Labor Parlamentaria

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la disposición transitoria de la ley N° 21.213, que modifica los cuerpos legales que indica para delimitar la infracción que consiste en circular un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas, para extender su vigencia.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, el plazo para inscribirse en este proyecto vence a las 11:00 horas de hoy.

Asimismo, para su discusión se otorgarán tres minutos a cada inscrito.

Diputada informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es la señora Jenny Álvarez .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 2ª de la presente legislatura, en martes 16 de marzo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 4ª de la presente legislatura, en jueves 18 de marzo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 7.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En reemplazo de la diputada Jenny Álvarez , tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar sobre el proyecto de ley, iniciado en un mensaje de su excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata, que modifica y prorroga la ley N° 21.213, la cual modificó los cuerpos legales que indica para delimitar la infracción que consiste en circular un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas, para extender su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.

I. Constancias previas

1. Idea matriz o fundamental

La idea matriz o fundamental del proyecto es extender nuevamente la vigencia del período habilitado para acceder al beneficio de extinción de multas por concepto de TAG mediante el pago del menor monto entre el 20 por ciento del importe total de las multas o 100 unidades tributarias mensuales.

2. Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado

No hay.

3. Trámite de Hacienda

No hay normas que requieran ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

4. Votación

El proyecto fue aprobado en general por unanimidad, sin cambios.

Votaron a favor los diputados René Alinco, René Manuel García , Félix González , Iván Norambuena , Leopoldo Pérez, Iván Flores y quien informa, Marcos Ilabaca .

Se estimó en forma unánime, por parte de los diputados integrantes de la comisión, que, considerando los perniciosos efectos provocados por la pandemia de covid-19, que han afectado a los habitantes del país con especial fuerza en la segunda ola, a partir de marzo de este año, motivando la prórroga de la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe, se ha dificultado el desplazamiento de las personas y con ello la posibilidad de acceder a los beneficios establecidos en el artículo transitorio de la ley N° 21.213, consistente en la posibilidad de extinguir, mediante el pago del 20 por ciento de su importe total, en hasta 24 cuotas mensuales, las multas vinculadas con el uso del TAG.

Por lo anterior, parece del todo necesario extender la vigencia de la ley N° 21.213, publicada el 29 de febrero de 2020, hasta el 31 de diciembre del presente año, con el objeto de cumplir con su espíritu, generando facilidades para que las personas puedan acceder a sus beneficios de manera segura y sin afectar la salud de otros. El nuevo término ofrece la posibilidad de cumplir con los objetivos fijados por la disposición norma y, a la vez, resguardar la salud de las personas, al ofrecer un mayor horizonte de tiempo, evitando así aglomeraciones y contagios que puedan generar retrocesos en la situación de salud del país.

Por otra parte, se tuvo especialmente presente el tipo de vehículo de que se trate, ya que las fechas de renovación de los permisos de circulación varían. Se consideró que la ampliación de la vigencia del artículo transitorio de la ley N° 21.213 permitirá, además, a los municipios recaudar mayores recursos, los cuales, en el contexto actual, son especialmente necesarios.

Se explicó que las estimaciones de ingresos municipales y/o costo fiscal que se realizaron con la Dirección de Presupuestos en la etapa de estudio de la actual ley N° 21.213 no se ven afectadas. Estas estimaciones consideraron la recaudación anual y el universo completo de potenciales beneficiarios, es decir, 300.000 patentes, aproximadamente.

Asimismo, es importante destacar que los beneficios de la ley N° 21.213 no son relevantes solo para las personas que obtienen una rebaja en sus multas impagas y para los municipios que recaudan mayores ingresos, sino también para el sistema de transportes en general, puesto que se reduce la informalidad, con lo cual se elevan los índices de seguridad y trazabilidad de los vehículos que circulan por el territorio nacional.

También hubo acuerdo unánime en cuanto a que resultaba conveniente que puedan optar al beneficio quienes realicen el pago de su permiso de circulación en forma atrasada, en la medida en que lo hagan dentro del plazo en que el beneficio esté vigente, pues así se permitirá que se reincorporen al sistema aquellos vehículos que tienen asociadas multas por infracciones al artículo 114 de la Ley de Tránsito o al artículo 42 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

Por último, se aprobó por unanimidad, sin cambios, el artículo único del proyecto, que plantea extender la vigencia del artículo transitorio de la ley N° 21.213 hasta el 31 de diciembre de 2021, posibilitando que las multas aplicadas por infracción a los artículos 114 de la Ley de Tránsito y 42 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, asociadas a una misma placa patente, puedan ser extinguidas, bajo determinados supuestos, mediante el pago del monto menor entre el 20 por ciento del importe total de las multas o 100 unidades tributarias mensuales.

Votaron a favor los diputados señores René Alinco, René Manuel García , Félix González , Iván Norambuena , Leopoldo Pérez, Iván Flores y quien habla, Marcos Ilabaca .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Recuerdo a la Sala que, conforme a los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, tienen hasta las 11:00 horas para inscribirse para participar en el debate de los proyectos de ley que figuran en la tabla.

Tiene la palabra el diputado Iván Flores García .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, tal como señaló el diputado informante y colega de la Región de Los Ríos, Marcos Ilabaca , este es un proyecto que surge de la ley que se publicó el 29 de febrero del 2020, en que se comienzan a tratar, de una manera especial y excepcional, las multas cursadas a quienes circulan por carreteras concesionadas sin dispositivo electrónicos de control de pasada.

En dicha oportunidad, febrero del 2020, se estableció que, habiendo varias pasadas en el día, solo se iba a considerar como deuda la primera de ellas, y se dio un plazo de seis meses para ello.

Luego fue prorrogado hasta diciembre del 2020, pues se ofreció a quienes tuvieran deudas acumuladas que pagarán solo el 20 por ciento del total para quedar sin esas multas que le impedirían circular con tranquilidad.

Ese proyecto lo aprobamos por unanimidad en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones; sin embargo, tenemos una aprensión, que entiendo que ya no podremos resolver acá, en la Cámara de Diputados, de modo que vamos a tener que esperar el trámite posterior.

Se le planteó al Ejecutivo que, tal como lo hicieron ver las organizaciones gremiales que representan a diversos transportistas, esta rebaja en el pago de las multas solo beneficia a aquellos deudores que tenían deuda antes del 30 de noviembre del 2019, ya que no está actualizada con lo que ocurrió el año pasado ni con lo que está ocurriendo en este mismo momento a causa de la pandemia y las dificultades económicas por las que pasa la gente.

En otras palabras, este es un buen proyecto, pero aquí estamos hablando de multas de antes del 30 de noviembre del 2019. O sea, ha pasado todo el 2020, ya estamos caminando superacelerados en el 2021, y nada de esto favorece a quienes recibieron multas después de noviembre de 2019.

Entonces, tendremos que aprobar este proyecto, porque no tenemos cómo “enderezarlo” en este momento, y esperar para hacerlo en los trámites que vienen.

Debemos seguir avanzando, pero la verdad es que la rebaja de las multas debería ser incluso por todo el 2021. La pandemia sigue viva y cada vez peor, y seguirá igual hasta que no tengamos al 80 por ciento de la población vacunada e inmunizada.

Reitero que voy a votar por la aprobación del proyecto, pero con la advertencia que he manifestado.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Vuelvo a recordar a todos que para la discusión de estos tres proyectos tienen hasta las 11:00 horas para inscribirse, aunque no se genere la discusión total durante la sesión de hoy de alguno de estos proyectos. Quedan solo 24 minutos.

Continuando con el debate, tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, como dijo el diputado Flores, creemos que este proyecto va en el camino correcto, pero me parece insuficiente, y voy a decir por qué.

En primer lugar, tenemos que recordar que estas multas, que se están condonando solo en 80 por ciento, corresponden a aquellas aplicadas conforme a la legislación vigente hasta antes de que se promulgara la ley N° 21.213, cuando se permitía que se impusieran varias multas al día, en tanto se transitaba por distintas comunas sin contar con el dispositivo para el telepeaje, sin TAG. Eso hizo que se transformaran en multas estratosféricas. Si las personas circulaban por varias comunas, las multas se iban sumando, una por cada comuna por la que pasaban a través de una misma carretera urbana concesionada.

La verdad es que en la causa de estas multas hay una injusticia tremenda. Uno podría entender, en cierta medida, que se aplicara una sanción pecuniaria por no utilizar el dispositivo del telepeaje, aunque no estoy de acuerdo en eso, pero reiterar las multas hizo que se generaran deudas enormes.

Se quiso modificar la ley y, por una indicación nuestra, de este diputado y de otros colegas, pedimos que se condonara el ciento por ciento de las deudas originadas en esas multas, pero el Ejecutivo no quiso, así que se condonó solo el 80 por ciento, conforme a una indicación sustitutiva que presentó el gobierno.

Creo que hay que volver a discutir sobre condonar el ciento por ciento de esas multas históricas, que son realmente graves, onerosas y tremendamente injustas. Es algo que diversas organizaciones vienen planteando desde hace mucho tiempo.

Actualmente estamos en el 80 por ciento que se aprobó, y ahora, a través de este proyecto, se busca prorrogar el plazo; no obstante, creo que debemos tener una discusión de fondo, en cuanto a que la condonación debiera ser del total de la multa, porque tiene su origen en una situación tremendamente injusta e indebida.

En segundo lugar, debemos discutir la norma de la Ley de Tránsito que sanciona a una persona con una multa por no usar un determinado dispositivo, multa que va en beneficio de un privado, como es la empresa concesionaria. O sea, el Estado, a través de esa multa, de alguna manera se pone indirectamente a recaudar recursos que benefician a las empresas concesionarias, cuestión que me parece grave y que hemos intentado modificar con algunas propuestas legislativas, pero no hemos conseguido que se declare su admisibilidad.

Todo el sistema de concesiones está concebido, de alguna manera, para beneficiar en forma desequilibrada a las empresas concesionarias y en perjuicio de los usuarios.

Vamos a aprobar este proyecto, pero consideramos que, obviamente, aún está al debe.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señora MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, tiempo atrás ocupé el tiempo de Incidentes para informar la situación que aquejaba a muchas familias y personas que habitaban en Quilicura y Lampa , así como en la mayoría de las comunas del distrito que represento, quienes que se veían impedidas de salir de sus comunas sin tener que pasar previamente por algún punto de cobro del TAG. Es decir, se les impedía el libre acceso para trasladarse a distintos lugares donde antes no tenían que pagar. A ello se suma la serie de cobros irregulares que se han producido y la nula capacidad que han tenido los gobiernos de modificar esta situación que, sin duda, golpea negativamente las economías familiares, afecta la canasta familiar y eleva el alto costo de la vida en un país tan desigual como el nuestro.

Qué duda cabe de que la pandemia ha recrudecido esta situación y ha generado que el valor del TAG sea un gasto que, sin duda, complejiza aún más la difícil situación por la que están pasando miles de chilenas y chilenos.

Actualmente, muchas familias mantienen deudas por no pagar el TAG o las multas que se aplican por circular por autopistas concesionadas sin el dispositivo electrónico de pago, pero no porque no quieran pagar, sino porque, lamentablemente, deben priorizar sus recursos y destinar su dinero al pago de servicios y de artículos de primera necesidad, como el agua potable, la luz eléctrica, el pan, etcétera.

Por eso, valoramos y aprobaremos el proyecto de ley que modifica la disposición transitoria de la ley N° 21.213, que permitirá que las infracciones por circular sin el dispositivo electrónico se puedan pagar hasta el 31 de diciembre del 2021.

Hago un llamado a las autoridades para que esta excepción nos permita avanzar hacia una discusión de fondo sobre el valor que hay que pagar por usar las autopistas urbanas y que esto no se convierta en un costo significativo para las familias chilenas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez .

El señor PÉREZ (don Leopoldo).-

Señor Presidente, tal como lo manifestaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, lo que busca este proyecto, más allá de las críticas que se hicieron en su momento, es despachar a la brevedad la prórroga del pago de las multas adeudadas, toda vez que hay muchas personas que por diferentes motivos, como la pandemia y otros, no han podido hacer los trámites correspondientes para pagar las multas atrasadas, que consideran una condonación del 80 por ciento de la deuda.

Para muchos chilenos la medida representa un alivio, significa dejar atrás una mochila que venían arrastrando. En todo caso, en mi opinión, lo relevante es que quien cometa la infracción de circular por una autopista concesionada solo pague una multa diaria y no cada vez que pase bajo uno de los pórticos de las autopistas, es decir, que la multa no sea acumulativa; que solo se contabilice el primero y no todos los pórticos por los cuales transitó ese día sin el dispositivo electrónico.

Por lo tanto, a nombre de la bancada de Renovación Nacional anuncio que vamos a aprobar este proyecto, porque, dentro de un conjunto de medidas, ayuda a muchas personas que arrastran esta mochila, las cuales podrán pagar sus multas atrasadas, con la condonación del 80 por ciento de la deuda, hasta el 31 de diciembre de 2021. Creo que eso aliviará bastante los bolsillos de chilenos que podrán circular tranquilos por las autopistas urbanas sin la preocupación de tener que comparecer ante los juzgados de policía local.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, recordemos cómo parte esta legislación.

Desde que comenzó el sistema de autopistas concesionadas en el país, si una persona transitaba en un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peaje -generalmente quienes somos de regiones por una carretera concesionada de Santiago, y sin tener el permiso diario, se encontraba con la ingrata sorpresa de que a su casa le llegaba el cobro de una multa diaria, que consideraba cada una de las comunas por las cuales pasó en su vehículo. Así, si el vehículo pasaba por diez comunas, era multado en diez ocasiones en un mismo día. Es decir, en un día una persona podía fácilmente tener diez o más multas, cuestión que se hacía insostenible.

Quiero agradecer a la diputada Ximena Ossandón , quien me invitó a ser parte del proyecto de ley destinado a delimitar esta infracción al pago de una sola multa por día, cuestión que logró regular una situación injusta que vivía el país.

