Labor Parlamentaria

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios Nacional viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en moción de las diputadas Camila Vallejo, Natalia Castillo, Carmen Hertz, Pamela Jiles, Carolina Marzán, Emilia Nuyado, Marisela Santibáñez y de los diputados Gabriel Boric, Tucapel Jiménez y Matías Walker.

Durante el análisis de esta iniciativa la Comisión contó con la colaboración del abogado y Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, señor Carlos Margotta; de la Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogas y Psicólogos, señora Francisca Pesse; de la Subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren; Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, señor Máximo Pavez; señora Valeria Pérez (hermana de Oscar Pérez, víctima de violencia policial); Abogado de Derechos Humanos, señor Francisco Ugas; Representante de la Organización de Víctimas de Tarapacá, señor Juan Francisco Alarcón; Presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, doctor Enrique Morales.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

1.- Idea matriz o fundamental del proyecto.

El proyecto de ley propone una regulación especial para todos aquellos que fueron víctimas de lesiones y mutilaciones, así como de la muerte de familiares, en contexto de movilizaciones sociales en el denominado “estallido social”, con la finalidad de lograr que las victimas accedan a un procedimiento judicial rápido y expedito. Asimismo, disminuye el estándar probatorio para que las víctimas pueden acceder a una justicia reparatoria, tomando como base que el Estado ha incurrido en falta de servicio al no proteger los derechos a la vida y a la integridad física y síquica de los manifestantes o de aquellas personas que se encontraban presentes en lugares en que se desarrollaban manifestaciones sociales, debiendo sólo acreditar la existencia y cuantía del daño y el hecho de haber sido ocasionado bajo las circunstancias antes señaladas.

2.- Normas de carácter orgánico constitucional.

La Comisión estima que el inciso primero del artículo 4 del texto aprobado es de naturaleza orgánica constitucional por incidir en materias propias de la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia en conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política.

En efecto, esta norma altera la regla especial de competencia en los juicios de hacienda, los que en este caso no serán conocidos por el juez asiento de corte respectivo, sino por el juez civil que determine la víctima –a su elección- pudiendo recaer en el juez de su domicilio o en aquel que corresponda al lugar en que ocurrieron los hechos en que se funda la demanda.

3.- Normas de quorum calificado.

No hay normas en tal sentido.

4.- Trámite de hacienda.

De conformidad a lo establecido en el Nº 4 artículo 302 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia que no existen disposiciones que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

5.- Comunicación a la Corte Suprema.

Al proyecto inicial se le han incorporado enmiendas que deben ser comunicadas a la Corte Suprema.

En tal sentido, la Comisión a través de oficio N° 300-21, de 23 de abril de 2021, consultó la opinión de la Corte Suprema acerca del texto aprobado del proyecto de ley en informe, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional. La respuesta del Máximo Tribunal mencionado fue recibida con fecha 11 de mayo de 2021, por medio del oficio N° 79-2021, el que se dio cuenta a esta Corporación con fecha 18 de mayo de 2021.

6.- Votación en general del proyecto.

En sesión 139ª, de 10 de marzo de 2021, se aprobó en general por mayoría de los diputados presentes. (6 votos a favor y 2 en contra).

Votaron, por la afirmativa las diputadas Carmen Hertz y Emilia Nuyado, y los diputados Miguel Crispi, Tucapel Jiménez, Raúl Saldívar, y Mario Venegas.

Votaron en contra los diputados Nino Baltolu y Cristóbal Urruticoechea. Respecto de estos últimos, se deja constancia que no emitieron opinión ni fundamentación al emitir su voto.

7.- Diputado informante.

Se designó como diputado informante al señor Boris Barrera.

I.- ANTECEDENTES GENERALES

1.- Fundamentos de la moción

Recuerda la moción que los eventos acaecidos en nuestro país a contar del 18 de octubre de 2019 dejaron al descubierto un sistema político y judicial que, a pesar de haber transcurrido 30 años desde la vuelta a la democracia, sigue funcionando bajo las mismas lógicas instauradas en la dictadura militar bajo la cual estuvo sometido nuestro país (1973-1990). En efecto, sin perjuicio que en nuestra Constitución Política de la República -instaurada en el régimen militar- garantiza a todas las personas, entre otros, el derecho a la vida y la integridad física y síquica de la persona, a la libertad de expresión, y el derecho a reunirse sin permiso previo, el saldo de personas lesionadas, con traumas oculares y de fallecidos en contextos de protesta social, a contar del 18 de octubre de 2019, son prueba irrefutable que los derechos garantizados por nuestra Carta Fundamental sólo fueron una declaración de principios para las miles de personas que vieron vulnerados sus derechos.

Tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, como un gran número de organizaciones sociales de derechos humanos cuentan con un extenso registro de testimonios y casos de personas víctimas de vulneraciones a dichos derechos, tales como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Piquete Jurídico de la Universidad de Chile, Corporación Humanas, Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU y Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, entre otras. De acuerdo cifras del Colegio Médico, al 6 de noviembre de 2019, se habían contabilizado 180 pacientes con secuelas oculares graves [1], producto de las manifestaciones dentro de los 19 días desde el inicio del estallido social, mientras que el conflicto palestino-israelí tiene un registro de 154 en seis años. A un mes del comienzo de las protestas, al menos 11.054 personas habían requerido atención de urgencia o habían sido hospitalizadas por lesiones acontecidas durante las protestas [2], y el INDH contabilizaba más de 220 personas con trauma ocular [3].

Finalmente, un estudio recientemente publicado en una prestigiosa revista científica internacional por un grupo de médicos de la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador, da a conocer la ocurrencia de 259 casos de trauma ocular grave que fueron atendidos entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre del 2019, destacando que en la revisión de la literatura internacional no existe ningún otro país que registre cifras de esta magnitud de daños oculares provocadas por armas menos letales [4].

2.- Antecedentes específicos

Hacen presente sus autores que al 19 de marzo de 2020, el INDH contabilizaba un total de 3.838 personas heridas; y 460 lesiones oculares [5]. La situación de indefensión en que se encuentran los ciudadanos de nuestro país que deciden salir al espacio público y manifestarse queda aún más al descubierto si se analizan situaciones como la del menor de 16 años que, con fecha 2 de octubre de 2020, fue arrojado desde el puente Pio Nono por parte de un Carabinero, sin que dicha institución le prestara el auxilio que requería, procediendo a falsificar instrumentos públicos para crear una situación ficticia que perjudicara al adolescente. Las situaciones de violencia desproporcionada por parte de Carabineros volvieron a presentarse en el primer aniversario del estallido social.

Entre octubre de 2019 y marzo de 2020, 34 personas han sido reportadas oficialmente como fallecidas producto de las manifestaciones, acotaron.

Añadieron que las personas que han sido afectadas en su vida, su salud, y su integridad física y síquica, además de necesitar verdad, justicia y reparación por parte del Estado, determinación de responsabilidades penales y políticas, requieren con urgencia de los fondos necesarios para poder costear los tratamientos médicos, psicológicos y de rehabilitación que necesitan para reparar el daño ocasionado y poder reinsertarse prontamente en su vida laboral y familiar.

Si bien también existen uniformados heridos (Carabineros, Militares y la Policía de Investigaciones), estas personas tienen acceso a un sistema de salud y previsional que les permite acceder a todas las medidas posibles para una pronta y efectiva recuperación y, adicionalmente, al haber sido herido en el ejercicio de sus funciones, pueden conservar su empleo mientras atienden sus heridas y lesiones. En otras palabras, dado el riesgo asociado a los trabajos que realizan las instituciones antes mencionadas, el Estado se ha preocupado de darles las medidas necesarias para hacer frente a los hechos que les dañen.

Hacen notar que los hechos acaecidos desde octubre de 2019 dejan en evidencia que el Estado no ha sabido garantizar los derechos a la vida y la integridad física de las personas, ni ha sabido garantizar a la ciudadanía su derecho a movilizarse en el espacio público. Lo aquí sostenido es sin perjuicio de las responsabilidades políticas, administrativas y penales que pudieran determinarse en cada una de las acciones que puedan iniciar las víctimas. Siendo un hecho indiscutido que el Estado falló en garantizar el derecho a la movilización segura, incurriendo en la hipótesis de “falta de servicio”, se hace necesario establecer un procedimiento judicial que tienda a compensar económicamente a las víctimas; sean éstas las familias de las personas fallecidas o las propias personas que sufrieron lesiones bajo el contexto del estallido social.

