Labor Parlamentaria

La señora PROVOSTE (Presidenta).-

Senador Coloma, punto de reglamento.

El señor COLOMA.-

Sí, Presidenta .

Hoy día, a las dos de la mañana, falleció Jovino Novoa, Senador durante dieciséis años en esta Corporación. Ocupaba este mismo asiento. Y fue Presidente del Senado .

Estoy seguro de que usted concuerda conmigo, porque lo hablamos con la Mesa, en cuanto a rendir un minuto de silencio en su memoria.

Del Honorable Senador señor Quintana, por la que informa que retira su firma del proyecto de ley que incentiva la participación de las y los candidatos independientes en las elecciones de Diputados y Senadores (Boletín N° 14.071-06).

El señor ELIZALDE.-

Presidenta, yo quisiera plantear un tema bien concreto.

El año 2007, el 19 de diciembre específicamente, se presentó un proyecto de ley que sanciona delitos contra el medio ambiente. Ha pasado una década y media desde entonces; el proyecto se fusionó con otras iniciativas, y la Comisión de Medio Ambiente emitió un informe el 3 de septiembre del 2019, doce años después de presentada la moción.

Este informe fue remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con el objeto de que esta analizara el proyecto, como segunda Comisión. Y ya han pasado casi dos años.

El Gobierno se comprometió en su momento; el propio Presidente hizo un anuncio en esta materia; presentó urgencias para la tramitación en la Comisión de Medio Ambiente, pero no ha hecho lo mismo en la Comisión de Constitución.

Por lo tanto, Presidenta , quiero plantear que, si queremos tener finalmente una ley que sancione los delitos contra el medio ambiente, el proyecto, o pase directamente a la Sala con el informe de la Comisión de Medio Ambiente, o se dé un plazo acotado, máximo treinta días, a la Comisión de Constitución, de tal manera que, si no evacúa un informe en ese lapso, se entienda vencido el trámite en dicha instancia, algo que ya se ha hecho en otras Comisiones. Yo soy miembro de la Comisión de Agricultura, presido la de Economía, y nos ha tocado que nos han enviado iniciativas con plazos acotados para emitir un informe.

A mi parecer, no se puede seguir postergando la tramitación de este proyecto. Estamos hablando -insisto- de una moción del año 2007. El Gobierno hizo un anuncio. El propio Presidente incluso se sacó una foto, señalando que era partidario de una legislación en esta materia. Sin embargo, en el último tiempo no le ha puesto urgencia.

Por eso, quiero proponer a la Sala que resuelva que el proyecto se vea directamente en el Hemiciclo, con el informe de la Comisión de Medio Ambiente. Y, en caso contrario, que se le dé un plazo acotado, de máximo treinta días, a la Comisión de Constitución para que evacúe el documento correspondiente.

El señor ARAYA.-

Gracias, Presidenta.

Quiero ser responsable. La agenda de la Comisión de Constitución se halla sumamente recargada, de tal manera que será muy difícil que pueda cumplir el plazo de treinta días. Tenemos una serie de proyectos, bastante complejos, y estamos sesionando a lo menos tres veces a la semana. Y a eso tenemos que agregar las Comisiones Mixtas a las que debemos asistir los miembros de la Comisión de Constitución, entre otras la que debe pronunciarse sobre el proyecto relativo al uso de brazalete electrónico en caso de violencia intrafamiliar.

Por lo tanto, un plazo de treinta días -y creo que mis colegas de la Comisión me van a apoyar en esta materia- es muy probable que no lo podamos cumplir. Tendría que ser un plazo mayor, o buscar una fórmula distinta para tratar el proyecto, Presidenta .

La señora ALLENDE.-

Presidenta, yo soy autora de una de las mociones referidas a los delitos ambientales.

Como se dijo, desde el año 2008 que estamos intentando que el proyecto arribe a buen puerto. Hubo varias mociones que se fusionaron; la Comisión de Medio Ambiente revisó extensamente el texto; el Gobierno siempre manifestó que estaba de acuerdo, y por lo tanto, voy a pedir que no tomemos un acuerdo que sabemos que será incumplible. Llevamos muchos años esperando que la Comisión de Constitución tenga tiempo; nosotros entendemos que siempre tiene a su cargo materias urgentes, pero la verdad es que estamos en una situación de frustración, de fracaso, y este país no resiste el que no exista capacidad para generar la figura del delito ambiental.

Lo sabemos perfectamente. Incluso, hay informes sobre la actuación de la Superintendencia del Medio Ambiente, que es la única institución que puede realizar fiscalizaciones. Y está pendiente otro informe de la Contraloría, bastante crítico. Por lo tanto, más que nunca necesitamos que exista en nuestro país la configuración del delito ambiental, como una forma de garantizar que efectivamente se cumplen los estándares, las normas y desde luego las fiscalizaciones, y podamos entregarles a nuestros ciudadanos una mejor calidad de vida y no tengamos, como las tenemos, zonas de sacrificio y otras más.

Por lo tanto, lo que yo le pido, Presidenta, es que el proyecto pase directamente a la Sala. De verdad, cuando uno se ha esforzado en elaborar un proyecto, que se ha fusionado con otras iniciativas, que ha sido tratado en la Comisión de Medio Ambiente, que trabajamos durante un montón de tiempo, resulta muy frustrante que nunca se pueda ver porque sabemos que siempre habrá otros asuntos a los cuales se les van poniendo urgencias tras urgencias.

Repito: pido que pase directamente la Sala, porque creo que estamos frente a un acto de responsabilidad ante la carencia que tenemos como país en este ámbito. Este no es un tema de quienes somos o no somos autores, sino de qué les decimos a los ciudadanos hoy día cuando simplemente, o no se fiscaliza, o se fiscaliza de manera muy insuficiente, y no existe ninguna sanción que vaya más allá de las multas, que en la práctica producen muy poco efecto.

Es lo que pido, Presidenta . Y agradezco al Senador Araya que haya tenido la honestidad de anticiparnos que sabe que un plazo de treinta días no podrá ser cumplido. Lo sabemos.

Reitero: pido que el proyecto pase a la Sala, Presidenta .

La señora EBENSPERGER.-

Gracias, Presidenta .

Yo comparto la urgencia de contar con esta normativa.

Nosotros, en la Comisión de Constitución, alcanzamos a tener una sesión al respecto, y efectivamente, por la gran cantidad de proyectos que debemos analizar, no se ha seguido viendo, no obstante que es facultad de su Presidente determinar los asuntos que se deben estudiar. De repente uno puede no estar de acuerdo con las urgencias que se han hecho presentes.

Pero creo que el proyecto debe ser examinado en la Comisión de Constitución. La vez que lo vimos nos encontramos con temas con los que no estábamos de acuerdo y deben ser mejorados, porque lo peor es hacerlo mal.

Hacerlo mal, para mí, no es la solución. Siempre el remedio puede ser peor que la enfermedad.

A mí me gustaría que el Presidente del organismo dijera, ojalá, cuál sería un plazo razonable. Creo que las cosas, con esfuerzo, se pueden hacer. Y si hay que sesionar un cuarto día para poder sacar adelante el proyecto antes de que venga a la Sala, me parece que debiera ser así, pero creo que es importante que la Comisión de Constitución lo revise y de ahí salga un texto. A lo mejor no, a lo mejor es el mismo, pero debiéramos revisarlo al menos antes de venir a la Sala. En la sesión que tuvimos sobre la materia vimos que hay muchas dudas; por lo menos, es lo que a mí me manifiestan algunos profesores que pudimos escuchar.

Presidenta, yo creo que debe ser visto por la Comisión de Constitución antes de venir a la Sala. Sí creo que hay que ponerle un plazo.

Gracias.

El señor GIRARDI.-

Gracias, Presidenta .

Yo lamento mucho que el tema ambiental no sea una prioridad; que los daños que están sufriendo los seres humanos, los ecosistemas no sean algo importante para este Senado; que las zonas de sacrificio no sean relevantes; que puedan ocurrir situaciones como la contaminación de Arica -yo fui uno de los que denunció el tráfico de residuos peligrosos a Promel-, que destruyó la vida de miles de personas, sin que exista ninguna sanción, y que los delincuentes que recibieron millones de dólares por ese tráfico caminen libremente por las calles sin siquiera haber pagado multas relevantes.

