Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en materia de espacios de habitabilidad de embarcaciones pesqueras artesanales y embarcaciones menores prestadoras de servicios a la acuicultura, contenido en el boletín N° 14178-21.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos es el señor Miguel Ángel Calisto .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 21ª de la presente legislatura, en martes 20 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 2.

-Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, sesión 47ª de la presente legislatura, en martes 22 de junio de 2021. Documentos de la Cuenta N° 16.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En reemplazo del diputado Miguel Ángel Calisto , rinde el informe el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y reglamentario, iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de espacios de habitabilidad de embarcaciones pesqueras artesanales y embarcaciones menores prestadoras de servicios a la acuicultura, con urgencia calificada de suma.

I. Constancias previas

1. Idea matriz o fundamental del proyecto

La idea matriz o fundamental del proyecto es perfeccionar la normativa relativa a los espacios de habitabilidad de embarcaciones pesqueras artesanales y embarcaciones menores prestadoras de servicios a la acuicultura, ampliando la protección de estas últimas.

2. Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado

No hay.

3. Trámite de Hacienda

No hay normas que requieran ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

4. Votación

El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Votaron a favor la diputada Daniella Cicardini (en reemplazo del diputado Luis Rocafull ) y los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Bernardo Berger , Jorge Brito , Marcelo Díaz , Rubén Moraga , Pablo Pietro , Leonidas Romero y Jaime Tohá .

Se informó por parte de los diputados integrantes de la Comisión en forma mayoritaria que el proyecto viene a perfeccionar la normativa relativa a espacios de habitabilidad de embarcaciones pesqueras artesanales y de embarcaciones menores prestadoras de servicios a la acuicultura, al ampliar la protección a estas últimas.

Se explicó que la ley Nº 21.287, publicada en el Diario Oficial el 12 de diciembre de 2020, modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura con el objeto de definir las condiciones de habitabilidad que deben cumplir las embarcaciones pesqueras artesanales y las que prestan apoyo a la acuicultura, disponiendo que ambas deberán estar provistas de elementos y características destinados a otorgar a la tripulación ambientes de seguridad, salud, higiene, confort y, en general, de espacios de alojamiento, alimentación y aseo que garanticen condiciones dignas de trabajo. Sin embargo, la modificación introducida presenta algunos inconvenientes, que dificultan que su aplicación genere efectivamente los beneficios que la inspiraron.

En efecto, la ley Nº 21.287 incorporó en el catálogo de definiciones de la Ley General de Pesca y Acuicultura el concepto de embarcación de apoyo a la acuicultura, concepto que finalmente no es utilizado en ningún otro artículo de dicha ley.

Además de lo anterior, la modificación introducida por la ley Nº 21.287 establece que un reglamento determinará las condiciones de habitabilidad y bienestar que deban cumplir las embarcaciones pesqueras artesanales y las pesqueras artesanales de apoyo a la acuicultura, no señalando nada respecto de las embarcaciones que prestan servicios a la acuicultura que no tienen la categoría de artesanal, y que son precisamente las que pretendía beneficiar aquel proyecto.

Se precisó, entonces, que era riesgoso, en tanto cualquier actividad no contenida en la ley, que quedara fuera de categoría. Además, la actividad de apoyo se encuentra asociada principalmente con salmonicultura, en circunstancias de que la acuicultura es más amplia (moluscos y algas).

Se puntualizó que ahora las embarcaciones que prestan servicios a la acuicultura, que no tienen la categoría de artesanal, podrán optar a la excepción contemplada para la embarcación pesquera artesanal, respecto de excluir del volumen total del arqueo bruto aquellos espacios cerrados destinados única y exclusivamente a la habitabilidad y bienestar de la dotación. De esta forma, podrán aumentar su capacidad para efectos del servicio que presten (traslado de personas, alimento, peces vivos, cosecha, redes, etcétera.) sin que, con ello, cambie la categoría de la embarcación, lo que supone requisitos adicionales y que se cumpla con las condiciones de seguridad en la navegación.

Ante ello, los diputados integrantes de la comisión se manifestaron proclives, en forma mayoritaria, a aprobar el concepto de “embarcación menor prestadora de servicios a la acuicultura”, contenido en el proyecto, concepto que actualmente ya es usado en la legislación pesquera y acuícola (86 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura), y también respecto de las labores que comprenden dicha actividad, entregando al reglamento el establecimiento del procedimiento para la determinación de aquellas otras actividades no contenidas en esta ley.

Asimismo, aprobaron conceder a las embarcaciones menores prestadoras de servicios a la acuicultura el beneficio que buscaba originalmente la ley Nº 21.287, esto es, excluir del arqueo bruto los espacios de habitabilidad, debiéndose respetar, en todo caso, para cada categoría de embarcación, las condiciones de seguridad necesarias para realizar las diversas actividades de prestación de servicios.

Finalmente, se manifestaron de acuerdo, mayoritariamente, en que la norma transitoria del proyecto contemplara el plazo de un año para la dictación del respectivo reglamento.

B) Indicaciones rechazadas

Del Ejecutivo:

Al artículo único, que pasa a ser 1°.

1) Para agregar un literal a), nuevo, pasando el actual a ser b), del siguiente tenor: “a) Reemplázase el párrafo primero del numeral 14) por el siguiente:

“14) Embarcación pesquera artesanal o embarcación artesanal: es aquella explotada por un armador artesanal e inscrita en el Registro Pesquero Artesanal, de una eslora máxima no superior a 18 metros y 80 metros cúbicos de capacidad de bodega, garantizando la seguridad y el que no haya aumento del esfuerzo pesquero. Las embarcaciones pesqueras artesanales con espacios cerrados deberán contar con áreas destinadas única y exclusivamente a la habitabilidad y bienestar de la dotación, es decir, cocina, comedor, camarotes, puente, baños y salas de descanso, que dé garantías de seguridad y navegabilidad, conforme las condiciones que fije el reglamento indicado en el párrafo segundo del numeral 14 B).”.

Artículos e indicaciones declaradas inadmisibles

No hay.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, este proyecto fue objeto de una discusión breve en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, ya que el Ejecutivo hizo presente la urgencia calificada de suma a esta iniciativa que es muy relevante.

En ese contexto, me preocupa la celeridad que le dieron, porque aquí estamos hablando de la vida de los tripulantes, de las condiciones en que ellos laboran en las naves menores.

En una sesión de la comisión pregunté a un subsecretario y a un comandante de la Armada en qué consistía esto, cómo se mejoraba la habitabilidad de las naves menores si la eslora máxima es de dieciocho metros, cuando ya está definida la bodega, cuando la cocina, el comedor y los dormitorios son insuficientes para la cantidad de tripulantes. Ellos me respondieron: “No, la verdad es que tienen que ver cómo mejoran y ocupan los espacios no utilizados”.

¡Perdón! No sé si han subido alguna vez a una lancha pesquera o estas a naves menores, pero la verdad es que en ellas falta espacio, no sobra. “No, es que se tienen que dar las condiciones”, me decían.

Sobre el particular, cito un ejemplo. A la señora Juanita le entregan una vivienda social de 50 metros cuadrados, y le dicen: “Señora Juanita , usted puede ampliar el comedor, pero no puede pasarse de los 50 metros cuadrados que le entregamos”. ¿Qué hace la señora Juanita ? A lo mejor elimina el baño o un dormitorio para ampliar el comedor; no hay otro modo.

¿O se permitirá seguir construyendo naves que parecen cáscaras de nueces, que son más anchas y más profundas, porque el largo no puede cambiar? Si cambia la eslora o el largo de la nave, esta cambia de categoría y pasa a una superior, en que a lo mejor -estoy elucubrando y prejuzgandose exigirá la presencia de un oficial, de nuevo personal, del que deberá hacerse cargo el armador. Pero no hay respuesta para aquello.

Quiero contar a los colegas que el domingo pasado tuve la suerte de ser invitado a conocer un catamarán que se construyó en nuestra región, en la caleta de pescadores Lo Rojas, para prestar servicios a la salmonicultura. La embarcación es espectacular: comedores y dormitorios dignos, baños de calidad; sin embargo, tuvieron la “mala ocurrencia” de poner un techo, una protección en un sector de la superficie, para que cuando se mojaran las ropas de los trabajadores, estos se las pudieran cambiar en forma digna antes de bajar al dormitorio. La capitanía de puerto y la gobernación marítima dijeron que ahora cambiaba de categoría, porque…

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

Tiene la palabra, en forma telemática, el diputado Raúl Saldívar .

El señor SALDÍVAR (vía telemática).-

Señor Presidente, el proyecto que votaremos hoy y que contó con el respaldo unánime de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos viene a subsanar un déficit que dejó la ley N° 21.287, que busca establecer mínimos en cuanto a habitabilidad en las embarcaciones, especialmente cuando las faenas son largas y los trabajadores deben permanecer mucho tiempo en ellas, lo cual concitó apoyo transversal en ambas Cámaras. Pero, a pesar de su espíritu, la ley no ha podido tener los alcances pensados debido a la carencia de una definición que incorpore a las embarcaciones artesanales, que es donde precisamente se encuentran quienes eran los potenciales beneficiarios de dicho cuerpo legal.

Por esta razón, esta iniciativa incorpora una definición que materializa quiénes se verán regulados por la norma, definiendo en este caso a las embarcaciones menores que prestan servicios a la acuicultura, considerando dentro de los servicios a prestar el de transporte de pasajeros, de personas, de estructuras de cultivo; retiro de ejemplares muertos, toma de muestras para controles sanitarios, ingreso de alimentos para ejemplares de cultivo, entre otros.

Este proyecto es relevante para una industria pujante, y especialmente para un país con más de 4.000 kilómetros de costa. Con las modificaciones propuestas por este proyecto se verán beneficiados trabajadores que se desempeñan en faenas que muchas veces se realizan en varios días, en condiciones difíciles, por lo que, por cierto, la habitabilidad de las embarcaciones debe ser preocupación constante de los empleadores. No debe ser solo el cumplimiento de la ley lo que motive la determinación del respeto a la dignidad de una persona, sino que esta tiene que ser, por sobre cualquier exigencia legal, un imperativo ético.

Por lo dicho, ratificaré con mi voto lo obrado en la Comisión de Pesca y apoyaré este proyecto que busca mejorar las condiciones de los trabajadores y de las faenas.

Desde la Región de Coquimbo, donde hoy una bendición cayó sobre esta tierra: una lluvia extraordinaria, saludo y reitero mi apoyo a este proyecto.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio .

El señor ASCENCIO (vía telemática).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a todos desde Chiloé , donde llueve todos los días.

Quiero hacer presente a los colegas que estamos discutiendo un proyecto que corrige otro que aprobamos el año pasado y respecto del cual el gobierno se había comprometido a enviar un veto para resolver dos o tres situaciones que quedaron pendientes. Como no se envió el veto, entonces se presentó un proyecto de ley por el tiempo transcurrido.

Lo relativo a la habitabilidad ya se conversó en la iniciativa anterior; eso se puede seguir corrigiendo. Pero hoy no estamos hablando necesariamente de habitabilidad, sino de tres temas que quedaron pendientes, uno de los cuales tiene ver con una definición bien importante: la de embarcación de apoyo a la acuicultura, que no tiene otro desarrollo legislativo. Por eso, la Comisión de Pesca nos propone utilizar un término usado en otras partes de la ley en proyecto: embarcación menor prestadora de servicios a la acuicultura, y la define como “aquella inscrita en los registros de naves menores de la Autoridad Marítima respectiva, destinada a prestar servicios a la acuicultura en las fases de instalación, operación y cierre de la actividad.”. Aquí no se define a la nave de apoyo a la acuicultura según las tareas específicas que se realizan, sino a partir del hecho de prestar un servicio relacionado con dicha actividad. Creo que ese cambio contribuye a mejorar la ley que aprobamos en octubre o diciembre del año pasado -es muy reciente-, porque aquí incorporamos la definición de acuicultura a naves que prestan servicios a esa actividad y que no estaban contempladas en la ley de pesca. El segundo cambio que realiza este proyecto a esa ley anterior es que el Ejecutivo definirá cuál será la autoridad que se encargará de dictar el reglamento en que se señalen las condiciones de habitabilidad que deben cumplir las naves, materia sobre la cual no fue posible profundizar en la tramitación de la otra iniciativa, porque se trató de una idea surgida en una moción; por tanto, nosotros estamos apoyando lo aprobado por la comisión, esto es, que los ministerios de Defensa Nacional y de Economía sean los encargados de dictar dicho reglamento.

La tercera modificación adecua la unidad de medida a utilizar por embarcaciones pesqueras. Lo que aquí se hace es unificar una medida, la de arqueo bruto, lo que permite hacer aplicable el beneficio sobre metraje cúbico que considera la ley que aprobamos a finales de 2020.

Por lo tanto, veo como positivos los cambios propuestos y aprobados por unanimidad por la Comisión de Pesca. Los invito a votar a favor de este proyecto, y espero que pronto se convierta en ley, una vez que pase por el Senado.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Javier Hernández .

El señor HERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, sin lugar a dudas, la pesca constituye una de las actividades económicas más importantes de Chile y es una fuente de ingresos para muchas familias de nuestro país. Por ello resulta importante que la legislación aplicable en esta materia defina las condiciones que deben cumplir las embarcaciones para otorgar garantías de seguridad y habitabilidad a los tripulantes.

