación de presentar los antecedentes al Ministerio Público, todo bajo la debida reserva.

En definitiva, se trata de una legislación anticorrupción de avanzada. Hay que aprobarla, porque va en el sentido correcto. Sin embargo, haré dos prevenciones.

Lamentamos que se hable siempre de denunciantes de corrupción. A ellos se les protege, pero no así a quienes alertan la corrupción. El que denuncia es alguien que toma la decisión de ser parte de un proceso de este tipo. Hay que ser muy valiente en la administración pública para tomar una decisión como esa. La mayoría de la gente alerta sobre la corrupción; sin embargo, el futuro estatuto no entrega ninguna protección a esas personas. Creo que debemos avanzar en proteger a los alertadores de corrupción, tan necesarios e, incluso, más numerosos que los propios denunciantes. Esperamos que en el Senado se aborde la materia.

Lo segundo es que, inexplicablemente, se dejó fuera del estatuto de protección del denunciante de corrupción a todas las instituciones constitucionalmente autónomas. No es aplicable al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Congreso Nacional, al Banco Central, etcétera. No sé por qué se las dejó fuera. No obstante ello, vamos a aprobar en general y particular las normas que favorecen el combate contra la corrupción.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO (vía telemática).-

Señor Presidente, obviamente este tipo de proyectos deben ser discutidos y analizados, pero por principio deben ser aprobados por unanimidad. Todo proyecto que pase por nuestra Cámara, que signifique transparencia y terminar con la corrupción en nuestro país debe ser priorizado y apoyado -repito-, ojalá, por unanimidad.

Sé que no es fácil elaborar proyectos de este tipo para que luego se transformen en ley, porque el sistema está tan coludido y las instancias de poder de nuestro querido país están tan corroídas por el tráfico de influencias, es decir, por la corrupción, que los intereses se entrecruzan y las presiones se manifiestan. Nadie puede negar que Chile es un país corrupto. Lo que tenemos que evitar es que Chile se transforme en un país de corruptos.

Este proyecto es un avance, pero falta más. Nos hemos acostumbrado, como Cámara de Diputados y como Congreso, a legislar a medias y con sabor a poco. Creo que todavía estamos a tiempo para revertir ese esquema de trabajo, especialmente cuando se trata de un tema tan delicado como la corrupción.

La corrupción no significa solo que algunos se enriquezcan de forma indebida, sino también ir en desmedro y robarle a los que más necesitan. En nuestro Ejército ha habido actos de corrupción; en Carabineros ha habido actos de corrupción; en las organizaciones sindicales y en el deporte ha habido actos de corrupción; en la Cámara de Diputados y en el Senado también hemos tenido denuncias por actos de corrupción; sobre nuestros negociadores, es decir, sobre los que acuerdan y negocian los intereses del país en tratados comerciales y de otro tipo a nivel internacional -lo señalé hace un momento-, hay denuncias concretas de que han recibido prebendas y que han caído en corrupción. El señor Presidente me decía que hiciera la denuncia en los tribunales de justicia. ¿De qué sirve, entonces, el rol fiscalizador de la Cámara de Diputados? En este tipo de cosas, los 155 diputados y diputadas deberíamos manifestarnos para pedir información de los personajes que negociaron el TPP-11 y averiguar si están coludidos o no.

Señor Presidente, hago un llamado, una vez más, para que la Mesa y los comités de la Cámara de Diputados privilegien y prioricen los proyectos que están durmiendo en el Congreso relacionados con los actos de corrupción. Es la única manera de que la imagen y el quehacer político recuperen el sitial de honor que siempre han tenido.

Anuncio mi voto a favor de este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señorita MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, la idea de perfeccionar los mecanismos legales existentes para fortalecer la probidad administrativa y así poder evidenciar actos irregulares o de corrupción es una muy buena medida para dejar de malgastar y usurpar los recursos de todos los chilenos y chilenas.

Desde que asumí como diputada me ha tocado recibir a un gran número de funcionarias y funcionarios públicos que han tomado la valiente decisión de exponer hechos irregulares que afectan a sus servicios. Como consecuencia de ello han sido perseguidos de diversas formas, afectando su seguridad y tranquilidad laboral e, incluso, su vida personal; malas calificaciones en sus evaluaciones, cambio de funciones sin justificación, suspensiones injustas y surios administrativos por parte de las personas denunciadas son los castigos que reciben por querer transparentar las malas prácticas.

Denuncias de gremios de la salud, del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), de la educación, del Servicio Médico legal, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) e, incluso, de trabajadoras y trabajadores de la propia Contraloría General de la República, que justamente debería velar por que estos hechos no ocurran, son algunos de los casos a los que hemos prestado apoyo, pues quienes han denunciado por los canales formales han sido perjudicados e, incluso, maltratados.

Por eso, es muy importante que los mecanismos legales que actualmente existen sean perfeccionados, para que todas las personas que desempeñan funciones en la Administración del Estado e, incluso, los ciudadanos particulares puedan denunciar estos hechos sin tener el temor de sufrir represalias que los afecten al interior de sus trabajos. En ese sentido, la creación de un nuevo canal de denuncias de la Contraloría General de la República, a través de una plataforma electrónica; la reserva de la identidad del denunciante, el reforzamiento de las medidas de protección en favor del trabajador público que realiza la denuncia o las sanciones para los funcionarios que ejerzan acciones de hostigamiento en contra de los denunciantes o testigos, sin duda, son iniciativas que permitirán resguardar la estabilidad e indemnidad laboral de los trabajadores.

Tenemos el deber de mejorar y resguardar los recursos de todos los chilenos y chilenas. La corrupción debe ser sacada de raíz de nuestro sistema público, pues el trabajo de las personas que sirven y tienen pasión por el servicio honrado a la gente se ve opacado por un puñado de inescrupulosos que históricamente han hecho lo que quieren, debido a que los mecanismos de fiscalización y sanción han sido débiles, permitiéndoles perpetuar la mentira, el engaño y el abuso.