Ahora bien, de la mano de esto, existía también una tremenda injusticia con todos aquellos deudores de multas existentes con anterioridad a la dictación de la ley N° 21.213. Tal cual lo han señalado algunos parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra, intentamos la condonación completa de la deuda o el máximo posible para todos los deudores. Lamentablemente, el Ejecutivo no estuvo de acuerdo y nos planteó esta modalidad del 20 por ciento del pago del importe total de la multa, con un límite de hasta 100 UTM, que son cantidades elevadísimas. ¿Es un beneficio? Claramente lo es.

No obstante lo anterior, debido a la pandemia, muchas personas no han podido hacer uso de este beneficio, por lo cual solicitamos la extensión de la aplicación del artículo transitorio de la ley N° 21.213. Eso implica la extensión hasta el 31 de diciembre de este año del beneficio otorgado por dicha ley, razón por la cual, independientemente de que me hubiera encantado la condonación total de las deudas por TAG, solicito que se apruebe por unanimidad este proyecto de ley, que es bastante simple y que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Mario Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, considero de toda justicia prorrogar la vigencia de esta ley, porque, tal como se explica en los antecedentes del proyecto, hay razones de peso para aplicar tal medida, como el contexto actual y las dificultades económicas que están sufriendo millones de familias producto de la pandemia.

Además, hay otro elemento a considerar, que es la esencia de estos cobros, de las multas: la injusticia que está radicada en la ley, la que permite a las empresas concesionarias tener una conducta que considero -creo que todos opinan asíclaramente abusiva.

No se puede entender que se condene a alguien diez veces por la misma causa; eso va en contra de los principios jurídicos más elementales.

Las disposiciones que contiene la ley terminan afectando especialmente a quienes somos de regiones. Para la mayoría de quienes viven en la Región Metropolitana o en sus cercanías es imprescindible contar con el sistema TAG; sin embargo, quienes vivimos en regiones como la de La Araucanía, a uno de cuyos distritos represento, u otras, no contamos con ese dispositivo, por lo que cuando debemos viajar a Santiago en vehículo por alguna circunstancia excepcional, debemos recurrir a la posibilidad que nos entrega el ordenamiento jurídico, esto es, comprar el pase diario, que cuesta una cantidad de dinero no menor y que se supone que permite transitar libremente durante un día. Con todo, ese sistema no funciona. Por ejemplo, me he encontrado con la sorpresa de que cuando uno transita desde la ruta 5 Sur hacia Santiago y luego continúa hacia Valparaíso , ese pase diario no sirve en la ruta 68. Así, la Municipalidad de Casablanca, lugar por donde pasa esa ruta, podría aplicar una multa, lo que claramente es injusto.

Invito humildemente a nuestros colegas de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones a que revisen otra materia contenida en la ley: el dispositivo electrónico que se instala en el vehículo, que permite detectar el paso por pórticos. Como las autopistas lo arriendan, si se llega a perder las concesionarias lo cobran hasta la eternidad. Claramente, se trata de un abuso que hay que regular y corregir, porque intrínsecamente el dispositivo tiene un valor, pero después de haber cobrado un año el servicio de arriendo debería considerarse pagado. No obstante, se sigue cobrando su uso, porque la formalidad es estregarlo…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputado. Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado señor Jorge Rathgeb .

El señor RATHGEB (vía telemática).-

Señor Presidente, quiero continuar en la senda de la intervención de mi colega de distrito, diputado Mario Venegas .

Efectivamente, la gente que vive en regiones tiene serias dificultades para transitar por la Región Metropolitana y realizar trámites puntuales. Si alguien se traslada a esa región antes de las 12.00 horas de la noche y el cambio de día lo sorprende en Santiago, debe comprar dos pases diarios de TAG, porque se trata de dos días distintos. Lo mismo sucede si transita en otras autopistas, ya que sin ese pase, que tiene un precio elevado -debe rondar los 11.000 pesos-, esa persona no puede transitar libremente como quisiera, ya que cada día debe comprar un nuevo pase. Así, una persona debe ingresar a Santiago después de las 12.00 horas de la noche, porque si ingresa antes y la pilla el cambio de hora, debe comprar dos pases. Es un tema bastante complejo que ha traído como consecuencia que las personas hayan debido pagar multas.

Los que se han enriquecido y obtienen beneficios son los municipios y las empresas concesionarias, las mismas que tienen la obligación de mantener las rutas en buenas condiciones y asegurarse de que no haya objetos que interrumpan el tránsito en la ruta. Si ello ocurre, estas no se hacen responsables de la situación. Hay vehículos siniestrados y otros que han tenido dificultades en la ruta porque la misma no está en buenas condiciones. Frente a estos problemas, los responsables de las empresas concesionarias señalan que han hecho su trabajo, que la ruta siempre está despejada y que no es su responsabilidad la caída de algún objeto que interrumpa el tránsito. Es decir, las empresas concesionarias sencillamente no se hacen responsables de nada.

Relato estas situaciones porque uno las vive como habitante de la Región de La Araucanía. Cada vez que uno se debe trasladar a la Región Metropolitana, o se dirige a alguna comuna de más al norte, también debe comprar el pase diario. En caso de accidente, no hay ningún tipo de responsabilidad de las empresas concesionarias. Lo digo, porque en algún momento tuve un accidente y mi vehículo fue retirado de la ruta, pero me señalaron que debía preocuparme de sacarlo de la carretera, porque la concesionaria no se haría responsable si sucedía algo. Como he dicho, los empleados de las concesionarias señalan que revisan la carretera a cada momento y que, por tanto, no es su responsabilidad que en la ruta existan objetos que aparezcan justo después de las inspecciones.

Esta iniciativa viene a dar un poquito de justicia a todos quienes somos conductores de regiones y tenemos la mala fortuna de transitar por la Región Metropolitana. Como no tenemos ninguna opción para evitar el tránsito por ese lugar, ello efectivamente se transforma…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado señor Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, el desarrollo de la infraestructura de transportes en Chile se ha fundado sobre la base de la construcción de carreteras concesionadas a privados. En ese marco, el acceso y uso de carreteras se ha condicionado al pago de una tarifa a través del dispositivo electrónico denominado TAG. El no pago de esa tarifa es considerada una infracción grave, sancionada con multa de una unidad tributaria mensual.

La jurisprudencia señala que constituye infracción cada vez que se transita sin dispositivo bajo los pórticos de una carretera, por lo que se ha procedido a hacer un cobro proporcional a cada paso, lo que a todas luces constituye un abuso. La ley N° 21.213 señala que si durante un día se cometen dos o más infracciones, solo se considerará la primera.

El proyecto consta de un artículo único que modifica el artículo transitorio de la Ley N° 21.213, para extender el plazo en el que se puede optar al beneficio de extinguir la deuda por TAG mediante el pago del monto menor entre el 20 por ciento del importe total de las multas o 100 unidades tributarias mensuales.

Un derecho esencial de todo ciudadano y ciudadana es el de circulación, debido a que sin el desplazamiento no se puede acceder al trabajo o a los servicios básicos. Por ello es que si bien en algún momento el cobro de peajes o TAG pudo tener alguna justificación, por cuanto era necesario que el concesionario recuperara la inversión inicial, en la actualidad ello deriva en un abuso, ya que, en la práctica, los chilenos y chilenas acceden a las carreteras de acuerdo a su capacidad de pago.

Por ello, en el marco del proceso constituyente, es necesario escrutar un cambio profundo en el régimen de concesiones de infraestructuras, puesto que mediante extensiones y modificaciones de contratos las empresas concesionarias de carreteras no han perdido el control de las mismas y, por lo mismo, siguen cobrando el TAG. Esas carreteras y obras públicas deben volver al control del Estado para impedir los abusos que las empresas concesionarias cometen contra conductores y conductoras.

Es clarísimo que hay que revisar el sistema. Si bien este es un avance menor, es importante para los bolsillos de hombres y de mujeres que se desplazan por las carreteras de Chile.

Por lo tanto, la bancada del Partido Comunista de Chile votará favorablemente este proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, como bancada del Partido Socialista votaremos favorablemente este proyecto de ley, que condona el 80 por ciento de las multas de los usuarios de autopistas urbanas concesionadas de la Región Metropolitana que tienen deudas acumuladas. Hubiéramos querido que se condonara el ciento por ciento de esas multas, porque en la base del cobro hay una situación de tremenda injusticia.

Insisto: pedimos que se condonara el ciento por ciento de las multas, pero, como el Ejecutivo no accedió a ello, votaremos favorablemente el 80 por ciento que considera la iniciativa.

Sin embargo, el problema de fondo, que no se está tocando en este debate, tiene que ver con la legitimidad y la justificación del sistema de autopistas concesionadas en la Región Metropolitana. La sensación de los chilenos y chilenas es que siendo razonable que se concesionen autopistas para tener un mejor servicio, las autopistas concesionadas urbanas ocasionan muchos perjuicios directos a las personas. De ello, el Estado ha sido incapaz de hacerse cargo.

Primero, las tarifas son excesivas. Alguien que debe transitar entre San Bernardo y Quilicura para trabajar, gasta alrededor del 30 o 40 por ciento de un sueldo promedio en telepeaje. Eso es excesivo. Incluso, paga más en telepeaje que en colegios para sus hijos.

Segundo, el sistema de cobro del TAG está garantizado por el Estado, el que está al servicio de una empresa particular a la que le asegura la recaudación y las utilidades.

Esto partió con la aplicación de una multa de cuarenta veces la deuda, para disuadir a la persona que anduviese sin el sistema de telepeaje. Si bien esa multa se ha ido reduciendo, aún hay mucha injusticia. Hay multas que son excesivas; incluso, hasta hace poco existía una multa por pórtico. Al respecto, informo -porque es una novedad y no sé si todos lo saben que impulsamos una modificación en el artículo 114 de la Ley de Tránsito, a través de una indicación del diputado Jaime Mulet , que apoyamos con entusiasmo, que establece que cuando una persona circula sin el TAG o con el TAG deshabilitado, no pagará un multa por cada pórtico que cruce -la cantidad de pórticos en la Región Metropolitana es inmensa-, sino solo la primera multa en un día, lo que, sin duda, fue una atenuación de algo que era absolutamente excesivo.

Por último, hay malos servicios. Las carreteras y autopistas hoy son insuficientes, pues la congestión vehicular es tremenda. Cuando las personas pasan horas en un taco, no se explican por qué pagan por esos servicios, con el nivel de cobro que tienen las autopistas y con un Estado que sirve como agente recaudador, porque no tienen vías alternativas ni pistas que les permitan siquiera llegar a tiempo a sus destinos.

No se aborda el debate de fondo, que es revisar el sistema de autopistas concesionadas del Estado.

Estoy a favor de que se revise…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios.

Diputada informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es la señora Camila Flores .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 135ª de la legislatura 368ª, en jueves 21 de enero de 2021.

Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 4ª de la presente legislatura, en jueves 18 de marzo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 6.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En reemplazo de la diputada Camila Flores, rinde el informe el señor Matías Walker .

El señor WALKER (de pie).-

Señor Presidente, en primer lugar, agradezco el honor de informar sobre este proyecto, que es uno de los últimos que nos correspondió aprobar durante mi presidencia en la Comisión de Constitución.

Aprovecho de agradecer a todas las diputadas y los diputados miembros de esta comisión, porque durante los últimos dos años ha sido la comisión que más sesiones ha llevado a cabo en el Congreso Nacional, así como también la que más proyectos de ley y de reforma constitucional ha despachado.

A continuación, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios. El proyecto se inició en una moción suscrita por los siguientes senadores y senadoras: Francisco Chahuán , Luz Eliana Ebensperger , Carolina Goic , Felipe Kast y Kenneth Pugh .

La idea matriz o fundamental del proyecto recibido desde el Senado consiste en modificar el Código Penal con el propósito de introducir un nuevo tipo penal que sanciona al que sin estar legal o reglamentariamente autorizado al efecto ingresare, intentare o permitiere ingresar a un establecimiento penitenciario elementos tecnológicos prohibidos que permitan comunicarse con el exterior.

Durante el estudio del proyecto, la comisión recibió al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín ; al subsecretario de Justicia, señor Sebastián Valenzuela ; a la jefa de la División Jurídica, señora Mónica Naranjo , y a la jefa del Departamento de Reinserción Social Adulta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señora Marcela Corvalán .

En relación con la propuesta del Senado, el proyecto introduce en el Código Penal un nuevo artículo 304 bis, en virtud del cual se sanciona al que sin estar legal o reglamentariamente autorizado al efecto ingresare, intentare o permitiere ingresar a un establecimiento penitenciario intercomunicadores, teléfonos celulares, partes de ellos, chips telefónicos u otros elementos tecnológicos que permitan comunicarse con el exterior. La pena será de presidio menor en su grado mínimo a medio.

Al respecto, la comisión aprobó dos modificaciones. La primera de ellas consiste en establecer con claridad que el ingreso de estos elementos prohibidos puede ser por cualquier medio, cosa que no indicaba el texto del Senado, de manera que se hace innecesario el inciso segundo de la propuesta del Senado, y además suprime la expresión “celulares” (la propuesta hablaba de teléfonos celulares), dado que la tecnología va avanzando y se prefirió dejar una referencia más genérica.

Como he expresado, se suprimió el inciso segundo, el cual decía que las mismas penas se aplicarán a quienes introduzcan los elementos mencionados en el inciso precedente, mediante lanzamiento de objetos desde las inmediaciones de un establecimiento penitenciario. Igualmente, se castigará a quien haga uso de medios tecnológicos, aeronaves no tripuladas o drones para lograr dicho objetivo. Esta supresión se justifica por haber modificado el inciso primero, señalando que el ingreso prohibido puede ser por cualquier medio, el cual es mucho más inclusivo.

