Labor Parlamentaria

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación pasa a informar el proyecto de ley de la referencia, que cumple su primer trámite constitucional y reglamentario, de origen en moción de las diputadas señoras Loreto Carvajal, Marcela Hernando y Alejandro Sepúlveda; de los diputados señores Iván Flores, Carlos Abel Jarpa y José Pérez; y de los exdiputados señores Claudio Arriagada, Daniel Farcas, Daniel Melo y Juan Morano.

Con motivo del tratamiento del proyecto en informe, la Comisión contó con la participación de las siguientes personas: 1) Diputada señora Marcela Hernando, autora del proyecto; 2) Director Nacional (S) del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), señor Francisco Subercaseaux; Coordinadora del Plan Nacional de Calificación y Certificación de Discapacidad de dicho organismo, señora Diana Sandoval; y jefa de gabinete del Director Nacional, señora Francisca Giménez.

I.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1) Idea matriz del proyecto de ley

La idea matriz es facilitar la inclusión de las personas con discapacidades en el mundo cotidiano, evitándoles trámites burocráticos innecesarios, estableciéndose al efecto que las credenciales de inscripción que otorgue el Registro Nacional de la Discapacidad podrán ser de carácter temporal o permanente.

2) Normas de quórum especial

El proyecto de ley es de quorum simple.

3) Normas que requieran trámite de Hacienda

No requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.

4) Artículos e indicaciones rechazados

No hay.

5) Aprobación del proyecto en general

La Comisión aprobó por unanimidad la idea de legislar. Participaron en la votación las diputadas señoras Sandra Amar, Catalina del Real, Erika Olivera y Virginia Troncoso; y los diputados señores Boris Barrera, Cosme Mellado y Jorge Sabag.

6) Diputada informante

Se designó diputada informante a la señora SANDRA AMAR.

II.- ANTECEDENTES

A) La moción

La discapacidad en nuestro país es una realidad que pocas veces es vista en su compleja e íntegra realidad. Por ello, resulta difícil ponerse en el lugar de una persona discapacitada y de sus limitaciones diarias, a menos que se haya vivido en carne propia esta situación.

A nivel mundial, se estima que más de mil millones de personas viven con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento.

La Corporación Ciudad Accesible, en conjunto con el SENADIS, manejan en Chile las estadísticas más actualizadas sobre temas de discapacidad, a través del libro de resultados del Estudio Nacional de Discapacidad del año

2015. Ese estudio muestra una alza de las personas que poseen tal condición, si se comparan las cifras que arroja la aludida muestra con las de la encuesta CASEN de 2011.

De acuerdo con estos datos, se ha vuelto importante legislar para ayudar a incluir a las personas con discapacidad y facilitar su vida cotidiana. En este sentido, las discapacidades que limitan la movilidad, o al menos la dificultan, son aquellas que presentan mayores problemas, pues asuntos tales como trámites en oficinas, asistencia a ciertos lugares, etc., pueden involucrar una gran dificultad. Cobra importancia, así, para fines prácticos, simplificar las tareas cotidianas para estas personas, de modo que puedan sobrellevar su condición de discapacidad de una mejor manera.

Vinculado con lo expuesto precedentemente, se ha evidenciado un problema respecto de la inscripción y la credencial de discapacidad que se entrega en el Registro Nacional de Discapacidad, a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. El trámite para la obtención de la credencial no reviste mayor dificultad, pero dicho documento tiene un carácter temporal, aun cuando se trate de una discapacidad que sea permanente.

A diferencia de la cédula de identidad, la credencial no contiene la foto de su titular, por lo que no se justifica su renovación para las discapacidades permanentes, salvo los casos de pérdida o deterioro de la credencial. Por otra parte, la renovación implica que la persona discapacitada deba presentarse al registro civil de su ciudad, oficina que en muchos casos no cuenta con las instalaciones necesarias para el desplazamiento de discapacitados. Esta circunstancia puede determinar que un simple trámite se haga muy complejo y que un número significativo de personas discapacitadas no vayan al registro civil a renovar cada dos años su credencial.

