Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el orden del día, en primer lugar, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que regula el contrato de los trabajadores que desarrollan labores en plataformas digitales de servicios.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más comités y tres minutos a las demás, más treinta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante del segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el diputado Ramón Barros .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 21ª de la presente legislatura, en martes 20 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 19.

-El primer informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social se rindió en la sesión 137ª de la legislatura 368ª, en martes 2 de marzo de 2021.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En reemplazo del diputado Ramón Barros , rinde el informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON (vía telemática).-

Señor Presidente, me corresponde informar sobre el segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído en el proyecto de ley que regula el contrato de trabajadores que desarrollan labores en plataformas digitales de servicios (boletín N° 12475-13), iniciado en moción de las diputadas Maite Orsini y Gael Yeomans , y los diputados Raúl Soto y quien habla, Giorgio Jackson , sin urgencia.

A la sesión que vuestra comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistió el señor Francisco del Río Correa , asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

El proyecto en informe fue aprobado en general por la Sala de la Corporación en su sesión ordinaria de fecha 2 de marzo del año en curso, por 83 votos a favor, de un total de 153 diputados en ejercicio, y tiene como principal objetivo atender la desprotección laboral que sufren aquellas personas que prestan servicios en el mercado de las aplicaciones web, mayoritariamente aquellas que se desempeñan en los rubros de transporte y delivery, las que no cuentan con las garantías y prestaciones de un contrato formal de trabajo.

En conformidad con lo dispuesto por el artículo 303 del Reglamento de la Corporación, en este informe corresponde hacer mención expresa de los siguientes acápites:

1. De los artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, para los efectos del inciso segundo del artículo 131, indicando cuáles de ellos contienen materias que deben ser aprobadas con quorum especial, para los efectos de su votación en particular, según lo previene el artículo 30, inciso primero, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional

Todos los artículos aprobados en el primer informe fueron objeto de indicaciones por parte del entonces diputado señor Patricio Melero y del diputado señor Sebastián Torrealba , pero al ser rechazadas en su totalidad ningún artículo experimentó modificaciones, no requiriendo ninguno de ellos quorum especial para su aprobación.

2. De los artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado

En el proyecto aprobado no existen normas de carácter orgánico constitucional ni que requieran para su aprobación quorum calificado.

3. De los artículos suprimidos

No existen artículos en tal situación.

4. De los artículos modificados

No existen artículos modificados.

5. De los artículos nuevos introducidos

No se introdujeron artículos nuevos en este trámite legislativo.

6. De los artículos que, en conformidad con el artículo 228, deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda, los que deberán ser determinados por el presidente de la comisión informante Ninguno de los artículos contenidos en el proyecto requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda, por no incidir en materias presupuestarias o financieras del Estado.

7. De las indicaciones rechazadas por la comisión

La totalidad de las indicaciones presentadas por los señores Patricio Melero y Sebastián Torrealba fueron rechazadas.

8. Texto de las disposiciones legales que el proyecto modifique o derogue, o indicación de las mismas

El proyecto aprobado, en principio, por la comisión no definía si se trataba de un estatuto propio que regularía a los trabajadores de plataformas digitales o si las disposiciones aprobadas se incorporarían en el Código del Trabajo como un capítulo nuevo, aun cuando su articulado denotara tácitamente esto último. No obstante, en sesión celebrada con fecha 13 de abril en curso, la comisión acordó corregir dicha situación, facultando a la secretaría para incorporar al Código del Trabajo un nuevo Capítulo X, denominado “Del trabajo en Plataformas Digitales de Servicios”, sin que ello importara, de manera alguna, que indicaciones ya aprobadas pudieran ser corregidas tanto en estilo como en concordancia, sin previamente reabrir el debate.

Como consecuencia de todo lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda a esta Sala aprobar el texto del proyecto de ley que se contiene en el informe que los colegas tienen en su poder.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Gastón Saavedra .

El señor SAAVEDRA.-

Señor Presidente, no hay duda de que en el mundo en que vivimos las tecnologías condicionan la vida.

Esta forma de trabajo a distancia o teletrabajo, así como también el trabajo para las plataformas digitales de servicios, vino para quedarse. Eso ha provocado situaciones de desprotección, desde el punto de vista de los derechos laborales, para cientos de trabajadores en el país. Aquellos que trabajan en las diferentes plataformas digitales no tienen seguridad social, tienen dificultades con los contratos y su previsión y salud están en una situación insoluta.

Por eso, cobra vital importancia que este proyecto sea aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados para entregar la protección laboral que requieren los trabajadores que hoy se encuentran en esa situación.

Además, frente a los accidentes, de los que todos hemos sido testigos, en diferentes lugares en que alguien está repartiendo alimentos u otros bienes, el Estado proporciona los primeros auxilios, por lo que está subsidiando a dichas plataformas. Eso no debe continuar en Chile.

De ahí que este proyecto permita que los cambios tecnológicos no condicionen las relaciones laborales, regulando un contrato en donde se establezca claramente la relación de dependencia y subordinación, con el objeto de fijar en la relación laboral el horario de la jornada de trabajo, el tiempo de desconexión y los derechos sociales, individuales y colectivos que los trabajadores puedan tener a partir de la aplicación de esta normativa.

Junto con ello, está el derecho a desconexión. Sabemos de situaciones inconfortables que han vivido cientos de trabajadores que son llamados en las horas más inesperadas para realizar estos trabajos. Por eso, en este proyecto se establece el nuevo derecho a desconexión, para proteger a los trabajadores en su horario de descanso.

Por lo tanto, desde el punto de vista legislativo, esta iniciativa es un avance para adecuar las normativas del Código del Trabajo, a fin de dar un vuelco en la desprotección laboral en que se encuentran estos trabajadores, quienes pasarán a tener una regulación aplicable a sus contratos, a su jornada de trabajo, a su seguridad social y, esencialmente, a su derecho a desconexión.

Hago un llamado a la convicción de cada uno de nosotros, que estamos aquí para hacer justicia, para que aprobemos este proyecto sin dilaciones, porque constituye un avance para cientos de trabajadores que hoy se encuentran en la más absoluta desprotección.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, la idea matriz del proyecto es establecer un marco regulatorio para garantizar que el empleo de los trabajadores y trabajadoras que desarrollan labores en plataformas digitales de servicios se realice bajo condiciones seguras y conocidas por las contrapartes.

En el primer trámite reglamentario del proyecto de ley, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social mejoró la propuesta de regulación de su idea original al incorporar a los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales de servicios al Código del Trabajo, creando un nuevo artículo 152 quinquies y sus sucesivos.

De esta forma, se busca dar un marco de protección laboral más robusto a quienes se desempeñan como trabajadores y trabajadoras de aplicaciones.

En ese marco se define lo que se entenderá por plataformas digitales de servicios, y se establecen los lineamientos que deben tener los contratos de trabajo, lo que mejora la relación entre las partes al basar el vínculo en la transparencia y en el derecho a la información de las y los trabajadores.

También destaca la definición de jornadas de trabajo autónoma y pasiva, lo que permite a los trabajadores y trabajadoras escoger su propio horario y cantidad de trabajo. Asimismo, se establecen compensaciones por desgaste y costo de mantención de equipos que pongan a disposición los propios trabajadores, y las empresas deberán disponer de un seguro de daños para dichos implementos de trabajo.

El proyecto de ley aprobado por la Comisión de Trabajo nivela a los y las trabajadores de plataformas digitales de servicios a los trabajadores de otros sectores y rubros regulados por el Código del Trabajo, lo que les permitirá acceder a mejores condiciones y derechos laborales.

Si bien el Código del Trabajo aún debe perfeccionarse, la incorporación en él de esta regulación es la única forma de asegurar protección cabal a los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales, ya que permitirá que los eventuales conflictos entre las partes sean zanjados con una interpretación protrabajador o protrabajadora.

En el segundo trámite reglamentario discutimos las indicaciones presentadas por el entonces diputado Patricio Melero y el diputado Sebastián Torrealba , que buscaban debilitar el vínculo contractual y la protección de los derechos de los trabajadores mediante el reconocimiento de ellos como independientes, lo que va en contra de todo el proceso de deliberación que anteriormente se había llevado a cabo en la comisión. Sus indicaciones por supuesto fueron rechazadas por la mayoría de los diputados miembros de la comisión.

La incorporación de esta normativa al Código del Trabajo fortalece los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, genera un vínculo directo y dependiente y, más allá de lo establecido en el proyecto de ley, aplica supletoriamente los demás derechos establecidos en su cuerpo normativo, con el fin de resguardar a trabajadores y trabajadoras por igual.

Como bancada del Partido Comunista apoyamos el texto aprobado por la Comisión de Trabajo y votaremos a favor el proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Diego Schalper .

El señor SCHALPER.-

Señor Presidente, qué duda cabe de que la pandemia nos ha presentado nuevos desafíos en el ámbito social que obviamente se expresan en lo jurídico.

Hasta hace poco tiempo habría sido impensado discutir acerca de cómo regular las condiciones laborales de gente que presta servicio a una plataforma digital para facilitar el contacto con personas o familias que están recluidas en sus casas y que necesitan el apoyo de prestadores como los que se mencionan en este proyecto de ley para funcionar.

Dicho eso, en circunstancias como esta hay una tensión que hay que administrar, lo cual es tarea de la legislación: por un lado, la libertad contractual, que está amparada en la Constitución, que está algo vilipendiada, pero sigue vigente. La libertad de contratación está resguardada, lo que permite que las personas puedan negociar con sus empleadores de manera de generar las condiciones más favorables para ambas partes. Ese es un principio que quiero creer que todavía sigue vigente en el Congreso Nacional chileno.

Por otro lado, está la tarea de la seguridad social de generar condiciones laborales que protejan a las personas, porque hay que reconocer que entre empleador y empleado no hay una situación de ecuanimidad que permita una contratación privada común y silvestre.

Ahora, sucede que a veces los legisladores tenemos una especie de sobredosis de creatividad, lo que provoca que inventemos problemas donde no los hay. Me parece que este proyecto de ley tiene una muy buena intención, pero una muy mala ejecución.

(Hablan varios señores diputados a la vez)

Ya que los colegas del otro lado probablemente lo van a votar a favor a coro, les pido que me regalen cuarenta segundos de su atención, especialmente a los de Nuevo Trato.

En este caso se busca rigidizar una relación contractual que por naturaleza es flexible, porque la gente que desarrolla esta actividad tiene distintas situaciones: algunos trabajan part time; otros más bien destinan algunas horas del día a ese trabajo; para otros, en cambio, es la manera que tienen de complementar su sueldo. Probablemente, por un paliativo de conciencia, se podría pensar “¡qué comprometidos somos socialmente con lo que aquí está ocurriendo!”. Pero cuando se genera una mala legislación, se produce el efecto contrario. ¿Cuál es el efecto contrario? Primero, que se van a generar menos estímulos para que personas puedan desarrollar este trabajo, que muchas veces es complementario; segundo, que las aplicaciones probablemente van a ver en Chile un espacio hostil para funcionar, y, tercero, que los perjudicados van a terminar siendo los clientes.

Entonces, no hay nada peor que inventar un problema o -dicho de otra manera que sobre ideologizar una situación que tiene que resolverse de manera razonable.

Por eso, votaré en contra este proyecto y quedaré a la espera de un proyecto que se está tramitando en el Senado, que viene mucho mejor que lo que aquí se logró como resultado.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Sandoval .

La señora SANDOVAL (doña Marcela).-

Señor Presidente, durante las últimas décadas el mundo del trabajo ha experimentado transformaciones vertiginosas. Desde la antigua fórmula fordista de producción, ha aparecido un sinnúmero de otras formas de trabajo. La incorporación de nuevas tecnologías solo ha acelerado este proceso.

El caso paradigmático es el uso de las aplicaciones para solicitar el despacho de productos a la puerta de nuestros hogares. Sin duda, es la expresión de los nuevos tiempos, pero también de los desafíos que significa para la legislación en materia laboral.

La experiencia chilena en la inclusión de estas nuevas tecnologías es que se ha profundizado una creciente informalidad en el desempeño de las funciones de trabajadores y trabajadoras chilenos.

Desde los sectores empresariales se suele reivindicar la flexibilidad laboral como un bien deseable y como un objetivo a alcanzar. Sin embargo, en la práctica, sabemos que la flexibilidad suele significar precarización y desprotección para el trabajador, y que en la definición de las condiciones de la flexibilidad siempre se terminarán imponiendo las condiciones de la parte dominante de la relación laboral, es decir, del empleador.

Ingresar a las aplicaciones del transporte o delivery ha sido para muchas y muchos el único ingreso que han podido percibir luego de largos períodos de cesantía en este contexto de pandemia. Lo ven como la forma de complementar los bajos sueldos que en promedio recibe nuestra fuerza laboral.

Sin duda, el uso de plataformas digitales ha significado un sustento para las familias, pero ha ido aparejado de riesgos y de ausencia de protección previsional y sanitaria, y deja a los trabajadores expuestos a modificaciones unilaterales y arbitrarias de las condiciones de uso de los conductores de la aplicación.

Por eso, desde Revolución Democrática y el Frente Amplio hemos impulsado esta nueva legislación, porque es un proyecto que busca reconocer esta nueva forma de trabajo, y de esa manera generar…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM (vía telemática).-

Señor Presidente, la presente moción constituye uno de los intentos que se han hecho para regular los servicios de plataformas digitales.

Sin embargo, la solución a que se llegó en la Comisión de Trabajo es abiertamente perjudicial para los trabajadores y también para el desarrollo de esta nueva forma de empleo, en la que hoy prestan servicio miles de trabajadores.

Lo anterior fundamentalmente porque desconoce la realidad del rubro, establece siempre una presunción de laboralidad, sin permitir que los propios servicios se presten de manera independiente, como hoy ocurre en la mayoría de los casos.

Asimismo, el prestador de servicio, quien hoy puede compatibilizar un trabajo dependiente, cuya jornada diaria y semanal le permite complementar sus ingresos mediante la prestación de servicios que tiene como intermediario de una plataforma digital, verá coartada esta posibilidad ante el hecho de que ya no contará con el espacio jurídico para elegir las condiciones de su actividad.

De hecho, nos llamó la atención que el propio autor de esta iniciativa legal reconociera abiertamente en la comisión que el mercado del empleo en esta actividad deberá restringirse por la aplicación en las normas de la presente moción.

Jurídicamente, la clave de los defectos de que adolece la presente iniciativa radica en el hecho de que se desnaturaliza el contrato de trabajo en forma severa, y, al mismo tiempo, uno de los pilares fundamentales de la protección del trabajador como es el principio de la primacía de la realidad, para determinar la existencia de una relación de trabajo por sobre lo que está escrito en el respectivo contrato de trabajo, se horada irremediablemente al señalarse como presunción que la sola aceptación electrónica de un conjunto de reglas impuestas por el empleador constituye una relación laboral regida por el Código del Trabajo, sin atender a las circunstancias propias de cada caso.

El Senado tiene un acuerdo sobre esta materia, el que fue alcanzado a través del trabajo que efectuó la mesa técnica conformada junto con el gobierno para tal efecto, trabajo que se encuentra contenido en un proyecto de ley que es mucho mejor que el que estamos debatiendo. En dicho acuerdo se concordó que esta actividad puede ser realizada tanto por los trabajadores dependientes como por los independientes, cuando a su respecto concurran las circunstancias señaladas en el artículo 7 del Código del Trabajo, es decir, que el trabajo se realice bajo condiciones de dependencia y subordinación por parte del empleador.

Asimismo, se avanzó en el establecimiento de determinados elementos mínimos de protección indispensable, como el seguro por accidente del trabajo, otros seguros adicionales, las coberturas previsional y de salud, y elementos de protección personal, entre otras materias propias de la seguridad social.

Finalmente, en la instancia mencionada se avanzó en el resguardo esencial de los tiempos de descanso del trabajador, haciéndolo compatible con la libertad horaria de que algunos puedan llegar a gozar por tratarse de trabajadores independientes o bien de independientes que han pactado flexibilidad de jornada con las plataformas, como parte de las condiciones generales de la prestación de los servicios.