No se entiende lo que hemos vivido de los estallidos sociales y lo que acaba de ocurrir en la elección de los constituyentes, donde aquellos constituyentes y constituyentas que plantearon como prioridad la defensa del medio ambiente son los que obtuvieron lejos las primeras mayorías. Hay un clamor ciudadano por tener normas ambientales que sean respetadas y que sean preventivas, porque lo que hace el delito ambiental es prevenir. Cuando un gerente, como ha ocurrido, por ejemplo, en Quintero, a sabiendas abre los ductos para lanzar contaminantes que van a dañar la vida de toda una comunidad y del ecosistema, lo hace porque no tiene ninguna sanción. Cuando exista sanción penal va a haber acciones que van a ser de prevención. Los gerentes, los ejecutivos no van a estar disponibles para hacer lo que hoy día hacen.

Presidenta, este proyecto transita desde el año 2007. Yo le pido o que le pongamos un plazo a la Comisión de Constitución, que estima que esto no es importante, o que pase a la Sala para que lo podamos debatir.

Este proyecto, además, fue hecho por los principales especialistas, por doctores en derecho, por académicos relevantes. Son ellos los que, junto a la Comisión del Futuro y a numerosos Parlamentarios que están acá, lo elaboraron. Este no es un proyecto hecho a la medida de la opinología de los Senadores y las Senadoras, que puede ser muy aguda, sino un proyecto hecho por los principales académicos intelectuales del derecho y ha sido apoyado por todos los grandes académicos intelectuales del derecho de todas las universidades.

Entonces, Presidenta , creo que el país no puede seguir esperando tener la legislación ambiental que se merece. O la Comisión de Constitución ve esta iniciativa en un plazo razonable, que yo pido que sea de treinta días, y que trabajen a lo mejor un día más, dos días más, o que pase a la Sala.

El señor CHAHUÁN.-

Presidenta, efectivamente este es un proyecto que lanzamos con mucha euforia en el Patio de los Naranjos, en La Moneda, hace mucho tiempo atrás.

Este es un proyecto, además, que fusionó mociones parlamentarias de distintas bancadas. Yo soy coautor de una de esas iniciativas. Y quiero pedirle efectivamente que seamos capaces de ponerle la presión necesaria en los tiempos para que este tema finalmente pueda verse en la Sala.

Este es un tema que yo he hablado con la Ministra del Medio Ambiente. Ella ha manifestado buena voluntad para avanzar, pero lo cierto es que este proyecto está atascado en la Comisión de Constitución.

Entonces, debiéramos fijar un plazo para la Comisión de Constitución, para que llegue con un informe favorable o desfavorable, pero que llegue finalmente a la Sala. Y segundo, habría que pedirle también a la Ministra del Medio Ambiente la urgencia necesaria para poder despacharlo.

Creemos que este es un proyecto absolutamente necesario para terminar con las mal llamadas "zonas de sacrificio ambiental". Además, recoge las voluntades de parlamentarios de distintas bancadas.

Presidenta, por lo menos yo soy partidario de establecer un plazo para que el proyecto llegue finalmente a la Sala y sea esta la soberana, la que en definitiva permita a lo menos aprobarlo en general y darle prosecución justamente a su tramitación.

He dicho.

El señor NAVARRO.-

Presidenta , en razón de estas asignaciones que hacemos a la Comisión de Constitución, yo quiero recordar que el 10 de marzo del 2020 la Sala remitió a la Comisión de Constitución la interpretación del artículo 53, numeral 7), que establece la facultad exclusiva del Senado para inhabilitar al Presidente de la República por causales tanto físicas como de salud mental. Se dio un plazo de treinta días; eso fue en marzo del 2020. Ahora, el 24 de marzo del 2021 también le dimos a la Comisión de Seguridad Pública treinta días para poder asumir el debate de la ley que prohíbe el uso de escopetas de perdigones a Carabineros. Es decir, los plazos que les estamos dando a las Comisiones no se cumplen, y en particular esto lleva más de un año en la de Constitución.

Por tanto, hay que tenerlo presente a la hora que tomamos estos acuerdos. El Senador Pedro Araya ha sido suficientemente sincero y realista para determinar que no va a ser posible lo que se le pide a Constitución.

Ahora, si no es posible, en el caso de Seguridad Pública nosotros queremos verlo en la Comisión de Derechos Humanos.

En consecuencia, podríamos tomar la medida de que los proyectos que tienen como destino la Comisión de Constitución puedan ser revisados por otras Comisiones previamente, lo que posibilita su avance y también facilita el accionar de la Comisión de Constitución.

A ver si es posible tomar ese acuerdo más permanente ahora o en Comités, Presidenta .

El señor ARAYA.-

Gracias, Presidenta.

Dos cosas. Voy a partir por lo segundo que dijo el Senador Navarro en cuanto al informe que tiene que emitir la Comisión de Constitución respecto de la forma como se puede solicitar la inhabilidad del Presidente de la República . Quiero señalarle, Senador Navarro, que le hemos encomendado al Secretario de la Comisión de Constitución que nos pueda preparar un informe. Una vez que ese informe esté preparado por la Secretaría va a ser discutido por la Comisión y, obviamente, se enviará un pronunciamiento a la Sala. En todo caso, esto ya se le comunicó formalmente a la Secretaría del Senado y esperamos en los próximos días tener a lo menos un informe previo por parte de la Secretaría de la Comisión de Constitución a fin de emitir ese pronunciamiento.

Y lo segundo, Presidenta , es que hoy día la Comisión de Constitución está tratando temas que son complejos. Nosotros tenemos en tabla el proyecto de ley de adopciones y, posteriormente, matrimonio igualitario, entre otras cosas. Entonces, una solución sería que la Sala acuerde que terminada la Ley de Adopciones, que es solamente discusión en general, pueda venir este proyecto a la Comisión de Constitución para su discusión, y que ahí se pueda fijar un plazo razonable para la discusión.

Y en paralelo, Presidenta , yo también le pediría que usted pueda hacer las gestiones con el Ejecutivo , porque nosotros tenemos distintas solicitudes de distintos Ministerios -Interior, Justicia, el mismo Medio Ambiente, entre otros- que piden poner en tabla proyectos en la Comisión de Constitución. Entonces, la idea es que usted pueda ordenar con el Ejecutivo la agenda legislativa y que el mismo Ejecutivo pueda colocarle no sé si "discusión inmediata" o suma urgencia al proyecto de ley de delito ambiental, como una forma también de que tenga prioridad al interior de la Comisión.

Esa creo que puede ser una salida a este proyecto, Presidenta .

El señor HUENCHUMILLA.-

Gracias, Presidenta .

Respecto de la petición del Senador Navarro, yo, como Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, no tengo inconveniente en que el proyecto al cual se refería pase a la Comisión de Derechos Humanos. Personalmente, no tengo ningún inconveniente. Nos alivia la tarea que tenemos en la Comisión, Presidenta .

La señora EBENSPERGER.-

Presidenta, en la tabla de mañana miércoles los Comités fijaron dos proyectos de ley para tratar, pero sujetos a la llegada de los informes de las respectivas Comisiones.

Entonces, yo quisiera solicitarle, Presidenta , que recabe el acuerdo de la Sala para que, en caso de que no llegaran esos informes, que nos dejarían por lo tanto sin proyectos en tabla para mañana, se ponga en tercer lugar el boletín N° 13.752-07, que ya fue despachado por la Comisión de Constitución y que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación de los tribunales luego del estado de excepción constitucional de catástrofe y calamidad pública. Porque, si ese proyecto no se aprueba, una vez terminado el estado de excepción se va a producir un grave problema en los tribunales de justicia.

Tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo y todos los demás servicios o sistemas o personas que funcionan dentro del sistema judicial están muy preocupados de que estos proyectos se aprueben, porque es la solución para impedir que, de verdad, se produzca un desastre una vez que se acabe el estado de excepción, por cuanto en ese momento también termina su vigencia la ley anterior que está operando durante este período, Presidenta .

Reitero que es el boletín N° 13.752-07, que ya fue despachado; está entre los proyectos que quedaron para tabla.

Gracias, Presidenta .

TIPIFICACIÓN DE USO DE MENORES PARA COMISIÓN DE DELITOS

La señora PROVOSTE ( Presidenta ).-

Muchísimas gracias.

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La señora PROVOSTE (Presidenta).-

A continuación, entramos al Orden del Día.

Quiero saludar al señor Ministro de Salud , señor Paris, quien se encuentra presente en esta sesión en forma telemática, y también nos acompañó la semana pasada.

Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señora Aravena y señores Chahuán, García, Galilea y Pugh, que tipifica el delito de incendio en establecimientos educacionales. Boletín N° 14.282-07

Antecedentes

Los ataques incendiarios se han vuelto un practica cada vez más común en nuestro país. De forma lamentable, hemos visto como es cada vez más común que hogares, vehículos particulares, transporte público, monumentos y patrimonio histórico sean violentamente incendiados, produciendo un daño no solo material, sino que invaluable al alma de la sociedad toda.