Recuerdan la noche del 14 de febrero de 2012, en el contexto de la movilización social denominada “Aysén, tu problema es mi problema”, don Guillermo Osvaldo Piucol Uribe intentó atravesar el puente Presidente Ibáñez, de la comuna de Puerto Aysén, rumbo a su hogar. En aquel lugar, se encontró con un enfrentamiento entre manifestantes y Carabineros, optando por salir corriendo del lugar, momento en que fue alcanzado por perdigones disparados por Carabineros de Chile, proyectiles que se incrustaron en su espalda, debiendo ser trasladado por personal policial al Hospital de Puerto Aysén, donde se le extrajeron cinco perdigones, pero ocho de ellos permanecen en su cuerpo hasta hoy, generando en él una atrofia en la musculatura de un sector de su espalda, molestias y dolores. Recién tuvo justicia mediante sentencia de fecha 5 de agosto de 2020, de la Excma. Corte Suprema, en que se condenó al Estado al pago de las indemnizaciones correspondientes [6].

El filósofo Séneca dijo: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Sin embargo, en Chile, las víctimas de mutilaciones, lesiones de distinta gravedad y de muerte en contexto de manifestación social, deben esperar casi 8 años para poder tener los medios suficientes para reparar los daños sufridos. Esperar por 8 años por una indemnización que repare los daños pecuniarios de las víctimas de la “falta de servicio” del Estado en garantizar derechos protegidos no sólo por nuestra constitución, sino por tratados internacionales, constituye una forma de injusticia que debemos solucionar, sentenciaron.

3.- Contenido del proyecto de ley

El proyecto de ley contiene cuatro artículos, del siguiente tenor:

El artículo 1, establece el objetivo principal del proyecto, referido a consagrar un procedimiento especial en materia de responsabilidad del Estado frente a violaciones de derechos humanos en el contexto del “estallido social”.

El artículo 2, incluye definiciones necesarias para la aplicación de esta nueva ley.

El artículo 3, señala que, para efectos de determinar la responsabilidad del Estado en contexto de “estallido social”, no se necesita acreditar la falta de servicio.

El artículo 4, establece las normas procesales aplicables a esta legislación.

II.- DISCUCIÓN GENERAL Y PARTICULAR DEL PROYECTO DE LEY

1.- Discusión y votación en General

Participaron de la discusión general las siguientes personas e instituciones:

Acta sesión N° 128 de 2 de diciembre de 2020

Acta sesión N° 131 de 6 de enero de 2021

- Abogado y Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, señor Carlos Margotta.

Recordó que la idea matriz de la iniciativa busca establecer “un procedimiento especial para todas las personas que fueron víctimas de lesiones y mutilaciones, así como de la muerte de familiares en contexto de movilizaciones sociales en el denominado Estallido Social, con la finalidad de lograr que las victimas accedan a un procedimiento veloz.” Adicionalmente, disminuye los requerimientos probatorios para que las víctimas puedan obtener una pronta sentencia y una debida reparación.

En dicho sentido, señaló que la Comisión Chilena de Derechos Humanos es de opinión que el Parlamento debiera aprobar la presente iniciativa legal, en razón de los siguientes fundamentos:

I.- Fundamentos normativos del proyecto de ley

En esta línea, recordó que el artículo 5 de la Constitución vigente, establece que “es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”. Los Estados comprometen su responsabilidad internacional cuando, por acción u omisión, incumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y frente a la violación de un derecho humano, en forma inmediata surge para el Estado, la obligación de investigar, sancionar y reparar el daño producido, y el acto de reparar significa reponer a la persona la situación en que se encontraba antes de que sus derechos fueran vulnerados.

En efecto, los trabajos de la ONU en los últimos años han desarrollado el derecho a la reparación en sus justas dimensiones y alcances. El documento de Principios y Directrices Básicos para la Reparación (E/CN.4/1997/104), aprobado por la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en 1997, define la obligación de los Estados de adoptar medidas para una reparación rápida y plenamente eficaz.

Es así como, la reparación deberá lograr soluciones de justicia, eliminando o reparando las consecuencias del perjuicio padecido, así como evitando que se cometan nuevas violaciones, a través de la prevención y la disuasión. La reparación deberá ser proporcionada a la gravedad de las violaciones y del perjuicio sufrido y comprenderá la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

En efecto, el mencionado documento de Naciones Unidas establece en su principio 20: “La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables, que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales”.

A su vez, el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita y ratificada por el Estado de Chile, establece:

“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

“Tal como lo ha indicado la Corte, el artículo 63.1 de la Convención Americana, refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación”

“La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. En lo que se refiere a la violación del derecho a la vida y otros derechos (libertad e integridad personales, garantías judiciales y protección judicial), por no ser posible la restitutio in integrum y dada la naturaleza del bien afectado, la reparación se realiza, inter alia, según la práctica jurisprudencial internacional, mediante una justa indemnización o compensación pecuniaria, a la cual deben sumarse las medidas positivas del Estado para conseguir que hechos lesivos como los del presente caso no se repitan.”

En síntesis, recordó que el derecho a la reparación tiene doble dimensión: una sustantiva, que consiste en la reparación del daño sufrido a través de la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición; y otra dimensión procesal, como medio que posibilita la reparación. Este último deber, forma parte de la obligación general de proporcionar recursos internos efectivos. De allí, la pertinencia del presente proyecto de ley, que busca establecer un procedimiento especial, rápido y expedito, para la obtención de una debida reparación a las víctimas.

II.- Fundamentos de hecho del proyecto de ley

En esta línea, calificó al denominado “estallido social” iniciado en Octubre del año pasado como un movimiento social masivo que irrumpió a lo largo y ancho del territorio nacional, que busca superar el actual modelo neoliberal y dar paso a un proyecto de sociedad que termine con la grosera desigualdad, el abuso institucionalizado y en el que se garanticen derechos humanos básicos, como la salud, la educación y la seguridad social, entre otros, a través de una expresión normativa en una Nueva Constitución, que sea el reflejo del ejercicio soberano del derecho de libre determinación del pueblo chileno, derecho consagrado en el artículo 1 homónimo de ambos Pactos complementarios de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

No obstante, señaló que la respuesta del Gobierno, en vez de escuchar a su mandante, el pueblo de Chile, y dar paso a reformas profundas que reflejaran esta exigencia mayoritaria de transformación y cambio social, optó por la aplicación de una política de violación masiva, grave y sistemática de los Derechos Humanos, que tuvo por finalidad neutralizar la legítima protesta social. El Presidente de la República señaló que estábamos en guerra, declaró un Estado de Excepción Constitucional y sacó a las Fuerzas Armadas a la calle a controlar el orden público. Las gravísimas violaciones a los derechos humanos fueron constatadas por cuatro organismos internacionales, que visitaron Chile, y elaboraron sendos Informes que dieron cuenta de las muertes, torturas, víctimas de trauma ocular y detenciones masivas, entre otras graves vulneraciones. Terminar con la represión, es el llamado que han hecho en sus respectivos informes, los cuatro organismos internacionales.

Sin embargo, ha habido de parte del Gobierno un completo desoimiento de las recomendaciones encaminadas al respeto y garantía de los derechos humanos incluidas en los referidos Informes, y las violaciones a los derechos humanos continúan hasta el día de hoy.

Recordó además que el ACNUDH, en su Informe de Diciembre de 2019, recomendó al Estado desarrollar nuevos protocolos policiales para garantizar el uso adecuado de la fuerza, proteger el rol de los defensores de derechos humanos o crear un mecanismo de seguimiento integrado por la sociedad civil y expertos independientes, entre otras cuestiones. Pero tres meses después, en Marzo de 2020, el representante regional del organismo, Jan Jarab, denunció que se seguían violando los derechos humanos de los manifestantes en Chile y que el Estado prácticamente no ha cumplido con ninguna de las 21 recomendaciones que el organismo le hizo al Gobierno. Y en Octubre del año pasado, con ocasión del joven manifestante lanzado al rio Mapocho por un uniformado, el representante regional del Alto Comisionado expresó en un comunicado público, que “el caso del puente Pío Nono no es excepcional, sino que se suma a la ya extensa lista de otros casos de violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas de orden cometidas en el contexto de manifestaciones sociales”. Y reiteró lo ya planteado en el Informe de Diciembre del ACNUDH, al señalar que “se necesita abordar las causas estructurales de la conflictividad en la sociedad, como la desigualdad socioeconómica y la inequidad social. El Estado debe proteger los derechos humanos de todas las personas en condiciones de igualdad y no discriminación”.