En esta línea, el año recién pasado aprobamos la ley N° 21.287, que define claramente las condiciones de habitabilidad de las embarcaciones pesqueras artesanales y aquellas que prestan apoyo a la acuicultura, estableciendo ciertos requisitos para asegurar el bienestar de la tripulación en ambientes de salud, higiene, comodidad y, en general, espacios de alojamiento, alimentación y aseo que garanticen condiciones dignas de trabajo.

No obstante, el referido cuerpo legal no menciona nada respecto de las embarcaciones menores que prestan servicio a la acuicultura, existiendo la necesidad de ampliar la protección a dichas embarcaciones. El proyecto en discusión se hace cargo de esta realidad incorporando a las embarcaciones que no fueron consideradas en la ley N° 21.287, es decir, naves menores prestadoras de servicios a la acuicultura, a fin de otorgar garantías de seguridad, equipamiento, habitabilidad y bienestar en dichas embarcaciones.

Entre esas garantías se incluyen condiciones de ventilación, salud, higiene, ubicación, calefacción y mitigación de ruido, las que serán determinadas en un reglamento dictado por los ministerios de Defensa Nacional y de Economía, Fomento y Turismo, de conformidad con la zona geográfica y la actividad que realiza la embarcación.

En consecuencia, el proyecto aborda una necesidad importante, siendo un avance en la legislación protectora de las embarcaciones menores prestadoras de servicios a la acuicultura.

Por ello, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa y espero que pronto sea ley de la república.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Rubén Moraga .

El señor MORAGA.-

Señor Presidente, como bien señalaron colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, la pesca artesanal y las embarcaciones menores utilizadas en el apoyo de la cadena de producción acuícola emplean a trabajadores y trabajadoras que, hasta el momento, carecen de garantías de seguridad y habitabilidad al interior de su lugar de trabajo mientras ejecutan las labores en el mar.

Esa es la realidad que tenemos hoy día, dicha de forma concreta y clara. Las condiciones en las que se encuentran estos hombres de mar son precarias, por no decir indignas y paupérrimas. Así lo han constatado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y diversas organizaciones de la sociedad civil.

Esta situación afecta a miles de trabajadores en el mundo, y en Chile la situación laboral es la misma. Respecto de los trabajadores y trabajadoras de la pequeña y mediana empresa que prestan servicios en cualquier cadena productiva relacionada con la explotación de los recursos naturales, la situación sigue siendo muy precaria e indigna, y, en algunos casos, anclada a paradigmas del siglo XX. Las condiciones laborales, en cuanto a seguridad y habitabilidad, siguen varadas en una condición casi servil, en que los patrones solo consideran que su obligación es pagar el salario, y con eso basta, y los trabajadores deben darse las garantías de seguridad para poder ejercer su labor. Esta situación ocurre en la pesca, en la agricultura, en la pequeña minería, en la pequeña industria química y en tantas otras actividades económicas.

Sin la legislación correcta, sin fiscalización y sin el apoyo estatal esa situación será difícil de corregir. El Estado debe dar las facilidades y el apoyo para que las pequeñas y medianas empresas o industrias se adapten a los cambios y a las concepciones de derechos que avanzan en el siglo XXI.

Hoy al menos estamos corrigiendo estos errores respecto de los trabajadores de las embarcaciones menores al establecer la posibilidad de que puedan aumentar la cuantía de arqueo bruto, para que el aumento del volumen no signifique salir de la clasificación de embarcación artesanal o embarcación menor, y, de esa forma, se puedan mantener las excepciones asociadas a esta clasificación.

La vida en un medio que no es el natural, el mar, es compleja, por lo que se requiere seguridad y condiciones mínimas de habitabilidad. Este proyecto de ley va en ese sentido.

Las nuevas embarcaciones podrán construirse aumentando su largo, ancho y altura, sin que eso signifique salir de la clasificación de embarcación menor, y las existentes podrán adaptar su volumen reacondicionándose en su espacio cerrado con el mismo beneficio.

Esta nueva medida de volumen en la clasificación es algo que se venía utilizando en muchos lugares del mundo desde hace más de cuarenta años.

Este proyecto permitirá mejorar la seguridad y calidad de vida de los trabajadores al interior de esas embarcaciones, lo que va de la mano con las facilidades que se deben entregar a la pequeña empresa. De eso trata el rol del Estado: de proteger, facilitar y fiscalizar.

Llamo a votar favorablemente esta iniciativa, por todos estos trabajadores que arriesgan su vida y su salud para hacer un Chile más digno, más justo y soberano. Espero que las garantías estén dadas en la nueva Constitución, por un trabajo digno y bien remunerado.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, respecto del presente proyecto de ley, los colegas ya han señalado lo beneficioso que significará que los ministerios de Defensa Nacional y de Economía, Fomento y Turismo, y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) puedan llevar a efecto la serie de medidas que considera esta regulación.

La pesca artesanal es una de las actividades más sacrificadas, especialmente para los pescadores de las caletas y sectores de la región que represento, que tiene una de las mayores cantidades de caletas pesqueras, entre Puerto Aldea y el sector de La Higuera, en Coquimbo.

Dentro de ese ámbito, creemos que son importantes estas medidas que se orientan hacia la seguridad y, sobre todo, el resguardo, especialmente en época de invierno, como ahora, con lluvia al interior del mar y con el fuerte oleaje, lo que trae muchas consecuencias graves para la salud, razón por la que tenemos una gran cantidad de pescadores enfermos.

Si bien este proyecto viene de alguna manera a reflejar la realidad que viven los pescadores artesanales, espero que el Ministerio de Defensa Nacional, y especialmente la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y otros organismos puedan fiscalizar que estas naves cuenten con las condiciones mínimas. Al respecto, debemos pensar que estamos en pandemia, por lo cual los miles de pescadores de nuestro país necesitan recursos para poder implementar y habilitar estas naves pesqueras, que son botes pequeños y medianos. En resumidas cuentas, no basta solo con exigir que tengan seguridad, estabilidad y todos los elementos no solo para el titular, sino también para quienes trabajan ellas.

Hay un aspecto de esta iniciativa que va a ayudar en relación con un proyecto que está impulsando el diputado Jorge Brito , que tiene que ver con que muchas de estas naves, aparentemente pequeñas, tienen fondos o recipientes, por así decirlo, que les permiten sacar una cantidad mayor de pesca en comparación con las demás. En ese sentido, el Sernapesca y los distintos servicios relacionados no hacen las fiscalizaciones correspondientes.

Por lo tanto, este proyecto va a ayudar en dos ámbitos de la pesca artesanal: en el de la seguridad, de la estabilidad y de reconocer a los pescadores artesanales, pero también en regular respecto de una fiscalización injusta que hacen algunos en desmedro de otros.

Votaré favorablemente este proyecto.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, no hay duda en cuanto a que la pesca es muy relevante para el país, pero sobre todo para regiones como la de Tarapacá, que represento.

La ley N° 21.287, publicada en el Diario Oficial en diciembre de 2020, modificó la ley general de pesca y acuicultura con el objeto de definir las condiciones de habitabilidad que deben cumplir las embarcaciones pesqueras artesanales y las que presten apoyo a la acuicultura, disponiendo que ambas deben estar provistas de elementos y características destinados a otorgar a la tripulación ambientes de seguridad, salud, higiene y confort, y, en general, espacios de alojamiento, alimentación y aseo que garanticen condiciones dignas para el desempeño del trabajo de dichas tripulaciones. Sin embargo, la modificación introducida presenta algunos inconvenientes que dificultan que su aplicación genere los beneficios deseados.

En efecto, dicha ley incorporó un catálogo de definiciones y estableció el concepto de embarcación de apoyo a la acuicultura, pero lo cierto es que no era utilizado por ningún otro texto legal. La modificación en comento estableció que mediante un reglamento se determinarían las condiciones de habitabilidad y de bienestar que deberían cumplirse, pero no señalaba nada respecto de este tipo de embarcaciones de manera específica.

Esa falta de precisión es riesgosa, por cuanto cualquier actividad que no estaba contenida en la ley quedaba fuera de esta categoría. Además, la actividad de apoyo se encuentra asociada principalmente a la salmonicultura, en circunstancias de que la acuicultura es mucho más amplia e incluye a moluscos y a algas.

Por lo tanto, con este proyecto, las embarcaciones que no tienen la categoría de artesanal, pero que prestan estos servicios a la acuicultura, podrán optar a las excepciones contempladas para la embarcación pesquera artesanal. Se había establecido una exclusión y una ambigüedad que, obviamente, podía generar problemas en el futuro.

Con este proyecto se precisa ese concepto que se estableció de manera unánime en la Comisión de Pesca y Acuicultura, concediendo a estas embarcaciones menores, prestadoras de servicios a la acuicultura, el beneficio que buscaba originalmente la ley que se modificó hace algún tiempo.

Por lo tanto, al entender la lógica y el objetivo final de esta modificación, apoyaremos este proyecto.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, conversaba con el diputado Cosme Mellado sobre las necesidades que tiene la gente de mar, tanto los que salen mar adentro, en este duro trabajo, como quienes se quedan en tierra. Se requieren muchas más normas que protejan las condiciones de esta gente de mar, como el contrato a la parte, el descarte, los problemas de captura, el desperdicio de recursos, la contaminación que se produce y que no ha sido resuelta, la pesca ilegal, los ajustes en las cuotas de pesca y las matrículas en regiones que tienen recursos versus aquellas que no los tienen. En fin, la pesca merece una preocupación mayor por parte del Ministerio de Economía. Lo digo días antes de la celebración de San Pedro, patrono de los pescadores, a quien se encomiendan cuando tienen que salir a realizar su dura faena.

El proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de espacios de habitabilidad no responde a las expectativas de los trabajadores. Si bien hay que aprobarlo, no es menos cierto que solamente corrige una norma que ya aprobamos en el Congreso Nacional en diciembre de 2020. Lo único que hace, mediante dos artículos permanentes, es precisar el concepto de embarcación que presta apoyo a la acuicultura, nada más. Ya sabíamos que las embarcaciones de apoyo a la acuicultura son aquellas que, valga la redundancia, apoyan la instalación, operación, traslado, mantenimiento y reparación de toda la estructura que se necesita para la acuicultura y que son necesarias para el traslado de la cosecha y del personal. Lo que hace el proyecto es simplemente precisar lo que es este tipo de embarcación. Luego, establece algunas definiciones de las embarcaciones menores prestadoras de servicios y señala que el reglamento debe ser preparado por el Ministerio de Defensa Nacional, pero no especifica la autoridad que lo dictará.

El artículo segundo califica como naves menores las que tienen menos de cien unidades de arqueo bruto. Eso quizá es más interesante.

Insisto: hay que aprobar este proyecto para avanzar, pero los pescadores necesitan muchísimo más en cuanto a normas que permitan de verdad realizar su labor de forma sustentable, tanto para la gente como para los propios recursos. Estamos yendo por el costado y no entrando al fondo de lo que necesitan los pescadores.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, la pesca representa una actividad de tremenda importancia en la economía de nuestro país. Por ello, la ley Nº 21.287, publicada en el Diario Oficial el 12 de diciembre de 2020, que modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura con el objetivo de definir las condiciones de habitabilidad que deben cumplir las embarcaciones pesqueras artesanales y las que presten apoyo a la acuicultura, resultó un hito importante en la mejora de las condiciones laborales del sector pesquero.

Lamentablemente, por un error, las embarcaciones menores que prestan servicios a la acuicultura quedaron fuera de las disposiciones pertinentes en la referida ley Nº 21.287. Si bien ellas no tienen la categoría de artesanal, eran precisamente a quienes pretendíamos beneficiar con esa ley, considerando la gran importancia que tienen en el apoyo a las actividades de la pesca artesanal.

Por ello, se hace imprescindible que introduzcamos las modificaciones que subsanen esa omisión para entregar a las embarcaciones menores prestadoras de servicios a la acuicultura el beneficio que buscaba originalmente la ley Nº 21.287, esto es, el arqueo bruto, los espacios de habitabilidad y las condiciones mínimas de navegabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis colegas el apoyo unánime a este proyecto de ley para que podamos tener una tramitación lo más expedita posible y subsanar este traspié.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán siete minutos para las bancadas que tengan dos o más Comités y cinco minutos para el resto.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Mixta. Documentos de la Cuenta N° 6 de este boletín de sesiones.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

En discusión las proposiciones de la Comisión Mixta.

Tiene la palabra el diputado Hugo Rey .

El señor REY.- Señor Presidente, es importante que ojalá todos nuestros niños y niñas puedan acceder al kínder y que este sea obligatorio, porque no hay nada más importante que el incentivo por la educación en el comienzo de la etapa educativa. La subsecretaria de Educación Parvularia señaló en la comisión que la asistencia a un establecimiento educacional marca y hace la diferencia, y nadie puede estar en desacuerdo con esa afirmación.

Tenemos una inasistencia crónica en niños de cuatro a cinco años. De hecho, se señala que cerca de 66 por ciento de los niños de esa edad son inasistentes crónicos, por lo que, lamentablemente, no logran alcanzar el desarrollo que se requiere a una edad temprana.

