Labor Parlamentaria

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que establece en favor del Estado una compensación denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada una de las diputadas y diputados que se inscribieron el día de ayer hasta las 11:00 horas.

Antecedentes:

-Los informes de las comisiones de Minería y Energía y de la de Hacienda se rindieron en la sesión 5ª de la presente legislatura, en martes 23 de marzo de 2021.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

¿Habría acuerdo para que ingrese a la Sala el subsecretario general de la Presidencia?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Iván Flores

El señor FLORES.-

Señor Presidente, el proyecto que grava a las mineras con un impuesto adicional no es ni cualquier proyecto ni tampoco baladí en su impacto, porque lo que está planteando -espero que el gobierno lo entiendan o solamente es abordar una necesidad financiera, sino además hacerse cargo de la reclamación de justicia que la ciudadanía viene haciendo respecto de los superricos y de las super empresas para que aporten más, porque nuestra cancha no solamente está dispareja, sino que además está desbalanceada.

Lo que plantea el proyecto original es que el 3 por ciento establecido se reparta en mitades, en términos de porcentaje, para poder mitigar los impactos ambientales que sabemos que provocan las mineras, por cierto unas más que otras, dado que sus esfuerzos han sido dispares.

Por otro lado, busca que las regiones y las comunas que tengan actividad minera impactante efectivamente tengan una compensación a través de fondos regionales.

Además de ello, nuestra bancada, particularmente a través de una indicación del diputado Matías Walker , ha estado planteando que a lo menos un tercio de ese ingreso permanente sea destinado en esta oportunidad a apoyar, como un soporte de ingreso familiar universal, a las familias que hoy lo están pasando mal, porque los distintos instrumentos que se han generado finalmente no han sido completos, oportunos ni contundentes.

Por ello, lo que estamos planteando desde la bancada de la Democracia Cristiana es que ese 3 por ciento sea repartido también a todos los chilenos, y que las grandes mineras, que han tenido un paraíso desde el punto vista tributario, sean gravadas con mayor aporte impositivo, al igual como ocurre en otros países, por el impacto que generan en distintos ámbitos, entre ellos el medioambiental. Debido a eso, ya es hora de que en Chile se les aplique un mayor gravamen a las grandes mineras.

Hace poco pusimos fin a la transferencia directa, a todo evento, del 10 por ciento del cobre para los gastos reservados de las Fuerzas Armadas, pero lo que hoy estamos diciendo es que el 3 por ciento del royalty minero que se propone establecer en esta iniciativa vaya en beneficio de todos los chilenos, en particular a los que habitan en las zonas de impacto minero.

Por lo tanto, este proyecto marca un hito, ya que constituye una señal super clara de que los que perciben mayores ingresos deben hacer mayores esfuerzos y mayores aportes. Eso es lo que requiere nuestro país en términos de justicia económica y de justicia social. Debemos terminar con algunos de los privilegios que benefician a las grandes empresas.

En buena hora los grandes negocios generan empleos y actividad económica, pero eso debe hacerse con justicia, con la entrega de parte de estos aportes. Necesitamos mejorar una serie de materias como, pensiones, salud, seguridad…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez .

El señor PÉREZ (don Leopoldo).-

Señor Presidente, no quiero decir que parte de lo que hemos escuchado ayer y hoy en relación con este proyecto es mentira, pero algunos de los que han hecho uso de la palabra o no lo han leído o simplemente no lo entienden. Desde mi punto de vista, así como en el de la mayoría de quienes asistieron a exponer a las comisiones técnicas en que fue tratado, esta iniciativa es claramente inconstitucional.

Respecto de lo planteado por el diputado Iván Flores , quiero aclarar que el propio proyecto establece que los fondos recaudados sobre la tasa ad valorem del 3 por ciento a la producción del mineral de cobre y de las sales de litio no irán al erario. Decir que los recursos que se recaudarán serán destinados a mejorar la salud o a financiar los subsidios que se otorgan a las personas durante la pandemia es una mentira.

Lo señalo de ese modo porque reitero que el proyecto es claro y preciso en establecer que el 3 por ciento ad valorem que se recaude por la explotación del cobre y del litio extraído del territorio nacional irá en beneficio, única y exclusivamente, de los habitantes de los lugares afectados. Nadie podría estar en contra de aquello, pero no digan que los fondos recaudados irán al erario, ya que no incrementarán las arcas fiscales.

Incluso, la iniciativa propone, vía reglamento, otro aspecto que es inconstitucional, como es la creación de un organismo que dispondrá y distribuirá los recursos: 50 por ciento será destinado a un fondo para obras de desarrollo de las comunas mineras y el otro 50 por ciento a supuestas obras de mitigación, reparación y compensación del impacto ambiental en las comunas de extracción minera. No obstante, eso generará un incentivo perverso en materia medioambiental.

Para variar, quiero recordar que en el Senado se encuentra todavía durmiendo un proyecto de ley sobre pasivos ambientales mineros. Hasta hoy, el que contamina paga. Mientras no se legisle al respecto, a las empresas mineras, una vez que se ha determinado la explotación, les saldrá mucho más económico pagar el impuesto respectivo que solucionar los problemas de los pasivos ambientales.

Por último, quiero reiterar y ser explícito en señalar que los recursos que se recaudarán a partir del impuesto que se propone establecer en este proyecto no irán al erario, de manera que no digan que esto es para solucionar los problemas de la ciudadanía.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol ) [vía telemática].-

Señor Presidente, tal como lo hemos visto en otras oportunidades, es evidente que en este Congreso surgirán voces más interesadas en resguardar los intereses económicos de las grandes empresas de este país, en este caso de las mineras, que sabemos lo que representan desde el punto de vista económico, que en establecer mecanismos para permitan generar un acto de justicia social real.

Tal como lo han planteado algunos colegas, Chile es uno de los principales productores de cobre del mundo, a lo que se debe agregar que en los últimos años hemos desarrollado la industria del litio de mejor manera. Actualmente, en nuestro país se establece un impuesto específico, el cual está relacionado con la exigua contribución de la gran minería.

La carga tributaria que tienen hoy las empresas mineras es absolutamente insuficiente en relación con el aporte que podrían llevar adelante si se consideran las ganancias que han obtenido.

Chile mantiene un esquema de tributación específico para la minería del cobre, el cual grava la renta imponible operacional con un impuesto que nominalmente va hasta el 14 por ciento. Sin embargo, sabemos que la efectividad de este impuesto es mínima. Si se consideran las cifras netas de recaudación, las grandes empresas tienen muchas más formas de eludir o de pagar menos impuestos, además del bajo aporte que hacen al Estado de Chile.

Por eso hemos planteado otros mecanismos, contenidos en distintas propuestas que hemos presentado en el Congreso Nacional, como el establecimiento de un impuesto a los superricos y el primer y segundo retiro del 10 por ciento. Ahora hemos señalado la necesidad de que se apruebe un tercer retiro, para lo cual se presentó un proyecto en tal sentido.

Asimismo, surgió la necesidad, no solo como un acto de justicia tributaria y relacionada con el rol que debe tener el Estado en torno a sus recursos naturales, situación que esperamos pueda ser resuelta en la próxima legislación, a propósito del proceso constituyente, de que Chile cuente con un royalty minero. Ello nos permitiría percibir, gracias al precio de 4 dólares la libra de cobre, cerca de 5.000 millones de dólares al año, recursos con los que requerimos contar más que nunca.

La ciudadanía necesita que el Estado disponga de recursos suficientes para solventar las condiciones económicas que enfrenta, las que empeorarán a raíz de la pandemia.

Por último, quiero señalar que es inaceptable e incomprensible que algunos no quieran que el Estado perciba más recursos a partir del establecimiento de un royalty minero real. Por el contrario, se requiere que el Estado haga lo que tenga que hacer para percibir los recursos suficientes y necesarios para solventar las necesidades de la ciudadanía.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Issa Kort Garriga .

El señor KORT.-

Señor Presidente, el artículo 31 del Reglamento de la Corporación expresa la fórmula del juramento o de la promesa que deben asumir los diputados al incorporarse a la Cámara: “Juráis o prometéis guardar la Constitución Política, desempeñar fiel y legalmente el cargo que os ha confiado la Nación…”. Quiero hacer especial énfasis en la expresión “guardar la Constitución Política”.

Personalmente, juré resguardar la Constitución Política de la República que nos rige, no aquella que creemos y soñamos que se comenzará a construir a partir del 11 de abril, la cual es expresa en esta materia.

Por eso, solicito que quede constancia en el acta, por este acto, de que hacemos reserva de constitucionalidad al proyecto en debate, por trasgredir el numeral 14) del artículo 63, en relación con el numeral 1º del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República, que estable la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia tributaria.

Asimismo, hacemos reserva de constitucionalidad por la trasgresión al inciso primero del artículo 19, numeral 20º, de la Constitución Política de la República, relativo a la legalidad de los tributos, y a los incisos segundo, tercero y cuarto del mismo artículo en relación con el principio de no discriminación tributaria y el principio de no afectación tributaria. Todo lo anterior sobre la base de lo dispuesto en el artículo 93, numeral 3º, de la Constitución Política de la República.

Eso habla de mi preocupación por la forma del proyecto que estamos discutiendo. Me preocupa profundamente que se haya establecido como costumbre trasgredir la Constitución Política de la República. Algunos creen que con el objeto de fijar una idea, por muy legítima que esta sea, pueden trasgredir la Constitución Política que todos juramos o prometimos cumplir.

En ese sentido, creo que, lamentablemente, este proyecto incumple en la forma lo establecido en la Carta Fundamental.

Por eso, votaré en contra de la iniciativa por principios, y no por conveniencia; por convicciones, porque respeto la Constitución Política de la República.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Santana . No hay conexión con su señoría.

Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber .

El señor SILBER.-

Señor Presidente, honorable Sala, este es uno de los debates centrales que estamos teniendo en el hemiciclo, en el contexto de una de las crisis económicas y sociales más grandes que hemos tenido en nuestro país desde 1982.

Para ilustrar a nuestros colegas de la derecha sobre lo que están viviendo cerca de un millón y medio de chilenos que se encuentran sin empleo en esta crisis, les señalo que el año pasado el producto interno bruto perdió cerca de 6 puntos. Algunos dicen que si no hubiese mediado el retiro del 10 por ciento, esa pérdida se habría incrementado en alrededor de 2 puntos adicionales.

El paquete de ayudas económicas de nuestro país es de cerca de 12.000 millones de dólares, de los cuales 5.000 millones o 6.000 millones han sido destinados a transferencias directas a las familias que más lo requieren. Sin embargo, 35.000 millones de dólares han sido aportados por los trabajadores, a partir del primer y segundo retiro de los fondos de las AFP. Vale decir, finalmente los trabajadores, con sus propios ahorros, son los que han soportado el costo de esta crisis económica.

Al respecto, sentimos que un sector importante del país está mirando para el techo, y que el gobierno, asilándose en la trinchera de la Constitución de 1980, busca excusas para no contribuir a una tarea que debiera ser colectiva, de todos: recuperar la economía y el empleo, y, por sobre todo, bregar por la situación precaria que viven, no miles, sino millones de compatriotas que están de rodillas, desde el punto de vista económico, la que, a propósito de las cuarentenas que se vienen por delante, sin duda se agravará.

En cuanto al royalty minero, el cobre está viviendo un super ciclo, que en términos de rentabilidad implica un crecimiento de entre 20 y 25 por ciento, lo que, obviamente, no se condice con el resto de la economía nacional. Por tanto, hago un llamado al gobierno y un emplazamiento a la derecha, en el sentido de que ahora es cuando todos tenemos que contribuir al levantamiento de la economía, pero, por sobre todo, entendiendo que el costo, desde el punto de vista financiero y, en especial, humano, no aplica a los trabajadores, como ha sido hasta el día de hoy.

