Labor Parlamentaria

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a las bancadas que tengan dos o más Comités, y tres minutos a las demás, más treinta minutos distribuidos proporcionalmente.

Diputados informantes de las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación son los señores Cristhian Moreira y Tomás Hirsch , respectivamente.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 154ª de la legislatura 367ª, en jueves 5 de marzo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Certificado de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión 111ª de la presente legislatura, en miércoles 2 de diciembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Documentos de la Cuenta N° 19 de este boletín de sesiones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

El señor MOREIRA (vía telemática).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana vengo en informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales, con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest (boletín N° 12192-25 [S]), calificado con urgencia de discusión inmediata. Abordaré de manera sucinta las constancias reglamentarias previas.

1.Ideas matrices o fundamentales

La iniciativa presidencial busca actualizar la legislación chilena en materia de delitos informáticos y ciberseguridad, y adecuarla tanto a las exigencias del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, del Consejo de Europa, conocido como “Convenio de Budapest”, del cual Chile es parte, cuanto a la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, todo ello para dar un tratamiento más comprensivo del contexto en que se cometen estos ilícitos, y subsanar la carencia de medios suficientes para su investigación.

2.Normas de carácter orgánico constitucional y de quorum calificado

Se hace presente que, compartiendo la calificación que en su oportunidad hizo el Senado de las normas que requieren ser aprobadas con quorum especial, la comisión determinó la siguiente calificación de las disposiciones aprobadas en este segundo trámite constitucional:

Conforme a lo ordenado por el inciso segundo del artículo 66 y el artículo 84 de la Constitución Política de la República, en concordancia con la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, el inciso tercero del artículo 9°; los artículos 12 y 14, así como los artículos 218 bis y 219 sustitutivo, contenidos en los números 1) y 2) del artículo 18, respectivamente, del texto aprobado por esta comisión, tienen el carácter de ley orgánica constitucional.

El proyecto no contiene normas con carácter de ley de quorum calificado, ni disposiciones que requieran trámite en la Comisión de Hacienda.

La iniciativa fue aprobada en general por mayoría de votos. Votaron a favor los diputados señores Jorge Alessandri , Miguel Ángel Calisto , Marcelo Díaz , Raúl Leiva , Fernando Meza , Cristhian Moreira , Luis Pardo y Osvaldo Urrutia , y la diputada señora Marisela Santibáñez . Votó en contra la diputada señora Maite Orsini .

A continuación, haré un resumen del contenido del proyecto aprobado por el Senado.

El texto aprobado por el Senado pretende, en suma, hacer nacer a la vida del derecho un nuevo texto legal, que tipifica delitos informáticos, establece sanciones y modifica las siguientes normativas legales que tienen relación con la materia en estudio: la ley N° 19.223, que tipifica figuras penales relativas a la informática; el Código Procesal Penal; la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica; la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, y el decreto N° 83, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 2017, que promulga el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, denominado “Convenio de Budapest”.

Cabe consignar que el proyecto contenido en el mensaje constaba de diecisiete artículos permanentes y tres artículos transitorios. Luego de ser objeto de cambios en la tramitación que tuvo en el Senado, quedó con un texto de 21 artículos permanentes y tres artículos transitorios.

El proyecto sugiere derogar la ley N° 19.223, que tipifica figuras penales relativas a la informática, con el objeto de establecer una ley especial que contenga, de manera integral, las nuevas formas delictivas surgidas a partir de recientes desarrollos de esta área del conocimiento científico. De esa manera se pretende llenar los vacíos o las dificultades que muestra el ordenamiento penal en la persecución de ciertas conductas que, incluso, no eran concebibles a la época de dictación de la citada ley.

Los cambios principales se refieren a la reformulación de tipos penales y su adecuación al Convenio de Budapest, por ejemplo, en el ámbito del sabotaje y el espionaje informático, en lo que dice relación con el acceso ilícito a un sistema informático y el ataque a la integridad del sistema y de los datos; de la interceptación o interferencia indebida y maliciosa de transmisiones no públicas entre sistemas informáticos y la captación ilícita de datos transportados; de la falsificación informática (que comprende la maliciosa introducción, alteración, borrado o supresión que genere datos no auténticos con el propósito de hacerlos pasar como “auténticos o fiables” por un tercero), y del llamado “fraude informático”.

Igualmente, se incorporan circunstancias modificatorias especiales de responsabilidad penal, ya sea para atenuarla o agravarla. En el caso de las primeras, se introduce la colaboración relevante que permita el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus responsables o que sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad. En el caso de las segundas, se incorpora el uso de tecnologías de encriptación, con la finalidad de inutilizar u obstaculizar la acción de la justicia, así como la comisión del delito mediante el abuso de una posición privilegiada de garante o de custodio de los datos contenidos en un sistema de información, en razón del ejercicio de un cargo o función.

También, se incorporan reglas especiales para los procedimientos, junto con modificaciones al Código Procesal Penal, que permitan la eficaz investigación de esos delitos. Entre ellas, conceder legitimación activa al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, delegados presidenciales regionales y delegados presidenciales provinciales cuando las conductas afecten servicios de utilidad pública; permitir el uso de técnicas de investigación, mediando autorización judicial, cuando existan sospechas fundadas de la participación de asociaciones ilícitas o agrupaciones de dos o más personas que cometan alguno de los delitos descritos en la ley (agentes encubiertos, informantes, entregas vigiladas y controladas e interceptación de comunicaciones), y se establece una regla especial de comiso, vinculada con los instrumentos del delito informático, los efectos y demás utilidades que se hubieren originado, o una suma de dinero equivalente al valor de los bienes mencionados.

Se incluyen las definiciones de “datos informáticos” y de “sistema informático”, que son idénticas a las contenidas en el Convenio de Budapest, y se introducen algunas modificaciones en el Código Procesal Penal.

Entre otros cambios, el Senado introdujo modificaciones a la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, estableciendo que en caso de que se oculte o se disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de la perpetración de un delito informático, se penará con la sanción de prisión mayor en sus grados mínimo a medio y con multa de 200 a 1000 unidades tributarias mensuales.

Igualmente, se modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para incluir como delito el uso de los datos que las compañías de comunicaciones deben respaldar con un objetivo distinto a la investigación del Ministerio Público.

En cuanto a los artículos y las indicaciones rechazadas por la comisión, se transcriben en el informe pertinente. No hubo indicaciones declaradas inadmisibles.

Acerca de las adiciones y enmiendas que la comisión aprobó en la discusión particular, cabe destacar que esta instancia introdujo diversos cambios al proyecto del Senado, entre los cuales destacan los siguientes:

1.Sobre el delito de ataque a la integridad de un sistema informático, contenido en el artículo 1º, se elimina la exigencia de que sea en forma grave la obstaculización deliberada para impedir el normal funcionamiento de un sistema informático.

2.Respecto del acceso lícito, contemplado en el artículo 2º, que sanciona al que sin autorización o excediendo la autorización que posea y superando barreras técnicas o medidas tecnológicas de seguridad acceda a un sistema informático, este fue modificado mediante el reemplazo de la frase “excediendo la autorización que posea” por “de forma deliberada e ilegítima”, con lo que se exige una actitud dolosa en el actuar.

3.El artículo 6º, que trata de la receptación de datos, es reemplazado por un nuevo artículo 6º, que contempla la receptación de datos personales con una mejor redacción.

Se hace referencia expresa a la comercialización ilícita de datos protegidos por la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

4.En el artículo 7º, que se refiere al fraude informático, se perfecciona de mejor forma el tipo penal, mediante la exigencia de una actuación deliberada e ilegal a quien cause perjuicio a otro, con la finalidad de obtener beneficio pecuniario a través de la manipulación de un sistema informático y la alteración, daño o supresión de datos.

5.En todo el proyecto se sustituye donde aparece la palabra “proveedor” o “proveedores” por “prestador de servicios” o “prestadores de servicios”.

6.Se reemplaza el artículo 16, que se refería a la autorización para el acceso a un sistema informático, por un nuevo artículo 15, atinente a notificación de vulnerabilidades.

7.Finalmente, el artículo 18, que efectúa modificaciones en el Código Procesal Penal, fue aprobado parcialmente, toda vez que en su numeral 2), que aborda el artículo 219 de ese cuerpo legal, el cual fue sustituido por el Senado y que trata de las copias de comunicaciones, transmisiones y datos informáticos, esta comisión rechazó varios de sus incisos, quedando inoperante, por lo que debe ser restituido en su integridad.

La aprobación del artículo 219 del referido código es de vital importancia para efectos de la persecución penal de los delitos informáticos. En definitiva, esa disposición prescribe que el Ministerio Público podrá requerir, en el marco de una investigación penal en curso, a cualquier proveedor de servicios que ofrezca servicios en territorio chileno, que facilite los datos de suscriptor que posea sobre sus abonados, así como también la información referente a las direcciones IP utilizadas por estos. Asimismo, podrá solicitar la entrega de las versiones que existieren de las transmisiones de radio, televisión u otros medios públicos.

Es todo cuanto puedo informar a la Sala.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

El señor HIRSCH (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en representación de la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en su calidad de segunda comisión, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de discusión inmediata, correspondiente al boletín N° 12192-25.

Idea matriz o fundamental

El proyecto busca actualizar la legislación chilena en materia de delitos informáticos y ciberseguridad, y adecuarla tanto a las exigencias del Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como Convenio de Budapest, del cual Chile es parte, como a la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, para dar un tratamiento más comprensivo del contexto en que se cometen estos ilícitos y subsanar la carencia de medios suficientes para su investigación.

Fundamentos del proyecto

Tal como se informó hace unos momentos, el mensaje señala que el Convenio de Budapest constituye el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de internet y de otros sistemas informáticos.

Este instrumento jurídico entró en vigor el 1 de julio de 2004 y, a la fecha, ha sido ratificado por cincuenta y tres Estados. Su principal objetivo es el desarrollo de una política criminal común frente a la ciberdelincuencia mediante la homologación de conceptos fundamentales en la materia, el tratamiento de la legislación penal sustantiva y procesal, y el establecimiento de un sistema rápido y eficaz de cooperación internacional. Su contenido y los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, sin perjuicio de las reservas hechas en su oportunidad, se han vuelto mandatorios.

Lo anterior tiene lugar en un mundo globalizado, en el cual Chile no se encuentra ajeno a este fenómeno criminal, unido al aumento del acceso a internet y otros dispositivos electrónicos, de modo que resulta indispensable una actualización de la legislación en esta materia.

Si bien desde 1993 Chile cuenta con la ley N° 19.223, esta no ha sido modificada desde su dictación, debiendo tenerse presente además que, en la época de su entrada en vigencia, internet era un fenómeno incipiente y de escaso acceso para la ciudadanía. En el mismo sentido, las herramientas de persecución penal datan del año 2000, cuando se dictó el Código Procesal Penal, pero han devenido en insuficientes para una adecuada investigación de este tipo de ilícitos.

Lo expuesto, continúa el mensaje, se sitúa en un contexto de ataques cibernéticos que han afectado a entidades privadas que desarrollan actividades económicas sensibles para las personas, los cuales han sido de público conocimiento y de alto interés para la ciudadanía.

El cibercrimen es un fenómeno que se caracteriza por un fuerte componente de naturaleza transnacional, puesto que el ciberespacio no reconoce fronteras físicas, permitiendo iniciar la ejecución de una conducta ilícita en un Estado, generar sus efectos en un segundo y aprovecharse de las ganancias en un tercero, pudiendo producirse todo en forma instantánea, debido a que el desarrollo tecnológico basado en la interconexión global permite lograrlo a bajo costo, con menores riesgos y con altos niveles de eficacia. Por eso debe actualizarse la normativa chilena, con arreglo a los estándares internacionales vigentes.

Como lo advierte el propio Convenio de Budapest, una legislación sobre la materia no puede únicamente contener tipos penales, sino que aquellos deben ser complementados con una normativa procesal que entregue recursos que permitan investigaciones eficaces, atendidas las especiales características de la ciberdelincuencia. En este sentido, la ley N° 19.223 no contiene ninguna modificación o referencia al Código Procesal Penal, así como tampoco dispone de herramientas relativas al tratamiento de la recopilación de antecedentes de investigación en el marco de este tipo de delitos.

Adicionalmente, expresa el mensaje, como la actualización de la regulación atingente a los delitos informáticos forma parte de los pilares de la Política Nacional de Ciberseguridad 2017-2022, la puesta al día de la normativa sobre delitos informáticos ha de ser entendida como parte integrante de esa política.

Hoy es unánime la conclusión de que se requiere actualizar el catálogo de delitos informáticos, teniendo a la vista la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, y de dar un trato más comprensivo del contexto en que este tipo de ilícitos son cometidos, ya que las actuales carencias radican no solo en la falta de una tipificación moderna y eficaz, sino también de medios suficientes para desarrollar las investigaciones penales relativas a delitos informáticos.

Tramitación del proyecto en el Senado

En el Senado el proyecto fue analizado por la Comisión de Seguridad Pública y, luego, por la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Las principales modificaciones allí realizadas se refieren a la reformulación de tipos penales y su adecuación al Convenio de Budapest en el ámbito del sabotaje y espionaje informático, en relación con el acceso ilícito a un sistema informático y el ataque a la integridad del sistema y de los datos; la interceptación o interferencia indebida y maliciosa de transmisiones no públicas entre sistemas informáticos y la captación ilícita de datos transportados, la falsificación informática y el llamado “fraude informático”.

Igualmente, se agregan circunstancias modificatorias especiales de responsabilidad penal, ya sea para atenuarla o agravarla. En el caso de las primeras, se incorpora la colaboración relevante que permita el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus responsables o prevenir o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad. En el de las segundas, el uso de tecnologías de encriptación con la finalidad de inutilizar u obstaculizar la acción de la justicia, así como la comisión del delito abusando de una posición privilegiada de garante o custodio de los datos contenidos en un sistema de información, en razón del ejercicio de un cargo o función.

También se incorporan reglas especiales para esta clase de procedimientos, junto con modificaciones al Código Procesal Penal, que permitan una eficaz investigación de estos delitos. Entre ellas cabe mencionar las siguientes: conceder legitimación activa al Ministerio del Interior y Seguridad Pública; permitir el uso de técnicas de investigación, como agentes encubiertos, informantes, entregas vigiladas y controladas, e interceptación de comunicaciones, y establecer una regla especial de comiso vinculada con los instrumentos del delito informático, los efectos y demás utilidades que se hubieren originado o una suma de dinero equivalente al valor de los bienes mencionados.

Se incluyen definiciones de datos informáticos y sistema informático, iguales a las contenidas en el Convenio de Budapest, y se introducen algunas modificaciones en el Código Procesal Penal.

Entre otros cambios, se introdujeron modificaciones en la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos. Igualmente, se modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, incluyendo como delito el hacer uso de los datos que las compañías de comunicaciones deben respaldar, con un objeto distinto a la investigación del Ministerio Público.

Tramitación en la comisión

En la Cámara de Diputados, la comisión técnica fue la Comisión de Seguridad Ciudadana, que introdujo diversos cambios al texto aprobado por el Senado, ya relatados por el diputado informante.

La Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación resolvió conformar una mesa técnica de trabajo que permitiera aunar posiciones y concordar un texto. Algunos de sus acuerdos fueron aprobados por unanimidad y otros por mayoría de votos.

Las principales modificaciones al texto del proyecto contenido en el informe de la comisión técnica dicen relación con las siguientes materias:

1.Se suprimió la expresión “deliberadamente” en varias normas.

2.Se reemplazó la expresión “prestadores” por “proveedores” en diversos artículos.

3.El artículo 6 fue sustituido para regular el delito de receptación de datos informáticos, sancionando a quien comercialice, transfiera o almacene estos datos, provenientes de la realización de las conductas descritas en los artículos 2, sobre acceso ilícito; 3, sobre interceptación ilícita, y 5, sobre falsificación informática.

4.El artículo 12 fue reemplazado para regular la forma de realización de las medidas especiales de investigación -interceptación de comunicaciones telefónicas o agente encubierto- respecto de los delitos de mayor gravedad, excluyendo los delitos de receptación y de abuso de dispositivo, en razón de su baja sanción. Se agrega un informe escrito que debe presentar el Ministerio Público al momento de solicitar la medida intrusiva, se establece un plazo de duración de la medida intrusiva y se precisa y condiciona la exención de responsabilidad penal del agente encubierto a criterios de “necesariedad” y proporcionalidad.

5.El artículo 16 fue sustituido para regular el denominado hacking ético, eximiendo de responsabilidad penal a quien, en el contexto de una investigación académica de seguridad informática previamente registrada, reporte el acceso y la vulnerabilidad informática detectada al responsable del sistema informático y a la autoridad competente, de manera inmediata.

6.En el artículo 18 se reemplazó el artículo 219 del Código Procesal Penal, con el objeto de establecer que la forma de requerir los datos de un suscriptor quedará establecida en un instructivo elaborado por el fiscal nacional. A continuación se define lo que se entiende por datos de suscriptor como aquella información que posea un proveedor de servicios, relacionada con sus abonados, excluidos los datos sobre tráfico y contenido, y que permita determinar su identidad, como son la información del nombre del titular del servicio, su número de identificación, su dirección geográfica, su número de teléfono, su correo electrónico, información sobre facturación y medio de pago. Debo dejar en claro que no hubo consenso en la comisión respecto de esta norma, por lo cual se aprobó por mayoría de votos.

Quienes estuvimos en desacuerdo, manifestamos que se están entregando facultades intrusivas al Ministerio Público no solo en lo relacionado con los delitos informáticos vinculados al Convenio de Budapest, sino también para otro tipo de delitos, y que, además, no se requerirá autorización por parte del juez de garantía.

Quienes estuvieron a favor de la indicación consideran que la norma cumple con el Convenio de Budapest y que no se están otorgando más facultades intrusivas al Ministerio Público, sino aquellas con las cuales ya cuenta la institución, por lo que el artículo complementa y perfecciona estas medidas.

El artículo primero transitorio se reemplazó para regular la situación de los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la iniciativa como ley de la república, así como las penas y las demás consecuencias que correspondiere imponer por ellos. Además, se agregó un artículo cuarto transitorio para establecer la fecha en que comenzarán a regir los artículos 19 y 21 de esta futura ley.

Constancias reglamentarias 1) Normas de quorum especial.

El inciso tercero del artículo 9; los artículos 12 y 14, y los artículos 218 bis y 219 sustitutivo, contenidos en los números 1) y 2) del artículo 18 del texto aprobado, respectivamente, tienen el carácter de ley orgánica constitucional.

El proyecto no contempla normas de quorum calificado.

2)Normas que requieren trámite de Hacienda

El texto del proyecto aprobado no requirió ser conocido por la Comisión de Hacienda.

3)Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Se encuentran en esa situación los artículos 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 y 21 permanentes, y los artículos segundo y tercero transitorios.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez Novoa .

La señora SANTIBÁÑEZ (doña Marisela).-

Señor Presidente, como bien sabemos, el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia es un tratado internacional emanado del Consejo de Europa y abierto a suscripción a todos los países.

Chile, al promulgar el convenio, en 2017, asumió la obligación de penalizar determinados actos y establecer ciertos poderes para las autoridades, y, de esta manera, perseguir estos delitos o estos ciberdelitos.

Es real y no podemos ignorar que nuestro país no está ajeno a la ciberdelincuencia. De hecho, ya hemos sufrido ataques públicos y podemos dar un ejemplo; para muestra un botón: el ataque que sufrió el BancoEstado.

Por ello, debemos mejorar y actualizar nuestra legislación.

Eventualmente, podríamos decir que este proyecto de ley es un avance, porque antes no teníamos nada, no había nada; pero la verdad es que lo que llegó desde el Senado no lo era. En muchos casos, el texto del proyecto se apartaba de lo dispuesto en el convenio, y a pesar de los intentos de introducir enmiendas en la comisión, algunas normas quedaron en el texto que despachamos. Así, por ejemplo, se incorporaron normas no contempladas en el convenio y se establecen elementos del tipo distintos, llegando algunos de estos a vulnerar los derechos y libertades fundamentales.

Lo anterior, a pesar de que el propio convenio señala que los países, al aplicarlo, deben garantizar el debido equilibrio entre los intereses de la acción penal y el resto de los derechos y libertades fundamentales de las personas.

Asimismo, la iniciativa que llegó del Senado contenía normas abusivas que penalizaban sobremanera el denominado hacking ético, motivo de mucha discusión en la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Además, se establece la posibilidad de agentes encubiertos, generando inmensas dudas, ya que muchas veces pasa a ser un agente incitador, que es una técnica de la investigación.

Si bien intentamos mejorar muchas de estas normas, estas solo se atenuaron, pero igual quedaron en el texto del proyecto.

Finalmente, debo decir que sabemos que debemos legislar sobre esta materia, pero todavía existen dudas respecto de algunas normas del proyecto de ley que no se arreglaron, no obstante que se podrían haber mejorado.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Jaime Tohá González .

El señor TOHÁ (vía telemática).-

Señor Presidente, tanto el diputado Cristhian Moreira como el diputado Tomás Hirsch rindieron extensos informes acerca del origen y el tratamiento de este proyecto.

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, quiero señalar que estamos frente a uno de los desafíos más urgentes, apremiantes y complejos de los tiempos que vienen.

Debemos entender que la nueva normalidad de la que se habla no será la normalidad que existía antes de la pandemia, pues la extensión y la profundidad del uso de las tecnologías de la información no solo se posicionó, sino que continuará ampliándose de una manera tal que sus límites son difíciles de precisar, lo cual, naturalmente, expone a los países, a las empresas y a las personas a riesgos muy significativos.

Al comienzo de la discusión en la comisión parecía que estábamos frente a posiciones irreconciliables respecto de cómo compatibilizar la defensa de dos bienes fundamentales: la seguridad y los derechos de los personas. No obstante, tal como dijo el diputado Tomás Hirsch , gracias a la conformación de una comisión técnica pudimos llegar a un acuerdo razonable, pues tanto el Ejecutivo, con los parlamentarios que apoyaban la idea original, como quienes teníamos algunos cuestionamientos al respecto cedimos en nuestras posiciones para aprobar un proyecto que significará un avance, aunque requiera ser perfeccionado muchas veces en el futuro.

La iniciativa aborda una materia que no podíamos dejar sin resolver, motivo por el cual, al menos yo, votaré favorablemente.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira Barros .

El señor MOREIRA [vía telemática].-

Señor Presidente, tal como hice hincapié en la presentación del informe de este proyecto, nos encontramos frente a una iniciativa de máxima importancia en los tiempos actuales, donde la informática y la tecnología se han tomado gran parte de nuestra sociedad, y nos relacionamos y vivimos el día a día a través de internet.

Chile es parte del Convenio de Budapest, y este proyecto busca otorgar un texto armónico y comprensivo en el contexto en que se cometen los delitos de que trata la iniciativa.

Por ello, después de un extenso trabajo, tanto en la Comisión de Seguridad Ciudadana como en la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, distintos expertos y profesionales nos aportaron importantes puntos de vista que dieron como resultado el texto que hoy estamos analizando.

La relevancia radica, básicamente, en que en nuestro país han aumentado considerablemente los delitos informáticos durante los últimos años, adquiriendo una fuerte connotación social. En esa línea, según cifras de Novared, en lo que va del año, los delitos informáticos han aumentado en Chile en más de un 74 por ciento en comparación con el 2019.

Por otro lado, según cifras de la Policía de Investigaciones, en cinco años se acumulan más de 4.600 denuncias, correspondientes en gran parte de los casos a sabotajes, entendidos como el acceso a un sistema de tratamiento de la información para alterarlo, dañarlo o destruirlo. Un claro ejemplo fue el reciente ataque que sufrió BancoEstado, poniendo en peligro millones de datos personales de los chilenos.

Por ello, el Convenio de Budapest viene a hacerse parte de nuestra legislación como el acuerdo internacional más asentado, que, efectivamente, permite combatir el cibercrimen, mejorando las capacidades de investigación, sumado a la cooperación y asistencia internacionales.

Es de suma relevancia acompañar las herramientas jurídicas, aportando a esta y otras iniciativas que están en tramitación una educación cívica eficiente, que sea aplicada a todos los niveles, que permita abordar plenamente los riesgos que implica el uso de la tecnología, y aumentar en todos los ámbitos el nivel de seguridad de la información almacenada en los medios informáticos.

Esperando una pronta y ágil tramitación, votaré a favor este proyecto.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señor Presidente, recién presenté el informe sobre este proyecto de ley, que establece normas y modifica cuerpos legales para adecuarlo al Convenio de Budapest.

El proyecto llegó con discusión inmediata. El gobierno pretendía que fuéramos solo un buzón y lo despacháramos en un par de horas en la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. No fue así. Ello se debió a que se trata de una materia muy compleja, con implicancias que van mucho más allá de los delitos informáticos que pretende regular.

El Convenio de Budapest establece un marco normativo para la persecución de delitos informáticos desde una perspectiva internacional, pero eso se dificulta cuando se tiene que llevar al derecho doméstico, porque es evidente que las instituciones no cuadran, razón por la cual no es cosa de aprobarlo tal como viene del Ejecutivo. Debemos entender que los tratados internacionales que Chile suscribe pueden ser completamente revisables, porque somos un poder del Estado que debe velar por las garantías constitucionales.

En este debate estamos ponderando dos cosas: la persecución de delitos versus la privacidad de los datos personales. Es obvio que en la persecución penal se restringen ciertos derechos, pero esa restricción tiene que ser plenamente justificada por la proporcionalidad de la lesión y el objetivo de la persecución penal.

Aquí estamos discutiendo política criminal y no solo tecnicismos, como quiso plantear el Ejecutivo y el Ministerio Público. ¿Por qué digo esto? Porque en este proyecto se pretende modificar el artículo 219 del Código Procesal Penal, otorgándole al Ministerio Público la facultad de ordenar medidas intrusivas para cualquier delito contemplado en el artículo, sin orden judicial. Quiero repetirlo, porque el tema no es menor: acá no habrá orden judicial, lo cual es muy grave, porque estamos discutiendo un estatuto especial para los delitos informáticos, no una regla general para la persecución de cualquier delito. La modificación propuesta, que quedó incluida en el proyecto de ley, supone eso: una modificación a la norma general incluida en el artículo 219 del Código Procesal Penal.

Dicho en buen chileno, el gobierno se ha aprovechado de la necesidad de cumplir con el Convenio de Budapest para ampliar en forma absolutamente desproporcionada -de taquito- las facultades intrusivas del Ministerio Público, cosa que no forma parte de dicho convenio. Es importante tener en cuenta lo que señalo, porque el día de mañana, si hay una marcha o una protesta, el Ministerio Público podrá solicitar a las empresas proveedoras de internet que retengan y entreguen información respecto de la dirección IP, nombre, dirección, datos de facturación y métodos de pago de quienes participen en la protesta, sin ninguna autorización previa de un juez de garantía.

Esa facultad intrusiva es muy grave, porque la herramienta se transformará en un arma de persecución política. ¡Es muy grave! Una cosa es modificar el artículo 219 del Código Procesal Penal específicamente para los delitos informáticos, pero otra distinta es modificarlo en general. Hay muchas actividades que no suponen la comisión de delitos informáticos. Si se organizan, coordinan o convocan protestas por redes digitales, WhatsApp, celulares, correos electrónicos, etcétera, el Ministerio Público podrá pedir toda la información del usuario, porque la modificación del artículo 219 del Código Procesal Penal no es especial, sino -repito- general, y se aplicará sobre todos los posibles delitos que la Fiscalía quiera perseguir. Es muy importante tener en cuenta ese punto.

Por eso, he renovado una indicación, para que el juez de garantía tenga control sobre los actos del Ministerio Público. Hemos renovado la indicación con las firmas de más de 60 diputadas y diputados, no obstante que se necesitaban 30. Llamo a esta Sala -a quienes se encuentran acá y a quienes trabajan telemáticamente- a aprobar la indicación.

También he solicitado votación separada del número 2) del artículo 18, que sustituye el artículo 219 del Código Procesal Penal, permitiendo que ante cualquier delito, sin orden del juez de garantía, el Ministerio Público pueda aplicar medidas intrusivas, y eso no es posible.

Hago un llamado muy responsable a rechazar ese artículo. Hay que rechazar el texto de la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación y aprobar el texto de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Así, el proyecto, después de la votación de que sea objeto en el Senado, deberá pasar a Comisión Mixta, donde podremos corregir un error que puede ser tremendamente complejo a la hora de aplicar medidas intrusivas por el Ministerio Público, sin orden judicial.

Reitero mi llamado a votar a favor la indicación que he presentado y a rechazar el número 2) del artículo 18, que sustituye el artículo 219 del Código Procesal Penal, cuya votación separada he solicitado.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, a nivel mundial ha quedado claro que el correcto resguardo de los datos personales almacenados en dispositivos tecnológicos y en sistemas informáticos se ha transformado en una verdadera situación estratégica.

Es habitual enterarse por los medios de comunicación de que algún banco ha sido hackeado y que las cuentas de sus clientes han quedado desprotegidas; que inescrupulosos se aprovechan del desconocimiento o ingenuidad de las personas para robar su información o dinero, o que un vándalo informático, en un afán redentor, publique los datos de contactos privados de alguien en las redes sociales o se apodere de cuentas de terceros para difamar o causar daño.

En esta sociedad de la información quien posee más conocimiento, quien ostenta un mayor volumen de datos, es quien tiene más poder. Por lo mismo, son muchos quienes, por diversos motivos, se han visto tentados a perturbar, infiltrarse y robar fuentes de datos personales. Estos nuevos delitos no pueden quedar impunes. Es urgente y de vital importancia que, como país, contemos con una normativa fuerte y moderna, para proteger la privacidad de la información de cada individuo, que vele por el buen uso de los datos que se obtienen y que sancione de manera contundente y rápida a quienes cometen delitos relacionados con ello.

