Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple, y el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, con el objeto de determinar mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional (boletines Nos 14090-07, 1409107, 14092-07, 14100-07 y 14121-07, refundidos).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputado o diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Rinde el segundo informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana el diputado Andrés Longton .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión 71ª de la presente legislatura, en martes 31 de agosto de 2021. Documentos de la Cuenta N° 37.

-El primer informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana se rindió en la sesión 64ª de la presente legislatura, en jueves 29 de julio de 2021.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor LONGTON (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana, paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, con urgencia calificada de simple, el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional (boletín N° 14090-07, refundido con los boletines Nos 14091-07, 14092-07, 14100-07 y 14121-07).

De conformidad con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 130 del Reglamento de la Corporación, los citados proyectos de ley refundidos, con las indicaciones cursadas durante su tramitación, fueron remitidos a esta comisión para su segundo informe reglamentario.

No fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones durante la discusión y votación del segundo informe en la comisión los artículos 1º y 3º del proyecto.

Tiene el rango de ley orgánica el artículo 3º del texto aprobado por esta comisión, de conformidad con lo dispuesto en los incisos primero y segundo de los artículos 77 de la Constitución Política de la República de Chile y 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Asimismo, tiene el rango de ley orgánica constitucional el inciso cuarto del artículo 4 bis nuevo, contenido en el Nº 4 del artículo 2 del texto aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 84 de la Constitución Política de la República.

No hubo artículos suprimidos.

Artículos modificados: Artículo 2 del texto aprobado, del siguiente tenor: “Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley Nº 321, de 1925, que Establece la Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad:”.

En la Sala se formuló una indicación por los diputados señores Matías Walker , Leonardo Soto y René Saffirio al artículo 2, N° 2, numeral ii, que reemplaza en el inciso cuarto propuesto la expresión “cuatro quintos” por “dos terceras partes”.

Se precisó que, eventualmente, la modificación podría transgredir algunos tratados internacionales suscritos por Chile al aumentar el plazo.

Se sostuvo que en los delitos descritos, la regla general es que se cumplan dos tercios de la pena. Por lo tanto, el inciso que contiene la indicación por la cual el proyecto vuelve a la comisión para un segundo informe debiese ser eliminado porque contiene una excepción para lo que debiese ser una regla general.

Puesta en votación esta indicación fue rechazada por falta de quorum.

Los diputados señores Pepe Auth , Miguel Ángel Calisto , Marcelo Díaz , Gonzalo Fuenzalida y Raúl Leiva formularon, en la comisión, la siguiente indicación:

1. Para eliminar en el artículo 2º, Nº 2, el numeral ii, que intercala el siguiente inciso cuarto, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto y así sucesivamente en el artículo 3 del decreto ley Nº 321:

“Si la víctima del delito a los cuales hace referencia el inciso anterior fuere un menor de dieciocho años, la persona condenada solo podrá postular al beneficio cuando hubiere cumplido cuatro quintos de la pena”.

2. Para eliminar el Nº 3 del artículo 2, que intercala en el artículo 3 bis el siguiente inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto en el artículo 3 bis del decreto ley Nº 321:

“Si la víctima del delito a los cuales hace referencia el inciso primero fuere un menor de dieciocho años, la persona condenada solo podrá postular al beneficio cuando hubiere cumplido cuatro quintos de la pena”.

Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por unanimidad No hubo artículos nuevos introducidos en el proyecto.

La iniciativa no contiene artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda. Las indicaciones rechazadas se consignan en el informe respectivo.

No hubo indicaciones declaradas inadmisibles.

Texto de las disposiciones legales que el proyecto modifique o derogue, o indicación de las mismas: a través del texto refundido se modifica el artículo 391 del Código Penal; también se modifican los artículos 2º, 3º, 4º ,7º y 8º del decreto ley Nº 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, e incorpora un nuevo artículo 4 bis en dicho texto legal, e intercala un artículo 16 bis en el decreto ley Nº 2.859, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile.

Por lo expuesto, se recomienda a la Sala aprobar el texto íntegro tal como lo despachó esta comisión con las modificaciones previamente descritas.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, este proyecto busca algo muy básico: que la vida sea valorada con justicia en relación con las penas aplicables. En Chile tenemos penas superiores para los delitos contra la propiedad que contra la vida, y eso es una aberración que debemos corregir.

Es por eso que lamento que en la discusión general, el Frente Amplio y el Partido Comunista hayan rechazado aquello diciendo que el camino no es subir las penas. Pero cuando tenemos personas condenadas en nuestro país por atentados contra la vida, con penas que no superan los 5, 6, 7 u 11 años de presidio, como es el caso de Hugo Bustamante, que enterró en un tambor a su expareja y a su hijo menor de edad, uno se pregunta: ¿dónde estamos poniendo el énfasis?, ¿qué estamos haciendo mal? Son precisamente esas situaciones las que hay que corregir, porque la propiedad no vale más que la vida. Eso debemos corregirlo el día de hoy.

Por lo tanto, lamento que el Partido Comunista y el Frente Amplio no estén dispuestos a aquello y validen estas situaciones.

Por otra parte, cómo no va a ser de sentido común que las víctimas puedan participar en el proceso de ejecución de la pena cuando a un condenado a pena privativa de libertad se le va a otorgar libertad condicional, en especial cuando las víctimas están absolutamente invisibilizadas, tal como ocurre en la actualidad. Como no tienen capacidad alguna de oponerse a dicha medida, en muchos casos ocurre que las víctimas se ven expuestas a encontrarse frente a frente a un homicida, a un violador o a un abusador que es puesto en libertad.

Es inentendible que algunos en esta Sala se opongan a que la víctima participe del proceso de ejecución de la pena y al establecimiento de mayores condiciones y requisitos para que los jueces tengan más elementos de juicio al momento de tomar una decisión tan importante como la de dejar en libertad a un violador o a un asesino. Lo que se lograría con una medida como esa sería reducir la reincidencia en la comisión de delitos y posibilitar a los jueces adoptar una mejor decisión, sobre la base de considerar el informe psicosocial de manera calificada, el que deberá pasar por un juez antes de otorgar un beneficio intrapenitenciario. Se trata de elementos que son relevantes e importantes al momento de liberar a una persona que puede seguir siendo un peligro para la sociedad.

En definitiva, son cientos y miles de víctimas las que tienen que pagar el pato, las que deben vivir con un dolor insufrible precisamente por esas malas decisiones, lo que hoy queremos corregir a través de esta iniciativa.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, mucho se habla en esta Sala de endurecer las normas, de dar paz y tranquilidad a las familias honestas y de poner tras las rejas a los delincuentes. No obstante, cuando se discute un proyecto que propone ampliar las penas, para que los homicidas puedan estar hasta veinte años presos, la izquierda extrema nuevamente anuncia que lo votará en contra.

Lo que están señalando los parlamentarios de la izquierda es que votarán en contra de aumentar el plazo para que esos delincuentes estén presos, que votarán en contra de reducir los beneficios carcelarios y de aumentar los requisitos para que estos delincuentes puedan salir libres, y que votarán en contra de que las familias puedan participar en el proceso de libertad condicional, para que el juez las escuche con la finalidad de que conozca los antecedentes de mejor forma; es decir, votarán en contra de que estas puedan ser partícipes de un proceso que muchas veces ven con desesperación, con miedo, debido a que son testigos de cómo se deja en libertad a delincuentes, a asesinos con los que se pueden volver a encontrar en la calle.

Por eso, evidentemente, votaremos a favor esta iniciativa, que establece el aumento de la pena para el delito de homicidio, porque nos parece fundamental que la pena del delito más grave, el homicidio, sea más alta.

Además, cuando se pretende subir las penas para delitos como el narcotráfico, la violación y otros delitos graves, algunos señalan cómo es posible que esas penas sean más altas que la que se aplica al delito de homicidio. Muchas veces también ocupan ese argumento como excusa para no subir las penas a delitos respecto de los que la ciudadanía ve hoy, con desesperación, la urgencia de dejar presos a los delincuentes que los perpetran.

Al mismo tiempo, a través de este proyecto buscamos modificar los requisitos para que las personas puedan optar a las distintas libertades condicionales, restringiendo las facultades de los jueces, aumentando la cantidad de tiempo que deben estar presos y los requisitos de buena conducta que deben cumplir para salir en libertad. De esa forma, queremos dar una señal clara y contundente respecto de que los homicidas tienen que estar tras las rejas.

Por eso, reitero que votaremos a favor este proyecto de ley.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, no tuve oportunidad de conocer en detalle y en profundidad esta iniciativa, pero me anima a hablar el hecho de que nadie en la izquierda saca la voz para oponerse a este camino enfermizo llamado comúnmente como securitario, que cree que con más represión, con más jueces, con más cárceles, con más policías y con más golpes se resuelven los problemas que genera la sociedad por su mala e injusta organización.

El delito no es algo que nace en abstracto; no es cometido por una gallá que vino de Marte, sino por gente que se crió entre nosotros, que se desarrolló con nosotros, de manera que el delito es de naturaleza esencialmente social.

Afortunadamente, algunos de aquellos que no se han sentado con nosotros, pero que han reflexionado profundamente sobre este problema, llegaron a la conclusión de que así como era necesario castigar porque se rompen normas sociales había que reivindicar y reparar el estropicio provocado por la sociedad, porque de lo contrario no habría rehabilitación.

Yo entiendo que estamos en período electoral, de modo que aquí hay que tirar plata, tirar palos, más pacos, más castigos, pero eso no conduce a construir una sociedad sana.

Por mi parte, he dicho estas cosas no solo en la Cámara de Diputados, sino en las juntas de vecinos y en las organizaciones sociales a las que me invitan, donde la angustia por el aumento de la violencia y del delito es real. En todas partes he señalado que la solución no es esta.

Desde 1990 que escuchamos esta cantinela por parte de la derecha: más represión, leyes más duras, más jueces, más cárceles, más pacos, más palos. Estamos en 2021, treinta años después, y vienen con la misma receta. ¡Hasta cuándo, señor Presidente!

Ojalá el pueblo de Chile cambie a toda la gallá que expresa este tipo de soluciones, que quedó revelado que son inconducentes, que no resuelven nada.

¡No voten por ellos!

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Rubén Moraga .

El señor MORAGA.-

Señor Presidente, nuevamente estamos discutiendo sobre un proyecto respecto del cual planteamos con claridad nuestra posición en su primer trámite reglamentario.

Esta es una iniciativa que propone una estrategia fuera de contexto, que no tiene nada que ver con el desarrollo del siglo XXI. Una vez más la derecha trata de hacer populismo penal, básicamente con discursos y fines electorales, ya que estamos en período de campaña.

Quiero ser muy claro en señalar que lo que estamos buscando son respuestas para la sociedad. Lo que estamos haciendo es buscar soluciones para el problema de la inseguridad y para mejorar los aspectos básicos de una convivencia social. Pero eso tiene que ver con las capacidades y con la coherencia que tenga nuestra sociedad para dar respuesta al desarrollo y a los desafíos de la convivencia básica que significa que la reinserción social esté plenamente consagrada, con las posibilidades y con los recursos necesarios para que esta pueda ser llevada a cabo.

La justicia debe estar determinada por las condiciones de amparo para dar respuesta a las víctimas, para que no quede la sensación de que la justicia no se realizó, pero el aumento de las penas no va en ese tenor. Lo que se debe hacer es dar las respuestas necesarias para la reinserción y la recuperación de las personas que cometen los delitos, con el fin de que se puedan desarrollar integralmente, pero con una mirada distinta.

Creemos que la estrategia para enfrentar esta clase de delitos debe ser innovadora, propendiendo siempre a que no se cometan, pero no simplemente mediante el aumento significativo de las penas o con una desproporcionalidad en el hecho punible y las penas asignadas al delito.

Por cierto, debemos generar las condiciones correctas para una real inserción social por parte de los detenidos, pero además debe existir una política integral en materia de seguridad pública que no avance en lo punitivo, sino en el ámbito de la reinserción y la disminución de la reincidencia delictual. Eso nos permitirá progresar hacia una sociedad integral e inclusiva.

Eso quiere decir que todo lo que ha dicho este gobierno desde que asumió sus funciones, en el sentido de que iba a poner fin a la violencia y a la puerta giratoria, ha sido un fracaso, porque no ha establecido medidas concretas y claras para revertir esas situaciones. Eso se hace con políticas públicas que se discutan con la sociedad y que cuenten con los recursos necesarios para implementarlas, no solamente con palabras para decir “aquí estamos”, haciendo populismo en el contexto de las campañas electorales que están partiendo.

En esta materia hay que señalar, con mucha veracidad y claridad, que la sociedad necesita una visión distinta, pero hace mucho rato que Chile está pidiendo cambios profundos respecto de cómo se construyen la sociedad y el marco jurídico que nos rige.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea).-

Señor Presidente, no tenía pensado hablar, pero me sorprende la liviandad con que se trata este tipo de proyectos.

No se trata de izquierdas y derechas o de tesis acerca de si estamos frente a un tema electoral o no. Este proyecto acoge demandas bien legítimas de la ciudadanía.

Primero, quiero decir que ustedes bien sabrán que, hasta ahora, muchas veces un robo con intimidación ha tenido penas más altas que un homicidio simple. Esto pretende ordenar el Código Penal. Por supuesto que tenemos claridad de que aumentar las penas no es una solución; eso está archidemostrado. Pero en este proyecto estamos haciendo un ordenamiento, así que no empecemos con los discursitos para la galería.

Además, esta iniciativa establece y regulariza ciertas situaciones, por ejemplo, cuando se arma la Comisión de Libertad Condicional, pone a todos los jueces en igualdad de condiciones, y no como ocurre hasta la fecha, en que hay una persona de rango superior que, evidentemente, puede influenciar al resto en dicha instancia.

Asimismo, da la posibilidad a las víctimas de presentar sus reparos. Pero, ¡por Dios, de qué estamos hablando! Al menos, léanse el proyecto antes de hacer estos discursos grandilo-cuentes, en que se empieza a hablar desde la trinchera y no se hace un análisis profundo sobre lo que nos encontramos debatiendo aquí.

Los invito a que, a lo menos antes de votar, se lean el proyecto. Yo lo apoyo con fuerza, porque no tengo esta suerte de sesgo ideológico, en que pareciera que ser de izquierda significa que no podemos leer una iniciativa ni avanzar respecto de los derechos ciudadanos.

Creo que aquí algunos colegas están cometiendo un error. Espero que en estos minutos que quedan el resto de los colegas puedan leer la iniciativa y se den cuenta de que lo único que hace es equilibrar las penas y de que, además, da varias señales respecto de cómo avanzar en una Comisión de Libertad Condicional que requería ajustes, lo que el proyecto hoy soluciona, y avanza particularmente en el derecho de las víctimas, para que situaciones tan complejas, como el caso de Ámbar, no se repitan.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, al igual que otros parlamentarios, yo tampoco tenía pensado hacer uso de la palabra en este proyecto, porque ya lo había hecho en oportunidades anteriores.

Pero, en esa línea, lamento las intervenciones que he escuchado de algunos parlamentarios en esta Sala, porque aquí no se trata, como dijo la diputada Parra , ni de izquierdas ni de derechas, sino de que desde hace mucho tiempo nuestro país viene sufriendo distintos tipos de situaciones a nivel de delitos.

¿Y sabe por qué me sorprende escuchar esas intervenciones? Porque cuando se habla de populismo, de campañas, de lo que viene en noviembre, la verdad es que parlamentarios en esta Sala no tenemos ese fin, sino que de verdad estamos muy comprometidos, sobre todo en mi caso, con los niños, niñas y adolescentes del país. Me sorprende cuando a veces en esta Sala escucho a muchos lamentarse por la muerte de nuestros niños, niñas y adolescentes, y tienen un discurso que muchas veces a las familias les llega.

Hace poquitas semanas estuve en una marcha en la ciudad de Santiago con miles de familias que han perdido a hijos a manos de delincuentes, a manos de violadores, a manos de parricidas. Cuando escucho a esas familias, cuando me reúno con ellas y veo el dolor que han debido enfrentar, y me dicen a la cara: “¿Qué han hecho ustedes, los políticos, por esos niños? ¿Qué hacen ustedes, los políticos, para proteger de verdad a la infancia en este país?”, la verdad es que en lo personal me da vergüenza mirar a la cara a esas familias y decirles “estamos intentando”, porque eso es lo que hacemos: intentar.