¡No se pueden atrincherar en la Constitución del 80 para negarse a lo que, a estas alturas, resulta obvio!

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pablo Vidal .

El señor VIDAL.-

Señor Presidente, quizás algunos colegas eran muy jóvenes en esa época, pero en 2017 el candidato Sebastián Piñera dijo lo siguiente en una entrevista radial, refiriéndose a Calama y a otras comunas mineras: “…lo que se queda son, normalmente, los puros problemas. Eso no es justo, y se va a cambiar”. Luego, agregó: “…incrementar los royalties para que el Estado sea como un socio de las empresas mineras públicas y privadas. Así, cuando el precio del cobre se encuentre alto y a las empresas les vaya bien, aporten más al bienestar y al desarrollo de Chile. Y vamos a reasignar el producto del royalty para que vaya en beneficio y utilidad de las ciudades que generan estas riquezas”.

Eso lo dijo Sebastián Piñera cuando fue candidato a la Presidencia en 2017.

Y lo que hoy se vota es un proyecto que apunta de manera exacta y precisa a aquella promesa que hizo el Presidente Piñera en su campaña. Esta iniciativa, de autoría del diputado Esteban Velásquez , de la Federación Regionalista Verde Social, se hace cargo precisamente de aquellas declaraciones de Sebastián Piñera , pero también de un anhelo histórico de las regiones mineras.

A continuación, daré un ejemplo para explicar de qué se trata esto.

Imaginemos que ustedes fueran dueños de un terreno ubicado en una calle principal de cualquier comuna del país, que pudieran construir ahí un local comercial y arrendarlo por 100.000 pesos mensuales. Al cabo de 10 años, ustedes habrán recibido 12 millones de pesos, pero, además, seguirían siendo dueños del terreno, del local comercial y de toda la plusvalía que esa propiedad hubiese ganado durante ese período.

Pero qué pasaría si ahora les digo que su arrendatario se dedicaba al negocio de la venta de ladrillos y otros materiales de construcción, y que los ladrillos que vendía eran los de las propias paredes del local comercial, y que al cabo de los 10 años ustedes solo se quedaron con el terreno pelado, que ya no tienen la propiedad que construyeron y que, además, la plusvalía de aquella es mucho menor. ¿Les seguiría pareciendo justo que el arriendo hubiesen sido esos mismos 100.000 pesos mensuales durante los 10 años?

Eso es exactamente lo que ocurre con la extracción de los recursos naturales de nuestra tierra. Por ello, creemos que Chile no solo debe recibir un porcentaje de las utilidades que las empresas mineras generan, sino que estas también deben pagarnos por el solo hecho de extraer recursos naturales que nos pertenecen a nosotros y a las futuras generaciones.

Este proyecto tiene una relevancia política e histórica que trascenderá a todas y todos. La votación de hoy es un examen a la conciencia de quienes pertenecen a este Congreso Nacional. La votación de hoy nos dirá si estamos a la altura de aquel Congreso Nacional que hace exactamente 50 años nacionalizó el cobre de manera unánime.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela ) [vía telemática].-

Señor Presidente, con alegría discutimos este proyecto, ingresado a la Cámara en 2018, porque sabemos que la minería es el principal motor de la economía nacional, aunque su retribución no ha sido del todo abordada, pues carecemos de un royalty por la explotación del recurso minero. Es por esto que aplaudimos el propósito de la iniciativa en comento, que consiste en establecer una justa compensación en favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y el litio.

Sabido es que el royalty es un derecho que el Estado soberano cobra al concesionario por la explotación de las riquezas naturales, el cual es aplicado en gran parte de los países desarrollados abundantes en recursos naturales. En esos países, el Estado utiliza el royalty como un instrumento de compensación por usufructuar de aquellos recursos que, por disposición constitucional, le pertenecen.

Para Chile, el hecho de contar con un royalty resulta de vital importancia para resolver las profundas carencias y necesidades que tienen las y los ciudadanos.

A diferencia de lo que dijo el diputado que me antecedió, hoy el Estado de Chile no es capaz de garantizar derechos, porque no están consagrados en la actual Constitución, pero también porque no cuenta con recursos suficientes para garantizarlos. En nuestro país no existe un royalty a la minería propiamente tal, sino solo un impuesto específico a la minería, cuya recaudación es insuficiente. Si este proyecto se hubiese discutido con anticipación y con mayor celeridad, podríamos contar con recursos suficientes para garantizar dignidad a aquellas familias que hoy están pagando los costos de una crisis sanitaria y económica que, sin lugar a dudas, ha sido profundizada por el actual gobierno.

Finalmente, considero justo el establecimiento de un royalty, pues la actual recaudación es insuficiente. En 15 años de explotación minera, con ciclos y con alzas históricas en los precios del cobre, el impuesto específico a la minería solo ha recaudado 5 millones de dólares. En cambio, si contáramos con un royalty del 13 por ciento, el Estado de Chile recaudaría entre 5.000 millones y 6.000 millones de dólares al año. En palabras simples, aprobar este royalty es incrementar la billetera del Estado para promover el desarrollo, la investigación y los derechos sociales.

Por eso, considero de máxima importancia compensar, de una vez por todas, las cuantiosas pérdidas de ingresos, para así empezar a garantizar derechos y resolver las múltiples necesidades del pueblo de Chile, especialmente de todas y todos aquellos que han quedado en total desamparo del apoyo del Estado durante esta pandemia.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto . Al parecer salió de la Sala.

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, este proyecto es tremendamente relevante, porque intenta poner en debate la necesidad de que en Chile tengamos un verdadero royalty minero que se aplique a la explotación de la gran minería del cobre y del litio.

Lo primero que debo decir es que desde hace muchos años que el cobre es considerado -vivimos en un país minero el sueldo de Chile, la viga maestra de nuestra economía.

En 1971, en un gobierno nuestro, se nacionalizó el cobre y se estableció que comenzaba una independencia económica que, en realidad, se ha ido confirmando con las décadas siguientes, porque Chile ha vivido mucho tiempo gracias al sueldo de la gran minería del cobre, la estatal por supuesto, y ahora también con lo poco que entrega la minería privada.

Pero este sueño del gran sueldo de Chile hoy es solo una ilusión, pues la minería privada entrega solo un bonito a las chilenas y a los chilenos, un bono muy chico, porque tiene un conjunto de beneficios que impiden que las riquezas que extrae y se lleva a otros países, de Europa y de Asia, queden en la medida justa en nuestro país.

Hay varios beneficios que hay que revisar y eliminar. La invariabilidad tributaria garantiza a todas estas empresas mineras privadas que no les suban los impuestos por un plazo determinado. Lo extraño de todo esto es que nadie conoce esos contratos, pues no son públicos, sino secretos. No se sabe cuáles son las empresas que tienen estos contratos, cuál es la tasa que se les aplica y por cuánto tiempo. ¡La falta de transparencia es inaceptable!

Además, como impuesto adicional pagan solo el impuesto específico a las empresas mineras, que entrega un aporte bastante débil y flaco a la economía nacional, al punto de que en algunas ocasiones, por ejemplo, en 2019, cuando las empresas mineras obtuvieron solo 3.000 millones de dólares en ganancias, entregaron por estos impuestos solo 450 millones de dólares a los chilenos. ¿Sabe cuánto representa eso dentro del presupuesto total del país? El 1 por ciento de todos los impuestos pagados en el país. Es lo que gasta la gente en tabaco, en combustible; eso es lo que recibió Chile en 2019, dejando en evidencia que no existe un verdadero royalty minero.

Creo que este proyecto de ley es completamente constitucional, porque no establece un impuesto, sino un royalty, que es una compensación al Estado de Chile, a todos los chilenos, por la extracción de un mineral -en este caso, el cobre y el litio que es trasladado fuera de nuestras fronteras. Son recursos no renovables. Por lo tanto, la pérdida patrimonial chilena tiene que ser compensada.

Necesitamos avanzar hacia el sueño que tenemos los chilenos de que las riquezas del cobre queden acá, por lo cual exigimos un verdadero royalty minero, un royalty robusto que sea un legado para esta y para las futuras generaciones.

Vamos a aprobar este proyecto, señor Presidente.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señor Presidente, este es un proyecto patriótico. No me gusta mucho usar ese término, porque es medio fascistoide, pero es un proyecto patriótico.

Esta iniciativa fue presentada en 2018, por lo tanto es mentira que se diga que es coyuntural. ¡Fue presentado en 2018! Así que felicito a sus autores.

Como ya dije, es un proyecto patriótico, porque defiende los intereses de nuestro país en beneficio de los chilenos y chilenas.

Sin lugar a dudas, esta iniciativa no merece discusión, y diría que quienes están en su contra y amenazan ya con ir al Tribunal Constitucional son antipatriotas. Esos mismos que hoy usan la bandera chilena en la solapa están manifestándose en contra de los intereses de nuestro pueblo y de nuestro país, en general.

En todo el mundo -lo hablé con el diputado Núñez -, incluso en Estados Unidos de América, que es ejemplo de imperio expansionista y que supuestamente protege el poder económico individual y privado, existe este royalty.

Por lo tanto, creo necesario aprobar este proyecto, porque es la mejor manera de apoyar económicamente a nuestro país, más aún en las circunstancias coyunturales de covid-19 y de crisis económica que atravesamos.

El que no vote a favor este proyecto estará defendiendo los intereses de las grandes transnacionales, los grandes intereses de las economías foráneas. Ese, sin lugar a dudas, sería un acto que no defendería los intereses de nuestro país.

Ayer decían que íbamos a matar la gallina de los huevos de oro. ¿Qué gallina? ¿A las grandes empresas? ¿A las grandes transnacionales?

¡El 70 por ciento del cobre chileno es privado! Codelco, sin considerar las empresas que contrata, explota solo el 30 por ciento de este mineral en nuestro país.

Por lo tanto, como chileno, hago un llamado para que este proyecto sea aprobado, ojalá por unanimidad. Así debe ser. El que no lo haga, estará traicionando…

La señora FERNÁNDEZ (doña Maya).-

Señor Presidente, ¡qué cierto es ese refrán que dice que la historia es cíclica!

Hace cincuenta años, el Presidente Salvador Allende , en plena plaza de Rancagua, junto a mineros de El Teniente, decía: “Hoy es el día de la dignidad nacional y de la solidaridad. Es el día de la dignidad, porque Chile rompe con el pasado, se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica, que significa su plena independencia política.”.

Ese proceso, llamado nacionalización del cobre, fue pieza clave en el proyecto de la Unidad Popular, pues, a través de él, el gobierno del pueblo y de los trabajadores reconocía la necesidad de contar con el apoyo económico que podía provenir del cobre para impulsar los cambios sociales que se necesitaban para tener una mejor sociedad, con derechos y con dignidad.

Cincuenta años después nos enfrentamos a la misma disyuntiva: miles de chilenos y chilenas salen a la calle exigiendo derechos sociales mínimos para vivir con dignidad, en un panorama absolutamente desigual en el que unos pocos concentran gran parte de la riqueza, mientras otros deben rogar para llegar a fin de mes.

Estamos enfrentando una de las crisis económicas y sanitarias más grandes de las que han afectado a nuestro país, especialmente a las familias más vulnerables, que han tenido que sostener su economía con lo poco que les queda. Es momento de que los recursos de todas las chilenas y de todos los chilenos, los recursos que nos entregan nuestros minerales, vayan en apoyo de esas familias.

La crisis a consecuencia de la covid-19 ha agudizado la desigualdad en nuestra sociedad, por lo cual es el momento de pensar en las familias.