Mediante regulación específica, se ha intentado facilitar el trabajo de las policías y el ministerio publico para la oportuna y efectiva persecución y sanción de estos delitos. Así, en el último año se han tramitado varias iniciativas como la que modifica el código penal estableciendo la agravante de incendio en la cabina de un camión (Boletín 13.716-07), o el proyecto que busca sancionar los incendios en lugares destinados al culto religioso (Boletín 13.889-07).

Actualmente los ataques a establecimientos educacionales no tienen una sanción específica, y se sancionan utilizando la figura de los artículos 475 o 476 del Código Penal según sea el caso. Sin embargo, al no ser del todo claro, creemos que se hace necesario impulsar una regulación especifica al respecto de manera de, por una parte, unificar el criterio jurisprudencial y por otra otorgar una herramienta especifica al ente persecutor para su correcta y oportuna sanción.

En particular, el artículo 475 del Código Penal, que queremos reformular en este proyecto de ley, establece actualmente lo siguiente:

"Artículo 475, Se castigará al incendiario con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo:

1.º Cuando ejecutare el incendio en edificios, tren de ferrocarril, buque o lugar habitados o en que actualmente hubiere una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia.

2º Si lo ejecutare en buques mercantes cargados con objetos explosivos o inflamables, en buques de guerra, arsenales, astilleros, almacenes, fábricas o depósitos de pólvora o de otras sustancias explosivas o inflamables, parques de artillería, maestranzas, museos, bibliotecas, archivos, oficinas o monumentos públicos u otros lugares análogos a los enumerados.".

Consideramos que en este numeral 2 debieran estar incluidos los establecimientos educacionales, pues al igual que el catálogo de inmuebles protegidos (como museos, bibliotecas, almacenes, etc). las escuelas tienen un rol social que cumplen, y por tanto, merecen una mayor pena para los responsables de incendios.

En efecto, actualmente quien incendia hoy una escuela recibe la pena consagrada en el artículo 477 del mismo Código Penal, que es la norma supletoria, es decir, luego de descartar los casos establecidos en los artículos anteriores. Dice este artículo 477 lo siguiente:

"Artículo 477.- El incendiario de objetos no comprendidos en los artículos anteriores será penado:

1.º Con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si el daño causado a terceros excediere de cuarenta unidades tributarias mensuales.

2.º Con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, si el daño excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta unidades tributarias mensuales.

3.º Con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de cinco unidades tributarias mensuales, si el daño excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare de cuatro unidades tributarias mensuales.".

Como se puede ver, se trata de penas bastante bajas. En el mejor de los casos, si el daño causado excede a 40 UTM (poco más de dos millones de pesos, al momento de presentar esta moción), se castigará al culpable con una pena máxima de 10 años, y una multa de casi 800 mil pesos (considerando la UTM vigente al momento de presentar la moción).

Con la propuesta de incluir el incendio de escuelas en las figuras del artículo 475, el culpable recibirá una pena mínima de 10 años y un día, y hasta una pena máxima de presidio perpetuo. Sabemos que el "monto de la pena" no es el único factor que debiéramos considerar al momento de preocuparnos de una agenda de seguridad pública, pero sin lugar a dudas, el aumento de penas puede llevar a que los posibles infractores se vean más cohibidos de cometer estos delitos. Y al mismo tiempo, habrá una sensación mayor de justicia para la comunidad afectada.

La necesidad de proteger los establecimientos educacionales

Al atacar un establecimiento educacional, no solo se atenta contra la infraestructura, que muchas veces además puede ser parte de un patrimonio cultural, sino que también se ataca a la sociedad toda, pues es un ataque contra valores que como sociedad hemos considerado esenciales. Junto con eso, se atacan también edificios que son verdaderos centros de encuentro social.

Las escuelas en muchas oportunidades funcionan como centros de acopio y albergue ante emergencias, como sedes de eventos sociales que fortalecen y ayudan a las comunidades locales y también cumplen una función importantísima en la correcta nutrición de los niños de nuestro país: son el lugar donde, a través de JUNAEB, los niños más vulnerables pueden acceder a alimentación, lo que transforma entonces a estos atentados no solo en actos delincuenciales deleznables por atacar valores que como sociedad hemos decididos son esenciales y tenemos el deber de proteger, sino que además en verdaderos atentados contra la salud pública.

Sin duda el hecho más reciente y que conmueve es el ocurrido el día 22 de mayo de 2021 se registró[1] un terrible ataque a una escuela en la comuna de Contulmo, en la que, según testimonios recabados por la prensa, cerca de diez personas encañonaron al profesor encargado del establecimiento, lo obligaron a salir del lugar y posteriormente quemaron tanto la vivienda y vehículo del docente como la escuela de la que estaba encargado.

Sin embargo, el hecho anterior descrito lamentablemente no es aislado. Para ilustrar el punto, ponemos como ejemplo los incidentes que tuvieron lugar en Julio de 2020, cuando en un rango de apenas diez días, tres escuelas rurales fueron quemadas por desconocidos[2], dejando sin su lugar de educación a 173 estudiantes y sin su lugar de trabajo a 45 personas. En uno de estos violentos hechos se logró detener a sus presuntos autores, los que quedaron en libertad luego del control de detención[3]. El 18 de abril de 2021, por su parte se declaró un incendio en la escuela San Arturo, en el sector de Radalco, Curacautín[4]. Esta escuela fue consumida por las llamas luego de que tras un operativo de recuperación de tierras usurpadas por delincuentes se atacara al establecimiento, afectando directamente a las comunidades vecinas a las que esta escuela les prestaba servicios. En la misma línea, en el mes de abril de 2021, una escuela rural fue incendiada en el sector de Pailahueque[5] sin lograr responsables a la fecha.

Quizás uno de los casos más dramáticos es el que se dio en Cañete: es el caso de una escuela que, tras ser brutalmente incendiada en 2020, estaba siendo reconstruida con el apoyo de privados. Cuando ya presentaba un 90% de avance su reconstrucción, fue nuevamente atacada el día 11 de mayo de 2021 [6] con disparos y fuego, provocando por una parte daños materiales, pero también la afectación directa al derecho que tienen los niños a educarse.

Al mismo tiempo, no debemos olvidar que el día 8 de noviembre de 2019, utilizando acelerantes y aprovechándose de la conmoción social que vivía el país, una persona provocó un incendio que destruyó por completo una sede de la Universidad Pedro de Valdivia[7].

Ejercicio del derecho a la educación en forma regular

Al igual que la Libertad de culto, el derecho a la educación está consagrado tanto a nivel constitucional como en tratados internacionales. Así, nuestra Constitución Política, en su artículo 19 Nº 10, garantiza el derecho a la educación, señalando que su objeto es el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida y estableciendo que es deber del Estado financiar la educación básica y media, así como promover un sistema de educación parvularia.

En el caso particular de estas dos garantías (libertad de culto y derecho a la educación), se trata de derechos de contenido múltiple, pues se trata tanto de libertad como de prestación en un sentido amplio. La normativa anteriormente citada debe ir aparejada entonces de esfuerzos positivos por parte del Estado para que dichas libertades y derechos puedan ser ejercidos. Es en este sentido que el Estado tiene un deber en cuanto a asegurar el acceso a estos derechos, siendo una de sus aristas el poder garantizar la seguridad de los lugares en donde se realizan más propiamente, esto es las iglesias y las escuelas.

Lamentablemente, la realidad nos indica que no basta simplemente con proveer un servicio o consagrar las libertades, sino que también es deber del Estado resguardar y garantizar la seguridad en el ejercicio de estos derechos. De los antecedentes expuestos nace entonces la necesidad de explicitar el tipo penal de incendio en establecimientos educacionales y lugares destinados al culto religioso, pues finalmente no se trata de una ofensa a un individuo, sino que el disvalor es mayor pues se infiere un daño a la sociedad toda ya que violenta algo que como sociedad hemos decidido proteger.

Y así como este mismo Senado ha iniciado recientemente un proyecto que busca aumentar las penas para la quema de lugares destinados al culto religioso (el ya mencionado Boletín 13.889-07) corresponde ahora hacer lo propio para aumentar las penas relativas a la quema de lugares destinados a la educación. De hecho, eventualmente, y si la Sala así lo acuerda, ambas mociones puedan terminar refundidas, para ser tramitadas como un solo gran proyecto de ley.

ES POR LO ANTERIOR, QUE SOMETEMOS A ESTE HONORABLE SENADO EL SIGUIENTE:

PROYECTO DE LEY

ARTICULO UNICO. - Intercálase, en el numeral 2 del artículo 475 del Código Penal, a continuación de la expresión monumentos públicos la frase "establecimientos educacionales", precedida de una coma.