III.- Comportamiento de los tribunales frente a las violaciones de los derechos humanos

Sobre este punto, manifestó que las cifras oficiales dan cuenta de un comportamiento asimétrico y consecuencialmente, de una grave vulneración al principio de igualdad ante la ley, por parte de los distintos poderes del Estado encargados de la persecución penal, que tiene serio impacto en el cumplimiento de las obligaciones estatales de investigar las violaciones a los derechos humanos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.

En efecto, según el Departamento de Estudios de la Corte Suprema, más del 70% de los delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos se llevaron a cabo durante el proceso de detención, traslado y estancia en Comisarías a raíz de las manifestaciones, y a Abril de 2020, Carabineros de Chile fue la institución con mayor cantidad de denunciados o querellados, con el 92.8% del total de los delitos constitutivos de violaciones a derechos humanos.

Según las cifras del Ministerio Público, de las 8.827 denuncias de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad de la ley 20.357, hay sólo 75 agentes estatales formalizados, 25 imputados con alguna medida cautelar privativa de libertad, y un solo condenado.

En contraste con las cifras señaladas, la Defensoría Penal Pública, informó que, en los primeros tres meses del estallido social, de las 6.347 solicitudes de prisión preventiva contra civiles imputados, la gran mayoría de las veces con el sólo mérito de la declaración policial, 5.367 fueron concedidas, correspondientes al 84,6%, mientras que 980 fueron rechazadas, correspondientes sólo al 15,4% del total.

Estas cifran demuestran claramente el uso del aparato legal público como herramienta de represión y de vulneración de los Derechos Humanos de las personas, y en específico, de ciudadanos civiles de nuestro país, y una evidente omisión en el cumplimiento por parte del Estado de su deber de hacer verdad, justicia y reparación, en materia de violaciones de los derechos humanos.

A lo anterior, agregó la lentitud de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público para establecer la responsabilidad en los graves crímenes contra los derechos humanos cometidos a partir del 18 de Octubre, los que dan lugar al derecho a la reparación de las víctimas.

En efecto, el 18 de julio del año pasado, esto es, 9 meses después de iniciado el denominado estallido social, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, manifestó su preocupación por el avance de las investigaciones de delitos asociados al 18-O. A su juicio, la lentitud del sistema se ha transformado en un obstáculo y es imperioso que el Estado priorice la indagación de las causas, sobre todo, en temas de Derechos Humanos. En paralelo, apuntó que las medidas de reparación a las víctimas son imprescindibles las que, a la fecha, han sido "insuficientes".

Posteriormente, a un año del 18 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), informó que ha presentado 2.520 querellas por violaciones a los derechos humanos en todo Chile, que consideran a 3.203 víctimas de vulneraciones, por hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020.

Asimismo, recordó que las querellas presentadas por el INDH, se dirigen principalmente contra funcionarios de Carabineros, con 2.340 casos, luego sigue el Ejército con 97 y la Policía de Investigaciones (PDI) con 34. Y a la fecha, sólo 31 causas han sido formalizadas y existen 72 funcionarios imputados a nivel nacional.

En dicho contexto, destacó que la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en la búsqueda de la verdad, justicia y debida reparación a las víctimas, mediante la interposición de 48 querellas ante los tribunales, 30 de las cuales por crímenes contra la Humanidad, ha encontrado las mismas dificultades que todos los querellantes. Los procesos investigativos instruidos por el Ministerio Público no han avanzado o registran una lentitud que compromete la responsabilidad del Estado en el establecimiento de la Justicia y la debida reparación a las víctimas, existiendo presiones indebidas -mediante procesos disciplinarios, amenazas y amedrentamientos- a los magistrados sustanciadores y fiscales investigadores, como ha ocurrido con el Juez Daniel Urrutia, la Fiscal Ximena Chong y los Fiscales Marcelo Carrasco y Xavier Armendáriz. Además, a esas serias dificultades se suman la falta de recursos asignados por el Estado para el debido cumplimiento de esta importante función. En efecto, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, encargada de cumplir con las órdenes de investigar, sólo existe en Santiago y no en las demás regiones del país; en los casos de tortura, hay insuficiencia en los Servicios Médico Legal de médicos capacitados en Protocolo de Estambul, y los facultativos del Colegio Médico que han estado colaborando en esa tarea, no dan abasto.

Pero estimó que, sin dudas, el mayor obstáculo ha sido la falta de reconocimiento y rechazo por parte de representantes de los diversos poderes del Estado, acerca de los permanentes hechos vulneratorios de derechos humanos, de parte de las policías y militares en contra de la población civil. Esta suerte de renovado negacionismo, es del todo cuestionable, máxime si se tiene presente el apoyo y respaldo permanente que el Presidente de la República le otorgó por más de un año, al ex Director General de Carabineros, Mario Rozas, por el actuar ilícito de sus subordinados, a pesar de las innumerables querellas presentadas en su contra. Aún más, en abril de este año, la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, señalaba a Carabineros como el principal recurrido en delitos de DD.HH. perpetrados en el contexto del estallido social, con el 92,8% del total de los casos. Por ende, la conducta de la máxima autoridad del país avala la impunidad e inhibe y desalienta el actuar de los fiscales y fiscalas, retrasando las investigaciones en curso.

Estimó que el escaso avance de las investigaciones, por las razones anotadas, se ve agravado ante la suspensión de los juicios orales en razón de la pandemia, por lo que la dictación de prontas sentencias que esclarezcan los hechos, determinen las responsabilidades penales y consecuentes sanciones, y otorguen la debida reparación a las víctimas, constituye un horizonte muy lejano e incierto.

Resaltó la necesidad de tener presente que el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) —ente internacional perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Santiago de Chile, dio a conocer el pasado 18 de diciembre de 2020, los resultados de una investigación liderada por la institución, con el apoyo de la Fundación para el Debido Proceso (DPLf), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y la Defensoría Jurídica de dicha universidad, que evaluó el comportamiento del sistema de justicia de Chile ante las violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de la protesta social del 18 de octubre de 2019.

Dicho Informe, constató el incumplimiento de la obligación de realizar la investigación en un plazo razonable (tras 14 meses, sólo existen imputados formalizados en menos del 1% de las causas), y el incumplimiento de la obligación de realizar la investigación de manera propositiva, ya que, en su mayoría, los casos que han tenido un mayor nivel de avance, ha sido gracias al impulso de víctimas y querellantes.

Al mismo tiempo, estableció que uno de los elementos más críticos en el funcionamiento del sistema de justicia penal, es el rol que ha tenido Carabineros de Chile, organismo al cual pertenece una gran mayoría de los agentes investigados por violaciones graves de derechos humanos (92,8% del total de denuncias registradas por la Fiscalía). Se han identificado demoras en la entrega de información solicitada por la Fiscalía, obstrucciones a las investigaciones, uso indebido de procedimientos disciplinarios con fines dilatorios o amedrentamiento de testigos, algo que atenta contra la efectividad de las investigaciones que dirige el Ministerio Público.

Y entre sus principales recomendaciones, el Informe propone: Que la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal preste especial consideración a la agilización de las investigaciones y a la obstrucción de las investigaciones por parte de Carabineros de Chile, con el objetivo de evitar la impunidad en casos de violaciones graves de derechos humanos.

Además, recomienda implementar un Programa de Reparación Integral que atienda a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en democracia, con carácter urgente y que permita garantizar su derecho a una reparación integral y efectiva. En cuanto a esta última recomendación, resaltó la desprotección y el completo abandono en que se encuentran las víctimas, en materia de reparación por parte del Gobierno.

Sólo a título ejemplar, señaló que han acompañado a las Víctimas de Trauma Ocular, que hoy ascienden a 462 jóvenes chilenos y chilenas, en la legítima exigencia del cumplimiento por parte del Ministerio de Salud, del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), que fuera anunciado en Noviembre del año 2019, el que no se ha aplicado debidamente, lo que llevó al propio representante de ACNUDH en Chile, Jan Jarab, a realizar gestiones ante las autoridades sanitarias, a objeto de demandar la implementación del mencionado Programa, incumplimiento que se ha agravado durante la pandemia, lo que ha obligado a las víctimas a intentar costear por sus propios y escuálidos medios, los tratamientos médicos requeridos para su rehabilitación. Mencionó también la carta enviada con fecha 6 de Julio de 2020, suscrita conjuntamente por la Institución que representa y la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, dirigida al Director del Hospital Salvador, haciendo una descripción pormenorizada de los incumplimientos del mencionado programa, misiva que, por su vigencia, solicitó se entienda parte integrante de esta presentación.

