Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar las modificaciones incorporadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 4.808, sobre Registro Civil, estableciendo que el apellido de la madre anteceda al del padre.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que agrupen dos o más Comités, y tres minutos a las que tengan un Comité, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputada informante de la Comisión de la Familia es la señora Patricia Rubio .

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 17ª de la presente legislatura, en miércoles 14 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Familia, sesión 24ª de la presente legislatura, en viernes 23 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 2.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora RUBIO (doña Patricia) [de pie].-

Señor Presidente, honorable Cámara, en nombre de la Comisión de la Familia, paso a informar sobre el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 4.808, sobre Registro Civil, estableciendo que el apellido de la madre anteceda al del padre.

En marzo de 2005 fue ingresado a tramitación legislativa en la Cámara de Diputados el proyecto de ley boletín N° 3810-18, que modifica la ley N° 4.808, sobre Registro Civil, estableciendo que el apellido de la madre anteceda al del padre, y en abril de 2006 fue ingresado a tramitación legislativa el proyecto boletín N° 4149-18, que modifica las normas sobre cambio de apellidos.

Ambas iniciativas tienen por objeto establecer que los padres podrán expresar de común acuerdo, al momento de inscribir el nacimiento de su primer hijo o hija, el orden en que le transmitirán sus apellidos, en cuyo caso se deberá proceder de igual forma con todos los hijos comunes. Si los padres nada dicen, se aplicará la regla general que existe hoy día, es decir, luego de el o los nombres del recién nacido, se pondrá el apellido del padre y enseguida el de la madre. Del mismo modo, las iniciativas facultan a las personas a solicitar la rectificación administrativa, con el objeto de invertir el orden de los apellidos con que figuran en sus partidas de nacimiento.

La Comisión de la Familia de la Cámara de Diputados de ese entonces refundió ambos proyectos de ley y se abocó al estudio y votación de la referida iniciativa. Luego, durante la votación en general del proyecto de ley en la Sala de la Cámara, se presentó un par de indicaciones, las que posteriormente fueron aprobadas tanto por la comisión técnica como por el hemiciclo.

Posteriormente, la iniciativa pasó al Senado, donde fue conocida por distintas comisiones técnicas, las que introdujeron modificaciones al texto aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados.

Finalmente, con fecha 1 de abril de 2021, la Sala del Senado acordó requerir un nuevo segundo informe a la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, oportunidad que fue aprovechada por el Ejecutivo para ingresar indicaciones al proyecto, las que fueron conocidas por dicha comisión técnica y cuyos alcances se resumen como sigue:

I.Incorporación en el Código Civil de los distintos casos que pueden presentarse para efectos de la determinación del orden de los apellidos de un hijo/a al momento de su inscripción

Es así como se desarrollan con detalle las hipótesis en que ambos padres de consuno, o bien uno de ellos, pueden determinar el orden de los apellidos al momento de la inscripción de la primogénita o del primogénito, dependiendo de si se trata de un hijo/a de filiación determinada respecto de ambos o solo de uno de los progenitores.

De esta forma, se establece que la determinación del orden de los apellidos de un hijo o una hija procede de la siguiente manera:

a)Si al momento de la inscripción se determina tanto la maternidad como la paternidad del nacido, el orden de los apellidos de este o de esta será el que señalen ambos padres. A falta de acuerdo, se entenderá que la voluntad de los padres es que el primer apellido del padre anteceda al de la madre. El orden de los apellidos con que se inscriba el primogénito o la primogénita regirá para todos sus hijos comunes.

b)Si al momento de la inscripción de nacimiento queda determinada la filiación solo respecto de la madre o del padre, se inscribirá al nacido con el respectivo primer apellido de dicha madre o dicho padre. Si posteriormente se establece la maternidad o paternidad no determinada al momento de la inscripción y hubiere otro u otros hijos o hijas comunes de dichos padre y madre, se entenderá el orden de los apellidos fijado en la inscripción de nacimiento de su primogénito o primogénita; si, por el contrario, no hubieren más hijos comunes, el orden de los apellidos de su primogénito o primogénita será el que se fijó en la inscripción de nacimiento respectiva, a menos que la madre y el padre manifiesten, de común acuerdo, su voluntad de que se proceda en el orden inverso.

c)Todos los hijos en común de una madre y un padre deberán inscribirse con el mismo orden de apellidos con que fuere inscrito el primogénito o primogénita.

II.Procedimiento administrativo de cambio de orden de los apellidos

Se modifica la ley N° 4.808, sobre Registro Civil, con el objeto de regular en detalle el procedimiento administrativo de cambio de orden de los apellidos y sus efectos. En este contexto, se establece que toda persona mayor de edad podrá, por una sola vez, solicitar el cambio de orden de los apellidos determinados en su inscripción de nacimiento. Sin perjuicio de lo anterior, se establecen ciertas especificaciones tratándose de:

a)Extranjeros: solo podrán requerir el cambio para efectos de la emisión o rectificación de sus documentos chilenos, para lo cual deberán acompañar documentación que acredite su permanencia en Chile e inscribir previamente su nacimiento en el Servicio de Registro Civil e Identificación

b)Personas actualmente procesadas o formalizadas o a cuyo respecto se hubieren librado órdenes de detención pendientes o se encontraren sujetas a otras medidas cautelares personales o hubieren sido condenadas por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva: no podrán utilizar el procedimiento administrativo, sino solo el que regula la ley N° 17.344, que autoriza cambio de nombres y apellidos.

Cuando se trate de personas condenadas por alguno de los delitos establecidos en los Párrafos V y VI del Título Séptimo del Libro Segundo del Código Penal (delitos sexuales), se establece una prohibición absoluta, de manera que ni siquiera ante el juez se autorizará el cambio de nombre o apellido o la supresión de nombres propios.

Para efectos de determinar si el solicitante se encuentra habilitado para efectuar la solicitud y, por tanto, si es procedente acogerla, se oficiará a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones y al Ministerio Público, con el objeto de que informen si se trata de alguien que se encuentre en alguna de las situaciones descritas en el literal b) anterior.

Se establece expresamente que la rectificación de la partida de nacimiento y de los documentos de identificación no afectará el número del rol único nacional del solicitante, el que se mantendrá inalterable, al igual que su filiación.

En relación con los descendientes del solicitante, el cambio del orden de los apellidos de este provocará el cambio del respectivo apellido de sus hijos menores de edad. Sin embargo, si el solicitante tuviere uno o más hijos mayores de 14 y menores de 18 años de edad, estos deberán manifestar su consentimiento, mediante declaración escrita extendida ante el oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación, caso en el cual también se deberá proceder por igual respecto de todos los hijos e hijas menores de edad.

Los hijos mayores de edad de quien obtenga el cambio del orden de sus apellidos por el procedimiento de esta ley o mediante el procedimiento de la ley N° 17.344, que autoriza el cambio de nombres y apellidos, podrán solicitar ante el Servicio de Registro Civil e Identificación el cambio del respectivo apellido de transmisión.

Con el objeto de dar publicidad al cambio del orden de los apellidos del solicitante y, consecuencialmente, garantizar la certeza jurídica, el Servicio de Registro Civil e Identificación informará de la rectificación de la partida de nacimiento y de la emisión de nuevos documentos a distintas instituciones, entre las que destacan, en un listado no taxativo, las policías, el Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Pensiones y las asociaciones de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales.

Los efectos de la rectificación del orden de los apellidos serán oponibles a terceros desde el momento en que se extienda la inscripción rectificada. Además, la rectificación correspondiente se publicará, a costa del solicitante, en extracto en el Diario Oficial de los días 1 o 15 del mes o al día siguiente hábil si no circulare en esas fechas.

La rectificación de la partida de nacimiento no afectará la titularidad de los derechos y obligaciones patrimoniales que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio, ni afectará las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables. Tampoco afectará las garantías, derechos y las prestaciones de salud u otras que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio.

El uso de los apellidos en el orden primitivo y la utilización de los apellidos en la forma en que han sido rectificados, para eximirse, impedir, dificultar o eludir el cumplimiento de cualquier obligación, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado mínimo.

III. Procedimiento judicial de cambio de orden de los apellidos

Se incorporan dos nuevas causales en la ley N° 17.344, que autoriza el cambio de nombres y apellidos: la que permite al solicitante requerir la inversión del orden de los apellidos fijado en su inscripción de nacimiento, y aquella que le permite requerir “usar uno u otro apellido de un ascendiente en línea recta hasta el segundo grado.”.

No se autorizará el cambio de nombre o apellido o la supresión de nombres propios si de la información que remitieran las policías y el Ministerio Público apareciere que el solicitante se encontrare actualmente procesado o formalizado, o existieren a su respecto órdenes de arresto o de detención pendientes, se encontrare sujeto a otras medidas cautelares personales o hubiere sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, a menos que en este último caso hubieren transcurrido más de diez años contados desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de condena y se encuentre cumplida la pena.

En ningún caso se autorizará el cambio o supresión cuando el solicitante hubiere sido condenado por alguno de los delitos establecidos en los Párrafos V y VI del Título Séptimo del Libro Segundo del Código Penal (delitos sexuales), causal de rechazo esta que no se encuentra en la ley actualmente vigente.

Junto con ello, se agrega otra causal más de denegación por la cual el juez podrá rechazar el cambio solicitado cuando de los antecedentes que obran en el proceso apreciare que existe riesgo de que se pueda afectar la seguridad de otras personas, o que existe riesgo de que se pueda afectar el desarrollo de procesos pendientes, o que existe riesgo de que se puedan cometer fraudes.

El cambio del orden de los apellidos que se autorice con arreglo a la causal de inversión del orden de los apellidos solo operará respecto del solicitante; no se hará extensivo a los ascendientes y no alterará la filiación.

Por su parte, el cambio del orden de los apellidos del solicitante provocará el cambio del respectivo apellido de transmisión a los hijos menores de edad, debiendo procederse por igual respecto de todos ellos. Sin perjuicio de lo anterior, si el solicitante tuviere uno o más hijos mayores de 14 y menores de 18 años de edad, estos deberán manifestar su consentimiento mediante declaración escrita extendida ante el tribunal, caso en el cual también se deberá proceder por igual respecto de todos los hijos menores de edad. El tribunal, en la sentencia que autorice el cambio de orden de los apellidos, informará de la posibilidad de solicitar el cambio del respectivo apellido de transmisión por los hijos mayores de edad de quien obtuvo el cambio de orden de los apellidos ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante el nuevo procedimiento administrativo que se regula en la ley sobre Registro Civil.

IV.Dictación de un reglamento

La propuesta contempla la dictación de un reglamento por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que regulará la forma en que se practicarán las inscripciones y las manifestaciones del acuerdo de los padres respecto del orden de los apellidos, de conformidad con lo dispuesto en las nuevas disposiciones del Código Civil; el procedimiento y demás actuaciones administrativas contenidas en la ley N° 4.808, sobre Registro Civil, y cualquiera otra materia necesaria para la correcta aplicación de la ley.

El referido reglamento deberá dictarse dentro del plazo de cuatro meses, contado desde la publicación de la ley en el Diario Oficial.

V.Disposiciones transitorias Se regulan dos situaciones:

a)La de los padres que tuvieren en común uno o más hijos menores de edad.

b)La de la madre o el padre de un hijo menor de edad cuya filiación solo se encuentra determinada respecto de sí.

En el primer caso, los padres podrán solicitar, de común acuerdo, por una sola vez, invertir el orden de los apellidos de todos los hijos comunes. La solicitud se tramitará conforme al nuevo procedimiento de la ley N° 4.808.

Si hubiere uno o más hijos mayores de 14 años y menores de 18 años de edad, estos deberán manifestar su consentimiento para que se altere el orden de sus apellidos mediante declaración escrita extendida ante el oficial del Registro Civil. Sin dicho consentimiento no se accederá a la solicitud de cambio de orden de los apellidos.

Los padres que tuvieren en común uno o más hijos menores de edad y uno o más hijos mayores de edad también podrán formular la solicitud regulada en el inciso anterior (inciso primero del artículo primero transitorio sustituido por el Senado), siempre que concurran conjuntamente con los hijos mayores de edad.

En el segundo caso, la madre o el padre de un hijo menor de edad cuya filiación solo se encuentra determinada respecto de sí podrá solicitar, por una sola vez, invertir el orden de los apellidos de su hijo. La solicitud se tramitará conforme al procedimiento contenido en la ley N° 4.808. Si el hijo fuere mayor de 14 años y menor de 18 años de edad, este deberá manifestar su consentimiento para que se altere el orden de sus apellidos, mediante declaración escrita extendida ante el oficial del Registro Civil. Sin dicho consentimiento no se accederá a la solicitud de cambio de orden de los apellidos.

En las dos hipótesis anteriores, las respectivas solicitudes deberán efectuarse dentro del plazo de un año, contado desde la entrada en vigencia de la ley.

VI.Entrada en vigencia

Se establece que la ley en proyecto entrará en vigencia a contar del día siguiente a la fecha de publicación en el Diario Oficial del reglamento mencionado precedentemente.

VII.Epígrafe de la iniciativa

Se hace presente que el Senado acordó remplazar la denominación administrativa de esta iniciativa por la siguiente: “Proyecto de ley sobre determinación del orden de los apellidos por acuerdo de los padres.”.

Recomendación a la Sala

La Comisión de la Familia, en forma unánime, estimó conveniente no hacer recomendaciones a la Sala, sino, por el contrario, permitir que sea el debate en el hemiciclo el que determine la aprobación o el rechazo de las enmiendas formuladas por el Senado.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, el nombre es tan importante que el Código Civil lo reconoce como un atributo de la personalidad. Esto significa, en castellano, que el nombre es parte de aquello que nos hace personas.

Pero ello no es así solo en el derecho. En nuestra cultura, los nombres son tan importantes, tienen un peso tan grande en quiénes somos, que estoy segura de que a todos y a todas acá les pusieron un nombre incluso antes de nacer.

Desde que llegamos al mundo, estamos unidos y unidas por el nombre a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros primos y primas, a nuestros padres y madres, a sus padres y madres, y así sucesivamente. Por eso, lo que también hacen los nombres es contar la historia de cómo vinimos a este mundo, de quiénes tuvieron que estar acá para que pudiéramos nacer y de quiénes esperaban nuestra llegada.

Sin embargo, esa historia que cuenta nuestro nombre hasta el día de hoy se halla incompleta, tan incompleta como la historia del mundo, porque está escrita exclusivamente con tinta de apellidos de hombres. Es la historia atada por los hilos del pater familias, de la familia patriarcal, de los muchos padres ausentes que no dejan nada más que la carga de un apellido que habla de abandono y de violencia económica; es la historia de la invisibilización de las mujeres, de las mujeres en segundo lugar; es la historia de apellidos, nombres y personas perdidos en la historia.

Por eso la ley en proyecto nos hace tanto sentido, porque abre un espacio para hablar de otras historias: las de nuestras madres, las de sus madres, las de nuestras abuelas, las de sus abuelas y las de sus madres. Es el espacio para hablar de madres solteras, de los hogares monoparentales, que la mayoría de las veces son monomarentales. Es la oportunidad para hablar de la mamá que también es papá; de la mamá que lleva a sus hijos al colegio, que trabaja en la oficina y también en la casa, que ayuda en las tareas y lava los platos. Es la ocasión para hablar de otros tipos de familias, que no tienen a un hombre sentado en la cabecera de la mesa ni adornando por ley el primer apellido de las personas.

Los nombres son fundamentales para las personas, las familias y las comunidades porque nos cuentan una historia.

Votaré a favor de este proyecto para que la historia sea un poquito más la historia de todos y todas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por todo el tiempo de la bancada del Partido Socialista, esto es, hasta por ocho minutos y diecisiete segundos, el diputado Raúl Saldívar .

El señor SALDÍVAR (vía telemática).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la Sala y a las autoridades presentes.

Este proyecto de ley lleva dieciséis años de discusión. Hoy nos pronunciaremos sobre las modificaciones introducidas por el Senado en una iniciativa que tiene una importancia extraordinaria a nivel cultural, pues los apellidos han cumplido un rol social de larga data, y la pertenencia a un determinado clan fija el lugar de la persona en el mundo, su origen e, incluso, sus aspiraciones.

Esto ocurre especialmente en sociedades estamentales, patriarcales y que tenían como principal base la propiedad privada. De allí la importancia que dio Federico Engels al rol que cumple la familia en el capitalismo y en la propiedad privada. Ello nos permite entender mejor la multiplicidad de dimensiones que tiene este asunto.

Los apellidos, a su vez, generan identidad, y esa es su razón histórica de existir. Sin embargo, fue perdiendo sentido con la masificación y el crecimiento de la vida en las ciudades, donde la pertenencia a un clan se mantiene en aquellos más poderosos, aunque sean pequeños en cuanto a números.

Señor Presidente, este es un proyecto que tiene relevancia y sustento en la realidad y en los cambios que ha experimentado nuestra sociedad. También viene a hacer justicia respecto de quienes, a pesar de no tener ningún vínculo emocional con su padre o familia paterna, cargan consigo su apellido, más aún cuando el rol compartido entre ambos padres se hace cada vez más común.

Por estas razones, estimo que este proyecto es un paso más en la misma línea que aquel que otorgó el mismo estatus a los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, con lo cual se puso término a esa discriminación odiosa entre hijos naturales y legítimos. Además, tiene por objeto avanzar hacia a una sociedad más justa e igualitaria.

Asimismo, esta iniciativa es un gran avance en cuanto a la igualdad que Chile ha consagrado en la Constitución Política de la República.

No obstante, más que cualquier otra cosa, este proyecto es un reconocimiento al hecho de que siempre han existido diversas formas de familia, lo que se ha masificado en las últimas décadas. El empoderamiento de la mujer ha llevado a que se materialice el merecido reconocimiento a su rol en la sociedad, que le fue negado por tanto tiempo.

En este caso, además del cambio voluntario, se aborda el caso de las personas que tienen hijos menores de edad. También se dispone que en ningún caso el cambio en el orden de los apellidos significará algún tipo de alteración en la filiación, que el cambio se aplicará automáticamente a los hijos e hijas menores de 14 años y que los mayores deberán manifestar su consentimiento para cambiar el orden de sus apellidos.

Este no es un mero cambio formal, sino uno profundo, porque, como he dicho, no solo envuelve cambios culturales, sino que establece una nueva forma de mirar la familia, incluso de mirar la sociedad, dado que rompe con viejas miradas patriarcales que asfixiaban los derechos, la presencia, la labor y el reconocimiento a la importancia y trascendencia de la mujer en la sociedad.

Por lo tanto, es un cambio de una profundidad tremenda que proyectará a nuestro país hacia un mejor estatus en el plano de la relaciones intra- y extrafamiliares. Por consiguiente, es un gran avance y una posibilidad para poner a Chile en el plano de un mejor desarrollo, desde el punto de vista de construir una sociedad con justicia y que sitúe a la mujer en el lugar que le corresponde.