Finalmente, en el inciso tercero de la propuesta del Senado se establecía que si las conductas delictivas del caso fueren perpetradas por un abogado, procurador o empleado público, la pena indicada se aumentará en un grado. Al respecto, la comisión estimó más adecuado que, en vez de aumentarse en un grado la pena -cosa que rara vez hacen los magistrados-, se estableciera que la pena no se aplicará en su grado mínimo, por lo menos asegurando la aplicación de la pena en su grado más alto, esto es, presidio menor en su grado medio.

Además, la propuesta del Senado señalaba que este delito conllevará la pena accesoria desde suspensión en su grado mínimo a inhabilitación especial temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio de la profesión y del cargo u oficio, respectivamente.

Al respecto, la comisión estimó prudente cambiar la sanción de inhabilitación especial temporal por la de absoluta temporal, por cuanto se consideró que si se trata de abogados, procuradores y empleados públicos, es la sanción adecuada.

De esta manera, el inciso final queda de la siguiente manera: “Si las conductas a que se refiere el inciso anterior fueren perpetradas por un abogado, procurador o empleado público, la pena no se aplicará en su grado mínimo y, además, conllevará desde suspensión en su grado mínimo a inhabilitación absoluta temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio de la profesión y del cargo u oficio, respectivamente.”.

Habiendo sido aprobado por mayoría este proyecto por la comisión que represento, igualmente solicito su aprobación a esta honorable Sala.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, para complementar el informe, debo explicar por qué es necesario este proyecto que viene del Senado.

Sabemos que una forma de comisión de los delitos dentro de las cárceles, que sobre todo es muy utilizada por el crimen organizado y el narcotráfico, es valerse de teléfonos celulares o de otros elementos tecnológicos para, desde dentro de los recintos penitenciarios, llevar a cabo acciones delictivas. Por ejemplo, las estafas telefónicas o la coordinación de bandas de narcotráfico desde los recintos penitenciarios se hacen precisamente valiéndose de elementos tecnológicos que muchas veces son proporcionados por los propios abogados defensores o por el propio personal de Gendarmería. Hemos visto casos de corrupción dentro de Gendarmería: personal de esta institución actúa coordinadamente con redes delictivas con el objeto de entregarles elementos tecnológicos. Como estos elementos van evolucionando en el tiempo, no quisimos hablar de una tecnología específica; pueden ser teléfonos celulares, drones, etcétera; pero lo fundamental es que el ingreso de los mismos a recintos penitenciarios tenga una sanción penal.

Ahora, se generó una legítima discusión en la Comisión de Constitución. Recuerdo la opinión de la diputada Camila Vallejo y la de otros diputados que señalaban una legítima aprensión de que esta iniciativa no afectare el derecho de las personas privadas de libertad a comunicarse con sus familiares. Obviamente, ese derecho está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico. Por eso, expresamente y haciéndose cargo de esa aprensión, se introduce la expresión “El que sin estar legal o reglamentariamente autorizado al efecto ingresare…” esos elementos. De esta manera, se dejan a salvo todas aquellas comunicaciones que obviamente son un derecho humano de las personas privadas de libertad, con su abogado defensor, con sus familiares y para la asistencia religiosa o médica. Eso queda a salvo. Lo que se sanciona es el ingreso no autorizado de elementos tecnológicos a los recintos penitenciarios, y se incluye como delito, y se establece la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, cargo u oficio del abogado, procurador o empleado público que incurra en la conducta, según ha solicitado Gendarmería de Chile.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece en favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputado y a cada diputada inscritos.

Diputado informante de la Comisión de Minería y Energía es el señor Esteban Velásquez .

Antecedentes:

-Moción, sesión 73ª de la legislatura 366ª, en jueves 13 de septiembre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe de la Comisión de Minería, sesión 2ª de la legislatura 368ª, en jueves 12 de marzo de 2020. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 21 de este boletín de sesiones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor VELÁSQUEZ (don Esteban) [de pie].-

Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Minería y Energía, paso a entregar una relación del trabajo y de los acuerdos adoptados respecto del proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados Esteban Velásquez , Jaime Mulet , Nicolás Noman , Marcelo Schilling , Pedro Velásquez y Pablo Vidal , y de las diputadas Natalia Castillo , Daniella Cicardini , Catalina Pérez y Alejandra Sepúlveda , que establece en favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio (boletín N° 12093-08), en primer trámite constitucional y reglamentario, sin calificación de urgencia.

El propósito de esta moción no es otro que establecer una compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio.

Cabe hacer presente que la Mesa de la Corporación, en la sesión 72ª de la Legislatura 366ª, de 12 de septiembre de 2018, declaró inadmisible la iniciativa de ley. Quien les informa reclamó dicha calificación y solicitó votación de la misma. La Sala de la Corporación consideró admisible el proyecto de ley, por cuanto la posición de la Mesa no obtuvo la mayoría requerida.

De la misma forma, es necesario hacer presente que el señor subsecretario de Hacienda de aquel entonces, señor Francisco Moreno , luego de aprobarse en general el proyecto, hizo expresa reserva de constitucionalidad por transgresión del artículo 65, inciso cuarto, Nº 1°, de la Constitución Política de la República, en sesión Nº 84, de 20 de enero de 2020, en la Comisión de Minería.

Asimismo, los diputados Francisco Eguiguren , Sergio Gahona , Issa Kort , Carlos Kuschel y Enrique van Rysselberghe -en reemplazo del diputado Nicolás Noman -, en la sesión Nº 88, de 4 de marzo de 2020, hicieron reserva de constitucionalidad respecto del articulado del proyecto, con la salvedad del inciso tercero del artículo único.

Exponen sus autores que la minería chilena es el motor de la economía nacional desde los orígenes de la república, incluso desde la época colonial, y ha movilizado a los diversos factores productivos que intervienen en esta actividad para que el país pudiera desarrollarse a lo largo de su historia.

Agregan que no obstante el retorno que esa actividad ha tenido para el Estado de Chile en cuanto a retribución por la explotación del recurso minero, esta no ha sido del todo abordada, careciendo nuestro ordenamiento jurídico de un royalty aplicable a la minería. De esta forma, es clara la importancia que tiene para Chile contar con un royalty robustecido en lo legal. Se entiende que el royalty es un derecho que el Estado soberano cobra al concesionario por la explotación de sus riquezas naturales, el cual es aplicado en gran parte de los países desarrollados, abundantes en recursos naturales. En esos países, el Estado utiliza el royalty como instrumento de compensación por usufructuar un recurso que por disposición constitucional le pertenece al Estado.

Chile solo cuenta con un impuesto específico a la minería y no con un royalty propiamente tal.

En efecto -sostienen-, el royalty a la minería es el cobro de un derecho por parte del Estado por la sola extracción de sus recursos minerales no renovables, fundamentado en la compensación de los privados al Estado por extraer y beneficiarse de las riquezas contenidas en el subsuelo. Hay una valoración entonces de nuestra riqueza natural.

En efecto, corresponde al pago por el uso de un recurso natural no renovable, razón por la que debe relacionarse con la extracción y no con la venta o utilidad, pues, de lo contrario, se trataría de un impuesto más. En tal sentido, el proyecto plantea que el royalty constituye un derecho y no un tributo técnicamente hablando.

Por su parte, el denominado legalmente “impuesto específico a la actividad minera” está establecido en el Título IV bis del decreto ley N° 824, que aprueba el texto de la Ley Sobre Impuesto a la Renta. Este impuesto fue establecido por la ley Nº 20.026, de 16 de junio de 2005, y fue modificado posteriormente por la ley N° 20.469, de 21 de octubre de 2010, que introdujo modificaciones a la tributación de la actividad minera, concretamente modificando las tasas aplicables e introduciendo el concepto de “renta imponible operacional minera (RIOM)”. El impuesto se aplica sobre la renta operacional de la actividad minera ejercida por un explotador minero que extrae sustancias minerales de carácter concesible.

Más aún, el monto del impuesto específico efectivamente pagado se considera como un gasto necesario para producir la renta, para efectos de la determinación del impuesto de primera categoría, por lo que, en definitiva, no es más que el reconocimiento contable de un desembolso que reduce la base imponible del impuesto a la renta definitivo que resulte a pagar por la empresa.

Por todo lo anterior, parece correcto concluir que el llamado “royalty” a la minería, en Chile, es un impuesto específico a la renta, y no un royalty desde el punto de vista de las definiciones existentes.

El impuesto específico a la minería, en sus dos versiones, no ha tenido un efecto relevante desde el punto de vista del PIB. De hecho, según datos del Servicio de Impuestos Internos, dicho impuesto no ha significado más del 0,3 por ciento del PIB desde su creación, llegando incluso el año 2017 a ser menos del 0,0 por ciento. Esto contrasta con otros impuestos a productos específicos que son superiores o iguales a la participación que tiene el de la minería en el PIB, como son los tabacos (0,5 por ciento del PIB promedio), los combustibles (0,8 por ciento del PIB promedio) e incluso el impuesto a los actos jurídicos (0,2 por ciento del PIB promedio). Lo anterior demuestra la insignificancia que ha tenido este impuesto específico a la actividad minera para las rentas nacionales y regionales.

Que, además, no solo el monto del impuesto específico es insignificante en comparación al PIB, sino que además no dice relación con las millonarias utilidades percibidas por la minería pública y privada en Chile. En efecto, según datos de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), la minería privada, durante los años 2010 a 2016, alcanzó utilidades por M.- 54.272.476, pagando en el mismo periodo por concepto de impuesto específico a la minería apenas M.- 2.098.269, y por concepto de impuesto a la renta M.- 14.691.187, lo que equivale a 3,8 por ciento y a 27 por ciento de la utilidad, respectivamente.

Desde ese punto de vista, esta declaración debe ir más allá de una mera formalidad, dado que, en la práctica, la minería privada explota en mayor cantidad que el Estado los recursos mineros.

Se agrega que la Constitución Política de la República, en su artículo 19, N° 24°, inciso sexto, prescribe que “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas.”.

La Carta Fundamental señala, en el inciso séptimo de la misma norma antes anotada, que “Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso, dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión.”.

En este sentido, a su juicio, queda claro que el concesionario minero deberá, entonces, soportar las obligaciones que la ley exprese, las cuales emanan justamente de su calidad de dueño de la concesión, pero no del recurso en sí mismo, que se mantiene en el Estado.

En tales términos, se justifica el establecimiento de un royalty, toda vez que constituye una compensación por el hecho de que el Estado se despoje de la explotación de las minas que le pertenecen. En efecto, en virtud de estas concesiones, hoy la minería privada explota el cobre en mayor cantidad que el Estado, a través de Codelco, por lo que este se está desprendiendo de una gran parte de utilidades que podrían ingresar al patrimonio de la nación. De esa forma, debe existir otra manera de compensar esa pérdida de importantes ingresos que permitirían reparar y mitigar las externalidades negativas de la producción minera en aquellas comunas en donde se desarrollan.

Durante el debate en general se produjo un interesante intercambio de opiniones cuyo tenor puede ser consultado in extenso en el informe que obra en poder de sus señorías.

Puesto en votación en general el proyecto, se aprobó por los votos favorables de las diputadas y de los diputados Cicardini , doña Daniella ; Castro, don Juan Luis ; Sepúlveda, don Alexis -en reemplazo de la señora Hernando -; Noman , Santana, don Juan ; Velásquez, don Esteban , y Vidal . Por la negativa, votaron los diputados Gahona , Norambuena -en reemplazo del señor Korty Kuschel . Se abstuvo el diputado Eguiguren .

El subsecretario de Hacienda de entonces, señor Francisco Moreno , estimó importante considerar la opinión de la Comisión de Constitución. Hizo expresa reserva de constitucionalidad por transgresión del artículo 65, inciso cuarto, N° 1°, de la Constitución Política de la República.

Discusión particular

Puesta la iniciativa en votación en particular, su texto se enriqueció con sendas indicaciones, resultando el texto que hoy es sometido al escrutinio de esta honorable Sala.

Cabe hacer presente que los diputados señores Eguiguren , Gahona , Kort , Kuschel y Van Rysselberghe -en reemplazo del diputado señor Noman -, en sesión de 4 de marzo de 2020, hicieron reserva de constitucionalidad respecto del articulado del proyecto, con la salvedad del inciso tercero del artículo único.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Minería y Energía recomienda aprobar el siguiente proyecto de ley:

“Artículo único: Establécese una compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, equivalente al 3 por ciento del valor ad valorem de los minerales extraídos. Esta compensación deberá destinarse en un cincuenta por ciento a un Fondo de Convergencia Regional que financiará proyectos de desarrollo regional y comunal en la forma que determine el reglamento. El cincuenta por ciento restante se destinará directamente a financiar proyectos que contemplen medidas de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales provocados por la actividad minera en las comunas en donde se encuentren los yacimientos respectivos de donde se extraiga el mineral.

La compensación deberá ser pagada anualmente por el explotador minero respectivo, en el caso de las sustancias minerales concesibles, mientras esté vigente la concesión, y en el caso de las no concesibles, desde que se inicie la extracción hasta su completa explotación. Se entenderá por explotador minero a toda persona natural o jurídica que extraiga sustancias minerales de cobre o litio y las venda en cualquier estado productivo en que se encuentren.

Con todo, no será exigible esta compensación a aquellos explotadores mineros que extraigan, en el caso del cobre, cantidades anuales no superiores a 12.000 toneladas métricas de cobre fino, y en el caso del litio, cantidades anuales no superiores a 50.000 de litio metálico.

Un reglamento determinará la forma en que se calculará el monto específico de la compensación que deberá pagar cada explotador minero, la oportunidad y forma de su pago, y cualquier otra circunstancia que se requiera para la ejecución de la presente ley.

Asimismo, un reglamento regulará la administración, operación, condiciones, destino y distribución de los recursos del Fondo de Convergencia Regional. Dicho reglamento deberá establecer los criterios y mecanismos mediante los cuales se priorizarán y adjudicarán los proyectos que serán financiados con los recursos del Fondo. En todo caso, se priorizarán aquellos proyectos que financien obras de desarrollo en las regiones mineras del país.