Creo que no es el momento para ir al Tribunal Constitucional. Es el momento de pensar en Chile, en las familias, en los niños y niñas, en quienes más lo necesitan. Por eso es tan importante aprobar este proyecto de ley, ojalá de manera unánime, para dar una señal a todas las familias que requieren de apoyo.

Este es un proyecto histórico ante un momento histórico. Queremos que las ganancias y, en general, los beneficios de nuestros recursos naturales vayan a los chilenos y las chilenas.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, en verdad me emocionan las palabras que acabo de escuchar de la diputada Maya Fernández sobre su abuelo. Efectivamente, hubo un cambio cultural en Chile hace cincuenta años en esa plaza de Rancagua, como ella lo mencionó. Pero también tengo que recordarle a la Corporación que mientras ella presidía la Mesa, esta declaró inconstitucional el proyecto de ley que hoy discutimos. En aquella oportunidad se sometió a votación su admisibilidad y se expresó una mayoría que le dio curso a este proyecto.

Por lo mismo, al momento de hablar de minería, debemos ser los más honestos, responsables y cautos posible. Eso no significa bajo ningún aspecto que no podamos introducir cambios o perfeccionar la normativa vigente. Creer que es un rubro que funciona sin problemas o en el que no podría existir más justicia, básicamente, es ser ingenuo; pero eso no justifica el mal llamado royalty. Es una alternativa que no creo que nos favorezca como sociedad.

Si lo que se pretende es mejorar los ingresos de las regiones o paliar los efectos ambientales derivados de la minería, sin duda, hay formas más inteligentes y menos nocivas de hacerlo, muchas de ellas relacionadas con probidad y transparencia en la asignación y en el uso de los recursos públicos ya disponibles.

Debemos considerar que Chile participa en la industria del cobre y del litio en un mercado globalizado, donde mayores costos en la producción afectan nuestra ventaja comparativa de manera absoluta. Esto lo hemos visto de manera patente con el vigente impuesto específico a la actividad minera, cuya aplicación, si bien desde el 2005 ha aportado nuevos recursos a nuestro país, también coincide con el estancamiento de la inversión minera. En efecto, muchos capitales han preferido otros países, por lo que Chile perdió oportunidades de crecimiento.

Por último, este proyecto de ley sufre un sinnúmero de vicios de constitucionalidad, por lo cual me hice parte de la acción promovida por el diputado Issa Kort . Aparentemente, el hecho de que un proyecto tenga vicios de constitucionalidad ya no es novedad en esta Corporación. Es cansador y desgastador reiterar lo mismo en cada intervención: si nosotros no somos capaces de respetar las reglas del juego, ¿cómo esperamos que la ciudadanía lo haga? Nos guste o no, la Constitución está vigente y desde el primer día en este hemiciclo juramos respetarla.

Rechazaré este proyecto por respeto al Estado de derecho y a la institucionalidad democrática. Debemos resguardar los pocos aspectos en que globalmente podemos competir de igual a igual e, incluso, con ventajas respecto de otros países. Miles, si no millones de personas dependen de la minería chilena. A ellos nos debemos.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, qué duda cabe de que Chile es un país rico en recursos mineros. Es un activo que tenemos, y lo lógico, ciertamente, es aplicar un impuesto a la actividad minera. Desde la nacionalización del cobre hasta el año 2004, Chile dejó de percibir 4.000 millones de dólares solamente por no aplicar un royalty.

En 2004, varios parlamentarios, entre ellos los entonces senadores Adolfo Zaldívar y Jorge Lavandero , a quienes recuerdo con especial afecto, plantearon proyectos de royalty minero, pero no se pudieron concretar. Después de varios intentos, en 2005 se promulgó un impuesto específico a la minería, un gravamen entre 0,5 y 4,5 por ciento que se aplica a la renta operacional de las grandes empresas cuando la explotación supera las 12.000 toneladas y llega hasta las 50.000 toneladas métricas de cobre. Este impuesto está bien, ciertamente, pero no es un royalty. Los chilenos necesitamos un royalty al recurso minero.

Hoy estamos en tiempos de cambios, y a propósito de la Constitución, que tanto se ha nombrado en esta Sala, tengo mis dudas de si el cobre es realmente de todos los chilenos, como dice la Carta Fundamental.

Gracias al alza del precio del cobre, una sola empresa se valorizó, en un año, en 14.000 millones de dólares, algo así como el presupuesto anual de la salud en Chile. Esa empresa pasó de valer 11.000 millones a 25.000 millones de dólares.

Estas alzas han beneficiado a todas las empresas mineras. Hoy día, la minería ofrece a los inversionistas privados rentabilidades que van entre el 30 y el 60 por ciento, lo cual no se ve en ningún otro sector económico. Me pregunto: con la aplicación del royalty ¿la inversión se irá del país, si lo único que estamos haciendo con esta propuesta es un mero rasguño?

No hemos sido capaces de corregir los errores en diecisiete años de dictadura ni en treinta y un años de democracia. Hemos dejado que las grandes empresas mineras obtengan ganancias inmorales, un panorama diametralmente opuesto al que soñaron alguna vez Eduardo Frei Montalva y Radomiro Tomic .

Señor Presidente, anuncio mi apoyo a este proyecto. Lo aprobaré, porque aplica un verdadero royalty al cobre y al litio, equivalente a un 3 por ciento. Busca la compensación a favor del Estado por la explotación del cobre y del litio.

Es momento de avanzar en proyectos de ley fundamentales para la seguridad social…

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Raúl Soto .

El señor SOTO (don Raúl).-

Señor Presidente, los sectores progresistas hemos abogado históricamente por el establecimiento de un royalty minero que permita que actividades como la gran minería del cobre y del litio, manejadas por grandes empresas privadas, destinen un porcentaje de sus ganancias a beneficio fiscal. De este modo, se dispondría de recursos para lograr el desarrollo de las regiones, para mitigar el daño al medio ambiente que muchas veces provocan los grandes proyectos, o, como algunos plantean de forma muy legítima, a mitigar los efectos de la crisis sanitaria, económica y social, a través de políticas sociales contundentes y robustas en favor de personas de la clase media y de los sectores vulnerables.

Este proyecto de ley avanza en esa dirección, y, por supuesto, como bancada del PPD no podemos restarnos. Es un tema de principios. Por eso, apoyamos con fuerza y convicción el proyecto en estudio, y lo votaremos a favor.

Señor Presidente, un ejemplo: en el caso del cobre, las diez mineras privadas más grandes representan aproximadamente el 80 por ciento de la producción de cobre en nuestro país. Ellas han pagado, en promedio, 3.500 millones de dólares anuales durante la última década; mientras Codelco aportó, en promedio, 3.800 millones de dólares en el mismo periodo. En efecto, Codelco ha aportado más a nuestro país que las diez empresas privadas más grandes de la minería del cobre.

¡Esto es una verdadera fiesta! No podemos seguir permitiendo que grandes multinacionales, que grandes empresas de la minería, que muchas veces son de capitales extranjeros, vengan acá a llevarse nuestros recursos minerales a “precio de huevo”, sin dejar recursos necesarios y suficientes para el desarrollo de nuestro país, ayudar a nuestras regiones, a nuestra gente y cuidar el medioambiente.

Tenemos que acabar con esta fiesta de la gran minería privada, pues es hacer justicia y no algo descabellado. Sin ir más lejos, el propio Banco Mundial ha reconocido que la gran mayoría de los países serios que extraen minerales han establecido un royalty que va en beneficio fiscal.

Esta es una deuda histórica que podríamos empezar a saldar. Por lo mismo, hago un llamado a que este proyecto sea aprobado y a que el gobierno revalúe su posición de llevarlo al Tribunal Constitucional, como muchos han anunciado, porque ya no hay cabida para seguir poniéndose del lado de las empresas, dándole la espalda a la ciudadanía de Chile.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Andrés Molina Magofke .

El señor MOLINA (vía telemática).-

Señor Presidente, escuchando […] está hecho bastante a la ligera. Primero, hay que entender el concepto de royalty.

En la historia hemos vivido momentos en que ciertos minerales han tenido precios muy por debajo de sus costos de producción, pues estos proyectos requieren grandes inversiones. Hoy por hoy, tenemos un cobre a 4 dólares la libra y un potencial económico en la extracción de litio; sin embargo, cuando hablamos de royalty no estamos pensando en el negocio. Hoy tenemos un impuesto específico que nos permite quedarnos con una parte de la utilidad del negocio. Esto no es lo que se plantea a través de este proyecto, ya que lo que propone es que, sea cual sea el precio, sean cuales sean los costos, nos tienen que dar un porcentaje de las ventas.

Ahí desestimamos los informes de la Biblioteca del Congreso Nacional y los de los técnicos que dan cuenta de que debemos analizar este proyecto mejor y con más calma, razón por la cual creo que esto amerita un trabajo mucho más acucioso de todos nosotros.

También quiero hacer mención de que me parece que un país que piensa aplicar un royalty y utilizar los recursos que genere exclusivamente en la mitigación de los impactos medioambientales, en tapar los hoyos de la minería y en tratar de compensar los demás daños que generen los procesos productivos, no obstante tener adultos mayores postrados, botados, sin atención y niños que viven con ciertas carencias debido a la falta de recursos, debería estudiar bien en qué gastará los fondos que logre recaudar a través de este instrumento, porque no es un tema menor.

Cuando se piensa en mitigar ciertos problemas, probablemente con un buen trabajo para las ONG o consultoras, entregándoles miles de millones de dólares para ese propósito, hay que tener presente que todavía tenemos un país pobre con casas que tienen piso de tierra, como ocurre en el caso de mi región, donde se vive una pobreza dura. Al parecer, hay algunas propuestas para determinar qué hacer con los recursos, pero primero los invito a trabajar en las exenciones de aquellas empresas que utilizan artilugios para no pagar impuestos. Acá también debemos enfrentar a la minería…

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Luis Pardo .

El señor PARDO (vía telemática).-

Señor Presidente, me parece que el debate sobre un royalty minero es una discusión pertinente que debemos dar, pero haciéndola contingente al precio observado, para que se recaude más cuando el precio del mineral sea alto y no represente una carga para la minería cuando sea bajo. El punto es que esta discusión, como todas las discusiones, se debe dar dentro de un contexto constitucional y de respeto a las normas.

Acá se ha señalado que quienes pretendemos hacer valer la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia tributaria nos estamos aferrando a la Constitución Política de 1980, en circunstancias de que esa norma se estableció en la Constitución Política de 1925, y luego en 1943, cuando se aprobó la primera reforma a esa Carta Fundamental, precisamente para combatir la irresponsabilidad y la improvisación parlamentaria.

Este proyecto adolece de improvisación y oportunismo, pues se está apelando a la angustia de mucha gente que lo está pasando muy mal y que necesita ayuda. Hacer válida una situación dolorosa para imponer una agenda de esta naturaleza y en forma improvisada, me parece que es una irresponsabilidad. Aquí hasta se ha hablado de regalar las riquezas y de terminar con el saqueo.

Un diputado que me antecedió en el uso de la palabra mencionó cifras de manera invertida, porque desde 2018 las diez mineras más grandes del país están entregando en conjunto al Estado mucho más de lo que entrega Codelco. En efecto, esta última entrega 1.289 millones de dólares y la minería privada 1.689 millones de dólares.

Por otra parte, la carga tributaria de la minería, en atención a la última reforma, quedó situada en torno al 40 por ciento. Habrá que revisar si hay espacio para mejorar la recaudación, eliminar determinadas exenciones y legislar sobre un royalty, pero sobre la base de un proyecto bien hecho y con la iniciativa que corresponde al Ejecutivo en este tipo materias.

