Labor Parlamentaria

Antecedentes:

Mensaje:

-Boletín N° 13588-07, sesión 32ª de la legislatura 368ª, en miércoles 17 de junio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 1.

Mociones:

Boletín N° 11915-07, sesión 49ª de la legislatura 366ª, en miércoles 18 de julio de 2018. Documentos de la Cuenta N° 23;

Boletín N° 12668-07, sesión 32ª de la legislatura 367ª, en jueves 30 de mayo de 2019. Documentos de la Cuenta N° 6, y

-Boletín N° 12776-07, sesión 53ª de la legislatura 367ª, en miércoles 17 de julio de 2019. Documentos de la Cuenta N° 19.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 142ª de la legislatura 368ª, en martes 9 de marzo de 2021. Documentos de la Cuenta 5.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor TORREALBA (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, con urgencia de discusión inmediata, sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje y mociones refundidos, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

El proyecto tiene su origen en un mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que fue refundido con mociones de autoría de los siguientes diputados y diputadas: Catalina del Real, Harry Jürgensen , Miguel Mellado , Diego Schalper y Cristóbal Urruticoechea (boletín N° 11915-07); Jaime Mulet , René Alinco , Ximena Ossandón , Pablo Prieto , René Saffirio , Alejandra Sepúlveda , Francisco Undurraga , Esteban Velásquez y Pedro Velásquez (boletín N° 12668-07); Jaime Mulet , René Alinco, Hugo Gutiérrez , Daniel Núñez , René Saffirio , Alejandra Sepúlveda , Leonardo Soto , Guillermo Teillier , Esteban Velásquez y Matías Walker (boletín N° 12776-07).

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en modificar diversos cuerpos legales, principalmente la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

La discusión de este proyecto fue extensa y se desarrolló en diecinueve sesiones, en las que se escuchó a autoridades y expertos que por su cantidad no mencionaré en su totalidad. A modo de ejemplo, nombraré los siguientes: el entonces ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Gonzalo Blumel ; el subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli ; el director nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), señor Carlos Charme ; la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Katherine Martorell ; el director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público, señor Mauricio Fernández Montalbán ; el director de la Unidad Especializada en Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas del Ministerio Público, señor Luis Toledo Ríos ; el defensor nacional Público, señor Andrés Mahnke ; el director de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros de Chile, general Esteban Díaz Urbina ; el jefenacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI, señor Leonardo Torres Ramírez , entre otros.

Fruto del análisis y discusión del proyecto, se llegó a un texto al que se le introdujeron numerosas modificaciones que se especifican en el informe respectivo.

En cuanto a las principales modificaciones a la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, cabe destacar el perfeccionamiento de la tipificación y sanción del acto de proporcionar a menores de edad productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud y/o dependencia física o psíquica, como también del suministro de drogas sin el consentimiento de la persona afectada.

Un aspecto que incorporó la comisión en este ámbito es perfeccionar lo relativo al cultivo de cannabis con fines medicinales, con la presentación de la receta extendida para ese efecto por un médico cirujano tratante, la que deberá indicar el diagnóstico de la enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración de la cannabis, la que no podrá ser mediante combustión. Se sanciona el uso malicioso de recetas médicas falsificadas o falsas.

También se sanciona especialmente al narcotraficante -la pena se aumentará en dos grados- que se valga de menores de edad o personas exentas de responsabilidad penal y proveyere de armas de fuego a estos últimos para alcanzar sus fines delictivos.

Se introduce una serie de perfeccionamientos en la utilización de bienes incautados del narcotráfico. A modo de ejemplo, determinados bienes podrán ser destinados provisionalmente a unidades policiales que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales destinadas al narcotráfico.

También se establece que a solicitud del Ministerio Público o del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados, siempre que se tratare de vehículos motorizados o bienes respecto de los cuales existieren antecedentes de que continúan siendo utilizados en actividades ilícitas, o se tratare de bienes sujetos a corrupción, susceptibles de próximo deterioro, cuya conservación sea difícil o muy dispendiosa.

Se dispone que efectuado el análisis químico, los precursores y sustancias químicas esenciales deban ser enajenados o destruidos por el servicio de salud respectivo. Se establece que una vez decretado el comiso de un inmueble que haya sido destinado provisionalmente al Senda u otro organismo público, este, previa autorización de la Dirección de Presupuestos, podrá solicitar al juez de garantía que le sea transferido su dominio, con fines de prevención y rehabilitación del consumo de drogas o alcohol.

También se establece que parte de los recursos obtenidos de la enajenación de los bienes decomisados podrán ser destinados a las unidades del Ministerio Público que cumplan funciones de análisis, investigación o persecución del crimen organizado dedicado a la comisión de los delitos sancionados en la presente ley, así como también a las unidades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile que tengan como objeto la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas a la comisión de dichos delitos, en la forma que lo establezca el reglamento respectivo.

Se regula que las personas naturales o jurídicas que no se encuentren registradas y que produzcan, transporten, importen, exporten, distribuyan, comercialicen, almacenen o eliminen precursores que sirvan para la elaboración de drogas podrán ser examinadas por las autoridades competentes y estarán sujetas a las sanciones correspondientes.

Se modifica el Código Procesal Penal para establecer que el Consejo de Defensa del Estado tendrá la calidad de interviniente para todos los efectos de la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y especialmente respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia en los casos de narcotráfico. Asimismo, se regula claramente la ejecución de las sentencias en materia de narcotráfico en su parte patrimonial.

Asimismo, se modifica la ley que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Senda, con el objeto de facultar a este último para celebrar acuerdos con organismos nacionales o internacionales, incluyendo las municipalidades, que permitan la ejecución, análisis de planes y programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.

También se introdujo en la ley N° 20.000 un artículo 67 bis, el cual establece que no podrá ser candidato a Presidente de la República, senador, diputado, gobernador regional, consejero regional, alcalde ni concejal el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para que el Servicio Electoral admita la candidatura, se deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde.

Asimismo, se introdujo un conjunto de normas a otras leyes, cuyo propósito es exigir que las principales autoridades del país queden sujetas a la obligación de acreditar mediante exámenes médicos, normalmente anuales, que no tienen adicciones o dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico.

Se modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, estableciéndose que no podrá ser diputado ni senador el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Para asumir el cargo deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad y acompañar un examen médico que la respalde.

Además, se modifica la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado de manera que no podrá ser Presidente de la República quien tenga dependencia de drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico. Respecto de los ministros de Estado, subsecretarios, jefe superior de servicio, hasta el grado de jefe de división o equivalente, gobernadores regionales, consejeros regionales, delegados presidenciales regionales y provinciales, alcaldes y concejales, se añade el requisito de que deberán efectuar un examen anual para acreditar no dependencia de drogas. Para ello, se modifican las leyes orgánicas constitucionales respectivas.

En cuanto al Tribunal Constitucional, el Presidente y los ministros, previo a su juramento deberán acompañar examen médico en orden a no tener dependencia de drogas, a menos que acredite que está sujeto a tratamiento médico que lo justifique.

En cuanto al Ministerio Público, el fiscal nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos, antes de asumir sus cargos deberán acompañar un examen en la línea ya señalada.

En lo concerniente al Banco Central, sus consejeros y directivos superiores, quedan sujetos al mismo examen para asumir sus cargos, que se repetirá anualmente, para acreditar no tener dependencia de drogas.

Respecto de los jueces, para asumir el cargo, estos deberán prestar declaración jurada de no dependencia de drogas, acompañar examen médico que la respalde y efectuarse exámenes anuales. Lo mismo se extiende a los miembros del escalafón primario, esto es, ministros y fiscal judicial de la Corte Suprema; los ministros y fiscales judiciales de las cortes de apelaciones y los relatores y secretarios de la Corte Suprema, entre otros.

Asimismo, se introduce un conjunto de modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, de manera de evitar el financiamiento de los partidos proveniente de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal, o que hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes Nos 19.366, 19.913 y 20.000, sobre lavado de dinero y narcotráfico. En caso de reincidencia o negligencia inexcusable de haber recibido aportes de tales personas, se aplicará como sanción la suspensión o disolución del partido.

Por otra parte, se modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, a fin de establecer la obligatoriedad de que las personas naturales aportantes declaren que no se encuentran en los casos del artículo 28 bis de esa ley, esto es de personas naturales respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal, o que hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes Nos 19.366, 19.913 y 20.000. La infracción al artículo 28 bis, que es una norma introducida por este proyecto, de forma reincidente, bajo negligencia inexcusable o dolo, se considerará una infracción grave a dicha ley.

El artículo 28 bis prohíbe los aportes de campaña electoral de las personas respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o que hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes Nos 19.366, 19.913 y 20.000.

Se establece que tampoco podrán ser administradores electorales las personas respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o que hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes Nos 19.366, 19.913 y 20.000.

Además, se regula la obligación de remitir al Ministerio Público la información de los aportantes, colaborando con la información disponible cuando así lo disponga dicho ministerio.

Se modifica la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, de forma que no podrá ser candidato a cargo de ninguna elección popular la persona respecto de quien se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o que hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes Nos 19.366, 19.913 y 20.000.

Finalmente, se modifica el Código Penal, de manera que en los delitos contemplados en sus artículos 248, 250, incisos segundo y tercero, y 251, cuyo beneficio económico provenga de personas respecto de las cuales se hubiere formalizado la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o que hayan sido condenadas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes Nos 19.366, 19.913 y 20.000, la pena se aumentará en dos grados. Se trata de delitos en que están involucrados funcionarios públicos que reciben u obtienen dinero indebidamente en el ejercicio de sus cargos.

Habiendo la Comisión aprobado este proyecto de ley, este diputado informante propone su aprobación en la misma forma a la Sala.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, por su intermedio quiero saludar al señor ministro subrogante del Interior y Seguridad Pública y a la señora subsecretaria de Prevención del Delito, presentes en la Sala.

Atendido el aumento exponencial de los hechos delictuales por los que atraviesa el país, es prioridad número uno dar celeridad a este proyecto, ingresado a tramitación en junio del año recién pasado.

Uno de los objetivos prioritarios de todo gobierno es resguardar el derecho que tienen todas las familias chilenas a vivir en paz y bajo un clima de seguridad, situación que, claramente, no está siendo abordada con eficacia, ya sea por el sistema procesal penal con excesivas garantías que hoy nos rige, y, además, por la desactualización de nuestro Código Penal, que no se ha adaptado a las nuevas figuras delictivas que están surgiendo en nuestro país.

Ahora bien, independiente de que este proyecto de ley aborda tales falencias en nuestro sistema penal, no podemos dejar de preocuparnos por la situación de personas y bandas delictuales extranjeras que están llegando a Chile por lugares no resguardados de nuestras fronteras, lo que también creo que es imperioso abordar. Prueba de ello es el análisis hecho durante la última sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que demuestra que el norte es una de las zonas que concentran la mayor cantidad de toneladas de droga incautada, destacando la cocaína, la pasta base y la marihuana procesada. En cambio, en la zona sur se registra el menor porcentaje de incautación.

Para peor, y como sabemos, en los últimos meses hemos sido testigos del accionar de grupos de narcotraficantes que, desafiando a la autoridad, han hecho muestra de su poder de fuego con armamento militar de alto calibre.

Señor Presidente, estimados colegas, creo que ya es hora de poner mano dura en esto; de lo contrario, estaremos cayendo en un notable abandono de deberes, no solo el gobierno, sino también nosotros, al no tomar medidas más serias.

Me parece que el foco central que persigue este proyecto en cuanto a atacar el patrimonio de quienes, con el poder del dinero, pretenden crear redes de impunidad y protección va en el sentido correcto, así como también fortalecer las instituciones que ayudan a rehabilitar y reinsertar socialmente a quienes han caído en la droga, para que no sigan conformando parte del potencial de compradores.

Este flagelo social es aún más preocupante, puesto que está afectando al futuro de nuestro país, que son nuestros jóvenes, que hoy están en un triste primer lugar en la región en cuanto al consumo de drogas como marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes sin receta médica, el cual comienza cada día a más temprana edad.

Modificar los cuerpos legales pertinentes para controlar este flagelo a nivel de las autoridades públicas también me parece de toda justicia.

Por último, apoyo el texto del proyecto emanado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, creo que todos en esta Sala estamos contestes en que el narcotráfico es hoy uno de los elementos más peligrosos para la democracia y, en general, para la vida de la ciudadanía, razón por la cual la lucha contra el narcotráfico debe darse en todos los niveles.

Por tal motivo, el Congreso Nacional debe estar a la altura para enfrentar este problema con fuerza, coherencia y rapidez.

Felicito a los mocionantes del proyecto y también el gran trabajo de dirección que desarrolló el diputado Matías Walker en la Comisión de Constitución, quien puso el tema sobre la mesa. Asimismo, felicito la participación del resto de los miembros de esa comisión.

No obstante, no puedo dejar de decir que este proyecto, que aspira a ser el gran instrumento para luchar contra el narcotráfico, tiene, al final del día, una serie de falencias, las cuales están dadas, más que nada, por el hecho de que hemos perdido una oportunidad, que decía relación con algo que este proyecto no aborda: la lucha contra el crimen organizado que está detrás del narcotráfico. Estamos perdiendo la oportunidad de generar legislación dura para luchar contra las bandas organizadas y las asociaciones ilícitas que están detrás de este grave flagelo.

No puedo desconocer que es un avance el hecho de que podamos llevar adelante una serie de acciones tendientes a mejorar la lucha contra el narcotráfico, dado que quienes sufren hoy este fenómeno de criminalidad, en los niveles a los que ha llegado, son las poblaciones, son nuestros niños, son nuestros jóvenes. Es la población en general la que día a día vive el temor de que estas asociaciones, estos delincuentes le quiten la vida a cualquier persona.

Claramente, la bancada del Partido Socialista respaldará la lucha contra el narcotráfico. Hace dos años presentamos una iniciativa al ministro del Interior de la época, recogida en el boletín N° 11950, actualmente en tramitación en la Comisión de Seguridad Ciudadana, que esperamos que también avance en su tramitación. Si no nos ponemos las pilas respecto de esta lucha, todos vamos a perder.

Si bien esta es una propuesta normativa modesta, es un avance, por lo cual vamos a aprobarla como bancada. Sin embargo, debo hacer mención de dos disposiciones que me parecen importantes.

Una es aquella norma de excepción que pusimos respecto del uso medicinal de cannabis, porque es un aporte no seguir criminalizando a aquellas personas que la cultivan para un tratamiento médico.

La otra disposición es aquella que busca separar férreamente, poner un muro infranqueable entre el narcotráfico y la política, lo que me parece un avance espectacular. Tenemos que ser capaces de eliminar cualquier atisbo de influencia del narcotráfico en el ejercicio de la política, en todos sus niveles, cuestión en la que necesariamente tenemos que estar todos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, hasta hoy tuve el honor de presidir la Comisión de Constitución. Ahora esperamos elegir al diputado Marcos Ilabaca como sucesor, cumpliendo los acuerdos de las bancadas de oposición. Estoy seguro de que el diputado Ilabaca realizará una gran labor en la conducción de dicha comisión, ya que ha sido un gran aporte para el tratamiento, entre otros, de este proyecto, que pretende perfeccionar las herramientas con las que cuentan las fiscalías y las policías para perseguir el narcotráfico.

Agradezco al ministro subrogante del Interior y a la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Katherine Martorell , quien nos acompañó en la tramitación de este proyecto; también al director del Senda.

¿Qué hace esta iniciativa? Sin ser perfecta, de alguna manera establece un avance para dotar de más herramientas a los órganos persecutores, pegándole al narcotráfico donde más le duele: en sus bienes.

Sin duda, el narcotráfico es el principal enemigo de la sociedad civil y de la democracia en América Latina, donde ya ha permeado al poder. Por eso, nuestra indicación, que fue aprobada en la comisión, establece duras sanciones, que no se limitan a la prohibición de financiamiento a los candidatos con recursos provenientes de personas naturales que hayan sido formalizadas o condenadas por narcotráfico, sino también a los partidos políticos, para evitar que sean cooptados por el narcotráfico.

Asimismo, se establece que cuando haya una acción dolosa de los presidentes o de los secretarios generales de los partidos políticos en esta materia, la sanción puede incluir la disolución del partido que haya recibido financiamiento del narcotráfico.

También se estableció una distinción correcta respecto del autocultivo con fines medicinales. Debemos recordar que el consumo no está penalizado, pero se determinó particularmente que el autocultivo con fines medicinales, con un certificado médico que dé cuenta de un tratamiento, quedará al margen de las herramientas de persecución penal del Estado.

Sé que hay temas polémicos en el proyecto, como el comiso y la enajenación temprana de bienes incautados al narcotráfico; pero si no le quitamos los bienes que ha utilizado para la comisión de delitos y los que son el resultado de esas acciones ilegales y del lavado de dinero, el narcotráfico seguirá actuando en la impunidad.

Además, están la agravante de responsabilidad penal para quienes utilicen a menores de edad y, finalmente, la inhabilidad para todos quienes tenemos cargos de representación popular, pues será absolutamente incompatible el consumo de drogas con detentar la calidad de autoridad pública. Al respecto, faltaría una reforma constitucional complementaria que establezca esa inhabilidad en la Constitución, pues no basta incluirla solo en una ley orgánica constitucional.

Daremos un paso muy importante con la aprobación de este proyecto de ley, así que invito a toda la Cámara de Diputados, así como lo hicimos en la Comisión de Constitución, a aprobar transversalmente este proyecto de ley. No es perfecto, no es la panacea, pero sí otorga herramientas importantes para perseguir al narcotráfico en sus acciones ilícitas y en sus hechos de sangre, que tienen atemorizada a la población.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, un saludo cordial al ministro subrogante del Interior y ministro de Defensa, señor Baldo Prokurica , y a la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Katherine Martorell .