Como conclusión podemos señalar que el camino por el que ha optado la presente iniciativa legal no es el más adecuado, ya que pone en riesgo gravemente la empleabilidad de cientos de miles de trabajadores, al laboralizar sin límites ni requisitos una relación que se desenvuelve naturalmente sobre la base de la libertad de las partes para conectarse a la plataforma respectiva y elegir libremente los horarios y las condiciones de prestación de los servicios.

Por último, quiero agregar que nos llama mucho la atención que se haya presentado una indicación para que este tipo de contrato de trabajo pueda ser sujeto a una visa de trabajo en Chile.

En consecuencia, junto con anunciar que votaremos en contra este proyecto, porque nos parece absolutamente inadecuado, quiero señalar que en su momento votaremos a favor la iniciativa referida a esta materia, que se encuentra en tramitación en el Senado.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro) [vía telemática].-

Señor Presidente, este proyecto tiene por objeto abordar una situación que se comenzó a generar en el ámbito laboral desde hace algún tiempo, ya que tanto las grandes empresas como las pequeñas empresas, pero especialmente las primeras, están llevando a cabo sus ventas a través de plataformas digitales, lo que ha provocado un fuerte impacto en los sistemas de relaciones laborales.

Lo anterior dificulta enormemente la generación de una comunidad de intereses, sobre la base de la estructura de representación colectiva, y el ejercicio de los derechos de acción colectiva, pero favorece la dispersión de quienes prestan el servicio al desaparecer la base física sobre la que se sustenta el trabajo subordinado. El lugar y el tiempo de trabajo fomentan su diversificación, lo que favorece la aparición de intereses contrapuestos y potencia la competencia entre ellos.

En todo caso, en Chile ya existen organizaciones sindicales de trabajadores que prestan servicios vía plataforma, como el Sindicato Uber Chile y el sindicato de empresas de Cornershop Chile. Asimismo, cabe mencionar el trabajo que están desarrollando otras formas de representación gremial que han ido surgiendo, con independencia de la calificación de lo que hoy se está llevando a cabo.

La pandemia, así como sus brutales efectos en el empleo, ha hecho aumentar de manera importante la cantidad de personas que prestan servicios a través de plataformas digitales, lo que ha puesto en evidencia la precariedad de ese tipo de trabajos, en los que existe inseguridad, inestabilidad e insuficiencia de ingresos. La cuestión es especialmente sensible si se considera la afectación particular o colectiva de trabajadores que ya tenían una posición débil en el mercado laboral, como los jóvenes, los inmigrantes y las personas desempleadas, entre otros.

Quiero decir a los colegas de la centroderecha que se requiere tener sensibilidad frente a lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, ante el estallido social, ante la pandemia. Grandes empresas, como Falabella, Sodimac y otros grandes consorcios, están utilizando el sistema de plataformas digitales de servicios para llevar sus productos a los domicilios de los clientes. No obstante, ha habido casos en los que en el trayecto del traslado de productos se ha producido la muerte, a causa de accidentes de tránsito, de personas que se transportan en bicicleta o en moto, por las cuales nadie responde.

Por lo tanto, es necesario legislar sobre esta materia, con el objeto de que quienes están utilizando esos servicios y están beneficiándose positivamente en sus negocios no usufructúen de la precariedad de los trabajadores.

De allí que solicito a los colegas que tengan mayor sensibilidad frente a lo que propone esta iniciativa, por ejemplo, respecto de los trabajadores extranjeros que están prestando un servicio en alguna plataforma digital, en el sentido de que puedan tener el derecho de contar con una visa de trabajo, siempre y cuando estén debidamente acreditados.

Estamos frente a un proyecto que es fundamental para hacer justicia y para que en el país dejemos de hacer las cosas a medias en materia laboral, ya que al final son los trabajadores los más perjudicados.

Por todo lo anterior, tanto la bancada a la que pertenezco como yo, en mi calidad de independiente, votaremos a favor este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Ramón Barros .

El señor BARROS (vía telemática).-

Señor Presidente, sin duda, la aparición de nuevas formas de empleo y de organizar la empresa, así como la irrupción de las tecnologías aplicadas a la prestación de servicios a usuarios masivos, traen consigo un nuevo desafío en el ámbito de la regulación y la protección de los derechos de los trabajadores.

Ese juicio, que está ampliamente consensuado en el mundo del trabajo, ha tenido como expresión legislativa diversos intentos por regular el trabajo de las personas que prestan servicios a diversos usuarios a través de la conexión que les permite un ente intermedio, denominado plataforma digital. Esta, a través de distintos algoritmos, permite contactar a quienes pueden prestar servicios y a los usuarios finales del transporte de personas o de mercaderías, entre otras.

El presente proyecto, iniciado en moción, constituye uno de esos intentos, ya que apunta a regular la forma de prestar los servicios a través de plataformas digitales en el ámbito de los servicios de transporte de pasajeros y de distribución de mercadería que el usuario encarga a un determinado prestador.

Sin embargo, la solución por la que ha optado el texto legal que se propone es abiertamente perjudicial para los trabajadores y para el desarrollo de esta nueva forma de empleo, a través de la que hoy prestan servicio miles de personas. Lo anterior se debe a que este proyecto no considera la realidad del rubro y establece siempre la presunción de laboralidad, lo que impide que los servicios se presten de manera independiente, como hoy ocurre con la mayoría de los casos.

Creo que lo que se intenta hacer a través de esta iniciativa es rigidizar la flexibilidad laboral. De allí que si bien lo que se propone establecer parece ser un buen intento, en la práctica no lo es. Quienes formamos parte de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social tenemos claro que este proyecto, aunque se apruebe, va a morir hoy y aquí, porque la iniciativa que se encuentra en tramitación en el Senado, que deberá ser vista en algún momento por esta Sala, que cuenta con patrocinio del Ejecutivo, abarca esta materia de manera mucho mejor.

Por lo tanto, esperaremos la llegada de ese proyecto desde el Senado para pronunciarnos de manera más taxativa. Seguramente, procederemos a aprobarlo, porque da cuenta de forma integral de un problema actual, que no necesariamente surge a raíz de la pandemia. Este es un tema que cambió para siempre los servicios de transporte de pasajeros, de productos. La gente ya no irá necesariamente a los supermercados ni a las grandes tiendas, sino que optará por este sistema.

Por lo tanto, creo que lo importante aquí es poner de manifiesto nuestras convicciones. En ese sentido, la iniciativa que viene del Senado es la que podrá subsanar definitivamente aquellas deficiencias que pueda tener la situación que provoca ese tipo de laboralidad. Entonces, esperaremos el referido proyecto.

Anuncio que votaré en contra.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, por todo el tiempo de su bancada, de cuatro minutos y cincuenta y seis segundos, el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ (vía telemática).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la Mesa y a los colegas presentes en esta sesión, tanto presencial como telemáticamente.

Por cierto, los desarrollos tecnológicos han repercutido directamente en la vida de todas las personas, en diversas dimensiones, como son la salud, la educación y, principalmente, el tema laboral.

Este proyecto de ley, iniciado en moción, se hace cargo de una realidad que se ha fortalecido en el último tiempo, sobre todo en el contexto de la pandemia. Me refiero a los trabajadores que realizan labores en plataformas digitales de servicios, esto es, las famosas apps. La iniciativa busca lo que debiéramos hacer como comisión y como Congreso: regular el contrato de los trabajadores que desarrollan esas labores en plataformas digitales.

Ello ha ido creciendo en el último tiempo producto de la pandemia, masificándose cada vez más, y ese es un motivo poderoso, pero no el único, porque, independientemente de que haya diez o miles de trabajadores, lo que corresponde hacer como parte de nuestra labor legislativa es regular la relación que se genera en la materia.

En Chile, son cada vez los servicios que prestan esas plataformas digitales. Como señalé, hoy es una opción de trabajo sumamente importante para muchas personas, porque existe una alta tasa de desempleo, y la realidad que estamos viviendo con la pandemia, el desarrollo de la tecnología y las nuevas formas de trabajo han hecho que para muchas personas este tipo de empleos sea incluso la principal fuente de ingresos para llevar el pan a sus hogares.

Por eso, es fundamental hacernos cargo de los problemas que sufren día a día los trabajadores, como la alta carga laboral, la incertidumbre en materia de ingresos, el rol que juegan en el sistema, la presión indebida que muchas veces reciben en relación con la jornada de trabajo y pocas e insuficientes, por no decir nulas, medidas de seguridad, además de no contar con ningún tipo de contrato ni cobertura de salud, entre otros aspectos.

Durante el estudio del proyecto en la comisión invitamos a la presidenta de la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas de Chile, señora Carmen Espinoza , quien dijo bien claro: “En ningún caso estos trabajadores pueden ser considerados como emprendedores o autoempleados. Carecen por completo de cualquier poder de decisión sobre su propio trabajo. Los trabajadores no tienen la autonomía que tendrían si fueran trabajadores independientes, autónomos, emprendedores o microempresarios. A modo de ejemplo, la relación con los proveedores y la fijación del precio dependen completamente de la app de la empresa.”. Lo digo en relación con algunos discursos que he escuchado acá, que señalan que la relación trabajador empleador sería poco menos que de igual a igual. Eso es desconocer la realidad que vivimos en Chile. Por tanto, lo que manifestó la presidenta de la citada asociación gremial deja en claro y en evidencia esta realidad que vive la mayoría de los trabajadores del país.

Así las cosas, llamo a todos a no dilatar la tramitación de este proyecto y aprobarlo. Sé que viene otro del Senado, al cual el gobierno dio su patrocinio y respaldo, pero quise -digo “quise”, porque presido la referida instancia ponerlo en tabla en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social precisamente por respeto a la labor legislativa que tenemos los diputados de elaborar iniciativas. Después veremos cuál de los dos proyectos es mejor, o si se pueden complementar, porque en la próxima sesión que celebre la comisión nuevamente deberemos ver un proyecto similar, que viene del Senado.

Esta iniciativa tiene otros avances notables, como, por ejemplo, lo relativo a la jornada autónoma, a la jornada pasiva, a la mayor transparencia e información que necesitan los trabajadores; a los implementos de trabajo -internet, computación-, aspecto que es sumamente necesario considerar y que hoy día ha quedado más que de manifiesto, no solo para este tipo de trabajadores, sino también para los que se encuentran bajo la modalidad de teletrabajo. Por tanto, hoy debemos avanzar en establecer una regulación al respecto.

En consecuencia, lo que hace el contrato en cuestión es establecer un vínculo laboral, porque existe dependencia y subordinación de los trabajadores con la empresa, y en ningún caso lo que algunos quisieron hacer ver en la Comisión de Trabajo, que los trabajadores poco menos que eran socios de aquella, que eran emprendedores, empresarios que se asociaban con la empresa para prestar un servicio. Eso realmente es dejar en la más completa desprotección a los trabajadores que hoy realizan esta tan importante labor para el país en el contexto de la pandemia.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON (vía telemática).-

Señor Presidente, hace pocos minutos escuché a un diputado interpelarnos a quienes empujamos este proyecto, y dijo: “No inventemos un problema”.

En verdad, no sé en qué país vive ese diputado, porque la situación en que se encuentran hoy día las y los trabajadores de plataformas digitales es realmente indigna, y no porque su trabajo sea indigno -ellos realizan su labor con tremendo honor, responsabilidad y sentido de urgencia, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo-, sino porque las condiciones que les ofrecemos lo son.

En mi opinión, quienes se oponen a este proyecto tratan de enmarcar y abordar este debate desde un punto de vista totalmente equivocado: como que aquí no existe relación laboral y hay que construirla con presunciones.

Sin embargo, lo que estamos observando hoy respecto de las aplicaciones es una relación laboral, con algunas diferencias, pero una relación laboral al fin y al cabo, con subordinación, dependencia y control, incluso más intensos que los existentes en las relaciones laborales tradicionales: a los trabajadores se les mide cada milímetro, cada segundo de la gestión, porque, si no, los terminan sacando de las aplicaciones. Si eso no es subordinación, la verdad es que uno no puede entender qué es.

Distinto es -el proyecto la reconoce que exista una jornada autónoma y que eso permita comprender la flexibilidad que debe haber en este caso a favor de los trabajadores y trabajadoras, y no una flexibilidad como la que generalmente se ocupa en el marco de este tipo de discusiones: para precarizar las relaciones laborales.

Entonces, hay que entender la asimetría que existe hoy día entre las partes para reconocer que son trabajadores y no socios, como también lo dijo el diputado Jiménez . Ese es el punto de partida: reconocer que existe un vínculo laboral.

Y el problema con el proyecto, al que el gobierno le dio su patrocinio y le puso urgencia, es que, al no reconocer el vínculo laboral y dejar a los trabajadores como si fueran independientes, esto se transforma inmediatamente en una amenaza para el derecho laboral en su conjunto, porque abre la puerta a estatutos especiales con algunos derechos para todas las ramas del trabajo; define y normaliza a trabajadores de primera y segunda categoría. Por eso nosotros empujamos con mucha fuerza esta iniciativa. Además, en el debate en la comisión, en que tuvimos muchos más minutos que ahora para ver cada uno de los detalles del proyecto con invitados, incluso con los mismos riders, que dieron su testimonio. Ellos dijeron que se sentían basureados, que estaban con miedo en las calles, pero que tenían que hacerlo igual, porque, si no, no llegan a fin de mes, y que se reconocen como trabajadores y trabajadoras.

Por tal razón, empujaremos con mucha fuerza este proyecto, para que el Senado también lo apruebe. De lo contrario, tendremos que modificar el del Ejecutivo para que reconozca e incorpore el vínculo laboral y de esa manera podamos responder a las personas que han sufrido accidentes laborales, que tienen problemas de inseguridad económica, en el sentido de que vamos a legislar en favor de sus derechos y no del de las aplicaciones.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, anuncio que aprobaré el proyecto de ley en este segundo trámite reglamentario, porque creo que va por el camino correcto.

Si uno revisa la historia de la legislación laboral, en general se encontrará con argumentos similares a los que hoy día se señalan acá por quienes votarán en contra esta iniciativa. Me refiero a argumentos que se usaban a inicios del siglo XX, cuando se empezaron a dictar las primeras normas de lo que hoy se conoce como derecho laboral, a propósito de la libre contratación y otros principios muy básicos del derecho que comenzaron a moldearse para establecer una legislación laboral, que tiene todo un sentido de proteger en una situación de desequilibrio, en una relación de carácter contractual.

No cabe duda de que hay relación contractual entre las plataformas, las aplicaciones, y las personas que trabajan en ellas, a las cuales les prestan sus servicios. Sin duda, es una relación laboral, por lo cual la definición que hace el proyecto al respecto es enteramente atendible y necesaria, a fin de evitar que se sigan produciendo los abusos que se ven cotidianamente en este mercado, abusos en los que incurren estas aplicaciones, las cuales, por lo demás, han crecido rápidamente en el último tiempo.

Me quiero hacer cargo en particular de un problema que siempre me ha preocupado, y que salva el proyecto de ley en el artículo 152 quinquies G, que dice relación con los implementos de trabajo. Siempre me ha llamado la atención el hecho de que las aplicaciones, particularmente las de transportes, como Uber, Beat y otras, se prestan para prácticas predatorias, para fijación de precios más bajos, más allá de los que establecería libremente el mercado en situación de normalidad.

No cabe duda de que muchas veces las aplicaciones se aprovechan de la situación de personas que, por ejemplo, han comprado un vehículo -de alguna manera es un medio o un método de ahorroy que, cuando pierden su empleo habitual, entran a esas plataformas y lo ponen a disposición como transporte Uber , Beat u otra aplicación de esa naturaleza, pero con los precios que fija la aplicación respectiva, con lo cual se produce una transferencia neta del ahorro que tiene esa persona en su vehículo hacia la plataforma, porque las personas, diciéndolo en chileno, terminan comiéndose su vehículo, su ahorro, al poner el automóvil a disposición del negocio, en que la plataforma siempre recibe un margen y tiene la ganancia asegurada, pero no así la persona que es dueña del vehículo, que no tiene la posibilidad de comprar otro.