A todos los que nos enrostran siempre que estamos defendiendo los grandes intereses les quiero decir que yo no tengo vinculación con ninguna minera. Asimismo, le quiero decir a todos los que buscan conservar la pega legislando ciertos temas con el único fin de abuenarse con la opinión pública, aunque sea a costa de la cesantía de muchos mineros -el ranking minero de Chile ha caído ostensiblemente-, que por lo menos sean un poco más responsables en la forma en que nos increpan a quienes actuamos…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Claudia Mix .

La señora MIX (doña Claudia) .-

Señor Presidente, “hoy es el día de la dignidad nacional y de la solidaridad. Es el día de la dignidad, porque Chile rompe con el pasado: se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica, que significa su plena independencia política.”.

Esas fueron las palabras que Salvador Allende escogió para abrir el discurso que pronunció el 11 de julio de 1971, en la plaza de Rancagua. Ese día, conocido como el Día de la Dignidad Nacional, el pleno del Congreso aprobó la nacionalización del cobre. De ese modo se estatizó la gran minería del cobre del país; sin embargo, medio siglo después el panorama ha cambiado bastante. En las últimas cuatro décadas hemos sido testigos de un significativo aumento de la producción del cobre en el país producto de la apertura de minas de capital privado. De hecho, entre 2010 y 2016, tal como se señala en este proyecto, la minería privada explotó más de 24 millones de toneladas métricas de cobre, mientras que Codelco lo hizo por apenas 11 millones de toneladas.

Lamentablemente, este aumento de producción por parte de capitales privados no ha ido acompañado de una compensación para el país, debido a la inexistencia de un royalty fuerte en lo legal. Actualmente, lo que existe es un impuesto específico a la minería, el cual se calcula con una tasa progresiva sobre la rentabilidad de la minería.

Si queremos lograr un poquito de la dignidad de la que hablaba el Presidente Salvador Allende hace cincuenta años y que hoy parece ser solo un viejo recuerdo, lo mínimo que tenemos que hacer es que la explotación de los recursos que nos pertenecen a todos los chilenos y chilenas deje alguna compensación para el país.

Por eso, aprobaré este proyecto que establece una compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio equivalente al 3 por ciento del valor nominal de los minerales extraídos, y que plantea que dicha compensación deba destinarse a obras de desarrollo en las comunas en donde se encuentran los yacimientos, que permitan mitigar los efectos ambientales que produce la actividad minera.

Además, tal como lo explica el mismo proyecto y lo reafirma el señor Christian Viera , profesor de Derecho Constitucional, la moción no es inconstitucional, toda vez que apunta a la definición de royalty, diferenciándolo de un impuesto.

No podemos permitir que se nos despoje de una gran cantidad de recursos que podrían generar utilidades para el país entero y que esa pérdida no sea compensada.

¡Necesitamos un royalty minero ahora!

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, el royalty es un derecho en virtud del cual los países cobran por la explotación de una materia prima que tiene una característica muy particular, cual es ser no renovable.

En Chuquicamata no se ha sabido que en la mina a rajo abierto ha empezado a florecer de nuevo el cobre, porque es una materia prima que, una vez explotada, simplemente se extingue. Por supuesto, esos recursos sirven para la economía del presente, pero nuestro problema es garantizar a las generaciones futuras que habrá una economía de la que puedan vivir una vez que no existan los minerales. Esa es la razón de ser del royalty aquí y en todas partes del mundo.

¿Qué hacen los noruegos con el petróleo? Ellos crearon un fondo que genera una renta financiera que invierten en salud, en educación y en la dinamización de su economía, especialmente en el impulso del desarrollo de nuevos conocimientos, de la ciencia, de la tecnología, etcétera.

Nosotros también necesitamos garantizar a los futuros chilenos y chilenas que tendrán de qué vivir.

Los impactos negativos de la minería es un problema de costos que la industria minera tiene que cargar a sus costos. La explotación minera va desde la exploración hasta el cierre del mineral; no hay razón para reparar el daño con los recursos del royalty, pues es responsabilidad de la propia empresa que explota la mina.

No basta con los impuestos. Si hubiera una auditoría seria sobre las ganancias de las mineras en las últimas dos décadas, descubriríamos que se han inflado artificialmente los costos, que se contratan créditos con la casa matriz, que siempre aparecen presentando pérdidas y que en realidad están subvaluadas.

La economía minera no se ve afectada por los ciclos de la economía; varía el precio, pero siempre es rentable. Ellos dicen mentiras. Para qué decirles cómo han venido a llorar a la Comisión de Hacienda. He ido a las reuniones con los representantes del sector minero con los bolsillos llenos de pañuelos para sonarme por el romadizo que me provocaban las “lacrimógenas” que tiraban.

Aquí tienen que pagar impuestos, y ahora un royalty por el derecho a explotar un bien que no volverá a existir, y punto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez .

La señorita PÉREZ (doña Catalina ) [vía telemática].-

Señor Presidente, voy a partir por lo evidente, porque justamente por ser evidente, a veces se olvida. Cuando hablamos de un royalty minero, debemos tener clara una cosa: en Chile no tenemos royalty, sino un impuesto específico a la gran minería. Un royalty es el cobro de un derecho por parte del Estado por la sola extracción de los recursos no renovables presentes en el territorio, como señaló un diputado que me antecedió en el uso de la palabra; no es un impuesto a la renta.

¿De quién es la culpa de que no tengamos un verdadero royalty? En realidad, eso no me interesa. Esa discusión la deben tener quienes han gobernado este país. Lo importante es que hoy tenemos la oportunidad de corregir ese error. Espero que hoy tengamos las mayorías para avanzar en esta tremenda deuda pendiente que tenemos.

Quienes vivimos en Antofagasta venimos escuchando desde hace décadas la historia del royalty minero. La falta de voluntad política para establecer un verdadero royalty minero ha sido una constante, pero hoy en día, con una contracción de 6 por ciento del PIB el 2020, simplemente ya no es tolerable seguir regalando nuestros recursos naturales no renovables.

El proyecto que presentamos el 2018 es un primer paso, como se ha buscado dar otros en distintas oportunidades, para recuperar para nuestro país y para los chilenos y chilenas los recursos minerales, para financiar el futuro con derechos sociales y también para compensar a las regiones en las que se realiza la explotación minera, las cuales se quedan con las externalidades negativas en sus comunas, en su medio ambiente y en la salud de sus habitantes, pero no con lo que debería ser la consiguiente inversión.

Aún no pasamos el primer trámite constitucional de este proyecto y ya hay diputados y diputadas que han anunciado que lo llevarán al Tribunal Constitucional, porque si no logran ganar en el Congreso Nacional, siempre tienen una tercera cámara para recurrir.

Ahora, me pregunto: ¿quiénes hacen estas amenazas? Porque a ellos los escucho siempre hablar de patriotismo. ¿Se consideran patriotas quienes están dispuestos a regalar el cobre y el litio chilenos? ¿Se consideran patriotas quienes están en contra de un royalty de apenas el 3 por ciento? Por favor, recordemos que el royalty parte en 12.000 toneladas métricas de cobre fino y 50.000 toneladas de litio, así que no vengan a decir que esto perjudica a la pequeña y mediana minería, porque simplemente no es cierto.

Algunos han admitido derechamente que no quieren hacer esta pega, que para qué vamos a legislar este proyecto, que mejor hagamos una mesa ampliada que discuta esto fuera del Congreso Nacional, para que el gobierno la tome tan en cuenta como a la mesa social covid-19.

Lamento recordarles que este Congreso Nacional tiene la labor de legislar. Quienes nos llaman populistas a los que pedimos un royalty, por favor, díganme si es populista el Banco Mundial cuando nos dice que los royalties basados en el valor de los minerales extraídos son comunes en casi todos los países. Imagino que no.

La bancada de Revolución Democrática votará a favor este proyecto. Espero que hoy podamos resarcir la deuda que es el símbolo de una comuna minera como Calama -ayer estuvo de aniversario-, que vive las externalidades negativas de la minería.

Espero que se logre aprobar este proyecto por esa ciudad que ayer estuvo de aniversario. Pero ¿saben algo? Si no lo…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, diputada Catalina Pérez .

Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, debo señalar algo que hemos dicho muchas veces, porque explica por qué es tan necesario que Chile tenga un royalty a la gran minería del cobre y del litio.

La actividad minera no es un negocio cualquiera, pues otorga una rentabilidad o utilidad extraordinaria y extremadamente significativa.

La actividad minera es anormal frente a otras actividades económicas. ¿Por qué? Porque explota un recurso escaso que, por ser propiedad de los países o las naciones, por estar en su subsuelo, justamente aporta una utilidad absolutamente extraordinaria.

Desde el año 1974, cuando la dictadura, a través del decreto ley N° 600, empezó la privatización de la gran minería del cobre, hasta el 2006, las grandes mineras en Chile, trasnacionales o de capitales nacionales, no pagaron un peso extra de impuesto al Estado. Toda esa extraordinaria ganancia, esa llamada renta minera, se la echaron al bolsillo. Recién el 2006 se creó el llamado impuesto específico, que posteriormente fue modificado en el 2010.

Sin embargo, la recaudación que se acumula desde el 2006 al 2019 por este impuesto específico es absolutamente insuficiente. Según cálculos que hemos leído, fundamentados en datos en la prensa y en estudios, en promedio se recaudó al año, entre el 2006 y el 2019, solo 300 millones de dólares.

Como aquí hay una guerra de cifras, les pido que miren el artículo que publica hoy el diario El Mercurio, en el cual tres destacados economistas y tributaristas señalan que el impuesto específico a la minería va a recaudar -se lo digo al ministro de Minería, que está muy entretenido conversando menos impuestos que lo que dice el gobierno. Me encantaría que el ministro aquí presente leyera ese artículo de El Mercurio de hoy y nos respondiera por qué el gobierno nos da cifras falsas. Nos dice que el impuesto específico a la minería del cobre va a recaudar cifras que no son reales, que economistas destacados, como un exdirector del Servicio de Impuestos Internos, retrucan.

Por eso es tan importante que aprobemos hoy este proyecto de ley. Esta iniciativa nace como un royalty de 3 por ciento para las regiones mineras, y nosotros como bancada hemos presentado una indicación para que esa cifra se complemente con un 10 por ciento de recaudación para el fisco, para todo el país; porque efectivamente es todo Chile el que debe verse beneficiado por las altas rentas y utilidades que están obteniendo las empresas mineras.

Con la aprobación del royalty la Cámara de Diputados reivindica la soberanía de la democracia frente a poderes económicos que abusaron y gozan de absoluta impunidad.

Votar a favor el royalty también es votar contra la corrupción y contra el financiamiento ilegal de la política que han hecho grandes mineras como Soquimich.

Por la dignidad de Chile, ¡exijo que se vote a favor el royalty!

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, en el colegio siempre nos dicen que Chile es un país minero. Esta afirmación es muy real: el cobre representa cerca de la mitad de las exportaciones de Chile, genera en torno al 10 por ciento del PIB -cifra que, incluso, podría ampliarse al 15 por ciento si se consideran las actuales alzas y crea una importante cantidad de empleos directos e indirectos; constituye una significativa fuente de ingresos para el presupuesto nacional, especialmente cuando el precio está alto.

El sector privado concentra cerca del 70 por ciento de la producción minera, mientras que el otro 30 por ciento está principalmente en manos de la empresa estatal Codelco.

En Chile no existe un royalty a la minería propiamente tal, que desde el punto de vista de la teoría económica implica el cobro de un derecho a la explotación de los recursos naturales por parte del Estado por la sola autorización de extraer los recursos minerales, que, además, son recursos no renovables en el suelo del Estado de Chile; solo por extraerlos y beneficiarse de las riquezas contenidas en nuestro subsuelo.

