Labor Parlamentaria
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Índice
- DOCUMENTO
- DEBATE
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN : Jaime Daniel Quintana Leal
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN : Yasna Provoste Campillay
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN : Carlos Eduardo Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN : Yasna Provoste Campillay
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN : Jaime Daniel Quintana Leal
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN : Jaime Daniel Quintana Leal
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN : Yasna Provoste Campillay
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN : Carlos Eduardo Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN : Jose Gilberto Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN : Yasna Provoste Campillay
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN
- Jaime Daniel Quintana Leal
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN
- Carlos Eduardo Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN
- INDICACIÓN EN COMISIÓN : Yasna Provoste Campillay
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN
- Yasna Provoste Campillay
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN
- Jaime Daniel Quintana Leal
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN
- Claudio Alvarado Andrade
- Jose Gilberto Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN
- Carlos Eduardo Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN : Yasna Provoste Campillay
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN
- Carlos Eduardo Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN
- Jose Gilberto Garcia Ruminot
- Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN
- Jaime Daniel Quintana Leal
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN
- Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN EN COMISIÓN
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica los requisitos de ingreso a carreras de pedagogía, establecidos en el artículo 27 bis de la ley N°20.129 y en el artículo trigésimo sexto transitorio de la ley N°20.903.
BOLETÍN Nº 14.151-04
HONORABLE SENADO:
La Comisión de Educación y Cultura tiene el honor de informar el proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma”.
Hacemos presente que la iniciativa de ley en informe fue discutida por la Comisión en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala del Senado, con fecha 8 de septiembre de 2021, procedimiento que se propone a la Sala, igualmente, adoptar.
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ASISTENCIA
- Representantes del Ejecutivo e invitados:
Del Ministerio de Educación: el Subsecretario de Educación Superior, señor Juan Eduardo Vargas y la Jefa del Departamento Jurídico, señora Fernanda Badrie.
Del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH): el Vicepresidente Ejecutivo y Rector de la Universidad de Santiago (USACH), señor Juan Manuel Zolezzi, y la Rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), señora Elisa Araya.
Del Consejo de Decanos de las Facultades de Educación (CONFAUCE): el Presidente y Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco, señor Juan Mansilla.
Del Consejo de Decanos y Decanas de las Facultades de Educación de las Universidades Privadas: la Presidenta y Decana de la Facultad de Educación de las Universidad San Sebastián, señora Ana Luz Durán, y la Directora de la Escuela de Educación de la Universidad de Viña del Mar, señora Marcela Lara.
De la Universidad de Playa Ancha: el Rector, señor Patricio Sanhueza.
De Acción Educar: la investigadora, señora Tania Villarroel.
- Otros:
Asesores parlamentarios: de la Honorable Senadora señora Provoste, señor Rodrigo Vega; del Honorable Senador señor Quintana, señor Roberto Flores.
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OBJETIVO DEL PROYECTO
Adecuar los requisitos de acceso a las carreras y programas de pedagogía contenidos en la ley N° 20.903 -que crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas- y la ley N° 20.129 -que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior-, de manera de atraer a estudiantes de buen rendimiento académico, sin causar un impacto negativo en la matrícula, ni el consecuente déficit de profesores. Para ello, se extiende hasta 2025 la vigencia del primer tramo temporal de exigencias, y se eliminan los requerimientos más estrictos que habrían regido a contar del año 2026, imponiendo como definitivos los comprendidos por el segundo segmento transitorio.
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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL
No tiene.
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ANTECEDENTES
Para el debido estudio de esta iniciativa de ley, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes:
I. ANTECEDENTES JURÍDICOS
1. Ley Nº 20.903, que crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas.
2. Ley N° 20.129, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior.
II. ANTECEDENTES DE HECHO
Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.
1. Antecedentes.
Indica que, tal como lo han señalado diversos estudios, los profesores son el factor de mayor influencia en el aprendizaje y la calidad educativa que adquieren los estudiantes. Resalta que constituyen un elemento central de la política del sector, por cuanto, adicionalmente, están llamados, después de la familia, a ser agentes de crecimiento y transformación de los niños, niñas y adolescentes. Por ello, el ejercicio de la docencia debe ser una prioridad en las políticas públicas del país, subraya.
Destaca que el reconocimiento de la importancia de la labor de los profesores requiere hacer esfuerzos en orden a atraer a jóvenes talentosos a la profesión docente. Agrega que, con ese objetivo, las modificaciones introducidas a partir del año 2009 -mediante la publicación de la ley 20.370, que establece la Ley General de Educación, y luego, a través de la publicación del decreto con fuerza de ley N° 2, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N°1, de 2005- dispusieron que solo las universidades están facultadas para impartir carreras de pedagogía, lo cual ha permitido aumentar el nivel de selectividad de estos programas. Por su parte, precisa, la ley N° 21.091, sobre educación superior, modificó la ley Nº 20.129, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, disponiendo, entre otras medidas, que las carreras y programas de estudio conducentes a profesor de educación básica, profesor de educación media, profesor de educación diferencial o especial, y educador de párvulos deberán someterse obligatoriamente al proceso de acreditación. Complementariamente, la ley Nº 20.903, que creó el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas, estableció en el año 2016 diversos y crecientes niveles de exigencias para el acceso de estudiantes a dichos programas, detalla.
Enseguida, advierte que, si bien las políticas anteriores buscan impactar positivamente en la calidad de los docentes, han generado algunos efectos indeseados en el número de alumnos que puede ingresar a estudiar carreras y programas de pedagogía. En efecto, añade, diversos estudios realizados en nuestro país han alertado sobre la disminución de la matrícula en programas de pedagogía, lo cual podría redundar en un déficit de docentes, que, se estima, alcanzaría a 32.000 profesores idóneos el año 2025 (Elige Educar, 2019).
Recalca que, a lo anterior se suma la baja experimentada en la matrícula desde el año 2011, ascendente a un 39% (SIES, 2020), lo que según estudios recientes, podría implicar que el año 2023 no se superen los 9.000 titulados de carreras de pedagogía (Foro Aequalis, 2019).
En consideración a los referidos antecedentes, puntualiza, el Ministerio de Educación convocó, en noviembre del año 2019, a una mesa de expertos de carácter transversal, con el objeto de analizar y proponer medidas y políticas que permitiesen atraer a jóvenes talentosos a estudiar carreras y programas de pedagogía. Especifica que dicha instancia estuvo presidida por el Subsecretario de Educación Superior, e integrada por la Subsecretaria de Educación Parvularia, la Jefa de la División de Universidades y el Jefe de la División de Educación General, ambos del Ministerio de Educación, la Directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), el Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, la Presidenta del Consejo de Decanos de las Universidades Privadas Acreditadas, la Presidenta del Consejo de Decanos de las Facultades de Educación de las Universidades del CRUCH, el Rector del Centro de Formación Técnica ENAC, el Rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el Rector de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, la Vicedecana de Investigación de la Universidad de los Andes y representantes de las entidades EligeEducar, Foro Aequalis y AcciónEducar.
Remarca que, sobre la base de lo recomendado inicialmente por la aludida mesa, ese mismo año 2019 el Gobierno impulsó la postergación de la entrada en vigor de los criterios de acceso a carreras de pedagogía establecidos para el año 2020 en el artículo trigésimo sexto transitorio de la ley N° 20.903, mediante una modificación legal introducida por el artículo 44 de la ley Nº 21.196. Pone de relieve que -según estimaciones realizadas por Elige Educar- ello habría ayudado a rebajar el impacto del déficit de docentes en cerca de seis mil profesionales para el año 2025.
Comunica que, posteriormente, en enero del presente año, la mesa presentó al Ministro de Educación un Informe de Propuestas Finales, que considera 19 propuestas, las que se agrupan en cuatro ejes: atracción a carreras de pedagogía; acceso; formación inicial docente, y trayectoria docente. Todas apuntan a contar con estudiantes de buen rendimiento académico en las carreras de pedagogía, al tiempo de atraer a más postulantes, indica.
De este modo, relata, atendiendo las propuestas finales efectuadas por la mesa de expertos, se consideró como una medida prioritaria redefinir las exigencias para el acceso a carreras de pedagogía, de manera de atraer a estudiantes de buen rendimiento académico y, al mismo tiempo, cuidar que aquellos requisitos no tengan un impacto negativo en su matrícula. Agrega que, en definitiva, surge la necesidad de revisar los niveles de exigencia que establecieron las leyes N° 20.903 y 20.129 y el momento de su entrada en vigor, de forma tal de seguir atrayendo alumnos de buen rendimiento académico, sin que esta modificación implique renunciar a un incremento en las exigencias en el ingreso a las carreras del rubro. Apunta que así, además, las universidades contarán con más tiempo para desarrollar, perfeccionar y promocionar sus programas de acceso a las carreras de pedagogía, los cuales permiten que los estudiantes que no cumplen con los demás requerimientos de admisión, puedan, de todas formas, entrar a estudiar dichas carreras.
Asimismo, menciona que los ajustes contenidos en esta proposición de ley tienen una base en la evidencia y en la transversalidad de opiniones expertas.
2. Objetivo del proyecto.
Sostiene que la presente iniciativa busca modificar ciertas exigencias de ingreso a carreras de pedagogía; en concreto, pretende postergar la vigencia del primer tramo de requisitos -contenido en el actual inciso tercero del artículo trigésimo sexto de la ley N° 20.903- y eliminar el último nivel a que se refiere el artículo 27 bis de la ley N° 20.129, estableciendo que el tramo señalado actualmente en el inciso cuarto y final del trigésimo sexto transitorio de la ley N° 20.903 sea de carácter permanente.
3. Contenido de la proposición de ley.
Si bien el presente proyecto no es extenso en su articulado, afirma que sus efectos son de un profundo impacto en el desarrollo de las carreras de pedagogía en nuestro país, permitiendo que más estudiantes puedan seguir su vocación pedagógica.
Detalla que, en primer lugar, se sugiere extender en tres años el período de vigencia del primer tramo de requisitos de acceso -establecido en el inciso tercero del artículo trigésimo sexto transitorio de la ley N° 20.903-, para su aplicación hasta el proceso de admisión universitaria del año 2025. Explica que ello implica que, hasta dicho año, los estudiantes que quieran seguir carreras y programas de pedagogía deberán, alternativamente, rendir las pruebas de admisión universitarias obligatorias y obtener un rendimiento que los ubiquen en el percentil 50 o superior; tener un promedio de notas de la educación media dentro del 30% superior de su establecimiento educacional; o aprobar un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior, reconocido por el Ministerio de Educación, junto con rendir las pruebas de admisión universitarias.
Adicionalmente, destaca, se propone eliminar el segmento de requisitos más exigentes -fijados por el inciso primero letra b) del artículo 27 bis de la ley N° 20.129-, correspondientes a los que serían las condiciones de ingreso permanentes, de acuerdo a la legislación actual. En su lugar, acota, se establece para el año 2026 la entrada en vigor del segundo nivel, que se transformará así en el definitivo. Lo anterior requiere, conjuntamente, modificar el literal b) citado del artículo 27 bis, a efectos de consagrar como exigencias permanentes de acceso a las correspondientes al actual segundo tramo, añade.
De dicha manera, manifiesta, a contar de 2026 entraría en vigor el segundo tramo, exigiéndose así a los estudiantes que quieran seguir carreras de pedagogía, alternativamente, alcanzar un puntaje mínimo promedio de las pruebas obligatorias de admisión universitaria que los ubiquen en el percentil 60 o superior; tener un promedio de notas de la educación media dentro del 20% superior de su establecimiento educacional; tener un promedio de notas de la educación media dentro del 40% superior de su establecimiento educacional y alcanzar un puntaje mínimo promedio de las pruebas obligatorias de admisión universitaria que los ubiquen en el percentil 50 o superior; o aprobar un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior, reconocido por el Ministerio de Educación, junto con rendir las pruebas obligatorias de admisión universitarias. Todo lo anterior, conforme a los requisitos del artículo 27 bis de la ley N° 20.129 que se propone, subraya.
Hace hincapié en que las modificaciones sugeridas, además de enmendar el artículo 27 bis de la ley N° 20.129 en los términos ya señalados, implican eliminar de dicha disposición la exigencia consistente en “tener un promedio de notas de la educación media dentro del 15% superior de su establecimiento educacional, o a nivel nacional, según el reglamento respectivo”, respecto de aquellos estudiantes que utilicen la aprobación de un programa de preparación como vía de acceso a carreras de pedagogías. Lo anterior, asevera, permitirá que cualquier joven con vocación pedagógica que curse y apruebe un programa de acceso a estas carreras, autorizado por el Ministerio de Educación, pueda finalmente convertirse en profesor, sin imponerle, además, otra barrera, cuál sería la de haber pertenecido al 15% superior de su establecimiento escolar.