Claro, uno se puede preguntar por qué no se salen o por qué están ahí. La respuesta es porque la necesidad tiene cara de hereje, así que esa gente termina rindiéndose ante las plataformas.

Es así que se genera una práctica de precios predatorios que termina perjudicando a otros actores en el mercado, como los taxistas u otros gremios que se dedican al transporte, lo que considero muy grave.

Por eso, me parece muy importante apoyar el proyecto de ley. En particular, me hago cargo del artículo 152 quinquies G, a través del ejemplo que he señalado.

El proyecto va por el camino correcto, así que felicito a sus autores, ya que han abordado un problema que era necesario solucionar, a fin de restablecer cierto equilibrio en este nuevo mercado que se está desarrollando.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Gonzalo) [vía telemática).-

Señor Presidente, este proyecto va absolutamente en contra de la modernidad; es como querer reabrir las minas de carbón mientras el mundo tiende hacia las energías verdes, hacia el hidrógeno verde, hacia las energías eólica y solar. Esto es como si quisiéramos volver a la comunicación solo a través de la televisión o de la radio, cuando en la actualidad la comunicación se produce a través de internet, y eso no va a parar.

La lógica de las plataformas funciona en un nuevo sistema económico que aún se está configurando, el de las economías colaborativas, en la que uno pone algo a cambio de otra cosa, que puede ser incluso un servicio no lucrativo. Así, por ejemplo, puedo poner mi vehículo a disposición a cambio de algún bien que necesito, sin que haya dinero de por medio.

Lo que hace el negocio de las plataformas, lucrativo o no, es poner en contacto a oferentes con demandantes. ¡Nada más! Si me quiero comer una pizza, entro a una plataforma, donde encuentro una variedad de pizzerías; elijo una y también elijo un sistema de reparto, que puede ser el que me llega más rápido, gracias al cual una persona me traerá esa pizza. La pregunta que debemos hacernos es: ¿la plataforma debe tener una relación con la pizzería o con el repartidor? ¡No! Si así fuera, las plataformas serían dueñas de pizzerías y de empresas de reparto de productos.

La lógica de las plataformas es ser un puente, unir oferta y demanda. Eso va en la lógica de la libertad de mercado: uno elige qué pizzería quiere y quién le traerá el producto.

Lo que hace este proyecto es establecer que la plataforma deberá contratar al repartidor. Les digo que si se aprueba esta iniciativa, los diputados, no obstante todas sus buenas intenciones, van a matar la gallina de los huevos de oro, dado que las plataformas se van a ir de Chile -es obvio-, ya que subirán los costos de funcionamiento a una plataforma que no está pensada para contratar, sino para ser un puente. Uber , Rappi y otras aplicaciones se van a ir a países donde no les pongan estas trabas y, como consecuencia de ello, 100.000, 200.000 o 300.000 personas quedarán cesantes. ¿Gracias a qué? Al proyecto del diputado Jackson . Eso va a ocurrir.

Entiendo la intención de regular; entiendo que deberíamos avanzar, con el proyecto que viene del Senado, en la parte previsión y seguros, pero obligarlos a tener un vínculo contractual matará a las plataformas, así que saldrán de Chile y, como resultado de ello, subirá la cesantía.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, la tecnología está en todas partes, y hoy, en medio de la pandemia por covid-19, ha alcanzado una importancia clave para esta vida extraña, para esta nueva “normalidad” en la que pasamos la mayor parte del tiempo en nuestras casas.

La tecnología es la manera de comunicarnos con nuestras familias, la vía por la cual podemos ver esta intervención en Instagram, la nueva forma de participar en el colegio, de consultar con un médico, de ver cine.

La tecnología es también parte del trabajo, la manera a través de la cual muchas y muchos trabajan desde sus casas, razón por la cual otros y otras deben salir de sus casas para que los primeros se puedan quedarse y trabajar desde sus casas.

Como dije, la tecnología está en todas partes, pero no es mágica. No se trata de que existan aplicaciones fantásticas que lleven a sus casas los productos del supermercado, la comida del restaurante, los útiles de aseo, los artículos de oficina o los del colegio. Detrás de todo esto, que parece tan avanzado y del futuro, siempre hay personas. No es magia la que lleva los insumos necesarios para la vida a nuestras casas, sino personas que trabajan doce horas al día, seis días a la semana, para tener un salario decente. Son personas que trabajan sin seguro, sin previsión social, sin contrato de trabajo, sin vacaciones, sin horarios de descanso.

Las personas que están en sus casas y ven esta transmisión, ¿imaginan lo que es tener que trabajar en esas condiciones laborales en medio de esta pandemia? Irónicamente, discutimos eso:

¿Trabajan las y los repartidores? ¿Es un trabajo el pedaleo constante por Santiago, de un lado a otro, para llevar a nuestras puertas los insumos necesarios para cumplir la cuarentena? Algunos creen que no, que ahí no hay trabajo, y como no hay trabajo, no hay derechos, no hay salario mínimo, no hay descanso, no hay salud, no hay nada más que la arbitrariedad de una aplicación que no le rinde cuentas a nadie. Pero otros creemos que sí, que ahí donde hay órdenes para llevar una comida para allá y traer una bolsa de supermercado para acá hay una vinculación, y donde la persona depende de un salario para vivir, obviamente, hay dependencia.

Señor Presidente, los derechos laborales no tienen mucho tiempo en la historia; son un poquito más viejos que los derechos de las mujeres, pero andan por ahí. Ambos casos son el reflejo de una lucha por la justicia y por la dignidad, y, como tales, su avance siempre es difícil. Sin embargo, mientras más nos demoramos, nosotros y nosotras, los responsables por lo que ocurre con esto,…

No alcanzo a terminar mi intervención.

¡Dignidad para los trabajadores de las aplicaciones web!

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren .

El señor EGUIGUREN (vía telemática).-

Señor Presidente, no cabe duda de que, dado los tiempos que corren, es necesario regular las plataformas.

Este es uno de esos típicos proyectos cuyo objetivo es muy bueno, pero que cuando se sobre ideologizan y se fanatizan como legislación, porque lo único que se quiere, por voluntarismo, es sacar el proyecto adelante, se deja de oír a varias partes, con lo cual se termina por generar un mal proyecto.

Esta moción rigidiza demasiado el sistema que busca regular y deja fuera no solo a pocos, sino a muchos, que son los conductores que trabajan en plataformas. Fíjese que esta iniciativa se refiere únicamente a los riders, que muy merecidamente deben ser protegidos y resguardados. Pero ¿qué pasa con esos miles de conductores que también trabajan con plataformas, a quienes hoy este proyecto los obliga a ser dependientes? Son perjudicados no solo económicamente, sino en sus propias capacidades para lograr los ingresos que hoy están obteniendo con mucho sacrificio.

Si realmente queremos legislar para mejorar el sistema de plataformas, hagámoslo de acuerdo a la realidad. ¿Queremos potenciar la industria de las plataformas para que más aplicaciones funcionen en beneficio de todas y de todos, y, en consecuencia, haya más trabajo o queremos espantar a las aplicaciones de nuestro país? Lo pregunto, porque, a mi juicio, se hace imposible trabajar en estas condiciones, pues aumentan los costos y a los trabajadores se les exige una cierta rigidez laboral que les impide, por ejemplo, tener la libertad de trabajar en varias aplicaciones al mismo tiempo o combinar el trabajo de las aplicaciones con un trabajo fijo.

Ayer, un gremio de conductores de Chillán y de Concepción no fue oído en la comisión. Ellos reclamaron, porque se lo pidieron a la Presidenta, pero no los dejó hablar…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto por todo el tiempo que resta al Comité Socialista.

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, durante las cuarentenas, que han sido muy extensas, los trabajadores de las plataformas digitales han tenido un rol fundamental para mantener en movimiento a Chile, sobre todo por las ventas de productos esenciales, como los alimentos. Por eso, hoy, como Estado, tenemos una deuda con ellos. Al respecto, no solo hay que destacar la calidad del servicio que prestan, sino visibilizar que, detrás de ello, hay una realidad angustiante, de mucha precariedad, debido a condiciones de trabajo muy complejas, sin ningún control, donde simplemente se imponen las condiciones que establecen los dueños de las plataformas.

Todos los riesgos asociados a la actividad los cargan sobre sus espaldas, arriba de una moto, mayoritariamente personas jóvenes e inmigrantes que se dedican a esto. Ellos corren riesgo de accidentes, de enfermedad, de fallecimiento, en una actividad laboral tremendamente precaria.

Hace unos días se publicó un informe anual de la OIT, en el que se realiza una advertencia sobre la precarización que afecta a los trabajadores de las plataformas digitales durante la pandemia. Si bien es un sector comercial que va creciendo y que es barato, genera un tremendo costo en términos de seguridad social, de salud. Sobre todo, hay un foco de mucho riesgo en la propiedad de los datos personales.

El modelo de negocio de estas plataformas pone énfasis en las redes, que van borrando el límite entre el productor y el consumidor. Generalmente, utilizan un software, una aplicación móvil y una plataforma web, bajo el pilar del cobro de comisiones por ventas realizadas. En teoría, se promueve la creación de capital social, pero en la práctica pueden ser bastante diferentes y precarias, principalmente por el enorme beneficio económico que se genera para quienes gestionan estas plataformas y por permitir a los negocios externalizar sus servicios.

Los dueños de las plataformas generalmente no operan en el país, sino en paraísos fiscales o en países como Holanda y otros, desde donde simplemente administran la creación de esta plataforma. Ello permite la conexión, pero sin hacerse cargo de ninguno de los riesgos asociados, esto es, previsión, jubilaciones, accidentes laborales o la maternidad de las personas que les proporcionan ingresos a través de las plataformas. En ese sentido, hay una enorme precarización que hay que enfrentar.

No se puede desconocer que para muchos trabajadores estas actividades son una solución ante la cesantía, pero debemos discutir firmemente qué protección se le va a dar a estos trabajadores, porque no se les puede dejar solos. Primero, hay que reconocerlos como trabajadores dependientes, pues están bajo subordinación y dependencia. Ellos enriquecen a los dueños de las plataformas, generan utilidades. Por lo tanto, reitero, están en una relación de subordinación y dependencia, porque la plataforma fija las condiciones.

Segundo, deben contar con un sueldo base asegurado que les permita enfrentar todas las vicisitudes de un trabajador. Ellos no son menos trabajadores que otros.

Tercero, es necesario que se contraten seguros contra todos los riesgos que corren.

Cuarto, que tengan la posibilidad de asociarse en un sindicato para discutir sus condiciones comunes con los dueños de estas plataformas.

Quinto, que sus cotizaciones sociales estén pagadas. En este punto, aprovecho de enviar un mensaje al Presidente de la República, que está preocupado del futuro previsional de todos: preocúpese de que estos trabajadores, si se dedican a esto permanentemente, en el futuro puedan gozar de una jubilación digna.

Este tipo de trabajo está recién dando sus primeras luces en el mundo. El Reino Unido ha tomado esto con mayor seriedad. Allí están buscando entregar un verdadero escudo de protección a esos trabajadores. Nosotros no podemos quedarnos atrás; estamos dispuestos a regular esta materia, a desarrollar una normativa que se adapte a estos nuevos paradigmas y nuevos desafíos en la economía digital. Por supuesto, queremos permitir que las plataformas sigan funcionando, pero sin ventajas comparativas basadas en la precariedad ni en vacíos legislativos. Es necesaria una completa regulación para todos los trabajadores que participan en esta actividad.

Es importante reconocer el trabajo que realizan, por ejemplo, miles de jóvenes, personas mayores e inmigrantes bajo las plataformas de Uber, Cornershop , Glovo , Rappi , Cabify , Beat , entre otras. Lo que vamos a hacer es brindar un puente de acceso a mejores condiciones laborales, con más justicia, con más seguridad, con más dignidad a conductores y repartidores, como debe ser para todos los trabajadores y trabajadoras del país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos y diez segundos, el diputado Pablo Kast .

El señor KAST (vía telemática).-

Señor Presidente, en primer lugar, deseo aclarar a la gente que está siguiendo la discusión de este tema que el problema que afecta a miles de chilenos que trabajan en estos sistemas no se ha producido en esta pandemia, sino que se arrastra desde hace muchos años. De hecho, este proyecto fue presentado antes de la pandemia; aunque todos analizan el problema como un efecto de ella, reitero que ya se daba en la época más boyante, en términos económicos, que ha tenido Chile.

Creo que nuevamente estamos legislando con una soberbia brutal, basados en creencias propias que han mostrado su fracaso no solo en otros países, sino también en el nuestro, a través de la presunción de un contrato o la rigidización de un sistema que ha funcionado con fluidez.

Considero que no es el camino que se debe seguir. Sin duda, el objetivo es regular y asegurar no solo lo que pasa con los vínculos de los servicios que prestan estas personas a las plataformas digitales, sino cualquier servicio en Chile. No olvidemos que recién el año pasado empezamos a tener seguridad social parcial, muy parcial, en todos los servicios que se prestan en Chile. Esta relación, que, sin duda, es siempre voluntaria -nadie está obligado a trabajar en estas plataformas-, se genera porque se busca algo que en esta Sala se ha dicho, pero que no es correcto. Las personas que trabajan en estas plataformas tienen la libertad de trabajar las horas que quieran, por lo tanto, también tienen el descanso que quieran. Si optan por este trabajo es porque efectivamente la remuneración que reciben por tiempo trabajado es mayor que la que recibirían en otros trabajos. Incluso, tienen vacaciones, con la flexibilidad requerida.

Por lo tanto, el objetivo, en mi opinión -creo que en esta Sala todos lo compartimos-, es que estos trabajadores tengan previsión, ahorro social, cobertura de salud; pero eso lo debemos regular para cualquier servicio. Por eso, creo que el camino de este proyecto es incorrecto. Siento que el proyecto que se tramita en el Senado avanza en una solución mejor.

Los invito a que nos abramos a entender que es necesario que la previsión social, los seguros de accidente que ocupan los vehículos y todas las condiciones para mejorar la calidad de vida y la dignidad de los servicios que se prestan sean los mejores, no solo para quienes están vinculados con plataformas digitales, sino para todos los trabajadores independientes de Chile que prestan servicios en distintos sistemas.

Se ha avanzado en ahorro social, en particular ahora que a las boletas de honorarios se les descuentan los pagos por isapre y AFP como medida para asegurar que los trabajadores independientes a honorarios en Chile cumplan con sus cotizaciones previsionales. Sin embargo, ese tipo de medidas deberían ser complementadas con la exigencia de un control directo, con el fin de que todas las herramientas que se utilizan para prestar servicios cumplan con requisitos mínimos, incluidos los seguros de accidentes.

La idea es avanzar en esa línea y no rigidizar un mercado laboral que ha dado acceso a remuneraciones a miles de chilenos que viven en situaciones precarias.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar las modificaciones incorporadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de fertilizantes.

Para la discusión de esta iniciativa se otorgarán cinco minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités y tres minutos a las demás, más treinta minutos distribuidos proporcionalmente.

Diputada informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural es la señora Patricia Rubio .

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 22ª de la presente legislatura, en miércoles 21 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 16.

-Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión 25ª de la presente legislatura, en martes 27 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 24.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora RUBIO, doña Patricia (de pie).-

Señor Presidente, honorable Cámara:

En mi calidad de diputada informante de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, paso a informar sobre el proyecto de ley de la referencia, en tercer trámite constitucional, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República.

La idea matriz o fundamental de la iniciativa legal es establecer disposiciones sobre parámetros de calidad, composición, clasificación, envasado, declaración, etiquetado y trazabilidad, aplicables a la fabricación, formulación, producción, comercialización, tenencia, importación y exportación de fertilizantes, sin prejuicio de las demás normas que resulten aplicables.

Cabe señalar que el 23 de abril de 2021 se comunicó que los Comités Parlamentarios acordaron remitir a la comisión el proyecto de ley que establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes, correspondiente al boletín N° 12233-01, para informar sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Corporación, de modo tal que la iniciativa estuviera en condiciones de ser tramitada durante esta sesión de Sala.