Chile no tiene una ley de royalty propiamente tal, sino que tiene un impuesto -relacionado con el impuesto a la renta, por lo demás para obtener recursos, lo que hace que el Estado recaude mucho menos de lo que podría recaudar, a diferencia de lo que ocurre en aquellos países que tienen royalty minero, países que no son especialmente de corte de izquierda. Me refiero a países como Canadá, Estado Unidos de América -la cuna del neoliberalismo-, Australia , o Argentina, si nos queremos ir a un ejemplo más latinoamericano, donde se establece mediante la legislación un royalty minero, que es el derecho a la compensación por el impacto negativo que implica la explotación de los recursos naturales del subsuelo.

Entonces, es necesario avanzar en este proyecto. ¿Y qué podríamos hacer con estos recursos derivados del cobre? ¿Cuántos hospitales podríamos construir? ¿Cuánto podríamos avanzar en condonar la deuda educativa de miles de estudiantes? En esta crisis podríamos haber financiando perfectamente una renta básica de emergencia para que los chilenos pudieran solventar la crisis económica que devino de la pandemia. Esos mismos recursos podrían usarse en innovación tecnológica; así dejaríamos de exportar las piedras e importar las cañerías, o exportar el litio y que nos devuelvan las baterías de los celulares.

Diversificar la matriz productiva es parte de lo que implica el desarrollo del país; es futuro. Por eso, vamos a apoyar este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señorita VALLEJO (doña Camila) .-

Señor Presidente, probablemente haya argumentos reiterados en esta Sala de quienes estamos a favor de este proyecto de royalty minero.

Se ha hablado de la necesidad del desarrollo del país, de atender la situación de millones de familias en esta pandemia; se ha hablado de justicia, de dignidad; se ha hablado de parar esta especie de acto expropiatorio de un recurso que debería ser de todos los chilenos y chilenas y debería rentar para Chile.

Estamos hablando de un poco de dignidad y justicia, estamos hablando de salir del subdesarrollo. Estamos en la OCDE, somos un país miembro de la OCDE, pero todavía no alcanzamos el desarrollo. Una de las razones por las que no alcanzamos el desarrollo es que no hemos logrado industrializar nuestro país con una perspectiva sustentable. En algún momento, los que están en contra de este proyecto dijeron que Chile no tenía la capacidad para ello. Señalaron: “El Estado no tienen la capacidad”. “El Estado no puede meterse en eso”. “Dejémoselo a las empresas privadas, porque ellas vienen a enseñarnos cómo hacer las cosas, porque ellas tienen la tecnología”. Claro, el recurso es supuestamente del Estado, pero les permitimos la explotación a empresas privadas, que ni siquiera son chilenas, para que saquen todos los beneficios de nuestro recurso natural. Y se llevan toda la plata y todo el sueldo de Chile hacia afuera.

Esto no es digno. Aquí no hay dignidad. Esos recursos no solo deberían destinarse a compensar los impactos medioambientales en los territorios, para permitir el desarrollo local, sino también para permitir el desarrollo del país.

Dicen que no tenemos la capacidad. Entonces financiemos la capacidad con este royalty. Generemos las condiciones, capacitemos al personal, generemos industrias, generemos innovación, démosles la tarea a las universidades estatales para generar ese proceso de innovación, seamos un país desarrollado. Para eso necesitamos esos recursos: para independizarnos de aquellas multinacionales.

¡Hasta cuándo somos un país extractivista y rentista! Esto debe empezar a terminarse. Por eso este proyecto es tan importante.

Un diputado decía que era mentira señalar que esto podría servir para la salud y la educación. ¡Diputado, lea las indicaciones! No solo en el proyecto original; hay indicaciones para que esto vaya a un fondo nacional y hay indicaciones para que esto, además, pueda, de alguna manera, financiar una renta básica universal de emergencia, porque se necesita terminar con los desplazamientos que llevan a que mucha población, en el metro y en el Transantiago, se contagie porque tiene que ir a trabajar.

¡Renta básica universal y dignidad para nuestro país!

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Winter .

El señor WINTER.-

Señor Presidente, como ya se han dicho las cifras hasta el cansancio y se han visto visiones estratégicas de países que son completamente distintas, me gustaría contextualizar un poco el debate.

No estamos hablando de nada nuevo para nuestro país. Por el contrario, el impacto que tuvo en Chile la intervención política de la gran minería del salitre en manos de capitales británicos fue importantísima: actuaron a través del liberalismo, actuaron a través del conservadurismo y actuaron también a través del radicalismo, dando paso a la formación del Partido Democrático, tomando partido y financiando el golpe de Estado propinado cobarde y traidoramente por la Armada al gobierno de Chile en 1891.

Para qué voy a hablar de la gran minería del cobre y de su impacto, o de la gran minería del cobre y su financiamiento de campañas políticas; para qué voy a hablar del rol de los Estados Unidos de América en otro golpe de Estado, justamente al gobierno que había nacionalizado la gran minería del cobre.

En palabras de Salvador Allende , “los grupos minoritarios que gobernaron el país, las viejas oligarquías siempre estuvieron comprometidas con el capital foráneo y muchos de sus miembros defendieron los intereses extranjeros, postergando los sagrados intereses nacionales.”.

Hay un dato que es importante que todos manejemos: desde que la dictadura, que algunos de los presentes apoyaron y apoyan incondicionalmente, dictó el decreto ley 600, que fue modificado en el 2005, la gran minería del cobre no pagó un peso extra al Estado de Chile.

¡No dejaron nada! No produjeron desarrollo tecnológico ni industrialización; no contribuyeron a que hubiera un pueblo más culto ni un pueblo más libre. ¡No dejaron nada!

¿Por qué se produjo eso? Porque dentro de nuestro país hubo quienes le dieron la espalda a Chile. Algunos lo hicieron porque convirtieron al neoliberalismo en religión, que era un relato para defender intereses, y otros simplemente porque estaban financiados.

Como dijo el gran maestro Redolés : “¡A ustedes la CIA no los va a desclasificar nunca porque le trabajan gratis!”.

Hoy tenemos la oportunidad de dar un salto en cuanto a tener una mirada estratégica y de desarrollo a través del mineral que nos ha proporcionado nuestra tierra. No la perdamos, como la hemos perdido tantas veces en siglos distintos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, durante su gobierno, el Presidente Balmaceda nos señaló: “No debemos consentir que esta vasta y rica región sea convertida en una simple factoría extranjera”.

Este concepto que nos planteó Balmaceda en su tiempo fue ratificado luego por el Presidente Allende , logrando nacionalizar lo que se ha llamado el sueldo de Chile; lo que, lamentablemente, hoy implica grandes utilidades para empresas y factorías extranjeras, que han generado un tremendo negocio.

Hemos escuchado en diferentes intervenciones, en particular de la derecha, porque claramente el Congreso Nacional hoy se encuentra dividido entre aquellos que defienden a las empresas y aquellos que intentan defender al pueblo de Chile, expresiones como “se perjudica el negocio”, “vamos a asustar a los empresarios”, “no matemos la gallina de los huevos de oro”, las que tienen por finalidad más que todo defender a los privados dentro de un negocio sumamente rentable.

Hoy, claro, existe un impuesto, el cual se paga sobre las utilidades; pero ¿han dicho algo respecto de cómo van generando el sistema de gastos para disminuir las utilidades de estas empresas? ¿Alguien ha dicho algo respecto de las empresas relacionadas que inflan muchas veces los costos para generar menores utilidades y así pagar menos impuestos?

Quiero hacerme cargo de lo que ha dicho el ministro de Hacienda.

No es extraño que cuando hay iniciativas que tocan los bolsillos de los más poderosos, el gobierno y la derecha nos amenazan inmediatamente con recurrir al Tribunal Constitucional.

¿Por qué lo hacen? Porque saben que de acuerdo con la composición política actual del Tribunal Constitucional, este siempre va a tener el voto dirimente de su presidenta, exjefa de asesores del segundo piso del primer gobierno del Presidente Piñera. Por lo tanto, saben que tienen en esta especie de tercera cámara la posibilidad de generar el retraso o la detención de los proyectos que esta Cámara pueda presentar a partir de la constatación del grave momento económico que viven los chilenos.

En los pocos segundos que me quedan, solamente haré una reflexión.

El ministro dice: “Ustedes, como Cámara de Diputados, no pueden establecer un tributo”. A partir de aquello, la pregunta que surge inmediatamente es la siguiente: ¿Es el royalty realmente un impuesto? La planteo, porque tengo entendido que el royalty es un derecho, una regalía que pagan quienes usan los recursos naturales no renovables de nuestro país. Lo que queremos defender es que aquellas empresas que utilizan los recursos no renovables del país entreguen ese dinero a Chile, no que se lo embolsen mediante inventar un impuesto hacia sus utilidades.

¡Deben pagar lo que utilizan, lo que sacan de nuestro país, que es de todos los chilenos!

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia ) [vía telemática].-

Señor Presidente, quiero poner en valor el gran legado de nuestro Presidente Salvador Allende al nacionalizar el cobre en 1971.

También tuvo el acompañamiento de una derecha que es muy distinta a la de hoy, la que en esa época votó unánimemente para que se aprobara el gran proyecto que establecía la nacionalización de un recurso tan importante, el cual podríamos haber tenido hoy diversificado e industrializado.

Lamentablemente, con el término del gobierno del Presidente Allende también finaliza ese sueño de soberanía y de independencia económica. Pero hoy el Congreso Nacional está llamado nuevamente a poner el tema en discusión, el cual las y los candidatos presidenciales debieran incorporar en su agenda para ser discutido.

Ya no queremos más segregación y marginación de los pueblos indígenas y del pueblo chileno en el norte, lugar donde está la gran riqueza de la minería. Hoy no contamos con esos recursos para contribuir al desarrollo de las familias.

Así también debe ocurrir el día de mañana con la gran pesca industrial y las forestales, que han segregado, empobrecido y perseguido al pueblo mapuche de igual manera. Eso no puede continuar.

Los parlamentarios de derecha, que piensan en forma muy individualista, en el capitalismo y en este sistema neoliberal, se asombran un rato cuando sienten el grito de niños que hoy día son maltratados en los centros del Sename, pero luego, lamentablemente, se olvidan de que eso se debe a que tenemos una gran desigualdad.

Es importante que, de una vez por todas, vayamos abordando temas que son trascendentales para atacar esta desigualdad que hoy aqueja al país. Chile cambió a partir del 18 de octubre de 2019; sin embargo, esa actitud no se ve aquí, en el Parlamento.

Espero que todos aprobemos con mucha fuerza este gran proyecto, que le da un inicio al debate, pero que no es la solución definitiva al problema. Debemos avanzar hacia la renacionalización del cobre.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA (vía telemática).-

Señor Presidente, quiero sumarme a las palabras vertidas por mis colegas de bancada y de la oposición. Este momento es importante para nuestro querido Chile. Cuando discutimos proyectos de este tipo, vemos la verdadera realidad de nuestro país. Solo tenemos que hacer un poco de memoria: hace un par de meses un grupo de parlamentarios presentó un proyecto para permitir el retiro del 10 por ciento: gracias a que diez diputados de la derecha atravesaron la vereda pudimos alcanzar el alto quorum que requería lograr ese primer retiro.

Pero la gran mayoría de la derecha de Chile hizo una defensa irrestricta de las AFP, del sistema, del modelo que instauraron en los años 80. Gran parte de los parlamentarios oficialistas de mi región votaron en contra de la propia gente que los eligió, defendiendo a las AFP.

Hoy estamos discutiendo un proyecto sobre royalty minero, y está ocurriendo lo mismo que hace diez o quince años, cuando pensábamos que para salvaguardar nuestros recursos naturales era fundamental proteger a nuestros pueblos originarios, a nuestra pesca artesanal, cuando hablábamos de implementar un royalty a la salmoni cultura. ¿Recuerdan? En aquellos años no estaban muchos de los que hoy forman parte de este Parlamento. Cuando discutimos un royalty a los salmoneros, dijeron que eso era inconcebible, que atentaba contra la economía del país, que solamente el Ejecutivo podía presentar un proyecto de ese tipo. Así, con presiones de todo tipo, impidieron llevar a cabo transformaciones importantes que hubieran significado tener en nuestras regiones que viven de los salmones royalties que ayuden y contribuyan a que nuestra gente tenga una mejor calidad de vida.