En definitiva, señaló que, en opinión de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Proyecto de Ley debe ser aprobado, no sólo porque sus fundamentos e ideas matrices se ajustan a lo prescrito por los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en Chile, sino porque como poder del Estado, el Parlamento tiene el deber de establecer mecanismos y procedimientos que permitan garantizar la oportuna y pronta reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, consistentes en homicidios, tortura, pérdida total ó parcial de la visión o traumas oculares severos, mutilaciones y lesiones gravísimas, cometidas por agentes estatales durante el denominado estallido social, en contra de miles de chilenos y chilenas, por el sólo hecho de ejercer el legítimo derecho a la manifestación y a la protesta social.

Acta sesión N° 132 de 11 de enero de 2021

- Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogas y Psicólogos, señora Francisca Pesse.

Junto con agradecer la invitación, expuso las principales observaciones al proyecto en discusión, considerando estándares internacionales y conocimientos propios de la Psicología.

En cuanto al objeto del proyecto, estimó que hablar de “indemnización” a secas podría generar confusiones, ya que el boletín sólo incluye un aspecto, sin contemplar todos los demás necesarios para que las víctimas vuelvan a la situación anterior en que se encontraban, aplicando un enfoque integral. Por ende, estimó relevante establecerlo así explícitamente para evitar equívocos interpretativos, señalando con claridad que se trata sólo de una reparación pecuniaria.

Asimismo, destacó la importancia de considerar otro tipo de violaciones a derechos humanos, como tortura, violencia sexual, entre otras, que exceden los casos de mutilaciones oculares, por ejemplo. Ello, para reconocer el hecho, evitando perpetuar este tipo de conductas en manos de agentes del Estado, pues de lo contrario, el trauma se mantiene en el tiempo como si continuara sucediendo respecto de todas las víctimas no incluidas en el proyecto analizado, que se limita a ciertos tipos de daños.

Sobre las personas que calificarían como víctimas, resaltó la importancia de considerar tanto a los afectados directos como indirectos, entendiendo que la reparación no necesariamente debe abarcarlos a todos, pero sí al menos establecer dicho reconocimiento explícito (por ejemplo, incluir a familiares de las víctimas, comunidad a la que pertenece, entre otros); y se debería tener presente también a los equipos intervinientes de las víctimas, para enriquecer más el texto, que no sólo ha de ser un instrumento jurídico, sino que al mismo tiempo servirá para promover la reparación activa desde el Estado, que de esta forma se hace cargo responsablemente de lo ocurrido.

En relación con el tiempo establecido para acceder a los beneficios, sugirió la imprescriptibilidad de la acción, pues los delitos vinculados con trauma complejo son muy difíciles de develar para las víctimas, lo que se explica en base a diversas razones.

Por su parte, el procedimiento de acceso al beneficio debería garantizar el derecho de las víctimas a ser escuchados, pero siempre con carácter voluntario, aplicando los criterios del capítulo IV del Protocolo de Estambul, que alude a la entrevista para las víctimas de tortura, siendo un instrumento forense y que además plantea criterios relevantes de incorporar.

En cuanto a la prueba, consideró importante que los tribunales escuchen a un perito forense que aplique los criterios del Protocolo de Estambul, aspecto en el cual recordó que el procedimiento no necesariamente debe ser realizado por un organismo del Estado, siendo la sociedad civil la que cobra especial importancia.

Tratándose de casos ya analizados por otros tribunales de distinta competencia, sería igualmente importante que el tribunal civil pueda tener acceso a los antecedentes ya aportados, evitando así el riesgo de re victimización secundaria.

Finalmente, destacó que todas las observaciones ya expresadas se complementan con un documento sobre los efectos de trauma ocular y estándares internacionales, de lo cual entregó copia a la diputada señora Camila Vallejo, ofreciendo remitir tales antecedentes a la Comisión.

La señora Pesse respondió señalando que este proyecto de ley podría representar en parte un avance en la reparación del trauma sicológico, pues implicaría que el Estado reconozca lo ocurrido, hecho relevante desde lo simbólico. Sin embargo, la mera reparación pecuniaria no es lo central, ya que debe estar acompañado de otras acciones (por ejemplo, acceso a tratamientos de salud mental especializados, establecimiento de garantías de no repetición, entre otros). Asimismo, la petición de perdón es también muy gravitante en dicho sentido, aspecto en que se debería revisar avances y carencias, para avanzar en la línea correcta.

Acta sesión N° 134 de 18 de enero de 2021

- Valeria Pérez, hermana de una víctima de violencia policial.

Junto con agradecer la invitación, explicó los antecedentes generales del hecho, recordando que el 20 de diciembre de 2019, su hermano Óscar Pérez, de 20 años de edad, se encontraba en una manifestación en el sector de Plaza Italia. Ese fue el primer día de la estrategia que la intendencia Metropolitana llamó “copamiento defensivo”, es decir, disponer de un altísimo contingente policial en el sector para evitar que la ciudadanía continuara desarrollando manifestaciones en el mencionado sector. Sin entrar a cuestionar la legitimidad y procedencia de este tipo de medidas en el contexto de un Estado de Derecho democrático, afirmó que la estrategia fue un fracaso, pues las manifestaciones continuaron realizándose, pero con respuestas cada vez más violentas de parte de las policías.

Prosiguió señalando que cerca de la intersección de Vicuña Mackenna y Merced, su hermano Óscar se disponía a cruzar la calle, cuando un carro lanza gases de Carabineros (vehículo blindado), arremetió en su contra, sin detenerse hasta aplastar su cuerpo contra otro vehículo del mismo tipo, hechos que fueron transmitidos en vivo por televisión abierta. Tras ello, Óscar resultó gravemente herido, estando un par de días en riesgo vital por tener múltiples fracturas (de pelvis (2), de sacro y de rodilla), un ligamento cortado y la uretra seccionada, debiendo ser intervenido de urgencias para realizarle una cistostomía, además de tener que someterse a diversas cirugías para reparar sus fracturas, pasando luego tres meses en silla de ruedas, más otro período igual necesitando muletas. Durante el 2020, tuvo que atravesar al menos dos cirugías adicionales y someterse a distintos exámenes, algunos de los cuales incluso requirieron de su hospitalización. Señaló que, en la actualidad Óscar puede caminar, pero sufre y sufrirá para siempre de secuelas: su pelvis y rodilla están afirmadas por enormes pernos de metal que, al enfriarse, le ocasionan mucho dolor; aunque puede caminar, no puede correr ni saltar y agacharse es una batalla difícil; finalmente, debido a la pérdida de vascularidad sufrida en la zona genital, su cuerpo es incapaz de generar una erección. Recordó que se trata de un joven de 20 años, a quien el Estado le ha quitado independencia, autonomía y placer, estando actualmente bajo tratamiento psicológico y distintas formas de acompañamiento.

Destacó que, como familia, han recibido apoyo de muchas personas que amablemente han contribuido de las formas más diversas (rifas, comida, transporte, ánimo). Sin embargo, han debido enfrentar un tiempo terrible, en que el Estado no sólo no ha prestado apoyo, sino que ha afirmado una y otra vez que lo que le pasó no existe, no fue grave o no tiene carácter de violación a los DDHH ni sistematicidad, sin considerar que tan sólo una semana después del atropello de su hermano, Mauricio Fredes fallecía a causa del actuar de Carabineros, en similares circunstancias.

Complementó lo anterior señalando que, hasta la fecha, el responsable penal directo de estos hechos se encuentra formalizado por un cuasidelito de lesiones, con medida cautelar de firma mensual, situación que desde la familia consideran insólita, arbitraria e injusta. Además, y con mayor relevancia, no se han establecido responsabilidades administrativas ni políticas, teniendo las víctimas que escuchar constantemente al Gobierno referirse a este y otros miles de casos como “hechos puntuales” o “aislados”, justificando la violencia y el miedo al que han sometido a miles de personas que han querido manifestarse, como es su derecho.

Posteriormente, se refirió a la relevancia institucional de la justicia, reparación y memoria. En este sentido, el proyecto bajo estudio sería un paso necesario para avanzar en el reconocimiento institucional de que las medidas tomadas desde el 18 de octubre victimizaron sin justificación, proporcionalidad ni legitimidad alguna a miles de personas. Un reconocimiento como éste es esencial para la protección de un Estado de Derecho Democrático, pues sin justicia no puede haber estabilidad ni legitimidad estatal. Mucho se ha dicho desde el “retorno a la democracia” de las labores realizadas “para que nunca más”. Sin embargo, estimó evidente que estos hechos de brutalidad policial, persecución política y violaciones de DDHH han seguido ocurriendo bajo la alfombra y desde el llamado estallido social, se ha visto como las creencias y prácticas instauradas en las policías durante la dictadura cívico-militar continúan en el seno de nuestra institucionalidad.