Hoy tenemos la oportunidad de aportar al cambio y así proteger a hombres y mujeres que cumplen un rol fundamental para que la corrupción y las malas prácticas no dañen o no sigan dañando la administración del Estado.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER (vía telemática).-

Señor Presidente, la corrupción es un flagelo insidioso que empobrece a muchos países y nos afecta a todos. Por años se ocultó dicho flagelo; se requirieron grandes esfuerzos y la perseverancia de muchas personas y organizaciones a nivel mundial para aumentar la toma de conciencia acerca de los efectos corrosivos de la corrupción sobre las sociedades y todo el aparataje de la estructura pública.

Dicho flagelo, bastante arraigado tanto en el sector público como en el sector privado, afecta la vida cotidiana de muchas maneras diferentes, tiende a empobrecer a los países y va mermando las confianzas de la población en las instituciones públicas, situación que debemos evitar a toda costa.

Como uno de los autores de este proyecto fusionado, puedo señalar que he participado en el quehacer público y sé lo importante que es establecer mecanismos más expeditos para denunciar las irregularidades al interior de las entidades públicas, así como también dar protección a quienes se atreven a denunciar los hechos de corrupción, transformando la denuncia en un deber aplicable a todo servidor público, que también podrá ser valorado con distinción si así lo amerita, y, a su vez, ser sancionado en caso de calumnia, según las normas del Código Penal, tal como lo propone este proyecto.

La creación de un mecanismo más cercano a las personas, a través de una plataforma directa con la Contraloría General de la República, es el eslabón principal de este proyecto que ha sido concebido con el objeto de facilitar las denuncias, las cuales que hasta hoy han sido engorrosas para el ciudadano común y los funcionarios públicos.

Agradezco las intervenciones del contralor general de la República, quien participó activamente en la discusión de este proyecto, valorando en general su contenido y formulando acertadas observaciones que fueron acogidas por el Ejecutivo. También valoro enormemente que se haya accedido a refundir nuestro proyecto con el mensaje del Ejecutivo sobre la misma materia, ya que así hemos podido enmarcarlo dentro de la política del Estado de Chile tendiente a fortalecer la probidad y a hacer frente a la corrupción, conforme a los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, lo primero que voy a hacer es reconocer el trabajo coordinado y profesional que se desarrolló al interior de las comisiones unidas de Constitución y Gobierno Interior. Fueron meses de trabajo detrás de un proyecto que hoy es el cumplimiento de ciertas obligaciones que tiene el Estado de Chile.

También quiero reconocer que existió un trabajo permanente, con una gran dirección de la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior y con la gran participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien permanentemente estuvo apoyando y abriendo los espacios para llegar a acuerdos importantes respecto de una temática que es trascendental para el Estado de nuestro país.

¿Qué acción es más dañina para la institucionalidad del país que la corrupción? ¿Qué otra acción logra socavar las bases de la república además de la falta de probidad?

De acuerdo con los informes internacionales, Chile tiene una gran deuda en esta materia. Por eso, hoy estamos desarrollando un estatuto de protección para aquellas personas que presenten una denuncia respecto de actos de corrupción al interior del Estado de Chile. Sin embargo, al final del día, terminamos con un sabor agridulce; dulce porque obviamente es un gran avance que se cree este sistema de denuncias, que se establezca un canal online a través de la Contraloría General de la República, que se establezca la reserva de identidad del denunciante, que se refuerce la medida de protección en favor del denunciante y que aquellos funcionarios públicos que desarrollen acciones de hostigamiento hacia el denunciante asuman sanciones drásticas; pero este avance pudo haber sido mucho mayor.

El diputado Leonardo Soto algo señaló respecto de que esta oportunidad que pudo haber sido utilizada para todo el Estado está limitada solo para algunos poderes del Estado. Sin embargo, en esta oportunidad, creo que aún podemos desarrollar algunos cambios. Se lo dijimos al ministro de Justicia: no basta que solo queden sujetos aquellos órganos de la Administración del Estado que se encuentren bajo fiscalización de la Contraloría General de la República. No basta, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos actos de corrupción que ocurren en la Contraloría General de la República? ¿Qué pasa con los actos de corrupción que ocurren en el Poder Judicial? ¿Qué pasa con los actos de corrupción que ocurren al interior del Congreso Nacional? ¿Qué pasa con los actos de corrupción que ocurren en los diferentes órganos autónomos del Estado? Al respecto hemos perdido una oportunidad, porque este estatuto debería ser considerado para toda la Administración del Estado, incluso para sus órganos autónomos.

Espero que el señor ministro secretario general de la Presidencia, que en estos momentos no se encuentra presente, asuma un rol para convencer al gobierno de que esos órganos también deben estar sujetos a este tipo de normativas.

Claramente este proyecto es un avance y lo vamos a apoyar porque tenemos que avanzar en eliminar cualquier rastro de corrupción y de falta de probidad en la Administración. La única forma de superar, mantener y consolidar la institucionalidad democrática de nuestro país es atacando con mucha fuerza la corrupción. Por eso, insisto con la invitación: es necesario que todos estén sometidos a esta normativa. Y aquellos que no queden sometidos -hago una invitación a la Cámara de Diputados y, en general, al Congreso Nacional-, que sean capaces de establecer normas que vayan en ese sentido.

Por último, existe una disposición en particular respecto de la cual formulé reserva de constitucionalidad en la comisión, cual es el inciso final del nuevo artículo 246 bis que se propone incorporar en el Código Penal, que dispone una sanción especial, y extrema, para el abogado, cual es la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de su profesión, cuestión que no corresponde.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, heredamos un país corrupto, pero desgraciadamente hoy la corrupción se ha incrementado enormemente. No se escapa nadie. El Congreso no es la excepción. Para qué hablar de las empresas públicas. Se me viene a la memoria la ENAP; cuando asumí, denuncié el despilfarro de miles de millones de dólares. Los ministerios, los partidos políticos, los municipios, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública -o sea, todas las instituciones uniformadasy hasta las iglesias están involucrados en actos de corrupción.