A través de este proyecto se busca, en síntesis, facilitar la inclusión de las personas con discapacidades en el mundo cotidiano, evitándoles trámites burocráticos innecesarios.

III.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE LEY

a) Discusión general

2) Director Nacional (S) del SENADIS, señor Francisco Subercaseaux

El señor Subercaseaux detalló el proceso de calificación y certificación de la discapacidad en Chile y cómo se enmarca en el Plan Nacional de Calificación y Certificación de la Discapacidad, asumido como un compromiso de gobierno que busca que más personas con discapacidad puedan obtener su credencial. Agregó que en la actualidad hay más de 2 millones 800 mil personas con discapacidad en el país, según los datos de la ENDISC 2015. Sin embargo, menos del 14% están inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad.

Agregó que, de acuerdo al artículo 1 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por Chile en el año 2008, “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”. Este es un concepto que evoluciona, y en la actualidad se considera que la discapacidad no depende únicamente de la condición de salud de la persona, sino que también de las barreras actitudinales y del entorno que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad.

Se ha generado un cambio de paradigma a este respecto, desde un modelo biomédico a un modelo bio-psicosocial, colocando en el centro a la persona en su individualidad y en su interacción con el ambiente. Sin duda, este cambio de paradigma debe ir acompañado también de un cambio en la manera de calificarse y certificarse la discapacidad, en un contexto y enfoque de derechos humanos.

En Chile, el proceso de calificación y certificación de la discapacidad se realiza de acuerdo a los lineamientos y estándares aprobados por la OMS y que dictamina la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF), la que está en total sintonía con la Convención de Naciones Unidas.

La CIF indica tres conceptos clave para definir la discapacidad:

-La capacidad, que se entiende como el máximo nivel de funcionamiento que puede alcanzar una persona considerando solamente su condición de salud.

-El desempeño, que describe lo que las personas hacen o pueden hacer efectivamente en su contexto cotidiano, considerando las ayudas y/o apoyos que utilizan para ello.

-Los factores ambientales, que son los elementos externos que afectan la experiencia de discapacidad vivida por la persona: por ejemplo, los dispositivos de ayuda, apoyo familiar, el sistema de salud o la accesibilidad de los lugares que transita.

En el plano nacional, de acuerdo a lo establecido en la ley N°20.422, la única manera de acreditar la discapacidad es por medio de la calificación y certificación de la misma. El procedimiento para calificar y certificar se reglamenta a través del decreto N° 47-2012, del Ministerio de Salud. La misma ley N°20.422 establece el Registro Nacional de la Discapacidad (RND), administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, como registro administrativo de la certificación de la discapacidad. Para acceder a los beneficios y prestaciones sociales contenidos en la ley N° 20.422, las personas con discapacidad deben estar inscritas en el RND (Artículo 4).

La inscripción en el RND contempla tres etapas:

1) Calificación de la discapacidad. Es la etapa más compleja y demorosa, y contempla tres informes obligatorios: a) informe biomédico funcional (que lo emite el médico de cabecera de la persona con discapacidad); b) informe social y de redes (lo puede hacer una asistente social, generalmente de la propia municipalidad), y; c) informe de valoración del desempeño en comunidad (IVADEC), que puede realizarlo la municipalidad o la COMPIN.

Estos tres informes deben elevarse a la COMPIN.

2) Certificación de la discapacidad. Aceptada la información en la COMPIN, y completado el expediente de calificación, la institución realiza la certificación del nivel de discapacidad de la persona a través de una resolución.

3) Inscripción en el RND y emisión de la credencial y certificado. Una vez que la COMPIN respectiva certifica la discapacidad, remite la respectiva resolución al Registro Civil, para la inscripción de la persona en el RND y la emisión del certificado y la credencial de discapacidad, los cuales se remiten por única vez al domicilio del solicitante.