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DISCUSIÓN EN GENERAL [1]
A.- Presentación del proyecto de ley por parte del Subsecretario de Educación Superior, y debate preliminar en la Comisión.
Al comenzar el estudio de la iniciativa en informe, la Comisión recibió en audiencia al Subsecretario de Educación Superior, señor Juan Eduardo Vargas, quien efectuó una presentación [2], mediante la cual abordó los siguientes aspectos:
I. Breve diagnóstico.
Sostuvo que la aprobación de las leyes Nos 20.903 y 20.129 buscó, entre otros objetivos, aumentar la selectividad de las carreras de pedagogía, las que hasta hace algunos años no tenían mayores exigencias de acceso e, incluso, podían ser impartidas por institutos profesionales.
A partir de la aplicación de estos cuerpos normativos, se ha podido observar una disminución constante en la matrícula de las mencionadas carreras, advirtió. En concreto, comentó que entre 2010 y 2020 hubo una disminución de un 39% en la matrícula total (SIES 2020), y que este 2021 se produjo una caída en el primer año de casi un 20%.
Entre las causas que explican este fenómeno, manifestó, es necesario considerar los factores que se indican:
- La acreditación que se demanda a las carreras de pedagogía, de acuerdo con la ley N° 20.129.
- Los requisitos de entrada que se imponen a los estudiantes, de conformidad con las leyes Nos 20.903 y 20.129, que establecen tres tramos de exigencias crecientes, los cuales entraban en vigor, originalmente, en 2017, 2020 y 2023.
II. Mesa para la Atracción a las Carreras de Pedagogía.
En noviembre de 2019, ad portas de la entrada en vigencia del segundo segmento de requisitos, sesionó por primera vez la Mesa para la Atracción a las Carreras de Pedagogía, órgano de carácter técnico y transversal, convocado por la Subsecretaría de Educación Superior, constató. El propósito de esta instancia, subrayó, fue realizar un diagnóstico, y aconsejar medidas orientadas a incentivar el ingreso y retención de estudiantes de buen rendimiento en este ámbito.
Detalló que la aludida entidad estuvo conformada por el Subsecretario de Educación Superior; la Subsecretaria de Educación Parvularia; el Jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación (Mineduc); la Directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Mineduc; el Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación; el Rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE); el Rector de la Universidad de Playa Ancha; el Rector del Centro de Formación Técnica ENAC; la Presidenta del Consejo de Decanos de las Facultades de Educación del CRUCH; la Presidenta del Consejo de Decanos de Educación de las Universidades Privadas; la Vicedecana de Investigación de la Universidad de los Andes; el Director Ejecutivo de Elige Educar; la Directora de Estudios de Acción Educar, y el Presidente de Aequalis
Luego, destacó que la Mesa elaboró un conjunto de sugerencias, apoyadas por la unanimidad de sus integrantes, las cuales fueron entregadas a la Cartera del ramo en enero de este año. Una de ellas es recogida por el presente proyecto de ley, resaltó.
Seguidamente, revisó las principales recomendaciones planteadas por el grupo de trabajo:
a) Primera propuesta de la Mesa.
Enunció que las primeras estimaciones -realizadas por el Ministerio a partir de datos relativos a la matrícula de 2019-, mostraron que la entrada en vigencia del segundo tramo establecido originalmente por la ley para el año 2020 habría implicado una caída cercana a un 12% en la matrícula de primer año de las carreras de pedagogía en general, impactando en alrededor de un 23% a educación parvularia. De ahí que la instancia técnica exhortó a postergar para 2023 el segundo segmento de exigencias y para 2026 el tercero, expresó. Esta idea, ahondó, se concretó mediante la ley N° 21.196, que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales.
En un examen posterior, añadió, las predicciones evidenciaron que, de haberse aplicado los requisitos del segundo tramo, la disminución para el año 2020 habría sido de un 18% de alumnos. Si se hubieran implementado los del tercer segmento, la reducción habría alcanzado un 37%, acotó.
b) Algunas sugerencias adicionales de la Mesa.
Más adelante, se refirió otras propuestas formuladas en este marco:
- Reactivación de la Beca Vocación de Profesor, dirigida a profesionales y licenciados (BVP III), para la cual se destinaron 250 cupos en la ley de presupuestos de este año.
- Potenciamiento del programa de mentorías que gestiona el CPEIP.
- Confección de análisis periódicos por parte del Mineduc para cuantificar potenciales déficit de docentes.
- Estudio del Ministerio sobre los programas de preparación y acceso para continuar estudios de pedagogía (PAP).
- Instalación de una mesa de trabajo, junto a la CNA, para la revisión de los procedimientos de acreditación de programas de prosecución de estudios.
- Reconocimiento a jóvenes destacados que entren a carreras de pedagogía.
III. Esquema actual.
Después, explicó las exigencias de ingreso comprendidas por cada uno de los tramos establecidos en la legislación vigente. Para ello, recurrió a la tabla que consta a continuación:
IV. Propuesta de modificación de los criterios.
Luego, hizo presente que la iniciativa en debate pretende incorporar dos enmiendas al escenario descrito:
- Postergar la entrada en vigor del segundo tramo de requisitos para 2026, año en que se proyecta el fin de la implementación de la política nacional docente.
- Considerar los parámetros del segundo segmento como los definitivos -y, por lo tanto, los de exigencia más alta-, eliminando el actual tercer tramo.
De esta forma, expuso, los requisitos a cumplir serían los que constan en el cuadro siguiente, según el período de que se trate:
Clarificó que las exigencias no decrecen, sino que, por el contrario, aumentan a contar de 2026, pero lo hacen hasta un nivel razonable, sin dejar fuera a jóvenes que han demostrado ser talentosos ni atentar contra la matrícula de las carreras en comento.
V. Fundamentos que sustentan la propuesta.
Con posterioridad, se abocó a examinar los motivos que justifican la presentación de la iniciativa; a saber:
a) La implementación del tercer tramo dejaría afuera a estudiantes que prueban ser buenos profesores.
Expresó que, luego del trabajo de la Mesa, se observó que no existen diferencias sustanciales que permitan afirmar que el desempeño de los docentes que ingresan con los criterios de puntaje estipulados en el tercer tramo sea más alto que aquellos que entran cumpliendo con los del segundo.
Lo anterior se apoya en la revisión de evaluaciones docentes y su relación con los puntajes obtenidos en pruebas PSU, para un conjunto de 7.623 profesores, detalló.
Aseveró que los educadores de buen desempeño comienzan a diferenciarse del resto a partir de los 525 puntos. Es desde ese puntaje PSU que la proporción de docentes de mejores resultados supera a la de los demás, dijo.
b) La aplicación del tercer segmento contribuiría a disminuir aún más la matrícula de las pedagogías.
Si bien informes de Elige Educar dan cuenta de un déficit proyectado de profesores idóneos, anunció que un estudio preliminar del Ministerio de Educación muestra que aquella insuficiencia sería más acotada y que se concentraría en ciertas especialidades.
Señaló que la razón tras la diferencia en los pronósticos estriba en que se detectó que la deserción de los educadores incorporados a la carrera docente es sustancialmente menor en comparación con la del resto y equivaldría solo a un tercio de esta última. En esa línea, remarcó que a 2026 se espera que la totalidad de los profesores -a excepción de los pertenecientes a establecimientos particulares pagados- estará en esa condición. Esto constituye una buena noticia, enfatizó, por cuanto evidencia que las remuneraciones más elevadas contempladas a partir de la ley N° 20.903, así como la mayor cantidad de horas no lectivas sí están mejorando las condiciones laborales y ello se ve reflejado en la menor tasa de abandono. Previno que, no obstante, es necesario profundizar en el análisis, con miras a conocer el real efecto de la carrera docente en la deserción.
Asimismo, indicó que, sin perjuicio del impacto positivo que se ha comenzado a producir, los datos muestran que sigue siendo necesario atraer a más y mejores jóvenes a estudiar carreras de pedagogía, ya que de todas formas se prevé que existirá algún grado de déficit.
c) La puesta en marcha del tercer tramo reduciría al mínimo la entrada a través de los PAP.
De igual modo, alertó que restringir el ingreso a través de PAP solo a quienes son parte del 15% superior de su respectivo establecimiento educacional llevaría, prácticamente, a la extinción de ese mecanismo de acceso.
d) Postergar hasta el año 2026 la entrada en vigencia del segundo segmento de requisitos permitiría fortalecer los PAP.
Comunicó que 32 universidades cuentan con estos programas, mas solo 17 de ellos se encuentran activos. Agregó que posponer la implementación del tramo más exigente haría posible que las casas de estudio dispusieran de más tiempo para potenciar o desarrollar estas vías de ingreso, las cuales permiten que jóvenes con verdadera vocación puedan abrazar la carrera docente, con independencia de su rendimiento escolar o en las pruebas de acceso.
Finalmente, declaró que pese al acotado alcance de la iniciativa en discusión -en tanto no pretende resolver la totalidad de las dificultades asociadas a los profesores del país-, constituye una importante contribución al mejoramiento de la situación de las carreras de pedagogía.
A continuación, intervinieron los Honorables señores Senadores presentes.
El Honorable Senador señor Quintana se mostró sorprendido por los cambios que ha exhibido la evidencia en los últimos cuatro o cinco años en esta área. A su parecer, el estatus de los docentes ha ido al alza; sin embargo, de forma paralela, se han producido otras circunstancias que reducen el interés por entrar a las pedagogías, como una percepción de menor estabilidad laboral, por ejemplo.
Si bien el problema del déficit de matrícula es real, juzgó que es menester precisar cuáles son las proyecciones a 20 o 30 años plazo -en relación con las distintas especialidades-, debido a que los datos que se entregan son, muchas veces, contradictorios entre sí.
Seguidamente, reflexionó en torno a las señales políticas que se han enviado durante los últimos años, criticando que desde la Cartera del ramo no se hayan abierto espacios adecuados de participación para el Colegio de Profesores, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Esas actitudes pueden impactar en las decisiones que toman los estudiantes de enseñanza media al ponderar sus opciones, reparó.
Igualmente, se refirió al alza remuneracional que ha beneficiado a los educadores -que ronda el 30%- y lamentó que no se haya difundido lo suficiente, pues ello impide generar los incentivos esperados.
Lo central en esta materia, destacó, es potenciar el reconocimiento social de los profesores. Dado que la eliminación del tercer tramo podría ir en una dirección contraria a tal objetivo, instó por escuchar a otros actores antes de resolver este asunto.
A continuación, el señor Subsecretario de Educación Superior resaltó que la preocupación compartida por todos consiste en contar con más y mejores docentes, para lo cual resulta fundamental una percepción social positiva de la profesión. Al respecto, hay antecedentes auspiciosos, como un estudio de Elige Educar que ubica a las carreras de pedagogía como las terceras más valoradas, después de medicina y derecho.
Sostuvo que es imprescindible que tal apreciación se materialice en un mayor interés de parte de jóvenes talentosos por ingresar a estas carreras, y reconoció que aún queda mucho por recorrer en tal sentido. Sin perjuicio de ello, afirmó que se han dado pasos en la dirección correcta, como la implementación de la carrera docente, que ha mejorado las condiciones laborales de los educadores, disminuyendo la deserción. Sobre el particular, estimó que se debe reforzar la difusión de los beneficios que se han introducido, con miras a motivar a quienes se encuentran cursando la enseñanza media. En la misma línea, puso de relieve la reciente incorporación de un reconocimiento a aquellos jóvenes de buen rendimiento que optan por estudiar pedagogías, pudiendo acceder a otros estudios más selectivos.
Más adelante, enunció que resulta complejo determinar el déficit real de matrícula que se espera, ya que depende de diversos supuestos que pueden variar en el tiempo. De conformidad con los estudios preliminares del Ministerio, la escasez se concentraría en ciertas especialidades y alcanzaría a los 10.000 docentes al año 2030, especificó.
A su turno, la Honorable Senadora señora Provoste recordó que las últimas enmiendas en este ámbito fueron las introducidas mediante la ley N° 21.196 -a propósito del reajuste de las remuneraciones del sector público-, cuya tramitación no ofrecía un contexto apropiado para analizar a fondo dichas modificaciones. De ahí que hizo un llamado a que, en esta oportunidad, se escuchen previamente las apreciaciones de las autoridades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y de los decanos de sus facultades de pedagogía.
Asimismo, abogó por resolver otras dificultades vinculadas a este tema, como la cantidad de horas de retribución que se demandan a los beneficiarios de la Beca Vocación de Profesor, que se vuelve imposible de cumplir para aquellos docentes que se dedican a impartir disciplinas con un menor tiempo asignado -como educación física, música, arte, etcétera-, especialmente cuando comienzan su vida laboral.