Cuando presenté la indicación sobre los delitos, que están superclaros en el artículo: hablan de violación, de femicidio, de parricidio, y planteo aumentar a cuatro quintos el tiempo para que puedan acceder a los beneficios carcelarios, es pensando en que a lo mejor puedo dar un poquitito más de justicia a esas familias; y lo que veo acá es todo lo contrario. Así que, perdóneme, señor Presidente, pero esto no se trata de populismo, sino de tener un compromiso de verdad con las familias de esos menores, de esos niños, niñas y adolescentes que, lamentablemente, hoy día ya no están con nosotros.

Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer realmente? ¿Nos vamos a seguir riendo de esas familias? Esa es la pregunta que dejo instalada…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, diputada Olivera . Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, yo tampoco tenía pensado intervenir, pero cada discurso altisonante proveniente de uno y otro sector no da con el resultado que todas y todos esperamos.

Nosotros trabajamos en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Este es un proyecto serio, responsable; lo que hace es homologar el bien jurídico tutelado más importante, que es la vida, pues hoy el delito de homicidio tiene una sanción incluso más baja que un simple robo o un robo con violencia.

Lo que hace este proyecto de ley es colocar en el centro a la víctima, algo tan manoseado y tan vapuleado, pero a la que nunca se le da el rol que debe cumplir en un proceso penal. Por eso cuando se otorgan beneficios de libertad, como bien lo planteó el diputado Longton , ocurre que muchas veces la víctima se encuentra cara a cara con su agresor.

Estamos hablando de delitos graves, estamos hablando de violaciones, estamos hablando de delitos complejos que atentan contra la indemnidad sexual. Este proyecto lo que hace es poner justicia, primero, en la proporcionalidad de la pena, homologándola o subiéndola a la que corresponde a un delito como el homicidio, pues, insisto, la vida es el bien jurídico tutelado más complejo, pero, además, estableciendo ciertas restricciones. Y hay que partir de la base de que quienes están condenados, están condenados en un debido proceso, en un proceso de persecución penal complejo, con tribunales independientes que sancionan debidamente delitos tan graves como la violación.

Al respecto, lo que pretende este proyecto de ley es establecer mayores requisitos para acceder al beneficio de la libertad condicional. Estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de violadores, que, por cierto, tienen derechos. ¿Qué hace este proyecto de ley? Da la oportunidad a las víctimas de ser informadas respecto de ese proceso, del violador de su señora, de su hija, de su madre; de saber en qué condiciones está, de saber si cumplió o no la pena. Ello, porque para una familia que tiene una mujer o un niño violado la sanción es permanente, de por vida, y la mínima justicia que aquella debe tener es conocer el real cumplimiento de la condena por el violador. Eso es lo que hacemos.

Además, en esta iniciativa se incorpora algo muy sensato, que es que la Comisión de Libertad Condicional esté conformada por jueces con el mismo rango y no estén supeditados o tengan el predominio de un ministro de corte, como sucedió aquí con el caso de la Región de Valparaíso.

Por eso, invito a que en esta materia prime la sensatez y a que, efectivamente, se ponga en el centro a la víctima. Con este proyecto de ley no vamos a reparar todo el sistema de persecución penal, no vamos a mejorar las condiciones, pero claramente es un avance respecto de aquellos delitos más graves, como la violación, para ser capaces de entregar más justicia a las víctimas.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, este proyecto es muy interesante, porque pone en tela de juicio cómo lo estamos haciendo en relación con la persecución del delito, y especialmente con la fase de encarcelamiento de delincuentes.

Este proyecto tiene dos áreas: la primera, aumenta la pena del delito de homicidio simple, y la segunda, que es la mayoritaria, tiene que ver con mayores restricciones, exigencias y obstáculos para que los condenados por penas judiciales por toda clase de delitos y privados de libertad puedan obtener la libertad condicional.

Creo que esta iniciativa tiene muy buenas intenciones. Sin duda, pretende hacerse cargo, de alguna manera, de un rebrote en el aumento de la comisión de ilícitos, sobre todo del delito de homicidio, y también de un incremento de la peligrosidad de la delincuencia. Sin embargo, el proyecto contiene varios defectos que son insoslayables y que hay que considerar: se establece un conjunto de restricciones para que los condenados pasen mucho tiempo en la cárcel, pero no tiene ni un peso para determinar cómo se va a resolver el hacinamiento carcelario, si se implementarán talleres laborales, establecimientos educacionales y si será posible la reinserción. Es decir, es echar y echar delincuentes a cárceles construidas en el siglo XIX o a mediados del siglo XX, sin delegados penitenciarios que busquen la reinserción social de los presos y sin analizar la manera para que, en el momento en que salgan de la cárcel, abandonen la carrera delictiva.

Todos sabemos que la estrategia que se plantea es más de lo mismo y no va lograr mejores resultados, porque lo que Chile necesita es reinsertar a la gente que ha iniciado carreras delictivas, es poder darles una alternativa. Allí está la solución de la raíz del problema. Recluir a las personas en las cárceles es -perdonen la expresióncomo echar la basura debajo de la alfombra, porque no va a resolver el problema.

No obstante, algunos creen que sí y van a aprobar todas las restricciones que contempla el proyecto, entre ellas que se requiere de los dos tercios de la pena cumplida de forma efectiva para acceder al beneficio de la libertad condicional y mayores restricciones y mayor profesionalismo en las comisiones de libertad condicional.

Finalmente, otro defecto del proyecto es que solo ataca a la delincuencia común, solo pretende encarcelar, ojalá de manera indefinida, al delincuente que comete robo o hurto, pero ¿qué pasa con los delincuentes económicos? ¿Qué pasa con quienes cometen actos de corrupción, altas autoridades que han robado mucho más que cualquier banda criminal que hoy está en la penitenciaría o en la cárcel Santiago 1, y que están en libertad?

Sobre la delincuencia de cuello y corbata, sobre el delincuente económico, sobre el delincuente corrupto que se roba el dinero de la gente el proyecto no dice nada.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, no pensaba intervenir respecto de este proyecto, pero creo que es importante manifestar un punto en la discusión.

El problema que tenemos es que el sistema procesal penal y nuestro Código Penal son absolutamente decimonónicos; están obsoletos. Hoy, la estructura delictiva no nos permite dar respuestas adecuadas, porque hemos ido parchando de a poquito: si sube la comisión de un delito, lo corregimos para que quede equilibrado y, por ello, se generan estas situaciones.

Además, no tenemos una cuestión básica en la que, al menos en el mundo de la academia del derecho penal, hay consenso: la necesidad de contar con tribunales de ejecuciones de condena que tengan un alto estándar y que revisen permanentemente cuáles son aquellos casos en los que se requieren soluciones alternativas y en cuáles no. Debemos repensar qué queremos lograr al establecer ciertas conductas constitutivas de delito.

Tenemos un sistema penal que hoy no hace ni lo uno ni lo otro: no es un sistema netamente inquisitivo, porque queremos que la población penal se reinserte, pero a la vez las cárceles no cuentan con las condiciones mínimas para que las personas que han cometido delitos puedan reinsertarse en la sociedad. No existen planes de acompañamiento laboral para aquellas personas que cometen delitos.

Por otra parte, respecto de los delitos sexuales, carecemos de lo más básico, es decir, de una ley general de garantías de la niñez y tampoco se imparte educación sexual integral en el sistema escolar.

En mi caso, no aprobé en general el proyecto, pero este avanzó en su tramitación y las modificaciones introducidas son parte del trabajo que hizo la comisión, lo que me parece bien, pero ese no es el tema de fondo.

Lamentablemente, el Congreso Nacional no tiene atribuciones suficientes para repensar por completo el sistema penal. Desde hace varios años estamos esperando la reformar al Código Penal. ¡Cuántas comisiones han abordado esa materia y no se ha llegado a nada!

El diputado Leonardo Soto habló de los delitos de cuello y corbata. La Cámara de Diputados despachó un proyecto sobre el particular al Senado, y ahí está.

Entonces, si seguimos parchando el sistema penal, seguirá siendo solo para los pobres, mientras que para los ricos hay salidas alternativas, clases de ética y cuánta cosa se les ocurra.

Estoy un poco cabreada de votar este tipo de proyectos que solo parchan el sistema penal, como si fuera tan simple, como si subiendo una pena por acá o bajándola por allá solucionáramos el problema de la delincuencia.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Sanitario para hacer aplicables las normas sobre despenalización del aborto a toda persona con capacidad de gestar, correspondiente al boletín N° 14074-34.

Para la discusión del proyecto, se otorgarán cinco minutos a cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género es el señor Víctor Torres .

Antecedentes:

-Moción, sesión 142ª de la legislatura 368ª, en martes 9 de marzo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 10.

-Informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, sesión 32ª de la presente legislatura, en martes 18 de mayo de 2021. Documentos de la Cuenta N° 34.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor TORRES (de pie).-

Señor Presidente, honorables diputadas y diputados, me corresponde rendir el informe sobre el proyecto de ley, iniciado en moción del diputado que habla y de las diputadas Karol Cariola Oliva , Natalia Castillo Muñoz , Marcela Hernando Pérez , Claudia Mix Jiménez , Maite Orsini Pascal , Camila Rojas Valderrama , Camila Vallejo Dowling y Gael Yeomans Araya , que modifica el Código Sanitario para hacer aplicables las normas sobre despenalización del aborto a toda persona con capacidad de gestar, en primer trámite constitucional y reglamentario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento de la Corporación.

La idea matriz del proyecto de ley, tal como lo indica su nombre, consiste en hacer aplicables a todas las personas con capacidad de gestar, y no solo a las mujeres, las normas actualmente vigentes sobre interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales contempladas en el Código Sanitario: riesgo vital de la madre, inviabilidad del feto y embarazo como resultado de una violación.

En cuanto a sus fundamentos, los autores de la moción manifiestan que la ley N° 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, fue publicada en septiembre del 2017, en tanto la ley N° 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, se publicó con posterioridad, en diciembre del 2018. Lo anterior da cuenta de que, cuando se legisló respecto de la interrupción del embarazo en las causales mencionadas, no se tuvo en consideración la identidad de género, razón por la cual se pretende subsanar esa falencia y permitir que la interrupción del embarazo sea para toda mujer o persona con capacidad de gestar.

Asimismo, los autores recuerdan que la ley N° 21.120 reconoce la “convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y nombre verificados en el acta de inscripción del nacimiento.”.

Además, los autores manifiestan que la legislación de nuestro país tiene que adecuarse e individualizar correctamente a las personas de acuerdo a su identidad de género, siendo en ello coherente con el principio de la no discriminación arbitraria que consagra el artículo 5°, literal b), del mismo cuerpo normativo. Lo contrario significaría que si una mujer interrumpe voluntariamente su embarazo en alguna de las tres causales permitidas por la ley, no será penada; sin embargo, si se tratase de una persona con capacidad de gestar que no se reconoce como mujer, podría darse una situación de discriminación arbitraria, en caso de considerarle autora del delito de aborto.

Respecto de la estructura del proyecto, consta de un artículo único compuesto por tres numerales que proponen modificar el artículo 119 del Código Sanitario, el cual autoriza la interrupción del embarazo por un médico cirujano con consentimiento de la mujer, en las causales que indica; el artículo 119 bis, que regula la participación del equipo médico en la intervención correspondiente, y el artículo 119 ter, concerniente a la objeción de conciencia. Todo ello con el objetivo de incluir en dichas normas a toda persona con capacidad de gestar.

En cuanto a los hitos de la tramitación, se destaca que durante la discusión de la iniciativa se contó con la participación de representantes de la Organización Trans Diversidades Chile (OTD), de la corporación Comunidad y Justicia, y de la agrupación No Red de Profesionales de la Salud Pública de Chile, quienes dieron a conocer sus opiniones sobre esta iniciativa legal.

Finalmente, se hace presente que el proyecto fue aprobado en general y luego en particular por mayoría de votos, por lo que la comisión recomienda a esta Sala aprobarlo.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez .

La señorita PÉREZ (doña Catalina) .-

Señor Presidente, lo que propone el proyecto es muy sencillo: añade a la regulación del aborto en tres causales la expresión “personas con capacidad de gestar”. Ello busca cumplir con dos objetivos: primero, sensibilizar a la ciudadanía a partir del hecho de que existen personas que no se identifican con el género femenino, pero que tienen capacidad y posibilidad de tener un embarazo no deseado, por lo que debiesen ser susceptibles de acceder a algunas de las tres causales de aborto, y segundo, evitar toda traba o toda discriminación que pudieran sufrir hombres trans, personas no binarias o cualquier persona con capacidad de gestar a la hora de acceder a un aborto por las tres causales.

Creo que este proyecto es sumamente relevante, porque nos permite discutir por qué debemos empujar que la legislación y las políticas públicas visibilicen a las personas con capacidad de gestar que no se identifican con el género femenino o que no se identifican como mujeres.

La visibilización de la existencia es fundamental, porque hoy en las personas trans y no binarias siguen teniendo que luchar por su derecho a existir, a no ser invisibilizadas, a ser consideradas.

No basta con decir “mujeres”; no basta, porque no solo las mujeres se embarazan, y no basta, porque incluir a otras personas con capacidad de gestar no implica dejar atrás a las mujeres, sino ampliar el espectro de protección, implica hacer carne, concretar la potencia emancipadora del feminismo y su capacidad como movimiento político de ser una fuente de liberación para los grupos oprimidos y marginados de nuestra sociedad. Cuando las personas trans avanzan, ninguna mujer retrocede: todas, todos y todes avanzamos junto con ellas.

En segundo lugar, este proyecto es importante porque no podemos ignorar la discriminación estructural que viven las personas trans y las personas no binarias. Lamento mucho que en la comisión se dijera, tanto por expositores como por colegas de esta Corporación, que este proyecto era innecesario, porque abordaba un problema inexistente. Eso no es así.

Es cierto que la ley sobre identidad de género establece que los derechos o beneficios que se tienen no se pierden por el cambio de género, pero una cosa es la letra de la ley, lo que regulamos acá, la intención del legislador, y otra lo que pasa en la realidad.

Todos los días escuchamos experiencias de personas a las que no se les respeta su identidad de género, que son llamadas por su nombre anterior en reparticiones públicas o que se les exigen requisitos abiertamente ilegales. A esa discriminación diaria se añade la urgencia que implica un embarazo no deseado. Y estamos hablando únicamente de las tres causales de aborto, o sea, por embarazo no deseado debido a una violación, por riesgo de muerte o por inviabilidad fetal.

¿Cómo van a decir que es un problema inexistente? Este problema existe, porque las personas trans existen y debemos visibilizarlas. Lo inexistente, creo yo, en muchos casos, es la empatía en relación con este problema, con las dificultades que vive la población LGBTIQA+ en el ámbito de la salud y con el hecho terrible de que la expectativa de vida de las personas trans en Chile no supera los 35 años. Esos son problemas reales. Este proyecto es apenas una gota de dignidad para ellos, para ellas y para elles.

Por supuesto que vamos a votar a favor este proyecto. Espero que por una vez puedan sacarse la venda de los ojos y ver más allá de su metro cuadrado, porque hay gente sufriendo que necesita este proyecto de ley.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena) [vía telemática].-

Señor Presidente, la verdad es que yo fui la persona que se opuso a este proyecto. }

Quiero aclarar los dichos de la diputada Catalina Pérez , que me antecedió en el uso de la palabra: en este caso, la letra de la ley y la realidad convergen, porque, claramente, nadie busca discriminar. Sería una tremenda falta discriminar a las personas trans o a cualquier tipo de persona que se encuentre en un situación similar, porque ello es muy complejo, pero una cosa distinta es decir que hoy existirían personas penalizadas o, incluso, presas, por ejemplo, porque han transitado de un sexo a otro, o porque han abortado invocando las tres causales, o procesadas, o en cualquiera otra situación. Eso, hoy, no es cierto; no hay ninguna mujer presa ni ningún hombre trans preso por ese motivo. Entonces, seamos realistas y no nos pongan como personas que carecemos de empatía.

¿Por qué dije que efectivamente este proyecto es más bien un punto político que algo realmente necesario? Porque el artículo 22 de la ley de identidad de género ya resuelve este tema. Po eso, hoy no hay nadie preso por esto. Esa disposición señala claramente: “Asimismo, tampoco afectará las garantías, derechos y las prestaciones de salud que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio.”.