En ese sentido, este proyecto es un tremendo avance, porque describe de manera correcta las distintas situaciones a través de las que pueden ser vulnerados los datos personales, impone penas privativas de libertad y multas considerables, y esencialmente dota a los tribunales y a nuestras policías de herramientas suficientes para realizar sus investigaciones de forma eficiente.

Votaré a favor esta iniciativa, pero, desde ya, me gustaría dejar planteada la necesidad de que, como país, nos fijemos metas y mayores estándares de transparencia y seguridad respecto de los usos políticos que se hacen de los datos personales.

Hemos visto cómo las redes sociales y el mal uso que se hace de ellas han generado un mundo polarizado, desinformado o sobreinformado. Basta con analizar las grandes elecciones del último tiempo para abrumarse con la focalización perversa que se hace de los esfuerzos electorales, polarizando y transmitiendo mensajes dirigidos que muchas veces son falsos.

Debemos asumir el desafío de fortalecer nuestra democracia, cuidando los gustos, las preferencias y las ideas que cada persona libremente publica en sus redes sociales y prohibir que empresas inescrupulosas y políticos dispuestos a desinformar hagan mal uso de ellos.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES.-

Señor Presidente, sin duda, dentro de las prioridades de la ciudadanía, por cierto, está la buena convivencia social y la seguridad de la comunidad en general. La buena convivencia tiene que ir acompañada de medidas que permitan evitar la ocurrencia de delitos.

Pero ¿qué delitos? Porque hay una historia y una tradición de los delitos que se hacen a mano y también de los que empiezan a aplicar alguna tecnología. Hoy, el narcotráfico tiene todas las tecnologías de que quiera disponer, por cuanto no tiene las trabas burocráticas para comprarlas ni problema de plata. Eso coloca en clara desventaja a la institucionalidad pública que, sin ninguna duda, se enfrenta a esos dos problemas: por una parte, la excesiva burocracia para responder adquiriendo nuevas tecnologías, complementándose o fortaleciéndose, y, por otra, algunas trabas respecto de algunos procedimientos, cuando se necesita tener más inteligencia, más capacidad de anticipación, más cobertura. En fin, esa es otra materia.

Pero resulta que en los tiempos que vivimos han aparecido muchos -diría que demasiados- nuevos delitos o nuevas formas de delinquir que tienen como presa fácil a quienes no son usuarios avanzados en cuestiones informáticas y digitales, o en los sistemas a distancia.

También en eso caen algunas instituciones, pero me refiero principalmente a las personas que, por su semianalfabetismo informático, son presa fácil de algo que aparentemente está correcto, efectuado por empresas del crimen organizado o delincuentes avezados que manejan perfectamente la tecnología y penetran en nuestras propias cuentas, nuestro propio sistema o nuestra propia intimidad.

Sin duda, en ese contexto, hay que generar las herramientas no solo para que el Ministerio Público, los tribunales y las policías puedan tener la capacidad de actuar oportunamente, sino también para que exista una capacidad desarrollada de poder prevenir. En ese sentido, también tiene que haber educación para la ciudadanía o la comunidad.

Creo que proyectos como este, que requieren una visión integral y amplia, obligan a que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública -aprovecho que se encuentran presentes el ministro del Interior y los subsecretarios- empiece a trabajar en los distintos aspectos que significan los delitos cometidos a través de esos mecanismos, que son mucho más amplios. Eso lo hemos visto en materia de abuso sexual, donde vemos cómo los niños son atrapados a través del grooming y cómo penetran las cuentas personales. En fin, esto es algo muy amplio, dinámico y complejo de prevenir si no se hace con campañas amplias, con recursos, con capacidades dispuestas y con el convencimiento y acompañamiento de la propia comunidad.

Este es un proyecto que surge de un mensaje del Presidente de la República que busca actualizar la legislación en materia de delitos informáticos, no solo para cumplir con el Convenio de Budapest, sino, además, para alinearse con la evolución de las tecnologías de la información.

No voy a detallar lo que contiene el proyecto en términos de las agravantes o de las penas asociadas a los delitos cometidos, sino simplemente decir que, independientemente de que algunas indicaciones nos preocupan, voy a votar a favor. Espero que lo aprobemos y se le dé un trámite expedito, porque es una necesidad de la comunidad.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

No hay más diputados inscritos. Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una excepción a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura durante el 2020.

Para la discusión de este proyecto, se otorgarán cinco minutos a las bancadas con dos o más Comités y tres minutos a las demás, más treinta minutos distribuidos en forma proporcional.

Diputada informante de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos es la señorita Camila Rojas .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 133ª de la presente legislatura, en miércoles 20 de enero de 2021. Documentos de la Cuenta N° 8.

-Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. Documentos de la Cuenta N° 27 de este boletín de sesiones.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señorita ROJAS (doña Camila ) [vía telemática].-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, paso a informar sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece una excepción a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura durante el 2020, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de discusión inmediata.

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 304 del Reglamento de la Corporación, cabe consignar lo siguiente:

Constancias reglamentarias

I.Idea matriz o fundamental del proyecto

Permitir que el remanente de la cuota de pesca no consumido durante el año 2020 pueda ser extraído dentro de los treinta días siguientes al inicio de la temporada respectiva del año 2021, y así otorgar un alivio a la actividad pesquera, esencialmente artesanal, que le permita reponerse de los efectos de la pandemia de covid-19, sin afectar la sustentabilidad de los recursos ni exceder el 30 por ciento del total de la cuota de captura fijada.

II.Resumen del contenido del proyecto aprobado por el Senado

El proyecto aprobado por el Senado está estructurado sobre la base de un artículo permanente e incorpora lo siguiente.

Permite que el remanente de la cuota de pesca no consumido durante el año 2020 pueda ser extraído dentro de los treinta días siguientes al inicio de la temporada respectiva del año 2021, y así otorgar un alivio a la actividad pesquera, esencialmente artesanal, que le permita reponerse de los efectos de la pandemia de covid-19, sin afectar la sustentabilidad de los recursos ni exceder el 30 por ciento del total de la cuota de captura fijada.

III.Síntesis del debate que hubo durante la discusión general y particular

La comisión se manifestó de acuerdo en cuanto a considerar que se atraviesa por una situación extraordinaria y compleja que afecta gravemente a la mayoría de los chilenos, y de manera más profunda durante el año recién pasado; que la irrupción del virus denominado coronavirus tipo 2, causante del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2), que produce la enfermedad covid-19, ha requerido la adopción de diversas medidas en el ámbito sanitario y económico, no siendo la actividad de la pesca artesanal una excepción; que, en efecto, se desea otorgar un alivio a la actividad pesquera, esencialmente artesanal, que le permita reponerse, dentro de lo posible, de los meses más duros de la pandemia, durante los cuales no pudo operar; que, sin embargo, se debe cuidar que lo anterior se lleve a efecto sin alterar la sustentabilidad de los recursos, pues se trata de una cuota ya determinada según criterios científicos y de conformidad con los requisitos y el procedimiento regulados en la Ley General de Pesca y Acuicultura, para lo cual el proyecto contemplaría los resguardos necesarios, como límites temporales y porcentuales.

La comisión tomó conocimiento, por parte del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), de que existe un importante remanente de la cuota correspondiente al año 2020 no extraída, en recursos como merluza, sardina, anchoveta, bacalao, langostino, entre otros, el que, de acuerdo con la ley vigente, no se puede traspasar al año siguiente.

De ahí que se manifestaron mayoritariamente de acuerdo en establecer una excepción a la norma vigente durante la presente temporada de pesca, ello dentro del contexto de la tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en lo relativo a las licencias transables de pesca, y que incorpora normas para prevenir la pesca ilegal (boletín N° 11704-21), y la solicitud realizada por múltiples organizaciones de pescadores artesanales, principalmente de las regiones de Atacama, del Biobío y de Los Lagos, ante el problema derivado de la imposibilidad de capturar dentro del año calendario 2020 la cuota asignada, por motivos climáticos o de otra índole.

El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos.

Votaron a favor la diputada Daniella Cicardini -en reemplazo del diputado Luis Rocafull - y los diputados Miguel Ángel Calisto -en reemplazo del diputado Gabriel Ascencio -, Bernardo Berger , Javier Hernández, Hugo Rey -en reemplazo del diputado Pablo Prieto -, Leonidas Romero , Gastón Saavedra -en reemplazo del diputado Jaime Tohá - y Francisco Undurraga .

Se abstuvieron las diputadas Camila Rojas y Marisela Santibáñez , y los diputados Jorge Brito y Alexis Sepúlveda .

IV.Normas de carácter orgánico constitucional o de quorom calificado

La comisión compartió el criterio del honorable Senado en cuanto a calificar el mensaje como de quorom calificado, ya que modifica la normativa sobre cuotas de pesca, cuotas que establecen limitaciones o requisitos para adquirir el dominio de determinados bienes.

V.Trámite de Hacienda

El proyecto no requiere trámite en la Comisión de Hacienda.

VI.Artículos e indicaciones rechazados por la comisión

1.Artículos:

Su artículo único.

2.Indicaciones:

i. Del diputado Alexis Sepúlveda , para sustituir el artículo único del proyecto por el

siguiente:

“Artículo único.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero de la letra c) del artículo 3° de la Ley General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el decreto supremo N° 430, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1991, el remanente de cuota no consumido durante el año 2020 por la pesca artesanal podrá ser extraído dentro de los 30 días de captura siguientes al inicio de las temporadas respectivas del año 2021. Tratándose de pesquerías cuyas temporadas tuvieran inicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, el plazo de 30 días se contará desde su publicación en el Diario Oficial. Respecto de dicho remanente, no serán procedentes las cesiones reguladas en los artículos 55 N y 55 T de la referida ley. Existiendo remanente, las capturas efectuadas se imputarán automáticamente por parte del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura a dicho remanente y, solo una vez consumido o vencido el plazo anterior para su captura, se imputarán al año calendario en curso. Dichas reglas serán igualmente aplicables en los casos en que la fracción artesanal de la cuota global se encuentre sometida al Régimen Artesanal de Extracción. Todo lo anterior es sin perjuicio de la aplicación de otras medidas de administración, según las reglas generales.

Con todo, el remanente no consumido, a extraer durante el plazo señalado en el inciso anterior, no podrá superar en caso alguno el 30 por ciento del total de la cuota anual de captura fijada para el año 2020.”.

Esa fue la primera indicación rechazada. La segunda indicación rechazada fue la siguiente: ii. Del diputado Jorge Brito :

1.Para agregar en su artículo único el siguiente inciso tercero, nuevo: “Las reglas precedentes serán aplicables exclusivamente a los dueños o propietarios de las cuotas sometidas al Régimen Artesanal de Extracción, quedando prohibida su aplicación para un régimen distinto.”.

2.Para modificar en el inciso segundo del artículo único el guarismo 30 por ciento, por 10 por ciento, quedando de la siguiente manera: “Con todo, el remanente no consumido, a extraer durante el plazo señalado en el inciso anterior, no podrá superar en caso alguno el 10 por ciento del total de la cuota anual de captura fijada para el año 2020.”.

VII. Adiciones y enmiendas aprobadas por la comisión

Se presentó una indicación sustitutiva, suscrita por el diputado Alexis Sepúlveda y aprobada por mayoría de votos, que, manteniendo el texto remitido por el Senado, hace excepción de la pesquería de merluza común o Merluccius gayi, la que mantendrá el régimen de extracción anual del 1 de enero al 31 de diciembre, y no podrá ser extraída con posterioridad, aplicando el enfoque precautorio en su resguardo.

Votaron a favor las diputadas Marisela Santibáñez -en reemplazo del diputado Boris Barrera -, Daniella Cicardini -en reemplazo del diputado Luis Rocafull - y Camila Rojas , y los diputados Jorge Brito, Hugo Rey -en reemplazo del diputado Pablo Prieto -, Alexis Sepúlveda y Gastón Saavedra -en reemplazo del diputado Jaime Tohá -. Votaron en contra los diputados Leonidas Romero y Francisco Undurraga . Se abstuvieron los diputados Miguel Ángel Calisto -en reemplazo del diputado Gabriel Ascencio -, Bernardo Berger y Javier Hernández .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Muchas gracias, ministro. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER (vía telemática).-

Señor Presidente, que el remanente de las cuotas de captura del 2020 pueda ser extraído por los pescadores artesanales, de forma excepcional, durante los primeros treinta días de la temporada respectiva del 2021, es una medida que, a mi juicio, contribuirá a dar más espacio de comercialización al sector de la pesca artesanal, que se vio fuertemente golpeado por la crisis sanitaria que hasta hoy nos afecta.

En la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos discutimos in extenso la primera versión de esta iniciativa, así como la ingresada recientemente por el Ejecutivo, durante enero, que viene a ordenar y simplificar la discusión para establecer lo que realmente se necesita en estos momentos en las costas de nuestro país.

Creo que es de toda justicia y urgencia aprobar esta iniciativa.

El sector pesquero artesanal se vio fuertemente afectado y golpeado por las restricciones de trabajo derivadas de la alerta sanitaria, la que muchas veces impidió salir a pescar y que coincidió con el período en que las temporadas de extracción se encontraban abiertas, lo que imposibilitó que estas fueran aprovechadas.

Por eso, es una buena idea dar más plazo para poder echar mano a lo que quedó pendiente de las cuotas de captura, dentro de ciertas limitaciones, porque permitirá allegar recursos que ya habían sido asignados y que se están perdiendo.

Me parece destacable haber llegado al consenso de un plazo de los treinta primeros días para la captura en cada temporada, aspecto sobre el que teníamos opiniones diversas en la comisión.

Por otra parte, la norma asegura el caso de las pesquerías cuyas temporadas tuvieron inicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley: se dispone que el plazo de treinta días comenzará a regir desde su publicación en el Diario Oficial.

Asimismo, hemos adoptado salvaguardias para la protección de las especies, mediante la fijación de un tope de extracción: el remanente no consumido, a extraer durante el plazo ya señalado, no podrá superar el 30 por ciento del total de la cuota anual de captura fijada para el año 2020, volumen que me parece sumamente razonable dadas las actuales circunstancias.

Por las razones señaladas, quiero anunciar que votaré a favor esta iniciativa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Alexis Sepúlveda .

El señor SEPÚLVEDA (vía telemática).-

Señor Presidente, el ministro de Economía, señor Lucas Palacios , tiene razón en lo que ha planteado, ya que fue el sector de la pesca artesanal el que pidió ocupar los remanentes no consumidos de cuotas anuales de captura durante el año 2020, como una manera de paliar, en parte, los efectos que ha tenido la pandemia en la captura de los recursos que estaban asignados.

Los pescadores artesanales han tenido muchas complicaciones para salir a pescar, no solo desde el punto de vista climático, sobre todo en el sur, sino también sanitario, debido a los constantes cierres que ha habido, lo que ha dificultado la comercialización de sus productos. El cierre de la Región Metropolitana debido a la pandemia sin duda genera problemas de comercialización para la pesca artesanal.

Sin embargo, cuando la subsecretaria de Pesca asistió a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos para explicar los alcances del proyecto, nunca señaló que la pesca industrial había pedido lo mismo. Este proyecto no hace la distinción respectiva: incorpora de igual manera tanto a la pesca industrial como a la pesca artesanal.

Por eso, intentamos hacer esa diferencia a través de la presentación de una indicación, por razones de sustentabilidad del recurso, no para mantener un conflicto permanente con el mundo de la pesca industrial.

La mayoría de los recursos de los cuales estamos hablando presentan problemas de captura, de manera que haberles dado un descanso, mediante no ocupar esos remanentes y permitir a aquellas especies que se reproduzcan de mejor manera, con la finalidad de fortalecerlas durante este tiempo, hubiera sido una buena medida de gestión.

Sin embargo, entendemos el requerimiento que nos hace el mundo de la pesca artesanal. De allí que nuestra bancada está disponible a aprobar este proyecto, pero con la indicación que deja a la merluza común fuera de los remanentes que se propone establecer.

Tal excepción es una solicitud del mundo de la pesca artesanal vinculado a la merluza común, debido a que, primero, se capturó un gran porcentaje de ese recurso marino, y, segundo, porque sus dirigentes ven con preocupación que las capturas han bajado sustancialmente en el último tiempo, tanto en cantidad como en tamaño. Ellos aspiran a proteger el recurso marino, porque comprenden que no se trata de extraer todo hoy debido a que existe una cuota asignada.

Han sido largos los debates que hemos tenido en esta Sala respecto de proyectos de ley que establecen cuotas anuales de captura de distintos recursos marinos. Por ejemplo, cuando debatimos la iniciativa que regulaba la captura de la jibia, se nos enrostró que el porcentaje de captura asignado era bajo, como si el objetivo central fuera capturar todo lo que pillemos. ¡No! En el caso del mar, en que los recursos son complejos en cuanto a su renovación -hemos visto cómo muchos recursos marinos se han extinguido y ya no están en nuestra actividad económica-, lo importante es protegerlos para poder pescar hoy, el 2021, pero también en los años futuros.

Por lo tanto, llamo a la Sala a aprobar este proyecto con la indicación aprobada en la comisión. Eso es lo que corresponde, y eso es lo que nos han pedido los pescadores artesanales de la Región del Maule, entre otras. Ellos nos han dicho expresamente que no tienen ningún problema con los otros recursos marinos, pero que debemos cuidar la merluza común, porque es la que llega al plato de todos los chilenos; es el recurso marino por excelencia de los chilenos y las chilenas.

Reitero mi llamado a aprobar este proyecto, obviamente con la indicación que aprobó en su momento la Comisión de Pesca.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA (vía telemática).-

Señor Presidente, primero quisiera referirme a la importancia de la iniciativa en discusión.

Este proyecto, de una u otra manera, viene a hacer justicia con un sector que en los últimos años ha sido vapuleado, cual es el de la pesca artesanal, que en nuestra región tiene un grave problema: el lobo marino, que muchas veces destruye toda la captura de nuestros pescadores artesanales, quienes han sufrido por largo tiempo por esta situación. Además, hoy están viviendo una realidad tremendamente compleja con la covid-19. En este sentido, quiero que los colegas sepan que el 80 por ciento de las comunas de la Región de Los Lagos hoy están en cuarentena total, lo que representa un daño muy grave para toda la actividad económica de nuestra zona.

Como manifesté, nos encontramos en una situación extremadamente compleja. Pero, además, la covid-19, que ha afectado a países de Europa y Latinoamérica, también ha perturbado el mercado para la exportación, por ejemplo, de la merluza austral. Por tanto, toda la flota artesanal que explota los recursos demersales hoy está sufriendo una situación muy compleja.

Por eso, este proyecto busca permitir la extracción de los saldos de la cuota de pesca no capturados en 2020 precisamente en 2021. Eso será un alivio para un sector tremendamente golpeado.

Además, quiero decir lo siguiente, porque muchas veces algunos no lo señalan: nuestros pescadores artesanales son, generalmente, personas que nunca han cotizado en el sistema previsional; por lo tanto, no han estado afectos a ningún beneficio del Estado, y menos al retiro del 10 por ciento, que en algo alivió a millones de hogares de Chile, con el primer y el segundo retiro de fondos.

Si a todo lo anterior sumamos condiciones climáticas tremendamente adversas, consideramos que este proyecto es muy necesario para el momento que estamos viviendo.

Finalmente, quiero hacer un llamado a nuestras autoridades de gobierno. No es posible que en nuestras regiones los salmoneros no hayan parado un solo día -¡ni un solo día!- su actividad durante la pandemia. Todas las empresas han seguido funcionando, y los contagios han sido muchos. ¡No es posible que eso ocurra! Pero si a nuestros pescadores los pillan trabajando un sábado o un domingo en una comuna en fase 2, les aplicarán sanciones sanitarias. Eso no es justo, y hay que buscar alternativas para ayudarlos.

He conversado mucho este tema con mi gran amigo José Alvarado , de Hualaihué; con Juan García , líder de Anahuac, en Puerto Montt, que hoy está con covid y a quien le deseo una pronta recuperación; con Zoila Bustamante , Pedro Naiman y Alfonso Almonacid , dirigentes de la AG Demersales, quienes nos están pidiendo que apoyemos este proyecto con mucha fuerza, y es lo que vamos a hacer hoy día. En tal sentido, llamo a mis colegas a rechazar la indicación, porque postergará la aprobación de este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, para quienes trabajamos en contra de la corrupción y la depredación industrial de los ecosistemas, en especial los marinos, este proyecto tiene consecuencias que es necesario tener a la vista al momento de legislar.

Lo dijo el gobierno en reiteradas oportunidades, y en las palabras que se han vertido se ha denunciado solo a la pesca artesanal como potencial beneficiaria de este proyecto, cuestión que nosotros entendemos y respaldamos. Pero lo que no se ha dicho es que esto también beneficiará a la pesca industrial, a las siete familias. Nosotros presentamos una indicación para excluirlas de este proyecto, pero el gobierno y algunos parlamentarios que se dicen de oposición la echaron por la borda.

¿Y de qué forma la iniciativa beneficia a las siete familias? Las beneficia, por ejemplo, posibilitando a Corpesca, a la industria en el norte, la captura de 301.000 toneladas adicionales de anchovetas para este año, por sobre la que la propia ley vigente y el criterio y el trabajo de la comunidad científica han dicho que es lo máximo que se puede extraer para no depredarla en el año 2021.

En plata, Corpesca gana -estoy utilizando un criterio conservador- 120.000 pesos por tonelada fresca de anchoveta. Este proyecto de ley permitirá a Corpesca o a las industrias que se dedican a extracción de este recurso en el norte ganar 36.185.640.563 pesos. Es decir, aprobar este proyecto significa más de 36.000 millones de pesos para la industria pesquera del norte.

Para la pesca industrial -buques de arrastre- de merluza común, si es que este proyecto de ley se aprueba como viene del Senado, como lo promueve el gobierno y sin la indicación que aprobamos en la Comisión de Pesca, significa por lo menos 745 millones de pesos -también estoy usando un criterio conservador-, considerando a 300.000 pesos la tonelada de merluza fresca. Ese es un criterio muy conservador, porque en la realidad esto podría quintuplicarse.

Asimismo, este proyecto autorizará a la pesca industrial del jurel la extracción de 4.689 toneladas extra del recurso, mediante la pesca de arrastre. Utilizando un criterio conservador, esto podría significar más de 1.400 millones de pesos para la industria arrastrera.

Entonces, ¿esto beneficia a la pesca artesanal? Sí. ¿Con cuánto? Con 73.000 toneladas, “si es que”. Pero a la pesca industrial, con más de 300.000 toneladas.

No les pido que estén de acuerdo con nuestra opinión, sino que esto lo tengan en consideración al momento de apretar el botoncito.

Necesitamos que el proyecto se despache con la indicación aprobada en la Comisión de Pesca, porque esta materia requiere un análisis más detallado y excluir a las industrias que pagaron por verse favorecidas -demostrado en tribunales-, a través de la ley de pesca corrupta, de la posibilidad de continuar depredando el mar.

El Estado de Chile hace un esfuerzo gigantesco al financiar a la comunidad científica para que investigue, para que con los buques Cabo de Hornos y Abate Molina se hagan prospecciones submarinas y se diga cuánto es lo máximo que se puede extraer del mar, pero este proyecto de ley pasa por sobre eso, pasa por sobre el principio precautorio establecido en la ley vigente.

Les pedimos que consideren este proyecto no como un tema de opiniones, sino como un tema concreto. Yo no tengo abierto un discurso en mi computador, sino una planilla Excel de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura con la cual informó cuánto es el remanente no capturado de la industria y de los pescadores artesanales y cuánto es lo que este proyecto de ley les viene a habilitar. ¡Son miles de millones de pesos!

Para ir concluyendo, la suma total de este proyecto para las siete familias es, por lo bajo -¡por lo bajo!-, de 40.000 millones de pesos adicionales en ganancias para el año 2021. Se trata de una industria que ha demostrado no tener escrúpulos, que ha demostrado dañar el fondo marino y la sustentabilidad de los ecosistemas. Pero no nos va a detener, a pesar de todos los intentos que ha realizado para que discutamos este mensaje en este momento; no nos va a detener, porque hoy día sabemos que somos muchos más las y los chilenos comprometidos con la defensa del interés superior de nuestro país ante el interés de siete familias que en este Congreso ya tienen un historial.

En consecuencia, vamos a aprobar el proyecto de ley tal como viene de la Comisión de Pesca. Esperamos que en una comisión mixta se transparenten sus efectos y que el gobierno, de una vez por todas, reconozca que la pesca artesanal está haciendo utilizada para otorgar un tremendo negocio y beneficio, por más de 40.000 millones de pesos, a las siete familias que se creen dueñas del mar, el cual vamos a recuperar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, este proyecto de ley, que cuenta con el apoyo de algunos colegas, pero también con los reparos de otros, busca permitir que aquel remanente de la cuota de pesca que no se capturó el año pasado de captura pueda ser extraído durante los treinta primeros días del inicio de la temporada del año en curso, con lo cual se espera llevar alivio a los pescadores que no pudieron extraer su cuota el año pasado por cuestiones relacionadas con las cuarentenas y por otras restricciones derivadas de la pandemia.

Por otro lado, debemos tener presente que nuestros recursos pesqueros están al límite. En efecto, de las aproximadamente 45 pesquerías que hay en Chile, la mitad están en plena explotación y el resto en una situación bastante delicada, razón por la cual hay que ser cautelosos con las autorizaciones que se otorgan. Sin embargo, dado que en este caso se trata de excedentes de la cuota autorizada por los comités científicos y por la institucionalidad, aparentemente no generaríamos -así esperamos- un riesgo mayor.

Ahora bien, la discrepancia que tenemos -así se vio en la comisión- básicamente tiene que ver con el recurso merluza, respecto del cual quiero detenerme, con la finalidad de plantear un punto de debate en relación con la indicación que han presentado algunos colegas, ya que la situación de la merluza es distinta y no debe ser tratada dentro del paquete de las pesquerías que puedan ser capturadas y que espero quede completamente asegurada desde el punto de vista de la sustentabilidad de la especie, pero también generar un alivio a nuestros pescadores.

Se trata de un proyecto aprobado en general por la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, iniciativa que, luego de que la comisión modificó el texto despachado por el Senado, sacando la pesquería de la merluza común, va por el camino correcto. Sin embargo, como señalé, debemos tener presente que si bien esto da un respiro a los pescadores, nuestros recursos están al límite.

En razón de aquello, este proyecto debe servir para extraer el recurso y favorecer a quienes lo pescan, pero no a quienes, estando autorizados, no lo hacen. Ya lo han dicho nuestros dirigentes en la Región de Los Ríos, porque creo que la postura que tiene actualmente el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) es que si la cuota es 100, se declare ese 100, no importando quien la pesque, porque es un excedente del año pasado. El punto está en que, tal como dicen los dirigentes de nuestros pescadores, si la cuota es 100, quienes extraigan esos 100 sean aquellos pescadores que están autorizados y no que se las vendan a terceros para que otros la extraigan, independientemente de que igual les genere un ingreso. Cuidado con eso, porque es un tema delicado y no queremos que en el mar se hagan negocios más bien personales que no tengan que ver con la actividad propia de los pescadores.

Votaré favorablemente el proyecto en general, pero teniendo presente la precaución de lo que recogió la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos respecto de la indicación que tiene relación con la merluza.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, la diputada Camila Rojas .

La señora ROJAS (doña Camila) [vía telemática].-

Señor Presidente, respecto de este proyecto hubo indicaciones que consideraba necesario aprobar, pero que no estaban incluidas. De hecho, me abstuve en la votación en la comisión, precisamente por la necesidad de que esas indicaciones estuvieran presentes.

Una de ellas se refería a que esto se limitara solo a la pesca artesanal, en tanto que otra decía relación con exceptuar las pesquerías sobreexplotadas, la que sí se consideró.

Esa indicación la presentó el diputado Alexis Sepúlveda , respecto de la merluza común, pero es necesario decir que hay otros tipos de merluzas, como la del sur, que también está sobreexplotada y no está considerada en la indicación.

Por otro lado, cuando se lee la idea matriz o fundamental del proyecto, vemos que se establece que esta autorización debe darse sin afectar la sustentabilidad de los recursos. Sin embargo, escuché decir a algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra que esto dice relación con lo que no se capturó, razón por la cual estimo necesario hacer presente lo que nos dijo un especialista en la materia.

A todos los miembros de la comisión nos llegó una carta del biólogo marino Rubén Alarcón Muñoz , quien es candidato a doctor en manejo de recursos acuáticos y renovables. En esa carta nos informó que las recomendaciones de los comités científicos hablan y fijan una cuota anual en consideración a la proyección de abundancia, es decir, al número de peces durante un año, y a los peces reclutas, como se denomina a los peces nuevos. El documento también señala que los peces sobrevivientes del año son pocos, pero de mucho mayor peso que los reclutas.

Ustedes se preguntarán qué significa eso. Bueno, significa que, en caso de aprobarse la extracción de la fracción, tal como se contempla en el proyecto, gran parte de los peces que se capturarán corresponderán al contingente de reclutas de 2021 y no a los ejemplares que sobrevivieron del año pasado.

