Labor Parlamentaria

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que adecua el Código del Trabajo en materia de documentos electrónicos laborales.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

-Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 52ª de la presente legislatura, en miércoles 30 de junio de 2021. Documentos de la Cuenta N° 3.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Ramón Barros .

El señor BARROS (vía telemática).-

Señor Presidente, no hay ninguna duda de que Chile se debe poner al día en materia de institucionalidad, acorde a los nuevos tiempos, respecto de un mercado laboral moderno que requiere un ordenamiento jurídico que también lo sea y que busque aprovechar al máximo los recursos que el avance tecnológico pone a disposición. Lo anterior, para lograr una mayor eficiencia en las interacciones entre trabajadores, empleadores y la autoridad administrativa.

El proyecto pone a disposición de todas las partes una herramienta eficaz para poner término al contrato de trabajo bajo ciertas causales y la celebración de ciertos actos jurídicos, una vez terminada la relación laboral, lo que además se encuentra en línea con la recientemente aprobada ley N° 21.327, sobre Modernización de la Dirección del Trabajo.

Así, este proyecto gira en torno a siete ideas centrales:

Incorpora expresamente en el Código del Trabajo la validez del finiquito laboral otorgado, pagado por el empleador y firmado por el trabajador, en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo. Otorga igual valor jurídico a la renuncia del trabajador y al mutuo acuerdo celebrado entre las partes, que se registren bajo esta modalidad electrónica. Establece que el director de la Dirección del Trabajo, mediante resoluciones, establecerá el procedimiento aplicable. Incorpora expresamente que la Tesorería General de la República u otras entidades que se dediquen a estas actividades deben actuar como intermediarios en el pago de los finiquitos laborales a los trabajadores.

El proyecto resguarda los derechos del trabajador, por cuanto se obliga a que el finiquito electrónico debe incluir, al menos, la causal legal de terminación invocada, los pagos a que dio lugar y las sumas pendientes, todo aquello sin perjuicio de la procedencia de las acciones de impugnación que puede ejercer el trabajador, establecidas en el artículo 168 del Código del Trabajo, las que no son modificadas y que siguen rigiendo con las normas de aplicación general.

Por último, en el mismo sentido, se garantiza siempre -reitero: se garantiza siempre el derecho del trabajador a suscribir su finiquito, renuncia o mutuo acuerdo de modo presencial ante un ministro de fe, si así lo prefiere. Vale decir, es un acto voluntario y no le impone a nadie una obligación más allá de poner a disposición un mecanismo moderno para la terminación de un proceso.

Cabe señalar que este proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados casi de manera unánime, y desde el Senado viene con algunas pequeñas correcciones…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado Tucapel Jiménez .

El señor JIMÉNEZ (vía telemática).-

Señor Presidente, este proyecto, iniciado en mensaje, va en el camino correcto. En el mundo del trabajo es fundamental resguardar hoy en día los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, y también es esencial comenzar a utilizar cada vez más los beneficios y aspectos positivos que trae consigo la tecnología.

Este proyecto está acorde con lo que hemos avanzado con la ley N° 21.327, sobre Modernización de la Dirección del Trabajo. Se trata de una iniciativa que discutimos intensamente en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, junto con los dirigentes de las organizaciones sindicales de esa dirección.

Como señaló el diputado Ramón Barros , el proyecto establece la posibilidad de que el finiquito de la relación laboral se otorgue en forma electrónica. También permite suscribir carta de renuncia de mutuo acuerdo, cuando las partes así lo desean.

En el Senado, don Raúl Campusano , presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo de Chile, dio cuenta de la importancia de este proyecto y de su impacto social, y compartió importantes cifras. Informó que, por ejemplo, en un año normal se estima que se tramitan 2.500.000 términos de contrato y 2.000.000 de finiquitos -200.000 en la Dirección del Trabajo y 1.800.000 en notarías-, así como 365.000 renuncias voluntarias.

Como dije, es fundamental avanzar utilizando los beneficios de la tecnología, junto con resguardar, también, los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Este proyecto, considerando las modificaciones realizadas en ambas cámaras, logra ese equilibro. Por ejemplo, la iniciativa propone modificar el artículo 162 del Código del Trabajo, incorporando un inciso octavo, nuevo, que establece y garantiza siempre el derecho del trabajador o de la trabajadora a aceptar, firmar y recibir el pago en forma electrónica o de manera presencial con un ministro de fe. Además, da la posibilidad al trabajador de formular reserva de derechos.

Por tanto, este proyecto establece dos opciones: la vía electrónica o la modalidad presencial, tal como ocurre actualmente, resguardando el derecho de los trabajadores a decidir.

Por otra parte, se agrega al final del nuevo inciso cuarto que se propone para el artículo 177, que la formulación de reserva de derechos por el trabajador al suscribir el finiquito no impedirá en ningún caso el pago de las sumas no disputadas, lo que deberá exigirse al empleador por la Dirección del Trabajo.

Asimismo, el trabajador que habiendo firmado la renuncia, el mutuo acuerdo o el finiquito, considere que ha existido a su respecto error, fuerza o dolo, podrá reclamarlo judicialmente, dentro del plazo establecido en el inciso primero del artículo 168, el que se suspenderá en la forma a que se refiere el inciso final del mismo artículo.

Por todas estas consideraciones, a pesar de que me encontraba cursando licencia médica cuando se tramitó el proyecto en la Comisión de Trabajo, lo considero sumamente necesario y anuncio que lo votaré favorablemente.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señor Presidente, este proyecto facilita la realización de actuaciones claves en el mundo del trabajo a través de medios electrónicos, lo que permitirá a trabajadores y a empleadores ahorrar tiempo y recursos en la suscripción del finiquito laboral, la renuncia del trabajador y el mutuo acuerdo celebrado entre las partes. Con la tecnología actual todo ello es posible, siempre resguardando los derechos de las partes, especialmente de los trabajadores, utilizando la clave única del Servicio de Registro Civil e Identificación, a la cual pueden acceder todos los ciudadanos.

Dada la importancia de estos trámites legales, disponiendo ya de tecnología suficiente y en pos de la protección del trabajador, se hace necesaria la incorporación de estos documentos laborales electrónicos en nuestro ordenamiento jurídico laboral. Con todo, el trabajador siempre podrá optar por la posibilidad de suscribir dichos documentos de forma presencial, siendo ello facultad exclusiva de este. Además, el proyecto tiene por objeto mejorar los procesos internos de la Dirección del Trabajo mediante la incorporación de mecanismos tecnológicos de gestión que permitan al servicio adaptarse a los nuevos tiempos y, así, prestar mejor servicio a los usuarios.

Brevemente, me referiré a las modificaciones muy valiosas del Senado que permitieron que el proyecto fuera aprobado por unanimidad en la comisión.

El finiquito que se suscriba electrónicamente deberá dar cuenta de la reserva de derechos que el trabajador hubiere formulado.

El director del Trabajo, mediante resolución, establecerá el procedimiento aplicable para el adecuado funcionamiento de la ratificación del finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo en el portal electrónico de la Dirección del Trabajo. También deberá señalar el procedimiento por el que se deberá exigir al empleador el pago y cumplimiento oportuno e íntegro de las obligaciones que de estos emanen, así como también la regulación aplicable en caso de reserva de derechos por parte del trabajador en el finiquito electrónico.

La formulación de reserva de derechos por el trabajador al suscribir el finiquito no impedirá en ningún caso el pago de las sumas no disputadas, lo que deberá exigirse al empleador por la Dirección del Trabajo.

También se refuerza expresamente que el trabajador que haya aceptado la suscripción del finiquito podrá consignar que se reserva el derecho a acciones judiciales en contra de su ex empleador. En caso de que el trabajador considere que en la suscripción del finiquito, renuncia o mutuo acuerdo ha existido error, fuerza o dolo, se establece que podrá reclamarlo judicialmente, dentro del plazo establecido en el inciso primero del artículo 168 del Código del Trabajo.

El poder liberatorio del finiquito se restringirá solo a aquello en que las partes concuerden expresamente y no se extenderá a los aspectos que en el consentimiento no se forme.

Señor Presidente, por todo esto y en conocimiento de que la Comisión de Trabajo lo aprobó por unanimidad, daremos nuestro apoyo al proyecto. Creemos que son tiempos para efectuar estos trámites de una manera distinta.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Rubén Moraga .

El señor MORAGA.-

Señor Presidente, este proyecto busca dar respuesta a lo que vivimos hoy, con la modernidad y con las plataformas electrónicas.

La naturaleza protectora del derecho laboral, que regula la relación entre dos partes desiguales, se expresa de forma sustantiva como fuero, jornadas, pero también con normas de procedimiento o formales. Una de estas normas formales es la exigencia de un ministro de fe para que se ratifique el finiquito. Se trata de una protección al trabajador en la última etapa de su relación laboral. En los hechos, este proyecto elimina la presencia del ministro de fe, abriendo un espacio para que el empleador pueda presionar al trabajador.

Este proyecto no es inocente ni inocuo, ya que beneficia al empleador. Está expresamente vinculado a la agenda laboral del gobierno que tiene el propósito de perforar el derecho del trabajador para dejar en una posición de mayor ventaja a los grandes grupos económicos y a los empleadores. Es necesario sincerar el debate. El finiquito electrónico transforma al empleador en un ministro de fe, siendo juez y parte.

El derecho del trabajo debe basarse en la realidad. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un supermercado. El gerente llama y despide a una cajera y la presiona para firmar en su computador el finiquito para redactarlo. Además, le advierte que de no hacerlo se le acusará de falta o de delito y que no podrá acceder a ningún beneficio. Esta situación deja en franca desventaja a los trabajadores. Eso es lo que ocurre en la realidad. Existe mayor riesgo de coacción, pues sabemos que esta se traducirá en más presión de los empleadores. De esa realidad debemos proteger a los trabajadores y a los asalariados.

Finalmente, el Senado suprimió las pocas normas que otorgaban alguna protección al trabajador, como la posibilidad de recurrir al procedimiento de tutela laboral y la reserva total de los derechos que acompañan al finiquito electrónico.

Cabe consignar que existen más normas incorporadas por indicaciones de diputados y diputadas de oposición.

Anuncio que rechazaremos los cambios introducidos por el Senado para que el proyecto pase a comisión mixta.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, es importante considerar que, como efecto de la pandemia, se han acelerado muchos procesos de digitalización, con el fin de facilitar las medidas de distanciamiento.

Desde octubre de 2020 a la fecha, se han cursado cerca de 70.000 finiquitos vía digital y alrededor de 200.000 cartas de renuncia en lo que va transcurrido del año 2021. Lo que revela esta tendencia es una realidad concreta que amerita las transformaciones regulatorias para garantizar que esos medios digitales tengan el mismo valor legal que las transacciones presenciales por escrito para trabajadores y trabajadoras, y para desburocratizar el Estado.

Por otro lado, este proyecto es un importante avance, que no solo nos llevará a reducir tiempos y costos, sino también nos permitirá avanzar hacia la tan esperada digitalización del Estado.

Valoro el hecho de que se haya considerado la realidad asimétrica que se da entre trabajadores y empleadores; que ese sea el motivo para que se mantengan los comparendos presenciales de conciliación ante la Dirección del Trabajo, tal como se ha hecho hasta la fecha, a fin de evitar cualquier tipo de abuso. Considerando que además la Tesorería General de la República ha venido operando de manera administrativa en este ámbito desde 2019, me parece idóneo que se le otorgue el sustento legal correspondiente para recibir los dineros de los trabajadores.

Valoro el ánimo con que se trabajó este proyecto en el Senado y en las respectivas comisiones de Trabajo del Congreso Nacional, instancias en que hubo búsqueda de ideas en común y de acuerdos para avanzar, y, a su vez, se resguardó la debida protección de los trabajadores.

Ante todos lo dicho, apoyo las modificaciones emanadas desde el Senado.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, este proyecto, que busca hacer una adecuación en el Código del Trabajo en materia de documentos electrónicos laborales, me genera algunas dudas que, ojalá, el señor ministro o algún miembro de la comisión técnica pueda resolver, con los antecedentes pertinentes.

Por ejemplo, ¿en la discusión de este proyecto fueron escuchados los trabajadores, los sindicatos, la CUT o alguna otra organización de trabajadores? ¿Qué piensan los trabajadores y trabajadoras al respecto? Entiendo que los funcionarios de la Dirección del Trabajo están plenamente de acuerdo con el proyecto, así como también el gobierno y los empresarios. Obviamente, como significa menos trabajo presencial, es razonable que ellos tengan esa opinión. Además, es un mayor ahorro para los empleadores y una simplificación de trámites, pero ¿qué pasa con los trabajadores? En eso tengo dudas.

Por eso -por su intermedio, señor Presidente-, pido que el ministro o el subsecretario me respondan. Es muy importante saber si los trabajadores fueron oídos, pero tengo dudas al respecto.

Estoy de acuerdo con el propósito que se persigue, pero ¿qué pasa con las decenas de miles de trabajadoras y trabajadores que no tienen acceso a internet ni tampoco a la documentación electrónica? En muchas zonas de nuestro país hay niños que no pueden estudiar, porque no tienen acceso a internet, y no pueden recibir información de manera rápida. Entiendo que siempre hay una posibilidad -el proyecto de ley lo dice-, pero me genera dudas. Por mis oficinas parlamentarias vi desfilar a decenas de personas que consultaban respecto de los beneficios del Estado, porque no tenían cómo acceder a ellos, ya sea por falta de conocimiento o por falta de señal de internet. Eso me preocupa.