Honorables Senadores señora Aravena y señores Chahuán, García, Galilea y Pugh

Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Castro, Araya, Elizalde y Letelier, que modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 430, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, para prohibir la pesca de arrastre del recurso merluza común (merluccius gayi gayi). Boletín N° 14.283-21

FUNDAMENTOS

En Chile la pesquería de merluza común (Merluccius gayi gayi) popularmente conocida también como “pescada”, constituye el principal sustento para miles de pescadores artesanales e industriales, y es, entre todos los productos extraídos del mar territorial chileno, uno de los más consumidos por chilenas y chilenos junto a la reineta y el atún.

La merluza común, lleva siendo monitoreada desde hace casi 10 años por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Al revisar sus informes anuales referentes a las especies de merluza presentes en nuestro país, 3 de ellas, incluida la merluza común, se encuentran extremadamente sobreexplotadas y una de ellas agotada. Todos los intentos por proteger este valioso recurso, incluida la veda que tiene lugar durante el mes de septiembre de cada año, han sido insuficientes para recuperar volúmenes óptimos de reproducción y desarrollar una extracción sustentable.

La pesquería de merluza común en Chile se divide de la siguiente forma: 60% para la pesca industrial y el 40% para la pesca artesanal. El sector pesquero industrial utiliza el método denominado “pesca de arrastre de fondo” para extraer este recurso. Este método de captura, según lo revelado por diversas investigaciones científicas, resulta tremendamente perjudicial para la subsistencia de esta pesquería, y de muchas otras que se ven afectadas por este método extractivo. Es por esta razón, que a nivel mundial la pesca de arrastre está siendo sistemáticamente erradicada, ya que no solo arrastra el pez objetivo, sino que arrasa con todo a su paso, destruyendo o reorganizando los hábitats marinos que sirven de protección y como lugares de alimentación y apareamiento para un sinfín de especies marinas.

En el año 2015 el recurso merluza común fue declarado como agotado o colapsado y desde entonces se ha mantenido sobreexplotado, sin que se haya planteado una estrategia bien definida para poder conservar y recuperar la especie. Es por eso que hoy, como medida extrema, y como recomendación de muchos expertos incluyendo a cientos de pescadores artesanales, rubro que ha sido profundamente afectado por la sobreexplotación desmedida de este recurso es que, a través de este proyecto de ley, promovemos la prohibición del empleo del arte de pesca denominado "de arrastre", ya sea de fondo o media agua, tanto para el sector industrial o artesanal, utilizado para la extracción de merluza común.

Por lo anterior, sometemos a discusión de este Honorable Senado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Agréguese en el artículo 5º de la Ley General de Pesca, refundida y sistematizada en el Decreto 430 de 1991 el siguiente inciso cuarto, nuevo, pasando el cuarto y quinto a ser quinto y sexto, respectivamente:

"La especie Merluza Común (Merluccius gayi gayi) no podrá ser extraída empleando el arte de pesca comprendido como "arrastre", ya sea de media agua o de fondo. Y sólo podrá ser extraída utilizando espinel y/o red de enmalle”.

Honorables Senadores señores Castro, Araya, Elizalde y Letelier

Proyecto de ley, iniciado en moción de las Honorables Senadoras señoras Goic, Allende, Aravena, Provoste y Sabat, que establece los derechos de las mujeres en las atenciones gineco-obstétricas, los derechos del nacimiento y regula la violencia gineco-obstétrica. Boletín N° 14.284-11

Fundamentos:

Durante el último siglo la asistencia sanitaria del parto se posicionó en nuestro país como una preocupación social y especialmente del equipo de salud mediante una política de salud pública. Nadie pone en duda los avances nacionales de la medicina en general y, de la obstetricia en particular, lo que ha permitido salvar vidas de mujeres y recién nacidos que antes no sobrevivían. Sin perjuicio de lo anterior, durante las últimas décadas la excesiva focalización en prevenir y contener la patología asociada a la gestación y nacimiento ha ido de la mano de la pérdida de autonomía de la mujer gestante y parturienta y de la patologización del parto. Lo anterior, está actualmente causando daños en todas las dimensiones de la salud, físico, mental- emocional y social de las mujeres y sus hijos o hijas recién nacidos.

Reconociendo los avances tecnológicos y médicos que han permitido disminuir la morbimortalidad materno fetal. Es preciso señalar que en la actualidad es necesario incorporar nuevos enfoques en salud sexual y reproductiva, el eje central no solo debe estar situado en las tasas de morbimortalidad y su prevención, sino que también en la calidad de los cuidados en salud para todas las mujeres, bienestar físico y mental resguardando los derechos de las mujeres. Uno de los objetivos primordiales en las modernas atenciones de salud, debe ser el mejorar los cuidados, aplicando criterios de calidad, dignidad, respeto y adherencia a las buenas prácticas obstétricas. Estas directrices deben incidir en la disminución del exceso de intervenciones innecesarias e injustificadas sin evidencia científica y que no mejoran los resultados obstétricos y, que además, puede causar daños evitables (físicos y emocionales) aumentando los costos para el servicio de salud y profundizando las inequidades.

Las complejidades que surgen en torno al nacimiento y la eventual violencia obstétrica que reciben las mujeres al momento de ser atendidas y de parir en centros de salud en Chile, tanto privados como públicos, se ha situado como una problemática de Estado porque los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Por consiguiente, es una prioridad perfeccionar la débil legislación vigente en esta materia y propender a la creación de leyes que velen por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y sus familias durante los procesos que requieren de atención ginecobstetricia.

Por su parte, es menester señalar que el Estado chileno ha contraído compromisos internacionales en el sentido de eliminar todo tipo de violencia de género, como una expresión de la defensa de los Derechos Humanos. Así las cosas, se han suscrito los siguientes tratados internacionales:

1.Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1969 (PIDESC) artículo 2 inc. 2, artículo 3 y, en especial, el artículo 10 inc. 2, 12.

2.Ratificación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ONU, 1984).

3.Informe de la CEDAW ratificado en Chile 1989, donde se promueve la «equidad de género y finalizar con la violencia y discriminación en contra de la mujer».

4.Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de la Mujer «Convención de Belem do pará» 1996.

5.Ratificación acuerdo Objetivo del Milenio (ONU, 2010), cuyo tercer objetivo exige promover la igualdad entre género y empoderamiento de la mujer.

A mayor abundamiento, es preciso señalar que en 1985 la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió la declaración sobre la “Apropiada tecnología del nacimiento”, que marcó un hito en los esfuerzos globales de salud pública por disminuir las intervenciones obstétricas innecesarias y centrar la atención en las necesidades particulares de cada usuaria y familia (OMS, 1985)[1]. En los últimos años, diversas agencias nacionales e internacionales han publicado declaraciones sobre el parto respetado y los derechos en torno al nacimiento, tales como la declaración del año 2014 de la OMS sobre la “Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud”[2]. Luego, en el año 2015, la Federación Internacional de Gineco Obstetras (FIGO) junto a la Confederación Internacional de Matronas, Alianza del Lazo Blanco, Asociación Internacional de Pediatras, en conjunto con la OMS, publicaron una propuesta de nuevas directrices para las maternidades amigas de las madres y bebés, que incorporan los derechos contemplados en el siguiente documento (FIGO, 2015)[3]. Así como en el año 2019 en el Informe de la relatora especial de naciones unidas sobre la violencia contra la mujer, señala que se debe realizar un enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica.[4]

Así también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, se establece para la “Estrategia mundial de la salud para la salud de la mujer, el niño y el adolescente” a desarrollar entre 2016-2030 que los entornos propicios para el embarazo, parto y posparto deben programarse con enfoque de derechos humanos, previniendo la violencia de género.

En tanto en Chile, en diciembre de 2016 el Instituto Nacional de los Derechos Humanos incluye, por primera vez en su informe anual, la violencia obstétrica como una expresión de vulneración de los Derechos Humanos, por ende, representa al Estado la responsabilidad y la prioridad de actuar frente a estos casos, vinculándolo a políticas públicas especialmente relacionadas con la prevención de la violencia hacia las mujeres e insta a poderes colegisladores a la aprobación de normativas que garanticen prácticas adecuadas y respetuosas para la dignidad humana durante el embarazo, parto y puerperio[5].