Soy profesor de Educación General Básica y me tocó recibir a niños que habían estado en kínder y en prekínder, y a niños que no lo hicieron o asistieron de forma intermitente, con inasistencias enormes. En verdad, se nota la diferencia en las habilidades que manejan estos niños.

Hay que elaborar un plan especial de nivelación para todos los niños que no recibieron educación en kínder o que la recibieron de manera incompleta. Eso es algo que advertimos quienes estamos en el aula, quienes educamos.

Por supuesto que es importante la educación a edad temprana, para que nuestros niños y niñas tengan las mismas herramientas para salir adelante.

La subsecretaria también señaló que la educación temprana tiene relevancia, porque, entre otros aspectos, es el momento en que se desarrollan habilidades cognitivas y no cognitivas que impactan en el comportamiento de los niños; se potencian habilidades relacionadas a las funciones ejecutivas, como es el caso de la concentración, el entendimiento, la comprensión de instrucciones, sobrellevar la decepción y la frustración, y desarrollar la interacción, entre otros; se desarrolla el lenguaje y se incentivan habilidades socioemocionales y hábitos.

¡Cómo no va a ser importante!

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo al señor ministro de Educación, a la señora subsecretaria de Educación Parvularia y a sus respectivos asesores.

Hay que celebrar el proyecto, más que resaltar las discrepancias que generó entre la Cámara de Diputados y el Senado, las que se dieron en la lógica de la democracia. Así, al no existir acuerdo, se constituyó una Comisión Mixta, con la presencia activa del Ejecutivo, que se encargó de resolver dichas diferencias.

Quisiera que la iniciativa se extendiera hacia los sectores más vulnerables, porque en los de clase media y media alta esto existe, tanto en los colegios particulares subvencionados como en los particulares, pero los beneficios del proyecto no llegan hasta los sectores más populares, que es lo que en general pretende la iniciativa.

Como la educación de kínder no es obligatoria, se ha producido una inasistencia crónica, que, según cifras, llega a 80 por ciento. Eso también se debe a un tema cultural del que todos debemos hacernos cargo. En ese punto solicito, con mucho respeto, al Ministerio de Educación, que instruya a todas las instancias pertinentes, a las municipalidades y a los sostenedores, para que hagan seguimientos, a fin de que los padres y las madres, más allá de lo que les ha tocado vivir a causa de la covid-19, procuren que los niños sean preparados de la mejor manera, como ocurre a nivel mundial. Cuando los niños son pequeños y mientras van creciendo, sus neuronas están preparadas para captar todo lo que se les enseña. Si no les entregamos una educación de calidad, en este caso en el kínder, indudablemente, al llegar a primer año básico, habrá niños que van a tener desventajas frente a otros. Eso es lo que ocurre, lamentablemente, en muchas escuelas rurales, donde los niños que no han cursado kínder ingresan a primer año básico con menos preparación. Esa experiencia marca al niño durante toda su vida. En ese sentido, la Comisión Mixta propone fortalecer a los niños que no cursaron kínder y que ingresarán directamente a primer año básico.

Destaco este proyecto, porque contiene un compromiso del Ejecutivo en relación con el aporte de recursos, que no solo se destinará para la contratación de más educadoras de párvulos, sino también para la adecuación de la infraestructura de muchos establecimientos.

¡Cómo no sentirnos satisfechos -especialmente este diputado de la Región de Coquimbo, una de las que tiene menor nivel de escolaridad y productividad de que nuestros niños, nuestros futuros profesionales, quienes van a dirigir el país, tengan mayor educación desde pequeños!

Hago un llamado a los padres y madres, a los matrimonios y, especialmente, a las madres solteras, a aprovechar la oportunidad que el Estado les está entregando a través de este proyecto que hoy, como legisladores, tenemos la posibilidad de aprobar, que permite que los niños tengan la seguridad de que contarán con las herramientas para traspasar la barrera entre la educación preescolar y la básica. Es lo mismo que ocurre cuando los niños egresan de octavo básico y se enfrentan a la enseñanza media, o cuando, desde la enseñanza media, con algo de temor, ingresan a la universidad. Esos pasos tienen que ser normales en nuestro país. Hoy, el éxito de los países en desarrollo que han ido avanzando en la educación se debe justamente a más educación y formación de calidad, y a que cuentan con las herramientas necesarias.

Señor Presidente, por su intermedio, le comento a la subsecretaria de Educación Parvularia que hay algunas corporaciones -son pocasque no están haciendo bien su pega. En el caso de la Región de Coquimbo, el sistema rural está casi completamente abandonado y los profesores no pueden hacer clases vía online. Por lo tanto, ahí se requiere una mayor preocupación.

Más allá de esos problemas, felicito y agradezco a los diputados y senadores de la Comisión Mixta.

Por el bien del país y de nuestros niños, vamos a votar a favor este proyecto.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Pardo .

El señor PARDO.-

Señor Presidente, este proyecto de ley, que fue unánimemente aprobado por la Cámara de Diputados, sufrió un revés en el Senado. Creo que primaron criterios ajenos al interés de los niños. Por eso, mi primer llamado es a que esta Corporación apruebe lo que quedó de este proyecto, porque, por lo menos, mantiene recursos para que 6.350 niños, en su inmensa mayoría pertenecientes a los dos quintiles más bajos de la población, puedan acceder al kindergarten y beneficiarse de esta etapa educativa tan importante en la trayectoria educativa final de todos los niños.

Todos los expertos nos explican y enseñan que justamente en esa etapa preescolar se forman las habilidades afectivas y socioemocionales que permitirán a los niños tener posteriormente una trayectoria estable y permanente en su proceso educativo.

Además, en relación con la inasistencia que prevalece en el nivel de kindergarten, sabemos que el 66 por ciento corresponde a insistentes crónicos y que todos los estudios nos muestran que ese tipo de inasistencia se perpetúa posteriormente en las trayectorias escolares.

Por lo tanto, cuesta entender las razones por las que se objetó este proyecto, a pesar de que el Ejecutivo se había hecho cargo de las dos grandes críticas que se le habían formulado: el temor a una escolarización temprana, cosa con la cual nadie está de acuerdo y que además está establecida en nuestra legislación.

Por otra parte, a mi juicio, surgió algo inaudito: una senadora planteó que este proyecto podría beneficiar a algún privado, como si no fuese pertinente que la educación de kindergarten a la que pueden acceder los niños la preste un privado sin fines de lucro y con la misma vocación y espíritu con que lo hace la mayoría de quienes trabajan en nuestro sistema educativo.

Por eso, me sumo al llamado para que este proyecto de ley sea aprobado. A pesar del retroceso, demos un paso más, porque gobierno tras gobierno el país venía reiteradamente estableciendo niveles de obligatoriedad en los distintos niveles educacionales. Por las razones inexplicables que acabo de señalar, hoy no vamos a tener la obligatoriedad, pero, por lo menos, podemos dar a esos 6.350 niños los recursos necesarios para que accedan y cambien su futuro escolar y su vida, porque en esa etapa es donde se forman y se producen los cambios que, valga la redundancia, pueden cambiar la vida a esos niños.

Por otro lado, debemos tener presente que este proyecto va a significar inversiones importantes en un sector educacional como el de las educadoras de párvulos y en todo lo que está asociado a la creación de los kindergártenes, que viene con esos recursos.

Ojalá que algún día podamos votar y recuperar la obligatoriedad, la cual significa, además, una señal potente para aquellos padres que no dan al kindergarten la importancia que tiene. Por lo menos, esperamos avanzar en esa dirección con este proyecto. Reitero: ojalá que pronto podamos tener esa obligatoriedad, pues no debemos negarla por ningún tipo de apreciaciones políticas ajenas al interés final de los niños, que es lo que primero debería motivarnos.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ, don Rodrigo (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza .

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, sin duda, este es uno de los proyectos que de verdad le importan a la ciudadanía y que significan transformar nuestra sociedad. Este es uno de los proyectos que le pone patines a la gente. Un ministro de la oposición dijo que había que quitarle los patines a la gente para que todos fuéramos iguales. Este es uno de los proyectos que le ponen patines a la gente, para que todos seamos iguales, pero en un nivel superior.

Sin lugar a dudas, algo pasó, porque 135 diputados -si no me equivoco, la unanimidad de esta Cámara aquel día aprobaron este proyecto. Pero ¿qué pasó? Lo que pasa siempre y que la gente rechaza y repudia que ocurra en el Congreso Nacional: la ideología se metió en un proyecto de justicia social que tiene que ver con disminuir las brechas sociales que existen desde la cuna en nuestro país.

Están torpedeando un proyecto que va a la médula para disminuir las brechas sociales y que toma en consideración la edad en que, según han demostrado todos los estudios, se adquiere más conocimiento. Con esta iniciativa efectivamente podemos comenzar a nivelar la cancha, pero ¿qué dijo la oposición? Que no, porque pueden lucrar, porque el gobierno está transformando esto en un negocio; sin embargo, esa no es la esencia de este proyecto.

Este proyecto establece la obligatoriedad del kínder, la cual ya está consagrada en la Constitución Política de la República. ¡Eso ya se modificó!

Lo que están haciendo ustedes es torpedear este proyecto, porque pretenden torpedear al gobierno y que las desigualdades en este país sigan siendo las que existen, porque cuando se trata de aprobar recursos para la educación superior, para los que marchan y protestan, sí hay recursos. Los niños no marchan ni votan. ¡Esos son los intereses mezquinos que hay detrás del rechazo a este proyecto!

Sinceren a la ciudadanía por qué se oponen a este proyecto. ¿Por qué la senadora Yasna Provoste empezó a torpedear esta iniciativa si no es por intereses políticos?

Pongamos a la ciudadanía y a los niños primero; legislemos pensando en nuestra sociedad y no en los mezquinos intereses políticos.

Voy a votar a favor este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Mario Venegas .

El señor VENEGAS (vía telemática).-

Señor Presidente, lamento algunas expresiones que se han vertido en esta discusión.

Quiero recordarles algo que señalé en días pasados, a propósito de la discusión de otro proyecto de ley: se vota en un contexto y en un momento determinado; los proyectos de ley y sus implicancias se evalúan en relación con un contexto.

En realidad, lo que ocurre es que este proyecto lo venimos analizando desde hace bastante tiempo. Ha pasado tiempo entre su paso al Senado y, luego, a la Comisión Mixta, y el país cambió. Las circunstancias del país cambiaron.

Hoy existen fuertes cuestionamientos a toda nuestra institucionalidad y al modelo, y uno de ellos es precisamente el tema de la educación como subsistema esencial en este propósito en que el país, en su conjunto, se plantea cambiar el tipo de sociedad que queremos construir. Cuando estamos ad portas de un proceso de formulación de una nueva Constitución, legislar en algunos aspectos que van contra la corriente de las ideas mayoritariamente predominantes resulta un poco sin sentido, y eso hay que considerarlo.

Efectivamente, en una primera mirada, inicialmente en la Cámara de Diputados, a propósito de que se había aprobado la reforma constitucional que establece la responsabilidad del Estado de fomentar la educación parvularia, particularmente el segundo nivel de transición, se votó favorablemente -hace mucho tiempola idea del kínder obligatorio. Pero en la discusión en el Senado surgió legítimamente una serie de argumentos, los que casi sería impropio y hasta irracional no considerar, y que a lo mejor no se tuvieron en cuenta en la primera discusión de esta iniciativa. Solo por nombrar un ejemplo, en la Comisión Mixta no se aprobó la idea de establecer la obligatoriedad del kínder, pero como requisito para ingresar a primero básico. Escuchen bien: se rechazó la idea de que aquel que no curse el kínder no pueda entrar a la enseñanza básica.

¿Qué respuesta damos a aquellas familias, a aquellos párvulos a los que el Estado de Chile no les entrega una oferta adecuada en aquellas zonas aisladas geográficamente o zonas rurales en las que viven, como las de nuestra Región de La Araucanía y las de tantas otras regiones? ¿Qué hacemos con esos niños? ¿Cuál es la cobertura? ¿Cuál es el impacto?

¿Ustedes sabían que la cobertura que, gracias a Dios, tiene nuestro país en materia de educación parvularia en todos sus niveles es altísima y que se empina por sobre el 93 por ciento? Aquí estamos hablando de un universo de 6.350 alumnos que no asisten a una educación parvularia y de 66 por ciento de inasistencia crónica, es decir, de niños que faltan más de veinte días en el año, según señala el informe que entregó la propia subsecretaria de Educación Parvularia.

De manera que la pregunta es si es dable exigir en este minuto una obligatoriedad como requisito para ingresar a la educación básica si el Estado no ha proporcionado los recursos necesarios para ello, considerando que de lo que estamos detrás es de fomentar y potenciar la educación pública.

El ministro de Educación trató de resolver ese problema y puso sobre la mesa 2.000 millones de pesos, los que claramente son insuficientes para abordar todas estas materias. Esta es la razón fundamental por la que se estimó no adecuado establecer la obligatoriedad en esta etapa.

Nadie duda de la importancia de la educación parvularia, pero debemos garantizar las condiciones para que no sea una carga para la familia, sino una fortaleza, pero garantizada por el Estado. Ahí está el problema esencial.

Por eso, invito a aprobar lo que quedó del proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, en la misma línea de lo que acaba de plantear el diputado Venegas , creo que para exigir obligatoriedad y que esta tenga sustento, primero hay que cumplir con ciertos mínimos.