Por lo tanto, si vemos el proyecto desde ese punto de vista, sí afecta a la sustentabilidad, lo que debe quedar completamente claro…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señorita diputada. Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (vía telemática).-

Señor Presidente, felicito, saludo y agradezco a la subsecretaria de Pesca y Acuicultura, señora Alicia Gallardo , y al ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Lucas Palacios , porque escucharon el clamor de la ciudadanía que trabaja en la pesca artesanal, lo cual era necesario.

Por su intermedio, señor Presidente, le quiero decir al diputado Jorge Brito que también estoy en contra de la corrupción, pero corrupción también es avalar la pesca ilegal, mirar para el techo y no decir nada. Eso es corrupción de todas maneras y me hago responsable de lo que digo.

Señor Presidente, votaré a favor este proyecto en general, pero en contra todas las indicaciones, incluso la de la merluza común.

Actualmente estamos preocupados de la sustentabilidad de las especies y, en relación con la merluza común, en unas regiones vecinas pescaron más de 50.000 toneladas en los últimos años, no obstante que tenían autorizadas alrededor de 3.600 toneladas, y nadie dijo nada. ¿Eso no es corrupción? ¿Eso no es delito? Por favor, seamos consecuentes.

Votaré a favor del remanente, principalmente porque la mayoría de los pescadores de mi región, que tienen embarcaciones menores de 12 metros, no pudieron capturar su cuota. No tenían posibilidades de hacerlo, en razón del cambio climático, por la pandemia y por diferentes otros motivos.

Estimados parlamentarios, la industria pesquera genera puestos de trabajo y su producción va directa al consumo humano, lo que es necesario, sin lugar a dudas.

Les quiero informar a todos los diputados que van a votar -espero que lo hagan a favor en general y en contra de todas las indicaciones- que no sé si será por la naturaleza -para mí puede ser por Dios, que nos manda un mensaje-, pero ayer en Coronel, mi comuna, durante todo el día tuvimos una varazón de especies como sardina común, anchoveta, congrio colorado, tritre, mantarraya, robalo, cabrilla, pero, principalmente, sardina común.

La playa quedó tapada con sardina común que, según los propios pescadores, ya se encuentra en edad madura, por lo que puede ser capturada. Sin embargo, no se puede pescar porque la especie está en veda, no hay cuotas, etcétera. Todas esas sardinas murieron ayer y sus restos están contaminando nuestra bahía.

Se trata de miles de toneladas de peces. Es algo impresionante. Ya están circulando unos videos que grabaron los propios vecinos.

Bueno, llamamos al zonal de pesca, a la subsecretaria, a la Armada y al Sernapesca para que vinieran a verificar, porque los vecinos con mallas y bolsas estaban recogiendo una cantidad enorme de peces, lo que empezó a la 07:30 horas, y anoche, cuando oscureció, seguían varándose peces en las costas de nuestra comuna. No sé si es un mensaje, no sé si es coincidencia, pero eso ocurrió ayer en nuestra comuna.

Señor Presidente, lamento mucho esta diferencia, esta disputa entre la pesca artesanal y la pesca industrial. A mi juicio, si existe remanente, tienen que capturarlo, porque así se generan puestos de trabajo para chilenos que hoy están muy preocupados por quedar cesantes y sin sustento para sus familias.

Agradezco el trabajo del dirigente Rigoberto Durán , con quien estuve gran parte del día de ayer recorriendo las costas, informando y llamando a las autoridades.

Asimismo, quiero enviar un mensaje al diputado Jorge Brito y a la diputada Camila Rojas . Un grupo de dirigentes de la pesca artesanal de la comuna de Coronel, quienes han llamado a los citados colegas, me contaban que cuando estuvieron protestando, antes de las elecciones parlamentarias, en Valparaíso ambos les ofrecieron su respaldo y comunicarse con ellos. Esos dirigentes han estado llamándolos para conectarse y comunicarse con ellos.

Lamento lo que está pasando. En ese sentido, agradezco al ministro Palacios y a la subsecretaria, porque escucharon el clamor de los pescadores artesanales y de los dirigentes.

En la Región del Biobío represento a pescadores de caletas que tienen serias dificultades el día de hoy, por ejemplo, caleta Lo Rojas y otras de Talcahuano y de San Vicente.

La corrupción no tiene color político ni religioso; la corrupción no solamente consiste en cometer delitos económicos, sino también en avalar, respaldar o no decir nada contra la pesca ilegal, que daña la sustentabilidad de las especies.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ.-

Señor Presidente, este proyecto trata en esencia los mismos contenidos del proyecto de ley ingresado a la Cámara de Diputados el 5 de diciembre de 2019 (boletín Nº 13103-21), que el gobierno retiró el día que se votaría en esta Sala.

¿Qué opinión tenemos sobre este proyecto? La modificación solo debe ser transitoria en tanto no se resuelvan los temas principales, como el relacionado con las pesquerías y su exclusividad de captura para los pescadores artesanales, más aún cuando se constata la necesidad de destacar el consumo humano cotidiano.

El tema de la propiedad de cuotas y el fraccionamiento de estas sigue siendo la base de los problemas, y es hora de exigir el debate respecto de estos puntos. Al respecto, como gran solución el gobierno ve la posibilidad de subastar -para variar- al mejor postor para acceder a un bien público, como son los recursos pesqueros.

En ese sentido, no podemos dejar de expresar nuestra preocupación en el sentido de que mediante leyes parciales se termine validando en esencia la nefasta ley de pesca, la denominada “ley Longueira”.

Llamamos a estar atentos al tema de la revisión y el control sobre el registro de pesca artesanal, pues la defensa de los pescadores artesanales históricos y los derechos de los pueblos originarios, a nuestro entender, deben prevalecer.

La autorización por más tiempo para capturar la cuota asignada es una solución parcial; el punto es que esto debiera ser para los pescadores artesanales, pues son los que se ven afectados por temas climáticos y, en este tiempo, por las consecuencias nefastas de la pandemia.

El asunto es saber dónde terminará la captura, considerando el tipo de pesquería. Por ejemplo, la venta en negro de pesquerías hacia la industria para consumo humano debe ser fiscalizada en extremo, así como el traspaso de cuotas hacia la industria, pues no debemos obviar que la industria siempre agota sus cuotas en poco tiempo.

Como los peces no se acumulan por el hecho de no ser capturados, debemos tener claro que esta excepción impondrá una fuerte presión sobre la biomasa de las distintas pesquerías. Por ello, insistimos en la fiscalización de las masas capturadas, para que efectivamente corresponda a pesca artesanal.

Subpesca debe informar de manera desagregada, por pesquería, los volúmenes capturados, y esta información debe estar disponible en la primera semana de marzo.

Por lo expuesto, como bancada hemos considerado que frente a este proyecto nos vamos a abstener. Consideramos que este proyecto, tal como lo señalé, es una forma engañosa de legitimar la ley de pesca, que, por lo demás, esta bancada también ha insistido permanentemente en que debe ser anulada.

Lamentablemente, hasta el día de hoy no sabemos en qué va la tramitación de la respectiva iniciativa, luego de que en la Sala se aprobara en general la nulidad de la ley de pesca.

Hoy nos traen este proyecto de ley que busca legitimar el actuar de esa legislación corrupta, que lo único que hizo fue beneficiar a las famosas siete familias.

No estamos disponibles a darles patente de corso a las mismas siete familias que ya se adueñaron de los peces de todo Chile. Por ello votaremos abstención.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Señora subsecretaria, se interrumpió la conexión. Lamento profundamente no poder terminar de escuchar su exposición. Lamentablemente, tenemos problemas técnicos, pero si volvemos a recuperar la señal le daremos nuevamente la palabra para que concluya su intervención.

Tiene la palabra el diputado socialista Gastón Saavedra .

El señor SAAVEDRA.-

Señor Presidente, este proyecto es acotado, ello a petición de los pescadores artesanales. En eso debemos ser categóricos. La discusión respecto del nuevo modelo pesquero para el país, es decir, de una nueva ley de pesca, es una materia que también deberemos abordar y cursar, cuyo eje principal es la sustentabilidad.

En la Región del Biobío, de la cual provengo, las embarcaciones de pesca contabilizaron un 15 por ciento menos de actividad en relación con 2019. El inicio de la temporada tuvo un retraso de treinta días. Hubo, además, dos días de veda y condiciones naturales adversas. Los vientos de noviembre y diciembre no permitieron acceder a la actividad. El mayor tiempo de descarga, producto de las restricciones que impone la crisis sanitaria, generó retraso en los zarpes posteriores. Hubo lanchas y tripulaciones completas que tuvieron que vivir cuarentenas a consecuencia de la covid, y, además, cuarentenas preventivas. Al mismo tiempo, hubo problemas en los zarpes debido a los toques de queda y otros motivos.

Ayer, en San Vicente, conversé con el señor César Jorquera , presidente de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales del puerto de San Vicente. Lo único que esperan los pescadores -están complicados a consecuencia de las restricciones ya mencionadas y de las complejas situaciones que han debido vivir- es que este remanente les ayude en parte a paliar los gastos comprometidos. Sobre el particular me escriben la señora Victoria Rubio , secretaria de una agrupación de pescadores artesanales, y el señor Hernán Cortés , de Coronel. También me lo han hecho saber pescadores de la caleta Lo Rojas, en el puerto de Talcahuano, y sus pares del puerto de San Vicente y de Tomé. En suma, se han comunicado conmigo pescadores artesanales de diversos lugares, los que esperan que el remanente de cuota no consumido durante 2020 pueda ser extraído dentro de los treinta días de captura siguientes al inicio de las temporadas respectivas de 2021.

Evidentemente, la discusión de fondo es qué ley de pesca, qué modelo pesquero queremos tener. Eso debe ir de la mano de la sustentabilidad, de cómo conservamos y mantenemos los recursos hidrobiológicos y en qué manos deben estar. Luego está, por cierto, la distribución justa, porque esto no es gratis y significa que debe haber una redistribución del ingreso en esta materia.

Vamos a concurrir con nuestro voto favorable a aprobar el proyecto, porque con ello estamos ayudando a quienes hicieron esta petición: los…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .

La señorita CICARDINI (doña Daniella ) [vía telemática].-

Señor Presidente, nadie puede negar que esta pandemia ha generado un daño importante a distintos sectores productivos, incluida la pesca.

Nuestra mayor preocupación son los pescadores artesanales. Convengamos en que, efectivamente, han tenido una situación muy difícil durante 2020. Por eso, entiendo el hecho de que algunos pescadores artesanales, incluidos los de la Región de Atacama, hayan solicitado una excepcionalidad en el marco de la tragedia que azota al mundo, petición que nadie cuestiona.

Ahora bien, lo que me preocupa es que, en la práctica, la sustentabilidad del recurso corre peligro. Por eso, quiero poner énfasis en el principio precautorio de la sustentabilidad, el cual forma parte de nuestro ordenamiento y que debe ser motivo de preocupación al momento de legislar. Digo esto a propósito de lo que señala el diputado Leonidas Romero sobre capturar, sin distinguir entre pescadores artesanales e industriales.

Como señaló con mucha claridad el diputado Jorge Brito , si consideramos los números que entrega la Subpesca, la pesca industrial podría llevárselo todo y más. La sobreexplotación perjudica, incluso, a la biomasa y los ecosistemas. En ese caso, pierden tanto los pescadores artesanales como los industriales. A mi juicio, el proyecto debería haber hecho una distinción entre ambas pesquerías.

Lamento profundamente que se hayan perdido algunas indicaciones discutidas en la Comisión de Pesca, porque entendíamos que eran medidas necesarias en el complejo escenario que estamos viviendo.

Ahora bien, hay que entender -lo dijimos en la Comisión de Pesca- que esto no es consecuencia de una pérdida por no haber capturado durante 2020. Probablemente, esos peces que se salvaron…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputada. Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo) [vía telemática].-

Señor Presidente, la Región de La Araucanía tiene pocos pescadores artesanales si la comparamos con las regiones del Biobío y de Los Lagos, cuyos pescadores solicitaron e impulsaron este proyecto. He estado pidiendo su opinión. En general, señalan que tienen poco remanente con el que se pudieran ver beneficiados.

Por sentido común, hay que recuperar parte de ese remanente durante este año, de forma excepcional, por la pandemia y las condiciones económicas y sanitarias que ha vivido nuestro país, que han afectado y golpeado especialmente a los pescadores artesanales.

Hubiese esperado que la industria pesquera quedara exceptuada de la medida. Sin embargo, se entiende, también, que hay un tema de oportunidad, que no es menor.

Votaré a favor el proyecto. Como señalé, he consultado a algunos dirigentes, quienes me indicaron que la iniciativa permitiría recuperar en algo lo que no se pudo pescar durante 2020, por los motivos que recién reseñé.

Lo que ha dicho el diputado Jorge Brito tiene mucho sentido común. No descalificaría sus palabras de ninguna manera, porque lo que señala tiene que ver con la sustentabilidad, con los principios precautorios, con mantener la biomasa de forma adecuada, cuestión que a todos nos debe preocupar y ocupar en Chile.

La ley de pesca no nos gusta, pero aquí hay un tema de oportunidad y un tema específico. Se trata de una cuestión excepcional, y si la misma favorece a los pescadores artesanales, es necesario votar positivamente la iniciativa.

Repito: en mi región la pesca artesanal no tiene el significado ni el peso específico que exhibe en las del Biobío, de Los Lagos o de Atacama. No obstante, me parece de sentido común la indicación sustitutiva presentada por el diputado Alexis Sepúlveda , que busca exceptuar la pesca de la merluza de la medida impulsada por el proyecto.

Hay que aprobar la iniciativa, pero, tal como se ha señalado en la Sala, hay que poner atención a los principios precautorios en materia de sustentabilidad y al abuso de la industria pesquera, consecuencia de las cuotas de pesca asignadas en nuestro país.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que extiende la vigencia de los beneficios establecidos en las leyes Nos 21.227 y 21.263.

Para la discusión de este proyecto, se otorgarán siete minutos a las bancadas que tengan dos o más Comités, y cinco minutos a las demás, más sesenta minutos distribuidos proporcionalmente.

Diputados informantes de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, y de Hacienda, son los señores Gabriel Silber y Daniel Núñez , respectivamente.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado. Documentos de la Cuenta N° 10 de este boletín de sesiones.

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 23 de este boletín de sesiones.

-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Documentos de la Cuenta N° 24 de este boletín de sesiones.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

El señor SILBER (de pie).-

Señora Presidenta, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, me ha correspondido informar, en segundo trámite constitucional, sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que extiende la vigencia de los beneficios establecidos en la leyes Nos 21.227 y 21.263, contenido en el boletín N° 14021-13 (S), con urgencia calificada de suma.

A las sesiones de la comisión destinadas al estudio de la referida iniciativa legal asistieron la señora María José Zaldívar Larraín , ministra del Trabajo y Previsión Social, y los señores Máximo Pavez Cantillano , subsecretario general de la Presidencia; Pedro Pizarro Cañas , subsecretario de Previsión Social y Francisco del Río Correa, asesor legislativo de esa secretaría de Estado.

El mensaje con el cual su excelencia el Presidente de la República inicia el proyecto en informe señala que, desde el inicio de la pandemia de la enfermedad denominada covid-19, el gobierno se ha preocupado por generar mecanismos adecuados para proteger la salud de las personas, sus empleos, los ingresos de las familias y la viabilidad de los negocios y empresas, especialmente de las medianas, pequeñas y microempresas.

Ante ello -continúa el mensaje-, se ha impulsado una agenda de protección económica y laboral que se ha puesto en ejecución desde los primeros días de la pandemia, especialmente a través del mecanismo creado con la ley Nº 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley Nº 19.728, en circunstancias excepcionales, la que desde inicios de abril del año 2020 ha permitido morigerar los efectos nocivos de la pandemia.

Añade que la ley de protección del empleo ha sido perfeccionada en lo que respecta a su alcance, cobertura y vigencia, por las leyes Nos 21.232 y 21.263, así como también por la ley Nº 21.269. Esta última permitió la incorporación de las trabajadoras de casa particular al seguro de desempleo y, con ello, reforzar la protección de este grupo de trabajadoras en el marco de esta normativa de protección laboral.

Asimismo, hace presente la necesidad de asegurar un mayor acceso al seguro de desempleo e incrementar el monto de las prestaciones del mencionado seguro, lo que fue aprobado por la ley N° 21.263.

A pesar de los esfuerzos desplegados, la crisis sanitaria producto de la enfermedad covid-19 sigue presente, afectando el normal funcionamiento de nuestra economía. Si bien esta ha retomado cierto nivel de actividad en relación con el inicio de la pandemia, sigue siendo necesaria la implementación de instrumentos de fomento, apoyo y protección, para sentar las bases de la futura recuperación, que se espera que se produzca durante el curso de este año.

Considerando lo anterior -continúa el mensaje-, se plantea la necesidad de extender, en consecuencia, la facultad otorgada en el artículo 16 de la ley N° 21.263, para que mediante uno o más decretos supremos del Ministerio de Hacienda, suscritos además por la ministra del Trabajo y Previsión Social, se pueda ampliar, por un plazo de hasta nueve meses, la vigencia del Título I de la ley N° 21.227 y de la ley N° 21.263, y se pueda otorgar derecho a giros adicionales con cargo al fondo de cesantía solidario de la ley N° 19.728.

Hace presente la posibilidad de extender la vigencia y alcance de estas leyes, entendiendo el contexto de urgencia que el caso amerita.

En términos breves, el proyecto de ley contiene las siguientes medidas:

1.- Extender la vigencia del Título I de la ley N° 21.227 hasta por nueve meses más, esto es, hasta el 6 de diciembre del 2021. Este título regula la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, tanto en la hipótesis ya referida de acto de autoridad competente, como en los casos en que existe acuerdo entre trabajador y empleador, a través de los pactos de suspensión temporal.

2.- Extender la vigencia de ley N° 21.263 respecto de los beneficios y prestaciones otorgados por la ley N° 19.728, hasta por nueve meses más, esto es, hasta el 6 de diciembre de 2021.

3.- Extender hasta el mes de enero de 2022 el plazo máximo de que disponen la Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Presupuestos para emitir un estudio para determinar el eventual derecho de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía a percibir una retribución adicional, según lo dispuesto en el artículo 9 de la ley N° 21.263.

Sometido a votación general el proyecto, fue aprobado por unanimidad, con 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor la diputada señora Érika Olivera , en reemplazo del señor Frank Sauerbaum , y los diputados señores Eduardo Durán , Francisco Eguiguren , Tucapel Jiménez , Amaro Labra , Patricio Melero , Gastón Saavedra y quien habla, Gabriel Silber .

No obstante lo anterior, frente a la indicación presentada por quien habla, mediante la cual se obligaba al Ministerio del Trabajo y Previsión Social a informar mensualmente a las comisiones de Trabajo y Seguridad Social, tanto de la Cámara Diputadas y Diputados como del Senado, sobre la aplicación de la ley N° 21.227 y sus modificaciones, especificando determinadas cifras, así como los aportes fiscales efectivamente realizados al Fondo de Cesantía Solidario y su rendimiento, que fue rechazada, la comisión acordó dejar constancia de su mérito y pertinencia, y trasladó a la señora ministradel Trabajo y Previsión Social dicha inquietud, con el objeto de no retrasar el trámite legislativo y que el proyecto tenga plena aplicación a partir del mes de marzo.

En la misma sesión, la comisión, sin mayor debate, votó en particular esta iniciativa legal, aprobando por unanimidad el texto íntegro remitido por el honorable Senado a segundo trámite constitucional.

Finalmente, me permito hacer presente que la comisión estimó que la totalidad del proyecto debe ser aprobada con quorum calificado, por cuanto regula el ejercicio del derecho a la seguridad social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, N° 18º, en relación con lo establecido en el artículo 66, inciso tercero, ambos de la Carta Fundamental.

Asimismo, determinó que tanto su artículo único permanente como el transitorio del proyecto aprobado requieren ser conocidos por la Comisión de Hacienda por incidir en materias presupuestarias o financieras del Estado.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel) [vía telemática].-

Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en lo referido a su incidencia presupuestaria, sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que extiende la vigencia de los beneficios establecidos en las leyes Nos 21.227 y 21.263, ambas referidas a las prestaciones del seguro de cesantía durante el período de la pandemia de la covid-19.

En representación del Ejecutivo, concurrieron a exponer el proyecto la ministradel Trabajo y Previsión Social, señora María José Zaldívar , y el ministro de Hacienda, señor Rodrigo Cerda .

El objetivo general de la iniciativa apunta a extender los beneficios dispuestos en las leyes N° 21.227, que faculta el acceso al seguro de cesantía en circunstancias excepcionales, y N° 21.263, que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso y aumenta el monto de las prestaciones del seguro de desempleo.

Para alcanzar esa finalidad, la iniciativa legal autoriza tres extensiones a plazos actualmente vigentes: prorroga la suspensión de la relación laboral de la ley N° 21.227 en nueve meses, hasta diciembre de 2021; aplaza los beneficios y prestaciones del seguro de cesantía también en otros nueve meses, y extiende desde agosto de 2021 a enero de 2022 el plazo para que la Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Presupuestos emitan un informe que defina una eventual retribución adicional para la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía.

En materia de incidencia fiscal, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos indica que las prestaciones que se conceden mediante este proyecto de ley son financiadas con cargo a la Cuenta Individual de Cesantía y el Fondo de Cesantía Solidario, según corresponda.

Asimismo, la Superintendencia de Pensiones ha emitido, con fecha 15 de enero de 2021, el respectivo Informe de Sustentabilidad de los Fondos de Cesantía, concluyendo que la presente iniciativa de ley no comprometería la sustentabilidad del fondo en el largo plazo.

También debe considerarse que, según lo establecido en las leyes Nos 21.227 y 21.263, se dispone de una autorización para comprometer recursos fiscales por el monto necesario para financiar las prestaciones de este proyecto de ley por hasta 2.000 millones de dólares, de modo de garantizar la sustentabilidad del Fondo de Cesantía Solidario.

Finalmente, el propio proyecto de ley precisa que el mayor gasto fiscal que pudiere representar la aplicación de la presente iniciativa durante el presente año presupuestario se financiará con cargo a los recursos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Los integrantes de la comisión coincidieron en que es urgente aprobar este proyecto, pues el 6 de marzo vencen las vigencias de las normas sobre suspensión del contrato laboral y mejora de las prestaciones del seguro de cesantía.

Lo anterior, porque dadas las condiciones sanitarias del país y las restricciones consecuentes derivadas del plan Paso a Paso, se proyecta una necesidad sostenida de los beneficios en discusión por parte de los trabajadores y trabajadoras chilenos.

Desde el punto de vista financiero, las simulaciones garantizan la sustentabilidad del Fondo de Cesantía Solidario en distintos escenarios, pues, a pesar de las suspensiones de contrato, los empleadores han continuado imponiendo las cotizaciones en las cuentas individuales y en el Fondo Solidario.

El Ejecutivo se comprometió, asimismo, a mantener la transparencia en la información acerca del uso de estos beneficios, tal como se ha evidenciado a través de las publicaciones mensuales en la web de la Superintendencia de Pensiones y en el reporte consolidado enviado recientemente al Congreso Nacional con la información desagregada sobre el año 2020.

La comisión coincidió en su mayoría con la necesidad de aprobar rápidamente esta extensión de beneficios y destacó que más del 50 por ciento de los beneficiados con la suspensión del contrato sean trabajadores pertenecientes a la pequeña y microempresas, lo que consideró como muy positivo.

Puestos en votación conjunta el artículo único del proyecto y su artículo transitorio, resultaron aprobados por 10 votos a favor y 1 abstención.

Votaron a favor los diputados señores Jürgensen , Melero , Mellado, don Cosme ; Monsalve , Ortiz , Pérez, don Leopoldo ; Ramírez , Santana, don Alejandro ; Von Mühlenbrock y el presidente accidental, señor Lorenzini . Se abstuvo el diputado señor Jackson .

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda recomienda a la Sala aprobar la presente iniciativa de ley en los mismos términos señalados.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ (vía telemática).-

Señora Presidenta, este es un buen proyecto de ley en el que hemos tratado de incorporar el máximo de ayuda como corresponde.

El Senado lo aprobó por 36 votos a favor y ninguno en contra. Estamos mejorando las leyes Nº 21.227 y Nº 21.263 en orden a ampliar los plazos para que sean efectivos los beneficios.

El proyecto se aprobó de esta manera porque existe consenso en que la Ley de Protección al Empleo, que como Congreso aprobamos en solo tres días, ha sido una muy buena política pública, que ha beneficiado a casi 800.000 trabajadores y trabajadoras de nuestro país […], que 760.000 trabajadores hayan podido resguardar su trabajo, fuente inagotable de dignidad. De estos cientos de miles de personas, prácticamente el 70 por ciento pertenece a microempresas, pequeñas y medianas empresas.

¿Por qué aprobar este proyecto?

Ayer analizamos profundamente este proyecto en la Comisión de Hacienda y escuchamos a la ministra Zaldívar en una excelente exposición, en la que señaló algo que me impresionó mucho. Durante los primeros diecisiete días de enero de 2021 […] las solicitudes realizadas en diciembre de 2020.

Este buen proyecto permite que hasta octubre de 2021 el Ejecutivo, por medio de uno o más decretos supremos, pueda extender la vigencia de las normas que establecen la suspensión hasta un máximo de nueve meses, esto es, hasta el 6 de diciembre del 2021.

Segundo, permitir hasta un máximo de nueve giros adicionales, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.

Tercero, extender la vigencia de la ley N° 21.263 por hasta un máximo de nueve meses, esto es, hasta el 6 de diciembre del 2021.

Cuarto, extender hasta enero de 2022 el plazo para que la Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Presupuestos emitan el informe que permita determinar el eventual derecho a retribución adicional por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía.

Por lo tanto, hago un llamado a mis colegas, especialmente a mi bancada, a que aprobemos este proyecto de ley, porque es beneficioso para los miles de trabajadores que lo necesitan más que nunca en nuestro país.

Espero que esta iniciativa sea ley de la república en los próximos días, para que tenga lugar la autorización de los decretos respectivos del gobierno y, de esa forma, hacer efectiva esta ayuda.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ (vía telemática).-

Señora Presidenta, como decía el diputado José Miguel Ortiz , aprobaremos este proyecto. El 6 de marzo vence la vigencia la ley de protección del empleo, pero lo concreto es que hasta hoy más de 760.000 trabajadores han estado afectos a la suspensión de su contrato laboral. De estos, aproximadamente el 70 por ciento son trabajadores de pequeñas empresas y el 29,9 por ciento de grandes empresas.

Asimismo, alrededor de 117.000 empresas han registrado solicitudes para acogerse a prestaciones del seguro de desempleo. De hecho, al 17 de enero, aumentaron las solicitudes con respecto al mes de diciembre. Concretamente, al 17 de enero teníamos 10.987 solicitudes de trabajadores, más que en todo diciembre, en que estas llegaron a 10.757.

La mayoría de los trabajadores están recibiendo el noveno y el décimo giros.

Este proyecto, tal como lo señalaron tanto el diputado informante como el diputado José Miguel Ortiz , extiende por nueve meses la norma y permite nueve giros adicionales, los que llegarán a un total de veintiún giros. Sin duda, tenemos que aprobar este proyecto de ley, para dar certeza a los trabajadores ante la incertidumbre que existe hoy, no solamente en el país, sino en el mundo.

Dicho esto, creo que es importante recalcar e insistir en lo que dijimos en un comienzo: creemos que esta crisis ha provocado no solo pérdida del empleo, sino también su precarización. De hecho, aún no logramos recuperar la cantidad de empleos que se han perdido. No obstante, sí se han visto beneficiadas las grandes empresas. Lo indiqué cuando se discutió este proyecto en la comisión y lo repito ahora: cuando uno dice “están las vacas gordas”, los trabajadores o la fuerza de trabajo aporta a que las empresas tengan utilidades; sin embargo, las mismas empresas no supieron devolverles hoy la mano a los trabajadores.

Al respecto, hay una empresa que siempre destaco, tal como lo señalé en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. No sé si aún estará vigente su manera de proceder, pero por lo menos hizo el intento durante algunos meses. Se trata de Casa Ideas, que siguió pagando el sueldo a sus trabajadores.

Las grandes empresas también se han beneficiado tanto de aportes directos del Estado como de créditos blandos que les han entregado los bancos. Asimismo, se han beneficiado de algo que siempre hemos indicado en las distintas discusiones de los proyectos sobre reajuste de los salarios: al haber más dinero circulando se dinamiza la economía. De hecho, la dinamización de la economía beneficia a las grandes empresas, ya que la plata de los trabajadores no se va a las Islas Caimán, sino que se mueve y se dirige al comercio, de modo que ellas se ven beneficiadas.

Lo reitero: por supuesto que aprobaremos este proyecto, porque conocemos la realidad que están viviendo muchos trabajadores y la incertidumbre que hay, pero no quiero dejar pasar el hecho de que, al final, las familias han superado esta crisis con dinero de ellas, a través del seguro de cesantía, que muchos dicen que no les pertenece, que no es de ellos, y con los dos retiros del diez por ciento de los fondos de pensiones. En suma, han sido las propias familias, con sus ahorros, las que han superado esta crisis.

Esa ha sido la gran discrepancia que hemos tenido con el gobierno, a partir de lo cual han surgido las críticas que le hemos hecho. A nuestro juicio, aquello debiera haberse hecho a través de transferencias directas, a través de respuestas sociales a los trabajadores y las trabajadoras, no recurriendo a sus propios ahorros.

Dicho esto, que no se puede dejar de repetir, dado que este país tiene memoria frágil, aprobaremos el proyecto porque no tenemos otra alternativa; creemos que hoy es necesario. La medida ha disminuido el efecto en las familias chilenas; por supuesto que lo ha hecho. Nuestra crítica solamente ha apuntado a que, al final, se ha hecho con recursos de los propios trabajadores, quienes han debido recurrir al fondo del seguro de cesantía y a los dos retiros de diez por ciento de los fondos de pensiones.