Por consiguiente, el presente proyecto de Ley tiene por objetivo regular dos materias, que a continuación se detallan:

I.Regular y promover el parto personalizado y respetado

Contempla el derecho que le asiste a la mujer a ser tratada con respeto y con reconocimiento de su autonomía por parte del equipo de salud durante la gestación, al momento del parto como también durante su puerperio, de modo personal e individualizado, procurando garantizar un adecuado grado de intimidad durante el proceso asistencial , todo lo anterior en un marco de atención de salud de calidad, basado en las necesidades de las mujeres y la evidencia científica actual, libre de discriminación y maltrato y considerando la adecuada disposición y utilización de recursos[6].

En la actualidad en nuestro país durante la atención del nacimiento se practican diversos procedimientos de rutina que no se justifican en mujeres de bajo riesgo obstétrico- que debieran ser entre el 70% y 80%- y cuyo uso no está recomendado por las guías internacionales y nacionales de atención de salud (Binfa 2016)[7].

Nos referimos por ejemplo: a la inmovilización de la mujer en la cama con monitoreo electrónico continuo (que impide el movimiento y deambulación), la prohibición de ingerir alimentos y líquidos durante el trabajo de parto, el no permitir el acompañamiento de personas de la elección de la mujer durante el trabajo de pre parto, parto y postparto, falta de intimidad en el proceso y falta de información, la inducción farmacológica y conducción oxitócica sin indicación que lo justifique, la rotura artificial de membranas sin indicación que lo justifique, episiotomía de rutina, posición litotómica forzada en el parto, la maniobra de kristeller, entre otras. Cada uno de estos procedimientos deriva en otro, lo que ha sido definido como la cascada de intervenciones.

En esta dirección, es dable señalar que hacer una intervención aumenta la probabilidad de realizar otra intervención y así sucesivamente. Tal situación se dificulta aún más si la mujer carece de información y/o preparación al parto, tiene temor a este acontecimiento o ha tenido alguna experiencia de parto negativa. Lo precedentemente descrito se denomina como: “la cascada de intervenciones de rutina” que aumenta la probabilidad de cesárea. . En este escenario, se pretende distinguir entre el caso de una mujer que presenta una complicación médica o cursa una gestación de alto riesgo, oportunidad en que las intervenciones son necesarias y para ello Chile cuenta con profesionales idóneos para resolverlas. No obstante, nuestra propuesta está orientada a evitar intervenciones y procedimientos en mujeres que no las requieran, como las pacientes de bajo riesgo y en resguardar el trato respetuoso y la entrega continua de información a todas las gestantes independiente de su condición de riesgo obstétrico. ,En nuestro país el año 2015, el 51% de los partos se resolvieron por medio de una cesárea, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud señala que, a nivel de población, las tasas de cesáreas superiores al 15% no están asociadas a una reducción de la mortalidad materna y neonatal y que estas cirugías son eficaces para salvar la vida de las madres y los neonatos solamente cuando son necesarias por motivos médicos (Binfa 2016)[8]. Esta alta tasa de cesáreas tiene la particularidad de presentar grandes diferencias entre el sector público y privado, 40,9% y 69 % respectivamente (INDH, 2016)[9] .

En tal contexto, la evidencia disponible demuestra que el exceso de intervenciones médicas en el nacimiento, la vía de parto, y el trato recibido durante éste, tienen alto impacto en la salud de las personas. Es por esto que se hace perentoria la reconsideración del parto como un proceso fisiológico y respetado exclusivo de cada mujer y no del equipo médico, en el cual las intervenciones sean utilizadas sólo en el caso que sean justificadas por necesidades de salud de la mujer y su hijo. Es prioritario abordar la temática del nacimiento desde la perspectiva de la promoción de salud reconsiderando el parto como un evento normal, natural y saludable en la vida de la mujer.

La OMS recomienda a los profesionales de la salud trabajar en función de “seis prácticas básicas”: Atención respetuosa de la maternidad; Comunicación efectiva; Acompañamiento durante el trabajo de parto y el parto; Continuidad de la atención: en Período de dilatación Definiciones de las fases latente y activa del período de dilatación; Duración del período dilatación, no siendo igual para todas las mujeres. Todas estas recomendaciones tienen como fin tener una experiencia de parto positiva.[10]

Si bien estas recomendaciones no son vinculantes , y quedan a la libre voluntad de cada profesional de salud de adherir o no. Parte de la evidencia que respalda estas recomendaciones hace alusión a las hormonas y neurohormonas que participan en la fisiología del parto. La principal hormona involucrada es la oxitocina la que realiza sus funciones en diversos órganos que facilitan el parto lo hacen más seguro y promueve la lactancia.

La mujer que logra vivir un parto fisiológico libre de intervenciones de rutina tiene más probabilidades de que el recién nacido nazca sano, que haga contacto piel con piel, inicie lactancia dentro de la primera hora de vida, logre una lactancia exclusiva hasta los 6 meses y que la madre transite un post parto fisiológico, saludable desde un punto de vista emocional , con mayor sensibilidad y respuesta hacia las necesidades del recién nacido fortaleciendo el vínculo y promoviendo un estilo de apego seguro. La oxitocina que la madre y el niño producen alrededor del parto fisiológico activa mecanismos del cuerpo que previenen el estrés y regulan la sensación del dolor. Así mismo actúa en aspectos sociales promoviendo la empatía, el aprendizaje y la sensibilidad a través de los sentidos[11].

Para potenciar la liberación hormonal del sistema de la oxitocina y aumentar los beneficios asociados a esta, el ambiente juega un rol importante. La temperatura cálida, la penumbra, el silencio y la no intervención de personal innecesario, las palabras, el tono de voz, los olores y todo lo que rodea a la mujer pueden favorecer u obstaculizar el parto. La mujer necesita sentirse protegida, contenida, segura, bajar el sentido de alerta y los niveles de adrenalina. Un ambiente de intimidad es uno de los requisitos más importantes a considerar ya que el parto es un evento sexual en la vida de la mujer.[12]

El periodo “sensible” y/o “crítico” descritos en los años 70 por Kennel, Klaus y Odent apunta al momento crucial que todo ser humano vive alrededor del parto. En especial las primeras horas de vida y lo que aquí sucede deja un imprinting para toda la vida. Desde este punto de vista, las personas que trabajan en el área obstétrica pasan a ser moduladores de la biografía humana[13].

En la actualidad un tema relevante en el campo de la investigación médica es la hipótesis del impacto de las prácticas obstétricas alrededor del parto y su asociación con ciertas enfermedades y problemas de salud en futuras generaciones. El área de la epigenética y el microbioma, postula que los bebés nacidos por cesárea desarrollaran más obesidad hasta los 5 años y asma hasta los 12 años. Infecciones respiratorias, dermatitis atópica y desórdenes metabólicos. [14]

II.Eliminación y prevención de la violencia obstétrica:

En Chile, la violencia obstétrica no se encuentra regulada expresamente ni está contemplada como concepto en los Códigos de Ética de los gremios de la salud involucrados (matronas/es y médicos). Así las cosas, tampoco se encuentran sancionadas las conductas que generan violencia obstétrica. A falta de normas especiales que sancionen la violencia obstétrica, actualmente las orientaciones para la atención de los servicios de ginecología y obstetricia provienen del programa Chile Crece Contigo y Ministerio de Salud: “Manual de atención personalizada en el proceso reproductivo” (MINSAL-CHCC, 2008)[15], y “Programa para evaluar servicios de obstetricia, ginecología y neonatología” (MINSAL, 2008). Estas directrices han sido insuficientes, ya que no son vinculantes, por ende, constituyen meras recomendaciones. Conjuntamente, la Ley N° 20.584 de 2012 de Derechos y Deberes del Paciente establece un procedimiento administrativo especial de reclamación respecto de las atenciones de salud, en términos generales. No obstante, en ninguno de estos documentos se menciona explícitamente la violencia obstétrica.

Entre el año 2019 y 2020, se realizó la primera Encuesta Nacional sobre violencia obstétrica, por el Colectivo contra la violencia ginecológica y obstétrica, dentro de los resultados se destaca el siguiente[16]:

Los reportes de violencia en la atención ginecológica resultan alarmantes (67%), porcentaje que aumenta de modo preocupante al analizar las experiencias de violencia obstétrica (80%). Muchas de estas mujeres no volvieron a atenderse en servicios de ginecología y un alto porcentaje sólo volvió a hacerlo con motivo de un embarazo. Del mismo modo, un alto porcentaje adicional expresa que no están seguras de si experiencias como éstas les han sucedido, pero creen haberlas vivido.