Me alegra que hoy estemos discutiendo este proyecto. Como he dicho muchas veces: estamos llenos de leyes, pero muy pocos las respetan y menos las hacen respetar. En la actualidad, los tres poderes del Estado estamos muy complicados y estamos al debe porque también tenemos actos de corrupción día a día. Por lo tanto, espero que este proyecto se vote a favor unánimemente y que lo hagamos carne, que lo respetemos y lo hagamos respetar.

Se me viene a la memoria lo que ocurre en los municipios: alcaldes que se creen semidioses, que incurren en actos de corrupción tremendos, que pagan sueldos millonarios a activistas políticos o que contratan por excesivas sumas de dinero a empresas de aseo. Se me viene a la memoria la comuna de Coronel, donde al alcalde y a un grupo de concejales se les ocurrió pagar 100 millones de pesos más de lo que hoy se paga a una empresa de aseo. Somos la comuna del país donde más caro cuesta sacar la basura. Hay un dicho popular muy cierto que dice que lo más limpio de la basura, del tratamiento y de los contratos de esta es precisamente la basura.

Por lo tanto, debemos erradicar la basura de la corrupción, ya que hoy esos recursos que se han dilapidado, esos millones de dólares que se han malgastado y que se han robado, deberían ir en beneficio de aquellos sectores que más lo necesitan, como educación y salud.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, en primer lugar, como lo han hecho otros colegas, agradezco el trabajo hecho por las comisiones de Constitución y de Gobierno Interior. Estamos ante un problema que, lamentablemente, pensábamos que no existía en el país.

En la actualidad, la corrupción está minando los cimientos de la institucionalidad del Estado. Lamentablemente, hemos visto los inconvenientes que han tenido aquellos funcionarios públicos -sin duda, en su mayoría son probos y contrarios a situaciones irregulares y de corrupción que querían denunciar actos de corrupción, por no contar con los canales suficientes para ello. Y no solo no los tenían, sino que cuando se efectuaban las denuncias, los más perjudicados eran precisamente los que hacían las denuncias.

Por lo tanto, con el hecho de que se establezca una alternativa, un canal de denuncia en la Contraloría y la posibilidad de tener un acceso directo sin repercusiones para el denunciante, me parece que estamos avanzando en la línea correcta.

Me preocupa que la Contraloría cuente con los recursos y el personal suficientes para hacer el seguimiento de lo que corresponda, dado que cada vez que hemos discutido el presupuesto de la nación, los integrantes de la comisión respectiva han manifestado que no se cuenta con los recursos necesarios. Es más, le han retirado recursos para fiscalizar. Por tanto, me preocupa cómo hacemos carne este proyecto, es decir, que, una vez aprobado, existan los recursos suficientes para que se puedan realizar los objetivos.

Para nosotros, al igual que el narcotráfico, la corrupción es el flagelo más importante que tiene el país, y no nos damos cuenta de cómo va llegando y carcomiendo las instituciones del Estado.

Por lo anterior, como Federación Regionalista Verde Social vamos a votar favorablemente este proyecto y esperamos seguir avanzando en atajar la corrupción en nuestro país.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ.-

Señor Presidente, estamos frente a un proyecto largamente esperado, pues, sin duda, tenemos que asegurar que aquellos que denuncian hechos irregulares que se presentan al interior de la Administración Pública no tengan sanción alguna y que su identidad sea protegida. Eso es fundamental cuando uno quiere combatir la corrupción, el cohecho, el soborno y una serie de ilicitudes que a veces se presentan en la Administración Pública y del Estado.

El proyecto que hoy nos convoca tiene ese objetivo: proteger la buena y la correcta administración, proteger un Estado al servicio de la ciudadanía y no en función de intereses de privados, como ha ocurrido hasta ahora, pues en ocasiones el Estado trabaja en función de intereses espurios. Eso es lo que se quiere evitar.

Para ello se encuentra una fórmula que consiste en que aquellos funcionarios públicos que tengan información y antecedentes que esclarezcan una serie de hechos delictivos, como faltas administrativas que se cometan al interior de la Administración, puedan denunciarlos con total tranquilidad y sin la zozobra de que el día de mañana sean descubiertos por su jefe, despedidos, acosados y vilipendiados por haber hecho las denuncias. Eso ya no más. Por eso este proyecto es necesario y fundamental para recuperar la credibilidad en nuestro Estado de Chile y su buen funcionamiento.

Reitero: hoy buscamos que cualquier persona que tenga antecedentes sobre eventuales ilícitos o infracciones que se cometan al interior de la Administración Pública pueda entregarlos a la autoridad correspondiente sin peligro de que por hacerlo quede sin su trabajo, despedido o racionalizado, como ha ocurrido.

Este es un proyecto que entregará el anonimato que se necesita en favor de los denunciantes. De acuerdo con lo que propone, se castigará con fuertes sanciones penales a aquellos que divulguen antecedentes sobre las personas que denuncien actos contra la probidad administrativa, lo que se establece para resguardar que se siga recibiendo información respecto de infracciones por parte de aquellos que disponen de esta.

En consecuencia, tal como lo he señalado, esta es una iniciativa fundamental para el correcto funcionamiento del Estado, ya que dispone que quienes tengan antecedentes de actos contra la probidad administrativa los puedan entregar con toda la tranquilidad, con el resguardo que se requiere. De ese modo, el Estado podrá continuar haciendo lo que debe hacer: actuar con probidad, con transparencia, con corrección y siempre al servicio de nuestro pueblo.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Para finalizar el debate de este proyecto, tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, es importante establecer como principio que cualquier iniciativa que tienda a erradicar los actos ilegales o de corrupción dentro de la administración del Estado debe ser apoyada por todas las fuerzas políticas.

Es necesario que dentro de los servicios públicos y órganos administrativos existan las herramientas adecuadas para efectuar las correspondientes denuncias, sin exponer a los denunciantes a represalias ilegítimas.

Hoy solo pueden efectuar denuncias los funcionarios públicos y municipales sujetos al Estatuto Administrativo. En este sentido, esta iniciativa avanza, dado que amplía a los sujetos que pueden efectuar las denuncias, no importando la calidad jurídica en la que se desempeñen para poder denunciar y recibir la protección necesaria ante las posibles represalias de los denunciados.