Principales ámbitos discutidos en el seno de la comisión

Durante el análisis de la iniciativa legal se contó con la colaboración y asistencia del asesor legislativo del Ministerio de Agricultura, señor Andrés Meneses , y de la jefa del Departamento de Control y Regulación de Insumos Agrícolas, señora Alejandra Aburto .

De conformidad con lo señalado en el mencionado artículo 120, corresponde a esta comisión pronunciarse sobre los alcances de las modificaciones introducidas por el Senado y, si lo estimare conveniente, recomendar aprobar o desechar las propuestas.

Sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado, el asesor del Ministerio de Agricultura señor Andrés Meneses señaló que las principales modificaciones que se introdujeron al proyecto de ley en estudio son las siguientes:

1. Incorporar los bioestimulantes en la iniciativa legal y no en el decreto ley N° 3.557, dadas las semejanzas que tienen los bioestimulantes con los fertilizantes.

Esta modificación recogió la opinión de académicos y representantes de los gremios y de la industria, por lo que el Ejecutivo hizo indicaciones que agregan una referencia expresa a los bioestimulantes, a fin de trasladar la regulación de dichas sustancias al proyecto.

Cabe hacer presente que, en palabras del asesor del Ministerio de Agricultura, el 90 por ciento de las indicaciones que se efectuaron tienen que ver con incorporar la palabra bioestimulantes a continuación de fertilizantes.

2. Se crea y establece que el SAG deberá mantener un archivo público y actualizado con el detalle de los fertilizantes y bioestimulantes prohibidos y restringidos. La finalidad de la creación de ese archivo es que la información esté disponible para todos los usuarios, en particular las restricciones para su uso y aplicación sobre ciertos cultivos, en lo que se refiere a las cantidades y tipos.

3. Respecto de los mecanismos de certificación, se modificó la norma para establecer que no solo los laboratorios autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero tendrán esa competencia, sino también sus homólogos extranjeros. En efecto, estos últimos podrán designar personas u otros laboratorios que autoricen algunos mecanismos de certificación.

4. Se amplió el plazo de entrada en vigencia de doce meses a quince meses, porque en el estudio que efectuó el Senado, en forma conjunta con el Servicio Agrícola y Ganadero y la participación de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, se determinó que, efectivamente, se pueden elaborar los reglamentos y las resoluciones relacionados con la futura ley dentro del plazo de nueve meses.

Sin embargo, se esgrimió que las normas de la Organización Mundial del Comercio exigen que entre la dictación y la entrada en vigencia de una norma como esta deban transcurrir al menos ciento ochenta días o seis meses. En consecuencia, en los primeros nueve meses, contados desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, se confeccionan el reglamento y las resoluciones, y se efectúan las consultas públicas, tanto nacionales como internacionales. Los seis meses siguientes corresponden al plazo prudencial exigido por la OMC entre la publicación de los reglamentos técnicos y su entrada en vigor.

Transcurridos quince meses, la ley y su reglamento entran en vigor, empezando a correr el plazo que tienen los regulados antiguos para incorporarse al registro del SAG.

Recomendaciones efectuadas por la comisión

Después de un breve intercambio de opiniones, los diputados presentes se manifestaron de acuerdo con las modificaciones aprobadas por el Senado en el segundo trámite constitucional, por lo que por la unanimidad de los once diputados presentes se acordó recomendar la aprobación de todas las modificaciones introducidas por el Senado.

Participaron en la votación los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Ramón Barros , Bernardo Berger (en reemplazo del diputado Harry Jürgensen) , José Pérez (Presidente), Jorge Rathgeb , Jorge Sabag , Frank Sauerbaum e Ignacio Urrutia , y las diputadas Jenny Álvarez , Emilia Nuyado y Patricia Rubio .

Por las consideraciones expuestas, solicito a la Sala que preste su aprobación al proyecto de ley.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado Ramón Barros .

El señor BARROS (vía telemática).-

Señor Presidente, honorable Sala, me parecen del todo pertinentes las nueve modificaciones introducidas por el Senado al proyecto sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes.

La primera se refiere a trasladar la regulación de los bioestimulantes desde el decreto ley N° 3.557, como lo proponía el mensaje original, a la nueva ley, dadas las semejanzas de los bioestimulantes con los fertilizantes, que son de amplio uso.

La segunda es para abarcar otros componentes de los fertilizantes no mencionados expresamente por el artículo 2, para efectos de la fiscalización por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

La tercera es para establecer laboratorios reconocidos por la autoridad competente en la letra g) del artículo 2, para dinamizar el funcionamiento de la ley.

La cuarta tiene por objeto agregar otros componentes a las impurezas a que se refiere el inciso primero del artículo 6.

La quinta es para incorporar a los productores, además de los fabricantes, en el artículo 8. La sexta tiene por objeto establecer laboratorios reconocidos por la autoridad competente en el artículo 9.

La séptima es para reemplazar el inciso segundo del artículo 15, estableciendo la posibilidad de que el usuario demande judicialmente, conforme a las reglas generales, en caso de discordancia entre lo señalado en la etiqueta y la composición real del producto, vale decir, cuando pueda haber un engaño en la etiqueta.

La octava es para modificar los plazos de entrada en vigor de la ley y del reglamento para adecuar ese trabajo a las capacidades del SAG y cumplir con las consultas y plazos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Por lo tanto, vamos a votar a favor las modificaciones que ha hecho el Senado en este proyecto que pone a Chile a nivel mundial en cuanto a su legislación en materia de etiquetados de fertilizantes.

El proyecto quedó muy bien estructurado. En consecuencia, vamos a votar favorablemente. Esperamos que esta futura ley sea pronto promulgada, porque, como señalé, va a dejar a Chile, en materia de etiquetado y de defensa y protección de sus agricultores, con un texto moderno que contempla la fiscalización y el tema de los laboratorios, y que incorpora el tema de los bioestimulantes dentro de esta futura ley y no de la ley N° 3.557, lo que nos parece del todo razonable.

Por las consideraciones expuestas, reitero que vamos a votar a favor.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG (vía telemática).-

Señor Presidente, los fertilizantes juegan un rol muy importante en la agricultura, pues son cerca del 30 por ciento del costo de la producción agrícola y también una fuente de contaminación de las aguas y de los productos agrícolas, respecto de los cuales necesitamos garantizar su inocuidad. Por eso, con esta legislación nos ponemos al día con las exigencias internacionales en relación con los fertilizantes y los bioestimulantes.

Este es un proyecto que se inició por un mensaje, que contiene normas de quorum orgánico constitucional y que fue aprobado en esta Sala en septiembre de 2019, por 111 votos a favor.

Hoy se trata de adecuar la normativa nacional a las exigencias de los mercados a los que se exporta nuestra producción agrícola y frutícola, los que, en el marco de una mayor atención a la protección del medio ambiente y de la salud humana, piden productos libres de cualquier sospecha. Esto es tremendamente relevante, porque Chile se ha transformado en una potencia agroalimentaria; somos los principales exportadores de muchos productos a distintos puntos del orbe.

La propuesta busca establecer criterios de calidad, composición, clasificación, envasado, declaración, formulación, producción, comercialización, tenencia, importación y exportación de fertilizantes, reconociendo que la normativa en esta materia está atrasada en relación con los países más avanzados, ya que data de 1980.

En su paso por el Senado se introdujeron al proyecto algunas mejoras objetivas, como estipular que si las etiquetas no son suficientes para entregar toda la información sobre la composición de los productos, se deberá acompañar un folleto con todos los antecedentes necesarios para que el usuario pueda comprobar que no está adquiriendo un producto que contenga elementos que posteriormente le signifiquen problemas para la comercialización de sus cosechas.

En este sentido, el Senado incorporó la posibilidad de que los usuarios puedan presentar demandas de indemnización ante los tribunales de justicia, si los componentes de los fertilizantes no son los que se aseguran en las etiquetas y folletos, o si no corresponden a la calidad ofrecida.

También se hizo taxativa la obligación del Servicio Agrícola y Ganadero para prohibir la importación, fabricación, formulación, producción, distribución, tenencia y comercialización de fertilizantes que constituyan un riesgo para la salud humana y animal, y para la sanidad vegetal.

En el texto original esta acción aparecía como una facultad, pero en la nueva redacción figura como una obligación.

El mundo está cambiando a pasos agigantados, y el legislador tiene el deber de ir adecuando las normas a las exigencias de los mercados.

Un cambio muy relevante establecido en el Senado es que en la ley de fertilizantes también se van a incluir los bioestimulantes, entendiendo por tales las sustancias, mezcla de sustancias o microorganismos aplicables a semillas, plantas o rizosfera, que estimulan los procesos naturales de nutrición de las plantas.

De manera que si Chile de verdad desea convertirse en una potencia alimentaria a nivel mundial, aprovechando sus ventajas naturales, debe ser más proactivo en la tarea de anticiparse a los cambios. Ya no es posible actuar como si no fuera relevante el tipo de fertilizante que se emplea, porque para los potenciales compradores no se trata de un asunto sin importancia.

Por eso, valoramos los cambios establecidos en el Senado, porque van en la dirección correcta de permitir que nuestros productos del campo sean inocuos, es decir, que no causen daño a la salud humana, y también que los fertilizantes que se usen en nuestro país puedan garantizar la inocuidad de los alimentos y no contaminen el medio ambiente.

Por lo tanto, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, anuncio que vamos a votar a favor las modificaciones del Senado.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Patricia Rubio .

La señora RUBIO (doña Patricia).-

Señor Presidente, sin duda, este es un muy buen proyecto, sobre todo para las regiones que tienen características agrícolas. Debemos ir mejorando el futuro con tecnologías y técnicas que perfeccionen el desarrollo de cosechas agrícolas, para que sean más rentables y produzcan mayores rendimientos tanto a los pequeños como a los grandes agricultores.

Tan antiguo como la propia agricultura es utilizar diferentes técnicas de cultivo, ya sea con fertilizantes o, en este caso, bioestimulantes. Toda la vida se han utilizado métodos para estimular el crecimiento de las plantas, pero no fue hasta los años noventa del siglo pasado que se acuñó el término “bioestimulante”. Para entender mejor este concepto, se deben tener presente las diferencias entre bioestimulantes agrícolas, fertilizantes y fitosanitarios, ya que son productos completamente distintos. Hago esta acotación, porque en el proyecto de ley se dice que los fertilizantes son considerados como bioestimulantes.

Los fertilizantes son sustancias que se usan en la agricultura para aportar nutrientes necesarios para el crecimientos de las plantas. En cambio los bioestimulantes son insumos destinados a aumentar la rentabilidad y la producción agrícola. El uso regulado de los bioestimulantes tiene el efecto de mejorar la calidad de los productos agrícolas, haciendo que sean más saludables y asequibles, además de contribuir a la mayor sostenibilidad del sector agrícola en general.

Sin duda, este proyecto ayudará a los agricultores a transformar su trabajo, de forma sustentable, en alimentos para la humanidad y garantizar la alimentación de futuras generaciones en el planeta, así como también estimular procesos naturales para mejorar y favorecer la absorción de nutrientes, la eficiencia en el uso de nutrientes de los vegetales, su tolerancia al estrés abiótico y sus propiedades de calidad en el cultivo, todo lo cual es evidente que tiene numerosas ventajas en todos los segmentos de la cadena de valor.

Asimismo, permitirá a los agricultores que sus cultivos sean más sostenibles y rentables. El uso de bioestimulantes favorece la absorción de otros insumos, por lo que los agricultores no tendrán que gastar tanto dinero para fertilizar sus campos.

La medida también favorece a los intermediarios o mayoristas, pues como los cultivos son de mejor calidad, una vez recolectados soportan mejor el almacenaje y el transporte.

Para los consumidores finales -nosotros-, los cultivos con bioestimulantes producen alimentos más sanos y explotaciones más sostenidas.

Por último, el ahorro para el agricultor debería repercutir en un precio de venta final más bajo, lo cual es necesario, sobre todo en el marco de la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo en el país.

Por lo tanto, vamos a votar a favor el proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM (vía telemática).-

Señor Presidente, según estudios de la Odepa, en Chile los fertilizantes pueden llegar a representar hasta 30 por ciento del costo de producción de algunos cultivos de importancia nacional, como los tradicionales anuales, como, por ejemplo, el trigo, el maíz y la avena, entre otros. Por ello, la calidad o composición de los fertilizantes es un elemento esencial al momento de la toma de decisiones de compra por parte de los agricultores.

El presente proyecto es la respuesta a una inquietud surgida hace más de dos años en un seminario desarrollado por nuestro INIA, en el cual se expusieron algunos problemas de solubilidad de los fertilizantes. Dicha inquietud fue manifestada por representantes de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno y por Agrollanquihue.

Dado lo anterior, el proyecto que hoy vamos a votar suscitó una buena acogida entre los parlamentarios de todos los sectores, tanto de las comisiones de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, y de Hacienda de la Cámara de Diputados como de la Comisión de Agricultura del Senado.

El proyecto tiene como base, primero, regular de manera orgánica e integral los aspectos relacionados con los fertilizantes e insumos insuficientemente abordados por la legislación vigente.

Asimismo, define el ciclo de vida de un fertilizante para establecer claramente las etapas por las que atraviesa el producto desde su fabricación hasta su aplicación en el predio, y así determinar la naturaleza de la fiscalización en cada una de dichas etapas.

También el proyecto aborda la necesidad de adecuar el etiquetado de los productos destinados a la exportación a los requisitos de etiquetado de los países de destino, y optimiza la importación de productos que cuenten con un certificado de composición y parámetros de calidad emitidos por la autoridad competente del país de origen, sin perjuicio de que el Servicio Agrícola y Ganadero pueda tomar muestras para verificar la composición y los parámetros de calidad de los fertilizantes importados.

Asimismo, la iniciativa permite al SAG realizar inspecciones, fiscalizaciones y tomas de muestras en cantidad suficiente para su análisis en cualquier momento y lugar, incluso a nivel predial, sin que sea necesaria una denuncia previa y en cualquier etapa del ciclo de vida del fertilizante.

También, a petición de los interesados, el servicio podrá tomar muestras de los fertilizantes adquiridos por los usuarios, a fin de verificar la composición y parámetros de calidad.

Por último, se establece un catálogo de infracciones y sanciones por incumplimiento de la obligación de inscribirse en el Registro; por comercializar fertilizantes que no cumplan con los parámetros de calidad, composición y etiquetado, y por impedir o entorpecer cualquier acción de inspección, fiscalización o toma de muestras por parte del SAG, todo lo anterior conforme al procedimiento sancionatorio establecido en la ley N° 18.755, orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero.

Las modificaciones introducidas en el Senado fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Agricultura del Senado y en la Sala de dicha Corporación, al igual que en la Comisión de Agricultura de nuestra Cámara de Diputados, el 26 de abril.

La Comisión de Agricultura analizó el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado, las cuales incorporan perfecciones que permiten, entre otras cosas, trasladar la regulación de los bioestimulantes desde el decreto N° 3.557, como proponía el mensaje original, a la nueva futura ley, dada la semejanza entre los bioestimulantes y los fertilizantes, y abarcar otros componentes de los fertilizantes no mencionados expresamente en el artículo 2°, para efectos de la fiscalización del Servicio Agrícola y Ganadero.

Vamos a votar a favor el proyecto, porque creemos que es muy importante que Chile tenga una normativa mucho más moderna, mucho más de punta, que lidere el mercado agrícola internacional, como lo hacemos en algunas materias, y, además, porque hay que ir avanzando hacia una legislación que promueva la agricultura orgánica, como hemos planteado en múltiples ocasiones.

Ojalá podamos avanzar en este último aspecto, porque nuestra agricultura familiar campesina está capacitada para producir limpio -sin fertilizantes, sin químicos-, lo que aumentará mucho más su valor, permitirá comer mucho más sano y, además, nos ayudará a liderar la enorme demanda que hoy existe de productos orgánicos en los mercados internacionales.