Me gustaría avanzar en este tipo de materias, cuando internet llegue a todos los lugares de nuestro país con una intensidad parecida, sea más universal y verdaderamente asequible para todas las personas, para todos los trabajadores y trabajadoras, así como también para todos los estudiantes. Veo que hay diferencias en esa materia.

Este proyecto de ley beneficia más a los empleadores y a los funcionarios de la Dirección del Trabajo que alivian, en parte, su carga laboral, y bienvenido sea, pero no tengo claridad en el beneficio que tendrán todos los trabajadores y trabajadoras, incluidos aquellos analfabetos digitalmente o que no tienen acceso a internet.

Por eso, espero una respuesta antes de decidir mi voto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, respaldaré este proyecto de ley, que da la opción de que el finiquito sea de manera presencial, como lo establece la ley, o por la vía electrónica, siempre con el consentimiento del trabajador.

Esta iniciativa se inserta en la agenda de modernización laboral implementada para ahorrar tiempo y trámites, sin afectar los derechos y deberes de las partes, según se comprometió en su momento.

En síntesis, se trata de permitir que el finiquito de una relación laboral se informe y pague de manera presencial o virtual. Siempre que el trabajador esté de acuerdo con hacer el trámite en forma telemática, se le debe indicar con claridad que la aceptación del proceso de modo virtual no le significa renunciar a los derechos que le corresponden y que si tiene alguna reclamación, contará con el plazo de 60 días hábiles para hacerlo.

La modificación introducida por el Senado dispone que el trabajador podrá establecer expresamente la reserva de derechos.

Se explicita, además, que el finiquito virtual debe hacerse por medio del formato establecido por la Dirección del Trabajo y ser firmado electrónicamente por el trabajador.

En el Senado, además de algunos cambios formales menores, se hace más explícito el procedimiento respecto del pago presencial o virtual de los dineros que se adeuden al trabajador, sin alterar en esencia el sentido del proyecto, por lo que se trata de un aporte positivo desde el punto de vista de los trabajadores, que probablemente serán el eslabón más débil en términos de la comprensión del sistema telemático para poner fin a los contratos de trabajo.

De esta manera, creemos que este proyecto, que fue presentado antes de la pandemia por covid-19, igualmente va a permitir que en estos tiempos de pandemia se faciliten los trámites de finiquito, siempre contando con el consentimiento del trabajador y dejando expresa constancia de su reserva de derechos.

Vamos a aprobar este proyecto, porque creemos que es un avance en los tiempos modernos, cuando necesitamos mayor agilidad y esta opción para el trabajador.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, revisamos este proyecto de ley siempre pensado fundamentalmente en los trabajadores y trabajadoras.

Comparto, sin duda, lo que ha planteado el diputado Jaime Mulet , además porque soy representante de zonas aisladas, de zonas rurales, donde tenemos una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras, sobre todo temporeros y temporeras, que, de seguro, no poseen las condiciones adecuadas para efectuar los referidos trámites. Miren lo que ha pasado con el uso de internet para la educación, particularmente en zonas rurales y aisladas. Por lo tanto, que lo propuesto sea una opción es lo más lógico, es decir, que no sea una obligación permanente tramitar todos los procedimientos del Estado a través de internet.

En segundo lugar, me parece muy importante que con esta iniciativa tendremos un registro de las comunicaciones del empleador con la Inspección del Trabajo. En ese registro tendremos constancia del cumplimiento y, además, otras dos cosas que para nosotros son muy importantes: primero, la Inspección del Trabajo deberá chequear cuál es el monto efectivo que tiene que pagar el empleador en relación con la proporcionalidad de los días trabajados, las vacaciones, etcétera; segundo, frente a este proceso automático, se podrá chequear el pago de las cotizaciones previsionales, porque si no existe el pago de cotizaciones previsionales, si no existe de forma efectiva este depósito en las administradoras de fondos de pensiones, no se podrá producir el finiquito ni el despido del trabajador o de la trabajadora. Desde el punto de vista de lo que se analizó, creo que esa es una de las cosas interesantes de este proyecto, porque muchas veces se produce el despido y el finiquito sin que se haya hecho todo lo que corresponde para el depósito de las cotizaciones previsionales.

Creo que lo anterior es un avance, lo que me da cierto grado de tranquilidad; no como ha ocurrido con otras leyes que hemos aprobado, respecto de las cuales hemos tratado de colocar en el tapete que no todo el mundo tiene internet. No podemos homologar el tratamiento de una iniciativa tan importante como esta para referirnos solo a las grandes ciudades y no a los sectores rurales o zonas aisladas.

Creo que hay cosas interesantes en las que podemos ir avanzando. Tenemos que fiscalizar que este proceso ocurra como corresponde y, además, que tengamos información desde la Inspección del Trabajo en forma continua.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, qué duda cabe de que internet y todos los medios electrónicos han ido ganando espacio. Hace diez o quince años, uno nunca hubiese imaginado que iba poder hacer una transferencia bancaria desde un celular; tampoco que el Servicio de Impuestos Internos no solo iba a recaudar la declaración anual de impuesto y los PPM mensuales en el formulario 29, sino que también iba a recaudar la información para pagar bonos a las personas, para pagar bonos a las pymes, o que las AFP iban a entregar recursos y a depositarlos en las cuentas vista del Banco Estado o en los bancos comerciales de las personas con una rapidez inusitada.

En el caso de los trabajadores también. Lo digo porque a veces vemos cosas indignas para los trabajadores, como tener que hacer largas filas en el sur del país, bajo la lluvia y el frío, para lograr que en la Inspección del Trabajo los atiendan para lograr sus finiquitos, o ir a las notarías y también hacer lo mismo: largas filas. Eso ya es indigno a estas alturas.

Se está demostrando que el Estado puede estar al servicio de la gente en línea, a través de los medios electrónicos. En ese sentido este proyecto de ley incorpora expresamente en el Código del Trabajo la validez del finiquito laboral, otorgado y pagado por el empleador y firmado por el trabajador, en un sitio electrónico de la Dirección del Trabajo. ¡Miren qué importante! Miren qué pequeño es el salto, pero muy grande para el trabajador que es temporero, que está fuera de las ciudades o que está en una población cualquiera, ya que va a poder conectarse a través de su celular con la Inspección del Trabajo y firmar su finiquito, para los efectos de que le paguen el trabajo que hizo.

Asimismo, otorga valor jurídico a la renuncia del trabajador, por mutuo acuerdo celebrado entre las partes, y que ello se registre bajo esta modalidad electrónica.

De igual modo, establece, mediante resolución de la Dirección del Trabajo, un procedimiento aplicable y adecuado a la ratificación del finiquito y a la renuncia de mutuo acuerdo.

También queda establecida la posibilidad de que el trabajador pueda apelar al finiquito.

Por lo tanto, es hora de empezar a cambiar la relación entre el Estado y la gente, entre el Estado y aquellas personas para las cuales tiene que estar al servicio.

Vamos a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, hoy estamos tratando este proyecto que quiere adecuar el Código del Trabajo, particularmente los actos que son coetáneos al despido de una persona, con los documentos electrónicos, con la posibilidad de hacer un finiquito electrónico.

Lo digital, sin duda, concita un enorme interés en la ciudadanía, en el mundo, y está llegando a todos lados, pero no sé si modernizar los despidos o las relaciones laborales, para hacerlos a través de portales electrónicos, sea una mejora para la humanidad. Tampoco sé si se pueda tomar a todos los trabajadores de una empresa o a la mitad de ellos en una reunión vía Zoom y despedirlos, por ejemplo, o mandarles mensajes electrónicos a todos para indicarles que quedan desvinculados por una causal inventada, como suele ocurrir. Por eso, este proyecto hay que verlo con mucho cuidado.

El Senado hizo mejoras al proyecto que habíamos aprobado. Hay varias de ellas que son interesantes, como la que establece la posibilidad de hacer reserva de derechos; que este procedimiento sea voluntario para el trabajador y no una imposición; que se tenga que chequear, antes de otorgar el finiquito electrónico, el pago de las cotizaciones previsionales, y aplicar la “ley Bustos”. Son cuestiones que evidentemente van en el sentido correcto.

No obstante, hay una disposición que creo que hay que rechazar. El finiquito tradicional, presencial, siempre se tenía que otorgar ante un ministro de fe -notario, inspector del trabajo o delegado del sindicato-. Eso es así porque el consentimiento del trabajador para el despido, para poder resolver la relación laboral en el finiquito, donde renuncia a todo, tiene que ser con un consentimiento libre e informado. En ese sentido, concurrir presencialmente ante el ministro de fe le permite al trabajador consultar si está bien lo que le están ofreciendo. El consentimiento informado es la base de todo esto; además, debe ser libre. Cuando una persona es despedida, queda cesante, sin la subsistencia asegurada que genera un sueldo, claramente uno no tiene libertad. La tiranía que se ejerce a través de la subsistencia debilita la libertad del trabajador, quien muchas veces debe aceptar lo que no quiere.

Nosotros aprobamos la implementación del finiquito electrónico, pero siempre que se entienda que a través de dicha firma electrónica el trabajador hace reserva total de sus derechos, ya que con posterioridad podrá discutir los abusos, los engaños y toda clase de tropelías que excepcionalmente se pueden cometer en esos casos.

Esa norma fue eliminada en el Senado, estableciendo que quedará a voluntad del trabajador el aceptarlo o no. El problema es que no hay verdadera libertad dada la asimetría que se produce cuando una persona es despedida, sobre todo si es un trabajador migrante o rural, es decir, una persona con un trabajo precario o con baja formación digital.

En consecuencia, junto con pedir votación separada, quiero manifestar que votaré en contra esta última norma.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar las modificaciones incorporadas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.606, sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, y la ley N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, para incorporar a la enfermedad celiaca y al gluten como su principal causante, en las menciones y en la regulación contenidas en dichas normas.

De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado. Documentos de la Cuenta N° 9 de este boletín de sesiones.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado Ricardo Celis .

El señor CELIS (don Ricardo).-

Señor Presidente, por su intermedio agradezco a la Presidenta del Senado, Yasna Provoste , el que haya puesto en discusión y votación este proyecto.

Esta iniciativa se aprobó por unanimidad en la Cámara. El Senado le introdujo algunas modificaciones, pero más bien de estilo, ninguna de carácter formal. En ese sentido, tal vez la más importante de las enmiendas es la incorporación de reglamentos respecto de muchos aspectos que nosotros vimos de manera general, tanto en la comisión técnica como en la Sala.

En la actualidad, hay un reglamento para la venta o el expendio de alimentos sin gluten, los que deben ser identificados como tales y deben estar dispuestos en espacios definidos para su comercialización, con el objeto de que la gente pueda acceder a ellos con facilidad.

Este proyecto tiene la gracia de ser transversal. Soy uno de sus mocionantes, pero varios diputados y diputadas participaron en su suscripción, como Javier Macaya , Jorge Durán , Daniel Verdessi , Miguel Crispi , Claudia Mix , Carolina Marzán , entre otros, quienes también están muy involucrados e interesados en que las personas que padezcan celiaquía no corran el riesgo de consumir alimentos contaminados o que contengan gluten por no encontrarse estos debidamente especificados.

Las modificaciones que realizó la Comisión de Salud de la Cámara, las cuales se votaron en esta Sala y que fueron mantenidas por unanimidad en la comisión técnica del Senado, mantienen las ideas matrices de la iniciativa.

¿Cuáles son esas ideas matrices? Etiquetado frontal claro, que señale que el alimento está libre de gluten; que se eduque en los colegios respecto de todo aquello que tenga relación con intolerancia alimenticia, como la celiaquía o la afectación que produce el consumo de gluten en el organismo; que aquellos que tengan beca de alimentos durante la educación básica, media y universitaria, así como en todas las instituciones del Estado donde se expendan alimentos, como centros hospitalarios o penitenciarios, tengan una alternativa de menú sin gluten, y, finalmente, que haya góndolas especiales para esos alimentos en los centros que los comercialicen.

Por todo lo expuesto, llamo a votar a favor las enmiendas del Senado.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, la celiaquía es una enfermedad que afecta al uno por ciento de la población; es decir, son aproximadamente 180.000 las personas que la padecen y 180.000 las familias involucradas.

La celiaquía conlleva muchas complicaciones, la primera de las cuales dice relación con su diagnóstico, dado que es muy difícil su determinación. De hecho, este puede tardar hasta cuatro años, entre procedimientos inmunológicos, endoscopías y biopsias, los que además no están adecuadamente cubiertos por el sistema de salud público ni por el sistema de salud privado.

La segunda complicación es la falta de tratamiento, ya que no hay un medicamento que trate esta patología.

Finalmente, la dieta libre de gluten es un problema para las distintas familias que tienen que lidiar con esta enfermedad, porque, además de ser cara, los productos son etiquetados con información insuficiente y se mantiene una escasa verificación sistemática de sus componentes. Las líneas de producción muchas veces se contaminan con alimentos que sí contienen gluten.

El alto costo de estos alimentos es en razón de algo que no se explica, porque eliminar el gluten en la producción del alimento no es tan difícil. Es evidente que el comercio se aprovecha de la necesidad clínica que tienen los pacientes que deben consumirlos.