El reglamento también deberá regular los criterios y mecanismos con los cuales se priorizarán y adjudicarán los proyectos que contemplen medidas de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales que serán financiados en las comunas a las que hace referencia el inciso primero”.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor PÉREZ, don Leopoldo (de pie).-

Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar, en lo correspondiente a su incidencia presupuestaria, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que tiene por objeto establecer a favor del Estado una compensación denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio.

Los autores de la iniciativa son las diputadas Natalia Castillo y Daniella Cicardini , y los diputados y diputadas Jaime Mulet , Nicolás Noman , Catalina Pérez , Marcelo Schilling , Alejandra Sepúlveda , Esteban Velásquez , Pedro Velásquez y Pablo Vidal .

Concurrieron a exponer el proyecto los diputados señores Vidal , Velásquez, don Esteban , y Schilling .

Por su parte, la posición de Ejecutivo fue expuesta por el ministro de Hacienda, señor Rodrigo Cerda , y el subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Máximo Pavez .

La comisión escuchó también al ministro de Minería, señor Juan Carlos Jobet ; al director del Servicio de Impuestos Internos, señor Fernando Barraza , y al director de la Dirección de Presupuestos, señor Matías Acevedo , así como a juristas, académicos, gremios empresariales de la minería y representantes de los trabajadores del cobre.

La idea fundamental del proyecto se orienta a mitigar el impacto negativo producido por la extracción, explotación y comercialización minera del cobre y del litio mediante la aplicación de un tributo en favor del Estado, a modo de compensación, denominado royalty minero, que permita, por una parte, financiar obras de desarrollo en las comunas donde se encuentren yacimientos mineros, y, por la otra, reconocer el derecho soberano del Estado de cobrar al concesionario por la explotación de sus riquezas naturales.

La Comisión de Minería y Energía determinó que, en conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la Cámara de Diputados, la totalidad del proyecto de ley debía ser conocida por la Comisión de Hacienda. Sin embargo, por tratarse de una iniciativa parlamentaria que el Ejecutivo calificó de inconstitucional, dicha instancia no dispuso de un informe financiero de la Dirección de Presupuestos que estimara el detalle de los efectos fiscales de su aplicación.

En particular, el proyecto en informe, que consta de un artículo único, establece una compensación en favor del Estado por la explotación de las minerías del cobre y del litio, que será equivalente al 3 por ciento del valor ad valorem de los minerales extraídos, exigible desde la vigencia de la concesión o desde el inicio de su explotación, según sea el caso.

Dispone, asimismo, que el 50 por ciento de esa compensación se destinará a un Fondo de Convergencia Regional cuyo fin será financiar proyectos de desarrollo regional y comunal, mientras que el 50 por ciento restante financiará proyectos de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales causados por la actividad minera en los respectivos lugares de explotación. Exime de la referida compensación a los explotadores mineros que extraigan hasta 12.000 toneladas métricas de cobre fino o hasta 50.000 de litio metálico.

La iniciativa entrega a un reglamento la tarea de determinar el cálculo del monto, la oportunidad y forma de pago de la compensación, así como la administración y criterios de asignación de los recursos del Fondo de Convergencia Regional, priorizando los proyectos que financien obras de desarrollo en las regiones mineras del país.

Los numerosos invitados a la comisión postularon diversas visiones legales, tributarias y económicas acerca del proyecto en informe, ofreciendo argumentos fundados, variados y a veces contrastantes, tanto a favor del proyecto como cuestionando la legalidad y las consecuencias económicas de él.

En análogo sentido, el debate de los integrantes de la comisión se centró en justificar profusamente la urgente necesidad y los numerosos beneficios fiscales y sociales derivados de la iniciativa, así como en resaltar la inconstitucionalidad de fondo y los efectos negativos de su eventual aplicación en la minería, la competitividad y los ingresos fiscales de largo plazo, lo que, en definitiva, se vio reflejado en la votación.

Finalmente, puesto en votación el artículo único de la iniciativa, fue rechazado por 5 votos a favor y 7 en contra.

Votaron a favor los diputados señores Jackson , Mellado, don Cosme ; Santana, don Juan (en reemplazo del diputado Monsalve) ; Schilling y Núñez, don Daniel (Presidente).

Votaron en contra los diputados señores Mellado, don Miguel (en reemplazo de la diputada Cid); Melero , Ortiz , Ramírez , Kuschel (en reemplazo de diputado Alejandro Santana ), Von Mühlenbrock y quien informa.

Asimismo, una indicación presentada por el Presidente de la Comisión, señor Daniel Núñez , fue declarada inadmisible por mayoría de votos.

En consecuencia, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable Sala rechazar el proyecto de ley.

Es cuanto puedo informar. He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo) [vía telemática].-

Señora Presidenta, el 11 de julio se celebra el Día de la Dignidad Nacional, el cual se denomina así, porque fue el día en que se nacionalizó el cobre en Chile.

Sin embargo, en 1981 se produjo una perforación de la ley del cobre, que ha permitido que, finalmente, las empresas privadas, las transnacionales exploten dos tercios del mineral en Chile y paguen -con las reformas de 2005 y 2010 se impuso un pago que se comporta como un impuesto menos que la recaudación que nuestro país hace por concepto de impuesto al tabaco o al petróleo. ¡Esto es realmente una vergüenza! Codelco solo explota un tercio del cobre en Chile, y su aporte al país es superior al de las transnacionales.

El gravamen establecido en 2005 y 2010 se comporta absolutamente como un impuesto. Por lo tanto, este proyecto parece muy adecuado. En este sentido, felicito a los diputados que lo presentaron y también a quienes lo aprobaron en las comisiones correspondientes.

Creo que estos son los momentos de patriotismo, de chilenidad de los que se habla en el país, cuando uno tiene que demostrar que realmente está con Chile, con aquello que se aprobó hace tantos años, el 11 de julio de 1971: la nacionalización del cobre.

Decimos que el cobre es chileno, pero en la práctica nuestras riquezas naturales, nuestros recursos naturales son llevados al extranjero por las transnacionales. Por lo tanto, esta es una oportunidad para que hagamos justicia y que la compensación que se recoja por la vía de este royalty vaya en beneficio de los chilenos.

No puede ser que la minería de las transnacionales hoy aporte menos que las tabacaleras o que el petróleo, por concepto de impuesto. Reitero que eso me parece vergonzoso.

Con esta propuesta podemos superar esa vergüenza nacional, que es haber entregado el cobre a las transnacionales con bastante pocas posibilidades de que los chilenos disfruten de nuestros recursos naturales.

Superponer otros temas legislativos a esta materia me parece inadecuado. Aquí es cuando se demuestra dónde están los patriotas en Chile.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Raúl Saldívar .

El señor SALDÍVAR (vía telemática).-

Señora Presidenta, establecer un royalty a la actividad minera no debe ser visto solo como un momento para aprovechar el ciclo de bonanza económica que hoy vive el sector del cobre, que está en ciernes de un superciclo, sino también como un principio que busca mayor justicia.

Considero indispensable que contemos con los recursos económicos necesarios para sortear la actual pandemia de covid-19, y para esto la actividad minera es primordial. Por tanto, debemos ir más allá del impuesto específico a la actividad minera que hoy tenemos y establecer un royalty que sea una compensación real para el Estado por la explotación de los yacimientos, cuyo agotamiento es inminente y cuya propiedad es de todos los chilenos.

El proyecto contempla que el 50 por ciento de lo recaudado vaya a un fondo de convergencia para financiar proyectos de nivel regional y comunal, y el 50 por ciento restante sea destinado a la mitigación y compensación en aquellas comunas donde se realiza la actividad minera. Esto es muy importante, pues da cuenta de las necesidades que tiene nuestra población.

En las zonas mineras conviven realidades extremas, ya que en ciudades como Calama, por ejemplo, el salario de los trabajadores que no se dedica a la minería es muy bajo. Es más, en aquella ciudad del norte, hasta antes de que se declarara la pandemia, el 12,5 por ciento era pobre, no obstante que la Región de Antofagasta aporta un gran porcentaje del producto interno bruto y es origen de las principales exportaciones mineras.

No deja de llamar la atención que cada vez que se busca dar pasos en justicia tributaria se recurra al miedo y a la amenaza. Los agoreros dicen que aplicar un royalty hará ineficiente nuestra minería y, peor aún, que podría significar un desincentivo a la inversión en Chile; sin embargo, estas son medidas normales en otros países mineros. Al respecto, desde el Banco Mundial se han escuchado voces que señalan que el royalty es la regla general, principalmente en razón del valor intrínseco que tienen los recursos naturales no renovables. Esto, a su vez, se ve corroborado por los dichos del economista Ramón López , en razón de que la inexistencia de un verdadero royalty significa un perjuicio para las arcas fiscales de 8.000 millones de dólares.

Por supuesto, de más está decir que apoyaré esta iniciativa. Así haremos justicia en cuanto a que Chile no está disponible para regalar sus riquezas básicas. Tenemos el deber de heredarlas…

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Se acabó su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señora Presidenta, he escuchado a algunos parlamentarios de oposición hablar como si nunca hubieran sido gobierno. Van treinta años desde el retorno a la democracia y gobernaron gran parte de ellos.

En 2005, porque este es un tema tributario, la tasa progresiva del impuesto específico a la actividad minera, de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 20.026, que incorporó originalmente el impuesto específico a la minería en nuestro ordenamiento, la cual contemplaba una tasa situada entre el 0,5 y el 4,5 por ciento para las empresas con ventas anuales sobre 12.000 toneladas métricas e inferiores a 50.000 toneladas métricas de cobre.

Posteriormente, la ley N° 20.469, de 2010 -¿quién estaba gobernando en 2010?-, modificó ese impuesto, incorporando una nueva escala de tasas aplicables a los contribuyentes con ventas anuales que excedan del valor equivalente a 50.000 toneladas métricas de cobre fino. La nueva escala considera una tasa progresiva determinada en virtud del margen operacional minero, que llega a una tasa marginal de 34,5 por ciento. La tasa efectiva del impuesto, en este caso, va del 5 al 14 por ciento.

Esos son los hechos.

Por lo tanto, el diseño del sistema actual de tasa del impuesto específico determinado con base en el margen operacional minero permite una mayor recaudación progresiva frente a un mayor precio del cobre.

Para corroborar lo anterior, el Ejecutivo presentó en la Comisión de Hacienda dos ejercicios, que parece que algunos diputados no entendieron. El primero, presentado por el director de Presupuestos, considera distintos niveles en el precio del cobre. Si el precio del cobre se sitúa en 3,5 dólares la libra o en 4,5 dólares la libra, el margen operacional aumenta 50,5 por ciento.

Por último, la base imponible sobre la cual se aplica el impuesto es sustantivamente más amplia que la base del impuesto de primera categoría. En efecto, existen diversas deducciones a la base del impuesto de primera categoría que no están permitidos para efectos de determinar el impuesto específico de la actividad minera. Por ejemplo, no se permiten la deducción de intereses, la pérdida tributaria, la depreciación acelerada de activos fijos, entre otros.

Por tanto, es importante tener en cuenta este diseño, ya que determinadas deducciones relevantes, como la depreciación acelerada o la deducción de intereses, no disminuyen el monto del impuesto que se debe pagar.

De este modo, creo que hay falacias que se colocan en determinadas áreas. Asimismo, opino que los diputados deben ver las consideraciones tributarias de este proyecto, que corresponden a que los impuestos que se están pagando serán bastante mayores a los que se pagaban en 2005, cuando gobernaba la misma gente que ahora habla y reclama.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señora Presidenta, recuerdo que cuando usted presidía la Cámara de Diputados se generó una discusión respecto de la admisibilidad de este proyecto. Muchos estimamos que el proyecto podía ser inadmisible, en razón de la iniciativa exclusiva que corresponde al Ejecutivo en materia de tributos, pero esta Sala, que es soberana, no lo consideró así. Eso nos da la oportunidad de discutir hoy el fondo de este proyecto.

¿Cuál es ese fondo? La posibilidad de establecer un verdadero royalty, más allá del impuesto específico que, como sabemos, es de 5 por ciento de la renta neta operacional.

En el proyecto de ley se propone agregar un 3 por ciento del valor ad valorem de los minerales extraídos, para la gran minería del cobre, del litio y de otros minerales.

La bancada de diputados de la Democracia Cristiana, después de una reunión con nuestra candidata presidencial de Unidad Constituyente, Ximena Rincón , acordó por unanimidad aprobar la idea de legislar este proyecto, pero, además, decidió incluir dentro de la afectación de la destinación de este tributo no solo para favorecer a las comunas -estoy pensando en Salamanca, Illapel , Andacollo , La Higuera , Punitaqui , entre otrasy, en general, a las regiones donde se produce minería y compensar el daño ambiental, sino también destinar un tercio de esta recaudación a financiar una renta universal de emergencia, sin letra chica, sin mayores requisitos engorrosos que finalmente la hagan inalcanzable para una gran mayoría de la población, como el festival de bonos que anunció ayer el gobierno.

Nos alegramos por la extensión de la red de protección social, pero está llena de letra chica. Necesitamos una renta universal para las familias vulnerables y, sobre todo, para la clase media, así como apoyo real para las pymes, que hoy la están pasando muy mal.

Por eso, votaremos a favor de este proyecto de ley en general, pero esperamos que en la discusión particular se incluya una renta universal básica de emergencia con el producto de esta recaudación.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señora Presidenta, nuevamente se está iniciando la discusión de un proyecto sobre royalty en el Congreso Nacional. Como decíamos ayer, el 2004, un grupo de parlamentarios presentamos un proyecto de ley que perseguía el mismo objetivo. Lo firmaron, entre otros, Esteban Valenzuela , Carlos Vilches -parlamentario de derecha-, Antonio Leal y varios más que patrocinaron ese histórico proyecto, que la Cámara declaró admisible. No hubo ningún problema. En ese entonces presidía la Cámara de Diputados la señora Isabel Allende , actual senadora.