Es decir, este cambio fue tan delicado que la ley, incluso, se preocupó de eso. El cambio de sexo, en este caso, no altera las prestaciones a las cuales tenía derecho la persona antes de que se produjera el mismo. El aborto en tres causales es una prestación de derecho, está en la ley y no se pierde cuando se transita de un sexo a otro, pues se siguen manteniendo los derechos a prestaciones anteriores. Creo que más claro imposible.

Entonces, primero que todo, no voto a favor el proyecto, porque estoy en contra de todo tipo de aborto, pero también quiero señalar que este tema ya estaba resuelto -en esto debemos ser sumamente claros-, y solo viene a ser un punto político relacionado con la empatía -eso lo entiendo-, para que las personas que efectivamente son discriminadas en otras materias, porque en las que se han debatido no lo son, se sientan acogidas.

No voy a decir que señalar que esto no está resuelto es faltar a la verdad, pero sí que significa no haber leído nuestra legislación en profundidad.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Sandoval .

La señora SANDOVAL (doña Marcela).-

Señor Presidente, en el último tiempo Chile ha avanzado en legislar sobre la despenalización del aborto en tres causales. Ahora, es un imperativo resguardar derechos para las comunidades LGBTIQ+ y para quienes no se identifican con el sexo biológico con el cual nacieron.

No es todo lo que queremos y necesitamos. Las mujeres estamos demandando una ley que despenalice la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas, más allá de las tres causales vigentes. Sin embargo, a pesar de esos avances constatados durante el último tiempo, siguen ocurriendo hechos graves, como el último ataque transfóbico ocurrido en la comuna de Buin, perteneciente al distrito N° 14, cuando un vecino atacó a una mujer trans de 27 años, propinándole golpes en la cara con una piedra y cuchilladas. La denuncia ya está en Fiscalía, pero necesitamos construir un país donde no haya violencia contra las comunidades disidentes y las mujeres.

En esa línea, hay que avanzar en concordar leyes entre sí. En 2017, cuando se legisló respecto del aborto en tres causales, no se consideró la identidad de género, porque la ley N° 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, fue publicada con posterioridad, en diciembre de 2018. Con este proyecto de ley se pretende subsanar esa falencia y permitir que la interrupción del embarazo en las causales indicadas sea para toda mujer o persona con capacidad de gestar. De esta manera, nuestra legislación evita incurrir en hipótesis de discriminación arbitraria, en la medida en que una persona con capacidad de gestar, pero que no se reconoce mujer, estaría impedida de ejercer su derecho al aborto en las condiciones vigentes.

Legislativamente, la modificación que se introduce por medio de este proyecto es sencilla, intercalando la expresión “o persona con capacidad de gestar” en distintos segmentos del Código Sanitario, particularmente en los artículos 119, 119 bis y 119 ter.

Es algo simple, pero significa un gran impacto simbólico cultural en la plena vigencia de los derechos sexuales y reproductivos de las personas trans.

Aún queda mucho camino por recorrer para establecer la plena vigencia de estos derechos en un país que todavía discrimina, y no solo a las personas trans.

Este proyecto es un gran paso hacia adelante y, por eso, sin duda, lo vamos a apoyar.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez .

La señorita SANTIBÁÑEZ (doña Marisela) .-

Señor Presidente, hace solo unos años legislar respecto del aborto terapéutico en tres casuales fue un avance modernizador para el país, que tristemente era de los pocos países en donde no se garantizaba este derecho tan básico y elemental, como es decidir y ejercer soberanía sobre sus cuerpos, a mujeres que viven difíciles y dolorosos momentos ante la inviabilidad de la vida o que cargan en sus vientres el resultado de una violación, de una relación sin consentimiento.

Con satisfacción, podemos decir que, gracias a los movimientos feministas y de disidencias sexuales, nuestro país sigue avanzando y traspasando las paredes de este Congreso.

Me parece que una minoría conservadora y, muchas veces, de doble moral tiene cada vez menos espacio en este hemiciclo. Tenemos muy claro que será responsabilidad de todos y todas conquistar las transformaciones por las que tanto hemos luchado.

Hoy estamos dando un paso más en esas necesarias transformaciones, porque como país no podemos seguir invisibilizando a las personas transgénero, que existen y resisten en el mundo laboral, que existen y resisten en los liceos, que existen y resisten en las universidades y también que existen y resisten en la atención de salud.

Por lo mismo, es fundamental incorporar a todos los cuerpos gestantes en el aborto terapéutico por las tres causales.

Quizá, algunos parlamentarios que están sentados al otro lado del hemiciclo tengan dificultad para entender que en la especie humana pueden existir más de dos géneros, tal como tradicionalmente se nos ha educado. De todas formas, con esta intervención no pretendo sustituir la autoformación, que cualquier parlamentario debiese asumir como tarea propia.

Llamo a aquellos que en septiembre vitorearon con tanto orgullo -incluso, vestidos con el traje tradicional del huaso chilenoel himno nacional a hacer de este país la copia feliz del edén para todos y todas, sin ninguna distinción.

Por eso, como bancada del Partido Comunista de Chile, aprobaremos esta iniciativa legal.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo.

La señora CASTILLO (doña Natalia) .-

Señor Presidente, las personas trans han tenido que vivir en la invisibilidad durante mucho tiempo, pero no porque algunos y algunas no quieran verlos no existen. Su existencia es real y está más viva que nunca. Ya no basta con exigir tolerancia ni los mínimos de respeto, también se necesita reconocimiento. El reconocimiento también implica otorgar, ante las mismas obligaciones, los mismos derechos para todas, todos y todes.

Agradezco al diputado Víctor Torres por haberme invitado a participar en esta iniciativa, que se suma a otras cuantas iniciativas que hemos levantado en el Congreso para visibilizar a las personas trans.

Me encantaría que en la próxima legislatura haya en este hemiciclo personas trans, no binarias o disidentes, porque son parte de nuestra población y de nuestro pueblo, y hoy no tienen una representación política que les permita hablar por sí mismas. Por eso, yo, una mujer cisgénero, junto con otros parlamentarios, hemos tenido que levantar esta iniciativa. Me habría encantado que en este momento hubiese una mujer trans o un hombre trans levantando una iniciativa como esta.

¿Qué hace esta iniciativa? Algo muy simple. Esta iniciativa no modifica un ápice de la ley de aborto en tres causales -debo reconocer que me encantaría presentar en el Congreso un proyecto de ley de aborto libre, pero no puedo, porque no tengo las facultades-, pero sí hace algo no menos importante, que es reconocer a personas trans o no binarias con capacidad de gestar, para que también puedan acceder a la ley de aborto en tres causales, ley que fue latamente discutida en este Parlamento y en organismos como el Tribunal Constitucional. Se trata de una ley que ha costado mucho sacar adelante.

En consecuencia, simplemente hoy se trata, nada más y nada menos, de entregar a todas las personas con capacidad de gestar el derecho a acceder al aborto en tres causales que aprobamos en la legislatura anterior, que son la inviabilidad fetal, el riesgo de vida de la madre y el embarazo como resultado de la violación. Esta última causal es lejos la más importante, porque las personas trans y de las disidencias sexuales son uno de los grupos más afectados por la violencia sexual, la cual es caldo de cultivo en nuestra sociedad patriarcal que siente que hay algunos que dominan y otros que son sometidos. En ese contexto, las personas trans sufren violencia sexual todos los días: desde expresiones tan triviales como un “piropo” o un gesto obsceno, hasta ataques derechamente contra su vida.

Al respecto, cabe señalar que existe, por ejemplo, la organización Amanda Jofré , que agrupa a personas trans que, en su mayoría, han sido víctimas de violencia sexual o de ataques de odio.

Insisto en que el proyecto consiste, nada más y nada menos, en reconocer derechos sexuales y reproductivos a un grupo de la población que ha sido históricamente excluido, discriminado y asesinado por quienes se sienten superiores.

Por eso, voy a apoyar este proyecto, pero, además, quiero dejar constancia de que hay otras iniciativas para proteger a la población trans: el proyecto de ley “nada que corregir”, que es de mi autoría, que es para prohibir las terapias de reconversión; el proyecto de ley “cupo laboral trans”, que presenté junto con otros parlamentarios, para asegurar que el Estado pueda entregar en sus empresas públicas y en aquellas empresas privadas en que tenga participación, al menos el 1 por ciento de participación de personas trans, y el proyecto de ley “Matías”, presentado por la diputada Daniella Cicardini , quien me invitó a suscribirlo, que establece medidas para proteger a niñes trans en los colegios del bullying y del abuso.

Debemos seguir avanzando por una ley trans integral.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .

La señora VALLEJO (doña Camila).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al diputado Víctor Torres , a quien agradezco la invitación a apoyar y suscribir este proyecto de ley.

En verdad, es muy importante adecuar la normativa que tanto costó sacar adelante en nuestro país. Después de décadas de lucha del movimiento feminista por reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, logramos contar con una ley de despenalización del aborto en tres causales, pero nos quedó pendiente un tema respecto del mundo de las disidencias sexuales y la diversidad sexual.

En América Latina, la mayoría de las normas y leyes sobre interrupción del embarazo, lamentablemente, no mencionan a las personas trans con capacidad de quedar embarazadas, salvo el proyecto de ley que fue rechazado en el Senado argentino, en donde se anunciaba a las mujeres o personas con capacidad de gestar como aquellas a las que se les podría garantizar el derecho al aborto.

En América Latina no hay datos oficiales sobre aborto y personas trans, y menos de cuántas personas transmasculinas mueren por abortos inseguros en condiciones de criminalización. Tampoco hay informes regionales que permitan dimensionar una problemática que también enfrentan los varones trans: las violaciones correctivas, de las que pueden derivar embarazos no deseados. Esas violaciones correctivas consisten en sancionar a la sexualidad y los géneros que se apartan de las normas tradicionales. Esto lo explica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre violencia contra personas LGBTI en América, de 2015, en donde advierte que es uno de los tipos de violencia por prejuicio que menos se denuncia en el continente. Asimismo, la violación correctiva es un delito de odio, en el que una persona es violada debido a la orientación, identidad y/o expresión de género real o percibida, con la motivación de corregirla. La crueldad del delito no solo ultraja su intimidad, sino también su identidad.

Por su parte, el Centro de Estudios y Análisis del Delito, de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior, evacuó un estudio exploratorio sobre discriminación y violencia hacia las personas LGTIBQ+, en el que se determinó que las personas trans sufren fuertes discriminaciones en instituciones de salud pública y privada.

El estudio arrojó que el 94,1 por ciento de las personas trans se ha sentido discriminado en Chile. Particularmente indica que el 8,5 por ciento de las discriminaciones que viven a diario es en espacios de salud pública y que el 8,7 por ciento de las discriminaciones fueron perpetradas por funcionarios de la salud. Además, el estudio señala que el 8,8 por ciento de las personas encuestadas ha vivido violaciones correctivas. Todo esto, de un total de 3.271 encuestas.

Al no incluir en la legislación el reconocimiento de personas con capacidad de gestar, los hombres trans, personas transmasculinas y no binarias se enfrentan a diferentes obstáculos al momento de decidir abortar: desde tener que negar su propia identidad de género, verse “orillades” y realizarse abortos de manera insegura, arriesgándose a ser “criminalizades” o perder la vida, hasta asumir embarazos no deseados, sin mencionar las afectaciones a la salud mental que esto puede representar para ellos, ellas y “elles”.

Además, resulta necesario modificar la ley N° 20.609, que establece un procedimiento judicial y medidas contra las discriminaciones arbitrarias, para que todas las personas que entreguen un servicio público, especialmente en el ámbito de la salud, se encuentren capacitados y capacitadas para atender a personas trans en situación de aborto, como también en lo que respecta a sus necesidades para acceder a la salud transicional.

La legislación de nuestro país tiene que adecuarse e individualizar correctamente a las personas de acuerdo con su identidad de género, siendo coherente con el principio de la no discriminación arbitraria que consagra el artículo 5°, literal b), de la ley N° 21.120.

Este proyecto visibiliza la realidad de las personas trans que ven permanentemente restringida la posibilidad de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Además, al alero de esta modificación se reconocería a las personas independientemente de su identidad de género, pues mujeres cis, hombres trans, personas transmasculinas y no binarias no están exentas de calificar en algunas de las tres causales, reconociéndoles como sujetos de derecho.

Por eso, nuestra bancada, la del Partido Comunista, va a votar a favor este proyecto de ley y llama a la Sala a aprobar decididamente esta iniciativa para saldar una deuda que tenemos como Estado respecto del mundo de las diversidades, en un tema tan sensible como los derechos sexuales y reproductivos y los principios de la no discriminación arbitraria.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, al parecer voy a ser el único que va a hablar en contra de este proyecto, puesto que en la discusión de la ley de aborto en tres causales defendí con mucha fuerza que el niño que está por nacer es un ser humano y que, por tanto, nadie tiene el derecho de quitarle la vida; nadie tiene la autoridad para hacerlo.

Hoy se nos presenta este proyecto como una no discriminación contra las personas trans, en circunstancias de que aquí el tema de fondo es que hay una discriminación contra el niño que aún no ha nacido.

La Convención sobre los Derechos del Niño define al niño como todo menor de dieciocho años de edad. Entonces, ¿por qué el Estado discrimina entre un grupo humano y otro? ¿Por qué la vida del que ya nació es más valiosa que la del que aún no ha nacido?

Creemos que ahí hay vida y no la podemos desconocer. Hay que procurar todos los medios para protegerla desde el vientre materno, desde el momento de la concepción, pues, como dice la Constitución, “La ley protege la vida del que está por nacer”, y no procurar, con argumentos de derecho de propiedad, como se ha dicho aquí, en términos de señalar “yo soy dueña de mi cuerpo y puedo hacer lo que quiera con él” -lo que es un argumento neoliberal, digámoslo-, sino reconocer que los derechos humanos involucran a todos los seres humanos y son universales, independientemente del lugar, independientemente de la variable, en este caso etaria, de una persona que tiene un desarrollo precario todavía, pero que tiene todas las condiciones del ser humano.

Este no es argumento religioso. Desde el momento de la concepción ya está el material genético del padre, del progenitor, y de la madre, completamente presente en ese ser humano que empieza un proceso de desarrollo, que en el parto vive una etapa muy importante, pero que previo a ese momento es un ser humano también; es un individuo de la condición humana.

Voy a votar en contra este proyecto de ley, porque creo que el tema de fondo aquí es la vida, no la discriminación de las personas trans, con las cuales tenemos toda la consideración y el respeto como seres humanos. Esta discriminación arbitraria entre el que ya nació y el que no nació me parece que atenta gravemente contra los principios de derechos humanos que defendemos.

En esta Sala se habla mucho del lenguaje inclusivo, de que tenemos que incluir a todos, a todas y a “todes”. Muy bien; pero con este proyecto estamos discriminando en forma arbitraria a seres humanos que tienen todo el derecho a nacer, así como lo tuvimos nosotros.

Pronto vendrá la discusión sobre el aborto libre, en la cual también tendremos la oportunidad de expresar nuestros argumentos contrarios. Sin embargo, lo que viene a hacer esta iniciativa es naturalizar algo que no debiera estar naturalizado, como es el aborto, como es la eliminación de un ser humano que tiene tantos derechos humanos como los que tuvimos quienes hemos nacido, y que tiene tanta fuerza como la que tiene un adulto.

De manera que, aunque sea el único, levantaré mi voz por aquellas criaturas que están siendo abortadas, pues, en virtud de este proyecto de ley, la posibilidad de abortar se va a extender a otras personas.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, al igual que mis colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, quiero agradecer al diputado Víctor Torres por haberme invitado a ser parte de esta moción parlamentaria, que, por lo demás, me parece de toda relevancia e importancia.

Junto con el diputado Víctor Torres y otros parlamentarios y parlamentarias fuimos testigos de lo que significó para nuestra Cámara de Diputados, para Chile, para las mujeres de nuestro país, la tramitación del proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Esa tramitación fue profundamente compleja; la vivimos minuto a minuto. Fueron varios años en que tuvimos que discutir ante situaciones y opiniones aberrantes por parte de algunos y algunas que quisieron oponerse a esa iniciativa de ley. Hubo frases que recuerdo para el bronce, como, por ejemplo, que había violaciones no violentas; hubo frases de personajes que dijeron que había mujeres que eran violadas porque incitaban la violación. Y así podría mencionar varias más que fueron parte de una discusión tremendamente compleja.