Los apellidos, por cierto, juegan un rol muy importante, y este proyecto de ley así lo reconoce. En consecuencia, naturalmente, voy apoyar esta iniciativa, ya que considero que hay razones muy de fondo, de mucha justicia, de mucho sentido común, que le dan gran sustento valórico como para votarla a favor y así establecer en nuestro país, como mencioné, un nuevo enfoque, una manera distinta de mirar nuestra sociedad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Informo a la Sala que están presentes en esta sesión, vía telemática, el ministro de Justicia, señor Hernán Larraín Fernández , y el subsecretario de la cartera, señor Sebastián Valenzuela .

Pido el acuerdo de la Sala para permitir que intervenga el señor subsecretario, dado que el señor ministro deberá participar en una sesión del Senado.

¿Habría cuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea) [vía telemática].-

Señor Presidente, ¿sabía usted que en 2013 la Organización de las Naciones Unidas realizó un estudio sobre los homicidios, mediante el cual se pudo evidenciar que el 96 por ciento de los asesinos de todo el mundo son hombres? ¿Sabía usted que la temperatura de las oficinas está ajustada por norma al termostato masculino? ¿Sabía usted que en la determinación del PIB de un país no se consideran los trabajos domésticos no remunerados, realizados en su inmensa mayoría por mujeres? ¿Sabía usted que aún no se ha diseñado un cinturón de seguridad para una mujer embarazada?

Voy a leer una cita del libro La mujer invisible, de Caroline Criado Pérez . Dice así: “La mayor parte de la historia humana documentada adolece de un gran vacío de datos. Desde la teoría del “hombre cazador”, los cronistas del pasado han profundizado poco en el papel que han tenido las mujeres en la evolución de la humanidad, ya sea esta cultural o biológica. Sin embargo, la vida de los hombres ha llegado a representar la de los seres humanos en general. Cuando se trata de la vida de la otra mitad de la humanidad, a menudo no hay más que silencio.”.

Esta moción termina con algo tan arbitrario y machista como la imposición que hace el Estado respecto del apellido masculino. Es una manera de seguir dibujando una sociedad donde se incluye en todos los ámbitos a las mujeres, una sociedad donde la regla general no sea masculina, sino paritaria. Estamos poniéndonos al día con la civilización, aunque probablemente deberemos seguir avanzando en el futuro próximo, una vez que se haga costumbre el acordar una situación tan básica y fundante para cualquier familia.

En España, una norma similar fue aprobada hace dos décadas, pero en 2017 dieron un paso adicional, por el cual establecieron que el apellido del padre tampoco será priorizado por defecto en caso de que no exista manifestación de acuerdo. El Registro Civil español deberá instar a que se produzca dicho acuerdo; en caso contrario, decidirá el orden de los apellidos conforme a elementos objetivos.

Valoro el apoyo transversal que ha tenido esta iniciativa durante sus ¡dieciséis años de tramitación!, así como la diversidad política de su autora y sus autores. En especial, manifiesto mi reconocimiento a la exdiputada María Antonieta Saa , una pionera que trabajó en este hemiciclo con el foco puesto en los derechos de la mujer.

Por eso, visibilizando a la mitad escondida, votaré a favor este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, el proyecto en discusión ha tenido una larga tramitación en el Congreso Nacional, como bien dijo la diputada Andrea Parra . Cualquier ciudadano del país estaría malamente sorprendido de que exista desde el 2005 una iniciativa que busca que el apellido de la madre pueda anteceder al del padre. Ya pasaron dieciséis años desde que se inició la tramitación de este proyecto. Es algo que nos debe hacer pensar en el sistema bicameral que tenemos, pues solo ralentiza los proyectos.

Nos ha costado demasiado avanzar en justicia y dignidad, pero, sépanlo bien, nos ha costado mucho más lograr un poco más de justicia y dignidad para las madres que, por circunstancias de la vida, han tenido que criar solas a sus hijos.

No obstante, no nos perdemos, porque sabemos que este proyecto es un pequeño, pero un pequeño paso y casi un gesto, dentro de muchos y más profundos pasos que aún debemos dar en favor de las mujeres de nuestro país.

Durante esta larga tramitación de la iniciativa se incluyeron indicaciones que podríamos creer que solo intentaban retrasar más su tramitación, porque lleva más de una década en el Congreso Nacional. Pero debemos ser justos y valorar esa asertividad, como establecer la prohibición absoluta de un cambio de apellido para cualquier culpable de delitos sexuales. Es algo que debe destacarse en esta tramitación.

Cierro mi intervención reafirmando que vamos a aprobar este proyecto y manifestando la urgente necesidad de acelerar toda legislación que apunte a la igualdad en favor de las mujeres o que garantice una vida libre de violencia, para que podamos avanzar de una sola vez en esta materia.

Hoy se frustró un nuevo femicidio en San Bernardo, pero se consumó otro en Santiago Centro. No creo que esos niños, los hijos de esas mujeres, quieran llevar el apellido de su padre. Por eso, la bancada del Partido Comunista va a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, en el marco del debate, se ha dicho que la presente iniciativa ha tenido un larguísimo trámite legislativo. En verdad, no es así: ha sido una larguísima siesta legislativa, porque, después del primer informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, del año 2009, el proyecto durmió hasta el 2020. Para no dar una falsa impresión a la ciudadanía, no es que hayamos estado debatiendo sobre este punto tan crucial durante todos estos años, sino, simplemente, alguien, o probablemente Fuenteovejuna, lo guardó en el cajón de un escritorio durante más de diez años.

Lo descrito suele ocurrir con muchas iniciativas. Por ejemplo, siete años duró en el Senado la tramitación del proyecto de reforma constitucional para establecer un límite a la reelección, ¡siete años sin moverlo ni un milímetro! La vieja táctica de no poner en discusión aquello que no quieren votar a favor ni en contra, y para eso lo guardan en el escritorio.

Pero, ¡por fin!, parece que el país está cambiando y se descongela la tramitación de este proyecto, y ahora tenemos la posibilidad de aprobarlo.

Creo que el presente proyecto constituye un hito relevante, porque, por ejemplo, la diputada Maya Fernández podría llamarse Maya Allende y no Maya Fernández Allende , y esa tal vez habría sido la decisión de sus padres si este proyecto hubiese sido ley en esa época. ¡Qué sentido, tiene en una sociedad con tantas familias monoparentales, conducidas por madres, en un país de huachos, obligar a los hijos a llevar el apellido de un padre ausente! ¡Qué sentido tiene!

Este es un tema de igualdad de género, en primer lugar, pero sobre todo de realismo, porque el nombre no es una cuestión formal, el nombre refleja una realidad, y cuando la realidad de la vida social chilena se caracteriza por el protagonismo de las madres en buena parte, si no en una mayoría significativa de las familias de Chile, no tiene sentido que las mujeres no estén en igualdad de condiciones a la hora de nombrar a sus hijos.

Lamentablemente, está consignado en el proyecto que, en caso de desacuerdo entre ambos padres, se entiende nombrado el hijo con el primer apellido del padre. Aun así, es un gran avance la sola posibilidad de que los padres puedan decidir el orden de los apellidos que llevarán sus hijos al momento de nacer, sobre todo el primogénito, porque este implanta la condición de los demás hermanos. Es importante que, además, se establezca que los mayores de 14 años de edad puedan decidir. ¡Cuántos de nosotros habríamos preferido llevar en primer lugar el apellido de nuestra madre! Parto por mí: me llamaría con orgullo Pepe Stewart , el apellido de mi madre, quien fue decisiva en mi formación cultural, política, social y valórica.

Finalmente, quiero homenajear a una de las pioneras en esta materia -son muchas, por supuesto-, María Antonieta Saa , quien luchó hasta el cansancio, pese a ser objeto de acoso aquí mismo y ser ridiculizada muchas veces. Pero buena parte de los temas que ella planteó, que en ese entonces eran vistos como ridículos, accesorios, hinchapelotas, hoy son centrales en el debate sobre la igualdad de género.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia) [vía telemática].-

Señor Presidente, como bien se ha dicho en esta sesión, el proyecto lleva más de un década durmiendo en el Congreso Nacional.

Por eso, el 2018 presentamos una iniciativa, que denominamos “ley Gala”, por el caso de una madre que quería que su hija, que tiene ese nombre, llevara su apellido materno antes que el paterno. La iniciativa que discutimos tiene ese objetivo.

Tramitamos nuestro proyecto en la Comisión de la Familia y, enhorabuena, pudimos despacharlo, porque, de alguna manera, eso presionó al Senado para que despachara a tercer trámite constitucional el proyecto que hoy discutimos.

Es de toda justicia que los hijos y las hijas puedan llevar en primer lugar el apellido de sus madres.

El proyecto mantiene la regla general de que, en caso de que no exista acuerdo, el apellido que figurará en primer lugar será el del padre.

Creo que debiéramos discutir este punto en comisión mixta y evaluar la posibilidad de cambiar esta regla general, en el sentido de señalar que, de no haber acuerdo entre los padres, sea el apellido de la madre el que ocupe el primer lugar. ¿Para qué? Para generar un cambio cultural, con lo que se logrará que las madres seamos visibilizadas en cuanto a la identidad de nuestros hijos y de nuestras hijas.

Por eso, pedí votación separada de este punto.

Señor Presidente, por su intermedio quiero pedir al subsecretario de Justicia que explique por qué es necesario crear un delito especial solamente para las personas que cambien el orden de sus apellidos en relación con el orden primitivo. ¿Por qué no seguir las reglas generales del uso de

instrumentos públicos, en vez de generar un delito adicional que, a lo mejor, puede entorpecer todo esto o generar un concurso que haga más dificultoso el procedimiento?

Reitero: el proyecto es de toda justicia. Los apellidos de las madres no son cualquier cosa; muchos hijos e hijas, seguramente, quieren llevarlos con orgullo en sus cédulas de identidad y en todos sus documentos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Señorita diputada, le recuerdo que el plazo para presentar petición de votación separada es hasta 11:25 horas y su solicitud no ha llegado por escrito a la Mesa.

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena) [vía telemática].-

Señor Presidente, como dijo el diputado Auth , el proyecto en discusión ha tenido, más que una larga tramitación, una larga siesta. Probablemente, mujeres que nos antecedieron en este hemiciclo fueron objeto de muchas mofas a raíz de esta iniciativa. Hemos vivido bajo una situación ilógica, a la cual nos fuimos acostumbrando por razones prácticas, culturales y de otro tipo.

Efectivamente, cuando aparece este tipo de proyectos el comentario que surge es: “Ya están las mujeres de nuevo”; pero la maternidad es muy potente y muy profunda. Por lo tanto, el apellido también debe manifestar el vínculo con el hijo que se da a luz.

En este caso, el orden de los factores sí puede alterar el producto, y los hijos tendrán la libertad para elegir llevar el apellido de la madre en primer lugar. En otros países, las mujeres adoptan el apellido del marido o mantienen el de soltera, y no pasa nada; sin embargo, en Chile tenemos la sensación de que cualquier cambio generará descalabros increíbles, y, realmente, no es así.

Por lo tanto, pido a nuestros compañeros diputados que entiendan lo que hay detrás de este proyecto. No se trata de una revancha ni de una guerra entre hombres y mujeres; por el contrario, se trata de hacer justicia en aspectos que son de toda lógica y que, en vez de perjudicar, favorecen mucho a nuestra sociedad, sobre todo a una sociedad en la que hay tanta madre soltera.

Me sumo a las palabras de quienes manifestaron su desacuerdo con la disposición que señala que, a falta de acuerdo, se entenderá que la voluntad de los padres es que el primer apellido del padre anteceda al de la madre. Esto nos ha perseguido a las mujeres por muchísimos años. ¡Ante la falta de acuerdo, prevalece la decisión del hombre! Es injusto, sobre todo porque es un tema relacionado con la maternidad. Yo soy tremendamente defensora de la vida. Quien lleva al hijo en el vientre es la mujer, la que da a luz es la mujer, pero, si hay falta de acuerdo, prima el apellido del padre. Esas son las cosas que nos deben llevar a pensar.

No sé si es cierto o no, pero en algún minuto se dijo que, en caso de que los padres no se pongan de acuerdo, no quieran pelear o no quieran polemizar, podría realizarse hasta una rifa, un cachipún tercera o lanzar una moneda al aire. Hasta eso es más justo que la frase que se consigna en la norma, a pesar de que dejar esto a la suerte es una solución infantil.

Por lo tanto, concuerdo con votar separadamente ese punto. No corresponde consignar esa deficiencia que, en el fondo, va en el sentido contrario de lo que pretende la iniciativa.

Celebro que se vote separadamente esa norma. Ojalá podamos examinar el proyecto en una comisión mixta, porque creo que es tremendamente injusto que, a falta de acuerdo, se proceda en la forma en que tradicionalmente opera nuestra legislación y nuestra cultura.

Estamos en un punto de inflexión, en un punto de cambio. Les aseguro que acá no va a pasar nada; nos vamos a seguir queriendo igual. Los hijos no van a querer más a su padre o madre por llevar el apellido de uno u otro; no va a haber ningún descalabro. Se trata de un tema de justicia, especialmente cuando no existe acuerdo entre los padres.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza .

El señor SANHUEZA.-

Señora Presidenta Maya Fernández o Maya Allende -no sé cómo hubiese sido en otras circunstancias-, lo que discutimos es una realidad presente en muchas familias. Hoy no existe una razón de fondo, algo que justifique que el apellido del padre anteceda al de la madre.

Este es un proyecto que considera una modificación a la actual forma en que la ley N° 4.808, sobre Registro Civil, permite inscribir el nacimiento de un menor; es una medida que brinda un poder de elección a los padres respecto de qué apellido desean inscribir primero. En ese sentido, recoge los principios de libertad y autonomía, garantizados en todo Estado, permitiendo que los padres, de común acuerdo, puedan legar sus apellidos en un orden distinto al que hoy se establece.

La Unión Demócrata Independiente defiende con fuerza los principios de libertad. Este proyecto nace en 2005, patrocinado por exdiputados como Claudio Alvarado , Eugenio Bauer , Iván Moreira , Felipe Salaberry y Mario Varela , y de diputados como Ramón Barros , Iván Norambuena , Pablo Prieto , Ignacio Urrutia y Gastón von Mühlenbrock . Después se sumaron, a través de otra moción, diputados y diputadas de la vereda de enfrente.

Insisto en que se trata de un proyecto que nace en 2005, por iniciativa de diputados de la UDI, los que defendiendo los principios de la libertad, quisieron que fueran los padres quienes definan el apellido que va en primer lugar.

A nivel mundial -bien lo dijo uno de los parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra-, hay diferentes fórmulas: hay quienes llevan primero el apellido de la madre; otros, una vez que se casan, usan el apellido del marido, etcétera. Hoy, nada justifica que el apellido del padre vaya primero, sobre todo cuando tenemos tantas familias monoparentales que salen adelante gracias al esfuerzo de miles de mujeres. Por eso es tan importante legislar sobre la materia.

Me tocó formar parte de la Comisión de la Familia cuando levantamos este proyecto, que, como bien dijo el diputado Pepe Auth , dormía, porque no era prioridad. Hoy, desde este hemiciclo, decimos que sí es importante; no es un maquillaje, sino algo profundo, porque en la medida en que hemos ido corrigiendo ciertas legislaciones, efectivamente hemos contribuido a generar un cambio cultural profundo. El cambio es cultural, no legal. A medida que vamos modificando leyes, logramos que, efectivamente, hombres y mujeres nos sintamos con los mismos derechos y deberes.

Desde este hemiciclo estamos contribuyendo no con maquillajes, sino con medidas concretas, como la que modificó la ley que impedía que la mujer se casara antes de 270 días luego de concluido su primer vínculo. Ese también es un avance. Insisto, eso no es maquillaje, sino un avance concreto. Sin embargo, debemos seguir avanzando en mejorar nuestra legislación, para que efectivamente contribuyamos a generar el cambio cultural que nuestra sociedad hoy requiere.

Chile puede ser mejor en la medida en que nos pongamos de acuerdo en esta Sala, porque, finalmente, eso se transmite al resto de nuestra sociedad. Tenemos que rechazar con fuerza, con energía, cuando ocurre un femicidio, cuando existe un abuso en contra de una mujer. En eso no debemos tener color político.

Tenemos que legislar con fuerza para que el pago de pensiones alimenticias, sea efectivamente garantizado, porque esa es otra tremenda injusticia que hoy ocurre en nuestro país.

En ese sentido, agradezco al gobierno por presentar el proyecto que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Anuncio que votaré a favor este proyecto.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Muchas gracias, señor diputado.

Respecto de su alusión, le quiero señalar que lo que no sabe el diputado Pepe Auth es que durante mucho tiempo fui Maya Allende . Pero esa es otra historia. Tiene la palabra el diputado Pablo Vidal .

El señor VIDAL (vía telemática).-

Muchas gracias, querida diputada Maya Allende .

Señora Presidenta, quiero sumarme al homenaje que han hecho algunos diputados y diputadas a quienes lideraron esta iniciativa que cumple más de 16 años, especialmente a la exdiputada María Antonieta Saa , pero también a Tucapel Jiménez , Adriana Muñoz , Ximena Vidal , Sergio Aguiló , Juan Bustos , Álvaro Escobar y, como recién señaló el diputado Gustavo Sanhueza , también a parlamentarios y parlamentarias de derecha que impulsaron otra iniciativa hace mucho tiempo, las cuales, finalmente, terminaron fusionándose.

En 2018, haciéndonos cargo del extraño congelamiento que había tenido el proyecto, junto a las diputadas Natalia Castillo , Daniella Cicardini , Pamela Jiles , Marcela Sabat y el diputado Gonzalo Fuenzalida , impulsamos, a través de una moción transversal, la iniciativa denominada “ley Gala”, que tenía el mismo objetivo que las mociones que acabo de mencionar. Muchos comparten ese objetivo, inspiración para volver a reivindicar el rol de muchas madres invisibilizadas de Chile.

El proyecto se hace cargo de las diversas familias que nuestra sociedad debe empezar a reconocer. Por ejemplo, dos hombres o dos mujeres deben tener el derecho de ordenar sus apellidos de la manera en que quieran hacerlo. Esta es una adaptación a un mínimo civilizatorio, donde el orden de los apellidos paterno y materno sea definido por las familias en igualdad de derechos.

Hago un reconocimiento a quienes impulsaron esta iniciativa. A todos quienes nos están viendo pido que cambiemos en redes sociales el orden de nuestros apellidos en homenaje a este proyecto de ley tan importante y esperado por tanto tiempo, que podrá visibilizar a tantas madres que durante tantos años no tuvieron el rol prioritario que merecían.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Gonzalo).-

Señora Presidenta, quiero sumarme a las palabras de algunos parlamentarios que me han antecedido y reconocer que, en 2018, un grupo transversal presentó una iniciativa denominada “ley Gala”, que justamente buscaba este propósito.

Mientras los padres esperaban a Gala, que finalmente fue Galo, fueron a preguntar al Registro Civil si podían colocar primero el apellido de la madre, debido a que en la familia de la madre eran solo mujeres y el apellido se iba a perder. Ellos habían vivido en España y se dieron cuenta en ese momento de que en Chile todavía teníamos la norma según la cual siempre va primero el apellido del padre. Entonces, acudieron a nosotros.