Desde la Federación Regionalista Verde Social, apenas llegamos, a principios de este período legislativo, presentamos nuevamente un proyecto de royalty a la gran minería de nuestro país, con el liderazgo del diputado Esteban Velásquez y de la diputada Alejandra Sepúlveda .

La discusión de alguna manera está hecha, la discusión está en el ambiente, la discusión es la continuidad de una demanda histórica que tiene este país, que en algún momento enarboló Eduardo Frei Montalva , con la chilenización del cobre, así como con Salvador Allende , Radomiro Tomic y tantos otros que fueron capaces de buscar una manera justa de retribución por esos minerales, que son de todos los chilenos. Incluso la Constitución de 1980 reconoce que son de propiedad de todos los chilenos y chilenas, pero la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras da dominio pleno, da la concesión a los particulares.

El Estado de Chile, en nombre de todos los chilenos y chilenas, tiene derecho a cobrar por las piedras mineralizadas que de nuestro territorio extraen las compañías. ¡El Estado tiene derecho! ¡El royalty o regalía tiene ese sentido!

Por eso hoy los parlamentarios de la Federación Regionalista Verde Social, así como muchos otros diputados y diputadas progresistas, que también están apoyando este proyecto de ley, estamos contentos.

Este año se cumplen cincuenta años de la nacionalización del cobre, que fue aprobada por el Congreso Pleno en 1971. No me cabe la menor duda de que si optamos correctamente y entendemos lo que está pasando en el país, tendremos los votos suficientes para aprobar en general este proyecto de royalty, respecto del cual -dicho sea de paso estamos presentando algunas indicaciones para subir su tasa en períodos de precios excepcionalmente altos del cobre.

Debemos establecer legalmente esta regalía este año, para que realmente vaya en beneficio de todos los chilenos y chilenas, especialmente de las regiones donde se extrae el cobre.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señora Presidenta, este es un proyecto de ley simple, claro y nítido que busca que el 3 por ciento de las ganancias que produzca el cobre y el litio, que son nuestros recursos más relevantes o el sueldo de Chile -como lo llamó Radomiro Tomic en su oportunidad-, sean destinados a dos fines que tienen una enorme importancia y urgencia.

En primer lugar, para que sean destinados a un fondo de convergencia regional. ¿Qué mejor momento que el actual para crear este fondo con las importantes ganancias que originan dos productos esenciales de nuestra tierra cuando por primera vez en nuestra historia republicana elegiremos a gobernadores o gobernadoras regionales en todo Chile? Cuando se discutió ese proyecto se dijo que carecían de recursos y de atribuciones. ¡Pues bien, aquí hay una gran fuente de recursos! Pero su aprobación depende de la voluntad de este Congreso.

Además, considero que este momento es doblemente propicio, porque estamos viviendo una nueva alza del precio del cobre, tal como sucedió durante el primer gobierno del Presidente Piñera, instancia en que lamentablemente tampoco se aprovechó de la manera debida.

¿Acaso preferimos no contar con esos recursos que pueden beneficiar a nuestro país, especialmente hoy, que está golpeado hasta la extenuación por la pandemia sanitaria y económica asociada a la covid-19? Lo pregunto porque ayer vimos que el Presidente anunció un conjunto de medidas económicas que son más de lo mismo, salvo algunas pequeñas mejoras, pero con tantos filtros que un porcentaje importante de chilenos y chilenas quedarán fuera de esos beneficios.

En segundo lugar, parte de esos recursos podrían ayudar a reparar, mitigar y compensar los impactos ambientales que genera la actividad minera. Conocemos lo que ha pasado en casi todas las regiones de Chile, como Antofagasta, Atacama , Coquimbo , Valparaíso u O’Higgins, en que los impactos ambientales han sido muy poco atenuados o mitigados.

No olvidemos que la ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras solo debe tener unos veinte años de vigencia y que antes de su aprobación las mineras simplemente dejaban un hoyo o un desierto en el lugar donde desarrollaban sus labores.

Para finalizar, quiero recordar el debate que se generó en 2010, cuando aprobamos un fondo especial para la reconstrucción posterremoto a partir de impuestos específicos. En ese momento se aprobó una norma ignominiosa: la invariabilidad tributaria, que concedía a las empresas mineras el derecho a aferrarse a un régimen tributario injusto. Después nos enteramos de que hubo un intercambio entre el entonces senador Longueira con Soquimich , con el objeto de excluir al litio de esas nuevas tributaciones.

Este es el momento de recuperar la soberanía de Chile sobre sus principales recursos naturales y de devolver a los chilenos el sueldo de Chile.

Pido que votemos a favor de este proyecto, para que por fin demos lo que corresponde a los chilenos y las chilenas.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Juan Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Juan).-

Señora Presidenta, pertenezco a una región minera, pero cuando uno legisla lo debe hacer con responsabilidad, porque estos proyectos tienen efectos, querámoslo o no, en las comunas y en la gente.

Por lo tanto, no se puede empezar a lanzar argumentos al viento y decir que las transnacionales le quitan el mineral al país, que las mineras son casi un mal necesario, etcétera. Hay que hablar con la verdad.

La actividad minera genera inversión y buenos empleos, y no podemos dejarla supeditada al azar. No estoy en contra de que discutamos la aplicación de un royalty o una compensación, pero debemos hacer las cosas bien, porque no se puede presentar un proyecto de ley si aún falta que hablen muchos actores importantes. Dada la magnitud y envergadura de esta actividad, su aprobación requiere de un acuerdo nacional. Es evidente que acá simplemente se aprovecha el momento para imponer temas ideológicos.

Voy a votar en contra de este proyecto, porque, independientemente del tema de la constitucionalidad, lo considero improvisado.

El diputado Díaz recién dijo que el royalty se aplicará sobre las ganancias, pero la realidad es que se aplicaría sobre las ventas. Si cualquier persona revisa esta materia notará que aplicar un royalty a las ventas genera que nuestra actividad minera pierda competitividad frente a nuestros vecinos peruanos. Por ello, tal como señalé al inicio de mi intervención, aprobar esta iniciativa causará efectos negativos sobre la seriedad que proyecta nuestro país, pues de un día para otro cambiaríamos nuestro régimen tributario.

Los que nos pretenden hacer ver que esto es un derecho y no un tributo solo están tratando de inducir a error, porque es una falacia. Lo que hay es un aumento del tributo, pero improvisado y que generará efectos contraproducentes, y no me refiero a los proyectos vigentes, porque las mineras estarán en condiciones de asumirlos, pero sí afectarán los proyectos futuros, pues es ahí donde la gente que depende de esta actividad se vería perjudicada. Si vamos a legislar, hagámoslo bien. Invitemos a todos a una gran mesa nacional para discutir lo que queremos para la minería en Chile: una minería sustentable, que converse con el medio ambiente y con las comunidades.

No pretendan que aprobemos un proyecto como este, que es improvisado y malo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Rubén Moraga .

El señor MORAGA.-

Señor Presidente, este proyecto está en tramitación desde 2018 y si se hubiera aprobado con rapidez, las regiones de Chile tendrían cómo paliar la crisis económica y sanitaria, y tendríamos un impulso seguro para lograr la reactivación.

Este royalty viene a pagar una gran deuda que tiene la élite política con el país, pero además viene a restaurar un tremendo daño a la soberanía nacional y a desagraviar el vejamen económico y ambiental por el que atraviesan nuestras regiones del norte.

Debería darnos vergüenza mirar durante años impávidos cómo suizos, canadienses y australianos tienen un estándar de vida elevado a costa de nuestro sacrificio. Si eso no se llama neocolonialismo, ¿qué es? Aun más, ni siquiera declaran correctamente lo que se extrae; se llevan todo y no pagan por nada.

Cochilco ha proyectado una media de 3,3 dólares del precio de la libra de cobre durante 2021, que llegó a estar a 4 dólares. ¿Cuántos IFE de calidad, cuántos subsidios, cuántos médicos y cuántas pymes podrían haber sido ayudados? La realidad obliga a ser verdaderamente patriotas.

Los que más hablan de amor a Chile son los primeros en regalar sus riquezas y en rechazar este royalty que salvaría la economía de cientos de empresas de mi región de Tarapacá.

Algunos celebran o se enorgullecen del plan Impulso Tarapacá, que se financia con dineros de Collahuasi, pero que solo beneficia a dieciocho pymes de nuestra región.

Solo el segundo trimestre de 2020, catorce mineras privadas obtuvieron 829 millones de dólares en utilidades. Si tuviésemos un verdadero royalty para Chile, tendríamos solucionada gran parte de esta crisis económica y social.

Por eso es imprescindible aprobar la idea de legislar y acelerar la discusión, porque necesitamos ese dinero para reconstruir la economía nacional y regional. Para volver a levantarnos necesitamos ponernos de pie ante las grandes empresas y ante quienes no piensan en el bien común del país.

Por las personas de mi región, por los pequeños y medianos empresarios agobiados de la gastronomía, del turismo y del comercio; por los médicos y el nuevo hospital que necesitamos en la Región de Tarapacá, aprobaré este proyecto. Exigimos el fin del saqueo y la reparación del daño ambiental que sufre Tarapacá .

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando .

La señora HERNANDO (doña Marcela).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a todos quienes hoy se encuentran presentes y a quienes asisten de forma remota.

Para quienes vivimos en el norte o vivimos en zonas mineras, este es un tema especialmente sensible desde hace muchísimos años. Hemos trabajado infinidad de proyectos, varios de ellos impulsados por parlamentarios que ya no lo son. Quiero recordar, por ejemplo, el Fondo para el Desarrollo del Norte (Fondenor), consecuencia de una iniciativa de los entonces senadores Cantero y Gómez , el que fue debatido en una mesa de trabajo que integraron el Ministerio de Minería y todos los alcaldes de la zona. Por lo tanto, no se puede decir que este no sea un tema que alguna vez no hayamos abordado. El mal llamado royalty minero también es el resultado de demandas regionales.

En ese contexto, cuando se presentó este proyecto, en 2018, quien habla era Presidenta de la Comisión de Minería y Energía, y en esa calidad lo puse en tabla para que fuera discutido. A pesar de que desde entonces nos ha costado muchísimo avanzar en él, hemos logrado sacarlo adelante, pues sigue siendo un tema tremendamente relevante para nuestro país.

En lo personal, preferiría un royalty diferenciado, para que a las empresas les cueste mucho más caro llevarse las piedras, las rocas y el polvo, materiales en los que se mezclan tierras raras y una serie de otros elementos que no podemos aprovechar como país. En la medida en que se complejiza y se agrega valor a los minerales, el royalty debería disminuir. De ese modo, retirar cobre procesado desde nuestro país debería tener un costo mucho más bajo. Para lograr aquello debemos discutir el tema.

Por eso me interesa que esto se debata y que la ciudadanía opine. Para eso existe la Cámara de Diputados: para parlamentar.

La bancada radical, obviamente, votará a favor el proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro) [vía telemática].-

Señor Presidente, lo saludo y, por su intermedio, hago lo propio con nuestro Secretario General y con todos los integrantes de la Mesa que nos dirige. Asimismo, saludo a los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados presentes en la Sala y a los colegas que, al igual que yo, participan en esta sesión en forma remota desde distintas regiones de nuestro país.

En primer lugar, quiero felicitar a nuestro colega Esteban Velásquez y a todos aquellos que iniciaron este proceso para concretar un nuevo royalty para las empresas mineras, sin letra chica.

Represento a una región minera y con mucho dolor veo que los recursos, finalmente, no quedan en ella.

Todos los expertos, tanto de derecha como de izquierda, señalan que las empresas mineras son exitosas, porque obtienen utilidades con impuestos que bordean el 20 por ciento. Según información oficial, en Chile, en los últimos años, las empresas mineras han obtenido utilidades que se empinan por sobre el 50 por ciento. En 2015 sumaron 14.300 millones de dólares, y en el primer trimestre de 2017 registraban un alza de utilidades de 64,7 por ciento.

En ese cuadro se plantea que el royalty para las empresas de este rubro no solo les garantiza invariabilidad, sino que verdaderamente es un regalo que puede ser cuantificado. Dichas empresas no hicieron sus estudios de inversión considerando un alto precio del cobre, por lo que obtienen una ganancia millonaria que cada día se escapa frente a los ojos de miles de chilenos.

Señor Presidente, frente a lo expresado por un colega que me antecedió en el uso de la palabra, quiero señalar que no podemos hablar al voleo ni ser irresponsables al referirnos al royalty. Ser irresponsable es entregar los recursos de nuestro país a empresas extranjeras cuyo objetivo central y final difiere del de todos los partidos políticos, desde la derecha hasta la izquierda, que en 1970 nacionalizaron el cobre para que fuera de todos los chilenos.

Este royalty es justo y necesario, más aún en pandemia. Por eso, apoyaremos esta iniciativa, ahora y siempre, esperando que en la nueva Constitución los recursos mineros sean de Chile y no de las empresas extranjeras o de otros actores.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, la diputada Daniella Cicardini .

La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-

Señor Presidente, hasta que la dignidad se haga costumbre. Esa era la consigna de millones de chilenos y chilenas que se levantaron en las calles para reclamar contra las tremendas desigualdades e injusticias que existen en nuestro país. Pedir lo justo por la explotación de nuestras riquezas que no son renovables es precisamente hacernos cargo de ese acto de justicia para, de una u otra forma, hacer realidad esa demanda de dignidad para Chile.

De eso se trata este proyecto: de devolver la dignidad a nuestro país, en particular a nuestras regiones mineras, a través del establecimiento de un royalty minero por la explotación del cobre y del litio, recursos no renovables que pertenecen a todas y a todos.

Lo que tenemos hoy es una burla; no es un royalty, sino un impuesto específico a la renta que no pasa del 0,3 por ciento del PIB y que, incluso, en 2017 alcanzó a menos del 0 por ciento del PIB. El royalty que tenemos en nuestro país es un royalty versión “Fruna”. Eso es lo que tenemos.