Sin embargo, afortunadamente, primó la justicia, y lo que se logró imponer en nuestra legislación es lo que realmente correspondía: que las mujeres de nuestro país, cuando se ven enfrentadas a situaciones como una violación, a situaciones como un embarazo riesgoso, que tiene incompatibilidad con la vida o que derechamente pone en riesgo la vida de la madre, puedan interrumpir el embarazo, dentro de esas causales, con el resguardo de que el servicio público va a entregar las herramientas y la atención sanitaria para que ello se haga de forma segura.

Lamentablemente, en Chile sigue habiendo abortos por otras razones también, por lo que espero que pronto podamos tener esa discusión y despenalizar el aborto no solo en las tres causales establecidas, sino también en otros ámbitos. Porque el derecho de las mujeres a tomar una decisión sobre nuestras vidas, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra maternidad, es un derecho que no le corresponde cuestionar a ningún parlamentario de esta Sala. Se lo digo, con mucho respeto, a quien me antecedió en el uso de la palabra. Podemos tener opiniones morales, religiosas de distinto tipo o que provengan de distintas miradas, pero lo que no se puede permitir es que intentemos meternos en la vida de otros y menos todavía cuando se trata de la vida de personas, en particular, de mujeres, que tienen todo el derecho a decidir el momento en que van a ejercer su maternidad. Porque ninguna mujer en Chile aborta porque quiere.

Pero acá hicimos una corrección con este proyecto, y me parece muy relevante poner el acento en aquello, que es, precisamente, el establecer que no son solo mujeres las que tienen la capacidad de gestar.

La ley de identidad de género permitió el reconocimiento de personas trans que tienen una identidad de género distinta a su sexo registral, y esas personas también tienen capacidad de gestar. Ese es un elemento que no puede quedar excluido de la protección de esta ley, aunque si bien muchos y muchas decimos: “No basta con las tres causales”, creemos que es una de las leyes más importantes en materia de garantizar derechos sexuales y reproductivos que se ha aprobado en los últimos años en nuestro país.

Por eso, comparto lo que han dicho mis colegas que me han antecedido en el uso de la palabra respecto de la necesidad de tener una ley integral trans.

Tuve la posibilidad de firmar el proyecto de ley de la diputada Natalia Castillo , a quien le agradezco por hacerme parte de ese proceso, y espero que avancemos en esa línea, porque nos parece relevante que la diversidad, las disidencias y todas las personas en nuestro país tengan igualdad de derechos.

Este proyecto de ley viene a corregir lo que iniciamos: una ley fundamental e importantísima para las mujeres de nuestro país, pero también para aquellas personas que tienen capacidad de gestar, pero que tienen una identidad de género distinta a la de su sexo registral.

Vamos a aprobar este proyecto, porque nos parece necesario, urgente y justo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, en Chile abortar es difícil. En Chile, a las mujeres nos ha costado décadas de avances y retrocesos; pasos hacia adelante, pasos hacia atrás y ganar una mínima parte de lo que no es otra cosa que un derecho humano: el derecho humano a decidir sobre nuestro propio cuerpo, a decidir sobre cómo y cuándo formar una familia, a decidir si queremos o no ser madres. Ese derecho hoy no existe en Chile.

El aborto en tres causales es un mínimo básico, y consiste en que no nos obliguen a parir, habiendo sido violadas; que no nos obliguen a parir cuando nuestras vidas están en riesgo; que no nos obliguen a parir cuando nuestro embarazo es inviable. Eso es un mínimo.

Hoy, sin embargo, no vamos a debatir sobre la urgencia de transformar ese mínimo en un derecho; no vamos a debatir la aprobación, por esta Sala, del proyecto de despenalización del aborto hasta la semana catorce de gestación. Hoy, diputados y diputadas, vamos a discutir respecto de cómo incluir a personas que han sido rezagadas por su identidad de género de este mínimo, que es el aborto en tres causales.

Me refiero a los hombres trans, personas no binarias o cualquiera que tenga la capacidad de gestar, que acarrea el hecho de haber nacido intersexuales o físicamente como mujeres.

Para todas esas personas es esta ley; para que el aborto en tres causales no sea solamente para las mujeres, sino que sea para toda persona que pueda gestar.

Quiero agradecer el tremendo trabajo del diputado Torres en esta materia y por haberme invitado a firmar esta moción, pues estoy convencida de que es un avance y un aporte en la lucha y en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ+.

“¿Por qué es necesaria esta ley?”, se preguntarán algunos. Porque en Chile es difícil abortar; porque si a las mujeres se les dio solamente una parte de este derecho, porque si a las mujeres se nos juzga constantemente, porque si a las mujeres se nos han cerrado espacios con decisiones injustas de un tribunal -que espero que desaparezca pronto-, imaginen lo difícil que resulta, por ejemplo, para una persona trans o no binaria; imaginen lo difícil que debe ser pasar por un proceso doblemente discriminador: que a la carga del aborto se le sume la de una identidad de género que no coincide con el cuerpo con el que se nació; imaginen tener que explicar al personal de salud, que no necesariamente está capacitado en estas materias, que su identidad de género no corresponde con su sexo y que de todas formas necesitan abortar.

Por eso, este proyecto hace algo muy sencillo, pero esencial. Es un pasito, es un poquito de dignidad para una parte de la población que está generalmente invisibilizada, olvidada o derechamente discriminada. Es facilitarles un poco a las personas que pueden gestar el acceso a un derecho.

Desde el Frente Amplio votaremos a favor esta iniciativa, porque en Chile es tremendamente difícil abortar, y no debería serlo.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Víctor Torres .

El señor TORRES.-

Señor Presidente, quiero comenzar mis palabras agradeciendo a cada una de las diputadas autoras también de este proyecto, que nos acompañaron no solo con su firma, sino también con un claro compromiso, en el debate que se realizó en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, para sacar adelante este proyecto de ley.

La iniciativa que hoy discutimos no innova respecto del fondo de la ley N° 21.030, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Es un proyecto de ley que encuentra sus fundamentos básicamente en el igual trato ante la ley y la no discriminación.

Reconocemos que existen distintas identidades de género y que la gestación no es privativa de las mujeres, desde esa perspectiva, porque pueden existir otras identidades que también tengan la capacidad de gestar.

Durante el 2018 aprobamos la ley N° 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, de manera que es de toda justicia que en el ordenamiento jurídico se reconozca este derecho y que no sea un enunciado meramente declarativo.

Así ha pasado, por ejemplo, con la ley N° 21.171, que este Congreso aprobó en 2019, que crea el registro de mortinatos, donde no se hace referencia al término “mujer” o “madre”, sino que habla exclusivamente de la persona gestante, reconociendo, por tanto, que no solo gestan las mujeres.

Para lograr avanzar en el reconocimiento de las distintas identidades de género, debemos realizar modificaciones, porque hay importantes leyes que fueron aprobadas con anterioridad a la ley de identidad de género. Es necesario reconocer las diversas identidades e incluirlas activamente.

La ley N° 21.030, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, es una de esas leyes aprobadas con anterioridad. En ella, solo se hace referencia al término “mujer” y se ignora, por tanto, de manera completa, que existen estas otras identidades con capacidad de gestar.

Solo a modo de ejemplo, puedo mencionar personas intersex, hombres trans, transmasculino, personan no binarias, con expresiones de género masculinizadas, ambiguas, sin género, entre otras identidades. Todas ellas comparten la estructura biológica que les permite gestar.

Este proyecto busca subsanar esa falencia, indicando que la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, obviamente, se amplía respecto de estas identidades que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque precisamente estas personas tienen esa capacidad de gestar, de modo que es absolutamente necesario comprender que no por tener la capacidad de gestar son mujeres, sino que se reconocen también en otras identidades. Estas personas merecen un trato igualitario, respetuoso y no discriminatorio, no tan solo en la ley, sino en cada ámbito de nuestro país.

Es cierto que la misma ley de identidad de género permite que tengan acceso a las prestaciones que hubieran tenido antes, que fue el argumento que planteó la diputada Ximena Ossandón , pero en el caso de la interrupción del embarazo, los códigos en el Fonasa e isapres, por ejemplo, están asignados solo a mujeres, y la ley en sí misma dice que la prestación es solo para mujeres. Por lo tanto, esta situación implica tener que explicar procesos de identidades para acceder a esta prestación, lo que significa, además, una revictimización innecesaria e injusta.

La realidad de estas diversidades en muchos casos es compleja. Pudimos conocerlas en las audiencias recibidas en la comisión y relatan abusos sexuales, violaciones correctivas, delitos de odio, que tienen directa relación con su identidad y/o expresión de género y una supuesta necesidad de corregirla.

De acuerdo con lo expuesto por Franco Fuica , representante legal de Organizando Trans Diversidades Chile (OTD), muchas de esas violaciones terminan en embarazos no deseados.

La doctora Melissa Cifuentes entregó importantes datos. Fíjense que más de 100.000 personas en Chile son trans, y solo un 14 por ciento de los hombres trans se realizan histerectomía, por lo que más de un 80 por ciento tiene la capacidad de gestar.

Finalmente, ¿por qué es necesaria esta modificación? Porque sin ella se invisibiliza la existencia de otras identidades de género, y es la ley que nosotros creamos la que debe garantizar el respeto a sus derechos y la posibilidad de ejercerlos en igualdad de condiciones, sin discriminación y respetando su dignidad…

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado. Cerrado el debate.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

En tercer lugar, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que prorroga la vigencia de la ley N° 19.648, que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años, en los supuestos que indica, correspondiente al boletín N° 14450-04.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Educación es el señor Sergio Bobadilla .

Antecedentes:

-Moción, sesión 52ª de la presente legislatura, en miércoles 30 de junio de 2021. Documentos de la Cuenta N° 5.

-Informe de la Comisión de Educación, sesión sesión 68ª de la presente legislatura, en martes 17 de agosto de 2021. Documentos de la Cuenta N° 16.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BOBADILLA (de pie).-

Señor Presidente, la Comisión de Educación me ha otorgado el alto honor de rendir este informe, que, tal como usted anunció, dice relación con los profesores a contrata.

Señor Presidente, honorable Cámara, me corresponde informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sobre el proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados y diputadas Cristina Girardi , Rodrigo González, Hugo Rey , Camila Rojas , Juan Santana , Alexis Sepúlveda , Camila Vallejo , Mario Venegas , Gonzalo Winter y quien informa, Sergio Bobadilla , que prorroga la vigencia de la ley N° 19.648, que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años, en los supuestos que indica.

I. Constancias reglamentarias previas

1) Idea matriz o fundamental del proyecto

El proyecto de ley propone conceder, por única vez, la calidad de titulares de la dotación docente dependiente de un mismo municipio, corporación educacional municipal o servicio local de educación pública a los profesionales de la educación parvularia, básica o media que al 31 de julio de 2021 se encontraren incorporados a ella en calidad de contratados y que se hayan desempeñado como docentes de aula en ella durante a lo menos tres años continuos o cuatro años discontinuos, por un mínimo de veinte horas cronológicas de trabajo semanal.

Adicionalmente, concede la titularidad a los asistentes de la educación que se encuentren en las mismas condiciones.

2) Normas de quorum especial

El proyecto no contiene normas de rango orgánico constitucional ni de quorum calificado.

3) Normas que requieren trámite de Hacienda

El articulado del proyecto de ley aprobado por la comisión no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.

4) Aprobación general del proyecto

El proyecto fue aprobado en general por unanimidad.

Votaron a favor los diputados y las diputadas Cristina Girardi , Rodrigo González, Hugo Rey , Camila Rojas , Leonidas Romero , Camila Vallejo , Gonzalo Winter , Mario Venegas y quien informa, Sergio Bobadilla .

5) Admisibilidad

Según el Informe Técnico de Admisibilidad N° 64/369/2021, de fecha 29 de junio, la Secretaría General de la Corporación señala que el proyecto de ley es admisible, toda vez que no aborda una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en tanto no incide en la administración financiera o presupuestaria del Estado, no crea nuevos empleos rentados y no fija, modifica, concede ni aumenta beneficios al personal de municipios y de servicios locales de educación pública.

II. Antecedentes del proyecto

a) Fundamentos

Según se expresa en la moción, la ley N° 19.648, de 1999, constituyó un avance en la consolidación de la estabilidad laboral de los docentes al conceder, por única vez, la calidad de titulares de la dotación docente dependiente de un mismo municipio o corporación educacional municipal a los profesionales de la educación parvularia, básica o media que a la fecha de dicha ley se encontraban incorporados a ella en calidad de contratados y que se hubieran desempeñado como tales en la misma durante, a lo menos, tres años continuos o cuatro años discontinuos, por un mínimo de veinte horas cronológicas de trabajo semanal.

Junto con lo anterior, a partir de la moción que se presentó el 10 de enero de 2013, convertida en la ley N° 20.804, de 2015, se renovó la vigencia de la ley N° 19.648 al conceder la calidad de titulares de la dotación docente dependiente de un mismo municipio o corporación educacional municipal, a los profesionales de la educación parvularia, básica o media que al 31 de julio de 2014 se encontraren incorporados a ella en calidad de contratados en las mismas condiciones anteriores.

No obstante, pese al avance que dichas leyes han significado para los profesionales de la educación en cuanto a su estabilidad laboral, un reciente informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, de marzo de 2021, determinó que los docentes que se desempeñan en el sector público, es decir, en municipalidades o servicios locales de educación pública, son 109.814, de los cuales 53.408 -es decir, el 48,63 por cientoson funcionarios a contrata. A nivel comunal, el informe señala que es posible observar que de un total de 346 comunas, en 236 de ellas, es decir, el 68,2 por ciento, el porcentaje de docentes a contrata se encuentra en un rango de entre un 40 y un 60 por ciento. Reitero: el porcentaje de docentes a contrata va desde un 40 hasta un 60 por ciento en algunas comunas del país.

Lo anterior hace evidente la necesidad de volver a permitir el traspaso de los profesores a contrata a la titularidad en condiciones similares a las planteadas en las leyes anteriormente señaladas, sin perjuicio de incorporar además -en buen momento se hacea los asistentes de la educación, los cuales no han sido comprendidos en las leyes mencionadas.

b) Tramitación en la comisión

Durante la tramitación del proyecto, la comisión recibió la opinión del subsecretario de Educación y la del presidente del Colegio de Profesores, quienes expusieron visiones contrapuestas respecto de la iniciativa en informe.

El subsecretario de Educación sostuvo que, en opinión del Ejecutivo, el proyecto es inadmisible, toda vez que establece normas que van en beneficio del personal administrativo del Estado, constituyendo una mejora en las condiciones laborales de los profesionales de la educación, lo que implica recursos por parte del fisco.

Agregó que el Estatuto Docente reconoce que los profesionales deben ingresar a una dotación en calidad de titulares mediante un concurso público. Así, la moción genera una titularidad por ley, estableciendo una excepción a esta regla. Enfatizó que es importante entender que este proyecto afecta también la capacidad de las plantas de la dotación docente, pues se verán aumentadas por el solo ministerio de la ley. Además, al tratarse de una iniciativa que busca renovar un beneficio que inicialmente se concibió por única vez, tal como fue el proyecto original, se convierte en un instrumento que restará flexibilidad a las contrataciones docentes a contrata.

Adicionalmente, el proyecto incorpora a los asistentes de la educación, quienes no estaban contemplados en las leyes anteriores. En su opinión, esta propuesta no les sería aplicable, pues no existe la distinción entre titulares y a contrata en este segmento, al no estar recogido en la legislación actual.

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores sostuvo que los profesionales a contrata se desempeñan en virtud de un acto administrativo de nombramiento, con el objeto de prestar servicios transitorios, experimentales, optativos, especiales o de reemplazo, generalmente por un año, hasta diciembre, con derecho al pago de sus vacaciones durante los meses de enero y febrero del año siguiente.

Enfatizó que el Estatuto Docente señala, como tope máximo de horas a contrata, el 20 por ciento de la dotación de docentes de una comuna, contemplando incluso multas a los municipios que excedan este porcentaje. Sin embargo, según un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, se determinó que el 48,63 por ciento de los docentes que se desempeñan en el sector público son funcionarios a contrata, por lo que queda en evidencia la necesidad de terminar con esta situación, toda vez que se está incumpliendo la ley.