Por su parte, en el contexto internacional la violencia obstétrica está regulada desde el año 2007 en Venezuela, desde el 2009 en Argentina, y desde el 2014 en el Estado de Veracruz en México, en el marco de leyes de equidad de género, prevención de la violencia hacia las mujeres y promoción de los derechos del nacimiento. En Italia en 2015 también se presentó un proyecto de ley que actualmente espera ser discutido. Cabe hacer presente que las distintas agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil creadas en el país en los últimos años, expresan una creciente y urgente demanda de la población usuaria por la regulación y legislación de este tipo de violencia. Ello significa diseñar y legislar medidas de acción positivas para llevar a la práctica un conjunto de acciones que prevengan y normen esta violencia, en pro de una mayor dignidad del conjunto de la sociedad y en particular de las mujeres.

En este contexto, las autoras de este proyecto presentamos el siguiente proyecto de ley:

PROYECTO DE LEY

Título I

“Disposiciones generales”

Artículo 1: El establecimiento de esta Ley tiene como propósito esencial asegurar el respeto y promoción de los derechos de la mujer, el recién nacido y la familia en el proceso de gestación, preparto, parto y post parto, así como también en torno a su salud ginecológica. Garantizando el derecho a una atención de calidad y propendiendo a la debida intimidad, el derecho de la mujer a recibir información adecuada libre de coerción y de participar en la toma de decisiones respecto a su atención a lo largo de todo su proceso de atención en el sistema de salud.

Para ello crea una normativa especializada que establece los derechos del nacimiento y regula la violencia gineco-obstétrica.

Título II

“Derechos de la mujer en la atención gineco-obstétrica”

Artículo 2: La presente ley tiene por objeto establecer, garantizar y promover los derechos de las mujeres al momento de recibir la atención ginecológica y obstétrica, garantizando la información continua, un trato digno que respete su origen étnico, nacionalidad, idiosincrasia e ideologías y que establezca como prioritario la autonomía de la mujer.

Artículo 3: Los derechos y deberes contemplados en esta ley, serán aplicables a los establecimientos de salud, sean estos públicos o privados, u otros espacios donde se preste atención ginecobstetricia.

Por su parte, los derechos y deberes contemplados en esta ley, serán aplicables a todo personal de salud que realice una labor asistencial o administrativa, en salud preventiva y/o médica, en salud ginecológica, reproductiva y/o de fertilidad asistida a mujeres y sus familias, respecto de todas las atenciones. Estas obligaciones son igualmente exigibles a los funcionarios de organismos del Estado que no pertenezcan a la red de salud pero que tengan bajo custodia el cuidado y/o la libertad de mujeres gestantes.

Artículo 4: La violencia gineco-obstétrica se entenderá como todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión o negación injustificada que suceda durante la atención ginecológica en el contexto reproductivo, gestación, preparto, parto, postparto y aborto, en las causales establecidas por la ley, en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer.

Título III

“De los derechos del nacimiento”

Artículo 5: La presente normativa tiene por finalidad resguardar los derechos de una gestante, en el preparto, parto y postparto, como también los derechos del feto viable que está por nacer, recién nacido y del padre u otra persona significativa para la mujer, a fin de asegurar un trato individualizado, personalizado y digno, que le garantice intimidad durante todo el proceso asistencial, protegiendo su integridad física y psíquica.

Artículo 6: Durante el período de gestación los establecimientos de salud públicos o privados deberán coordinar con la mujer un plan de parto. El cual debe ser leído y admitido como válido por los equipos de salud, haciendo los comentarios adecuados y pertinentes, acordes a la evidencia científica y evaluando su implementación de acuerdo al lugar y condición donde será el parto. Dicho instrumento es aquel mediante el cual, las mujeres junto con los profesionales de la salud a través de un diálogo continuo a lo largo del embarazo consignarán sus deseos, necesidades y expectativas sobre el proceso del parto y el nacimiento de su hijo o hija, la modalidad de parto y, en general, las condiciones preferentes para el proceso de parto.

En el plan de parto se dejará constancia de las preferencias de la mujer en lo concerniente a la asistencia del proceso de parto y post parto. Sin embargo, tal definición quedará supeditada a las condiciones de salud que presente la madre y el hijo/a al momento del nacimiento.

En el plan de parto deberán consignar todas las prohibiciones que determine la mujer gestante, en los casos que se prohíba el uso de fórmulas lácteas o suplementos alimentarios deberá quedar señalado expresamente. No obstante, dichas prohibiciones igualmente quedarán supeditadas a las condiciones de salud que presente la madre y el hijo/a al momento del nacimiento y horas posteriores.

Artículo 7: La mujer gestante y su acompañante significativo tendrá derecho a participar en talleres prenatales, los que promoverán información pertinente y actualizada sobre las modalidades de parto, beneficios de la lactancia y así como toda otra información relevante y actualizada sobre el proceso de gestación y nacimiento

Artículo 8: En relación con el trabajo de preparto, parto y post parto, las mujeres tienen los siguientes derechos:

a)A ser informada sobre las distintas intervenciones médicas y su real necesidad que pudieren tener lugar durante esos procesos de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes alternativas.

b)A ser informada sobre la evolución de su parto y estado de su hijo(a). La gestante deberá ser considerada como un sujeto de derechos activo y protagonista en la toma de decisiones durante todo el proceso de preparto y parto.

c)A ser tratada con respeto, de modo individual y personalizado, garantizando la intimidad durante todo el proceso asistencial.

d)A estar acompañada ininterrumpidamente por una persona significativa, de su confianza y elección durante el trabajo de preparto y parto, quien recibirá información oportuna y completa sobre el estado de salud de la madre y del recién nacido.

e)A la atención del parto vaginal, respetuoso de los tiempos fisiológicos. Adicionalmente, se deberán evitar las intervenciones de rutina y suministro de medicación que no estén justificados, en razón del estado de salud de la parturienta o de quien está por nacer. Si las condiciones de salud se lo permiten, la mujer debe gozar de libertad de movimiento, libre posición en el parto, y podrá consumir alimentos y líquidos. No se podrá obligar a la mujer a parir en posición de litotomía , salvo que ella lo solicite.

f)A una atención oportuna y eficaz de emergencias obstétricas.

g)A que se evite la práctica de parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto vaginal, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.

h)A no ser separada de su hijo/a tras el parto durante la primera hora, independiente de la vía del parto, salvo que corra riesgo alguno de ellos.

i)A solicitar su placenta y disponer de ella, siempre que las condiciones de salud de la misma lo permitan.

j)A no ser hospitalizada junto a mujeres gestantes o puérperas en el caso de pérdida gestacional o perinatal.

k)A recibir el embrión o feto en casos de abortos y pérdidas reproductivas, a solicitud de la mujer.

l)A ser atendida por equipo especializado en casos de muerte perinatal durante el preparto, parto y puerperio.

m)A consentir o disentir el examen físico por parte de estudiantes en prácticas del área de la salud durante su atención.

n) A decidir dónde, y con quién parir, incluido el parto en casa, estableciendo el derecho a recibir las prestaciones necesarias para la mujer y su recién nacido, sin discriminación ni enjuiciamiento, de manera expedita, coordinada y velando por el bienestar de la madre y el hijo o hija.

Artículo 9: Las personas recién nacidas tienen los siguientes derechos:

a)A ser tratadas en forma respetuosa y digna.

b)Si su condición de salud lo permite, no deberán ser sometidas a exámenes o intervenciones inmediatamente tras el parto con el objetivo de no interrumpir el contacto piel a piel inicial con su madre durante la primera hora de vida;

c)A no ser sometidas a intervenciones innecesarias y que carezcan de la debida justificación médica, tales como el corte temprano del cordón y la aspiración de secreciones.

d)Al contacto inmediato piel con piel con su madre por un periodo mínimo de una hora, si es que las condiciones de salud de ambos lo permiten, si no lo permiten se deberá promover el contacto piel con piel con el acompañante significativo.

e)A ser alimentados con leche materna en los servicios de hospitalización neonatal cuando las condiciones de salud de madre e hijo/a lo permitan, facilitando las condiciones óptimas para la educación a la madre en extracción y conservación de la leche materna. Así mismo, la capacitación del personal de salud en la administración y manejo de la misma.

f)A no ser separada de su madre o figura de apego, si no es estrictamente necesario por condición médica que así lo requiera, tanto de la madre como del recién nacido. Y si debe ser separado, permitir que uno de los padres lo acompañe en todo momento.

Artículo 10: El padre del recién nacido, pareja y/o acompañante significativo para la mujer posee los siguientes derechos:

a)Ser informados de curso de trabajo de parto;

b)Estar presentes en todo trabajo parto y parto en el ingreso al hospital o clínica hasta el postparto inmediato, si la mujer lo permite;

c)Realizar en contacto piel con piel con el recién nacido en caso de que la condición de salud de la madre sea inestable;

d)Acompañar al recién nacido en los procedimientos de rutina en la sala de atención inmediata o neonatología.