¿Cómo no va a ser indignante que por no tener un verdadero royalty, a vista y paciencia de todos los chilenos y chilenas, nuestro país pierda más de 8.000 millones de dólares, tal como señaló días atrás en una columna el doctor en economía don Ramón López ? En esa columna también se señaló que entre 2005 y 2014 las empresas de la gran minería se llevaron al bolsillo más de ciento veinte mil millones de dólares en rentas extras, en circunstancias de que hoy generan un daño tremendo en nuestros territorios: relaves, hoyos en los cerros, contaminación y agotamiento del agua, contaminación del aire, daños a la salud, destrozos irreparables en glaciares, conflictos con las comunidades, etcétera.

Por la dignidad de la Región de Atacama, a la cual represento, y de la comuna de Freirina; por los millones de relaves, pues es una vergüenza mundial que hoy estén en el fondo de las playas de la comuna de Chañaral; por zonas de sacrificio como Huasco; por la contaminación del aire de Tierra Amarilla y Copiapó; por comunas como Alto del Carmen, donde los glaciares hoy están dañados irreparablemente, y por toda una región, por favor, votemos…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputada Daniella Cicardini .

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señor Presidente, los chilenos y chilenas merecemos recuperar lo que es nuestro: el cobre y el litio deben estar en manos del Estado para beneficio de los chilenos y no de un pequeño grupo de multinacionales que se han llevado ganancias inimaginables por más de treinta años.

Ni siquiera la Constitución de 1980 modificó el decreto presidencial de 1971, que establece el derecho soberano e inalienable del Estado sobre sus recursos naturales, particularmente la gran minería del cobre.

Ese derecho fue resultado de un acuerdo transversal y unánime del Parlamento, un acuerdo que incluyó a la derecha, porque existió la conciencia de que se defendía un bien superior para el país: el derecho a disponer de nuestra principal riqueza natural.

Hoy podríamos hacer una encuesta a los parlamentarios de la derecha, a esos que dicen ser tan patriotas y que apuntan con el dedo a compatriotas, acusándolos de ser antichilenos; a ellos podríamos preguntarles si están por recuperar el cobre para Chile, si están de acuerdo con que el litio quede en manos del Estado y no del yerno del dictador; si están de acuerdo con que el Estado, gracias a la minería, pueda financiar la educación, la construcción de hospitales, el déficit de viviendas sociales o el derecho a una jubilación digna.

Sospecho que las respuestas a mis preguntas son claras: ellos no están de acuerdo. Por un motivo extraño, por decir lo menos, prefieren que unas cuantas multinacionales se lleven esas ganancias.

Pero, para que no se asusten, este proyecto de ley no es una renacionalización, sino apenas una compensación del 3 por ciento por la explotación del cobre y del litio, un mínimo en relación con las enormes ganancias que se ha llevado la gran minería transnacional.

Algunos de nosotros llevamos décadas exigiendo un verdadero royalty a la minería, como el que tienen todos los países que desarrollan actividades mineras y extractivas.

En 2005, el entonces Presidente Ricardo Lagos aprobó un royalty que fue una vergüenza y un verdadero regalo para las grandes corporaciones mineras. Ese día los dueños de las multinacionales deben haber brindado con su querido Presidente por el generoso regalo. Mientras esas empresas en sus propios países pagan royalties muchísimo más altos, aquí se les aceptaba una vergonzosa propina.

A pocos meses de cumplirse cincuenta años de la nacionalización del cobre, un mínimo de dignidad debería traducirse en aprobar por unanimidad este proyecto, que permitirá aliviar, aunque sea en parte, la enorme deuda social del Estado con los habitantes de nuestro país.

¡Veremos qué tan patriotas son las señoras diputadas y los señores diputados! Este proyecto debería ser aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Esteban Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Esteban).-

Señor Presidente, hay momentos en que la discusión de un proyecto de ley puede tener consecuencias trascendentales, con impensados beneficios para nuestro país, para sus territorios, específicamente para el norte minero y andino chileno. Nos parece que este proyecto abriga aquellas esperanzas.

Porque nuestro país cambió ad portas de iniciar un proceso constituyente, debemos ser capaces de avanzar en valorar y reconocer la importancia que hoy debemos dar a los recursos naturales como los minerales -el cobre, el litio y otros-, los cuales no son eternos. Por lo tanto, de manera conjunta, debemos avanzar en razón de lo que otras sociedades vienen realizando hace bastante tiempo.

Los recursos naturales son parte importante de nuestro patrimonio, son la riqueza natural que Chile debe proteger. Probablemente, hoy nuestro patrimonio crecerá, porque la ciudadanía lo ha demostrado y este Parlamento tiene una mayor responsabilidad, una mayor sensibilidad y una mayor actitud de proteger lo nuestro.

Debemos entender que nuestro país debe ejercer un derecho por el cobro en la extracción de un recurso no renovable, que mañana se acabará.

Hoy corresponde pensar en las nuevas vocaciones de Chile. ¿De qué vivirán aquellos territorios que hoy son impactados por la gran industria minera? Eso lo saben en Tocopilla, en Calama, en Antofagasta, en Mejillones, en cada una de las regiones mineras del norte de nuestro país.

Hasta ahora, las compañías mineras han tenido todas las facilidades para extraer nuestros recursos naturales. Particularmente, las mineras privadas han recibido gestos y marcos normativos jurídicos y políticos que han dado sustento a su quehacer. En Chile hemos garantizado a esas compañías mineras las mejores condiciones para realizar sus negocios: buenas carreteras, buenos puertos, adaptados para sus fines; cercanía del rajo abierto o de la mina subterránea a las ciudades puerto, con sacrificio de las comunidades y daños ambientales irreversibles, y también estabilidad política y social en nuestro país. El negocio minero ha tenido las mejores condiciones para su desarrollo. En nuestro norte sabemos que el sacrificio ha sido demasiado.

Hoy este Parlamento tiene una oportunidad histórica para legislar en favor de las grandes mayorías, porque hoy no hay acto más patriótico y más digno que avanzar en este royalty minero, el cual será también un royalty más humano.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Melero .

El señor MELERO.-

Señor Presidente, el proyecto de ley en discusión es inadmisible, inconstitucional y presenta un riesgo difícil de sortear desde un punto de vista económico.

En efecto, vulnera el principio establecido en el artículo 65, inciso cuarto, número 1°, de nuestra Constitución Política, que restringe la posibilidad de imponer, suprimir o establecer tributos exclusivamente al Ejecutivo, y vulnera el principio de la no discriminación en materia tributaria, desde el momento en que está dirigiendo a un fin específico un fondo o un impuesto que debe ir a las arcas globales de la nación.

Pero esta propuesta ignora o no parece considerar que en Chile existe un impuesto específico a la actividad minera, que es progresivo y que implica una tasa marginal de recaudación que aumenta según sube el impuesto.

Efectivamente, la ley N° 20.026, de 16 de junio de 2005, estableció el royalty minero en el gobierno del entonces Presidente Lagos , y después, en 2010, el Presidente Sebastián Piñera estableció ese aumento gradual -según el precio sube, aumenta el impuesto producto del terremoto.

En treinta y un años desde la vuelta a la democracia, en veinticuatro años de gobiernos de izquierda o centroizquierda en el país, nunca se les ocurrió un impuesto de esta naturaleza, salvo en 2005 al entonces Presidente Ricardo Lagos . Desde ese entonces, ¿dónde han estado los socialistas, los PPD y los comunistas que hoy rasgan vestiduras para subir impuestos? En el silencio absoluto, porque sabían que efectivamente en Chile se paga impuesto al royalty, y desde el 2010 es progresivo.

En efecto, las grandes mineras pagaron en promedio 32,1 por ciento de las utilidades antes de impuestos entre el 2015 y 2014, mientras que entre 2017 y 2020 esas mismas empresas tributaron en promedio 40,8 por ciento de las utilidades antes de impuestos. Entonces, no se diga que no se pagan impuestos, porque en Chile hay un impuesto progresivo.

El problema, a mi juicio, es que debe existir un equilibrio entre producción, productividad, precio del cobre y costos, y no podemos, producto de que actualmente hay un buen precio del cobre, entrar a gastar lo que la incertidumbre futura nos puede generar.

Por último, también es muy importante que Chile mantenga su competitividad. Hoy, nuestro país está en los más altos niveles de tributación con nuestros competidores. Si miramos las cifras y las comparamos con las de Australia, Argentina , Perú , Canadá , México y Estados Unidos, nos daremos cuenta de que, de aprobarse este proyecto, Chile tributaría el 54,3 por ciento, lo que afectará la competitividad y la inversión.

¡No matemos la gallina de los huevos de oro! Hagamos bien las cosas en materia tributaria y hagámoslo en proporcionalidad a lo que Chile puede, sin afectar la inversión y el crecimiento futuros, que es lo que nos permite tener estos ingresos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA(Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luciano CruzCoke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, nadie podría negarse al deseo de obtener la mayor recaudación posible de los impuestos que provienen de la utilización de los recursos naturales, que son de todos los chilenos, precisamente por la necesidad de hacernos cargo de innumerables demandas que el país tiene en múltiples aéreas, principalmente en aquellas de carácter social.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte nos hemos acostumbrado a ofrecer soluciones improvisadas, en caliente, sobre la marcha y atendiendo exclusivamente a la contingencia o, peor aún, a la idea de instalar públicamente una distinción entre buenos y malos para redes sociales o Twitter, haciendo distinciones maniqueas entre los que, supuestamente, buscarían el progreso para el país o un deseo de hacer justicia, sin importar o atender si a la larga esa iniciativa puede tener consecuencias que vayan en la línea contraria de aquello que se pretende lograr.

Este proyecto de impuesto -inconstitucional, como se ha señalado aquí, porque trata una materia que es prerrogativa exclusiva del Presidente de la República, para la cual el Congreso Nacional no tiene iniciativapodría, lejos de recaudar más, tener el efecto contrario y terminar recaudando menos.

Para tales efectos, importa señalar las consecuencias del royalty de 2005. Entre los años 90 y 2003, la producción minera en Chile experimentó una variación de 9,4 por ciento, y desde 2005 hasta el presente, la producción nacional no ha experimentado mayor variación; es decir, se estancó.

La participación de Chile en la producción mundial de cobre también ha disminuido, lo cual tiene efectos en términos de la competitividad del país respecto de los otros productores de cobre a nivel mundial que se han mencionado, con los cuales el país compite directamente en la atracción de inversiones. Si en 2005 la participación de Chile era de 36 por ciento, ya en 2019 era de 28 por ciento.

Sin embargo, a raíz de la reforma tributaria de 2017, se produjo una mayor recaudación, pues la gran minería privada, que entre los años 2005 y 2014 tributaba impuestos por 32,5 por ciento, ha pasado al 40,8 por ciento entre 2017 y 2020, lo que va en la línea de aquello que tributan también los países que compiten con Chile.

Como ha señalado Gustavo Lagos , probablemente una de las personas que más entiende sobre el sector minero y a quien nadie podría acusar de derechista, no parece razonable tener hoy esta discusión sin tomarse el tiempo y tratar de cumplir con el propósito de atraer mayor inversión al país para precisamente lograr los objetivos de recaudación.

En 2010 entró en vigencia el royalty actual, que propuso el Presidente Piñera . Con ese royalty funcionando, el país habría recaudado un 85 por ciento más de lo que se ha recaudado en el superciclo…

El señor UNDURRAGA(Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, lo primero que hay que decir es que en Chile no existe un cobro de regalías o derechos por explotar recursos minerales concesibles, como existe en otros países y como nos muestra la experiencia comparada, es decir, algo que permita generar una compensación efectiva a esa extracción.

Por lo tanto, podríamos decir que este royalty es lo mínimo que deberían pagar las empresas en Chile, considerando que se llevan un producto que se agota.

Lo segundo que cabe señalar es que el Estado de Chile necesita generar mayores recursos para financiar el desarrollo y los derechos de las personas. Por ejemplo, un royalty como el que se propone al actual precio del cobre contribuiría con alrededor de 5.000 millones de dólares anuales, con lo cual la educación en Chile sería gratuita, alcanzaría para financiar tres carreras universitarias a cada estudiante y las empresas no sufrirían ningún impacto negativo, considerando además que el año pasado, por ejemplo, el precio del cobre estuvo en promedio en 2,88 dólares la libra y hoy está sobre los 4 dólares. ¿Por qué las empresas habrían de tener problemas?

Lo tercero tiene que ver justamente con el alza en el precio del cobre. Varios expertos señalan que este subirá a 5 dólares la libra, pero, aun cuando no alcanzara ese valor, el precio va en alza y el pueblo necesita apoyo hoy más que nunca.

Por último, el royalty también debe ayudar a mejorar un poco la posición de Codelco, que aporta mucho al país, haciendo que compita en condiciones parecidas con la empresa privada. Porque hoy Codelco aporta al Estado, mientras que las otras empresas saquean.

El royalty es una retribución que se hace por las ventas o la extracción; en este caso, sería por las ventas. Por lo tanto, esto vendría siendo solamente un acto de justicia.

Sin duda, como bancada, aprobaremos este proyecto de royalty.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea) [vía telemática].-

Señor Presidente, quiero recordarles que en los próximos días vamos a reescribir las reglas políticas e institucionales a través de una nueva Constitución, la primera nacida en democracia. Pero ¿será suficiente si no somos capaces de pensar en una nueva economía que disminuya la desigualdad y potencie la innovación?

Creo que a veces es tan simple como aplicar la regla de Hartwick, que establece que mientras un país va agotando sus recursos naturales, parte de esa renta debe invertirse en otros activos productivos o sociales, algo que en Chile no hemos sabido hacer bien.

Somos el principal productor de cobre del mundo y este mineral representa el 50 por ciento de nuestras exportaciones. En medio de la pandemia, su precio ha llegado al valor más alto en una década, superando algunos días la barrera de los 4 dólares la libra.