Por último, solo quiero dar un ejemplo: hoy, un producto de la agricultura orgánica sin fertilizantes y sin ningún químico puede valer hasta cuatro veces lo que vale el mismo producto con químicos. En el mundo, aquellos son más valorados y mejor pagados que un producto tradicional.

Esa es la idea: avanzar hacia una producción más limpia. De alguna manera, el presente proyecto también nos va a ayudar a tener una tecnología mucho más de punta y a situarnos a nivel internacional respecto de nuestra legislación.

Vamos a votar a favor.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado José Pérez .

El señor PÉREZ (don José) [vía telemática].-

Señor Presidente, estamos tramitando un proyecto de ley de tremenda importancia para nuestro sector agrícola. De ahí, entonces, que nuestra Comisión de Agricultura analizó, estudio y aprobó por unanimidad este proyecto que dice relación con fertilizantes y bioestimulantes.

Sin duda, es de gran importancia para los distintos cultivos agrícolas aplicar los fertilizantes que realmente requiere el suelo. Para ello, nuestros agricultores permanentemente están recurriendo al análisis de los suelos, que determinan exactamente cuál es el elemento, cuál es el fertilizante que se debe utilizar en los distintos cultivos para tener un buen resultado.

De ahí, entonces, que exigir una determinada calidad de la composición de los fertilizantes y un etiquetado, y establecer claramente en la etiqueta cuáles son los componentes del fertilizante que está adquiriendo el agricultor es de gran relevancia, porque, de esa manera, se aplica justamente lo que se necesita para obtener un buen resultado en el cultivo.

Por ello, el SAG deberá jugar un rol muy importante, dentro y fuera del país, para determinar si efectivamente el etiquetado corresponde a lo que realmente contiene el fertilizante en los distintos envases.

Tal como han dicho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, los fertilizantes inciden en el altísimo costo que implica la realización de los distintos cultivos que se practican en nuestro país y, por consiguiente, esa inversión debe fundarse en la certeza de que el resultado será como esperan los agricultores, a fin de tener una cosecha eficiente y de calidad.

Los distintos cultivos que se realizan en el país requieren una cantidad tremendamente importante de fertilizantes para obtener un buen resultado. Por lo mismo, nos interesa mucho que los costos sean cada vez menores, y son menores cuando sabemos qué es lo que necesita el terreno, cuál es el producto que debemos aplicar y la dosificación por hectárea para alcanzar los resultados deseados.

Estos productos no contaminantes son los que necesita nuestra agricultura para un mejor rendimiento de los distintos cultivos.

Vamos a votar a favor el proyecto, porque es de mucha importancia para todos quienes producen los distintos cultivos a lo largo del país.

Tenemos la imperiosa necesidad de avanzar en materias como estas, a fin de modernizar los bienes necesarios en nuestra agricultura para tener rendimientos adecuados, más aún en momentos tan difíciles como el actual, en el que cada vez se hace más complejo llegar a nuestros sectores agrícolas y obtener el rendimiento adecuado de los distintos cultivos.

Como señalé, la Comisión de Agricultura aprobó por unanimidad este proyecto que moderniza el acontecer agrícola.

Solicitamos a la Sala de nuestra Cámara de Diputados que apruebe la iniciativa, porque es de gran relevancia y nos pone a la altura de los países desarrollados en materia de uso de fertilizantes conocidos en cuanto a su composición.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, este proyecto releva la posición que tiene la actividad agrícola en nuestra estructura económica y productiva. Pese a lo que dicen algunos, resulta claro que esta constituye aún un motor esencial de la actividad económica, ya que representa una fuente laboral permanente o esporádica para cientos de miles de hombres y mujeres.

Nuestra cultura agrícola sitúa todavía a Chile como un país muy eficiente en la producción de alimentos, maderas, ganado y productos agrícolas, lo que nos permite competir con los principales productores del mundo. No obstante, tenemos un vacío enorme en materia de composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes, que son uno de los insumos más importantes de esa actividad, cuyo valor representa entre el 25 y el 30 por ciento de sus costos de producción. Ello no se debe solo a la falta de conceptos y de definiciones, sino a que no existe fiscalización respecto de si los fertilizantes que los agricultores están adquiriendo corresponden efectivamente a lo señalado en su etiquetado. En ese sentido, este proyecto apunta directo al hueso del problema.

Me felicito de haber podido participar en la tramitación de esta iniciativa, ya que posibilitará a agricultores, productores y consumidores tener claridad respecto de qué tipo de fertilizante se está echando a la tierra. En definitiva, permitirá contar con información clara sobre los fertilizantes que se usan para abonarla, aspecto que es relevante, puesto que tiene incidencia directa en la nutrición de los vegetales y los animales que llegan con posterioridad como alimento a nuestra mesa o que son comercializados al exterior.

Este es un proyecto muy importante. Por eso, solicito que aprobemos las modificaciones del Senado…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, vía telemática, la diputada Emilia Nuyado .

La señorita NUYADO (doña Emilia ) [vía telemática].-

Señor Presidente, este es un proyecto que representa un avance respecto de la regulación y la comercialización, así como en materia de las atribuciones que debe tener el SAG, que se requieren para avanzar hacia la producción de fertilizantes que sean mucho más amigables con el medio ambiente.

En ese sentido, hay que reconocer que en las modificaciones incorporadas por el Senado se incorporó entre las normas sobre composición y etiquetado el término “bioestimulantes”, es decir, respecto de las sustancias o las mezclas necesarias para la agricultura familiar campesina de los pueblos ancestrales. No obstante, todavía queda pendiente la forma en que eso se debe regular.

Los integrantes de la comisión técnica en la que se tramitó esta iniciativa la valoramos mucho, porque significa un avance importante para determinar qué tipo de fertilizante se está agregando a la tierra, porque hay muchos que afectan el medio ambiente y degradan y erosionan los suelos.

Espero que el Ejecutivo, en el reglamento que se debe elaborar referido a este proyecto, establezca con mayor precisión cuáles serán las empresas que tendrán a su cargo la venta de los bioestimulantes, porque si bien se considera importante la importación, también es relevante la producción interna del país.

Creo que este proyecto es un pequeño avance, pero no resuelve la necesidad que tenemos de contar con fertilizantes que permitan la regeneración de los suelos, porque año a año la misma cantidad de productividad casi se traduce en la misma posibilidad de adquirir fertilizantes.

Para muchas familias de la agricultura familiar campesina de los pueblos ancestrales, los altos costos de los fertilizantes muchas veces les dificulta su adquisición. A ello se debe agregar que, lamentablemente, muchos de los terrenos en los que se desarrolla ese tipo de agricultura están saturados de aluminio, pero los agricultores campesinos de pueblos ancestrales no cuentan con los recursos necesarios para contratar estudios que permitan determinar cuál es el tipo o clase de suelo.

Lo señalo, porque si bien esta iniciativa constituye un avance, no servirá para resolver el problema que viven las familias de la agricultura familiar campesina de los pueblos ancestrales. No obstante, sí permitirá a la gran agricultura resolver el enorme problema que tiene en materia de etiquetado, porque le posibilitará conocer la composición de cada fertilizante para determinar la mejor forma de comercialización.

Finalmente, quiero señalar que así como la fiscalización que debe llevar a cabo el SAG es muy importante, ya que evitará que las familias chilenas se enfermen, lo mismo ocurre con los controles y las revisiones que debiera efectuar el Ministerio de Salud. Por eso, espero que en el reglamento que se tendrá que elaborar, el Ejecutivo establezca las normas necesarias para que eso se pueda materializar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que regula los cambios de fondos de pensiones.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán siete minutos base a las bancadas que tengan dos o más Comités y cinco minutos a quienes tengan un Comité, más sesenta minutos distribuidos de manera proporcional.

Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Ramón Barros .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 115ª de la legislatura 368ª, en miércoles 16 de diciembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sesión 25ª de la presente legislatura, en martes 27 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 22.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado informante.

El señor BARROS (vía telemática).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje, que regula los cambios de fondos de pensiones, contenido en el boletín N° 13959-13, con urgencia calificada de suma.

A las sesiones que vuestra comisión destinó al estudio de la referida iniciativa asistieron los señores Ignacio Briones Rojas , ministro de Hacienda de la época; Rodrigo Cerda , actual ministro de dicha cartera; Patricio Melero , ministro del Trabajo y Previsión Social; Fernando Arab , subsecretario del Trabajo; Mario Marcel y Joaquín Vial , presidente y vicepresidente del Banco Central de Chile, respectivamente, acompañados por la señora Solange Berstein , gerenta de la División Política Financiera, y el señor Fernando Coulon , gerente de Informática; el señor Joaquín Cortés , presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, en compañía de la señora Gabriela Gurovich , jefa de gabinete, y de los señores José Antonio Gaspar , director general Jurídico, y Patricio Valenzuela , director general Regulación de Conducta de Mercado; los señores Osvaldo Macías , superintendente de Pensiones; Francisco del Río , asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y José Riquelme , asesor legislativo del Ministerio de Hacienda.

Argumenta el mensaje con el cual su excelencia el Presidente de la República inició este proyecto de ley que permitir el traspaso entre fondos de pensiones es fundamental para otorgar a los afiliados la posibilidad de ajustar sus ahorros previsionales de acuerdo a su perfil de riesgo. Sin embargo, debe considerarse que las inversiones financieras del sistema de pensiones se enfocan en obtener retornos en el largo plazo y no en el corto, lo que justifica una especial regulación al efecto que imponga ciertas restricciones al ejercicio de esta facultad.

Por consiguiente, añade el mensaje, para proteger la estabilidad del mercado y evitar pérdidas que se terminen reflejando en una disminución de las pensiones, es necesario limitar la cantidad de traspasos que pueden realizar los afiliados entre los distintos fondos de pensiones.

Así, manifiesta, ha sido refrendado por la OCDE, el Consejo de Estabilidad Financiera, el Banco Central de Chile, la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones en distintas ocasiones, entre las cuales se encuentran las sesiones celebradas por la Comisión de Hacienda de la honorable Cámara de Diputados en el marco de la discusión del proyecto de ley que modifica las leyes Nos 18.045 y 18.046 para establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados.

El proyecto en informe reemplaza el inciso tercero del artículo 32 del decreto ley N° 3.500, de 1980, que Establece Nuevo Sistema de Pensiones, para los efectos de sujetar las transferencias del valor de las cuotas de los afiliados a otro tipo de fondo a los plazos y procedimientos que determine una norma de carácter general emitida por la Superintendencia de Pensiones, señalando que dicha norma no podrá fijar plazos superiores a treinta días corridos, contados desde que la administradora de fondos de pensiones reciba la respectiva solicitud de cambio.

Adicionalmente, la iniciativa dispone que dicha norma deberá restringir las mencionadas transferencias mediante una de las siguientes limitaciones:

a) Estableciendo que tales transferencias solo se podrán efectuar hacia tipos de fondos adyacentes en su denominación, sin límite de transferencias por año. Vale decir, uno puede traspasarse desde el fondo A al B, pero no del A al E. Eso como ejemplo.

b) Estableciendo que tales transferencias no se podrán efectuar más de dos veces dentro de un año calendario, sin límite respecto de fondos adyacentes.

Por último, el proyecto establece que las limitaciones del párrafo anterior no se aplicarán a la cuenta de ahorro voluntario, cuenta de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos, ni respecto de los afiliados al momento de pensionarse, quienes, en caso de aplicar el literal a) anterior, solo podrán optar sin restricción por los fondos C, D y E.

Tal idea central se encuentra desarrollada en la iniciativa.

Sometido a votación al término de su discusión general, a la que no me referiré por encontrarse latamente explicitada en el informe que los colegas tienen en sus pupitres, el proyecto fue rechazado por 6 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor la diputada señora Flores, doña Camila , en reemplazo del diputado señor Durán, don Eduardo , y los diputados señores Eguiguren, don Francisco ; Labbé, don Cristian ; Molina, don Andrés ; Sauerbaum, don Frank , y quien informa.

En contra lo hicieron las diputadas señoras Sandoval , doña Marcela ; Sepúlveda , doña Alejandra , y Yeomans , doña Gael , y los diputados señores Jiménez, don Tucapel ; Labra, don Amaro ; Saavedra, don Gastón , y Silber, don Gabriel .

Finalmente, me permito hacer presente que, a juicio de la comisión, en el proyecto que se somete a consideración de la Sala no existen normas que revistan el carácter de orgánico constitucional, pero sus disposiciones requieren ser aprobadas por quorum calificado, pues inciden en materias propias de la seguridad social.

Asimismo, ella determinó que el proyecto de ley rechazado no debe ser conocido por la Comisión de Hacienda, puesto que sus disposiciones no implican gasto ni inciden en materias presupuestarias o financieras del Estado.

Como consecuencia de lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda a la Sala rechazar este proyecto de ley, cuyo texto se contiene en el respectivo informe que sus señorías tienen en su poder.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, nos vemos en la necesidad de regular la manera en que se hacen los cambios de fondos de pensiones, lo que no significa en ningún sentido prohibirlos. Se busca establecer esta regulación, puesto que en los últimos años empresas con fines de lucro, como Felices y Forrados, maliciosamente han instado a las personas a un desenfrenado cambio de fondos.

Se encuentra demostrado por todo estudio serio que este trajín de los fondos de pensiones tiene un impacto tal en el mercado que los únicos que se ven directa y mayoritariamente beneficiados son esas empresas y sus dueños, y que los verdaderos afectados son los ahorros de los millones de chilenos, que no pueden obtener las utilidades que tendrían si el mercado se mantuviera estable y no dependiera de la discrecionalidad de los supuestos informes técnicos de dichas personas, que no son más que recomendaciones de las que sacan provecho por su influencia pública.

Por ello aprobaré este proyecto, que da total libertad a las personas para salir transitando cuantas veces quieran entre fondos adyacentes y que condiciona a un límite de dos veces al año a aquellos movimientos más drásticos, es decir, a una decisión más razonada y pensada por cada individuo, según sus propios intereses.

Recordemos que lo que motiva el ahorro previsional es la ganancia y crecimiento de los fondos en el largo plazo y no en el corto. La inestabilidad de los fondos perjudica gravemente cualquier proyección de crecimiento, y si bien una limitación puede hacer perder una utilidad inmediata, asegurará un mayor ahorro final.

Honestamente, espero que votemos de manera responsable y no al antojo de inescrupulosos que llevan años llenando sus cuentas bancarias con cargo a las jubilaciones de las personas y que, para peor, han tejido una red de influencia no solo por medio de la presión que sus suscriptores generan, sino por vínculos directos en la política, como quedó demostrado en el caso de exsubsecretarias, senadores y precandidatos presidenciales.

Este proyecto nació antes de la aprobación del primer, segundo y tercer retiros. Sinceramente, espero que pueda y deba funcionar, a pesar del desfonde que esta Corporación le está haciendo hoy día al ahorro individual de las personas.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro) [vía telemática].-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero compartir con millones de chilenos que lo que hizo la Comisión de Trabajo fue justamente lo que ellos esperan: rechazar este proyecto, porque lo que hace no es otra cosa que limitar las facultades y libertades que tenemos quienes cotizamos de saber, en definitiva, que nuestros recursos los podemos utilizar nosotros, y no el Estado a través de proyectos de ley como este, mediante el cual limitan traspasos de millones de millones de pesos desde un fondo de las AFP a otro, con el pretexto de que se generarían pérdidas e inestabilidad en los mercados.

Parece un poco extraño que todas las instituciones ligadas al gobierno, incluyendo el Banco Central, que es autónomo, recomienden que el afiliado deba cambiarse cada seis meses para darle cierta estabilidad al sistema.

Yo me pregunto: ¿Eso es para darle cierta estabilidad al sistema o para seguir dándole estabilidad a las grandes utilidades que han obtenido las AFP? ¿Qué pasa con aquellos ahorrantes que no tienen recursos en los fondos con distintos tipos de clasificación? Y si las AFP pierden durante seis meses, ¿deben esperar seis meses para poder cambiarse a otro fondo?

Esa propuesta es, por cierto, intolerable e insostenible.