En consecuencia, destacó como elemento esencial para avanzar, no repetir errores del pasado esta vez, pues cuando el Estado falla en reconocer y hacerse responsable del profundo daño que ha causado, afirma que este es ilegítimo. Recordó que tanto las víctimas como sus familias deben vivir el día a día bajo un Estado al que parece no importarle afirmar que es legítimo que se aplaste, atropelle, mutile o asesine a personas de cierta tendencia política, hechos que no son legítimos bajo circunstancia alguna y menos considerando que las víctimas eran siempre personas sin entrenamiento militar o de otro tipo, mientras que los agentes estatales eran siempre personas con equipo, armas, y protección física e institucional.

Por tanto, señaló que no podemos caer nuevamente en la falacia de que existe algo así como una tensión entre la justicia para las víctimas y la estabilidad del Estado. Una de las funciones esenciales del Estado es hacer justicia, ofreciendo la heterocomposición como único camino posible, eliminando la autocomposición o “justicia por la propia mano”, para que el Estado opere correctamente, gozando de la debida estabilidad y respeto de los ciudadanos debe cumplir con esta misión. Si hay una tensión, no es entre justicia y estabilidad, como se instaló en la década de los 90s, sino entre justicia (al modo en que se indica en nuestra Constitución Política y leyes) e impunidad y quienes defienden la impunidad, en definitiva, están sosteniendo que los atroces hechos de violencia estatal sistemática que hemos vivido son legítimos y este Congreso debe velar porque esta última posición no se instale, pues implica la exclusión de miles de personas de la calidad de ciudadano y la violación permanente de los derechos más básicos que un Estado está obligado a asegurar, esto es, la integridad física y psíquica.

A continuación, se refirió a la importancia del reconocimiento de familiares en cuanto víctimas, siendo fundamental que se reconozca la responsabilidad del Estado en los hechos ocurridos desde el 18 de octubre pasado, señalando que, como familia, sólo quieren hacer énfasis en la importancia de que se mantenga el concepto de víctima que se incluye en el proyecto, permitiendo que se entienda a los familiares como victimas también, pues el daño que ocasiona el actuar estatal no sólo ha sido sufrido por Óscar, sino por toda su familia, especialmente su familia inmediata: todos han vivido la violencia, sus vidas cambiaron completamente, todos necesitan apoyo psicológico/psiquiátrico, han pasado gran cantidad de tiempo en labores de cuidado, perdiendo oportunidades laborales o fallando en otros compromisos, por lo que solicitan a esta comisión tener presente que el concepto de víctima sea como está previsto o más amplio, al menos concordante con el concepto que ha ido asentando la Corte interamericana de DDHH.

Finalmente, destacó la particular importancia de comprender que el Estado debe asumir la responsabilidad frente a los graves atentados contra los derechos humanos, reconociendo los hechos y asumiendo el deber de que ello no se repita nuevamente.

Tras algunas consultas, señaló que han presentado una querella penal contra el conductor del carro que atropelló a su hermano, quien fue formalizado por cuasidelito de lesiones, sujeto actualmente a la medida cautelar de firma mensual, a pesar de tener antecedentes previos de atropellos. Están realizando gestiones para obtener la recalificación del delito, pero lamentablemente no se aprecia mayor interés para perseguir el delito, sumado a lo complejo que ha sido obtener pruebas. Aseguró que efectuarán todas las gestiones, pero con pocas expectativas, depositando mayores esperanzas en este tipo de proyectos para obtener reparación y verdad, ya que resulta poco creíble que las autoridades no conozcan la realidad de los hechos. En cuanto a los procedimientos especiales, estimó que lo más importante sería, en este caso, no tener que probar la falta de servicio, pues suele ser el mayor argumento para no dar por acreditada la responsabilidad del Estado, siendo de especial relevancia en casos en que los hechos son bastante evidentes (como el de su hermano), más allá de que se aplique o no el procedimiento sumario. Respecto de las acciones ordinarias, aún no han sido impetradas, pues continúan los gastos asociados al daño sufrido por su hermano, estando también a la espera del resultado de la causa penal. Señaló que lo más importante es que existan responsabilidades políticas, más allá de las responsabilidades individuales, como paso elemental para que el Estado reconozca la negligencia o culpa en este tipo de situaciones, siendo de especial importancia para no continuar aumentando el sentimiento de rabia e impotencia, que sólo incrementa la violencia. Por todo lo anterior, este tipo de proyectos son de la mayor relevancia.

Acta sesión N° 135 de 20 de enero de 2021

- Abogado de Derechos Humanos, señor Francisco Ugas.

Dio inicio a su exposición recordando su trayectoria laboral en materia de Derechos Humanos (DDHH), lo que le ha permitido conocer diversas experiencias de víctimas de violaciones a DDHH en la dictadura militar, así como en el contexto del estallido social de 2019. Conforme a lo anterior, destacó como ideas principales sobre el proyecto en discusión, la importancia de asumir la responsabilidad del Estado en casos de violaciones a DDHH, lo que podría fundarse en la falta de servicio o en la comisión de un crimen propiamente tal (es decir, lo que se debe acreditar es la conducta lesiva, imputable a un agente del Estado y la existencia de un daño o perjuicio).

En cuanto a la reparación, mencionó diversos instrumentos del Derecho Internacional que consagran la necesidad de restablecer plenamente la situación anterior de la persona que ha sido víctima de la vulneración a sus DDHH y, de no ser posible, garantizar y compensar los daños ocasionados. Al respecto, destacó la resolución 60/147, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, que establece principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Contempla diversos aspectos en la reparación, en el cual se abordan las distintas aristas contempladas en dicha materia. Conforme a lo anterior, estimó que el proyecto bajo estudio recogería tan sólo un aspecto de la reparación, siendo un valioso aporte, pero que evidentemente no es suficiente para satisfacer este ineludible deber del Estado chileno (en dicho sentido, mencionó los diversos instrumentos internacionales que así lo conminan).

Por otra parte, estimó también muy relevante analizar las distintas medidas de reparación según los casos de violaciones a DDHH, que no sólo se remite al plano pecuniario, pues el daño moral debería repararse igualmente, aspecto en el que el acceso de la víctima a la justicia es un elemento sustancial. Recordó lo complejo de las acciones ejercidas en tribunales de justicia tratándose de casos de violaciones a DDHH en la dictadura militar, lo que ha significado un arduo trabajo para obtener resultados, llegando hoy a que la propia Corte Suprema reconozca la existencia de daños y el deber del Estado de repararlos. Enfatizó la importancia de efectuar un esfuerzo adicional para facilitar la reparación integral y oportuna de las víctimas, ya que no pareciera lógico tener que esperar años para acceder a este tipo de reparaciones, tal como ha ocurrido con muchos casos de violaciones a DDHH en la dictadura militar. Aún más, el proyecto de ley debería también incluir a las víctimas de crímenes cometidos en la dictadura militar.

Finalmente, sobre el contenido del boletín analizado, sugirió precisar algunos conceptos empleados en la fundamentación (hablar de Dictadura Cívico-Militar, no sólo limitada al plano militar); compartió la idea matriz citada, pues las víctimas no pueden seguir esperando; propuso incluir otros aspectos en el concepto de “falta de servicio” (por ejemplo, enviar funcionarios policiales a las calles con poca formación y escasa supervisión); sugirió analizar las medidas de reparación conforme a la especificidad de las lesiones (por ejemplo, tratándose de mutilaciones oculares); resaltó la necesidad de distinguir los daños con responsabilidad objetiva (traumas oculares); entre otros.

El señor Ugas respondió señalando que efectivamente es complejo determinar la mejor forma de acelerar la tramitación de causas por violaciones a DDHH, estimando necesario distinguir entre aquellos ocurridos en la dictadura y los del estallido social, pues en los primeros ha sido muy difícil avanzar atendiendo a las características de los mismos (pactos de silencio, documentos perdidos, víctimas fallecidas, etc.), lo que ha motivado que la propia Corte Suprema haya adoptado medidas específicas para agilizar estas tramitaciones (por ejemplo, dar preferencia a estos casos en las Cortes de Apelaciones, controlar rigurosamente las asignaciones de las causas a relatores), lo que ha permitido ciertos avances, aunque la pandemia ha significado otros problemas retrasando los procesos. Respecto de los casos vinculados con el estallido social, regidos bajo el Código Procesal Penal, se observan distintos estados, pues muchos casos presentan diligencias pendientes e incumplimiento de los plazos, observando un gran problema ante la falta de recursos suficientes para enfrentar con eficiencia estas cuestiones. Asimismo, consideró relevante la existencia de policías especializadas con formación idónea en materia de DDHH, lo que permitiría una mejor investigación de los hechos, acotando así los tiempos de trabajo. Por lo demás, sería aconsejable implementar medidas especiales para agilizar la tramitación de las causas (por ejemplo, a través de los autos acordados de la Corte Suprema).