Entre los diputados de la comisión hubo consenso respecto de la necesidad de prorrogar la vigencia de la ley N° 19.648, que estableció el beneficio de la titularidad a los profesionales de la educación parvularia, básica o media que se encontraren incorporados a una dotación en calidad de contratados y que se hayan desempeñado en la misma durante, a lo menos, tres años continuos o cuatro años discontinuos, por un mínimo de veinte horas cronológicas de trabajo semanal. Asimismo, se consideró indispensable incluir en esta ocasión a los asistentes de la educación que se desempeñan en las mismas condiciones en los establecimientos educacionales.

Se sostuvo que existe una gran cantidad de profesores que se encuentran en una situación de ilegalidad, ya que los sostenedores exceden el principio legal de que no puede haber más del 20 por ciento de la dotación a contrata. De esta manera, la iniciativa tiene por objeto corregir dicha ilegalidad y establecer que se incorporen a la planta transcurrido el tiempo suficiente desde que están en calidad de contrata: tres años continuos o cuatro discontinuos.

Durante la votación particular, se aprobó una indicación para incorporar en la ley a aquellos profesionales de la educación que no realizan sus funciones en aula, aun cuando desempeñan funciones eminentemente educativas y permanentes en los establecimientos educacionales, pero que, por no estar en el aula, no tienen derecho a acceder al beneficio de la titularidad.

Asimismo, se dejó establecido que no tienen derecho a acceder a la titularidad los directores de establecimientos que hayan sido designados mediante concurso de Alta Dirección Pública, así como los profesionales de la educación que hayan sido incorporados a la dotación docente en cargos de confianza por parte de dichos directores, en razón de que sus cargos son transitorios y no forman parte de la dotación del establecimiento.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, tal como se desprende de la lectura del informe de la Comisión de Educación, esta es una iniciativa largamente esperada por muchos profesores del país. Tal como ocurrió con una ley anterior sobre esta misma materia, los destinatarios de esta iniciativa son todos aquellos profesores que tras haber prestado servicios a contrata por tres años continuos o cuatro discontinuos en un establecimiento educacional aspiran a acceder a la planta titular del mismo establecimiento. No es justo seguir manteniendo en la incertidumbre y la inestabilidad laboral a miles de profesores a lo largo del país, quienes, año tras año, cuando llega el mes de diciembre, no saben qué va a ocurrir con ellos al año siguiente.

Es necesario y urgente aprobar este proyecto, y ojalá por unanimidad, tal como lo hicimos en la Comisión de Educación, porque somos conscientes del grave daño y la incertidumbre que la situación genera -reiteroa miles de profesores del país, quienes no tienen certeza de qué va a ocurrir con ellos al finalizar diciembre cada año.

Las cifras del informe de la Biblioteca del Congreso Nacional son elocuentes, pues de un total de 109.000 profesores a lo largo del país, 53.000 están a contrata, es decir, el 48 por ciento vive en la incertidumbre total y absoluta todos los meses de diciembre. Además, cabe recordar que la norma establece que no más del 20 por ciento de la dotación de un establecimiento puede estar a contrata. Al respecto, las cifras -reiteroson realmente alarmantes. Incluso, algunos establecimientos mantienen a más del 50 por ciento de su plantel a contrata. Eso no lo podemos aceptar y debemos corregirlo. Es más, se desprende del informe, que abarca cerca de trescientas comunas, que algunas de ellas muestran que el 60 por ciento de profesores figura a contrata. Eso es impresentable.

Por eso, concurrimos con mucho entusiasmo a patrocinar como coautores esta iniciativa, que va a entregar tranquilidad y erradicará la incertidumbre de muchos profesores a lo largo del país.

En el pasado, muchos de los autores del proyecto de ley que proponemos a la Sala fuimos autores de una iniciativa similar que trajo tranquilidad a muchos profesores que se ven impedidos, por ejemplo, de acceder a un crédito de consumo o a un crédito hipotecario, para hacer realidad el sueño de la casa propia, porque las instituciones financieras no les dan el crédito o, en otras palabras, no les hacen efectivo el préstamo por no tener un contrato indefinido.

Apoyo con mucho entusiasmo esta iniciativa con mi firma como coautor, junto a la de integrantes de la Comisión de Educación, porque de verdad es necesaria para dar tranquilidad y estabilidad a miles de profesores a lo largo del país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Mario Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, muchas gracias. De paso, saludo a nuestros distinguidos colegas.

Les pido su atención, para intentar explicar en breve tiempo los fundamentos y la importancia de solicitar la aprobación de este proyecto de ley.

Parto por resaltar algo que resulta inusual, pero que habla de la justicia de este proyecto: la coincidencia absoluta entre el señor Sergio Bobadilla y este modesto diputado, en materias donde, normalmente, tenemos discrepancias. Ello habla de la justicia de este proyecto de ley que planteamos.

Por su intermedio, señor Presidente, les recuerdo que esta Corporación aprobó en 2014 un proyecto que otorgó la titularidad a aquellos docentes que cumplían con el requisito de haber servido durante tres años continuos o cuatro discontinuos en calidad de contrata, y que, además, cumplieran el requisito de contar con la carga horaria establecida en la ley.

Aquello se aprobó porque, en la argumentación de ese momento, se planteó que el Estado, representado por los departamentos de administración de educación municipal (DAEM) o las corporaciones, estaba incumpliendo la ley que lo obligaba, desde 1999, a tener una proporción que no significara más de un veinte por ciento de docentes a contrata.

Dar cumplimiento a la ley significa que esos DAEM y corporaciones tenían que hacer los concursos respectivos para que los profesores y profesoras pudieran acceder a la titularidad, lo que les trae aparejados beneficios como los mencionados por el señor Sergio Bobadilla : estabilidad, tranquilidad, posibilidad de proyectarse, etcétera.

No obstante, han pasado apenas seis años -la ley N° 20.804 es de 2015y la realidad es que esta misma institucionalidad no ha cumplido el mandato legal. Como decía el señor Sergio Bobadilla , existe un 48 por ciento de docentes en condición de contrata. Algunos argumentaban que ello es inconveniente en un momento en que se verifica el traspaso a los servicios locales de educación pública. ¿Vamos a colocar el peso de la carga y de la responsabilidad en esta materia en los profesores por una responsabilidad que recae en las autoridades que administran el sistema? Me parece que es de toda justicia que no sea así.

Por lo anterior, este proyecto renueva la ley N° 19.648, para permitir, en los mismos términos, que aquellos profesores y profesoras que hayan servido durante tres años continuos en calidad de contrata, o cuatro discontinuos, adquieran la titularidad por el solo imperio de la ley. Recordemos que la norma legal o habitual -histórica es que uno accede a la titularidad de un cargo vía concurso público, pero ello no lo han hecho las autoridades responsables. Además, este proyecto incorporó otra variante, que tiene que ver con usar el mismo criterio para los colaboradores de la educación, que hoy llamamos genéricamente asistentes de la educación. Así, a todos aquellos asistentes de la educación que figuren en plantas docentes al 31 de julio se les otorgará la misma condición. Recuerden que el traspaso a los SLEP, de acuerdo con la ley, requiere que pasen todos los profesores y los asistentes de la educación sin solución de continuidad. Por eso, invitamos a votar favorablemente este proyecto de ley.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Cito a reunión de Comités a las 12:15 horas. Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, en 2012 o 2013 conocí la desesperación y angustia de miles de profesores del territorio que me corresponde representar, como consecuencia de la incertidumbre respecto de la continuidad de su labor, lo que los limitaba para conseguir créditos u otro tipo de compromisos.

Hay quienes piensan, desde una perspectiva neoliberal, que la incertidumbre hace trabajar mejor. Por mi parte, pienso que la seguridad hace trabajar mejor, la confianza hace trabajar mejor, la perspectiva de futuro hace trabajar mejor. Por eso, suscribí el proyecto y acompañé en su lucha al diputado que convirtió esto en una verdadera cruzada: el señor Rodrigo González .

Originalmente, el proyecto de ley fue considerado inadmisible, pero como no modifica condiciones salariales, imposiciones ni significa costo adicional, finalmente ganamos la batalla al presentarlo en 2013, sin perjuicio de que tuvimos que esperar a que cambiara el gobierno para que en 2015 se convirtiera en ley.

Hoy se intenta prorrogar, nuevamente, la vigencia de la ley N° 19.648, para beneficiar a miles de personas que llevan más de tres años contratados, pero en un régimen provisorio, lo que significa que esperan con incertidumbre que, a las alturas de diciembre, les sea notificado el fin de su relación laboral.

Lo que se plantea, adicionalmente, es, primero, terminar con la limitación de otorgar este beneficio solo a docentes de aula, para extenderlo al conjunto de profesores, y, segundo, extender el beneficio del paso de contrata a titularidad a los asistentes de la educación. Esas dos innovaciones -fundamentales, a mi juicio- mejoran el proyecto original, por lo que tiene mucho sentido su aprobación.

Ojalá el Congreso Nacional pueda dar una señal unánime de que privilegia la formalización, la estabilización, la perspectiva duradera en la relación de los profesores con sus alumnos y el compromiso permanente y proyectado hacia el futuro.

En consecuencia, votaré a favor este proyecto. Espero que así también lo haga el Comité Independientes en pleno y el conjunto de la Cámara de Diputadas y Diputados, como ocurrió en ocasiones previas, a pesar de la resistencia de este mismo Presidente en su primer mandato y del personal a cargo del ministerio. En esa oportunidad, se hizo a pesar de todo ello, en circunstancias de que la política ministerial debería tener esto como perspectiva fundamental.

Pero no se le piden peras al olmo ni tampoco se le pide a este gobierno que crea, con convicción, que la seguridad y la confianza son fundamentales, en particular para una profesión tan relevante como la de los docentes en Chile.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Saldívar .

El señor SALDÍVAR.-

Señor Presidente, ser docente es una tarea noble, con grandes satisfacciones, pero que está llena de obstáculos. No es una tarea fácil, menos hoy en tiempos de pandemia, en donde los docentes han debido incorporarse, por la fuerza del contexto, a utilizar plataformas digitales, las cuales eran desconocidas para la mayoría y más aún para los profesores mayores.

Pero, a pesar de estas dificultades, los docentes han perseverado, incluso cuando se les ha tratado de enlodar y se ha dicho que no quieren trabajar, pues han privilegiado la seguridad y la salud de los niños, niñas y adolescentes, y de las familias.

Con el trabajo online y las intentonas de volver a la normalidad, con niños, niñas y adolescentes en forma presencial en las salas de clases y otros desde sus casas, muchas veces sin supervisión, sin duda alguna, aumenta la carga laboral de los profesionales de la educación.

Hoy, con este proyecto de ley se busca establecer un mejoramiento para muchos decentes, pues entendemos que, mejorando su situación, no solo se favorece a la persona del docente, sino también al servicio que ellos prestan.

Para hoy, en la tarde, está citada una sesión especial en que se abordará una problemática que afecta al magisterio y que da cuenta de cómo el Estado de Chile no ha podido dar solución a demandas de larga data. Me refiero a la llamada “deuda histórica”, cuya solución es muy necesaria y de toda justicia. La deuda histórica no se acaba en ella misma, sino que pervive, toda vez que los mandatados a ejercer esta importante labor, cual es educar a los niños, niñas y adolescentes de la patria, se encuentran con condiciones laborales en donde aún persiste la precariedad y la inestabilidad, lo que, sin duda, afecta el desempeño, ya que aumenta el agobio y todo lo que conocemos respecto de ese problema.

Esto también tiene impacto en un gran porcentaje de profesores, según un informe reciente de la Biblioteca del Congreso Nacional expuesto en la Comisión de Educación, que determinó que más del 48 por ciento de los docentes que se desempeñan en el sector público son funcionarios a contrata, una realidad que debe ser cambiada. En eso concuerdo con el Colegio de Profesores, puesto que se debe terminar con los profesores a contrata.

Este proyecto indica que podrán acceder a la titularidad los asistentes de la educación parvularia, básica y media que, a julio del 2021, se encontraren en calidad de contratados y que se hayan desempeñado por más de tres años continuos o cuatro años discontinuos, por un mínimo de veinte horas cronológicas de trabajo semanal.

Además, indica que la ley no incluirá a los directores de los establecimientos educacionales que son designados mediante Alta Dirección Pública ni tampoco a los profesores que hayan sido incorporados a la dotación docente en cargos de confianza por aquellos directores.

Señor Presidente, respaldaré lo obrado en la Comisión de Educación, pues para los docentes resulta necesario contar con una mayor tranquilidad y seguridad laboral, pero claramente para muchos esto resulta ser una anomalía para un modelo de vida en que, a estas alturas, la precariedad e inestabilidad son hegemónicas. ¿Acaso no es eso lo que vemos todos los días en nuestro país: inestabilidad y precariedad?

En ese sentido, lograr dar un paso en el caso de los profesores y profesoras es importante, pero no soluciona los problemas que se arrastran desde hace muchos años y que debemos acometer si tenemos sinceridad en el reconocimiento al mundo docente.

Por lo expuesto, anuncio mi voto a favor de este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, creo que hoy tenemos que hacer un merecido reconocimiento a la labor que han realizado miles de profesores en estos tiempos de pandemia, en donde han tenido que diversificar la metodología y buscar la forma de llegar a los alumnos y a las familias.

Debemos entender que, con todas las dificultades, de igual forma y de la misma manera, quizá con formulas más creativas, miles de profesoras y profesores han entregado las enseñanzas en cada una de las asignaturas que les corresponde impartir a lo largo del país. Me refiero a las dificultades de conectividad, así como también a las dificultades que tienen en sus casas los niños y niñas.

Por eso, este proyecto de ley, iniciado en moción, nos parece de toda justicia. Este mismo tema lo tratamos en una sesión en 2014, cuando, como muy bien se recordó, el diputado Rodrigo González estuvo permanentemente desplegando su fuerza para que esto fuera aprobado en la Sala y, posteriormente, se convirtiera en una ley.

De la misma forma que lo plateó el diputado Mario Venegas , respecto de que en esa evaluación es tan importante qué ocurre con las leyes, cómo se adoptan, cuáles son las deficiencias y cómo al final tenemos o no cobertura para que las futuras leyes se hagan carne, solo quiero plantear que el 48 por ciento de los profesores tiene hoy titularidad y estabilidad laboral. Esta última es muy importante en los procesos educativos. Imaginen cambiar de profesor, de orientador o de psicólogo cada año.

Creo que en el proceso educativo, en las condiciones que hoy estamos viviendo, es absolutamente necesario. La estabilidad para cada trabajador y trabajadora en Chile es indispensable, pero en especial para los profesores, y hoy, en este proyecto, también para los asistentes de la educación.

Los diputados de la Federación Regionalista Verde Social vamos a votar favorablemente este proyecto, primero, porque creemos en la educación como el motor más importante de la transformación en los procesos sociales en el país, y, segundo, porque en las condiciones en que están hoy, sin duda, se necesita estabilidad laboral, dadas las complicaciones generadas por la pandemia y, además, porque los procesos educativos deben ser estables y tener grados de seguimiento que nos permitan evaluar y entender hacia dónde va el país en términos de la educación.

Por eso, votaremos favorablemente esta propuesta, la que, además, fue aprobada en forma unánime en la Comisión de Educación.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, parto mi intervención rindiendo un sentido homenaje a todos los profesores y profesoras que en esta pandemia han jugado un rol tremendamente relevante, especialmente los profesores rurales que han tenido que ir a entregar guías a domicilio a los niños y niñas, lo que no siempre ha sido un trabajo fácil. Además, quienes han trabajado desde sus hogares en forma telemática han tenido que ser profesores, padres y madres para poder sacar adelante esta ardua y muy relevante labor para el desarrollo de nuestro país.