Si establecemos un sistema que no estará financiado, que dependerá de la asistencia de los niños -si el niño va, habrá financiamiento; pero si no va, no habrá financiamiento-, seguiremos estando dentro de la misma lógica del actual sistema escolar, en que casi todos los establecimientos terminan con déficit y con impedimentos para mejorar la calidad por falta de recursos. Por tanto, no podemos permitir que en esa etapa escolar, que todos hemos coincidido que es la más relevante en el proceso de desarrollo de los niños, se produzcan fallas, porque los daños pueden ser irreversibles.

Por ello, para hacer algo obligatorio tenemos que dar garantías de que vamos a entregar las mejores condiciones, la mejor calidad y todo lo mejor para esa etapa de la educación de los niños.

La etapa parvularia es vital en el desarrollo de los niños. Si nos equivocamos, las consecuencias podrían ser para toda la vida. No nos podemos equivocar. Pero ¿cómo no nos vamos a equivocar si no hay financiamiento? ¿Cómo no nos vamos a equivocar si sin esta iniciativa, sin la obligatoriedad, más del 90 por ciento de los establecimientos no cumplen con las condiciones de infraestructura para obtener el reconocimiento oficial? ¿Qué mamá va a querer mandar a sus hijos o a sus hijas a establecimientos que no ofrecen mínimas condiciones higiénicas o de infraestructura para que los niños se desarrollen en buenas condiciones?

En Chile no están las condiciones para hacer obligatorio este nivel educacional. Ojalá tuviéramos la mejor educación parvularia, pero eso no pasa por hacerla obligatoria, sino por invertir en ella, pero de verdad; se requiere invertir para que haya suficiente personal. Hoy existe una crítica enorme respecto de la cantidad de niños que proporcionalmente hay por educadora.

Si no aseguramos esas condiciones, tampoco estaremos dando garantías a las niñas y a los niños de que tendrán lo que necesitan en esa etapa de su desarrollo. Por tanto, es una irresponsabilidad plantear la obligatoriedad sin que se cumplan esas condiciones. Es como si exigiera a mi hijo que entre a la universidad y sea profesional, pero sin que me hubiera hecho cargo de su educación primaria y media.

Insisto en que para hacer algo obligatorio, primero tenemos que dar garantías. En Chile no existen las garantías para este nivel ni para ninguno. Hemos dicho que este nivel es aún mucho más sensible y mucho más complejo, por lo que sería mucho más terrible equivocarse en esa etapa del desarrollo de los niños, ya que las consecuencias podrían ser absolutamente dañinas e irreversibles.

Por lo tanto, no vamos a votar a favor este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Está automatizado. Hay un oficio, que usted puede ver, que contiene las peticiones de todos los oficios de los diputados que pidieron autorización para poder hacerlo.

Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, quisiera saber si dentro de las potestades de la Mesa está autorizar para votar telemáticamente a aquellas personas que asisten a los debates presidenciales televisivos.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Señor diputado, desconozco si eso ocurre.

Entiendo que no hay ningún debate hasta ahora. Nosotros confiamos en la buena fe de los parlamentarios que nos hacen llegar sus certificados y nos exponen sus razones para no asistir presencialmente.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos (boletines Nos 13204-07 y 13205-07).

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Leonardo Soto .

Antecedentes:

Mociones:

-Boletín N° 13204-07, sesión 145ª de la legislatura 367ª, en martes 21 de enero de 2020.

Documentos de la Cuenta N° 17, y

-Boletín N° 13205-07, sesión 145ª de la legislatura 367ª, en martes 21 de enero de 2020.

Documentos de la Cuenta N° 18.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Documentos de la Cuenta N° 7 de este boletín de sesiones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor SOTO (don Leonardo) [de pie].-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley refundido que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos.

El proyecto se inició en mociones de las diputadas y los diputados Matías Walker , Natalia Castillo , Luciano Cruz-Coke , Marcelo Díaz , Gonzalo Fuenzalida , Paulina Núñez , Marcelo Schilling , Gabriel Silber , Leonardo Soto , Pablo Vidal (boletín N° 13205-07), y de las diputadas y los diputados Marcelo Schilling , Gabriel Ascencio , Boris Barrera , Natalia Castillo , Ricardo Celis , Mario Desbordes , Marcela Hernando , Alejandra Sepúlveda , Leonardo Soto y Matías Walker (boletín N° 13204-07).

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en sistematizar los delitos económicos y todos los atentados contra el medio ambiente, modificar diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecuar las penas aplicables a todos ellos.

Debo destacar que durante la discusión del proyecto, la comisión contó con la valiosa y permanente ayuda de los penalistas, abogados y académicos expertos en delitos económicos señores José Pedro Silva , Verónica Rosenblut , Gonzalo Medina , Héctor Hernández , Javier Wilenmann , Antonio Bascuñán y Fernando Londoño . Asimismo, colaboraron de manera intermitente los profesores Enrique Aldunate , Jaime Winter , Ezio Costa Cordella , y Rebeca Zamora , de Abofem. Además, participó el jefe de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público, señor Mauricio Fernández , quien asistió acompañado del subdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, señor Hernán Fernández , y de los abogados expertos de dicha Unidad, Andrés Salazar , Valeria Jelvez , Yelica Lusic y Rodrigo Peña . Igualmente, participó el comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero señor Mauricio Larraín , acompañado por el jefe del Área Jurídica, señor José Antonio Gaspar .

Este proyecto busca abordar la conmoción y el rechazo social que generan los delitos de naturaleza económica y su impacto en el orden público económico.

La iniciativa propone la sistematización y la adecuación de normas penales que permitan dar respuesta y enfrentar la débil regulación que actualmente contiene nuestro ordenamiento jurídico, que impide sancionar de forma efectiva a quienes cometen o participan en ilícitos penales económicos.

Tal como afirmaba ya en 2011 el entonces presidente de la excelentísima Corte Suprema, señor Milton Juica , respecto de los denominados delitos de cuello y corbata, “la penalidad es realmente modesta comparada con otros países, especialmente con Estados Unidos.”.

De esta manera se presenta esta iniciativa, que contiene los siguientes y principales propósitos:

Adecuación del sistema de determinación y sustitución de penas al ámbito de la criminalidad económica.

El proyecto establece, en primer lugar, un sistema propio de determinación y sustitución de penas privativas de libertad. La necesidad de su formulación se explica por la inadecuación de las categorías generales para esta clase de criminalidad, sobre todo a la luz del modo en que funciona la práctica de determinación de la pena por los tribunales de justicia.

El sistema general es hoy inadecuado para la criminalidad económica; en primer lugar, porque las atenuantes y las agravantes previstas en el Código Penal son, en su gran mayoría, ajenas al tipo de actividad en cuestión. El sistema del Código Penal no permite, en general, hacer distinciones entre grandes casos económicos y otros en que se realiza el mismo delito, pero que tiene una entidad mucho menor.

El sistema del Código Penal y de su penalidad está más bien adaptado a la delincuencia común, y reconoce todas sus limitaciones cuando debe juzgar delitos económicos, particularmente en mercados complejos.

Nuestro sistema tampoco permite hacer graduaciones relevantes, atendiendo al modo en que intervino el condenado ni a la posición o esfera desde la que intervino en el seno de la empresa.

En segundo lugar, la práctica judicial asume dos criterios centrales para determinar cuándo debe ejecutarse una pena efectiva de privación de libertad: que la pena aplicable al delito no exceda de tres o cinco años o que el condenado no sea reincidente.

Es claro que en los delitos de cuello y corbata la reincidencia es prácticamente inexistente, de manera que este tipo de delincuentes difícilmente cumplirán pena efectiva.

Por otra parte, las penas sustitutivas previstas en la ley N° 18.216 no se adecúan completamente a este tipo de criminalidad. La criminalidad económica se realiza, en general, en el contexto de actividades formales reconocidas, desarrolladas por sujetos que son capaces de desempeñarse en la economía ordinaria.

A causa de lo anterior, buena parte de los mecanismos de reacción, establecidos a propósito de la criminalidad común, no resultan adecuados ni aplicables a la criminalidad económica.

A la luz de lo anterior, se establece un sistema diferenciado de determinación de la pena. Las agravantes y atenuantes incluidas en dicho sistema están especialmente pensadas para este tipo de criminalidad.

Asimismo, ellas están graduadas de forma tal que su incidencia varíe dependiendo de su intensidad. Con ello, tratándose de casos en que el perjuicio ocasionado sea muy elevado o que la conducta desplegada sea especialmente reprochable, las penas serán siempre considerables, incluso tratándose de delitos en abstracto menos graves.

Además, se gradúa sobre los casos menos graves, de modo tal que también allí las penas aplicadas tengan mayor sensibilidad a variaciones de gravedad.

Por otra parte, este proyecto adecúa las penas sustitutivas a la criminalidad económica. Como esta iniciativa trata de un sistema con orientación abiertamente sancionatoria, las penas sustitutivas tienen también un componente de esta clase.

Con ello, por ejemplo, la libertad vigilada ha sido excluida del catálogo aplicable a estos delitos, y la remisión condicional de la pena, restringida a casos en que se aplique, por lo menos, una circunstancia atenuante muy calificada: muy baja culpabilidad, consecuencia económica muy baja o delitos de bagatela.

En los demás casos, las penas centrales del sistema pasan a ser, en orden creciente de gravedad, la reclusión parcial domiciliaria, la reclusión parcial en establecimiento especial y la cárcel efectiva.

Un segundo ámbito dice relación con las otras sanciones y consecuencias distintas de las penas privativas de libertad. El diagnóstico con el que operó la comisión a este respecto es sencillo. La cuantía de las multas penales y el modo de graduarlas es enteramente disfuncional en el derecho chileno. El sistema jurídico chileno, hay que reconocerlo, adolece de un defecto grave al no contar con un comiso de ganancias efectivo, y las inhabilitaciones aplicables respecto de los condenados por de delitos económicos son claramente insuficientes.

Respecto de las multas, se introduce el sistema de días-multa. Conforme con este, siempre que se impone una pena de multa, ella se gradúa considerando los ingresos promedio que produce una persona en un día.

De este modo, el sistema es sensible a las diferencias económicas entre condenados, lo que evita que las multas establecidas en unidades fijas tengan un peso excesivo respecto de condenados de ingresos bajos o insignificantes respecto de condenados por delitos económicos que, muchas veces, tienen ingresos altos.

El sistema atiende las diferencias en el valor marginal del dinero, permitiendo imponer así, en todos los casos, multas que tengan un verdadero peso punitivo, pero sin ser excesivas.

Tratándose de individuos con ingresos medios o elevados, el sistema conduce, además, a un aumento considerable en la cuantía de las multas. Adicionalmente, el sistema prevé ajustes en razón del patrimonio del condenado.

En segundo lugar, se incorpora una regulación sustantiva y procedimental del comiso de ganancias, que permite al Estado privar a una persona de todas las ganancias obtenidas directamente como consecuencia de la realización del hecho constitutivo de un delito económico. Aunque se ha discutido históricamente si ello se encuentra incorporado en el artículo 31 del Código Penal, lo que algunas leyes especiales reconocen expresamente, en la práctica, la falta de claridad sobre su estatus y la completa falta de regulación procedimental hacen que tenga hoy una muy escasa aplicación.

El proyecto elimina todos esos problemas. Además, partiendo de la premisa general de que el comiso de ganancias no es una pena para el ámbito de los delitos económicos, la iniciativa regula la posibilidad del comiso de ganancias sin condena previa en ciertos casos.

Finalmente, el proyecto incorpora un sistema diferenciado de inhabilitaciones adecuadas al tipo de criminalidad de que se trata.

En otro ámbito, se modifica considerablemente el estatuto de responsabilidad penal de personas jurídicas contenido en la ley N° 20.393, aunque mantiene sus lineamientos generales. Esa modificación incluye una ampliación muy relevante del catálogo de delitos por los que debe responder la persona jurídica, al incorporar todos los delitos susceptibles de ser calificados como económicos de acuerdo con el proyecto.

Junto con ello, se amplía el alcance de la ley en cuanto a la clase de personas jurídicas penalmente responsables y se introduce la figura de la supervisión de la persona jurídica, que puede ser aplicada tanto a título de medida cautelar como de condición de una suspensión condicional del procedimiento o de pena.

Más allá de lo anterior, se perfecciona la regulación contenida en la ley N° 20.393 en distintos ámbitos, adecuando además su regulación a las penas pecuniarias, a las inhabilitaciones, a la regulación del comiso de ganancias y a otras modificaciones incorporadas en el proyecto.

A nivel de la regulación penal, se introducen enmiendas en distintos cuerpos legales que establecen delitos económicos. Entre ellas se encuentran la introducción del estatuto de delitos ambientales del anteproyecto de Código Penal de 2018 al Código Penal vigente, la regulación de la protección penal del secreto empresarial, una modificación relevante a los delitos concursales y contra el mercado de valores, que busca eliminar errores regulativos y vacíos de punibilidad frente a los delincuentes económicos.

Asimismo, se modifican diversos delitos actualmente vigentes a fin de perfeccionar su redacción y solucionar las dificultades de interpretación y aplicación que han presentado en la práctica.

Finalmente, se introduce un delito de publicidad engañosa en la ley del consumidor y se incluye la protección penal frente a supuestos de explotación laboral.