- Representante de la Organización de Víctimas de Tarapacá, señor Juan Francisco Alarcón.

En forma previa a su exposición, explicó que la Agrupación de Víctimas de Violencia por parte de Agentes del Estado (AVIDVAE), nació de la necesidad por parte de las víctimas y familiares del estallido social en Tarapacá de ser escuchados y exigir verdad, justicia y reparación. Desde ese entonces, se han reunido con el propósito de acompañarse en este largo y duro proceso en donde se han interrumpido de manera violenta y abrupta sus proyectos de vida. Al respecto, destacó que, según indica el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a un año del 18 de octubre del 2019, se han presentado 2.887 querellas a nivel nacional, de las cuales 500 son por torturas, tratos crueles e inhumanos. Del total de querellas, 125 pertenecen a la región de Tarapacá. Asimismo, según el mismo balance, se registra un total de 3.023 víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, de las cuáles 163 corresponderían a víctimas de trauma ocular. Asimismo, comentó los casos de presos políticos y otros cientos de víctimas que, por diversas circunstancias, no han realizado denuncias y querellas en un conflicto que aún se encuentra en desarrollo, siendo cifras que continuaron aumentando.

En atención a lo anterior, señaló que para AVIDVAE es fundamental que el proyecto incluya a todas las víctimas, muchas de las cuales se encuentran en libertad pero que están con procesos judiciales pendientes, existiendo incertidumbre en el proceso.

Enfatizó que el daño causado es irreparable e incuantificable y, por lo mismo, sería necesario ahondar en algunos conceptos claves que ayudan -un poco- a comprender lo que están viviendo las víctimas por parte de agentes del Estado, cuyos actos entienden como delitos de tortura, es decir: “…todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimiento graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o un tercero información, declaración o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se le impute haber cometido o de intimidar o coaccionar a esa persona o en razón de una discriminación fundada en motivos tales como la ideología, la opinión política, la religión o creencias de la víctima; la nación, la raza, la etnia o el grupo social al que pertenezca; el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la filiación, la apariencia personal, el estado de salud o la situación de discapacidad”. “Se entenderá también por tortura la aplicación intencional de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su voluntad o su capacidad de discernimiento o decisión, con alguno de los fines referidos en el inciso precedente. Esta conducta se sancionará con la pena de presidio menor en su grado máximo”.

Por tanto, la tortura se entiende como la acción, finalidad y origen que tiene:

1. Acción: todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o psicológicos.

2. Finalidad: Obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en cualquier criterio de discriminación.

3. Origen: un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento.

Además, busca:

1. Destruir deliberadamente el bienestar físico y emocional de la persona, su familia y de su comunidad.

2. Reducir al sujeto a una posición de desvalimiento y angustia extremos.

3. Provocar un comportamiento contra la voluntad de la persona.

4. Incapacitar a la víctima y desintegrar su personalidad.

5. Causar terror en la sociedad.

Por otra parte, se entiende que en contexto político esta práctica es utilizada para:

1. Mantener un determinado orden y defenderlo contra un peligro o una oposición emergente.

2. Tortura selectiva contra activistas, tortura masiva contra grupos de población.

3. Dañar al individuo y sus relaciones sociales, intimidar a terceros.

4. Respuestas de temor, inhibición, parálisis, impotencia, Conformidad dentro de la sociedad (Lira, 1995).

Lo anterior, alude a las prácticas de violencia política institucional por parte de agentes del Estado, las cuales se han podido conocer en la Dictadura de Chile, pero que jamás han cesado y que desde el 18 de octubre del 2019 han sido una práctica constante.

Destacó además que el 22 de noviembre del 2016 se publicó la ley N° 20.968 en Chile, que tipifica el delito de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y:

- Contempla la creación de 6 nuevas figuras penales (delitos)

- Modifica también otros cuerpos legales

- Establece una gradualidad de conductas (tortura y malos tratos)

- Establece penas adecuadas

- Se trata de un delito funcionario (sujeto activo especial)

- Siguen la definición Convenciones ONU/OEA

- Pena de crimen (5,1 a 10 años).

Recordó que el daño de una víctima de violencia por parte de agentes del Estado es tan complejo como el de un menor abusado sexualmente por algún integrante de su familia. Se han observado ciertas similitudes en ambas experiencias. Lo anterior, permite diferenciar ello con otros tipos de violencia (por ejemplo, la asociada a delitos comunes y/o otros tipos de experiencias traumáticas como los efectos de desastres naturales).

Sobre tales similitudes, tanto en la tortura como en la violencia sexual, el agresor representa quien debe cumplir con funciones de cuidado y/o garantías de derechos (funcionario público, adulto de entorno familiar) y, en ambos casos, al entorno de la víctima le es complejo asumir e integrar la experiencia, tendiendo a negarla por diversas razones, lo que profundiza el impacto. A diferencia de lo anterior, en contextos de experiencias relacionadas con delitos comunes y desastres, no hay duda en la colectividad respecto de la experiencia, no se culpabiliza a la víctima jamás y la comunidad reacciona conforma a ello, acogiendo, apoyando, conteniendo. Esto último reduce el impacto de la experiencia traumática. Así de grave y dolorosa es la práctica de la tortura en sus diversas expresiones, más aún, cuando el conflicto aún se encuentra en desarrollo.

En razón de lo anterior, insistió en la importancia de integrar a este proyecto de ley a todas las víctimas de violencia por parte de agentes del Estado y no olvidar que la tortura es una realidad en nuestro país.

Posteriormente, se refirió a las declaraciones de las víctimas pertenecientes a la agrupación que representa, quienes señalan la aplicación de diversas prácticas como:

- Torturas, físicas y psicológicas por parte del ejercito al interior del casino de oficiales de la VI división del Ejército, recinto granaderos de Iquique, en donde se aplicaron: técnicas para inmovilizar-uso de llaves, amarres en brazos y piernas-,asediar, controlar y reducir a la persona mediante golpes con armamento de guerra, puños y pies, en diferentes partes del cuerpo entre ella los genitales y ano, asfixias, constantes amenazas de muerte para la víctima y sus familiares directos, desnudamiento, uso de corriente, ensayos de fusilamiento, y sesión de fotografías a diferentes partes del cuerpo en donde presentaba tatuajes (19 de Octubre 2019).

- Torturas, físicas, psicológicas, tratos crueles inhumanos y degradantes, en la puerta del hall del edificio de la residencia de un joven que el 18 de septiembre tras 5 minutos post toque de queda fue torturado por un pelotón del ejército en Iquique bajo el argumento de un control rutinario recibiendo asfixias, técnicas de reducción, llaves, golpes de puño y pies, amenazas con armamento de guerra en su cabeza y otras partes del cuerpo. (18 de septiembre 2020).

- Tortura, física, psicológica, Impactos balísticos de bombas lacrimógenas, perdigones y otros elementos en distintas partes del cuerpo percutados por el ejército desde la VI división, recinto granaderos, sector Cavancha, Iquique y carabineros de Chile en diferentes zonas de la región durante el contexto de manifestaciones en las comunas de Iquique y Alto Hospicio. Existen casos de perdida de movilidad en extremidades del tren superior (brazo) debido a la cantidad de perdigones, también otro caso de impacto directo de lacrimógena al cráneo generando un grave daño en la victima dejándolo en estado de coma durante un tiempo (11 de marzo 2020).

- Tortura, física y psicológica homicidio frustrado, impacto balístico de lacrimógena directo al corazón, percutado a corta distancia por carabineros de Chile, la victima de género femenino tenía su celular en un bolsillo el cual explotó en su cuerpo al recibir el impacto generando daño en su seno izquierdo.

- Tortura, física trauma ocular, victimas que han sufrido daño ocular, facial, neuronal debido a disparos percutados por carabineros de Chile y el ejército en la región de Tarapacá, dentro de las víctimas de este tipo de violencia tenemos diferentes casos, entre ellos hasta un profesional de la salud que al dar asistencia en la denominada “zona cero” de Iquique fue impactado en su ojo por un disparo de carabineros, también tenemos en nuestra agrupación el caso de un menor de edad, de la comuna de Alto Hospicio quien al sufrir su perdida ocular tenía 16 años (20 de Octubre 2019)

- Índole sexual desnudamientos en comisarías bajo el argumento de ser parte del protocolo de control de detención a un joven de 19 años quien fue detenido por la Armada en las cercanías de su domicilio en presencia de su mamá y su hermano, el cual es un menor de 13 años, al ser entregado a carabineros y una vez dentro de la comisaria fue obligado a desnudarse como parte del protocolo del control de detención (noviembre 2020).