De acuerdo con la norma, no puede haber más del 20 por ciento de los docentes a contrata. Sin embargo, a marzo de este año, 53.408 profesores son funcionarios a contrata; cerca del 48 por ciento de los docentes de nuestro país en el sector público viven en una situación de vulnerabilidad, puesto que están a contrata. Por eso, valoramos que este proyecto, que no va a resolver todos los problemas, pero que sí avanza, conceda, por única vez, la calidad de titulares de la dotación docente dependiente de un mismo municipio, corporación educacional municipal o servicio local de educación pública, a los profesionales de la educación parvularia, básica o media que al 31 de julio de 2021 se encontraren incorporados a ella en calidad de contratados y que se hayan desempeñado como decentes de aula en la misma durante, a lo menos, tres años continuos o cuatro años discontinuos, por un mínimo de veinte horas cronológicas de trabajo semanal. Adicionalmente, se concede la titularidad a los asistentes de la educación que se encontraren en las mismas condiciones.

La ley N° 19.648, de 1999, constituyó un avance en la consolidación de la estabilidad laboral de los docentes al conceder, por única vez, la calidad de titulares de la dotación docente dependiente de un mismo municipio a los profesionales de la educación parvularia, básica o media a la fecha de dicha ley.

Como requisitos se establece que estas personas deben estar incorporadas a sus instituciones en calidad de contratados y que se hayan desempeñado como tales en la misma durante, a lo menos, tres años continuos o cuatro años discontinuos, por un mínimo de veinte horas cronológicas de trabajo semanal.

En rigor, esta propuesta no es innovadora en la materia, sino que reitera lo ya establecido en la ley N° 20.804, de 2015, que renovó la vigencia de la ley N° 19.648 al conceder este reconocimiento de titulares de la dotación docente dependiente de un mismo municipio o corporación educacional municipal a los profesionales de la educación parvularia, básica o media que al 31 de julio de 2014 se encontraren incorporados a ella en calidad de contratados, en las mismas condiciones anteriores. No obstante, en esta renovación de la norma se incluye a los asistentes de la educación, lo cual es una innovación que valoramos enormemente.

Falta mucho por avanzar para reconocer la titularidad de todos los docentes. Estamos claramente incumpliendo la norma que establece que como máximo el 20 por ciento de la dotación debe ser a contrata, pues estamos llegando a cerca del 50 por ciento.

De manera que esta ley es absolutamente imperativa para avanzar y reconocer el valor de los docentes, sobre todo en estos tiempos tan difíciles en que han tenido que jugar un rol aún más relevante del que ya juegan en el sistema educacional chileno.

Vamos a aprobar esta iniciativa con mucha convicción, porque considero que los docentes se merecen este reconocimiento.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores García .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, creo que la incerteza y la incertidumbre son contextos que, de verdad, no permiten hacer un ejercicio normal y tranquilo de ninguna profesión. Las dudas sobre el futuro, sin duda, generan temor. La falta de carrera funcionaria y el constante riesgo de quedar sin empleo, de tener que cambiarse o de tener lagunas genera una complicación no solo a nivel familiar, sino, principalmente, a nivel personal de quien desarrolla un trabajo, especialmente cuando se trata del trabajo docente o educacional, en general, el cual consideramos absolutamente fundamental para nuestra sociedad y para las sociedades del futuro en cualquier lugar del planeta, particularmente en Chile, donde tenemos un desafío gigantesco en términos de cómo colocar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en todos los niveles educacionales en un contexto de desafío del futuro.

El proyecto que nos mueve en este momento busca otorgar la calidad de titulares de la dotación docente a los profesionales de la educación parvularia, básica o media que, al 31 de julio de este año, se encontraran incorporados en calidad de contratados y que se hayan desempeñado como docentes, dependiendo del mismo municipio, corporación educacional municipal o de un servicio local de educación, para aquellas regiones que lo han implementado.

También -esto hay que destacarloel proyecto busca conceder la titularidad del cargo a los y a las asistentes de la educación parvularia, básica o media, que también al 31 de julio de 2021 se encontraran incorporados en calidad de contratados como asistentes de la educación a lo menos por tres años continuos o cuatro discontinuos, por un mínimo de veinte horas cronológicas de trabajo semanal.

Este proyecto busca generar certezas, matar la incertidumbre con que una familia enfrenta el futuro cuando todos los años sabe que se le termina el contrato a final de año.

En el mundo de la educación no solo necesitamos la mejor calidad posible, sino, además, tener seguridades. Es lo que busca este proyecto, iniciado en moción, que hoy espero que aprobemos por unanimidad, para que en definitiva comience a hacerse justicia con nuestras profesoras, profesores y asistentes de la educación a lo largo de todo Chile.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva Carvajal .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, claramente, este es un proyecto que vamos a aprobar.

Siempre se dice que uno de los peores empleadores es el Estado. La precarización del empleo no viene solo por la informalidad, sino también, y muchas veces, por el hecho de que estos trabajadores, los profesionales de la educación y asistentes, no tienen -como señaló el diputado que me antecedió en el uso de la palabra la seguridad o la tranquilidad para desarrollar su labor. No son contratados excepcionalmente. Lo mismo pasa en el mundo público, particularmente en los municipios, donde los trabajadores a honorarios, que eventualmente son destinados a funciones transitorias, llevan años y años contratados. Lo mismo ocurre con esta figura de las contratas, que está limitada por lo que establece la propia norma en función de quienes desarrollan la planta municipal. Lo mismo sucede con los docentes de educación básica, media y también parvularia.

Por eso, este proyecto de ley otorga titularidad docente a aquellos profesionales que se hayan desempeñado por tres años continuos o cuatro años discontinuos, por veinte horas cronológicas semanales con el mismo empleador, para que tengan la certeza de que podrán seguir desarrollando su labor, no solo por ellos sino también por los niños, niñas y adolescentes a quienes educan, y para que tengan continuidad en la prestación de este servicio.

Además, el proyecto incorpora algo que es fundamental: como han hecho otras leyes, no solo se reconoce y se otorga titularidad a los profesionales de la educación, sino también a un estamento muchas veces subvalorado, pero que realiza un tremendo aporte a la función educativa y que forma parte de la comunidad y de la familia educacional de cada establecimiento dependiente de una corporación municipal, de un municipios o de un servicio local de educación, como son los asistentes de la educación.

Por eso, vamos a aprobar, de todas maneras, este proyecto, porque es de justicia que aquellos que se hayan desempeñado por el rango de tiempo señalado al servicio de la educación tengan la tan esperada, necesaria y justa titularidad docente.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-

Señor Presidente, este proyecto, aprobado por unanimidad y en forma transversal en la Comisión de Educación, respecto del que se logró un acuerdo muy importante, permitirá que varias decenas de miles de profesores puedan regularizar su situación en los establecimientos educacionales.

La ley mandata que en cada municipio pueda contratarse no más de 20 por ciento de profesores bajo la modalidad a contrata, pero estamos llegando a superar el 50 por ciento de profesores que hoy se encuentran contratados bajo esa modalidad en los establecimientos municipales del país, situación que vulnera la legalidad vigente.

Por lo tanto, es perentorio que el Congreso Nacional corrija esa situación, porque distorsiona la estabilidad del trabajo de los docentes, debido a que un profesor que cada año tiene que estar negociando o renegociando, y que no sabe si su contrato será prorrogado, trabaja intranquilo, no tiene estabilidad, no construye lazos y no desarrolla las labores que una verdadera comunidad escolar debiera cumplir en la atención debida, en la contención de los alumnos, en la formación. Lo mismo ocurre con los asistentes de la educación.

Lograr que los profesores que hoy no están regularizados puedan obtener su titularidad es un objetivo esencial, que ha sido demandado tanto por la multitud de profesores afectados como por el Colegio de Profesores, las organizaciones gremiales, las organizaciones de asistentes de la educación y, en general, por las comunidades escolares, porque todo lo que significa agobio e incertidumbre afecta, sin duda, la labor docente.

Si bien estamos felices de que a través de este proyecto se pueda lograr este objetivo, tal como lo hicimos hace algunos años, porque se trata de una situación que se repite desde hace tiempo, en el futuro habrá que adoptar las medidas necesarias para que los municipios no continúen con estas prácticas. Asimismo, cuando los profesores sean traspasados al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) o cuando se establezca cualquier otra modificación legal, no se deben sobrepasar los límites de profesores a contrata. Siempre debemos tener profesores titulares estables, que formen parte de comunidades escolares en las que participen con los actores educacionales.

Además, en este proyecto se agregó un punto clave: hay profesores que no están en aula, pero que ejercen labores docentes muy importantes al interior de los establecimientos educacionales. Ellos serán incluidos en esta ley en proyecto, al contrario de lo establecido en las leyes anteriores que aprobamos en este sentido, lo que permitirá beneficiar al conjunto del sistema educacional.

En consecuencia, esperamos que este proyecto sea aprobado por la unanimidad de las diputadas y los diputados presentes en la Sala y que sea tramitado con agilidad por el Senado, para que la situación de los profesores contratados a plazo por más de tres años quede regularizada en beneficio de la educación chilena.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, creo que esta es la tercera vez que presentamos este proyecto en esta Cámara, lo que tiene que ver con el hecho de que permanentemente el Estado, a través de los municipios, y hoy a través de los servicios locales de educación, que dependen directamente del ministerio, supera el 20 por ciento legal a contrata del mundo docente.

Todo el aparato público puede contratar hasta el 20 por ciento a contrata y hasta el 10 por ciento a honorarios, límite que es superado permanentemente por todos los municipios y por todas las divisiones del Estado. Además, es raro que el Estado incumpla permanentemente la ley y no le pase nunca nada.

Esa situación afecta directamente a los profesores y a todos quienes están contratados bajo esa modalidad, porque cuando a alguien que está diez años a contrata, o cinco años, o tres años, o el tiempo que sea, después le dan un aviso y se va sin ni uno, no hay indemnización. En ese sentido, no existe nada más incongruente e inconsecuente que el Estado exija eso a los privados, pero que no se lo exija a sí mismo.

Hay personas que llevan años trabajando en el sistema como docentes, función a la que han entregado su vida, a las que después el Estado les pega una patada y los desecha, como dice la canción de Sandro, “como un papel viejo”, “como se arroja, de costado, un papel viejo”. Esa es la actitud que tiene el Estado de Chile con sus profesores.

Hemos visto que durante la pandemia los profesores han debido invertir en conexión a internet, en equipos, para poder desarrollar sus funciones y cumplir con los procesos pedagógicos. El Estado no ha puesto un peso para ir en apoyo de los docentes; aun más, los ha tratado de flojos. Respecto de ellos se ha dicho que no quieren volver a clases, que no quieren trabajar. Son ellos los que han invertido, sea a titularidad o a contrata. Son ellos los que están invirtiendo en el proceso educativo, no el Estado. No obstante, el Estado les paga de esta manera: “como se arroja, de costado, un papel viejo”.

Esa situación es la que estamos tratando de subsanar con este proyecto de ley.

Espero que esta sea la última vez que tengamos que presentar esta iniciativa, porque siempre hemos tenido que ir en pos de subsanar aquello que el Estado está dañando y está vulnerando, que es la ley.

El Estado genera la ley. Nosotros somos los primeros que debemos cumplir con esa ley, y, sin embargo, el Estado es el primero que la incumple.

Espero que esto vaya en ayuda de aquellos que ya están en el sistema desde hace muchos años, sobre los cuales se vuelve a repetir la lógica de sobrepasar el límite del 20 por ciento, así como la lógica de que son muy pocos los titulares y son muchos los profesores desechables en este país, a través de este sistema a contrata.

Finalmente, quiero reiterar que espero que esto sirva y que sea la última vez que tengamos que recurrir a este mecanismo para que se respete la ley.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, las personas que deciden ser profesores eligen una vida en particular, eligen un camino, eligen una carrera, eligen una forma de enfrentar sus días, de lunes a domingo, porque su labor no termina el día viernes.

Las personas que eligen educar necesitan hacer carrera, necesitan saber qué va a pasar el próximo año; pero la precariedad y la incertidumbre que el Estado suele otorgarles a los funcionarios y funcionarias del Estado en general, con las contratas, con los honorarios, con los contratos a plazos breves, hace todo lo contrario, porque genera incertidumbre e impide que las familias se planifiquen. Los profesores y profesoras merecen que se les pague la deuda histórica y tener una vejez digna, que en su vida laboral puedan proyectarse. Este proyecto va en ese sentido.

Por lo tanto, espero que podamos aprobar este proyecto de manera unánime, porque va en el sentido de dar estabilidad a personas que eligieron un camino: educar.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, con el objeto de prohibir la venta de teléfonos y dispositivos móviles con obsolescencia programada, correspondiente al boletín N° 12226-03.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación es el señor Jorge Brito .

Antecedentes:

-Moción, sesión 98ª de la legislatura 366ª, en lunes 12 de noviembre de 2028.Documentos de la Cuenta N° 11.

-Informe de la Comisión de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, sesión 68ª de la presente legislatura, en martes 17 de agosto de 2021. Documentos de la Cuenta N° 12.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BRITO (de pie).-

Honorable Cámara, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que modifica la ley N° 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, con el objeto de prohibir la venta de teléfonos y dispositivos móviles -nosotros modificamos esa parte del título y la dejamos como “de aparatos eléctricos y electrónicos”con obsolescencia programada.

Este proyecto se inició en una moción de los diputados José Miguel Castro , Jenny Álvarez , Andrés Celis , Marcos Ilabaca , Fernando Meza , Paulina Núñez , Ximena Ossandón , Leopoldo Pérez , Ignacio Urrutia y quien informa.

El proyecto de ley no contiene normas de quorum especial y fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Los fundamentos y el contenido del proyecto tratan de definir qué se entenderá por obsolescencia programada y, al mismo tiempo, establecer la prohibición de la importación y comercialización de productos o artefactos eléctricos y electrónicos que tengan obsolescencia programada, y además la necesidad de entregar información respecto a la reparabilidad de los artículos eléctricos y electrónicos en las etiquetas de los productos que se comercializarán en nuestro país, junto con extender su garantía legal de tres a dieciocho meses.

Este proyecto de ley quedaba pendiente de debate, y como ya había sido expuesto el informe respectivo, venimos en concluir la entrega del presente informe.

Es todo cuanto puedo informar. He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Sus señorías, propongo lo siguiente.

Hay siete colegas inscritos en este proyecto, y si cada uno ocupa los cinco minutos que le corresponden, la iniciativa no se alcanzará a votar en esta sesión.

Si le parece a la Sala, el tiempo de las intervenciones se disminuirá a tres minutos y el proyecto se votará hoy.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

Tiene la palabra, vía telemática, el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN (vía telemática).-

Señor Presidente, con mi equipo estamos muy contentos de apoyar el día de hoy este proyecto transversal, encabezado por José Miguel Castro , a quien por esta iniciativa le deseo la reelección.

Este proyecto busca terminar con la obsolescencia programada de muchos artefactos. Los aparatos se echan a perder por un programa que pone arbitrariamente la empresa, obligando a la gente a comprar artefactos nuevos.

Precisamente con mi equipo habíamos presentado un proyecto de ley muy parecido, que contó con la firma de la diputada Camila Vallejo ; de los entonces diputados Bellolio , Mario Desbordes y el querido Renato Garín ; de la diputada Natalia Castillo y del diputado Jaime Mulet , lo que agradezco.

Sin embargo, en el actual proyecto se incorporó otro tipo de artefactos, no solo los teléfonos, y se incluyó algo muy importante: el etiquetado. Es decir, para cuando quieras comprar, a los equipos que se echarán a perder programadamente los reconocerás por esa etiqueta, que dirá: “obsolescencia programada”. No lo compres, pues te dejará botado; se echará a perder antes de tiempo.

Intentamos ingresar nuestro proyecto en la Comisión de Economía y en otras comisiones, pero no hubo mucho eco, quizás motivados por la delicada situación judicial que me ha tocado vivir.

Lo de reutilizar y reparar objetos me ha apasionado siempre, por la noble cultura de la reparación y del buen conocimiento.

Por todo esto es que votaremos afirmativamente este proyecto. Nos deja muy conformes y alegres, pues con él se amplía el espíritu y además se permite que todos ustedes conozcan el tema.

Si bien la obsolescencia programada se refiere a las cosas a las que arbitrariamente se les programó una fecha de término, reconocemos que producir objetos desechables es la esencia misma, total del capitalismo.

Hacernos creer que necesitamos algo más nuevo, un televisor de dos pulgadas más que el antiguo; hacernos creer que seremos más felices si compramos todo nuevo, lo cual, si lo piensas bien, no lo necesitas realmente: estas son las trampas del marketing que usan las empresas. Buscan obligarnos a consumir, porque de esa manera se mueve la economía y esclavizan a los pueblos a vivir eternamente endeudados, como aquí, en Chile. Pero ya lo he dicho: hay una cultura más noble, esa de reutilizar, reparar artefactos y también reparar relaciones humanas.