Se crea un canal de denuncias que funcionará en una plataforma electrónica centralizada, a cargo de la Contraloría General de la República.

Cualquier persona podrá denunciar hechos que constituyan una infracción disciplinaria, una falta administrativa o actos de corrupción que se efectúen con recursos públicos o en los que tuviera participación un organismo de la administración del Estado.

Por otro lado, se establece la reserva de identidad del denunciante y de los antecedentes aportados, lo que elimina un elemento que puede ser disuasivo a la hora de formular las denuncias que correspondan, por cuanto el denunciado no sabrá la identidad de quien lo denuncia.

En el caso de fallar este sistema de protección y de que se tomen medidas de represalia por la denuncia, se establecen sanciones durísimas que pueden terminar en la destitución de quien abusa de su cargo para reprimir las denuncias legítimas que puedan efectuarse.

Es necesario, en este nuevo proceso político que estamos viviendo y que culminará -es lo más probablecon la redacción de una nueva Constitución, que todos los poderes del Estado cuenten con herramientas adecuadas para llevar adelante su función en forma transparente y, aún más importante, que cuenten con herramientas adecuadas para reprimir cualquier conducta que atente en contra de este fin.

Por tal motivo, la aprobación de esta iniciativa es adecuada, tanto en el fondo como en su forma, dado que avanza en la idea de entregar más facultades de control y protección para erradicar, o por lo menos minimizar, los actos contrarios a la probidad, que tanto perjudican el funcionamiento del Estado y los recursos de todos y todas.

Solo nos abstendremos respecto del artículo 4, que tiene que ver con los abogados, por considerarlo excesivo.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, sobre extravío de personas y realización de las primeras diligencias orientadas a su búsqueda (boletín N° 12392-25).

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán siete minutos base a las bancadas que tengan dos o más comités y cinco a los demás, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión Hacienda es el señor Giorgio Jackson .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Hacienda, sesión 127ª de la presente legislatura, en jueves 7 de enero de 2021. Documentos de la Cuenta N° 5.

-El primer informe de la Comisión de Hacienda se rindió en la sesión 121ª de la presente legislatura, en miércoles 23 de diciembre de 2020.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor JACKSON (vía telemática).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda paso a rendir, en lo relativo a su incidencia presupuestaria, el segundo informe reglamentario del proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea el sistema interconectado para estos efectos.

La Sala de la Corporación, en sesión celebrada el 23 de diciembre pasado, remitió a la Comisión de Hacienda la totalidad de los antecedentes para que emitiera un segundo informe respecto de la indicación presentada en la Sala por el Ejecutivo en la discusión del primer informe, con incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado, indicación que propone sustituir su propio texto referido a la imputación del gasto asociado al proyecto, y que se contiene en el artículo tercero transitorio.

Al respecto, la Comisión de Hacienda, por la unanimidad de sus integrantes presentes, aprobó la enmienda en lo referido a la fuente de financiamiento de los recursos, para establecer en su artículo tercero transitorio que el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley en proyecto se financiará con cargo a la partida 05 Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

De esa manera, la norma legal dispondrá expresamente que la imputación del gasto de este programa sea con cargo a la partida Ministerio del Interior, mientras que la disposición original permitía eventualmente asignarlo a cualquier partida presupuestaria del presupuesto nacional.

Concurrieron con su aprobación la diputada Sofía Cid y los diputados Patricio Melero , Cosme Mellado , Manuel Monsalve , José Miguel Ortiz , Leopoldo Pérez , Alejandro Santana , Marcelo Schilling , Gastón von Mühlenbrock y Pablo Lorenzini , Presidente accidental.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, el año antepasado se creó una comisión especial investigadora, presidida por la diputada Érika Olivera , sobre extravío de niños, niñas y adolescentes, instancia en la que se discutieron algunos temas que nos dejaron perplejos. En esa oportunidad me enteré de que la diputada Marisela Santibáñez y el diputado Pablo Kast habían presentado un proyecto sobre la materia y que lo estaban empujando fuertemente, lo cual se agradece.

En la oportunidad, nos dimos cuenta de que había más información multisectorial sobre la pérdida de un vehículo que información sobre la pérdida de un niño, niña o adolescente; es más, cuando se encontraba, había más información disponible.

El proyecto, originado en moción, contemplaba el uso de recursos fiscales. En ese sentido, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell , se comprometió a entregar antecedentes y a buscar una fórmula para hacerlo más expedito.

Quiero felicitar a la subsecretaria Katherine Martorell , porque cumplió con su compromiso y logró el patrocinio del proyecto por parte del Ejecutivo, lo que le imprimió velocidad a su tramitación.

En Chile no existen una serie de elementos que podrían ayudar en la búsqueda de las personas desaparecidas. Por ejemplo, no hay una definición de lo que es una persona desaparecida; hay escasa regulación procedimental y desconexión institucional en relación con las diligencias de las investigaciones; sobre la voluntad de desaparecer y de no informar el paradero, hay falta de apoyo e información a los familiares, y, en algunos casos, irresponsabilidad de muchos denunciantes.

Cuando, a través de una indicación sustitutiva, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública se incorporó en la tramitación de la iniciativa, la situación cambió.

El proyecto consta de trece artículos permanentes, que paso a mencionar de manera sintética, para mayor claridad de la ciudadanía.

En el artículo 1 se establece la definición de “persona desaparecida”.

El artículo 2 se relaciona con los principios orientadores del proceso de búsqueda.

El artículo 3 se refiere a la creación del Sistema Informático Interconectado de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Esto es lo más importante dentro de lo que se comprometió la subsecretaria Martorell .

El artículo 4 dispone la obligatoriedad de recepción de la denuncia. Antes no existía esa obligación.

El artículo 5 establece la creación de un protocolo interinstitucional entre el Ministerio Público y las policías, y la obligatoriedad de su cumplimiento.

El artículo 6 se refiere a las técnicas de investigación y búsqueda para denuncias por desaparición.

El artículo 7 aborda el procedimiento tras la aparición con vida de una persona desaparecida y su autorización para informar o no de su paradero.