Por lo tanto, aprobaremos sin más este proyecto, con el objeto de que ojalá se transforme pronto en ley de la república, porque sabemos que los beneficios vencen el 6 de marzo y necesitamos entregar certezas a los trabajadores y trabajadoras de este país.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Francisco Eguiguren .

El señor EGUIGUREN (vía telemática).-

Señora Presidenta, valoro y celebro que el gobierno haya ingresado este proyecto de ley en el momento en que los trabajadores están complicados. Estamos viviendo en un país donde el incremento de los contagios ha aumentado en forma exponencial en estos últimos meses. Sabemos que marzo será un mes complejo; sabemos que el resto del año tampoco será bueno en términos de trabajo, particularmente en materia de estabilidad laboral, porque la pandemia nos seguirá azotando.

En ese marco, el gobierno ha ingresado un proyecto de ley que propone dos grandes consideraciones fundamentales. Una de ellas es la extensión del beneficio que entrega la ley de protección del empleo respecto a la suspensión de los contratos de trabajo, desde marzo hasta diciembre; la segunda es el aumento del número de giros, lo que permite que esos pagos no se hagan imputándose a las cuentas individuales, que, en muchos casos, ya no tienen un peso, sino al Fondo de Cesantía Solidario. En verdad, creo que este es el tema de fondo.

Esta iniciativa busca apoyar y ayudar a las familias, a las trabajadoras y a los trabajadores de Chile. No es un problema entre grandes empresas o entre medianas y pequeñas empresas. En verdad, no entiendo que gente tan cuerda, tan bien intencionada y tan buena, como el Presidente de la Comisión de Trabajo, mi amigo Tucapel Jiménez , insista en que esta lucha es entre grandes, medianas y pequeñas empresas. Con este proyecto de ley, querido diputado y demás parlamentarios, por intermedio del señor Presidente, no ganan unas u otras empresas, ganan las trabajadoras y los trabajadores de Chile. ¡Ellos son los beneficiados! Ellos son los que hoy día valoran este tema, porque, de verdad, con esto tendrán estabilidad laboral.

Fíjense ustedes que sesenta y cuatro comunas en el país están en cuarentena; ciento nueve, en fase dos, y ciento sesenta y cinco, en fase tres.

Asimismo, que el 98,1 por ciento de los trabajadores y trabajadoras que se han acogido a la ley de protección al empleo por la suspensión de su contrato de trabajo tienen contrato indefinido; el 1,8 por ciento, contrato a plazo fijo, y el 0,1 por ciento trabaja en casa particular.

El 78 por ciento de las trabajadoras y de los trabajadores acogidos ley de protección del empleo porque tienen suspendido su contrato de trabajo, laboran en pymes -¡el 78 por ciento!-, y el 21,6 por ciento, en grandes empresas.

No es ese el tema. El tema es que, hoy día, como cámara política, tenemos que dar una lección apoyando unánimemente este proyecto de ley.

En ese sentido, hago un llamado al diputado Gabriel Silber para que retire su indicación. ¿Por qué? Por algo muy concreto, y qué bueno que esto se esté viendo en todos lados. ¿Qué certezas tenemos de que con esa indicación esta iniciativa -la ley en proyecto entraría en vigencia ahora- pueda entrar en vigencia antes de que terminen los beneficios que hoy se están dando por la suspensión del empleo? ¿Por qué? Porque esos beneficios terminan en marzo, y si el diputado Silber sigue adelante con la indicación, y esta se aprueba, es probable -hablemos las cosas como son- que la discusión de este proyecto con esa indicación se traslade hasta marzo, pues entraremos en receso legislativo, y no haya tiempo para poder aprobar la iniciativa antes de que terminen los beneficios por la suspensión del empleo que hoy están vigentes.

Pensemos en ellos: en las trabajadoras y los trabajadores de Chile.

Que es posible tener mejores proyectos, con mejores características o con más recursos, puede ser; discutámoslo. Pero la verdad es que en época de pandemia lo importante es otra cosa: mantener la estabilidad laboral de las trabajadoras y de los trabajadores. Y la ley de protección al empleo, que ha sido tan demonizada por tantos, ¿no lo ha hecho?

Bien lo dijo el diputado Ortiz , de la Democracia Cristiana: la ley de protección al empleo es una muy buena política social y pública, que ha permitido tener un millón de empleos vigentes. Porque el derrumbe de empresas, de pymes fue enorme; la cantidad de empresas que tuvieron asfixia económica durante el 2020 fue tremenda. Sin la ley de protección al empleo lo más probable es que se hubieran producido millones de despidos; esos empleos se pudieron cautelar, resguardar gracias a dicho cuerpo legal. Lo que corresponde hacer hoy día es protegerla.

Quiero referirme a un último punto. No entremos en eso de que hay trabajadores que han disminuido sus ingresos y que con la ley de protección al empleo la verdad es que están recibiendo un tercio de lo que podrían recibir trabajando. No caigamos en esa relación, porque debemos pensar que hay muchos trabajadores que hoy día podrían no tener ni un peso de ingresos, ya que podrían estar cesantes. Además, eso para ellos no solo es un problema personal, sino también familiar: un hombre o una mujer cesante es una familia angustiada.

Pensemos en ellos: en las trabajadoras y en los trabajadores, y aprobemos unánimemente este proyecto, porque genera estabilidad a muchas y muchos chilenos, que hoy más que nunca necesitan de nuestro apoyo.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Quiero aclarar a la Sala que el proyecto en discusión viene sin ninguna indicación, esto es, tal como fue aprobado en la Comisión de Trabajo y en el Senado.

En el tiempo del Comité Revolución Democrática, tiene la palabra, vía telemática, el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON (vía telemática).-

Señora Presidenta, desde las bancadas de Revolución Democrática y del Frente Amplio pensamos que, luego de varios meses de ejecución de la ley, ya era momento de debatir acerca de la eficacia y la eficiencia de esta política pública, sobre todo pensando en las y los trabajadores. Y, claro, si el gobierno mira desde la billetera fiscal, en términos de eficiencia, de cuántos recursos tuvo que gastar para deshacerse de este problema, la política pública es supereficiente, porque los trabajadores pagaron toda la cuenta. Los trabajadores, con sus propios recursos, con los ahorros que estaban en el fondo del seguro de cesantía, tanto en cuentas individuales como en la cuenta colectiva, pagaron toda la cuenta. Entonces, qué mejor para el gobierno, para la billetera fiscal; esta es una política eficiente. Sin embargo, desde la eficacia no lo es, porque, según los últimos datos de reportes oficiales, la tasa de ocupación se estancó.

Entonces, ¿por qué el desempleo no aparece tan alto? Uno podría decir: “Pero las cifras de desempleo no son tan altas; claro, se están manteniendo en un porcentaje preocupante, pero no tan terrible”. Bueno, porque la gente se las ingenia y aparece como trabajador por cuenta propia. En consecuencia, en las encuestas, cuando a la persona le preguntan si está ocupada, responde: “Sí, estoy vendiendo algunas cosas en la feria”, incluso si está de colero. “Sí, me conseguí una aplicación y trabajo algunas horas”. Bueno, entonces, se dice que la persona está ocupada, pero por cuenta propia, invisibilizando así la precarización de la vida de las estadísticas oficiales y también de los titulares.

Pero los trabajos asalariados son los que se han terminado. Sí, aquellos que tienen cotizaciones, mayores seguridades y mayor estabilidad, se han desplomado. Y con esta ley incluso se han desplomado trabajos asalariados. Por ejemplo, en el caso del retail muchos sindicatos estaban alegando que empresas que se acogieron a la ley de protección al empleo, que siguen vendiendo de manera online, que siguen ganando plata y reportando utilidades, invocaron el artículo 161 del Código del Trabajo, sobre necesidades de la empresa, pero para despedir a sus trabajadores después.

El diputado Eguiguren dijo algo muy provocador, y no puedo dejar de referirme a ello. Él dijo: “No caigamos en eso”. “No caigamos en esa (…)”. Podría haber faltado la frase “ordinariez de decir que están ganando un tercio de lo que ganaban antes”. Pará qué vamos a entrar en esas discusiones.

Podríamos decir también: “Pero qué mal gusto hablar de dinero; porque hay otra gente que no está ganando nada”. Básicamente, al diputado Eguiguren le faltó decir a los trabajadores: “Oigan, dense con una piedra en el pecho, dense con una piedra en los dientes porque están ocupando sus ahorros; porque tuvieron que retirar su plata de las AFP, y sus pensiones se están empobreciendo; porque tuvieron que acudir a un segundo retiro, y porque ahora incluso están pidiendo un tercer retiro”. “Dense con una piedra en el pecho de que estamos dándoles como solución el que gasten su propia plata para salvarse con sus propias uñas en esta crisis”.

¡Claro! Si no hubieran tenido esos recursos, no habrían tenido nada de qué agarrarse.

Por eso, con esta política pública, en que, sin duda, tener algo es mejor que no tener nada, cuestión que nadie puede discutir -basta con tener dos dedos de frente para darse cuenta de ello-, con las tasas de reemplazo que estamos entregando después de varios meses, las personas no están viviendo bien, sino sobreviviendo, incluso con menos del mínimo, comiéndose los ahorros, que es lo que han tenido que hacer muchos.

Pensábamos que esta era una buena oportunidad para corregir, enmendar, mejorar las condiciones precarias y paupérrimas que hacen que trabajadores y trabajadoras deban endeudarse o comerse los pocos ahorros que tenían. Se podría haber planteado, por ejemplo, de manera integral, como lo veníamos proponiendo desde marzo del año pasado, cuando se decretó el estado de emergencia, una renta básica universal, y para financiarla -lo dijimos en su momento, pero se rieron: se rió el gobierno, se rieron algunos medios de comunicación y también el oficialismo- propusimos establecer una reforma tributaria que apelara a los más ricos; incluso, propusimos que la crisis la paguen las empresas a las que mejor les vaya, y no ahora, por un tema de liquidez, sino en los años venideros, cuando se resuelva la crisis, pero que pactáramos al tiro que habría un nuevo trato fiscal.

Se rieron de nosotros, nos dijeron que era imposible, y ya ven cómo, en esta crisis, las mayores riquezas han crecido y los pobres se ha vuelto más pobres, agudizando las desigualdades que tenemos. El gobierno prefiere mirar al techo y mantener una política que está agotada, una política que ya no logra mayor desempeño marginal en este proceso.

Claro, desde el cómodo escaño parlamentario puede ser más fácil ser autocomplaciente y pensar que ya lo hicimos todo, que está impecable y que no hay que moverle absolutamente nada más que la fecha de caducidad a esta ley, como propone el gobierno.

Las familias trabajadoras están sufriendo una incertidumbre tremenda respecto de sus ingresos, por lo cual, al menos como señal de que esto no puede ser simplemente un proyecto de ley que llegue y se apruebe sin discutir los temas de manera integral, anunciamos que nos vamos a abstener. No vamos a aprobar esta iniciativa.

Esperamos que sea objeto de una discusión mayor, para que se le hagan enmiendas y mejoren las tasas de reemplazo, de manera tal que las y los trabajadores puedan tener más seguridad durante lo que queda de pandemia, hasta el momento en que todas y todos estemos vacunados.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Melero .

El señor MELERO.-

Señora Presidenta, es una circunstancia feliz el que este proyecto de ley se tramite en paralelo con la llegada de una millonaria partida de vacunas al país: dos millones ayer y dos millones el próximo domingo, que son parte de un plan que considera el arribo de un total de 35 millones de dosis, las que permitirán inocular a la población chilena en una magnitud que debiera permitir -valga la redundancia- que estos contratos de trabajo que se han visto suspendidos o las personas que han debido pedir licencia vayan siendo -ojalá- cada día menos.

Creo importante decir esto, porque pocas veces se reconoce el actuar del Presidente de la República, don Sebastián Piñera , y del gobierno en esta materia, que ha sido oportuno, porque ha logrado disponibilidad de vacunas en la magnitud que he señalado, situación diametralmente opuesta a la de otros países de la región, que recién están haciendo las gestiones para conseguir algunas dosis.

Eso marca una diferencia, porque nuestro país tuvo la capacidad de anticiparse y de planificar, por lo que, en buena hora, a mitad de la semana entrante podremos iniciar un programa de inoculación masiva que va a ayudar mucho a la recuperación de la fuerza laboral.

No obstante, esto no significa que no debamos extender la vigencia, como lo hace esta iniciativa, de los beneficios de las leyes relativas a la suspensión de los contratos de trabajo y a la reducción temporal de la jornada laboral, que ya han beneficiado a cientos de miles de trabajadores chilenos, en una proporción del orden de 66 por ciento de hombres y de 34 por ciento de mujeres, que han podido mantener sus ingresos económicos sin poner término al contrato de trabajo, gracias a la aplicación del seguro de desempleo, o han podido reducir temporalmente su jornada de trabajo.

Es importante recordar que esto surge de un acuerdo político entre gobierno y oposición, logrado en el Senado de la República, que estableció el Fondo Covid por 12.000 millones de dólares, de los cuales 2.000 millones están destinados a mantener estos programas de subsidios y de ayuda al empleo. Se trata de un esfuerzo económico importante que el país puede solventar, porque ha tenido solidez y estabilidad financiera en el pasado, responsabilidad fiscal, capacidad de endeudamiento y de ahorro. Nuevamente, vemos un enorme contraste con la realidad de otros países de la región que hoy están en default, que no son sujetos de préstamos porque que no tienen capacidad de endeudamiento.

Este es un orgullo que debemos saber compartir: la responsabilidad con que se ha actuado en este gobierno y en los anteriores en materia de solidez financiera y de responsabilidad fiscal es la que hoy nos permite cosechar los frutos para enfrentar esta pandemia en mejor forma que si no hubiésemos actuado de esa manera.

Esta es una señal categórica para quienes muchas veces caen en el populismo, en las estrategias simplistas o en la forma desproporcionada de comprometer el patrimonio del Estado, como si los recursos que se nos prestan no se tuvieran que pagar. Vamos a tener que pagar miles de millones de dólares en intereses por los préstamos solicitados, pero es plata que está yendo a quienes realmente más lo necesitan en esta pandemia.

Este proyecto de ley será financiado de manera tripartita, gracias al aporte de los trabajadores, los empleadores y el Estado. No es tan cierta la frase aquella de que esto lo financian solo los trabajadores. Recordemos que del 3 por ciento del seguro de cesantía, el trabajador aporta solamente el 0,6 por ciento, y el 2,4 por ciento restante es aportado por el empleador y por el Estado, de forma tal que tratar de atenuar o de disminuir la importancia del aporte del empresariado y del Estado es no distinguir la forma en que se financia el seguro de cesantía, y hoy nuevamente ello queda en evidencia.

Respecto de algunas intervenciones sobre a quiénes beneficia más esta iniciativa, en la discusión original de este proyecto de ley fue objeto de amplio debate. Ya transcurridos varios meses, podemos ver con satisfacción el número de trabajadores que se han acogido a la suspensión de sus contratos de trabajo. Así, de acuerdo al número de solicitudes, 91.086 corresponden a la microempresa, esto es, el 77,3 por ciento; de las pequeñas empresas, hubo 21.101 solicitudes, correspondientes al 17,9 por ciento; luego, de la mediana empresa, 4.006 solicitudes, que equivalen al 3,4 por ciento, y de las grandes empresas hubo 1.659 solicitudes, 1,4 por ciento.

¿Alguien podría decir que este es un proyecto de ley que ha ido a subsidiar a las grandes empresas? Es cierto que ha subsidiado y se ha ayudado a trabajadores de grandes empresas que se han visto fuertemente afectados por esta crisis. ¿O acaso los señores diputados no quieren ayudar a las empresas hoteleras, por grandes que sean, dado que se han visto obligadas a cerrar por razones de salud? ¿No quieren ayudar a esos trabajadores? ¿No quieren ayudar a los trabajadores de restoranes o de empresas de turismo que, por ser grandes, sus trabajadores no califican?

A veces, algunos afirman, con un simplismo difícil de entender: “Bueno, tienen espaldas para hacerlo”.

Muchas de esas empresas han tenido que ir a la quiebra. En esta semana, hemos visto varios ejemplos de ese tipo y otras están próximas a quebrar. Otras grandes empresas, de no haber mediado la ayuda internacional, pactos de accionistas y acciones jurisdiccionales en el exterior, también se habrían visto en serias dificultades, como, por ejemplo, Latam , que no se ha beneficiado de este subsidio, pero que ha podido salir a flote gracias a la convergencia de todos esos aspectos.

No instalemos la lucha de clases al momento de defender a los trabajadores de los efectos de una pandemia, porque ellos no tienen la culpa de trabajar en una empresa mediana o grande y no en una pequeña o microempresa. ¡Todos son trabajadores chilenos, todos necesitan la ayuda del Estado en un momento de dificultad, de manera que no se puede discriminar! Sí debemos focalizar, lo que es muy distinto, como ya he demostrado y dejado en evidencia, pues el grueso de la ayuda, el 77 por ciento, ha ido en beneficio…

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Ha concluido su tiempo, diputado Melero .

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Gastón Saavedra .

El señor SAAVEDRA.-

Señora Presidenta, fuimos los representantes de la oposición y los socialistas, junto con los partidos que nos encontrábamos en ese espacio, los que concurrimos a firmar un acuerdo por 12.000 millones de dólares, que permitiera al país enfrentar de buena forma esta crisis sanitaria que tiene efectos económicos y sociales.

Por lo tanto, nunca nos hemos restado de concurrir con ideas y proposiciones para salir adelante en esta cruzada. Fuimos también integrantes de la oposición quienes advertimos que si no teníamos políticas de seguridad social y solo entregábamos bonos hiperfocalizados, la situación no iba a mejorar para los millones de trabajadores chilenos que perdieron sus empleos.

Es cierto que en el país se perdieron 1.800.000 empleos, y eso no es poca cosa. Otros 800.000 se acogieron a la ley de protección del empleo, pero nadie sabe, en esa verdadera caja negra que es el empleo informal -el 33 por ciento de la fuerza de trabajo- qué pasa con ellos.

Nuestro reclamo es por más justicia social, es por poner en el centro el esfuerzo creativo de las personas que viven de su trabajo. Por eso, cuando algunos se ufanan y caen en el exitismo, como escuchamos en el discurso anterior, se comete un error, porque las últimas encuestas internacionales nos ubican en el lugar número 89 de 98 países, respecto del manejo de la crisis; es decir, estamos entre los diez peores países en cuanto al manejo del problema. Por lo tanto, no es tan halagüeña la situación ni todo lo que brilla es oro en esta materia.

Por otra parte, es necesario considerar el tema de la letalidad: 24.000 chilenos y chilenas han fallecido, y eso nos debe llevar a reflexionar profundamente sobre cuáles han sido las políticas públicas que se han llevado a cabo en materia sanitaria, que tienen efecto en la vida de las personas, porque acá ha habido discursos exitistas, como que poco importaban la cercanía, los controles -acordémonos de los inicios de la pandemia-, etcétera, pero no se trata de ideologizar esta situación, sino simplemente de plantear los efectos de decisiones mal tomadas.

Hoy tenemos que concurrir a aprobar esta iniciativa, y lo vamos a hacer porque conocemos la urgencia que tiene para las familias chilenas contar con un ingreso mensual. Pero también tenemos que recalcar nuestra demanda: Chile necesita un ingreso mensual mínimo garantizado en la línea de la superación de la pobreza, para acompañar a las familias a enfrentar las dificultades sanitarias a que se ven expuestas.

El problema no se solucionará con la entrega de 2 millones de vacunas en un determinado momento y 2 millones de vacunas después. Son 30 millones de vacunas las que debemos tener, por lo que el camino es largo. No es poca cosa la situación a la que estamos sometidos.

Llamo más bien al recato y a la prudencia en las intervenciones, que en ocasiones más bien buscan levantar los réditos en las encuestas de quienes postularán a la presidencia de la república. Se trata de poner siempre en el centro la vida de los chilenos, la vida de quienes están padeciendo en su casa las dificultades de una crisis sanitaria, económica y social que -convengámoslo- no ha sido abordada integralmente, porque no tenemos resueltos los problemas de seguridad social y de ingresos mensuales de aquellos a los que pedimos que se queden en sus casas, para, con esa disciplina social, abordar el gran desafío de controlar el crecimiento de la pandemia.

Estamos pagando el duro costo de decisiones como la adoptada por centros comerciales, los que en diciembre abrieron sus puertas y permitieron la formación de aglomeraciones. Hoy estamos viviendo la segunda oleada. Los efectos de las vacaciones de verano también serán complejos. Así, la recuperación, la reactivación de la economía cada día se aleja más.

Por eso, reitero el llamado al gobierno a asumir una política distinta en materia de remuneraciones, a fin de respaldar a las familias para que las mismas se queden en su casa. Sin eso, será imposible resolver el acuciante problema relacionado con la propagación de la pandemia.

Espero, además, que se aborde esto, permitiendo que las municipalidades cuenten con una logística apropiada. Para eso se requieren recursos que hoy día no están. La idea es enfrentar de buena forma, en términos descentralizados, desde las regiones y comunas, el desafío de contener la pandemia, y proteger a nuestras familias con instrumentos socioeconómicos que les garanticen una vida digna, a pesar de la crisis.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señora Presidenta, la idea matriz del proyecto es ampliar la facultad del ministro de Hacienda -no se encuentra presente-, suscrito por la ministra del Trabajo y Previsión Social, para extender la vigencia de la suspensión de los contratos de trabajo y el otorgamiento de giros adicionales con cargo al Fondo de Cesantía Solidario hasta el 6 de diciembre de 2021, y extender hasta enero de 2022 el plazo máximo de que disponen la Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Presupuestos para emitir un estudio que determine el eventual derecho de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de percibir una redistribución adicional a raíz de los costos operacionales extraordinarios que motiven el otorgamiento de las prestaciones que establece la ley N° 21.263.

Debido a la covid-19, el gobierno impulsó una agenda de protección económica y laboral a través de la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo en circunstancias excepcionales. Dicho cuerpo legal incorpora la figura de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo y la reducción temporal de la jornada de trabajo. Posteriormente, esa ley fue modificada en cuanto a su alcance, vigencia y cobertura por las leyes N°s 21.232, 21.263 y 21.269, que permitió la incorporación de los trabajadores de casa particular al seguro de desempleo.

En aplicación de dicha normativa, el gobierno destaca que más de 800.000 trabajadores han mantenido vigentes sus relaciones laborales, lo que les ha permitido conservar su fuente de trabajo y asegurar un nivel de ingresos y cobertura de seguridad social durante un período en que la actividad económica y el trabajo han debido detenerse por razones sanitarias. Adicionalmente, cerca de 180.000 trabajadores permanecen con sus contratos suspendidos.

Debido a la crisis sanitaria que continúa azotando a nuestro país, se hace necesario extender el modelo de protección del empleo para asegurar respaldo a los trabajadores y trabajadoras y sentar alguna base de futura recuperación que se espera que se produzca durante el curso de este año.

El proyecto busca permitir que hasta octubre de 2021, el Ejecutivo, por medio de uno o más decretos supremos, pueda extender la vigencia de las normas de suspensión por hasta un máximo de nueve meses, esto es, hasta el 6 de diciembre de 2021; permitir hasta un máximo de nueve giros adicionales con cargo al fondo para los trabajadores suspendidos que hayan agotado sus giros anteriores, es decir, 21 en total; extender la vigencia de la ley N° 21.263 por hasta un máximo de nueve meses, esto es, hasta el 6 de diciembre de 2021, y extender hasta enero de 2022 el plazo para que la Superintendencia de Pensiones y la Dipres emitan el informe para determinar el eventual derecho a retribución adicional para la AFC.

De acuerdo al Ejecutivo, el proyecto es relevante, porque a partir del 6 de marzo de 2021 vence la urgencia de la ley de protección al empleo y la ley N° 21.263, por lo que no habrá posibilidad de suspender los efectos de los contratos con acceso al seguro de cesantía.

El proyecto de ley extiende los plazos de los beneficios y prestaciones de la ley de protección al empleo; sin embargo, no resuelve el problema de origen de esta política pública del gobierno, cual es que traspasa el costo de la crisis producida por la pandemia a las y los trabajadores. Con este proyecto, los trabajadores y trabajadoras cubren con sus fondos individuales el seguro de desempleo, lo que a largo plazo producirá que no posean ahorros que les permitan enfrentar futuras cesantías.

Muchos de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra fueron muy claros en decir que esto no es lo que debiéramos construir para tener previsión social. Afortunadamente, nuestro pueblo, que crece y que es inteligente, decidió, con un 78 por ciento de apoyo, cambiar la Constitución, para que las personas que habitan este largo territorio tengan un mejor vivir.

La pandemia ha demostrado que teníamos muy malas maneras de proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras. Hemos descubierto, a través de las crisis del sistema, colusiones, corrupción y abuso en el ámbito del trabajo, y que necesitamos mejores leyes y cambiar la Constitución. Eso ya no ofrece discusión, aunque algunos insisten en que estamos bien y mañana mejor. Eso indudablemente no es cierto; eso lo sabe nuestro pueblo en carne propia.

El problema de los empleos precarios en un sistema que reparte muy mal la riqueza no se soluciona con subsidios y bonitos, sino con leyes poderosas, con sistemas poderosos que puedan hacer a este pueblo más feliz.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señora Presidenta, cuando uno escucha a cada uno de los diputados y diputadas que han intervenido, constata que no puede analizar este proyecto de ley en forma aislada, sin ver el contexto en el cual se han estado tomando las decisiones.

Entonces, cuando nos dicen que cómo es posible que digamos no frente a esta situación, que no ayudemos a los trabajadores y trabajadoras, que le vamos a quitar una herramienta al gobierno para poder ayudar, debo decir que esa jamás ha sido nuestra intención. Ello quedó plasmado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Sin embargo, cabe recordar varios proyectos en que el gobierno ha dicho sistemáticamente que no. No puedo dejar de mencionar en esta Sala el posnatal de emergencia. Se trataba de recursos del Estado para protección de la maternidad, y el gobierno dijo que no.

No puedo dejar de recordar en esta Sala el retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP y de algo homólogo en materia de rentas vitalicias, a lo cual el gobierno, a través de sus parlamentarios, dijo que no. ¿Por qué? Porque, según ellos, teóricamente son recursos de las aseguradoras.

Cuando se ha propuesto durante meses la posibilidad de discutir un impuesto a los superricos, también ha dicho que no, porque son muchos los impuestos que tendrían que pagar los amigos de personas que hoy están en el gobierno. Los recursos que podríamos recaudar con ese impuesto alcanzarían casi el mismo monto que lo que se ha invertido en ayudas sociales.

El gobierno también ha dicho que no cuando hemos planteado que el ingreso familiar de emergencia (IFE) hoy llegue a todas las personas sin distinción. El gobierno ha vuelto a decir que no cuando hemos planteado un IFE homólogo para las pequeñas y medianas empresas. O sea, el gobierno dice que no a cada una de las iniciativas que hemos propuesto aquí, porque tienen que ver con recursos que salen del Estado o porque complican a personeros que son importantes para el gobierno. Sin embargo, en el Congreso tenemos que decir que sí cuando se trata de los recursos y ahorros que tienen los trabajadores y trabajadoras, indistintamente de si vienen del fondo común o del fondo individual.

Eso nos preocupa. Todos los que hoy reconocen la situación en que está el país nos han dicho que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas no van a lograr subsistir, y si no lo logran, ¿cómo vamos a levantar el país? ¿Cómo vamos a resurgir con los empleos? Seguramente, vamos a tener más complicaciones con el uso del seguro de cesantía en el fondo individual.

Además, hay una externalidad que tampoco se ha dicho en esta Sala, cual es que, a partir de este instrumento, se ha perdido toda capacidad de parte de los sindicatos de poder negociar y buscar una solución para las trabajadoras y los trabajadores que tienen otro tipo de alternativas, distintas a las que entrega esta ley. Los sindicatos de cada una de las empresas que han ocupado este instrumento han perdido su capacidad de negociación.

Esto lo dijimos el 19 de marzo del año pasado, cuando el ministro de Hacienda de aquella época -ya no recuerdo su nombre, porque lo han cambiado tantas veces- dijo: “Tenemos algo que es espectacular”. Es espectacular para algunos, para los dueños de las empresas. El costo social que eso significa es para los trabajadores y trabajadoras, y no nos vamos a cansar de decirlo, porque cuando hablamos del primer y segundo retiros del 10 por ciento, ahí está la plata de los trabajadores, y cuando hablamos del seguro de cesantía, ahí también está la plata de los trabajadores.

También nos dijeron que iban a incorporar 2.000 millones de dólares al fondo solidario. Está bien, pero ¿cuándo? Nos dijeron que sería al comienzo, pero no fue así, porque primero se ocuparon todos los fondos de los trabajadores.

Me alegro de que el diputado Gastón Saavedra planteara que Chile estaba entre los diez países que peor ha manejado la pandemia, porque no lo dijimos nosotros. Aquí hay un estudio con factores que son absolutamente objetivos, en que los números reflejan cómo se ha actuado en la pandemia y las complicaciones que esto ha significado para las personas y las familias. ¡Chile está entre los diez países con el peor manejo de la pandemia!

En este Congreso hay cosas que no nos gustan, pero no nos queda otra cosa que ayudar y tratar de que funcione este instrumento, respecto del cual tenemos muchas críticas, porque no conocemos las repercusiones que va a tener en un futuro cuando tengamos las condiciones sanitarias y debamos revertir las condiciones económicas.