Además, se modifica el decreto ley N° 211, de 1973, que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia, de manera que si bien las investigaciones de los hechos señalados en el inciso primero del artículo 62 de este cuerpo legal solo se podrán iniciar por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica, esta será obligatoria para dicha institución -esa es la novedadcuando el acuerdo colusorio haya recaído sobre bienes de primera necesidad, tales como la provisión de servicios educacionales, de prestaciones de salud, de artículos médicos o farmacológicos; de la provisión de bebidas o toda clase de alimentos; del transporte de personas; de la provisión de servicios básicos, como agua, electricidad, servicios de telecomunicaciones o combustibles.

En relación con delitos tributarios, se modifica el Código Tributario, de manera que el ejercicio de la acción penal en forma exclusiva por el Servicio de Impuestos Internos, mediante denuncia o querella, no será necesario en aquellos casos en que el Ministerio Público, investigando delitos comunes, tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos tributarios en que la cuantía del impuesto exceda de 30 unidades tributarias anuales (UTA) y afecten gravemente el patrimonio fiscal. La misma regla se aplicará a los hechos de los que tome conocimiento cuando sean cometidos por personas jurídicas con la intervención de alguna persona natural que ocupare un cargo, función o posición en ella, o le prestare servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, siempre que la perpetración del hecho se hubiere visto favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva por parte de la persona jurídica de un modelo adecuado de prevención de tales delitos.

Además, se contempla que el Servicio de Impuestos Internos tendrá 90 días corridos para interponer querella o denuncia cuando de los antecedentes que le han sido proporcionados por el Ministerio Público aparezcan indicios que den cuenta de la eventual configuración de un hecho punible de carácter tributario. El Servicio de Impuestos Internos en este evento podrá, por medio de resolución fundada debidamente comunicada al fiscal del caso, ampliar el plazo para adoptar la decisión de que se trate, por una vez y hasta por 45 días. Transcurrido el plazo descrito sin que el servicio hubiere emitido su decisión o siendo esta una decisión negativa en torno al ejercicio de la acción penal, el fiscal del Ministerio Público que instruye la causa penal respectiva podrá solicitar a la corte de apelaciones competente el forzamiento del proceso criminal, siempre y cuando los hechos que se indagan puedan guardar relación con alguno de los delitos contemplados en el artículo 97, número 4°, del Código Tributario.

Asimismo, se modifica la Ordenanza de Aduanas, estableciendo que el Ministerio Público informará al Servicio Nacional de Aduanas, a la brevedad posible, los antecedentes de que tomare conocimiento con ocasión de las investigaciones de delitos comunes y que pudieren relacionarse con el delito de contrabando. En tal caso, el servicio tendrá 90 días corridos -ello, al igual que el Servicio de Impuestos Internosdesde la notificación a que hace referencia el inciso anterior para interponer querella criminal o denuncia cuando de los antecedentes que le han sido proporcionados aparezcan indicios que den cuenta de la eventual configuración de un delito de contrabando. El Servicio Nacional de Aduanas podrá ampliar el plazo hasta por 45 días.

Transcurrido el plazo sin que el servicio hubiere emitido su decisión o siendo esta una decisión negativa en torno al ejercicio de la acción penal, el fiscal que instruye la causa respectiva podrá solicitar a la corte de apelaciones competente -ello, al igual que en el caso del Servicio de Impuestos Internosel forzamiento del proceso criminal ante la sala correspondiente.

Señor Presidente, habiendo sido aprobado este proyecto después de 26 sesiones celebradas por la Comisión de Constitución -lo destaco: 26 sesiones-, en las cuales se analizó y se debatió en profundidad con todos los invitados que señalé al inicio de mi informe, se propone su aprobación a esta honorable Sala.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra, vía telemática y hasta por cinco minutos, el diputado René Saffirio .

El señor SAFFIRIO (vía telemática).-

Señor Presidente, sin duda, este proyecto de ley contiene normas que son importantes para sancionar a los delincuentes de cuello y corbata. Sin embargo, de acuerdo con todo lo que se dijo en el informe, ocurre que en esta iniciativa se borra con el codo lo que se escribe con la mano.

Digo esto porque, en los artículos 19, 20, 23, 24, 25 y 26 del proyecto, todo el esfuerzo que hizo la Comisión de Constitución para los efectos de elevar las penas a los delincuentes de cuello y corbata que violaran, por ejemplo, normas de la Ley de Mercado de Valores, de la ley general de bancos, de la ley orgánica constitucional del Banco Central, del Código Tributario, de la ley orgánica de Aduanas, de la ley de pesca, del Código de Minería y, cuidado -¡ojo!-, de la Ley Orgánica Constitucional sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, se tira por la borda, porque se establece un sistema de sustitución de condenas a partir del artículo 19, que permite, lo cito como ejemplo, que se remplace el cumplimiento de la condena de prisión por la remisión parcial en el domicilio del condenado, que puede ser de ocho horas diarias o durante los fines de semana; se puede remplazar por la reclusión parcial en un establecimiento especial cuyas características no están definidas, porque ello se entrega a la definición de un reglamento.

Fíjese que, en el caso de la reclusión parcial diurna, si la sanción impuesta al penado pone en riesgo la situación económica de este o de su grupo familiar, no va a ir a la cárcel, porque puede afectarle económicamente. ¿Y qué se hará entonces? El juez deberá imponer la pena de reclusión parcial en un establecimiento especial.

¿Se acuerdan ustedes del comerciante de cedés piratas del paseo Ahumada que murió en el incendio de la cárcel de San Miguel? Él ni siquiera había cometido un delito, sino una falta: había dejado de firmar algunas semanas en las que debía concurrir a control, y murió en la cárcel. Bueno, a este tipo de delincuentes, si es que se les puede llamar así, porque son comerciantes ambulantes, no se les otorga este tipo de beneficios.

Aquí estamos diciendo que se puede violar la ley de bancos, que se puede violar la ley de aduanas, que se puede violar el Código Tributario, que se puede violar la ley del Banco Central y que se pueden violentar y transgredir las normas sobre rendimiento del gasto electoral, razón por la cual todos los diputados y senadores que están pensando en postular en la próxima elección deben inhabilitarse en la votación de este proyecto de ley, porque los beneficia directamente. Esta no es una norma de carácter general, sino que beneficia directamente a quienes van a ser candidatos durante la próxima elección, porque, en vez de ir a la cárcel si vulneran las normas sobre límite y control de gasto electoral, cumplirán las penas en sus casas, los fines de semana, con sus familias, porque la sanción podría afectar sus ingresos familiares si deben cumplir la condena en la cárcel.

Esto, señor Presidente, es molesto, es indignante y borra con el codo lo que el resto del proyecto escribió con la mano. No se puede permitir este tipo de beneficios a delincuentes que, por ejemplo, han cometido el delito de colusión, con lo que han generado gigantescos perjuicios a innumerable cantidad de familias y personas a lo largo de Chile, como sucedió con los casos del papel higiénico, los pollos y para qué vamos a nombrar más. ¡Ni hablar sobre la ley de gasto electoral o sobre la ley de pesca!

Pregunto a mis colegas diputados si están dispuestos a otorgarse beneficios de estas características, porque serán favorecidos en caso de infringir la ley sobre gasto electoral, y explicárselo a sus electores el día de mañana.

He presentado indicaciones a los artículos 19 y siguientes, que he mencionado.

Si no es posible que el proyecto vuelva a la comisión para tratar esas indicaciones, me veré en la obligación moral y ética de votar en contra de la idea de legislar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, por fin podemos tratar en Sala nuestro proyecto de ley sobre delitos económicos.

Agradezco a todos los diputados que lo suscribieron, al diputado Leonardo Soto por su brillante informe, al trabajo de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, presidida por el diputado Marcos Ilabaca ; a todos los profesores y profesoras de derecho penal que nos acompañaron en el estudio de este proyecto, que sistematiza todos los delitos económicos y establece penas efectivas privativas de libertad en el caso de los delitos económicos más graves.

Tal como expresó el diputado Leonardo Soto , el entonces presidente de la excelentísima Corte Suprema, señor Milton Juica , señaló en 2011 que la penalidad de los delitos de cuello y corbata en Chile es realmente modesta, comparada con la de otros países, especialmente con la de Estados Unidos.

Muchos se pusieron a hablar y a comentar, mientras nosotros nos dedicamos a legislar. Con un grupo de diputados y diputadas de todos los sectores políticos, nos reunimos todas las semanas con destacados profesores de derecho penal; conversamos con la Fiscalía y con el Ministerio Público, al que agradecemos el apoyo constante que nos dio en todas las sesiones. Finalmente, aprobamos este proyecto que establece un sistema propio de determinación y sustitución de penas privativas de libertad ante la inadecuación de las categorías generales para esta clase de criminalidad, sobre todo a la luz del modo en que funciona la práctica de determinación de la pena por los tribunales.

Las agravantes y las atenuantes incluidas en la iniciativa están especialmente pensadas para este tipo de criminalidad y están graduadas de forma tal que su incidencia varía dependiendo de su intensidad.

Adecuamos las penas sustitutivas a la criminalidad económica. Se excluyó la libertad vigilada del catálogo aplicable a estos delitos y la remisión condicional quedó restringida a casos en que se aplica, al menos, una circunstancia atenuante muy calificada.

Se estableció el sistema de días multa. ¿Qué significa esto? Muy simple: en el caso de imponerse una multa, ella se graduará considerando los ingresos promedio que produce una persona en un día, es decir, una multa diaria por cada ganancia ilegítima.

Respecto del comiso de ganancias ilegítimas, se incorpora una regulación sustitutiva y procedimental del tipo de ganancias que le permite al Estado privar a una persona de todas las ganancias obtenidas en forma ilegítima.

Se amplía el catálogo de responsabilidad penal de las personas jurídicas a todos los delitos económicos. Se introdujo el estatuto de delitos ambientales del anteproyecto de Código Penal de 2018, incluyendo la usurpación, el desvío y contaminación de aguas. De hecho, ahora estamos aplicando penas más altas que las que aprobamos en el proyecto de ayer.

Asimismo, se incluye la regulación de la protección penal del secreto profesional.

Se modificaron los delitos concursales contra el mercado de valores, nuevo delito de publicidad engañosa en la ley del consumidor.

Se incluye la protección penal frente a supuestos de explotación laboral.

Se establece la querella obligatoria que deberá formular la Fiscalía Nacional Económica cuando exista acuerdo colusorio recaído sobre bienes de primera necesidad.

Se elimina la exclusividad del ejercicio de la acción penal del Servicio de Impuestos Internos cuando los delitos tributarios conocidos por el Ministerio Público sean mayores a 30 UTA.

Se incluye la obligación del Servicio Nacional de Aduanas de interponer querellas o denuncias con ocasión de las investigaciones del Ministerio Público por ilícitos que pudieran relacionarse con el delito de contrabando.

Es decir, se establecen penas efectivas privativas de libertad, mayores a las establecidas ahora. Ya no habrá sanciones como clases de ética. En caso de delito económico grave, se aplicarán penas efectivas privativas de libertad.

Estamos dando un tremendo paso, por lo que pido a la Sala ratificar la aprobación de este proyecto de ley sobre delitos económicos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, felicito a la comisión y al expresidente Matías Walker , porque desde que se fusionaron los proyectos en marzo del 2020 hasta hoy, se realizaron 26 sesiones en esos quince meses de tramitación. Me tocó participar en muchas de ellas, porque algunos de los mocionantes, como el diputado Gonzalo Fuenzalida y la diputada Paulina Núñez , me pedían que los reemplazara.

La verdad es que desde hace tiempo que no veía un proyecto de ley tan macizo, con distintas aristas y con profesores asesores de fuste, de un tremendo nivel.

Las sanciones establecidas en nuestra legislación para los distintos ilícitos de tipo económico poseen características particulares que permiten a las personas sostener la crítica de que quienes comenten estos delitos gozan de impunidad, ya que normalmente se trata de gente de una posición social aventajada, con acceso al poder y a ejercer influencias por su posición laboral, política, pública, intelectual, etcétera. Eso es lo que la gente dice. El proyecto se ocupa de eso.

Es importante considerar que la antigüedad del Código Penal para abordar el fenómeno de la delincuencia económica data de 1875, al cual solo se le ha hecho un lifting, pero no una reforma como corresponde.

También es necesario considerar las bajas sanciones que establece como regla general, la incapacidad de la sanción administrativa y la pugna entre los órganos reguladores y el Ministerio Público para perseguir la responsabilidad de esos delitos, como ha sucedido con la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público.

Dicho sea de paso, el proyecto consta de cuatro títulos y un título final, mediante los cuales introduce un tratamiento especial y autónomo, vale decir, diferenciado de la reglamentación general del Código Penal para aquellos delitos que la propia ley define como contrarios al orden socioeconómico.

El Título I señala cuáles son los delitos de la legislación general del Código Penal y de la especial que son considerados contrarios al orden socioeconómico.

El Título II establece un régimen especial de penas privativas o restrictivas de libertad o de otros derechos, multas, prohibiciones e inhabilitaciones para quien cometa estos delitos, atendida la especial posición de estos delincuentes. Así, por ejemplo, el condenado queda inhabilitado para contratar con el Estado y con cualquiera de los órganos y servicios de este.