Además de todo lo que he explicado, debemos sumar que la exigencia de etiquetar adecuadamente los alimentos afectará a todos los otros alimentos que usan gluten de manera encubierta, como espesantes, extractos de proteínas vegetales o aditivos para los cereales, los que se utilizan bajo distintos nombres. Estos productos están presentes en el comercio, pero no señalan el uso de gluten, lo que hace más difícil el tratamiento de los pacientes. No olvidemos que la única posibilidad que tienen los pacientes celíacos para mejorar su absorción intestinal y su calidad de vida es a través de la implementación de una dieta libre de gluten.

Además de los pacientes celíacos, debemos sumar cerca de un millón de pacientes que tienen sensibilidad al gluten o síndrome de intestino irritable.

Es importante aprobar este proyecto, porque, aunque puede parecer que la intolerancia al gluten no afecta a tantas personas, sí lo hace.

Por las razones señaladas, anuncio mi voto a favor de las modificaciones del Senado, las que ojalá sean aprobadas por unanimidad, porque lo que aborda esta iniciativa es una materia muy importante.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a los miembros de la Mesa, quienes hacen posible el funcionamiento de nuestra institución; a mis colegas diputados y diputadas que se encuentran en la Sala y también a los que participan de manera remota en distintos puntos del país.

Quiero manifestar mi admiración y respeto al senador Guido Girardi , quien ha sido uno de los impulsores en nuestro país de que los alimentos incorporen en su etiquetado el daño que generan.

El gluten es la denominación que se da a las proteínas que se encuentran en el trigo, en el centeno, en la cebada y, ocasionalmente, en la avena y en los productos derivados de ella.

El gluten contribuye a que ciertos alimentos conserven su forma, ya que actúa como un aglutinante que los mantiene ligados; se encuentra en alimentos que ni siquiera imaginamos y se utiliza como aditivo por sus propiedades espesantes y aglutinantes, entre otras.

Los alimentos envasados deben advertir en su etiquetado nutricional la presencia de gluten. Por eso, me alegra que estemos tratando las modificaciones introducidas por el Senado a esta iniciativa.

La enfermedad celíaca es un trastorno hereditario autoinmune, que se define como un desorden sistemático inmunomediado, caracterizado por la presencia de anticuerpos específicos y daño intestinal, pues afecta el revestimiento del intestino delgado. Ser diagnosticado con enfermedad celíaca significa que el cuerpo no puede procesar el gluten. Los síntomas varían de persona a persona, y pueden presentarse problemas gastrointestinales y otros.

Por ahora, el único tratamiento recomendado para la enfermedad celíaca es seguir una dieta libre de gluten para toda la vida.

Algunos efectos que puede provocar la enfermedad celíaca son, por ejemplo, migrañas, depresión, dolor de cabeza; en el caso de la boca, daño en el esmalte dental y úlceras bucales; en el de los músculos y huesos, dolor muscular, osteoporosis y dolor en articulaciones; en el del estómago, acidez, reflujo; en la piel, dermatitis herpetiforme, erupciones, ampollas; en el abdomen, dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea, constipación, y particularmente en las mujeres, un tema muy delicado, que es la esterilidad y los abortos espontáneos.

En verdad creo que iré a ver al médico, porque me parece que estoy teniendo muchos de los síntomas asociados a la enfermedad celíaca y al consumo de gluten.

Por lo expuesto, es urgente aprobar este proyecto para hacer visible la existencia de gluten en los alimentos y que aquellos no lo contengan se etiqueten indicando tal condición.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Marisela Santibáñez .

La señora SANTIBÁÑEZ (doña Marisela).-

Señor Presidente, este proyecto se hace cargo de una situación problemática, como recién lo dijeron los colegas, y afecta a una parte importante de la ciudadanía.

Se trata de una enfermedad que, además de ser de difícil diagnóstico y cuyo tratamiento tiene un alto costo, impacta gravemente en la calidad de vida de las personas que la padecen.

Para llevar adelante el objetivo de la iniciativa se pretende modificar tres cuerpos legales: la Ley sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, la de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, y la que crea la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

¿Por qué es importante esto? Porque, en primer lugar, busca proteger la salud de una gran cantidad de chilenos y chilenas, estableciendo obligaciones que incumben al derecho a la información sobre la composición de los alimentos que se expenden en el comercio, ya sean envasados o preparados. Ello se hace incorporando al gluten como uno de los elementos que deben ser informados en los productos, y eso es súper importante.

Esta modificación es muy importante, toda vez que las demandas para la alimentación saludable no solo implican la baja en el contenido de azúcares, grasas y sodio, sino también dar respuesta a las necesidades particulares de un segmento de la población que sufre de enfermedad celíaca.

En segundo término, el proyecto busca regular las licitaciones que tengan por objeto proveer los servicios de alimentación para los establecimientos de educación parvularia, básica y media administrados por la Junaeb. Esa situación sí que es relevante, toda vez que la población de niños, niñas y adolescentes que acceden a estos beneficios de alimentación son los más vulnerables, y, por ende, en caso de sufrir esta patología sus familias no cuentan con medios para la compra de alimentos libres de gluten.

En definitiva, esta iniciativa se hace cargo de una situación que carece de una regulación apropiada y que necesita de normas en favor de quienes padecen esta enfermedad, a fin de que tengan todas las herramientas para su adecuado tratamiento, incluso aquella parte de la población compuesta por niños, niñas y adolescentes que no tienen los recursos para acceder a alimentos libres de gluten.

Esto me parece tan importante que incluso sobrepasa el tema de los azúcares, ya que es una patología.

Agradezco a los autores de este proyecto y anuncio que la bancada del Partido Comunista de Chile lo aprobará en beneficio de los niños, niñas y adolescentes que padecen la enfermedad celíaca.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señor Presidente, la enfermedad celíaca no es una novedad. Según diversos criterios, diagnósticos y tratamientos, podemos fácilmente dividir en varias etapas el desarrollo histórico de esta condición.

En la actualidad, nuestro país tiene una deuda que involucra la necesidad de detección temprana y tratamiento sin que esto conlleve un alto costo en salud para los pacientes y sus familias, ya que en la medida en que una persona no sea correctamente diagnosticada los síntomas continúan y mientras más tiempo pase sin un diagnóstico correcto, se aumentaría el riesgo de presentar una segunda enfermedad autoinmune.

Si recurrimos a las guías clínicas del Minsal, se desprende de manera categórica el protocolo a seguir: “una vez realizado y confirmado el diagnóstico de celiaquía, lo esencial es que el paciente aprenda a comer sin gluten sin que afecte su calidad de vida, por lo tanto, la atención nutricional debe ser tan pronto como se confirme el diagnóstico.”.

El punto crítico es la alimentación. Entonces, ¿cómo es ser celíaco en Chile? ¿Qué facilidades otorga el sistema para reconocer la alimentación que se debe seguir? ¿Qué garantías existen para obtener una atención nutricional? Quiero detenerme en este punto, pues, nuevamente, existe mayor acceso en proporción a la cantidad de recursos que se tienen: algunas personas deben esperar hasta tres meses por atención nutricional en el sistema público.

Es importante reforzar y educar para que una persona celíaca pueda mantener la adherencia a la alimentación sin gluten, pensando en que no existe otra terapia para dicha condición.

Por otra parte, es fundamental complementar el proceso con educación a la comunidad sobre la relevancia de tal condición, porque, tal como han comentado muchas personas en terreno, existe desconocimiento sobre sus efectos y una mala interpretación, en el sentido de que los alimentos con gluten son nocivos para las personas no celíacas. Por eso, valoro que se incorpore en colegios un compromiso informativo sobre esta enfermedad.

Este proyecto es de aquellos que se hacen cargo de tareas pendientes y viene a escuchar una demanda que va de la mano con un deber de información, de concientización y de educación hacia un país más comprometido en un proceso del que somos parte.

Agradezco de corazón al autor de esta iniciativa, el diputado Ricardo Celis , por hacerme parte de este trabajo tan necesario y urgente y por ser patrocinante de ella.

Por tanto, llamo a aprobar de manera unánime este proyecto.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

No hay más inscritos en este proyecto. Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA.-

Señor Presidente, quiero felicitar en particular a los autores de este proyecto, porque en verdad, de alguna manera, este tema nos toca a todos.

¿Cuántas veces llega a nuestras oficinas parlamentarias un padre o una madre por este tipo de enfermedad? Obviamente, detrás de esas familias hay un drama, pues deben conseguir alimentos sin gluten para sus hijos y día a día deben luchar para poder atender en términos médicos esta enfermedad, que, desde todo punto de vista, está considerada como una patología multisistémica provocada por dicha proteína y prolaminas relacionadas, como aquí lo han dicho mis colegas parlamentarios.

Así que, primero, quiero felicitar a aquellos diputados que señalan que esto también debe figurar en el etiquetado de los alimentos que se consumen a diario, para dejar claramente graficada la trascendencia que tiene esta enfermedad, desde el punto de vista de la forma en que afecta a quien la padece -lo dijo el diputado Rosas -: su diagnóstico es bastante largo, pues muchas veces las familias luchan por largo tiempo buscando el origen de la enfermedad celíaca y se encuentran al final con esta situación dramática, que acompaña de por vida a quienes la padecen.

Por eso creo que este proyecto es una contribución importante.

En esta enfermedad muchas veces no solo se ve afectado el aparato digestivo, sino que también se producen síntomas extraintestinales, como está comprobado médicamente. En el desarrollo de la enfermedad interviene nuestro sistema inmunitario, obligando a las defensas de las personas celíacas a reaccionar ante la ingesta de gluten. En este caso, es la reacción autoinmune lo que daña -como dicen los médicos la mucosa del intestino y destruye las vellosidades intestinales, encargadas de absorber los nutrientes necesarios para mantenernos sanos.

Repito: en mi rol de diputado me ha correspondido muchas veces recibir a mamás o papás que llegan buscando la forma de acceder al tipo de alimentos que requieren para sus hijos, que incluso son más baratos fuera del país. De hecho, mucha gente trae alimentos para celíacos desde Argentina , porque en algunos casos son hasta cinco o seis veces más baratos. Por tanto, se hace necesario que desde el Estado se provean mejores condiciones para la atención de la enfermedad en cuestión, y creo que el proyecto de ley del diputado Ricardo Celis , a quien felicito, al igual que a todos sus coautores, es una contribución importante para estas familias.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Penal y la ley N° 21.160, para declarar imprescriptibles los delitos sexuales, sin importar la edad de la víctima, y permitir la renovación de la acción civil reparatoria en todos ellos.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputado o diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra. Agradeceremos que hagan llegar a la Mesa las inscripciones respectivas o que lo hagan directamente desde sus pupitres digitales.

Diputadas de las comisiones de Mujeres y Equidad de Género, y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento son las señoras Ximena Ossandón y Érika Olivera , respectivamente.

Antecedentes:

-Moción, sesión 49ª de la legislatura 368ª, en jueves 30 de julio de 2020. Documentos de la Cuenta N° 25.

-Informe de la Comisión de Mujeres y la Equidad de Género, sesión 25ª de la presente legislatura, en martes 27 de abril de 2021. Documentos de la Cuenta N° 27.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 51ª de la presente legislatura, en martes 29 de junio de 2021. Documentos de la Cuenta N° 1.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.

La señora OSSANDÓN (doña Ximena) [de pie].-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, paso a informar el proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas Pamela Jiles , Érika Olivera y de quien habla, Ximena Osandón , y de los diputados Andrés Celis y Félix González , que modifica el Código Penal y la ley N°

21.160 para declarar imprescriptibles los delitos sexuales, sin importar la edad de la víctima, y permitir la renovación de la acción civil reparatoria en todos estos delitos, en primer trámite constitucional y reglamentario, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 85 del Reglamento de la Corporación.

La idea matriz del proyecto de ley, tal como indica su nombre, consiste en modificar el Código Penal para establecer que las acciones derivadas de la perpetración de delitos sexuales no prescriban por el transcurso del tiempo. Con ello se busca extender la imprescriptibilidad, que actualmente está establecida solo para el caso de delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

En cuanto a sus fundamentos, las autoras del proyecto manifiestan que Chile enfrenta, desde hace ya varios años, el serio problema de la violencia contra la mujer, una de cuyas expresiones más dañinas y desgarradoras es la violencia de carácter sexual, violencia que, no obstante los esfuerzos multisectoriales que se han realizado para abordar este fenómeno, las estadísticas siguen mostrando que es un problema vigente que urge solucionar.

La ley N° 21.160 constituyó un gran avance en la materia, al declarar la imprescriptibilidad de la acción penal de delitos de naturaleza sexual y abusivos cuando estos sean cometidos en contra de menores de 18 años, en atención a diversos factores intrínsecos a la comisión de estos delitos, entre los que destacan: 1) su sostenibilidad en el tiempo, 2) su verificación en el contexto de relaciones afectivas, 3) la dificultad de la víctima para denunciar en lo temporalmente inmediato o próximo, y 4) los cambios en la capacidad de percepción acerca del hecho que motiva una decisión posterior de denuncia.

Con todo, esta ley actualmente en vigor es insuficiente para efectos de los desafíos sociales, políticos, culturales y penales que tiene nuestra sociedad con las mujeres que han sufrido violencia y vejaciones sexuales.