El artículo 8 fija el procedimiento tras la aparición con vida de un niño, niña o adolescente, o de una persona que sufra una grave alteración o insuficiencia grave de sus facultades mentales.

El artículo 9 establece el deber del denunciante de informar la aparición del desaparecido y el deber de contacto periódico con este por parte del Ministerio Público.

El artículo 10 dispone la realización de un perfil de ADN de familiares de la persona desaparecida.

El artículo 11 aborda la habilitación para el tratamiento de los datos personales.

El artículo 12 toca lo relativo a la información a los familiares de las personas desaparecidas. El artículo 13 se refiere al correspondiente reglamento.

Por lo tanto, si bien la moción en el inicio era inadmisible debido a la creación de nuevas funciones de órganos de la Administración del Estado, ello se solucionó cuando el Presidente de la República, por medio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, patrocinó la iniciativa. Se trata de un proyecto de interés transversal, dada la importancia del tema.

En la Comisión de Seguridad Ciudadana se establecieron mesas de trabajo que durante varios meses se dedicaron a la concreción de esta iniciativa.

Lo bueno de este proyecto es que busca dar una solución a las familias que sufren el extravío de uno de sus integrantes, estableciendo un método para encontrar a esas personas, conocer por qué razón o cómo se extraviaron, y, a través de un ente centralizado, tener la información que corresponde para dar con el paradero de los extraviados.

Se trata de un muy buen proyecto. Por eso, vuelvo a felicitar a los diputados mocionantes y a agradecer a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell , por darle el patrocinio para que la iniciativa avanzara con celeridad.

Espero que esta iniciativa no duerma en el Senado, sino que se apruebe a la brevedad, para que sea ley de la república cuanto antes, porque es muy necesaria para todos los chilenos.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Renato Garín .

El señor GARÍN (vía telemática).-

Señor Presidente, un país que deja de buscar a quienes se pierden, puede tener dos explicaciones: es una tiranía, como la que vivió Chile con Augusto Pinochet , o una democracia fallida, como la que hemos tenido en las últimas décadas, en la que los que se pierden no son buscados; con una clase política inmoral, extraviada moralmente, ocupada en sus asuntos, y un Estado que no sabe administrar recursos, e instituciones que no saben administrar horarios laborales, por ejemplo, para buscar personas.

Esa es la falla del Estado de Chile, algo tan palpable. Por eso hay que redactar una nueva Constitución. Por ello me he presentado como candidato a esa elección, utilizando el marco reglamentario pactado el 15 de noviembre de 2019 y el marco establecido en la Constitución Política de la República.

Queremos redactar una nueva Constitución para buscar a los que se pierden y que el Estado tenga una moral que defender ante sus ciudadanos, y no la democracia fallida que hoy experimentamos y en la que ustedes van a permanecer dentro del Congreso Nacional.

Dentro de este extravío de la clase política, me sorprendió que hace unas tres semanas se presentara un proyecto de ley para prohibir a los parlamentarios y a otras autoridades presentarse como candidatos a la Convención Constitucional. Esto se hizo con gran fanfarria, con gran publicidad, y se apuntó a diversas personas. Entre los firmantes estaba la jefa del Comité del Partido Comunista, diputada Camila Vallejo . Hoy nos hemos enterado y confirmado que el diputado Hugo Gutiérrez , del Partido Comunista, es candidato a la Convención Constitucional.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, junto con saludarlo a usted y a la Mesa, aprovecho de agradecer que estemos discutiendo este proyecto, que viene a tapar un vacío gigante. Eso lo sabemos todos. Agradezco también las palabras del diputado Miguel Mellado .

Este proyecto vuelve de la Comisión de Hacienda, en la se aprobó por unanimidad una indicación del Ejecutivo que estipula que el mayor gasto que genere la aplicación del presente proyecto de ley será con cargo a la partida 05 Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Eso se agradece. Ese era un compromiso que estaba pendiente.

Los extraviados en Chile no son solo una cifra, sino una problemática que aún no tiene solución. Se trata de un tema al que le he puesto mucha energía desde que ingresé a la Cámara. Agradezco mucho a los diputados que también lo han hecho.

Entregaré algunas cifras.

En Chile se efectúan 25.000 denuncias al año por presunta desgracia. El 90 por ciento de los casos que pasan a través de Carabineros de Chile se resuelven. La cifra de casos sin resolver bordea el número de 1.000; o sea, son 1.000 los chilenos, 1.000 las familias que pueden estar condenadas a no ver más a sus familiares, por no existir un protocolo como corresponde. Por su parte, la PDI recibe alrededor de 8.000 denuncias por presunta desgracia; el 93 por ciento de los casos se resuelven, o sea, hay 600 personas que no son encontradas. Los números son impactantes.

Por ello, quiero agradecer con entusiasmo al señor Pablo Kast , porque llevamos tres años en esto. Agradezco, también, la energía que pusieron la diputada Andrea Parra y la diputada Joanna Pérez , con quien acudimos a La Moneda para que el gobierno imprimiera celeridad al proyecto.

Agradezco, también, al Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Raúl Leiva , por apoyarnos en la parte legal y mejorar el proyecto; a Gonzalo Fuenzalida , y la energía y la experiencia demostradas por el diputado Osvaldo Urrutia . Muchas gracias a todos, pues sin ustedes la iniciativa no podría haberse concretado.

Quiero dejar muy en claro que hay proyectos y discusiones que son transversales y que pueden generar unidad y acuerdos por el bien de nuestro país. Lo digo con energía, porque sé que las familias no están contentas, independientemente de que se haya conseguido, por ejemplo, que la información relativa a técnicas de investigación y búsqueda deberá ser proporcionada dentro de las siguientes 24 horas de notificada la denuncia por desaparición, y que las mismas deben incluir geolocalización y georreferenciación de movimientos bancarios, etcétera. No me voy a extender sobre el particular, porque el diputado Miguel Mellado fue claro y categórico sobre esas materias.