Vamos a votar favorablemente el proyecto de ley, pero con angustia, por las complicaciones que sufren las familias hoy y las que podrían tener en el futuro por el uso del seguro de cesantía.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Ramón Barros Montero .

El señor BARROS (vía telemática).-

Señora Presidenta, el próximo 6 de marzo vence la vigencia de una serie de leyes, como la ley de protección del empleo, que establece el derecho a percibir giros adicionales con cargo al fondo de cesantía solidario; la ley N° 21.263, que mejora transitoriamente el número y monto de las prestaciones de la ley de protección del empleo y rebaja requisitos de acceso al seguro de cesantía; la ley de crianza protegida. Mientras tanto vemos cómo en el mundo, más allá de las sensaciones que puedan tener algunos diputados, la situación de la pandemia recrudece y nos complica, y que consecuentemente con aquello nuestro gobierno se hace cargo de esa situación.

Hemos visto que a la fecha más de cien mil trabajadores siguen acogidos a la ley de protección del empleo. De hecho, en enero de 2021 ha habido un aumento importante de ingresos de suspensión del contrato de trabajo, que supera todas las suspensiones ingresadas en diciembre de 2020.

Por lo tanto, básicamente lo que quiere este proyecto es extender la vigencia de las normas de suspensión de la ley de protección del empleo hasta por un máximo de nueve meses adicionales, hasta el 6 de diciembre de 2021; extender la vigencia de la ley de crianza protegida, otorgar hasta un máximo de nueve giros adicionales con cargo al fondo de cesantía, extender la vigencia de normas que flexibilizan los requisitos de acceso al seguro de cesantía por un máximo nueve meses adicionales, extender hasta enero de 2022 el plazo para que la Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Presupuestos (Dipres) emitan informe para determinar eventual retribución adicional a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

Por lo tanto, escucho los discursos de una oposición que le ha negado la sal y el agua a este gobierno. Recordemos que mientras el entonces ministro Jaime Mañalich cerraba en mayo lo que hoy nos permite tener un plan de vacunación masivo en Chile, ¿qué hizo la oposición? Lo acusó constitucionalmente.

Hoy estamos en enero de 2021, y la labor del entonces ministro Mañalich se expresa en que llegan los cargamentos con millones de vacunas que nos van a permitir, les guste o no, afrontar este año de mejor manera lo que nos ha tocado vivir.

El ministro de Hacienda que acaba de renunciar nos hablaba de que este era un proceso evolutivo. ¡Cuánta razón tenía! La oposición rechazaba prácticamente todos los proyectos que el gobierno proponía, incluidos el de presupuestos de la nación y el reajuste de remuneraciones para el sector público. Podría mencionar un rosario de proyectos en que nos han negado la sal y el agua, y si no fuera porque algunos diputados han sido un poco más conscientes y han tenido un sentido de Estado, probablemente estaríamos mucho más complicados.

Por eso, es importante que aprobemos la extensión de la vigencia de una serie de beneficios. Obviamente, no son todos. Esto es más complejo que autodonarse y aparecer frente a las cámaras como el tipo más generoso de Chile. Esto es más complicado que andar haciendo ofertones en los distritos de cosas que no se pueden hacer, para quedar bien con el público. Es más complejo. Esta pandemia tiene muchas aristas.

En el Senado este proyecto se aprobó solo con votos positivos. Agradezco profundamente a la ministra María José Zaldívar , porque ha sido incansable en buscar acuerdos y en explicar a quienes no quieren entender, o a algunos que por razones políticas no quieren entender. Porque si hubiéramos exhibido sus niveles de gasto, que profesan desde hace décadas, el país no tendría ninguna posibilidad de atender a su gente; no habría sido posible si no hubiésemos sido responsables en el manejo. Y quienes exigían tanto, durante sus gobiernos fueron incapaces de poner sobre la mesa un posnatal, como sí lo hizo el Presidente Piñera en su primer gobierno.

Por ello, vamos a aprobar y a defender este proyecto con convicción.

Espero que algunos cambien su actitud tan negativa. ¡Por Dios! Si parece que destilaran odio, parece que destilaran solo elementos negativos, en circunstancias de que la mirada que debe tener Chile debe ser la de empujar, la de tener optimismo, para que los agentes que dan empleo y para que los trabajadores que salen cada día a trabajar puedan tener al menos el discurso de alguien que aliente para que el país tire para arriba y para adelante.

Debemos corregir, quizás, muchos errores que se han cometido, pero cuando observo a algunos y cuando oigo algunos discursos, parece que vivieran en un submundo.

Mucha fuerza, ministra, y fuerza a nuestro gobierno. Gracias, ministro Mañalich , por su acción, por las 35 millones de vacunas que sí vamos a tener en 2021 gracias a su gestión, pese a los que lo acusaron constitucionalmente.

Agradezco a nuestro gobierno, a nuestro Presidente y a sus ministros. Gracias, porque, pudiendo haber muchos errores, todavía hay gente que mira el futuro con optimismo. Aunque algunos se dediquen a chaquetear y a poner piedras en el camino, somos más los que queremos que Chile progrese.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth Stewart .

El señor AUTH.-

Señora Presidenta, es bastante evidente que todos vamos a aprobar este proyecto, porque forma parte de los dispositivos que también aprobamos por unanimidad.

Felizmente, la pandemia no nos enfrenta desnudos, pues tenemos una infraestructura social y uno de sus elementos centrales es el seguro de cesantía, creado -para quien lo olvide- en tiempos del Presidente Lagos, estructura que ha podido ser usada en esta situación excepcional para dos cosas: primero, para generar la figura de la suspensión del contrato laboral, con lo que el trabajador recibe beneficios equivalentes al seguro de cesantía. ¿De qué se trataba? De impedir o de limitar la quiebra de empresas para mantener la relación laboral, de manera que cuando volvieran las condiciones para el desarrollo de la actividad, pudiera retomarse el empleo del trabajador; segundo, para ampliar los beneficios respecto de la cesantía, que estaban considerados para un determinado número de meses.

Digamos las cosas como son: probablemente nadie en este hemiciclo ni en el país pensó que la pandemia se iba a prolongar tanto como lo ha hecho, y todavía no vemos la luz al final del túnel. Es muy probable que el semestre que estamos iniciando continúe con buena parte de las actividades económicas estancadas.

Por lo tanto, la idea es prolongar beneficios. ¿Y qué estamos prolongando? Estamos prolongando la suspensión laboral y el derecho a obtener recursos, estando suspendida la relación laboral, hasta diciembre de 2021. También estamos prolongando el seguro de cesantía y el permiso de posnatal. Y esto es muy importante, porque ha beneficiado a 767.000 trabajadores y a 118.000 empresas. Y fíjense que el 54 por ciento de los trabajadores beneficiados pertenece a las pequeñas y microempresas. Es decir, la participación de las pequeñas y microempresas ha sido muchísimo mayor que lo que representan de la masa laboral, porque son las que más han sufrido con la crisis económica. Y si consideramos a la mediana empresa, el 70 por ciento de los trabajadores beneficiados con la suspensión del empleo, con este beneficio, pertenece a la mipyme, lo que, por supuesto, va a seguir siendo de un modo similar.

Aprobamos 2.000 millones de dólares de respaldo cuando dijimos que primero se usan los recursos ahorrados en la cuenta individual, luego el fondo solidario y, por último, el respaldo estatal. Fíjense que todavía no se usa ni un peso del respaldo estatal y probablemente tenga que usarse al final de este primer semestre, como lo dijo la ministra Zaldívar ; pero están ahí los recursos, parte de los 12.000 millones de dólares que aprobamos en el marco del acuerdo general.

Es imprescindible complementar este trabajo, que veníamos planteando desde hace rato, de concentrarse en el apoyo a los cesantes y a las actividades obligadas a suspender su empleo.

Llamo a aprobar por unanimidad el proyecto.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señora Presidenta, los parlamentarios del Partido Socialista hemos dicho hasta el cansancio que siempre vamos a apoyar todas aquellas iniciativas que consideremos positivas para los trabajadores y para los sectores más vulnerables del país, y así lo hemos hecho. Los diputados hemos sido testigos de que todos los proyectos que el Ejecutivo ha presentado han sido aprobados por la Cámara de Diputados. Lo que ocurre -y es lo que llama la atención- es que cada vez que hemos querido mejorar esos proyectos -lo cual hemos hecho- se nos acusa de que no queremos legislar en favor de las personas y de que tenemos un espíritu obstruccionista y negativo. Escuché recién a un diputado que dijo que había parlamentarios que prácticamente vomitaban odio y resentimiento. Nunca había escuchado que mejorar un proyecto, que hacerle modificaciones sustantivas, para que vayan en beneficio de quienes queremos favorecer, sea vomitar odio o resentimiento. Muy por el contrario, demuestra nuestra voluntad de colaborar, espíritu de colaboración que ha quedado de manifiesto desde el mismo día en que empezó esta crisis sanitaria, ya que ha contado con nuestro apoyo en las más diversas materias.

Sin embargo, hay algo que sale a la luz cada vez que discutimos este tipo de proyectos, como lo hemos señalado en forma reiterada, en el sentido de que, lamentablemente, han sido los sectores vulnerables y los trabajadores los que han terminado pagando esta crisis. Probablemente, cuando se haga el recuento y la evaluación, al final de esta crisis, constataremos un hecho que cada día se hace más patente: que quienes son los más ricos de este país seguirán siendo más ricos después de esta crisis, y que quienes están en los sectores más populares y más pobres serán mucho más pobres que antes de esta crisis. Esa será la realidad.

Aquí se ha señalado cómo, al final, han debido ser los propios trabajadores, ya sea mediante el retiro de sus fondos de las AFP, ya sea mediante la utilización de sus recursos del seguro de cesantía, los que de una u otra forma están pagando esta crisis.

Por ello es que vamos a aprobar este proyecto, que hemos mejorado -de lo que han sido testigos varios parlamentarios, tal como lo han planteado en sus intervenciones-, porque apunta, en alguna medida, a extender un beneficio, pero no por eso estamos satisfechos y contentos con lo que estamos haciendo. Por decirlo de alguna manera, esto es el mal menor.

Por las razones expuestas, lo vamos a aprobar, pero, indudablemente, nos queda un sabor amargo al constatar que a pesar de todo lo que podamos hacer en beneficio de los sectores más necesitados, aún este gobierno está en deuda, pues llega tarde o no implementa una acción política con un carácter mucho más masivo y profundo.

Se ha recordado en esta Sala el posnatal de emergencia y el retiro del 10 por ciento de las AFP, así como lo que ocurre con la gente que tiene rentas vitalicias. Como muy bien recordaremos todos, el gobierno y los parlamentarios de derecha dieron un portazo a todos los chilenos que reciben pensiones a través del sistema de rentas vitalicias, que son muy bajas.

¡Caramba que las cosas hubieran sido distintas de haber existido la voluntad de apoyar el proyecto de reforma constitucional que propone la creación de un impuesto a los superricos! Eso habría permitido generar más ingresos para que el Estado hubiese enfrentado esta crisis de manera más generosa.

En fin, estamos en una situación que, de alguna manera, nos obliga a dar este paso, pero no dejaremos de insistir en cosas que nos parecen fundamentales, como, por ejemplo, que el aporte del ingreso familiar de emergencia tenga una dimensión mucho más masiva y profunda, porque hay sectores que ya están viviendo las consecuencias al constatarse en el país de que no existe una concordancia entre la estrategia sanitaria y la estrategia económica, porque para abordar la crisis que estamos viviendo, que tiene dimensiones sanitarias y económicas, es fundamental que haya armonía y coordinación entre ambas estrategias.

Pareciera que hay un divorcio entre ambas estrategias, ruptura que, en definitiva, la han pagado los trabajadores y los sectores más vulnerables.

Por ello, no nos cansaremos de señalar y exigir al gobierno que haga concordante su estrategia sanitaria, muchas veces confusa, y para qué decir en relación con la estrategia económica, que es más confusa todavía.

Por lo tanto, mientras no haya coordinación y armonía entre ambas estrategias, seguiremos yendo en ayuda de quienes más lo necesitan.

Finalmente, quiero reiterar que votaremos a favor esta iniciativa, pero aquello no significa que estemos conformes o contentos con el paso que estamos dando.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.ª Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber Romo .

El señor SILBER.-

Señora Presidenta, le deseo lo mejor en su paso al Senado, el cual es más que justo y merecido para los que conocemos su trayectoria en la política.

Hoy estamos frente al debate de un proyecto que tiene que ver con la ley de protección del empleo, con la suspensión de los efectos del contrato, y buena parte de los colegas que han intervenido han señalado una evaluación respecto de las políticas públicas, sobre cómo el Estado y otros actores, incluso más allá del gobierno, hemos acometido, desde el punto de vista histórico, una de las crisis más duras que hemos tenido, porque es una mezcla de crisis económica, social y sanitaria de carácter e impacto global, que ha costado la vida a más de dos millones de seres humanos en el planeta.

Desde esa perspectiva, cada país, sobre la base de la dinámica de sus economías y de la robustez de sus Estados, ha ido dando soluciones a las contingencias que debiera generar lo que hemos denominado como una cuarentena de carácter segura, la que hubiese evitado que muchos se hubiesen visto obligados, porque la necesidad tiene cara de hereje, a tener que salir a ganarse el pan violando las cuarentenas.

Hay países con economías más robustas que implementaron transferencias económicas directas a las familias, con el objeto de que pudieran cumplir con el objetivo de carácter sanitario y darles protección financiera. No obstante, tal como se ha señalado, el gobierno, la administración Piñera , ha decidido hacerlo mediante la utilización de un fondo que fue diseñado para un fin distinto, para indemnizar a quienes enfrentan la cesantía.

El tiempo y la historia dirá qué era lo correcto. Nosotros, como oposición, al final del día sentimos que había un deber cívico, pese a las dificultades y a que nos hubiese gustado la implementación de alternativas distintas, tal como lo señalamos en su minuto, por lo cual finalmente respaldamos aquello, porque entendíamos que queríamos salvar a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, pero, sobre todo, a los trabajadores.

Las cifras nos demuestran que casi 800.000 compatriotas, por decisión propia o contra su voluntad, ocuparon esa alternativa. Quiero señalar solo un dato. En el debate de esta iniciativa se dijo que entre la micro, la pequeña y la mediana empresa copaban gran parte de la tasa de ocupación. Tal vez eso es cierto respecto del número de unidades económicas, pero quiero señalar, para corregir a algunos compatriotas, que si bien en términos laborales la microempresa es, obviamente, la que más se vio beneficiada desde el punto de vista de las empresas, pero desde la perspectiva de los trabajadores, fue la gran empresa la que ocupó en 29 por ciento este beneficio, con el objeto de atender a los trabajadores a los que les fue suspendido su contrato laboral.

Estamos acostumbrados en nuestro país a que se nos diga que esta es una solución de emergencia, pero que termina siendo definitiva. Obviamente, apoyamos lo que propone este proyecto, tal vez de manera unánime, pero echamos de menos mayor creatividad y audacia en materia de recuperación de empleos reales.

Si uno mira las cifras reales, se da cuenta de que el sector del turismo, de servicios y de la gastronomía es, por lejos, el más deprimido en términos económicos. No obstante, no hemos visto un plan desde la Subsecretaría de Turismo en favor del sector hotelero y gastronómico, que dé cuenta de un rescate real, en los términos y en la envergadura que requiere una industria de la economía que está absolutamente deprimida y en el suelo. De no mediar una solución distinta, muchas de esas empresas no van a salir nunca de esta supuesta solución de emergencia, que va a durar casi dos años; lo más probable es que la economía no salga de la supuesta “hibernación” que nos planteó en su minuto el entonces ministro Briones .

Dicho sea de paso, la oposición cumplió un rol importante, por ejemplo, al prohibir el retiro de las utilidades, como en su minuto quedó abierto en la ley; al incorporar a las trabajadoras de casa particular, en fin.

Por tanto, anuncio que vamos a aprobar esta iniciativa, porque creemos que hoy, dada la situación de contingencia y que no hay otra alternativa, es lo correcto, lo responsable de hacer como oposición; pero, sí, esperamos del gobierno medidas más audaces, más creativas respecto de lo que viene por delante: la recuperación del empleo.

He dicho.

La señora CARVAJAL, doña M.a Loreto (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, hasta por dos minutos y cuarenta segundos, el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro) [vía telemática].-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo a los miembros de la Mesa, al señor Secretario, a los colegas que se encuentran presentes en la Sala y, por cierto, a los que están en distintos puntos del país.

En primer lugar, quiero valorar el esfuerzo que están haciendo el gobierno y la oposición para llegar a puntos de encuentro que nos permitan dar tranquilidad a miles de trabajadores, hombres y mujeres, quienes, dado el avance de la pandemia, ven con cierta incertidumbre el futuro.

En tal sentido, aunque nunca vamos a estar conformes con todo, nos satisface que estas medidas se puedan ir aplicando a lo menos hasta fines de este año, y también durante el próximo, de acuerdo a como vayan funcionando.

En el poco tiempo de que dispongo, quiero reiterar y compartir lo que han dicho otros colegas -por intermedio de la señora Presidenta se lo digo con mucho cariño a nuestra ministra del Trabajo y Previsión Social, señora María José Zaldívar -, en términos de que hay trabajadores que hoy están alejados de la mano de Dios, como los pescadores artesanales; los trabajadores de la construcción, quienes normalmente no tienen un contrato de trabajo formal; los feriantes, los conductores de colectivos, los cuales no son los dueños de los vehículos, y, por cierto, los grupos de profesionales que en la actualidad no tienen empleo. Entonces, en nombre -eso creo- de todos los parlamentarios, pido al gobierno que adopte alguna medida para mitigar la situación que afecta a esos trabajadores.

También, con mucho respeto, hago un llamado al Presidente Piñera para que pueda ver una fórmula para que las personas con renta vitalicia también tengan la opción de retirar parte de sus fondos, ya que muchos se encuentran en condiciones económicas muy precarias.

Por otra parte, señora Presidenta, tal como lo señaló el diputado Pepe Auth , le deseo el mayor de los éxitos en su nuevo cargo.

Por último, señalo que vamos a aprobar unánimemente este proyecto, que creo que representa el esfuerzo de todos los chilenos, gobierno y oposición,…

El señor SILBER (Presidente accidental).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor SILBER (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, para habilitar el voto anticipado de electores que por diversas razones, sean de salud o movilidad, tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de votación.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a las bancadas que tengan dos o más Comités, y tres minutos para las demás, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputados informantes de las comisiones de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, y de Hacienda son la señora Andrea Parra y el señor Manuel Monsalve , respectivamente.

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y

Regionalización. Documentos de la Cuenta N° 26 de este boletín de sesiones

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 22 de este boletín de sesiones.

-El primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización se rindió en la sesión 124ª de la presente legislatura, en martes 5 de enero de 2021.

El señor SILBER (Presidente accidental).-

Por motivos familiares, la diputada Parra no podrá rendir el informe correspondiente.

En nombre de la Corporación, doy el pésame a la diputada señora Andrea Parra por el sensible fallecimiento de su padre.

En reemplazo de la señora diputada, rendirá el informe el diputado Andrés Longton . Tiene la palabra, su señoría.

El señor LONGTON (vía telemática).-

Señor Presidente, me sumo a sus palabras sobre el sensible fallecimiento del padre de la diputada Andrea Parra , quien debería haber rendido este informe, ya que fue la autora principal de uno de los proyectos que dieron origen a la iniciativa.

Honorable Cámara, la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización me ha encomendado emitir el informe recaído en el proyecto de ley que establece el voto anticipado, que cumple su segundo trámite reglamentario.

El artículo único y el artículo primero transitorio son de rango orgánico constitucional, según el inciso primero del artículo 18 de la Carta Fundamental.

En el primer trámite reglamentario se aprobó como texto de este proyecto la incorporación de un artículo 65 bis en la ley N° 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en términos de establecer la posibilidad de sufragar mediante la modalidad del voto anticipado a las personas adultas mayores, como también a quienes tengan problemas de diversidad funcional, se encuentren en cuarentena por motivos de salud, estén en grupo de riesgo o se encuentren privadas de libertad, disponiéndose que en todos estos casos se constituirán mesas receptoras especiales una semana antes del día de la jornada electoral. Tanto el Ejecutivo como parlamentarios ingresaron indicaciones al proyecto en el segundo trámite reglamentario.

Fruto de la discusión se gestó, en definitiva, un texto que consagra la votación anticipada, cuyas principales características son:

La votación anticipada en las elecciones o plebiscitos que se efectúen en el territorio nacional tendrá lugar entre el decimocuarto y el octavo día anterior a la jornada electoral. No procederá la votación anticipada en el caso de las elecciones primarias a que se refiere la ley N° 20.640. Tratándose de la segunda votación regulada en los artículos 26 y 111 de la Constitución Política de la República procederá la votación anticipada, pudiendo votar en dichas elecciones solo los electores que se hubieren inscrito en la nómina correspondiente.

Podrán inscribirse para votar anticipadamente los electores que formen parte de alguno de los siguientes grupos a la fecha de la elección o plebiscito respectivo:

a)Los que tengan sesenta y cinco años o más de edad.

b)Las mujeres embarazadas.

c)Las personas que tengan algún tipo de discapacidad, según la calificación y certifi-

cación señaladas en el artículo 13 de la ley N° 20.422, o aquellas que tengan la calidad de asignatarios de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional.

d)Los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.

e)Las personas que trabajen fuera del área urbana en que se encuentra emplazado su

lugar de votación o se encuentren sujetas a las jornadas de trabajo que establece el artículo 38 del Código del Trabajo.

f)Las personas que, por padecer una enfermedad, no puedan acudir al local de vota-ción, debiendo esta circunstancia ser acreditada por un médico.

En el caso de las personas privadas de libertad, para ejercer su derecho de sufragio, el Servicio Electoral podrá fijar normas especiales con el fin de facilitar el proceso electoral con relación con:

a)Conformación de padrones especiales.

b)El ingreso de propaganda electoral.

c)Determinación del domicilio del recinto penitenciario como domicilio electoral

válido.

d)Designación de internos como vocales de mesa.

e)Determinación de Gendarmería como un órgano colaborador del proceso electoral

en los recintos penitenciarios.

Para votar anticipadamente, los electores deberán inscribirse ante el Servicio Electoral entre los noventa y sesenta días antes de la elección o plebiscito respectivo.

Los electores inscritos en la nómina a que se refiere el proyecto que no concurrieren a votar de manera anticipada, podrán ejercer su derecho a sufragio el día de la elección o plebiscito respectivo.

El Servicio Electoral, con al menos treinta días de anticipación a la fecha en que deba verificarse la votación anticipada de una elección o plebiscito, determinará mesas receptoras de sufragio especiales para recibir la votación anticipada de la elección o plebiscito que corresponda.

Las personas que sean designadas vocales de mesa para la votación anticipada y las inscritas en la nómina para votar anticipadamente no podrán ser designadas vocales de mesa para el día de la elección o plebiscito general correspondiente.

Para cada local de votación anticipada, el Servicio Electoral elaborará, con al menos treinta días de anticipación a la fecha en que deba verificarse la votación anticipada de una elección o plebiscito, la nómina especial de electores habilitados para sufragar anticipadamente. Luego, dicho servicio asignará a cada uno de esos electores a los locales de votación anticipada y a las mesas receptoras de sufragios especiales que funcionen en ellos, según el domicilio registrado para estos efectos por el elector.

Terminada la votación anticipada, el Servicio Electoral, basándose en las nóminas utilizadas en cada mesa receptora de sufragios especial, elaborará un listado de los electores que hubieren ejercido su derecho a sufragio en ella.

Una vez terminada la votación anticipada, y hasta el escrutinio público, el Servicio Electoral y personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile deberán custodiar las urnas y los útiles de las mesas receptoras de sufragios especiales en los locales de votación anticipada.

El escrutinio será efectuado en los locales de votación anticipada por funcionarios del Servicio Electoral, a partir de las 18:00 horas del día de la elección o plebiscito general.

Será castigado con presidio mayor en su grado mínimo y multa de tres unidades tributarias mensuales el que votare más de una vez en una misma elección o plebiscito.

La votación anticipada regirá por primera vez para las elecciones del 11 de abril de 2021.

Conforme a lo expuesto, la Comisión de Gobierno Interior recomienda a la Sala aprobar las modificaciones incorporadas al texto despachado en el primer trámite reglamentario, a las que me he referido al rendir este informe.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SILBER (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor MONSALVE (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar, en lo referido a su incidencia presupuestaria, el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, para habilitar el voto anticipado de electores que, por razones de salud o movilidad, tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al respectivo local de votación.

Concurrió a presentar el proyecto, en representación del Ejecutivo, el subsecretario general de la Presidencia, señor Máximo Pavez , quien concurrió acompañado por la jefa de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de dicho ministerio, señorita Constanza Castillo . La comisión escuchó también al director nacional del Servicio Electoral, señor Raúl García .

El objetivo general de la iniciativa es otorgar mayores facilidades para permitir, de manera excepcional, que las personas que se encuentran impedidas de concurrir a emitir su voto el día fijado para la elección o plebiscito por motivos justificados, puedan participar en el proceso electoral de que se trate, a partir de la elección del 11 de abril de 2021, ejerciendo el derecho a sufragio de modo anticipado y presencial.

De acuerdo a los antecedentes entregados, el proyecto establece un sistema de voto anticipado que cumple las condiciones necesarias para mantener la seriedad y credibilidad que exhibe actualmente el sistema electoral chileno. Así, la iniciativa solo se concretará en el marco de un padrón electoral, por lo que quienes deseen votar anticipadamente dispondrán de un plazo de entre noventa y sesenta días previos a la elección para inscribirse en una plataforma electrónica. Asimismo, el beneficio se limitará a grupos acotados de ciudadanos: los mayores de 65 años de edad, las mujeres embarazadas, las personas con algún tipo de discapacidad acreditada, los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, quienes trabajen fuera del área urbana en que se encuentra emplazado su lugar de votación y las personas que, por padecer una enfermedad comprobada, no puedan acudir al local de votación.

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia dictará un reglamento para acreditar la pertenencia a alguno de estos grupos de personas y el Servicio Electoral verificará el padrón, definirá las mesas de votación, nominará los vocales de mesa y efectuará las demás tareas que fueren pertinentes.

Concluida la votación, el Servicio Electoral confeccionará también un listado identificando a quienes votaron, documento que se distribuirá en todas las mesas del país para el día de la votación general, pues no se aplicará el principio de preclusión.

Por su parte, el director nacional del Servicio Electoral, señor Raúl García , coincidiendo con la necesidad de implementar el sufragio anticipado, observó que los plazos de implementación del presente proyecto de ley resultan casi inviables de ejecutar, pues ellos comenzarán a regir desde que la ley se publique, fecha que aún es incierta, pero que uno puede prever que será a mediados del mes de marzo, a menos de un mes del 11 de abril.

Coincidieron en esa posición varios señores diputados, quienes cuestionaron el éxito de una eventual aplicación del voto anticipado en abril próximo, dada la excesiva proximidad de las etapas, tareas y plazos a cumplir.

En materia de incidencia fiscal, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos proyecta un universo de 3.258.593 electores anticipados, lo que representaría cerca del 22 por ciento del padrón electoral nacional. Con esas cifras, se calcula un costo fiscal aproximado de ocho millones de pesos por local de votación, lo que totalizaría un desembolso cercano a 2.800 millones de pesos, considerando un local por comuna. A ese monto deberían agregarse gastos en productos de higiene sanitaria, en publicidad y en aportes a la Cruz Roja.

En cuanto al financiamiento, se reportó que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en proyecto durante el primer año presupuestario de su vigencia se financiará con recursos del Servicio Electoral, y, en lo que faltare, con cargo al Tesoro Público. En los años siguientes se financiará con los recursos que autoricen las respectivas leyes de presupuestos.

Durante el debate, el Ejecutivo presentó en la Comisión de Hacienda una indicación para reponer su propio texto al patrocinar la moción, en lo relativo a volver al viernes anterior a la fecha de la elección de que se trate para ejercer el voto anticipado y que fuera cambiada por “entre el decimocuarto y el octavo día anterior a la jornada electoral”, plazo incorporado en la Comisión de Gobierno Interior mediante indicación parlamentaria.

La indicación del Ejecutivo resultó rechazada por seis votos a favor, seis en contra y una abstención. A favor votaron la diputada señora Sofía Cid y los diputados señores Patricio Melero , Miguel Mellado , Leopoldo Pérez , Guillermo Ramírez y Gastón Von Mühlenbrock ; en contra lo hicieron los diputados señores Giorgio Jackson , Cosme Mellado , Manuel Monsalve , José Miguel Ortiz y Marcelo Schilling . Se abstuvo el Presidente accidental, diputado Pablo Lorenzini .

El Ejecutivo recordó que la estimación del gasto fiscal presentada en el informe financiero se hace cargo, en ese punto, solo de la indicación propia, y lo aprobado abre un plazo mayor de incertidumbre que incrementará el gasto, puesto que se deberá considerar toda una logística para la custodia de los elementos a ocupar el día de la elección anticipada, por lo que calificó la modificación incorporada de inconstitucional.

En definitiva, la Comisión de Hacienda aprobó, en los mismos términos propuestos y del modo que se señala en el informe respectivo, las normas sometidas a su conocimiento y recomienda a la Sala proceder del mismo modo.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, hasta por seis minutos, el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON [vía telemática].-

Señor Presidente, el presente proyecto se inició en una moción liderada por la diputada Andrea Parra . Se zanjó el punto de dejar fuera el voto por correo y se decidió abocarse solo al voto anticipado, como existe en muchas democracias modernas, para que la gente puede sufragar, al igual como lo hace hoy, de manera personal y secreta en el lugar de votación, pero algunos días antes.