El señor Subsecretario esclareció que el CRUCH contó con cierto nivel de representación, mediante la participación del Consejo de Decanos de las Facultades de Educación y dos rectores de universidades pedagógicas. No obstante, compartió que sería pertinente escuchar directamente el parecer del Consejo.
En lo que concierne a la Beca, constató que, recientemente, se redujo el número de horas que los profesores de ciertas asignaturas deben retribuir, atendido que simplemente no podían observar tal exigencia, por los motivos esbozados por Su Señoría. Tal modificación responde a una sugerencia que realizó la Mesa, dijo.
Por su parte, el Honorable Senador señor Alvarado respaldó la iniciativa, subrayando que es fruto del trabajo llevado adelante por una instancia técnica y transversal, que ha realizado un examen serio y un seguimiento de la situación de las carreras de pedagogía.
Recalcó que la supresión del tercer segmento de requisitos no se traducirá en un deterioro de la calidad de los futuros docentes, toda vez que, de conformidad con la evidencia disponible, quienes ingresan ajustándose a los criterios del segundo tramo se transforman en buenos profesionales. De todos modos, se mostró abierto a seguir debatiendo este punto.
Lo que sí está claro, argumentó, es que mantener el cronograma tal como está contemplado por la regulación vigente causará un decrecimiento en la entrada a las carreras pedagógicas. El foco debe estar puesto, entonces, en revertir la tendencia a la baja en el acceso a este tipo de estudios, ahondó.
Con posterioridad, el Honorable Senador señor Montes objetó que no se haya convocado a dirigentes estudiantiles, ni a otros centros de investigación a la mesa de trabajo, pues ello habría aportado otras sensibilidades y una mayor diversidad.
En su opinión, es indispensable llevar a cabo un análisis profundo y una evaluación global de todas las medidas que se han adoptado a lo largo de los años para resolver los inconvenientes detectados en torno a la situación de los profesores, debido a que se han experimentado diversas crisis, sin que hasta la fecha haya total claridad sobre el diagnóstico ni el efecto que han provocado los intentos de solución. Así, relató que se han revisado las atribuciones de los directores de establecimientos; se ha impulsado la capacitación y perfeccionamiento de los educadores; se han aplicado mecanismos de evaluación docente; se han puesto en marcha incentivos pecuniarios, y se han elevado los requisitos de ingreso a las pedagogías.
Pese a que este proyecto podría remediar un aspecto específico, no apunta al fondo del conflicto, adujo. Añadió que, en algunos países desarrollados, las barreras de entrada para ser profesor son muy elevadas. Además, mencionó, allí se pone especial énfasis en el estatus social de los docentes, lo que a nivel nacional se ha visto muy devaluado.
Después, aseveró que la profesión de los educadores es una de las más complejas, porque deben desarrollar significativas habilidades blandas y enfrentar los desafíos tecnológicos actuales. A ello se suman los maltratos a que se ven expuestos -incluso de parte de los propios alumnos- y las deficiencias que han mostrado los Servicios Locales de Educación Pública, resaltó. Hizo hincapié en que este escenario redunda en un retiro anticipado de los docentes, quienes buscan otras alternativas laborales.
Por último, postuló que se debe reforzar el factor valórico en la formación de los profesores, dado que la sola lógica costo-beneficio no produce una motivación suficiente para producir los cambios necesarios.
En lo que atañe a la Mesa para la Atracción a las Carreras de Pedagogía, el señor Subsecretario planteó que se buscó una integración de carácter técnico y transversal; con todo, también se ha recabado el parecer de otros actores en relación con este proyecto. En concreto, comunicó que su contenido fue puesto en conocimiento del Colegio de Profesores antes de su presentación.
En lo tocante a los resultados arrojados por las medidas ejecutadas hasta el momento, informó que la propia ley N° 20.903 contempla una primera evaluación de la carrera docente para el año 2022, que será desarrollada por una organización internacional y que aportará importantes datos para un mejor diagnóstico. Sin embargo, admitió que, tal vez, hace falta llevar adelante un examen global de todas las providencias adoptadas hasta ahora y verificar cuáles han sido las más eficaces, sin perder de vista que se han concretado importantes esfuerzos en esta área.
Seguidamente, sentenció que, existiendo evidencia que vuelve desaconsejable aplicar la legislación en los términos vigentes -pues dejaría fuera de las carreras a estudiantes que han demostrado un buen desempeño-, resulta forzoso reaccionar y llevar a cabo los ajustes correspondientes. Reiteró que la proposición de ley no entraña una reducción de los requisitos, puesto que estos, por el contrario, aumentarán en 2026, de acuerdo a los criterios del segundo tramo.
B.- Exposiciones de los invitados y debate suscitado en la Comisión con ocasión de ellas.
1) El Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y Rector de la Universidad de Santiago (USACH), señor Juan Manuel Zolezzi, quien realizó una presentación [3], por medio de la cual trató diversos aspectos atingentes a la iniciativa.
I. Análisis del proceso de admisión 2021.
Con el propósito de dar cuenta del impacto y las tendencias en la postulación y selección de las carreras de pedagogía, efectuó un examen focalizado en el proceso de admisión 2021.
1. Comportamiento de las postulaciones.
Indicó que las aplicaciones válidas en pedagogía decrecieron un 27% en comparación con el año pasado, mientras que las vacantes disponibles bajaron solo un 2%, todo lo cual se expresa en los siguientes gráficos:
2. Comportamiento de los seleccionados.
Luego, enunció que los estudiantes admitidos a los programas de pedagogía disminuyeron un 27%. En concreto, detalló, las universidades del CRUCH tuvieron una reducción de 25% y las demás experimentaron una caída de 37%, lo que consta en las imágenes plasmadas a continuación:
3. Cantidad de postulaciones válidas por número de preferencia.
Más adelante, revisó antecedentes relativos a las aplicaciones, de forma desagregada según la prioridad asignada por los postulantes. Explicó que resulta especialmente importante observar las primeras preferencias -que sufren las caídas más profundas-, porque son las que están asociadas a la vocación, y permiten establecer una conexión entre los resultados académicos y las exigencias de la carrera. Exhibió la ilustración que aparece enseguida:
4. Carreras que no completan las vacantes.
Posteriormente, manifestó que las vacantes no completadas en 2021 son el doble respecto a las del año anterior:
Después, analizó la situación de diversas disciplinas, diferenciadas según las instituciones que las imparten:
- Universidades del CRUCH:
- Otras universidades:
5. Número de estudiantes que no cumplen los requisitos.
Expuso, a continuación, que del total de 4.430 vacantes sin completar del año 2021 hubo 634 cupos que quedaron sin llenar debido a que los postulantes no cumplían las exigencias de ingreso que impone la ley N° 20.093; en consecuencia, existen otras 3.796 plazas libres que no dicen relación con tales requerimientos.
II. Síntesis de los antecedentes analizados.
A partir de los datos revisados, realizó algunas apreciaciones generales. Comentó que se produjo un decrecimiento de un 22% en los estudiantes con interés en el área entre los años 2020 y 2021. En ese sentido, precisó que durante el proceso de admisión 2020 fueron 22.137 las personas que postularon, al menos, a una pedagogía; mientras que, en 2021, esa cifra se redujo a 17.158.
La disminución en el número de seleccionados no se explica únicamente por la dificultad de cumplir con los criterios de selectividad establecidos en la ley, subrayó. Al efecto, puso de relieve que hay una baja motivación por postular a estos programas, lo que se evidencia en la caída de 27% de los seleccionados, y en el aumento de vacantes disponibles que no se completan, las cuales se duplicaron durante el proceso de admisión 2021.
Después, consignó que existe un importante descenso en las postulaciones a las pedagogías como primera preferencia. Especificó que de 10.654 en 2020 disminuyen a 7.557 en 2021; es decir, se reducen un 29%.
Sentenció que estos resultados reflejan una problemática general a nivel país. La merma que se observa en la vocación para ingresar a esta clase de carreras se ha vuelto sistemática y sistémica, y agravará la crisis que actualmente vive el sector educacional, si no se toman medidas efectivas en orden a remediarla, previno.
III. Consideraciones acerca del proyecto de ley.
Luego, discurrió en torno al contenido de la iniciativa, declarando que se requiere de un enfoque que aborde no solo la eficiencia en materia de vacantes.
En esa línea, razonó que es imprescindible tener presente los siguientes factores:
- El aumento que han experimentado los requisitos de las carreras de pedagogía -en cuanto a estándares y criterios de acreditación- demanda mayores recursos para implementar ajustes y generar programas de estudio más densos.
- Si el nivel de los estudiantes se mantiene menos exigente, ello también impacta en la cantidad y diversidad de mecanismos de apoyo que las universidades deben proporcionar a sus alumnos, con miras a asegurar una progresión académica exitosa.
- Existen diferencias a lo largo del territorio que deben ser tomadas en cuenta, ya que es muy distinto preparar a estudiantes de regiones que de grandes urbes.
Entre los aspectos positivos de la proposición de ley, recalcó que esta se hace cargo, al menos, de una de las dimensiones del problema. Asimismo, dijo que refuerza la vía de acceso a través de los programas de preparación y acceso para continuar estudios de pedagogía (PAP), poniendo énfasis en la formación durante la educación media, y en captar vocaciones y capacidades tempranas de los aspirantes a profesores.
No obstante, advirtió que el proyecto, por sí mismo, no resuelve una de las mayores dificultades hoy presentes en el sistema, a saber, la atracción de postulantes académicamente destacados. Adujo que las modificaciones propuestas no constituyen un mecanismo tendiente a elevar la calidad o promover la vocación pedagógica. Al respecto, planteó que se requiere de medidas más sistémicas para resolver el conflicto de fondo.
De igual modo, señaló que la falta de docentes y la menor motivación por estudiar pedagogías también se vinculan con los inconvenientes en el ejercicio de la profesión. Afirmó que las deficiencias en las condiciones laborales -relativas a remuneraciones, recursos materiales para impartir las clases, perfeccionamiento continuo, entre otros-, generan una alta deserción del profesorado, y también una baja valoración e interés por las carreras del rubro.
Por último, mencionó que la iniciativa no resolverá las múltiples causas que inciden en el déficit de educadores, en tanto no disminuirá el abandono de los estudios ni la deserción laboral, y tampoco generará mayor atracción para los jóvenes. La profesión docente requiere de una mirada reflexiva mayor, que incorpore aquellas variables que no se están considerando y que impactan directamente en su ejercicio, opinó.
2) El Presidente del Consejo de Decanos de las Facultades de Educación (CONFAUCE) y Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco, señor Juan Mansilla. Durante su intervención [4] abordó los puntos que constan enseguida:
I. Antecedentes.
En 2021 nuevamente se observa una reducción en las matrículas en las diversas facultades de educación y escuelas de pedagogía de Chile, comunicó. Indicó que esto da cuenta del hecho que aquellos que, poseyendo los requisitos de ingreso, finalmente optan por otros programas de estudios superiores. Añadió que el escenario es preocupante, si se le correlaciona con las altas tasas de deserción que se presentan en algunas carreras de pedagogía, principalmente en aquellas de educación media.
Seguidamente, enunció que, entre las múltiples causas que podrían explicar este fenómeno, se encuentran: i) las mayores exigencias legales para estudiar pedagogías; ii) el decrecimiento en el número de programas ofrecidos, producto de la hiper regulación y la acreditación obligatoria; iii) las modificaciones en las preferencias de postulación observadas desde la aparición de la gratuidad; y iv) una disminución en la valoración de la profesión docente (Elige Educar, 2021; Subsecretaria de Educación Superior, 2021; CIAE, 2021).
A nivel internacional, diversos estudios han abordado los motivos que justifican el abandono del aula por parte de los profesores, resaltó. Detalló que entre dichas razones se encontrarían: i) la percepción de una desprofesionalización de la tarea docente; ii) una escasa autonomía en la toma de decisiones; iii) la insatisfacción laboral; iv) la sobrecarga de trabajo; v) las dificultades derivadas del comportamiento de los estudiantes; y vi) los temas salariales (Observatorio de la Educación para la Innovación, Universidad de Antofagasta, 2021).
Posteriormente, agregó que recientes análisis revelan que un 20% de los profesores del sistema escolar chileno se retira dentro de los primeros cinco años de ejercicio laboral, lo que permite aseverar que el problema es sistémico. Luego de los 10 años, ese porcentaje se eleva a un 30%, acotó. El abandono de parte de los docentes, subrayó, entraña múltiples perjuicios, como la constante necesidad de renovar la oferta de educadores -y los consiguientes esfuerzos de búsqueda, selección y adaptación de nuevos profesores -; la imposibilidad de desarrollar estrategias de alta exigencia en la formación; la pérdida del capital humano que supone la experiencia adquirida; y una mayor afectación de los establecimientos más vulnerables.