En cuanto a la vigencia de la credencial, indicó que de acuerdo a lo establecido en el aludido decreto del Ministerio de Salud, la resolución de certificación de la discapacidad consigna, entre otros antecedentes, el período de vigencia de la certificación. La certificación puede ser de carácter temporal o permanente, lo cual es definido dentro del proceso de certificación por la Comisión de Morbilidad Común y Discapacidad de la COMPIN. Si la COMPIN resuelve la certificación permanente, la credencial se entrega sin vencimiento, dado que no se establece la necesidad de reevaluación.

En otro orden de ideas, comentó que a la fecha solo un 13,8% de las personas con discapacidad ha realizado el proceso de calificación y certificación de la misma y están inscritas en el RND (391.771 personas). Es por ello que el programa de gobierno se ha propuesto aumentar este registro, para lo cual se diseñó el Plan Nacional de Calificación y Certificación. Añadió que la existencia de ciertos prejuicios y el temor a ser estigmatizados o a sufrir algún tipo de discriminación, además de dificultades propias del proceso de calificación y certificación, y el desconocimiento frente a los beneficios, son una barrera para la inscripción en el RND, por lo que se está trabajando para abordar todos los nudos críticos que constituyen un desincentivo a este proceso de inscripción. Sobre el punto, relevó la importancia de que las personas se inscriban, puesto que se pueden hacer más y mejores políticas públicas cuando se conoce quiénes son y donde están las personas con discapacidad, como asimismo cuáles son sus necesidades.

En cuanto al Plan Nacional de Calificación y Certificación, comentó que entre octubre de 2019 y febrero de 2020 se realizó una primera fase diagnóstica participativa en todo el país, recogiendo la mirada de la sociedad civil y de los profesionales técnicos del área. Con ello se pudieron levantar los nudos críticos y elaborar propuestas de mejora.

A partir de los resultados de este diagnóstico se diseñó la estrategia de intervención del Plan, que está en actual ejecución y que contempla tres ámbitos: a) promoción; b) mejora a la gestión; y c) derechos y beneficios.

Complementando la exposición del director nacional (S) del SENADIS, la jefa de Gabinete del organismo, señora Francisca Giménez, indicó que según los datos proporcionados por la COMPIN, entre enero de 2017 y enero de 2021 se ingresaron en total 183.018 trámites referentes al proceso de certificación de la discapacidad, de los cuales un 97% corresponde a solicitudes de evaluación:

Las personas que quedaron sin reevaluación corresponden al 56,3% de las solicitudes ingresadas en el referido período, esto es, 103.077 registros. Por lo tanto, la mayoría de las solicitudes ingresadas en los últimos años han sido resueltas con carácter de permanente. De este modo, la credencial respectiva también goza de la misma calificación, lo que implica que la persona no tiene que reevaluarse ni renovar su credencial.

Complementando la intervención del director (S), la jefa de gabinete señora Francisca Giménez comentó que todos los informes de diagnóstico del Plan Nacional, tanto el de carácter nacional como los regionales, están publicados en la página web del Servicio. En ellos se detallan los nudos críticos y los elementos que fueron relevados en cada una de las mesas participativas desarrolladas.

Acerca del proceso de calificación de la discapacidad y lo engorroso que puede resultar el mismo, explicó que en el diagnóstico cobró relevancia el informe biomédico. Por otra parte, precisó que el informe social que se solicita para la calificación no es un informe socio-económico ni está asociado al RSH o a la vulnerabilidad de la familia. Lo que pretende este informe es mirar el entorno y las redes de apoyo que tiene la persona, precisamente entendiendo la discapacidad como la interacción entre la condición de salud de la persona y su entorno. Esto explica que dos personas con exactamente la misma condición de salud (Síndrome de Down, por ejemplo) puedan tener distinto grado de discapacidad, pues también influyen factores como el nivel educativo, los niveles de estimulación, el acceso a rehabilitación, etc., todos los cuales inciden en definitiva en el nivel de autonomía y de desempeño de la persona.