Cuando elaboramos este proyecto, empezamos a investigar lo que pasaba en otros países. Así, nos dimos cuenta de que en Argentina, Brasil, España y en muchos países esto ya estaba resuelto y que, de común acuerdo, los padres resolvían qué apellido iba primero para todos los hijos que podían tener en común.

Presentamos este proyecto, que, lamentablemente, no avanzó mucho en la Comisión de la Familia de la Cámara de Diputados, a pesar de los esfuerzos que hicimos para que se votara. Finalmente, llegó un proyecto del Senado bastante más antiguo, de parlamentarios que hace muchos años también detectaron esta terrible injusticia que viene de una cultura muy machista de nuestro país, cual es que siempre tiene que estar el apellido del padre en primer lugar. Incluso, en algunos países, cuando se contrae matrimonio, la cónyuge pasa a tener el apellido del marido.

Por lo tanto, estamos convencidos de que el orden de los apellidos debiese quedar establecido por un acuerdo y no por una imposición del Estado que ordena que el apellido del padre tiene que ir primero. Esa fue la lógica de nuestro proyecto, la cual se mantiene.

Pero quiero levantar ciertos puntos relativos a la falta de acuerdo, algunos de los cuales ya levantó la diputada Castillo , quien también fue mocionante de nuestro proyecto de “ley Gala”. Hay varias formas de resolver la situación cuando no hay acuerdo. Nosotros introdujimos una forma similar a la que tiene Argentina, en donde, al no haber acuerdo, se produce una especie de sorteo para determinar qué apellido irá primero. Sin embargo, el Senado estableció la norma general. Es decir, al no haber acuerdo, primará el apellido del padre.

En ese sentido, me parece que no avanzamos mucho, pues el artículo 30, que entiendo que no se modificó, dice que “La inscripción de un hijo podrá requerirse dentro de los treinta días siguientes a su nacimiento, sólo por el padre o la madre, por sí o por mandatario.”. O sea, no hay una obligación de inscripción conjunta, por lo que, perfectamente, se podría dar el caso de que el padre vaya al Registro Civil a inscribir al hijo y señale que no hubo acuerdo, y que prime la regla general, sin haber sido consultada la madre.

Por consiguiente, creo que a este proyecto le faltan un par de ajustes. Primero, resolver la falta de acuerdo, la cual, sin duda, va a haber. Uno piensa siempre en el hijo nacido dentro de una relación formal o semiformal, pero muchos hijos no necesariamente nacen dentro de una relación que se mantiene en el tiempo, no son hijos de una pareja con una relación formal, por lo que el desacuerdo puede ser algo totalmente posible en muchos casos. Entonces, creo que el proyecto no resuelve bien ese punto. Hay que dar una segunda vuelta a la solución en el caso de falta de acuerdo, viendo cómo lo ha resuelto la legislación comparada. Repito: nosotros copiamos el modelo argentino.

Asimismo, creo que hay que modificar el artículo 30, porque la inscripción debería ser en conjunto. O sea, el padre y la madre deberían concurrir a inscribir al hijo. De esa forma se cautela la voluntad de ambos. Si dejamos que cualquiera de los dos padres pueda hacer la inscripción, corremos siempre el riesgo de que no se respete la voluntad de alguno de ellos.

Sin perjuicio de lo anterior, recojo el hecho de que, finalmente, votaremos este proyecto en la Sala. Creo que tenemos que sacarlo adelante y que, en el caso de que vaya a comisión mixta, tenga una rápida tramitación, porque es de toda justicia, sobre todo para las madres, que una persona que nace o que viene a vivir a nuestro país tenga el orden de los apellidos que sus padres, de común acuerdo, quisieron darle. De esa forma hacemos un país bastante más avanzado en materia de tolerancia y menos machista, porque el orden de los apellidos no será impuesto por el Estado, sino que será el que los padres, de común acuerdo, decidieron que tenga su hijo o los hijos que vendrán dentro de la familia o que estimen tener.

En general, estoy totalmente de acuerdo con el proyecto, pero hay que hacerle un par de ajustes en lo que más me importa, cual es que la falta de acuerdo sea resuelta de manera correcta y que las inscripciones sean en conjunto, para evitar que la voluntad de ambos padres no se vea plasmada en la inscripción.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Álvaro Carter .

El señor CARTER.-

Señora Presidenta, este es un proyecto de suma justicia, que viene a responder a la diversidad de realidades y de composiciones de familias de nuestro país, en donde es indiscutible el rol de miles de madres.

Hasta ahora, al momento de ser inscritos en el Registro Civil, los hijos llevan obligatoriamente en primer lugar el apellido del padre y luego el de la madre, a menos que no exista reconocimiento por parte del padre, en cuyo caso la madre debe señalar qué apellido llevará su hijo o hija. Muchas veces los padres solo figuran como progenitores. Ante esa terrible ausencia, las madres asoman como el sustento y el motor de desarrollo de las familias, desde el punto de vista emocional y económico.

Por eso, me parece extremadamente positivo este proyecto de ley, porque traspasa la decisión de qué apellido llevará primero cada persona.

Hay que reconocer que ese trámite, como está establecido hasta hoy, es muy costoso y engorroso al momento de ser realizado. Además, cuesta seguir el trámite en los tribunales, porque se demora mucho. Finalmente, en muchas ocasiones la gente deja a un lado el proceso para poder seguir con su vida, porque no puede detenerla. Mediante esta modificación a la ley, el trámite será más expedito y, como lo he dicho varias veces, hará justicia.

Firmemente, creo que esta iniciativa otorga la libertad -en cierta medida, también hace un reconocimiento a miles de mujeres, partiendo por mi madre, que me tuvo que criar desde muy pequeño, porque mi padre falleció- para que uno pueda decidir en el futuro qué orden de apellidos quiere tener.

Muchas veces, al país le decimos “patria”, pero también debería ser llamado “matria”.

Chile no sería el país que es hoy si no fuera por las miles de mujeres que en los años 80 y 90 dejaron todo a un lado para dedicarse a lavar y a coser para que sus hijos pudieran estudiar todos los días y así lograr conformar el país que tenemos hoy.

Asimismo, no hay que olvidar que las madres han sido siempre el sostén para tantos hijos que tienen temor en las noches.

¡Vaya este reconocimiento para esas miles de mujeres!

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra la diputada Patricia Rubio .

La señora RUBIO (doña Patricia).-

Señora Presidenta, no cabe duda de que se hace justicia para las mujeres jefas de hogar y las familias que podrán decidir el orden de los apellidos. La realidad nos dice que, día a día, hay niños y niñas que viven lejos de sus padres y que estos no son parte de su crianza. ¡Cuántas mujeres de Chile y de la Región de Ñuble han pasado por esta situación! El hecho de llevar el apellido según este modelo patriarcal debe quedar atrás, para avanzar hacia la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres.

La idea central del proyecto es que los padres podrán expresar, de común acuerdo, su voluntad de que el apellido de la madre anteceda al del padre. En tal caso, se procederá igual con todos los hijos comunes. Aquellos hijos e hijas mayores de edad podrán elegir libremente el orden de sus apellidos.

Esta iniciativa es un gran avance, pero, como han dicho otros diputados y diputadas, queda mucho por mejorar y por hacer. Pero hay que avanzar paso a paso, y este es un gran paso.

Por lo tanto, votaré a favor esta iniciativa.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señora Presidenta, es imposible soslayar la importancia de esta modificación, primero, porque incorpora y modifica en el Código Civil la definición del nombre, un atributo de la personalidad que hoy estaba relegado solo a la ley N° 4.808, sobre el Registro Civil, y al reglamento orgánico.

No solo constituye algo importante el hecho de poder definir el nombre y los apellidos del padre y de la madre a través del nuevo artículo 58 bis del Código Civil que propone el proyecto de ley, sino también reivindicar y reconocer un cambio que necesariamente se debe producir en nuestro país respecto del rol y del valor que tienen las mujeres en el desarrollo de sus familias.

Por ello, reconocer la capacidad de los progenitores para anteponer de consuno el apellido de la madre al del padre constituye un significativo y simbólico avance en el desarrollo del rol que tienen las mujeres en nuestro país.

Reconocer el aporte que nos han entregado nuestras madres es fundamental; en mi caso en particular, reconocer el trabajo, la abnegación y la entrega que, al igual que muchas mujeres, hizo la “Betchi” en el caso de nuestra familia.

Reconocer el valor de los hogares monoparentales en los que la madre ha sido capaz de sacar adelante a su familia a fuerza de empuje, de ganas y de tenacidad es algo que bien vale la pena hacer.

Por eso, votaré con gusto a favor este proyecto de ley, con las modificaciones que ya han planteado quienes me antecedieron en el uso de la palabra.

He dicho.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (Presidenta accidental).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna) [vía telemática].-

Señora Presidenta, es verdad que hoy debemos enfrentar diversas urgencias a raíz de la crisis sanitaria y económica provocada por esta pandemia, además de distintos problemas sociales, políticos y democráticos; pero hay otras materias que debemos abordar, que se arrastran desde hace mucho.

Este proyecto, que lleva más de quince años de tramitación en el Congreso Nacional, dice relación con una situación de justicia que está ligada al ámbito de la familia, ya que se hace cargo de los problemas que se generan en materia de filiación entre algunos progenitores.

En ese contexto, las enmiendas introducidas por el Senado permiten que el apellido de la madre anteceda al del padre en las inscripciones de nacimiento. Se trata de un proyecto que busca hacer justicia en el caso de miles de mujeres y de miles de hijos e hijas de nuestro país. Lo señalo, porque no se entiende que en un país donde poco a poco vamos avanzando en el reconocimiento de oportunidades y en materia de igualdad de género -lo que hacemos muchos día a día, de manera transversal- haya instituciones que se mantengan pétreas, que sigan igual a como eran hace tres o cuatro siglos, con lo cual se perpetúa una cultura donde la mujer es invisibilizada.

Este proyecto viene a poner en igualdad de condiciones a los cónyuges, puesto que les brinda, de una vez por todas, la oportunidad de elegir el nombre de sus hijos en todo el sentido de la palabra, permitiéndoles que con el primero de ellos se pueda determinar el orden de los apellidos para el resto de su familia.

En el 2018 se estimaba que la cifra de madres solteras en nuestro país, cuyas parejas las habían abandonado sin asumir sus responsabilidades parentales, bordeaba el 40 por ciento. Se trata de mujeres que han debido salir adelante solas con sus hijos e hijas, a los que a diario les brindan el cuidado, el cariño y el sostén que necesitan. Por eso, no es justo para ellas, como tampoco lo es para sus pequeños y pequeñas, que sus hijos, a causa de que las leyes de nuestro país así lo determinan, deban asumir el nombre de quien no es responsable por ellos.

Las enmiendas incorporadas por el Senado advierten también respecto de las situaciones que se pueden dar una vez que ese hijo o hija cumpla su mayoría de edad. Así, se dispone que cuando ello ocurra este podrá solicitar ante el Servicio de Registro Civil la inversión de sus apellidos sin la exigencia de ningún otro trámite.

Estamos debatiendo las modificaciones de un proyecto que es relevante, porque pone en equilibrio a ambos padres en la determinación del nombre de sus hijos e hijas, los que podrán elegir la concurrencia de cada apellido. Además, da la posibilidad del cambio de orden de los apellidos a los adultos que hoy, por cuestiones legales, llevan como primer apellido el de quien los abandonó o no fue responsable por ellos y ellas.

Hoy debemos votar las enmiendas del Senado a este proyecto, cuya tramitación lleva más quince años en el Congreso Nacional. Todas y todos los presentes debemos concurrir a su aprobación por justicia, por equidad, por los miles de familias que lo necesitan y por todos esos hijos e hijas que lo requieren.

Espero que las enmiendas que debatimos se aprueben, pero como existe también la probabilidad de que el proyecto sea enviado a comisión mixta, considero que es necesario que la Cámara, tal como lo ha hecho siempre, tramite y despache con prontitud los proyectos que llevan años durmiendo en el Congreso, como es el caso de esta iniciativa.

He dicho.

El señor DÍAZ (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado moción, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 850, de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 15.840, de 1964, y del DFL Nº 206, de 1960, para consagrar el carácter de camino público de las huellas o senderos de uso inmemorial o ancestral.

Diputada informante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones es la señora Carolina Marzán .

Antecedentes:

-Moción, sesión 38ª de la legislatura 367ª, en martes 11 de junio de 2019. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, sesión 25ª de la presente legislatura, en martes 27 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 25.

El señor DÍAZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora MARZÁN, doña Carolina (de pie).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 850, para consagrar el carácter de camino público de las huellas o senderos de uso inmemorial o ancestral, contenido en el boletín Nº 12696-24.

I. Constancias reglamentarias

1.Ideas matrices o fundamentales

La idea central de esta iniciativa consiste en otorgar reconocimiento y protección especial en el ordenamiento jurídico chileno a las huellas y/o senderos históricos por los cuales han transitado distintas comunidades de campesinos, pescadores artesanales y pueblos originarios por décadas, incluso siglos, para el desarrollo de sus actividades económicas o domésticas.

2.El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos

Votaron a favor la diputada Marisela Santibáñez y los diputados Alejandro Bernales , Marcelo Díaz , Amaro Labra y quien informa, Carolina Marzán .

En contra lo hicieron los diputados Luciano Cruz-Coke y Tomás Fuentes .

Fundamentos del proyecto

La ineficaz protección que el ordenamiento jurídico chileno ha otorgado a las huellas o senderos históricos se vuelve especialmente compleja, considerando que la distribución de la tierra en Chile está concentrada especialmente en sectores rurales, en donde grandes latifundios son adquiridos por personas naturales o jurídicas cuyos patrimonios se componen por numerosos activos inmuebles de un elevado número de hectáreas.

En esa línea, la mera tolerancia del dueño de la tierra en el uso de estos senderos ha permitido que no se extingan con el paso del tiempo. No obstante, basta que se desconozca este paso ancestral para que deje de existir, puesto que esa tolerancia no implica la concesión de un derecho de paso o la constitución de una servidumbre.

Así, las huellas o senderos no tienen reconocimiento jurídico en Chile, ya que depende del establecimiento de una servidumbre voluntaria por el dueño del predio, lo cual, evidentemente, acarrea la necesidad de llegar a un acuerdo, o bien, del enrolamiento y declaración de camino de uso público que puede realizar la Dirección de Vialidad, de conformidad con el DFL N° 850, de 1997. Sin embargo, ello requiere un largo procedimiento administrativo de enrolamiento de caminos y el cumplimiento de requisitos que los senderos o huellas no siempre observan. Además, el uso de tal facultad es restrictivo.

De esa forma, una serie de actividades agrícolas, ganaderas, de pesca artesanal, entre otras, quedan sin la posibilidad de continuar con la explotación de esos recursos, ya que la principal ruta para su acceso, así como para el transporte de sus productos, queda a merced del dueño del terreno, produciéndose numerosos inconvenientes en sus economías domésticas.

De todo lo expuesto, se deduce que esta iniciativa nace de la necesidad de dar protección a la situación que se extiende a distintos sectores rurales del país, en donde existe una serie de huellas o senderos históricos susceptibles de extinguirse por las circunstancias anteriormente referidas.

Discusión y votación del proyecto

Discusión general

En el seno de la comisión se hizo presente la necesidad de reconocer las huellas y senderos ancestrales que recorren ciertas personas que, por ejemplo, recogen algas o transitan con animales. No se trata de una actividad solo económica, sino -¡qué importante!- también cultural y folclórica, avalada por siglos de uso.

Asimismo, entre otros puntos, se expuso que durante décadas se ha abusado de los arrieros y laceros, ya que, a modo de ejemplo, cuando llevan su ganado hacia la zona de Alhué, deben pagar a los dueños de los terrenos que cruzan una especie de peaje, que consiste en un día de trabajo gratis por cada cabeza de ganado a la que se le permite el paso, situación que se replica en otras zonas geográficas del país, práctica aberrante, arcaica y abusiva que incumple las leyes sociales.

Hace poco, los afectados se negaron a pagar, y los hacendados simplemente les negaron el paso. Por tanto, esta situación hace patente la necesidad de regular el acceso para el uso de senderos y huellas ancestrales, evidenciando los abusos que existen en la materia.

Discusión y votación particular

Durante la discusión particular del proyecto, se aprobó una indicación sustitutiva, que señala que los propietarios de terrenos donde se encontraren huellas o senderos de uso histórico que sirvan como vía de comunicación terrestre de personas y animales hacia altas montañas, dehesas, playas, ríos, lagos o centros ceremoniales indígenas deberán facilitar gratuitamente el acceso a estos, permitiendo su libre paso.

Fijadas las vías de acceso, el propietario, arrendatario, tenedor u ocupante del terreno en donde se encuentran las huellas o senderos no podrán cerrarlas ni obstaculizarlas. En caso de contravención, el infractor será sancionado con multa de diez a cien unidades tributarias mensuales.

Por su parte, la aplicación de la multa y su reclamación se regirán por las disposiciones contenidas en la ley Nº 18.287, que Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.

Asimismo, se entrega a las municipalidades la obligación de velar por el uso tradicional y cultural de estas huellas o senderos, promoviendo su plena conservación, para lo cual deberán elaborar un catastro de aquellos que se hayan destinado por más de cincuenta años a los fines señalados, agregándolos a un Registro Comunal de Huellas o Senderos Históricos.

Por los argumentos señalados, la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones recomienda a la Sala aprobar el texto del proyecto propuesto en el informe.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al señor ministro.

Hay proyectos que, por muy bien intencionados que sean o que suenen, generan más problemas que beneficios. Tal es el caso de este proyecto en particular.

Aquí podría suceder que por determinación de un intendente de turno se estableciera una categoría que no existe en nuestra institucionalidad patrimonial, la de huellas y senderos ancestrales, para que un camino ancestral pasase por una propiedad privada. Hoy, el acceso a bienes nacionales de uso público está regulado. Lo que permite este proyecto es que una autoridad administrativa determine que hay una huella ancestral, lo que obligará al propietario a dar acceso gratuito a su propiedad, so pena de recibir multas, sin establecer siquiera un procedimiento de oposición administrativo.

Hoy día tenemos instituciones, existe la servidumbre, existe la definición de camino público del MOP, existe la obligación de permitir acceso a los bienes nacionales de uso público, como las playas. Ha habido grandes polémicas en Chile por este tema; incluso, se ha procedido al descerrajamiento de candados ante las cámaras de televisión, para permitir precisamente el paso hacia bienes nacionales de uso público.

Si además tenemos un Consejo de Monumentos Nacionales que determina aquello que es y no es patrimonial, ¿cuál es el sentido de este proyecto? Este proyecto trae incertidumbre jurídica y afectación de lugares de conservación natural, de parques naturales privados que hoy día están preservados no solamente por privados, sino también por el Estado.

Para no ahondar en las inconstitucionalidades varias y en la afectación del derecho de propiedad que el proyecto tiene y la obligación que impone, entre otros, a las municipalidades, y lo que irroga e implica en materia de gasto fiscal -el ministro ha sido claro en ese aspecto-, quiero decir que estamos ante un proyecto que, bajo la apariencia de una bonita causa, produce una afectación enorme al Estado de derecho en general.