Por otra parte, como bien se ha dicho acá, el proyecto fue ingresado en 2020, pero es como una “ley mordaza”, ya que afecta nuestro derecho de propiedad, que está consagrado en la Constitución Política vigente en nuestro país.

Es muy poco probable que se apruebe -y creo que debería ser así-, dado que existe una ciudadanía empoderada en su derecho a hacer cambios de fondos. La población y los movimientos sociales tienen claro que sus ahorros han sido tratados de manera atroz, con el fin de evitar que tengan mayores utilidades.

Mientras las AFP obtienen utilidades millonarias, que son vergonzosas, existen afiliados que han obtenido bajas utilidades, más aún con los retiros que han debido concretar ante la falta de entrega de recursos por parte del gobierno, que no han llegado oportunamente a todos, particularmente a la clase media.

El hecho de que se nos permita trasladar nuestras imposiciones solo después de que se cumplan seis meses es inconstitucional, porque los recursos son nuestros, son de cada chileno, no del Estado, y este no puede, sobre la base de ley alguna, consagrar que deban ser cambiados cada seis meses. Por lo tanto, se trata de una expropiación del derecho a cambiarse de fondos, lo cual traerá enormes daños patrimoniales a los afiliados.

Además, el proyecto es inconsecuente, porque critica los cambios masivos, pero, en paralelo, propone dar poder a los superintendentes de pensiones para hacer cambios masivos, especialmente hacia el fondo B. Es inconsecuente con el programa que se ha llevado a cabo.

Por lo tanto, llamo a mis colegas a rechazar esta iniciativa. A los chilenos no nos deben seguir utilizando para hacer más ricas a las AFP. Tengo derecho a trasladar mis recursos cuando lo estime conveniente. No es posible que, mientras una AFP pierde, yo deba esperar seis meses para hacer los cambios correspondientes.

Por lo tanto, voy a votar en contra, y espero que mis colegas también lo hagan, porque es un muy mal proyecto para la previsión social de todos los chilenos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, este proyecto plantea limitar los cambios de fondos de pensiones de los afiliados a las AFP. Esta es la segunda vez en que el gobierno insiste con limitar los traspasos de fondos, ya que ese punto ya había sido rechazado por el Congreso Nacional en el marco de la tramitación del proyecto que regula a los agentes financieros. Por otra parte, este proyecto llega a la Sala luego de haber sido rechazado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

Las situaciones cambian, y este proyecto se está discutiendo hoy con una evidencia importantísima, consistente en que el Presidente Piñera , sin legitimidad política alguna, y después de una derrota política contundente en el Congreso Nacional y en el Tribunal Constitucional, insiste tozudamente en forzar al Parlamento a discutir un proyecto que ya ha sido rechazado, mediante el cual pretende amarrar reformas que beneficien a las AFP antes de la gran discusión constitucional que está por venir.

El gobierno insiste en reformar y fortalecer el sistema de AFP, para asegurar el control del mercado de capitales sobre los fondos de pensiones de los afiliados y afiliadas. En este caso, insiste en un “corralito” a los afiliados de las AFP, en lugar de iniciar una reforma que apunte a elevar las pensiones de miseria que entregan las administradoras de fondos previsionales.

Las mismas normas que contiene este proyecto de ley fueron rechazadas en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados cuando se discutió aquel que regulaba a los agentes financieros, por lo que no se comprende que el gobierno insista en iniciativas que no concitan consenso político y que no van en beneficio de la mayoría de la población.

Si buscamos un nuevo sistema público de seguridad social, tripartito y que asegure pensiones dignas, no deberíamos abordar este tipo de iniciativas. Lo importante es que los ahorros previsionales aseguren pensiones dignas, lo cual no ha ocurrido ni ocurrirá en el marco del decreto ley N° 3.500 y de las AFP.

“Al mercado no se le puede ganar” fue la expresión que se repitió en todas o en casi todas las exposiciones que se hicieron durante la discusión de este proyecto. Entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el problema que existe al intentar realizar cambios de fondos entre diferentes posibilidades?

(Habla un señor diputado)

Por favor, diputado, deje de gritar.

Muchas gracias, se lo agradezco mucho, porque esta es una discusión para escucharse, y no para venir a gritar.

En cuanto a la repetición de las palabras “responsabilidad” y “seriedad” en algunos informes que nos presentaron, hago presente que el informe de la OCDE es de 2020; es decir, no está actualizado, de modo que le pido a la OCDE que actualice su informe, para que podamos discutir con esos antecedentes.

Es necesario que se midan la responsabilidad y la seriedad que piden algunos, cuando intentan descalificar a otros, y me voy a referir directamente, por su intermedio, señor Presidente, al diputado Undurraga , que hace gala de su insolencia al referirse a quienes votamos en contra de este proyecto en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, y a quienes lo habían rechazado antes, insinuando que existirían intereses de algún tipo. No recuerdo cómo los llamó, pero dijo que somos irresponsables y poco serios.

Esa no es la manera de avanzar. La manera de hacerlo es tomando en cuenta a las personas, y este proyecto no lo hace; solo habla de darle más facilidades al mercado. Pero al mercado sí se le puede ganar; se le puede ganar para que la salud de las personas, la vivienda de las personas, el trabajo de las personas, la alegría y la felicidad de las personas sean mayores cada día.

El mercado se puede regular, y no debemos tener miedo a hacerlo. La neolibertad que nos han vendido durante tanto tiempo es exactamente la manera de actuar que hoy está cuestionada. Hay que considerar el cambio cultural profundo que estamos viviendo.

Le pido al presidente del Banco Central, que estuvo en la comisión; al ministro Melero , que estuvo en la comisión, y al superintendente de las AFP -supongo que no es de las AFP, sino quien tiene que defendernos que lo piensen bien, que actualicen sus datos, que vean la realidad y que hagan un esfuerzo gigantesco para que en este país las personas puedan ser más felices.

Nuestro pueblo es inteligente, tiene que ser oído y debe seguir creciendo, y la manera de hacerlo es preocupándose por las personas, valorizando el trabajo y la salud de todos y todas, y para ello hay que tener un sistema de pensiones que realmente sea solidario, que realmente haga participar a todos los agentes involucrados y que sea verdaderamente una nueva luz para Chile.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Ramón Barros .

El señor BARROS (vía telemática).-

Señor Presidente, meditaba sobre las últimas palabras del diputado Amaro Labra , que hablaba de un país más feliz. Esa felicidad que no existe en ningún país donde el comunismo impone, por dictadura, su ideología.

Todos queremos que Chile sea un país más feliz, pero no va a ser bajo la administración de la ideología de nuestro colega Labra , sino por el trabajo conjunto de todos nosotros.

Este proyecto de ley nos brinda una bonita oportunidad para discutir sobre cómo cuidar los fondos de los trabajadores. La iniciativa no prohíbe nada que no sea de sentido común. Lo que intenta es regular que las personas no trasladen sus fondos desde el fondo A al fondo E de un solo paraguazo, por decirlo en buen chileno, porque las inversiones están hechas a largo plazo cuando uno está en un determinado fondo, por lo que al cambiarse se perjudica al propio trabajador y eso también ocurre con el retiro de fondos de pensiones, pues se liquidan los fondos.

Por eso, la iniciativa propone una regulación para evitar que de manera continua se produzcan estos cambios de fondos, como, por ejemplo, pasar directamente desde el fondo A al fondo E, porque eso genera un daño al sistema y provoca un daño a los propios ahorros.

El proyecto fue presentado a la Comisión por el exministro Briones y luego por el actual ministro Rodrigo Cerda , quienes expusieron contundentes argumentos que nos demostraron que los cambios masivos frecuentes son perjudiciales para las pensiones, pues perjudican tanto a quien se cambia como a quien no lo hace.

Por eso destaco la palabra “frecuente”, porque el problema no son los cambios en sí mismos, sino la periodicidad y el cambio a fondos no adyacentes, como lo graficaban en la sesión de la comisión que tuvimos para analizar este proyecto.

Para nadie puede resultar un misterio que el movimiento de grandes volúmenes de dinero afecta el valor de la moneda, afecta el dólar, como valor de referencia. En ese sentido, hay personas que han especulado y llaman a realizar cambios de fondos, tomando posición antes, por lo que, cuando la gente se cambiaba, cortaban harta plata. Así, tenemos ejemplos de negocios redondos que, siendo legales, al menos son cuestionables.

También resulta bastante impresionante la defensa que algunos políticos hacen de empresas con nombre y apellido. He visto a algunos diputados en las páginas de redes sociales de empresas que hacen negocio a costa de los fondos de los trabajadores, y hablo derechamente de los señores de Felices y Forrados, que tienen en esta Cámara gente que se presta para aparecer en sus páginas sociales. Fue el propio senador Francisco Huenchumilla quien dijo que alguien estaba intentando pasar una cuchufleta en favor de Felices y Forrados.

Me imagino que algunos diputados se tendrán que inhabilitar al momento de votar este proyecto; a lo menos, hay un diputado que ha sido un verdadero vocero de Felices y Forrados, apareciendo en sus redes sociales y defendiéndoles el negocio. ¡Da la sensación de que estamos frente a campañas este año!

¿Quiénes han dicho que es bueno este proyecto? El Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones y la OCDE. Sobre esta última, el diputado Amaro Labra le pide a la OCDE que actualice sus datos, pero estamos hablando de un informe del 2020, y recién estamos empezando el 2021; o sea, es un informe absolutamente vigente y actualizado.

¿Quién ha dicho que es malo este proyecto? Felices y Forrados , que son los que se oponen a él.

Hay muchos países que han aprobado proyectos de estas características para proteger los fondos de las personas. Esto no es un invento. Voy a votar a favor de protegerlos y establecer medidas que no son prohibitivas, sino que son regulaciones. No se puede, por ejemplo, cambiarse todos los días desde el fondo A al E y viceversa, pero sí se puede cambiar hacia fondos adyacentes. Eso está permitido.

Es una regulación de sentido común y espero que quienes tienen esta vinculación con Felices y Forrados -que realmente se han forrado a costa de los propios afiliados recapaciten y voten a favor del proyecto, porque es una normativa bastante razonable y no es un corral de ningún tipo. Es una advertencia para que no se cambien de fondos todos los días, porque es malo cambiarse a fondos no adyacentes de manera permanente, pero sí están permitidos los cambios del fondo A hacia el B, del C al D o del D al E, pues en eso no hay problemas.

Me parece que se ha intentado hacer una verdadera caricatura de un proyecto que es bastante lógico en materia de protección de los propios fondos de las personas que han dedicado su vida a trabajar y a ahorrar para sus pensiones.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, cuando uno escucha las intervenciones de varios parlamentarios, en particular de derecha, como el diputado Barros y el diputado Undurraga , pareciera que están pensando en legislar contra Felices y Forrados. Hablan respecto de esta empresa y tratan de generar una caricatura de un mercado que este Congreso ya reguló hace poco tiempo, estableciendo una serie de requisitos y de condiciones, las que fueron aprobadas además por amplia mayoría, porque era necesario regular esta actividad económica de tanta trascendencia.

Entonces, no entiendo por qué nuevamente, ante este proyecto de ley, vuelven a argumentar en el mismo sentido. Pareciera ser que esta iniciativa se llama “Felices y Forrados”, pero lo cierto es que si uno lee el mensaje, este parece indicarnos cómo cuidamos el gran negocio financiero que existe en Chile gracias a los fondos de los trabajadores. Poner tanta traba a la posibilidad de los trabajadores de movilizar sus recursos, a los únicos que pareciera afectar es a los grandes inversionistas que utilizan nuestros fondos en el mercado secundario. Eso es lo que busca esta norma: que los grandes capitales puedan seguir invirtiendo como quieran los fondos de los trabajadores y que estos últimos no puedan cambiarse de fondo cuando ellos quieran. ¿Por qué? Lo escuchamos recién: porque provocan un aumento en la volatilidad del mercado y, en consecuencia, una alteración en los precios, en el tipo de cambio de la divisa, lo que es complejo para la economía. Pero ¿para quién es complejo? Lo es para aquellos fondos de inversión que utilizan nuestros fondos y juegan con ellos. ¿Para quién es complejo? Para las compañías que tienen el porcentaje más alto de nuestros fondos y que son las que nos prestan la plata. Digamos las cosas como son: ¿para qué se utilizan los fondos previsionales? Se utilizan para que a cada uno de nosotros, cuando vamos al banco a pedir un crédito, nos pasen nuestra plata. Los principales deudores de nuestros fondos son, primero, el Estado, y después, bancos comerciales y grandes grupos económicos. Son ellos los que no quieren que la gente se cambie de fondo.

Parece que lo que busca este gobierno, que está absolutamente desconectado de la realidad del país -desconectado y, además, desfondado-, es imposibilitar a la ciudadanía para que lleve adelante ese proceso de cambios.

¿Por qué aquellos que defienden la libertad de las personas no quieren que estas se cambien de fondos cuando lo quieran? Nos dicen que no existe libertad para tocarle el bolsillo a los grandes y que solo podemos cambiarnos dos veces al año y a fondos adyacentes. Lo que busca la derecha es instaurar un corralito. Eso es sacarle el poto a la jeringa a un tema mucho más amplio. La invitación que hemos hecho en forma permanente al gobierno es a mirar el sistema de manera más amplia.

Lleguemos a un arreglo y a un acuerdo en términos de buscar un sistema de pensiones que sea efectivo para la ciudadanía y dejémonos de proyectos parche que lo único que buscan es asegurarles el bolsillo a los más ricos, tal como ocurre con esta iniciativa.

Espero que mi bancada, así como lo hizo nuestro representante en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, rechace un proyecto de estas características, porque atenta contra la ciudadanía, busca proteger a los más ricos y solamente demuestra la desconexión de un gobierno desfondado y sin norte respecto de las soluciones que hoy requiere la gente.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Sandoval .

La señora SANDOVAL (doña Marcela).-

Señor Presidente, la realidad de las pensiones en Chile es clara: luego de toda una vida de trabajo, y en algunos casos, incluso, sin lagunas previsionales, gran parte de nuestra fuerza laboral obtendrá pensiones indignas, en muchos casos bajo la línea de la pobreza. Lo anterior, sumado a las bajas remuneraciones que en promedio reciben los trabajadores y trabajadoras chilenos, completa un escenario crítico para los pensionados y futuros pensionados.

Desde diversos sectores hemos impulsado la configuración de un nuevo sistema de pensiones que garantice la vigencia del derecho a la seguridad social como tal, introduciendo elementos de solidaridad en la asignación de aquellas, en atención a que, a todas luces, el sistema actual de AFP demanda cambios estructurales que permitan que los trabajadores chilenos obtengan pensiones que les entreguen seguridad social, les garanticen una vejez tranquila y eliminen pensiones que los dejen bajo la línea de la pobreza.

El Ejecutivo -digámoslo con todas sus letras pretende establecer que la razón de la crisis del sistema de pensiones es la ejecución de cambios masivos de fondos por parte de los cotizantes. Este proyecto no tiene como objeto la mejora de las pensiones obtenidas por los cotizantes, sino garantizar la estabilidad de la dinámica financiera y bursátil que se origina, finalmente, en las administradoras de fondos de pensiones. En otros términos, el proyecto no tiene como objeto los y las cotizantes, sino las AFP y sus inversionistas.

Creemos que las pensiones no deben estar sujetas a los vaivenes del mercado, sino estar garantizadas como un elemento del derecho a la seguridad social y, en concreto, como un derecho social.

Este proyecto apunta justamente en el sentido contrario a esa convicción profunda de la democracia, consolidando la noción de que las cotizaciones previsionales de los trabajadores y las trabajadoras son simplemente insumos de especulación financiera y no medios para garantizar pensiones dignas.

Como lo han señalado otros diputados, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social rechazamos este proyecto por todas las razones señaladas. Es un proyecto ineficaz, porque hay un problema de fondo con la seguridad social en Chile. Por tanto, tenemos que seguir insistiendo en que lo que se necesita en nuestro país es una reforma sustantiva de las pensiones.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez .

El señor PÉREZ (don Leopoldo) [vía telemática].-

Señor Presidente, después de escuchar a varios colegas, es lamentable comprobar el grado de mentira o de ignorancia que contienen sus intervenciones, pues repiten discursos preparados por alguien para seguir mintiendo.

Este es un proyecto que, tal como lo han dicho quienes han informado sobre él desde la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, lo único que busca es dar estabilidad a los fondos de todos los chilenos. Cuando se dio cuenta de los problemas emanados de la pandemia y se propiciaron retiros de fondos, todas las falacias relacionadas con estos quedaron destruidas, pues los ciudadanos pudieron percatarse de que los mismos estaban bien resguardados, que ellos eran sus dueños y, además, que los fondos exhibían rentabilidades. Muchos de los que hoy han retirado dineros tienen la misma plata que tenían antes de ejecutar los retiros.

Este proyecto busca dar estabilidad. ¿Por qué? Aquí no se está prohibiendo nada. Por definición, en economía los mercados son imperfectos, ya sea que se trate de un mercado financiero, de un mercado de bienes y servicios, etcétera. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de regularlos a objeto de que tengan un comportamiento estable.

Aquí no se está defendiendo a nadie; muy por el contrario. Eso fue hecho por parlamentarios de oposición en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, pues defendieron intereses de personas que se dicen asesores, que de alguna manera profitan a través de pingües negocios, pero no se hacen responsables de las pérdidas que puedan sufrir los afiliados a los sistemas de pensiones.

Aprobaré este proyecto de ley, porque viene a solucionar un problema presente en el mercado y que surgió de la naturaleza misma de los fondos de pensiones. Eso la ciudadanía lo tiene claro, así que no sigan mintiendo y mezclando peras con manzanas. Este proyecto está hecho para solucionar problemas de liquidez y dar seguridad a quienes están rentabilizando los fondos de inversión.

Pido a la Sala y a todos los colegas, más allá de nuestras diferencias, que aprobemos este proyecto y demos una señal de que estamos trabajando para mejorar las pensiones. Muchos proyectos relacionados con esta materia están detenidos en el Senado. La idea es tener, de una vez por todas, una reforma previsional acorde con las necesidades de todos los chilenos y chilenas.

Este proyecto –insisto no es un “corralito”, sino una iniciativa que viene a salvaguardar los fondos de pensiones; no tiene otra intención. Quienes sí tienen intenciones son los que rechazarán la iniciativa.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ (vía telemática).-

Señor Presidente, he escuchado intervenciones con muchas descalificaciones. Uno podría partir diciendo que quienes voten a favor este proyecto lo hacen a favor de los grandes intereses de las AFP, pero prefiero no entrar en esa lógica, porque creo más bien en las buenas intenciones, en que hay algunos que creen en que esto es bueno y que no están cuidando intereses de los poderosos. Con todo, hay colegas del oficialismo que apuntan en otra dirección, y eso no es bueno.

Una de las grandes críticas que se hace a los candidatos presidenciales es que no tienen programa, o bien, que no existe un programa. Esa es la crítica común que se le hace a un candidato presidencial. Sin embargo, hay algo peor: tener un programa de gobierno y no cumplirlo.

¿Por qué digo esto? Porque, claramente, en la página 109 del programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera, él prometió a las personas levantar las restricciones al cambio de fondos y facilitar la libre elección. ¡Eso prometió el Presidente Piñera! Sin embargo, este proyecto hace justamente lo contrario: limita la libertad y establece una cantidad de restricciones.

Ahora, me llama la atención -lo dijo el diputado Amaro Labra que el gobierno se preocupe en demasía por este proyecto. Cuando discutimos la reforma previsional, trató de incorporar esto con una indicación que quisieron pasar muy piola, pero que fue rechazada, y después insistieron con este proyecto.

Quienes legítimamente creen en este sistema -yo no creo en este sistema, yo creo que las pensiones son materia de seguridad social y deben estar en manos del Estado y que las pensiones deben estar en manos privadas deberían enfocarse en corregir los abusos del sistema. Entrando en esa lógica, cuando discutimos la reforma previsional, yo presenté indicaciones para terminar con las comisiones fantasma, con el abuso de las comisiones que se cobran a los cotizantes -se cobran del sueldo bruto y no de lo que aportan los trabajadores-, y para cambiar las tablas de mortalidad. Todo eso fue rechazado por mis colegas del oficialismo y también por el gobierno, el cual podría haber patrocinado esas indicaciones.

Entonces, llama la atención que insistan en el tema del cambio de fondos. O sea, por un lado, están tan preocupados del dinero de los cotizantes, y, por otro, no se preocupan de corregir los abusos, que son cosas muy simples de corregir. Por supuesto que eso llama la atención.

Ahora, ¿qué pretende este proyecto? ¿Cuál es el fundamento del gobierno para impulsar este proyecto? Que ha aumentado considerablemente la frecuencia de los cambios y los montos. Nos dijeron que los que se cambiaban de fondo perdían 6 por ciento, como diciendo a la gente: “Usted no sabe lo que hace y está perdiendo”. Me llama poderosamente la atención que alguien que se cambia de fondo conscientemente quiera perder plata. Eso es bien insólito, porque, en general, quienes se cambian de fondo son los que están más informados.

Después nos dijeron: “No solo pierden los que se cambian de fondo, sino todos”. Entonces, ¿pierden todos o solo los que se cambian de fondo? Allí hay algo muy extraño que no se entiende.

La pregunta que nos hicimos en la comisión y que hoy le hago al gobierno es: ¿por qué la pasividad de la mayoría debería afectar la actividad de la minoría? O sea, a los que sí están preocupados del cambio de fondo les dice: “Ustedes no se preocupen, porque la mayoría no lo hace. Ahora, como ustedes están preocupados, les vamos a poner restricciones en esta materia”.

Eso no tiene mucha explicación ni mucha lógica. Le dijimos al gobierno que lo que se debería hacer es entregar educación previsional a las personas y no afectar la libertad; porque, como dijo el diputado Marcos Ilabaca , esto tiene que ver con la libertad. Es bien extraño que se restrinja la libertad de las personas en algunas ocasiones y en otras no. En ese sentido, son bien especiales para defender la libertad, porque cuando se va a tocar a los poderosos, no debe existir la libertad.

Personalmente, creo que lo que se debe hacer es entregar educación previsional a todos los chilenos para que sepan manejar sus fondos y que exista plena libertad para que el que quiera cambiarse de fondo lo pueda hacer. Esto no tiene que ver con defender a nadie; no debemos entrar en esa lógica -lo dije al comienzo de mi intervención-, porque es muy tonto culparnos unos a otros. Creo que hay otras maneras de defender o de estar en contra de este proyecto.

Tal como se hizo en la reforma previsional, en que el Congreso rechazó la indicación que quería incorporar esta norma, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social esta disposición fue rechazada por todos sus miembros, para que viniera a la Sala sin entrar en la discusión en particular.

Personalmente, siguiendo la misma línea y la misma lógica de mi voto en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, yo voy a votar en contra este proyecto en la Sala, y espero que la mayoría de mis colegas también lo hagan.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, las características de esta discusión tan puntal hacen confundir los roles. De pronto, quienes quieren una participación mayor del Estado están en contra, y quienes, incluso, pusieron en su programa mayor libertad para convertir a cada uno de los ahorrantes en una especie de especulador financiero, ahora quieren reducir esa libertad. Esa confusión tiene que ver con el objeto, porque no tiene ninguna lógica hacer cambios menores y cosméticos a un sistema que requiere reingeniería total.

Soy partidario de un sistema en que haya ahorro colectivo e interés colectivo; soy partidario de un sistema en que la participación del Estado sea protagónica. No soy partidario de mantener a las AFP compitiendo por las cotizaciones. Debería haber un único sistema de cotizaciones. Por supuesto, después habría que licitar para que los ahorros generen intereses.

Perdónenme, pero yo voy a votar en contra, porque esto no es otra cosa que el reconocimiento del fracaso y del abandono del gobierno a la necesidad de entrar en una reforma profunda al sistema de pensiones.

Hagamos una reingeniería del sistema en su conjunto. Esto no tiene que ver con la empresa Felices y Forrados , porque, como dijo el diputado Marcos Ilabaca , esto ya lo resolvimos en otra ley. Además, Felices y Forrados ya anunció su retiro del mercado gracias a esa ley.

No podemos seguir caminando en la dirección en que lo hemos hecho todos estos años, pensado que el ahorro para las pensiones se convierta en una especie de City Poll, en el juego en que cada uno se preocupa de cómo crece su inversión.

La verdad es que hay que entregar al Estado mayor protagonismo, hay que entregar a la solidaridad mayor incidencia en el sistema y, por supuesto, hay que continuar incrementando el ahorro y no los retiros.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON (vía telemática).-

Señor Presidente, el decreto ley Nº 3.500, que establece el sistema de pensiones y de administradoras de fondos previsionales, nunca estuvo diseñado para que todas las personas pudieran tener buenas pensiones o pensiones dignas, sino que fue un mecanismo para activar e incentivar la capitalización de las empresas chilenas. De esa manera, parte del entramado pone al trabajador o trabajadora como responsable exclusivo del porvenir cuando llegue su edad de jubilar.

Obviamente, eso hace aparentar que tienen poder sobre ese dinero, pero lo cierto es que parte de ese mismo dinero se ocupa para prestárselo a los propios trabajadores o trabajadoras a tasas más altas, a través de alguna de las empresas que se capitalizan con esos recursos.

Entonces, cuando vemos la historia de las reformas que ha tenido el sistema de AFP, constataremos que una de ellas fue a comienzos de los años 2000, cuando se instalaron los multifondos. Se asumió que de esa manera las personas tendrían más poder sobre su dinero y más opciones. Por lo tanto, esa bendita libertad sería la que haría aún más responsables a las personas por sus decisiones individuales -ya no solamente por su cotización obligatoria en su trabajo, sino además por sus decisiones financieras individuales para tener una buena pensión o no. Por tanto, si alguien después fallaba, se le podría decir perfectamente: “Usted tiene una mala pensión porque, primero, no cotizó lo suficiente -haciéndole ver como si las personas no trabajaran en los tiempos en que no tuvieron una cotización-, y, segundo, porque quizá usted tomó malas decisiones financieras; por tanto, es su culpa tener una mala pensión”. Eso le sirve mucho a la ideología de que un Estado se haga menos cargo de las pensiones. Es algo muy funcional a la idea de que las personas tengan que rascarse con sus propias uñas, incluso en términos previsionales, es decir, que tengan que prever para cuando lleguen a la edad de estar pasivas en términos laborales.

Lo cierto es que pocas personas entienden el sistema financiero. Por ello se popularizaron tanto, sobre todo en los últimos años con las redes sociales, las asesorías financieras previsionales. Se popularizaron porque hubo muchas personas que a partir de ciertos cambios de fondos y de ciertas recomendaciones lograron aumentar comparativamente los ingresos de sus cuentas. Probablemente, en promedio y según lo que dicen los estudios que analizaron los casos de todas las personas que se cambiaron de fondos, no hubo cambios significativos en sus ahorros previsionales, pero seguramente muchas personas sí lo lograron. Y quizás otras personas que siguieron ese camino llegaron tarde a los cambios, porque ya habían bajado de precio todas las acciones en el fondo elegido, dependiendo de los riesgos. Es decir, no obtuvieron ganancias, porque llegaron tarde al cambio de fondos.

Sin embargo, es cierto que se han registrado problemas derivados de esa práctica, que podrían afectar al conjunto de los pensionados y pensionadas. Cuando se producen cambios masivos de fondos, puede ocurrir que haya gente que se queda en dichos fondos, o en algún tipo de acción específica o en algún instrumento financiero, y que el precio de dichos fondos caiga producto de que muchos migraron de él. En consecuencia, la gente que se quedó en ellos ve como el precio de los mismos pierde valor. Pero eso no está considerado en la lógica de quien se cambia, porque el que se cambia pudo haber ganado. Al mismo tiempo, los que llegan tarde a comprar un activo que creció mucho de precio no ganaron sino que perdieron probablemente. Esas personas también sufren perjuicios derivados de la práctica del cambio de fondos.

Por lo tanto, creo que cualquier persona que entienda mínimamente la dinámica financiera puede comprender que hay problemas derivados del movimiento masivo de fondos.

Pero la pregunta es si el remedio de este proyecto de ley es mejor o no que la enfermedad y qué consecuencias tiene. En este caso, el proyecto de ley no resuelve el problema de las pensiones -tengámoslo claro: no resuelve ni un ápice, ni una gota, el problema estructural que tienen las pensiones chilenas ni tampoco termina con la ilegitimidad del sistema. El sistema está entregando malas pensiones porque carga la responsabilidad principalmente en las personas. Por lo tanto, este proyecto tampoco resuelve la ilegitimidad de un sistema de pensiones, porque para eso hay que crear un sistema nuevo que garantice pensiones dignas.

Tampoco termina con la volatilidad existente en los mercados financieros. Puede que quiera mitigarla un poco, pero no termina con ella.

Por lo tanto, pensando en un sistema de pensiones distinto -porque el gobierno ha sido bastante insistente, y creo que esta es la tercera vez que intenta hacer esto mismo a través de distintos proyectos de ley-, ¿por qué no eliminar los multifondos de la parte de capitalización individual que quede después de alguna reforma? Hay distintos modelos, como el que propone que la cotización adicional se vaya toda a un fondo solidario, de que sea distinta. Algunos creemos en un modelo completamente distinto, como el propuesto por la Coordinadora No+AFP. En ese sentido, los fondos se invierten y se capitalizan también, pero no necesariamente asociados a la responsabilidad individual de tomar esas decisiones, sino a la de un conjunto de personas que, de manera capacitada, puedan escoger la mejor forma de invertir esos recursos para el bienestar de todas las pensionadas y todos los pensionados.

Reitero la pregunta: ¿por qué no eliminamos los multifondos? Con eso se cancela cualquier tipo de especulación que las personas puedan hacer al momento de cambiar sus fondos.

¿Por qué no se hace a través de tramos etarios? Hoy día, por default, tienes una recomendación según tu tramo de edad, y hay algunas prohibiciones al final del camino cuando se está cerca de jubilar. Pero, en general, tú puedes cambiarte igual. Entonces, en vez de tratar de atacar la idea de que las personas tengan la libertad de escoger, que es lo que el sistema les ha dicho durante treinta años, esto es, que la plata es suya y que pueden hacer lo que quieran con ella, ¿por qué no eliminar los multifondos? Esta es una pregunta que se abre cada vez que uno toca el problema derivado del movimiento masivo de fondos. Se acabaría el problema si eliminamos los multifondos. Queda completamente claro: se acabaría el problema de los movimientos masivos de fondos. Esto es algo que quizás no le gustaría a algunos, porque se rompería con la ilusión de que las personas son dueñas de ese dinero y, al mismo tiempo, de que la mejor administración deriva del puro mercado, del intercambio de preferencias de las personas y de estas asunciones bastante absurdas y totalmente pasadas de moda, como que existe racionalidad en las decisiones económicas y completa simetría de información, que son los principios de la economía que nos rige. Está bastante descartado que eso ocurra en la realidad.

Nosotros vamos a rechazar este proyecto. Vamos a rechazarlo con mucha convicción y no porque no entendamos que existen problemas derivados de los movimientos masivos de fondos sino, principalmente, porque el gobierno intenta dar una especie de respiración boca a boca al sistema de AFP, que está agonizando, y lo hace tratando de quitarle incluso más legitimidad ante los usuarios que hoy piden cambiar fondos. Eso es lo que piden porque los dejaron a la deriva. Les dijeron: “Es responsabilidad de ustedes”. Bueno, háganse cargo ahora de las personas que están tratando de rascarse con sus propias uñas al mover sus fondos.