Quiero agradecer a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell , por haber cumplido el compromiso que hizo el exministro Chadwick en algún momento. Recuerden que se presentó una indicación sustitutiva, la que pudimos mejorar, porque no tenía nada que ver con el proyecto original.

No queda más que agradecer a los equipos de trabajo de todos los parlamentarios, especialmente del abogado Cristián Díaz , mi abogado, mi compañero, con el cual no pestañamos en ningún momento. No dormimos pensando en que este proyecto tenía que ver la luz.

Vuelvo a agradecer a mis colegas; vuelvo a agradecer a las familias. Sé que no están contentas; sé que no alcanzaron todos los objetivos que pretendían. Efectivamente, hay cosas que faltan; no obstante, estamos dando un tremendo paso en representación de aquellos miles de chilenos desaparecidos y que no son encontrados; por aquellas familias que dejaron los pies en la calle, buscando por tierra, mar y aire a sus familiares, pero que aun así no han sido encontrados.

“Normita, te encontraremos”. Esa fue una tremenda campaña llevada a cabo en Curacaví.

No era diputada cuando decidí sumarme a la búsqueda de extraviados.

Tengo una pena en el alma: yo tenía un diagnóstico de salud que no era favorable para mi hija; pero ¿qué pasa cuando no hay ningún diagnóstico, cuando de la noche a la mañana una persona se pierde y no es encontrada? ¿Qué pasa cuando esa persona es nuestro padre, nuestra madre, nuestra hija o nuestro hijo? Es ahí cuando nos ponemos sensibles. Durante todo el tiempo que llevamos en democracia no se ha hecho nada sobre el tema de los extraviados, aunque el término correcto y que se usa internacionalmente es desaparecido.

Me siento orgullosa. Siento que todo lo que he pasado, todos los problemas y momentos difíciles que he vivido en este hemiciclo -hoy puedo decirlohan valido la pena, por Normita y por tantas otras mujeres y tantos otros hombres que se encuentran en condición de extraviados.

Me detengo, también, para decir que como mujer estoy más contenta aún, porque muchos de los femicidios ocurridos en este país comienzan con el extravío de la víctima. Este proyecto ayudará en todos esos casos.

Espero que la iniciativa se convierta en una ayuda concreta. Lo digo con el orgullo de formar parte de la bancada del Partido Comunista y con el orgullo que siente mi alma, mi corazón de diputada por el distrito N° 14, que comprende las comunas de San Bernardo, Calera de Tango y Talagante, entre otras, donde se extravía tanta gente. Muchas veces a las personas que desaparecen en esas comunas no se les da la misma importancia que reciben las que se extravían en comunas del sector oriente. Hay que erradicar ese clasismo. Ojalá este proyecto sirva para hacerlo presente.

Repito: agradezco a cada uno de ustedes por respaldar este proyecto, y agradezco que existan proyectos como este que nos pueden llevar a la unidad como parlamentarios.

He dicho.

-Aplausos.

El señor FLORES (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG (vía telemática).-

Señor Presidente, respaldo este proyecto que examinamos por segunda vez en la Sala, consecuencia de una moción presentada por las diputadas Karol Cariola , Érika Olivera , Joanna Pérez , Camila Rojas y Marisela Santibáñez , y por los diputados Pablo Kast , Sebastián Álvarez , Tomás Hirsch y Guillermo Teillier .

La iniciativa, que contiene normas de quorum calificado, fue aprobada en general por unanimidad en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y luego fue modificada por una indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo.

Valoramos y agradecemos a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell , quien presentó la indicación sustitutiva, la que permitió aclarar la inquietud planteada por el diputado Pablo Lorenzini en la Comisión de Hacienda, relacionada con la forma de financiar el proyecto. En tal sentido, la elaboración del software que permitirá la interconexión entre los distintos organismos del Estado, administrado por Carabineros de Chile, ya ha irrogado un gasto de 89 millones de pesos; pero, además, el sistema implicará un gasto anual de 40 millones de pesos, el que será asumido por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

El proyecto crea un banco de datos al que pueden acceder todas las instituciones relacionadas con la investigación por la desaparición de personas, y obliga a una respuesta inmediata que no dependa de la buena voluntad del funcionario policial que recibe la denuncia, sino de criterios objetivos.

La situación es realmente preocupante. En Chile, según la base de datos de Carabineros de Chile, anualmente se efectúan sobre 25.000 denuncias por presunta desgracia. Del total de casos, según cifras entregadas por Carabineros, se resuelve sobre el 90 por ciento; sin embargo, la cifra de casos no resueltos bordea los 1.000 al año. Conforme a la base de datos de la Policía de Investigaciones, se formulan sobre 8.000 denuncias por presunta desgracia. Del total de casos, según cifras entregadas por transparencia, se señala que sobre el 93 por ciento se resuelven, por lo que la cifra de casos sin resolver bordea los 600 al año.

Resulta increíble que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones no compartan la información que poseen. La comisión conoció el caso de un joven extraviado que fue sometido a control de identidad, pero que se le dejó ir sin avisar a nadie, porque en el sistema informático no constaba su desaparición.

Junto con los casos mencionados por la diputada Marisela Santibáñez , también figura el de Ricardo Enrique Muñoz Migo , desaparecido el 4 de diciembre de 2016 en los cerros de San Fabián de Alico, en la Región de Ñuble. Nunca más se ha sabido de él. El mismo drama es vivido por miles y miles de familias de nuestro país.

La iniciativa crea un nuevo cuerpo legal y modifica el Código Procesal Penal, proponiendo nuevas definiciones de lo que se entiende por persona extraviada. Establece categorías de acuerdo a las causas probables de los hechos y una clasificación de los riesgos, y regula procedimientos para denunciar las desapariciones.

Paralelamente, se crea una base de datos con toda la información sobre las personas cuyo paradero se desconoce, así como un sistema al que, además de las policías, tendrán acceso el Ministerio Público, el Servicio de Registro Civil y el Servicio Médico Legal, el cual cuenta con un financiamiento de 90 millones de pesos. A ello se deben agregar 40 millones de pesos anuales.

Valoramos el proyecto. Hacemos votos por que se encuentren todas las personas desaparecidas.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Pablo Kast .