El Título III establece el comiso de ganancias. ¿Qué significa esto? Un mecanismo existente a nivel global, por el que se estima y comisan -quitanaquellas utilidades que se obtuvieron con ocasión del ilícito económico cometido, por ejemplo, por una estafa, fraude o un hecho de colusión. Se regula un procedimiento especial de determinación de dichas utilidades, a efecto de que sean estimadas por el juez, y se obliga al condenado a su entrega al fisco, lo que es adicional a una eventual pena e indistintamente de la naturaleza de la misma. Así, por ejemplo, un condenado podría pagar una multa cuantiosa, pero además verse en la obligación de integrar al fisco las utilidades ilegalmente obtenidas, lo que subsana el problema vigente de que en muchos regímenes especiales la multa es inferior a las utilidades obtenidas en el ilícito.

En este punto, quiero recordar que cuando hubo colusión en ciertos sectores -el papel confort, por ejemplola gente reclamó, porque las multas fueron menores al dinero que las empresas obtuvieron por la colusión. Por eso, en el Título III se crea la figura de comiso de ganancias, que es muy importante en ese aspecto.

El Título IV modifica el Código Penal en distintos sentidos. Destaca la creación de un nuevo apartado sobre delitos contra el medio ambiente, con un catálogo especial de delitos atentatorios contra el medio ambiente como un bien jurídico tutelado, lo que actualiza al Código Penal en esta materia.

Al mismo tiempo, se modifican leyes procesales: el Código Procesal Penal, el Código de Procedimiento Civil y la Ley N° 20.393, que Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica, para actualizar, adaptar y modificar requerimientos de esta legislación, en armonía con los objetivos perseguidos por la ley principal que consagra los delitos económicos.

Finalmente, el Título IV modifica la Ley de Mercado de Valores, la Ley sobre Sociedades Anónimas, la ley sobre protección de los derechos de los consumidores y la Ley que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia, para introducir adecuaciones en cada una de ellas.

En el Título Final se explicita la aplicación temporal y más benigna en relación con la vigencia de esta ley.

Por lo tanto, estamos ante un proyecto de ley macizo, bien tramitado, el cual espero aprobemos por mayoría absoluta.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA .-

Señor Presidente, tal cual han señalado los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento llevamos bastantes meses trabajando para mejorar y modernizar un sistema que ya no da cuenta de la realidad de nuestro país.

Hace mucho tiempo el Código Penal debió haber sido modificado. Deberíamos tener un texto moderno que dé cuenta de lo que es el Chile de hoy. Lamentablemente, como no hemos podido avanzar en esta materia, muchos delitos, como los denominados “de cuello y corbata”, han quedado rezagados. Así, como todo Chile sabe, muchas veces los delincuentes económicos cometían su delito, pero quedaban en total impunidad. Nos tocó vivir en carne propia la colusión de los pollos, la colusión del confort. Aquellos delincuentes terminaron asistiendo a clases de ética y nada más, o bien fueron condenados a pagar pequeñas indemnizaciones a los chilenos, pero que en nada ayudaban a eliminar este tipo de conductas, que son atentatorias, incluso, para aquellas personas que son partidarias del neoliberalismo y a las que les encanta el capitalismo como forma de acción. Reitero: incluso para ellas resultaba atentatorio.

La colusión es una acción que atenta y genera discriminaciones y problemas graves en el acceso a bienes y servicios. ¿Quiénes son los que pagan finalmente? La gente que menos tiene.

Esta impunidad hoy día comienza a ser eliminada gracias al trabajo que desarrolló la Comisión de Constitución sobre la base de dos proyectos de ley, refundidos, que dieron lugar a la iniciativa que hoy votaremos. En ese contexto, no puedo dejar de mencionar el gran aporte que un grupo de abogados y académicos realizó para tener esta legislación. Me refiero a José Pedro Silva , Verónica Rosenblut , Gonzalo Medina , Héctor Hernández , Javier Wilenmann , Antonio Bascuñán y Fernando Londoño . También contamos con la participación de los profesores Enrique Aldunate , Jaime Winter , Ezzio Costa y Rebeca Zamora . Asimismo, nos apoyó el jefe de la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público y el comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero.

Fue un trabajo superprofundo para establecer un cambio de paradigma en la aplicación de sanciones contra los delincuentes económicos, muchas veces empresarios inescrupulosos que se aprovechan de este tipo de fallas de nuestro sistema.

Tal cual han señalado varios diputados, cambiamos la metodología de aplicación de sanciones. La aplicación de días multa, la inhabilitación respecto del ejercicio de funciones y cargos públicos, y de cargos gerenciales; la posibilidad de contratar con el Estado, el comiso de ganancias. En efecto, aquellas ganancias generadas producto del ilícito van a ser comisadas. También se aborda la responsabilidad de las personas jurídicas, los delitos medioambientales, los delitos electorales.

Hoy día, la Cámara de Diputados y su Comisión de Constitución le están entregando al país un proyecto de ley que nos pone a la altura de países desarrollados. Estamos ante un proyecto que, en definitiva, busca terminar, ¡por fin!, con la impunidad de los delincuentes de cuello y corbata en nuestro país. Espero que la iniciativa tenga el apoyo de toda la Cámara. Lo digo, porque la gente anhela que se apliquen las sanciones contenidas en el proyecto a aquellos empresarios que, sin ningún tipo de escrúpulos, cercenan, castigan y perjudican a la población de nuestro país.

Como bancada del Partido Socialista estamos orgullosos de haber sido parte de este proceso de discusión. Por eso, vamos a apoyar con mucha fuerza la iniciativa en estudio. ¡No más impunidad para los delincuentes de cuello y corbata! ¡No más impunidad para aquellos empresarios inescrupulosos que les chupan la sangre a los chilenos!

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, debemos cuidar la democracia. En ese contexto se enmarca este proyecto de ley, que aborda el tema de los delitos llamados “de cuello y corbata”, estableciendo entre otros puntos la adecuación y determinación de penas en el ámbito de la criminalidad económica y la reforma a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Quiero destacar la participación de todos los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, porque todos, sin excepción, han tratado de hacer propio lo que la ciudadanía desde hace tiempo viene reclamando, cual es el término de los privilegios de que gozan las personas condenadas por aquellos delitos denominados “de cuello y corbata”, así como de otros cometidos por quienes forman parte del mundo político. Así, cabe recordar que ha habido candidatos a la Presidencia de la República, al Senado o a la Cámara de Diputados que por distintas razones han tenido privilegios que los diferencian del resto de los chilenos, especialmente de aquellos de los sectores más vulnerables. Si alguien va a una cárcel no se va a encontrar con algún empresario o algún político, a no ser que hayan cometido un crimen. Aun así, tienen ciertas regalías o ciertos beneficios que no todos tienen. Por eso, vamos a aprobar el proyecto.

También me hacen peso las palabras del diputado René Saffirio , quien, aunque estuvo de acuerdo con gran parte de lo que señala el proyecto, presentó muchas indicaciones que, posteriormente, fueron rechazadas. Comparto su posición, en el sentido de que faltó contemplar algunos elementos. Pese a que la comisión, mayoritariamente, tuvo la mejor voluntad, el proyecto debería regresar a esta, con la finalidad de que se revise, por ejemplo, el caso de la prisión preventiva. Nadie puede entender -recién lo conversé con el diputado Sotoque a un empresario se le otorguen ciertas prebendas, y que, después de cometer un delito, permanezca en su casa mirando por la ventana, como ocurrió con el caso Penta, y otros, donde la condena consistió en asistir a clases de ética. Eso no es bueno para nadie. En ese sentido, debemos ser responsables para que todos -aquí hago un llamado a los colegas integrantes de la comisión, tan importante en el desarrollo de hacer justicia en Chileseamos iguales ante la ley, porque no lo somos.

Digo que no somos iguales ante la ley, porque, por ejemplo, nosotros tenemos fuero parlamentario y una serie de garantías que nos hacen diferentes. Son los jueces los que interpretan la ley. ¿Qué miembro de la Corte Suprema va a condenar a un integrante del Senado si esa cámara fue la que lo nombró? Además, hay que buscar medidas que permitan inhabilitarse, porque el lobby es fuerte.

Por lo tanto, es necesario que el proyecto vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para que se revisen las indicaciones presentadas por el diputado Saffirio , que, por cierto, comparto, para que la iniciativa se mejore aún más, pero con la idea clara de no dilatar su tramitación, porque, hasta el momento, los únicos beneficiados son las personas de cuello y corbata…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES.-

Señor Presidente, este es un proyecto que Chile necesita, puesto que modifica diversos cuerpos legales para tipificar delitos contra el orden socioeconómico, y para adecuar penas aplicables a esos mismos delitos.

En Chile la ciudadanía está cansada de la economía del abuso, de la concentración desmedida de la riqueza, de la intervención y distorsión del mercado sin contrapesos, y de las colusiones para subir los precios de artículos de primera necesidad, las que han afectado directamente a la gente más vulnerable. ¿Alguien podría decir lo contrario cuando vemos que las cadenas farmacéuticas se ponen de acuerdo para subir el precio de los remedios, cuyos principales usuarios son los adultos mayores, que se han empobrecido? ¿Acaso alguien podría decir lo contrario cuando vemos que se sube ficticiamente el precio de los pollos, que es la carne de consumo más masivo, o cuando vemos operar el cartel de la leche, que en algún momento denunciamos ante la Fiscalía Nacional Económica? La gente se cansó de eso. Por eso, hoy el Congreso Nacional está dando respuesta efectiva a ello, aunque es cierto que resulta necesario mejorar algunos contenidos.

En la comisión escuchamos a expertos, a connotados penalistas; se recibieron propuestas e iniciativas para abordar la conmoción y el rechazo social que generan los delitos de naturaleza económica, que todos conocemos como delitos de cuello y corbata, y su impacto, en el aspecto económico y también en el de la convivencia social y del orden público. Hoy necesitamos fortalecer una muy débil regulación legal.

No voy a entrar en el detalle del proyecto, porque ya lo han hecho de manera muy clara los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra. Cabe subrayar los dichos del expresidente de la Corte Suprema señor Milton Juica , quien señaló que la penalidad de los delitos de cuello y corbata es realmente modesta si se la compara con la que existe en muchísimos otros países con democracias mucho más consolidadas que la nuestra. Ellas han pasado por lo mismo que nosotros, pero hoy están castigando con muchísima dureza esos delitos. Estamos hablando de criminalidad económica que hasta el momento ha pasado piola. Cuando no tenemos una norma adecuada para frenar esos delitos con contundencia y con firmeza, lo que se provoca es lo que hemos venido conociendo mediante denuncias a través de los medios de comunicación. Además, la gente queda en descampado, desprovista de protección.

El proyecto busca terminar con estos perdonazos obscenamente multimillonarios de los que de tanto en tanto escuchamos hablar, con la ridiculez de las clases de ética, después de que se han provocado daños importantes a la sociedad; con las multas simbólicas, que lo que hacen es más bien estimular los delitos, porque es más fácil cometer un delito económico, pagar una multa ridícula y quedarse con la utilidad que generó ese acto delictual, tal como nosotros lo entendemos, pero que hoy la legislación no reconoce.

Quiero insistir en que este proyecto es absolutamente necesario. Debemos aprobarlo en el Congreso y aplicarlo con firmeza. Así vamos a empezar a tener mucho más respeto por los agentes económicos, lograr recuperar parte de la credibilidad que se ha perdido en el sistema económico, y, por cierto, convivir mucho mejor.

Aprobemos el proyecto en general y hagamos las enmiendas que sean necesarias, pero aprobémoslo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Luciano CruzCoke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, me alegra enormemente que este proyecto llegue a la Sala. La iniciativa busca sistematizar los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modificar distintos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecuar las penas aplicables a todos ellos.

Agradezco a la comisión técnica el hecho de que haya efectuado 27 sesiones; agradezco especialmente a los profesores que concurrieron, entre ellos Antonio Bascuñán , el profesor Soto, José Pedro Silva , Jaime Winter , el profesor Medina , entre otros, quienes efectuaron aportes de manera muy cuidada y muy profesional, para sistematizar normas y establecer coherencia entre los distintos cuerpos jurídicos que se modifican, para terminar con la impunidad que se traduce en que algunos tengan cómo solventar justicia de primera categoría y otros no.

Uno de los grandes problemas de que se instale la idea de que hay dos justicias, una para personas pudientes y otra para quienes no tienen cómo pagarla -generalmente por delitos menores que involucran montos menores-, es que se pone en vilo la idea de que la justicia es ciega, como simboliza la conocida imagen de aquella mujer que sostiene una balanza, para sopesar, vendados sus ojos, la gravedad de un delito. En ocasiones, y por distintos elementos que han sido de público conocimiento, ello corroe la fe pública, corroe la confianza en las instituciones, corroe la legitimidad de nuestra judicatura, el prestigio de nuestras instituciones políticas y la supuesta complicidad del mundo político, a veces de los parlamentarios y de todo aquel que ejerce un rol de autoridad. ¿Y cómo no va a ser así si hemos visto penas que terminan siendo irrisorias? Utilizando términos de negocios, la tasa de retorno de una estafa o de una colusión termina siendo infinitamente mayor que el pago de una multa. Las disculpas públicas de los coludidos y la pena no dan ningún tipo de ejemplo social, y quien delinque sigue retirándose el fin de semana a su segunda vivienda, en su mismo auto estupendo, o sigue jugando golf en algún club exclusivo, viendo cómo se reinventa en alguna empresa tecnológica para aplicar los conocimientos que ha adquirido producto de esta “experiencia”.