Me han escrito desde la reserva natural Altos de Cantillana, ubicado en el sector de laguna de Aculeo, para señalar los riesgos que conllevaría para un proyecto de conservación natural la aprobación de este proyecto. O sea, no solo estamos hablando de personas que tienen una casa particular o una parcela, sino también de un proyecto de conservación natural de carácter privado que podría verse afectado por este marasmo legal en el que cae el proyecto. Ellos señalan -leo textual-: “Las grandes extensiones de montaña donde la vigilancia es prácticamente imposible, restringir el acceso por sus propietarios es la única posibilidad para disminuir los riesgos que amenazan nuestra biodiversidad. Una mera enumeración de estos son: la cacería indiscriminada de fauna autóctona; la extracción de flora en peligro de extinción, como chaguales, nalcas, copihues y muchas otras; la tala de madera de especies amenazadas, como el roble de Santiago y el ciprés, para fogatas y uso de madereros; el comercio indebido de especies de nuestra fauna; cultivos escondidos de plantas de marihuana; robo de animales o cuatrerismo; maltrato animal, los llamados laceros, actividad francamente delictual”.

Por lo tanto, no se trata exclusivamente de un problema de afectación de la propiedad, sino que la iniciativa conspira contra aquellos proyectos que, desde el mundo privado, pretenden ejercer la conservación de la naturaleza, como hemos visto muy buenos ejemplos en Chile.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG (vía telemática).-

Señor Presidente, este es un proyecto extraordinariamente importante. Dada su relevancia, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para que pase a la Comisión de Obras Públicas y a la Comisión de Agricultura, que no lo han visto, pues hasta ahora solo lo revisó la Comisión de Cultura.

En este proyecto hablamos de caminos que histórica y ancestralmente han sido utilizados con fines públicos. Sin embargo, con el correr del tiempo muchos privados han ido tomando posesión de ellos e, incluso, han corrido los cercos, por lo que esos caminos se han hecho intransitables. En ese contexto, este proyecto cobra relevancia, puesto que permite recuperar esas huellas ancestrales para la Dirección de Vialidad.

¿Dónde están los títulos de dominio de los caminos públicos? La gran mayoría de los caminos no tiene títulos de dominio. La Dirección de Vialidad solo tiene títulos de dominio de aquellos caminos que ha expropiado, pero no de los caminos ancestrales. Cuando se corren los cercos y se ha judicializado esta situación, Vialidad no cuenta con los títulos de dominio inscritos en el Conservador de Bienes Raíces.

Por eso, cobra relevancia este proyecto para que se recuperen esas huellas ancestrales y que Vialidad pueda dar un uso público a caminos que históricamente lo han sido.

Distinta es la situación de un terreno privado que se pretende declarar como camino público a través de una suerte de enrolamiento. Eso puede tener visos de inconstitucionalidad, por cuanto significaría una expropiación; sin embargo, el proyecto de ley no tiene carácter expropiatorio, porque no contempla una indemnización.

Dada la relevancia del proyecto, creo que es muy importante que vuelva a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones y que se abra la posibilidad de que vaya a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, para revisarlo con mayor profundidad, ya que tiene grandes implicancias para las personas que viven en el mundo rural, las que muchas veces no cuentan con caminos para acceder adecuadamente a ciertos bienes, ni tampoco los mismos tienen el ancho adecuado, porque determinadas personas se han tomado terrenos del Estado y de todos los chilenos. Luego, cuando estos temas se discuten en tribunales, queda en evidencia que la Dirección de Vialidad no cuenta con títulos de dominio.

Por lo tanto, solicito que le demos una vuelta adicional a este tema tan relevante para el mundo rural.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, este proyecto de ley hace justicia y reconoce el valor histórico, patrimonial y cultural de la actividad que desarrollan pequeños crianceros de las provincias de Choapa y de Limarí, en la Región de Coquimbo; los arrieros y los laceros de las comunas de Paine y Maule, o de la ciudad de Tinguiririca; los baquianos de la Región de La Araucanía y de muchos otros valles del país, así como también los recolectores de algas de las comunas de Navidad, Litueche y otras zonas de la costa. Todos ellos necesitan una regulación que les reconozca ciertos derechos para seguir desarrollando actividades como las veranadas, que llevan a cabo desde tiempos inmemoriales. No se va a regular un fenómeno nuevo, sino uno muy antiguo.

Este proyecto de ley busca permitir que todos esos grupos de trabajadores del campo chileno, pequeños agricultores, puedan seguir usando huellas y senderos. Destaco que se trata precisamente de pequeñas huellas y senderos, es decir, de verdaderos rastros dentro de la montaña o de sectores del campo chileno, y no de caminos ni carreteras. Además, poseen un carácter histórico y permiten ascender al nacimiento de ríos o lagos en la alta montaña a través de las distintas veranadas que se llevan a cabo en los valles cordilleranos a lo largo de todo el país.

Dichas huellas y senderos permiten que tenga lugar la trashumancia, actividad que, para el Ministerio de Bienes Nacionales, no tiene ningún valor. Advierto que es una actividad cultural tradicional y social, que se ha llevado adelante a través de muchos siglos y que, claramente, tiene un interés público y cultural en cuanto a respeto y reconocimiento.

Las veranadas son una antigua tradición popular relacionada con pequeños crianceros, arrieros y laceros, durante la cual ganado caprino, bovino y otros a escala menor -no estamos hablando de los grandes latifundistas- es subido a altos terrenos cordilleranos. Esa actividad se lleva a cabo durante todos los veranos en dirección de las altas montañas, para buscar agua y mejores pastos silvestres y para que los animales sobrevivan a la sequedad del verano.

Hoy, esa actividad, que tiene una escala muy menor, está gravemente amenazada, complicada y en riesgo de extinción, porque por la concentración de la propiedad de la tierra en el campo chileno, ahora existen grandes latifundios que se interponen en el acceso a las zonas de veranada en las altas montañas, o se interponen en el acceso a riberas de ríos, lagos o mar, e impiden que personas y animales puedan seguir realizando esta actividad que -repito- se desarrolla desde tiempos inmemoriales.

Un ejemplo es lo que ocurre en Paine, en la zona de Aculeo, a propósito de lo que mencionó el diputado Luciano Cruz-Coke . La agrupación de laceros y arrieros de Aculeo de Paine está dando una gran lucha por la acción de algunos latifundistas que les impiden llevar a cabo sus históricas veranadas en dirección del otro lado de Alto Cantillana. Los hacendados, para abrirles paso en sus fundos, les exigen el pago de una especie de peaje en medio del campo y de las montañas. El mismo no consiste en entregar dinero, sino en trabajo personal efectuado por arrieros y laceros. Para ser más específicos, ese “peaje” consiste en un día de trabajo por cada animal que transite por las huellas o senderos históricos que atraviesen la propiedad. O sea, si un arriero cruza con treinta animales en el verano, debe trabajar treinta días gratis, sin pago ni seguridad social.

Como se puede apreciar, esta es una práctica esclavizante, abusiva, indigna, que denigra a los campesinos de Paine y que debe ser terminada por una regulación legal. Eso es lo que estamos estableciendo: una simple regulación legal que reconozca el derecho a acceder a esos senderos, para que pequeños arrieros y laceros puedan efectuar sus veranadas.

¿Qué plantea el proyecto de ley? Que los propietarios de terrenos donde se encuentren estas huellas o senderos históricos faciliten gratuitamente el acceso a personas y animales. No queremos hacer un derrumbe o un desplome completo de la propiedad privada; ni siquiera queremos privar de parte de la propiedad a esos latifundistas. Por eso, en el marco de esta nueva regulación, utilizamos exactamente el mismo mecanismo que hoy está vigente y con gran aplicación para asegurar el acceso gratuito y legal a playas y riberas de ríos, lagos y mar a personas que buscan realizar actividades de pesca o turismo, de acuerdo con el decreto ley N° 1.939 de 1977, sobre Adquisición, Administración y Disposición de los Bienes del Estado.

Este proyecto de ley establece que los propietarios de terrenos donde se encuentren huellas o senderos de uso histórico, que sirvan como guía de comunicación terrestre de personas y animales hacia altas montañas, dehesas, playas, ríos, lagos o centros ceremoniales, deberán facilitar gratuitamente el acceso a estas. Se establece el mismo derecho para personas y rebaños.

¿Quién fija las vías de acceso? Esto no queda entregado a la disputa, sino que lo regula el intendente regional, con el apoyo del seremi de Bienes Nacionales, en un procedimiento justo y racional que garantiza los derechos de todos. Es el mismo que contempla el decreto ley N° 1.939, cuando un propietario impide el acceso a una playa.

Por eso, nos parece contradictorio e injustificado que el Presidente de la República, a través del ministro de Bienes Nacionales, nuevamente haya hecho reserva de constitucionalidad respecto de este proyecto, a fin de impedir o bloquear su avance, sin proponer ninguna alternativa. No solo se ha hecho eso, sino que se ha intentado levantar una imagen distorsionada y catastrofista del proyecto, a través de la cual se les atribuye a pequeños crianceros y laceros propuestas siniestras de destrucción de la propiedad privada y del campo chileno.

Creemos que este proyecto es totalmente constitucional, porque cumple con todos los requisitos. Primero, respeta el principio de reserva legal para hacer una limitación del derecho de propiedad, ya que se lleva a cabo por medio de este proyecto de ley.

Segundo, establece una limitación que deriva de la función social de la propiedad. El derecho de propiedad no es absoluto, pues reconoce esa función social, la que está amparada por la utilidad pública, por la Constitución Política de la República, y también por el Tribunal Constitucional, que ha dictado varias sentencias que establecen la constitucionalidad de lo señalado en el decreto ley N° 1.939.

Tercero, esta limitación o restricción no priva a nadie de su propiedad ni tampoco de las atribuciones esenciales del dominio, por lo que no puede ser considerada una expropiación.

Cuarto, se establece una obligación clara y precisa, que consiste simplemente en que los propietarios de terrenos donde se encuentren huellas o senderos de uso histórico, que sirvan como guía de comunicación terrestre de personas y animales hacia altas montañas, dehesas, playas, ríos, lagos o centros ceremoniales, deberán facilitar gratuitamente el acceso a estas.

Finalmente, no se vulnera ninguna atribución del Presidente de la República, toda vez que no es su objeto principal generar un gasto público directo; con suerte, podría existir un efecto colateral de gasto que sería eventual o indirecto, algo que el Tribunal Constitucional ha calificado en varias sentencias como legítimo y válido.

Quiero creer que el gobierno no ha entendido el sentido del proyecto de ley. Aquí no se busca que el Estado financie la mantención de senderos y huellas que se recorren a caballo, ni expropiar masivamente propiedades -con ello solo se busca construir una leyenda negativa-, sino reconocer un patrimonio vivo y que nadie nunca más prive a los recolectores, pescadores, crianceros, algueros, laceros y arrieros del derecho de desplazamiento.

Anuncio mi voto a favor del proyecto. Pido que toda la Sala apoye la iniciativa, que se votará en general, no en particular, pues entrega derechos y dignidad a los arrieros de Paine y a todos los demás trabajadores del campo chileno que viven en distintos distritos parlamentarios. Pido aprobar un proyecto que entrega mucha justicia.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir que no estoy de acuerdo con el diputado Jorge Sabag en que este proyecto deba ir a la Comisión de Obras Públicas. Si no hay unanimidad, no sé si se tiene que votar, pero, desde ya, expreso mi desacuerdo con ese planteamiento.

El ministro de Bienes Nacionales dice que esto está resuelto en leyes vigentes, pero no comparto ese planteamiento. Más bien estoy de acuerdo con lo que dijo el diputado Leonardo Soto -de hecho, junto con otros diputados, soy patrocinador del proyecto al que nos invitó a participar la diputada Alejandra Sepúlveda -, porque lo que se hace es aplicar a zonas de alta montaña, dehesas, etcétera, normas vigentes para dar acceso a playas y riberas de ríos, precisamente, para resolver algo que no está resuelto.

De hecho, en la práctica, tampoco está resuelto el acceso a playas y riberas de ríos, aunque hay norma expresa que así lo señala, y el ministro lo sabe muy bien. Es más, en los veranos acompañaba al entonces ministro Felipe Ward en campañas muy importantes en la Región de Valparaíso, impulsadas por el ministerio a su cargo, para fiscalizar el cumplimiento de las normas que establecen el libre acceso que deben dar los propietarios para que los ciudadanos puedan acceder, con fines recreacionales de pesca o turismo, a las riberas de ríos o a las playas.

Recordarán el famoso meme que circula, con el dueño de Gasco diciendo: “¡Salgan de mi playa, salgan de mi lago!”. El señor Matías Pérez Cruz es como el epítome de lo que ocurre verano tras verano en muchos lugares. Entonces, puede que haya norma, pero sigue ocurriendo ese tipo de situaciones.

Lo que contó el diputado Leonardo Soto que ocurre en Paine es prácticamente una esclavitud o algo brutal, como me señala la diputada Alejandra Sepúlveda .

Entonces, si ese problema ocurre todos los años y hay normas respecto del acceso a las riberas de ríos y lagos, parece razonable extenderlas a zonas que no estén reguladas, que es precisamente lo que buscamos hacer con este proyecto de ley, en altas montañas, dehesas, playas o ríos, respecto de huellas o senderos de carácter ancestral. No creamos rutas patrimoniales, las cuales, por cierto, ya existen.

Debemos tener la flexibilidad de adaptar nuestras legislaciones y crear normas que permitan proteger este patrimonio cultural. Por eso, este proyecto fue enviado por la Secretaría y la Mesa a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones.

Yo quiero exponer la experiencia -la conozco de cerca porque fui ocho años diputado por la Región de Coquimbo- de los crianceros de las provincias de Elqui, Choapa y Limarí . En la comisión conté el caso de las veranadas -lo mencionó el diputado Leonardo Soto -, el cual es muy importante, porque incluso supera una de las barreras más relevantes que Chile establece en materia fitozoosanitaria. Ustedes saben que uno de los principales patrimonios y activos que tiene Chile -es un elemento fundamental en la multiplicidad de acuerdos de libre comercio que nuestro país ha suscrito- es precisamente que nuestro territorio está libre de fiebre aftosa.

Por eso, las barreras fitozoosanitarias que Chile tiene, particularmente con Argentina, que no es un territorio libre de fiebre aftosa, son tan severas, y el control del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en cada uno de los pasos fronterizos de nuestro país, incluyendo el aeropuerto internacional de Santiago, es tan enérgico. Sin embargo, se han permitido las veranadas, que implican el desplazamiento del ganado para que pueda subsistir, particularmente desde las provincias de Elqui y de Choapa, en la Región de Coquimbo, cruzando la frontera, hasta la provincia de San Juan. Hay acuerdos bilaterales entre Chile y Argentina para permitir

transfronterizamente las veranadas, que han implicado el cruce de la frontera, superando esa barrera fitozoosanitaria, que es un elemento fundamental de la política comercial de Chile. ¿Saben por qué? Porque se ha considerado que esa trashumancia tiene un valor mayor al solo hecho de asegurar la sobrevivencia del ganado caprino; tiene el valor patrimonial de una actividad ancestral inmemorial, cuya preservación es de tanta relevancia que es de interés de todo Chile protegerla y preservarla.

Esa es la importancia de este proyecto. Lo que se busca es salvaguardar el valor patrimonial de esa actividad patrimonial, es decir, protegerla, cuidarla, defenderla y, al mismo tiempo, dignificarla, recuperarla y reconocerla.

De todas las experiencias que se comentaron en la comisión, esta es la que más conozco. Particularmente, conozco la enorme capacidad de organización que tienen los crianceros. No sé si ustedes conocen o han estado -probablemente, algunos no, pero hay otros que sí, como el diputado Matías Walker - en las majadas, que son los lugares donde viven los crianceros y hacen el queso de cabra que, a lo mejor, muchos han comido. Ese es un modo de vida. No significa que ellos no tengan alternativa, porque probablemente muchos son hijos, nietos o bisnietos de crianceros y crianceras que han aprendido a convivir con la modernidad -qué duda cabe-, que se han organizado, que son usuarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y que han aprendido a acceder a los beneficios del Estado. Eso no los ha hecho olvidarse de su origen trashumante. Por esa razón, ellos siguen siendo crianceros y recorren las altas montañas de los valles de Elqui, Limarí y Choapa .

Esa actividad tiene un valor importante, porque es parte de nuestra identidad cultural y de nuestro patrimonio, y eso merece tener protección legal.

Aquí no pretendemos invadir terrenos privados; solo estamos diciendo que en el terreno privado también se puede disponer una carga. Ese es el principio con el que se establecen los distintos tipos de servidumbres, como las servidumbres de paso. Un terreno privado puede soportar una servidumbre, porque la propiedad tiene una función social. La propiedad no es un bien absoluto que puede pasar por encima de su función social. Eso es lo que establecemos con este proyecto, porque hay un valor cultural que defender y preservar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, necesito recordar que este proyecto de ley nació en Navidad, una comuna alejada del sector costero de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al alero de organizaciones de pescadores y de recolectores de orilla -fundamentalmente son mujeres quienes realizan esa actividad-. El concejal Yanko Blumen nos ayudó a generar las condiciones para conversar. Estuvimos en varías reuniones hasta tarde, para armar este proyecto.

Agradezco a la Comisión de Cultura y al diputado Leonardo Soto por su tremendo aporte jurídico y constitucional en este proyecto.

Esta iniciativa tiene que ver con el reconocimiento que debemos hacer a las actividades ancestrales de nuestro país. No hablamos de caminos o de cuánto va a gastar la Dirección de Vialidad, sino de huellas y de senderos que se han ocupado por más de cien años para realizar actividades importantes que son parte de la identidad del pueblo chileno.

Señor Presidente, por su intermedio, quiero decir al ministro de Bienes Nacionales, que está presente en la Sala, que todo lo que sea ha dicho no tiene nada que ver con el sentido de este proyecto de ley. ¡Nada que ver! Aquí hablamos de reconocer ciertas actividades y huellas que han estado ancestralmente en nuestro territorio, las cuales tienen nombre y reconocimiento en las localidades en que están ubicadas.

Entonces, cuando me hablan de Chorrillos, Puertecillo , Infiernillo o La Mula, sé que son senderos del país.

Lo que quiero decir a los diputados y diputadas es que lo que queremos hacer es un catastro. Por su intermedio, señor Presidente, le digo al ministro que haremos un catastro con las características de los respectivos senderos y huellas. No se trata de cualquier sendero o huella. No es que yo vaya a algún lugar y cree una huella. ¡No! Son huellas de 100 años, diputado Cruz-Coke . ¡De 50 años! ¡De 100 años! Por allí han recorrido recolectores, arrieros y laceros. Eso es lo que queremos crear.

¿Qué dirían los peruanos respecto de la huella del Inca? ¿Dirían que no se puede proteger, por miles de razones?

Por eso la pregunta que debemos hacernos es: ¿Cómo hacemos que la realidad que tenemos, que es hermosa, que es cultural, que tiene que ver con la identidad de este país, se refleje en nuestra legislación? ¿O tiene que ser al revés?