Por eso, apoyo con mucha firmeza, tal como lo han dicho otros colegas, el que hoy reafirmemos la posibilidad de que, ante recursos no renovables -así lo manifestó el diputado Ilabaca -, seamos capaces de establecer gravámenes que vayan en la línea de contar con más recursos para apoyar a los chilenos y chilenas, porque hoy tenemos desigualdades que se han profundizado aún más con la pandemia.

La educación de los niños se ha visto deteriorada, porque hay desigualdades enormes entre los que tienen acceso a las nuevas tecnologías y quienes no; porque hay diferencias tremendas entre el Chile de arriba, de Las Condes, de Providencia, de Vitacura, y el del resto del país, y eso ha quedado más que de manifiesto en esta pandemia. Por ello, nadie, patrióticamente hablando, como dijo hace un rato el diputado Alinco , podría oponerse a establecer en Chile un royalty que genere más ingresos que vayan en beneficio de la gente: para más viviendas sociales, para buena educación, para mejorar la conectividad y que tengamos menos desigualdades.

Por eso, junto con mi bancada, voy a votar a favor este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve .

El señor MONSALVE.-

Señor Presidente, el estallido social del 18 de octubre de 2019 se basó en una profunda demanda por dignidad de los chilenos a lo largo de todo nuestro territorio nacional. Fue una demanda por seguridad social que se sintetizó en el concepto de dignidad.

La profunda crisis que ha detonado la pandemia ha desnudado a un país que carece de seguridad social, y los chilenos lo viven hoy día: los chilenos que han perdido el trabajo, los chilenos que no tienen trabajo formal, los chilenos que no pudieron seguir pagando el arriendo y que hoy día, con sus familias, están en un campamento. Esa falta de seguridad social la viven todos los días los chilenos; los adultos mayores que tienen una pensión que no les alcanza para vivir. Esa es la demanda de los chilenos.

No es posible garantizar a nuestros compatriotas seguridad social como la demandan sin que, paralelamente, haya que luchar contra la concentración del poder, la concentración económica y la concentración de la riqueza. Por lo tanto, el debate hoy respecto del royalty se refiere al estado de bienestar y la seguridad social, porque, si no, ¿cómo se financia la seguridad social?

Lo que está en el imaginario histórico de los chilenos es que el cobre era el sueldo de Chile. Bueno, ese sueldo se los quitaron a los chilenos; hoy ya no es el sueldo de Chile, sino que se queda en los bolsillos de las grandes empresas mineras, que tienen una renta económica completamente injustificada e irracional. Cualquier negocio se jactaría con una renta económica del 10 por ciento, y las mineras en Chile tienen una cercana al 30 por ciento, o sea, quedan en sus bolsillos 8.000 millones de dólares que les pertenecen a los chilenos. Y esa concentración económica es la que hay que terminar para garantizar dignidad y seguridad social a los chilenos.

Por eso, valoro que el Parlamento tenga el coraje de poner en debate el royalty. Y no solo se debe debatir el royalty a la minería, sino también el royalty al litio, a las forestales, a los recursos hidrobiológicos, que han sido sobreexplotados y depredados para la concentración de la riqueza en unos pocos.

La lucha por la seguridad social y por la dignidad es la lucha contra la concentración de poder, contra la concentración económica; por lo tanto, la lucha para recuperar el royalty es la lucha para recuperar el sueldo y la dignidad de Chile.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, para propender a una denominación igualitaria, en términos de género, de los bienes municipales o sujetos a su administración.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, para la discusión del proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado inscritos.

Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad , Ciudadanía y Regionalización es el señor Andrés Molina .

Antecedentes:

-Moción, sesión 1ª de la legislatura 367ª, en martes 12 de marzo de 2019. Documentos de la Cuenta N° 27.

-Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad , Ciudadanía y Regionalización, sesión 52ª de la legislatura 367ª, en jueves 11 de julio de 2019. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor MOLINA (vía telemática).-

Señor Presidente, honorable Cámara, la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad , Ciudadanía y Regionalización me ha encomendado informar sobre el proyecto de ley de la referencia, de origen en una moción de las diputadas señoras Jenny Álvarez , Karin Luck , Andrea Parra y Ximena Ossandón , y de los diputados señores Sebastián Álvarez , Luciano Cruz-Coke , Pablo Kast , Sebastián Keitel , Andrés Molina y Francisco Undurraga .

La idea matriz del proyecto es propender a un criterio de igualdad entre hombres y mujeres en materia de denominación de bienes nacionales de uso público cuya administración corresponda a las municipalidades.

El proyecto no tiene normas que requieran quorum especial para su aprobación.

La comisión aprobó por unanimidad la idea de legislar. Participaron en la votación las diputadas señoras Daniella Cicardini , Marcela Hernando , Karin Luck , Andrea Parra , Catalina Pérez y Joanna Pérez , y los diputados señores Bernardo Berger , Andrés Longton , Andrés Molina , Celso Morales , Raúl Saldívar , Renzo Trisotti y Pedro Velásquez .

Fundamentos de la moción

En Chile, como en muchos otros países, la mayoría de los lugares públicos que tienen la denominación de una persona natural llevan el nombre de un hombre. La asignación de nombres de personas a tales bienes tiene entre sus fines principales expresar un reconocimiento y valoración social hacia ellas, o bien conservar su memoria.

Aunque esta práctica responde a diversos factores culturales, políticos e históricos, evidencia un espacio público masculinizado, en el cual el reconocimiento social se otorga desigualmente. Con ello, se invisibiliza el aporte y la contribución social de las mujeres en nuestra sociedad, siendo necesario corregir dicha desigualdad.

La idea de justicia social que subyace a esta iniciativa implica, al menos, procurar una paridad participativa en las condiciones de acceso al goce de bienes públicos, de los que el reconocimiento forma parte, por el efecto que tiene en la dignidad y realización espiritual de la persona humana.

Los patrocinantes del proyecto agregan que el artículo 5 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, enuncia las atribuciones esenciales de los municipios, como ejecutar el plan de desarrollo comunal; elaborar, aprobar, modificar y ejecutar el presupuesto municipal, y administrar los bienes municipales y nacionales de uso público existentes en la comuna. Acerca de esta última atribución, contenida en la letra c) del referido artículo, la norma agrega que a los municipios les corresponderá asignar y cambiar la denominación de tales bienes.

Pese a que hay limitaciones de índole formal para denominar los bienes municipales y nacionales de uso público, no existen en cambio restricciones de índole material. Bajo tal perspectiva, la norma legal carece de criterios que cristalicen principios aceptados en nuestra sociedad, como lo es la igualdad entre hombres y mujeres.

Contenido de la moción

El proyecto de ley consta de un artículo permanente y uno transitorio.

El artículo único modifica la letra c) del artículo 5 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que, como se indicó, establece las atribuciones esenciales de los municipios, entre ellas, administrar los bienes municipales y nacionales de uso público existentes en la comuna.

En el ejercicio de la atribución en comento, a los municipios les corresponderá, previo informe del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, asignar y cambiar la denominación de los bienes antes mencionados. Asimismo, con el acuerdo de los dos tercios de los concejales en ejercicio, podrán hacer uso de esta atribución respecto de poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales, en el territorio bajo su administración.

La reforma a esta norma consiste en intercalar un párrafo tercero en la letra c), según el cual los municipios propenderán a que la denominación que se le asigne a tales bienes, y siempre que estos correspondan a nombres de una persona natural, se efectúe equitativamente entre hombres y mujeres.

Por su parte, el artículo transitorio dice que esta ley en proyecto empezará a regir en un plazo de tres meses, contados desde su publicación en el Diario Oficial.

La Comisión de Gobierno Interior aprobó en los mismos términos el texto original del proyecto, sin perjuicio de incorporarle algunas adecuaciones de carácter formal.

Conforme a lo expuesto, la Comisión de Gobierno Interior recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley al cual me he referido.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea) [vía telemática].-

Señor Presidente, lo invito a usted y a mis estimados colegas a hacer un ejercicio muy simple. Abran Google Maps en sus teléfonos y escriban César Copetta . Ahí les van a aparecer dos calles en la comuna de Pudahuel. Una de ellas se encuentra en los estacionamientos del aeropuerto -la principal puerta de entrada a Chile y con justa razón, porque César Copetta fue el primer aviador en nuestro país.

Ahora, busquen Graciela Cooper , y verán que no hay ninguna calle con ese nombre, pese a haber sido la primera mujer aviadora.

Ese es solo un ejemplo entre cientos que podríamos encontrar, porque las mujeres, pese a ser más de la mitad de la población de Chile, estamos casi por completo invisibilizadas en la historia.

Eso no ocurre solo en Chile: es una invisibilización extendida por todo el mundo. Por ejemplo, en la provincia española de Málaga, por una instancia de la profesora Rosa Liarte , nació la iniciativa Merezco una Calle, a través de la cual estudiantes de distintos municipios contabilizaban calles con nombres de hombres y de mujeres. La proporción era 80 por ciento de calles con nombres de hombres versus 20 por ciento de calles con nombres de mujeres.

En Santiago, solo el 8 por ciento de las calles tienen nombres de mujeres y, en general, se asocian a santas o a congregaciones, como si el ámbito religioso fuera el único donde hemos destacado. ¡No, señores! Adriana Olguín , primera ministra latinoamericana; Adelina Gutiérrez , primera doctora en astrofísica; Delfina Fonseca , primera bombera chilena; Rayén Quitral , gran soprano de origen mapuche; Juana Díaz , médica gestora de la llegada de los anticonceptivos. Podríamos seguir todo el día nombrando mujeres destacadas, pero no hay calles con esos nombres.

Para algunos este podrá ser un tema baladí, pero este micromachismo reproduce realidades y discriminaciones, varias de las cuales están muy bien descritas en el libro La mujer invisible, de Caroline Criado. En ese texto se menciona el experimento Dibuja un científico. Los niños y niñas participantes dibujan casi siempre hombres. Recién, hace poco, la cifra de mujeres dibujadas ha comenzado a aumentar, pero aún estamos lejos de alcanzar un equilibrio.

Vamos a escribir la primera Constitución política igualitaria del mundo. Sin duda, ese es el cambio más importante en este ámbito, consecuencia de las movilizaciones y del empuje imparable del feminismo. Sin embargo, en forma paralela, debemos ir superando la mirada machista tan […] en nuestra sociedad, incluso en cuestiones así de cotidianas, como el nombre de una calle o de una plaza.

Este proyecto establece un criterio de igualdad entre hombres y mujeres en la denominación de los bienes nacionales de uso público administrados por los municipios. El fin último es que en poco tiempo más las niñas chilenas salgan de sus casas y sepan que pueden llegar a ser pilotas, como Graciela Cooper ; científicas, ingenieras, heroínas, presidentas, escritoras y cualquier cosa que se propongan, porque no hay límite cuando borramos las discriminaciones y escribimos una historia donde todas…

-Los puntos suspensivos entre corchetes corresponden a una interrupción en la transmisión telemática.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, este es un mundo hecho por hombres y para hombres. Durante miles de años las mujeres hemos sido relegadas al ámbito de lo privado, al trabajo no remunerado, al hogar, a la familia. Mientras tanto, los hombres han desplegado sus proyectos en todo lo ancho del mundo; han caminado y seguirán caminando por las calles sin miedo; no han tenido ni van a tener que cargar con un embarazo; han estudiado las carreras que han querido; han tenido los trabajos y los puestos que les han interesado; se han dedicado a la política; han sido presidentes de la República, diputados, senadores. Mientras tanto, el mundo hace parecer como si nosotras no existiéramos.