Efectivamente, en Chile había un castigo social para estos “pillastrines” y delincuentes, para estos verdaderos pungas que hacen un daño social increíble. Sin embargo, hoy ese castigo es cada vez menor, y las penas comprendidas en nuestro ordenamiento jurídico son bajas. Por eso, valoro el proyecto y el trabajo que se ha hecho, por lo que invito a aprobarlo y, obviamente, a hacer los mejoramientos que este requiera.

No hablo con ninguna animosidad de clase o resentimiento socioeconómico, pero cuando se suman algunos ejemplos, como la enorme cuantía de lo defraudado y el rol ejemplar que, se supone, cabe en una sociedad también a aquellos que han tenido mejores oportunidades y una supuesta mejor educación, la cual es bastante más que haber ido a buenos colegios o buenas universidades, o haberse rodeado de personas prestigiosas. Me refiero a tener en la vida un comportamiento decente, correcto, probo, sobrio, servicial en el área que nos toca trabajar o desempeñarnos como personas, que nos obliga precisamente, por esa situación de privilegio, a dar doble o triple tributo, a dar el ejemplo de un comportamiento intachable y recto, cuyo impacto social tiene un efecto multiplicador enorme cuando es virtuoso. Y cuando no es virtuoso, tiene los efectos de señalar que en el país, eventualmente, puede haber una justicia para ricos y una justicia para pobres.

Pues bien, vamos viendo los casos: caso farmacias, caso refrigeradores, caso navieras, caso pollos, caso supermercados. Ni siquiera menciono la defraudación que se produjo por aquellos delitos que fueron perseguidos por la justicia en casos políticos, como, por ejemplo, el caso Penta, o por aquellos delitos que no fueron perseguidos, porque no se accionó o se protegió políticamente a quienes no había que proteger.

Por eso, necesitamos la mayor sanción posible. De esta forma, nadie podrá decir en este país que hay una justicia para unos y otra para otros.

¡La justicia es para todos! He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, en primer lugar, agradezco a los impulsores de este proyecto la invitación que en su momento nos formularon a suscribirlo y también, como hizo referencia alguien que me antecedió en el uso de la palabra, a los distintos penalistas que nos acompañaron durante su tramitación.

No voy a hacer referencia al contenido del proyecto, porque creo que el informe del diputado Leonardo Soto fue suficientemente contundente para explicar sus distintas dimensiones, sino más bien al sustrato, al mar de fondo que hay detrás de esta iniciativa.

A diferencia de lo que ocurría hace algunos años, en que había dudas respecto de qué subyacía en el profundo malestar que recorre a la sociedad chilena, creo que a estas alturas ese debate se acabó de manera inequívoca y categórica el 18 de octubre, el día del estallido social. Algunos decían que lo que había era un desacomodo con el propio proceso de modernización capitalista de la sociedad chilena y que lo que la gente quería era pasar a una fase superior de ese proceso de modernización; que los chilenos y chilenas, habiendo dejado atrás la pobreza e incorporado a los sectores medios, habían adquirido una capacidad de consumo que efectivamente nunca antes en la historia de Chile habían tenido tantas generaciones y tan masivamente.

Entonces, algunos pensaban que ese ruido que había era simplemente ese proceso de ajuste en el marco del camino de modernización capitalista. Otros sosteníamos que lo que había era un malestar generado por la profunda desigualdad que existe en Chile, por la inequidad que se expresó y se hizo visible, quizá, precisamente porque Chile alcanzó niveles de desarrollo y crecimiento económico que se hacían evidentes a los ojos de todas y todos, convirtiendo a Chile en un país de dos realidades: un pequeño grupo con niveles de consumo y de calidad de vida del primer mundo versus una inmensa mayoría que vive para trabajar y pagar las cuentas. Si uno agrega a esa ecuación la perversa vinculación entre esa profunda desigualdad, esa irritante inequidad, y la suma de abusos y de privilegios injustificados, el caldo de cultivo para un estallido social, como el que vivimos, estaba completamente servido.

Además, debemos adicionar que esas prácticas de abuso y de privilegios injustificados, cuando han implicado vulneraciones a la ley, han tenido como consecuencia una baja penalidad. Aquí se ha mencionado hasta la saciedad el caso de las clases de ética, pero agregaría más. ¿Qué puede ser más irritante -y lo digo desde la Región de Valparaísopara los pescadores y pescadoras artesanales, que con suerte llegan a fin de mes, porque no tienen mar para pescar o porque los recursos han sido depredados por la industria, que la ley de pesca siga vigente, a sabiendas de que es una ley corrupta? ¿Qué puede ser más irritante que el royalty minero, que en su momento rechazamos en esa norma que permitía la invariabilidad tributaria siga vigente y que el royalty aprobado por este Congreso Nacional todavía no sea ley de la república? ¿Qué puede ser más indignante que las escasas sentencias que ha habido en materia de corrupción política y empresarial? Hace un tiempo hablábamos del caso del senador Jaime Orpis , que a esta altura es icónico, no solo por lo simbólico, sino por lo escaso.

Ese es un hecho evidente de que la política ha sido permeada por los intereses económicos, al punto de que en proyectos de ley aprobados por el Congreso, que se encuentran vigentes y que son ley de la república, ha habido la asquerosa intervención de intereses económicos que han legislado en su favor, no en favor de las mayorías.

En consecuencia, a mi juicio, este proyecto viene a avanzar en esta materia. Creo que es un tremendo aporte porque no solo eleva las penalidades, sino que las pone al nivel que corresponde. Porque tan grave como el “motochorro” que citaba el otro día un candidato presidencial -quizá es mucho más gravees que los recursos marítimos sigan siendo de siete familias y este Congreso Nacional aún no derogue la ley de pesca, porque eso genera no solo injusticia, sino la sensación de que hay algunos que pueden salirse con la suya, y no solo eso, sino que también pueden violar la ley, pedir disculpas como lo hizo el señor Matte , que sigue siendo uno de los más millonarios de Chile, y no responder nunca ante la justicia.

Vamos a votar a favor este proyecto de ley.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol ) [vía telemática].-

Señor Presidente, los delitos económicos, también conocidos como delitos de cuello y corbata, son todas aquellas conductas ilícitas cometidas por personas naturales o a través de personas jurídicas, que afectan el patrimonio de una o más víctimas, el sistema financiero o el mercado en general.

El ámbito que abarcan estos delitos es bastante amplio, comprendiendo desde simples estafas hasta complejos ilícitos financieros, aduaneros o tributarios. Así, los tipos penales considerados como delitos económicos son aproximadamente 250 figuras que son sancionadas con penas que van desde una simple multa, como ocurre con algunos ilícitos que atentan contra la propiedad intelectual, hasta penas que consisten en quince años de privación de libertad en delitos como el de la quiebra fraudulenta.

No obstante, el problema que se puede apreciar en este sistema de normas radica en que, por distintas razones, tales como las bajas penas asignadas a los delitos más comunes y a la deficiente tipificación de los delitos penales, las personas naturales o las personas jurídicas que cometen este tipo de delitos rara vez reciben sanciones acordes con la gravedad de los mismos. Ya lo hemos visto en este país a propósito de diversos delitos que han mencionado mis colegas, como la colusión que hubo en sectores de la producción como los pollos, el confort y otros, en que la consecuencia para quienes los cometieron fue asistir a clases de ética. Qué cosa más absurda y ridícula para los cientos de miles de chilenos y de chilenas que se sintieron estafados, que se sintieron pasados a llevar, que sencillamente sintieron que les estaban mirando la cara. Tanto es así que en la actualidad hay personas que pueden cometer delitos económicos, es decir, ladrones, delincuentes, de cuello y corbata, que pueden llegar a ser Presidente de la República.

Este proyecto busca perfeccionar las normas penales que sancionan a quienes cometen o participan en delitos de naturaleza económica, con el objeto de dar una respuesta eficaz y enfrentar la débil regulación que hoy existe.

Valoro el hecho de que se esté llevando adelante la tramitación de esta iniciativa. Me tocó participar en la última parte de su discusión en la Comisión de Constitución. El proyecto tiene como finalidad adecuar el sistema de determinación, sustitución y aplicación de penas al ámbito de la criminalidad económica, a fin de subsanar las falencias que actualmente tiene el régimen.

El objetivo de esta iniciativa es abordar de mejor manera los delitos llamados “de cuello y corbata”, cuestión que es necesaria. Como decían mis colegas, una de las razones de la molestia que han ido acumulando las chilenas y los chilenos también ha sido el hecho de que una persona por vender un disco pirata en una feria puede recibir una condena de más años de cárcel que un delincuente de cuello y corbata. Me parece que eso no corresponde; es absolutamente desproporcionado.

El proyecto -reiteroestablece la adecuación del sistema de determinación y sustitución de penas al ámbito de la criminalidad económica, y una reforma a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entre las normas aprobadas cabe destacar aquella que amplía la pena para delitos de colusión, y en operaciones tributarias aduaneras.

En ese sentido, se estableció un mecanismo para que en ciertos casos de colusión la Fiscalía Nacional Económica esté obligada a ejercer la acción penal pública respecto de acuerdos colusorios que recaigan sobre productos de primera necesidad. Ese es un elemento que tiene que ver fundamentalmente con la odiosa experiencia que en Chile ya se vivió de situaciones de colusión en las que los afectados y las afectadas fueron los ciudadanos de a pie. Además, se otorga al Ministerio Público la facultad para forzar una acusación.

Asimismo, se delimitan las competencias del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en términos de que se restringirá a evaluar la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas involucradas, mientras que el Ministerio Público determinará las sanciones penales de personas naturales, con el fin de terminar con la impunidad en estos tipos de delitos.

Por otro lado, se aprobó la norma que permite ampliar la acción penal en los delitos tributarios. El Servicio de Impuestos Internos tiene el monopolio en el ejercicio de la acción penal y la exclusividad para abrir las investigaciones. Si bien no se elimina la atribución del Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público puede forzar la investigación penal en crímenes más graves. Nos parece que esto va a permitir realmente perseguir penalmente delitos relacionados con el financiamiento de la política. Fortalecer el Ministerio Público es una tarea que nos queda pendiente. No puede ser que en Chile las boletas ideológicamente falsas o las donaciones a campañas políticas por vías irregulares o ilegales no tengan sanción penal, como ocurrió hace algunos años.

Es importante que en Chile se haga este tipo de modificaciones. Estamos de acuerdo con gran parte de este proyecto, pero sin duda siempre hay más elementos para perfeccionar.

Como bancada del Partido Comunista, vamos a aprobar esta iniciativa, porque nos parece un aporte…

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, señorita diputada.

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, esta es una buena noticia para el país, a pesar de que estemos discutiéndola entre cuatro paredes y de que no necesariamente se sepa.

Sin duda, este proyecto es un avance importantísimo. Quiero destacar que se trata de una iniciativa de parlamentarios: son dos mociones refundidas. Agradezco al diputado Schilling por permitirme suscribir una de ellas.

Como dije, es una buena noticia para el país y que los parlamentarios estemos liderando este proceso, precisamente porque el estallido social del 18 de octubre, tan complejo, pero tan necesario para el país, nos señaló que no son treinta pesos, sino treinta años de abusos. Era algo que estaba ahí, que lo veíamos permanentemente, pero la reacción de nosotros, los parlamentarios, y de los distintos gobiernos había sido escasa o prácticamente nula.

En su momento nos preguntaron qué pasó con la colusión de los pollos, investigación que me tocó liderar en la Comisión de Agricultura. En esa instancia exigimos que se apuraran los procesos; queríamos saber qué pasaba con la Fiscalía Nacional Económica, con el Ministerio Público, etcétera. Sin embargo, vimos lentitud en los procesos en términos de hacer justicia frente a algo que era obvio, que estaba ante las narices de todos nosotros, y no lográbamos concretar lo relativo a la determinación de los delitos y sus respectivas multas o penas.

Lo mismo sucedió con las farmacias. Era tan evidente lo que ocurría en términos de la colusión de precios entre ellas en algo tan sensible y tan importante para las familias como son los medicamentos.

Para qué decir lo ocurrido con Penta, con Soquimich, que perseguimos por mucho tiempo.

La ley de pesca también ha sido mencionada aquí por algunos colegas.

Por eso es tan importante esta iniciativa, por eso es tan importante agradecer a los penalistas que participaron en su discusión. Ojalá la Comisión de Constitución lidere esta tramitación rápidamente, con el fin de que este proyecto se convierta en ley lo antes posible. Si hay algo que nos reclama la ciudadanía es nuestra falta de acción y nuestra incapacidad de aumentar las penas y de que estas sean efectivas.

Además, está la sensación de falta de justicia, en el sentido de que los que tienen recursos van a tener todos los bufetes de abogados a su disposición para librarse de las penas por estos delitos y limpiar su imagen con algún grado de liviandad. Pero las personas más humildes que cometen un delito y están presas o cuestionadas permanentemente son las que dicen que hay dos justicias: una para los ricos y otra para los pobres. Además, hay una ley que protege a los primeros permanentemente.