Nuestra legislación tiene que adaptarse a nuestra identidad. Es lo que tenemos que hacer aquí; es nuestra obligación.

Este proyecto es un reconocimiento y un homenaje a todos aquellos que han realizado ancestralmente una labor preciosa que ha dignificado a este país. Por ello, invito a todas y todos en esta Cámara de Diputados a votarlo favorablemente, y pido al ministro que lo mejoremos.

Sin duda, esta iniciativa es un reconocimiento a labores ancestrales y al derecho a pasar, ejercido por 50 o 100 años, por un lugar donde han hecho algunas actividades familias tras familias.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, cuando recibimos este proyecto en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, nos pareció que era muy fácil de tramitar y de despacho rápido, pero nos enamoramos del mismo y comenzamos a presentar indicaciones, lo que afortunadamente dio como resultado que se aprobara una indicación sustitutiva, con la sabiduría del diputado Leonardo Soto . Sin embargo, no entendemos qué provocó una reacción tan brutal del ministro Isamit frente a la iniciativa.

El libre tránsito es más que un derecho fundamental del ser humano: es una verdadera manifestación de la cultura. A través de los trazos que marcaron sus pasos, hombres y mujeres se conectaron con la tierra creando senderos que forjan y acercan a los pueblos. Los caminos de nuestros ancestros, antepasados y antepasadas, nos muestran cómo estos fueron descubriendo la naturaleza y registrando dichos senderos, que hoy sirven a campesinos y campesinas que los recorren para conectarse con el resto del territorio o sencillamente para ganarse la vida.

En definitiva, al querer proteger esas huellas y senderos, buscamos proteger usos tradicionales basados en la costumbre.

Lamentablemente, vivimos en un sistema legal que desprecia la costumbre y que rinde excesiva pleitesía a la seguridad jurídica. Por ello, este proyecto de ley busca resguardar un derecho fundamental como es la libertad de desplazamiento, liberando las huellas de uso inmemorial de todo obstáculo.

Este proyecto tiene un objetivo muy consistente: facilitar el libre acceso a las huellas o senderos ancestrales y, al mismo tiempo, resguardar su carácter cultural, por lo que la autoridad respectiva deberá catastrar los caminos e informar debidamente al Consejo de Monumentos Nacionales.

Algunos dirán que se afecta el derecho de propiedad, pero lo cierto es que este proyecto les debe recordar a todos y a todas que la propiedad no es un derecho absoluto y que tiene además una función social que debe ser respetada y promovida por quienes legislamos.

Cuando el resto de los instrumentos legales se vuelven ineficaces para garantizar un derecho básico como es el de libre tránsito, los legisladores y legisladoras somos quienes debemos corregir este desbalance entre lo público y lo privado.

Por lo expuesto, aprobaremos este proyecto para que el libre tránsito se haga costumbre.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, luego de escuchar las intervenciones de los diputados y diputadas que me antecedieron, no hay cómo no destacar la finalidad de este proyecto, que es hacer un reconocimiento a lo que representan las huellas o senderos de uso inmemorial o ancestral, y permitir el acceso a ellos.

Pero la verdad es que las cosas son lo que son y no lo que parecen ser, porque si bien la finalidad del proyecto es muy noble y nadie podría no compartirla, quedan muchas dudas respecto del contenido del mismo, porque el procedimiento aplicable que establece la ley vigente dice relación con los bienes nacionales de uso público. Eso es lo primero; esa es la lógica básica y por eso el acceso a ellos lo determina el intendente. Pero lo que este proyecto busca es una cosa muy distinta: que a través de propiedad privada se facilite el acceso a los senderos o huellas. Para ello dispone: “Los propietarios de terrenos donde se encontraren huellas o senderos de uso histórico que sirvan como vía de comunicación terrestre de personas y animales hacia altas montañas, dehesas, playas, ríos, lagos o centros ceremoniales indígenas, deberán facilitar gratuitamente el acceso a estos.”.

¿Quién determina aquello? ¿Cómo se acredita el uso de la huella? ¿Qué medio o mecanismo se usará para acreditar el uso del sendero por más de 50 años? ¿Cuál es el procedimiento aplicable a dicha determinación? ¿Tienen los terceros afectados derecho a oponerse por vía administrativa? Todo eso no está establecido en el proyecto.

La diputada Sepúlveda mencionó el Camino del Inca. ¡Pero el Camino del Inca fue reconocido por la Unesco y por el Consejo Nacional de Monumentos! Pero en este caso el Consejo Nacional de Monumentos no está. Entonces, ¿cómo entregaremos a un intendente de turno la posibilidad de fijar las vías de acceso sin ningún mecanismo y sin ningún procedimiento?

Asimismo, la ley vigente habla de “terrenos colindantes”, pero en el caso de este proyecto no queda claro si se afectará a la propiedad propiamente tal o el acceso a las playas y a todo lo demás que son bienes nacionales de uso público. La iniciativa mezcla dos temas totalmente distintos: los bienes nacionales de uso público con el acceso a terrenos privados. Entonces, ¿cómo afectaremos el derecho de propiedad?

Muchos hablan de la función social. Sí, pero la función social tiene que ir acompañada de una expropiación, de una indemnización, de una causa de utilidad pública, etcétera, todo lo cual no está contemplado en el proyecto. Eso es lo que me preocupa, no las buenas intenciones respecto de lo que se busca. En este sentido, no podría no compartir lo que han dicho diputados en intervenciones previas. Pero -reitero- eso es lo que me preocupa, porque nos estamos acostumbrando a pronunciar discursos buenistas a la gente que nos escucha, pero la gente no tiene por qué saber, y no sabe, en qué consiste el contenido de cada proyecto y el perjuicio o daño que podría ocasionar si no está tratado de buena manera, si no está tratado con los procedimientos adecuados para que se logre el objetivo buscado y no se afecte a terceros que válidamente tienen su propiedad y, obviamente, quieren protegerla y tener certeza jurídica en relación con ella.

Me parece que cuando tratamos estos proyectos tenemos que ser sumamente cuidadosos para no afectar derechos de terceros, para no afectar el derecho a la propiedad e igualmente proteger lo que hay que proteger considerando el carácter histórico de aquello.

Por ejemplo, ¿qué pasa con las reservas naturales? ¿Cuál es el riesgo para las riquezas naturales y la biodiversidad que encierran nuestras montañas? ¿Qué pasa con aquello? ¿Se permitirá el libre acceso corriendo el riesgo de perjudicar la preservación de las riquezas naturales?

Me gusta proteger todo lo que tenga que ver con la cultura y con las culturas ancestrales de nuestro país; pero si seguimos legislando para la galería, es decir, con un discurso bonito, con un discurso atractivo; si seguimos despachando a ley proyectos que afectan derechos básicos de nuestra sociedad, como el derecho de propiedad, sin regular adecuadamente, caeremos en un clima de incerteza jurídica y de inseguridad sin precedentes.

Quise hablar sobre este proyecto porque me preocupa lo que está proponiendo. Me preocupa que una autoridad, en este caso el intendente de turno, determine cuál es la huella ancestral o el sendero de uso inmemorial o ancestral sin ningún tipo de procedimiento.

¿Qué pasará con los municipios? ¿Cómo harán el catastro respectivo? Será una carga extra para los municipios, los que necesitarán recursos para llevar a cabo esa labor. ¿Cómo lo harán? ¿Hay algún procedimiento establecido para tal efecto? ¿Dónde está el Consejo de Monumentos Nacionales?

Entonces, si bien entiendo la finalidad y las intenciones de este proyecto, quiero señalar que en verdad me deja más dudas que certezas.

No comparto que sigamos legislando a tontas y a locas, sin establecer y sin regular de manera detallada y correcta todos los aspectos referentes a legislaciones que afectarán a todos los chilenos y chilenas. Prefiero ganarme quizás el abucheo de muchos y legislar de manera correcta antes que seguir en este camino que nos perjudicará a todos, en este caso, a quienes válidamente quieren proteger la propiedad y resguardar sus derechos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, junto con saludar al ministro de Bienes Nacionales, señor Julio Isamit , quiero señalarle, por su intermedio, que no es cuestión, para cualquier ministro de Estado, de venir a esta Sala y decir que un proyecto es inadmisible o inconstitucional.

Exijo respeto para los abogados de la Oficina de Partes; exijo respeto por el Secretario y por el Prosecretario de la Cámara de Diputados, que hacen un riguroso examen respecto de la admisibilidad de los proyectos de ley.

Los invito a leer los fallos del Tribunal Constitucional sobre esta materia, incluso los del ministro Aróstica , en los que se señala que la iniciativa exclusiva del Presidente de la República siempre debe ser interpretada de manera estricta.

Este es un proyecto muy relevante para los crianceros de la Región de Coquimbo, los cuales, tal como lo dijeron los diputados Díaz y Soto , están sobreviviendo a más de diez años de escasez hídrica. ¿Cuál es la única alternativa que tienen para alimentar a sus animales? La trashumancia, las veranadas hacia Argentina ; el tránsito por las huellas centenarias, por donde antes transitaron sus abuelos, por donde antes transitaron sus padres, que también fueron crianceros.

Fue este gobierno el que dijo a los crianceros que se dedicaran a otra cosa, tal como lo expresó el señor Ariztía , el mismo que dijo que los trabajadores no buscan empleo por los bonos del gobierno.

Lo que queremos es que se apliquen las actuales normas de la ley de caminos. Eso no es buenismo, porque la actual ley de caminos propende al uso público de los caminos, de los senderos; también en el caso de los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, ríos o lagos.

Eso es lo que proponemos hacer mediante este proyecto, con el establecimiento de un registro público, con una instrucción de autoridad, lo que es plenamente consistente con nuestro ordenamiento…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado José Pérez .

El señor PÉREZ (don José) [vía telemática].-

Señor Presidente, estamos hablando de un proyecto tremendamente importante, que consagra el carácter de camino público de las huellas y senderos de uso inmemorial y ancestral.

Quiero destacar que nadie está en contra de que se puedan utilizar ríos, playas y lagos por la gente que desea ir a practicar deporte, a hacer uso de esos lugares, que son de esparcimiento. Pero también debemos avanzar en el tema de la cultura, para que quienes los utilicen no dejen un basural, como acontece en el mar y en tantos lugares del país.

Por otro lado, debemos dejar claramente establecido que nadie está en contra de que se continúe con las veranadas en la forma en que lo regula el Servicio Agrícola y Ganadero, como se hace a lo largo del país. Se deberán continuar efectuando, especialmente por nuestros pueblos ancestrales.

Debemos estar atentos a cómo se lleva adelante la tramitación de este proyecto, que requiere ser regulado y analizado en profundidad. Las intervenciones de los parlamentarios que han participado en este debate han sido todas estupendas, pero tenemos que ver que las cosas se hagan de buena manera.

En primer lugar, esta iniciativa debe ser enviada a la Comisión de Agricultura, porque dice relación con una materia que tiene una injerencia directa con dicha instancia.

Fíjese que las huellas de cien años son tremendamente importantes, pero tenemos muchas huellas de cien años, a raíz de las cuales el SAG ha tenido que pasar muy malos momentos, debido al tráfico y al robo de animales de países vecinos. Estamos hablando de cientos de vacunos y de caballares que traen enfermedades de distinta naturaleza, como la fiebre aftosa y enfermedades equinas, entre otras, que causan un serio daño a nuestro país. Cerca de la cordillera se ha tenido que sacrificar animales debido a ese tráfico, de manera que se trata de un problema muy complejo.

Recuerdo haber visto a mis colegas de la Comisión de Agricultura muy preocupados de la conservación del bosque nativo, la que es muy importante, porque cuando se elimina el bosque nativo se secan nuestras vertientes, lo que agrava cada vez más la falta de agua.

Pero ¿qué pasa si abrimos el acceso a los parques nacionales para que vaya la gente a distraerse, a pasarlo bien los fines de semana, a hacer una fogata para preparar sus alimentos y a dejar un incendio que provoque daño a decenas de miles de hectáreas?

Todo tiene que ser ordenado y todo debe ser regulado para el cuidado de nuestro medio ambiente. Cada vez tenemos menos hectáreas de bosque nativo; cada vez tenemos más dificultad para conservar el medio ambiente.

¿Qué pasa con la gente que va a cazar a esos lugares? Tenemos bosques que están conservados a través del Servicio Agrícola y Ganadero y de la Conaf, donde tenemos huemules. ¿Cuántos cazadores no irían a tratar de traer alguna de esas piezas?

Por lo tanto, tenemos que estudiar en detalle esta iniciativa, con el objeto de sacar adelante un proyecto que esté realmente acorde con nuestros tiempos, que sea capaz de defender lo que es necesario defender, porque es de todos, como lo es el medio ambiente y la flora nativa, y evitar el tráfico de animales de países vecinos, que solamente trae fiebre aftosa, fiebre equina y otras enfermedades que causan un tremendo daño a nuestra agricultura.

Sí, estoy muy de acuerdo con que continúen las veranadas, como se ha hecho; pero todo esto tiene que ser regulado adecuadamente para que no alteremos el medio ambiente y para que lo cuidemos de mejor manera que como se ha hecho hasta ahora.

Sabemos lo que pasa en nuestros mares, la cantidad de desechos que hay en ellos, lo que resulta realmente lamentable. Todo esto debemos cuidarlo en beneficio de las futuras generaciones.

En consecuencia, este es un proyecto muy importante, el cual requiere ser visto por la Comisión de Agricultura para mejorarlo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI (vía telemática).-

Señor Presidente, en primer lugar, saludo al ministro de Bienes Nacionales, señor Julio Isamit .

Tal como se ha dicho en la Sala con ocasión de otras iniciativas, este es un proyecto que, a mi juicio, pretende hacer justicia, pero que terminará por generar, debido a la forma en que está redactado, una serie de problemas, los que producirán el efecto contrario al que se tuvo en cuenta al presentarlo, que es el legítimamente deseado.

Los autores de la iniciativa señalan que esta pretende otorgar reconocimiento y protección especial, en nuestro ordenamiento jurídico, a las huellas o senderos históricos por los cuales han transitado por décadas distintas comunidades de campesinos, de pescadores artesanales y de pueblos originarios. En ese sentido, uno comparte los fundamentos de esta iniciativa.

Asimismo, señalan que las huellas o senderos son caminos de uso inmemorial, ocupados por generaciones de campesinos y pescadores artesanales en algunas zonas de nuestro país, lo que a la fecha ha constituido una costumbre permanente y reiterada en el tiempo, digna de ser objeto de protección especial dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Recuerdan también que, por regla general, la costumbre no produce obligaciones, a menos que el legislador se remita a ella.

Señalan, además, que actualmente la huella o sendero no tiene reconocimiento jurídico en Chile, puesto que dependerá del establecimiento de una servidumbre voluntaria por parte del dueño. Claramente, no coincido con esa interpretación, toda vez que existe una herramienta para poder regular el asunto. En definitiva, expresan que se requiere llegar a un acuerdo para el enrolamiento y la declaración de camino de uso público que puede realizar nuestra Dirección de Vialidad.

Así, el proyecto se estructura sobre la base de un artículo único, que originalmente pretendía modificar el DFL N° 850, del Ministerio de Obras Públicas, pero que terminó regulando una serie de materias, y, específicamente, normativa clave y básica del Ministerio de Bienes Nacionales, con la finalidad de poder declarar como caminos públicos -ello, para los efectos de la futura ley- todas las huellas o senderos que hayan servido como una vía de comunicación terrestre entre distintos predios rurales, siempre y cuando se acredite que han sido destinados a ello por más de cincuenta años y sean catastrados por la autoridad competente.

Repito: uno puede entender la finalidad, compartir el objetivo de la iniciativa, pero claramente se le hizo una serie de modificaciones que, a mi juicio, generará algunos problemas.

Este proyecto representa una ventaja innegable para aquellos grupos de personas que viven de determinadas actividades económicas y que hacen uso de ciertos senderos sin efectuar ningún tipo de perjuicio a los dueños de los predios. Sin embargo, pese a las buenas intenciones de la iniciativa, creemos que aún no cuenta con las garantías mínimas para poder convertirse en ley de la república: no dispone el modo de acreditar el uso inmemorial de un camino o los cincuenta años de uso; tal como se señaló aquí, se dispone una excepción a todos los procedimientos, los protocolos vigentes en nuestra legislación para el establecimiento de dicha calidad, dejando de lado al Consejo de Monumentos Nacionales; no se definen los conceptos de huellas y senderos, y muchas huellas y senderos pasan por zonas limítrofes.

Represento a la Región de Tarapacá, donde en los últimos meses hemos evidenciado y padecido un masivo ingreso de migrantes clandestinos por muchos pasos no habilitados que podrían ser considerados dentro de las hipótesis establecidas en el proyecto. Por tanto, también deben abordarse tales consecuencias en una iniciativa de esta naturaleza.

Se establece para las municipalidades la obligación de intervenir en bienes privados, así como también nuevas cargas. Es decir, otra vez se entregan a los municipios nuevas funciones sin el respectivo financiamiento. Las multas que señala el proyecto, cuya aplicación corresponderá a los juzgados de policía local, serán a beneficio fiscal; no se destinará ni un peso a las municipalidades por dicho concepto.

Se pretende hacer una serie de cambios que, a mi juicio, son ambiguos y generarán diversas interpretaciones, que, obviamente, producirán problemas que terminarán siendo judicializados. Ello, a través de las normas generales, pues eventualmente pueden producirse expropiaciones y determinarse indemnizaciones por perjuicios.

Si bien entiendo la buena voluntad de este proyecto, creo que requiere una nueva revisión. A diferencia de lo que se ha planteado en la Sala, considero muy necesario que lo puedan ver otras comisiones, por ejemplo, como aquí se señaló, la Comisión de Obras Públicas, y tal como lo propuso un diputado de oposición, la propia Comisión de Agricultura, debido a todos los efectos que trae consigo.

Por lo tanto, esta iniciativa no solo tiene problemas de constitucionalidad, sino que también está afectando a los municipios, pero, por sobre todo, no establece procedimientos claros. En mi opinión, se excluyen servicios públicos que son claves, como el Consejo de Monumentos Nacionales.

Por último, en razón de lo expuesto, y al igual como lo hice en la Comisión de Cultura, no apoyaré esta iniciativa. Ello, sin perjuicio de que he presentado algunas indicaciones que permitan resolver las interrogantes, las problemáticas que claramente se han evidenciado pese a las buenas intenciones que hay detrás del proyecto en estudio.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez .

El señor PÉREZ, don Leopoldo (vía telemática).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la Sala.

Pedí la palabra para hacer una solicitud.

En los discursos que hemos escuchado se ha mencionado mucho la ley de caminos. La han usado reiteradamente como un argumento para justificar este proyecto, que, en mi opinión y en la de muchos, dista mucho de lo que establece el referido cuerpo legal, que es de donde supuestamente nació la iniciativa.