Los más ancianos recordaremos incluso cuando zurcíamos calcetines en una ampolleta quemada, que tampoco se botaba, pues ganaba una nueva vida como zurcidora de calcetines.

Seguro los más viejos recordaremos que antes se anunciaban cocinas que durarían toda la vida. Las cocinas Fensa te acompañaban un mínimo de veinte, treinta años; luego, la heredaba el hijo que se iba a vivir solo, y la seguía usando varios años más. ¿Se acuerdan? Saludos a Roberto Fantuzzi , por si acaso.

Si el refrigerador dejaba de funcionar era porque se le había ido el gas; se recargaba y quedaba como nuevo. Si le había fallado el termostato, por un par de lucas se cambiaba. Eso sucedía cuando Chile estaba más industrializado. Ahora no se hace ni siquiera un mísero clavo de cobre. ¿En qué momento comenzó esta locura de cambiar el auto tan seguido, de transformarlo precozmente en chatarra? ¡Ahora hay más autos nuevos que calles para circular!

Yo tengo un auto usado que tiene más de veinte años. Y lo voy a seguir usando mientras mi mecánico, el Topo, pueda arreglarlo -le decimos “Topo”, porque lo arregla todo-, un mecánico tuerca, conversador y busquilla. Así se reciclan también las relaciones humanas: conociendo al mecánico que te arregla el auto, a la modista que arregla tu ropa, ropa que ahora es superdesechable. Es necesario volver a esa noble cultura humana, porque es amable, cuidadosa con la vida, con este planeta atosigado de basura, de monstruoso endeudamiento.

Pero lo estamos haciendo: estamos desechando lo desechable. Se está terminando también con el neoliberalismo. Tenemos un solo planeta, y no resiste más esta locura.

Por eso, con mucha alegría invito a aprobar este proyecto sobre un tema que muchos de ustedes no conocían. La preciosa ley en proyecto alegrará a vuestros hijos, a muchos jóvenes que se quedaban rápidamente sin computador y sin impresora. Ellos sí saben de obsolescencia programada. ¡Sí!, aquellos niños que se suben al techo para lograr mejor wifi. Pero ustedes no conocían esta estafa legal.

¡Obsolescencia programada, ha llegado tu final! ¡Chao!

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado José Miguel Castro .

El señor CASTRO (don José Miguel).-

Señor Presidente, agradezco las palabras del diputado Alarcón , así como también su apoyo en este proyecto, al igual que al diputado Brito , quien lo ha empujado fuertemente. Mi agradecimiento va también a los diputados Jaime Tohá , Miguel Mellado y a todos aquellos que han participado de la elaboración del proyecto en la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Como lamentablemente no fue acogida la propuesta de disminuir a tres minutos las intervenciones, a fin de alcanzar a votar hoy el proyecto, he decidido no hacer uso de la palabra más allá de lo que acabo de señalar y les pido a mis colegas que están inscritos que disminuyan el tiempo destinado a sus discursos.

El objetivo es sacar adelante este proyecto de ley que busca acabar con la obsolescencia programada, con la muerte anticipada y programada de teléfonos celulares, televisores y muchos otros artefactos electrónicos.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, apenas el diputado José Miguel Castro me habló de la posibilidad de legislar respecto de la obsolescencia programada, nos motivamos y nos pusimos a trabajar al instante.

Por eso, agradezco a los integrantes de la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, a nuestro presidente , don Jaime Tohá ; a la abogada secretaria a cargo de esa comisión, la señora María Soledad Fredes ; al profesor de la Universidad de Chile señor Pablo Ruiz y al investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional señor Raimundo Roberts , por todas las jornadas de trabajo y la maravillosa voluntad que demostraron. Sesionábamos una vez a la semana, pero también nos reunimos en varias mesas de trabajo con representantes de distintas instituciones.

La obsolescencia programada es una práctica planificada que consiste en acortar intencionalmente la vida útil de un producto para que los consumidores tengan que comprar uno nuevo, y así se limita el período de uso solo para hacer crecer las ganancias de quienes los venden.

En esto existen, a lo menos, tres elementos comunes: primero, se genera una práctica planificada para reducir la vida útil de un aparato por una decisión unilateral y estratégica de los fabricantes; segundo, el producto se vuelve inútil y, tercero, la decisión de los consumidores de adquirir, sustituir y desechar un producto es forzada.

El 8 de abril de este año, el medio británico BBC Mundo titulaba: “Los chilenos que le ganaron a Apple y recibirán un pago de 3,4 millones de dólares”. Se trató de una demanda colectiva contra Apple que presentó una organización de consumidores de Chile, la que abrió el camino para otros países que buscan avanzar en esta materia.

De hecho, en Francia e Italia han regulado esta práctica a través de leyes. Francia ha establecido multas enormes, equivalentes a alrededor de 260 millones de pesos e, incluso, penas de cárcel. Italia, por su parte, ha cursado multas a Apple y a Samsung por hasta 10 millones de euros por lo mismo.

Ahora bien, no se trata solo de la vulneración de los derechos de las y los consumidores, sino que la obsolescencia programada, por medio de la baja vida útil de los artefactos eléctricos y electrónicos, mantiene un modelo de producción que no es sostenible y que pone en tensión la capacidad de sostener el actual sistema neoliberal en nuestro planeta.

La economía del despilfarro debe detenerse. La acumulación de residuos eléctricos y electrónicos que poseen metales como níquel, cadmio, litio e, incluso, plata y oro terminan en vertederos, en los que muchos de estos metales permean y contaminan la tierra y el agua por siglos.

El proyecto tiene por objeto prohibir la obsolescencia programada, para lo cual se establece una definición que está a la vanguardia de las legislaciones en el mundo. Extiende la garantía de tres a dieciocho meses para las y los consumidores y aumenta las sanciones frente a las prácticas de este tipo con el cobro de un porcentaje de sus ventas, replicando la legislación francesa en esta materia.

Además, en el proyecto se establece la obligación de los proveedores de determinar el índice de reparabilidad de ciertos productos, el que será incluido por el fabricante en los artefactos eléctricos y electrónicos que diseña, que será fiscalizado por el Sernac. Su objetivo es conocer la capacidad de reparabilidad o qué tan desechable es un aparato al momento de comprarlo.

Por lo anterior, encuentro lamentable y no entiendo cómo parlamentarios han ingresado indicaciones que van en sentido contrario al espíritu del proyecto de ley, lo cual obliga a que el proyecto vuelva a la comisión. Cuesta entender que diputados que se autodenominan defensores de Chile, como el colega Miguel Mellado , hayan ingresado una indicación en favor de las grandes trasnacionales de la tecnología para reducir la garantía legal de los productos y perjudicar a las y los consumidores chilenos. ¡Es un favor que el diputado Miguel Mellado le está haciendo a las trasnacionales de la tecnología!

Espero que su indicación no prospere en la comisión, y por eso llamo a aprobar este proyecto de ley, a votarlo el día de hoy, porque ya fue postergada su discusión y votación la semana pasada. Hay que continuar con el trámite del proyecto y darle sentido de urgencia, porque día a día se vulneran los derechos de las y los consumidores. Además, con esto se sostiene una economía del despilfarro, que pone en tensión la capacidad de poder satisfacer las necesidades básicas de nuestra población, pues se está dañando por siglos el medio ambiente con estos aparatos eléctricos y electrónicos que inundan los vertederos.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Tohá .

El señor TOHÁ.-

Señor Presidente, en la misma línea del diputado José Miguel Castro , trataré de reducir a dos o tres minutos mi intervención.

Si bien este proyecto primero tiene como objetivo la defensa de los derechos de los consumidores, uno de sus mayores beneficios dice relación con su connotación ambiental, pues la obsolescencia programada produce un daño increíble. Si se diseñaran productos que duren más tiempo, obviamente, su impacto ambiental disminuirá.

El problema más visible que provoca la obsolescencia programada al medio ambiente es la basura electrónica, pues aunque los desechos electrónicos solo representan el 2 por ciento de la basura sólida mundial, pueden significar hasta el 70 por ciento de los residuos peligrosos que acaban en los vertederos. Cuanto menos dura la vida útil de un producto, más unidades de este se desechan.

Según Naciones Unidas, generamos 50 millones de toneladas de residuos electrónicos al año, de los cuales solo se recicla adecuadamente el 20 por ciento, mientras que el 80 por ciento restante termina bajo tierra. Se trata de materiales tóxicos, que no son biodegradables, cuyo efecto dañino puede permanecer activo durante cientos de años. Según Naciones Unidas, el 70 por ciento de los residuos peligrosos terminan en vertederos. Además, se calcula que en el año 2040 las emisiones de carbono provenientes de la producción, uso y distribución de aparatos electrónicos representarán el 14 por ciento de las emisiones totales.

Por estas razones y por todo lo que han señalado quienes me han precedido en el uso de la palabra espero que el proyecto lo aprobemos por unanimidad.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN, doña Ximena (vía telemática).-

Señor Presidente, la obsolescencia programada es un concepto muy reciente, que consiste básicamente en acortar la vida útil de un producto intencionalmente, para que el consumidor tenga que comprar uno nuevo. En el fondo, como ya se ha dicho, limita su período de uso por razones propias del modelo económico. Lo grave es que hay una práctica planificada que vuelve inútil el producto y el consumidor se ve forzado a comprar uno nuevo.

Tal como dijo el diputado Brito , no solo el Comité Económico y Social Europeo ha decidido abordar el tema, sino que algunos países también lo han hecho, como Italia, donde se ha multado a grandes empresas, y Francia, que tiene una legislación que va en el mismo sentido. La obsolescencia programada afecta fuertemente a la telefonía celular, sobre todo a los smartphones, y Chile no puede quedar ajeno a esto. Nosotros somos el país que tiene más teléfonos inteligentes en la región. Todos hemos vivido la experiencia de que se va acortando

la programación, se ponen lentos y, finalmente, dejan de funcionar.

Creo que es de toda justicia que vayamos develando este tipo de situaciones. No puede ser que estemos desde hace tanto tiempo sujetos a esto; sabemos que al comprar un smartphone, independientemente de lo que cueste, no va a durar más de cierto tiempo.

Agradezco la invitación del diputado José Miguel Castro para ser partícipe de esta iniciativa. Espero que todos la apoyemos transversalmente. Este tema, como dijo el diputado Tohá , tiene profundas implicancias ecológicas, porque hay mucho desecho tóxico. Esto no solo afecta al medio ambiente, sino la libertad del consumidor, dado que hay intencionalidad de que las personas sigan comprando productos.

Por lo tanto, apoyo, agradezco y espero que, transversalmente, sigamos adelante con este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

¿Habría acuerdo para acceder a la petición de la diputada Claudia Mix ?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señor Presidente, la idea es aprobar este proyecto hoy. Para eso todos debemos poner voluntad.

Claramente, la obsolescencia programada es un detrimento a la capacidad que tiene cada uno de optar. Aquí, el fabricante deliberadamente diseña o programa un aparato electrónico para que este falle o se vuelva obsoleto, ya sea en el origen o, posteriormente, con la inclusión de aplicaciones. Pasa con los celulares, con las impresoras y con todo tipo de electrodomésticos.

Lo que hacen estos fabricantes es promover la obsolescencia programada para que el aparato falle en corto tiempo, lo que aumenta la tasa de reemplazo y la compra. Ello pasa con los celulares, que después de un tiempo se deben desechar, pues ni siquiera se pueden actualizar con los nuevos sistemas operativos.

Esta no es una norma inédita. La ley Hamon, en Francia, y las directivas de la Unión Europea, han hecho esfuerzos en este sentido, con la finalidad de que se produzca menos basura electrónica o desechos. Esto no solo es un perjuicio grave para los consumidores, sino que produce mucha basura electrónica.

Por eso, llamo a aprobar el proyecto, que apunta no solo a la defensa de los consumidores, sino también al necesario cuidado del medio ambiente.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Recabo nuevamente el acuerdo de la Sala para acceder a la petición efectuada por la diputada Claudia Mix .

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Tomás Hirsch .

El señor HIRSCH.-

Señor Presidente, el proyecto, examinado en la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, realmente importa un avance en la protección de los consumidores y en el cuidado del medio ambiente.

Quiero valorar y agradecer a todos los autores del proyecto, en particular a los diputados José Miguel Castro y Jorge Brito y a quienes integran la comisión, los que contribuyeron a que esta iniciativa avance en un país en que se habla mucho de ciencia, pero la misma no es una prioridad. Es cosa de ver que el porcentaje del PIB que se destina a la ciencia es el más bajo de la OCDE.

Es muy relevante que hayamos podido avanzar en un proyecto que, en definitiva, de ser aprobado por esta Cámara de Diputados y por el Congreso, nos pondría en una situación de avanzada, en términos de evitar la obsolescencia programada.

Respecto del título de esta iniciativa, primero se hablaba de prohibir la venta de teléfonos y dispositivos móviles. Sin embargo, a poco andar, se nos hizo evidente que esto va mucho mas allá de los teléfonos y de los dispositivos móviles y que la obsolescencia es algo que afecta, en general, a todos los productos electrónicos. Por lo tanto, tenemos que atender a una respuesta que efectivamente cubra a todos.

Existen tres elementos comunes: en primer lugar, la práctica planificada que reduce la vida útil del producto. En una época en que debemos cuidar las materias primas, el agua, el ambiente, evidentemente, reducir la vida útil intencionada y planificadamente de un producto, como consecuencia de una decisión unilateral de los fabricantes, produce un daño a toda la cadena que tiene que ver con el uso del producto. En segundo lugar, que un producto se vuelva inútil y obsoleto de un modo rápido, evidentemente, significa un costo adicional para quien adquiere ese producto, puesto que debe reemplazarlo en forma anticipada, lo que, evidentemente, redunda en una decisión forzada. Estamos hablando de productos que tienen una duración disminuida y aumentan los residuos, y los recursos que se utilizan para su manufactura provoca un aumento artificioso del consumo, puesto que hay que estar reemplazándolos de manera permanente, lo que genera patrones de conducta en los consumidores que no son los que se promueven y proponen hoy. En definitiva, se genera una alta desconfianza en los propios consumidores.

Por eso, creemos que este proyecto significa un aporte, puesto que nos pone en la vanguardia en términos de protección de los consumidores y en materia ambiental. Uno de los puntos importantes es que el proyecto considera lo que hemos llamado índice de reparabilidad, que debe figurar en forma visible en el envase del producto. Esto permite que la persona que lo va a adquirir pueda, efectivamente, evaluar si el producto le conviene en términos de duración. Será competencia del Servicio Nacional del Consumidor fiscalizar que ese índice sea fidedigno.

Creemos que con todas las indicaciones que se incorporaron gracias al aporte efectuado por distintos académicos, profesores y especialistas, y en el evento de aprobarse el proyecto -quisiéramos que la Sala lo sancionara en forma unánime-, Chile se pondría en una posición de avanzada en esta materia.

Por las razones expuestas, voy a aprobar este proyecto. Hago un llamado a todos los diputados y diputadas presentes en la Sala a que también lo aprueben.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

¿Por qué no dejamos que los diputados sigan interviniendo y luego concurrimos a reunión de Comités? De todos modos regresaríamos a las 13:20 horas. Si continuamos la discusión, quizá podamos finalizarla, ya que solo restan cuatro diputados inscritos para hacer uso de la palabra. Mientras más tiempo perdemos en este debate, menos tiempo tenemos para concluir la discusión.

¿Les parece que continuemos la discusión y luego concurrimos a reunión de Comités, sin suspender la sesión?

Muy bien.

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, este proyecto, que surge de una moción parlamentaria, busca prohibir la venta de ciertos productos eléctricos y electrónicos con obsolescencia programada, creando un indicador de reparabilidad y etiquetado en el mismo lugar donde se vende el producto. Lo que definitivamente se busca es proteger al consumidor del abuso, porque cuando las personas compran un producto esperan que el mismo dure una buena temporada. Sin embargo, esas mismas personas se están dando cuenta de que cuando compran una lavadora, un refrigerador o un microondas, resulta que es mucho más caro repararlo cuando este se rompe o, sencillamente, no encuentran los repuestos o se trata de partes integradas que no es posible separar. Por lo tanto, el técnico dice: “Este electrodoméstico viene programado para dos o tres años, y después hay que tirarlo a la basura”, lo que genera todo tipo de residuos difíciles de procesar.