Con el proyecto de ley que en esta oportunidad tengo la responsabilidad de informar, las autoras y los autores vienen a hacerse cargo de desafíos que dicen relación con la justicia que les debemos a las mujeres que han sufrido abusos.

Las autoras y los autores del proyecto afirman que las características propias de los delitos sexuales, que se manifiestan con mucha fuerza en el caso de las victimas menores de edad, también se aprecian cuando las víctimas son mayores de edad.

En efecto, muchas veces estos delitos llevan a la víctima a denunciar e iniciar un proceso de reparación muchos años después de ocurridos los hechos, momento en el que, por lo general, la acción penal se encuentra prescrita, tirando por la borda la necesaria justicia restaurativa y preventiva.

Así las cosas, la imprescriptibilidad aparece como una opción jurídico-penal que revierte esta situación de justicia y que permite que las víctimas puedan, en cualquier momento, una vez superados los procesos internos que deben enfrentar, denunciar al agresor, sin que la justicia les dé un portazo en sus rostros.

No importa la edad de la víctima al momento de sufrir el delito; la justicia debe proteger y resguardar su derecho a denunciar en todo momento.

A juicio de los autores del proyecto, lo anterior constituye, por sí solo, una razón para avanzar en la línea que plantea la iniciativa. Con todo, hay otras razones que justifican esta modificación, las cuales dicen relación con la persecución penal, pues la otra cara de la moneda de la justicia es evitar la impunidad ante estos ilícitos; redoblar el reproche social, y generar desincentivos a estos abusos.

Además, para efectos de armonizar la legislación, proponen modificar la ley N° 21.160, a fin de permitir también la renovación de la acción civil, sin distinguir la edad de la víctima del delito sexual.

En cuanto a los hitos de su tramitación, el proyecto en informe fue ingresado a tramitación el 29 de julio de 2020 y se dio cuenta de él en la sesión N° 49ª de la legislatura 368a, celebrada el 30 de julio de 2020, luego de lo cual fue derivado, en la misma oportunidad, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para su tramitación e informe.

Habiéndose rechazado en dos oportunidades por la Sala la solicitud de remisión de dicho proyecto a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, finalmente, a través de una solicitud formulada por la comisión a los jefes de los Comités Parlamentarios, se acordó remitirlo a dicha comisión, para que, una vez tramitado por esta, sea devuelto a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por el plazo de dos semanas.

En la sesión N° 98ª, de 22 de marzo de 2021, se presentaron sus fundamentos y se inició su discusión general, para lo cual se escuchó la opinión de los siguientes expertos: Paloma Zaninovic , directora de Contenidos de la Asociación de la Sociedad Civil por la Infancia; Francisco Maffioletti , doctor en Psicología y máster en Psicología Legal y Forense; Juan Pablo Hermosilla , abogado especialista en Derecho Penal y profesor de la Universidad Diego Portales, y Vinka Jackson , psicóloga, educadora, escritora y activista por los derechos de la infancia.

En la sesión N° 102, el proyecto fue sometido a votación general, aprobándose la idea de legislar por la mayoría de votos de las integrantes presentes en la comisión, con 10 votos afirmativos, ninguno en contra y 1 abstención.

Finalmente, en la sesión N° 104, fue despachado favorablemente por la unanimidad de las once diputadas presentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para su estudio y eventual formulación de indicaciones.

En consecuencia, el texto propuesto por la comisión y que se recomienda aprobar a la Sala de la honorable Cámara de Diputados consta de dos artículos que modifican el artículo 94 del Código Penal y el artículo 2° de la ley N° 21.160, respectivamente, según se expresa:

“Artículo 1.- Reemplázase en el artículo 94 bis del Código Penal la frase: “cuando al momento de la perpetración del hecho la víctima fuere menor de edad”, por la siguiente: “cualquiera sea la edad de la víctima”.

Artículo 2.- Elimínase en el artículo 2° de la ley N° 21.160 la frase: “perpetrados en contra de una víctima menor de edad”.

Es todo cuanto puedo informar

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

La señora OLIVERA (doña Érika) [de pie].-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley que modifica el Código Penal y la ley N° 21.160, para declarar imprescriptibles los delitos sexuales, sin importar la edad de la víctima, y permitir la renovación de la acción civil reparatoria en todos ellos.

Este proyecto se originó en moción de las diputadas Ximena Ossandón , Pamela Jiles y quien habla, Érika Olivera , y de los diputados Andrés Celis y Félix González .

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste en modificar el Código Penal con la finalidad de extender la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de carácter sexual, que ya se habían declarado como imprescriptibles por la ley Nº 21.160, para los casos en que la víctima sea mayor de edad y permitir la renovación de la acción civil reparatoria en todos ellos.

Debo destacar que durante la discusión del proyecto se escuchó a la señora Vinka Jackson , psicóloga, representante de la agrupación Derecho al Tiempo; al señor Juan Pablo Hermosilla , abogado; al señor Francisco Maffioletti , psicólogo, presidente de la Fundación Instituto Chileno para el Estudio de la Violencia (ICEV), y al señor Gabriel Zaliasnik , abogado.

Desde hace muchos años, Chile enfrenta el serio problema de la violencia de género, de carácter sexual y contra la mujer. Efectivamente, los esfuerzos multisectoriales que se han realizado para abordar este fenómeno han arrojado un avance en las cifras de prevención, evitación y apoyo ante estos lamentables hechos, pero las estadísticas siguen mostrando que es un asunto latente.

El Ministerio Público, en sus estadísticas anuales de 2018, informa que ese año se ingresaron 28.132 casos de delitos sexuales, a través de una denuncia o querella, de los cuales la gran mayoría arribó a un término procesal (condena, absolución o salida alternativa), lo que se conecta además con el hecho de que un gran porcentaje de estos -al menos un 57 por cientopresenta un imputado conocido, toda vez que son una clase de delitos que se produce en el vínculo familiar, afectivo, de relaciones interpersonales de amistad o trabajo y muchas veces tomando como base la situación de vulnerabilidad de la víctima, ya sea esta mujer, niño, niña o adolescente o con alguna otra particularidad que explica la capacidad del agresor para obrar en tal sentido.

Los distintos datos criminológicos muestran que la ocurrencia de crímenes violentos o sexuales contra las mujeres no es baja. El Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito reporta que en 2017, 2018 y en el año 2019, se han conocido 1.470 casos policiales por el delito de homicidio y 7.460 casos policiales por el delito de violación.

A mayor abundamiento, son las mujeres las que se enfrentan a un escenario de mayor riesgo y desprotección, puesto que las estadísticas las siguen mostrando como víctimas más susceptibles ante esta clase de ilícitos. En números de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres se muestra que en 2018 se contabilizaron al menos 56 asesinatos de mujeres motivados por circunstancias de género y hubo al menos 116 de ellos en carácter de frustrado.

Hay que recordar, además, que esta realidad, la de los delitos y abusos tanto violentos como sexuales, especialmente contra las mujeres, ha recorrido un largo camino en nuestra evolución legislativa.

A raíz de casos trágicos y reprochables, se han introducido modificaciones legales necesarias y que dan mayor contundencia a la administración de justicia, entre las que se cuentan la generación del delito de femicidio o feminicidio en la ley N° 20.480, de 2010, y la denominada “ley Gabriela” , ley N° 21.212, de 2020, que modifica el régimen penal del femicidio para posibilitar una reacción penal más severa y concisa. Si bien estos delitos son los de mayor gravedad en el contexto de la violencia de género, el asesinato o las lesiones graves, también han ocurrido modificaciones en torno a los delitos de carácter estrictamente sexual.

Es así como la ley N° 21.160, de 2019, declaró la imprescriptibilidad de la acción penal ante un catálogo de delitos de naturaleza sexual y abusivos cuando estos sean cometidos contra menores de edad (menores de 18 años), para lo que tomó en consideración diversos factores intrínsecos a la comisión de estos delitos, entre los que se cuentan: 1) su sostenibilidad en el tiempo; 2) su verificación en el contexto de relaciones afectivas; 3) la dificultad de la víctima para denunciar en lo temporalmente inmediato o próximo, y 4) los cambios en la capacidad de percepción acerca del hecho que motiva una decisión posterior de denuncia. En paralelo, hay que considerar también el hecho de que ciertos delitos de este catálogo son denominados como “de acción penal pública previa instancia particular”, lo que redunda en que el ente persecutor solo puede ejercer acciones de investigación y apoyo tras la denuncia de la víctima.

Claro está que los delitos sexuales suelen producirse al interior de relaciones afectivas que generan, a su vez, una prolongación temporal en la comisión de estos hechos (se producen por un período extenso de tiempo), impidiendo que la víctima denuncie de manera directa y operando también una transformación en la conciencia sobre el abuso (maduración psicológica, afectiva y mental), el que puede clarificarse después de años de tratamiento y asistencia. Esto genera que la víctima se apronte a denunciar e iniciar un proceso de reparación muchos años después de ocurridos los sucesos, por lo que la prescripción de la acción penal impide que ello sea así, tirando por la borda la necesaria justicia restaurativa y también preventiva, cuando se torna necesario evitar la propagación de los abusos.

Los parlamentarios que suscribimos esta iniciativa legislativa sostenemos la necesidad de abordar este fenómeno y los factores anteriormente indicados más allá de la edad de la víctima, puesto que, si bien es del todo comprensible su verificación en los casos en que la víctima de delitos sexuales era menor de edad, no es menos cierto que ello también ocurre cuando la víctima no lo era, debido a la complejidad propia de este tipo de abusos. Recordamos el caso de Antonia Barra (Q.E.P.D.) constatado en la Novena Región del país, que muestra la dificultad de abordar esta clase de abusos.

Por lo dicho, se sostiene la necesidad de avanzar hacia un régimen de imprescriptibilidad de la acción penal en materia de delitos sexuales, independiente de la edad que tenía la víctima al momento de cometerse los hechos e independiente de otras consideraciones atingentes a la personalidad de esta, del malhechor o circunstancias de la comisión del crimen. Así, la pretensión de castigo penal envuelta en la persecución criminal de estos ilícitos se ve reforzada puesto que podrá ser iniciada en cualquier momento, lo que es un aliciente directo para evitar la impunidad ante estos ilícitos y, consecuentemente, redoblar el reproche social que los mismos naturalmente provocan.

Finalmente, se modifica la ley N° 21.160, para permitir la renovación de la acción civil también sin distinguir la edad de la víctima del delito sexual. Esto permite armonizar la legislación, a efectos de que la acción indemnizatoria civil que nace de un delito sexual pueda ser renovada sin importar la edad que tenía la víctima del delito, en los mismos términos de la ley.

Habiendo sido aprobado este proyecto por unanimidad tanto en general como en particular, se propone la aprobación del mismo a esta honorable Sala.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Patricia Rubio , hasta por cinco minutos.

La señora RUBIO (doña Patricia).-

Señor Presidente, este proyecto, que extiende la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de carácter sexual sin importar la edad de la víctima es necesario y, para muchos, urgente.

¿Cuántos casos de violación u otro delito sexual no salen en la prensa y no nos enteramos de ellos?

La mayoría de los casos que vemos a diario o de los que nos enteramos se deben a la denuncia de la víctima. Esa mujer, ese niño o esa niña se atrevió a denunciar porque estuvo en riesgo su vida, porque estuvo a punto de morir, porque un vecino escuchó y acudió en su ayuda, porque tuvo una buena amiga a quien contarle y esa amiga la convenció de hacer la denuncia o porque se decidió a funarlo por las redes sociales. Pero ¿cuántas víctimas pasan al olvido y se quedan solas sobrellevando graves heridas psicológicas por lo que les sucedió?

¿Cuánto tiempo debe pasar para que una mujer -hablo de mujeres porque son el género que mayormente sufre algún tipo de delito sexuales atreva a denunciar? Probablemente, mucho tiempo. Incluso sabemos que muchas mujeres no alcanzaron a hacerlo por miedo, por vergüenza, por el qué dirán, por resguardar al agresor, que, según expertos, la mayoría de las veces pertenece a su entorno más cercano: un familiar, un amigo, un compañero de trabajo o de universidad, incluso su pareja.

No queremos que ningún caso más quede en la impunidad, independientemente del tiempo que transcurra, porque las cicatrices pueden quedar de por vida y debemos tratarlas a tiempo. No podemos seguir permitiendo que nuestros jóvenes, nuestras mujeres, nuestros niños y niñas sigan sintiendo miedo de decir lo que les pasó y que nadie les crea. Yo les creo. Todos y todas tenemos el deber ético y social de creer en esas mujeres que están diciendo la verdad. ¿Por qué alguien mentiría sobre lo que pesa en su espalda y en su memoria? Debemos garantizar reparación a esas víctimas. Debemos garantizar que todas las víctimas de algún tipo de violencia sexual cuenten con el apoyo necesario para salir adelante.

Insisto: no importa la edad, no importa cuánto tiempo pasó, simplemente no queremos mujeres silenciadas.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, el proyecto en debate busca modificar el Código Penal y la ley N° 21.160, para declarar imprescriptibles los delitos sexuales sin importar la edad de la víctima y permitir la renovación de la acción civil reparatoria en todos ellos. Se busca extender, para las personas mayores de edad, la regla que existe en nuestro sistema penal, luego de las recientes modificaciones introducidas en 2019 respecto de delitos sexuales contra menores de edad.