Hoy estamos debatiendo el proyecto que mejora la persecución del narcotráfico, con rehabilitación y reinserción social como uno de sus objetivos, y que destina los bienes incautados a los narcotraficantes para fortalecer la lucha contra este flagelo. Se trata de un proyecto cuya tramitación hace mucho tiempo debiésemos haber agilizado. De hecho, los diputados Carlos Abel Jarpa , José Pérez y quien les habla presentamos una moción al respecto hace ya muchos años, y luego insistimos con la presentación de un nuevo proyecto de ley, cuyas ideas matrices fueron recogidas por las indicaciones que se han presentado. La idea central de nuestro proyecto era mejorar la percepción ciudadana con respecto a sus autoridades, lo cual es recogido -reitero- por el proyecto en discusión. Me refiero a la obligación de todas las autoridades de presentar la prueba del algodón a la ciudadanía, con el fin de demostrar que no consumen drogas. El toxicómano no solo tiene dependencia de las drogas, sino que también se hace dependiente del suministrador de las mismas; por lo tanto, su conducta en el Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial deja de ser independiente. Lo digo después de haber trabajado -como algunos ya saben- más de 8 años en el equipo especial de la lucha antidrogas de la comunidad de Madrid. Allí descubrí la tremenda tristeza y el gran dolor que significa no solo tener autoridades drogodependientes, sino también legislaciones y actitudes reñidas absolutamente con el objetivo que tienen esos cargos.

Los senadores, los diputados y las diputadas tenemos que realizarnos ese test. Tenemos que entregar a la ciudadanía la certeza de que no somos dependientes de un narcotraficante o de un proveedor de drogas. Hace muchos años que debimos haber aprobado esto. Me alegra que este proyecto de ley recoja -insisto- la iniciativa de los diputados José Pérez , Carlos Abel Jarpa y de quien habla.

Todas nuestras autoridades debiesen entregar esa carta de limpieza al pueblo de Chile, incluido el Presidente de la República, los intendentes, los gobernadores y los seremis.

¡Qué triste es ver cómo mi región, La Araucanía, está siendo apropiada por bandas de narcotraficantes y de delincuentes! Ellos realizan sus tropelías con la excusa de la lucha reivindicativa -legítima- indigenista. Muchas veces, a quienes luchan contra ellos -PDI, Carabineros e incluso las Fuerzas Armadas- los tienen maniatados, impidiéndoles eliminar a estas bandas que son un peligro tremendo para nuestro país, ya que la legislación no les permite realizar su trabajo como debiese ser.

¡No quiero que Chile sea como México! ¡No quiero que Chile sea como Colombia en sus peores tiempos! Para eso, es necesario aprobar leyes como la que hoy discutimos, ojalá por unanimidad, como debiese ser. Ojalá Chile pueda evitar el paso doloroso de convertirse en un país dominado territorialmente por los narcotraficantes, como desgraciadamente estamos viendo que está sucediendo, y no solo en la La Araucanía, sino también en otras zonas del país.

Estamos dando una voz de alerta, por lo que espero que la lucha que estamos dando desde el Poder Legislativo se dé también en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo para defender nuestra república del delito, que está apropiándose cada vez más de nuestras calles.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, primero, saludo al ministro Baldo Prokurica y a la gran subsecretaria Katherine Martorell , que no se encuentra en la Sala en este momento.

Un grupo de diputados -Catalina del Real, Harry Jürgensen , Diego Schalper , Cristóbal Urruticoechea y quien habla-, el 12 de julio del 2018, presentamos un proyecto de ley destinado a modificar una cantidad de leyes que están en todo el tejido social, con el fin de evitar el crecimiento del narcotráfico en Chile, el que fue refundido con otras iniciativas en el mensaje presidencial. Agradezco al Presidente de la República que haya considerado nuestra moción.

Es importante decirle a la gente que son 16 leyes las que se modifican con este proyecto, para que vean la profundidad de esta iniciativa: la ley N° 20.000, el Código Procesal Penal, la ley N° 20.502, la ley N° 19.913, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, la Ley OrgánicaConstitucional de Municipalidades, la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, el Código Orgánico de Tribunales, la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, la Ley Sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, y el Código Penal.

¿Por qué menciono cada una de las leyes modificadas? Porque así queda reflejado que todas las autoridades tienen que hacerse los exámenes para que en ningún Poder del Estado se dé la impresión de que sus autoridades consumen drogas o son financiados por bandas de narcotraficantes.

Estamos viendo cómo en distintas partes del país el narcotráfico ha penetrado en la sociedad chilena. En especial en la Región de la Araucanía, donde lamento que el Estado se haya retirado, porque las bandas de narcotraficantes están actuando con mucha fuerza en esa zona. Este proyecto coloca en valor algunas cosas que son importantes, y paso a enumerarlas: la enajenación temprana de los bienes incautados, para no esperar la finalización de los procesos penales; la fiscalización de la compra por medio de la Unidad de Análisis Financiero, lo que obliga a informar sobre las operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de las actividades, por ejemplo, las automotoras o las comercializadoras de vehículos nuevos y usados; la incorporación del nuevo tipo penal relativo al consumo de drogas sin consentimiento. Aquí hay un punto importante, porque el suministro de drogas a terceros sin su consentimiento es considerado un delito. A veces, a los jóvenes que iban a ciertas fiestas o discoteques -que ahora están cerradas- se les suministraban drogas sin su consentimiento.

Otras medidas son la eliminación de los conceptos de calidad y de pureza; las normas destinadas a aumentar la respuesta punitiva respecto de las conductas que vulneren la integridad de un menor de edad, esto es, cuando se aprovecha a un menor de edad para el tráfico de drogas; las sustancias químicas controladas; el destino de bienes a unidades policiales. Esto es muy importante porque el proyecto de ley establece expresamente que los bienes incautados, de cualquier clase, pueden ser destinados a las unidades policiales que tengan por objetivo combatir el narcotráfico, de manera de optimizar su capacidad operativa.

También se contempla el fortalecimiento del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), ampliando sus facultades, y se establecen normas procesales y facultades del Consejo de Defensa del Estado.

Difiero con quienes han dicho que este es un proyecto cosmético; por el contrario, es un tremendo proyecto que va a mejorar no solo la visión de la ciudadanía sobre sus autoridades, sacando ese manto de dudas sobre ellas, sino que también permitirá perseguir a todas las bandas de narcotraficantes que han crecido en el país, en especial en la Región de La Araucanía.

Espero que podamos colocar un cerco mucho mayor para detener a las bandas de narcotraficantes que están asolando a Chile, en especial a La Araucanía.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristhian Moreira .

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, el proyecto que hoy discutimos tiene su origen en diversos boletines que fueron refundidos con el mensaje ingresado en junio del año pasado, cuyo objetivo es incorporar diferentes medidas eficientes para combatir, de manera drástica y frontal, el narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país, perfeccionando la persecución penal de estas conductas y atacando directamente el patrimonio de quienes se han hecho ricos ilícitamente gracias a estos delitos.

Debemos entender que el narcotráfico y sus delitos asociados son un cáncer social que debemos erradicar con la máxima urgencia, ya que afecta sin distinción alguna a toda la población, a los más vulnerables, a los jóvenes, a los niños, que son usados por inescrupulosos para concretar esos delitos.

Durante el análisis de las iniciativas en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, se entregaron importantes cifras respecto de conductas ligadas al narcotráfico, como el incremento, en la Región Metropolitana, de la incautación de sustancias como cocaína, pasta base y marihuana prensada entre 2010 y 2018, alcanzando un 52 por ciento más respecto de años anteriores.

Asimismo, según señala el XIII Estudio Nacional de Drogas en Población General, del 2018, realizado por el Senda, aproximadamente 642.000 personas presentarían consumo problemático de drogas y alcohol, de las cuales solo un 4,8 por ciento declara haber recibido tratamiento médico.

Valoro la labor efectuada por la Comisión de Constitución, instancia en la cual se trabajaron diversas indicaciones que permitieron perfeccionar el trabajo legislativo, enfocando las modificaciones hacia un fortalecimiento del marco institucional. Por una parte, los organismos policiales podrán contar con mayores recursos, capacidad técnica y operativa para perfeccionar los procedimientos investigativos; por otra, se otorgarán mejores herramientas a las instituciones de rehabilitación y reinserción social, esenciales en la ayuda a los miles de personas que han caído en la dependencia descontrolada de estupefacientes.

Finalmente, quiero señalar que no podemos dar esta lucha solo desde el Parlamento; necesitamos la voluntad política de todos los sectores y de la sociedad civil, sobre todo escuchando a los más afectados, a quienes día a día deben convivir con balaceras, funerales narcos, riñas y amenazas, todo lo cual se traduce en miedo y violencia que no permite vivir en paz a los vecinos.

La droga mata; el narcotráfico mata. Por lo mismo, debemos enfrentar el narcotráfico con todo el rigor de la ley y con más programas de rehabilitación para las personas que han caído en la dependencia de las drogas y el alcohol.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO (vía telemática).-

Señor Presidente, nadie razonable podría dejar de reconocer que estamos frente a un proyecto de gran importancia para el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. Soy parte de la Comisión de Constitución, donde se ha desarrollado un extenso debate que nos ha permitido traer a la Sala un conjunto de reformas a un grupo importante de leyes, las que espero que aprobemos.

Sin embargo, quiero poner énfasis en un punto que me preocupa, y mucho. Se trata de la norma iii) de la letra a) del número 7 del artículo primero del proyecto, que modifica el artículo 40 de la ley N° 20.000, aprobada en la comisión con mi voto en contra y respecto de la cual he pedido votación separada. Esa norma se refiere específicamente a que los bienes incautados como producto de investigaciones y procesos seguidos contra narcotraficantes terminen en manos de las policías encargadas de diligenciar las gestiones llevadas adelante por el Ministerio Público. Eso no puede ocurrir, fundamentalmente por dos razones, que señalaré brevemente. Lamento no poder extenderme más sobre el particular, pero debo ceñirme al tiempo que se me ha asignado.

Primero, los bienes decomisados no pueden quedar en manos de las policías, porque no sabemos, a la fecha del decomiso, cuál será el destino del proceso judicial, pues habiendo de por medio una sentencia absolutoria o un sobreseimiento, ello hará nacer para el Estado la responsabilidad de indemnizar las pérdidas obtenidas producto de aquellas incautaciones desarrolladas en ese proceso judicial.

La segunda razón se basa en la experiencia comparada en América Latina, que nos indica que en aquellos países en que se ha optado por esa vía, ello ha significado la puerta de entrada de un foco de corrupción importantísimo en las policías.

Hoy, nuestra policía es objeto de un cuestionamiento ciudadano importante, y tenemos que hacernos cargo de ese cuestionamiento. De aprobarse la modificación al artículo 40 de la ley N° 20.000, la policía va a recibir los frutos, los productos, los bienes incautados. Como la policía no ha sido responsable para administrar eficientemente y con transparencia los bienes que les ha entregado el Estado para la gestión de sus obligaciones institucionales, no podemos tener certeza de que vayan a ser lo suficientemente transparentes -me refiero a ambas policías- en la administración de los bienes incautados como producto del negocio del narcotráfico. No es ofender a nadie decir que existen policías que tienen una estrecha vinculación con el narcotráfico.

En consecuencia, llamo a esta Sala a hacer lo necesario para detener el narcotráfico, pero hagámoslo bien. No se trata de hacer cualquier cosa, y esta norma es un peligro para el destino de nuestras policías, de las actuales y de aquellas que queremos tener en el futuro.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, varias veces he escuchado decir en este debate, incluso a diputados miembros de la Comisión de Constitución, que este proyecto no es perfecto, que no es la panacea. Creo que ese es el problema, porque no nos sirve un proyecto mediocre, no nos sirve un proyecto que no se hace cargo de verdad, de fondo, de lo que constituye una prioridad. Nadie tiene duda de que hoy en Chile el combate al narcotráfico es una prioridad.

Hay importantes sectores en el país donde opera el narcotráfico, y la Región de Valparaíso, en la que sesionamos hoy y que represento, no es ninguna excepción. Hace unos días, un niño murió baleado en la comuna de El Tabo, como consecuencia de un enfrentamiento entre bandas rivales.

Hace tres o cuatro meses, en plena pandemia, los alcaldes y alcaldesas de la provincia de San Antonio viajaron hasta Santiago para entregar una carta al ministro del Interior y Seguridad Pública y exigirle más seguridad y mayor combate efectivo y eficaz contra el narcotráfico. Respecto de eso, no tenemos duda alguna: el combate al narcotráfico es una prioridad.

Entonces, hay que hacerse cargo en serio del tema. Un proyecto que ha sido calificado en varias ocasiones como que no es perfecto, que no es la panacea, no está o no parece estar a la altura de la magnitud del desafío.

En segundo lugar, hay abundante literatura, debate y consenso a nivel mundial de que el paradigma de la guerra contra las drogas fracasó, tanto en los países productores de droga como en el que impulsó el paradigma de la lucha contra el narcotráfico, de la guerra contra las drogas: me refiero a Estados Unidos, país que sigue siendo uno de los grandes consumidores de drogas en el mundo, que sigue siendo uno de los que tiene mayor número de personas privadas de libertad como consecuencia del consumo y que, curiosamente -dato importante-, invierte mucho más en prisión para los consumidores que en prevención. Las cifras son impactantes; no las tengo a mano, pero son impactantes. Reitero: Estados Unidos, uno de los grandes consumidores de drogas en el mundo, invierte mucho más en represión que en prevención. Los datos -insisto- son muy relevantes.

Evidentemente, este proyecto tiene elementos que uno puede valorar, y eso es relevante. Por ejemplo, yo comparto la observación del diputado René Saffirio respecto de que es bueno ir contra el patrimonio del narcotráfico, pero considero que es un error destinarlo a las policías, cuando debiésemos destinarlo a instituciones de prevención, rehabilitación y tratamiento. A estas alturas, las experiencias de Colombia y México respecto de esta materia son categóricas. ¿Por qué hoy vamos a cometer ese error?

¿Hay que atacar el patrimonio de los narcotraficantes? Por supuesto, sin duda alguna. Entonces, caminemos hacia la trilogía correcta, hacia el nuevo paradigma del combate a las drogas, que básicamente es prevención, combate a los grandes narcotraficantes y legalización de ciertas drogas, desechando la absurda teoría de la escalera de consumo.

En el proyecto se intentó corregir los vacíos de la actual legislación, proponiendo cantidades de porte, tenencia y cultivo, para terminar con la criminalización del usuario y, sobre todo, con la ausencia de una norma clara y nítida, lo que hace que hoy distintos tribunales apliquen distintas normas. Sin embargo, eso no fue acogido. Es decir, esta iniciativa no representa un avance en esa materia, no representa tampoco un avance en materia de combate al narcotráfico. Tiene elementos positivos, pero, en lo esencial, mantiene exactamente las mismas coordenadas de la guerra contra las drogas que fracasó, y no aborda lo que están haciendo muchos países en América Latina y en Europa, para cambiar el enfoque y, por esa vía, ser más eficaz.

Este proyecto de ley no combate a los grandes narcotraficantes, quienes son los verdaderos enemigos de Chile.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Gonzalo).-

Señor Presidente, hay una premisa con la que todos debemos estar de acuerdo: la adicción a la droga es un enemigo que debemos doblegar. La adicción a la droga elimina la voluntad del ser humano y lo hace dependiente de ella; la adicción destruye a la persona, a su familia y a su comunidad; la adicción genera violencia y también incentiva el delito, el acceso a recursos para comprar droga.

El Estado ha sido incapaz de prevenir el consumo y de rehabilitar al adicto, por muchas razones: por razones de recursos y de cobertura, y también por razones que muchas veces se relacionan con la voluntad del adicto de no querer rehabilitarse.

Por ello, es necesario que la droga no entre a nuestro país; pero, una vez que esta ingresa, debemos enfrentar un negocio millonario, un negocio que mueve millones de millones de dólares y que establece organizaciones, bandas criminales que tienen estructuras, que lavan el dinero a través de la compra de propiedades y que corrompen el sistema.

Entonces, cuando uno escucha que hay que combatir la droga y que no hay que darle tregua, aquí hay un proyecto de ley que busca hacer eso. Este proyecto busca establecer herramientas para que el Ministerio Público pueda perseguir esos delitos. Cabe decir que tramitamos esta iniciativa junto con el Ministerio Público, el cual estuvo presente en todas las sesiones. Tratamos de realizar un proyecto de ley que no fuera pura teoría, sino que también fuera práctico.

Se han comentado varios artículos, pero yo me voy a detener en el artículo 4° de la ley N° 20.000, que quizás es la madre de este proyecto de ley, en el cual cambiamos la frase “calidad o pureza de la droga” por “cantidad de la droga o las dosis que de ella sea”. Es decir, separamos el consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, cuando la cantidad o la dosis de la droga que se posee, se transporta o se guarda haga suponer que está destinada no al consumo personal, sino al microtráfico y al narcotráfico.

Ese es un cambio fundamental que tiene este proyecto. El gran problema que han tenido los fiscales para perseguir a las bandas y las organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico es justamente este artículo. Los tribunales piden el análisis de la calidad y la pureza de la droga a los laboratorios. Eso demora los procedimientos y la persecución del Ministerio Público, y muchas veces deja los delitos en la impunidad. Eso lo sabe y lo utiliza el narcotráfico. Por eso, fuimos majaderos en cambiar esa norma, y la aprobamos mayoritariamente.

Eso va a mejorar la persecución del delito, porque cuando la cantidad de droga o la dosis de ella que se incaute finalmente establezca la responsabilidad de quien la porte, guarde o almacene no para consumo personal, sino para distribuir y generar adicción en las demás personas, constataremos que eso es lo que debemos perseguir con todo el rigor de la ley.