Desde una perspectiva global, manifestó, los docentes se encuentran afectados por una sensación de desvalorización de su profesión. Sostuvo que lo anterior se ve reflejado en la misma institucionalidad del sector, que no cuenta con profesores en altos cargos, como el de ministro o subsecretario. Se trata de una situación que se arrastra desde hace largo tiempo y que no se repite en otras áreas, como el de la salud o la justicia, apuntó.
Sentenció que el escenario de pandemia, asociado a lo ya planteado, ha puesto aún más en evidencia la precariedad de las condiciones de trabajo de los docentes, quienes han debido realizar esfuerzos extraordinarios para sostener la tarea del sistema educativo desde sus hogares. Comentó que ello ha redundado en sentimientos de cansancio, desgaste emocional y la percepción de falta de apoyo en el desarrollo de sus quehaceres, implicando un aumento en la dedicación horaria y una sobrecarga laboral (Red Estrado Chile & Opech, 2020; Observatorio de la Educación para la Innovación, Universidad de Antofagasta, 2021).
II. Parecer de los integrantes de CONFAUCE.
En términos generales, informó, las apreciaciones respecto del espíritu del proyecto son diversas entre los decanos. Expuso que, mientras algunos ponen de relieve la necesidad de adoptar medidas que contrarresten el déficit proyectado de profesores -particularmente en los territorios más afectados por la disminución de postulaciones-, otros estiman que se trataría de una iniciativa poco ambiciosa y, como tal, atentaría contra el propósito de atraer jóvenes con talento, generando más costos que beneficios en el largo plazo.
a) Aspectos positivos.
Uno de los elementos beneficiosos de la proposición de ley, postuló, es el reforzamiento de los programas de preparación y acceso para continuar estudios de pedagogía (PAP) como vía de ingreso a estas carreras. Este mecanismo, expresó, permite poner el acento en la formación durante la educación media, y en captar vocaciones y capacidades tempranas de los aspirantes a profesores; así, se abre la puerta a jóvenes con interés en la materia, independiente de la calidad de sus oportunidades de aprendizaje durante la etapa escolar.
Asimismo, la iniciativa supone una mirada realista, al considerar la situación nacional actual del estatus de la profesión, las condiciones en que se ejerce y los recursos disponibles para su mejora. Postergar el aumento de las exigencias de acceso es una medida necesaria y urgente, profundizó.
b) Aspectos negativos.
Posteriormente, declaró que la entidad que preside ha identificado algunos nudos críticos o tensiones, que tienen como telón de fondo un problema vocacional. Constató que, hoy en día, al ponderar la posibilidad de estudiar pedagogía, los jóvenes se ven enfrentados al dilema de optar entre una carrera que implicará malas condiciones laborales y bajas remuneraciones, y otras profesiones que no conllevan esas dificultades. Las predicciones relativas al déficit futuro de docentes son preocupantes, pese a lo cual este tema no ha sido asumido por el Estado como una prioridad, lamentó.
Al discutir esta clase de proyectos, señaló, muchas veces se recurre al ejemplo de Singapur, Finlandia u otros Estados; sin embargo, la situación local dista bastante de la de naciones desarrolladas. Además, en Chile existen realidades socioculturales muy disímiles a lo largo del territorio, las cuales deben ser consideradas, razonó. A modo ilustrativo, relató que, aproximadamente, un 80% de los alumnos de las Universidades de Tarapacá, Católica de Temuco y de Magallanes provienen de la misma región en que se ubica cada una de dichas instituciones. En algunos casos, planteó, una proporción importante de los estudiantes pertenece a pueblos originarios -cuya lengua materna, muchas veces, es una indígena-; no obstante, no existe un sistema de ingreso especial para ellos. Entonces, lo que en Santiago es un mínimo, puede ser un máximo en las zonas extremas y ello responde a la diversidad del país, adujo.
A su juicio, la caída en el interés por estudiar pedagogías -que se ha reflejado en una reducción de 28% en la matrícula entre los años 2010 y 2020- exige abordar este asunto desde una óptica más global. Urge implementar un plan nacional orientado a fomentar la vocación docente, en cuyo diseño deberían participar todos los actores involucrados, de manera de dar una respuesta integral a este conflicto, afirmó.
Opinó que la dimensión numérica, vinculada a los puntajes, es relevante, pero tiene un alcance limitado y pragmatista. El problema en debate es más complejo y profundo, y está ligado a decisiones históricas, como el cierre de las escuelas normales en los años ´70, mencionó. Lo central, argumentó, es el profesorado y su valorización, pues una sociedad que no aprecia ni reconoce a los docentes no puede aspirar a un sistema educativo de calidad. En esa línea, destacó que el prestigio de la profesión es esencial para incentivar a los jóvenes a preferir una carrera. Igualmente, recalcó que hay otros factores que entran en juego, como las expectativas remuneracionales, las condiciones laborales, la diversidad de oportunidades, la imagen pública de la actividad, etcétera.
En síntesis, manifestó su conformidad con la postergación en la aplicación del nuevo tramo de requisitos de ingreso a las pedagogías; con todo, previno que en 2025 las dificultades se agudizarán, lo que podría llevar a un cierre de programas y un incremento en el déficit de docentes. De ahí que reiteró el llamado a alcanzar un gran acuerdo nacional para resolver sistémicamente los inconvenientes en comento.
3) La investigadora de Acción Educar, señora Tania Villarroel, quien trató los puntos consignados enseguida [5]:
I. Contexto.
Recordó que la presentación del proyecto de ley fue sugerida por la Mesa para la Atracción a las Carreras de Pedagogía, de la cual formó parte. La instancia técnica se abocó al análisis de este tema con un enfoque integral y realizó diversas recomendaciones atingentes a la atracción de estudiantes; el acceso a las pedagogías; la formación inicial docente, y la trayectoria docente. La iniciativa en discusión es solo una parte de ese conjunto de medidas, aclaró.
II. Normativa vigente.
La lógica detrás de la regulación en vigor fue que la imposición de requisitos mínimos de ingreso a estos programas llevaría a la postulación de mejores candidatos, elevando la calidad de los profesores. Durante su tramitación, enunció, se tuvo a la vista que es menester guardar un equilibrio entre el incremento en la selectividad, y el riesgo de provocar externalidades negativas, cuales son la escasez de educadores y la exclusión de buenos docentes.
Añadió que los indicadores involucrados deben ser monitoreados constantemente y, al efecto, cabe examinar algunos antecedentes que evidencian que el balance aludido no se está logrando; a saber:
- Se prevé una escasez de 26.273 profesores idóneos al año 2025 (Elige Educar, 2019).
- Las carreras que se proyectan con una mayor reducción de titulados para 2023 son las pedagogías en educación básica (-64%), historia y geografía (-52%), y lenguaje y comunicación (-44%) (Aequalis, 2019).
- En la última década, la matrícula de primer año de pedagogía ha caído un 49% (en 2011 era 22.004 y en 2021 es 11.323).
- Las vacantes disminuyeron en un 56,7% entre los años 2010 y 2019. El decrecimiento fue más agudo en las regiones de Tarapacá (-83%), Coquimbo (-48%), Ñuble (-45%) y Biobío (-48%).
Después, advirtió que los requisitos del tercer tramo son demasiado estrictos para la realidad local y no se correlacionan perfectamente con el desempeño docente. A fin de ilustrar el debate, detalló que, de haberse aplicado las exigencias del tercer nivel durante el año 2020, el impacto habría sido el siguiente:
- Un 32% de la cohorte no hubiese entrado a pedagogía.
- 2.105 postulantes no habrían sido admitidos.
- Solo 416 estudiantes habrían sido beneficiados por los PAP, lo que vuelve irrelevante a este mecanismo de acceso.
- El 36% de los profesores de buen desempeño habría quedado fuera.
- Un 29% de los docentes de menor rendimiento habrían ingresado.
A la fecha, subrayó, la imposición de mayores requerimientos no está logrando atraer a mejores candidatos a matricularse en las pedagogías, lo cual queda de manifiesto en el siguiente gráfico:
Aún se debe esperar más tiempo para ver el efecto descrito en la literatura en cuanto al aumento en la selectividad de las carreras, ya que la normativa todavía se encuentra en proceso de implementación, postuló. Con todo, comunicó que ya se han proyectado dificultades asociadas a la reducción de la matrícula y a la escasez de profesores idóneos al año 2025, sin cumplir el objetivo de captar a los jóvenes más talentosos.
Sostuvo que, aun cuando el retorno de pedagogía, desde una perspectiva remuneracional, es superior al de otras disciplinas -gracias a la carrera docente-, no logra atraer a un mayor número de estudiantes, en comparación con otros estudios que sí se ubican dentro de los diez más elegidos, como kinesiología y psicología:
Después, declaró que, de mantenerse el tenor actual de la regulación, se generarán resultados muy disímiles, según la región de que se trate, lo que se expresa en la tabla que consta a continuación:
Aseveró que la urgencia de avanzar en esta iniciativa radica en los significativos perjuicios que el déficit de profesores puede ocasionar en la calidad de la educación y que se podrían traducir en la disminución de horas no lectivas; la contratación de docentes con menores calificaciones, el aumento de alumnos por sala; y la eliminación de estándares existentes.
III. Conclusiones.
Por último, efectuó algunas reflexiones finales:
- El problema de escasez de profesores es grave y tendrá un impacto devastador en la calidad de la educación.
- La evaluación de la política muestra que el último tramo de requisitos excluye, en mayor proporción, a futuros buenos profesores, que a aquellos de peor desempeño.
- Cada mejora debe darse en un momento preciso y por eso no es la oportunidad de reformular todo el sistema; sin embargo, la modificación de las exigencias de acceso demanda un pronto actuar para evitar que se materialicen los riesgos que se han descrito.
4) La Rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), señora Elisa Araya, también planteó su parecer ante la Comisión, comentando que comparte el diagnóstico y la preocupación por el tema en debate, y que apoya las modificaciones contenidas por el proyecto. Sin perjuicio de ello, mostró su preocupación por el carácter temporal que tendría la medida, en tanto solo posterga un inconveniente que se agravará a futuro. Puso de relieve que la formación de nuevos docentes tiene que ser abordada de manera profunda y sistémica, y requiere de una evaluación de las decisiones adoptadas a su respecto durante los últimos años.
Si bien resulta positivo que se hayan dado pasos tendientes a elevar la calidad por medio del establecimiento de ciertos estándares, alertó que ello también ha agobiado al sistema escolar. Indicó que algunas políticas públicas han limitado a los educadores, mecanizando su quehacer y restringiendo su autonomía profesional, lo que puede desincentivar a los nuevos estudiantes.
De igual modo, sentenció que algunas determinaciones han golpeado directamente el interés por ingresar a ciertas especialidades, como ocurrió con la última reforma curricular de terceros y cuartos medios, la que, verbigracia, disminuyó la matrícula de educación física en cerca de un 50%.
Otra dimensión relevante es la remuneracional, toda vez que un joven, evidentemente, la tendrá en consideración al momento de evaluar su futuro, resaltó. Al efecto, apuntó que, al invocar el ejemplo de ciertos países desarrollados, pocas veces se hace alusión a lo bien que se paga a los profesores en esos lugares.
Razonó que un aspecto que también cabe debatir es cuánto debería durar la carrera docente, habida cuenta del nivel de exigencia y compromiso emocional que supone la profesión. Señaló que durante la pandemia los educadores, muchas veces, han actuado como el sostén afectivo de los alumnos, lo que entraña un alto costo a nivel de salud mental, que no es reconocido ni enfrentado por el sistema.
Enseguida, mencionó que la UMCE ha logrado formar buenos profesores -pese a las deficiencias de arrastran desde su educación escolar-, y así ha quedado demostrado en las evaluaciones diagnósticas y en la acreditación de las carreras. Con todo, planteó que esta casa de estudios eminentemente pedagógica se ha visto afectada por la reducción de la matrícula, derivada de requisitos de ingreso que deben ser flexibilizados. En su opinión, hay que reforzar el trabajo y el acompañamiento que se efectúa en relación con estudiantes que, no habiendo tenido un buen rendimiento escolar, logran desempeñarse luego exitosamente como docentes. Los puntajes obtenidos no son el mejor indicador del futuro ejercicio profesional, afirmó.
Enunció que esta iniciativa solo pretende resolver un asunto específico de la política educativa y dijo compartir tal propósito, pues resuelve una urgencia; no obstante, con la información que ya se encuentra disponible, se debería abordar el fenómeno en su conjunto, y no fragmentadamente.