Las conversaciones previas avanzaron muy bien, porque iban en dos sentidos: si el voto anticipado debía ser universal y los días de anticipación.

Claramente, una semana de anticipación es lo más razonable, no solo porque va en la línea de lo establecido en otras democracias, sino también porque lo que busca el voto anticipado es motivar o incentivar la participación y no solo descongestionar los locales de votación, como pareciera ser el objetivo de la propuesta del Ejecutivo, al que hay que agradecer, porque se sumó a un proyecto que no estaba en la agenda del gobierno.

En definitiva, la propuesta del Ejecutivo establece que se vote el viernes previo a la elección, es decir, en un día hábil, lo que, por cierto, no cumple con la esencia del objetivo de un voto anticipado, que es incentivar la participación de aquellos grupos que tienen dificultades para votar, ya sea laborales, familiares o de salud, y no solo de aquellos grupos como los adultos mayores o personas con cierto grado de discapacidad, que también necesitan facilidades. Lo que busca el voto anticipado es que todos aquellos que no pueden votar un día domingo, lo puedan hacer el domingo anterior, a fin de incentivar la participación.

Previamente había amplios acuerdos al respecto, pero la verdad es que la propuesta del Ejecutivo fue bastante conservadora y, lamentablemente, no pudimos llegar a un acuerdo en ese sentido, porque la iniciativa involucra recursos públicos, los que deben ser gastados de manera eficiente, y, si queremos lograr ese objetivo, debemos asegurarnos de que la gente participe con el voto anticipado y, para ello, por lo menos, debemos establecerlo una semana antes, como ocurre en las democracias más modernas, si lo vamos a hacer de manera limitada.

Si el voto anticipado es un viernes, un día hábil, lo más probable es que para las personas no revista mayor diferencia votar un viernes o un domingo y no se inscriban para votar con anticipación. Por lo tanto, muy pocas personas estarán inscritas, pero de igual manera deberán abrir los locales de votación, aunque haya uno o dos inscritos por comuna, lo cual sería una mala utilización de los recursos públicos.

Lo anterior va a traer como consecuencia que el Congreso Nacional y la ciudadanía van a concluir que el voto anticipado no resulta. ¡Obviamente, no resultará si se hace con dos días de anticipación!

Suiza, país que el otro día el ministro puso de ejemplo, es una de las pocas naciones que establece dos días de anticipación -la mayoría es una semana o cinco días-, pero el voto allí es universal. Si el voto fuera universal, dos días antes es distinto, porque la posibilidad de que se inscriban más personas es mucho mayor, pero no así si el voto es limitado, como ahora.

En el proyecto quedó establecido que la votación anticipada tendrá lugar entre el decimocuarto y el octavo día anterior a la jornada electoral. Esperemos que sea con una semana de anticipación, que no involucra mayores gastos, porque se trata de costos indirectos, costos colaterales. El Tribunal Constitucional ha señalado muchas veces que las iniciativas parlamentarias que involucren costos colaterales o indirectos no serán declaradas inadmisibles, porque la iniciativa exclusiva del Presidente es una facultad restrictiva, limitada.

Los recursos están. Como el resguardo de las urnas se extenderá por más tiempo, los recursos que se destinen para ello serán mayores. En tal sentido, la indicación presentada por la diputada Andrea Parra es absolutamente admisible.

Cabe señalar que habrá un padrón especial. Para votar anticipadamente, los electores deberán inscribirse ante el Servicio Electoral entre los noventa y sesenta días anteriores a la elección o plebiscito respectivo. Podrán inscribirse para votar anticipadamente los electores que tengan 65 años o más de edad, las mujeres embarazadas, las personas que tengan algún tipo de discapacidad, los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, entre otros. Se trata de una norma muy importante, que apunta a la esencia del voto anticipado.

Se aprobó una indicación de la diputada Catalina Pérez , que señala que podrán inscribirse para votar anticipadamente los electores que trabajen fuera del área urbana en que se encuentra emplazado su lugar de votación, o se encuentren sujetos a las jornadas de trabajo que establece el artículo 38 del Código del Trabajo, así como las personas que, por padecer una enfermedad, no puedan acudir al local de votación. Esa circunstancia deberá estar debidamente acreditada por un médico. Se trata de personas a las que votar el domingo antes de la elección les puede generar una gran diferencia. También destaco el hecho de que no precluya el derecho a votar si la dificultad que se invoca para votar anticipadamente se subsana antes de que se efectúe la elección.

Solo me queda agradecer a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, y al Ejecutivo, por participar y sumarse a este proyecto. Espero que hoy la iniciativa se apruebe por amplia mayoría y se siga robusteciendo nuestro sistema electoral…

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez .

La señorita PÉREZ (doña Catalina ) [vía telemática].-

Señor Presidente, con este proyecto de voto anticipado estamos pagando en parte una deuda que el sistema político mantiene con miles de chilenos y chilenas que están, en algunos casos, completamente imposibilitados de sufragar, dadas sus condiciones materiales, laborales o de movilidad.

¿En qué consiste este proyecto?

Este no es un voto postal o electrónico, sino presencial. Es el mismo voto que hemos ejercido y que continuamos ejerciendo, marcando nuestra alternativa y depositando el sufragio en una urna, pero es anticipado, porque se ejerce antes del día oficial de la elección. Eso es todo. No constituye un cambio sustancial, como sí me hubiese gustado. En su minuto este proyecto también consideraba, por ejemplo, el voto electrónico, para hacernos cargo de una realidad con la que creemos que hoy este proyecto queda corto, pero sin duda es un gran primer paso para facilitar el derecho a sufragio.

Los aspectos en disputa fueron dos. En primer lugar, la fecha en que se desarrolla la elección y los grupos de personas habilitadas para sufragar anticipadamente. El gobierno propuso que el voto anticipado se ejerciera el viernes anterior a la elección, es decir, dos días antes de que se efectuara la misma. A mi juicio, se trataba de una propuesta que resultaba tan irreal que, incluso, diputados oficialistas de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización la rechazaron, porque no ayudaba a nadie. No tenía sentido gastar millones de pesos para que la gente fuera a votar el viernes en vez del domingo de la misma semana. Esa propuesta no se hacía cargo de la realidad de los trabajadores y trabajadoras de la minería, que evidentemente, por sus turnos 7 por 7 o 4 por 4, simplemente no podrían concurrir a votar ni el viernes ni el domingo, con lo cual se conculcaba el ejercicio del derecho a voto.

Por ese motivo, la comisión llegó al acuerdo de proponer un plazo de entre 8 a 14 días para votar en forma anticipada. Eso permite cubrir los casos que mencioné, para que efectivamente se ejerza el voto anticipado. Eso no quiere decir que la elección se lleve a cabo entre 8 y 14 días de manera sucesiva, sino que se realizará durante uno de los días que se escoja en ese tramo.

El otro punto en disputa se relacionaba con los grupos que pueden acceder al voto anticipado. Quedaron seis grupos: las mujeres gestantes; las personas con discapacidad; los trabajadores y trabajadoras por faenas o temporeros que trabajan fuera del área urbana o de su lugar de votación, o que por las características de su contrato o de su jornada laboral no pueden asistir el día de la votación a ejercer su derecho a sufragio; los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública; las personas con enfermedades que les impidan ir al local de votación, y los adultos mayores de 65 años. Quedaron fuera algunos grupos que nos hubiese encantado incorporar, en particular las personas privadas de libertad.

Acá quiero ser muy clara. ¿Saben mis colegas parlamentarios que las personas privadas de libertad que cumplen prisión preventiva o penas inferiores a tres años y un día están legalmente habilitadas para votar y que, por lo tanto, el Estado vulnera su derecho a voto al no entregar las condiciones para que lo hagan? Esta es una deuda que el Estado de Chile mantiene con las personas privadas de libertad, respecto de las cuales, lamentablemente, no logramos hacernos cargo en este proyecto. Se renovó una indicación para incluirlas, dado el rechazo de que fue objeto en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. Ojalá en esta Sala podamos actuar más allá del populismo y aprobemos la indicación que he mencionado, la que, insisto, viene a pagar una deuda histórica que el Estado de Chile mantiene con estas personas que hoy, sin ninguna justificación, no pueden ejercer su derecho a sufragio.

También quedaron fuera los chilenos y chilenas que viven en el exterior, que si bien pueden votar, muchas veces tienen que recorrer muchos kilómetros para hacerlo. Esta no es una discusión que hayamos sostenido en particular en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, aunque me hubiese gustado que así ocurriera. Espero que en el Senado se aborde el tema, de modo de incluir a esas personas en los beneficios del proyecto. Pese a lo que algunos consideran, ellos no son chilenos y chilenas de segunda categoría.

Hace algunos meses, cuando discutimos la reposición del voto obligatorio, varias diputadas y varios diputados se manifestaron en contra, porque -lo recuerdo muy bien- consideraban que no se puede obligar a las personas a participar en un proceso democrático y que había que facilitar el voto para combatir la abstención electoral. Algunos decían que había que hacer una mejor oferta. Espero que todos quienes sostuvieron ese discurso en aquel momento voten favorablemente este proyecto, porque, justamente, facilita el voto de personas que no pueden o les es muy difícil votar.

Solo me queda agregar que ojalá el gobierno se comprometa de verdad con el proyecto y que pueda aplicarse en las elecciones de abril. La iniciativa comenzó a tramitarse en agosto del año pasado, es decir, hace cinco meses. La oposición tuvo toda la voluntad para llegar a acuerdos; cedimos en varios puntos de la discusión para llegar a entendimientos, como el voto postal; sin embargo, las propuestas que nos han presentado, a mi juicio, no han demostrado un gran compromiso…

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señorita diputada. Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas , hasta por 2 minutos y 22 segundos.

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, qué duda cabe de que la participación en los procesos electorales ha ido en decadencia y que ello se ha convertido en un problema de muchas democracias. La intención de este proyecto es aumentar la participación de las personas en las elecciones, sobre todo de quienes padecen dificultades, como los adultos mayores, las embarazadas, las personas con dificultades para desplazarse y las personas que cumplen cuarentenas.

En síntesis, la iniciativa se hace cargo de algo que otros países ya han desarrollado: me refiero a la votación anticipada. Lamentablemente, no se hace cargo de lo que también ya existe en otros países, como Australia, Corea y España, esto es, de la votación por correo. Son materias que todavía quedan por mejorar en el marco de nuestra democracia, la que queremos cada vez más participativa y con más acceso a las personas.

Quiero rescatar que el proyecto pone énfasis en lo sanitario, pues entrega la posibilidad a los adultos mayores de votar con anticipación. Lo digo porque la situación sanitaria todavía no estará resuelta para las elecciones de abril. Por ello, invito a todos a apoyar el proyecto.

Me hubiese gustado que, en vez de las Fuerzas Armadas, se incluyera a las personas y los equipos de salud, que están habitualmente de turno cuando se efectúan las elecciones, así como a tantas reparticiones públicas que también cumplen turnos en los días de elecciones.

Esas son cosas que quedaron fuera del proyecto. Quizá puedan reponerse en la sucesiva tramitación.

Este proyecto viene a facilitar el voto de las personas que, por su incapacidad o por problemas de movilidad, no tienen la posibilidad de votar. Por lo tanto, lo vamos a apoyar con toda la energía.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Molina .

El señor MOLINA (vía telemática).-

Señor Presidente, valoro este proyecto, que, como recordó la diputada Catalina Pérez , lleva más de seis meses de tramitación.

En esta oportunidad me voy a referir a los temas más discutidos, en los que no ha habido un consenso, que tienen que ver con la antelación con que se debe hacer la votación.

Al respecto, considerando que podamos ofrecer una votación para el día viernes en que puedan votar los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad, las embarazadas, los grupos de trabajadores de áreas rurales, las personas enfermas, y que además se construya un padrón a través del cual conoceremos previamente a las personas que estarán autorizadas para votar ese día viernes, creo que la programación de los locales se podrá hacer perfectamente.

¿Dónde está el problema? Claramente, de acuerdo con el Ejecutivo, hacer la votación anticipada el día viernes, con la fuerza militar entrando el jueves en la tarde para custodiar los locales, permite que las urnas queden resguardadas. Por un momento, imaginemos que la votación anticipada se hace el domingo anterior a la elección general -normalmente, muchas personas tienen problemas los domingos y, por lo tanto, el viernes les va a venir mejor-. En ese caso, habría que resguardar las urnas en los mismos locales o sacarlas de los locales, porque se trata de colegios, y, probablemente, no se podrá hacer uso de la totalidad de ellos durante una semana, con los riesgos que eso significa. Imagínense que en Chile se pierdan las urnas. De eso se trata cuando el Ejecutivo plantea la preocupación de mantener nuestro sistema eleccionario; lo hace porque realmente tenemos que ir paso a paso.

Es muy importante que entendamos que la oportunidad de votar el viernes, con el local ya custodiado y con esos grupos de la población que van a constituir un padrón setenta días antes, con el cual la gente va a poder programarse para ese día viernes, es un paso muy relevante. Si todos nos ponemos a trabajar duro, tendremos listo esto en abril. Por consiguiente, no pongamos piedritas en el camino, para que este proyecto realmente cumpla con el rol sanitario.

En ese sentido, hago un llamado para que se entienda que aquí se ha dado un paso importante, el cual, sin duda, significa recursos. No nos engañemos ni sigamos con la misma cantinela, porque solo tenemos atribuciones para cumplir con lo que juramos. Si las elecciones se inician una semana o catorce días antes eso implica recursos.

Por consiguiente, creo que tenemos que tratar de sacar adelante el proyecto con el viernes como día de votación anticipada, para llevar a votar a esos grupos de la población y, de esa forma, aumentar el número de votantes.

Reitero que a muchos no les acomoda el domingo. Estoy seguro de que el hecho de que la votación anticipada se realice el viernes aumentará el número de votantes, lo que, al final, producirá lo que queremos: tener una democracia mucho más representativa.

Estamos a favor de aprobar el proyecto en esas condiciones.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna) [vía telemática].-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a todos los colegas.

Como Presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, quiero dar nuestras condolencias a la diputada Andrea Parra , quien no pudo rendir el informe por estar en una difícil situación. Ella es autora de este proyecto y nos invitó a firmarlo de manera transversal. También hemos defendido esta iniciativa de manera transversal.

Asimismo, agradezco al gobierno la voluntad que ha tenido de abrirse a la idea de apoyar esta iniciativa. Me hubiese gustado que el apoyo fuera con mayor antelación. Eso nos habría permitido, junto con el Senado, ofrecer a la ciudadanía una alternativa antes del receso parlamentario. Lamentamos que esa tardanza ponga en cuestionamiento el hecho de aplicar en abril un compromiso del ministro Pérez respecto del proceso constituyente, donde no pudieron instalar el voto anticipado o, al menos, abrir la posibilidad de generar un espacio para que las personas con covid-19 o que eran contacto estrecho pudieran votar.

La Comisión de Gobierno Interior quiso en su minuto poner todos esos antecedentes para perfeccionar la democracia y la representatividad en este año que será muy complejo, por todas las elecciones que vamos a tener. Dicho sea de paso, la comisión y las diputadas que firmaron los proyectos sobre voto por correo postal y por correo electrónico, los retiraron con el afán de facilitar lo que quería el gobierno: el voto anticipado presencial y en urnas. Eso se hizo.

El Servicio Electoral (Servel) también concurrió con todas sus observaciones, pero, lamentablemente, no todas fueron consideradas. Sin embargo, quisimos avanzar de manera transversal, y es lo que hoy proponemos a la Sala.

Por eso, creo que, si bien estamos en el primer trámite constitucional, estamos avanzando; estamos incorporando a los grupos objetivo que definió el gobierno, pero también estamos abriendo una ventana a las personas que están en faenas en lugares alejados o de temporada, que hoy no podrían votar ni el viernes, ni el sábado ni el domingo. Por eso, estamos estableciendo esa posibilidad al igual que muchos países a nivel internacional, porque estudiamos la jurisprudencia comparada en esta materia. Además, el Servel también señala que es mucho mejor de esa manera.

Creemos que también es importante abrir una ventana a las personas privadas de libertad, porque es un deber del Estado facilitar el acceso y el derecho al sufragio, y hoy nuestro país está incumpliendo aquello.

El proyecto se puede mejorar de muy buena manera, pero quiero ser muy clara en cuanto a que la Comisión de Gobierno Interior, de manera unánime, ha tenido toda la voluntad de avanzar y perfeccionar la democracia, escuchando al Ejecutivo con su informe presupuestario, que llegó recién este martes -no había presentado el informe, y lo esperamos-. Sobre esa base tomamos la decisión.

Por eso, de manera responsable, pido a la Cámara de Diputados aprobar el proyecto, y al gobierno, trabajarlo con el Senado, con la rapidez que se necesita para que en abril tengamos elecciones anticipadas.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI (vía telemática).-

Señor Presidente, este proyecto surgió de mociones a las que el gobierno se sumó a través de una indicación sustitutiva, en cumplimiento de lo establecido en el programa de gobierno del Presidente Piñera.

Su texto establece de manera específica la forma en que se pretende operar con la modalidad de voto anticipado, con los plazos, con la constitución del padrón y con el rol del Servel.

Su objetivo principal es habilitar a determinados grupos para que puedan votar de manera anticipada, con el objetivo final y transversal de aumentar la participación de los electores en todos los procesos electorales que se realicen desde hoy en adelante.

¿Quiénes podrán votar? El proyecto establece, específicamente y de manera taxativa, una serie de grupos que podrán hacer uso de dicha modalidad, donde se incluyen nuestros adultos mayores, personas de 65 años de edad o más, mujeres embarazadas, personas con alguna discapacidad y que cuenten con la respectiva certificación, asignatarios de la pensión de invalidez, miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, personas que trabajen fuera del área urbana en que se encuentre emplazado su lugar de votación, o que se encuentren sujetas a jornadas de trabajo especiales, y personas que padezcan alguna enfermedad y no puedan acudir al lugar de votación, lo cual deberá estar debidamente acreditado por un médico.

Una de las principales discusiones se produjo en relación con las personas privadas de libertad, grupo que no fue incluido en este proyecto de ley. Sin embargo, se alude a ellas en un inciso del artículo 74 ter, del cual hemos solicitado votación separada, y que no vamos a votar favorablemente, toda vez que se establecen procedimientos y se fijan normas especiales para regular el funcionamiento de las mesas y la votación de ese grupo; es decir, se regula una materia para un grupo específico de personas que no fue incorporado dentro de la ley, sin perjuicio de la reserva de constitucionalidad que hizo el Ejecutivo durante la tramitación en la comisión, toda vez que, por una parte, ese procedimiento electoral sería fijado a través de normas de rango no legal, y, por otra, se busca definir un procedimiento para que las personas privadas de libertad puedan votar anticipadamente, pero no para que puedan votar en la elección definitiva.

El proyecto establece que se podrá votar en un solo día, entre el día 14 y el 8 anterior, sin perjuicio de la reposición de una indicación del Ejecutivo para que el plazo específico sea el viernes anterior.

No todos estos grupos podrán ir a votar, sino que se requerirá una inscripción específica dentro de los sesenta a noventa días antes de la elección, la que podrá ser por vía electrónica o a través de las oficinas del Servel, organismo que definirá la nómina de quienes podrán sufragar de manera anticipada.

También se establecen nuevas facultades respecto de los plazos para la constitución de las mesas receptores de sufragios, y sobre los procedimientos de selección de apoderados de mesa. De acuerdo con el proyecto, el escrutinio se realizaría conjuntamente con el resto de las mesas, y, al igual que en las demás elecciones, el resguardo de los locales de votación se mantendría bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.

Por lo tanto, creo que este es un gran paso y que estamos avanzando derechamente. Lo hacemos de una manera seria, porque, en tan corto tiempo, esto puede generar errores, problemas o incluso fraudes.

Como he planteado, el proyecto establece grupos muy determinados, con lo cual se cumple con el doble objetivo de alcanzar una mayor participación en los procesos electorales y de que, al mismo tiempo, esta sea más segura en el marco de la pandemia.

Existe un compromiso, expresado en un artículo transitorio, referente a que los plazos que he planteado no se exigirían en la elección que se llevará a cabo en abril, toda vez que el plazo establecido es de 15 días desde la publicación de la ley.

Por lo tanto, esto no queda sujeto a la mera voluntariedad de un grupo político o de otro, sino que avanzamos con un criterio de realidad y, sobre todo, con participación, que esperamos que se haga de manera totalmente seria.

Queremos reguardar la certeza del voto y, sobre todo, los procesos eleccionarios limpios y ejemplares, de los cuales nuestro sistema electoral siempre nos ha permitido sentirnos orgullosos en el pasado y esperamos que también en el futuro.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull .

El señor ROCAFULL.-

Señor Presidente, en primer lugar, en nombre de la bancada del Partido Socialista, quiero entregar las condolencias a nuestra compañera la diputada Andrea Parra por el fallecimiento de su padre.

El proyecto de ley que estamos discutiendo tiene varias motivaciones -alguien mencionó que se está tramitando desde agosto del año pasado-, y tiene que ver con el momento que vivimos en relación con la pandemia. También tiene que ver con una cosa sumamente importante: a raíz del estallido social y de la votación que se obtuvo en el plebiscito para el proceso constituyente, quedó de manifiesto que la gente quiere canales de participación, independientemente de que el voto sea voluntario. Por lo tanto, el Estado debe dar garantías para que los chilenos puedan ejercer tal derecho, lo cual, obviamente, debe ser un avance en nuestra legislación.

Planteamos desde un comienzo la necesidad de establecer el voto por correo para los casos de personas imposibilitadas de salir de su casa, por ejemplo, por tener covid-19, que no podrán ir a sufragar, y para otra serie de situaciones que impiden que las personas vayan a votar en forma presencial.

Existe otro grupo de personas -es lo que estamos tratando hoy- que por diversas razones no podrán hacerlo ese día, y la Comisión de Gobierno Interior se abrió a trabajar con el Ejecutivo para elaborar un proyecto que dé respuesta a ello. No obstante, en el Ejecutivo no hemos encontrado eco. El Ejecutivo se ha abierto a ampliar el plazo de la votación hasta un día antes, pero el Servel, que es el organismo técnico en esta materia, ha dicho que no tiene sentido hacerlo por uno o dos días antes. El Servel sabe de este tema y tiene antecedentes para afirmarlo. En la comisión expuso muy bien sus fundamentos técnicos.

Por lo tanto, nos parece importante que la extensión del plazo para votar sea de una semana. Pero acá nos encontramos con otra restricción. Nosotros no estamos por un día ni por dos antes de la elección, sino por una semana o catorce días antes. Sin embargo, el Ejecutivo dice: “O aprueban lo mío o hago reserva de constitucionalidad”. Es decir, debemos aprobar solamente lo que el Ejecutivo pide. Nos parece que no es lo justo.

El informe financiero, al que Hacienda podrá referirse -el diputado Auth podrá decirlo-, tampoco da cuenta realmente de esas dos alternativas.

Quiero concluir mi intervención diciendo que nosotros, no muy entusiasmados, vamos a apoyar este proyecto, pero lo apoyaremos con la esperanza de que mejore, porque tiene mucho que mejorar.

La gente espera mucho más que esto. Esta iniciativa no tiene que ver con las expectativas que dio el subsecretario en algún momento a través de los canales de televisión, en el sentido de que esta sería una gran oportunidad para la ciudadanía, para que pudiera votar en otro día. Eso ha sido muy difundido. Pero, en términos concretos, este proyecto no da las facilidades que debiera; no existirá la posibilidad de que realmente la gente vote en forma anticipada. Hay que hacerse cargo de eso. Hay que decir al Ejecutivo que también existen las temporeras, los temporeros y los trabajadores de las empresas mineras, que no cumplen labores en el mismo lugar en que residen. Por lo tanto, hay que hacerse cargo de lo que hoy es nuestro país.

En resumen, espero que este proyecto reciba mejoras sustantivas, porque debemos avanzar en la forma en que los chilenos puedan ejercer su derecho a sufragar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, ya discutimos este proyecto en general, cuando apuntaba a las decenas de miles de personas que tenían derecho a voto, pero el Estado no podía garantizarles ese ejercicio, mediante el traslado de las urnas a hospitales y cárceles, para que pudieran ejercer ese derecho que la Constitución Política les otorga.

Sin embargo, resulta que la indicación presentada por el Ejecutivo no apunta a resolver el problema de enfermos y presos sin condena, sino que está orientada a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y Orden y a un grupo determinado de adultos mayores. Felizmente, en la Comisión de Gobierno Interior se agregaron otros grupos con dificultades para concurrir el día de la elección.

O sea, lo que se está proponiendo es un voto presencial a dos días de la elección. La comisión propone, en cambio -concuerdo con ella-, que sea un día entre el día decimocuarto y el día octavo previo a la elección, es decir, verdaderamente anticipado, porque lo que propone la indicación del gobierno no es voto anticipado, es más bien voto fragmentado.

Por supuesto, votaré a favor en general este proyecto, como entiendo que ya lo hicimos, porque es una buena iniciativa, pero quiero votar en contra del artículo transitorio que establece condiciones especiales para aplicar esta ley el día 11 de abril.

Fíjense que estamos definiendo, en el último día de sesión legislativa, una cuestión que incidirá en la elección que tiene lugar en setenta días más. Probablemente, este proyecto se convertirá en ley en la segunda semana de marzo, es decir, a treinta, treinta y dos o treinta y tres días de la elección, normativa que obligará al Servel a levantar una plataforma electrónica, a construir un padrón, a establecer locales en todo Chile y a informar, entre el viernes y el domingo, quiénes fueron los que votaron el viernes para que no puedan hacerlo nuevamente el domingo.

Nosotros, en la Comisión de Hacienda, consultamos al director del Servel si podía asegurar la impecabilidad del proceso electoral del 11 de abril, quien nos contestó de manera categórica que el Servel, en ese plazo breve de tiempo, era incapaz de asegurar la impecabilidad de la elección. ¡Pero resulta que la elección del 11 de abril es la elección más importante de los últimos cincuenta años de la historia de Chile!

¡Yo no estoy dispuesto a votar para generar incertidumbre del resultado, para debilitar a ese organismo público que hoy, por lo demás, es autónomo! ¡Nosotros no podemos hacer una reforma contra el Servel! ¡Por favor, no incurramos en la irresponsabilidad de que luego de que el Servel nos dijo que le resultará muy difícil asegurar la impecabilidad del proceso, resulta que nosotros, treinta días antes de la elección, le impondremos una modificación de las reglas del juego!

Si se trata de descongestionar la elección, ¿por qué, ministro Ossa , no dispone la realización de la elección desde el sábado al domingo? Efectivamente, las personas se van a demorar en votar cuatro veces más de lo que se demoraron en el plebiscito, pero modificar condiciones a treinta días de la elección, que es lo que va a ocurrir la segunda semana de marzo, me parece una irresponsabilidad del Ejecutivo, de la que yo, por lo menos, no voy a ser cómplice.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO (vía telemática).-

Señor Presidente, luego de escuchar al diputado informante, al ministro y a los colegas que han intervenido, me da la impresión de que en nuestro país tuviéramos voto obligatorio. La verdad es que esa es la impresión que me queda.

Quiero recordar que cuando se discutió en Sala la posibilidad de tener voto obligatorio, yo voté a favor. Lo hice porque hoy menos del cuarenta por ciento de los chilenos que estamos habilitados para votar vamos a sufragar cuando corresponde.

Estamos preocupados de los que están privados de libertad y no pueden votar, en circunstancias de que la gran mayoría, que gracias a Dios estamos en libertad y podemos ir a votar, muchas veces no lo hacemos, porque no queremos.

Sin embargo, hoy nos queremos dar un gustito y gastar más o menos tres mil millones de pesos para tener un voto anticipado.

Escuché decir en esta Sala que el bono que reciben los microempresarios y pequeños empresarios no corresponde, y que debe ser más alto. Asimismo, escuché, hace poco rato, a parlamentarios de todos los colores políticos, incluso del nuestro, decir que los trabajadores cesantes deben tener un sueldo asegurado para no salir de su casa a generar contagios de la covid-19, para lo cual les debemos entregar recursos. No obstante, quiero señalar que los recursos, que son de todos los chilenos, también se agotan. Nosotros tenemos la suerte de tener, durante cuatro años, un contrato muy bien pagado, de manera que podemos decir: “Gastemos en cada elección tres mil millones de pesos; si no es tanto. Eso va en beneficio de la comunidad, para que la gente pueda ir a votar”.

Quiero señalar que votaré en contra este proyecto. ¿Sabe por qué? Porque en el Congreso Nacional estamos actuando, una vez más, igual que un circo pobre, donde el mago saca del sombrero cualquier cosa parecida a una paloma para que lo aplaudan.

Creo que a sesenta días de una elección no podemos hacer algo de lo cual mañana nos vamos a arrepentir. Hemos votado muchas leyes respecto de las que a la semana o al mes de haberlas aprobado estamos discutiendo cómo borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Este proyecto apunta hacia allá, estimados colegas.

En verdad, lamento que el Ejecutivo se haya sumado a este proyecto, aunque ya no me extraña, pues baila al ritmo que la oposición le toca.

En serio, esto implicará dar más trabajo y más obligaciones a Carabineros de Chile y a las Fuerzas Armadas, que deberán resguardar las urnas y los locales de votación.