¿Saben ustedes que los textos escolares ocupan como referencia menos de un tercio de libros escritos por mujeres? ¿Saben cómo aparecemos las mujeres en libros de historia o de lenguaje? En roles secundarios, dedicados al cuidado, a la cocina, a la casa. ¿Sabrán cuántas nos dedicamos al trabajo científico, cuántas somos académicas o cuántas podemos dedicarnos al trabajo remunerado?

A propósito de lo que estamos discutiendo, ¿saben cuántos nombres de calles corresponden a mujeres? Solo el 8 por ciento, versus el 54 por ciento que lleva nombres de hombres. Para dejar más claro el punto, les voy a dar otro dato: las capitales de las regiones de Chile, a la fecha, tienen 356 monumentos erigidos a hombres y solo 29 monumentos a mujeres, y como bien decía mi colega Parra , la mayoría son monjas o santas.

Señor Presidente, estos datos no son un reflejo de la realidad, sino el reflejo de una cultura patriarcal a la que le acomodó invisibilizar a artistas, científicas, académicas y políticas que sí cambiaron Chile. ¡Y cómo no les iba a acomodar si esta cultura nos prefiere relegadas al trabajo doméstico, lavando platos, planchando camisas y lavando la ropa para que los hombres tengan el mundo completo a sus anchas!

Nosotras, las feministas, como hoy y como muchas otras veces, vamos a seguir recuperando nuestra historia. Este proyecto de ley apunta a que cuando una niña abra un libro, también crea que puede ser escritora; a que cuando camine por la calle, sepa que otras estuvieron transformando el mundo para ella; a que cuando aprenda de historia o de ciencia, sepa que también puede ser presidenta o científica, y que quizá, en poco tiempo más, cuando mire ese pedestal de la plaza de la dignidad, que hoy está vacío y que ridículamente custodian cientos de carabineros, piense que también puede ser escritora, porque ahí puede estar Gabriela Mistral recordándole que puede hacer lo que quiera.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Molina .

El señor MOLINA (vía telemática).-

Señor Presidente, creo que este proyecto hace justicia. Tenemos una práctica que no solo tiene que ver con […] las mujeres que, muchas de ellas, han marcado la historia de nuestro país y que […] nuestros comités y […] un proyecto de mi autoría, que tiene que ver con la prohibición de aquellas autoridades, en este caso, los propios alcaldes que, muchas veces, por iniciativa de ellos o de los concejales, les ponen nombres a las calles o a los barrios, de autoridades en ejercicio. Creo que eso debe terminar. No puede ser posible que tengamos hoy poblaciones con nombres de alcaldes en ejercicio, senadores en ejercicio, diputados en ejercicio. Eso no puede ser, y es una de las cosas que debemos cambiar.

Muchas veces, en este caso, sacar adelante un proyecto como este, donde muchas mujeres […] en silencio, […] dirigentes vecinales, cuántas de ellas están detrás de los propios comités, de los trabajos de los barrios. Podría nombrar a María Elena Soldado , Ernestina González , Loreto Concha , en Trovolhue; Inés Huenchún , en Cholchol. Son personas que han trabajado y que merecen, probablemente, ser nombradas en calles.

Quiero felicitar a toda nuestra bancada por sumarse a este proyecto. Somos una bancada de hombres que queremos dar una señal en el Congreso Nacional para que esto cambie. Queremos propender a que ello ocurra. No buscamos equilibrios perfectos, pero tenemos que entender que aquí hay muchas mujeres que son desconocidas y que no hemos honrado su historia […] profesionales, abogadas, la primera filósofa. Tenemos, la verdad…

-Los puntos suspensivos entre corchetes corresponden a una interrupción en la transmisión telemática.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Cristóbal Urruticoechea .

El señor URRUTICOECHEA.-

Señor Presidente, estoy absolutamente de acuerdo con que las mujeres requieren respeto y derechos que a veces no se les otorgan y que, a través de los años, de una u otra manera, ellas han logrado establecer en este mundo que las ha privado de algunas cosas.

Pero no estoy de acuerdo con que esto se transforme en una lucha de sexos, entre hombres y mujeres, y que hablen en su nombre aquellas que, bajo la bandera de la igualdad, describen una sociedad caracterizada por la violencia, la opresión y la dominación de los hombres respecto de las mujeres.

La verdadera igualdad se consigue educando el respeto entre hombres y mujeres, y no adoctrinando en la desigualdad.

Digo esto a propósito de la intervención de la diputada Maite Orsini , una de las grandes líderes del movimiento feminista dentro de este Parlamento, quien, según lo que publica la página de la Cámara de Diputados, tiene en su equipo de trabajo a cinco hombres y dos mujeres, es decir, más del 80 por ciento son hombres.

Entonces, si hablamos de igualdad, llevémosla a la práctica.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En tercer lugar, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, para fomentar las compras públicas sustentables.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado inscrito.

Diputado informante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el señor Amaro Labra .

Antecedentes:

-Moción, sesión 90ª de la legislatura 366ª, en martes 23 de octubre de 2018. Documentos de la Cuenta N° 22.

-Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sesión 94ª de la legislatura 367ª, en miércoles 23 de octubre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 2.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor LABRA (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sobre el proyecto que modifica la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, para fomentar las compras públicas sustentables, iniciado en moción de los siguientes diputados y diputadas: Boris Barrera Moreno , Renato Garín González , Cristina Girardi Lavín , Félix González Gatica , Diego Ibáñez Cotroneo , Giorgio Jackson Drago , Daniel Núñez Arancibia , Catalina Pérez Salinas , Camila Vallejo Dowling y quien habla, Amaro Labra Sepúlveda .

La idea matriz o fundamental del proyecto es incorporar en la normativa legal vigente la idea de priorizar en las licitaciones, adjudicaciones y compras públicas la existencia de criterios y mecanismos que vayan conforme a la responsabilidad y sustentabilidad ambiental.

Para lograr ese objetivo, esta iniciativa legal propone introducir modificaciones a la ley N° 19.886, sobre contratos de suministro y prestación de servicios. Consta de un artículo único permanente.

La iniciativa legal da cuenta de que, desde 2012, el país tiene una política de compras públicas socialmente responsable que busca impulsar que las adquisiciones por parte del Estado promocionen la sustentabilidad en sus tres ámbitos: social, económico y ambiental.

Dicha política tiene por objetivo general contribuir al desarrollo de una economía socialmente responsable, a través de los siguientes objetivos específicos:

a) Mejorar la calidad del diseño de los procesos licitatorios, de manera que incorporen una visión más amplia sobre los productos y servicios que adquiere el Estado.

b) Impactar en los proveedores del Estado para inducirlos hacia los conceptos de responsabilidad social.

c) Introducir conceptos de responsabilidad social y mecanismos que permitan a los compradores realizar compras responsables y sostenibles.

A su vez, en 2014, el Ministerio del Medio Ambiente desarrolló un manual con el fin de entregar herramientas claras para los diferentes organismos del Estado, para incorporar no solo el criterio de responsabilidad social, sino el de sustentabilidad en las compras gubernamentales.

Este proyecto busca incorporar esos criterios en la normativa vigente, mediante la modificación de la ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, priorizando a oferentes con políticas internas orientadas a la producción limpia de sus actividades comerciales, así como también la utilización de procesos, materiales e insumos que tengan un menor impacto ambiental en las actividades productivas.

Para orientar el cumplimiento del objetivo señalado, se describen las siguientes políticas a considerar: convenio de reciclaje (papel, latas y/o vidrio), convenio de reciclaje de desechos tecnológicos (computadores, impresoras, baterías, tóner y/o cartuchos de tinta), convenios de disposición y/o reciclaje de desechos usados en sus procesos productivos (en empresas de servicios, manufactura o industria) y procedimiento para el ahorro y/o la eficiencia energética.

Las compras públicas sustentables tienen por objeto hacer relevante, entre los criterios de adquisición del Estado, los posibles impactos que puedan generar bienes y servicios al medio ambiente o a la salud de las personas durante su ciclo de vida. Así, al momento en que se realicen las compras se consideren aspectos económicos (precio, calidad, entre otros), pero también las externalidades negativas que puedan ocasionar a partir de su proceso de fabricación, uso, distribución, entre otros, y de las condiciones sobre las cuales estos procesos se desarrollan (condiciones laborales, equidad social, entre otras).

De acuerdo con lo señalado por el Ministerio del Medio Ambiente en 2014, las compras públicas sustentables se definen como “el proceso mediante el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades públicas de tal forma que alcanzan un alto rendimiento basado en un análisis de todo el ciclo de vida, que se traduce en beneficios no sólo para la organización, sino también para la sociedad y la economía, al tiempo que reduce al mínimo los daños al medio ambiente”.

En el caso de nuestro país, la existencia de una plataforma única para la gestión de compras públicas ha permitido concentrar las adquisiciones y unificar los principios sobre los cuales se transan bienes y servicios para las instituciones en el Estado. En promedio, en los últimos cinco años, Chile ha gastado el 3,7 por ciento de su PIB en compras públicas, existiendo un aumento progresivo cuando se observa desagregadamente. Sin embargo, la normativa vigente no específica la sustentabilidad entre sus principios rectores, manteniéndose solo en instrucciones internas en las instituciones estatales. Por eso, es fundamental fortalecer la regulación de este tipo de iniciativas, sobre todo observando los montos transados en mercado público.

Se sabe que este tipo de regulación se ha impulsado en otros países, obteniendo excelentes resultados en cuanto a la eficiencia y eficacia en el uso de recursos. La Comisión Europea llevó a cabo un estudio en 2009, donde se evaluó a siete países europeos, y se determinó que cinco de ellos mostraron ahorros en costos al comprar productos o servicios de manera sustentable.

En 2015, Chile suscribió la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, dentro de la cual está considerada la producción y el consumo responsables, y en específico la promoción de prácticas de contratación públicas sostenibles.

Posteriormente, en el marco del Acuerdo de París (COP21), Chile se comprometió a una reducción del 30 por ciento en la intensidad de sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. Por lo tanto, legislar en compras públicas sustentables significa para los sectores público y privado un avance en el cumplimiento de las metas comprometidas.

Dentro de los beneficios asociados a las compras públicas sustentables por parte del Estado, se señala que se puede moldear el mercado hacia una producción más sustentable, impulsar la generación de economías de escalas que permitan adquirir bienes y servicios con mejor desempeño ambiental, menor precio y más duraderos; estimular la competencia entre empresas proveedoras del Estado, pues se les impulsa a incorporar la sustentabilidad en sus procesos de producción; promover la incorporación de tecnologías más sustentables, y expandir el mercado hacia soluciones innovadoras, potenciando la investigación científica y la innovación.

El texto de esta iniciativa legal consta de un artículo único permanente.

Durante la discusión general del proyecto participaron el consultor en materia de comercio justo y economía del bien común, señor Gerardo Wijnant San Martín ; la representante de la Fundación Reciclo Valparaíso, quien es consultora en energía renovable acuática, hidrocinética y evaluadora en el premio a la innovación del Ministerio de Energía, señora Isa Walker ; el fiscal de ChileCompra, señor Ricardo Miranda , y el asesor del Ministerio del Medio Ambiente señor Pedro Pablo Rossi .

Algunos integrantes de la comisión manifestaron que, a pesar de ser un proyecto bien inspirado -lo que agradezco profundamente-, su objetivo ya encontraba regulación en la legislación vigente, por lo que podría, de prosperar, afectar innecesariamente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo anterior, sin perjuicio de que deberían ser aumentados los incentivos y espacios para que las empresas cada vez sean más sustentables con el medio ambiente.