Finalizadas las presentaciones, la Honorable Senadora señora Provoste consignó que existe claridad en torno al carácter sistémico del déficit de profesores, el que no se explica únicamente por el aumento de las exigencias de entrada. Consultó por el análisis que ha hecho la Cartera del rubro acerca de los otros elementos que han influido. Asimismo, coligió que declaraciones despectivas emitidas por algunas autoridades de gobierno en contra de los educadores también podrían influir en este ámbito.
Más adelante, el Honorable Senador señor Quintana se sumó a las palabras de Su Señoría. Adicionalmente, recordó que los distintos ministros de esta Administración han anunciado que les corresponde implementar las reformas aprobadas previamente; sin embargo, cabe preguntarse cuántas de esas innovaciones han quedado sin ejecutar o sin difundir adecuadamente. A su entender, hay aspectos que podrían ser mejorados, sin necesidad de recurrir a una modificación legal.
En lo que atañe a la proposición legislativa, se mostró proclive a avanzar en su tramitación, ya que constituye un primer paso que, al menos, permitirá posponer los efectos perjudiciales que se esperan por el incremento de los requisitos de acceso. Sin perjuicio de ello, arguyó que la iniciativa debería ir más lejos, dado que su tenor actual no resuelve el conflicto que se producirá a partir de 2026. Durante su debate en particular, juzgó, deberían presentarse indicaciones que acojan algunos de los planteamientos que se han formulado por los distintos actores.
Más adelante, solicitó ahondar en la incidencia que podría haber tenido la implementación de la Prueba de Transición para la Admisión Universitaria (PTU) en la caída de la matrícula.
Sobre el particular, el Vicepresidente Ejecutivo del CRUCH y Rector de la USACH, señor Juan Manuel Zolezzi, estimó que aún es demasiado pronto para evaluar los efectos de la PTU, remarcando además que los inconvenientes en materias pedagógicas son muy anteriores a dicha medición.
Expresó que se trata de una cuestión difícil de resolver, porque confluyen una multiplicidad de factores, como la mercantilización de la educación -que ha llevado a los estudiantes a elegir las carreras de acuerdo a las remuneraciones proyectadas- y la influencia de los padres en la toma de decisiones. Adujo que es imprescindible que todos los actores incumbentes realicen un trabajo conjunto, asumiendo el compromiso país de levantar la educación preescolar, básica y media, mediante reformas profundas.
A su turno, la investigadora de Acción Educar, señora Tania Villarroel, concordó en que todavía no se pueden sacar conclusiones concernientes a la aludida prueba de admisión; con todo, sí se ha observado una mayor disminución en la matrícula de las pedagogías, en comparación con otras carreras.
A continuación, introdujo algunos matices acerca de los elementos que moverían a los postulantes a optar por unos u otros programas. En ese sentido, señaló que los alumnos, pocas veces, cuentan con información acabada y no tienen mayores conocimientos relativos al sueldo esperado. El parecer de la familia y la orientación que pueda brindar el profesor jefe son relevantes a la hora de elegir los estudios superiores, añadió.
Adicionalmente, hizo hincapié que no se pueden perder de vista las particularidades de los jóvenes de esta generación, que no solo buscan un buen salario, sino que un clima laboral en que se puedan desarrollar, proyectar e innovar. Las remuneraciones, entonces, pueden no ser el factor de mayor importancia; es más, hay estudios que demuestran que ingresos más elevados atraen a más postulantes, mas no necesariamente a los mejores. De ahí que se debe poner énfasis en la comunicación de aquellas medidas que mejoran las condiciones de trabajo, de manera que los aspirantes a docentes las conozcan, sostuvo.
Por su parte, la Rectora de la UMCE, señora Elisa Araya, destacó que los alumnos ingresan a las pedagogías con un enorme compromiso político y social; pero, a poco andar, los profesores -especialmente los de establecimientos más vulnerables- se ven enfrentados a una realidad que les impide concretar los cambios e innovaciones que quieren llevar a cabo, lo que genera frustración y desgaste.
Finalmente, el señor Subsecretario de Educación Superior, esclareció que el proyecto no pretende hacerse cargo de la totalidad del problema, sino únicamente de un aspecto puntual, que podría ocasionar enormes daños. En cuanto al diagnóstico descrito por los invitados, estimó que fue esbozado en términos bastante sombríos, sin dar cuenta de los avances logrados tanto por este gobierno como por los anteriores, los cuales deben ser considerados al evaluar los mecanismos a implementar a futuro.
En esa línea, relató algunos de los esfuerzos que ha llevado a cabo el Estado, refiriéndose, en primer lugar, al incremento en la selectividad de las pedagogías. Sentenció que circunscribir la impartición de estos programas de estudio a las universidades y exigir acreditación, junto con elevar los requisitos de acceso, son medidas positivas. En segundo término, recordó que la carrera docente disminuyó los niveles de abandono, gracias a las mayores remuneraciones y a la reducción de horas no lectivas. En concreto, detalló que solo un 2% de los profesores que sea acogen a ese esquema desertan, versus un 7,7% del resto. Puso de relieve, en tercer lugar, que la nueva regulación de aranceles de las instituciones adscritas a la gratuidad ha establecido como uno de sus grupos de carreras al de las pedagogías. Comentó que ello se traducirá en un crecimiento de 25% en las transferencias a las universidades que las imparten, lo que debería incentivar a dichas casas de estudio a que continúen haciéndolo.
En lo tocante a la pandemia de COVID-19, resaltó que ha desencadenado un efecto favorable, cual es una mayor valoración social de los docentes y de los sacrificios que han tenido que realizar. Sin perjuicio de ello, al mismo tiempo, indicó, quedaron en evidencia las dificultades que supone su labor, y ello podría haber desmotivado a potenciales estudiantes.
Razonó que, por cierto, las deficiencias en las matrículas -que ya se han prolongado por bastantes años- no se explican por la situación sanitaria, mas sí podrían haberse visto acentuadas por tal motivo durante 2021. En consecuencia, cuando se recupere cierto grado de normalidad, podría observarse un repunte, postuló. Con tal propósito, declaró, será esencial difundir apropiadamente los beneficios de la carrera docente, e impulsar por distintos medios una revalorización social de la profesión.
5) La Presidenta del Consejo de Decanos y Decanas de las Facultades de Educación de las Universidades Privadas, y Decana de la Facultad de Educación de la Universidad San Sebastián (USS), señora Ana Luz Durán, en cuya presentación [6] trató los siguientes temas:
I. Situación del menor ingreso de estudiantes a pedagogía.
1. Datos de contexto.
A fin de ilustrar la discusión, examinó algunas cifras que dan cuenta del escenario actual. Al respecto, señaló que la matrícula de pedagogía ha caído un 58% entre 2018 y 2021. Asimismo, remarcó que un 32% de los alumnos que entraron en 2020 no podrían haberlo hecho bajo los criterios del segundo nivel que establece para el año 2023 la ley N° 20.903, que crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas.
2. Proyección de matrícula, aplicando los requisitos de la regulación vigente a distintas carreras.
Luego, revisó una simulación que compara el impacto de las exigencias en comento en pedagogía y otros programas. Para ello, se apoyó en los siguientes datos:
II. Análisis de la normativa en vigor.
Luego, abordó algunos aspectos relevantes de la ley N° 20.903. Por una parte, enunció sus principales componentes; a saber, una mayor concentración de postulantes de tramos superiores en las carreras de pedagogía; una implementación gradual al año 2025; un alza de las horas no lectivas y su progresión asociada a gatillos de crecimiento del PIB; y un incremento de educadoras de párvulos (JUNJI, INTEGRA y VTF), considerando el aumento de cobertura del programa de gobierno.
Por otra parte, hizo hincapié en los elementos del sistema de desarrollo profesional docente:
- Aumento en la selectividad.
- Evaluación diagnóstica.
- Acompañamiento en los primeros pasos de los jóvenes.
- Programas de formación para el desarrollo profesional.
- Implementación de un esquema que abarque ingreso, ejercicio, desarrollo, progresión, y formación en servicio.
- Propensión a un alza de las remuneraciones y una evolución de las mismas, en línea con otras profesiones similares.
- Desempeño en establecimientos vulnerables que se traduce en un incremento de las rentas del docente, cuando este se encuentra en los tramos superiores de la carrera.
- Aumento de las horas no lectivas.
III. Estrategia integral de la política pública.
6) La integrante del Consejo, y Directora de la Escuela de Educación de la Universidad de Viña del Mar (UVM), señora Marcela Lara, afirmando que resulta imprescindible una mirada global en este ámbito. En lo que atañe a la admisión, reconoció que ha habido avances cualitativos; no obstante, los procesos siguen exigiendo demostrar competencias estandarizadas, centradas en matemáticas y lenguaje, pasando por alto que existen aprendizajes e inteligencias heterogéneas. Es menester ampliar los mecanismos de entrada, de manera que sean más inclusivos, otorgando mayor autonomía a las instituciones del rubro, apuntó.
Igualmente, expresó que no basta con reformular el sistema de ingreso, sino que es indispensable ir más allá. De ahí que celebró el trabajo desarrollado por la Mesa para la Atracción a las Carreras de Pedagogía, que estuvo enfocado en cuatro factores clave a la hora de captar a más y mejores estudiantes: atracción, acceso, formación inicial, y trayectoria docente.
El propósito de dicha instancia, precisó, ha sido impulsar nuevas medidas tendientes a aumentar la atracción de estudiantes, buscando así reducir el déficit proyectado. En esa línea, sus miembros han propuesto políticas de fomento y valoración de la profesión, eventuales cambios legales, rediseño de beneficios estudiantiles, y mejoras en la coordinación de las instituciones de educación superior, entre otras iniciativas. El proyecto recoge solo una de las sugerencias formuladas en este marco, acotó.
IV. Objetivo de la proposición legislativa.
Puso de relieve que el mensaje en debate solo pretende resolver una contingencia, otorgando un tiempo prudente para avanzar en nuevas evaluaciones y propuestas, pero no soluciona el problema en su conjunto.
Seguidamente, explicó que la selectividad contemplada por la preceptiva vigente, si bien ha disminuido el ingreso de estudiantes de menores puntajes a pedagogía, no ha atraído necesariamente a los mejores postulantes. Al respecto, detalló que, entre 2017 y 2020, solo hay un 33% de alumnos que entra a las carreras con un promedio PSU (Lenguaje y Matemática) que supera los 600 puntos.
A su juicio, es necesario revisar la gradualidad de la implementación de la normativa, los posibles incentivos salariales y otras condiciones, teniendo en vista el espíritu de la ley, cual es establecer un sistema de desarrollo profesional que fortalezca las capacidades docentes, en el contexto de una trayectoria conocida y estimulante.
V. Propuestas.
Finalmente, dio cuenta de algunas recomendaciones elaboradas por el Consejo que representa:
- Atracción a programas de pedagogía mediante el reconocimiento a los profesores, becas de movilidad interregional, incentivos y acceso a la cultura y la sociedad del conocimiento, becas de postgrado, y protección de la salud laboral.
- Diseño de sistemas de ingreso que recojan elementos contextuales -relativos a las características de cada región, a la tipología de las universidades, etcétera-, que sean efectivamente más inclusivos, y que comprendan aspectos vocacionales y pedagógicos.
- Validación y puesta en marcha de una estrategia integral para hacer frente a la problemática vinculada al desarrollo docente inicial y en servicio, y su impacto en los aprendizajes de los estudiantes.
- Articulación de otros dispositivos de la política pública, como la acreditación de las carreras; la evaluación nacional diagnóstica; el aumento de las remuneraciones y otros incentivos; reorientación de la Beca Vocación de Profesor (BVP); fortalecimiento de la difusión de la carrera docente y su mayor valoración, entre otros.
- Inclusión y territorialidad en el acceso y los tramos iniciales del desarrollo docente, conjugando los dispositivos y teniendo como centro los aprendizajes de los alumnos y su desenvolvimiento ciudadano.
- Divulgación del quehacer formativo de los directivos, profesores y comunidades, en términos de su aporte a la sociedad.
- Mayor participación de actores universitarios, técnicos, docentes y directivos del sistema al abordar los desafíos.
- Modificaciones normativas: incrementar el tiempo destinado a planificar y evaluar aprendizajes -estableciendo una proporción de 60% de horas lectivas y 40% de horas no lectivas-, y aumentar la asignación para profesores que se desempeñan en colegios de mayor vulnerabilidad.
- Configuración de instancias técnicas, compuestas por diversos actores, que midan, monitoreen y retroalimenten al esquema educativo desde una perspectiva formativa, contextual, menos punitiva, y cada vez menos estandarizada.