Cualquier observador externo pensaría que contamos con recursos de sobra para sortear la crisis y proteger a las familias; pero, en contraste, en el Congreso Nacional, hemos tenido que aprobar dos retiros de fondos previsionales para que la crisis la paguen los trabajadores con sus propios ahorros. ¿Cómo es posible?

La razón, además de tener un gobierno indolente y que ha levantado un muro entre los dolores de la ciudadanía y la respuesta del Estado, es que durante mucho tiempo hemos sido excesivamente livianos a la hora de gravar la actividad de los privados que extraen nuestros recursos naturales. No estoy hablando solo del cobre, sino también del litio y otros recursos no renovables, además de la madera de los bosques y otros productos que, si bien se regeneran, dejan una estela de daño ambiental y humano muchas veces irreparable.

Es la misma realidad que las empresas forestales tienen en La Araucanía, donde comunas como Los Sauces, que represento, han reducido su cantidad de habitantes exactamente en la misma proporción en que ha aumentado la cantidad de plantaciones, pagando impuestos irrisorios, que en nada compensan las externalidades negativas.

Para que todos tengamos claridad, royalty significa regalía en favor del Estado. Pero en Chile vivimos al revés, porque la regalía es para las grandes empresas.

En el caso del cobre, la minería privada explota el doble de mineral que Codelco, y se estima que el impuesto específico a la minería, que difiere del concepto tradicional de royalty al valor de las ventas, recauda aproximadamente el 4 por ciento de las utilidades.

Hay estudios que cifran en 121.000 millones de dólares la renta del cobre que se ha entregado a compañías mineras en el plazo de diez años. En verdad, podemos frenar esa sangría y evitar que se repita la historia con el litio. Debemos avanzar en la implementación de una economía verde, en la que nuestra minería sea pionera en la utilización de combustibles limpios, como el hidrógeno verde.

En consecuencia, debido a que me resisto a que sean los trabajadores los que deban seguir cargando con esta mochila, votaré a favor este proyecto que propone un royalty minero.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ (vía telemática).-

Señor Presidente, desde el año pasado, a partir de la discusión para alcanzar un acuerdo en torno a los recursos que se requería suplementar para enfrentar la crisis sanitaria que nos está afectando, que ascendieron a aproximadamente 14.000 millones de dólares, hemos venido insistiendo en que para hacer frente a la pandemia nuestro país requiere que se efectúe más gasto social, con la finalidad de ir en ayuda de las familias vulnerables y de la clase media, muchos de cuyos integrantes están sin empleo o han debido enfrentar la caída de sus ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria.

El Chile pospandemia requerirá un plan de impulso fiscal que nos permita recuperar la capacidad de progreso. También tendremos que eliminar exenciones tributarias, tal como lo propone una comisión transversal de expertos, y revisar e incrementar la tributación minera, en especial en esta etapa en que se vive un ciclo de mejores precios.

Quiero ser muy claro y asumir mis responsabilidades: en la Comisión de Hacienda voté en contra este proyecto. Lo hice porque para mí esta iniciativa es inadmisible, ya que atenta contra una facultad que es exclusiva del Presidente de la República. Quiero recordar que para eso tendremos una Convención Constitucional.

No obstante, quiero especificar que cuando lo voté en contra planteé que se requería la creación de una comisión transversal encargada de tratar la materia que aborda esta iniciativa. Lamentablemente, no recibí respuesta alguna por parte del Ejecutivo.

Dada la nula respuesta de parte del Ejecutivo en torno a la creación de una comisión para analizar la importancia del establecimiento de un royalty para el cobre y el litio, mi postura frente a este proyecto ha cambiado. Ayer, nuestra bancada concordó con que lo votaremos a favor.

Por lo tanto, anuncio que votaré a favor la idea de legislar, porque hay que construir mayorías políticas y porque espero que la próxima Presidenta o Presidente represente a una mayoría de unidad de centro-izquierda.

Sin perjuicio de lo señalado, quiero clarificar que en su discusión particular este proyecto seguramente será perfeccionado, de manera que lo que proponga sea lo mejor para el país, para que aprovechemos el precio del cobre, que en la actualidad supera los cuatro dólares la libra.

Junto con reiterar que la bancada demócrata cristiana votará a favor la idea de legislar, porque naturalmente es el momento preciso para hacer lo que plantea esta iniciativa, quiero señalar que es también el instante en que debe haber seriedad y responsabilidad…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren .

El señor EGUIGUREN.-

Señor Presidente, adhiero a lo que se ha planteado en cuanto a que debemos revisar la carga tributaria de la industria minera. Hay mucho que hacer en ese sentido, pero debemos abordar esa materia con responsabilidad y seriedad.

Dicho eso, hago un llamado a que hagamos las cosas bien. ¿Para qué presentamos proyectos que sabemos que no tienen ninguna utilidad y que son solo para la prensa y el titular?

No me voy a referir al carácter inconstitucional de este proyecto, porque eso es sabido hasta por los parlamentarios de izquierda. De hecho, en 2010, sobre la base de un acuerdo adoptado en el Congreso, se estableció que las empresas mineras estarían sujetas a invariabilidad tributaria hasta el 2028, de manera que mediante esta iniciativa no se podrá recaudar ni un solo peso. Eso lo saben. Entonces, ¿a quién quieren engañar si saben que este proyecto no tiene ningún futuro?

Creo, sinceramente, que hay que hacerse cargo de la carga tributaria de la industria minera, pero las cosas las debemos hacer bien, no de mala manera, porque si procedemos de esta última forma cualquier proyecto referido a esta materia será solo un tremendo titular, pero estará vacío de contenido. Lo que en verdad requieren las regiones es que los recursos que se obtengan a partir de la extracción minera que se lleve a cabo en ellas se queden allí, tal como lo establecía el programa de gobierno del Presidente Piñera, idea con la que estoy de acuerdo.

Debemos revisar la carga tributaria, así como los recursos que se generan en las regiones y que no quedan en ellas. Tenemos que llevar a cabo esa revisión, porque las regiones requieren para su autonomía contar con mayor cantidad de recursos para invertir en las personas, en infraestructura y en su desarrollo. No obstante, quiero reiterar que debemos hacer las cosas bien.

Obvio que nosotros, particularmente en mi caso, no podemos estar a favor de un proyecto mal hecho, que no recaudará ni un peso, porque la invariabilidad tributaria de la que gozan hoy las empresas mineras, que se extenderá hasta el 2028, así lo exige. De allí que esta iniciativa no tiene ningún destino.

En consecuencia, cuando hagan las cosas bien, contarán con todo nuestro apoyo. He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ (vía telemática).-

Señor Presidente, cuando todos los años tenemos que votar el proyecto de ley de presupuestos, cuya discusión se lleva a cabo con muchas dificultades y limitaciones, siempre presionamos por más recursos para nuestros programas sociales. Sabemos lo difícil que es que se dé una respuesta positiva a nuestras solicitudes, ya que la respuesta más común, que siempre se nos da, es que no hay más recursos. Es así todos los años: en tiempos de vacas flacas y en tiempos de vacas gordas.

Este proyecto viene a establecer algo muy justo: el establecimiento de un royalty minero, con la finalidad de que Chile cuente con mayores recursos para avanzar en su transformación en un país que resuelva apropiadamente las necesidades de sus habitantes.

El objetivo de este proyecto es muy claro, tal como se señala en sus fundamentos, en el sentido de que en Chile no tenemos un royalty, sino un impuesto específico a la actividad minera. El royalty es el cobro de un derecho por parte del Estado, más aún si hablamos de extracciones de recursos no renovables. El propósito es que funcione como una compensación de privados al Estado por extraer las riquezas, lo que en Chile no ocurre.

La minería privada explota más recursos mineros que el Estado. En el período 2010-2016, la minería privada explotó 24 millones de toneladas métricas, mientras que la explotación de Codelco, la empresa estatal, alcanzó a 11 millones de toneladas métricas en el mismo período.

A su vez, cabe tener en cuenta que Chile posee una de las mayores reservas de cobre del mundo, tal como en el caso del litio, mineral que año tras año se vuelve más estratégico para el avance de la tecnología.

Entonces, es muy necesario preguntarse lo siguiente: ¿por qué hay colegas que no están de acuerdo con el establecimiento del cobro de un royalty minero, para que el Estado tenga más recursos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes? No logro comprender a quienes se oponen a que nuestro país tenga más recursos, ya que con ello se pueda mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas.

¿Cuáles son los argumentos para oponerse a algo tan necesario y justo para nuestro país? Estamos hablando de recursos que servirían para mejorar la salud, la educación, las pensiones, las viviendas y los programas sociales, pero el argumento que dan quienes se oponen a ello es siempre el mismo: que las empresas se van a ir de Chile. No obstante, yo pregunto: ¿adónde se van a ir las empresas mineras si el cobre está acá, en Chile, y en otros países, que cuentan también con este recurso natural, ya existe el royalty? No se logra comprender tanto egoísmo con sus propios compatriotas.

A mis colegas que se oponen, les preguntaría: ¿cuál es su propuesta? ¿De dónde sacamos más dinero? Porque para rechazar algo se debe proponer otra cosa; si no, cómo avanzamos hacia una menor desigualdad y la construcción de un Chile más digno y más justo.

Lo que se aprobó en la Comisión de Minería es un royalty por la explotación de la minería del cobre y del litio equivalente al 3 por ciento del valor nominal de los minerales extraídos.

Este gobierno, ante la gravedad de lo ocurrido en Chile, increíblemente no ha realizado ningún cambio estructural. Sin embargo, llegó el momento de hacerlo.

Este proyecto le cambiaría la cara a nuestro país. Solo basta pensar, imaginarse, soñar…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, algunos dicen aquí que estamos improvisando, que este proyecto no corresponde, que poco menos que es un conejo sacado del sombrero. Al respecto, quiero decir que el diputado Esteban Velásquez , del norte de Chile, llegó a esta Corporación precisamente con esa idea que se ha trabajado durante muchos años, a partir de la propia experiencia en Calama y en todo el territorio. Así, en septiembre de 2018 nos invitó a firmar este proyecto de royalty minero. Por lo tanto, no nos vengan a decir aquí que esto está hecho a medias, a la ligera. Eso no es así. Está pensado, estudiado, meditado y vivido -¡vivido!-, con las complicaciones que hoy día tiene el norte de Chile, pero también con las que tenemos nosotros en las distintas regiones.

Lo que necesitamos aquí es que todos nos unamos para hacer un buen royalty, ¡un buen royalty minero! Porque este no es un impuesto, y eso tiene que quedar claro. ¡Este no es un impuesto! Como ocurre en la mayoría de los países, el Estado tiene este derecho a cobrar por la extracción de sus recursos naturales. ¡Si eso es! O sea, es el derecho que tiene el Estado de Chile, tal como lo tienen todos los Estados, de cobrar por la explotación de sus recursos naturales. Y posteriormente vendrá el impuesto, que tiene que ver con las ganancias.

Entonces, a uno le molesta que no se entienda conceptualmente esto que es tan primario, ¡es tan primario!

Por eso, como Federación Regionalista Verde Social estamos absolutamente dispuestos a votar a favor este proyecto y seguir hasta final, ¡hasta el final! Esta no es una declaración de buenas intenciones, sino de que seguiremos hasta el final: hasta obtener efectivamente el royalty para el país, para las regiones.

Por otra parte -en ello comparto absolutamente lo que planteó el diputado Tucapel Jiménez -, aquí lo único que nos dicen es: “No hay plata. No hay plata. No hay plata”. Bueno, aquí hay plata, ¡aquí hay plata! Aquello es el resultado de una extracción de recursos que nos deja pésimo en las regiones. Entonces, sin duda, necesitamos esta compensación, pero, además, debemos incorporarla al presupuesto de la nación.

Tenemos tanto que hacer; ello, desde antes y también después de la pandemia. Por eso, para nosotros es importantísimo establecer este royalty al cobre y al litio, que nos permita, de una vez por todas, crecer, desarrollarnos, pensar en el futuro y no estar rasguñando miserias, cuando sabemos que hoy día tenemos una cantidad importantísima de recursos naturales y que el deber del Estado de Chile es cobrar por su extracción.

He dicho.

-Aplausos.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper Sepúlveda .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, honorables colegas, la verdad es que valdría la pena partir mi intervención simplemente citando un informe de la Biblioteca del Congreso, de enero de 2019, porque en tiempos de tribulación siempre es bueno revisar las fuentes que la propia Cámara emite; porque en tiempos de tribulación, por desgracia, a veces las malas ideas, con una buena presentación, permean con facilitad. Por eso es bueno recurrir a fuentes independientes, como el referido informe -lo recomiendo, colegas-, posiblemente muy poco consultado, porque, si no, la opinión probablemente sería distinta.

Se vienen tiempos de bonanza para el cobre, porque las energías limpias necesitan 3,5 veces más cobre que las energías convencionales. Lo mismo para el litio, en lo que respecta al uso de baterías.

Y la centroizquierda o la izquierda hacen la invitación de siempre: que en los tiempos de bonanza apliquemos impuestos. Esa es la receta que siempre han aplicado en los distintos países donde suceden cosas como esta.

¿Sabrán esos sectores que ya existe un impuesto específico a la minería desde 2010, que recauda entre 0,5 por ciento y 4,5 por ciento, que es más que lo que propone este proyecto?

¿Sabrán que Chile en esta materia compite con otros países en el mundo y que, por tanto, la estructura tributaria que podamos tener es relevante?

¿Sabrán que Chile es el segundo país con la carga tributaria más importante a nivel mundial, siendo superado solo por Australia?

¿Les importarán los datos o de lo que se trata simplemente en estos momentos de tribulación y angustia es de congraciarse con la galería?

¿Sabrán que a mayor inversión, mayor recaudación? ¿Les importa? ¿Serán conscientes de que el crecimiento de la minería -uno puede tener la opinión que quiera, pero lo datos son los datosse estancó precisamente el año en que se aplicó el impuesto específico?