Así las cosas, este proyecto modifica la ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de prohibir la venta de objetos con obsolescencia programada, o sea, como hemos dicho, de aquellos artículos que compramos y que después de un tiempo de uso hay que botarlos, porque no se pueden reparar.

En este caso se busca que la gente tenga información clara y oportuna a su disposición, que sepa que está comprando un artículo que no va a poder reparar y que le va a durar un poquito versus otro artículo que tiene repuestos, que se puede reparar y que el costo de su reparación no es superior al costo de comprar el artículo nuevo.

Ha habido demasiado abuso en esta materia. Por consiguiente, es oportuno, necesario y urgente parar ese abuso de los comerciantes que importan productos con obsolescencia programada. La gente necesita que le informen sobre la posibilidad de reparación de los productos. Ese debe ser un derecho del consumidor.

El proyecto busca prohibir la obsolescencia programada. Por lo tanto, los proveedores no podrán producir, fabricar, importar, distribuir y comercializar aquellos aparatos electrónicos o eléctricos cuya funcionalidad se vea comprometida significativamente producto de una planificación para terminar con su vida útil.

La sanción establecida en el proyecto parecer ser razonable para que esos inescrupulosos dejen de comercializar productos con vida útil limitada.

Además, se otorga una capacidad fiscalizadora distinta al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), para que efectivamente busque la documentación necesaria que asegure que el producto se puede desmontar y reparar, y que el equilibrio entre su precio y su repuesto es razonable.

Asimismo, se establece que debe haber un reglamento del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para establecer los requisitos y las formalidades del etiquetado, con el objeto de que la gente pueda leer con facilidad que el producto que está comprando es reparable o desechable.

Por último, actualmente, si un equipo falla porque es de mala calidad, y le dicen que no tiene reparación, para todo lo que tenga que ver con la reposición del producto, con el hecho de optar a una bonificación o devolución del dinero pagado en exceso o con la reparación gratuita del bien, la ley da un plazo de tres meses; si se pasa el plazo de tres meses, ¿quién pierde, como en tantas otras cosas? El consumidor. Este proyecto amplía esa garantía a dieciocho meses.

Por esa razón, hay que aprobar este proyecto, ojalá por unanimidad, con el objeto de parar este tipo de abusos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, nuestros padres y abuelos siempre estuvieron acostumbrados a tener uno o dos refrigeradores a lo largo de toda su vida, y lo mismo en el caso de los televisores.

Por el contrario, hoy muchos electrodomésticos y aparatos se descomponen al poco tiempo, y cuando ello ocurre, recién nos enteramos de que no admiten reparación y que prácticamente son desechables. Las personas se ven obligadas a renovarlos y a invertir periódicamente en nuevos artefactos, con un costo cada vez más alto para todas las familias.

¿Eso es casualidad o un modelo de negocio correcto por el cual se coluden los fabricantes? Claramente es un modelo de producción que ha sido impuesto por las grandes transnacionales sin preguntarle a nadie, en medio de una desregulación.

En la actual sociedad neoliberal, globalización mediante, parece bastante claro que en todo el planeta existe un modelo de producción y crecimiento económico que se sustenta en el fomento de un imparable consumo que está permanentemente demandando una sobreproducción de bienes en todas las fábricas del mundo. Hoy queremos restringir esa situación a través de este proyecto de ley, limitando la venta y comercialización de toda clase de aparatos electrónicos y eléctricos cuya funcionalidad haya sido alterada arbitrariamente en el sentido de que en su diseño o construcción se busque acelerar el fin de la vida útil anticipadamente, lo que conlleva a la sustitución por productos más recientes.

Este proyecto obliga a informar sobre la obsolescencia programada, la vida útil del producto, y a incentivar la reparación mediante etiquetas en cada uno de los productos telefónicos o electrónicos que así lo indiquen.

Estas son malas prácticas que vienen de modelos de negocios de otras latitudes, de industrias como Apple o Samsung, cuyos productos son engañosamente programados para fallar. Existe una corrupción tácita con esos productos, que inexplicablemente se tolera en todo el planeta.

Creemos que es bueno que se reponga el derecho a reparar los productos y aparatos, que vuelvan los oficios de personas que se hacían cargo de su reparación, que se entienda que esto no es solo un problema de consumo, sino un problema medioambiental, de límites a los poderes económicos y de una libre competencia sostenible en medio de un cambio climático que amenaza devastar el planeta.

La obsolescencia programada es lo que enriquece a las transnacionales. Los vecinos y vecinas de las provincias de Melipilla, de Talagante y de Maipo la conocen muy bien a través de sus vertederos y rellenos sanitarios, donde esos productos son abandonados. Toneladas de basura electrónica y tecnológica, con residuos tóxicos y componentes peligrosos, son abandonadas sin reciclar y van a dañar a las personas y al medio ambiente por siglos.

Lamento que el gobierno haya tenido un silencio absoluto en este proyecto. La Subsecretaría de Telecomunicaciones nada dijo al respecto, tampoco el Sernac, que defiende a los consumidores. Lamentablemente, ello solo confirma los intereses que defienden.

Estoy de acuerdo en que aún nos queda mucho por avanzar en esta materia, pero este es un gran primer paso, el cual han dado países como Francia y Ecuador, y también el Parlamento Europeo, con cambios legislativos y con el avance de lo que se ha denominado electrónica circular. Eso significa tomar medidas reguladoras en el sector de la electrónica, para que sus productos estén diseñados con criterio de eficiencia energética, durabilidad y reparabilidad, además de ser actualizables, con mantenimiento, reutilización y reciclado.

Nosotros también tenemos que imponer estas medidas. Aprobar este proyecto es votar contra los abusos y la corrupción de las transnacionales tecnológicas que imponen sus intereses económicos por sobre la vida de millones de personas, sin regulaciones y sin límites, salvo los que se pretenden imponer ahora con esta iniciativa.

A su vez, es votar a favor de la gente, que también tiene derecho a disfrutar de una larga vida de sus bienes y aparatos durables, que han comprado con esfuerzo para mejorar su vida y la de sus familias, y romper este ciclo perverso de consumo, despilfarro, sobreproducción, endeudamiento y daño ambiental, que tanto perjuicio nos ha causado a todos los chilenos y chilenas. Es nuestro deber enfrentar esta situación mediante este proyecto de ley, que prohíbe la venta de teléfonos y otros dispositivos móviles con obsolescencia programada.

Vamos a votar a favor esta iniciativa.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, mientras fui miembro de la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, participé en la discusión de este proyecto de ley, que me parece muy bueno, el cual modifica la ley N° 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, con el objeto de prohibir la venta de teléfonos y dispositivos móviles con obsolescencia programada.

Me parece bien la prohibición de obsolescencia programada, en virtud de la cual los proveedores no podrán producir, fabricar, importar, distribuir o comercializar aparatos electrónicos cuya funcionalidad se vea comprometida significativamente por causa de una planificación o programación deliberada, sea que provenga desde su diseño o por medio de actualizaciones posteriores.

Asimismo, la iniciativa establece un índice de reparabilidad, competencias del Sernac, etcétera.

Me voy a referir específicamente a un tema en que se produce una colisión de leyes.

Nosotros acabamos de aprobar la ley de protección al consumidor y una serie de leyes importantes en esta materia. En esa ley proconsumidor se aumentó de tres a seis meses la garantía de todos los productos que se puedan comprar en el país.

Por su parte, en este proyecto de ley específico sobre obsolescencia programada se incorporó un artículo que amplió de tres a dieciocho meses la garantía legal.

¿Qué puede pasar aquí? Que muchos productos tecnológicos queden obsoletos antes de los dos años por efecto del cambio tecnológico. Por consiguiente, muchos productos importados -por eso hablé de importacióncuya garantía de fabricación es menor a dieciocho meses -seis meses es lo usual en el extranjerono podrán ser vendidos en Chile, porque el importador no lo podrá asumir. Por lo tanto, disminuye la oferta para los consumidores, y los productos que queden obviamente van a ser más caros.

Por ello, presenté una indicación, a propósito de lo anterior, para que no colisionen las leyes: una que ya está aprobada, proconsumidor, que aumenta de tres a seis meses la garantía de todos los productos que se vendan en el país, y este proyecto de ley, que busca exclusivamente prohibir la venta de teléfonos y dispositivos móviles con obsolescencia programada, pero que se toma la libertad de ampliar de tres a dieciocho meses la garantía legal para todos los productos. En consecuencia, cuando se llegue a un proceso legal, ¿qué ley se va a invocar? ¿La que establece dieciocho meses de garantía? ¿La que se aprobó primero? ¿Cuál manda?

Por eso, pido que la indicación que presenté sea votada favorablemente, para arreglar esa colisión de leyes que podría producirse después de ser aprobado este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET.-

Señor Presidente, creo que esta moción va por el camino correcto, y no quise, en estos pocos minutos que quedan, dejar de hablar. La prohibición de la obsolescencia programada va por el camino correcto.

Sin lugar a dudas, la obsolescencia programada es el epítome de la sociedad de consumo, del consumo ilimitado, del consumo sin sentido, de ese consumo que genera uno de los problemas principales, como es el del calentamiento global, que nos tiene en una situación tremendamente compleja, como nos dimos cuenta nuevamente, hace algunas semanas, a propósito del informe de expertos intergubernamentales de Naciones Unidas sobre cambio climático. Dado que va por el camino correcto, creo que hay que aprobar este proyecto de ley que prohíbe ese tipo de obsolescencia programada.

Los regionalistas vamos a aprobar con entusiasmo este proyecto, porque incorpora elementos de economía circular; es un cambio de switch importante, interesante en un mercado en el que se han visto afectados millones de consumidores en todo el mundo y cientos de miles en nuestro país.

De manera que no a la obsolescencia programada.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Se ha reclamado la declaración de inadmisibilidad formulada por el Presidente de la Corporación respecto de la moción de los diputados Silber , Jiménez , Labra y Saavedra , que declara feriado irrenunciable el día 17 de septiembre en los casos que indica.

Para sostener la admisibilidad de la moción, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Gabriel Ascencio .

El señor ASCENCIO.-

Señor Presidente, hemos pedido discutir la inadmisibilidad formulada respecto de este proyecto, toda vez que, a juicio nuestro, no existe una causal legal en la Constitución que permita fundar la decisión del señor Presidente de declarar inadmisible el proyecto de los diputados Silber , Jiménez , Labra y Saavedra , que declara feriado irrenunciable el día 17 de septiembre en los casos que indica.

Las normas de iniciativa exclusiva son expresas y no pueden ser interpretadas, menos cercenando nosotros mismos nuestras propias facultades; me refiero a las del Congreso Nacional.

Nos encontramos discutiendo la admisibilidad de un proyecto de ley que simplemente modifica una ley vigente para dar características a un festivo ya existente, que fue declarado en 2016. Me refiero a la ley N° 20.983, que declaró feriados los días 17 de septiembre y 2 de enero, en determinados casos, y cuyo origen no fue sino una moción de esta Cámara de Diputados.

Incluso, si revisamos la historia de otra ley, la N° 19.973, que estableció, por primera vez, como día feriado un 17 de septiembre, en 2004, nos volveremos a encontrar con un proyecto originado en moción.

Sin embargo, a pesar del contenido de esta iniciativa, que simplemente modifica un festivo ya existente, comenzamos a debatir si es o no admisible, en circunstancias de que no ha existido modificación constitucional que pudiera sostener una limitación a nuestras facultades en el Congreso Nacional.

No nos olvidemos de la reciente ley aprobada por el Congreso Nacional en 2021, es decir, una ley aprobada por nosotros, cuyo origen es una moción presentada por senadores y senadoras, la ley N° 21.341, dictada con ocasión de las últimas elecciones municipales de constituyentes y gobernadores, que permitió declarar feriado obligatorio e irrenunciable los días 15 y 16 de mayo para todos los trabajadores dependientes del comercio, con excepción de los dependientes de expendios de combustibles, farmacias de urgencia y farmacias de turno fijados por la autoridad sanitaria.

Por ello, no nos explicamos esta declaración de inadmisibilidad. No hemos cambiado de criterio, señor Presidente. ¿Por qué unos proyectos sí y otros proyectos no? ¿En qué fundamos una decisión de ese tipo?

No podemos considerar que este proyecto generará un gasto fiscal, porque esa es una consecuencia indirecta o eventual. Ha sido el propio Tribunal Constitucional el que ha resuelto que solo pueden entenderse de iniciativa exclusiva los proyectos cuyos efectos recaen directamente en las causales constitucionales expresamente consagradas, lo que sí limita nuestras facultades legislativas, y no aquellos efectos indirectos o eventuales que no inciden directamente en materias destinadas a aumentar el gasto público.

El descanso de los trabajadores, esa valiosa oportunidad de que puedan celebrar Fiestas Patrias con sus familiares y personas cercanas, no dice relación con un gasto fiscal directo, sino con normas propias de un derecho laboral.

Por lo tanto, invito a los señores parlamentarios a sumarse a esta iniciativa, declarando su admisibilidad, de modo de fortalecer el descanso legal recogido en nuestra legislación vigente y de forma excepcional, y colaborar con las micro-, pequeñas y medianas empresas, que, obviamente, como todos saben, han tenido que enfrentar la crisis derivada de la pandemia, pudiendo, en forma excepcional, continuar con su labor.

Señor Presidente, creo que hay antecedentes que reflejan claramente que hoy no se puede cambiar de opinión, porque el Congreso Nacional ha tenido una sola conducta sobre esta materia. Por eso, entendemos que este proyecto es absolutamente admisible y así solicito a la Sala que lo vote.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada Pamela Jiles .

La señora JILES (doña Pamela).-

Señor Presidente, el patriarcado es un juez que te juzga por nacer. Es el colmo que, a estas alturas, cualquiera instancia de esta Cámara de diputades no contemple mujeres.

Va creciendo el número de parlamentarios que no votan a favor instancias de este Congreso que no contemplen mujeres, pero quiero hacer un llamado reglamentario en relación con los parlamentarios que se duchan y que chapotean en feminismo para que lo hagan carne cuando votamos este tipo de situaciones en que solo hay parlamentarios.

Especialmente, hago un llamado a los parlamentarios que chapotean en feminismo verbal a que lo hagan efectivo y que no vuelvan a votar a favor la integración de una comisión o cualquiera otra instancia en que no haya siquiera una parlamentaria.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, desde hace un tiempo que algunas venimos haciendo este punto, y creo que no es un problema de los partidos. Es decir, evidentemente, es cierto que las bancadas son responsables de enviar siempre o generalmente hombres para integrar las comisiones mixtas, pero también hay responsabilidad de la Corporación en general.

Señor Presidente, creo que usted debería advertir antes de votar que se trata de una comisión mixta exclusivamente integrada por hombres. ¡Basta que el club de Toby tome decisiones!

Es importante que las mujeres estén presentes, no para que vayan a decorar, sino porque es muy relevante la posición de las mujeres, independientemente de las bancadas.

Además, quiero decir a los jefes de bancadas que proponer solo hombres es una actitud reiterada.

He dicho.

Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, concuerdo con lo que han planteado las colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, pero, además, quiero solicitar que, más allá de que la Mesa responsabilice solo a las bancadas, tome la decisión de que, cada vez que se integre una comisión solo con hombres, se incorpore a una compañera, a una diputada, a una mujer.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Señorita diputada, me va a perdonar, pero el procedimiento es parte del Reglamento.

Además, usted es jefa de su Comité, de modo que podría proponer incorporar a una diputada cada vez que se integra una comisión mixta.

Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, como la UDI es un partido que, más que hablar, actúa, proponemos cambiar al diputado Sergio Gahona por la diputada Nora Cuevas , a fin de que se incluya a una mujer en la Comisión Mixta que se acaba de integrar. Así quienes chapotean en feminismo debieran actuar en concordancia con sus convicciones y no quedarse simplemente en el lenguaje.

(Aplausos)

Por lo tanto, solicitamos poner en votación el nombre de Nora Cuevas en reemplazo de Sergio Gahona.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Señor diputado, así se hará.

Por lo tanto, la diputada Nora Cuevas pasará a integrar la Comisión Mixta en reemplazo del diputado Sergio Gahona .