7) El Rector de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), señor Patricio Sanhueza, abordando los asuntos que se indica1:
I. Introducción.
La aplicación de criterios de selectividad en el ingreso a pedagogía es positiva, ya que constituye una carrera fundamental para enfrentar los desafíos de la educación en el país, reflexionó. Recordó que, hace algún tiempo, entrar a estos programas no suponía mayores exigencias, como la rendición de pruebas o un puntaje mínimo. No se trata de excluir otros mecanismos de acceso, aclaró, pero todas las vías deben ser analizadas previamente en profundidad. Además, hizo presente que la formación de los docentes es una tarea de largo plazo, de manera que las soluciones a los conflictos en este ámbito también deben proyectarse en el tiempo.
II. ¿Qué ha ocurrido estos años con las carreras de pedagogía?
Más adelante, entregó ciertos datos globales de relevancia:
- La matrícula de estos programas se ha reducido en alrededor de un 58% entre los años 2018 y 2021.
- Los escasos estudios disponibles alertan sobre un déficit de 26.000 profesores idóneos.
- Las vacantes no cubiertas entre 2020 y 2021 alcanzan el 51%, lo que, en parte, se explica por la pandemia de COVID-19.
- El 35% de los estudiantes que ingresaron a pedagogía en 2021 no hubiesen podido matricularse, si los criterios del próximo tramo que establece la ley hubiesen entrado en vigencia.
- Las zonas extremas resultan ser las más afectadas por la reducción de postulantes.
- Los alumnos de regiones con buenos puntajes emigran a otras para continuar sus estudios.
- En general, resulta difícil competir con las carreras técnicas, toda vez que poseen requisitos de acceso menos exigentes y, muchas veces, permiten obtener sueldos superiores al de los profesores.
(Fuente : Elige Educar, 2021; Subsecretaría de ES, 2021; CIAE, 2021, CONFAUCE, 2021).
Posteriormente, exhibió algunos gráficos que dan cuenta de antecedentes de importancia para la discusión de la iniciativa:
- Evolución entre los años 2007 y 2020 del número de programas de formación pedagógica impartidos por universidades en el país, por especialidad.
- Situación de los matriculados en primer año de Pedagogía en Educación Básica, por región, entre los años 2007 y 2020.
- Salarios promedio, a nivel país, de los titulados de pedagogías, entre el primer y quinto año post titulación, en 2020.
III. Motivos de la disminución de la matrícula.
Luego, se refirió a las causas del decrecimiento en el ingreso a estos programas:
- Los problemas estructurales concernientes al reconocimiento social; las remuneraciones; la carga de trabajo; y la competencia con otras carreras profesionales y técnicas.
- Las exigencias de acceso a las pedagogías, que entrañan puntajes más altos que otros estudios que cuentan con mayor aprecio social y mejores salarios.
- El abandono prematuro de profesionales de la educación, lo que debe ser analizado con urgencia.
- El cierre o discontinuidad de carreras pedagógicas -en especial de disciplinas científicas de enseñanza media-, particularmente en regiones, debido a la caída de la demanda.
IV. Factores que inciden en la deserción temprana de los profesores.
Más adelante, examinó las condiciones que estarían influyendo en el abandono docente; esto es: el clima laboral; una escasa autonomía profesional; insatisfacción por la falta de valoración; la sobrecarga de trabajo -derivada de los quehaceres no lectivos-; una excesiva regulación sistemática; la contingencia, y los problemas psicosociales.
V. Consideraciones en torno al proyecto de ley.
Declaró que, en principio, como una de las instituciones responsables de la formación pedagógica, la UPLA estima necesario establecer niveles mínimos de requisitos para el acceso de estudiantes a las carreras correspondientes. Previno que lo contrario podría importar una liberalización que ya se observó en el pasado y que se tradujo en generaciones de profesores que hoy están impartiendo clases, pese a haber sido instruidos sin mayores exigencias, lo que ha perjudicado a los actuales alumnos de la educación parvularia, básica y media.
Los requerimientos de ingreso comprendidos por la normativa vigente -con independencia de la pandemia y de sus innumerables consecuencias sociosanitarias-, son difíciles de alcanzar en el plazo acotado que se contempla, postuló. Al efecto, sentenció que el legislador pensó en un ideal que no guardaba relación con el contexto del sistema de admisión, ni con las razones que tienen a la vista los estudiantes y sus familias a la hora de elegir una carrera.
En países desarrollados, consignó, se han aplicado diversas vías de acceso, todas rigurosas. Así, por ejemplo, constató que, en algunos casos, más que llevar a cabo evaluaciones estandarizadas, se realizan entrevistas y se toma en cuenta la trayectoria del alumno durante la enseñanza media; o bien, los consejos de profesores de los establecimientos escolares proponen a las universidades los nombres de algunos estudiantes para que sigan carreras pedagógicas.
Después, argumentó que, junto a la postergación de las exigencias de entrada, se deberían revisar los siguientes elementos, y no sólo la matrícula y su proyección:
a) Políticas educativas.
El aplazamiento de los requisitos, recalcó, debe ir acompañado de un análisis de las políticas educativas en materia de formación inicial y desarrollo profesional.
b) Articulación de las variables intervinientes.
Manifestó que la formación inicial docente debe ser examinada desde la perspectiva de la actualización de las propuestas curriculares, el tiempo de duración y la sobreoferta en algunas áreas; como también la pertinencia entre la formación inicial docente (universidades), las bases curriculares, los estándares disciplinares y programas de estudio (educación escolar), y la oferta pedagógica (desarrollo del país).
c) Condiciones de trabajo.
Asimismo, aseveró que urge revisar las circunstancias laborales en que se desempeñan los profesores, atendido que al quinto año de ejercicio profesional deserta el 20% de los docentes (CIAE, 2021).
Todos estos elementos son trascendentales para el fortalecimiento de la calidad de la educación escolar, opinó. Al respecto, señaló que el impacto de la implementación de políticas y dispositivos se podría visualizar en un tiempo mínimo de 10 años; por lo tanto, la postergación en debate no impactaría en ello.
Terminadas las presentaciones, el Honorable Senador señor Quintana afirmó que, una vez más, ha quedado en evidencia que la escasa cantidad de profesores tiene múltiples causas y que la iniciativa se hace cargo, solo temporalmente, de una de ellas.
A su turno, la Honorable Senadora señora Provoste propuso escuchar el parecer del Colegio de Profesores acerca de esta materia. Además, exhortó a solicitar autorización a la Sala para discutir el proyecto, en general y en particular, durante el trámite reglamentario de primer informe, de manera de abrir un espacio para presentar indicaciones que amplíen las medidas a adoptar. Dijo no respaldar la proposición de ley en sus términos actuales, ya que su contenido no conecta con las necesidades del sistema educacional. No basta con posponer el aumento de las exigencias de ingreso a las pedagogías, expuso, sino que es menester avanzar en otros aspectos, como las tipologías de universidades, incentivos, trayectorias educativas, carrera profesional docente, distintas vías de acceso, etcétera. A su juicio, se debe instaurar una mirada integral, con un horizonte de largo plazo, evitando una liberalización excesiva que permita instalar nuevamente la lógica del mercado en esta área.
Por su parte, el Honorable Senador señor Montes también criticó los limitados efectos del articulado planteado. Sostuvo que, ante una dificultad de las características que se han descrito, no es suficiente aplazar los nuevos requisitos, sino que se debe buscar una solución de fondo para contar con más y mejores docentes.
Existen diversos profesionales -como ingenieros, matemáticos, biólogos, entre otros- que ya cuentan con una base de conocimientos que les permitiría hacer clases, luego de recibir capacitación en el campo de la pedagogía, adujo. Coligió que, tal vez, llegó el momento de ponderar esta alternativa.
Luego, abogó por ahondar en aquello que esté desmotivando a los docentes y que influye en la deserción. En lo tocante a este punto, comentó que las razones del abandono pueden ser diferentes según el tramo etario de cada uno. Asimismo, puso de relieve que es indispensable repensar el objetivo y cantidad de las horas no lectivas, de modo de generar instancias de colaboración, desarrollo y autonomía profesional, y mejorar el clima laboral. Actualmente, agregó, los profesores cuentan con una amplia gama de programas de perfeccionamiento, pero no tienen oportunidades para aplicar lo aprendido. Adicionalmente, destacó que el reconocimiento social de su tarea es esencial.
Estimó que sería interesante contar con datos desagregados relativos a las especialidades y regiones que se ven más afectadas por el déficit de docentes; y a las remuneraciones de los profesores, a fin de adoptar decisiones que se adecuen a las distintas realidades, en el marco de una planificación que se haga cargo de las carencias proyectadas.
A continuación, el Subsecretario de Educación Superior, señor Juan Eduardo Vargas, recordó que al alero de la Mesa para la Atracción a las Carreras de Pedagogía se formularon variadas propuestas y que esta iniciativa solo es una de ellas. Así, mencionó que la idea esbozada por el Honorable Senador señor Montes se encuentra recogida por la reactivación de la Beca Vocación de Profesor, que permitirá recibir formación pedagógica a 250 licenciados provenientes de otras áreas, rescatando intereses tardíos por la docencia. Otro ejemplo es el fortalecimiento de las mentorías que realiza el CPEIP respecto de nuevos profesores, añadió.
La proposición legislativa, por cierto, no intenta resolver todos los conflictos que se han detectado en este ámbito, pero sí soluciona un asunto específico y urgente, enfatizó. Precisó que la evaluación que contempla la ley N° 20.903 para el próximo año proporcionará información que servirá de base para determinar los pasos a seguir, los cuales se sumarán a medidas previas que ya han demostrado sus frutos, como la menor deserción que ha implicado la carrera docente. Sin perjuicio de ello, expresó su disposición a incorporar modificaciones que fortalezcan el proyecto.
Más adelante, la Presidenta del Consejo de Decanos y Decanas de las Facultades de Educación de las Universidades Privadas, y Decana de la Facultad de Educación de la USS, señora Ana Luz Durán, resaltó que la imposición de requisitos más rigurosos -tanto para acceder a las carreras de pedagogía, como para impartirlas- ha sido muy beneficiosa, pues permitió corregir el escenario anterior, que era poco exigente. A su entender, la idea de postergar la aplicación del segundo tramo no supone una liberalización, sino que únicamente la mantención de la situación actual, con la finalidad de precaver consecuencias perjudiciales.
La Directora de la Escuela de Educación de la UVM, señora Marcela Lara, insistió en la pertinencia de revisar el sistema de admisión, superando las mediciones estandarizadas y recogiendo elementos contextuales que se hagan cargo de las diferencias entre los alumnos. Asimismo, es relevante robustecer el desarrollo docente y generar condiciones orientadas a que los proyectos de cada institución se lleven a cabo apropiadamente, razonó. Se deben dejar de lado miradas instrumentales y buscar una mayor interacción de los dispositivos de la política pública, teniendo siempre presente que el objetivo es contar con más y mejores docentes para formar a los estudiantes y ciudadanos.
A su turno, el Rector de la UPLA, señor Patricio Sanhueza, celebró la posibilidad de obtener una licenciatura en pedagogía por parte de quienes cursaron otras carreras, especialmente, considerando las deficiencias que se han detectado en el número de profesores de ciencias básicas.
Adicionalmente, instó por fortalecer la formación de docentes en las regiones, toda vez que se identifican con los requerimientos de los diferentes territorios.
En otro orden de cosas, comunicó que muchos programas de pedagogía han cerrado por razones de mercado; es decir, por motivos de oferta y demanda. Esclareció que, en cambio, en las universidades públicas no se ha observado dicho fenómeno, dado que tienen una misión diferente, y muchas veces subsidian estas carreras con recursos provenientes de otras con mayor cantidad de alumnos. Se trata de un factor que debe ser considerado, reflexionó.
Por su parte, el Honorable Senador señor Alvarado arguyó que, no obstante las mejoras que se puedan introducir, es indispensable dar una tramitación expedita a la iniciativa, ya que permitirá enfrentar la crítica disminución de las matrículas de pedagogía y el consecutivo déficit de profesores. Igualmente, subrayó que el mensaje en debate recoge una sugerencia formulada por una instancia técnica y transversal, que tiene por propósito impedir la exclusión de jóvenes que demuestran tener un buen desempeño como docentes.
A continuación, el Honorable Senador señor García Ruminot consultó si los plazos contemplados por la normativa vigente permitirían ampliar el debate -y analizar eventuales enmiendas- o si, por el contrario, se debe despachar prontamente.
Al efecto, el señor Subsecretario enunció que la regulación en vigor prevé que el actual tramo de exigencias regirá hasta 2022; por consiguiente, hay cierto margen para seguir discutiendo el contenido del articulado.
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, acordó solicitar a la Sala autorización para discutir la iniciativa, en general y en particular, durante el trámite reglamentario de primer informe.