Quiero hacer una pregunta referida a un aspecto que no he escuchado, con el objeto de que me la clarifiquen los colegas que intervendrán después, o usted, señor ministro, por su intermedio. Aquellos trabajadores que se desempeñan en faenas que se encuentran fuera de sus regiones y de sus comunas, si se aprueba el voto anticipado, ¿serán autorizados para viajar a sus comunas a votar? Si no es así, no entiendo cómo va a operar el sistema.

Creo que estamos errando una vez más. Hacemos siempre gárgaras -disculpen el término- con lo que pasó en la votación para exigir una nueva Constitución y se señala que los chilenos hablaron. ¡Pero los chilenos dijeron que distribuyéramos bien los recursos que son de todos! Pero este caso es la excepción. Tenemos que gastar dos mil ochocientos millones o tres mil millones de pesos en cada elección, y este año y el próximo tenemos varias elecciones. ¿Nuestro país y nuestras arcas están en condiciones de soportar ese gasto? Me gustaría que me den una respuesta a esa pregunta, porque yo no la tengo.

En consecuencia, repito que votaré en contra este proyecto, porque creo que no es lo que los chilenos quieren. En el caso de los adultos mayores, de nosotros los adultos mayores, porque yo tengo ya más de 65 años de edad, el día de la elección presidencial y de parlamentarios, cada cuatro años, estamos tempranito preparándonos para ir a votar, porque somos responsables y queremos votar bien.

Menos del 40 por ciento vota en todas las elecciones, de todo ámbito. En este caso, no veo cuál será diferencia.

Se dice: “¡Veamos la situación de las embarazadas!”. Pero si las embarazadas también van a votar. Quiero recordar que los adultos mayores, los discapacitados y las embarazadas fueron a votar para el plebiscito. Lo hicieron porque todos los motivamos para que concurrieran a votar, tanto los que estábamos a favor del rechazo como los que estaban a favor del apruebo. Bueno, hoy tenemos los resultados con las personas contagiadas.

Lamento mucho que sigamos dando estos tristes espectáculos, que estemos sacando leyes para el aplauso fácil y que sigamos dilapidando los recursos de todos los chilenos.

¡Más vacunas; se requieren más vacunas! Insto al gobierno a que invierta más plata. ¿Cuántas vacunas podríamos comprar con esos tres mil millones de pesos? ¿Cuántos recursos podríamos entregar a los trabajadores que están cesantes producto del estallido social del 18 de octubre; después, del estallido delincuencial y, hoy, de la pandemia? ¿Esos cesantes estarán de acuerdo con que dilapidemos los recursos? Yo creo que no.

Al concluir mi intervención, quiero insistir en que votaré en contra este proyecto, aunque sea el único que lo haga.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señor Presidente, contribuir a la participación a partir de modalidades que faciliten el acceso para ejercer el derecho a sufragio es, sin duda, el objetivo tremendo que busca lograr este proyecto.

El enriquecimiento de la democracia se da en virtud de una mayor injerencia ciudadana en los procesos de toma de decisión, lo que, no cabe duda, contribuye de manera significativa a la representatividad y vinculación entre la opinión ciudadana y el poder político. En este sentido, el universo de personas consideradas en esta iniciativa para acceder al voto anticipado dentro del plazo propuesto ofrece una oportunidad a aquellos que, por determinados motivos o circunstancias, no pueden ejercer tales derechos políticos.

Lo que veo es una oportunidad de fortalecer el sistema eleccionario de nuestro país en aras de incluir a la mayor cantidad de votantes potenciales; lo que veo es una oportunidad para aquellos que, por ejemplo, se sienten desplazados y relegados. Por tanto, esta es una oportunidad de integrar y aportar a nuestra democracia.

Al respecto, citaré un ejemplo. En Villa Alemana conocí un caso especial, el de don Víctor Franco , a quien le he manifestado mi admiración, ya que con más de 85 años concurre sagradamente a votar cada vez que hay elecciones, pero no exento de complicaciones por el desplazamiento y las dificultades propias de su avanzada edad. Ejemplos como el de don Víctor deben haber muchos, y a través de él manifiesto mi respeto a todas aquellas personas adultas mayores que ejercen su derecho político, a pesar de todo.

Este proyecto tiene como espíritu facilitar el voto de personas adultas mayores, de personas que tengan problemas de diversidad funcional o se encuentren en situación de discapacidad, entre otros casos, sobre quienes tenemos la responsabilidad, como Congreso, de propender a dar la mayor participación posible, creando las condiciones materiales para un ejercicio pleno de sus derechos, siendo el voto anticipado una modalidad que avanza en ese sentido.

Lamento que los plazos nos hagan dudar respecto de la aplicación de la futura ley para las elecciones de abril y que el debate se haya extendido tanto por indicaciones del gobierno, y, por ende, que nos encontremos ante la posibilidad del retraso de su implementación.

Por otra parte, agradezco a mi compañera de bancada y amiga Andrea Parra por invitarme a impulsar este proyecto.

Finalmente, quiero señalar que es importante incorporar a todos y todas, con el objetivo claro de tener una mejor democracia.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Raúl Saldívar .

El señor SALDÍVAR (vía telemática).-

Señor Presidente, sin duda, sobrevinieron cambios importantes a raíz de la pandemia. Entre otras cosas, hoy día hay trabajo telemático, estudio a distancia, reuniones telemáticas permanentes para tratar diversos temas, lo que antiguamente se hacía de manera directa.

Indiscutiblemente, cambios como esos también se hacen necesarios en los ámbitos político, de la democracia, de los derechos de las personas a vivir en una sociedad en la que tengan participación, pero no una concurrencia limitada a ciertos aspectos de la vida, sino extensiva también a participación en la toma de decisiones, en el crecimiento, en el progreso del país, en fin.

En ese sentido se presentó este proyecto, que tuvo su origen en una moción, pero la verdad es que desde hace seis meses que se viene conversando. Era indispensable que el Ejecutivo tomara parte en esto, porque las modificaciones legislativas propuestas requerían su determinación.

Sin embargo, lamentablemente, se generó una tensión, en el sentido de que las propuestas del Ejecutivo no son cercanas a las ideas que están en la médula de la iniciativa, que dicen relación con el universo de votantes y la oportunidad en que se vota.

Señalo lo anterior, porque lo que el Ejecutivo plantea en realidad no es precisamente un voto anticipado, sino lo más parecido a la ampliación del período de votación. Originalmente, presentó una propuesta que ampliaba la votación en veinticuatro horas más, vale decir, que el día previo a que se celebrara una jornada electoral era la oportunidad para el llamado “voto anticipado”, lo cual, como es evidente, ni conceptualmente ni en la realidad corresponde a un voto anticipado, sino -reitero- a una ampliación del período de votación. Por consiguiente, la proposición del Ejecutivo no reunía las condiciones requeridas para responder al requerimiento en cuestión.

Asimismo, en dicha propuesta el universo de electores no da cuenta de quiénes realmente requieren el voto anticipado: trabajadores con sistema de turnos, personas privadas de libertad y quienes por distintas otras razones están limitados para concurrir a los locales de votación el día específico en que se celebra determinada elección, y, por tanto, requieren con anticipación el espacio necesario para ejercer el derecho. De lo contrario, empiezan a ser parte de los cálculos que se realizan respecto las personas que están ausentes de los procesos electorales. Sin embargo, esa no es la situación de quienes no votan por irresponsabilidad. Si bien el voto es voluntario, eso no significa que se pueda desdeñar, porque, en la práctica, el acto de votar envuelve un compromiso: el deber con el país; no se trata de algo tan superficial, como que “si yo quiero, voto”. Lo que se sustrajo en su minuto fue precisamente la sanción por no sufragar; pero, desde el punto de vista ético, ello sigue siendo una responsabilidad de cada ciudadano. Eso es indiscutible, entendiendo la razón que da fundamento a toda democracia.

En consecuencia, reitero que creo que se generó una tensión en la tramitación de este proyecto, por las diferencias que se manifiestan entre la posición del Ejecutivo y la de la comisión. Y ello, tal como lo expliqué en su momento, también se ve afectado por el hecho de que el subsecretario señaló que hará reserva de constitucionalidad.

Entonces, el proyecto está amenazado -digámoslo claramente-, y, por eso, es importante aprobarlo, porque no me cabe ninguna duda de que este es el comienzo de un proceso irreversible para seguir modificando, en el sentido de perfeccionarlo, el sistema electoral, respecto del cual hoy muchos chilenos se enorgullecen, pues tiene pocos problemas. No podemos negar que nuestro sistema electoral tiene problemas, aunque son muy pocos; pero todavía puede dar el ancho para seguir sirviendo de mejor forma a los intereses, los derechos y la voluntad de los chilenos de poder manifestarse a través del voto, como una condición esencial para sostener, mantener, multiplicar y enriquecer la democracia que nuestro país necesita.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores García .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, este proyecto, que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, para habilitar el voto anticipado a aquellos electores que por distintas razones, sean de salud, de movilidad o de trabajo, tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de votación, de verdad es una ayuda para que disminuya este proceso creciente de abstenciones en cada proceso electoral.

De aprobarse el proyecto, ¿quiénes estarán habilitados para poder anticipar el voto entre catorce y ocho días previos a la elección? Las personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas, las personas con algún tipo de discapacidad, los miembros de las Fuerzas Armadas y las policías, quienes laboran fuera del área urbana en trabajos esenciales y otros, y las personas que padecen enfermedades que les impiden acudir al local de votación.

Me parece tremendamente simple la justificación de esta iniciativa, y hay que apoyarla, para dar facilidades a aquellos electores que no pueden llegar a los respectivos locales de votación para que puedan realizar este voto anticipado, autorizado previamente por el Servel, para lo cual se obliga a la persona a inscribirse antes.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

El diputado Celso Morales se había inscrito para intervenir, pero, al parecer, tiene problemas para conectarse de forma remota. No hay más inscritos.

Cerrado el debate

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, corresponde tratar en forma conjunta el proyecto de ley, iniciado en moción, que prorroga por un año la vigencia de las licencias de conducir que expiren durante el año 2021, y el proyecto de ley, iniciado en moción, que prorroga la vigencia de las licencias de conducir.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, para su discusión se otorgarán cinco minutos para hablar a favor y cinco minutos para hablar en contra.

Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones respecto del proyecto boletín N° 14031-15 es el señor René Manuel García .

Antecedentes:

-Moción, boletín N° 14031-15, sesión 135ª de la presente legislatura, en jueves 21 de enero de 2021. Documentos de la Cuenta N° 10.

-Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Documentos de la Cuenta N° 18 de este boletín de sesiones.

-Proyecto del Senado, boletin N° 14005-15. Documentos de la Cuenta N° 12 de este boletín de sesiones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado informante.

El señor GARCÍA (don René Manuel) [vía telemática].-

Señor Presidente, es un agrado poder compartir con usted el último proyecto del año legislativo. Me alegra tremendamente, porque fue muy atinada esta sesión en día viernes. Creo que todos estamos muy contentos: no interrumpió nada y fue muy agradable.

A continuación, pasaré a leer la minuta.

En nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, me corresponde informar el proyecto de ley, iniciado en una moción de las diputadas señoras Sofía Cid y Alejandra Sepúlveda , y de los diputados señores René Alinco, Juan Antonio Coloma, Iván Flores , Harry Jürgensen , Nicolás Noman , Diego Paulsen , Leopoldo Pérez y Cristóbal Urruticoechea , en primer trámite constitucional y reglamentario, sin urgencia.

I.- Constancias reglamentarias previas

1.- Idea matriz o fundamental del proyecto.

Consiste en postergar hasta el 2022 la fecha de control de la licencia de conducir a los conductores que les haya correspondido realizar el trámite de renovación durante los años 2020 o 2021, quienes podrán hacerlo hasta el día y mes señalado en su licencia vigente, pero del año 2022.

2.- Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado.

No hay.

3.- Trámite de Hacienda.

No precisa.

4.- El proyecto fue aprobado en general por unanimidad. Votaron a favor la diputada señora Jenny Álvarez y los diputados señores René Alinco, René Manuel García , Félix González , Iván Norambuena , Leopoldo Pérez e Iván Flores .

II.- Antecedentes

Señor Presidente, la comisión recordó que Chile y el mundo están enfrentando al virus covid-19, la pandemia que llegó durante los primeros meses de 2020 a nuestro país y que ha ocasionado un lamentable total de más de 677.000 casos confirmados y más de 17.500 fallecidos, a la fecha actual. Tal situación obligaba a adoptar grandes resguardos para evitar los contagios, siendo las principales recomendaciones el evitar entrar en contacto con otras personas, mantener una distancia social mínima de un metro, usar mascarillas, lavarse regularmente las manos, entre otras instrucciones que han sido impartidas tanto por la Organización Mundial de la Salud como por nuestro Ministerio de Salud.

La experiencia de este año enfrentando el covid-19 ha provocado un cambio radical en la vida cotidiana, ya que las personas no se pueden reunir con sus familiares ni menos con amigos o realizar con normalidad los trámites que frecuentemente realizaban, entre otras restricciones.

Ahora la vida se rige en gran parte conforme a las normas del plan Paso a Paso, en el que se avanza o retrocede según cómo se encuentra la situación sanitaria en la comuna o lugar donde se vive.

Por ende, la realización de trámites presenciales se ha tornado un problema, ya que durante el 2020 se han visto aglomeraciones en bancos, en el cobro de las pensiones de vejez, en el pago de los permisos de circulación, entre otras gestiones de tipo presencial, lo que, por cierto, en este tiempo representa un peligro para la salud.

Por tal motivo, durante el año pasado, mediante la aprobación de un proyecto de ley, se postergó el vencimiento de las licencias de conducir que correspondía renovar en 2020.

Discusión del proyecto

A)Discusión general

En consecuencia, por los razonamientos dados, la comisión, en forma unánime, consideró del todo necesario no solo postergar la fecha de control de las licencias que corresponde realizarse en el presente año, sino incluir además las que debían realizarse en 2020, que se puedan efectuar durante 2022, todo ello siempre que lo hagan hasta el día y mes señalado en la licencia vigente, pero en el año 2022.

El proyecto fue aprobado en general por unanimidad.

Votaron a favor la diputada señora Jenny Álvarez y los diputados señores René Alinco, René Manuel García , Félix González , Iván Norambuena , Leopoldo Pérez e Iván Flores .

B)Discusión particular Artículo único.

Este artículo, que preceptúa que se prorroga por un año la vigencia de la ley Nº 21.222, aplicándose también a todas las licencias de conducir cuyo control corresponda realizarse durante 2021, y que los beneficiarios de la prórroga señalada y de la ampliación que se aprueba por la presente iniciativa podrán realizar el trámite de renovación hasta el día y mes señalado en la licencia vigente, pero del año 2022, fue aprobado por unanimidad, sin cambios.

Votaron a favor la diputada señora Jenny Álvarez y los diputados señores René Alinco, René Manuel García , Félix González , Iván Norambuena , Leopoldo Pérez e Iván Flores .

Por último, señor Presidente, se hace presente que se acordó, por unanimidad, sustituir el título del proyecto de ley en estudio por el siguiente:

“Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto de ley que prorroga por un año la vigencia de la ley Nº 21.222, aplicándose también a todas las licencias de conducir cuyo control corresponda realizar durante el año 2021. Los beneficiarios de la prórroga señalada en la referida disposición y de la ampliación que se aprueba por la presente ley, podrán realizar el trámite de renovación hasta el día y mes señalado en la licencia vigente, del año 2022”.

La comisión recomienda votar favorablemente este proyecto y despacharlo lo más luego posible, para que pueda ser ley antes de marzo.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Se han inscrito diputados de cuatro Comités Parlamentarios para la discusión de este proyecto, por lo que se otorgarán dos minutos y medio a cada uno.

Aprovecho la oportunidad para indicar a los jefes de los Comités Parlamentarios y de las bancadas que antes de comenzar las votaciones nos deben hacer llegar los nombres de quienes intervendrán en Incidentes.

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Harry Jürgensen .

El señor JÜRGENSEN (vía telemática).-

Señor Presidente, en abril de 2020, cuando en Chile comenzamos a enfrentar esta pandemia, junto con otros colegas diputados y diputadas presentamos un proyecto para prorrogar la vigencia de las licencias de conducir por un año, de modo que las licencias que vencían en 2020 lo harían en 2021. Si bien dicha iniciativa ya se convirtió en ley, nos encontramos en enero de 2021 y la pandemia aún está muy presente.

Claramente, todos entendemos que retomar actividades normales que antes eran cotidianas y parte de la vida de cada uno no es posible por el momento, y no solo por los riesgos de contagio de covid-19 a los que nos exponemos al acudir a distintos lugares, sino también por las cuarentenas y otras restricciones que ha establecido la autoridad para impedir el incremento en los contagios, lo que, en muchos casos, impide cumplir con este tipo de trámites, como el de renovación de la licencia de conducir, ya que debemos hacer todo lo posible por evitar trámites presenciales y, así, evitar a su vez, al menos en parte, que haya más contagios.

Entendiendo esa lógica, hace unos días les escribí a los colegas que me habían acompañado en la firma del proyecto de abril del año pasado para presentar un proyecto que se hiciera cargo del problema para 2021. Así fue como acordamos ingresar un proyecto que extenderá hasta 2022 la vigencia de la licencia de conducir a las que les correspondía ser renovadas en 2020 o en 2021.

En simple, de aprobarse este proyecto, una persona a la que le correspondía renovar su licencia de conducir, por ejemplo, el 5 de mayo de 2020 o de 2021, tendrá plazo para renovarla hasta el 5 de mayo de 2022. Eso, sin perjuicio de que si quiere hacer el trámite ahora, también lo puede hacer.

Señor Presidente, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, instancia que entendió la importancia y urgencia de este proyecto, y lo discutió rápidamente, para que nosotros podamos revisarlo hoy en la Sala.

Espero que el proyecto sea aprobado por unanimidad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES.-

Señor Presidente, este proyecto, de autoría del diputado Harry Jürgensen , y suscrito por los diputados de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, busca resolver un problema que desde el año pasado se viene arrastrando producto de la pandemia.

Esta iniciativa beneficia a mucha gente que trabaja con su propio camión, camioneta, bus, taxi colectivo o transporte escolar, que por distintas razones, sanitarias o de orden económico, no han podido renovar su licencia de conducir.

Esto ya pasó en 2020, y seguramente se repetirá en 2021. Entonces, lo que se hizo fue cortar por lo sano y tomar todos los casos de quienes no pudieron renovar su licencia en 2020, agregando los que no lo podrán hacer en 2021, prorrogando todas las licencias de conducir hasta el día de su vencimiento en 2022. Cabe recordar que el día de vencimiento corresponde al día del cumpleaños de cada una de las personas que poseen licencia, por lo que en mi caso, por ejemplo, tendría que renovar la licencia de conducir en junio de 2022. Entonces, la iniciativa permite aplazar la renovación de la licencia hasta el 2022.

Hay que aprobar este proyecto, aun cuando tengamos un proyecto parecido en el Senado.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG (vía telemática).-

Señor Presidente, valoro el proyecto del diputado Harry Jürgensen , porque permite prorrogar en un año el plazo para renovar la licencia de conducir para todo tipo de vehículos, lo que es tremendamente importante dada la situación de pandemia, en que lo que tenemos que hacer es evitar las aglomeraciones y dar facilidades a las personas para que puedan postergar estos trámites.

Reitero: el proyecto contempla la prórroga de la vigencia de la licencia respecto de todo tipo de vehículos, con lo cual también se incluye a conductores de camiones y de vehículos de transporte, lo que significa un gran avance y una facilidad para ellos.

Felicito al diputado Harry Jürgensen , al diputado René Alinco , Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y a todos sus integrantes, quienes tramitaron rápidamente este proyecto para que pueda ser ley a la brevedad posible.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, el proyecto de ley presentado en abril de 2020 buscaba solucionar el problema de quienes veían que sus licencias de conducir vencían ese mismo año. Finalmente, como la pandemia se ha prolongado y nadie esperaba que esto sucediese, hoy se presenta un proyecto que extiende hasta el 2022 la vigencia de las licencias para todo tipo de vehículos.

Rescato el proyecto porque va en la línea de todos los documentos obligatorios que se tienen que renovar, y pienso que el Estado, el gobierno, debería hacer lo mismo en otros ámbitos, de manera de evitar las aglomeraciones, la presencia de muchas personas en espacios cerrados, y así disminuir la movilidad.

Eso es lo que debemos lograr este año, porque la pandemia, por lo menos hasta que termine el proceso de vacunación, que será con posterioridad al segundo semestre, lamentablemente va a estar presente, por lo que es necesario disminuir la realización de diversos trámites.

Invito a aprobar este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre estos proyectos de ley en los siguientes términos:

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica el Código de Procedimiento Civil, para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles, en juicios de precario y de terminación de arrendamiento y de comodato.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán siete minutos a las bancadas que tengan dos o más Comités, y cinco minutos a quienes conformen un Comité.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Gonzalo Fuenzalida .

Antecedentes:

-Moción, sesión 58ª de la legislatura 367ª, en martes 6 de agosto de 2019. Documentos de la Cuenta N° 41.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Documentos de la Cuenta N° 16 de este boletín de sesiones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor FUENZALIDA, don Gonzalo (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento informo sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles, en juicios de precario y de terminación de arrendamiento y de comodato.

Este proyecto se inició en moción de quien habla, junto con la diputada Paulina Núñez y el diputado Matías Walker .

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en establecer un procedimiento más dinámico para que el arrendador pueda, en los supuestos y con los requisitos que el proyecto establece, recuperar el bien raíz arrendado, a lo que se agrega obtener el pago de las sumas que por concepto del contrato de arrendamiento se le adeudan.

Durante la discusión del proyecto, la comisión escuchó en calidad de invitados a los profesores de Derecho Procesal Civil señores Cristián Maturana y Jorge Larroucau , y a la señora Rossana Vargas , presidenta de la Asociación de Arrendatarios.

Fruto de la discusión, y del aporte de los juristas mencionados, la comisión aprobó una indicación sustitutiva que modifica la ley N°18.101, que Fija Normas Especiales sobre Arrendamiento de Predios Urbanos.

Primeramente, se incorpora una nueva norma relativa a los juicios de arrendamientos de predios urbanos en general, que permite que el juez ordene la restitución anticipada de un inmueble y el lanzamiento del arrendatario demandado, con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario, en aquellos casos en que el arrendador quiere recuperar su inmueble por haberse destruido este parcialmente o haber quedado inutilizado para su uso producto de la acción u omisión del arrendatario en su cuidado. Se trata de una situación específica en que será necesario acreditar solo la existencia de una presunción grave del derecho que se reclama, dado que se trata de una situación urgente. Por lo mismo, se faculta al juez a exigir caución al demandante, quien pide esta restitución, con cargo a la cual se indemnizará al arrendatario demandado de los perjuicios sufridos con el lanzamiento si la sentencia definitiva del juicio no lo condenare a su restitución.

Se deroga el artículo 10 de la ley N° 18.101, que regula la terminación del arrendamiento por falta de pago de la renta, por cuanto se incorpora un nuevo título a esta ley sobre arrendamiento de predios urbanos, que establece un procedimiento monitorio para el cobro de las rentas de arrendamiento.

En este nuevo procedimiento monitorio, el demandante, junto con solicitar el pago de las rentas impagas, más gastos comunes y de consumo adeudados, y la restitución del inmueble arrendado, solicitará que se requiera al deudor para que dentro del plazo de diez días corridos pague las rentas y deudas por gastos comunes y de consumo adeudadas, como las que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda, más los intereses y costas que correspondieren, y, para el caso de que el deudor no pagare o no compareciere o no formulare oposición, se le tenga por condenado al pago de la obligación reclamada y se materialice el lanzamiento en la forma prevista en la ley.

Si se presenta la demanda sin cumplir con los requisitos formales previstos en la ley, el tribunal dispondrá que se subsanen los defectos en un plazo no superior a diez días; si no lo hiciere, se tendrá por no presentada y se procederá al archivo de los antecedentes.

Si el tribunal estimare que la demanda no puede ser admitida a tramitación por carecer de jurisdicción o de competencia absoluta, existencia de litispendencia, por inexistencia, falta de capacidad o representación de una de las partes, manifiesta falta de legitimación para actuar u otro defecto que afecte la existencia, validez o eficacia del proceso, lo declarará de plano, siempre que consten en forma manifiesta del expediente o se funden en hechos de pública notoriedad, expresando los fundamentos de su decisión. En contra de la resolución que declare inadmisible la demanda monitoria no procederá recurso alguno, salvo la reposición ante el mismo tribunal. En todo caso, el demandante podrá utilizar el procedimiento declarativo general de la ley N° 18.101.

Si el juez estima que la demanda monitoria cumple con todos los requisitos legales, dictará una resolución acogiéndola y ordenando que se requiera de pago al deudor para que en el plazo de diez días corridos cumpla con su obligación. En la misma resolución se establecerá que en el evento de que el deudor no pagare, o no compareciere o no formulare oposición, se le tendrá por condenado al pago de la obligación reclamada y se dispondrá su lanzamiento, y de los otros ocupantes del inmueble, en un plazo no superior a diez días contados desde que la respectiva resolución se encuentre firme y ejecutoriada o cause ejecutoria. Esta resolución tendrá la fuerza de sentencia definitiva firme y servirá de título suficiente para su ejecución.

Practicada la notificación del demandado se le tendrá por formulado el primer requerimiento de pago; el segundo requerimiento se entenderá formulado transcurridos cinco días de la notificación de la demanda, entendiéndose que ambos requerimientos se han verificado por el solo ministerio de la ley.

El procedimiento monitorio de cobro de rentas de arrendamiento terminará si, antes del vencimiento del plazo previsto para la oposición, el deudor procediere al pago total requerido.

Dentro del plazo legal, el demandado podrá oponerse a la demanda señalando los fundamentos de hecho y de derecho de las alegaciones y excepciones que opone. En su escrito, el deudor deberá acompañar los documentos y señalar todos los demás medios de prueba de que se valdrá en el juicio declarativo posterior, no pudiendo en el nuevo procedimiento producir ni ofrecer otros medios de prueba, salvo las excepciones legales.

El juez podrá desestimar la oposición y seguir adelante con el procedimiento monitorio como si esta no se hubiere verificado, cuando las alegaciones o excepciones deducidas por el demandado, o los medios de prueba señalados, carecieran de fundamento plausible, o cuando los antecedentes no fueren señalados de conformidad al inciso primero.

Si el deudor opusiere únicamente alguna excepción dilatoria que, generalmente, tiende a corregir un vicio del procedimiento, en caso de ser acogida alguna de las excepciones dilatorias opuestas, el tribunal ordenará subsanar los defectos, si es posible. Si la excepción acogida no admite ser subsanada, se pondrá término al procedimiento monitorio.

Rechazadas las excepciones se le tendrá por condenado al pago de la obligación y el demandado deberá pagar lo adeudado y restituir el inmueble.

Formulada oposición fundada en otras excepciones, el tribunal declarará terminado el procedimiento monitorio. Con todo, la oposición del demandado configurará y delimitará necesariamente el objeto del juicio declarativo posterior de arrendamiento que decidiere iniciar el demandante, no pudiendo discutirse en él sobre otras cuestiones diversas a la existencia de la obligación y a las alegaciones y excepciones planteadas por el deudor en el procedimiento monitorio.

En el procedimiento monitorio solo será apelable, en el solo efecto devolutivo -sin paralizar el juicio-, la resolución que se pronuncie respecto de la oposición del deudor.

Se establece que las normas serán aplicables, en lo pertinente, a la acciones de comodato precario que persiguieren la restitución del inmueble y a la acción de precario establecido en el artículo 2195 del Código Civil. Asimismo, se contempla que el ejercicio de estas acciones no será aplicable bajo la vigencia de algunos de los estados de excepción constitucional establecidos en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de la República.

Se reemplaza el artículo 20 de la ley de arrendamiento de predios urbanos. Esa norma establece que en los contratos de arrendamiento regidos por esa ley que no consten por escrito, se presumirá que la renta será la que declare el arrendatario. La norma que la reemplaza dispone que en los contratos de arrendamiento regidos por esa ley que consten por escrito, las firmas de los contratantes serán autorizadas por notario público, quien deberá solicitar los títulos que habiliten al arrendador a ceder el uso del inmueble respecto del cual recaiga el contrato. En ese caso, esos contratos autorizados ante notario constituirán antecedente suficiente para ejercer la demanda monitoria conforme a lo previsto en el artículo 18 A. Se agrega que cuando los contratos no constaren por escrito, se presumirá que la renta será la que declare el arrendatario.

Finalmente, el artículo segundo del proyecto modifica el artículo 680 del Código de Procedimiento Civil, relativo al juicio sumario, excluyendo del mismo el comodato precario que pasa a regirse por el procedimiento monitorio.

La comisión aprobó la mayor parte de este proyecto por unanimidad y propone a la Sala la aprobación del proyecto en la misma forma.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Matías Walker Prieto .

El señor WALKER (vía telemática).-

Señor Presidente, agradezco al diputado Gonzalo Fuenzalida , integrante de nuestra Comisión de Constitución, por haber presentado este proyecto y por invitarnos a varios a suscribirlo. Por cierto, le dimos aprobación en la comisión.

Este proyecto es muy importante. Los propietarios de bienes inmuebles que lo han pasado muy mal, con malos arrendatarios que destruyen inmuebles otorgados en arrendamiento o en comodato precario, han acuñado la expresión “devuélveme mi casa”, porque, como sabemos, aun cuando se trata de procedimientos sumarios, finalmente los juicios de arrendamiento se pueden dilatar por la presentación de excepciones dilatorias. Incluso, hay muchos que obtienen un fallo favorable, pero aún así es muy difícil obtener el lanzamiento judicial del mal arrendatario.