Si bien considero que los delitos de naturaleza sexual deben tener un reproche alto por parte de nuestro sistema penal, estimo, también, que ha de existir siempre un régimen diferenciado cuando las circunstancias lo ameriten.

De este modo, es necesario no propender a la vulneración sistemática del régimen de prescripción común establecido en el artículo 94 del Código Penal. Ese régimen hace depender el plazo de prescripción según la pena asignada al delito. En los casos de delitos de carácter sexual, la ley N° 21.160 establece que, en casos de menores de edad, la acción penal no prescribe cuando al momento de la comisión del delito la víctima fuere menor de edad.

El mismo principio se encuentra consignado en el proyecto de ley denominado “ley Antonia”, actualmente en tramitación en el Congreso, el cual busca añadir un inciso segundo al artículo 94 bis del Código Penal. En ese contexto, cuando el delito de abuso sexual sea cometido contra mayores de edad, en la hipótesis que señala este proyecto, la prescripción sería de diez años, a pesar de que el delito tiene una pena que prescribe solo en cinco años.

De este modo, en nuestra legislación se consignaría una alteración en el régimen de prescripción en el caso de delitos sexuales solo cuando la víctima sea menor de edad al momento de la comisión de este hecho, en cuyo caso se establece que es imprescriptible, o bien, como señala la iniciativa denominada “ley Antonia”, cuando, por las circunstancias particulares del delito de connotación sexual, el plazo de prescripción se extiende de cinco a diez años. En ambas hipótesis, el régimen diferenciado de prescripción se justifica, a nuestro juicio, por estas circunstancias.

Esta es la dificultad mayor que veo en el actual proyecto, ya que establece la imprescriptibilidad como regla general, cuando debiese ser en caso excepcional para delitos de connotación sexual en contra de menores de edad. Extender la regla supone, justamente, eliminar la diferencia y el mayor reproche cuando el ilícito sea cometido contra un menor de edad.

Por otro lado, la medida sigue alterando el régimen de prescripción general establecido en nuestro Código Penal y debilita, a nuestro juicio, esa institución, la cual está en plena concordancia con la legitimidad del poder punitivo del Estado.

En esa línea, ingresaremos una indicación al proyecto, que busca mantener el estatuto diferenciado y protector respecto de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de estos delitos, pero se hace cargo de la particularidad de los delitos de connotación sexual por el reproche social transversal que concitan en nuestro tejido social.

En suma, con esa indicación pretendemos reconocer que por la particularidad de esos delitos han de modificarse las reglas de prescripción, ya sea aumentando los plazos de prescripción o generando una regla de suspensión de la prescripción, pero siempre manteniendo la distinción en el trato que se da a las víctimas menores de edad.

Esperamos que con esta indicación el proyecto vuelva a comisión para discutir sus alcances y la necesidad de mantener el régimen diferenciado respecto de menores de edad, que –estimo siempre deben gozar de un trato especial y protegido, particularmente en delitos tan graves como los de esta naturaleza.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, hay que darle tiempo al tiempo, dice el refrán: tiempo para que las heridas curen, tiempo para que los problemas se solucionen, tiempo para que reflexionemos sobre lo que nos ha ocurrido. Dicen que hay que darle tiempo al tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo se va a tomar en darnos una mano o en ayudarnos a curar el daño que sufrimos.

Sin embargo, todos y todas saben en esta Sala que ese refrán, si bien es parte del sentido común de los chilenos y chilenas, no se aplica en el derecho. En el derecho, el tiempo no tiene mucho tiempo, porque la responsabilidad prescribe, tiene un fin, tiene un plazo. Cuando ha corrido cierta cantidad de días, las personas ya no responden por lo que hicieron ante la ley.

Lo que votaremos hoy es una cuestión muy precisa: la imprescriptibilidad de la responsabilidad por los delitos sexuales. Se trata de una votación por el derecho al tiempo, de modo de dar vuelta la tortilla para que el tiempo esté del lado de las víctimas y no del lado de los victimarios; dar vuelta el reloj de arena para que el tiempo siga corriendo y las víctimas tengan la oportunidad de exigir justicia. El derecho al tiempo es esencial para que las víctimas puedan vivir sus propios procesos en sus propios plazos, no en los plazos que el frío y uniforme proceso penal les impone.

Podrán preguntarse, colegas -por intermedio del señor Presidente-, por qué es necesario aplicar estas medidas en estos delitos y no en otros. Porque estos delitos vienen ocurriendo desde que Chile es Chile, desde que nuestro sistema penal funciona como justicia patriarcal y desde que esa justicia se pensó para que haya orden antes que democracia. Desde ese entonces las mujeres estamos exigiendo justicia. Tenemos una herida común por las que tantas nos hemos movilizado para poder cerrarla de una buena vez. Desde ese entonces que está ahí la prescripción, cerrando los procesos con impunidad, pero manteniendo abierta la herida que la violencia machista nos causa todos los días a las mujeres de Chile.

Ley pareja no es dura, dice otro refrán. Prescripción pareja para todos los delitos; prescripción pareja para hombres y mujeres. Sin embargo, no todos los delitos son iguales, ni los delitos son cometidos por hombres y mujeres por igual. Cuando alguien golpea y le produce una lesión a otro, el daño es inmediato. El ojo morado de la violencia machista aparece de inmediato; pero en los delitos sexuales no es así: la herida se demora en aparecer; cuesta entender lo que ocurrió, sobre todo porque este tipo de agresiones se dan en ámbitos de confianza. En efecto, son personas conocidas, muchas veces familiares. Solo después de ese duro proceso, la víctima recién puede reflexionar respecto de si quiere denunciar o no, si quiere pasar por el calvario que significa la revictimización de un Estado que es un macho violador, de que no le crean y del círculo mediático.

Entonces, la violencia es triple: la primera violencia es la agresión sexual; la segunda violencia es la falta de acceso a la justicia que producen la prescripción y un proceso penal que ha sido pensado por hombres y para hombres, y la tercera violencia, una vez que se superan todas esas vallas, es la impunidad y lo difícil que resulta que el Estado reconozca lo que nos pasó.

A todo eso se agrega un reloj que corre todos los días, que no distingue entre las distintas formas de producir daño y las dificultades que existen y que implican los distintos delitos a la hora de denunciar. Insisto: el ojo morado aparece de un momento a otro; en cambio, el daño que produce una violación, no.

Por eso, es necesario que los delitos sexuales sean imprescriptibles, porque, con ello, les decimos a las mujeres que pueden recurrir a la justicia cuando estén preparadas para hacerlo, y no cuando se lo diga un plazo que se le ocurrió establecer a un hombre, de manera que cada mujer tenga sus procesos, sus momentos, sus tiempos y sus reflexiones. Porque aunque todas compartimos la misma herida, los dolores se manifiestan de formas distintas. Por cada Antonia, por cada Manuela , por cada mujer, hay un dolor distinto, un proceso distinto y un tiempo distinto.

Por todo lo anterior, por todos esos dolores y por todas esas mujeres, hoy votaremos a favor. Debemos dar vuelta la tortilla, dar vuelta el reloj de arena, parar el cronómetro, detener la cuenta regresiva. Hay que darle…

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Ha concluido su tiempo, diputada Maite Orsini .

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, el lamentable hecho de que una persona sea víctima de un delito sexual es una situación a la cual el derecho y las leyes deben prestar especial atención.

Las víctimas de delitos sexuales no son cualquier tipo de víctima. No hablamos desde un punto comparativo de quién sufre más daño, sino de la forma en que la persona se siente vulnerada y del particular daño psicológico que padecerá, no solo en el tiempo inmediatamente posterior a la ocurrencia del delito, sino por varios años e, incluso, toda la vida.

La psicología ha señalado que existen diversas reacciones que experimentan quienes han sufrido agresiones sexuales. No hay un estándar único; cada reacción depende de la persona, de su edad, de su entorno y del tipo de agresión sexual, en particular. Algunas víctimas reaccionan inmediatamente, mientras que otras pueden, incluso, reaccionar después de años.

Como podemos entender, este es un proceso personal en el cual la víctima no debe sentirse presionada, de ningún modo, a realizar la denuncia lo más pronto posible. Por supuesto que siempre es deseable, desde el punto de vista de la eventual investigación y del juzgamiento, que la denuncia sea rápida, pero finalmente siempre será una decisión de la víctima que llevará a cabo cuando se sienta preparada.

Los delitos sexuales no son cualquier tipo de delito. Se estima que cerca del 85 por ciento de esos delitos se dan en contextos de confianza, como la familia, el trabajo, el lugar de estudio, etcétera. Esto implica complicaciones para efectos de la denuncia, pues generalmente las víctimas reconocen una dificultad para presentar una denuncia que eventualmente afectará de manera muy fuerte, por ejemplo, su entorno familiar.

Por ello, existe un proceso largo anterior a la denuncia, tiempo en el cual, eventualmente, la acción penal puede prescribir, lo cual impide la sanción para el responsable.

La imprescriptibilidad de la acción penal es excepcional en nuestro ordenamiento jurídico; actualmente, solo existe respecto de los delitos de lesa humanidad y de los delitos sexuales cuando la víctima es menor de edad.

Por ello, hemos presentado este proyecto de ley con el fin de extender la regla de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad a las personas mayores de edad.

Hemos presentado una indicación, para la discusión en Sala, que recoge la preocupación de las organizaciones sociales relacionadas con la infancia y lo que se ha denominado el derecho al tiempo. Con ello, hemos dejado dos incisos diferentes para abordar las situaciones de la víctima menor de edad y la víctima mayor de edad de manera separada, a diferencia de la redacción original.

Esperamos que este proyecto de ley entregue todo el tiempo necesario a las víctimas para que presenten denuncias. Aún quedarán muchos temas pendientes, tal como perfeccionar el registro de condenados y entregar atención psicológica de calidad y permanente en el tiempo. Solo de esta manera entregaremos la dignidad que las víctimas requieren y merecen.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, aprobamos este proyecto de imprescriptibilidad de la acción penal para perseguir los delitos de abuso sexual y todos los delitos sexuales, dentro del extenso catálogo de ese tipo de delitos que contiene el Código Penal, porque, obviamente, cuando hablamos de delitos sexuales, hemos tenido a la vista tantos testimonios desgarradores, no solo de niños, niñas y adolescentes, sino también de mujeres y hombres adultos que fueron víctimas de esos delitos y que, por distintas circunstancias de sometimiento, de poder, laborales, etcétera, finalmente, con el paso del tiempo, se dieron cuenta de que aquello que habían sufrido eran hechos constitutivos de uno de los delitos más deleznables y digno de persecución penal.

Como muy bien dijo el profesor de Derecho Penal señor Juan Pablo Hermosilla en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la prescripción es una figura que debe ser analizada de manera evolutiva, conforme a la respuesta que tiene que dar el ordenamiento jurídico a las distintas inquietudes que se van generando.

Hemos sido testigos de los delitos que se cometieron, por ejemplo, en Colonia Dignidad.

¡Cuánto costó romper el cerco de impunidad que existía en Colonia Dignidad en relación con los abusos que se cometieron en esa fundación! Después fue revocada su personalidad jurídica en el gobierno del Presidente Patricio Aylwin . Esto ha pasado en tantas otras instituciones. Para qué hablar de la Iglesia católica, y lo digo como católico.

Por lo tanto, es muy importante este paso para declarar imprescriptibles esos delitos, tal como lo hicimos con los delitos de abuso sexual infantil.

Agradezco a la psicóloga Vinka Jackson y a todas las organizaciones que lucharon para establecer la imprescriptibilidad de esos delitos, así como también a James Hamilton , a José Andrés Murillo y a tantas otras víctimas de Karadima que levantaron la voz contra los abusos sexuales.

Por lo mismo, voy a apoyar la indicación de la diputada Érika Olivera . Me parece que va en la dirección correcta, cual es no tocar lo que ya hicimos respecto de la imprescriptibilidad de los delitos contra menores, porque esa fue una conquista de las organizaciones de víctimas, y, por analogía, generar una solución que permita que no prescriba la acción penal respecto de los delitos sexuales cuando la víctima sea mayor de edad al momento de su perpetración. Probablemente, me van a decir que vamos a llegar al mismo resultado. ¡Sí! Enhorabuena vamos a llegar al mismo resultado: declarar imprescriptible la acción penal respecto de los delitos sexuales cometidos contra mayores de edad, pero sin tocar una conquista de tantas organizaciones lideradas por quienes, a su vez, fueron víctimas de los peores abusos sexuales durante la infancia vulnerada.

Aprovecho esta ocasión para pedir al gobierno del Presidente Piñera que no vete la ley de garantías de la infancia, ley que acordamos en la Comisión Mixta y que fue ratificada en ambas cámaras del Congreso Nacional, y a los diputados de Chile Vamos que no recurran al Tribunal Constitucional contra una ley de garantías que, entre otras, establece la garantía contra todo tipo de abusos sexuales y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Vamos a apoyar el proyecto y la indicación de la diputada Érika Olivera .

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA.-

Señor Presidente, he escuchado con mucha atención las intervenciones de mis colegas respecto de este proyecto.

Cuando hace poco se logró la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, Chile logró dar un paso tremendamente importante en el concierto latinoamericano y, por qué no decirlo, mundial. Los delitos sexuales contra menores nunca más van a prescribir en nuestro país. Es decir, aunque pasen los años, van a tener vigencia y podrán ser perseguidos quienes cometan tan horrendos crímenes.