Por lo tanto, si este proyecto vuelve a la comisión técnica, esto es, la de Cultura -entiendo que se presentaron indicaciones-, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, solicito -tengo entendido que el diputado Sabag hizo la misma solicitud- que se remita por al menos una sesión a dicha instancia, que es la que tiene que ver el tema de la ley de caminos y todo lo que ello implica.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Mientras la Mesa resuelve, tiene la palabra la diputada Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señor Presidente, Atahualpa Yupanqui decía:

En las arenas bailan los remolinos

El sol juega en el brillo del pedregal Y prendido a la magia de los caminos El arriero va, el arriero va.

Así cantaba Atahualpa Yupanqui .

La magia de los caminos sin duda que en nuestro país carece de reconocimiento jurídico. Tampoco se protege a aquellos en cuanto a su utilización ni a la garantía de que prevalezca su uso ancestral e inmemorial.

Son estas huellas o senderos, que han sido ocupados por generaciones de campesinos y pescadores artesanales del norte y del sur, lo que constituye una costumbre permanente y reiterada en el tiempo, y necesita una protección por nuestro ordenamiento jurídico. Si no hay una ley que reconozca esa costumbre, esta no obliga. De esa manera, el dueño de un predio puede desconocer tales costumbres, que en ocasiones son milenarias.

Se desarrollan actividades en el marco de prácticas culturales ancestrales. Por eso, esta iniciativa, de aprobarse, no solo permitiría el acceso a esto, sino lo más importante: la sobrevivencia de poblaciones originarias y, por supuesto, de sus costumbres.

La verdad es que escucho algunas intervenciones y tengo la sensación de que se estuviera hablando de otro proyecto.

Loreto González , del sindicato Chorrillos , nos comentó, por ejemplo, sobre la relevancia de este proyecto. Expresó que representa a más de cincuenta trabajadores -familias, por supuesto-, todos mayores de cincuenta años de edad, quienes han visto cercenada su actividad laboral por el cierre de estos pasos hacia la playa, desde Puertecillo a La Boca, impidiendo con ello el trabajo que se ha desarrollado por muchas generaciones en la zona.

También he escuchado testimonios de las algueras -así se les dice-, quienes han sido llevadas a encuentros internacionales para representar a nuestro país. Y los mismos que se sienten orgullosos de esta representación internacional hoy les quieren cercenar las alas rechazando este proyecto; quieren cercenar sus costumbres, su recurso económico, su sobrevivencia. Porque, ¡pucha que cuesta vivir en este país, señor Presidente!, sobre todo cuando estamos hablando de familias humildes, campesinas, pescadoras.

Estas huellas ancestrales, quizás para aclarar algo que he escuchado por ahí, ya están definidas. Por eso son ancestrales, huellas ancestrales. Están definidas desde hace años.

También debo explicar, porque al parecer no quedó muy claro en el proyecto, que en ningún caso esto es expropiatorio, como se pretende hacer creer. Por eso este proyecto se radicó en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones y no en otra.

Llamo a aprobar esta iniciativa y a que se haga más expedita la declaración que se agregará al registro o al catastro de caminos ancestrales, por su magia, por lo milenario, por los orígenes de nuestra tierra, por preservar y cuidar nuestra cultura. Los invito a aprobarla, además,

porque estos usos ancestrales y el valor cultural deben preservarse como un mensaje hacia nuestro futuro que muestre concretamente de dónde venimos. El camino en sí no solo representa un plano físico, sino que tiene también un sentido mayor, de pertenencia, de cómo lo inmemorial ilumina hacia dónde vamos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET (vía telemática).-

Señor Presidente, el tiempo que tengo para intervenir no es suficiente para expresar con claridad mis ideas, pero al menos diré que voy a apoyar este proyecto y señalar lo profundamente equivocado que están el señor ministro de Bienes Nacionales, el gobierno y la derecha en esta materia. Creo que ello se condice con lo que estamos viendo en prácticamente todos los proyectos de ley. Esto es lo mismo que está en el sustrato de otras iniciativas, como la del tercer retiro: la falta de empatía con la ciudadanía, en este caso con una tradición cultural riquísima.

Creo que este es un gran proyecto, así que espero que recapaciten y entiendan que hay que crear condiciones de buen vivir en nuestro país para todos y todas.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de actos de gobierno en lo relativo a la generación y aplicación de protocolos, políticas o acciones de búsqueda de menores de edad extraviados o desaparecidos en el país a partir del 2010.

Para la discusión del informe se otorgarán sesenta minutos, distribuidos proporcionalmente entre las bancadas.

Diputada informante es la señora Érika Olivera .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos del Gobierno en lo relativo a la generación y aplicación de protocolos, políticas o acciones de búsqueda de menores de edad extraviados o desaparecidos en el país, a partir del año 2010 (CEI 31), sesión 13ª de la presente legislatura, en lunes 5 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 5.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora OLIVERA (doña Érika) [vía telemática].-

Señor Presidente, en mi calidad de diputada informante, paso a relatar los hechos más relevantes acontecidos durante el trabajo realizado por la Comisión Especial Investigadora de los actos del gobierno en materia de generación y aplicación de protocolos, políticas o acciones de búsqueda de menores de edad extraviados o desaparecidos en el país a partir del 2010.

En primer término, cabe señalar que en la sesión 54ª de la honorable Sala, celebrada el 18 de julio de 2019, se integró la comisión, la cual tomó conocimiento de su mandato con fecha 24 de julio de 2019, y acordó, por unanimidad, elegir como su Presidenta a quien informa, diputada Érika Olivera de la Fuente .

Respecto de las conclusiones y propuestas, su análisis se inició en la sesión celebrada por la comisión el 2 marzo de 2020, después de lo cual, por razones conocidas por todos, se suspendieron las sesiones de las comisiones investigadoras. Luego, el 21 de marzo de 2021, se reanudó el trabajo de la comisión, sobre la base del mismo documento que se había estado analizando en la sesión previa a la suspensión, ocasión en la que se aprobó dicho documento por la unanimidad de los miembros presentes.

Funcionamiento de la comisión

Para efectos de cumplir su mandato, la comisión celebró 19 sesiones, en las que recibió a una multiplicidad de actores relevantes y expertos en las diversas materias que estaban comprendidas en la tarea encomendada, entre ellas las principales autoridades del sector, como son el ministro de Justicia y Derechos Humanos, la subsecretaria de la Niñez, el subsecretario de Servicios Sociales, la subsecretaria de Prevención del Delito y la directora del Servicio Nacional de Menores, como también a los responsables de diversas reparticiones del Estado y a las principales fundaciones y organizaciones expertas en la materia que abarcaba la competencia de la comisión.

Del mismo modo, durante su funcionamiento, la comisión despachó una multiplicidad de oficios, recibiendo respuesta para solo una parte de ellos.

Conclusiones aprobadas por la comisión

Es menester señalar que en las sesiones 17ª, 18ª y 19ª, la comisión conoció y discutió la propuesta de conclusiones presentada por el diputado Pablo Kast , quien, para su elaboración, tomó como base una proposición efectuada por quien habla, diputada Érika Olivera .

Cabe hacer presente que la propuesta de conclusiones fue aprobada por la unanimidad de las diputadas presentes, señoras Natalia Castillo , Carolina Marzán , Marisela Santibáñez y Érika Olivera , y diputados señores Ramón Barros , Pablo Kast y Cosme Mellado . Asimismo, pidieron dejar constancia de su votación favorable los diputados Miguel Mellado y Matías Walker .

Las conclusiones aprobadas por la comisión señalan, en resumen, lo siguiente:

En primer término, se dejó constancia de algunas definiciones previas e importantes para el conocimiento y análisis del tema:

Niño extraviado: aquel niño, niña o adolescente (NNA) que, debiendo estar bajo el cuidado diario de su familia o del Estado, se ausenta sin avisar y luego regresa o es hallado. En otras palabras, es aquel niño que se extravió, y corresponde al porcentaje de éxito en ser hallado.

Niño desaparecido: aquel niño, niña o adolescente (NNA) que, debiendo estar bajo el cuidado diario de su familia o del Estado, se desliga de su círculo de protección original, sea este la familia o el Estado, por medio de hogares.

Cuando el niño desaparecido se halle bajo el cuidado de su familia, se emitirán denuncias por presunta desgracia o por sustracción de menores; en cambio, si se halla bajo tutela del Estado, se emitirá una orden de búsqueda y recogimiento y si, pasadas las 48 horas de las últimas noticias conocidas de él, no es encontrado ni aparece voluntariamente, tendrá que presentarse una denuncia por presunta desgracia.

Clases de desapariciones

Pueden darse las desapariciones en los siguientes formatos:

1. Niño de familia:

a.Presunta desgracia (Predes).

b.Sustracción de menores.

Cabe hacer presente que las denuncias por presunta desgracia o sustracción de menores generalmente no son cerradas en el sistema, sea porque para la ciudadanía no hay obligación de cerrar la denuncia o porque el niño, niña o adolescente no pudo ser encontrado. Estos se transforman en casos de alta complejidad, donde se pueda especular que hay acciones de terceros o donde se incurra en nuevas líneas investigativas, saliendo de la competencia de la Brigada de Búsqueda de Personas de Carabineros o de la BRIUP en la PDI y pasando a otras brigadas para continuar su investigación.

2. Niño tutelado por el Estado:

a.Orden de búsqueda y recogimiento (primeras 24 horas).

b.Presunta desgracia (a las 48 horas sin ser hallado).

Es importante conocer que existe un doble registro: primero, se avisa a tribunales de familia y estos emiten una orden de búsqueda y recogimiento, cuando el niño, niña o adolescente (NNA) ha salido sin permiso o sin avisar, durante las primeras 24 horas. Ahora bien, a las 48 horas de ausencia, se debe avisar directamente a Carabineros, levantando una presunta desgracia. Si el niño es habido, el hogar tiene la obligación por reglamento de cerrar administrativamente la orden de búsqueda y la presunta desgracia del menor, si la hubiera.

Cifra negra delictiva ligada a la desaparición

Respecto de todo menor o persona que desaparece, solo se puede hablar de suposición de su destino, ya que, al estar desaparecido, puede tener un sinfín de destinos posibles ligados a una línea criminógena o de desgracia. Solo en el caso de adultos se puede hablar de voluntariedad en su desaparición.

Respecto de los adolescentes, no se puede hablar de voluntariedad en pos de la autonomía progresiva, pues acá el bien superior del menor significa protegerlo.

En segundo término, se hizo alusión a los análisis iniciales de los protocolos de búsqueda actuales. Se explicó que existe un alto nivel de ineficiencia y una creciente falta de efectividad en términos de que, al no existir una base de datos unificada, se produce un derroche de energías, duplicidad de información, malgasto de horas hombre, duplicidad de causas, etcétera, y que, por lo tanto, la información queda parcelada, con la consiguiente pérdida de eficiencia. Si bien cada institución hace su mejor esfuerzo, el Estado, por sí mismo, no está siendo eficaz y eficiente. Para ello, es necesario aprobar el proyecto de ley que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea el sistema interconectado para estos efectos (boletín N° 12392-25), en segundo trámite constitucional en el Senado.

A mayor abundamiento, se realizaron algunas recomendaciones, en virtud de la experiencia adquirida por la comisión.

1)Eliminar voluntariedad de los menores tutelados por el Estado: “El extravío o la desaparición de un menor de edad se presume siempre de alto riesgo, con independencia de la presunta voluntariedad de la misma. Únicamente puede excluirse de esta regla cuando concurran circunstancias que hagan evidente la voluntariedad del extravío o desaparición, como las fugas de los centros de acogida de menores u otras circunstancias análogas.”.

Al respecto, hay que señalar que expertos en la materia han opinado que no se puede considerar que haya voluntad válida en las desapariciones de niños, niñas y adolescentes, pues ningún menor de edad podría desligarse y subsistir válidamente de la protección de su familia o, en su defecto, del Estado.

2)Oficina de prevención del delito: Una de las grandes limitantes que presenta dicha institución en el entramado institucional del Registro Unificado de Información, que contempla instituciones tanto del Estado como de privados, dice relación con el acceso a los datos del Registro Civil, cuya administración está en una empresa externa. Por ello, se requiere un reglamento que le facilite el acceso a dicha información en el cometido del Registro Unificado de Datos Bepech (Base de Personas Extraviadas en Chile).

3)Medidas intrusivas veloces y oportunas: La Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana y Carabineros coincidieron en señalar que ampliar las facultades intrusivas de las policías en estos casos es fundamental, disminuyendo las trabas burocráticas, al menos en temas de búsqueda de menores o de mayores de edad cuando hay un peligro inminente. Entre las medidas intrusivas que mencionaron, tenemos, por ejemplo, interceptación y triangulación de teléfonos, georreferenciación, redes sociales, etcétera.

4)Recopilar la experiencia del modus operandi de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana: Existe un conjunto de experiencias importantes y de know how por parte del personal de la BRIUP en relación con su trabajo en la búsqueda de personas durante las últimas décadas que podría ser aprovechado, transformándose la experiencia policial en una contribución directa a la elaboración de los protocolos de búsqueda y la priorización de medidas intrusivas.

5)Servicio Médico Legal: El Sistema de Índice Combinado de ADN no considera en su registro la toma de muestras de los cuerpos del depósito que caducan su tiempo de estadía, y son derivados a centros de investigación o fosas comunes o símiles. Es importante que dicho sistema de datos esté disponible, para saber quiénes están y quiénes no.

Por otra parte, no hay ningún mecanismo jurídico que establezca un deber administrativo por parte del Servicio Médico Legal de avisar y oficiar a las policías hasta que el cuerpo sea efectivamente revinculado a su familia.

En tercer término, se hizo referencia a los niños, niñas y adolescentes perdidos del Sename. Para ello, se mencionaron algunos conceptos claves:

Orden de búsqueda y recogimiento: Orden que emite un tribunal de familia cuando un hogar del Sename o colaborador de este reporta el abandono, sin aviso, de un niño, niña o adolescente, para que tribunales oficien a Carabineros, a fin de que el menor sea ubicado y llevado de vuelta al hogar que abandonó. La orden de búsqueda y recogimiento existe porque una medida de protección y/o cautelar está ligada al niño, niña y adolescente; es decir, está tutelado por el Estado.

Presunta desgracia en caso de niños tutelados por el Estado a cargo del Sename: Esta denuncia se hace directamente a la PDI, Carabineros o al Ministerio Público, donde el Sename se encuentra obligado por procedimiento a cerrar dichas búsquedas en forma administrativa, por orden interno del servicio, desde noviembre de 2015, a diferencia de las familias, que no poseen obligatoriedad por ley.

Egresos de la tutela del Estado: El egreso de un menor significa el fin de una medida de protección y/o cautelar, pudiendo el Sename o sus colaboradores solicitar el egreso administrativo de un niño, niña o adolescente por causales de abandono.

En la Comisión se analizaron tres versiones:

Ministerio de Justicia: a los 30 días de cerrado un mes con ausencia del niño, niña o adolescente.

Sename: a los 90 días de cerrado un mes con ausencia del niño, niña o adolescente.

Red Infancia Chile: en base al reglamento, señala que son 15 días desde que se cerró el mes con ausencia del niño, niña o adolescente.

Descripción de la problemática recogida por transparencia

1.Órdenes de búsqueda y reconocimiento vigentes, sin cerrar administrativamente.

Existen 53.738 casos de búsqueda de niños, niñas y adolescentes tutelados por el Estado desde octubre de 2012 al primer semestre de 2019. Si bien algunas medidas pueden ser sobre los mismos menores, están sin cerrar. Por lo tanto, permanecen vigentes en el sistema Sitfa .

Respecto de las cifras entregadas por el Poder Judicial, resulta sorpresiva la aparente tendencia a la baja manifestada en la Región de Valparaíso. Sin embargo, es relevante notar la ausencia de cifras respecto al segundo semestre de 2019, coincidentes con el inicio de las manifestaciones de octubre.

Si bien la directora del Sename ha aclarado que solo se trata del 0,5 por ciento de todas las atenciones, sí corresponderían al 73 por ciento de los detenidos en la Región de Valparaíso, de los cuales dos adolescentes habrían sufrido lesiones oculares. No obstante, señala también que todos los niños involucrados han vuelto y que la tendencia de 2019 terminaría con pocos egresos.

2.Presuntas desgracias sin cerrar administrativamente.

1.784 casos de niños, niñas y adolescentes con presuntas desgracias acumuladas y vigentes sin cierres administrativos entre 2013 y 2018, pero abultados de forma exponencial entre los años 2015 y 2018.

Respecto a las medidas de protección, es importante mencionar que si se solicita el egreso de un menor de parte del Sename o un organismo colaborador al tribunal de familia, es asunto del juez determinar si se da fin o no a las medidas de protección al emitir el egreso. No obstante, si el Poder Judicial da fin a la medida de protección, pasa a ser un final infundado de la medida de protección, pues al niño, niña o adolescente no se le prestó el servicio. Recordemos que el Estado está al servicio de las personas desde la Constitución de 1925.

Asimismo, si el menor hizo abandono de una residencia, esta puede tener múltiples motivaciones, tales como la calidad de la residencia, vulneraciones al interior de ella, atractivo del mundo exterior, etcétera. Sin embargo, aquí existe un choque de derechos sobre los cuales dirimir: por una parte, la autonomía progresiva, es decir, la voluntad del menor de abandonar el sistema, y, por otra, el bien superior del menor, que debiera ser el principio rector de todos los demás derechos de los niños. No olvidemos que a veces a los niños y adolescentes hay que protegerlos hasta de sí mismos.

Propuestas de la Comisión sobre asuntos del Sename:

1.- Cambio del método de uso de la plaza vacante que se abandona. Una sugerencia relevante para el Poder Ejecutivo sería establecer que el fin infundado de servicio a una medida de protección implica un fracaso del Estado. Si bien puede volver a utilizarse la plaza, no puede dejar de buscarse al niño, niña o adolescente solo porque es refractario al sistema.

2.- Evidencia propia de los abandonos sin testimonios o palabras solamente de los colaboradores. Es imperioso contar con medios tecnológicos para registrar el perímetro y puerta de todos los hogares del Sename y de sus colaboradores, debido a la tendencia al encubrimiento y los hechos desafortunados que han sucedido en las residencias donde se encuentran menores bajo protección del Estado.

3.- Las deficiencias y los problemas del Sename son por falta de planificación de calidad del servicio hacia la mejora continua. Los cambios legislativos que se han comenzado en el Sename pueden ser considerados como un comienzo auspicioso; no obstante, se debe profesionalizar y modernizar más el sistema de protección, por lo cual se sugiere que se aplique en el Servicio Nacional de Menores la implementación de la norma ISO 9001 en Gestión de Calidad, cuyo homólogo para instituciones públicas es la ISO 18.902, y que además esto sea cotejado por un ente externo al Sename y al Estado.

4.- Base para auditorías ciudadanas (contralor ciudadano). La sociedad civil en pleno está dispuesta a hacer fiscalización gratuita. No obstante, para ello se requiere establecer primero un “piso de oferta de servicio” para los niños bajo tutela del Estado. La idea es que las organizaciones que hagan este voluntariado no generen un desorden innecesario producto de la subjetividad. Dicho de otro modo, se trata de que organizaciones no accedan a generar caos o reclamos, puesto que no hay un piso de calidad de atención por niño, establecido previamente, el cual cotejar.