Por eso, el artículo 4° de la ley N° 20.000, con la modificación que se le realizó, marcará un antes y un después una vez que esta futura ley sea promulgada.

En fin, marcarán esa diferencia muchas otras razones y disposiciones que incorpora este proyecto, las cuales han comentado otros diputados de la comisión. Me refiero, sobre todo, a la propuesta del diputado Matías Walker respecto del financiamiento de la política, en cuanto a que debemos excluir, sí o sí, cualquier dinero que provenga de la droga para un candidato o para un partido político. Eso también es bastante revolucionario y nos permitirá prevenir situaciones que perfectamente nos pueden ocurrir, como han ocurrido en otros poderes del Estado.

Por todo lo anterior, espero que aprobemos este proyecto en su totalidad y que pase al Senado, para que pronto tengamos una legislación que nos haga perseguir de mejor manera el narcotráfico.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, cabe resaltar que, junto con otros diputados, soy autor de dos mociones que fueron refundidas en este proyecto: la primera, que está contenida en el boletín N° 12668-07, la presentamos el 28 de mayo de 2019, y la segunda, que está contenida en el boletín N° 12776-07, el 9 de julio de 2019. Esas dos iniciativas, que además fueron fusionadas con un mensaje del gobierno, apuntan en el camino correcto, porque revelan la preocupación que tenemos los autores respecto de dos temas que hoy son fundamentales y que se han discutido en el ámbito de este proyecto de ley.

Si bien es cierto se acogieron parte de las proposiciones que hicimos en el proyecto sobre extinción del dominio o decomiso sin condena, que en esta materia es más ambicioso que el que en definitiva se aprobó, queríamos ir más allá. Sin embargo, en la propuesta que aprobó la comisión al menos se acoge en parte la tesis que nosotros sostenemos.

Se trata de una iniciativa que, cuando estudiamos el tema, sacamos de un proyecto modelo del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (Laplac), de las Naciones Unidas, el cual nos permitió elaborar el proyecto de decomiso sin condena o extinción del dominio, no solo en el caso de los narcotraficantes, sino de cualquier otro tipo de fraude, como cohecho y otro tipo de delitos de esa envergadura, que corrompen la sociedad completa.

El proyecto del Ejecutivo toma en parte esa iniciativa. Creemos que, al menos, hay un avance significativo en materia de enajenación temprana y en la forma en que esta se regula.

Está claro: todos han dicho que hay que desarticular donde les duele a las grandes bandas de narcotraficantes. Obviamente, les duele en el dinero, en los vehículos y en cualquier tipo de bienes que tengan y que lavan, metiéndose en los intersticios de otras actividades muchas veces lícitas, tratando de ir blanqueando su dinero.

El problema es grave en Chile. Por eso, presentamos estos proyectos de ley en 2019.

Insisto en que el problema es grave, y lo vemos día a día en lo que pasa en cada una de nuestras regiones, en todo el país. Para qué decir cómo en la Región de Atacama ha ido proliferando, aumentando y dañando sustantivamente no solo a las personas, hombres y mujeres jóvenes, sino a toda la sociedad.

Sin lugar a dudas, el gran riesgo es que el narcotráfico penetre en el mundo de las decisiones, en la policía, en la Fiscalía, en los tribunales, en la política, en los municipios, como ya hay indicios.

Por eso, tenemos que ser tremendamente claros. Si bien este proyecto acoge parcialmente algunos temas, va por el camino correcto.

Este proyecto, que espero que se apruebe hoy, también recoge aspectos de otra moción que presentamos, que tienen que ver con la pureza de la droga, para que no haya complicaciones procesales que terminen con personas comprometidas con el narcotráfico, absueltas porque no se recibió el informe oportunamente.

El proyecto también recoge otros aspectos de orden procedimental que se corrigen, que nos los enseñaron en su oportunidad en las reuniones que sostuvimos con el Ministerio Público y con las policías antes de presentar el proyecto de ley.

Por último, creo muy importante que se haya absuelto, que haya quedado clara una indicación que tenía el propósito de que no se maltrate procesalmente a las personas que hacen uso medicinal de la cannabis. Ese es un aspecto importante a considerar. Para el uso medicinal se establece una exención de orden procesal, de modo que no sean tratadas como narcotraficantes -muchas veces ocurre- las personas que cultivan por razones de salud.

Creo que estamos ante un buen proyecto y lo vamos a aprobar. Agradezco al señor ministro subrogante del Interior y Seguridad Pública y ministro de Defensa Nacional titular por su mención en su exposición a este autor de uno de los proyectos de ley fusionados.

Repito: aprobaremos este proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, este proyecto, según los fundamentos que contiene el mensaje que lleva la firma del Presidente de la República, pretende perfeccionar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado. Nosotros, como oposición, compartimos este propósito; pero este proyecto de ley del Presidente de la República, que votaremos hoy, partió con una retórica presidencial ampulosa, efectista, que nos hablaba, tanto en el mensaje como en la prensa, de un combate frontal contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Dice el mensaje que se aplicará todo el rigor de la ley contra quienes integran esas organizaciones delictivas. Pero como ya se ha hecho habitual en este gobierno, simplemente se queda en mucho ruido y pocas nueces.

En verdad, aunque si bien tiene algunas cuestiones positivas, este proyecto tenía un conjunto de propuestas torpes, mediocres, mal pensadas, y hasta retrocesos en la persecución del narcotráfico. Por ejemplo, contenía una disposición del gobierno que establecía que toda la droga incautada fuera almacenada, custodiada y destruida por Carabineros de Chile. Este proyecto también proponía que los exámenes de laboratorio que se hacen a las drogas incautadas sean realizados por laboratorios de Carabineros de Chile. A estas disposiciones la prensa las bautizó como “leyes Bombo Fica ”, dando a entender que la droga que iba a entregarse a Carabineros iba a ingresar con un cierto tonelaje, pero iba a salir con un gramaje. Parece que el gobierno no está enterado de que Carabineros atraviesa por una crisis tan profunda, tan sistémica, que ellos mismos vinieron a la comisión a decir: “Por favor, no nos entreguen estas responsabilidades porque no estamos en condiciones de cumplirlas”. Lamentablemente, el gobierno no se enteró de aquello e igual insistió en que aprobáramos esas disposiciones.

Por otra parte, nada se dice en el proyecto acerca de penalizar a las organizaciones delictivas, a ese tipo de personas a las que se las denomina “carteles”, que se asocian y coordinan para delinquir y que organizan sus medios y planifican para conseguir sus propósitos. Este proyecto que persigue el narcotráfico no contempla nada de ello. ¿Cómo se puede entender eso?

En definitiva, este proyecto es una propuesta modesta, con algunas normas de utilidad que aprobamos, por supuesto, pero con un enfoque en contra de los consumidores de marihuana. Sobre ellos se centra gran parte del debate, en el límite que diferencia el consumo personal, que no está penalizado, con un microtraficante, en vez de poner los esfuerzos -como le pedimos al gobierno- en los cabecillas de las estructuras del crimen organizado.

No obstante, hay algunas cosas positivas que destacar y que aprobamos en la comisión; por ejemplo, todas las normas para perseguir y trazar el patrimonio, la utilidad y el poder económico que obtienen las bandas de narcotraficantes, mediante la enajenación temprana, el comiso por equivalencia o el fortalecimiento de la persecución del delito de lavado de activos. Asimismo, se amplía la fiscalización que hace la Unidad de Análisis Financiero.

También es importante que se haya robustecido el Senda, buscando que se fortalezca la prevención del consumo de drogas. El problema de fondo es que en la persecución del narcotráfico, la política que se ha tenido en este país ha fracasado rotundamente. El modelo objetivamente no ha logrado reducir ni el poder de las bandas ni el consumo de drogas, y este proyecto, que mantiene esa política errada, va a tener resultados también errados.

Por eso creemos que no hay nada alternativo, nada diferente a poner el foco en la prevención y en la educación, porque ahí está la clave para reducir el consumo: eliminando consumidores. Pero este gobierno, lamentablemente, no le asigna valor.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea) [vía telemática].-

Señor Presidente, he intentado leer con detenimiento el proyecto, y la verdad es que, en principio, quién podría estar en contra de una iniciativa que suena tan bien. La pregunta es dónde pone el foco el proyecto.

Uno de los temas que se mencionan es la enajenación temprana de bienes incautados. La pregunta es: ¿y de ser inocente la persona? Se abre un flanco al Estado. ¿Cómo se van a devolver esos bienes? ¿A qué precio?

Sobre los recursos de los bienes incautados, me llama la atención que finalmente, tras todos los cuestionamientos que hay hacia las policías, se determine que estos vayan directo a las unidades policiales. Es el Estado el que tiene que financiar a las policías. Más bien creo que correspondería que esos recursos fueran destinados, por supuesto, a programas de educación, de prevención y de tratamiento.

Tengo dudas de que esto termine siendo un incentivo perverso. Y para ser bien franca, lo más populista que me parece en este proyecto es la prohibición de ser candidato a ejercer un cargo público a menos que se demuestre que no se es dependiente de droga. Por supuesto que estoy de acuerdo con que las personas que ejercen cargos públicos no sean dependientes de drogas, y tendremos que buscar un mecanismo para aquello. Pero esto finalmente puede terminar transformándose en una cacería de brujas, en un show incontrolable. Después van a aparecer algunos que van a decir que vamos a tener que pedir un examen para asegurarnos de que dichas personas no sean dependientes del alcohol.

En verdad, creo que hay que revisar bien esta legislación y buscar la manera que nos permita asegurar otro camino, pero con el mismo objetivo y un poco más preciso y trabajado.

Por otro lado, creo que debemos hacer una reflexión profunda de si el aumento de las penas y el show mediático, que hace rato ha demostrado que es absolutamente ineficaz,- son el camino.

Creo que uno debe valorar la iniciativa de perseguir el patrimonio del narcotráfico. Existen iniciativas parlamentarias presentadas, sobre todo aquella presentada por la diputada Orsini y otros parlamentarios, que aumentan el comiso. Espero que esas iniciativas se tramiten.

Pero lo que se señala en este proyecto creo que abre flancos que son, al menos, peligrosos para el Estado.

Además, considero que hay que preguntarse qué estamos haciendo con las tareas policiales. Hay que poner el foco en ellas. Eso no se hace con una ley de control de identidad como una caza de brujas, sino poniendo policías que trabajen para atacar el narcotráfico.

Hay que revisar y rediseñar las políticas de prevención, hay que revisar la regulación de las drogas, hay que hacer una serie de cambios bien profundos. Este proyecto no refleja aquello y sigue con la misma receta fracasada de perseguir a los eslabones más débiles y tener manga ancha para el narcotráfico.

La verdad es que la actual propuesta del Ejecutivo no va a aumentar la eficiencia en la persecución del narcotráfico. Creo que, al contrario, va a aumentar la criminalización, la represión y la estigmatización de las personas usuarias principalmente de cannabis, y muy particularmente -algo que me preocupa- de mujeres y jóvenes de sectores populares.

Creo que Chile necesita una reforma profunda a su política de droga en general y muy urgentemente una nueva regulación integral para la cannabis. La verdad es que este proyecto no responde en nada a aquello. Por supuesto tiene un título bonito, pero creo que abre flancos peligrosos respecto de lo que se señala en la ley, y yo, honestamente y con mucha reflexión, no estoy dispuesta a aprobarlo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado José Pérez .

El señor PÉREZ (don José) [vía telemática].-

Señor Presidente, junto con saludar al ministro subrogante del Interior y Seguridad Pública, señor Baldo Prokurica , quiero señalar que estoy contento y bastante conforme con el proyecto de ley que estamos analizando.

Tal como lo señaló el diputado Fernando Meza , el 20 de diciembre de 2018, junto al diputado Carlos Abel Jarpa , presentamos un proyecto de ley que apuntaba en la dirección de lo que busca abordar esta iniciativa. Si bien el tiempo que transcurrió antes de que esta fuera tratada fue lamentablemente muy extenso, me parece bien que lo estemos haciendo ahora.

Varios parlamentarios han dicho que consideran que la iniciativa no es positiva, pero les hago un llamado para que la mejoremos; para eso están la Cámara de Diputados y el Senado.

El proyecto en debate propone la modificación de diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y del crimen organizado, delitos que ingresaron a nuestro país hace mucho tiempo y que siguen sigue creciendo en forma alarmante.

Respecto de la disposición de la iniciativa que establece que quienes postulen a cargos públicos deberán presentar un certificado médico que acredite que no son consumidores de sustancias nocivas, no estoy de acuerdo que dicho certificado pueda ser extendido por cualquier médico, porque todos tenemos amigos médicos, sino solo por el Servicio Médico Legal, a fin de que las cosas se hagan como corresponde. Eso evitará que quienes seamos elegidos por voluntad popular podamos transgredir una disposición que es fundamental. Tenemos que dar el ejemplo en esta materia y ser probos, en el sentido de no ser consumidores de sustancias ilícitas que, sin duda, no nos llevan por buen camino.

Me alegro profundamente de que estemos analizando este proyecto, de manera que debemos hacer todo lo posible por mejorarlo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, porque dice relación con normas que debieran estar aplicándose desde hace mucho tiempo. No es posible que las personas que ocupan cargos relevantes en la administración del Estado, en cualquiera de sus niveles, ya sea como concejales, alcaldes, consejeros regionales, diputados y senadores, entre otros, sean consumidores de sustancias prohibidas.

En consecuencia, debemos dar el ejemplo y despachar este proyecto lo antes posible, para que cortemos con la práctica de que predicamos y no practicamos. Se requiere que seamos lo suficientemente claros y transparentes en decir “no” al crimen organizado y al tráfico permanente de sustancias prohibidas, que provocan un tremendo daño a la población nacional, especialmente a nuestra juventud.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, qué bueno que estamos hablando de drogas en este Congreso, pero no solo de drogas, sino también de narcotráfico, lo que me parece todavía más necesario.

Si bien el proyecto en debate es modesto, de algún modo servirá, aunque en menor medida, para enfrentar ese delito.

Sin embargo, me la juego con un pronóstico: si nos volvemos a reunir en diez años más para volver a legislar sobre el establecimiento de medidas para combatir el narcotráfico, estoy seguro de que para entonces habrán aumentado los indicadores de violencia, de corrupción, de consumo y de tráfico. Todas las variables que tienen que ver con la guerra contra las drogas habrán empeorado. Con o sin este proyecto, todos esos indicadores empeorarán en Chile, así como probablemente en América Latina y en el mundo.

Las razones para que ello sea así tienen que ver con las reglas del juego y con los incentivos. El corazón del problema del narcotráfico es la demanda, de modo que, mientras exista la ilusión del prohibicionismo -quiero destacar la palabra “ilusión”, porque nuestras poblaciones están repletas de narcotráfico, el cual, supuestamente, se encuentra prohibido-, los narcotraficantes ganarán. Mientras las drogas sean ilegales, mientras el mercado de las drogas sea ilegal, el narcotraficante es el que gana, porque tiene la plata, la demanda y las armas, lo que le permite jugar con la pobreza de la gente.

Por lo tanto, si no legalizamos el mercado de las drogas no hay posibilidad alguna de que el Estado les gane a las bandas de narcotraficantes.

De allí que votaremos a favor algunas modificaciones buenas de este proyecto, pero no apoyaremos otras. Diría que en general que está mal jugado el partido, ya que los incentivos están puestos para que ganen los narcotraficantes.

Si no quitamos la demanda al crimen organizado, a través de regularizar esos mercados, este tendrá más plata, más poder y será capaz de corromper a nuestros jueces, a nuestros políticos y a nuestras policías, tal como ha ocurrido en todo el mundo.

Por lo tanto, votaremos a favor de todo lo que tenga que ver con perseguir particularmente el patrimonio de las bandas criminales. No obstante, no creamos que con eso ganaremos la guerra al narcotráfico. Se debe tener en cuenta que para lograr aquello se debe regular el mercado de las drogas; debemos quitar a ese grupo de criminales la porción de mercado que hoy tiene bajo control. Si no se la quitamos, lo que en verdad estaremos haciendo será regalarles el poder, ya que el prohibicionismo, al final, es el mejor aliado de las bandas de narcotraficantes. Lo único que quieren los narcotraficantes es que esto siga ilegal, porque de eso depende su negocio.

Votaremos a favor algunas normas. Por supuesto, diremos no a la criminalización de los usuarios, menos de los consumidores de cannabis. Pero debemos enfrentar el tema patrimonial de las bandas, con la finalidad de combatirlas, sin perjuicio de que espero que en los próximos proyectos tratemos el problema de fondo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, el colega Vlado Mirosevic me quitó las palabras de la boca, pues pienso exactamente lo mismo: si cerramos los ojos y pensamos en diez, veinte o treinta años más, para ese tiempo estaremos discutiendo exactamente lo mismo, ya que la guerra al narcotráfico ha sido infructuosa en todas las latitudes.

Destacados ex–Presidentes, tanto de Chile como de Brasil y de México, hace algunos años lanzaron un manifiesto en pro de la legalización y liberalización de las drogas, por supuesto en forma progresiva, la que partía por la marihuana y continuaba con la cocaína. Obviamente, para que una iniciativa de ese tipo tenga resultados, esta debe ser de carácter global, porque no tendrá ningún efecto si se aplica solo en algunos países.

Si bien el narcotráfico seguirá existiendo mientras sigamos enfrentándolo de espaldas, hoy tenemos el problema que generan las bandas criminales, el cual hay que resolverlo ya. Espero que la ciudadanía de todo el mundo, no solo la chilena, lleve a cabo la evolución que se requiere para terminar por desvincular el consumo de estupefacientes de todo lo que se genera en torno al comercio ilegal, como la corrupción y su penetración en la política, lo que derechamente constituye delito.