El señor KAST (vía telemática).-

Señor Presidente, quise intervenir, pues estamos examinando la parte presupuestaria del proyecto. Sobre el particular, se presentó una indicación que faltó resolver.

Quiero partir haciendo una reflexión numérica, para que nos hagamos una idea del nivel de impacto social que podría llegar a tener el proyecto, considerando algo tan básico como las cosas que se han planteado, que describió el diputado Mellado con mucha precisión. Aquí hablamos de un proyecto en que los recursos involucrados para hacernos cargo de las bases de datos y de toda una serie de herramientas son aproximadamente ciento treinta millones de pesos al año; considerando que hay cerca de veinticinco mil denuncias al año, más o menos, eso equivale a seis mil pesos por desaparecido en Chile.

Eso refleja que muchas de las políticas públicas y los proyectos de ley tienen que ver más con inteligencia que con gran cantidad de recursos. Por eso, es muy importante que no solo generemos estas herramientas, sino que también -aunque queda mucho por delante las policías y todas las instituciones involucradas puedan aplicarlas en la cotidianeidad de su trabajo y que también se hagan parte en entender que este no solo es un tema de forma, sino también de fondo; que hay un tema relacionado con la empatía y con la forma de trabajar, de procesar y de acompañar a las familias. Eso no tiene un componente económico, sino que más bien dice relación con entender el servicio público.

Después de hacer una reflexión respecto del tema económico, que era la pata que faltaba, quiero decirles a las familias que nos están escuchando que el compromiso no termina aquí, puesto que esto está recién empezando. El proyecto recién va a pasar al Senado, en donde también será objeto de discusión. Tenemos muy presentes las cosas que están pendientes -las enunció con mucho detalle la diputada Marisela Santibáñez -, en términos de que falta que el protocolo y el reglamento que se definan marquen muy bien los puntos de referencia y las dimensiones con las cuales se tienen que hacer los procesos que van a realizar las policías. No pueden quedar al criterio de cada institución los parámetros que definan la categorización de riesgos de cada una de las búsquedas cuando se hace la denuncia ni tampoco la hipótesis preliminar que debe existir para generar una vía de investigación.

Como bien dijo la diputada Marisela Santibáñez , hay que relevar que hicimos este trabajo en forma correcta, totalmente ajena a las diferencias políticas y totalmente empática con la realidad que afecta a miles de chilenos al año, y que, por supuesto, no tiene ninguna consideración política.

Efectivamente, hay rasgos socioeconómicos, y en eso también hay que ser realista. Nuestro país tiene una condición clasista para enfrentar los problemas de este tipo. Eso también queremos erradicarlo, pero es algo que tenemos que sacar de nuestra cultura. Probablemente, estandarizando a través de este proyecto de ley, vamos a poder acompañar a las familias para que eso se erradique.

Quiero decirles a las familias que este proyecto es de ellas. Con la diputada Santibáñez , a quien agradezco mucho, hemos realizado un arduo trabajo con nuestros asesores durante varios meses -llevamos casi dos años trabajando en esto-, pero las familias han empujado este proyecto; ellas han pulido y definido los rasgos que tiene esta iniciativa sobre la base de sus propias experiencias. Por ello, quiero agradecer a Mallén González , a Enrique Carvajal , a Carmen Landeros , a Any, a Paloma y a todos quienes nos acompañaron arduamente para definir cada una de las dimensiones de este problema, y decirles que vamos a seguir al servicio de ustedes. Asimismo, quiero agradecer a la Comisión de Seguridad Ciudadana y a toda la Cámara de Diputados por dar a este proyecto la prioridad que amerita.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, parto por felicitar a los mocionantes, especialmente a Joanna Pérez , Marisela Santibáñez , Pablo Kast , Osvaldo Urrutia y a los otros colegas que participaron en la redacción de este importante proyecto, así como también felicito y agradezco a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell , quien ha estado desde el principio apoyando esta iniciativa, que en su segundo informe trata una cuestión financiera que es bastante menor, no solo en términos de números, sino también del alcance que tiene pensar en el presupuesto para financiar esto a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, considerando los eventuales resultados que una acción articulada y más eficiente de las instituciones puede significar para encontrar a una persona desaparecida, en lugar de que sencillamente siga estando la nube de dudas y la terrible incertidumbre que tienen más de mil quinientas familias cada año en Chile cuando desaparecen sus familiares. Esa es la idea matriz del proyecto.

Pensar que cada año se reciben alrededor de treinta mil denuncias de personas que probablemente están en condición de presunta desgracia o francamente desaparecidas, y que cada año hay mil quinientos casos que no se resuelven y se acumulan. Es decir, habrá mil quinientos el año siguiente, y así sucesivamente.

Como lo han señalado los colegas, la idea central del proyecto es formar un sistema integral de búsqueda de personas extraviadas y desaparecidas; además, parte por definir ambos términos: persona extraviada y persona desaparecida. Principalmente, la iniciativa intenta hacer lo que la lógica simple indica que siempre hay que hacer, pero que no ocurre en Chile.

Pasaron diez años para tener un banco unificado de datos de delitos de toda naturaleza, a fin de que se pusieran de acuerdo los Carabineros, la PDI y la Fiscalía. ¡Diez años! En este caso se trata de unificar datos entre las policías, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI); el Registro Civil, el Ministerio Público, de tal manera que puedan tener este registro de personas desaparecidas. Además, se agrega al Servicio Médico Legal como búsqueda de un sistema que permita mejorar las primeras diligencias que son claves cuando una persona desaparece y se presume una desgracia.

El proyecto tiene trece artículos permanentes -sobre los cuales no voy a entrar en detalleque establecen una serie de principios, de manera que durante todo trabajo de búsqueda se privilegie la igualdad ante la ley y la no discriminación contra la persona desaparecida o contra la persona denunciante. Aunque no lo parezca -lo conversamos con el colega Cosme Melladoexiste la discriminación contra el denunciante o contra la persona desaparecida cuando se dan ciertas circunstancias.