Nuestra alternativa es un sistema distinto. Si llega a haber un porcentaje de capitalización individual, la idea es que no existan los multifondos, porque eso aumenta las brechas de desigualdad y aumenta aún más la incertidumbre respecto de la pensión que puedan tener las personas, que es a lo que debería estar orientado nuestro sistema: proveer de las mejores pensiones posibles para todas y todos. Obviamente, siguiendo el camino de que a más cotizaciones, mejor pensión, y de que a mayores niveles de ingresos cotizados, también mejor pensión, pero con brechas mucho menores y con pisos mucho más altos que los que tenemos hoy. De esa manera favoreceremos la equidad de género y evitaremos la conflictividad social derivada de tener adultos y adultas mayores que tienen que ir a la feria a buscar los restos para poder comer, que no tienen plata para pagar las contribuciones o que no tienen una vivienda donde vivir.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Francisco Eguiguren .

El señor EGUIGUREN (vía telemática).-

Señor Presidente, cuando revisamos este proyecto de ley en la Comisión de Trabajo, hubo muchas intervenciones de representantes de distintos organismos, como el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones, de todos los sectores, y nadie tuvo un punto de discrepancia con respecto a la información y a los datos que nos entregaban a los diputados.

En la Sala se ha hablado mucho de libertad y del modelo, que en verdad no ha sido tan malo para la gente. A lo mejor es malo para aquellos que todavía piensan en los sistemas estatistas y centralistas. Pero este es un modelo que ha llevado a una movilidad social enorme y que ha permitido que el 23 por ciento de las personas que estaban en la pobreza hoy estén en los más altos quintiles. Eso no lo decimos nosotros, sino la OCDE. Y ese modelo habla de la libertad, pero la libertad hay que tenerla con información, y las personas que están en contra de este proyecto, que es lógico y obvio, por la elocuencia y por la claridad de la información, asumen esa postura solamente por un tema ideológico.

En la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, les dije a ellos en su cara: “De verdad, ustedes están acá tratando de desechar un proyecto que lo único que busca es proteger las pensiones de las personas, proteger los recursos propios de los trabajadores, como bien dicen todos hoy”. En ese sentido, qué bueno que tengan claro que esos recursos son de los trabajadores.

Esos recursos hoy deben ser protegidos sobre la base de datos concretos. Durante el 2020, se generaron 8,7 millones de traspasos de fondos de pensiones, alrededor de siete veces más que hace seis años. Para que sepan los trabajadores y trabajadoras -esto hay que decirlo clarito-, eso significa, en la práctica, el 20 por ciento de pérdida en la rentabilidad de los fondos de pensiones, debido a la cantidad de cambios efectuados.

¿Eso es legislar para la gente de trabajo en este país? No, pero sí lo es decirles: “Mire, como esto ya no ha funcionado, queremos protegerle sus fondos. Por eso, vamos a evitar la multiplicidad de cambios, para que sus fondos no pierdan, por ejemplo, el 20 por ciento de rentabilidad, de acuerdo con el ritmo de cambios que se está efectuando en la actualidad”.

Sin embargo, ¿quién está diciendo esto? ¿Lo está diciendo el gobierno del Presidente Piñera? No; lo afirman la OCDE, el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones y el Ministerio de Hacienda. Todos dicen que permitir que se puedan realizar traspasos entre los fondos de pensiones infinitamente es un mal mecanismo para mantener la rentabilidad de los recursos de los trabajadores que están en dichos fondos.

La experiencia internacional muestra que muchos países han establecido límites a los cambios de fondos de pensiones, como México, Colombia, Reino Unido, Israel , Canadá , Eslovenia , Letonia , Estonia , Corea , Costa Rica , Polonia , Rumania. ¿Están todos equivocados? ¿Todos están haciendo cosas que no corresponden? ¿Todos están en contra de los trabajadores y las trabajadoras? ¡Si así fuera, sería realmente increíble! No obstante, todos esos países están en el camino de limitar el cambio de fondos de pensiones.

Además, el límite que se propone establecer afectará solo al 1 por ciento de los pensionados, porque el 99 por ciento restante no genera tantos cambios de fondos. Aquel 1 por ciento perjudica la rentabilidad del 99 por ciento restante, que no son los superricos, de acuerdo con el lenguaje de la izquierda, sino trabajadores y trabajadoras.

Por eso, hago un llamado a la sensatez. Aquí no se está proponiendo legislar para favorecer a las AFP, sino para favorecer a las trabajadoras y a los trabajadores, a sus fondos de pensiones, para que no se sigan perjudicando.

Si bien los retiros de los fondos de pensiones que ya se han efectuado han sido necesarios, y por eso me jugué por ellos con convicción, porque vi que las personas de clase media los requerían con urgencia, estos han generado daño en las pensiones y en los fondos que siguen teniendo los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, por lo menos, protejámoslos; tratemos de hacer crecer esos fondos.

La forma de hacerlo es, por ejemplo, a través de este proyecto de ley, que lo único que busca, basado en la evidencia, especialmente a partir de lo que se ha visto en Chile y en el mundo, es que los fondos de pensiones no sigan perdiendo rentabilidad como consecuencia de los constantes cambios de fondos.

Asimismo, el proyecto tiene por objeto que los cambios que se lleguen a realizar sean informados, justificados y que en verdad mejoren la rentabilidad, a diferencia de lo que ocurre hoy, puesto que lo único que estos han hecho es perjudicar los fondos de pensiones de los trabajadores.

Para terminar, me gustaría que quienes voten en contra esta iniciativa digan si la multiplicidad de cambios de fondos ha beneficiado a los pensionados. No lo pueden decir, ya que carecen de respaldo.

Por lo tanto, seamos serios y votemos a favor este proyecto, que lo único que busca es favorecer a las trabajadoras y a los trabajadores de Chile, que lo han pasado pésimo, que han tenido que retirar sus fondos para poder mantenerse hoy en pie y que necesitan de esta ayuda para no seguir perdiendo rentabilidad en sus fondos de pensiones, que son tan importantes para el futuro.

Dios nos salvó de haber tenido un sistema de reparto en Chile, porque si así hubiese sido quizás cómo estaríamos en esta pandemia, ya que no habríamos podido sacar un solo peso de los fondos con el sistema que la izquierda y la extrema izquierda han sostenido siempre.

Gracias a Dios tenemos este sistema, gracias a Dios los recursos son de los trabajadores y gracias a Dios tenemos una legislación que permite no solo proteger, sino también potenciar la rentabilidad de los fondos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, siempre nos extrañó que el entonces ministro Ignacio Briones intentara incorporar indicaciones por distintas vías, como en el proyecto de ley de presupuestos y en reformas aquí y en reformas allá, relativas a la imposibilidad de que las personas puedan cambiarse de un fondo a otro. Uno encontraba sospechoso que tratara de pasar los distintos filtros desde el punto de vista del proceso legislativo.

Nos pareció bien que se presentara este proyecto de ley específico frente a esta situación, pero no estamos de acuerdo con la imposibilidad de tratarlo en forma independiente o aislada, tal como pretende el gobierno, ya que dice relación con una materia que está dentro del contexto que corresponde a la reforma previsional. O sea, no se puede decir hoy: “Vamos a reformar esta cosita por aquí, esta otra por allá”. Eso no puede ser. Tiene que haber un entendimiento del proceso completo y una comprensión sistémica de lo que está ocurriendo.

En la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, donde nos tocó analizar esta iniciativa, los únicos que asistieron a esa instancia fueron personas ligadas al mercado de capitales, como representantes de la Superintendencia de Pensiones y del Ministerio de Hacienda. O sea, el interés residía en qué le pasaría al fondo de pensiones, qué le pasaría a esa gran cantidad de dinero que hoy tienen, sin duda, los grandes empresarios y los grandes grupos económicos, recursos que ascienden a aproximadamente 206.000 millones de dólares.

Cuando uno se pregunta cuánto es lo que se paga anualmente en pensiones, se encuentra con la siguiente cifra: 5.000 millones de dólares, es decir, menos del 3 por ciento de ese fondo. Entonces, uno se pregunta: “¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos disponer de esos recursos para contar con financiamiento e inversiones, para que den la vuelta y el país se enriquezca o solo para que algunos lo hagan?”.

Uno no puede ver solo los fondos de pensiones y no considerar lo que le pasa a las pensiones, a los grupos económicos o a los superricos. No se puede pensar así.

Por el contrario, si esta materia la abordamos en forma sistemática, podremos entender y determinar dónde hay que mejorar. El pilar, el fundamento, es determinar de qué forma podemos sustentar hoy las pensiones en Chile.

Anuncio que votaremos en contra esta iniciativa. Lo haremos todas las veces que sea necesario, tal como lo hicimos en cada oportunidad en que se nos quiso pasar la “cuchufleta” que mencioné. Votaremos en contra esta iniciativa una y otra vez, porque si quieren discutir de verdad respecto de esta materia, hagámoslo en la reforma de pensiones.

Además, para que se entienda de una vez por todas, lo que queremos hacer en pensiones es tener, por lo menos, un sistema mixto, pero no la “cuchufleta” que nos quisieron pasar ayer, consistente en incorporar el 2 por ciento de nuevo en este sistema, de nuevo en la capitalización individual, para agregarlo a los 206.000 millones de dólares.

Por eso, tenemos que ser absolutamente cuidadosos con estas cosas chiquititas que uno cree que no tienen importancia, porque al final esta es una de las pocas cosas en que el usuario tiene libertad. Se dice: “Este es un sistema libre, donde puedo elegir”; sin embargo, ¿qué elijo? Díganme, por favor: ¿Qué elijo? ¿Qué cosa elijo? La AFP uno, la AFP dos, la AFP tres. ¡Eso es lo único que elijo! Y después, qué tipo de fondo tengo. ¿Y saben cuánto le cuesta a la persona conocer dónde se invierten los recursos del tipo de fondo que escogió? Esa información va desfasada como dos, tres meses. Recién ahí el cotizante puede saber dónde están invertidos esos dineros.

Aquí estamos hechos unos especialistas en ver letra chica. ¡Y en la Comisión de Trabajo con mayor razón! Estamos casi con lupa viendo todo para saber dónde nos van a meter la cuchufleta y la letra chica.

Esperamos que el gobierno entienda que nosotros no queremos tramitar este proyecto, y esperamos que la Sala lo vote en contra. Si quieren discutirlo de verdad, hagámoslo al alero de la reforma previsional, al alero de la creación de un sistema mixto, al alero de la creación de un fondo solidario, al alero de, raya para la suma, cómo mejoramos de verdad las pensiones. Porque no me vengan a decir que lo que propone el gobierno, este tres y tres, subirá las pensiones del sistema de capitalización individual.

En tal sentido, solo debemos dar claridad al país, saber cuál de las dos opciones, esto es, el modelo que plantea el gobierno o lo que nosotros proponemos, es capaz de mejorar las pensiones en Chile.

Por eso, como Federación Regionalista Verde Social, votaremos en contra la iniciativa, porque creemos que la gran batalla que hay que dar, y en esto esperamos ponernos de acuerdo en la oposición, tiene que ver con la creación de un sistema mixto, de un sistema solidario, de un sistema con el que podamos entregar certeza a las personas en materia de pensiones.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, este proyecto, que regula los cambios de fondos de pensiones, es absolutamente contradictorio. Esta es la tercera vez que el gobierno pretende que se apruebe el proyecto en comento, que ha sido rechazado en dos oportunidades, y que también se rechazó en la Comisión de Trabajo el 20 de abril pasado. El informe entregado por ella a la Sala así lo plantea.

Llama profundamente la atención que esta iniciativa no genera en lo sustantivo -ni siquiera lo anuncia un aumento de las pensiones, una mejora del sistema. Asimismo, que justamente los paladines de la libertad pretendan restringir la capacidad que tienen los trabajadores de cambiarse fondo.

Como planteó la diputada Sepúlveda recién, esto no puede tratarse de manera aislada. Uno tiende a sospechar que lo que se pretende proteger es a los grandes inversionistas y no precisamente a quienes cotizan en este sistema obligatorio de ahorro -no es un sistema de seguridad social-, lo que socava algo fundamental de este modelo, sus tres pilares: las AFP, las isapres y la banca.

Por eso, atentar contra la libertad que tienen los trabajadores de poder cambiarse de fondo llama poderosamente la atención, en un sistema de administración de fondos de pensiones que está absolutamente deslegitimado y respecto del cual por parte de los trabajadores no existe confianza alguna en sus operadores.

Por lo expuesto, votaremos en contra este proyecto.

Ahora, si se quiere regular y legislar en beneficio de los trabajadores, bueno, eso debe hacerse dentro de una negociación o en un proyecto de ley que abarque de manera integral el sistema de pensiones, y no con este gol de media cancha que pretenden pasar a última hora en este gobierno.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Finalmente, corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Antigua y Barbuda sobre Exención del Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, hecho en la ciudad de St. John’s, el 20 de junio de 2016.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, este proyecto de acuerdo se votará con la sola rendición de su informe y sin debate.

Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Gabriel Ascencio .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 11ª de la presente legislatura, en miércoles 31 de marzo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 21ª de la presente legislatura, en martes 20 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 15.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En reemplazo del señor Ascencio , rinde el informe el diputado Miguel Ángel Calisto .

El señor CALISTO (de pie).-

Señor Presidente, demás integrantes de la Mesa, distinguidas y distinguidos colegas, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me corresponde informar ante ustedes el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Antigua y Barbuda sobre Exención del Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, hecho en la ciudad de St. John’s, el 20 de junio de 2016, contenido en el boletín N° 14143-10, sin urgencia.

El acuerdo consta de un preámbulo y ocho artículos, que conforman su cuerpo principal y dispositivo, en que se despliegan las normas centrales de aquel, a los cuales no me referiré en aras del tiempo y en atención a que ellos se encuentran explicitados en el informe que los colegas tienen en sus pupitres.

En el estudio de este proyecto de acuerdo, la comisión contó con la asistencia, de manera telemática, del señor Andrés Allamand Zavala , ministro de Relaciones Exteriores, y del señor Franco Devillaine Gómez , director general de Asuntos Jurídicos de esa secretaría de Estado, quien expresó que el objetivo principal del acuerdo en discusión es el de eximir del requisito de visa a los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales para que dichos personeros puedan ingresar al territorio de Antigua y Barbuda o, recíprocamente, a territorio chileno y permanecer en la zona por un período superior a noventa días, sin necesidad de obtener un visado especial.

Asimismo, el señor Devillaine afirmó que en el acuerdo se resuelve la situación de aquellos funcionarios que sean destinados a los mencionados países, ya sea por misión diplomática o representación consular, para que puedan ingresar, permanecer y salir de su territorio mientras dure su destinación.

De igual modo, hizo presente que estos acuerdos normalmente se celebran y tienen plena justificación en el deseo de los países por estrechar sus lazos de amistad.

Además, aclaró que la exención del requisito de visa no libera a los beneficiarios de este tipo de acuerdos de cumplir con las leyes y reglamentos vigentes en el territorio de los otros países, y que el contenido de ellos se encuentra en armonía con la regulación y normativa de la nueva ley de migraciones, recién promulgada.

Finalizó el señor Devillaine precisando que, en general, estos acuerdos de exención de visa constituyen una excepción a la aplicación general sobre las normas de extranjería, dado que precisamente estos convenios se celebran para eximir tanto a los extranjeros que debiesen cumplir con los requisitos para ingresar al país como a los chilenos que se les debiera aplicar la legislación interna sobre extranjería en los otros países. Por ello, y como son normas que establecen privilegios especiales, se deben someter a la consideración del Congreso Nacional.

Puesto en votación en general y en particular, sin mayor debate, el proyecto de acuerdo en informe se aprobó por 11 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.

Votaron a favor los diputados señores Ascencio, don Gabriel ; Fuentes, don Tomás ; Jarpa, don Carlos Abel ; Kort, don Issa ; Mirosevic, don Vlado ; Moreira, don Cristhian ; Naranjo, don Jaime ; Schalper, don Diego ; Undurraga, don Francisco ; Vidal, don Pablo , y quien habla.

En conformidad con lo preceptuado en el artículo 302 del Reglamento de la Corporación, me permito hacer presente que la comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe.

Asimismo, determinó que sus preceptos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.

En consecuencia, la comisión decidió recomendar a esta honorable Cámara aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, cuyo texto se contiene en el respectivo informe.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.