Ese fue un proyecto que aprobamos con mucha fuerza con muchos colegas, como Matías Walker , porque consideramos que era necesario para nuestro país, luego de que se conocieran un sinfín de casos horrendos que, incluso, involucraron a estamentos tan importantes de la sociedad como nuestra propia Iglesia católica. Digo propia, porque también estudié en un colegio católico y tengo una familia que profesa esa religión. Con mucha vergüenza sentimos todas las atrocidades que ocurrieron contra menores en todo el mundo en la Iglesia católica.

Si en este país no hubiésemos tenido la valentía que tuvieron Juan Carlos Cruz , James Hamilton , José Andrés Murillo y muchos otros, pero encabezados por ellos, a lo mejor esta olla nunca se hubiese destapado, como se dice en buen chileno. Y en buena hora que haya ocurrido, en buena hora que esos jóvenes hayan tenido la valentía para denunciar las atrocidades que vivieron por parte de criminales como Karadima y otros, que hacían lo que querían y abusaban de todo el poder que ostentaban en la Iglesia católica.

También quiero agradecer a aquellas personas que investigaron estos hechos, investigación que luego se transformó en sendos libros que son un aporte importante para que esto nunca más vuelva a ocurrir en el país.

No soy un convencido de que todos los delitos no puedan prescribir, pero sí soy un convencido de que se ha legislado en materia internacional -Chile ha suscrito esa legislación para que los delitos de lesa humanidad nunca prescriban.

Es por eso que, a pesar de que la Corte Suprema aún no nos da justicia a muchos de los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, encarcelando a los criminales -hoy, con la excusa de la pandemia-, nuestro país ha suscrito convenios para que esos delitos jamás prescriban, lo que nos da la garantía de que nunca más vamos a volver a vivir las atrocidades que se vivieron entre 1973 y 1990. Nunca más en Chile vamos a tener a violadores de derechos humanos que crean que, con el paso de los años, sus delitos no tendrán un castigo, como se lo merecen.

Voy a apoyar este proyecto, pero me genera inquietudes. Lo voy a aprobar porque creo que los delitos sexuales, como decían las colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, son delitos que generan heridas tan profundas en el ser humano que pueden ser catalogados como delitos contra la humanidad propiamente tal. Son actos violentos que las víctimas han tenido que sufrir muchas veces en el marco de su entorno familiar o de personas cercanas a la familia, que les han generado un daño que muchas veces han tenido que ocultar por miedo y que, con el paso de los años, en algunos casos han sido capaces de dar a conocer.

Por lo tanto, aquellos criminales que alguna vez han cometido un delito sexual contra un menor no debiesen estar tranquilos nunca. Por eso voy a aprobar este proyecto.

No obstante, creo que también es importante tener cuidado, porque puede ocurrir que para dañar la carrera de una persona, no solo en lo político, sino en la vida, alguien puede, por ejemplo, denunciar que hace cuarenta años sufrió un abuso o una violación de tal persona. Por ello, si en un juicio se comprueba que esa afirmación es falsa, quien hizo tal denuncia también debe tener un castigo ejemplar, de modo que no tengamos condenas públicas irreparables para el ser humano, lo que también es atentatorio contra sus derechos humanos.

Voy a apoyar la iniciativa, pero dejando establecida la inquietud que me genera este proyecto por aquello. Pero los delitos sexuales en Chile deben ser condenados siempre, en todo lugar y los criminales que abusen de un niño deben estar en la cárcel, sin importar los años transcurridos desde que se cometió el delito.

En términos generales, también…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Pedro).-

Señor Presidente, este proyecto de ley que modifica el Código Penal y la ley N° 21.160, para declarar imprescriptibles los delitos sexuales sin importar la edad de la víctima, sin duda aborda un tema delicado, pero necesario. Delicado, producto de que quienes hemos ejercido en los tribunales nos damos cuenta de cómo las partes -padre, madre, abuelos u otros familiares usan y abusan muchas veces de acusaciones falsas e infundadas con la finalidad de lograr un objetivo económico, venganza, etcétera. Pero, como dijo un colega, no es la generalidad, sino casos puntuales.

En Illapel, don Ángelo Giovine acusó a su padrastro de que sus dos niñas habían sido abusadas sexualmente, y las expuso en la fiscalía, en los diarios, etcétera. Finalmente, se estableció que era todo un montaje el que había hecho, incluso, grabándolo y preparándolo con diálogos.

Son situaciones puntuales, a veces dolorosas y que afectan a una familia, a una comunidad y también a terceros.

Pero quiero estar de lado de aquellas víctimas que por años sufrieron y que en la práctica nunca tuvieron la posibilidad de que alguien las escuchara o de que alguien estuviera junto a ellas. Se trata de menores de ambos sexos abusados por el entorno más cercano y que tienen que mantener silencio.

¿Quién no recuerda el caso del padre Poblete contra la teóloga, que a pesar de todo sigue siendo una mujer católica, pero que vivió años de terror bajo la presión de un personaje que a la luz de la sociedad era un “pan de Dios” -disculpando la expresión-?

Asimismo, somos testigos de lo que ha ocurrido en Canadá, donde se han derrumbado estatuas de la reina de Inglaterra. Cuando Canadá era parte de ese imperio, miles de niños indígenas fueron llevados a hogares de menores; pero ahora se encontró un cementerio. Tal vez muchos de ellos fueron abusados y no tuvieron oportunidad de denunciarlo.

Por lo tanto, esta modificación al Código Penal tiene que ir de la mano con la acuciosidad, para que en el reglamento respectivo se establezcan las medidas necesarias que impidan que no paguen justos por pecadores y para que lo que se disponga no se transforme en una bola de nieve de acusaciones dirigidas hacia todo el mundo.

Los delitos sexuales, sin duda, son graves, más aún cuando son perpetrados durante la niñez o la adolescencia de la víctima. Por eso se deben mantener imprescriptibles, a fin de que la víctima proceda a efectuar la denuncia correspondiente una vez que tenga razonamiento y esté consciente de las condiciones en que se encontraba cuando se cometió el delito en su contra o de cómo fue abusada, proceso en que debe ser acompañada por equipos profesionales especializados, conformados, entre otros, por psicólogos.

Sin perjuicio de lo señalado, quiero insistir en que en el reglamento que se elabore se deberán establecer todas las medidas necesarias para evitar la ejecución de acciones penales en el caso de acusaciones que pudiesen ser poco creíbles o que se planteen con la única intención de hacer daño.

En consecuencia, más allá de los casos puntuales a los que me he referido, anuncio que votaré a favor este proyecto, porque lo que propone es necesario que sea establecido en favor de los niños, las niñas y las mujeres de nuestro país.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, Chile y Latinoamérica enfrentan un serio problema con la violencia de género, especialmente con la violencia de carácter sexual contra las mujeres. Aunque se han hecho esfuerzos multisectoriales para abordar esta realidad, estos no han sido suficientes.

El Ministerio Público, en sus estadísticas anuales de 2018, que fue el último reporte anual publicado, informa que durante ese año se ingresaron 28.132 casos de delitos sexuales, a través de una denuncia o querella, de los cuales la gran mayoría arribó a un término procesal: condena, absolución o salida alternativa, lo que se conecta, además, con el hecho de que un gran porcentaje de estos, por lo menos el 57 por ciento, presenta un imputado conocido, toda vez que son una clase de delitos que se producen en los círculos de confianza, entre personas con vínculos familiares, afectivos o de relaciones interpersonales de amistad o de trabajo, etcétera.

En los tres primeros meses de este año la Policía de Investigaciones registra, a nivel nacional, un total de 1.686 víctimas y de denunciantes en caso de delitos sexuales, cifra que representa un aumento significativo, de 5 por ciento, respecto de los 1.500 casos registrados en 2020. De ese universo, el delito más frecuente es el de abuso sexual contra niños y niñas menores de 14 años de edad. Si bien ha habido un aumento también dentro de las personas adultas, el que ha tenido mayor incremento ha sido el abuso sexual a mayores de 14 años de edad, ya sea por sorpresa y/o por consentimiento.

Por otra parte, el abuso sexual impropio a menores de 14 años de edad es el tercer delito con mayores registros en el primer semestre de este año, con 135 casos, lo que representa 15 por ciento de aumento respecto del año anterior. Las cifras hablan por sí solas.

A raíz de este aumento de los delitos sexuales, se han hecho algunos esfuerzos por mejorar la legislación. Por eso ya fueron declarados imprescriptibles los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad. No obstante, aquello no ha sido suficiente.

El principal argumento en contra de esta iniciativa, de parte de quienes señalan que no es recomendable establecer la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, está basado en los derechos humanos. Los principales detractores de la imprescriptibilidad de la acción penal frente a delitos de carácter sexual señalan que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo justo, y esto no se ajustaría al debido proceso y que no habría certeza jurídica respecto de cuándo será juzgada una persona que comete un delito de esta naturaleza.

Sin embargo, es importante tener en consideración que hay otros aspectos relacionados con los derechos humanos que también se cruzan con esta materia, uno de los cuales es el referido a los efectos de los delitos sexuales, que son asimilables solo a los efectos que produce la tortura.

Por lo tanto, como ya existe legislación respecto de que los delitos de lesa humanidad, por los efectos que producen, no son prescriptibles, donde existe la misma razón debe existir la misma disposición. ¿Cuánto se demora una víctima en poder develar un hecho que ha sido constitutivo de delito sexual? Es muy variable, porque depende de muchas circunstancias. Recordar es volver a vivir, pero en este caso vivir ese momento es volver a sufrir.

Por eso es tan importante que este tipo de delitos sean imprescriptibles, porque no es lo mismo que a una persona le roben un auto a que sea víctima de abuso o de delito sexual. En el caso de los niños, ya no hay ninguna duda. No obstante, es importante que se pueda avanzar, respetando, por supuesto, las normas del debido proceso, porque no se trata de juicios anticipados, sino de otorgar a las víctimas el derecho de acceder a la justicia una vez que estén en condiciones de hacerlo, de acuerdo con su propia evolución y sanación, con el objeto de develar los delitos de que fueron objeto.

En consecuencia, para avanzar en el cierre de estos círculos de violencia de género, votaremos a favor este proyecto.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Rubén Moraga .

El señor MORAGA.-

Señor Presidente, tal como se ha dicho, la prescripción de la acción penal -que se aplica a casi todos los delitos, con excepción de los delitos de lesa humanidad-, en el caso de los delitos sexuales, específicamente, contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, requiere que sea revisada por el Congreso Nacional, con la finalidad de corregir una situación específica.

Los hechos delictivos de carácter sexual contra infantes, adolescentes y mujeres la mayoría de las veces resultan incompatibles con la regla de la prescripción. Muchas veces esta institución permite que los criminales queden en la total impunidad, por encontrarse prescrita la acción penal en el momento en que se solicita la tutela judicial.

El daño y los procesos internos que derivan de la violación y el abuso sexual hacen que las víctimas transiten por un tortuoso y complejo camino, que va desde la comisión del delito hasta que el mal queda plenamente reconocido. Aún más, visibilizar la justicia en el horizonte se ve oscuro y tenebroso.

Los especialistas han señalado que existen diferentes mecanismos psicológicos defensivos que poseen las víctimas para sobrevivir frente a estas situaciones de enorme trauma. El dilema al que se enfrentan los niños, niñas, adolescentes y mujeres que han sufrido abusos hace que les resulte dificultoso comunicar su experiencia o hacerlo coherente con el tiempo inmediato a la agresión sufrida. También los asalta la incredulidad, la culpa y el rechazo, lo que los lleva al auto desprecio y a la revictimización.

El secreto, el desamparo, el acomodo, la revelación tardía y la retracción son etapas que han identificado los especialistas. En este contexto, se hace muy difícil la denuncia oportuna, situación que los criminales sexuales conocen y usan a su favor, lo cual les permite someter a sus víctimas al silencio. Tanto el olvido como la negación son partes de este proceso.

Por lo anterior, se hace urgente que el cómputo del plazo de prescripción de la acción penal en estos delitos sea corregido, ya que el daño producido se perpetúa en el tiempo y se mantiene plenamente vigente durante todo el tiempo en que no hubo oportunidad de denunciar los hechos.

Nuestro ordenamiento jurídico debe comprender que estos delitos no deben ser tratados bajo las mismas condiciones que los demás. Aunque no estemos frente a delitos de lesa humanidad, los cuales, por definición, son imprescriptibles, la Corte Internacional de Derechos Humanos amplió el supuesto de imprescriptibilidad para aquellos casos que, aunque no pueden ser calificados como de lesa humanidad, denotan una grave vulneración a los derechos fundamentales, lo que obliga al Estado a investigar.

Por otra parte, este trato diferencial tiene su consagración en el interés superior del niño, principio que goza de reconocimiento universal y que obliga a los Estados a garantizar el ejercicio de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

Además, el proyecto establece que los tribunales deberán permitir la acción civil reparatoria, lo que posibilitará asumir la plena satisfacción de los derechos y garantías protegidos por las distintas convenciones y pactos internacionales suscritos por Chile.

Por las razones señaladas, recomendamos aprobar esta iniciativa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, la verdad es que la prescripción, si bien es necesaria para ciertos delitos, no es un bien absoluto. Eso es lo que debemos aclarar hoy día, porque hay áreas o materias en que, por el contrario, el que prescriba la posibilidad de demandar a alguien es derechamente una injusticia.