El sistema que pretende establecer el proyecto con este nuevo banco informático interconectado de búsqueda de personas desaparecidas se centralizará con información aportada por los órganos del sistema de búsqueda, de acuerdo con este proyecto, entendiendo por tales al Ministerio Público, a Carabineros de Chile, a la PDI, al Servicio Médico Legal, al Registro Civil y a otras entidades públicas. Recordemos que el financiamiento baja a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Entre otras materias, hay una particularidad en el caso de niños o niñas desaparecidos. Las personas podrán tener el derecho a exigir que se levante un perfil de ADN de las familias que hayan tenido un familiar desaparecido.

Me alegro por este proyecto, votemos a favor e implementemos un sistema unificado.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, uno de los dramas más trágicos que una familia puede vivir es el extravío de un ser querido. En la Región de Los Ríos hemos conocido muchos casos en que se ha dado este tipo de situaciones.

El andar de las familias con desesperación en la búsqueda de su familiar querido es un dolor que a ninguno de nosotros le gustaría vivir.

El caso del joven estudiante Carlos Millán , de la Universidad Austral de Chile, y otros casos en diferentes localidades de la región han marcado, con mucha tristeza, a la Región de Los Ríos.

Por lo mismo, felicito el empuje que la diputada Marisela Santibáñez ha puesto a una norma que parece ser básica, porque el hecho de que en Chile existen diferentes tipos de justicia y de que el trato que se da a algunos es diferente del que se da a otros respecto de las personas desaparecidas se ve patentemente.

La tristeza y el dolor pueden ser mitigados con este tipo de norma, pero no va a servir de nada que dictemos este tipo de normas si nuestras policías no asumen también un nivel mayor de empatía respecto del nivel de desesperación de las familias que han perdido a un ser querido producto del extravío o de la desaparición.

Apoyaré con mucha fuerza el proyecto de ley, que tiene un alto contenido de humanidad y de empatía con personas que lo están pasando muy mal.

Espero que cada una de las normas que componen la iniciativa y cada uno de los principios que la inspiran, en particular el de igualdad ante la ley, el de no discriminación arbitraria y el de debida diligencia e inmediatez, crucen el nuevo sistema.

El proyecto va en la línea correcta, pero se requiere un gran cambio educacional en las diferentes policías respecto del trato a las personas que, con mucha pena, han perdido a un ser querido que se ha extraviado o ha desaparecido.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Se ha reclamado la declaración de inadmisibilidad formulada respecto de la moción de los diputados Gonzalo Winter , Rodrigo González , Giorgio Jackson y Juan Santana , y de las diputadas Camila Rojas, Camila Vallejo y Cristina Girardi , para asegurar la atención de las y los estudiantes con necesidades educativas especiales en el contexto de la pandemia de covid-19.

Para defender la admisibilidad de la moción, tiene la palabra, por cinco minutos, vía telemática, el diputado Gonzalo Winter .

El señor WINTER (vía telemática).-

Señor Presidente, el proyecto de ley cumple con un objetivo indispensable para asegurar la igualdad ante la ley de las niñas y los niños de nuestro país durante la pandemia, que lamentablemente sigue extendiéndose.

Hay que entender además las dificultades que enfrentan actualmente las comunidades educativas que atienden a las y los estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas a las restricciones para la compra de materiales didácticos, pedagógicos y terapéuticos, los problemas de conectividad, las limitaciones en los horarios laborales y los escasos lineamientos técnicos que vienen desde el Ministerio de Educación, el cual ni siquiera contempla dichas dificultades en su informe Impacto del Covid-19 en los Resultados de Aprendizaje y Escolaridad en Chile.

Hasta la fecha, y a pesar de no tener conocimiento de este asunto, el Ministerio de Educación no se ha hecho cargo de la imposibilidad de los establecimientos que trabajan con esta modalidad educativa para acceder a la subvención especial que les corresponde, derivada de la imposibilidad de efectuar las evaluaciones diagnósticas presenciales que exige el sistema para asignar los recursos.

La propuesta de solución del proyecto es muy sencilla: permitir excepcionalmente la entrega de una subvención especial diferencial a establecimientos educacionales que entregan apoyos en las diferentes modalidades de educación especial -escuelas especiales de discapacidad, las escuelas especiales de lenguaje y establecimientos de educación regular con programas de integración escolar durante todo el período de emergencia sanitaria sin que haga falta […] sino que además lo hacen generando mínimas modificaciones al sistema.

Sin embargo, según el informe técnico de la Secretaría, el proyecto se considera inadmisible por disponer de recursos públicos, cuestión que estaría al margen de la administración financiera del Estado, infringiendo el famoso artículo 65, inciso tercero, de la Constitución Política de la República. Pero lo cierto es que fuimos bastante cuidadosos en establecer tan solo una norma habilitante -insisto: una norma habilitante que dispone, como bien indica el artículo único del proyecto, que las asignaciones de recursos podrán efectuarse sin considerar la evaluación diagnóstica.

Creemos que abriendo la discusión en estos términos y permitiendo así el debate en la Cámara respecto de este delicado caso que afecta a los y las estudiantes con necesidades educativas especiales, seremos capaces de llegar a una solución donde sea tal vez el Ejecutivo el que ocupe la norma habilitante que ofrecemos, para hacerse cargo de aquello.

No me cabe duda de que la gran mayoría de los chilenos y de las chilenas entiende la necesidad de enfrentar casos como este con generosidad.

Además de incorporar únicamente una norma habilitante, creemos que este proyecto abre una puerta a la solución urgente que necesitamos, sin afectar las facultades legislativas exclusivas del Ejecutivo ni tensionar en lo más mínimo la estabilidad del modelo político.

Los invito a aprobar la admisibilidad del proyecto, puesto que no infringe la iniciativa de ley vigente, sino que permite abrir un debate imprescindible para trabajar en conjunto, resolver la crisis que se viene y evitar un colapso del sistema, que tendrá como únicas víctimas a las y a los estudiantes con necesidades educativas especiales y a sus familias.

He dicho.

-Los puntos suspensivos entre corchetes corresponden a interrupciones en la transmisión telemática.