Con el informe médico y el informe social la persona interesada ya puede ingresar la solicitud a la COMPIN. Es relevante señalar que a raíz de la pandemia por el coronavirus, la COMPIN comenzó a hacer una aplicación del Informe de Valoración del Desempeño en Comunidad (IVADEC) de manera remota, sin que la persona deba acudir presencialmente.

Destacó que, de la etapa de diagnóstico, es posible concluir que hay mucho desconocimiento acerca del proceso y los trámites que se deben realizar, tanto por parte de las propias personas con discapacidad y sus familias, como de los profesionales a cargo del proceso. Las disparidades que existen en las regiones se reflejan en los informes levantados. Por ejemplo, la región de Aysén tiene más del 50% de su población con discapacidad inscrita en el RND, y ahí hay una experiencia territorial que es importante observar.

Se está trabajando en generar, junto al Ministerio de Salud, un procedimiento que permita establecer ciertos estándares mínimos para la realización del proceso, pues hoy día, más allá del decreto N°47, no hay una “bajada” operativa a la red de salud respecto de cómo proceder. De ahí que varíe tanto de un territorio a otro.

Una de las líneas estratégicas fuertes del Plan que se va a implementar este año es la capacitación a los propios funcionarios. También en el sitio web www.incluyendo.cl, hay una serie de contenidos e información relevante para las personas con discapacidad acerca del proceso de certificación y los beneficios del RND.

En cuanto a las categorías de la discapacidad, señaló que la credencial efectivamente identifica y distingue entre la discapacidad mental -de origen psíquico o intelectual-, sensorial o física, lo que responde a las categorías definidas en la ley N°20.422, la que a su vez refleja las categorías definidas en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Si bien existe a nivel mundial una discusión respecto a la categorización de ciertas discapacidades como el asperger o del espectro autista, las que podrían considerarse como de origen psicosocial, esto aún no ha sido recogido formalmente por la Convención, por lo que es un debate en desarrollo.

Finalmente, precisó que la credencial refleja los distintos tipos de discapacidad y su gradualidad.

La coordinadora del Plan Nacional de Calificación y Certificación de la Discapacidad, señora Diana Sandoval, explicó que el trabajo que se encuentra realizando el SENADIS conjuntamente con el Ministerio de Salud apunta a resolver los nudos críticos detectados en el proceso de calificación y certificación y que están sintetizados en los informes. Con ello no solo se da cuenta de la problemática, sino que se hacen cargo de darles solución. Añadió que en la etapa de diagnóstico se consultó tanto a los referentes técnicos como a las personas con discapacidad por propuestas de alternativas de solución. A partir de esa información y su depuración técnica se está desarrollando el trabajo. Por último, destacó que ya hay acciones, incluso en contexto de emergencia sanitaria, que han dado resultado para facilitar el proceso. Por ejemplo, la reducción de la cantidad de información que contemplan los informes para que sean de más fácil tramitación; la ampliación del campo de profesionales que pueden levantar estos informes; y el otorgamiento de facilidades para atender a los contextos y a la dinámica territorial, entre otras.

b) Discusión particular

El proyecto consta de un solo artículo, que modifica el artículo 56 de la ley N°20.422, que enuncia las funciones del Registro Nacional de la Discapacidad.

La enmienda se refiere específicamente a su letra d), que dice así: “Otorgar las credenciales de inscripción y los certificados que determine el reglamento”.

Al respecto, la moción propone el siguiente texto sustitutivo:

“d) Otorgar las credenciales de inscripción, las cuales podrán revestir el carácter de temporal o permanente, y los certificados que determine el reglamento.”.

La Comisión aprobó por la misma votación (7 a favor) el artículo único.

IV.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente la Diputada Informante, esta Comisión recomienda a la Sala aprobar el siguiente

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Reemplázase la letra d) del artículo 56 de la ley N°20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, por la siguiente:

“d) Otorgar las credenciales de inscripción, las cuales podrán revestir el carácter de temporal o permanente y los certificados que determine el reglamento.”.”.

JUAN CARLOS HERRERA INFANTE

Abogado Secretario de la Comisión