C.-Votación en general y fundamento de voto.
- Puesto en votación en general el proyecto de ley, fue aprobado unánimemente por los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señores Alvarado, García Ruminot y Montes, señora Provoste, y señor Quintana.
Al justificar su voto, la Honorable Senadora señora Provoste declaró que su apoyo a la idea de legislar está estrechamente vinculado al espacio que se abrirá para formular indicaciones que permitan perfeccionar la propuesta y resolver algunas de las inquietudes que fueron planteadas durante el debate en general.
Por su parte, el Honorable Senador señor Quintana señaló que el proyecto no resuelve la dificultad de fondo; es decir, las reducidas expectativas y el bajo interés que tienen los jóvenes por estudiar pedagogías. En consecuencia, su voto favorable también está orientado a introducir enmiendas que mejoren el contenido de la iniciativa, aseveró. De otro modo, advirtió, solo se estará postergando una situación que nuevamente generará inconvenientes dentro de algunos años más.
A su turno, el Honorable Senador señor Montes lamentó que se estén diseñando medidas de aplicación general, que no toman en cuenta las particularidades de cada disciplina pedagógica, ni la realidad que se vive en diferentes zonas del país. A su juicio, se deberían crear estímulos distintos para atraer a los estudiantes, de acuerdo a dichas consideraciones. En definitiva, opinó que la proposición de ley adolece de varios defectos -en tanto no se hace cargo de las causas del problema-, no obstante lo cual otorgó su respaldo para contribuir a resolver un aspecto puntual relativo a la admisión.
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Previo al inicio de la discusión en particular de este proyecto de ley, la Comisión escuchó el parecer del Presidente del Colegio de Profesores de Chile A.G., señor Carlos Díaz, quien estimó que la iniciativa no ofrece una solución adecuada ante la disminución de la matrícula de las carreras del rubro y la alta deserción de los docentes, toda vez que no hace frente a sus causas, las cuales están relacionadas con las condiciones en que se ejerce la profesión en las escuelas y liceos. A su entender, resulta contradictorio que el Gobierno, en reiteradas ocasiones, haya planteado la necesidad de crear los incentivos correctos, y que ahora esté impulsando un proyecto que no los contiene, sino que solamente reduce los requisitos de ingreso a los programas.
En su opinión, ya es tiempo de diseñar políticas públicas que se hagan cargo de resolver los inconvenientes que viven los profesores al desarrollar sus tareas, entre los cuales se encuentran el agobio laboral; la cantidad de alumnos por curso; el maltrato que sufre la profesión docente de parte de sostenedores y autoridades; la falta de reconocimiento; y una serie de incumplimientos legales, como un exceso de profesores trabajando a contrata o cotizaciones previsionales impagas en varias comunas del país. Por cierto, todos estos factores son tenidos en consideración por los jóvenes al momento de evaluar la posibilidad de estudiar pedagogía, subrayó.
En consecuencia, manifestó, urge superar este escenario de precarización, mejorando las condiciones laborales, de manera de fomentar que más alumnos abracen la profesión de maestro, y evitar que los docentes abandonen sus funciones después de cuatro o cinco años. Agregó que es el único mecanismo efectivo y duradero para combatir la escasez de profesores. Lamentablemente, la proposición legislativa en análisis no está orientada en esa dirección, reflexionó.
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DISCUSIÓN EN PARTICULAR [7]
Artículo 1°
El primer artículo del proyecto introduce enmiendas al artículo trigésimo sexto transitorio de la ley N° 20.903, que crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas.
Numeral 1.
Este número modifica el inciso tercero del aludido artículo transitorio de la ley N° 20.903, a fin de extender hasta el año 2025 la vigencia del primer tramo transitorio de exigencias que deben cumplir los estudiantes para acceder a carreras de pedagogía.
La indicación número 1), de la Honorable Senadora señora Provoste, es para sustituir el numeral 1. del artículo 1° por el siguiente:
“1. Reemplázase los incisos segundo y tercero por el siguiente inciso segundo, nuevo:
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, para el proceso de admisión universitaria y matrícula del año 2017 a 2025, en universidades que cuenten con una acreditación mínima de tres años en sus programas de pedagogía implementados con anterioridad al año 2019, y de dos años para el caso de admisión a programas de prosecución de estudios de pedagogía, deberá cumplirse con alguna de las siguientes exigencias:
i. Haber rendido la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace, y obtener un rendimiento que lo ubique en el percentil 50 o superior, teniendo en cuenta el promedio de las pruebas obligatorias.
ii. Tener un promedio de notas de la educación media dentro del 30% superior de su establecimiento educacional, según el reglamento respectivo.
iii. Haber realizado y aprobado un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior reconocido por el Ministerio de Educación y rendir la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace.”.
Al igual que la propuesta original, la indicación pretende extender hasta 2025 la vigencia del nivel actual de requisitos de ingreso, de manera de posponer la entrada en vigor del siguiente tramo para el año 2026. No obstante, supedita tal postergación a que las universidades cuenten con una acreditación mínima de tres años en los programas de pedagogía implementados antes de 2019, o de dos años en programas de prosecución de estudios de pedagogía.
Su autora, la Honorable Senadora señora Provoste, explicó que, junto con rescatar la idea central que había planteado el Ejecutivo -esto es, la prolongación de los actuales requerimientos de acceso hasta 2025-, se incorpora una garantía mínima de calidad en la formación que imparten las instituciones. Así, resaltó, para mantener las condiciones de admisión aplicables hoy, los planteles educativos deberán tener una acreditación de, al menos, tres años en el caso de programas de pedagogía -excluidas las carreras nuevas- o de dos años, tratándose de programas de prosecución de estudios.
El proyecto presentado, previno, no ataca las causas que han llevado a un bajo nivel en las postulaciones. Dado que la iniciativa importa prorrogar el actual segmento transitorio de requisitos, se estimó pertinente condicionar tal posibilidad a que los establecimientos de educación superior poseyeran ciertos niveles de acreditación, ahondó.
Luego, el Honorable Senador señor Quintana recordó que diferentes académicos y autoridades dieron cuenta de las bajas exigencias que, en su oportunidad, dieron paso a programas de pedagogía de escasa calidad que influyeron en una menor valoración de la profesión y en una caída del interés de los jóvenes por ser docentes. La indicación presentada, precisamente, responde a esa preocupación, acotó.
La iniciativa en examen, sostuvo, entraña reducir los estándares que contempla hoy la normativa, sin perjuicio de lo cual la idea de legislar ha sido aprobada unánimemente, pues existen antecedentes que así lo aconsejan. Con todo, postuló que la propuesta de la Honorable Senadora señora Provoste resulta del todo pertinente, pues establece un piso que puede ser cumplido por un número importante de casas de estudio serias.
Al igual que en ocasiones anteriores, el señor Subsecretario de Educación Superior, señor Juan Eduardo Vargas remarcó que el proyecto no disminuye las exigencias de acceso, pues las actuales se mantendrían hasta 2025 y, posteriormente, se elevarían a partir de 2026. Sí se elimina el tercer tramo originalmente contemplado, reconoció.
A continuación, hizo hincapié en que el sistema ya demanda que tanto los programas de pedagogía como las universidades que los imparten se encuentren acreditados; es decir, ya existe un doble requerimiento que sería suficiente. Advirtió que la enmienda sugerida podría elevar excesivamente las exigencias, aumentando de dos a tres la cantidad de años de acreditación que se impone a las carreras de este ámbito. Si la readecuación de los requisitos de acceso se estimó necesaria debido a la caída en la matrícula, la indicación podría ser contraproducente o incoherente con los objetivos de la iniciativa, argumentó. Además, reparó, una medida de ese tipo podría ser catalogada como arbitraria, pues supondría un trato diferente para un conjunto de carreras.
Discrepó el Honorable Senador señor Quintana, quien aseveró que el proyecto sí importa una reducción de los requerimientos de admisión originalmente contemplados, ya que el segundo tramo seguirá sin aplicarse por un tiempo y el tercer nivel, sencillamente, se eliminará. A su entender, la modificación planteada por la Honorable Senadora señora Provoste es congruente con la definición que se ha adoptado en torno a las carreras de pedagogía, que junto a la de medicina, son las únicas en Chile que tienen acreditación obligatoria. La indicación neutraliza las medidas que contiene la proposición de ley, por cuanto impone una barrera adicional.
Por su parte, la Honorable Senadora señora Provoste expresó que la indicación pretende mejorar una iniciativa respecto de la cual tiene profundas diferencias. Enseguida, recordó que la rectora de la UMCE comentó que la universidad que dirige ha logrado nivelar a los alumnos que arrastran deficiencias desde el sistema escolar; sin embargo, una tarea de esa naturaleza solo puede ser llevada adelante con éxito por una entidad de calidad. La obligatoriedad de la acreditación en las pedagogías responde al carácter estratégico que se ha reconocido a este sector y, en concordancia con ello, la condición que se busca añadir pone el foco en la institución, más que en el propio estudiante, afirmó.
El Honorable Senador señor Alvarado consultó cuántas instituciones podrían verse afectadas por la aprobación de la indicación, preocupación que fue compartida por el Honorable Senador señor García Ruminot.
Al efecto, la Honorable Senadora señora Provoste consignó que un 9% de los programas tienen una acreditación de dos años y un 17% no cuentan con acreditación; por lo tanto, un 26% de las carreras no cumpliría con los parámetros contenidos por la propuesta de enmienda. Postuló que se trata de una exigencia mínima que garantiza una mayor calidad de los planteles, considerando que se están alterando los criterios que fueron fijados en la legislación, en su momento, en relación con los tramos de requisitos y sus fechas de vigencia.
A su turno, el Honorable Senador señor Montes dijo estar de acuerdo con la indicación, toda vez que eleva el piso de las exigencias. No obstante, insistió en que el proyecto no se enfoca en solucionar los motivos que hay tras la caída en el interés por el estudio de las pedagogías. Al efecto, estimó que el Ministerio del ramo no cuenta con un diagnóstico riguroso acerca del déficit de cada especialidad ni de las particularidades que se observan en cada nivel educativo. Es menester diseñar una planificación de soluciones a corto, mediano y largo plazo, en el contexto de un trabajo conjunto con los distintos actores, como decanos de los planteles de educación superior y el Colegio de Profesores, puntualizó.
El señor Subsecretario de Educación Superior advirtió que, en los términos en que fue presentada, la enmienda implicaría que quienes postulan a programas que no cumplen con el mínimo de acreditación para acogerse al primer tramo transitorio no quedarían sujetos a ningún requisito de admisión hasta 2026. Previno que lo anterior es contradictorio con el espíritu de la actual regulación y también del proyecto, pues en ambos casos se prevén niveles de exigencias crecientes.
Luego, manifestó que, incluso si se lograra diseñar una nueva redacción que evite tal inconveniente, surge uno nuevo: los programas que no alcancen el piso de acreditación quedarían sometidos directamente al tramo más exigente y ello generaría un impacto en la matrícula de diversas entidades. En concreto, comentó que hay 33 carreras -existentes antes de 2019- que tienen dos años de acreditación. Dichos programas, ahondó, pertenecen a 21 universidades, varias de las cuales son planteles estatales. Si la situación descrita se extendiera entre los años 2022 y 2025, se traduciría en cerca de 3.000 alumnos menos, alertó.
A fin de despejar la inquietud interpretativa expresada por el señor Subsecretario, la Honorable Senadora señora Provoste sugirió sustituir el guarismo “2026” por “2022” en el primer inciso del artículo trigésimo sexto transitorio de la ley N° 20.903, cambiando así el año del proceso de admisión universitaria y matrícula en que entrarán en vigencia los requisitos definitivos que fija el artículo 27 bis de la ley N° 20.129. De esa forma, acotó, el régimen permanente de exigencias se aplicaría a partir del año 2022, salvo para aquellas carreras que cumplan con la acreditación mínima propuesta por la indicación, lo que les permitiría continuar con el tramo transitorio anterior. Explicó que la excepción solo abarcaría a aquellos programas que cumplen con determinados estándares de acreditación, pues solo ellos poseen una calidad suficiente para nivelar a sus alumnos.
El Honorable Senador señor Quintana razonó que la recomendación formulada por Su Señoría resuelve la primera preocupación que planteó la autoridad de gobierno.
Por su parte, el Honorable Senador señor García Ruminot solicitó ahondar en los efectos prácticos que tendría una modificación de esa índole.
Sobre el particular, el señor Subsecretario de Educación Superior precisó que los estudiantes que pretendan acceder a aquellos programas acreditados por dos años y existentes antes de 2019 tendrán que observar las condiciones del tramo más alto, que será el actual segundo. Es decir, se estará anticipando la entrada en vigor del segmento más exigente para las carreras con menor acreditación, apuntó.