Los delitos de cuello y corbata son cometidos por las personas que tienen la mayor cantidad de recursos en el país. Además, utilizan el sistema de financiamiento a través de las AFP, con los recursos de todos los chilenos y chilenas, para cometer estos delitos que estamos tratando de tipificar con penas mayores. Por ello es importante aprobar estas mociones refundidas.

Los atentados contra el medio ambiente son una arista complementaria a los delitos económicos, pero tenemos que visualizarla de forma distinta. La idea es poner en el eje el abuso que hoy se comete en contra del medio ambiente y cómo eso también impacta en lo económico.

La Aduana, la Fiscalía Nacional Económica, el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos, sin duda, tendrán que ponerse al día respecto de estos delitos y modernizar su sistema. Pero para eso también debemos incorporar recursos, de modo que puedan ejercer su acción.

Me alegra haber sido parte de estas mociones. Lo más importante es que aceleremos el paso, porque el país lo necesita, por esa sensación de abuso permanente, por esa sensación de que se cometen delitos de cuello y corbata y por esa sensación de que existe una justicia para ricos y otra para pobres.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton Herrera .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, en primer lugar, agradezco a la Comisión de Constitución, a los distintos académicos, profesores y especialistas en el Código Penal que participaron en el estudio de este proyecto, porque en verdad en este caso no estamos solamente frente a un buen titular, sino ante un contenido contundente respecto del tratamiento de los delitos económicos, como los que atentan contra la libre competencia o contra el mercado bursátil, entre otros. Lo señalo, porque hay muchas iniciativas que tienen un buen titular, pero cuyo contenido, lamentablemente, es desconocido por la opinión pública y no se condice con la finalidad que se pretende lograr.

Sin ninguna duda, en el país se ha incubado un malestar social, uno de cuyos elementos centrales es la poca proporcionalidad que existe respecto del valor jurídico a proteger y la pena aplicable, es decir, el poco reproche ético y moral plasmado en el Código Penal respecto de delitos de colusión o delitos de cuello y corbata y la pena que se les aplica.

Algunos diputados ya dijeron que por delitos menores muchas veces se dictaminan años de cárcel, mientras que por delitos que implican un alto nivel de reproche, debido a que atentan contra la seguridad jurídica completa, contra los bienes básicos de los chilenos y las chilenas, y que afectan especialmente a los más vulnerables y a la clase media, se aplica como sanción la obligatoriedad de asistir a clases de ética, de manera que sus autores no permanecen siquiera un día en la cárcel.

Lo anterior se debe a que el Código Penal tiene una lógica del siglo XIX, razón por la que no trata esos delitos como corresponde. De allí que si aplica una pena de tres, cuatro o cinco años, pero su autor no es reincidente, en la generalidad de los casos no pasa un día en la cárcel.

En la Comisión de Seguridad Ciudadana estamos tratando un proyecto que aumenta las penas al delito de homicidio simple, porque los atentados contra la propiedad son sancionados con penas mayores que los atentados contra la vida. En este caso pasa lo mismo. Atentados tan vulneratorios respecto de los derechos de las personas que debemos proteger no pueden quedar en este grado de impunidad.

Se trata de aspectos tan importantes y tan básicos como el comiso de ganancias, ya que no puede ser que la multa sea inferior a la ganancia obtenida. Eso hace que sea un buen negocio coludirse o hacer atentados contra el mercado bursátil. ¿Cuántas veces hemos visto a través de la prensa que la multa para quienes perpetran este tipo de delitos es infinitamente inferior a las ganancias obtenidas? En este caso, en virtud de lo que propone este proyecto, se podrá aplicar el comiso de ganancias antes de la pena, lo que constituye un avance importante. Además, se establecen multas acordes con la gravedad de la infracción cometida y con el patrimonio del infractor.

Por otra parte, se incorporan los delitos medioambientales, materia sobre la que ya se ha llevado a cabo una larga discusión. Por lo menos, se da hoy un paso en ese sentido, en cuanto a las penas que serán aplicables contra quienes dañen nuestro medioambiente y la salud de las personas, delito que está escasamente tratado en nuestro Código Penal.

La iniciativa en debate es un avance importante, por la sencilla razón de que se deberá aplicar la sanción de cárcel efectiva para quienes se coludan, para quienes atenten contra bienes preciados de nuestra sociedad. Se trata de delitos que han generado un malestar enorme en la gente, porque esta percibe que la justicia para los que tienen recursos es muy distinta respecto de la que existe para quienes no los tienen. Debemos dar a la sociedad una importante señal: la igualdad ante la ley; es decir, que sin importar cuánto tienes o de dónde vengas, la ley se debe aplicar de la misma manera para todos: para una persona de escasos recursos o que no tiene los medios suficientes y para la que sí los posee.

La proporcionalidad de la pena, que es lo fundamental en este caso, tendrá un tratamiento claro en nuestra legislación. ¿Cómo es posible que se aplique la pena de libertad vigilada o la remisión condicional de la pena para este tipo de delitos? O sea, estas personas podían seguir cometiendo impunemente esta clase de delitos desde su casa o lograr que se les aplicara la remisión condicional de la pena. Es decir, para esos casos se aplicaba una lógica absolutamente distinta de la existente para los delitos comunes.

Por eso, junto con aplaudir este proyecto, espero que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento lo tramite a la brevedad en su segundo trámite reglamentario para despacharlo con celeridad al Senado, con la finalidad de que se convierta pronto en ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling Rodríguez .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, hoy es uno de esos días en el que todos somos buenos; pero el 2009, cuando se instituyó la responsabilidad penal de las personas jurídicas, época en que quiero recordar que solo existía la responsabilidad de las personas naturales, las cosas no fueron sencillas en el Parlamento. En ese momento tampoco teníamos al pueblo movilizado en la calle empujando las reformas. Entonces, ¿en qué nos apoyamos? En el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, organismo que nos puso como una de las condiciones de ingreso legislar a este respecto.

Fue eso lo que nos permitió establecer un catálogo mínimo de delitos susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas, como el cohecho, el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Esos delitos son el resultado de culturas organizacionales y de culturas empresariales. Acá se tenía la costumbre de que cuando se les sorprendía se buscaba un chivo expiatorio, y con eso quedaba liquidado el problema. Pero no será así de ahora en adelante, sino que será la persona jurídica la que deberá responder de los delitos tipificados en esta futura ley.

En 2009, traté de incorporar los delitos contra el medioambiente: ¡muralla!; traté de incorporar el delito de colusión: ¡muralla!, y traté también de introducir las prácticas antisindicales, que también ahora fueron olvidadas por la Comisión de Constitución. Espero que cuando la iniciativa vuelva al trámite de revisión ese aspecto sea incorporado.

Esto ha provocado abusos y, por supuesto, malestar social.

Con este proyecto vamos a terminar con el fin de las acciones exclusivas de determinados organismos del Estado para cierto tipo de delitos, como los tributarios y la colusión, que se deriva exclusivamente a la Fiscalía Nacional Económica. A partir de este proyecto, la investigación del delito de colusión podrá ser iniciada por el Ministerio Público. Esto ha costado el parto de los montes, porque todos defienden su pequeña parcela, su pequeño interés y, a lo mejor, la posibilidad de reservarse espacio para el abuso a futuro.

Se gradúan las penas adecuadamente y también se hace pedagogía, porque se establecen atenuantes, siempre que las empresas demuestren que han tomado las acciones previas para evitar que ocurra este tipo de prácticas antieconómicas y antisociales.

Se endurecen penas. La propuesta original en el proyecto que encabecé establecía que una de las sanciones era instituir la figura del interventor, para que la sociedad tuviese la seguridad de que un ajeno a la maraña de cultura viciosa de una empresa pudiera subsanar los problemas; pero no, se dispuso lo de siempre, es decir, tratar de amortiguar la cuestión y poner a un supervisor. Bueno, ya, si hay que hacer la concesión para sacar la ley, que sea un supervisor. Pero cuando se demuestre débil el proyecto, les recordaremos que estaba la figura del interventor.

Con este proyecto también se pretende moralizar a la elite. Aquí viven hablando de moralizar al delincuente de poca monta, al que se debe perseguir con todo lo que hay. ¿Y los delincuentes de la elite no existen? ¿No almuerzan o no cenan con ellos algunas veces?

Bueno, siguiendo a Portales, para que Chile pueda ser una verdadera república democrática, las elites tienen que dar el ejemplo. Me refiero a las elites políticas, desde luego, pero también las elites económicas, y este proyecto será una contribución a ello.

Finalmente, quiero dar las gracias especialmente al entonces diputado Mario Desbordes , quien me acompañó en la suscripción de esta moción, que permitió la fusión con otras y que posibilitó la incorporación de gente de derecha con buena disposición a aprobarla.

Esto no fue sencillo. A lo mejor Desbordes no será Presidente de Chile, pero un proyecto que va a cambiar la vida de los chilenos lleva su firma.

He dicho.

-Aplausos.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto Ferrada .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, quiero destacar el esfuerzo que hicimos en la Comisión de Constitución para sacar adelante este proyecto. Destinamos veintiséis sesiones, más de medio año, todas las semanas, intentando avanzar en un proyecto que aborda integralmente todos los delitos económicos, que busca fortalecer las sanciones y la penalidad a los delitos de cuello blanco. Todo ello, en un contexto en que la sociedad completa tiene la percepción compartida de que en Chile hay una justicia para ricos y otra distinta para pobres, y que los primeros amasan grandes fortunas cometiendo delitos sin pisar nunca la cárcel.

Esta desigualdad crónica ha dañado severamente nuestra convivencia social y democrática por la impudicia empresarial, por los abusos y privilegios de que gozan los delincuentes económicos y que han ido creciendo en nuestra sociedad como un verdadero cáncer, dañando y destruyendo la confianza social, y hasta nuestra democracia.

Los delincuentes de cuello y corbata, esto es, quienes cometen los delitos económicos, gozan de un privilegio que nadie más tiene: impunidad ante la justicia. Sobre esto hay ejemplos emblemáticos, y se han dado varios durante el debate. Soquimich, por ejemplo, es una empresa que construyó su riqueza mediante concesiones estatales de litio y, al mismo tiempo, financió ilegalmente a los que aspiraban a dirigir el Estado, que les entregaba las concesiones. O el caso Penta, grupo que por décadas estuvo construyendo un entramado de financiamiento a la política a través de boletas ideológicamente falsas. Sus integrantes fueron condenados simplemente a asistir a clases de ética. O el caso emblemático de Pablo Longueira , quien hoy está sentado en el sillón de los acusados por haber ofrecido leyes a la carta a los grandes grupos económicos, particularmente pesqueros.

Este proyecto recibió el apoyo permanente de un conjunto de académicos y expertos en derecho penal y de las más altas autoridades que persiguen delitos, como el Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en fin, todas las instituciones que intentan castigar severamente a los delincuentes de cuello y corbata.

La iniciativa en discusión entra al fondo y cambia completamente la regulación de los delitos económicos, haciendo más severa su penalidad.

¿Qué son los delitos económicos? El Ministerio Público nos dice que son aquellas conductas ilícitas cometidas por personas naturales o jurídicas, que afectan el patrimonio de una o más víctimas, dañan el medio ambiente, el sistema financiero o los mercados en general.

Al respecto, este proyecto tiene varias modificaciones relevantes.

En primer lugar, busca que haya cárcel efectiva para quienes cometen esta clase de delitos, cuestión que no es fácil, porque, evidentemente, todos los que cometen delitos económicos no son reincidentes, no tienen antecedentes penales previos y, de acuerdo con el régimen general de delitos comunes, siempre les favorecen atenuantes que impiden que pisen la cárcel.

Pues bien, creamos un estatuto propio para la determinación de la pena, un estatuto judicial, con agravantes y atenuantes específicas que solo se aplican a los delitos económicos y fortalecen su sanción.

También buscamos la manera de establecer penas sustitutivas especiales. Por ejemplo, se eliminó la libertad vigilada, que era la pena común para los delitos económicos, y se busca fijar, aunque sean penas inferiores a cinco años y un día, una penalidad de cárcel determinada.

Se avanzó en un sistema de multas-días, que dispone una multa proporcional al daño causado y a la envergadura económica del delincuente.

Lo mismo se hizo en el comiso de ganancias, que priva de toda ganancia a este personaje, y lo hace aun sin condena; en toda clase de inhabilitaciones que se establecen para los delincuentes económicos no tan solo para postular a cargos públicos, sino también para tener cargos gerenciales o negociar con el Estado.

Celebro especialmente que hayamos incorporado en esta iniciativa delitos ambientales precisos y determinados, que extrajimos del proyecto de nuevo Código Penal de 2018.

También eliminamos el privilegio que tienen el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía Nacional Económica, pues solo ellos pueden abrir procesos penales por fraudes tributarios o por colusión de precios. Ahora el Ministerio Público tendrá la herramienta de llevar a la justicia a los delincuentes económicos, y eso constituye un paso demoledor contra la impunidad.

Es urgente y necesario aprobar estas reformas para avanzar hacia una mayor democracia social, hacia una democracia económica y eliminar todo resabio de impunidad ante la justicia.

Debemos salir de esta crisis política y sanitaria, pero por la vereda de la justicia y la igualdad ante la ley…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, su señoría. Cerrado el debate.