Por su parte, otros integrantes de la comisión, que fueron mayoría, señalaron que era frecuente el argumento de que ante cualquier tipo de regulación se afectaba la situación de las empresas, cuando lo que persigue este tipo de regulaciones es, ante todo, el beneficio de la comunidad, en el entendido de que el mercado no se regula solo y de que si la regulación es del ámbito legal, es mejor para todos. Además, a pesar de la premisa, cabe ahondar en si efectivamente este tipo de regulación afecta al 53 por ciento de las empresas que participan en ChileCompra. En tal sentido, cabría analizar la posibilidad de distinguir segmentos de participación entre los distintos oferentes, haciendo posible a las mipymes competir en segmentos donde se excluya a las grandes empresas, pues, de participar estas, las mipymes nunca obtendrían acceso al mercado.

Votación general del proyecto

La comisión, compartiendo mayoritariamente los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en la moción, y luego de recibir las explicaciones de los representantes de las instituciones que intervinieron y que están relacionadas con el tema, que permitieron a sus miembros formarse una idea sobre las implicancias y la incidencia real que tienen las modificaciones propuestas en el proyecto de ley, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por mayoría absoluta de los diputados presentes (8 votos a favor y 2 en contra).

Votaron a favor los diputados Sebastián Álvarez , José Miguel Castro , Ricardo Celis (en reemplazo de la diputada Cristina Girardi) , Félix González (Presidente), Diego Ibáñez , Amaro Labra , Celso Morales y la diputada Catalina Pérez .

Votaron en contra la diputada María José Hoffmann y el diputado Sebastián Torrealba . Por las razones expuestas, solicito a los diputados y diputadas aprobar este proyecto de ley. Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, la exposición fue bastante clara. Queremos insistir en que este proyecto se apruebe, ya que queremos instalar el sentido de lo sustentable en las compras públicas. La discusión en la comisión fue bastante potente, y se logró que la mayoría de sus integrantes entendiera las razones planteadas. Es necesario -aunque el proyecto podría ser mucho mejor instalar legalmente la idea de lo sustentable en las compras públicas.

Como señala el informe, solo existen regulaciones reglamentarias u opciones que constituyen más bien indicaciones sobre cómo resolver este tema, pero no existe una norma legal, que es lo que queremos instalar con nuestra iniciativa.

Insisto en que, a pesar de que el proyecto no es del interés de todos los señores diputados y señoras diputadas en este momento, porque hay otras prioridades mucho más fuertes como el royalty o el Sename o las campañas que está haciendo cada uno de los diputados y diputadas en sus distritos, lo que respeto profundamente, es necesario que pongamos el acento en este tipo de proyectos que parecieran no ser tan importantes. Es del criterio de la Comisión de Medio Ambiente, en la que tratamos proyectos todos los días -me alegro mucho y agradezco a los diputados que firmaron conmigo esta moción en la que trabajamos con mucho amor para traerla a la Sala-, que se requiere aprobar urgentemente este tipo de iniciativas.

Por lo tanto, agradezco la atención que se tuvo en este momento y agradezco la posibilidad de hablar en la Sala. Seguiremos trabajando por que este pueblo, que crece, siga teniendo leyes potentes como las que aquí se tratan y se aprueban.

Que sea lo que la razón y la inteligencia quieran con este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.019, que Regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, en materia de fiscalización de las federaciones y asociaciones que agrupan organizaciones deportivas profesionales.

Para la discusión de este proyecto se destinarán tres minutos a cada diputada y diputado inscritos.

Diputado informante de la Comisión de Deportes y Recreación es el señor Jaime Mulet .

Antecedentes:

-Moción, sesión 124ª de la legislatura 366ª, en jueves 10 de enero de 2019. Documentos de la Cuenta N° 10.

-Informe de la Comisión de Deportes y Recreación, sesión 83ª de la legislatura 367ª, en martes 8 de octubre de 2019. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor MULET (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Deportes y Recreación, paso a informar sobre el proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados señores Jaime Mulet , Florcita Alarcón , Marcos Ilabaca , Pablo Prieto , Esteban Velásquez y de las diputadas señoras Érika Olivera , Marisela Santibáñez y Alejandra Sepúlveda , que modifica la ley N° 20.019, que Regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, en materia de fiscalización de las federaciones y asociaciones que agrupan organizaciones deportivas profesionales, en primer trámite constitucional y reglamentario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 del Reglamento.

La idea matriz del proyecto es aumentar los controles sobre las actividades económicas de las asociaciones que conforman las federaciones deportivas nacionales, extendiendo sobre ellas las facultades fiscalizadoras que posee la Comisión para el Mercado Financiero.

Antecedentes

Los autores del proyecto manifiestan que la ley N° 20.019, dictada en 2005, tuvo por objeto otorgar una nueva estructura jurídica a las corporaciones deportivas, que en aquellos años se encontraban en plena crisis producto de la situación de quiebra efectiva o inminente de algunos de los más importantes clubes de fútbol chilenos.

De esta manera, se establece un doble régimen de fiscalización para las organizaciones deportivas profesionales, ya que para efectos de la fiscalización y supervigilancia de los presupuestos, estados financieros, balances y estados de cuentas de las organizaciones deportivas profesionales se entrega esta competencia a la Comisión para el Mercado Financiero, mientras que para efectos estatutarios la fiscalización le corresponde al Instituto Nacional de Deportes (IND).

Sin embargo, la Comisión Especial Investigadora encargada de conocer y fiscalizar los actos del gobierno realizados por los órganos públicos del Estado respecto del caso de fraude en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en la época en que tuvo la calidad de presidente de la institución privada don Sergio Jadue , que buscó, entre otros objetivos, determinar qué organismos públicos tenían competencias para fiscalizar a dicha entidad -la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y a las organizaciones deportivas que la integran, y cuáles fueron las medidas adoptadas durante el período, constató en su investigación que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que agrupa y administra las organizaciones deportivas profesionales que desarrollan y explotan el fútbol profesional en Chile, solo se encuentra sujeta a la fiscalización del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 557 del Código Civil, por cuanto la ley N° 20.019 únicamente estableció un régimen acotado para las mismas, pues si bien se señaló en el artículo 3° la posibilidad de constituir asociaciones que agrupen a organizaciones deportivas profesionales, con el único objeto de organizar, producir y comercializar espectáculos profesionales, nada se reguló respecto de tales instituciones, razón por la que no existe en dicha normativa un sistema de control externo. Así, la referida comisión especial investigadora concluyó que era recomendable aumentar los controles.

En esa línea se presentó el proyecto en informe, habiéndose constatado que la fiscalización y el control a que está sujeta la Asociación Nacional de Fútbol Profesional no se condice con la explotación de una actividad lucrativa tan relevante como el fútbol profesional, dado que maneja una enorme cantidad de recursos, provocándose un ambiente propicio para abusar de las organizaciones deportivas de menor envergadura que la integran, y debido al control del poder que detentan los directivos de la institución al no vigilarse determinadas prácticas que pueden desvirtuar el ejercicio de esta actividad dirigencial.

En cuanto a los hitos de la tramitación, destaca el ingreso del proyecto el 9 de enero del 2019, dándose cuenta el 10 del mismo mes y año.

Una vez puesto el proyecto en tramitación en la comisión, se destinaron seis sesiones para su debate y estudio, escuchándose la experiencia y opinión técnica de diversos invitados y autoridades, entre ellos, el abogado señor Fernando Monsalve , representante del Movimiento Colo Colo de todos; el señor Jaime Bassa , abogado y profesor de Derecho Constitucional; el señor Miguel Ángel Valdés , oficial de cumplimiento de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional; el señor Justo Álvarez Gil , presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur; la señora Rosario Celedón , comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero, y, en representación del Ejecutivo, el asesor legislativo del Ministerio del Deporte, señor Matías Rivadeneira .

Finalmente, en la sesión celebrada el 10 de septiembre del 2019, la iniciativa fue sometida a votación y se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes.

En cuanto a sus contenidos, la moción en proyecto cuenta con un artículo único que modifica la ley N° 20.019, a fin de extender la competencia fiscalizadora de la Comisión para el Mercado Financiero a las asociaciones o ligas que organizan espectáculos deportivos profesionales, e introducir enmiendas en cinco de sus artículos: los números 3, 10, 12, 15 y 37.

En el artículo 3 se realiza la principal modificación, la cual pone bajo la competencia de la Comisión para el Mercado Financiero a estas asociaciones. En los demás artículos se realizan adecuaciones en la misma ley con el objeto de hacer compatibles sus normas con la del artículo 3.

En atención a lo expresado, la Comisión de Deportes y Recreación recomienda a la Sala de la honorable Cámara de Diputados aprobar el texto del proyecto de ley propuesto en el informe.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, en nuestro país el deporte está viviendo un proceso de profesionalización que era impensable hace por lo menos veinte años.

Principalmente de la mano del fútbol y de la creación de las asociaciones anónimas deportivas, el deporte se ha consolidado como una actividad con estándares profesionales, como una industria propiamente tal en la que ya no solo son trabajadores los jugadores y el equipo técnico de los clubes, sino que existen miles de otros trabajos que se relacionan con dicha a actividad de manera permanente.

Los clubes deportivos, ahora administrados y desarrollados por sociedades anónimas deportivas, funcionan como una empresa con perspectivas económicas de inversión y finanzas, y esperan, por cierto, maximizar lo más posible sus inversiones.

Si bien actualmente la ANFP, como corporación de derecho privado sin fines de lucro, se encuentra sujeta a la fiscalización del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la cantidad de operaciones y recursos, además de la naturaleza de la actividad exigen la creación de un organismo público, con mayores competencias y capacidades especializadas, que la fiscalice.

En ese sentido, lo más conveniente, tal como se expuso durante la tramitación del proyecto en la Comisión de Deportes y Recreación, es entregar competencia a la Comisión para el Mercado Financiero, con la finalidad de que exista una fiscalización integral en asuntos comerciales, presupuestarios y, especialmente, contables.

Creemos que la moción en proyecto, más que limitar la actividad de las sociedades anónimas deportivas, la refuerza y apoya.

Cualquier tipo de organización de gran importancia social y económica, como actualmente es el fútbol, requiere de una debida fiscalización para su buen funcionamiento. En ese sentido, cabe señalar que una buena fiscalización es el mejor promotor para su futuro crecimiento. Ella es, además, una forma de dar seguridad no solo a las personas que invierten en dicha actividad, sino también a todos quienes trabajan en ella, especialmente a miles de deportista que, en algunos casos, han visto duramente afectada su fuente de trabajo, simplemente, por un mal manejo financiero y administrativo de los dirigentes.

De cierta forma, está iniciativa viene a reforzar una idea que ha tenido la Comisión de Deportes y Recreación durante los últimos cuatro años, en el sentido de profesionalizar el deporte, regular situaciones de hecho totalmente inciertas e ilegales que aún se presentan, y, sobre todo, dar la dignidad que merecen miles de chilenos y chilenas que se dedican, día a día, profesionalmente al deporte, como atletas, nadadores, gimnastas o futbolistas.

Una actividad que mueve tal cantidad de recursos y que contrata a tantas personas debe ser regulada y fiscalizada de la mejor manera posible, y este proyecto va precisamente en esa dirección.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la disposición transitoria de la ley N° 21.213, que modifica los cuerpos legales que indica para delimitar la infracción que consiste en circular un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas, para extender su vigencia.

Antecedentes:

-El informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones se rindió en la sesión 5ª de la presente legislatura, en martes 23 de marzo de 2021.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios.

Antecedentes:

-El informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se rindió en la sesión 5ª de la presente legislatura, en martes 23 de marzo de 2021.