En esa línea, especificó que, de los 33 programas de pedagogía que quedarían supeditados a ese esquema, la mayoría pertenece a universidades estatales; a saber, la Universidad de Chile, la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Atacama, la Universidad de La Serena, la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad de Talca. Asimismo, resaltó, también se produciría un impacto en otras casas de estudio; esto es, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, la Universidad Adventista de Chile, la Universidad Austral de Chile, la Universidad Bernardo O´Higgins, la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, la Universidad de Las Américas, la Universidad Viña del Mar, la Universidad Mayor y la Universidad San Sebastián.
Seguidamente, el Honorable Senador señor Alvarado puso de relieve que la indicación formulada distorsiona el objetivo inicial del proyecto, cual era readecuar los requisitos de ingreso para aumentar la matrícula, a partir de una sugerencia técnica de la Mesa para la Atracción a las Carreras de Pedagogía.
A continuación, la Honorable Senadora señora Provoste coligió que, tal vez, su disposición hacia el proyecto sería diferente, si estuviera acompañado de otras medidas que fueran más allá de la lógica de mercado, que implica disminuir exigencias para aumentar la demanda por los programas pedagógicos. Atendido que el Ejecutivo pretende modificar los requisitos y los plazos inicialmente establecidos, la indicación busca condicionar el cambio en las reglas del juego al cumplimiento de ciertos parámetros en materia de acreditación, declaró. En esa línea, criticó el doble estándar respecto a la posibilidad de introducir reformas; así, cuando se trata de asuntos económicos, se defiende estrictamente la normativa ya definida y, en cambio, en el ámbito de temas sociales -como el educacional- se es muy oscilante.
Compartió el parecer de Su Señoría el Honorable Senador señor Quintana, quien señaló, además, que universidades de prestigio no pueden impartir carreras con una acreditación tan baja. Es más, remarcó que la regulación sugerida obliga a las instituciones del rubro a hacer un esfuerzo mayor para elevar la calidad de sus programas.
Por el contrario, discrepó el Honorable Senador señor Alvarado, haciendo presente que las modificaciones contenidas por el proyecto no son arbitrarias, ni son fruto de una decisión unilateral, sino que se fundamentan en motivos técnicos que fueron consensuados por una instancia políticamente transversal. Esta línea de acción favorece que buenos alumnos completen más cupos de la matrícula, sentenció.
A partir del análisis anterior, y con ocasión de la discusión de esta propuesta, la Comisión juzgó pertinente considerar una enmienda al inciso primero del artículo trigésimo sexto transitorio de la ley N° 20.903 referido al año del proceso de admisión y matrícula para el que entrarían en vigor las exigencias definitivas que contempla el artículo 27 bis de la ley N° 20.129, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, disposición que no fue objeto de enmiendas en el primer trámite constitucional.
La norma en estudio señala que los requisitos para la admisión universitaria establecidos en la letra b) del precepto precedentemente señalado, entrarán en vigencia desde el proceso de admisión universitaria y matrícula del año 2026.
En efecto, y a propuesta del señor Subsecretario de Educación Superior, se estimó necesario sustituir el guarismo “2026” por “2023”, dado que el tramo transitorio actualmente vigente comprende el período entre 2017 y 2022.
- Puesta en votación la indicación número 1), con la modificación descrita, fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la Comisión. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señor Montes, señora Provoste y señor Quintana, y en contra los Honorables Senadores señores Alvarado y García Ruminot.
Al justificar su voto, el Honorable Senador señor Montes, hizo un llamado a las autoridades de gobierno a contribuir a objetivar y resolver los aspectos problemáticos del sector dentro de los meses que quedan de la actual Administración.
Por su parte, el Honorable Senador señor Alvarado anunció que votó en contra debido a que la indicación afectará a universidades estatales y generará obstáculos en el acceso a las carreras de pedagogía y, por lo tanto, en la formación de nuevos profesores.
Número 2
El segundo numeral busca suprimir el inciso final del artículo trigésimo sexto transitorio de la ley N° 20.903, que fija los requisitos de ingreso a las carreras pedagógicas correspondientes al segundo tramo transitorio, cuyo período de vigencia está previsto para el período comprendido entre los años 2023 y 2025.
- Sometido a votación el número 2 del artículo 1°, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Alvarado, García Ruminot y Montes, señora Provoste, y señor Quintana.
Artículo 2°
Este precepto supone reemplazar la letra b) del inciso primero del artículo 27 bis de la ley N° 20.129 -que establece el tercer y último grupo de exigencias de acceso- por otra. En tal sentido, sustituye los aludidos requisitos por aquellos que la legislación en vigor asigna al segundo tramo transitorio, que pasarían a ser lo definitivos.
Cabe recordar que la entrada en vigencia de las exigencias permanentes fue adelantada en virtud de las enmiendas aprobadas a propósito de la indicación número 1).
- En votación el artículo 2°, se pronunciaron afirmativamente los Honorables Senadores señores Alvarado y García Ruminot, y se abstuvieron los Honorables Senadores señores Montes, señora Provoste y señor Quintana.
Fundamentando su abstención, la Honorable Senadora señora Provoste hizo ver la necesidad de analizar con mayor detención una rebaja permanente de los criterios, como lo plantea este artículo.
A su turno, el Honorable Senador señor Montes manifestó que se abstuvo, atendido que no comprende con claridad la finalidad que persigue la iniciativa de ley.
El Honorable Senador señor García Ruminot recalcó que la norma amplía el rango de estudiantes que tendrán la posibilidad de entrar a las pedagogías y que, por tal razón, decidió apoyarla, argumentación que fue compartida por el Honorable Senador señor Alvarado.
- Las abstenciones producidas en la votación producen el efecto de dejar sin resolución la decisión de la Comisión respecto de esta norma, por lo que, y según lo prevé el artículo 178 del Reglamento del Senado, se procedió a repetir de inmediato la votación, manteniéndose inalterado el resultado de la misma.
- Por consiguiente, y en mérito de lo dispuesto por el inciso segundo de la citada disposición reglamentaria, el artículo 2° del proyecto de ley se dio por aprobado, en esa virtud, por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señores Alvarado, García Ruminot y Montes, señora Provoste, y señor Quintana.
La Honorable Senadora señora Provoste recalcó que mantuvo su abstención ya que, de su lectura, la norma propuesta permite el ingreso de un mayor número de estudiantes, cumpliendo exigencias menos rigurosas, lo que evidentemente resulta conflictivo.
Por su parte, el Honorable Senador señor Montes subrayó que resulta fundamental velar no solo por la cantidad, sino por la calidad de los estudiantes de pedagogía, de manera de lograr mejores profesores. Dado que la medida no contribuye a resolver los temas de fondo en esta materia, decidió abstenerse.
Más adelante, el Honorable Senador señor Quintana fundamentó su voto, compartiendo lo sostenido por el Honorable Senador señor Montes. Por cierto, enunció, nadie discute que existe un problema real en el ámbito de la demanda de los programas pedagógicos; sin embargo, la iniciativa no ataca los factores que inciden en el bajo interés de los jóvenes, quienes no solo se preocupan de las remuneraciones al momento de elegir sus futuros, sino que también buscan un buen ambiente laboral, posibilidades de innovar y otros elementos que no están siendo considerados en esta oportunidad.
Luego, al justificar su voto, el Honorable Senador señor Alvarado destacó que, de conformidad con los resultados que arrojó la mesa técnica, el establecimiento del segundo tramo de requisitos como el definitivo garantiza, igualmente, la formación de buenos docentes, pues lo estudiantes que cumplen con ese nivel han demostrado un buen desempeño posterior. A su juicio, corresponde apoyar el trabajo de una instancia especializada y políticamente diversa, que tenía por objeto evitar la disminución de la demanda en la matrícula, pues ello repercute en la formación de los niños y adolescentes.
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MODIFICACIONES
De conformidad con los acuerdos adoptados, la Comisión de Educación y Cultura propone la aprobación del proyecto de ley despachado por la Honorable Cámara de Diputados, con las siguientes enmiendas:
Artículo 1°
Numeral 1.
Reemplazarlo por los siguientes:
“1. Sustitúyese en el inciso primero el guarismo “2026” por “2023”.
2. Suprímese el inciso segundo.
3. Reemplázase el encabezamiento del inciso tercero por el siguiente:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, para el proceso de admisión universitaria y matrícula del año 2017 a 2025, en universidades que cuenten con una acreditación mínima de tres años en sus programas de pedagogía implementados con anterioridad al año 2019, y de dos años para el caso de admisión a programas de prosecución de estudios de pedagogía, deberá cumplirse con alguna de las siguientes exigencias:”.”.
(Indicación número 1), con modificaciones. Mayoría 3x2)
Numeral 2.
Pasa a ser numeral 4.
(Inciso final del artículo 121 del Reglamento del Senado, unanimidad 5x0)
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TEXTO DEL PROYECTO
En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley quedaría como sigue:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1.- Modifícase el artículo trigésimo sexto transitorio de la ley N° 20.903, que crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas, en el siguiente sentido:
1. Sustitúyese en el inciso primero el guarismo “2026” por “2023”.
2. Suprímese el inciso segundo.
3. Reemplázase el encabezamiento del inciso tercero por el siguiente:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, para el proceso de admisión universitaria y matrícula del año 2017 a 2025, en universidades que cuenten con una acreditación mínima de tres años en sus programas de pedagogía implementados con anterioridad al año 2019, y de dos años para el caso de admisión a programas de prosecución de estudios de pedagogía, deberá cumplirse con alguna de las siguientes exigencias:”.
4. Elimínase su inciso final.
Artículo 2.- Reemplázase en el artículo 27 bis de la ley N° 20.129, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, el literal b) del inciso primero, por el siguiente:
“b) Las universidades sólo podrán admitir y matricular en dichas carreras y programas regulares a alumnos que cumplan, a lo menos, con alguna de las siguientes condiciones:
i. Haber rendido la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace, y obtener un rendimiento que lo ubique en el percentil 60 o superior, teniendo en cuenta el promedio de las pruebas obligatorias.
ii. Tener un promedio de notas de la educación media dentro del 20 por ciento superior de su establecimiento educacional, según el reglamento respectivo.
iii. Tener un promedio de notas de la educación media dentro del 40 por ciento superior de su establecimiento educacional, según el reglamento respectivo; haber rendido la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace y obtener un rendimiento que lo ubique en el percentil 50 o superior, teniendo en cuenta el promedio de las pruebas obligatorias.
iv. Haber realizado y aprobado un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior reconocido por el Ministerio de Educación, y haber rendido la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace.”.”.
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Tratado y acordado en sesiones celebradas los días 23 de agosto, 1, 8, 22 y 29 de septiembre de 2021, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Jaime Quintana Leal (Presidente), señora Yasna Provoste Campillay y señores Claudio Alvarado Andrade, José García Ruminot y Carlos Montes Cisternas.
Sala de la Comisión, a 6 de octubre de 2021.
FRANCISCO JAVIER VIVES DIBARRART
Secretario de la Comisión
RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LOS REQUISITOS DE INGRESO A CARRERAS DE PEDAGOGÍA, ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 27 BIS DE LA LEY N°20.129 Y EN EL ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY N°20.903 (BOLETÍN Nº 14.151-04)
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I. OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Adecuar los requisitos de acceso a las carreras y programas de pedagogía contenidos en la ley N° 20.903 -que crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas- y la ley N° 20.129 -que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior-, de manera de atraer a estudiantes de buen rendimiento académico, sin causar un impacto negativo en la matrícula, ni el consecuente déficit de profesores. Para ello, se extiende hasta 2025 la vigencia del primer tramo temporal de exigencias, y se eliminan los requerimientos más estrictos que habrían regido a contar del año 2026, imponiendo como definitivos los comprendidos por el segundo segmento transitorio.
II. ACUERDOS: aprobado en general por unanimidad (5x0).
En particular:
- Artículo 1°
Numeral 1: aprobado 3x2
Numeral 2: aprobado 3x2
Numeral 3: aprobado 3x2
Numeral 4: aprobado 5x0
- Artículo 2°: aprobado 5x0
III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de dos artículos.
IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: No tiene.
V. URGENCIA: “Suma”.
VI. ORIGEN E INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República.
VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo.
VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: Aprobado, en general y en particular, por 89 votos a favor, 36 en contra y 21 abstenciones.
IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 23 de junio de 2021.
X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Primer informe, en general y en particular.
XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:
- Ley Nº 20.903, que crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas.
- Ley N° 20.129, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior
Valparaíso, a 6 de octubre de 2021.
FRANCISCO JAVIER VIVES DIBARRART
Secretario de la Comisión