Por lo tanto, hay que otorgar un espacio al Servicio Nacional de Menores para que termine su primera transición a hogares más pequeños, así como el nuevo servicio, con una fecha final, antes de comenzar una segunda etapa de mejoramiento continuo, donde exista un piso obligatorio de atención para cada niño, cuyo enfoque principal sea la satisfacción del niño, niña y adolescente.

5.Proyecto de resolución N° 743, de 2019.

Dentro de las medidas para mejorar la calidad de servicio del Sename, resultaría positivo hacer hincapié e insistir en el proyecto de resolución Nº 743, de 15 de octubre de 2019, al cual se refirió la honorable diputada Francesca Muñoz en la sesión de la comisión especial investigadora N° 31, de 16 de diciembre, que da cuenta de “generar mecanismos educativos de tipo profesional para los niños, niñas y adolescentes del Sename del Área Proteccional.”.

6.Ley marco de calidad de atención de instituciones a niños, niñas y adolescentes tutelados por el Estado.

El reconocido incumplimiento de las medidas de calidad en los hogares de protección, tanto en el Sename como en organismos colaboradores, debe ser motivo suficiente para el estudio, discusión y aprobación de una ley marco que establezca normas generales y obligatorias,

desarrolladas y complementadas a través de la potestad reglamentaria del Ejecutivo y del Poder Judicial, de modo que coordine la actuación y protocolos de todas las instituciones públicas y privadas que intervengan en la protección y atención de los niños, niñas y adolescentes, estableciendo expresamente los principios y estándares que deben aplicarse en todo el proceso de protección.

7.Asumir como Estado los costos del despido, cambio organizacional profundo y tolerancia cero al maltrato de todo tipo.

Hay más de 1.500 sumarios vigentes relacionados con trabajadores del Sename, lo que da una pésima señal organizacional, pues genera una sensación de impunidad por parte de quienes maltratan.

En este momento se discute el proyecto de ley que establece la destinación de 14.000 millones de pesos a la indemnización de los trabajadores del Sename que no cumplan con los requisitos o cuyo perfil no calce con Mejor Niñez, nuevo servicio destinado a reemplazar al Sename.

8.Evaluar una mayor participación de los municipios.

Los alcaldes, considerados como las autoridades de elección popular con contacto más directo con los ciudadanos, podrían involucrarse de mejor manera con los organismos colaboradores.

9.Solicitar un ministro en visita para analizar, cruzar datos y rastrear a los niños desaparecidos tutelados por el Estado.

10.Respecto de la falta de servicio del Estado y la voluntad de estar en situación de calle.

La voluntariedad que otorga el derecho a los niños, niñas y adolescentes a su autonomía progresiva es la excusa que han dado diversas instituciones para no hacerse cargo de los niños en situación de calle. Existe un consenso “adultocéntrico” bastante conveniente e irresponsable, el cual parte de la base de que es parte de la voluntad de los niños estar en dicha situación.

11.Proyecto de resolución para crear los organismos colaboradores de la red de asistencia para la superación de la pobreza de los niños, niñas y adolescentes refractarios al sistema de protección, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

12.En la sesión de 2 de marzo de 2020 se estableció, por acuerdo de la Mesa, crear en la Cámara de Diputadas y Diputados una comisión permanente de infancia y familia. Se reflexionó en cuanto a que los problemas que afectan a ese grupo etario dan origen a los problemas estructurales a nivel país y que todos los problemas expuestos en la comisión no se puede pretender que sean solucionados en una comisión investigadora, sino que resulta necesario asumir un diálogo legislativo de tipo permanente en torno de este grupo etario, el que debe ser incluido directamente en el desarrollo estratégico de las políticas públicas como país.

13.Publicación sin datos sensibles de los 28 tomos del Informe Fuerza de Tarea Sename, de la PDI, cuando prescriba la investigación en agosto de 2021, por las 1.313 muertes en el Sename y los hechos constitutivos de delito.

Es, históricamente, la investigación territorial más grande y extensa de la Policía de Investigaciones. Es de vital importancia que la sociedad y el Estado, en pleno, revisen y tengan acceso al pasado para no repetirlo en el futuro.

Por último, y respecto al análisis criminógeno de las desapariciones de menores en Chile, cabe hacer presente que la legislación no está preparada para el cambio criminógeno de las sustracciones de menores, toda vez que estaría enfocada solo a las sustracciones parentales debido a su pena aflictiva y ambigua tipificación.

Esta legislación data de 1993. En el caso de la sustracción de menores, la ley original está obsoleta, pues fue diseñada y enfocada en relación con el secuestro parental, sin considerar directamente el abuso sexual como una agravante realmente significativa.

Según declaración del fiscal nacional subrogante, señor Armendáriz , en contexto de género es ostensiblemente mayor el secuestro y desaparición de mujeres que de hombres. Esto se condice con la estadística tanto de abuso sexual como de desapariciones, donde siempre la mayor tasa de víctimas corresponde a mujeres, niñas y adolescentes.

La tipificación penal de sustracción de menores no alcanza a englobar las nuevas formas penales y/o agravantes ante la sustracción de menores cuando se torna en un caso de alta complejidad y cuando entran variables de abuso sexual sobre menores, donde, a diferencia del secuestro parental, el menor es transgredido en su libertad de tránsito para ser victimizado mediante la transgresión de la indemnidad sexual.

Las cifras de denuncias y condenas por abuso sexual infantil son, a todas luces, alarmantes. Si bien en 2018 el 71 por ciento de las denuncias provinieron de menores de edad, solo el 7,2 por ciento llegó a una sentencia condenatoria. Aquello no resultaría sorpresivo, por cuanto en 2019 y tras veinte años de funcionamiento, la Fiscalía Nacional presentó una tasa de éxito en la persecución de ese delito de tan solo 13,54 por ciento. Lo anterior ocurre en un contexto de nulos incentivos para cerrar las causas sin investigar, así como de evidentes dificultades naturales que se presentan en las investigaciones que involucran a niños, niñas y adolescentes. Asimismo, existen otras circunstancias que influyen directamente en el extravío de menores, tales como la explotación sexual infantil, los soldados narcos, el robo de supervivencia y el tráfico de órganos.

Por lo anterior, es necesario aumentar las penas en diversos delitos que afectan la infancia y la indemnidad sexual de esta, donde endurecer las penas no se relaciona con reducir la delincuencia o intentar inhibir conductas lascivas en determinados delitos, sino con la proporcionalidad de los daños ocasionados. La recuperación de una víctima también se encuentra relacionada con la restitución de la justicia, de tal forma que quien hizo el daño pague con penas privativas de libertad con enfoque de proporcionalidad y no vengativas, toda vez que abusar sexualmente de un niño, niña o adolescente es el peor abuso imaginable. En casos de muerte y/o desaparición existe un dolor imparable para la familia y la sociedad. Llamo a votar a favor el informe.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, tuve el honor de formar parte de esta comisión especial investigadora. Felicito a su Presidenta, la diputada Érika Olivera , quien impulsó esa instancia, junto con las diputadas Marisela Santibáñez y Natalia Castillo , y el diputado Pablo Kast . Son muy importantes tanto el trabajo que se hizo como las conclusiones a que se arribaron. A mi juicio, lo más importante en una comisión especial investigadora, junto con determinar responsabilidades, es formular propuestas concretas.

Efectivamente, observamos que el Poder Ejecutivo había desandado los acuerdos a que había llegado en la Cámara de Diputados en favor de niños, niñas y adolescentes; que el Comisionado de la Infancia y el Proyecto Ascar representaron una pérdida de esfuerzos, recursos y tiempo; que el Ministerio Desarrollo Social no solicitó el diseño del instrumento de medición a un experto en situación de calle; que la Universidad Alberto Hurtado se desplazó bien territorialmente, pero que el diseño del instrumento de medición dejó puntos ciegos. Además, constatamos que no estaban preparados para descubrir hechos constitutivos de delito.

Por otra parte, concluimos que el Poder Judicial tiene mayor modernización y disponibilidad de datos en el Sistema Interconectado de Tribunales de Familia (SITFa) que el Sename en la Senainfo, y que no levantó ninguna alerta en ocho años, pese a disponer de los datos en forma acumulada.

Las propuestas de la comisión parten por eliminar la voluntariedad de los menores tutelados por el Estado; generar un reglamento para que la Oficina de Prevención del Delito pueda acceder a los datos administrados por una empresa externa de los datos ciudadanos por medio del Registro Civil; ampliar las facultades intrusivas de las policías para cometido de búsquedas de personas extraviadas; generar una brigada para medidas intrusivas; tratamiento de presuntas desgracias como flagrancia, al menos en casos clasificados como de alto riesgo.

Además, en la comisión se destacó -lo dijeron las policías- la importancia de las primeras diligencias, no esperar 24 o 48 horas para hacer denuncias por presunta desgracia.

También la modificación del reglamento del Servicio Médico Legal para establecer el deber de avisar a las familias sobre cuerpos identificados y de fiscalizar su cumplimiento.

Ante los egresos, el Ejecutivo debe atender a los niños, ya sea mediante el Sename o el futuro Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, o bajo el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Además, debe incorporar cámaras de videos en todos los perímetros de los hogares de la red de protección, con cámaras dependientes directamente del hoy Sename y no de los hogares particulares. Debe haber evidencia de que el niño, niña o adolescente se fue o abandonó el sistema.

Asimismo, insistir en el proyecto de resolución N° 743, de fecha 15 de octubre de 2019, para brindar oficios y educación a los niños, niñas y adolescentes del área de protección.

También subir las penas y restringir beneficios en los delitos que afectan la infancia y la indemnidad sexual de los niños, niñas y adolescentes, como lo hicimos en la ley que declaró la imprescriptibilidad del delito de abuso sexual infantil.

Por tiempo, no me voy a referir al resto de las conclusiones, pero están en el informe de la comisión especial investigadora, el cual solicito que sea aprobado, ojalá, por unanimidad.

Aprovecho esta oportunidad para rendir un homenaje a la agrupación Hijos y Madres del Silencio, que se ha dedicado a buscar a los niños que fueron entregados en adopción irregular durante la dictadura.

Asimismo, hago un reconocimiento a los ministros de la Corte Suprema y de las cortes de apelaciones, porque hicieron un gran trabajo en su búsqueda, para que ellos puedan reencontrarse con sus padres y abuelos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, en primer lugar, felicito a la queridísima diputada Érika Olivera por presidir y ser la impulsora de esta importante comisión especial investigadora, que se preocupó por los niños, niñas y adolescentes extraviados.

Por supuesto, saludo a los integrantes de la comisión y a los invitados, que prestaron una gran colaboración para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones aprobadas en esa instancia.

Como señalamos en la discusión del proyecto de ley sobre personas extraviadas -moción que presentamos junto con el diputado Pablo Kast y las agrupaciones y los familiares de personas extraviadas o desaparecidas, aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, que desde hace un tiempo se encuentra a disposición de los senadores y senadoras para su aprobación-, según la base de datos de Carabineros de 2018, en Chile se presentan anualmente veinticinco mil denuncias por presunta desgracia. Se dice que, del total de casos, el 90 por ciento se resuelve. Sin embargo, la cifra de casos sin resolver bordea los mil al año.

Según la base de datos de la Policía de Investigaciones, se presentan sobre ocho mil denuncias por presunta desgracia. Se dice que, del total de los casos, el 93 por ciento se resuelve. Sin embargo, los casos sin resolver son seiscientos al año.

En ese mismo sentido, las denuncias por presunta desgracia, en un gran número, corresponden a niños, niñas y adolescentes desaparecidos, con más de cincuenta y tres mil casos de búsqueda de menores tutelados por el Estado en 2012.

Es así como a diario podemos ver en los medios de comunicación cómo se siguen sumando casos de menores desaparecidos respecto de los cuales sus familiares pierden su rastro; en muchos casos aparecen sin vida, y en el peor de los casos esa situación nunca se resuelve y no se sabe más de ellos.

Las cifras son impactantes. Se trata de personas, no solo de cifras, pero esos números se multiplican por el dolor que sufren las familias que pierden a sus seres queridos.

Por eso, invito a todos los colegas a aprobar las conclusiones y recomendaciones emanadas de la comisión especial investigadora, ya que van encaminadas a mejorar la legislación existente para que ojalá se reduzca al mínimo la desaparición de menores y, en el caso de que eso ocurra, tengamos una legislación o instrumento eficiente y eficaz, que actúe y cumpla su misión de buscar y encontrar a los niños y niñas extraviados.

Para terminar, voy a referirme al retraso o a la nula importancia que el Senado ha dado a un tema tan sensible como el relacionado con los niños extraviados. Me refiero a un proyecto que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Cuando salen casos como el del pequeño Tomás Bravo , el tema vuelve a ser sensible para todos, pero, al parecer, no para los senadores.

Invito a todos mis colegas a hacer la fuerza necesaria para que no digan que no hacemos la pega. La pega está hecha, porque el proyecto está aprobado por esta Corporación. Las primeras 24 horas son fundamentales. Eso habría cambiado la vida de la familia de Tomás Bravo.

Por eso, los invito a aprobar y dar la celeridad necesaria a esa iniciativa, para que tengamos una ley de extraviados como merece nuestro país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pablo Kast .

El señor KAST (vía telemática).-

Señor Presidente, la diputada Érika Olivera señaló, con gran detalle, las conclusiones y el proceso que se llevó a cabo en esta comisión especial investigadora.

Solo cabe agregar todo mi agradecimiento y mi reconocimiento a la actitud no solo de todos los parlamentarios y parlamentarias que participaron en el desarrollo de esta instancia, sino también de la señora María Teresa Calderón , nuestra gran abogada secretaria, porque nos permitió unir y dar coherencia a los testimonios de los representantes de las organizaciones y agrupaciones, y de las personas que comparecieron a la comisión a contar los casos específicos.

La gran conclusión que podemos sacar, que agrupa todas las propuestas que se hacen, es que en Chile es urgente actualizar las instituciones que participan en la búsqueda de menores y que enfrentan estas desapariciones, no solo en cuanto a las herramientas y las capacidades que tienen, sino también estableciendo muy claramente los protocolos con los cuales tienen que intervenir.

Se mencionó el detalle de todas las propuestas que hacemos, como la creación de la base de datos y la reacción inmediata en el caso de categoría grave, en la categorización de cada caso. Si nos fijamos en el caso de Tomasito, que fue posterior al desarrollo de esta comisión, constataremos que se repite una y otra vez que es fundamental la oportunidad con que se reacciona.

Ojalá podamos recoger todas las propuestas que se hacen; no hay ninguna que haya tenido disidencia, todas fueron apoyadas prácticamente por unanimidad.

Espero que este trabajo sirva como herencia, para que realmente nos hagamos cargo del drama que existe hoy, pues hay más de mil niños cuyo destino no se conoce, lo que significa un dolor profundo que no termina para más de mil familias.

Agradezco a las diputadas Érika Olivera , Presidenta de la comisión, y Marisela Santibáñez , con la cual, como señaló, desarrollamos un proyecto de ley sobre esta materia.

No debemos aflojar. Como dijo la diputada Marisela Santibáñez , no podemos preocuparnos de estos casos solo cuando hay un niño desaparecido como Tomasito.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia) [vía telemática].-

Señor Presidente, en primer lugar, solicito a la honorable Cámara de Diputadas y Diputados que lea en detalle el informe que ha evacuado esta comisión especial investigadora. Lo digo, porque una de las primeras sorpresas que nos llevamos fue que la mayoría de los casos no dice relación con niños extraviados, sino niños y niñas que se han arrancado, que se han fugado o que el sistema de protección estatal ha perdido. Por lo tanto, esos niños no están perdidos, sino que el Estado los ha extraviado.

Además, hay un número importante en cifras negras, porque, como dijo la presidenta de la comisión, no hay total acuerdo respecto de cuándo se decreta el egreso administrativo cuando un niño sale de una residencia. Sin duda, eso se debe mejorar.

Además, de acuerdo con el conteo que se hizo de niños en situación de calle, hay 547 niños en esa situación, pero no tenemos idea si esos niños estaban, por ejemplo, en el sistema de protección, porque, además de contarlos, no se hizo ninguna individualización de cada niño o niña en situación de calle. Por lo tanto, no tenemos cómo saber si esos niños pertenecían o no a alguna residencia.

Dicho eso, en aquellos casos en que efectivamente hay un niño extraviado, el Estado está llegando tarde, como ocurrió en el caso de Tomasito. Esperamos que se apruebe el informe y…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika) [vía telemática].-

Señor Presidente, tras la primera ola migratoria no aumentaron los delitos, pero sí cambió y se agravó el estilo criminógeno de los delitos en general. El sistema penal actual no restituye la sensación de justicia para las víctimas y ha cometido errores garrafales al liberar a personas que constituyen un verdadero peligro para la sociedad, como fueron los casos de los psicópatas de Copiapó, del psicópata del pincel, que casi hace desaparecer a otra mujer en La Serena, rompiendo su libertad condicional, estando libre tras asesinar y enterrar viva a otra mujer, o del mismo Hugo Bustamante , psicópata en libertad, padrastro que asesinó a la niña Ámbar.

Por otra parte, en razón de las comisiones especiales investigadoras del Sename 1 y 2, sabemos de muertes, maltratos, torturas, abusos sexuales y redes de explotación sexual alrededor de nuestros niños, niñas y adolescentes más pobres de nuestra sociedad. Y no hablo solo de una pobreza material, sino de protección en la esfera de su indemnidad sexual y emocional.

En esta comisión vimos la trastienda de todo esto, como es la explotación comercial sexual infantil por parte de adultos, el uso de niños, niñas y adolescentes en la comisión de delitos como soldados, y la profundidad de la tragedia que significan los niños refractarios al sistema de protección y adolescentes que terminan en situación de calle. Todo esto no es más que el reflejo de que no se ha hecho bien el trabajo entre los poderes del Estado para la protección de la infancia en Chile.

Lamento enormemente que debido a la pandemia no hayamos podido terminar y remitir este informe antes de la deliberación en la discusión del proyecto de ley que da origen al nuevo servicio Mejor Niñez, que viene a reemplazar al Sename a partir de este próximo 1 de octubre, porque, sin duda, establece parámetros que fueron invisibles en la discusión original.

Quiero destacar la precaria y soberbia respuesta del Poder Judicial ante la inasistencia a esta comisión. Si no fuera por las organizaciones de la sociedad civil, que hicieron una solicitud a través de la ley de transparencia, no sabríamos que en casi diez años hay alrededor de 54.000 órdenes de búsquedas vigentes sin cerrar; o sea, casos de niños, niñas y adolescentes del Sename que no se han cerrado a nivel judicial, por lo que no se sabe a ciencia cierta si están vivos o muertos.