- Es por esto que se hace necesario consultarles ¿acaso nosotros no somos considerados víctimas? ¿Por qué no estamos incluidos en el proyecto de reparación?

Por todo lo expuesto, señaló que como agrupación consideran de carácter urgente para este proyecto de ley de reparación, que se integre a todas las víctimas de violencia por parte de agentes del Estado, reconociendo así su existencia, el daño generado y los efectos colaterales con los cuales se debe aprender a vivir, además de velar porque las medidas reparatorias sean adecuadas a la realidad particular y local de cada víctima.

Finalmente, manifestó que las apreciaciones vertidas en el documento “Sugerencias para las políticas de reparación de víctimas que han sufrido violencia por parte del Estado de Chile durante el estallido social”, realizadas por la comisión nacional de DD.HH. del colegio de Psicólogos de Chile, deberían también ser debidamente incluidas.

Acta sesión N° 139 de 10 de marzo de 2021

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Votación en general de la iniciativa.

Puesto en votación la iniciativa en sus ideas fundamentales o matrices, se aprobó la idea de legislar por mayoría de los diputados presentes. (6 votos a favor y 2 en contra).

Votaron, por la afirmativa las diputadas Carmen Hertz y Emilia Nuyado, y los diputados Miguel Crispi, Tucapel Jiménez, Raúl Saldívar, y Mario Venegas.

Votaron en contra los diputados Nino Baltolu y Cristóbal Urruticoechea.

2.- Discusión y votación en Particular

III.- DOCUMENTOS SOLICITADOS Y PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN

Vuestra Comisión contó con la colaboración del abogado y Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, señor Carlos Margotta; de la Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogas y Psicólogos, señora Francisca Pesse; de la Subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren; Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, señor Máximo Pavez; señora Valeria Pérez (hermana de Oscar Pérez, víctima de violencia policial); Abogado de Derechos Humanos, señor Francisco Ugas; Representante de la Organización de Víctimas de Tarapacá, señor Juan Francisco Alarcón; Presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, doctor Enrique Morales.

Se solicitó dos informes a la Biblioteca del Congreso Nacional, a saber.

• La responsabilidad de la Administración en la conservación del orden y la seguridad. Enero 2021. Autor Pedro Harris Moya.

• La responsabilidad de la Administración. Su constitucionalización y condiciones de aplicación. Marzo 2021. Autor Pedro Harris Moya.

IV.- ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

De conformidad a lo establecido en el Nº 4 artículo 302 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia que no existen disposiciones que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

V.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES

- Artículos rechazados. Se encuentran en dicha condición el texto original de la iniciativa:

“Articulo 1.- Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer una regulación especial para efectos de determinar la responsabilidad del Estado de Chile respecto de todas aquellas personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones y muertes bajo el contexto de movilizaciones sociales en el denominado Estallido Social. Las responsabilidades reguladas por esta ley se establecerán sin perjuicio de las responsabilidades personales e institucionales que puedan ser establecidas en sede penal o administrativa, así como de las responsabilidades administrativas que determinen las autoridades competentes.

Artículo 2.- Definiciones. Para objeto de la presente legislación, se entenderá por:

Estallido Social: serie de masivas manifestaciones sociales iniciadas en Santiago como respuesta a un alza de 30 pesos en el Metro de dicha ciudad, que derivó en un movimiento a nivel nacional, con manifestaciones masivas de descontento ciudadano en distintas ciudades del país. El contexto descrito se entiende iniciado con fecha 18 de octubre de 2019 y, para efectos de la presente ley, comprenderá todas las movilizaciones sociales ocurridas hasta el 26 de octubre de 2020.

Víctima: Toda persona que hubiere sufrido lesiones graves o menos graves, mutilaciones o castraciones, de conformidad a los hechos tipificados en los artículos 395 y siguientes del Código Penal, o que hubieren sido muertas, bajo el contexto de movilizaciones sociales en el Estallido Social, sin perjuicio que ellas hubieren estado o no participando de dichas movilizaciones, o de las investigaciones o condenas penales que se estén realizando en su contra. Respecto de respecto de las personas que hubieren resultado fallecidas o no pudieren ejercer los derechos que esta ley les otorga, se considerarán víctimas las personas indicadas en el inciso segundo del artículo 108 del Código Procesal Penal. En la expresión “Víctima”, se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la victima directa.

Movilizaciones Sociales en el Estallido Social: Cualquier hecho consistente en concentraciones masivas de personas con fines de protesta social, o de actos en que hubieren intervenido Fuerzas Especiales o su sucesora, la Control del Orden Público de Carabineros de Chile, así como Fuerzas Armadas y/o agentes de la Policía de Investigaciones de Chile.

Artículo 3.- Requisitos para la Responsabilidad del Estado bajo el contexto de Movilizaciones Sociales en el Estallido Social. Para efectos de la presente ley, la víctima deberá acreditar ante el tribunal competente la ocurrencia de él o los hechos que la constituyan como víctima para esta ley, la cuantía del daño, sea este patrimonial y/o extrapatrimonial, y que éstos hayan ocurrido bajo contexto de movilizaciones sociales en el Estallido Social. No será necesario acreditar la existencia de falta de servicio por parte del Fisco de Chile para que sea condenado por concepto de responsabilidad civil. Los requisitos relativos a la falta de servicio para efectos de configurar la responsabilidad del Estado, se entenderán acreditados por el solo ministerio de la ley.

Artículo 4.- Procedimiento aplicable. Las disposiciones contenidas en esta ley se tramitarán de acuerdo con las reglas del juicio sumario contenidas en los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.”.

- Indicaciones rechazadas. Se encuentra en dicha condición la indicación del diputado Schalper, para reemplazar el artículo 4 del proyecto, lo por el siguiente:

“Artículo 4.- Procedimiento aplicable. La acción especial de indemnización de perjuicios regulada por la presente ley se tramitará por las normas que a continuación se indican, resultando aplicables, en subsidio, las disposiciones contenidas en los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, procederán los recursos de casación de conformidad a lo dispuesto en el Libro III del Código de Procedimiento Civil.”.

VI.- DISPOSICIONES EN QUE SE HA HECHO RESERVA DE CONSTITUCIONALIDAD

Se deja constancia que los diputados Andrés Celis, Diego Schalper y Cristóbal Urriticoechea hicieron reserva de constitucionalidad respecto del artículo 2 de la iniciativa.

En el mismo sentido, el Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, señor Máximo Pavez, en representación del Ejecutivo, hizo reserva de constitucionalidad de la misma disposición ya señalada.

VII.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1.- Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer una regulación especial para efectos de determinar la responsabilidad civil del Estado respecto de todas aquellas personas que hayan sido víctimas de lesiones físicas o psíquicas, mutilaciones, tortura, apremios ilegítimos, vejaciones, violencia sexual y muerte en el contexto de las movilizaciones sociales en el denominado “estallido social”, o que se hayan infringido por agentes del Estado. Las responsabilidades reguladas por esta ley se establecerán sin perjuicio de las responsabilidades personales e institucionales que puedan ser establecidas en sede penal, administrativa o en materia de Derechos Humanos, que determinen las autoridades nacionales o internacionales competentes.

La indemnización que ha de concederse en virtud de esta ley deberá otorgarse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la vulneración y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones de las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

De acuerdo a los criterios de reparación contemplados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y definidos en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reparación obtenida mediante esta ley se inserta dentro del criterio de compensación, no implicando una reparación integral, pues no quedan comprendidos los criterios de verdad y justicia, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Artículo 2.- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

1. Estallido social: serie de masivas manifestaciones sociales iniciadas en Santiago como respuesta a un alza de treinta pesos en el valor del Metro de dicha ciudad, que derivó en un movimiento a nivel nacional con manifestaciones masivas de descontento ciudadano en todo el país. El contexto descrito se entiende iniciado el 7 de octubre de 2019.

2. Víctima: toda persona que, individual o colectivamente, hubiere sufrido lesiones físicas o psíquicas, mutilaciones, tortura, apremios ilegítimos, vejaciones, violencia sexual o a quienes se les hubiere provocado la muerte, como consecuencia de acciones u omisiones de agentes del Estado, y/o, bajo el contexto de movilizaciones sociales en el denominado estallido social, sin perjuicio que dichas personas hubieren estado o no participando de tales movilizaciones, ni de las investigaciones que se estén realizando en su contra o de condenas emanadas de la justicia penal, tanto a nivel nacional como internacional.