Muy probablemente para ese tiempo no estaremos aquí, pero estoy completamente seguro -no necesito una bola de cristal para saberlo- de que en treinta o cuarenta años más no estaremos frente a la existencia de un mercado clandestino.

Naturalmente, apoyaré todas las medidas contenidas en las disposiciones de esta iniciativa, particularmente aquella que ataca a las bandas en lo que más les duele: en su patrimonio, así como aquella que dispone la exigencia de la ausencia de todo lo relacionado con la droga para ocupar un cargo de representación popular.

No puede haber aquí un alcohólico, porque es un enfermo, y necesita tratamiento, ya que se produce una alteración de su estado mental y de la capacidad de legislar en función de los derechos de la gente.

En consecuencia, votaré a favor varias normas de este proyecto, pero me excluiré en otras.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, tal como sabemos, porque este es un asunto que se ha debatido en esta Sala en reiteradas ocasiones, Chile ha dejado de ser un corredor de la droga proveniente de los países productores, principalmente Bolivia y Perú -hay que decirlo con nombre y apellido-, y ha pasado a ser un país de destino.

Tal vez el aumento del per cápita ha permitido que haya un poder adquisitivo que antes no había. Tal vez los equívocos sucesivos en planes, programas, avisos y lo demás que ha ocurrido en Chile han favorecido que el narcotráfico siga creciendo y capturando barrios completos, comunas, y, principalmente, jóvenes.

Distintas autoridades de diferentes gobiernos han comprometido esfuerzos “para combatir el narcotráfico”. Bueno, este es un combate curioso, porque la verdad es que esa guerra no se ve y, además, los resultados indican que la hemos venido perdiendo sistemáticamente año a año.

Voy a anticipar mi voto. Votaré a favor esta iniciativa, porque no se entendería que uno rechazara en general un proyecto que, a todas luces, necesita ser mejorado, ya que es parcial. Seguimos enfrentando los grandes y profundos temas de manera parcial, cuando hay que verlos en su integralidad. Ese es el problema de esta iniciativa. No obstante, eso no justifica que se rechace la idea de legislar y volver a esperar meses, quizás años para poder tramitar proyectos que apunten a lograr algún grado de control respecto de este flagelo desgraciado del narcotráfico, que significa la captura de jóvenes que nunca más podrán abandonarlo. Y digo “nunca más”, porque quiero centrarme en otro asunto.

Mientras nosotros seguimos debatiendo el cómo hacer acciones parciales, el narcotráfico avanza sin contrapeso y consolida su participación en las 346 comunas de nuestro país. La discusión sobre la prevención del consumo, la prioridad en materia de narcotráfico, que hoy debería ser su persecución efectiva, esto es, mayor velocidad de persecución y hallazgo de las cadenas del narcotráfico, la efectividad y la oportunidad de estas tareas, claramente -¡claramente!- le dan ventajas al narcotráfico. Mientras nosotros tenemos a las policías elaborando proyectos para obtener tal o cual tecnología, para lo cual deben someterse al portal de compras públicas mediante licitaciones y hacer un montón de cosas más, el narcotráfico saca plata del bolsillo y al día siguiente compra la última tecnología. Tenemos esa desventaja.

Por otro lado, la salud mental en Chile es el hermano pobre y despreciado, primero, de nuestra sociedad, y segundo, de las instituciones y los distintos gobiernos. ¡Cuidado! Hoy la salud mental está desplazando, según sus propios indicadores, las actuales prioridades de atención en salud, y nadie se preocupa.

Revisemos las regiones de Chile y veamos cómo contenemos los distintos escenarios en materia de comportamiento de las personas y cómo cubrimos las necesidades de atención en salud mental. ¿Qué dependencias y qué programas tenemos para ello? Porque no digamos que hoy el Senda es la tremenda institución. Nos pasa lo mismo con el Senama, con el Senadis, que son instituciones de chiste. Los adultos mayores no tienen la institución que necesitan. Las personas en situación de discapacidad tampoco tienen una institución en serio y con peso que las respalde. Y hoy día, en materia de prevención del consumo de drogas, el Senda de verdad es un chiste.

Creo que hay que preocuparse de dónde se recuperan, dónde se tratan, dónde se rehabilitan las personas, especialmente los jóvenes, que han sido capturadas por la droga. ¡No hay dónde! El que tiene lucas tal vez mande a su hijo a Estados Unidos. El que no las tiene, y aunque las tenga, no cuenta en Chile con hospitales especializados que reciban a esos jóvenes para darles ayuda en salud mental.

Por último, quiero referirme a la indicación del diputado Matías Walker que busca castigar duramente a los partidos políticos, incluso con su disolución, que se relacionen o reciban plata del narcotráfico, o los que usen menores de edad, o…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Sebastián Torrealba .

El señor TORREALBA.-

Señor Presidente, estamos frente a, probablemente, uno de los proyectos más importantes que tiene que debatir esta Cámara de Diputados con respecto a los temas de seguridad, delitos, narcotráfico y crimen organizado que está viviendo nuestro país.

En tal sentido, quiero agradecer al gobierno por haberle puesto discusión inmediata a esta iniciativa.

El narcotráfico avanza a pasos agigantados y se moderniza muchísimo más rápido que la legislación; por lo tanto, la discusión que estamos teniendo hoy -la tuvimos también en la Comisión de Constitución- debemos hacerla con mucha celeridad.

El narcotráfico no solamente destruye a miles de familias que se enfrentan al flagelo de la droga, sino que también tiene la capacidad de destruir países completos, de destruir la institucionalidad de un país. Por eso, por las familias y por nuestro país, es urgente que hagamos muy rápido este debate.

Este proyecto tiene varias aristas, pero creo que la más importante es la que, finalmente, le quita el flujo de dinero a los narcotraficantes. Ese es el gran poder de los narcos en nuestro país: tener recursos para hacer lo que quieran con nuestra sociedad; tener recursos para tomar poblaciones completas y ser sus reyes; tener recursos para usar niños como soldados y ocuparlos tanto en el microtráfico como en el narcotráfico. Por tanto, la referida arista constituye un avance importante.

Asimismo, esta iniciativa plantea un avance relevante con respecto a cómo se quitan los bienes a los narcotraficantes, que hoy campean por nuestro país. Esa es la batalla que debemos dar contra el narcotráfico, que, finalmente, usa sus recursos económicos ilimitados para introducirse en las familias y en nuestra institucionalidad.

Otro elemento significativo de este proyecto dice relación con poner una barrera gigante entre el narcotráfico y la política. Creo que se dio una buena discusión al respecto en la Comisión de Constitución. No podemos permitir que en Chile ingresen el narcotráfico, la droga, el crimen organizado a la política. Eso es simplemente inaceptable, porque cuando pasa eso en un país, se destruye su democracia.

Durante el debate de la iniciativa presenté distintas indicaciones tendientes a cortar el flujo de caja a los narcotraficantes, y creo que eso se logró. Sin perjuicio de ello, a este proyecto todavía le falta mucho. Asimismo, considero que también faltan otras iniciativas contra los narcos, ya que, además de destruir su flujo de caja, hay que destruir sus redes.

Hoy, cuando los narcotraficantes son detenidos y enviados a la cárcel, siguen campeando en ellas, con privilegios que también tienen en las calles; por tanto, en nuestro país el crimen organizado y el narcotráfico se manejan desde las cárceles. Eso es una realidad.

Por eso, pido al gobierno hacer una reforma carcelaria total, porque los narcotraficantes no pueden tener ningún acceso a redes de contacto dentro de los recintos penitenciarios. Cuando vemos que narcotraficantes tienen teléfonos, usan medios de comunicación dentro de las cárceles, es porque simplemente está “mal pelado el chancho”; no puede ser que tengan los privilegios que hoy tienen al interior de esos recintos.

Es relevante que aprobemos hoy este proyecto y que su tramitación se desarrolle rápidamente, razón por la cual solicito al gobierno que le mantenga la calificación de discusión inmediata. Asimismo, pido al Senado que acelere su tramitación, porque, repito, el narcotráfico avanza a pasos agigantados, y el Parlamento, de una vez por todas, debe acelerar la discusión de este tipo de proyectos para pillar a los narcotraficantes, que están destruyendo familias e instituciones completas.

El Congreso debe declararle una guerra frontal y democrática al narcotráfico. Esa es la obligación que tenemos como parlamentarios, como colegisladores.

Anuncio que aprobaremos este proyecto. Ojalá que el Senado lo tramite rápidamente.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, coincido plenamente en que debemos agotar todos los esfuerzos para combatir el narcotráfico, flagelo que no solo corrompe a una sociedad por completo, sino que -esto es lo más grave- destruye a las familias, los barrios, las comunas.

Independientemente de aquellos que hablan solo de la alta política, nuestros vecinos en los barrios nos preguntan qué estamos haciendo para acabar con las drogas, con el narcotráfico, con la corrupción.

Por eso, si bien la aprobación de este proyecto de ley no acabará con todo el flagelo de la droga, sí será un aporte. Lo será, en primer lugar, porque establece una agravante en la ley N° 20.000, de modo que si el delincuente se vale de niños, niñas o adolescentes para el tráfico de drogas, la pena aumentará en un grado, y si les entrega armas de fuego, en dos grados.

En segundo lugar, es un aporte porque aborda el comiso, herramienta fundamental para atacar a estas verdaderas empresas del delito, estableciéndose el comiso temprano de sus recursos y, además, otorgando al Consejo de Defensa del Estado la calidad de interviniente permanente en la ejecución de la pena en su aspecto patrimonial y, especialmente, respecto del cumplimiento del comiso impuesto en la sentencia, lo cual es fundamental.

Otro avance significativo es justificar el uso de cannabis medicinal prescrita mediante la receta médica pertinente, lo cual acabará con el dolor que sufren muchas personas, muchos vecinos y muchas vecinas que utilizan cannabis para fines medicinales.

Hay un elemento de Perogrullo, que es un avance. Me refiero a que ni el Presidente, ni los senadores, ni los diputados, ni los gobernadores regionales, ni los consejeros regionales, ni los alcaldes, ni los concejales podrán ser dependientes de drogas ilícitas.

Este proyecto de ley avanza en ese sentido, e incorpora también a ministros, subsecretarios, fiscales, vale decir, a todo el aparato público. En consecuencia, el interesado, al momento de asumir el cargo, deberá prestar una declaración jurada que acredite que no es dependiente de drogas sin tratamiento médico, y, lo que es más importante, deberá acompañar un examen médico que deberá actualizarse año a año.

Es fundamental establecer una barrera infranqueable entre la función pública y el narcotráfico, para lo cual hay que eliminar de los altos grados jerárquicos del aparato público a aquellas personas que sean dependientes de las drogas. Esto es muy importante, por lo cual lo vamos a apoyar.

Asimismo, la iniciativa dispone que “No podrá ser candidato a cargo a ninguna elección popular quien se encontrare formalizado de la investigación, decretado la suspensión condicional del procedimiento prevista en el artículo 237 del Código Procesal Penal o hayan sido condenas por alguna de las conductas punibles contempladas en las leyes 19.366, 19.913 y 20.000.”.

¿Es un avance? Claro que es un avance. ¿Elimina la problemática? No la elimina, pero es fundamental establecer una barrera infranqueable entre la política y el narcotráfico.

Voy a votar a favor el proyecto de ley. Insisto, no constituye la panacea ni es una varita mágica, pero sí un gran aporte en la lucha que todas y todos debemos dar contra el narcotráfico.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, en 2010, en ese Chile en el que todavía se podía hacer el Festival de Viña del Mar, Bombo Fica contó un chiste que predijo lo que ocurriría diez años después. No sé si lo recuerdan, pero el humorista relató un decomiso de cinco kilos de droga en el norte del país a una persona que luego era detenida por portar cuatro kilos; luego ingresaba a la comisaría con tres kilos, y, finalmente, era condenada por la tenencia de un papelillo.

El chiste muestra dos cosas: por un lado, que hay un problema en la persecución penal del narcotráfico, y, por otro, que parece extraño encargar a Carabineros la custodia de la droga. Tanto es así que, luego de que el gobierno anunció que iba a entregar la custodia de la droga decomisada a Carabineros, al proyecto se le dio un nombre de fantasía: en las redes sociales, la gente empezó a llamarla “ley Bombo Fica”.

¡Cómo no nos vamos a sorprender con esta idea! ¡Cómo no alarmarse con la idea de que una institución que está fuertemente cuestionada por asuntos de corrupción sea la encargada de administrar la droga que se decomisa!

¡Ojo!, no lo digo porque esté asumiendo que los carabineros son drogadictos o narcos; no es eso lo que estoy diciendo, y tampoco es lo importante. Lo importante es que la policía no tiene hoy la legitimidad para realizar una labor como esa, y entregársela es empujarla un poquito más a un agujero del que cada vez será más difícil sacarla, haciendo aún más complejo restablecer las confianzas en la institución policial.

También preocupa que el proyecto perpetúe la lógica de castigar el consumo, con la cual no puedo sino estar en desacuerdo.

Diputados y diputadas, la adicción a las drogas es un problema de salud en el caso de cualquier persona, aunque sea quien se postula a un cargo público o lo desempeña; no es un motivo para inhabilitarla, no es un motivo para impedir que trabaje o que participe en la política, sino que es un motivo para darle tratamiento médico.

Señor Presidente, imagínese el espectáculo: diputados acusando a otros porque los vieron consumir alguna droga; matinales y “opinólogos” que serán usados para bajar candidaturas de un lado y del otro. Les pregunto, muy sinceramente, ¿por qué no hacemos lo mismo con el alcohol? ¿Acaso el alcohol tiene aspectos positivos que no estamos viendo en esta discusión?

Colegas, por supuesto que lo dicho no significa que no crea que la corrupción que genera el narcotráfico es un problema gigante. Quiero ser enfática en decir que lo peor que nos puede pasar en política es que el narcotráfico permee todas las instituciones del Estado. Pero esa es otra discusión, y, reitero, no tiene que ver con los consumidores.

Sabemos, por la experiencia comparada de algunos de nuestros vecinos, que los partidos políticos son herramientas tremendamente atractivas para aumentar el poder del narcotráfico, cuestión que el presente proyecto aborda, de alguna manera, al aplicar como sanción la disolución de los partidos políticos que hayan sido cooptados por el poder del narco. Pero fíjense, colegas, que el problema es de corrupción, de financiamiento ilegal, de cohecho, no de consumo.

Me van a perdonar la majadería, pero voy a insistir: el consumo no es el problema, sino el tráfico. El consumo problemático es una cuestión de salud pública, mientras que el tráfico es siempre un asunto criminal.

Por eso, iría incluso un poco más lejos, pues modificaría la ley N° 20.000 para terminar con el castigo a quienes consumen drogas; trataría a esas personas y me concentraría en castigar a quienes trafican.

Para ser más precisa, creo que hay que enfocarse en el negocio del narcotráfico. Tenemos una estrategia de lucha contra las drogas que sigue poniendo el énfasis en el microtráfico, en el último eslabón de la cadena, cuando el problema es, a todas luces, el narcotráfico y su poder económico.

El proyecto hace algunos cambios en ese sentido, los cuales considero importantes, pues amplía las hipótesis de comiso de bienes, pero, problemáticamente, incluye la enajenación temprana de bienes de personas que pueden resultar inocentes.

Señor Presidente, creo que sí es una buena idea ampliar las posibilidades legales para decomisar bienes, pero considero que hay que ampliarlas no para castigar anticipadamente, sino para atacar el negocio de la droga. De hecho, creo que hay que profundizar urgentemente esta estrategia y virar hacia una batalla contra el poder económico del narco.

El narco obtiene su poder porque controla el mercado y porque lucra de ello. Ahí es donde debemos hincarle el diente, persiguiendo su patrimonio, quitándole el control del mercado. La razón es muy sencilla: las organizaciones criminales funcionan como empresas; no es casual que se organicen de modo similar, con estructuras jerárquicas, cadenas de mando y cargos y funciones definidos.

Por eso, hoy, junto con diputados y diputadas del Frente Amplio y de otros sectores, presentamos un proyecto de ley que resalta la importancia de atacar el problema del narcotráfico desde una perspectiva distinta, porque lo que interesa en una empresa no son las personas, sino el negocio.

Por ello, la cárcel poco puede aportar para resolver el problema. Cuando un trabajador se va es reemplazado por otro; cuando una trabajador está lejos, por ejemplo, en otro país, teletrabaja. Sin embargo, si la plata se va, si la plata es requisada, el negocio tiene un problema serio, porque se cortan los salarios, las cadenas de pago, los sobornos, etcétera.

En la actualidad, la ley permite requisar bienes en casos muy específicos y restringidos, lo cual cambiará un poco con la aprobación de este proyecto, así como mejorará su administración, claro que sí. Sin embargo, necesitamos que se puedan decomisar todos los bienes que provengan de la actividad ilícita. En otras palabras, hay que atacar todo el patrimonio que crea y mantiene el negocio de la droga, no solo aquel obtenido en una operación en particular.

Por eso, vamos a proponer la ampliación de las posibilidades de comiso de la ley N° 20.000, como se ha hecho en la legislación comparada y han propuesto diversos actores relevantes de la discusión nacional.

Este proyecto tiene aciertos que es posible profundizar, como criminalizar el suministro de drogas sin el consentimiento de la víctima, forma de violencia machista tremendamente peligrosa y que no está debidamente tratada en nuestra legislación.

También es positivo que se castigue de manera más intensa a quienes se aprovechan de niños, niñas y adolescentes, destrozando sus vidas con una guerra que no es suya. No obstante, el proyecto también tiene muchos errores que es necesario corregir -algunos problemas llevan décadas-, y el hecho de denunciarlos no nos convierte en la caricatura prodelincuencia o pronarcotráfico que, de seguro, muchos van a hacer de nosotros.

En verdad, la situación en seguridad ciudadana es crítica y no aguanta más caricaturas ni más chistes. Es hora de tomarnos en serio el problema y de asumir todos y todas que para obtener un resultado distinto no podemos seguir utilizando la misma estrategia empleada durante los últimos treinta años, que sabemos ha fracasado.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, ya es sencillamente inexplicable la perturbación que tienen algunos diputados de izquierda por la lucha contra el narco y el narcoterrorismo. A los narcos hay que cortarles el paso, extinguirlos de la sociedad antes de que se hagan imparables.

A los diputados que ponen en duda la labor de las policías y hablan sobre ciertos nexos entre ellas y los narcos, les pido que hagan públicos los antecedentes que tengan en su poder, porque callar es ser parte del crimen.

¿Alguno de ellos mencionó el financiamiento a los narcoterroristas? Ninguno. Se atreven a poner en duda a las policías, pero a los narcoterroristas, que están destruyendo la Araucanía, en particular, y a Chile, en general, no.

¿Tan barata es la libertad de las personas que ustedes proponen una ley para todo? ¿Legalizar alguna droga es la solución? Así solo convierten el crimen en ley. Queremos una sociedad libre, no libertaria, aunque la ideología sectaria de ustedes la proponga constantemente.

La desesperanza no es real, como algunos de los presentes lo dejan ver. Un ejemplo claro de la lucha contra la droga es la Fundación de Educación Nocedal. ¡Conózcanla! ¡Sepan lo que ahí se hace! Sabrán que la esperanza sí existe, y además sabrán que los niños y sus padres no quieren la droga, la quieren lejos de sus vidas; ni siquiera quieren sentir el olor de la droga.

Por último, celebro que se haya agregado al proyecto en debate mi moción, que tipifica como delito el drogar a alguien sin su consentimiento, acto perverso de los extorsionadores mediante el cual manipulan a sus víctimas de manera miserable y cobarde.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, sin lugar a dudas, la primeras preocupaciones que la gente nos manifiesta cuando recorremos las comunas que representamos son la droga y la delincuencia. Llegó el momento de enfrentar al narcotráfico con mayor decisión, con más fuerza y con más valentía.

El proyecto de ley que hoy votaremos conjuga tres situaciones que, a mi juicio, son fundamentales. Primero, el aumento de las penas a los narcotraficantes por la utilización de menores de edad. Nos parece fundamental sancionar con más fuerza a los grupos narcos que se aprovechan de niños, niñas y adolescentes para cometer sus delitos. Es importante que exista un agravamiento de la pena cuando menores de edad son utilizados para el tráfico de drogas, y un doble aumento de la pena cuando además les entregan armas.

Todos los días en los noticiarios vemos que menores de edad son utilizados por bandas de delincuentes para cometer delitos. Cada vez con más frecuencia niños, niñas y adolescentes poseen armas de fuego mortales, y muchas veces suelen ser los más peligrosos, porque están completamente tomados por el narco y, al mismo tiempo, utilizados a través del otorgamiento de armas. Me alegro de que el proyecto de ley por fin aumente drásticamente las sanciones.

Segundo, se busca terminar con el negocio de los narcos. La idea es que sus bienes sean liquidados una vez que sean condenados. Muchas veces nos preguntamos qué pasa con los recursos, con el dinero, con las propiedades de los narcos cuando son detenidos. No solo hay que quitárselos, sino destinarlos a otros fines, como los de rehabilitación. Es un paso fundamental el que se está dando al quitarle al mundo del narco los recursos con los cuales opera, una vez que sus integrantes son condenados. Esos recursos rápidamente deben ser incautados y vendidos para financiar actividades como la rehabilitación.

Reitero: me parece un tremendo paso el quitarle al mundo narco los recursos con los que opera.

Tercero, considero fundamental la indicación que presentamos junto con el diputado Gonzalo Fuenzalida , la diputada Jiles y varios miembros de la Comisión de Constitución, que busca prohibir que las personas que se encuentren bajo la dependencia de las drogas puedan asumir cargos como el de Presidente de la República, senador, diputado, consejero regional, gobernador regional, alcalde y concejal.

Por fin, después de siete años se va a aprobar en este proyecto de ley la obligación de realizarnos el test de drogas. Cabe recordar que fue el primer proyecto de ley que presenté cuando asumí como diputado.

Es fundamental que a partir de ahora todas las autoridades -Presidente de la República, ministros, subsecretarios, diputados, senadores, consejeros regionales, gobernadores, alcaldes y concejales- tengan la obligación, una vez al año, de someterse a un test de drogas.

Esta es la forma de enfrentar al narco y de cortarle las redes, primero, aumentando las penas a quienes utilizan a menores de edad; segundo, quitándoles los recursos con que operan, y tercero, cortando cualquier posible vínculo entre los narcos y el mundo político, como lamentablemente ocurre en otros países. Para eso debemos contar con una ley durísima.

Esperamos -hacemos un llamado al gobierno- que en el reglamento correspondiente se establezca que los test de drogas se realicen sin previo aviso, de forma aleatoria, a las autoridades que acabo de mencionar, para que de verdad se pueda saber quién es adicto a las drogas.

Quien sea sorprendido, en ese mismo momento debe dejar su cargo público y político de representación. En el Congreso Nacional son demasiadas las leyes que debemos sacar adelante, las cuales pueden verse afectadas si alguna de las autoridades que acabo de mencionar tiene algún tipo de adicción a las drogas.

Espero que demos una señal clara y contundente al aprobar en forma unánime la obligación de que todos quienes estamos acá y todos quienes ocupan los cargos políticos más relevantes deban realizarse el test de drogas.

Agradezco al gobierno el apoyo dado a la Comisión de Constitución, donde estuvimos meses tramitando esta norma. Deseo destacar que es fundamental atacar en forma clara y decidida al mundo del narco, quitándole los bienes, aumentando las penas a sus delitos y, sobre todo, cortando cualquier posible vinculación que tengan con el mundo político y judicial.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, las drogas existen desde tiempos inmemoriales. Todas las civilizaciones han contado con drogas. Estas tienen luces y sombras. Luces, por ejemplo, en la creación de medicamentos, de fitofármacos. Sus sombras se relacionan con la dependencia y todo lo asociado al crimen.

Esto se puede abordar desde dos miradas. La primera es desde la perspectiva de la regulación, es decir, regular los mercados, establecer estudios serios de política pública, avanzar en seguridad, en prevención del consumo, etcétera.

La segunda es desde la perspectiva del prohibicionismo total, esto es, la negación del problema, esconderlo debajo de la alfombra; prohibicionismo que, además, es caldo de cultivo y facilita el avance del narcotráfico, porque el negocio del narcotráfico se sustenta en el prohibicionismo total de la droga. Si la droga estuviese regulada o gravada con impuestos específicos, no sería negocio, y, por lo tanto, no existiría incentivo para que se desarrolle el mercado negro, el que, finalmente, lo único que hace es darle mucho más poder al narco.

En este sentido, el crecimiento del narco se debe a la ausencia de políticas públicas efectivas y eficientes, a la ausencia del Estado. Cuando el Estado no está, el narco avanza. Hemos visto cómo ha avanzado en distintos lugares de nuestro país, particularmente en el distrito N° 10. Entonces, ¿por qué seguir tocando la misma tecla que fortalece este prohibicionismo?

El proyecto tiene un objetivo bastante sugerente: mejorar la persecución del narcotráfico y del crimen organizado. Personalmente, abrí espacio a la duda. Leí el informe completo y revisé los informes de la Defensoría Penal Pública y de la Fiscalía. La iniciativa tiene algunos aspectos positivos, como, por ejemplo, la tipificación de delitos relacionados con menores de edad. Por supuesto, ese es un aspecto positivo del proyecto que se puede aprobar. Sin embargo, el fundamento de base implica aumentar el prohibicionismo, aumentar la estigmatización, hacer más difusa la línea entre un consumidor, un microtraficante y un narcotraficante. Por lo tanto, lejos de avanzar, la iniciativa retrocede a la hora de dar a los jueces elementos normativos que les permitan identificar claramente dónde está el problema.

No puedo aprobar un proyecto de esta naturaleza. Sin perjuicio de ello, aprobaré aquellos aspectos positivos relacionados con los delitos cometidos contra menores de edad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señor Presidente, no cabe duda de que una de las prioridades en Chile es combatir el narcotráfico. No obstante, tengo algunas preocupaciones relacionadas con el proyecto de ley. Al igual que el diputado Saffirio , mi principal duda se vincula con lo que ocurre con los bienes incautados. En ese sentido, comparto lo señalado por el diputado, pues, a mi entender, los bienes incautados no deben ir a manos de las policías porque, obviamente, se genera un foco de posible corrupción. Eso lo dice la experiencia comparada. Podemos evitar que las policías vean un incentivo perverso en este punto y, con ello, impedir que se alejen de la tarea investigativa que les corresponde. El financiamiento de las actividades de las policías para cumplir de buena manera la tarea encomendada para combatir este tipo de delitos debe tener otra fuente.

De igual forma, me preocupa que el análisis químico y la destrucción la droga queden en manos de las policías. Aquí deben separarse los roles. Los servicios de salud, la autoridad sanitaria o un ente independiente deben ser los encargados del análisis y destrucción de la droga. No me parece que las policías se deban involucrar en esa materia.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, soy autora de dos de las mociones que debatimos el día de hoy. Voy a votar favorablemente todas las indicaciones presentadas en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Nuestra mayor motivación era precisamente la incautación y el comiso de todos los bienes que posean las personas y bandas que se dedican al tráfico de drogas. En otras palabras, la idea es cortar con el lucro del negocio. Sin embargo, uno se pregunta qué ha pasado en el país luego de los esfuerzos llevados adelante con buena voluntad y con toda la fuerza para detener el narcotráfico. Quiero decirles a mis colegas que no vamos a lograr absolutamente nada. Espero que algún día, cualquiera que sea el Ejecutivo que esté a la cabeza del país, tenga la valentía de tomar una decisión radical y fuerte. Sin duda, a los que somos un poco más conservadores y que tenemos más edad la medida nos complica, pero resulta urgente y necesario legalizar las drogas. Lo digo frente a todos ustedes: creo que tenemos que tomar la decisión política de legalizar la droga, a pesar de todas las complicaciones que podamos tener, porque es la única forma de cortar verdaderamente este negocio. Todo lo demás son parches. Es la única forma de saber dónde están los enfermos, dónde están las personas que consumen, cómo están, qué les pasa, y cómo el Estado debe hacerse cargo del problema.

No es posible que frente al conservadurismo que existe en el Congreso -a lo mejor soy su primera exponente-, el único esfuerzo que hagamos sea presentar estos proyectos, de los cuales también soy autora. Ellos son insuficientes. La droga nos está comiendo y está destruyendo a las familias…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, al igual que varios colegas, estoy por aprobar en general el proyecto, entendiendo que es una iniciativa que está en primer trámite constitucional y que debe ser mejorada sustancialmente.

Tenemos que dar una señal desde el Congreso, no solo desde Chile Vamos, sino también desde la oposición, respecto del narcotráfico y del crimen organizado. No podemos dar señales confusas a la ciudadanía en relación con esta materia: hay que ser claros en cuanto al sentido y contenido del proyecto y a su eventual eficacia.

Evidentemente, los expertos nos señalan que en materia de eficacia, este problema no lo vamos a solucionar como Estado exclusivamente con prohibicionismo, criminalización, populismo penal o shows mediáticos, generando una batalla contra el crimen organizado solo para las luces y la televisión, pero sin ir a los problemas de fondo.

Me parece que en los siguientes trámites hay que darle mucho más contenido al proyecto. Creo que hay que avanzar fuertemente en materia de prevención y de inteligencia. Hay que ir al problema de fondo y quitarles el negocio a los narcotraficantes, avanzando en la despenalización al menos en lo que respecta a las drogas blandas. Sin duda, son materias que se encuentran pendientes y que tenemos que incorporar en el debate.

Asimismo, es importante hablar de la falta de oportunidades, de cómo el narco se ha apropiado de nuestros jóvenes en los barrios, debido a la falta de Estado, a la falta de protección social y a la falta de oportunidades para los sectores más vulnerables. Es un debate que, sin duda, hay que complementar y ampliar.

Este es el primer trámite. Estamos por mejorar el proyecto y rechazar algunas indicaciones que se han presentado.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Álvarez .

El señor ÁLVAREZ.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro y a la subsecretaria presentes en la Sala.

Me alegra apreciar en la Sala una mirada transversal para que demos una señal política concreta que vaya justamente en contra del narcotráfico.

Por lo mismo, como bancada de Evópoli, vamos a votar a favor este proyecto de ley, porque colabora significativamente en muchos aspectos no resueltos o no previstos hasta el día de hoy.

Esta instancia consideró ni más ni menos que la modificación de doce cuerpos normativos: la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; le ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol; la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, al establecer la prohibición para ser diputado o senador a quien tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales; el decreto con fuerza de ley 1-19653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la ley N° 19.175, cuyo texto refundido fue fijado por el decreto N° 291, del Ministerio del Interior; la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional; la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público; la ley N° 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile; el Código Orgánico de Tribunales y el decreto con fuerza de ley N° 4, de 2017, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es valorar y potenciar la acción de nuestras policías, modernizándolas y dotándolas de la máxima capacidad para perfeccionar nuestra inteligencia, tan necesaria en zonas como la Región de La Araucanía, la cual represento, porque hoy en día se ve envuelta en el flagelo del narcotráfico, así como también proteger nuestras fronteras y mantener bajo control el flagelo del narcotráfico.

La iniciativa dispone una serie de medidas para combatir el narcotráfico, aplica todo el rigor de la ley en contra de quienes conformen esas organizaciones delictivas y coloca especial acento en acciones destinadas a limitar su capacidad económica mediante la enajenación temprana, el comiso por equivalencia, la fiscalización de compras por medio de la Unidad de Análisis Financiero, la pérdida de beneficios otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la creación de una nueva figura delictual y el perfeccionamiento de los tipos penales, entre otras acciones. Si todo eso no significa nada, es decir, es equivalente a cero avances, realmente estamos perdidos.

El ejemplo lo debemos dar principalmente las instituciones, especialmente aquellas que son abordadas por las modificaciones normativas. De allí para abajo podemos exigir al resto, particularmente al narcotráfico organizado, que, lamentablemente, afecta a la Región de La Araucanía.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, es cierto que estamos en un contexto preocupante, que requiere y amerita legislar sobre esta materia, y ante una crisis social y sanitaria que ha aumentado el desarrollo del narcotráfico, el cual ha cobrado un protagonismo que no habíamos visto.

También es cierto que todavía estamos alejados de otras realidades de la región, porque aún no hemos llegado a esos niveles, pero, no obstante aquello, existe una preocupación creciente en la población y una señal de alerta respecto de la forma en que las instituciones del Estado se hacen cargo del tráfico, del narcotráfico y de los delitos asociados en general a este flagelo, como lo han dicho mucho de mis colegas.

El problema es que el proyecto tiene un titular sumamente atractivo, que es bueno, pero que en su momento se conoció popularmente como “ley Bombo Fica ” -no sé si lo recordarán-, aludiendo a la famosa frase “sospechosa la huevá” -si a algunos les molesta esa frase, que quede claro que la cito entre comillas-, porque, justamente, permite a las policías realizar la incautación de bienes.

Hace algunas semanas, todos conocimos la filtración de un audio de Carabineros dado a conocer por el portal web Ciper Chile, en que un carabinero le decía a otro que debían cargar de droga a una mujer y pasar por tráfico su detención.

No mencionaré más sobre ese audio, porque establece una relación mucho más compleja entre los carabineros en relación con la droga, pero en este país no son desconocidos los montajes que se hacen sobre chilenos y chilenas.

Entonces, aplicar estas facultades sobre las policías que tenemos actualmente, más que en una herramienta inteligente y eficaz para el combate contra las drogas, se puede traducir en una herramienta de corrupción y de criminalización.

Lamento que se hayan fusionado los proyectos, porque existen cuestiones sobre las cuales es importante legislar y porque estamos por aprobar, sin lugar a dudas, el aumento de penas cuando menores de edad son utilizados para cometer delitos, cuando se les suministran drogas, cuando se les entregan armas, etcétera. Sin lugar a dudas, en eso estamos de acuerdo, porque hay que penalizarlo, castigarlo y perseguirlo, pero cuando se mezclaron esas cosas, se hicieron pasar esos elementos como gato por liebre, con una legislación que apunta a otra cuestión, lo cual me parece peligroso, como también han señalado otros colegas. Creo que la “ley Bombo Fica ” es el corazón de este proyecto.

Es cierto que todos decimos: “Hay que endurecernos y dar señales fuertes, claras”, etcétera, pero en esta materia no tenemos que dar señales fuertes y claras, sino señales que sean inteligentes y eficaces, que no repitan la misma receta y menos que otorguen facultades a una institución que tiene una dudosa reputación, debido a los antecedentes que hemos tenido a la vista, sobre todo en el último tiempo.

Entonces, no se trata de que no tengamos soluciones ni propuestas, ya que las hemos expresado en reiteradas oportunidades: primero, está la prevención, con una educación preventiva real y con inversión en ella; segundo, la rehabilitación gratuita a cargo del Estado, pero que sea permanente, no transitoria, porque recuperarse y rehabilitarse del consumo de pasta base no demora dos meses, sino, probablemente, años; no solo se requiere rehabilitación en materia médica o clínica, sino también en materia de reinserción, de trabajo, etcétera. Toda la familia requiere rehabilitarse. Por eso, no la podemos dejar en manos del mercado, diciendo: “Quienes tengan plata se podrán rehabilitar, y los que no, quedarán a su suerte, así que hagan fila para una rehabilitación transitoria de dos o tres meses, que no va a ser eficiente”.

Estas son medidas de carácter preventivo que apuntan a una política hacia el consumidor; en vez de criminalizar, hay que rehabilitar y reinsertar.

Ahora, ¿qué pasa con el narco? Este proyecto de ley apunta al microtráfico; no apunta a las bandas criminales, que son las que realmente mueven el dinero. Hacia allá hay que apuntar. De lo contrario, nuevamente estaremos vendiendo humo y diciéndole a la gente que estamos poniendo mano dura, que vamos a perseguir al microtraficante, etcétera.

Pero los microtraficantes se reproducirán en la medida en que existan grandes narcotraficantes, y a ellos tenemos que combatir.

Como dijeron varias parlamentarias, entre ellas Alejandra Sepúlveda , Maite Orsini y Natalia Castillo , la medida más inteligente y radical para combatir el narcotráfico, el gran negocio mundial de la droga, es legalizarlas, pues les quitas el negocio; que el Estado controle y regule aquello, aunque sea impopular decirlo, pero eso es lo único distinto que podemos hacer y que va a ser más eficiente, en lugar de las otras medidas que se han señalado, que no han dado resultado en Estados Unidos ni en otros países, donde el narcotráfico está desatado.

Si esto se regula y se controla, con una adecuada política educacional, para evitar que más gente quiera consumir, le quitas el negocio a las grandes bandas criminales.

Por eso, nadie puede decir que no ha habido propuestas, pero falta voluntad política para dar un giro al respecto. No debemos repetir viejas recetas, y menos entregar a las policías herramientas que les producirán un incentivo perverso. Perdóneme, pero yo creo que nadie ve como algo positivo la posibilidad de que ellas se queden con los bienes incautados.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, el proyecto que hoy estamos revisando constituye un efectivo avance en la persecución de los delitos relacionados con las drogas.

Primero, no concibe la persecución penal únicamente en términos de aumento de penas. Aborda el problema en su conjunto, tanto desde el punto de vista de la tenencia como de la distribución de las sustancias y del flujo de los bienes relacionados.

En ello estriba la disposición introducida en la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero, que establece la obligación para las automotoras de reportar cada vez que exista una actividad sospechosa; por ejemplo, la compra con dinero en efectivo de un auto de alta gama, o la compra de un tercer, un cuarto o un quinto vehículo a nombre de una misma persona.

Por lo tanto, el proyecto concibe la persecución penal en términos estratégicos: ataca la capacidad económica de los narcotraficantes, pues con el producto obtenido del narcotráfico esas personas, esas organizaciones, obtienen nuevos bienes y, en general, pueden entramar lealtades y comprar voluntades, incluso en el mundo político.

Se eliminan los conceptos de calidad y pureza debido a la dificultad probatoria que representan. En muchas causas se absuelve a los culpables al no probarse este elemento del delito.

Respecto de la enajenación temprana de los bienes, actualmente la custodia de los bienes incautados resulta tremendamente compleja y con serios perjuicios a las pretensiones del fisco. Por ejemplo, los vehículos motorizados deben ser almacenados en bodegas o en terrenos, que son espacios inadecuados para la mantención de estos activos.

Respecto de los casos en que hombres y mujeres denuncian haber sido drogados por terceras personas con el objeto de aprovecharse de su pérdida de conciencia, motricidad o capacidad de defensa, y así sustraer sus bienes, utilizar sus tarjetas bancarias, abusar sexualmente de ellas o, incluso, violarlas, consideramos importante introducir, vía indicación, una agravante para este delito cuando se trata de menores de edad, porque de otro modo sería difícil aplicar la agravante que establece el artículo 12, Nº 6, del Código Penal.

Asimismo, el aumento de controles y de entidades encargadas de analizar, rastrear, controlar, autorizar y registrar permitiría bloquear de forma efectiva el flujo de las sustancias para la fabricación de drogas. Además, se introduce un delito: se sanciona a quien no actualice los registros correspondientes. A nuestro juicio, esto permitiría pesquisar redes de colaboración con las organizaciones delictuales, siempre que se pueda probar un grado de negligencia inexcusable del funcionario a cargo.

Respecto de la marihuana con fines medicinales, en el artículo primero del proyecto se incorpora un inciso segundo al artículo 8 de la ley N° 20.000, estableciendo una causal de justificación para el cultivo de la cannabis con fines medicinales. Recomendamos votar en contra este artículo por tratarse de un uso que no está realmente acreditado desde el punto de vista médico.

El ISP es el organismo que regula los medicamentos que pueden circular, y la marihuana como planta no está reconocida como medicamento, aunque sí se ha autorizado su importación en ciertos medicamentos que contienen compuestos químicos derivados de ella, tal como la morfina del opio.

Cabe considerar que la marihuana es la sustancia ilegal más consumida en el mundo. Se estima que 192 millones de personas consumieron marihuana en 2016, lo que corresponde a un incremento del 16 por ciento comparado con el decenio anterior.

La marihuana es la droga principal de abuso en el 46 por ciento de las personas que entran a tratamiento en el continente americano. En Europa es la responsable de la mayoría de los nuevos tratamientos, con aumentos impresionantes.

Nuestro Colegio Médico, liderado por Izkia Siches , ha sido reiterativo respecto de que no está de acuerdo con este tipo de proyectos. Ha señalado que los beneficios medicinales de la cannabis y sus derivados son controversiales, por decir lo menos, y carecen de evidencia científica suficiente. La marihuana es una planta que contiene más de quinientos compuestos, de los cuales al menos ciento veinte son cannabinoides.

En Europa ningún país ha aprobado la legalización de la marihuana recreacional o el autocultivo para fines medicinales, debido a la dificultad del control de estas medidas.

Recomendamos votar a favor el proyecto, con excepción de la norma que introduce un nuevo inciso al artículo 8 de la ley N° 20.000, que permite la utilización medicinal de la cannabis.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Rubén Moraga .

El señor MORAGA.-

Señor Presidente, sin duda hay que hacerse cargo del fenómeno de los crímenes y delitos asociados al narcotráfico, pero en materia penal no caben propuestas mediocres basadas en experiencias totalmente fracasadas.

Quién puede decir que en Colombia o en México ha sido positivo lo que se ha implementado en el combate al narcotráfico.

Todos los estudios dan cuenta de que el narcotráfico es un delito de red y que el acercamiento entre los nodos provoca mayor tendencia al crimen y a la corrupción.

Dejar la custodia de los bienes y los decomisos a una policía que está cuestionada y cuya refundación se está pensando, no es lo más asertivo ni lo más correcto.

Este proyecto de ley no enfrenta a las cadenas de ingreso de la droga, sino a la distribución. Un ejemplo de ello es que amenaza a los más vulnerables con quitarles los beneficios de la ley y el subsidio de vivienda. Ataca a los microtraficantes, pero los narcotraficantes que pagan y no se ensucian las manos no son tocados. El que vive en otro barrio, no en las poblaciones marginales, no es perseguido.

Tampoco queda claro si se dejará de ver a las organizaciones de consumo medicinal y recreacional que utilizan la cannabis con fines terapéuticos; están siendo nuevamente castigadas. Este proyecto da espacio para la persecución arbitraria contra los usuarios de la cannabis.

En resumen, el proyecto golpea a las bandas, al microtráfico, pero no a los zares de la drogadicción, no a los zares ni a los dueños del negocio.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Hugo Rey .

El señor REY .-

Señor Presidente, quiero referirme a un asunto de Reglamento, porque uno de los proyectos refundidos tiene problemas de constitucionalidad.

Estamos tratando normas que deben ser abordadas en una modificación a la Constitución. El estatuto de los parlamentarios y del Presidente de la República solo deberían regularse en esta.

En su momento presenté una reforma constitucional en los términos que correspondía. Ese proyecto se llamaba “Modificación a la Carta Fundamental para incorporar como causal de cesación en los cargos públicos que indica la dependencia de estupefacientes o sustancias psicotrópicas” (boletín N° 12262-07). Esta es una modificación constitucional, y ahora se está apoyando una cuestión que está fuera del marco de esta.

Solicito que lo puedan corregir a la brevedad. La forma para poder corregir este problema es apoyar la iniciativa que presenté en su momento, el año 2018.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Señor diputado, le recuerdo que estamos en el primer trámite constitucional de este proyecto.

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, existe un incentivo publicitario a la droga de más alto consumo, con cifras respaldadas, que es el alcohol. El alcohol es una droga.

Cualquiera en las poblaciones -en las altas poblaciones también- conoce el gran drama que produce el alcohol; es una pandemia. Incentivar el consumo de alcohol publicitariamente, y no restringirlo solo a los lugares en los que se consume y se vende, es algo que no se puede entender que sea hecho exactamente por personas que están promoviendo este tipo de proyectos.

Les recuerdo que hay un proyecto de ley, de nuestra autoría, que está a punto de ser tramitado por esta Sala, que tiene que ver exactamente con aquello que hemos señalado aquí: con la reducción y disminución de los incentivos publicitarios para el consumo de drogas. La droga, por definición, es un gran flagelo, y el alcohol es un tipo de droga.

Por lo tanto, por favor, piénsenlo bien.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar las modificaciones del Senado respecto del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, sobre protección de la salud mental (boletines Nos 10563-11 y 10755-11, refundidos).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base para las bancadas que agrupen dos o más Comités, y tres minutos a aquellos que conformen un Comité, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 1ª de la presente legislatura, en jueves 11 de marzo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 31.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando .

La señora HERNANDO (doña Marcela).-

Señor Presidente, han pasado poco más de cinco años desde que presenté un proyecto de ley sobre protección de la salud mental, iniciativa que con posterioridad fue fusionada con otro proyecto de ley, del entonces diputado Sergio Espejo , el cual también patrociné, que tenía por objeto establecer normas de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental.

Cuando presentamos esos proyectos el diagnóstico era claro: había una cantidad importantísima de personas con alguna condición o enfermedad de salud mental que estaban sufriendo, al igual que sus familias.

Chile no tiene, hasta ahora, una regulación sistemática de protección de la salud mental, que permita resguardar y reconocer los derechos fundamentales de las personas que sufren algunas de estas patologías. Eso ha llevado a la comisión de muchos atropellos de los derechos de los pacientes, incluso de los derechos humanos de los portadores de alguna patología de salud mental.

De hecho, uno de los diagnósticos a los que llegamos en relación con esta situación era que la ley de derechos y deberes de los pacientes podría funcionar para cualquier patología, menos para las de salud mental.

Por ello, uno de nuestros objetivos como parlamentarios fue que los ciudadanos pudieran contar con una legislación que considerara estándares mínimos de protección, en especial para las personas que presentaran esa condición.

Seguí de cerca la tramitación de este proyecto de ley, tanto como miembro de la Comisión de Salud, en la legislatura pasada, como en su segundo trámite constitucional en el Senado, donde se introdujeron cambios que hicieron que estas mociones refundidas tuvieran un piso sólido en su aplicación.

Digo esto, porque se introdujeron algunas modificaciones durante su tramitación, que contaron con la participación del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de representantes de la ciudadanía, como académicos, profesionales y asociaciones incumbentes, los que aportaron fundamentos y enriquecieron tanto su discusión como su resultado final.

Estamos estableciendo un catálogo de derechos básicos para las personas que padezcan alguna patología mental, a través de la regulación de las internaciones voluntarias e involuntarias. Estas últimas se regulan mediante las convenciones sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El proyecto establece principios, como el reconocimiento a la persona de manera integral, respecto de la dignidad inherente de la persona humana; la igualdad ante la ley; la promoción de la salud mental; la participación e inclusión en la vida social, respecto del desarrollo de las facultades de los niños, niñas y adolescentes y de su autonomía; la equidad en el acceso a las prestaciones de salud; el derecho a vivir en forma independiente y a ser incluida en comunidad, así como a no ser sometida a tratos crueles y a la accesibilidad universal. Este último aspecto es el más crítico.

Lamentablemente, esta ley en proyecto no solucionará todos los problemas en materia de salud mental, porque el Ejecutivo nunca le entregó su patrocinio. No existen recursos económicos comprometidos, de manera que este deberá ser solo el comienzo de un nuevo trato respecto de la salud mental en nuestro país.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Catalina del Real.

La señora DEL REAL (doña Catalina) [vía telemática].-

Señor Presidente, la grave pandemia que hemos sufrido durante más de un año ha afectado profundamente la salud mental de todas las personas.

El encierro, los problemas económicos, la enfermedad e, incluso, la muerte de seres queridos, que ni siquiera han podido ser despedidos como corresponde, han aumentado los casos de depresión y ansiedad, y han acentuado incluso casos más graves de enfermedades mentales.

En ese contexto, el gobierno convocó el año pasado a una mesa de expertos y de representantes de distintos organismos, de la cual fui partícipe. Nos reunimos permanentemente en la búsqueda de elaborar propuestas y orientaciones generales para responder a las necesidades de salud mental de la población.

A partir de sus recomendaciones se creó el programa SaludableMente, plataforma que permitió dar solución a muchas personas que no podían asistir presencialmente para recibir distintos tipos de tratamiento de salud mental. Ellas pudieron atenderse online, a través de la utilización de medios tecnológicos.

Otro grupo muy afectado fueron los médicos, los funcionarios de salud, los TENS y todos quienes enfrentaban la pandemia. Ellos también se vieron sobrecargados y vivieron problemas muy complejos de salud mental.

Datos iniciales de diferentes estudios muestran que un porcentaje importante de la población afirma haber empeorado su estado de ánimo, sentirse más agobiado y tenso desde el inicio de la crisis, situación aún más frecuente en el caso de las mujeres.

Durante nuestro trabajo pudimos establecer que el plan integral de bienestar y salud mental, asociado a la pandemia por la covid, era una propuesta que enfocaba directamente sus líneas de acción concreta. Por ejemplo, era urgente fortalecer esa plataforma digital que mencioné, que buscaba concentrar toda la oferta actual del Estado para el bienestar emocional de diferentes grupos prioritarios, entre ellos niños, niñas y adolescentes, personas mayores, padres, madres y, especialmente, cuidadores, quienes han debido atender a familiares enfermos y que no podían someterse a su tratamiento, como mujeres víctimas de violencia y personas con covid o con algún grado de discapacidad.

A la fecha, la plataforma SaludableMente entrega información y recomendaciones, además de ofrecer atención telefónica de primera ayuda y psicológica, a través de la plataforma telefónica Salud Responde.

Asimismo, se establecieron estrategias de apoyo al bienestar, cuyo objetivo fue generar recomendaciones generales y específicas que mejoraran el bienestar de la población en el contexto de pandemia, con énfasis en aquellos grupos sobre los que se debían priorizar las acciones de salud mental.

Chile, desde hace muchos años, como quedó en evidencia tanto en la mesa que he señalado como durante el debate del proyecto en estudio, presenta indicadores negativos en materia de salud mental.

La prevalencia de patologías de esta naturaleza, entre las que destacan las de carácter depresivo, ansioso y las relacionadas con el estrés, así como la baja cobertura, tanto en el sistema público como en el privado, explican los malos indicadores en materia de consumo de drogas, tabaco y alcohol, especialmente entre los jóvenes, y también el problema administrativo con las licencias médicas de naturaleza psiquiátrica, que en general son rechazadas y por las que la gente se ve enfrentada a grandes problemas.

Además, en razón de la pandemia se pesquisó, con evidencia contundente, que muchas condiciones de salud mental empeoraron o surgieron en función de la restricción de libertad.

Sobre esto el gobierno ha anunciado un fuerte aumento de recursos para la cobertura de patologías de salud mental. Es en tal contexto que estamos discutiendo hoy este proyecto, que fue ingresado a tramitación legislativa en 2016, cuya finalidad es el establecimiento de un estatuto de reconocimientos, derechos y prestaciones en materia de salud mental.

En su versión aprobada por la Cámara de Diputados, el proyecto en discusión se caracterizaba por ser de tipo declarativo…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Gabriel Boric .

El señor BORIC (vía telemática).-

Señor Presidente, hoy día en nuestro país estamos de duelo -el mundo también lo está, pero pensemos en Chile- y lo vamos a seguir estando por mucho tiempo: llevamos 21.000 personas muertas por la covid-19. Quizás cuántos fallecidos más hay producto de patologías que no han podido tratarse.

También a la fecha llevamos una serie de casos que, producto de las medidas de confinamiento, han derivado, por ejemplo, en violencia intrafamiliar, en agudización de otras patologías, en angustia, pero no parece que, como país, nos estamos haciendo cargo suficientemente de esta realidad.

Estamos en el contexto de una crisis estructural de la salud chilena, y como nunca nos hemos dado cuenta de que una red de salud pública que sea fuerte es el único camino posible que tienen las sociedades para hacer frente a los desafíos que nos impone hoy esta pandemia.

Eso era evidente desde hace ya mucho tiempo. En 2013, los informes de derechos humanos alertaban del gravísimo abandono de la salud mental en nuestro país y de cómo la falta de acceso y las brechas de atención eran tremendamente angustiantes. El 85 por ciento de las personas con diagnóstico de salud mental en Chile no recibieron tratamientos de especialistas. Y hasta la fecha, desgraciadamente, estas cifras no han mejorado lo suficiente.

Entonces, ¿qué podemos hacer para garantizar que los chilenos y chilenas tengan acceso a prestaciones de salud mental de calidad que aseguren una mínima dignidad -¡dignidad!, ¡dignidad!- para todos y todas? Esta pregunta solo puede responderse teniendo presente el siguiente dato. En Chile, las enfermedades mentales son la primera causa de licencia médica desde 2008, y representan aproximadamente el 23 por ciento de la carga total de enfermedades. En Chile, un tercio de la población tendrá a lo largo de su vida algún tipo de dolencia vinculada a la salud mental. Este es un tema de Estado, un tema de derechos, y tenemos la enorme tarea de dar una respuesta en serio.

¿Por dónde pasa esa respuesta? Desde nuestro punto de vista, uno, por aumentar el financiamiento de la salud mental, pasando al estándar de la OCDE: de 2,4 por ciento de gasto público que hoy tiene Chile a, al menos, 6 por ciento; y, dos, por reducir las brechas de acceso, pasando del 17 por ciento que se destina hoy a salud física a, progresivamente, el ciento por ciento.

Sabemos que es mucha plata y que se va a necesitar tiempo, pero tenemos que abordarlo. Para ello, proponemos incorporar como eje rector la paridad de estima en salud mental, promoviendo una inversión del Estado en una proporción que sea aceptable a la que se realiza en salud física, generando así mecanismos que sean efectivos para la reducción de las brechas, con una perspectiva interdisciplinaria, fortaleciendo la red de salud pública y asegurando que la salud privada cumpla su tarea cubriendo prestaciones de salud mental a todos sus usuarios. Todo esto, por cierto, desde una perspectiva descentralizadora que se haga cargo de las diferencias que hay en los territorios de nuestro país.

Señor Presidente, no sé cuánto tiempo me queda. Le ruego que me avise para saber si puedo continuar.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Le quedan cuatro minutos y veinte segundos, su señoría.

El señor BORIC (vía telemática).-

Muchas gracias.

La urgencia de lo que venía señalando y la magnitud de la tarea se hacen mucho más presentes cuando vemos las consecuencias de la covid-19.

Todos y todas quienes trabajan en esta materia señalan que la crisis de salud mental va a empeorar en una dimensión tal que podríamos hablar incluso de una segunda pandemia, y no estamos hablando suficientemente de ella.

El escenario que tenemos hoy día es adverso, porque el 67 por ciento de los médicos y médicas de la atención primaria debieron reducir sus consultas de salud mental, ya que asumieron otras funciones para cubrir las necesidades de la emergencia sanitaria, y, además, el gobierno aumentó solo en 0,2 por ciento el presupuesto global de salud mental. Así lo advirtió el Colmed: que hoy día no estamos en condiciones para hacer frente a las tremendas dificultades que vamos a tener en esta materia.

Las medidas de confinamiento, la ansiedad, la falta de interacción social, situación que por cierto se ve agravada en el caso de los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, es algo que debemos tomar muy en serio.

Sin lugar a dudas, este proyecto contiene avances sobre los derechos de los pacientes, pero no es suficiente para el desafío que se requiere en materia de salud mental. En esto debemos tener en claro también que existe una grave crisis de cuidado en el país por causas estructurales. Y esta crisis de cuidado en materia de salud mental se debe a la incapacidad que hemos tenido de dar respuestas institucionales para hacer frente a las necesidades de nuestra población, traspasando esa responsabilidad a la familia, y generalmente a las mujeres, lo que, por cierto, agudiza los problemas de desigualdad de género en nuestro país. En este contexto votamos este proyecto.

Como señalé, la iniciativa representa un avance en algunas materias, como, por ejemplo, en derechos de los pacientes, en la limitación de la internación forzosa, en la prohibición de la esterilización involuntaria; sin embargo, eso es insuficiente, y no se puede presentar como una ley de salud mental integral. Así lo hemos conversado con organizaciones que trabajan en el tema.

Por lo mismo, además de agradecer a todos quienes han colaborado en el estudio del proyecto, a la mesa de trabajo sobre salud mental que armamos desde la diputación, a la subcomisión de Salud Mental e Infancia de Convergencia Social, que ha identificado, además, otros aspectos a mejorar, queremos proponer que este proyecto vaya a comisión mixta para mejorar una serie de elementos, lo que es necesario para que podamos hablar en serio de salud mental, porque, si no, temo que se presente como una ley de salud mental integral que finalmente no abordará todas las necesidades que tiene Chile hoy día en la materia.

Por cierto, aprobaremos las normas de quorum especial, pero proponemos a la Sala, con la intención de colaborar y de mejorarlo, enviar el proyecto a comisión mixta. De lo contrario, desde ya, anuncio que desde el Frente Amplio, junto con quienes quieran participar en él, presentaremos un proyecto que aborde la paridad en el financiamiento, porque sin financiamiento en serio no vamos a poder abordar la crisis de salud mental que vive nuestro país.

La salud mental importa; tomémosla en serio. Desde ya, esperamos contribuir en este proceso, junto con todos los actores, las comunidades y los pacientes que quieran participar en él.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, según datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2019, una de cada cinco personas tuvo una enfermedad mental durante ese año.

Chile es el segundo país con más años perdidos por discapacidad: 36 por ciento. El 6 por ciento de la población tuvo depresión durante 2019, y una de cada cinco de estas personas ha recibido tratamiento.

Digo este último dato porque me parece dramático. Esto da cuenta de que existe una importante brecha desde el punto de vista del acceso a los tratamientos de salud mental.

Esta es una realidad que se viene arrastrando por muchos años, en que, lamentablemente, la salud mental sigue siendo postergada en el sistema de salud público. Por desgracia, se priorizan otras enfermedades por sobre el desarrollo y el tratamiento de enfermedades de salud mental.

Si bien nuestro modelo de salud tiene diversas falencias en términos generales, en cuanto a salud mental existe un profundo vacío. Lo decía recién el colega Boric , quien me antecedió en el uso de la palabra. No ha habido una política integral; no ha habido una preocupación; ni siquiera existe una ley de salud mental integral como la que se ha venido demandando por las usuarias y los usuarios durante tantos años, la que también propusimos al gobierno. Porque, efectivamente, este proyecto de ley podría ser muchísimo mejor, aún más completo si el Ejecutivo hubiera decidido incorporar recursos y financiamiento para llevar adelante una resolución real de los problemas que hoy como país enfrentamos en la materia.

La brecha que se provoca a raíz de este vacío además demuestra una profunda discriminación de clase, que es evidente cuando vemos que las familias con una situación económica precarizada solo tienen la posibilidad de acceder a lo que la salud pública les ofrece. Y ahí, lamentablemente -ya lo dije-, la atención es limitada, los recursos son limitados.

¿Quién puede pagar un psicólogo, un psiquiatra? Una atención permanente e integral lo hace. Pero nuevamente ponemos el foco en que quien tiene recursos accede y quien no los tiene se queda mirando, y eso no puede ser aceptable. En el informe que se hizo a partir de la encuesta realizada por la Asociación de Municipalidades de Chile se da cuenta de que el 56 por ciento de las personas, a propósito de la pandemia y las consecuencias de las medidas sanitarias que se han debido tomar, ha experimentado situaciones de ansiedad; el 51,1 por ciento, situaciones de frustración, y más del 70 por ciento, aburrimiento extremo.

Esto refleja lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud en cuanto a que el riesgo de la pandemia también repercute en la salud mental de las personas y que afecta negativamente su desarrollo psicosocial.

Es necesario abordar esta situación no solo desde la buena voluntad, con proyectos como Aplauso u otros, sino teniendo presente que se requiere inyectar recursos al sistema público para hacerse cargo de esta situación.

Este proyecto surge de dos iniciativas parlamentarias, y agradezco a la diputada Marcela Hernando que me haya hecho parte de una de ellas. Sin embargo, si bien tiene muy buena intención, sigue siendo insuficiente, porque, aunque cumple con el objetivo de establecer normas que regulen procedimientos en diagnóstico y tratamiento de personas con enfermedades mentales, psíquicas o intelectuales y reconoce derechos a las personas con dichas enfermedades y su entorno, la realidad es que no incorpora nuevos recursos, lo que es tremendamente lamentable.

En ese sentido, hago un emplazamiento al gobierno, en especial al Presidente Sebastián Piñera , para que se hagan cargo de esta realidad.

No basta con inyectar recursos a algunas áreas cuando nos conviene o cuando pensamos que es correcto; acá hay una necesidad y un vacío que es permanente, del cual tenemos que hacernos cargo.

Es por eso que creemos necesario sacar adelante este proyecto de ley, pero, al mismo tiempo, generar algunas modificaciones. No comparto la necesidad de rechazarlo todo y enviarlo a comisión mixta, pero sí al menos el literal g) del artículo 3, para poder desarrollar ahí una mejor definición en torno a la necesidad de no discriminar el tratamiento de salud mental por sobre otras patologías.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, este proyecto, que pretende proteger de los problemas de salud mental a la población chilena, es un paso necesario de dar.

Como ya sabemos, la iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados el 10 de marzo de 2016, y ahora cumple su tercer trámite constitucional.

Esta es otra muestra más de cómo la salud mental ha sido el hermano pobre o el despreciado de la salud pública y la salud privada, el hermano despreciado y ocultado por nuestra sociedad y por los sucesivos gobiernos, lo que ha quedado en evidencia porque las personas en situación de discapacidad de causa mental se hacen cada vez más visibles y han obtenido algún grado de ayuda a través de algunas instituciones. Han sido ayudas escasas, pero han recibido ayuda.

Hoy lo que tenemos es una condición de mayor frecuencia, de mayor peso dentro de lo que significan las dolencias de nuestra comunidad. Estoy hablando de datos de aumento creciente del número de personas que pierden su condición de buena salud por estrés, depresión o como consecuencia de una vida agitada, por las dificultades económicas, por la situación de pandemia y muchísimas otras.

Hoy, además -lo tratamos en el proyecto anterior-, tenemos una situación de adicción a drogas, de narcotráfico, que nos preocupa y que claramente afecta a nuestra sociedad en lo que se refiere a la salud mental.

No voy a entrar en los detalles del proyecto, pero sí destaco que regula algunos derechos de los familiares y cuidadores de las personas y que reconoce y garantiza algunos derechos.

Sin embargo, lo que quiero decir es que estamos lejos de resolver el problema.

Hay que aprobar las normas de quorum, pero tenemos que ir a comisión mixta para…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Maya Fernández .

La señora FERNÁNDEZ (doña Maya).-

Señor Presidente, parto mi intervención agradeciendo a las autoras y a los autores de este proyecto de ley, especialmente a la diputada Marcela Hernando , porque enfrenta un tremendo problema que debemos abordar.

La pandemia no solo nos ha llevado a todas y todos a protegernos fuertemente frente al covid-19, sino que nos ha impuesto desafíos que habían estado en segundo o tercer plano.

Día a día, miles de familias han debido ir cambiando sus rutinas: estar con los niños en la casa, adaptarse al teletrabajo, hacer cuarentena, cumplir con toques de queda, pedir permiso para hacer actividades tan cotidianas como ir al supermercado o pasear a su mascota.

Sumémosle a lo anterior el distanciamiento emocional por no poder salir ni juntarse con familiares y amigas o amigos, así como la crisis económica que ha afectado a tantas familias.

Además, se agrega la angustia de poder contagiarse. Todos hemos sentido esa angustia. Incluso la mera posibilidad de contagiar a un ser querido o tener que afrontar un duelo son grandes estresores que pueden llevar a una situación de enfermedad mental o a agravar una ya existente. ¿Qué duda cabe de que durante la pandemia han aumentado las angustias y las depresiones?

El problema es que el Estado no cuenta con políticas eficientes respecto de la salud mental. Para ponerlo en simple: ¿qué alternativa le podemos dar a una mujer u hombre que está sufriendo de algún trastorno mental para que acuda al psicólogo o psiquiatra si la oferta del Estado es muy baja? ¿Cómo incentivamos la prevención, detención y cuidado si los valores de las consultas psicológicas y psiquiátricas particulares son altísimos y están fuera del alcance de la mayoría de las familias? ¿Cómo una persona mayor puede tratarse de manera constante si el personal de salud pública puede verlos solamente una vez al mes, debido a la sobredemanda y a la falta de recursos para aumentar la cobertura? ¿Adónde pueden acudir las y los adolescentes que han sufrido de problemas de salud mental a raíz de la pandemia?

El mismo Colegio Médico ha dado la señal de alarma.

El Ministerio de Salud anunció un aumento de la asignación de recursos para la salud mental, pasando de 2,2 por ciento a 2,4 por ciento del presupuesto total de salud.

Esa cifra sigue estando lejos del 6 por ciento recomendada por la OMS y del financiamiento necesario para cumplir con el plan nacional de salud mental.

Sobre esta realidad, no podemos esconder la brecha de género que existe en la necesidad de atención en salud mental, respecto de lo cual nuevamente las mujeres se ven fuertemente afectadas por la desigualdad de distribución de la carga de trabajo en los hogares, el cuidado de los hijos e hijas, la sobrecarga laboral y la violencia de género, que sabemos que ha aumentado muy fuertemente durante la pandemia.

Valoro este proyecto, pero es muy importante que el gobierno, de una vez por todas, impulse una política nacional de salud mental, con financiamiento real por parte del Estado y que piense en el bienestar de todas y todos los ciudadanos de nuestro país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina) [vía telemática].-

Señor Presidente, entiendo lo que dice el ministro respecto de que este proyecto está enfocado, básicamente, en proteger los derechos del que ya padece una patología de salud mental, protegiendo su autonomía y su posibilidad de decisión frente a, por ejemplo, una internación forzosa. La iniciativa regula, efectivamente, las internaciones forzosas, establece que las hospitalizaciones se llevarán a cabo en casos muy excepcionales, y además señala que no se puede utilizar a personas que tienen alguna enfermedad mental con fines científicos ni para esterilizarlas. Efectivamente, establece ciertos derechos que hoy día, aparentemente, no están garantizados. Es muy importante lo que plantea el ministro en el sentido de que el foco del proyecto está ahí.

Ahora bien, el proyecto también trata de abarcar algo mucho más amplio como es el derecho a la salud mental. Si bien el foco está puesto en quien ya padece una patología mental, es importante garantizar la salud mental, algo que han planteado todos los parlamentarios que han intervenido. Esto último no está totalmente abordado en el proyecto, por lo que creo que es necesario un nuevo proyecto que se enfoque en el derecho a la salud mental de verdad.

Señalo básicamente algunos temas. Chile se caracteriza porque el tratamiento en salud mental es farmacológico; prácticamente no hay terapias. Así, por ejemplo, los niños en edad escolar son diagnosticados con trastorno de déficit atencional -patología prevalente en los niños de esa edad, y solo se les medica. No hay terapias, apoyo ni intervención en el entorno familiar o escolar; simplemente se les da un medicamento. Y eso tiene que ver con una lógica.

Si el objeto es tirar más recursos para comprar medicamentos, me parece sumamente grave…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señora diputada.

Tiene la palabra el diputado Juan Luis Castro .

El señor CASTRO (don Juan Luis) [vía telemática].-

Señor Presidente, este proyecto lleva cinco años de tramitación en el Congreso Nacional. Quiero destacar que en una de las dos mociones que le dieron inicio tuvo un rol importante el entonces diputado Sergio Espejo , quien en 2016 fue gran impulsor de una de las mociones refundidas.

La iniciativa ha pasado por distintas tramitaciones, y hoy llega a la Cámara de Diputados en su tercer trámite constitucional.

Quiero ser franco. Nos encontramos ante un proyecto de ley que busca ser un verdadero catálogo de derechos y deberes de los pacientes en materia de salud mental, sobre todo en dos ámbitos: consentimiento informado y hospitalización no voluntaria. El primero se refiere a que el sujeto que padece un problema de salud mental tiene derecho a ser consultado; los médicos no pueden simplemente decidir su internación. Esto significa que hay libertades que se pueden ejercer.

Respecto del segundo, la internación no voluntaria, es un capítulo nuevo, que en Chile recién se está definiendo para ciertos casos, como, por ejemplo, las adicciones a drogas duras, situación en que no es posible obtener un consentimiento, por lo que hay que llegar a la internación no voluntaria en un centro carcelario con atención médica, o en una clínica psiquiátrica. Tenemos que sacar del escenario los viejos asilos o antiguos hospitales psiquiátricos. Eso debe quedar atrás con este proyecto, que garantiza derechos y deberes.

En Chile tenemos cuatro grandes problemas: adicciones de todo tipo, trastornos del ánimo o depresiones, trastornos del sueño y trastornos de ansiedad. Ahí está gran parte del volumen de las enfermedades de salud mental.

Sé que faltan muchas cosas. Siempre en materia de financiamiento va a haber dificultades, pero el ministro tiene razón cuando dice que ha habido un esfuerzo mancomunado, transversal, desde distintos sectores políticos, para sacar adelante un proyecto que, a mi juicio y en opinión de muchos otros, es un verdadero catálogo de derechos y deberes. Se trata de algo que nunca han tenido los pacientes de la salud mental en nuestro país, tanto los que se internan como los ambulatorios. Eso se logrará si aprobamos por fin este proyecto, después de sus cinco años de tramitación.

Por eso, mi posición es aprobar las tres votaciones de este proyecto y hacer de inmediato todas las enmiendas que permitan mejorar las prestaciones. Estas no dicen relación con el proyecto en comento, porque no es de prestaciones, sino de garantías generales, lo que permitirá mejorar las condiciones de acceso a los psicólogos, a los psiquiatras y a todo el personal médico, sobre todo familiar, que requiere nuestro país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Hasta por un minuto y treinta segundos, tiene la palabra el diputado Miguel Crispi .

El señor CRISPI.-

Señor Presidente, solo quiero advertir algo que probablemente todos los colegas intuyen. Si no abordamos ahora el tema de la salud mental, más adelante será imposible hacerlo. Como parlamentarios, tenemos que legislar sobre los problemas actuales, pero también sobre los futuros. En la sociedad del éxito o del fracaso en que vivimos, en una sociedad donde se destruirán muchos empleos por el teletrabajo o por la automatización, y donde se van a extender las expectativas de vida, las enfermedades mentales van a tener un rol crucial en relación con nuestras chances como país y como sociedad de alcanzar la felicidad.

Las personas, en gran parte, se desarrollan a partir del trabajo que realizan. Ya viene la discusión sobre el salario o la renta universal, y sabemos que muchos trabajos van a ser reemplazados o destruidos por la tecnología y por algoritmos. ¿Cómo van a alcanzar la felicidad personas que antes la encontraban en su trabajo?

Así, son innumerables los ejemplos que nos hacen ver que nos convertiremos en una sociedad cada vez más enferma, no físicamente, sino de la cabeza y un poco del alma, si no nos preocupamos hoy día de prevenir y financiar públicamente una política nacional de salud mental que aborde los problemas que estamos viviendo hoy como sociedad y los que vamos a vivir en el futuro, cada vez con más fuerza.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Víctor Torres .

El señor TORRES.-

Señor Presidente, cuando, en 2016, se presentaron las dos mociones mediante las cuales se inició la tramitación de este proyecto, una de ellas liderada por la diputada Marcela Hernando y la otra por el entonces diputado Sergio Espejo , y en las que participé como coautor, lo que se buscaba era que se cumplieran algunas garantías establecidas en la Constitución, como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, así como otros derechos fundamentales, que en algunos casos, en la práctica de la psiquiatría, se veían conculcados. Por ejemplo, en materia de internación, se establece la necesidad de contar con la voluntad del paciente. Si eso no es posible, se considera un procedimiento que garantice que la internación no voluntaria no sea arbitraria o responda a intereses de terceros, sin que necesariamente tenga una connotación sanitaria. Así, a mi juicio, el procedimiento ante tribunales es una manera positiva de resolver una situación de salud, sin conculcar derechos fundamentales.

Entre las prácticas propias de la psiquiatría, para quienes padecían alguna patología asociada a la salud mental, existían tratamientos médicos tales como la esterilización no voluntaria, que en los hechos desconocían derechos fundamentales inherentes a la persona. Desde esa mirada se impulsaron estos proyectos de ley.

Respecto de las modificaciones introducidas por el Senado, nuestra posición es avanzar en su aprobación. Son buenas indicaciones. No obstante, es importante hacer el siguiente alcance.

Coincido con lo planteado por el diputado Boric y otros respecto de las falencias de los programas de salud mental. En ese sentido, hemos solicitado votar separadamente la letra g) del artículo 3 del proyecto, precisamente para mejorar su redacción. Eso implica que el proyecto vaya a comisión mixta, lo que nos va a permitir reinstalar la discusión respecto de la garantía de las prestaciones y el acceso de las personas a las mismas.

Durante el último tiempo los problemas de salud mental han estado en el tapete de la discusión. Es un tema que se ha visibilizado como consecuencia de la pandemia. En 2016, cuando presentamos este proyecto de ley, nadie hablaba de salud mental. Esta era, por decirlo así, el pariente pobre de la medicina, no obstante la definición que establece la Organización Mundial de la Salud. Por esa razón, creemos que hay que avanzar en esta materia y financiar proyectos y programas en el área. Ojalá, el concepto de salud se instale en todas las políticas, concibiéndola en su integridad. Los seres humanos no solo somos físicos, sino también mentales y espirituales.

Por lo anterior, votaré a favor el proyecto, con la salvedad de la letra g) del artículo 3, cuya votación separada ha sido solicitada.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, el proyecto trata sobre protección de derechos fundamentales en materia de salud mental. Esa es su orientación. No hay que confundir eso con lo que realmente se necesita en nuestro país, esto es, un plan de fortalecimiento de la red pública de salud mental. A ese objetivo debemos apuntar a través de este camino.

Cuando la gente escucha hablar de proyectos de salud tiene la esperanza de que la salud mental mejorará. En este caso ello no es así, porque este proyecto apunta a garantizar derechos. Obviamente, es un primer paso, pero no considera lo que necesitamos: un plan de fortalecimiento de la red pública de salud mental, con recursos económicos que impacten en ese ámbito.

Gran parte de las consultas en atención primaria tienen relación con salud mental. Por desgracia, los profesionales de los cesfam no tienen ni experticia ni contratos adecuados, pues trabajan a honorarios. Los hospitales contratan esporádicamente a profesionales especializados en salud mental, pero en calidad de honorarios. Por su parte, los consultorios cuentan con un psicólogo para 50.000 habitantes, algo que está por sobre toda norma. A ello hay que agregar que el número de psiquiatras es escaso y que no cumplen turnos de 24 horas, no obstante que las enfermedades de salud mental cursan procesos agudos, que existe un sinnúmero de patologías en el área y que el índice de suicidios ha aumentado en forma alarmante.

Es importante que esta Sala apruebe el proyecto, y vote separadamente la letra g) del artículo 3, para que el proyecto vaya a comisión mixta y se corrija.

Reitero: si bien la iniciativa garantiza derechos, no avanza en lo que se necesita en el futuro, esto es, un plan de fortalecimiento real de la red de salud mental pública, que tenga resultados efectivos en la población, y cuyo acceso se encuentre garantizado, tal como ocurre con algunas patologías incluidas en el plan Auge.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los ministros presentes.

Nuestro país es discriminador e injusto con las personas que padecen alguna enfermedad. Lo he dicho hasta el cansancio: tenemos un sistema de salud que no entrega toda la cobertura que los chilenos necesitan. Hay mucho por hacer, especialmente respecto de aquellas enfermedades que durante décadas, por desconocimiento o por poca información, constituyen un estigma para las personas que las padecen.

Millones de personas sufren, sufrirán o han sufrido algún tipo de enfermedad mental, silencioso y doloroso padecimiento que quiebra la vida de la persona enferma y de sus seres queridos. Según las estadísticas, uno de cada cinco chilenos y chilenas han padecido alguna enfermedad mental durante el último año, cifra que se acrecienta si consideramos el especial contexto que se vivió en 2020, donde hubo personas confinadas, limitadas en sus actividades laborales, académicas y recreacionales, y preocupadas por la amenaza constante de contraer un virus impredecible y, muchas veces, fatal. Próximamente veremos los efectos con mayor nitidez. Ellos evidenciarán las debilidades de nuestro país a la hora de mejorar su sistema público en materia de salud mental.

Dentro de pocos meses las personas deberán salir nuevamente a las calles; millones de trabajadores volverán a sus lugares de trabajo y millones de estudiantes retornarán a sus colegios y universidades. Se trata de ámbitos en que las discapacidades asociadas a enfermedades mentales producen importantes efectos, como el uso de licencias médicas por largos períodos y deserciones escolares, entre otros.

Es importante abordar el problema de la salud mental desde una mirada sistémica. Son muchas las medidas que, desde distintos enfoques, colaboran con el mejoramiento de la calidad de vida. En lo personal, y por una deformación profesional, valoro la práctica del deporte para fortalecer la salud mental de las personas. Está comprobado que realizar actividad física de manera regular produce un aumento de la estabilidad emocional, mejora la memoria y el funcionamiento intelectual, y genera mayor autoestima y confianza.

Insisto en la necesidad de que exista una franja deportiva adicional en las comunas que se encuentran en cuarentena y que se transmitan contenidos sobre actividad física en la televisión abierta. Eso permitiría brindar un espacio de libertad indispensable dentro de tantas restricciones que se han impuesto debido a la pandemia.

Finalmente, cabe recordar que dentro de nuestro rol como legisladores nos corresponde visibilizar las distintas realidades que se viven en nuestro país, pues no todos tienen conciencia de su especial gravedad. Esto nos debe hacer pensar en cómo ayudar a quienes padecen enfermedades mentales mediante el establecimiento de una normativa que aclare procedimientos, que reconozca los derechos de los pacientes y asegure la calidad de las prestaciones de salud relacionadas. Ese será el comienzo no solo de una recuperación íntegra de quienes padecen una enfermedad mental, sino también para lograr un cambio cultural necesario en nuestro país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Cooperativas, autorizando a las cooperativas a distribuir los excedentes o remanentes del año 2020, sin necesidad de celebrar una junta general de socios.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que agrupen dos o más Comités, y tres minutos a las demás, más treinta minutos distribuidos proporcionalmente.

Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento; Micro , Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo es el señor Harry Jürgensen .

Antecedentes:

-Moción, sesión 138ª de la legislatura 368ª, en miércoles 3 de marzo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 9.

-Informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro , Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, sesión 143ª de la legislatura 368ª, en martes 9 de marzo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 5.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor JÜRGENSEN (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Economía, Fomento; Micro , Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sin urgencia, sobre el proyecto de ley, iniciado en una moción de los diputados señores Harry Jürgensen , Joaquín Lavín , Miguel Mellado , Jaime Naranjo , Diego Paulsen , Raúl Soto , Sebastián Torrealba y Cristóbal Urruticoechea , y de las diputadas señoras Sofía Cid y Catalina del Real, que modifica la Ley General de Cooperativas, autorizando a las cooperativas a distribuir los excedentes o remanentes de 2020 sin necesidad de celebrar una junta general de socios (boletín Nº 14067-03).

Constancias reglamentarias previas Ideas matrices o fundamentales

Las ideas centrales del proyecto se orientan al siguiente objetivo:

Permitir transitoriamente a las cooperativas que hayan obtenido un saldo favorable durante el ejercicio económico 2020 que puedan, sin necesidad de celebrar una junta general de socios, distribuir los excedentes entre sus socios, para lo cual se modifica la Ley General de Cooperativas.

Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado Cabe precisar que no hay normas con ese carácter.

Normas que requieren trámite de la Comisión Hacienda No hay con ese carácter.

Aprobación del proyecto en general y en particular

El proyecto fue aprobado en general y en particular a la vez por unanimidad.

Votaron a favor los diputados señores Boris Barrera , Alejandro Bernales , Harry Jürgensen , Miguel Mellado , Jaime Naranjo y Rolando Rentería , y la diputada señora Sofía Cid .

Artículos e indicaciones rechazados

No hubo indicaciones ni artículos rechazados.

Relación descriptiva del proyecto

La iniciativa parlamentaria consta de un artículo único, que añade un nuevo artículo 13 transitorio al decreto con fuerza de ley Nº 5 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, que establece que, en relación con el ejercicio 2020, se autoriza a distribuir a las cooperativas, sin requerir la celebración de una junta general de socios, bastando solo con el acuerdo del Consejo de Administración o la decisión del gerente administrador, según corresponda, el excedente entre sus socios, debiendo cumplir en todo caso en forma previa con las obligaciones legales que les incumben y demás requisitos, para lo cual se modifica la Ley General de Cooperativas.

Disposiciones legales que el proyecto modifica

La iniciativa parlamentaria en estudio modifica el citado decreto con fuerza de ley N° 5, referido a la Ley General de Cooperativas, incorporando un artículo 13 transitorio de acuerdo con lo reseñado en el acápite anterior.

Discusión y votación del proyecto

En el marco del debate general de la moción, se precisó que este proyecto es prácticamente igual al que varios diputados presentaron el año pasado por la situación especial que se vive desde marzo de 2020 en nuestro país ocasionada por la pandemia de la covid-19, lo que ha redundado en diversas medidas sanitarias adoptadas por la autoridad que hacen que las cooperativas no puedan celebrar juntas generales de socios. Como consecuencia de ello, muchos asociados de cooperativas han manifestado su inquietud al respecto y piden nuevamente eliminar ese trámite para acceder de forma más rápida a los excedentes.

Se trata de un proyecto simple y claro, por lo que insto a aprobarlo.

Esta moción es similar a una presentada por varios diputados el año 2020 (boletín Nº 13684-03), aprobada por unanimidad, que derivó en la ley Nº 21.270, publicada en el Diario Oficial el 6 de octubre de 2020, donde se esgrimen los fundamentos y argumentos que también sirven de base y sustento a esta iniciativa, por lo que los diputados miembros de la comisión los hacen suyos y, de esa forma, se justifica abordar normativamente este asunto.

Teniendo en vista los argumentos contenidos en la moción y las consideraciones, antecedentes y opiniones contempladas precedentemente en el informe despachado por esta comisión sobre este proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Cooperativas, autorizando a las cooperativas a distribuir los excedentes o remanentes de 2019 sin necesidad de celebrar una junta general de socios (boletín Nº 13684-03), las señoras diputadas y los señores diputados miembros de la comisión, en votación única, aprobaron en general y particular esta iniciativa parlamentaria, sin sufrir, por ende, modificaciones el artículo único de este proyecto.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-

Señor Presidente, la pandemia por covid-19 ha revelado la fragilidad de nuestras sociedades. Esta crisis afecta desproporcionadamente a los países y a las poblaciones más vulnerables del mundo y Chile no está ajeno a esa realidad, además de agudizar muchas fracturas sociales y económicas.

El artículo 1° de la Ley General de Cooperativas señala: “Para los fines de la presente ley son cooperativas las asociaciones que de conformidad con el principio de la ayuda mutua tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios y presentan las siguientes características fundamentales:

Los socios tienen iguales derechos y obligaciones, un solo voto por persona y su ingreso y retiro es voluntario.

Deben distribuir el excedente correspondiente a operaciones con sus socios, a prorrata de aquéllas.

Deben observar neutralidad política y religiosa, desarrollar actividades de educación cooperativa y procurar establecer entre ellas relaciones federativas e intercooperativas.”.

Qué duda cabe de que son las cooperativas el único modelo empresarial consagrado en nuestro ordenamiento jurídico que define el destino que se le debe dar a la riqueza generada de forma mancomunada, y esta es elevar la calidad de vida de sus socios. Queda meridianamente establecido que la riqueza nueva es un medio para vivir mejor y no el fin, como se consagra en las empresas con fines de lucro, en las cuales las condiciones sociales del socio que aporta no revisten ninguna importancia ni consideración de ningún tipo. No ocurre así en las cooperativas.

En consecuencia, las cooperativas son el modelo empresarial en el cual se demuestra que la democracia aplicada a la generación de riqueza es posible, y en Chile y en el mundo hay suficientes testimonios que así lo demuestran. Tal es el caso de la cooperativa lechera Colun , del sur de nuestro país, que está catalogada como la empresa con mejor reputación corporativa en Chile según el informe RepTrak 2019 y en la cual se mide la impresión, estima, confianza y admiración entre los consumidores y entre sus propios asociados.

La crisis que atraviesan Chile y el mundo deja clara la necesidad de fortalecer la cooperación y solidaridad globales. Así lo expresó recientemente el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, señor António Guterres , cuando señala que “…la contribución de las cooperativas para hacer frente a la pandemia y el cambio climático, para encaminarse a la obtención de objetivos de desarrollo sostenible al año 2030 y para forjar un futuro inclusivo e igualitario son esenciales.”.

Para el director general de la OIT, señor Guy Ryder , la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reforzó esta idea al señalar que “pese a verse afectadas por la pandemia del coronavirus, las cooperativas, al igual que otras empresas de la economía social y solidaria del mundo, han cumplido con la función de brindar una asistencia vital a sus miembros por medio de la adaptación de sus servicios y la facilitación del contacto de las personas que precisaban apoyo con gobiernos e interlocutores sociales a escala local.”.

Así, entonces, las cooperativas de productores y consumidores han sido fundamentales para mantener las cadenas de suministro de bienes y servicios esenciales al hacer hincapié en sus comunidades y relocalizar las economías.

Es el caso también de las cooperativas de ahorro y crédito asociadas a la Federación Chilena de Cooperativas de Ahorro y Créditos (Fecrecoop), que han establecido fondos de solidaridad para apoyar a empresas y a poblaciones vulnerables, así como cooperativas industriales, sociales y de trabajadores que han debido transformar sus productos y servicios para satisfacer la acuciante demanda local de equipos de protección, alimentos, suministros y atención social en sus comunidades.

Entonces, es posible demostrar de modo concreto que este enfoque cooperativo basado en recursos locales y sustentados en principios solidarios permite ayudar a las comunidades en tiempos de crisis y llegar donde el Estado no alcanza.

Así, las cooperativas y otras empresas de la economía social y solidaria pueden marcar el camino hacia una mayor resiliencia en estos tiempos de crisis en la promoción de la solidaridad en este momento de prueba para la familia chilena. En consecuencia, las cooperativas deben ser una parte integral de las soluciones necesarias para afrontar los enormes retos asociados a una mejor reconstrucción, y el Estado de Chile tiene la magnífica oportunidad de apoyarse en el modelo cooperativo para impulsar una recuperación no solo económica de nuestro país, sino también recomponer las confianzas con la sociedad civil que día a día nos pide estar a la altura de los desafíos que debemos enfrentar entre todos y a corto plazo.

La actual coyuntura de pandemia y de estado de excepción a causa de la covid-19 ha significado que las cooperativas no hayan podido celebrar, hasta el momento, su tradicional junta de socios que autorice a efectuar la repartición de fondos.

Actualmente, las familias chilenas están viviendo múltiples dificultades, entre las cuales se encuentra la disminución de sus ingresos, por lo que resulta necesario permitirles tener acceso a hacer uso del dinero al que tienen derecho, evitando y disminuyendo los trámites que en otras circunstancias son normales y razonables, pero que en estos momentos se transforman en una carga difícil de cumplir.

Por ello, este proyecto de ley busca que, excepcionalmente, los remanentes y excedentes generados en una cooperativa durante el 2020 puedan repartirse entre sus socios sin la necesidad de celebrar una junta general de socios.

Resulta plenamente justificado felicitar a las y los diputados que lo pusieron en discusión y celebro que la Comisión de Economía lo haya aprobado por unanimidad.

Por ello, recomiendo a esta Sala la aprobación por unanimidad de este proyecto, como un reconocimiento a la labor económica, social y cultural que cumplen las cooperativas.

He dicho.