Artículo 11: El incumpliendo de cualquiera de los derechos contemplados en el presente Capítulo serán considerados como actos de violencia gineco-obstétrica. Principalmente, de conformidad a lo descrito en el artículo 4 de la presente ley. Y podrán ser denunciados por la mujer y sus familias.

Título IV

“De la prevención y educación”

Artículo 12: Los establecimientos de salud pública o privada deberán presentar alternativas de diseño de planes de parto. Dicho documento deberá estar a disposición de todas las mujeres gestantes antes de las 32 semanas de embarazo. Quienes podrán utilizar aquel, o realizar otro como lo establece el artículo 6 de la presente ley.

Los prestadores de salud deberán de conformidad a sus capacidades técnicas, poner a disposición de las mujeres embarazadas todos los elementos que sean necesarios para dar cumplimiento al plan de parto.

Asimismo, los centros de salud deberán promover el establecimiento de un modelo intercultural del parto.

Artículo 13: Los establecimientos de salud deberán llevar un registro estadísticos de los índices y tasas de cesáreas, partos vaginales, partos distócicos, uso de oxitócica sintética, episiotomía y tasa de lactancia materna exclusiva al alta. Deben publicar sus indicadores en sus respectivas páginas web

Artículo 14: Las facultades de medicina podrán incorporar a sus mallas curriculares de pre y postgrado de las carreras de obstetricia, enfermería, psicología, medicina conceptos transversales en relación a violencia y discriminación de género y todas sus consecuencias en la práctica ginecológica y obstétrica que estas impliquen.

Título V

“Procedimiento de reclamación”

Artículo 15: En el caso de contravenir los derechos establecidos en el presente proyecto, los y las pacientes podrán reclamar ante el departamento que corresponda en el mismo centro de salud, habitualmente, Oficina de Información Reclamación y Sugerencia (OIRS). Lo anterior conforme al artículo 24 de la Ley 19.880.

Sin embargo, en el caso de no recibir respuesta oportuna y clara podrán derivar sus antecedentes ante el superior jerárquico respectivo.

Artículo 16: Recepcionada la denuncia ante el superior jerárquico deberá iniciar la investigación correspondiente.

En el caso de acreditar infracción de alguno de los derechos contemplados en esta norma o la ocurrencia de actos que constituyan violencia obstétrica, deberá sancionar al recinto de salud con 30 a 60 UTM.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que puedan derivar, respecto a la responsabilidad individual del profesional o funcionario respectivo

Artículo 17: Los y las pacientes deberán contar con la suficiente información para realizar su reclamo. Para tales efectos el superior jerárquico respectivo deberá contar con formularios para presentar reclamaciones. El procedimiento debe ser desformalizado, breve y sumario, a fin de que él o la reclamante reciban respuesta con la mayor celeridad posible.

Artículo 18: En el caso de que las conductas de violencia gineco-obstétrica puedan configurar delitos que acarreen responsabilidad penal, al momento de determinar la pena se deberá considerar como una agravante, debiendo aumentarse la pena en un grado.

Honorables Senadoras señoras Goic, Allende, Aravena, Provoste y Sabat

Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señor De Urresti, señoras Allende y Órdenes, y señores Araya y Huenchumilla, que aumenta las penas del delito de usurpación de aguas y modifica norma de la ley N° 19.300. Boletín N° 14.286-07

Antecedentes

-Con fecha 19 de abril de 2021, se dio a conocer una denuncia ciudadana la cual constató que por medio de obras con maquinaria pesada se buscó desviar el cauce del río Blanco ubicado en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco de la región de Los Ríos. Posteriormente, el administrador de la Reserva y funcionarios de la CONAF, específicamente del Departamento de Fiscalización Forestal y de Áreas Silvestres Protegidas accedieron al lugar de los hechos para evaluar su ocurrencia y confirmaron la presencia de maquinaria pesada, la cual buscaba realizar un desvío del río hacia los predios de la Reserva Biológica Huilo Huilo.

-Como resultado de la visita se constató que por medio de uso de maquinaria pesada se estaban realizando obras, dentro de los límites del predio de la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, tendientes a desviar el cauce del río Blaco (de origen glaciar) hacia el río Truful dejando sin ese afluente al río Pillanleufu. El río Truful se encuentra emplazado dentro de la Reserva Biológica Huilo Huilo cuyo dueño es Víctor Petermann. Se aclaró que dichas obras, desviaciones y captaciones no contaban con los permisos, autorizaciones o títulos de las autoridades competentes para la realización de este tipo de obras.

-Ante la toma de conocimiento de este hecho, las autoridades regionales solicitaron oficios a diversas entidades gubernamentales para que verifiquen y aclaren los hechos. Desde la Comisión de Medio Ambiente del Senado se enviaron oficios a CONAF, Dirección General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas y Fiscalía. Adicionalmente se emitieron oficios por parte del Senador Alfonso De Urresti a SEREMI de Bienes Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente, Superintendencia de Medio Ambiente e Intendencia de Los Ríos, los cuales tenían por objetivo recopilar información y evaluar qué responsabilidades y/o deficiencias del sistema de protección de áreas silvestres protegidas por el Estado permitieron que este hecho se llevara a cabo.

-A partir de dicha situación se inició una investigación penal en Fiscalía (RUC 2100391304-07) cuya causa fue derivada a la Fiscalía Local de San José de La Mariquina específicamente alojada en el área especializada de delitos ambientales.

-Por otra parte, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal contra quien resulte responsable por infracción al artículo 459 N° 1 del Código Penal. En dicha querella se entiende que la usurpación de agua se realizó desde un cauce cuyas aguas tienen la categoría de bien nacional de uso público y que no se contaban con los debidos derechos de aprovechamiento de aguas para su extracción.

-Este hecho reportado y masificado en diversos medios de comunicación, evidencia una situación que no es puntual. El desvío de cauces de río o la apropiación indebida de aguas es una situación que se visualiza en varias cuencas de la región y del país en general. Adicionalmente al hecho mismo, esta denuncia y sus posterior reacciones y consecuencias alarmaron a las autoridades de las falencias que existe en materia de control y fiscalización tanto de las aguas como de los predios pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (protección SNASPE) administrada por la Corporación Nacional Forestal, en adelante CONAF.

Legislación actual

-Los bienes de uso público están definidos en el Código Civil. El artículo 589 constata que “son aquellos bienes cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación”. Es decir, en principio nadie podría tener derechos especiales para su uso, goce o aprovechamiento salvo en aquellos casos taxativamente estipulados en la ley. De esta forma, sobre ellos se podrá otorgar una concesión o un derecho de aprovechamiento especial.

-El actual Código de Aguas en su artículo 5 (DFL1122) establece que “Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código”. Se consagra la máxima de que las aguas pertenecen al Estado y los particulares podrán ejercer acciones y reclamar derechos sólo en conformidad a lo establecido en la ley. El artículo 6 del mismo cuerpo legal establece que el derecho de aprovechamiento de las aguas “es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe este Código”. En la práctica, es la Dirección General de Aguas quien gestiona su otorgamiento, el cual posteriormente debe ser inscrito en el respectivo Conservador de Bienes Raíces.

-A partir de los hechos descritos, es posible verificar que las aguas del cauce del río Blanco a la altura de la Reserva Nacional Mocho Choshuenco son bienes de uso público y por lo tanto su desvío o apropiación indebida son hechos subsumibles al tipo penal establecido en el artículo 459 del Código Penal.

-El Título VI del Código Penal incorpora el articulado referido a los delitos relacionados con la usurpación. Específicamente el artículo 459 N°1 tipifica el delito de usurpación de aguas estableciendo que “sufrirán las penas de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de veinte a cinco mil unidades tributarias mensuales, los que sin título legítimo e invadiendo derechos ajenos: 1.° Sacaren aguas de represas, estanques u otros depósitos; de ríos, arroyos o fuentes, sean superficiales o subterráneas; de canales o acueductos, redes de agua potable e instalaciones domiciliarias de éstas, y se las apropiaren para hacer de ellas un uso cualquiera”.

-Tomando en consideración los hechos y la normativa vigente pertinente es posible establecer que acciones como éstas coinciden con el supuesto fáctico estipulado en el artículo citado y, por lo tanto, hay un delito penal en aquellas acciones que busquen desviar cauces de ríos sin los debidos permisos o autorizaciones de las autoridades competentes.