Este proyecto, que hemos presentado junto al diputado Gonzalo Fuenzalida , incorpora, dentro de las medidas precautorias establecidas en el Código de Procedimiento Civil, la posibilidad de pedir la restitución anticipada del inmueble, en caso de destrucción del mismo, o en el evento de que se haya hecho un daño tal que impida que el inmueble sirva para el fin arrendado. Se trata de una situación específica en que será necesario acreditar solo la existencia de una presunción grave del derecho que se reclama, dado que se trata de una situación urgente. Por lo mismo, se faculta al juez a exigir caución al demandante que pide la restitución, con cargo a la cual se indemnizará al arrendatario demandado de los perjuicios sufridos con el lanzamiento, si es que la sentencia definitiva del juicio no lo condenare a su restitución.

El proyecto establece un procedimiento monitorio para el cobro de las rentas de arrendamiento, a través del cual el demandante puede solicitar el pago de las rentas impagas, más gastos comunes y de consumo adeudados. Se trata de un procedimiento muy simplificado. Destaco en esto el apoyo que tuvimos del profesor de derecho procesal civil Cristián Maturana , quien nos ilustró respecto del contenido del proyecto.

Hay un tema que generó discusión y que dice relación con la no aplicabilidad de esta norma bajo los estados de excepción constitucional, como el que hoy enfrentamos. Es un tema complejo, porque si bien adoptamos como regla general el criterio de que dentro del estado de excepción se impide el lanzamiento de personas de la casa habitación que ocupan a cualquier título, también es cierto que hay muchos propietarios que no han podido obtener, en el contexto de la pandemia, la restitución de sus inmuebles. Sé que es una materia controvertida. Voté a favor la indicación que propuso el diputado René Saffirio , pero otros se abstuvieron. Es un tema que deberemos resolver hoy a través de la votación.

Lo importante es que respecto de las normas permanentes -lo que acabo de señalar se consigna en un artículo transitorio- se establece un procedimiento mucho más rápido y simplificado, con el objeto de que los propietarios puedan obtener la restitución anticipada de su inmueble. Como he señalado, se trata de un procedimiento mucho más expedito para exigir el pago de las rentas de arrendamiento adeudadas.

Me siento orgulloso del trabajo que hemos llevado a cabo en la Comisión de Constitución, en donde hemos legislado los proyectos del Ejecutivo, pero también mociones, independientemente de la militancia política del autor, tal como lo hemos hecho con este proyecto del diputado Gonzalo Fuenzalida .

Me alegro de que la Mesa haya puesto en tabla esta iniciativa, ya que trata una materia que muchos propietarios de inmuebles y arrendadores nos habían pedido abordar. Ellos se han organizado y agrupado. Por ello, es muy importante que les podamos dar una respuesta aprobando, ojalá por unanimidad, este proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO (vía telemática).-

Señor Presidente, como señaló el Presidente de la Comisión de Constitución, en el transcurso del debate del proyecto -aunque aprobamos todas las normas propuestas por la iniciativa prácticamente de modo transversal-, presenté una indicación que tenía por objeto, en los casos de comodato precario o de precario, no permitir que se lleven a efecto lanzamientos bajo la vigencia de algunos de los estados de excepción constitucional establecidos en los artículos 39, 40 y 41 de nuestra Carta Fundamental, particularmente durante los estados de asamblea y de catástrofe, este último en plena vigencia.

La ciudadanía podría percibir que una indicación de estas características es muy compleja, debido a que estaría poniendo freno al lanzamiento de personas que no pagan o que se apropian indebidamente de bienes durante los estados de excepción. Sin embargo, el argumento no es otro que haber puesto en la balanza dos bienes jurídicos fundamentales y atribuir a uno de ellos preeminencia sobre el otro. Los dos bienes jurídicos que estaban en juego, en el minuto en que debatíamos el proyecto, eran el derecho de propiedad, evidentemente salvaguardado y protegido por la propia Constitución, y el derecho a la vida y a la salud pública, bajo la vigencia de un estado de catástrofe por pandemia de carácter mundial. Entonces, puestos en la balanza ambos bienes jurídicos -por un lado, la propiedad y, por otro, la vida y la salud pública-, resultaba demasiado riesgoso para la vida y la salud pública, respecto de la cual todos debemos tener un compromiso férreo, permitir que durante este estado de catástrofe se produjeran lanzamientos que permitieran que las personas que se vieran expuestas a este tipo de acciones dispuestas por los tribunales de justicia se transformaran en agentes que pudieran difundir aún más la pandemia que estamos viviendo.

Por ello, me pareció apropiado presentar una indicación, que afortunadamente fue aprobada por la Comisión de Constitución, con la cual queda de manifiesto que el derecho a la vida y el derecho a preservar la salud pública en un estado de catástrofe decretado a partir de una pandemia -es decir, de una situación extrema desde el punto de vista sanitario- tienen preeminencia sobre el derecho de propiedad. Esa es la razón por la cual la Comisión de Constitución, afortunadamente, aprobó la indicación que presenté durante el debate y que hoy se somete a la consideración de esta Sala.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, una de las situaciones que los arrendadores o dueños de alguna propiedad sufren a diario ante el no pago de las remuneraciones o la toma ilegal de sus terrenos es que se ven expuestos a largos juicios, sin lograr recuperar sus terrenos. En ese marco, buscando algún tipo de solución que logre disminuir los plazos de los procedimientos para recuperar las propiedades, llega este proyecto de ley, que me parece interesante, en orden a obtener la restitución anticipada de los inmuebles.

En ese sentido, hay que reconocer el trabajo que desarrolló el diputado Gonzalo Fuenzalida para buscar una solución en términos procedimentales que beneficiara a los dueños de las propiedades, quienes -insisto- pasan años y años sin recuperarlas.

Hemos escuchado montones de historias tristes y dramáticas de personas a las que han tomado sus terrenos y no pueden hacer uso de ellos, así como también de inescrupulosos que arriendan los terrenos tomados o piezas en esas viviendas, mientras los dueños miran, con desazón, desde afuera de las puertas de sus casas. Claramente, con este proyecto generaremos un procedimiento absolutamente acotado en el tiempo, que va a permitir dar una solución a esta grave problemática.

Por otra parte, debo señalar que hay un tema que me tiene medio complicado, que dice relación con la indicación que se incorporó, a la cual acaba de hacer referencia el diputado Saffirio . El problema es que existe una colisión entre el derecho de propiedad y el derecho a la salud, los que se encuentran claramente en un conflicto muy fuerte, porque en la indicación se señala que, mientras haya un período de excepción constitucional, no se podrá llevar adelante ningún lanzamiento. Eso puede implicar un grave problema para aquellas personas que están esperando, con mucha fuerza y esperanza, la devolución de sus terrenos, toda vez que, mientras se alarga el período de excepción constitucional, ese derecho será ilusorio. Por eso, la indicación me complica, pero debo decir que, en términos generales, la tramitación de este proyecto y el procedimiento establecido en sus normas son un gran aporte para el derecho civil de nuestro país y para aquellas personas que sufren a diario por sinvergüenzas que se toman sus casas o que no pagan los arriendos y se mantienen por años viviendo en sus propiedades.

Considerando que el proyecto pasará a segundo trámite constitucional, espero que esos pequeños detalles sean salvados en la discusión que se desarrollará en el Senado. En mi caso particular, votaré a favor el proyecto presentado desde la Comisión de Constitución.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Molina .

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, escuché al diputado Marcos Ilabaca hacer mención al tema de las tomas ilegales de terrenos. Él señaló que era bueno que este proyecto estuviera caminando, para lograr de manera rápida un proceso que permita al dueño recuperar su propiedad, el cual, aunque probablemente tendrá que contratar un abogado y asumir los costos, en un plazo acotado podrá hacerse de su propiedad. Pero, lamentablemente, este proyecto habla de terrenos urbanos y deja afuera a los terrenos rurales.

Aquí claramente cabe hacer mención a lo que está sucediendo en la Región de La Araucanía en relación con el derecho de propiedad. Me refiero a personas que, en el conservador de bienes raíces, tienen inscritos terrenos, a los que no pueden acceder porque se encuentran tomados. Quizás la toma puede haberla hecho alguna comunidad mapuche o una mezcla de personas que se aprovechan de la situación y de una o dos personas mapuches que son utilizadas. Lo importante en esos casos es que se trata de propiedades con dominio inscrito por la institucionalidad, por el Estado de Chile.

Por lo tanto, me encantaría que este proyecto se ampliara a los bienes agrícolas. Si realmente hablamos de legalidad y de Estado de derecho, corresponde que esos bienes entren en esta discusión, porque lo que he comentado está pasando hace varios años en nuestra región, donde hay personas desesperadas que deben seguir pagando contribuciones y no tienen acceso a sus campos.

Sin embargo, escondemos la cabeza y decimos que ahí hay un problema ancestral. Entonces, reconozcamos que se trata de propiedades con un dominio vigente inscrito en el conservador de bienes raíces y que fueron pagadas. No estoy hablando de usurpaciones de predios que no se han pagado y que no se han inscrito. ¡No! Estoy hablando de lo que ocurre en la gran mayoría de los casos: de terrenos que están inscritos a nombre de sus propietarios -campos que ellos o sus padres pagaron- que hoy no tienen derecho a usarlos, porque están siendo usurpados. Esas tomas se producen prácticamente todos los días en nuestra región.

Esa es una situación que se ha ido generalizando en muchos bienes públicos, donde hay poca claridad respecto de qué autoridad debe pedir los desalojos. Como esa usurpación no tiene una pena de cárcel, sencillamente escondemos la cabeza, tratando de justificar esa situación como tema histórico.

Creo que esta es una oportunidad. Hace algunos meses se presentó una indicación para asignar una pena de cárcel a la usurpación, la cual fue aprobada en esta Cámara de Diputados y rechazada en el Senado.

Este proyecto pasará a segundo trámite constitucional. Espero que asumamos el compromiso de que sean respetados los predios rurales y urbanos inscritos en el conservador de bienes raíces, porque estamos en un Estado de derecho que debemos respetar. Por lo tanto, hablamos de los derechos de aquellas personas que están desesperadas, porque tienen predios que están siendo usurpados u ocupados, por los que siguen pagando contribuciones. No hablo de propietarios con dinero, porque algunos piensan que estoy hablando de dueños de grandes predios. ¡No, señores! En Malleco los predios son de treinta o cuarenta hectáreas; valen bastante menos que una casa en cualquier comuna de la Región Metropolitana, y a sus propietarios hoy los tenemos insertos en la pobreza y obligados a salir de su predio. Son cientos quienes están en esa condición en la comuna de Malleco.

Espero que podamos hacer ese cambio.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Karim Bianchi .

El señor BIANCHI (vía telemática).-

Señor Presidente, no iba a intervenir, pero a raíz de lo que señaló el diputado Saffirio , quiero hacer un punto y llevarlo a un ejemplo práctico.

En primer lugar, valoro este proyecto, porque da impotencia ver cómo alguien se apropia de lo ajeno, sin que se pueda hacer nada, porque la justicia es lenta o porque no se tienen los recursos para pagar a un abogado.

Mucha gente paga sus dividendos a través del cobro de un arriendo, o vive de este ingreso. Hay distintos tipos de dueños.

También se produce una situación con las notarías, en el sentido de que, a veces, se arriendan bienes ajenos y no hay ningún control respecto de si realmente existe o no la propiedad, lo que es otro problema.

Pero, en particular, con la indicación -como dijo el diputado Ilabaca - también me parece que se produce una colisión entre el derecho de propiedad y el derecho a la vida, porque podemos mirar este último solo desde un lado. Y cuando digo que voy a ejemplificar, me refiero a que voy a citar el caso de la señora Rosa , quien ayer, en calle Club Hípico, en Punta Arenas, me dijo: “Mire, diputado, a raíz de todo esto que está pasando no me pagan el arriendo justamente tomándose -porque la persona sigue trabajando- de este tema de la pandemia, que no digo que sea generalizado, pero en este caso particular así ha sido. Entonces, yo vivo de eso. Tengo una pensión de 140.000 pesos y vivo de ese extra del arriendo, y no tengo cómo comer y no tengo cómo comprar lo básico”.

Entonces cuando hablamos del derecho a la vida no solo lo hacemos desde el punto de vista del arrendatario; también hay mucha gente que vive del pago del arriendo.

Por lo tanto, la solución puede pasar por que el Estado ayude a las personas que no pueden pagar el arriendo. Pero tampoco podemos colisionar ambos derechos, porque creo que el derecho a la vida lo tienen ambas partes; el derecho a la propiedad es del arrendador, quien también tiene la justa razón de vivir o de no atrasarse en el pago de sus dividendos.

Por lo anterior, estoy en contra de la indicación que hace el diputado Saffirio -hago mención de ello y lo ejemplifico-, porque así como le ocurre a la señora Rosa , quien me lo señaló ayer, también hay muchas personas que en este período no han podido sobrevivir, y se colisiona el derecho a la vida justamente por el no pago del arriendo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Gonzalo).-

Señor Presidente, quiero partir mi intervención citando un mensaje que me llegó a las redes sociales de un adulto mayor, cuyo nombre es Patricio, quien me dice: “ Don Gonzalo , buenas tardes. Soy un adulto mayor que no puede recuperar su casa arrendada a personas jóvenes que hace siete meses no pagan. Estoy viviendo en una pieza, ya que no puedo usar mi vivienda. Estas personas no pagan la luz ni el agua; además, adentro tengo todas mis cosas. Sé que se está promoviendo una ley, y mientras esto no se resuelva, estos tipos van a seguir riéndose de mí. Gracias”.

Este no es un mensaje violento; es un mensaje desesperado, es un mensaje de alguien que lo está pasando mal. Eso es lo que motivó este proyecto de ley. Es un anhelo de justicia respecto de un principio básico en una sociedad, que es base de la convivencia de nuestro país, que está consagrado en la Constitución y que estoy seguro de que también lo estará en la nueva Carta Fundamental, cual es el respeto al derecho a la propiedad, el derecho a disponer de ella cuando no se han respetado las obligaciones que entre dos ciudadanos se dieron mutuamente o cuando alguien ocupa un bien raíz sin un derecho.

Este proyecto busca resolver un drama social que ocurre todos los años a miles de chilenos y chilenas. Nuestro sistema de justicia civil recibe más o menos 60.000 demandas de restitución y desalojo al año. Esta tramitación toma entre un año y un año y medio en resolverse. Además, el arrendador tiene que contratar a un abogado. Finalmente, recibe un inmueble con deudas de gastos comunes y de servicios básicos, y, muchas veces, destruido.

Por eso, con este proyecto buscamos que el hecho de que se configuren causales de no pago de la renta, de los gastos comunes o de los servicios básicos sea argumento suficiente para que el arrendador pueda contar con un procedimiento rápido y convenga de plazo al arrendatario para que en diez días pague o justifique por qué no está pagando. Si el arrendatario no lo hace, podrá restituírsele el bien raíz al arrendador -sea departamento o casa-, con la acción de la fuerza pública si fuese necesario.

Para los casos en que haya destrucción del inmueble o en que haya una ocupación ilegítima, el arrendador o el dueño, cuando presente la demanda, también podrá solicitar al juez la restitución anticipada, provisoria, dado que el daño que le está causando ese destrozo es algo que no puede seguir permitiéndose en el tiempo, ya que cuando termine el juicio el daño será mayor. Finalmente todo esto va a ser decidido por el criterio del juez cuando se le justifiquen esas hipótesis de daños.

Otro punto que quiero señalar y que también surgió en la discusión en la Comisión de Constitución, pero que fue perdiendo fuerza precisamente cuando recibimos el testimonio de Rossana Vargas, presidenta de la Asociación de Arrendadores Unidos, que representa a miles de chilenos y chilenas que no han podido recuperar hace años sus bienes, fue que este no es un proyecto que va en beneficio directo de los grandes rentistas que tienen cientos de propiedades -sin duda alguna van a ocupar esta ley en proyecto-, porque tienen corredores de propiedades, abogados, y cuando arriendan un bien raíz solicitan al arrendatario sus antecedentes comerciales, un aval, cauciones y cumplen con todas las formalidades legales; en el fondo, hacen un contrato escrito. Este proyecto no está pensado para ellos, sino para personas como don Patricio , a quien mencioné al principio de mi intervención, que no cuentan con corredores de propiedades o abogados, que arriendan directamente y que muchas veces lo hacen sin contrato, o sea, de forma verbal, sin pedir ningún antecedente y que hoy viven afligidos porque no saben cómo desalojar a ese arrendatario. El proyecto es para quienes de buena fe entregan su bien raíz a un arrendatario que lo ocupa y luego se aprovecha con un uso indefinido y gratuito, porque sabe que va a demorar mucho para que lo saquen.

Finalmente, agradezco al gobierno por haber entendido este drama de miles de personas y por haber puesto suma urgencia al proyecto. También agradezco a todos los parlamentarios que integran los Comités, porque permitieron que hoy sea votado, para que pase al Senado y, de esa forma, se pueda solucionar pronto un problema que afecta a muchos chilenos y chilenas -tal como han dicho otros diputados-, especialmente a adultos mayores, quienes complementan su pensión e ingresos con el arriendo de su casa o departamento propio que adquirieron con el trabajo de toda su vida. Para arrendar su propiedad, esas personas tuvieron que cambiarse a un departamento más pequeño. Sin embargo, cuando los arrendatarios no les cumplen con el pago del arriendo y cuando, más encima después de un procedimiento largo, logran desalojar a esas personas, se tienen que enfrentar a las deudas que estas dejaron, que muchas veces son millonarias.

Este drama, que en reiteradas ocasiones hemos visto por televisión y que muchas veces nos ha llegado a los correos para que hagamos algo al respecto, es real.

Este es de los proyectos a los que llamo proyectos ciudadanos, porque resuelven problemas del Chile de hoy, pues la ley -nadie se fija en ello- permite la impunidad, permite ocupar inmuebles, permite no pagar el arriendo, porque todos sabemos que los tribunales se van a tomar un tiempo prolongado, de un año o un año y medio, para desalojar a esas personas.

Creo que con este proyecto comenzaremos a corregir esta situación. Ojalá se tramite rápidamente en el Senado para que se convierta pronto en ley y así dar una ventana a las personas que hoy lo necesitan de manera urgente. Probablemente, se comenzará a aplicar, si Dios quiere, cuando el estado de catástrofe no esté en vigencia.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

Tiene la palabra, señor diputado.

El señor GARÍN (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de las provincias de Melipilla, Maipo y Talagante, tierra de los Carrera, permítame expresar mi más profunda gratitud por haber sido parte de este Congreso Nacional.

Durante nuestro largo proceso de independencia, esos quince años que transcurrieron desde la detención del rey hasta el exilio de O’Higgins, esta fue tierra de asilo contra la opresión. Hasta aquí llegaron inmigrantes de toda América Latina y del mundo a forjar una república. Uno de ellos, un guatemalteco, Antonio José de Irisarri , más conocido simplemente como Irisarri, se hizo famoso por sus cartas a nuestros padres de la independencia, entre ellos, Camilo Henríquez , el editor de los primeros diarios: La Aurora de Chile y El Monitor Araucano.

En una de esas cartas, Camilo Henríquez recibe el mensaje del guatemalteco Irisarri , quien le pregunta: “¿No es un dolor, querido Cayo, que estemos en Chile queriendo hacer una república y que no sepamos por dónde hemos de empezar?”.

Señor Presidente, queridos colegas, amigas y amigos, ¿no es un dolor que estemos en Chile tratando de hacer una república y que no sepamos por dónde hemos de comenzar?

Hoy, más de doscientos años después, esta frase es plenamente vigente.

¿Cuál es la forma en que comienza una república? ¿Cómo se reconstruyen las democracias? ¿Por dónde hemos de empezar? El siglo XIX, el maravilloso siglo decimonónico del Código Civil, de la refundación de la Universidad de Chile, de la expansión del territorio, quedó con esa deuda republicana. Un siglo donde ganamos dos guerras externas y tuvimos cuatro guerras civiles, nos dejó una profunda deuda republicana, porque la Constitución de Portales y de Egaña, de Prieto y de Rengifo, la de los ganadores de Lircay, no construyó una república.

Fue el suicidio de Balmaceda, la crisis del parlamentarismo, la eclosión de las élites oligarcas, lo que permitió el acceso al poder del “León” Alessandri. Él intentó, a través de su Constitución, refundar una república.

Durante cuarenta o cincuenta años, el Estado en Chile fue el protagonista de cada intento político y de cada proyecto. Primero los radicales, con la creación de la Corfo y la sustitución de importaciones, fueron derrotados por la inflación y por la crisis de las guerras.

Luego, el general Ibáñez prometió barrer la clase política y no lo logró; el barrido fue él, por la inflación y por la crisis.

Después lo intentó la derecha, de la mano del hijo de Arturo Alessandri, y también fracasó; intentaron la “reforma del macetero”, pero la polarización solo creció.

Más tarde lo intentaron el Presidente Frei y la Democracia Cristiana, mediante una revolución en libertad liderada por el Estado.

Después, la Unidad Popular y el Presidente Allende intentaron una revolución liderada por el Estado, el mismo Estado que fracasó durante cuarenta años.

¿No era acaso predecible que eso ocurriría, que el Estado no estaba en condiciones del proyecto radical, del proyecto de la derecha ni del proyecto revolucionario? Así, luego de casi un siglo de fracasos, vino el proyecto neoliberal.

El proyecto neoliberal le encargó al Estado salirse de la economía y regular a los privados, pero fracasó. Cooptado por el lobby, el financiamiento ilegal de la política y las puertas giratorias, el proyecto neoliberal también ha colapsado.

¿Por dónde, entonces, hemos de comenzar? Por la Constitución Política de la nueva república, por la Constitución del 2022, para limitar el poder, para hacer razonable el gobierno, para asegurar derechos a las ciudadanas y a los ciudadanos, para hacer de esta una república.

Señor Presidente, queridos excolegas, queridas excolegas: nací en una pequeña ciudad al sur de Santiago; esa ciudad es mi hogar. Allí aprendí de hombres y mujeres el amor a la tierra compartida y la esperanza en un futuro común, la misma esperanza que me llevó a la Escuela de Derecho. Si Melipilla es mi hogar, la Escuela de Derecho es mi casa. La Universidad de Chile me formó y me forjó como abogado, como académico y como diputado. Soy, por ende, un hijo de la Universidad de Chile.

Hoy, delante de ustedes, abordo este desafío con profunda humildad y conocimiento de mis propias limitaciones. También, con inclaudicable fe en los ciudadanos y las ciudadanas, en la moderación, en la razón. No me cansaré de ofrecer gestos de reconciliación, ineludibles cuando se trata de mirar hacia adelante, incluyendo a aquellos que fueron cegados por el Estado.

Les hablo desde la razón y también desde el corazón: estamos llamados a ser todos, para poder ser uno; estamos llamados a ser todas, para poder ser una: la Constitución Política de la República.

Tenemos una oportunidad generacional increíble, para responder la pregunta de Irisarri, para cumplir el sueño de nuestros inmortales libertadores de América. Este es nuestro momento, este es nuestro tiempo, para dar vuelta la página y escribir en una hoja en blanco, sabiendo que esa hoja en blanco es parte de un relato que lleva ya doscientos años en esta tierra.

Este es nuestro tiempo para ofrecer a Chile un nuevo camino, una nueva ruta para este país que amamos; nuestro tiempo para fundar aquí una república, nuestro momento para superar este largo y violento invierno, para que la nueva Constitución nos traiga la primavera y que esa nueva Carta, por fin, nos traiga luz y nos permita superar esta larga noche de la política y que un día mejor venga para todas y todos.

Entonces cantaremos con Recabarren y con Elena Caffarena , con Carrera y con Freire, con Aguirre Cerda y Frei Montalva , con Balmaceda y los Alessandri , con Allende Gossens y con Aylwin Azócar : ¡viva la República de Chile!

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra al representante del distrito N° 2, de la Región de Tarapacá, integrado por las comunas de Alto Hospicio, Camiña , Colchane , Huara , Iquique , Pica y Pozo Almonte , diputado comunista señor Hugo Gutiérrez Gálvez .

Tiene la palabra, su señoría.

El señor GUTIÉRREZ (de pie).-

Gracias, señor Presidente; muy amable y muy cortés de su parte.

Me dirijo a mi gente de la Región de Tarapacá, de las comunas de Iquique, Alto Hospicio , Pozo Almonte , Pica , Huara , Camiña y Colchane; a las funcionarias y a los funcionarios de la Cámara de Diputados; a las diputadas y a los diputados de la república.

Hoy realizo ante ustedes mi último discurso desde este lugar, y me despido con la plena confianza de que esta institución, así tal cual es hoy, dejará de existir prontamente.

Tengo la más absoluta certeza de que el Chile que viene sustituirá esta instancia parlamentaria por una asamblea nacional legislativa, verdaderamente democrática, unicameral, rica en diversidad, profundamente pluralista, multicultural, plurinacional y con plena paridad de mujeres y hombres.

Dejo atrás estos rincones palaciegos en los que se fraguaron, por mucho tiempo, la componenda y los “portonazos” a los pueblos de Chile, pasillos en que por años transitaron Corpesca , Camanchaca , SQM, la CPC, la Sociedad Nacional de Agricultura, las grandes corporaciones trasnacionales extractivistas y los grandes grupos económicos nacionales soplando en la oreja, y en otros casos más graves, escribían de su puño y letra la ley y los tratados de libre comercio.

Por suerte o devenir histórico aquello cambió o, a lo menos, se minimizó. Fueron tantos los escándalos, las colusiones y los contubernios que estos terminaron por desmoronarse y algunos casos lograron salir a la luz. Junto con mi equipo parlamentario fuimos los primeros en denunciar estos casos de corrupción y los arreglines entre el poder económico y algunos representantes del Poder Legislativo.

Al mismo tiempo, en materia de derechos humanos avanzamos en legislar sobre temas que llevaban pendientes más de veinticinco años, como la tipificación del delito de tortura y otros tantos más.

Iniciamos la lucha contra la ley de pesca, por su anulación, y el respectivo proyecto aún se encuentra pendiente de votación en esta Sala.

Antes del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, junto con otros diputados y diputadas, propuse la realización de un plebiscito el 12 de diciembre del 2019 para que el pueblo declarara su voluntad a favor o en contra de una nueva Constitución Política y de una asamblea constituyente para Chile. No proliferó. Fue el grito mismo de la calle y la ciudadanía lo que impuso un camino para dar a Chile una nueva Constitución.

Dejo presentado un proyecto patrocinado por mi bancada y otras, que establece la reforma del capítulo XV de la Constitución, con la finalidad de desatar los nudos y romper las cadenas que están en el proceso convencional, el que en muchos aspectos sigue atado a la añeja lógica de la democracia restringida y la tutela de la Constitución del dictador. Se debe insistir en la institucionalización de la participación democrática de la ciudadanía en el proceso constitucional, para hacerlo más constituyente. No basta con solo marcar un voto; el pueblo debe ser quien escriba la nueva Constitución Política. El paradigma de la representación está agotado, y parece que tiene graves limitaciones.

Así las cosas, la derecha y los maquilladores del neoliberalismo corren con ventaja para la redacción de la próxima Constitución. Lo más ejemplificador es que la nueva Constitución comenzará a regir a expensas de un Presidente de la República y un Poder Legislativo elegidos este mismo año bajo los principios de la Constitución de la dictadura que pretendemos superar, corriendo el peligro de que borren con el codo lo que el pueblo y los convencionales hayan podido escribir con la mano.

Sé que en estos años incomodé a varios y a varias, y, como pueden ver, lo seguiré haciendo. Por eso me postulo a convencional: porque quiero estar allí cuando los llamados “políticos de la élite” comiencen a fraguar el gatopardismo, sus cenas, sus reuniones, sus acuerdos y sus lobbies para llegar juntos a los dos tercios y dejar mucho de lo viejo y muy poco de lo nuevo.

Chile y sus regiones deben prepararse para seguir luchando desde fuera y desde dentro de la convención constitucional: por ahora, para tratar de lograr los dos tercios, lo que será difícil, y el día de mañana, conformar una bancada antineoliberal que con un tercio más uno pueda frenar la Constitución de maquillaje o, derechamente, la que continuará siendo una constitución neoliberal.

Allí estaremos los y las comunistas; allí estará este ciudadano, sea cual sea el resultado de la elección, para hacer de Chile un país más justo, libre y soberano.

El 18 de octubre de 2019 fue el instante en que hubo que estar con lo que llaman la “élite política” o con el pueblo en las calles, y, como muchas veces en muchos años de mi vida, estuve con mi gente y con mi pueblo. Esto llevó a que me acusaran de haber incendiado un regimiento, de haber agredido a funcionarios de Carabineros, de instar a la desobediencia civil, e intentaron sacarme de este Parlamento. Hoy me voy por mi propia voluntad.

Dejo esta Sala para ponerme a disposición de la voluntad de mi pueblo de Tarapacá, para seguir incomodando -sin duda-, para decir las cosas como son, para continuar en la batalla por un Chile justo, libre y soberano, y por una Tarapacá de pie, por una Tarapacá que posea las garantías y los derechos necesarios para hacer cada día más grande y más digno el sueño de una vida buena para todos y todas. Es lo que espero, por lo demás, para todas las regiones de mi país.

Muchas gracias a todos y todas.

He dicho.

-Aplausos.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Gracias, estimado diputado.