Eso es precisamente lo que ocurre en el ámbito de la violencia sexual. Por múltiples motivos, que van desde la gravedad de la ofensa hasta la demora de la víctima en reaccionar ante una vejación o abuso de esta naturaleza, la prescripción se muestra como una herramienta que favorece hoy día la impunidad del agresor sexual y deja en la indefensión a aquella.

Lo diré en palabras simples: la prescriptibilidad, ¿a quién favorece? Al abusador, porque sabe que en un tiempo más no se le podrá acusar.

Por otro lado, ¿a quién favorece la imprescriptibilidad? Favorece a la víctima -eso aquí ya se ha mencionado y también a toda aquella persona que sea acusada injustamente, porque se podrá defender. Cuando el delito está prescrito y se acusa a una persona, esta no tiene cómo defenderse.

Les cuento un dato. De todos los procesos sobre esta materia, normalmente se llega a condena solo en el 6 por ciento. Todos sabemos que esta realidad no refleja la inmensa cantidad de abusos sexuales que se cometen en nuestro país.

Este tema ya existe en varios países, y quiero dar tranquilidad a los legisladores de que no ha producido catástrofe de ningún tipo; se respeta el debido proceso, y las víctimas, cuando están preparadas, cuando tienen un espacio formal donde se les escucha, de alguna forma comienzan su reparación.

Ahora me referiré a los tiempos. Los tiempos son distintos cuando hay un abuso sexual; no son medidos ni por relojes ni por cronómetros. El abuso llega a lo más profundo de la persona, y le cambia la vida. El establecer períodos o estatutos diferenciados no va en el sentido correcto: cada persona es distinta, cada abuso es distinto, cada reparación es distinta.

¡Por favor, no cometamos más injusticias!

En la Comisión de Mujeres y Equidad de Género se nos dijo incluso que los delitos de lesa humanidad más difíciles de reparar eran justamente los sexuales. Por tanto, pregunto a mis colegas si un abuso sexual no es un delito de lesa humanidad, entonces, ¿qué es realmente?

Una política que de verdad busque beneficiar a la mujer debe, a lo menos, asegurar lo básico. Y lo básico es que la justicia prime cuando se ha sido abusada. Eso es precisamente lo que busca la imprescriptibilidad de los delitos sexuales: que siempre prime la justicia en su favor.

Quiero señalar un detalle, para mi gusto, bastante horroroso. En Chile, hasta 1994, el marido podía agredir a su mujer e hijos. Hoy, eso no es legal, pero se sigue haciendo, lo que claramente es una locura.

Por último, colegas, los invito a no tener miedo a los cambios. Este tipo de cambios hacen bien a las víctimas y a Chile en general. Y en esta materia un cambio al Código Penal no puede verse opacado o limitado por los dogmas que nos han regido los últimos años. Este es un asunto de tiempos, de tiempos diferentes; cada persona tiene su tiempo de maduración. Para muchas víctimas de delitos sexuales esto significa la muerte en vida, y si el Código Penal realmente busca la justicia, a mi parecer, no puede poner trabas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, en julio de 2019 se promulgó la ley que declaró imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes para evitar que el paso del tiempo y el abandono a nuestra infancia mantuvieran los círculos de silencio asociados a aquellos y, a la vez, para terminar, vía disuasión, precisamente con la impunidad de que gozan los victimarios de delitos sexuales.

Lo hicimos con efecto retroactivo, lo cual fue una gran novedad, porque así lo permitía el mandato que el Estado chileno contrajo en la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita en 1990. Nos obligamos ante el sistema internacional a que en esta clase de leyes protegeríamos el interés superior de los y las menores de edad, lo que hicimos estableciendo la retroactividad de esta imprescriptibilidad.

Ahora, dos años después de aquello, este proyecto nos propone extender la garantía de denunciar los delitos sexuales en todo momento de la vida a todas las víctimas mayores de edad.

La iniciativa que estamos revisando viene a entregar algo de justicia y, especialmente, protección para nuestras mujeres de las provincias de Maipo, de Melipilla, de Talagante y de todo el país que hayan sido o estén siendo vulneradas en su sexualidad.

Hay que reconocer que no hay familia que no lleve en su historia antigua alguna clase de abuso cometido en el contexto de abandono y vulnerabilidad. Ello, al interior del propio hogar o cercano a este. No hay familia en que no se tenga alguna situación relacionada con episodios de violación, de abuso sexual, o vinculada a material pornográfico.

Solo en 2020, en el distrito N° 14, que represento, según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 461 mujeres denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales. Casi la mitad de las denunciantes fueron mujeres mayores de edad, quienes son precisamente las beneficiarias de este proyecto.

Esa es la punta del iceberg del problema. Sabemos que esta cifra pública tiene una enorme cifra negra, en que se multiplican por varias veces las mujeres que no denuncian estos ultrajes o vejaciones por no querer verse expuestas al juicio público por vergüenza, por culpa o por miedo al qué dirán.

Nuestras mujeres víctimas de delitos sexuales tienen miedo, ya que en el 85 por ciento de los casos sus agresores conviven con ellas; son parientes, amigos cercanos con quienes tienen fuertes vínculos emocionales, dependencia económica a veces, y hasta psicológica.

Este proyecto de ley interviene en estos delitos sexuales y toma partido por la víctima. Dice que no importa la edad ni el tiempo pasado: si la víctima quiere, se abrirá una investigación penal. En eso consiste la iniciativa en estudio.

La imprescriptibilidad que aprobaremos hoy permitirá que la víctima sea reconocida como tal, que la sociedad valide su dolor, y evitará que esta tome la justicia por sus propias manos. Asimismo, podrá recurrir a los tribunales de justicia para conseguir que sus vulneraciones tengan justicia.

Algunos temen que al abrir la puerta de la imprescriptibilidad proliferará el uso de las redes sociales por parte de las víctimas de agresión sexual para hacer algo de justicia por esa vía en su causa.

Respecto de las funas por delitos sexuales hechas a través de redes sociales, creo que este proyecto permite discutir esos hechos en procesos judiciales, dando garantías a la víctima y también al imputado, de un juicio racional y justo. La víctima tendrá el derecho al reconocimiento como víctima de abuso, cuando tenga las condiciones psicológicas, físicas y materiales. Pero el imputado también tendrá derechos. Si no existiera esta imprescriptibilidad, el imputado nada podría hacer frente a ese uso de redes sociales. Este proyecto también, en el fondo, es una garantía judicial para los imputados.

Señor Presidente, la ley en proyecto otorga a las mujeres de nuestro país el derecho a hablar cuando les sea posible, porque sabemos que se habla cuando se puede y no cuando se quiere.

Reconocemos a las mujeres en su calidad de víctimas en un marco de abuso silencioso y sostenido, que generación tras generación se cristaliza por el patriarcado, lo que hoy esperamos que se rompa en una de las cadenas más complejas y dolorosas.

Lo anterior, porque un Código Penal con enfoque de género nos hace transitar hacia una ética en los derechos, reconociendo estas diferencias estructurales que hay en nuestra sociedad entre hombres y mujeres, y nos permite avanzar hacia un país responsable, que ante un daño irreparable, como ocurre en esta clase de delitos, aspira a que exista una reparación en dignidad y en justicia, sin importar el tiempo transcurrido.

Por eso, vamos a aprobar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales para todas las mujeres mayores de edad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea).-

Señor Presidente, ser violada reiteradamente por alguien del mismo grupo familiar; sufrir el trauma, las consecuencias físicas y psicológicas; intentar suicidarse; escapar del círculo del abuso; revivir el trauma; intentar sanar, hablarlo, resignificarlo, y, finalmente, decidirse a denunciar, para que un abogado le diga que la acción está prescrita. En verdad, esa es la historia de muchas mujeres.

Durante 2018 ingresaron 28.132 casos de delitos sexuales. Sobre el 80 por ciento correspondía a mujeres y un tercio de ellas son víctimas de violación. El 33 por ciento de las mujeres que han sido violadas contemplan el suicidio; en el 44 por ciento de los casos el victimario es un familiar de la víctima, y en el 45 por ciento de las veces, un conocido.

Los delitos sexuales presentan características fenomenológicas objetivas que los hacen distintos de los demás. La víctima suele tener una relación directa con el imputado, el cual se aprovecha de dicha relación. La mayoría de las veces son delitos sistemáticos y traen aparejadas amenazas directas o indirectas que impiden una pronta denuncia.

Podríamos seguir, pero creo que es suficiente para darnos cuenta de que no podemos aceptar este tipo de crímenes. No podemos aceptar que el Estado le ponga un límite de tiempo a la víctima para accionar ante la justicia. Ni el Estado ni nadie pueden determinar cuánto tiempo tiene una mujer abusada para salir del círculo del horror y atreverse a denunciar. Menos aún puede hacerlo un Estado que desde sus orígenes ha tenido una mirada patriarcal y machista. Así lo consigna el destacado abogado penalista Juan Pablo Hermosilla , quien señaló que nuestro Derecho Penal proviene de un código que data del siglo XIX, el que debiera ser actualizado.

Tal como la sociedad avanza, la legislación debe progresar con ella. Así se hizo en 2010, cuando se tipificó el delito de femicidio; en 2020, con la “ley Gabriela” , y en 2018, con la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, antecedente directo, por lo demás, de este proyecto.

Algunas voces críticas han señalado que se estaría pasando por sobre el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y favoreciendo la mala calidad de la prueba. Sin embargo, el propio Juan Pablo Hermosilla desmiente esta tesis, pues el juicio, en un plazo razonable, comienza cuando existe un proceso, y si no hay prueba suficiente, la persona no podrá ser condenada; nada más. Pero la víctima sí podrá accionar y cerrar un ciclo tan personal.

Efectivamente, el tema de la prueba es un desafío hacia adelante. Si queremos que existan condenas efectivas, más aún cuando la mayoría de los imputados en este tipo de delitos son conocidos de la víctima, se abre un reto para todo el sistema de persecución penal, que debe ser abordado con nuevas tecnologías y con práctica investigativa.

Estamos avanzando en humanidad, pues, tal como dice la escritora Leila Guerriero , “Creí que ya habíamos comprendido que las huellas de la humillación y del trauma no tienen fecha de vencimiento. Y que no se habla cuando se quiere: se habla cuando se puede.”.

Por eso, votaré a favor del derecho al tiempo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, considero que hay suficientes razones -muchos ya las han detallado para declarar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales.

Voy a reflexionar más allá de lo que hoy estamos discutiendo sobre la prescriptibilidad.

En mi opinión, los delitos que provocan daños irreparables no debieran prescribir. Lo que aprobamos respecto de los delitos sexuales contra niños, hoy lo estamos extendiendo a todos los delitos sexuales. Por supuesto, votaré favorablemente la moción, porque no creo que debiera aplicarse la prescriptibilidad cuando los delitos producen daños irreparables.

Hoy estamos aprobando la imprescriptibilidad de una violación, pero estamos permitiendo el sinsentido de que una persona que asesinó a su esposa y a sus tres hijos, y los enterró en el patio trasero de su casa, no recibirá condena alguna, por haberse encontrado el cuerpo del delito 16 años después de cometido ese daño irreparable, ya que el delito es completamente prescriptible.

Entiendo que los daños a la propiedad, como el robo de un vehículo, la estafa, etcétera, prescriban después de un tiempo determinado, porque el daño no es irreparable, porque no está afectando la vida, y, en consecuencia, se extinga el delito y, por supuesto, la sanción. Pero ¿qué lógica tiene que el asesinato prescriba? Es como si el paso del tiempo reparara el daño que provoca la pérdida de una vida, una violación o un daño psicológico irreparable.

La prescriptibilidad debe ser discutida globalmente, ya que, a mi juicio, debe terminar para todo delito que provoque daños irreparables, para todo delito que afecte la vida, porque nos vamos a encontrar, después de aprobar este proyecto de ley…

-Manifestaciones en la Sala.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Perdone, señor diputado.

Pido a todos los diputados y diputadas que están en la Sala que mantengan el orden y el silencio, puesto que está hablando uno de nuestros colegas.

Puede continuar, diputado Auth .

El señor AUTH.-

Como dije, señor Presidente, nos vamos a encontrar, después de aprobar este proyecto de ley, con la incoherencia de que habrá determinados delitos muy graves que serán imprescriptibles, pero que habrá otros delitos igualmente graves, como el asesinato, el homicidio calificado, que seguirán siendo prescriptibles.

El artículo 94 del Código Penal establece la prescriptibilidad después de quince años, cuando se trata de crímenes en los que puede haber condena a cadena perpetua. Es decir, un asesinato cuyo autor puede recibir una condena de cadena perpetua prescribe al cabo de quince años, lo que quiere decir que ni el Estado ni la sociedad tienen ninguna posibilidad de exigir responsabilidad penal respecto de ese crimen. En consecuencia, como dije, los cuerpos de las víctimas podrían ser descubiertos en el patio de la casa del asesino, pero este no podría ser condenado por ese delito al cabo de quince años.

Por lo tanto, votaré a favor el proyecto, pero pido que discutamos la prescriptibilidad de los delitos cuando se trata de atentados contra la vida, cuando esos delitos producen daños irreparables, que el tiempo no cura, que el tiempo no subsana.

Imaginen el asesinato de un hijo, el descubrimiento del asesino y la convivencia con ese asesino que no podrá ser condenado porque la ley establece que ese delito ha prescrito después de quince años.