Parte de nuestras solicitudes es la designación de un ministro en visita con dedicación exclusiva para investigar qué niños están vivos y si están ubicables o no. Se dijo en su minuto en la comisión Sename 2, y lo reitero acá: “La realidad supera con creces la ficción. A pesar de que no hay nada que consiga evidencias del tráfico de órganos, para esta comisión, tras lo escuchado y leído, no parece una idea descabellada”. Y como señaló el diputado René Saffirio , no esperemos llegar con una córnea de evidencia a la Cámara para resguardar que esto no suceda bajo el amparo del Estado.

Parte de no repetir los errores es aprender públicamente de ellos. Es nuestro deber moral hacer de conocimiento público los 28 tomos del informe de la fuerza de tarea del Sename, porque es una investigación histórica y porque precisamente debemos seguir perfeccionando el Estado para que este tipo de abusos no vuelva a suceder.

Nuestro deber -escúchenlo bien-- es regular las reglas del juego para que a los poderes del Estado que incurren en decisiones sobre los niños, niñas y adolescentes no les quede margen de error respecto de los derechos humanos y trato digno que necesita cada niño en su desarrollo, cuando asume su protección.

Por otra parte, urge una comisión permanente y especializada en temas de infancia en la Cámara de Diputadas y Diputados. Es urgente, no solo por los problemas enormes que nacen en este grupo etario, como la delincuencia y los desordenes mentales y espirituales de los seres más frágiles de nuestro país, sino porque es la única solución en lo político para buscar la urgente actualización del desarrollo intelectual, educacional y económico de cada futuro ciudadano del país.

Finalmente, agradezco a la comisión especial investigadora en pleno, a todas las diputadas y diputados que participaron y que fueron parte de ella, y a la secretaria de la comisión, la señora María Teresa , por estar siempre ahí. Como bien se mencionó, es extraño estar tan de acuerdo transversalmente desde hace mucho tiempo y tener, colectivamente, un espíritu tan colaborador.

Por lo tanto, llamo a aprobar el informe y, por supuesto, a seguir trabajando en todos los proyectos y en todo lo que tenga relación con la infancia, con nuestros niños, niñas y adolescentes del país.

Quiero aprovechar esta instancia para pedir a aquellas personas que son candidatas a constituyentes que piensen en la infancia, para que ojalá quede resguardada en la nueva Constitución que Chile va a escribir dentro de poco.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos u omisiones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en relación con la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y Párvulos.

Para la discusión del informe se otorgarán sesenta minutos distribuidos de manera proporcional entre las bancadas.

Rinde el informe de la Comisión Especial Investigadora la diputada Cristina Girardi .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos u omisiones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en relación con la ejecución del "Programa de Alimentación Escolar y Párvulos" (CEI 35), sesión 21ª de la presente legislatura, en martes 20 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 25.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, la diputada informante.

La señora GIRARDI (doña Cristina) [vía telemática].-

Señor Presidente, honorable Cámara, paso a informar las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial Investigadora de los actos u omisiones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en relación con la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y Párvulos.

Esta comisión investigadora estuvo integrada por su Presidente, el diputado Juan Luis Castro , y los diputados Florcita Alarcón , Boris Barrera , Sergio Bobadilla , Miguel Ángel Calisto , Andrés Celis , Sergio Gahona , Raúl Leiva , Fernando Meza , Hugo Rey , Leonidas Romero , Enrique van Rysselberghe y quien habla, Cristina Girardi .

La Cámara de Diputados, en su sesión 58ª, celebrada el 6 de agosto de 2019, en virtud de lo dispuesto en los artículos 52, número 1), letra c), de la Constitución Política de la República; 53 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 313 y siguientes del Reglamento de la Corporación, prestó su aprobación a la solicitud de 79 diputadas y diputados para crear esta comisión.

La comisión, en el cumplimiento de su cometido, celebró dieciséis sesiones, procedió a escuchar las opiniones y las declaraciones de las personas invitadas y recibió los documentos que se detallan en el informe.

Luego de haber escuchado a los invitados e invitadas y estudiado los documentos y hechos que motivaron esta investigación, aprobó las conclusiones y recomendaciones que se reseñan a continuación.

Conclusiones

Se destaca que uno de los principales objetivos de la Junaeb debería ser entregar una alimentación adecuada, de calidad, que sea saludable y que esté basada fundamentalmente en alimentos frescos y no procesados, como imperativo legal, para así contribuir a que niños, niñas y adolescentes tengan una buena salud y mejoren su desarrollo neurocognitivo. En Chile existe un problema grave y urgente en cuanto a las enfermedades asociadas a una mala alimentación, entre las que se destacan la diabetes, la obesidad, los infartos, la hipertensión, entre otras. Obviamente, no están exentos de estas enfermedades los niños en la etapa escolar.

Actualmente no solo se entregan alimentos poco saludables, sino, además, por las denuncias que muchas veces hemos conocido, alimentos en descomposición o vencidos.

Por este motivo, se debe incentivar la inclusión de menús más variados, que contengan más porcentaje de productos frescos, que no provengan únicamente de panaderías y que sean comprados a proveedores locales, como pescadores artesanales, locales de agricultura familiar campesina, ferias libres, etcétera, toda vez que los alimentos procesados pueden generar efectos nefastos en la salud y en el desarrollo neurocognitivo de los niños.

En otro orden de materias, se detectaron diversas debilidades, tanto institucionales como normativas, expresadas en una asimetría entre la Junaeb y las empresas que prestan servicios, y en la falta de regulación legal y reglamentaria sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

De la misma manera, existe una debilidad institucional en lo que respecta a la supervisión y fiscalización de la ejecución de los programas de alimentación, demostrando la insostenibilidad de este modelo de fiscalización, dada la asimetría entre el número escaso de supervisores y la cantidad de establecimientos a nivel nacional. En consecuencia, se evidencia un sistema que no controla, para nada, de manera eficiente y adecuada la calidad final de los alimentos que reciben nuestros niños.

Es importante aclarar que el origen del problema de la Junaeb se basa, fundamentalmente, en el modelo de negocio de las empresas con fines de lucro que participan en las licitaciones, ya que estas, obviamente, al ser con fines de lucro, maximizan los beneficios y disminuyen los costos, lo que, claramente, va en desmedro de la calidad final de los alimentos que reciben los niños, ya que estas empresas consideran sus ganancias por sobre la salud de los niños de nuestro país.

Asimismo, las empresas que han incumplido contratos en lo que respecta a infraestructura, equipamiento, mantención y transporte de alimentos han sido multadas en un proceso sancionatorio que establece multas, de acuerdo con las propias bases de licitación.

Sin embargo -aspecto que la comisión especial investigadora analizó muchísimo-, las multas que se están cobrando hoy son de las licitaciones correspondientes al período 20112012, y aquellas que no han pagado multas en varios años siguen postulando y ganando licitaciones. Tan es así que, al 28 de noviembre del 2018, la Junaeb había recaudado, por concepto de multas a empresas proveedoras de los años 2011 y 2012, la cifra de 6.453.866.479 pesos, de un total ejecutoriado de 20.761.435.488 pesos, restando por cobrar más de 14.307 millones de pesos, lo que representa 68,9 por ciento; es decir, prácticamente nada se cobró por concepto de multas a las empresas que incumplieron.

Otro informe final de auditoría de la Contraloría, de fecha 12 de diciembre de 2016, manifiesta que la compañía Aliservice S.A. tuvo 15.878 incumplimientos a las cláusulas establecidas en las bases y convenios suscritos, de las cuales el 49 por ciento corresponde a incumplimientos leves, 27 por ciento son graves, 14 por ciento, gravísimos, y 10 por ciento, críticos.

Por lo tanto, son multas que, efectivamente, tienen que ver con incumplimientos graves a los contratos, lo cual redunda en la mala alimentación de los niños.

Por otra parte, se ha producido una sensación de trato injusto por parte de las manipuladoras de alimentos, algunas de las cuales cuentan con una gratificación garantizada en las licitaciones, pero otras -la mayoría- no, por lo que se produce una diferencia en los sueldos entre las manipuladoras.

Otra temática compleja relacionada con las manipuladoras, que puede influir en el desarrollo de sus actividades, es la sobrecarga de trabajo y el clima laboral complejo en el Departamento de Alimentación Escolar, lo que genera enfermedades laborales y estrés.

En lo que dice relación con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en los alimentos que proporciona la Junaeb para que la Junji provea a niños y niñas beneficiarios en etapa preescolar, no hay mucha diferencia en la alimentación que reciben los niños en etapa escolar, ya que se ha considerado que los alimentos que se entregan son de mala calidad. Por ejemplo, la carne que se da es restituida -es decir, no es carne- y también llegan alimentos en descomposición. Además, no se consideran las necesidades especiales ni los tipos de alimentación especial que deben entregarse en función de la salud de los niños. Ese debiera ser el foco: entregar alimentación en función de la salud de los niños.

En cuanto a las recomendaciones, en materia de alimentación, se propone:

Incluir menús más saludables, basados en alimentos frescos y no procesados, y menús para alimentación especial en los mismos establecimientos educacionales, tales como alergias alimentarias, enfermedades celíacas y otras, los que deben estar basados necesariamente en la condición de salud y en las necesidades alimentarias de los niños, y no en las necesidades de las empresas. Un elemento fundamental es que las necesidades de las empresas no deben estar por sobre las necesidades de los niños.

Fortalecer los mecanismos de supervisión del servicio de alimentación, velando por la adecuada nutrición y alimentación de los niños y niñas, los derechos laborales de las manipuladoras de alimentos y de los demás trabajadores de este rubro, y una utilización eficiente de los recursos públicos, permitiendo que la comunidad escolar tenga un rol relevante en esta supervigilancia.

Profundizar la sustentabilidad de la comida escolar y el alcance de los alimentos adquiridos a la agricultura local y su distribución.

Aumentar progresivamente, además de la cantidad de ingredientes y productos con pertinencia local y regional, la cantidad de recetas representativas, tanto de las regiones como de las localidades o, incluso, de las comunidades educativas. En definitiva, respetar el factor cultural de las comunidades que se están alimentando.

Buscar un mecanismo que permita tener un acompañamiento del profesorado durante la entrega de la alimentación, para que dichas instancias cuenten con un rol pedagógico que permita a los estudiantes conocer la relevancia de la nutrición, la sana convivencia, el deporte, la vida sana y la cultura asociada a los alimentos.

Ahondar en la cobertura en nutrición, que se enseñe a llevar una vida saludable y que se realicen capacitaciones, tanto a los estudiantes como a sus apoderados, respecto de la manera de enfrentar las distintas enfermedades alimentarias.

Ampliar los planes de alimentación por medio de la retención de alumnos en el entorno de las escuelas, durante los períodos de vacaciones de verano.

El Programa de Alimentación Escolar no puede estar desconectado ni disociado de la escuela. El establecimiento educacional debe considerar que se ejecute de un modo armónico con sus planes institucionales y de acuerdo con las políticas, planes y programas del Estado, en cumplimiento del derecho a la educación.

Implementar un mecanismo de incentivo para los profesores encargados del PAE en cada establecimiento, que los ayude a realizar su cometido de manera más acuciosa.

Utilizar el sistema biométrico, que permitirá llevar un control cabal sobre el número de raciones que se consumen y que se pagarán en cada establecimiento educacional, y un catastro de los nutrientes que cada estudiante consume.

Generar un plan de alimentación de centros del Sename, entregando alimentación de calidad y oportuna a los niños en situación de vulnerabilidad que lo requieran.

Solicitar al Ejecutivo que ponga suma urgencia al proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, contenidas en los boletines Nos 13718-04 y 12102-04, para incorporar y promover criterios de alimentación escolar saludable -aspecto que es muy importante, porque no se trata de que sea cualquier tipo de alimentación- y el respeto a las preferencias de sus beneficiarios por la alimentación vegana o vegetariana, el cual, con fecha 27 de abril del 2021, fue aprobado en general por una unanimidad en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Sobre el fortalecimiento institucional, se propone:

Modificar el modelo actual que utiliza la Junaeb para la entrega de alimentos saludables y frescos, a partir de las necesidades de alimentación y salud de los estudiantes, con el objeto de que no se lleve a cabo a través de procesos de licitación con empresas con fines de lucro, sino que sea el Estado el que la provea.

Elaborar una nueva ley de planta funcionaria para la Junaeb, cuya estructura data de 1964 y, por lo tanto, no se ajusta a la realidad actual. Las manifiestas debilidades de la Junaeb obligan al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para fortalecer la institución, de manera de que cuente con las herramientas necesarias para llevar adelante su función pública y entregar, de forma directa, alimentos frescos de productores locales, a fin de resguardar, de esa forma, la salud de los niños de nuestro país.

Para lo anterior es necesario que las manipuladoras de alimentos sean trabajadoras contratadas por parte del Estado.

Unificar la supervisión que se aplica en Junji e Integra al interior de una sola institución, evitando que se incurra en diferencias de criterio y otras dificultades generadas en la falta de comunicación.

Establecer normas de carácter legal y reglamentario para determinar las reglas de las bases de las licitaciones, de manera de limitar la discrecionalidad que tiene Junaeb para fijarlas.

Establecer nuevas incompatibilidades entre exfuncionarios y empresas licitantes, ya que se han advertido posibles conflictos de intereses en tal sentido.

Adopción de todas las medidas necesarias para ponerse al día en el finiquito de contratos, que requiere previamente el cobro de multas y el pago de los costos por las raciones excepcionales.

Constituir una mesa de trabajo entre el gobierno (Junaeb), las empresas y un comité parlamentario, que llegue a un acuerdo nacional sobre lo que se quiere incentivar y lo que se quiere castigar en la implementación del PAE.

Creación de un archivo documental de multas históricas que permita mantener una vigilancia efectiva por parte de las autoridades competentes sobre las empresas prestadoras del servicio de alimentación, la Junaeb y los funcionarios que participan en el proceso de supervisión y aplicación de multas.

Crear una glosa informativa en la ley de presupuestos para que Junaeb rinda cuentas del estado de las multas y del estado de procesamiento de ellas a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Buscar un nuevo mecanismo para establecer los límites y los montos de las garantías para asegurar la seguridad financiera de las empresas, el respaldo de los montos garantizados, las multas acumuladas previo al finiquito de los contratos y resguardar las obligaciones laborales de las manipuladoras de alimentos en caso de quiebra de las empresas.

Sobre las manipuladoras de alimentos se propone:

Dar continuidad al trabajo de las manipuladoras de alimentos cuando se produce un cambio de empresa adjudicataria en una determinada unidad territorial.

Mejorar las condiciones de infraestructura e implementos de las manipuladoras para que desarrollen su labor dignamente.

Establecer medidas de conservación y reutilización para evitar pérdida de alimentos, generando protocolos que operen en caso de un sobrestock de alimentos.

Propender a la igualdad salarial entre las manipuladoras de alimentos que realizan una misma labor, pero que reciben montos diferentes, dependiendo de las bases de licitación que rigen a las empresas para las cuales prestan servicios.

Por último, sobre los procesos licitatorios se sugiere:

Simplificar -obviamente- el modelo de licitación y las bases, a fin de tornarlos más eficientes y transparentes, y reducir la recurrencia al trato directo.

Disponer de una comisión de expertos para la elaboración de bases técnicas, que tenga una vigencia de al menos tres años, en la cual exista participación de especialistas en el área de la alimentación y nutrición infanto-juvenil, así como de especialistas en el desarrollo de organizaciones públicas.

Es conveniente que la selección de entidades privadas a través de procesos de licitación cuente con un sistema abierto a la comunidad, materializando de una manera más efectiva el principio de transparencia que rige a la función pública.

Establecer un nuevo trato entre Junaeb y las empresas que le prestan servicios, dando valor a las evaluaciones de desempeño de años anteriores, disponiendo restricciones a la participación de aquellas que no tengan su foco en entregar comida sana, rica y nutritiva. Asimismo, determinar la suspensión y término anticipado de contratos por incumplimientos graves, y aumentar los resguardos para evitar la relación irregular y, obviamente, la colusión.

Disponer un impedimento para la postulación a las licitaciones a empresas cuyos propietarios, directores, representantes legales y ejecutivos tengan condenas por delitos relacionados con faltas a la probidad o cohecho.

Por último, las conclusiones expuestas fueron aprobadas por unanimidad en la comisión especial investigadora.

En nombre de todas y todos los integrantes de dicha instancia, agradezco la labor realizada por la secretaría durante su desarrollo.

Es todo cuanto puedo informar a la honorable Sala.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el informe de la comisión especial investigadora.

Tiene la palabra, por un minuto y cincuenta y seis segundos, el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, después del estallido social, muchas veces escuchamos la frase “hasta que la dignidad se haga costumbre”. Y hace poco escuchamos la historia de una madre que decía que no despertaba a su hijo para que no pasara hambre tantas horas en el día.

En tal sentido, las denuncias que hemos recibido de muchas madres en la Región de Los Ríos respecto de las canastas de Junaeb son que llegan alimentos de mala calidad, podridos, escasos, pues han ido disminuyendo en cantidad en los últimos meses. Asimismo, que se han reducido los cupos de niños por comuna, además de que se ha bajado el número de las comunas y los colegios que los reciben.

Al respecto, el informe que evacuó la comisión especial investigadora creada hace dos años indica que aquello se sigue repitiendo. Lo que pasó durante este tiempo es que se disminuyó la dotación de fiscalizadores de la administración de uno de los programas de alimentación de mayor costo del Estado: 600.000 millones de pesos en compras. Se trata de uno de los programas más grandes del Estado.

Por eso es necesario hacer hincapié en que esto debe resolverse. No puede ser que en plena pandemia no exista una alimentación digna para nuestros estudiantes.

Así, pido aprobar el informe en debate, pero, al mismo tiempo, que se haga un seguimiento a esta situación, para poder precaver la salud de los niños, porque si esto se detectó hace dos años y no lo hacemos, seguirá igual.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina) [vía telemática].-

Señor Presidente, solo quiero enfatizar algo que se plantea en la conclusión de la comisión investigadora, pues creo que es importante volver a decirlo.

Mientras el beneficio de alimentación de nuestros niños y niñas del sistema escolar en Chile se lleve a cabo a través de licitaciones con empresas que tienen fines de lucro y que, por tanto, disminuyen los costos para obtener ganancias, nunca en la vida -¡nunca!- vamos a tener un buen sistema de alimentación para ellos. ¡Jamás! Esto tiene que ser una función, una responsabilidad del Estado. No se puede tercerizar algo tan relevante.

Alimentos podridos, alimentos en mal estado: esto se repite en la historia, permanentemente, como así también los casos de corrupción en la Junaeb.

No lograremos otorgar una buena alimentación a nuestros niños en la medida que se trate de empresas que recorten recursos, que disminuyan los costos para mejorar sus ganancias. ¡Eso no lo vamos a lograr así! La alimentación en Chile debe considerar la salud de los niños, las necesidades de ellos, no las de la empresa, que es lo que ocurre actualmente.

Esto, como dijo el diputado Rosas , se repite. Comisiones investigadoras podemos hacer miles, pero si no cambiamos el modelo, seguiremos repitiendo exactamente lo mismo y dando a aquellas empresas recursos del Estado para mal alimentar a nuestros niños en el sistema escolar.

Debemos terminar con eso. No podemos seguir avalando a empresas que les dan alimentos podridos a nuestros niños.

He dicho.