¿Sabrán que la participación de Chile en la producción mundial de cobre ha disminuido de 36 a 28 por ciento, a propósito de la receta que nos proponen?

¿Qué hay detrás del discurso de recuperar la soberanía? ¡La estatización, pues! Esta eterna idea de que el Estado es más eficiente que las personas y las empresas para administrar los recursos naturales. Porque esas “piedras chilenas” a las que hacía alusión un colega solo toman sentido en la medida en que hay gente capaz de hacer las inversiones y sacarles productividad.

Nos dicen los colegas que el mismo Estado que es incapaz de administrar las cosas más elementales, será capaz de administrar mejor los recursos mineros.

Llegó el momento de hablar con datos, con rigurosidad, y no de aprovecharse de las angustias coyunturales para proponer ideas malas que les han hecho mal a otros países.

Por eso, hago un llamado a votar en contra este proyecto, porque me parece que le hace mal a la minería chilena.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, al principio, cuando empezamos a caminar en los territorios que representamos, nos comprometimos a cosas complicadas, pero simples, lo que es muy raro, pero suele suceder así: a seguir instalando en las leyes el sentido de lo común; a trabajar en construir leyes que mejoren la calidad de vida de las personas, su salud física y mental; a la protección y desarrollo digno de la infancia abusada y a la educación pública; a insistir en la creación de leyes que contengan y eviten el abuso empresarial y procuren la recuperación de la mayor propiedad común; al control, gestión y beneficio económico del agua, del litio, de la energía eléctrica y de nuestros combustibles, además del cobre, e impulsar el cambio de la Constitución Política.

Esos fueron nuestros compromisos adquiridos para convencer a las personas de llegar a representarlas aquí.

Y este es uno de los proyectos que nos sentimos felices de impulsar, porque recupera dignidad; además, agrega un 3 por ciento de royalty, que en el fondo es asociarse con las empresas. Asimismo, la indicación del diputado y nuestro compañero Daniel Núñez , adiciona un 10 por ciento más.

Por tanto, el pueblo de Chile, los chilenos tendremos un 13 por ciento de participación en los beneficios que produce la minería. Eso es necesario, es de justicia.

Si ganan más, comparten más; si ganan menos, comparten menos. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Los datos pueden ser los datos; pero es necesario ser parte del desarrollo, y también lo es que los empresarios mineros se pongan con este Chile que siempre está sufriendo -eso no es de ahora-, con este Chile siempre desigual.

Así que vamos a apoyar con toda la fuerza este proyecto, porque significa eso: progreso para nuestros pueblos, progreso para las regiones mineras.

Es cierto que ha bajado un poco la producción, pero ello se debe a que también estamos preocupados por el medio ambiente, que es fundamental, porque sin un medio ambiente sano es imposible vivir.

Reitero que con mucha fuerza apoyaremos el proyecto y las indicaciones de nuestro compañero Daniel Núñez .

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull .

El señor ROCAFULL.-

Señor Presidente, es importante aclarar que en cualquier negocio en nuestro país los ingresos menos los costos constituyen las utilidades; y es con base en estas utilidades que se pagan los impuestos.

En consecuencia, los costos deben pagarse. Sin embargo, en nuestro país el costo del cobre o el de litio no se apagan, las materias primas nos se pagan. Así de simple.

Tampoco se pagan las externalidades. No se paga, por ejemplo, por la contaminación del agua o por la extracción del agua; tampoco por la contaminación del aire ni por las enfermedades que contrae la población.

Desde acá, desde Valparaíso o desde Santiago , es muy cómodo opinar respecto de las faenas del cobre o de lo que se tiene que pagar o no pagar por el litio, pero hay que vivir en el norte para ver, por ejemplo, lo que pasó con el salitre. Santiago se modernizó, se reconstruyó y adquirió la calidad de gran capital gracias al salitre. ¿Cuánto de esas ganancias quedó en el norte? Cero pesos.

¿Cuánta gente muere de silicosis, de fibrosis pulmonar, de cáncer en el norte? ¿Cuánto se destina para la salud de ellos, de los trabajadores, de las trabajadoras, de sus familias y del resto de las personas que viven en el norte? Cero pesos.

Por eso, hoy estamos hablando de transparentar los verdaderos costos que tiene la extracción del cobre. Nadie se opone a que Chile sea un país líder en producción de cobre, pero seamos justos con los verdaderos costos que tiene que asumir la población. Las grandes empresas -estamos hablando de la gran empresa, no de la pequeña mineríatienen que pagar por la extracción de recursos no renovables, como el cobre y el litio; tienen que pagar, así como ocurre en los países desarrollados.

¿Por qué se las libera de ese pago? Lamentablemente, en Chile, cuando se habla del royalty minero, se dice que es inconstitucional, que es inadmisible. ¡Por favor!

Frente a esos argumentos, invoco las palabras que tanto usa la derecha: el patriotismo, el chilenismo. Seamos patriotas, seamos chilenos. Consideremos a todos los hermanos y hermanas de nuestro país, porque es justo. Por su actividad, estas empresas pagan impuestos, nada más que impuestos, y pagan menos que las tabacaleras y que muchas otras empresas. Las empresas mineras tienen que pagar lo que corresponde, tienen que pagar por los recursos no renovables.

¿Qué vamos a dejar a nuestras próximas generaciones?

Por eso, pido al Congreso Nacional, a las parlamentarias, a los parlamentarios, que trabajemos junto con el gobierno para hacer de Chile un país más justo, más equitativo, para que a las próximas generaciones les entreguemos un país digno, un país donde se extraigan los minerales, pero que por ello exista una compensación. De eso se trata.

Por favor, legislemos respecto de esto.

La bancada socialista, con convicción y consecuente con sus principios, por supuesto va a votar a favor.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, el royalty es el cobro de un derecho por parte del Estado, que es el dueño de los recursos que están en nuestro territorio. Sin embargo, en la práctica, eso no ocurre, y el costo de oportunidad ha sido inmenso.

Distintos economistas, validados por organismos internacionales, han estimado que lo que ha dejado de ganar Chile en los últimos años por no cobrar a la gran minería del cobre un royalty como el que se cobra en todos los otros países, alcanza a los 13.000 millones de dólares al año. Eso es ocho veces lo que cuesta la gratuidad en educación superior. Con ese dinero se podrían construir más de 115 hospitales de complejidad al año.

Con esto, que parece un ejercicio sencillo, lo que intentamos es dimensionar la cantidad de recursos que el Estado de Chile le está regalando a la gran minería del cobre, especialmente a la que pertenece a capitales extranjeros.

Cuando un emprendedor va a producir algo para venderlo, paga todos los insumos que utiliza, pero la gran minería del cobre, cuando extrae ese mineral, rajando nuestra tierra, no solo no se hace cargo de todo el daño que genera a los ecosistemas; no solo no se hace cargo de la contaminación del agua ni del perjuicio que provoca a las comunidades cercanas al lugar donde opera, tampoco paga por ese recurso, y no paga porque no se le cobra.

Hoy, cuando tenemos un escenario en que el precio internacional del cobre ha alcanzado su mayor valor en ocho años, pasando la barrera de los cuatro dólares por libra, no estamos disponibles para aceptar los errores y horrores que han cometido las autoridades políticas durante décadas en nuestro país, permitiendo que grandes grupos económicos no paguen por el cobre que extraen ni se hagan cargo del daño que generan.

Nuestros colegas de la derecha han dicho que la minería es un mal necesario. También dijeron que cobrarle un royalty desincentivará la inversión. Les pregunto: ¿en qué otro país encontrarán estas reservas de cobre? ¿Han notado ustedes el nivel de ganancias que tiene la gran minería y cuánto aporta a nuestro país?

En consecuencia, vamos a aprobar la creación de un royalty para el cobre, para el litio, en la gran minería, y con eso financiar el Chile nuevo, poner un horizonte para construir barrios dignos, para construir salud pública y pagar pensiones dignas…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, como bancada, la Democracia Cristiana siempre ha estado por proponer medidas claras y concretas para enfrentar la pandemia que nos afecta. Pero también lo estuvimos cuando analizamos la reforma tributaria, ocasión en la que dejamos claro que las regiones necesitaban ser compensadas por muchas actividades que se realizan en ellas.

Hoy, en el marco del debate de este proyecto, esperamos crear una compensación en favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, equivalente al 3 por ciento del valor ad valorem de los minerales extraídos. Esos recursos deberán destinarse, en partes iguales, a un fondo de convergencia regional, mediante el cual se financiarán proyectos de desarrollo regional y comunal, y a financiar proyectos que contemplen medidas de reparación, mitigación o compensación por los perjuicios ambientales.

Como bancada, siempre hemos debatido y defendido el que exista una compensación por las actividades de este tipo, y no solo por la extracción de recursos que realiza la gran minería, sino también por lo que ocurre en el ámbito forestal, con los recursos pesqueros y con otros recursos naturales.

Lo hemos dicho y hemos hecho propuestas al respecto, razón por la cual nos hemos unido como bancada y tomado el acuerdo de respaldar esta iniciativa, porque debemos pensar en Chile. Si alguien dice que este proyecto puede ser inconstitucional, bueno, hagámoslo posible, porque nuestro país enfrenta una serie de dificultades respecto de cómo vamos a enfrentar el futuro.

Por eso, planteamos la necesidad de hacerse cargo de una renta básica universal de emergencia. Los recursos que se obtengan una vez que este proyecto se convierta en ley podrían servir para esa finalidad. Basta de dar anuncios con letra chica. Muchos de los anuncios que dio a conocer ayer el Presidente de la República tienen su base en propuestas que hemos gatillado desde aquí y por las cuales hemos peleado.

El gobierno nos ha hecho acusaciones, nos amenazó con llevarnos al Tribunal Constitucional. Finalmente, ha primado la cordura y se ha decidido a apoyar a las familias de mejor manera, al igual que a los transportistas, mejorando el IFE y con tantas otras ideas por las que hemos luchado desde aquí, ¡ante la indolencia del gobierno!

Por eso, esta bancada, unida, no solo aquí, sino también en el Senado, con nuestras senadoras y senadores, seguirá trabajando, porque Chile lo necesita.

Por la unidad, por la dignidad, porque hemos dicho que vamos a trabajar por la revolución en dignidad. Y si podemos trabajar ante la urgencia, ya sea con el tercer retiro o con muchas otras alternativas que demanda la ciudadanía, pero sin letra chica, sin burocracia, sin indolencia y sin faltas a la dignidad, lo vamos a hacer, acompañando propuestas que a muchos probablemente no les gusten.

El gobierno y las grandes industrias, no obstante sus llamados, no lograrán el rechazo a estas iniciativas, que son muy necesarias, respecto de las cuales, además, tenemos que ir dando una discusión constitucional.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON (vía telemática).-

Señor Presidente, el 11 de julio de 1971, por unanimidad, el Congreso Nacional aprobó la nacionalización del cobre, que desde entonces se ha denominado “el sueldo de Chile”. Pero hoy el metal rojo se regala, como lo han dicho algunos de mis colegas, pues no hay cobro por la materia prima esencial desde la cual las empresas mineras reparten sus dividendos.

Estamos hablando de un recurso que no es renovable, a diferencia de otros, por lo que la pregunta de fondo es: ¿cómo preservar el patrimonio del país que, año a año, va disminuyendo y cuya extracción, además, deteriora el medio ambiente? Por eso hablamos de justicia intergeneracional cuando hablamos de un royalty. Noruega lo hizo con un endowment financiero, que se va a un fondo de pensiones, el que hoy supera el billón de dólares, es decir, un millón de millones de dólares, transformándolo en el fondo financiero más grande de Europa y uno de los más grandes del mundo.

Chile produce casi 6 millones de toneladas de cobre fino, y cerca del 60 por ciento de la producción de cobre es privada, que -es bueno insistirno paga por la materia prima, aunque según la Constitución Política esta es de propiedad de todos los chilenos y chilenas. Y la planificación tributaria, con el manejo de exenciones en la reducción de la base tributaria y el bajísimo impuesto específico a la minería, permite que la renta económica del cobre se quede mayoritariamente en manos de capitales inversores, chilenos y, principalmente, extranjeros. O sea, cada día el cobre es menos sueldo de Chile y es más renta regalada a privados.

Es tan así que, según investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, entre los años 2005 y 2014, la renta regalada fue superior a los 100.000 millones de dólares. Y hablamos de renta regalada porque esta es por sobre el costo de oportunidad del capital a nivel de mercado, a nivel global, con una tasa de descuento de cerca del 10 por ciento.

Se ha venido construyendo, sobre todo en estas últimas semanas, en que se reavivó el debate, un consenso casi transversal entre especialistas de que hay holguras para captar mayores rentas de la extracción de nuestro mineral rojo, sin afectar su producción, sobre todo ahora que los precios están por sobre los 4 dólares la libra y se avizora que en el futuro no van a bajar de 3,5 dólares hacia arriba.

Si este año el precio del cobre termina con un promedio por sobre los 4 dólares la libra, las utilidades de las empresas mineras privadas habrán crecido en cerca de 8.000 millones de dólares. Si el gobierno mira hacia el techo o sus representantes oficialistas -muchas veces llamados patriotas, paradójicamente acusan la inconstitucionalidad del proyecto, ello significa que han decidido no hacer nada, con lo que afectarán a la población, pues decidirán favorecer a los grandes capitales mineros, nacionales y extranjeros, a costa de chilenas y chilenos.

Por eso le pido al Congreso Nacional que no nos farreemos la oportunidad que tiene nuestro país de hacer justicia intergeneracional con un royalty minero. No caigamos en las falacias y en las trampas con las que nos asusta el clero neoliberal.

Espero que podamos repetir un acto de dignidad como el que ocurrió el 11 de julio de 1971, aunque esta vez quizás no se logre la unanimidad, por lo que he escuchado hoy en la Sala.

He dicho.