Reitero: los delitos que provocan daños irreparables a las personas no deben prescribir.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, los delitos sexuales, sobre todo los cometidos contra mujeres, son de los actos más deleznables que pueden ocurrir.

Todos los días, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, muchas mujeres están siendo abusadas o violentadas sexualmente, sin que puedan denunciar a sus victimarios, por la carga emocional y social que conlleva dicho acto.

La violencia contra la mujer, sobre todo la de carácter sexual, debe ser eliminada y erradicada, pues sus efectos en las mujeres víctimas son profundos, dolorosos y, en muchos casos, provocan consecuencias a lo largo de toda su vida. Lo mismo ocurre en el caso de los hombres.

Por eso se presenta este proyecto, iniciado en moción de las diputadas Pamela Jiles , Érika Olivera y Ximena Ossandón , y de los diputados Andrés Celis y Félix González .

El texto fue aprobado en la Comisión de Mujeres, de la cual soy parte, por diez votos a favor y una abstención, en tanto que en la Comisión de Constitución se aprobó por unanimidad.

En esencia, se trata de modificar el Código Penal para establecer la imprescriptibilidad de los delitos de connotación sexual, sin tomar en consideración la edad de las víctimas al momento de ocurridos. Estamos hablando de violaciones, explotación sexual, estupro, abuso, entre otros delitos contra la indemnidad sexual.

En la legislación actual está considerado que no prescriban los delitos sexuales cuando las víctimas son menores de edad. Lo que hace el proyecto es extender esa condición al resto de las víctimas. Es importante destacar que la propuesta se basa en considerar, como lo hace la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que los delitos sexuales son asimilables a los crímenes de lesa humanidad, en atención a la magnitud y permanencia del daño que se provoca a las víctimas.

Asimismo, hay una dimensión cultural. Si bien Chile ha avanzado mucho en los últimos años en lo relativo a la protección de los derechos de las mujeres, por entender que estas son mucho más vulnerables frente a los abusos, en verdad no se han obtenido mayores resultados al revisar y analizar las estadísticas, lo cual está vinculado con la falta no solo de empatía de nuestra sociedad y la impresión de que las mujeres no son sujetos merecedores de respeto, sino también con la falta de una institucionalidad fuerte y sólida que tenga la posibilidad de hacer cumplir esta ley. En ese sentido, existen desafíos, por ejemplo, respecto de la prueba, en cuanto a si se van a requerir peritajes psicológicos y si nuestro sistema judicial, el Ministerio Público y los tribunales de justicia, están preparados para ello. Entonces, como planteó el diputado Auth , tenemos por delante una revisión completa a nuestro sistema penal.

Según las cifras entregadas por el Ministerio Público respecto de datos de este período, del 2018, se presentaron más de 28.000 denuncias y querellas por delitos en este ámbito, aunque siempre se ha considerado que hay una cifra oculta mucho mayor, debido a las mujeres que no han realizado el proceso de aceptación de su rol de víctima o bien porque, simplemente, de alguna manera se encuentran amenazadas por sus propios agresores. En este sentido, es importante dar a la mujer la oportunidad de tomar conciencia del abuso al que ha sido sometida, sin agregar presiones externas a un asunto tan íntimo, que ya es bastante difícil asumir, de manera que, cuando se atrevan a denunciar lo ocurrido, aún exista la posibilidad de establecer una sanción que les permita completar el proceso de sanación de una situación de la que ellas no fueron culpables.

Por eso, debemos avanzar en el camino correcto. La imprescriptibilidad de los delitos sexuales es necesaria para dar protección suficiente a las víctimas de este deleznable delito, permitiéndoles obtener una reparación de acuerdo con su propio proceso interno y de búsqueda de justicia.

La imprescriptibilidad de las acciones penales que persiguen los delitos sexuales contra las víctimas es la reparación para miles de mujeres, para que nunca más en nuestro país una violación quede impune, sin importar el tiempo transcurrido.

Por todas las mujeres que pueden ser víctimas de esos dolorosos actos, por procurar sanar, para luego ejercer las acciones legales pertinentes, anuncio mi voto a favor de la iniciativa.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, tal como han dicho los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, el proyecto de ley busca modificar el Código Penal con el objetivo de establecer que las acciones derivadas de la perpetración de delitos sexuales no prescriban en el transcurso del tiempo y, por ende, se puedan ejercer las correspondientes acciones civiles de reparación.

En la Sala se han entregado varios argumentos sobre por qué es necesario avanzar en este proyecto de ley. En primer lugar, es necesario recordar que, hace algún tiempo, la Cámara de Diputados y Diputadas tomó la determinación de hacer imprescriptibles los delitos sexuales perpetrados contra los y las menores de edad.

Hay datos que hablan por sí solos cuando se trata de entender el delito de violación, como, por ejemplo, ver cuántas y cuáles son las condenas que se han impuesto contra aquellos que han ejercido un delito de abuso sexual y, en particular, la violación.

Al respecto, tenemos un problema que es muy de fondo -lo dije en las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Mujeres y Equidad de Género mientras discutíamos el proyecto-: que nuevamente se nos cruza un fantasma, relacionado con cómo se califica el tipo penal del delito de violación, el que, claramente, tiene profundas falencias, y esa es la razón por la cual tantos delitos y tantos violadores quedan en la impunidad.

Quiero señalar otro elemento que no ha sido considerado, a propósito de la prescripción de esos delitos, y es el proceso que hacen las víctimas para reconocer, visibilizar e, incluso, denunciar un delito como este, para lo cual a veces pasan años. Si bien estos delitos no quedan a la vista, en los últimos años hemos logrado mostrar y demostrar que, lamentablemente, ellos se cometen dentro de los círculos más cercanos a las víctimas, en su mayoría mujeres y niñas menores de edad.

Entonces, a partir de este proyecto de ley, que valoro y por ello saludo a sus autoras, que obtuvo una alta aprobación y un amplio respaldo, tanto en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género como en la Comisión de Constitución, es más importante que nunca que la justicia impere por sobre cualquiera otra razón, y eso pasa por entender que, muchas veces, las víctimas se demoran más tiempo de lo que la justicia les permite para reconocer, aceptar y, por lo tanto, denunciar un delito para dar inicio a un proceso reparatorio.

Tal y como está la ley hoy, a propósito de la prescripción de estos delitos, muchas víctimas sencillamente se quedan sin poder hacer justicia, porque no la encuentran en nuestras instituciones, no la encuentran en nuestra legislación, porque no se lo permiten. ¡Qué injusto!

Comparto aquellas reflexiones que hacen referencia a que, probablemente, hay otros delitos que sí tienen que prescribir, pues tampoco se trata de aplicar la política de la cancelación, de la anulación de las personas o de la persecución permanente. Sin embargo, hay delitos que tienen que ver con la vida, delitos que nunca más le permitirán a una mujer volver a ser la misma, como es el delito de violación, el que, por lo demás, hoy en Chile, en la gran mayoría de los casos queda en la impunidad. ¿Por qué? Porque el consentimiento no es parte del delito. Por eso, vuelvo a emplazar a la Presidenta del Senado, al Senado en su conjunto y a las mujeres que integran la comisión que revisa el proyecto de ley “Sin consentimiento es violación”, que está en esa cámara, que lo saquen adelante, porque nos permitirá desarrollar una persecución real del delito de violación.

Sin embargo, creo que el complemento de la propuesta que discutimos hoy, para que sea imprescriptible la posibilidad de denunciar, es un elemento fundamental para que, de una vez por todas, en Chile, el delito de violación sea perseguido y castigado con penas reales y efectivas. Asimismo, permitirá que las víctimas tengan la oportunidad de contar con el tiempo necesario para llevar adelante su proceso, y tomar medidas de justicia y de reparación.

Por todo lo anterior, desde la bancada del Partido Comunista, aprobaremos este importante proyecto, porque viene a complementar medidas que ya hemos discutido en la Cámara y que deben ser aprobadas. Ojalá el Senado no ponga trabas a la tramitación de las iniciativas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, con los colegas Walker y Cosme Mellado comentábamos sobre el hecho de que pocos delitos son más violentos que los del abuso, el uso del engaño o de la fuerza en una materia en que la intimidad, el consentimiento y la madurez deben ser la base para una relación sexual.

¡Cuántos son los casos en que la vergüenza, el miedo e, incluso, factores económicos u otros de variada índole hacen que la víctima demore la denuncia o no denuncie!

Son datos reales de personas de carne y hueso, que en nuestro país sufren la violencia sexual. La mayoría de esos abusos y delitos sexuales son cometidos por parientes, por cercanos o por personas que, circunstancialmente, conviven con la víctima. Por esta misma razón, el tiempo de la denuncia se dilata y se prolonga. Además, el miedo de tener al violador, al abusador, al delincuente cerca permite que, muchas veces, este delito se siga cometiendo en forma reiterada y permanente, sobre todo cuando se trata de niños o niñas. Así las cosas, ese golpe que se le da a una persona en lo más íntimo de su ser hace que la comience a marcar para gran parte de su vida, y algunas de ellas no logran reponerse. La diputada Andrea Parra mencionó la alta tasa de suicidios entre personas que han sido violentadas en su sexualidad. Ellas no se pudieron recuperar por no tener la ayuda necesaria para sobrellevar su problema.

Felicito a las y a los colegas autores de esta moción. Si del gobierno de turno no surge corregir este tipo de materias, ¡para eso estamos, pues! Para eso está el Congreso Nacional y, particularmente, la Cámara de Diputados, donde intentamos recoger los problemas reales de la gente real.

Este proyecto tiene solo dos artículos. El primero de ellos amplía la imprescriptibilidad de la acción penal en casos de víctimas menores de edad en el momento de la perpetración del delito, así como de todas las demás víctimas, cualquiera sea su edad. Eso se recoge en el primer artículo, con el fin de hacer imprescriptible la acción penal en casos de violación, explotación sexual, estupro y abuso, entre otros delitos de connotación sexual.

El segundo artículo amplía para todas las víctimas, cualquiera sea su edad, la renovación de la acción civil reparatoria por delitos contra la indemnidad sexual, esto porque la acción penal prescribe luego de transcurridos los plazos establecidos en el Código Civil. En casos de crímenes, ese plazo es de 10 años, y en el de delitos menores, de 5 años.

Lo que se busca a través de este proyecto es que no exista impunidad por prescripción en los casos de tales abusos, que, para mi gusto, son los peores que puede experimentar una persona, sobre todo cuando está en la etapa inicial de su vida, cuando su madurez no alcanza a asumir la bestialidad de quien comete ese delito.

Por esa razón, debemos aprobar este proyecto sin titubeos ni ambigüedades. Hay que darle un curso rápido, para que quienes cometen ese tipo de horrores enfrenten consecuencias legales por sus delitos.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Paulina Núñez .

La señora NÚÑEZ (doña Paulina).-

Señor Presidente, estamos discutiendo el proyecto que busca modificar el Código Penal para declarar imprescriptibles dos delitos sexuales, sin importar la edad de las víctimas.

Me referiré en primer lugar a la prescripción, que consiste en el desvanecimiento -¡el desvanecimiento! de la responsabilidad penal de quien hubiese cometido un hecho punible, debido al paso del tiempo entre la acción ilícita y la denuncia.

Lógicamente -soy abogada de profesión-, la prescripción da certeza y seguridad jurídica; ese es su gran fundamento. Valoro que exista en nuestro ordenamiento jurídico, pero es importante señalar que no estamos hablando de estafa, de cohecho ni de robo, sino de delitos voy a nombrar algunos, para contextualizar la discusión como secuestro con violación, tortura con violación, violación, robo con violación, apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes con violación; estupro y abuso sexual en menores de edad.

Estamos hablando de víctimas sin importar la edad que hayan tenido al momento de la comisión de esos delitos. Por lo tanto, hablo de delitos en que, a mi juicio -vuelvo al concepto de la prescripción-, la responsabilidad penal no puede quedar desvanecida e imperar la impunidad debido a que, por ejemplo, la víctima era menor de edad, o porque, por ejemplo, una mujer no estaba con su sano juicio para iniciar acciones legales; porque no estaba, por ejemplo, decidida a iniciar acciones destinadas a obtener una reparación jurídica en los tribunales de justicia.

Sabemos -formo parte de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, donde por unanimidad aprobamos este proyecto, luego de escuchar a víctimas de esos delitosque puede demorar mucho tiempo sacar fuerzas de donde no se encuentran para poder realizar una denuncia cuando una persona ha sido víctima de un delito sexual.

Por lo tanto, nos parece importante poner sobre la mesa y por delante la necesidad de que los delitos de ese tipo no prescriban, sin importar la edad de la víctima, a fin de que -insisto en aquellono se desvanezca la responsabilidad penal debido al transcurso del tiempo.

Por un lado, hay que valorar la certeza jurídica y respetarla, pero, por otro, no puede ocurrir que esa misma certeza se transforme en una incerteza para una persona que, después de un tiempo superior al que hoy permite la ley, decide buscar reparación, de modo que la persona que actuó en forma ilícita responda durante su vida.

En consecuencia, espero sinceramente que este proyecto se apruebe hoy por amplia mayoría. Luego de escuchar algunos discursos, tengo claro que no será por unanimidad. Respeto la votación de mis colegas, pero adelanto mi voto a favor.

He dicho.