Justificación del Proyecto de Ley

-El caso descrito no es excepcional. Las acciones de particulares que buscan desviar cauces de ríos o aguas por medio de este u otros mecanismos son recurrente en los cuerpos de agua del país. Este hecho viene a evidenciar una situación que tiene varias aristas. Por un lado, se demuestra que hay una falta de servicio de parte de CONAF, organismo que tiene las labores de vigilancia y administración de los predios protegidos por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE). La Reserva Nacional Mocho Choshuenco cuenta con un solo guardaparque, lo cual evidentemente es insuficiente. Por otro lado, se evidencia una ausencia de cumplimiento de las obligaciones de la Dirección General de Aguas (DGA), institución que debe ejercer las labores de policía y vigilancia de las aguas de los cursos naturales de uso público e impedir que se construyan, modifiquen o destruyan obras que busquen alteren los cursos de las aguas sin las debidas autorizaciones.

-Sin perjuicio de estas deficiencias, las cuales deben ser resueltas en sede administrativa, el proyecto de ley propuesto busca modificar dos cuerpos legales. Por una parte busca aumentar las penas basales estimadas para el artículo 459 y adicionar una nueva agravante por medio de la creación de un nuevo artículo 459 bis.

-Tal como se mencionado anteriormente el artículo 459 establece lo siguiente:

“Sufrirán las penas de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de veinte a cinco mil unidades tributarias mensuales, los que sin título legítimo e invadiendo derechos ajenos:

1.° Sacaren aguas de represas, estanques u otros depósitos; de ríos, arroyos o fuentes, sean superficiales o subterráneas; de canales o acueductos, redes de agua potable e instalaciones domiciliarias de éstas, y se las apropiaren para hacer de ellas un uso cualquiera

2.° Rompieren o alteraren con igual fin diques, esclusas, compuertas, marcos u otras obras semejantes existentes en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o acueductos.

3.° Pusieren embarazo al ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas.

4.° Usurparen un derecho cualquiera referente al curso de ellas o turbaren a alguno en su legítima posesión”.

En este artículo se especifican todos los supuestos fácticos que implican una acción de usurpación de aguas penable. El primer objetivo de este proyecto de ley es aumentar el rango de determinación de la pena de presidio medio en su grado mínimo a medio a presidio menor en cualquiera de sus grados y aumentar la pena pecuniaria de veinte a cincuenta unidades de fomento tributarios, manteniendo el tope máximo de cinco mil unidades de fomento tributario. La definición de este nuevo rango se obtiene a partir de lo establecido en el artículo 460 del Código Penal, el cual busca aumentar la pena de usurpación de aguas (mismo supuesto del artículo precedente) en aquellos casos en los cuales la acción se realice por medio de violencia o intimidación en las personas.

-Cumpliendo con el principio de proporcionalidad, y considerando que la pena privativa de libertad del artículo 459 vio aumentado su rango de determinación e incrementada su pena pecuniaria, se torna necesario ajustar la pena establecida en el artículo 460. Este articulado establece que “Cuando los simples delitos a que se refiere el artículo anterior se ejecutaren con violencia o intimidación en las personas, si el culpable no mereciere mayor pena por la violencia o intimidación que causare, sufrirá la de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de cincuenta a cinco mil unidades tributarias mensuales”.

De esta forma y para este caso, se restringe la determinación de la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados a la obligatoriedad de definir la pena entre los rangos establecidos por el presidio menor en su grado medio a máximo. De esta forma, en el caso en que se cumplan los supuestos del tipo establecidos en el artículo 460, el juez no podrá aplicar la pena privativa de libertad correspondiente a presidio menor en su grado mínimo. Adicionalmente se aumenta la pena pecuniaria de cincuenta a setenta unidades de fomento tributarios, manteniendo el máximo correspondiente a cinco mil unidades de fomento tributario.

-Adicionalmente, se busca crear un nuevo artículo 459 bis que busque establecer un agravante específico al delito de usurpación de aguas que se perfeccionen en los casos en que la acción delictual se realice dentro de un predio sujeto a la protección y resguardo de la CONAF por medio del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado. De esta forma, el juez deberá otorgar la pena en su grado máximo cuando la acción tipificada se realice en estos cauces en particular.

-Por último, el proyecto ley busca modificar la ley 19.300 sobre las Bases Generales del Medio Ambiente específicamente el artículo 52, ubicado en el Título III de la ley, el cual establece la presunción legal de responsabilidad por daño ambiental. Este artículo establece lo siguiente:

Artículo 52 inciso 1: “Se presume legalmente la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existe infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales para los casos de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, establecidas en la presente ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias.”

Lo que se busca es incorporar dentro de esta presunción legal lo establecido en el nuevo artículo 459 bis, es decir, que se presuma la responsabilidad por daño ambiental del autor de la acción de usurpación de aguas que se haya realizado en algún predio sujeto pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado.

-Incluyendo este supuesto dentro de las presunciones legales establecidas en el artículo 52 de la ley 19.300, el delito de usurpación de aguas en dichas condiciones será materia de competencia de los tribunales ambientales de acuerdo a lo referido en el artículo 17 de la ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales.

El título II de la ley 20.600 establece las competencias de los tribunales ambientales. Específicamente el artículo 17 N°2 dice lo siguiente: “Los Tribunales Ambientales serán competentes para: 2) Conocer de las demandas para obtener la reparación del medio ambiente dañado, en conformidad con lo dispuesto en el Título III de la ley Nº 19.300. Será competente para conocer de estos asuntos el Tribunal Ambiental del lugar en que se haya originado el hecho que causa el daño, o el de cualquier lugar en que el daño se haya producido, a elección del afectado”.

-De esta forma, incorporando el delito de usurpación de aguas en predio sujetos a la protección del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado, se podrá judicializar la acción por medio de los tribunales ordinarios con competencias penales además de perseguir la responsabilidad por daño ambiental en los tribunales ambientales competentes.

Objetivos del Proyecto de Ley

Este proyecto de ley tiene tres principales objetivos:

1)El primero de ellos es aumentar el rango de determinación de la pena corporal por el delito tipificado en el artículo 459 en todos los supuestos enunciados en sus cuatro numerales. De esta forma los responsables de las acciones subsumibles a todos los considerando del tipo en cuestión verán aumentado el rango de la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio a presidio menor en cualquiera de sus grados. Adicionalmente se aumenta la pena pecuniaria basal de veinte a cincuenta unidades de fomento tributarios manteniendo el máximo establecido en la ley correspondiente a cinco mil unidades de fomento tributario.

Debido al aumento de la pena estipulada para esta categoría, por efecto del principio de la proporcionalidad, la pena del artículo 460 referido al mismo supuesto de usurpación de aguas pero que se ejecutarán con violencia o intimidación en las personas verá aumentada su pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de cincuenta a cinco mil unidades tributarias a presidio menor en su grado medio a máximo y multa de setenta a cinco mil unidades tributarias.

2)El segundo objetivo es la modificación del artículo 52 de la ley 19.300 el cual establece la presunción de responsabilidad del autor del daño ambiental. Se busca incorporar en este artículo la acción de usurpación de agua caracterizado en el artículo 459 del Código Penal cuando éste se perfeccione dentro de un área protegida por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (protección SNASPE), administrada por la Corporación Nacional Forestal, CONAF.

3)El tercer objetivo es incorporar un agravante específico al tipo del artículo 459 del Código Penal creando un nuevo artículo 459 bis que busca restringir el rango de determinación de la pena imponiendo la obligatoriedad de otorgar la pena correspondiente al grado máximo en los caso en que la acción se perfeccioné dentro de un predio perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado.

Por todas las razones anteriormente expuestas, presentamos el siguiente:

PROYECTO DE LEY

1)Modificaciones al Código Penal

a)Sustitúyase, en el artículo 459 inciso primero, la frase “Sufrirán las penas de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de veinte a cinco mil unidades tributarias mensuales” por:

“Sufrirán las penas de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de cincuenta a cinco mil unidades tributarias mensuales”.

b)Créase el artículo 459 bis, del siguiente tenor:

“En aquellos casos en los cuales la acción referida en el artículo anterior se ejecute dentro de un área protegida definida por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado y administrada por la Corporación Nacional Forestal, la pena se aplicará en su grado máximo”.

c)Modificación al artículo 460

Sustitúyase la frase “sufrirá las penas de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de cincuenta a cinco mil unidades tributarias mensuales” por “sufrirá las penas de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de setenta a cinco mil unidades tributarias mensuales”.

2)Modificación a la ley 19.300 que Aprueba Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente

Agréguese, en el artículo 52 luego de la palabra “reglamentarias” y antes del punto final, la frase “y quien infrinja el artículo 459 bis del Código Penal”.

Honorables Senadores señor De Urresti, señoras Allende y Órdenes, y señores Araya y Huenchumilla