También se considerará víctima, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

Para efectos de esta ley, se presumen ser víctimas todas aquellas personas que hayan hecho denuncias o dejado constancia de daños, a contar del 7 de octubre de 2019, ante la Fiscalía Nacional y/o alguna organización vinculada a la promoción y/o defensa de los Derechos Humanos, entre las cuales se encuentran las siguientes instituciones:

1. Instituto Nacional de Derechos Humanos.

2. Defensoría de la Universidad de Chile.

3. Comisión Chilena de Derechos Humanos.

4. Amnistía Internacional.

5. Colegio Médico de Chile.

6. Londres 38, Espacio de Memorias.

7. Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo.

8. Defensoría Popular.

9. Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial.

10. Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, Cintras.

11. Comisión Ética contra la Tortura.

12. Cualquier otra organización vinculada a la promoción y/o defensa de los Derechos Humanos.

Se excluyen como víctimas aquellas personas que hubieren sufrido daños en el ejercicio de sus funciones, que sean miembros de Carabineros, de Policía de Investigaciones, del Ejército y de la Armada de Chile, por ser materia de legislación especial.

Respecto de las personas que hubieren resultado fallecidas o no pudieren ejercer los derechos que esta ley les otorga, se considerarán víctimas las personas indicadas en el inciso segundo del artículo 108 del Código Procesal Penal.

3. Movilizaciones sociales en el estallido social: cualquier hecho consistente en concentraciones masivas de personas con fines de protesta social o de actos de manifestación ciudadana de cualquier tipo, en que hubieren intervenido fuerzas especiales o su sucesora, la Unidad de Control del Orden Público de Carabineros o cualquier funcionario de dicha institución, así como del Ejército, Armada o agentes de la Policía de Investigaciones de Chile y/o cualquier otro agente del Estado.

Artículo 3.- Requisitos para establecer la responsabilidad del Estado para efectos de esta ley. La víctima deberá acreditar ante el tribunal competente la ocurrencia de los hechos, acciones u omisiones, que generaron el daño respectivo, fueron cometidos por agentes del Estado o que hayan ocurrido desde la fecha señalada en el artículo 1, la cuantía del daño emergente y lucro cesante. El daño moral no debe ser probado y se presume, correspondiendo al tribunal determinar su cuantía.

No será necesario acreditar la existencia de falta de servicio por parte del Fisco de Chile para que sea condenado por concepto de responsabilidad civil. Los requisitos relativos a la falta de servicio para efectos de configurar la responsabilidad del Estado, se entenderán acreditados por el solo ministerio de la ley.

Artículo 4.- Tribunal competente y procedimiento aplicable. Será competente para conocer las materias de esta ley, el Tribunal Civil del domicilio de la víctima o aquel que corresponda al lugar en que ocurrieron los hechos que fundamentan la demanda, a elección de la víctima.

Los preceptos contenidos en esta ley se tramitarán de acuerdo a las siguientes disposiciones:

1°.- Deducida la demanda, citará el tribunal a la audiencia del quinto día hábil después de la última notificación, ampliándose este plazo si el demandado no está en el lugar del juicio, con todo o parte del aumento que concede el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil;

2°.- La audiencia se celebrará con sólo el que asista y en ella se recibirá la contestación y se rendirán las pruebas. La parte que quiera rendir prueba testimonial deberá presentar, antes de las doce horas del día anterior al de la audiencia, una lista de los testigos de que piensa valerse;

3°.- Para garantizar el derecho a ser oído en la audiencia, se podrá tomar declaración de la víctima a petición de ésta, la cual no podrá ser denegada en caso alguno. La declaración se tomará por el juez de manera verbal o por escrito, quien se encargará de escuchar o leer lo que tenga que declarar la víctima y se remitirá a hacer las preguntas que estime conveniente para clarificar y precisar los hechos que considere necesarios para dictar sentencia. Lo anterior, deberá acogerse a lo señalado en el Capítulo IV letra b, h, i, j, k, del Protocolo de Estambul. Los abogados de las partes no tendrán derecho a hacer preguntas a la víctima.

4°.- Si el juez lo estima conveniente, oirá el informe de un perito, el que podrá ser particular a solicitud de las partes, nombrado en la misma audiencia por los interesados y, a falta de acuerdo, por el tribunal. El juez fijará un plazo al perito para que presente su informe. En el caso de que dicho informe haya sido realizado en otra sede judicial y cumpliendo con las directrices del Protocolo de Estambul, podrá ser presentado en este procedimiento.

El informe realizado por el perito, debe ajustarse a las Directrices Para La Evaluación de la Tortura y los Malos Tratos contenida en los Capítulos IV, V y VI del Protocolo de Estambul. Respecto al informe pericial encargado a psicólogos y médicos, estos deben incluir a lo menos, los siguientes elementos:

i) Las circunstancias de la entrevista: el nombre de la víctima y la filiación de todos los presentes en el examen, la fecha y hora, la ubicación, carácter y domicilio de la institución donde se realizó el examen, incluida la sala o habitación donde se practicó, precisando si se trata de un centro de detención, establecimiento de salud o residencia; las circunstancias particulares en el momento del examen, como son, la naturaleza de cualquier restricción de que haya sido objeto la persona a su llegada o durante el examen, la presencia de fuerzas de seguridad, la conducta de las personas que hayan acompañado al detenido, posibles amenazas proferidas contra el examinador y cualquier otro factor pertinente;

ii) Los hechos expuestos: una exposición detallada de los hechos relatados por el sujeto durante la entrevista, incluidos los presuntos métodos de lesiones, castraciones, violencia sexual, tortura o malos tratos, el momento en que se produjeron dichos actos y cualquier síntoma físico o psicológico que afirme padecer la víctima;

iii) Examen físico: una descripción de todas las observaciones físicas del examen clínico, incluidas las pruebas de diagnóstico correspondientes y, cuando sea posible, fotografías en color de todas las lesiones;

iv) Examen psicológico: una descripción de la historia previa de la experiencia traumática; descripción detallada de los hechos y de lo ocurrido con posterioridad a estos.

v) Opinión: una interpretación de la relación probable entre los síntomas físicos y psicológicos y las posibles lesiones, castraciones, violencia sexual, tortura o malos tratos y la recomendación de un tratamiento médico, psicológico o de nuevos exámenes;

vi) Autoría: el informe debe incluir la identificación y la firma de la o las personas que hayan llevado a cabo el examen.

vii) Para mayor información el o los especialistas pueden referirse al Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes conocido como Protocolo de Estambul y a las Guías Prácticas para Médicos y Psicólogos del “International Rehabilitation Council for Torture Victimas”.

5°.- La sentencia se dictará dentro de quinto día contado desde la fecha de la audiencia o de la presentación del informe, en su caso;

6°.- La sentencia definitiva será apelable en el solo efecto devolutivo, salvo que el juez por resolución fundada no susceptible de apelación, conceda el recurso en ambos efectos. Las demás resoluciones serán inapelables.

7°.- La apelación se tramitará como en los incidentes y gozará de preferencia para su vista y fallo.

8°.- Para efectos de esta ley, se establecen las siguientes particularidades para efectos probatorios:

a. Bastará la declaración de dos testigos y un informe emitido por un profesional de la salud para acreditar la calidad de víctima.

b. La prueba será apreciada por el tribunal de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Al apreciar las pruebas de esta manera, el tribunal deberá expresar en la sentencia las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en virtud de las cuales les asigna valor o las desestima y, asimismo, el razonamiento lógico y jurídico para llegar a su convicción. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

c. En el procedimiento no existirán testigos inhábiles.

9°.- En todas aquellas materias no sujetas a disposiciones especiales se aplicarán, en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de las demandas, las normas establecidas en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 5.- Privilegio de pobreza. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 591 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, las personas que pretendan acogerse a las disposiciones de esta ley, contarán con privilegio de pobreza.

Artículo 6.- Imprescriptibilidad. Las acciones que emanan de esta ley serán imprescriptibles.

Disposición transitoria.- Las personas que hayan iniciado las correspondientes acciones civiles de reparación a las que se refiere esta ley con anterioridad a su entrada en vigencia, podrán solicitar el cambio de procedimiento con el objeto de que se les aplique estas disposiciones, considerando como válidas las gestiones probatorias que se hayan realizado.

Esta solicitud se tramitará como incidente y se podrá solicitar en cualquier etapa procesal previa a la dictación de la sentencia.”

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Sala de la Comisión, a 21 de abril de 2021

Mathias Claudius Lindhorst Fernández

Abogado Secretario

Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios