Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica diversos cuerpos normativos con el objetivo de perfeccionar la regulación relativa a la contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios, correspondiente al boletín N° 14032-06.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputada informante del segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización es la señora Joanna Pérez .

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización , sesión 69ª de la presente legislatura, en martes 18 de agosto de 2021. Documentos de la Cuenta N° 5.

-El primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización se rindió en la sesión 53ª de la presente legislatura, en jueves 1 de julio de 2021, ocasión en que también se rindió el informe de la Comisión de Hacienda.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora PÉREZ, doña Joanna (de pie).-

Honorable Cámara, la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización me ha encomendado informar el proyecto de ley de la referencia, que cumple su segundo trámite reglamentario.

Artículos modificados en el segundo trámite

Artículo 1

En el primer informe expedido por esta comisión, se aprobó, en virtud del numeral 1) del artículo 1 del proyecto, la incorporación de un artículo 8 quater en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que, en síntesis, establece que los municipios podrán celebrar convenios con la Tesorería General de la República para que esta efectúe el pago a proveedores de servicios concesionados directamente, con cargo a la recaudación de impuesto territorial de beneficio municipal correspondiente a la respectiva comuna, y, en caso de ser insuficiente, con cargo a la participación mensual correspondiente del Fondo Común Municipal (FCM) de la respectiva comuna.

Agrega, en el inciso segundo, que en el caso de municipalidades que no hayan suscrito los convenios señalados en el inciso primero, los proveedores de los servicios concesionados podrán solicitar el pago de las facturas emitidas y no objetadas por parte del municipio, y que se encuentren impagas por un plazo mayor a 30 días, contado desde su aceptación, a la Tesorería General de la República, organismo que deberá comunicar por oficio al municipio la solicitud de pago recibida con el objeto de que este pueda suscribir el convenio dentro de los 30 días corridos desde la recepción del oficio.

El inciso segundo del artículo 8 quater recibió una indicación parlamentaria, de carácter formal, y fue aprobada por unanimidad.

El debate en el segundo trámite reglamentario se centró en una indicación parlamentaria que proponía incorporar el siguiente artículo transitorio en el proyecto:

“Artículo transitorio.- El Estado deberá velar por que se extienda y aplique en igualdad de condiciones, dentro del más breve plazo, el bono que anualmente se entrega a todos los trabajadores que se desempeñen como choferes, peonetas y/o barredores de calles, que realizan el servicio de recolección y/o transporte de residuos sólidos domiciliarios y/o servicio de barrido de calles a través de servicios externalizados, promoviendo que este beneficio sea aplicable también a los trabajadores que realizan la misma labor pero que dependen directamente del municipio respectivo.”.

La indicación fue rechazada por simple mayoría (3 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones), y al respecto se dieron los siguientes argumentos:

La subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora María Paz Troncoso , manifestó que con la indicación se estaría generando una condición que amplía la brecha entre los trabajadores de las empresas concesionarias y los funcionarios municipales, que fue precisamente lo que motivó la generación de las compensaciones o bonos que ha venido siendo reconocido en las distintas leyes de presupuestos.

Por su parte, los representantes de Fenasinaj (Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Empresas e Interempresas de Servicios, Aseo, Jardines, Ornatos y Rellenos Sanitarios de Chile) sostuvieron que los trabajadores del sector privado ganan la mitad de lo que ganan los trabajadores municipales. Si se mejoran las condiciones a estos últimos, con cargo a los municipios y a través de sus propias agrupaciones, ello es totalmente valorable. Pero no parece justo que pretendan acceder a un beneficio obtenido por los trabajadores del sector privado desde el 2013, el que se consiguió precisamente con el objetivo de ajustar en parte las disímiles condiciones existentes entre ambos tipos de trabajadores.

A su vez, algunos integrantes de la comisión hicieron hincapié en que la indicación en comento se refiere a todos los trabajadores municipales, y no solo a los que están contratados bajo modalidad a honorarios. Por otra parte, el proyecto de ley está orientado precisamente a resolver la brecha que existe en términos salariales entre los trabajadores del sector privado y los funcionarios municipales. En ese entendido, la indicación no se condice con el propósito del proyecto, pues sigue aumentando la brecha, en vez de disminuirla.

Según lo expuesto, la Comisión de Gobierno Interior recomienda a la Sala aprobar el proyecto en comento, que en el segundo trámite reglamentario solo fue objeto de una enmienda de tipo formal.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, creo que todos los diputados presentes coincidimos en el sentido de expresar nuestro sincero reconocimiento a los trabajadores que recolectan los residuos sólidos domiciliarios, para quienes la pandemia no ha existido, porque han debido trabajar incansablemente todos los días para prestar el servicio que los ciudadanos requieren en cada una de las comunas. Por eso, es justo que mis primeras palabras sean para expresar mi sincero reconocimiento hacia quienes desarrollan esta noble labor en beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro querido país.

Vaya mi sincero reconocimiento para los recolectores de residuos sólidos domiciliarios, y lo hago en nombre de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, porque me han solicitado expresamente que haga este reconocimiento por la importante labor que desarrollan en beneficio de todas y cada una de las comunas de nuestro país. Especialmente me lo ha solicitado el diputado Celso Morales , quien integra la comisión que tramitó este proyecto.

En segundo término, quiero decir que es justo que en las bases de licitación se incorporen mejoras en las condiciones de trabajo de estas personas, así como también el aspecto remuneracional, porque esto no puede quedar al arbitrio del alcalde de turno. Debemos dar certezas respecto de las condiciones de trabajo y de las remuneraciones de estos trabajadores.

También creo necesario destacar que, a través de esta iniciativa, se pretende terminar con algo que muchas veces no se dice, pero que en la práctica existe: los trabajadores llamados de segunda categoría. Hay que corregir eso.

Sin duda, esta iniciativa apunta en la dirección de reconocer el tremendo aporte que hacen esos trabajadores, a través de mejoras en sus condiciones de trabajo y de remuneraciones.

Por eso, la bancada del Partido Unión Demócrata Independiente votará favorablemente la iniciativa.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, por vía telemática, el diputado señor Raúl Saldívar .

El señor SALDÍVAR (vía telemática).-

Señor Presidente, este proyecto debió ser corregido en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización , porque era necesario enfatizar el tema relacionado con las mejores condiciones de los trabajadores que retiran residuos domiciliarios y daba pie a la vulneración de la autonomía de las municipalidades, otro asunto que es preciso corregir. En su origen, la iniciativa daba en el corazón de la autonomía municipal. Esa es la razón principal por la que en un comienzo hubo algunas aprensiones en la comisión técnica respecto del proyecto, las que en su oportunidad manifesté.

Según lo señalado por el Ejecutivo, existe una deuda de los municipios de casi 50.000 millones de pesos. La mitad de ese monto corresponde a la Región Metropolitana, una realidad que intenta ser abordada en este proyecto de ley; sin embargo, no se logra dar con el origen del problema, pues el solo hecho de establecer convenios de pago o de servicio concesionado no soluciona el problema de déficit existente.

Considero que, dada la importancia del servicio de retiro de residuos domiciliarios, este debe tener una regulación exhaustiva, poniendo atención en quiénes lo realizan, pues a pesar de que las concesiones resultan en millonarios contratos, quienes ejecutan las labores de retiro, como los peonetas y choferes, tienen remuneraciones muy bajas. A esto se agregan cuantiosísimas deudas municipales que, como dijo el representante de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Empresas e Interempresas de Servicios, Aseo, Jardines, Ornatos y Rellenos Sanitarios de Chile, se arrastran por años.

¿Cuánto cuesta brindar un servicio de retiros sólidos domiciliarios de calidad? Esta pregunta, que no se respondió en la comisión, resulta muy importante, pues en materia de residuos sólidos no opera el libre mercado; las personas no son libres de decidir qué empresa retira sus residuos. En ese sentido, debemos velar para que este servicio, que se paga con recursos públicos, sea bien realizado y, a la vez, se respete a los trabajadores que lo ejecutan, brindando condiciones óptimas para desempeñar este servicio.

Por lo tanto, si bien este proyecto se ocupará de resolver algunos aspectos, existen otros que son estructurales, y hay que velar por que se resuelvan prontamente. También es cierto que debe haber una dignificación de los trabajadores que se desempeñan en este ámbito tan complejo y difícil, por lo que no puedo dejar de compartir el homenaje que se les ha entregado. Sin embargo, tampoco puedo dejar de señalar que en los municipios hay trabajadores que, siendo funcionarios municipales, prestan ese servicio. Por ello, sería importante homologar las condiciones de ambos, a fin de que no existan distintas calidades entre estos trabajadores y se puedan reivindicar con la importancia…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, este proyecto de ley, que en esencia faculta a las municipalidades a suscribir convenios con la Tesorería General de la República, ha sido iniciado en mensaje y originado en conversaciones sostenidas durante la primera administración del Presidente Piñera con organizaciones representativas de los trabajadores recolectores de residuos domiciliarios, como consecuencia de una paralización en protesta por sus precarias condiciones laborales y salariales. Esta iniciativa contiene normas de quorum orgánico constitucional.

Las precarias condiciones laborales de los recolectores de basura nos han interpelado a mejorar sus condiciones por la notable y valiosa labor que realizan cada día.

La situación de este sector fue resuelta mediante una glosa adicional en la ley de presupuestos y la posterior promulgación de la ley N° 20.744, que facultó excepcionalmente a las municipalidades a transferir recursos a las empresas de recolección de residuos domiciliarios. A pesar de la transitoriedad de la norma, en la práctica, desde 2014, se entrega a las municipalidades los recursos para que los transfieran a las empresas.

En el segundo informe de la comisión se da cuenta de que se aprobó una indicación de carácter formal y se rechazó una indicación que buscaba equiparar el acceso al bono que se paga anualmente a todo el personal de aseo, sea de dependencia municipal o empleado por empresas externas.

En esencia, se faculta a las municipalidades a suscribir convenios con la Tesorería General de la República para que pague directamente a las empresas proveedoras de servicios con cargo a las contribuciones y, si es necesario, a las cuotas del Fondo Común Municipal (FCM) que les correspondan a los municipios.

Además, se señala que las licitaciones deberán ponderar en un 50 por ciento el factor económico y en 25 por ciento el mejoramiento de las condiciones laborales y salariales, lo que da seguridad a los trabajadores de que, a pesar de las condiciones de las empresas, siempre van a contar con los recursos para cumplir con sus compromisos laborales respecto de un gremio que realmente merece todo nuestro respeto por el enorme aporte que hace a las distintas comunas de nuestro país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea).-

Señor Presidente, la realidad laboral de los trabajadores recolectores de residuos domiciliarios se comenzó a visibilizar recién en 2013 con un paro nacional. En ese entonces, hubo un dirigente, el señor Armando Soto , que dio cuenta de las extensas jornadas de trabajo, que podían superar, incluso, las doce horas diarias; de sueldos cercanos a 200.000 pesos, y de múltiples accidentes y enfermedades a las que estaban expuestos a diario, como lumbago crónico, tifus, cortes con vidrios y latas, mordidas de perros, lesiones en articulaciones, esguinces de tobillos y caídas. Desde entonces, ha habido distintas mesas de trabajo, leyes y algunos reconocimientos, pero la situación laboral continúa siendo precaria y los riesgos, altos.

Además, el progresivo proceso de privatización de los servicios de recolección, que se intensificó en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, significó un aumento de la brecha salarial entre estos trabajadores y aquellos poquitos que aún siguen bajo la dependencia municipal.

Por eso es tan necesario este proyecto, que, si bien no es una solución completa, viene a reformar algunas áreas que permitirán aumentar la dignidad de esos trabajadores. Hablamos de personas que se sacrifican todos los días para que nuestras calles y ciudades estén limpias, y que, muchas veces, siguen siendo discriminados o se quedan sin sueldo por problemas burocráticos entre los municipios y las empresas. Esa es la injusticia que debe terminar y que se aborda en este proyecto.

Por eso, proponemos la suscripción de convenios directos con la Tesorería General de la República y la posibilidad de que los proveedores que tengan facturas impagas por más de treinta días puedan acudir directamente a ese organismo para que se les pague y, de esta forma, ponerse al día con los salarios de los trabajadores.

Otro cambio importante es la modificación de las bases de licitación. Se incrementa la ponderación del criterio de mejores condiciones de empleo y remuneraciones, lo cual permite que el empleo, uno de los tres subfactores de ponderación, tenga mayor relevancia. No podemos tener municipios que avalen el abuso laboral, y si han seleccionado por sentido común, entonces, debemos establecerlo por ley.

La indicación que nos hizo volver a revisar el proyecto en la comisión y que hace aplicable el bono anual a los trabajadores que dependen directamente de un municipio fue rechazada. ¿Por qué? Por lo mismo que señalaron los representantes de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Empresas e Interempresas de Servicios, Aseo, Jardines, Ornatos y Rellenos Sanitarios de Chile (Fenasinaj), cual es que los sueldos del sector privado llegan a la mitad de los que pagan las municipalidades que se hacen cargo directamente de la recolección de residuos. Por eso, aprobar esta indicación habría significado aumentar la brecha en este proyecto y echar abajo todas las luchas sindicales que, desde el 2013, han buscado expresamente disminuirla.

Avancemos en dignidad y reconocimiento de trabajadores tan esenciales como estos, que protegen nuestra salud, el medio ambiente…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha terminado su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, primero, valoro que esta mañana estemos discutiendo este proyecto de ley, para reivindicar una función tan importante de trabajadores, fundamentalmente varones, que se desempeñan en la recolección de basura y de residuos sólidos, labor que no solo tiene que ver con las calles de las ciudades, sino también con los propios hogares de todos los chilenos y chilenas.

Por eso, a partir de este proyecto y de las múltiples conversaciones que se han tenido, debemos valorar lo que esa labor significa en su justa y necesaria medida, sobre todo cuando uno ve lo que ocurre con los recolectores de residuos sólidos o de basura fundamentalmente en Europa, en donde hay remuneraciones acordes con la función que realizan, es decir, existe un reconocimiento importantísimo de esta labor en otros países. Entonces, uno se pregunta qué nos pasa en Chile.

Por eso, frente a las complicaciones que tienen los municipios y, además, a las complicaciones que tienen estas empresas, que repercuten, sin duda, en los trabajadores que hacen esta importante labor, vamos a votar a favor este convenio con la Tesorería General de la República.

Asimismo, para nosotros es fundamental que se haga la modificación en las bases de licitación, en forma parecida y homóloga con lo que hicimos en su minuto con las manipuladoras de alimentos, donde era importante que aquellas empresas que ganaran la licitación tuvieran el peso de las bonificaciones y las remuneraciones de sus trabajadores y trabajadoras. Para nosotros es clave que la licitación tenga el estímulo suficiente para que la empresa que gane tenga un trato diferenciado y especial en materia de remuneraciones, derechos y bonificaciones que correspondan a los trabajadores.

También debemos entregar seguridad y tener ojo con lo que está pasando con los accidentes laborales y las enfermedades profesionales que conlleva esta labor de más de ocho, diez o doce horas, que es repetitiva y de fuerza, y que posible y frecuentemente conlleva enfermedades profesionales que son de larga data y, fundamentalmente, crónicas.

Por eso, como Federación Regionalista Verde Social, vamos a votar a favor este proyecto de ley, esperando el reconocimiento social y económico en las bases de licitación, porque esa es la clave para hacer la diferencia.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señor Presidente, la idea matriz del proyecto es perfeccionar la regulación relativa a la contratación y al pago por la prestación de servicios de extracción y recolección de residuos domiciliarios, incluyendo la condición laboral de los trabajadores del rubro.

Lo anterior se traduce en las siguientes propuestas: primero, una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el fin de permitir a los municipios celebrar convenios con la Tesorería General de la República para que esta pague a los proveedores de servicios concesionados, con cargo al fondo común municipal.

También se reforma la ley Nº 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios, en lo relativo a las licitaciones para la contratación de los servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios, específicamente en cuanto a la ponderación de los criterios que deben ser considerados en los procesos de contratación.

A continuación, me voy a referir a las mejoras que se hacen a los contratos laborales y a los trabajadores, que es lo que más nos interesa en la Comisión de Trabajo. Por ejemplo, “a) La remuneración total que se ofrezca pagar a cada trabajador, conforme lo establece el artículo 42 del Código del Trabajo, la cual no podrá ser inferior al promedio de las remuneraciones que perciben los trabajadores que prestan los servicios indicados en el inciso segundo, y a la función que han cumplido en los tres últimos meses, previos al inicio del proceso licitatorio.

Para estos efectos, la municipalidad deberá indicar en las bases de licitación el referido promedio de remuneraciones para cada función…”.

También se hacen las siguientes mejoras: “b) El número de trabajadores de la empresa que actualmente presta el servicio concesionado, que continuará prestando servicios para el nuevo concesionario.

c) Las condiciones de empleo, debiéndose considerar, entre otras, la existencia de prestaciones de bienestar, a la contratación mediante contratos de trabajo indefinidos, la existencia de contratos colectivos vigentes u otras que establezca la municipalidad.

Con todo, en las licitaciones que tengan por objeto otros servicios concesionados la adjudicación de dichos contratos deberá ser objeto de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Además, en cualquier base de licitación pública, sin importar su objeto, cuya cuantía sea igual o superior a 20.000 Unidades de Fomento (UF), o cuya cuantía sea superior a 5.000 Unidades de Fomento (UF) e incluya cláusulas que permitan su renovación, dicha adjudicación deberá ser objeto de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.”.

Renovación Nacional va a votar a favor este proyecto. Pedimos a nuestros colegas que, en beneficio de los trabajadores, así también lo hagan.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, hacía rato que necesitábamos discutir medidas que tuviesen por objeto mejorar una obligación privativa de los municipios como es la recolección de basura. Lamentablemente, esta función, que es una obligación que la propia ley orgánica constitucional establece a las municipalidades, no tiene una dotación de trabajadores propios de las municipalidades, por lo que tienen que utilizar el sistema de externalización, precarizando una labor que es esencial para el desarrollo de cada una de las comunas.

En este momento me habría gustado estar discutiendo la forma de generar las condiciones para que los trabajadores de aseo y ornato puedan ser parte de la planta municipal. Claramente, eso no va a suceder, porque eso va a ocurrir en un mundo imaginario, con otro gobierno que efectivamente se preocupe de los trabajadores y trabajadoras.

Dicho eso, sabiendo que el proceso de externalización necesita mejoras, creo que con esta normativa va a existir un avance, pero varios temas quedan fuera de esta norma. Por ejemplo, problemas como la dotación, puesto que, día a día, aumentan y crecen las ciudades y se mantiene la misma dotación de trabajadores para llevar adelante la función de aseo y ornato en nuestra región. Ese es un tema pendiente.

La entrega del bono de aseo a los trabajadores está absolutamente acotada a los recolectores de basura, pero ¿qué pasa con las personas que realizan las demás funciones en los departamentos de aseo y ornato? Ellas no perciben este tipo de asignación.

¿Cuándo vamos a hablar de remuneraciones dignas para los trabajadores de aseo? Claramente, con esta norma, se van a mejorar las remuneraciones, porque se establece como un criterio para la evaluación y la selección las mejoras en las condiciones laborales y remuneracionales. Queda fuera algo que los trabajadores de aseo y ornato viven día a día en cada una de las comunas que representamos: el traslado, el lugar en que almuerzan, el lugar en que hacen sus necesidades. Hoy, los trabajadores de aseo y ornato, muchas veces, son transportados como ganado en camiones, almuerzan donde les pilló la hora, hacen sus necesidades en aquellas casas que se lo permiten. Esas son las condiciones de los trabajadores que se sacan la mugre, día a día, por dar dignidad a cada una de nuestras comunas.

Desde este lugar, envío un afectuoso saludo al señor Jorge Luis Marín , presidente de los trabajadores de aseo de la comuna de La Unión, con quien estuve reunido el día sábado. Por él y por muchos otros, voy a aprobar…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Esteban Velásquez .

El señor VELÁSQUEZ (don Esteban).-

Señor Presidente, nos parece bastante bien orientado este proyecto, que pretende cautelar que finalmente las empresas y, sobre todo, los trabajadores reciban sus remuneraciones como corresponde. Además, a través de las bases de licitación, se valorará a aquellas empresas que aumenten el pago de los sueldos, las que obtendrán una mayor calificación al ser evaluadas en las licitaciones.

Sin embargo, quiero compartir un par de reflexiones que tienen que ver con este objetivo de, por un lado, resguardar y proteger a los trabajadores y, por otro, cautelar el buen manejo de los recursos públicos en los municipios, en los que se dan situaciones que guardan relación con las realidades locales. Por ejemplo, hace varios años, Calama tuvo que asumir el traslado del campamento de Chuquicamata a Calama. En consecuencia, más de 15.000 personas, sobre 7.000 familias, hoy viven en Calama y el municipio local tuvo que asumir lo que implicaba el costo, el pago de este servicio, que sin duda tiene que ser de manera eficiente en cada una de las comunas, protegiendo el sueldo de los trabajadores, pero también entregando un buen servicio y de calidad. Calama es un botón de muestra, pero probablemente hay un montón de otras ciudades en las que a veces los recursos son insuficientes. Esto nos lleva a abordar otra arista, cual es cómo implementamos el día de mañana impuestos territoriales, una ley de renta regional y todo aquello de lo que hemos hablado, pero no hemos concretado.

Muchos municipios no cuentan con los fondos necesarios. Por un lado, cuando un municipio intenta hacerlo bien o lo hace bien, escasean los recursos, pero también está la otra situación de aquellos municipios, de aquellos gobiernos comunales en los que los alcaldes manejan inadecuadamente muchos recursos municipales, algo muy cercano a veces a la falta de probidad o a la corrupción. Por lo tanto, en ese desorden, en que las platas se ocupan para cualquier objetivo, menos para procesos como este, que tienen que ver con atender el retiro de residuos -lo cual es un tema sanitario-, se ven envueltos en deudas y en no pago oportuno, y caen en un montón de calamidades.

Así como hay gobiernos comunales de excelencia, muy buenos, con buenos alcaldes, también los hay malos. Por ello debemos mejorar los sistemas de control. Hace un año y medio ingresamos un proyecto para terminar con el secreto bancario de todas las autoridades elegidas por votación popular o por el gobierno, porque nos parece muy bien que se monitoree con tiempo el estado de las cuentas de las diversas autoridades que ejercemos algún cargo público.

Vamos a respaldar este proyecto para proteger a los trabajadores y a las empresas, con pago oportuno. Pero, atención, porque algunos municipios o varios de ellos están al filo de la corrupción permanentemente, y eso a veces se suele mirar…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, este proyecto permitirá a las municipalidades celebrar convenios con la Tesorería General de la República para que esta efectúe el pago a proveedores de servicios concesionados de aseo directamente con cargo a la recaudación del impuesto territorial de beneficio municipal correspondiente a la respectiva comuna y, en caso de ser insuficiente, con cargo a la participación mensual del Fondo Común Municipal. En caso de que la municipalidad suscriba este tipo de convenio, la Tesorería General de la República deberá informarlo a la Subdere.

En todo caso, los proveedores de servicios de aseo podrán solicitar el pago de facturas impagas por un plazo mayor a 30 días a la Tesorería General de la República, debiendo esta oficiar a la municipalidad respectiva, informándole sobre la posibilidad de suscribir el convenio dentro de 30 días. Si no se suscribe el convenio en dicho plazo, la Tesorería pagará, con cargo a los montos ya indicados del impuesto territorial o del Fondo Común Municipal, además de informar al jefe de la unidad de control del municipio y de hacer al alcalde y a los concejales solidariamente responsables del déficit municipal que pueda significar en el presupuesto anual el pago de la deuda hecho de esta forma.

Asimismo, la municipalidad podrá subrogarse en el pago de deudas con trabajadores de servicios concesionados por prestaciones laborales y/o provisionales impagas, teniendo estos trabajadores la posibilidad de concurrir al cobro de las deudas en la misma forma que los prestadores de servicios concesionados, es decir, con cargo al impuesto territorial o al Fondo Común Municipal.

Creemos que lo anterior en verdad viene a dar una solución a un vacío que existía. Finalmente, se modifica la ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, para que en las bases de licitación de los servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios las municipalidades se sujeten a los contenidos mínimos establecidos en un reglamento del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, sometiendo las bases de licitación y las adjudicaciones al trámite de toma de razón de la Contraloría General de la Republica. En tales licitaciones, el criterio económico deberá ponderar al menos un 50 por ciento, y el criterio de mejores condiciones de empleo y remuneraciones deberá ponderarse en al menos un 30 por ciento del puntaje total de evaluación. El criterio mejores condiciones de empleo y remuneraciones se compondrá, a lo menos, por subfactores como: la remuneración total que se ofrezca pagar a cada trabajador, el número de trabajadores que continuará prestando servicios para el nuevo concesionario, y las condiciones de empleo.

Será requisito de admisibilidad de la oferta en las licitaciones de servicios concesionarios de aseo la presentación por parte de la empresa postulante de una dotación suficiente de trabajadores que garantice el cumplimiento de los límites legales establecidos para la jornada de trabajo, incluidas las horas extraordinarias, y de un programa de gestión de los riesgos presentes en el trabajo.

Ello viene a mejorar, en alguna forma, las condiciones laborales, ya que los trabajadores podrán, por ejemplo, negociar mejoras colectivas y dar dignidad a su trabajo, a los operativos y al área administrativa.

Quiero saludar a algunos dirigentes de mi zona: a don Pedro Palma, de Los Ángeles ; a don Antonio Candia , de Lota, y a todos los dirigentes de la Fenasinaj que estuvieron asesorando la elaboración de este proyecto.

Cabe decir que el bono que se pretendía entregar a todos los trabajadores es un tema que vamos a seguir acompañando.

Vamos a apoyar este proyecto e invito a todos a hacerlo para dar dignidad a los trabajadores.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, honorable Cámara, la Comisión de Gobierno Interior, a la que pertenezco, ha visto con muy buenos ojos este proyecto de ley, iniciado en mensaje, que viene a garantizar el cumplimiento en el pago de las obligaciones contraídas con los servicios concesionados de retiro de residuos domiciliarios, como consecuencia de los constantes incumplimientos en el pago por parte de variados municipios.

Es menester recordar los más de 6.000 millones de pesos mensuales que suman los recursos destinados a pagar los servicios de recolección de basura de las capitales regionales y de las comunas del Gran Santiago. Es sabido que, en total, cada año se transfieren cerca de 73.000 millones de pesos a las empresas que se hacen cargo de los residuos en estos 48 municipios. No obstante ello, estas millonarios cifras que se manejan contrastan con las condiciones en que se desempeñan los trabajadores de dichas empresas.

Por lo tanto, este proyecto de ley viene no solo a garantizar los pagos por las obligaciones contraídas con las empresas concesionadas, sino que también viene a mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, que son quienes, a fin de cuentas, llevan el peso de una labor ingrata, que pocos quieren asumir y que ya es hora de reconocer mediante la presente garantía fiscal de cumplimiento de obligaciones a través de la Tesorería General de la República y de mejoramiento de condiciones laborales a través de la ley No 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

Consecuentemente con lo expuesto y con el trabajo realizado en la Comisión de Gobierno Interior, apoyo el texto del proyecto sugerido por la misma.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, creo que no podría haber alguien que no sepa lo difícil y dura que es la tarea de recolectar la basura domiciliaria, los residuos sólidos. Los hemos visto trabajar durante años en el sur de Chile con lluvia, con temporal, con sol, con barro y, a veces, en condiciones muy precarias. Y ahí están ellos, trabajando al trote al lado de un camión y luego colgando de la pisadera, para seguir recolectando en un sector y otro. Son condiciones laborales muy complejas, muy difíciles y muy riesgosas.

De tanto en tanto, también escuchamos de movilizaciones, de reclamaciones, porque justamente sus condiciones laborales, por el tipo de tarea que hacen, son difíciles o tienen dificultades, como retrasos en los pagos, si son servicios externalizados, o porque no tienen los elementos de protección personal suficientes y de calidad que les permitan desarrollar este duro trabajo en mejores condiciones. Eso lo hemos escuchado todos los años, y cada vez que hay un paro de los trabajadores recolectores, la comunidad nacional se sensibiliza, porque la basura se acumula en las esquinas. Ahí nos damos cuenta de la trascendencia, de la relevancia y de la importancia que tienen los trabajadores de los servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios o de basura.

Por esa razón, pido que este proyecto ojalá sea aprobado por unanimidad, por cuanto no solamente significa un avance en el trato hacia los trabajadores del aseo y la recolección de residuos, sino que, además, hace eficiente un servicio que es absolutamente indispensable en nuestras ciudades.

Este proyecto, que permite a las municipalidades celebrar convenios con la Tesorería General de la República para el pago de los proveedores de dichos servicios concesionados, establece, además, mejoras en las condiciones laborales y que podrán pagarse oportunamente los sueldos de los trabajadores del aseo con cargo a la recaudación del impuesto territorial de beneficio municipal o, en caso de ser insuficiente, con cargo a la participación en el Fondo Común Municipal.

Lo anterior es un tremendo avance en materia de justicia para los trabajadores del aseo. Aprovecho de decirlo ya que está la subsecretaria María Paz Troncoso en esta Sala, y, de paso, felicito en general a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo por impulsar este proyecto.

No entraré al detalle de la iniciativa, debido a que está disponible para todas las personas que quieran considerarla, pero en verdad es un tremendo avance para un justo trato de los trabajadores de la recolección de los residuos sólidos domiciliarios.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y crea un régimen de donaciones con beneficios tributarios en apoyo a las entidades sin fines de lucro, correspondiente al boletín N° 14486-05.

Para la discusión de este proyecto, se otorgarán tres minutos a cada diputado y diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Daniel Núñez .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 61ª de la presente legislatura, en martes 27 de julio de 2021. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 33 de este boletín de sesiones.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor NÚÑEZ, don Daniel (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República, por el cual se modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, para crear un nuevo régimen de donaciones con beneficios tributarios en apoyo a las entidades sin fines de lucro.

Concurrieron a exponer respecto de la iniciativa el ministro de Hacienda, señor Rodrigo Cerda ; la ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Karla Rubilar ; la ministra del Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt , y el subsecretario de Educación Superior, señor Juan Eduardo Vargas .

Durante la tramitación general, la Comisión de Hacienda escuchó también la opinión de académicos, dirigentes gremiales y representantes de diversas entidades sin fines de lucro.

El objetivo general de la iniciativa busca la creación de un nuevo régimen de donaciones en favor de entidades sin fines de lucro, que ofrezca una vía adicional para efectuar y recibir aportes de manera sencilla, expedita y transparente, y que amplíe los fines susceptibles de donación.

En particular, el proyecto modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, para incorporar un nuevo título VIII bis, con el fin de promover la vinculación público-privada mediante un nuevo régimen de donaciones con beneficios tributarios, pero sin alterar los beneficios establecidos actualmente en otras normas legales.

Asimismo, incorpora fines de donación actualmente excluidos, como desarrollo social y comunitario, salud, educación, cultura, deporte, diversidad y equidad de género, protección infantil y familiar, culto, medioambiente, pueblos indígenas, migrantes y fortalecimiento de la democracia y derechos humanos, entre otros.

También simplifica el proceso de donaciones, mediante el establecimiento de un registro público para reducir la burocracia. De igual modo, promueve la transparencia y el buen uso de las donaciones, mediante la creación de un portal digital público, que mantendrá información de las donaciones recibidas y un reporte de las actividades realizadas con ellas.

Adicionalmente, se aumentan los montos susceptibles de acogerse al beneficio tributario de rebajar la base imponible del impuesto a la renta, sin que le afecte el límite global absoluto por donaciones, establecido en otras leyes vigentes.

Podrán recibir donaciones las entidades sin fines de lucro que estén inscritas en un registro a cargo de la nueva secretaría técnica dependiente del Ministerio de Hacienda, órgano que también podrá autorizar otros fines de interés general.

Se agregan expresamente como donatarios, en la ley N° 18.861, que establece normas complementarias de administración financiera, de incidencia presupuestaria y personal, a los centros de formación técnica, los que hoy se encuentran excluidos.

Podrán ser donantes los contribuyentes de primera categoría, las pymes y los contribuyentes del impuesto global complementario, del impuesto único de segunda categoría y del impuesto adicional, pero se excluye a las empresas del Estado y las municipalidades.

Los bienes donados valorizados a su costo tributario de mercado no estarán sujetos al trámite judicial de insinuación; no se afectarán con IVA impuestos a las donaciones, derechos ni arancel alguno, y los donantes de primera categoría podrán descontar hasta 20.000 UTM o el 5 por ciento de la base imponible, el 1,6 por mil del capital efectivo o el 4,8 por mil del capital propio tributario, según sea el caso.

Los contribuyentes afectos al impuesto global complementario, por su parte, podrán deducir hasta 10.000 UTM o el cinco por ciento de su base imponible -el que fuere menor-.

El exceso de donación no se aceptará como gasto ni podrá ser descontado de la base imponible, pero tampoco será castigado como gasto rechazado.

En materia de incidencia presupuestaria, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos concluye que el presente proyecto de ley tendrá efectos tanto en el gasto como en los ingresos fiscales.

En cuanto al gasto, la creación de una nueva secretaría técnica exigirá la contratación de tres funcionarios profesionales, con un costo de 122 millones de pesos el primer año y de 110 millones de pesos en régimen.

Asimismo, la creación de un portal web para el registro público tendrá un costo que dependerá de la cantidad de entidades inscritas y su actividad. En un escenario con más de 1.000 participantes, se llegaría a un gasto de instalación de 60 millones de pesos, y en régimen, de 18 millones de pesos.

En ese escenario, el desembolso fiscal total llegaría a 182 millones de pesos, el año uno, y a 128 millones de pesos, en régimen.

Respecto de los ingresos, el beneficio tributario provocará una menor recaudación o un mayor gasto tributario. Así, se estima que la exención de impuesto a las donaciones y la deducción del impuesto a la renta generarán menores ingresos al fisco por 2.844 millones de pesos al año, monto que podría crecer de acuerdo con el comportamiento de los donantes.

Puesto en votación general, el proyecto fue aprobado por seis votos a favor, uno en contra y una abstención.

Votaron a favor la diputada Sofía Cid y los diputados José Miguel Ortiz , Leopoldo Pérez , Guillermo Ramírez , Alejandro Santana y Gastón von Mühlenbrock . Votó en contra el diputado Marcelo Schilling y se abstuvo el Presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Pablo Lorenzini .

En las votaciones particulares, la Comisión de Hacienda aprobó catorce modificaciones al texto del proyecto, todas ellas de origen parlamentario, varias con acuerdo del Ejecutivo y orientadas todas ellas a profundizar aspectos de transparencia, probidad, certeza y fiscalización en la aplicación del régimen de donación con beneficios tributarios.

En consecuencia, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable Sala aprobar el presente proyecto de ley en los términos expuestos.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Frank Sauerbaum .

El señor SAUERBAUM.-

Señor Presidente, la verdad es que este proyecto nos llena de alegría, porque se fortalece el rol de la sociedad civil en las actividades propias y la vinculación público-privada se hace mediante un régimen nuevo de donaciones con beneficios tributarios, lo que facilita el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, se crea un registro de entidades donantes, receptoras de donaciones, de carácter público, y una entidad supervisora que asegura el buen uso de los fondos donados.

Este proyecto considera beneficios tributarios para una empresa en el régimen de transparencia, para personas naturales que paguen impuesto global complementario, impuesto único de segunda categoría o impuestos adicionales. El beneficio tributario consiste en la reducción de la base imponible en el monto de lo adeudado.

También se incluyen donaciones con fines educacionales o para centros de formación técnica, y otros once nuevos fines válidos para donación, como salud, ciencia, medio ambiente, culto y equidad de género, entre otros.

Asimismo, se crea una entidad técnica, una secretaría técnica, que administrará un portal digital de libre acceso con toda la información de las donaciones recibidas bajo este régimen y un registro público de donativos.

Se impide la entrega de contraprestaciones a los donantes para compensar la donación, salvo que su monto sea inferior al 10 por ciento de lo donado, con un máximo de 50 UTM anuales. Se coloca una sanción, en caso de que se viole esta norma, de tres veces el monto de los impuestos ahorrados por la donación y la restitución del impuesto deducido.

Señor Presidente, nosotros aprobaremos este proyecto, porque, como dije recién, incluye nuevos fines válidos para donación, como son Bomberos y las entidades que ayudan en el combate contra el consumo de drogas y en la rehabilitación de drogadictos, una tremenda tarea sobre la cual la sociedad civil debe tener un pronunciamiento. Nosotros hemos hecho esfuerzos para que más recursos lleguen a entidades de este tipo, que combaten los males del alcoholismo y la drogadicción, que golpean cada día más a nuestras poblaciones. Si nos unimos el sector privado y el sector público, seguramente obtendremos mejores resultados. Y este proyecto nos da la oportunidad de abrir a la sociedad civil un rol mucho más activo en el combate contra males de la sociedad, como son el alcoholismo y la drogadicción, así como también de colaborar con instituciones tan nobles como nuestros queridos Bomberos de Chile.

Vamos a votar a favor.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luciano Cruz-Coke .

El señor CRUZ-COKE.-

Señor Presidente, por el año 2013 reformamos la ley de donaciones culturales, con la venia en ese momento de su creador, el senador Gabriel Valdés , que en paz descanse.

Dicha reforma buscaba, precisamente, tratar de ampliar el rango tanto de los donantes como de los donatarios, esto es, quienes podían acceder a las donaciones. Finalmente, se generó una buena ley, que ha permitido que se materialicen aportes importantes: entre 24.000 millones y 30.000 millones de pesos al año, transformándose en uno de los cuerpos normativos, de los muchos que hay en materia de donaciones, más eficientes y más eficaces.

Este proyecto toma mucho de aquella iniciativa, y tiene varias ventajas.

Primero, fomenta e incorpora a ciertos sectores que estaban excluidos y que no poseen una ley de donaciones en particular. Esta es una ley de donaciones con fines más generales y no tan específicos, como la ley de donaciones sociales, o la ley de donaciones culturales, o la ley de donaciones deportivas, que además tienen distintos procedimientos.

Acá hay una cosa muy buena, cual es que finalmente se establece el que no exista el trámite de insinuación, que es una declaración judicial que habilita la donación, lo que a la larga produce una serie de problemas complejos, sobre todo en una época en que las declaraciones de impuestos se hacen de manera electrónica, inhibiendo finalmente las donaciones.

En distintos países, particularmente los anglosajones, se dona a través de una página web, e inmediatamente eso se informa a las tesorerías, a los servicios de impuestos internos de cada uno de los países, como el Internal Revenue Service (IRS) en Estados Unidos, y eso queda como parte que se puede deducir del total de renta líquida imponible.

¿Cuáles son los beneficios? Primero, que acá entran donaciones que no están contempladas, como medio ambiente, como se ha mencionado, como Bomberos, materias de derechos humanos, materias de salud, que hoy día no tienen una ley particular de donaciones.

Se actualizan también los topes de donación y se permite que nuevos sujetos sean donantes, como los contribuyentes del impuesto de primera categoría, del impuesto único de segunda categoría o del impuesto adicional.

Desde ese punto de vista, y para promover finalmente el trabajo que realizan fundaciones, corporaciones y asociaciones en general de la sociedad civil para efectos filantrópicos, creo que esta ley en proyecto, bajo todo punto de vista, es un avance, homologa los alcances de la ley de donaciones culturales de muy buena manera y permite que, ojalá, la sociedad se comprometa con diversas causas que hoy son tremendamente relevantes.

Votaremos a favor.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, pedí la palabra para valorar y respaldar este proyecto, que, en definitiva, avanza hacia un desarrollo sostenible de la sociedad civil, en especial para apoyar las causas medioambientales, culturales, sociales al permitir perfeccionar una ley de donaciones que hoy establece que los receptores de donaciones deben pagar impuestos. Con este proyecto de ley se facilita mucho más este proceso tan relevante para que sean sostenibles las sociedades sin fines de lucro.

De acuerdo con este mensaje, se trata de fomentar la filantropía, por una parte, y de apoyar a las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, por la otra, considerando que estas han sido fuertemente golpeadas en su funcionamiento como consecuencia de la pandemia de covid-19.

Para alcanzar este doble propósito, se crea un nuevo régimen de donaciones con beneficios tributarios de simple acceso tanto para quienes donan como para quienes reciben, centrado en el rol social sin fin de lucro de estos últimos y que funcionará como una vía adicional a las leyes especiales de donación ya existentes, con el propósito de facilitarles el ejercicio de sus actividades en beneficio de las comunidades locales.

Esta iniciativa modifica la ley de rentas municipales incorporando un título entero, nuevo, que replica el contenido de la ley N° 19.885, de donaciones, aunque ampliando sus objetivos al desarrollo comunitario y local, al desarrollo urbano y habitacional, a la salud -por ejemplo, fundaciones que se dedican a los cuidados paliativos pueden ser receptoras de estos fondos de donación-, al desarrollo de las ciencias y la cultura, así como al deporte, al medio ambiente, a las actividades impulsadas por las iglesias, a las operaciones de Bomberos, a la promoción de la equidad de género y de los derechos humanos, a la familia, a los inmigrantes, a los pueblos originarios y a la democracia.

Este proceso representa un cambio importante en la medida que el Estado renuncie a definir las políticas de promoción para la sociedad civil organizada, delegando esta facultad directamente a la comunidad, junto con el sector privado.

Paralelamente, el proyecto incorpora algunas normas para garantizar la transparencia en las donaciones, incluyendo la creación de un portal con información pública y una secretaría técnica encargada del financiamiento.

Apoyaremos este proyecto, porque significa un avance en transparencia y también en simplificar el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado .

El señor MELLADO (don Miguel).-

Señor Presidente, después de la ley de donaciones culturales no ha habido una ley tan importante como esta.

Algunos dirán: ¿pero eso qué tiene que ver? Sí, porque las organizaciones sociales son tremendamente importantes en cada uno de los municipios del país, y, a través de los municipios, se les hacen transferencias para que puedan tener su desarrollo y su orgánica. Constantemente se ve que a Bomberos se les realizan transferencias desde los municipios por una labor que sus voluntarios hacen con tanto esfuerzo, e incluso en algunos lugares se les ve haciendo rifas para poder tener combustible.

Lo que hace este proyecto de ley de donaciones es ampliar el espectro -eso me parece muy biena actividades de interés social que son de responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil. La colaboración de la sociedad civil es muy vital para implementar proyectos que apoyen el desarrollo del país.

Las consecuencias económicas de la pandemia por covid-19 han puesto de manifiesto la importancia de la sociedad civil como apoyo y complemento de las actividades del Estado en función del bienestar social.

Las organizaciones de la sociedad civil requieren financiamiento para el desarrollo de sus programas y su funcionamiento, el cual se ha visto mermado por las actuales circunstancias económicas de las empresas y las familias de nuestro país.

Es importante destacar esto, puesto que un gobierno representativo, el mercado libre, el imperio del Estado de derecho y la sociedad civil son los cuatro pilares que generan progreso y mejores condiciones para los ciudadanos.

¿Quiénes pueden ser donantes? Los contribuyentes del impuesto de primera categoría, las pymes del régimen de transparencia tributaria, los contribuyentes del impuesto global complementario, los contribuyentes afectos al impuesto único de segunda categoría -un profesional también puede donar y los contribuyentes del impuesto adicional de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Los donatarios deben ser entidades sin fines de lucro, organizadas como corporaciones y fundaciones, y cuerpos de bomberos. Hay muchas en cada comuna y considero que es importante ayudarlas.

¿Cuáles son los bienes susceptibles de donación? Puede ser dinero, bienes corporales y bienes incorporales que se encuentren sujetos a registro o inscripción por disposición legal. Los donantes pueden deducir el ciento por ciento del monto donado a la base imponible afecta al impuesto a la renta. En términos sencillos, la donación es un gasto más, es como colocar otra factura dentro de los gastos.

Las donaciones acogidas al nuevo régimen quedarán liberadas de los trámites de autorización judicial. Los bienes donados quedarán exentos del IVA y se liberarán de todo tributo y arancel aduanero las importaciones de bienes donados.

Considero que es un buen proyecto y que va en la línea correcta. Creo que la sociedad civil se verá tremendamente fortalecida por las donaciones de todos nosotros.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, este es un proyecto de ley que, como se ha señalado, liberaliza el proceso para efectuar donaciones en Chile, disminuyendo el pago de impuestos o liberando de él.

Quiero partir con una pequeña definición conceptual. Aquí se habla de que esto promueve la filantropía. Ante ello, es pertinente hacerse una pregunta: ¿es la filantropía la manera correcta que tiene un Estado o un país para financiar políticas públicas? ¿La defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia o la lucha por la preservación del medio ambiente son temas de filantropía? ¡No! Nosotros tenemos la convicción de que no son temas de filantropía. El Estado tiene el deber y la responsabilidad de financiar las políticas públicas, y los privados pueden actuar de forma absolutamente excepcional en este ámbito, siempre y cuando ello esté debidamente regulado. Con este proyecto de ley no ocurre eso.

Hay una serie de materias que están insuficientemente reguladas. Lo que se está haciendo aquí es consolidar y avalar el concepto de Estado subsidiario que impuso el neoliberalismo en Chile y que ahora se quiere desterrar en la discusión del proceso constituyente mediante la redacción de la nueva Constitución.

No hay ninguna legislación que vaya más a contrapelo del proceso constituyente que esta ley de donaciones en tramitación, que el gobierno quiere que votemos en forma exprés. Un ejemplo es el caso de la minera Los Pelambres, un gran donante en Chile, que dona una sede social a las mismas comunidades a las que está contaminando y poniendo en riesgo su salud. Cuando la gente se opone a ella, reclama e interpone recursos de protección, como lo hicimos junto con los pobladores de Cuncumén y Batuco , la minera Los Pelambres anuncia que se acabaron las donaciones. ¡No podemos avalar esa concepción de la filantropía!

Además, esta norma, tal cual como está, facilita la elusión tributaria. En la comisión, el abogado Ricardo Guerrero señaló textualmente: “Las donaciones desde el exterior abren una puerta para que aquellos que tienen inversiones, trusts, fundaciones u otros en el extranjero “donen” dineros que todavía están pendientes -repito: pendientes de tributación en Chile, y que, por la vía de donaciones a fundaciones, ya no tendrían que tributar.

Esto es problemático para una futura aplicación de impuesto al patrimonio o impuesto a la herencia, porque si se traspasan los fondos desde los trusts hacia fundaciones, ese patrimonio, que nunca tributó a nivel de los dueños, no tributará nunca.”.

A esta ley en proyecto la podríamos llamar la ley donde el gato cuida la carnicería.

Nos dicen que los privados van a poder donar para fortalecer la democracia, es decir, el grupo Penta , SQM y Corpesca pueden donar dineros a fundaciones creadas por ellos mismos o afines para que nos den consejos de cómo combatir la corrupción y enseñar eso a la sociedad.

Señor Presidente, aquí el conflicto de intereses está absolutamente desregulado. Esta es una iniciativa legal que, tal como viene propuesta, no puede ser aceptada.

Por eso, vamos a votar en contra.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, sin duda, detrás de este proyecto no solo están los detalles mediante los cuales se estimula la práctica de la filantropía bajo la forma de donación a organizaciones que realizan labores altruistas, de interés de la comunidad y del país, sino también hay una cierta concepción del papel que puede jugar la sociedad en la solución de problemas de interés general o específico.

Hoy vemos cómo distintos actores de la sociedad chilena se movilizan por sus causas particulares: la defensa del medio ambiente, la igualdad de género, la protección de la diversidad, entre otras. No hay una causa única que justifique una movilización, sino que son múltiples. En ese sentido, la sociedad trata de hacerse cargo por sí misma de problemas que otros actores, incluido el Estado, no llegan a resolver, y lo más probable es que no lleguen nunca.

Por lo mismo, nos parece interesante que la sociedad, a través de la práctica de la filantropía, pueda aportar bajo la forma de donación en dinero o de trabajo a este tipo de organizaciones, que pueden estar orientadas a lo medioambiental, a la salud, a la educación, a la cultura, en fin. Ahora se extienden las posibilidades a través de este proyecto de ley.

Vamos a apoyar este proyecto de ley. A pesar de que habíamos hecho algunas observaciones, vamos a desistir de la renovación de indicaciones, para no tener que volver a la comisión. En consecuencia, en el Senado perfeccionaremos la iniciativa.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, señor Vicepresidente, señor Prosecretario : vayan para ustedes y para todo el equipo de asesores y abogados mis felicitaciones por el trabajo brillante que han hecho durante toda la pandemia.

Hace dos miércoles, en la Comisión de Hacienda demostramos que lo mejor es conversar, dialogar y buscar puntos de encuentro.

¿Por qué comienzo expresando esto? Porque en enero de este año, en la Comisión de Hacienda le solicitamos al gobierno que presentará una iniciativa de ley corta para resolver el tema de las donaciones, porque muchas instituciones sin fines de lucro nos lo habían solicitado.

Cumplió con esa parte el Ejecutivo, a través del ministro de Hacienda, don Rodrigo Cerda , e ingresó ese proyecto. Nosotros escuchamos a muchos actores relacionados con fundaciones, corporaciones y ONG, que naturalmente sin donaciones no tienen ninguna posibilidad de hacer filantropía.

Llegamos a la conclusión de que la modificación que incorpora este proyecto de ley de donaciones, que busca cambiar la ley actual, que data del 2003, en la que se creó un consejo para evaluar donaciones que recibían beneficios tributarios y se elimina el rol público, implica franquicias tributarias, las que para el Estado tienen un costo. En los meses que quedan el Estado va a colocar casi 3.000 millones de pesos para estos efectos, pero como se creará otra organización, ello significará cerca de 100 millones de pesos adicionales.

En la conversación que tuvimos el miércoles antepasado en la Comisión de Hacienda, llegamos a acuerdo en todo. Como cumplo mi palabra -así se lo indiqué a mi bancada-, vamos a aprobar el proyecto de ley, con la condición de que todas estas fundaciones y organizaciones tengan claridad y hagan bien la pega, porque, en caso contrario, pueden surgir dificultades.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren .

El señor EGUIGUREN.-

Señor Presidente, este proyecto de ley, que modifica el decreto N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y crea un nuevo régimen de donaciones, es tremendamente importante.

Quiero partir agradeciendo a la Comunidad Organizaciones Solidarias el trabajo fuerte, profundo y de convicción que ha hecho, para lograr que este proyecto llegue donde hoy está. Se trata de una organización que alberga a 11.000 trabajadores, 17.000 voluntarios y llega a más de un 1 millón de personas.

También quiero agradecer a Así Conserva Chile, que busca crear áreas de protección en nuestros territorios. Esa organización ha logrado abarcar 600.000 hectáreas, promoviendo el desarrollo sustentable y la conservación de la biodiversidad.

Señor Presidente, este proyecto no es de derecha ni de izquierda, sino una iniciativa totalmente ciudadana; no tiene otro objetivo que ayudar a diferentes organizaciones civiles que hoy más que nunca necesitan de ayuda, especialmente en materia medioambiental.

En momentos en que hemos tomado conocimiento del informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que ha sido drástico, dramático respecto de los efectos medioambientales, hoy más que nunca se necesita ayudar a estas organizaciones para que lleven adelante y acometan muy bien su trabajo, en una unión público-privada que es muy necesaria.

Este proyecto de ley debe generar resultados concretos, y para eso no puede ser letra muerta. Llamo al gobierno a que redacte el reglamento antes de que termine su gestión; llamo al gobierno a que se la juegue por este proyecto, que genera trabajo, especialmente para las mujeres, que han sido tan duramente golpeadas por la pandemia.

Es un proyecto destinado a las regiones, porque coexiste con otros proyectos de ley sobre donaciones, pero está orientado a las medianas y a las pequeñas organizaciones, a potenciar a las que están en regiones.

Nosotros necesitamos este proyecto de ley para que organizaciones como las medioambientales, pero también otras que hoy se incorporan, como algunas del área de la salud, ciencia, culto, equidad de género, etcétera, logren salir adelante y alcanzar sus objetivos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .

El señor BERGER.-

Señor Presidente, valoro significativamente este mensaje presidencial, que viene a reconocer un anhelo largamente esperado por la sociedad civil.

La pandemia provocada por el covid-19 ha hecho estragos, pero también nos ha dejado grandes enseñanzas y nos ha puesto en un nuevo escenario, en el cual hemos podido advertir que el Estado no puede hacerlo todo, siendo necesaria la colaboración de la sociedad civil.

Con la aprobación de este mensaje eliminaremos las trabas innecesarias que por años se han impuesto a las donaciones; ampliaremos las materias de interés público; mejoraremos la fiscalización, la certeza jurídica y el reguardo de la buena fe en materia de donaciones, con la creación del registro público que propone el proyecto.

Por otro lado, abriremos una importante ventana a los centros de formación técnica, que se han visto altamente discriminados al no poder aplicárseles la actual ley que rige respecto de universidades e institutos profesionales.

Hoy, nuestro país necesita formar buenos técnicos, por lo que es necesario otorgarles este beneficio y dejarlos en igualdad de condiciones frente a otras entidades educacionales.

Estimados colegas, espero que demos a este mensaje una tramitación expedita, con miras a cumplir y satisfacer las expectativas y necesidades que actualmente tienen las organizaciones civiles, como cuerpos intermedios, ampliamente reconocidos por la actual Constitución Política. Estoy seguro de que igualmente serán reconocidos en la nueva Carta Magna, ya que son las organizaciones civiles las que satisfacen en mayor y mejor medida las necesidades colectivas.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .

El señor JACKSON.-

Señor Presidente, realmente, en este proyecto no se discute la posibilidad de que los particulares puedan aportar a alguna causa en la que crean, sino que se regula cuánto el Estado les descontará en materia tributaria por esos aportes y donaciones.

Hoy eso está regulado en distintas leyes. Actualmente, lo que se hace es precisamente dejar la potestad final, es decir, la regulación y la aceptación de ciertos proyectos, sobre todo en materia ambiental u otras materias, a una regulación específica por sector, de tal manera que aquellas contribuciones que particulares hagan a ciertas causas tengan que ver con el interés común y no con el interés particular que puedan perseguir en una agenda paralela. Por eso existen distintas leyes.

Creo que es realmente necesario que tengamos una ley de donaciones distinta, pero con otro enfoque. Me refiero a un enfoque que ponga en el centro una deliberación democrática que permita decir cuándo queremos que un aporte de una causa particular hacia la sociedad civil merezca la rebaja tributaria y cuándo no la merece.

Lamentablemente, el enfoque de este proyecto deja a los privados la posibilidad de determinar en cualquier momento cuándo se va a generar esa rebaja tributaria. Entonces, no solamente es una merma en la recaudación fiscal, sobre todo para quienes tanto hablan de que tenemos hoy problemas de desajuste en el balance estructural -no implica tantos recursos esa materia-, sino que principalmente no diferencia la visión sistémica en materia de filantropía. Existen diversas posibilidades en materia cultural. No es lo mismo hacer una donación en materia cultural que en materia social, en materia medioambiental o en materia de derechos humanos. Eso debiese ser un debate abierto. No debiésemos meter todo en un mismo sistema, como ventanilla única, porque no pueden tratarse de la misma manera cosas que tienen naturaleza distinta.

Por eso, la idea de tener una ley de donaciones nos parece razonable, pero este proyecto de ley de donaciones, en particular, pone el foco explícitamente en la dirección opuesta.

En consecuencia, no podemos aprobar una iniciativa como esta. Invito a todos los parlamentarios y parlamentarias a que revisemos el contenido y el poder que estamos quitando al Estado de Chile, al Servicio de Impuestos Internos, a través de esta legislación, para direccionar aquellos aportes de la sociedad civil que puedan contribuir a la función pública versus aquellos que no buscan contribuir a la razón pública, sino que simplemente persiguen un objetivo privado.

Por eso este proyecto no trata la donación en sí, sino cuándo vamos a rebajar los tributos de aquellas personas que quieren contribuir a alguna causa.

Por tanto, llamamos a no aprobar este proyecto. Pensamos que tanto la abstención como el rechazo debiesen ser una señal para modificar esta iniciativa.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Matías Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, mi motivación para intervenir en este debate simplemente es señalar un concepto.

Yo discrepo de los colegas que han argumentado que este es un debate tributario. Yo creo que este no es un debate tributario, sino un debate mucho más de fondo, que tiene que ver con que si solo el Estado podrá propender a acciones a favor del medio ambiente, de la diversidad sexual, de la educación y de los adultos mayores que están abandonados, o generamos espacios desde la sociedad civil, a través de fundaciones sin fines de lucro, para poder propender a esos fines, como explicó muy bien el diputado de la bancada del Partido Socialista Marcelo Schilling.

En la Democracia Cristiana, nosotros creemos en la autonomía de los cuerpos intermedios para que, desde la sociedad civil, se pueda propender a esos fines. Somos el partido de Eduardo Frei Montalva y de la promoción popular. Creemos que, desde la sociedad civil, se puede propender a esos fines y que el Estado, lejos de ser neutral, debe propender al cumplimiento de esos fines.

Les pongo un solo ejemplo: ¿quién podría negar el valor que ha tenido la Fundación Iguales para propender a políticas públicas en materia de diversidad sexual?

Señor Presidente, ¿se imagina si hubiésemos tenido que esperar solo al Estado para propender a acciones en favor de la diversidad sexual? ¿Acaso no han sido las fundaciones, como Iguales, Movilh o Todo Mejora, las que ha empujado al Estado, desde la sociedad civil, a fomentar el respeto y la promoción de la diversidad sexual y la igualdad?

Podemos encontrar muchos ejemplos similares en materia de medio ambiente, de superación de la pobreza, de vivienda, de fomento del reciclaje. Por lo tanto, lejos de ser neutros o contrarios a estas acciones, tenemos que favorecerlas y propenderlas a través de proyectos de ley como este, como muy bien señaló nuestro diputado José Miguel Ortiz , a quien le doy la bienvenida a este hemiciclo.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz .

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que esta no es una ley de donaciones, de manera propia, autónoma, desarrollada, sino una modificación a la ley de rentas municipales, donde se introdujeron algunas medidas que apuntan a flexibilizar y ampliar los mecanismos para donar por la vía de la exención tributaria.

En representación de esta Cámara de Diputados, formo parte del Comité de Donaciones Culturales, y me parece necesario y urgente reformar nuestro sistema de donaciones en varios sentidos. Por ejemplo, soy partidario -sé que es una propuesta polémica de que una parte de las donaciones vayan a un fondo ciego que permita luego ponerlas en el concurso de instituciones que, por regla general, no tienen ninguna posibilidad de acceder a estos fondos, porque no tienen los vínculos y las redes empresariales que permitan alentar a una empresa a deducir impuestos por la vía de este mecanismo para financiar sus actividades.

Creo que debemos tener una ley de donaciones culturales que distinga de manera muy clara, por ejemplo, lo que es la filantropía de la donación con fines publicitarios. Sabemos que muchas empresas crean corporaciones culturales precisamente para donarse y, por esa vía, hacer actividades de promoción -eso lo sabemos-, y también que hay muchas que hacen labores muy nobles. Pero lo que estamos haciendo es financiar a esas empresas una parte de actividad cultural y otra parte de promoción comercial. Si bien esas cosas pueden estar permitidas, parece necesario una reflexión más profunda.

También creo que -comparto lo que dijo el diputado Giorgio Jackson -, dado que el Estado se desprende de ingresos, es razonable que pida un mínimo de convergencia de los campos y las acciones de donación con las políticas públicas como elemento subyacente de aquellas cuestiones a las que se les va a donar –insisto una parte de los impuestos que el Estado deja de recaudar.

Entonces, los fines que han señalado aquí el diputado Matías Walker y otros los compartimos -¡qué duda cabe!-. El actual modelo de donaciones en Chile está agotado y requerimos ampliarlo a otros fines, no solo culturales, sino también sociales y, especialmente, ambientales. Pero esta modificación no entrega un mecanismo sólido, razonado y eficiente, con las herramientas apropiadas.

Por eso, vamos a abstenernos o bien rechazar el proyecto, para que haya una reflexión respecto de esto. Ojalá en el siguiente trámite constitucional se tomen el tiempo que requiere una ley de esta naturaleza, porque Chile merece una buena ley de donaciones, merece incentivar la filantropía, merece incentivar que más áreas reciban recursos y, por esa vía, el Estado las financie de manera indirecta. Pero este proyecto de ley no da el ancho de la reforma que necesitamos hacer.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Corresponde iniciar la discusión del proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica la ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, para incorporar un procedimiento de desinscripción voluntaria del Registro Electoral (boletines Nos 13159-06 y 14291-06).

Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

El informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización ya fue rendido.

Antecedentes:

-El debate del proyecto se inició en la sesión 69ª de la presente legislatura, en miércoles 18 de agosto de 2021, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización .

El señor AUTH (Presidente accidental).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Gonzalo Winter .

El señor WINTER.-

Señor Presidente, luego de revisar el informe encontré algunas falacias que quiero comentar.

Primero, se plantea que en la reforma anterior que estableció formalmente el voto voluntario se habría avanzado hacia la voluntariedad. Quiero decir que eso ya es discutible, justamente porque cuando no existía la inscripción automática existía la voluntariedad de no estar en el padrón, lo cual es de hecho una voluntariedad mucho más fuerte y con más capacidad de provocar la no votación que la voluntariedad que existe hoy, toda vez que tres meses antes de la elección alguien ya podía perder la posibilidad de votar.

Pero el proyecto en comento tiene un problema lógico, cual es que la mayoría de los mocionantes y de quienes van a votar a favor, votaron hace solo dos semanas a favor del voto obligatorio. Si logramos identificar cuál es la posición que plantean al votar a favor del voto obligatorio hay que preguntarse qué es algo obligatorio. En Derecho Civil es algo cuyo cumplimiento se puede forzar. En Derecho Penal se entiende en general que es algo que puede merecer un castigo; es decir, la activación del ius puniendi. Dicho en términos superconcretos, consideramos que algo es obligatorio cuando consideramos al mismo tiempo que su incumplimiento es una actitud que la sociedad reprocha, que la sociedad considera un disvalor que debe castigar.

Miremos el absurdo que genera este proyecto. Dos personas: una no quiere votar, no desea votar, no le interesa votar, por las razones que sean. Es parte de una corriente anarquista, o es parte de una corriente monarquista. Simplemente no le interesa votar. Es decir, puede haber una persona a la que no le interesa votar, por motivos que pueden ser casi infinitos, los que la pueden llevar a desinscribirse del registro electoral.

Por otro lado, puede haber alguien que considera que es muy importante votar, que estima que la democracia es lo más importante del mundo, pero que justo el fin de semana en que se lleva a cabo un proceso eleccionario no puede concurrir a votar, porque está tapado de pega y necesita terminarla.

Este proyecto considera que el Estado debe castigar a la segunda persona, pero no a la primera. Esta iniciativa considera que es más reprochable no haber podido votar porque te quedaste en panne camino al local de votación que por haber tomado la decisión de no votar porque no lo deseabas.

¿Cuál es el valor que estamos premiando porque alguien pueda quedar fuera del padrón? He hablado al respecto con algunos diputados, los que me han señalado que las personas pueden tomar la decisión de no votar. Entonces, si esos diputados creen que aquello es un valor, que es favorable y positivo que la persona haya podido tomar la decisión de no votar, entonces, ¿por qué votaron a favor del voto obligatorio? A mi juicio, tramitamos mal esa ley, porque como legisladores no nos pusimos de acuerdo respecto de qué diablos significaba el concepto “obligatorio”.

Algunos diputados con los que he conversado al respecto creen que quienes no votan deben ser objeto de sanciones pecuniarias, mientras que otros consideran que por ningún motivo procede aquello, porque dicho concepto se trataba solo de una declaración de principios, lo que, en la práctica, tiene efectos absolutamente distintos.

Entonces, ¿por qué diputados que votaron a favor la iniciativa que proponía el establecimiento del voto obligatorio, que son los mismos que señalan que hay un valor en que la persona pueda tomar la decisión de votar o de no hacerlo, presentaron este proyecto? Porque saben que si se establecen sanciones pecuniarias o corporales a quienes no votan se meten en un problema enorme con quienes dijeron justamente defender cuando se estableció el voto obligatorio.

La argumentación que se dio en esta Sala por parte de casi todos era que el voto voluntario favorecía a los más pobres, porque ellos quedaban perjudicados por la abstención. No obstante, si se consagran las sanciones que dispone este proyecto, los mismos pobres a los que se dijo que se buscaba defender se darán cuenta de que los vamos a castigar porque en esta Sala sabemos mejor que ellos lo que desean.

Este proyecto es un imbunche para quienes están a favor del voto voluntario, pero no se atrevieron a decirlo en voz alta. Personalmente, creo que en vez de corregir una ley mal hecha, como lo fue la anterior, con esta otra ley, que se encuentra en etapa de proyecto, que desvirtúa el sentido de nuestro sistema, lo que debemos hacer como legisladores es establecer a qué nos referimos cuando declaramos que era obligatorio el voto. Respecto de ese punto, quiero manifestar que estoy en contra de que haya sanciones pecuniarias.

Creo que toda esta Sala se va a arrepentir cuando se empiecen a aplicar dichas sanciones, y quienes la integran no se van a atrever a mirar a la cara a la mitad de los adultos del país a los que se les comenzará a aplicar multas. Si se aprueba este proyecto, con el tiempo habrá que retroceder en las medidas que propone, tal como ocurrió hace diez años, es decir, antes de que se estableciera el voto voluntario, porque no se estaban aplicando sanciones, ya que los políticos no se atrevían a que se sancionara a la gente que no concurría a votar, porque eran sus electores.

En consecuencia, mejor seamos honestos: establezcamos el voto obligatorio y que el legislador disponga incentivos para que la ciudadanía concurra a votar, no castigos por no hacerlo.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea).-

Señor Presidente, no puedo estar más en desacuerdo con el diputado Winter , quien entiende esta proyecto solo desde su perspectiva, aunque comprendo que hay sectores políticos a los que no les conviene que el voto sea obligatorio, porque es probable que los resultados no les sean muy favorables.

El punto es si el voto es un derecho o un deber; los derechos se conquistan y los deberes son impuestos. Nosotros entendemos el voto como un derecho, y como tal debe haber una alternativa de salida, un espacio que permita a la gente, tras un período de reflexión, tener la opción de no participar de una elección.

“¿Por qué el 80 por ciento de los chilenos no acude a votar?”. Así tituló el periódico El País, de España, lo ocurrido después de la segunda vuelta de gobernadores, efectuada en junio de este año. Con ese titular describió la crisis de participación en los procesos eleccionarios que hay en Chile, porcentaje que nos sitúa como uno de los países con mayor abstención en esa materia del mundo.

Hemos reaccionado respecto de esa situación y hemos entendido que se debe reformar el modelo electoral para fomentar la participación y la legitimidad de la función pública. Una de las herramientas que se ha implementado para tal efecto ha sido impulsar el establecimiento del voto obligatorio, cuyas normas se encuentran contenidas en un proyecto de ley que fue despachado por la Cámara de Diputados y que encuentra en tramitación en el Senado.

El voto obligatorio ya existe para una elección en Chile: está consagrado para el plebiscito de salida de la nueva Constitución Política; la pregunta es cuándo va a regir para todas las elecciones. Algunos queremos que comience este año, otros plantean que debiera ser desde el plebiscito constitucional en adelante. Más allá de cuándo ocurra, lo cierto es que la reforma del voto obligatorio por sí sola no sirve; debe ir acompañada de proyectos complementarios, y este es uno de ellos.

Entonces, debemos empeñarnos en poner todos los incentivos del lado de la participación, pero nunca podemos olvidar que el sufragio es un derecho, que a la humanidad le ha costado siglos desarrollar en plenitud y sin exclusiones. Quiero recordar que recién en 1949 las mujeres chilenas pudieron votar en una elección presidencial.

Repito: los derechos se conquistan y los deberes son impuestos.

Por eso, incluso cuando el bien superior de la democracia nos conmina a establecer el voto obligatorio, siempre se debe contemplar un margen de reflexión y de decisión individual para todas las personas que, en forma legítima, quieran marginarse de un proceso electoral. Esa es una situación muy distinta a la de aquellos que por razones de distancia geográfica o de salud, entre otras, deben excusarse de acudir a votar, o como el caso de una persona cuyo vehículo queda en panne cuando concurre a votar, que fue el ejemplo citado por el diputado Winter .

Luego de escuchar a expertas y expertos, en la comisión que trató esta iniciativa optamos por que la desinscripción opere para cada proceso electoral por separado, de modo que uno no se desinscribe para todos los procesos electorales. De esta forma se garantiza el período de reflexión, sin revertir los incentivos hacia la desinscripción permanente de los registros.

El plazo para realizar este trámite, por vía presencial u online, debiera ser el mismo que para las adecuaciones generales al padrón, tal como lo señaló Servel , es decir, 140 días previos a la elección. Ese es un aspecto que en mi opinión debiera corregirse. La discusión se enmarañó un poco con una indicación que tenía otro objetivo, pero que terminó anticipando el límite en 30 días adicionales a los 140.

Este es uno de los cambios que necesitamos para mejorar la calidad de la democracia. No obstante, se requieren muchos otros, como mecanismos alternativos de votación y la comunicación o el transporte gratuito, pero vamos avanzando para que pronto los titulares de la prensa digan que el 80 por ciento de los habitantes de Chile sí participan y sí definen el futuro de su país, no como ocurre hoy, ya que en la actualidad solo los grupos más politizados participan y deciden el destino de Chile.

Por eso, los invito a que, en forma reflexiva, voten a favor este proyecto, que entiende que el voto obligatorio es un derecho, no un deber.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando .

La señora HERNANDO (doña Marcela).-

Señor Presidente, quiero recordar que el 31 de enero de 2012 entró en vigencia la reforma constitucional que modifica los artículos 15 y 18 de la Carta Fundamental, con el objeto de consagrar el sufragio como un derecho de los ciudadanos, así como su inscripción automática en los registros electorales. Pasados diez años desde ese momento, transcurridas varias elecciones, se observa una caída preocupante en la participación electoral, con niveles menores al 50 por ciento para las elecciones presidenciales y menores al 40 por ciento para las elecciones de alcaldes y concejales.

Un presidente que obtiene más del 50 por ciento de los votos está representando menos del 30 por ciento del total de la ciudadanía. Así, por ejemplo, el Presidente Sebastián Piñera , en las elecciones de 2017, fue votado por 3,7 millones de electores, que representaron el 54,6 por ciento de los que concurrieron a votar; pero aquella cifra representa en realidad solo el 26,4 por ciento del padrón electoral, lo que genera una distorsión en la representación.

Es por ello que, con el objetivo de fomentar la participación en las elecciones, pero sin lesionar la naturaleza del derecho a sufragio, nos sumamos proactivamente, como bancada radical, a encontrar la solución a la cada vez más acentuada baja participación en los procesos democráticos de nuestro país, que hoy por hoy son los más trascedentes de toda nuestra historia como república.

Además, cabe mencionar que esta medida es una de varias que pueden facilitar la participación electoral. En este sentido, también espero que se pueda tramitar el proyecto de reforma constitucional (boletín N° 14444) que establece el transporte público gratuito en días de elecciones generales y plebiscitos nacionales, que fue presentado por varios diputados, entre ellos quien habla.

Como una de las autoras del proyecto que hoy estamos tratando, que persigue fortalecer la democracia, estimo que sería pertinente establecer un punto medio entre la obligatoriedad y la voluntariedad del voto. Así, debemos concretar un sistema que presuma el consentimiento de la ciudadanía por participar en las elecciones mediante el establecimiento de la obligatoriedad del voto y la inscripción automática, pero incluyendo el derecho a desinscribirse del Registro Electoral en cada ocasión que así lo amerite o que estime pertinente el ciudadano, conservando el derecho a no votar sin coacción alguna de por medio.

Proyectos como estos van en la línea de perfeccionar un mecanismo que sea justo y atienda las realidades de los ciudadanos de nuestro país. Debemos avanzar en medidas concretas que ayuden a aumentar la participación y fortalecer la democracia, junto con asegurar que las personas puedan ejercer su derecho a voz y a opinión a través de las urnas, sin que esto se convierta en una imposición a las distintas formas de expresión válidas en nuestra sociedad.

Hoy más que nunca nuestro país atraviesa por cambios estructurales, políticos y sociales, los más importantes del último siglo, y, como Poder Legislativo, debemos estar a la altura y propiciar un buen desarrollo de los procesos.

Por todo lo anterior, votaré a favor de esta iniciativa.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, la participación ciudadana en las elecciones es una cuestión que venimos discutiendo desde hace mucho tiempo en el Congreso.

Desde la incorporación del voto voluntario, hemos sido testigos de la progresiva disminución de votantes en los procesos eleccionarios que se han venido realizando en nuestro país, en que han sido excepciones las oportunidades en que las personas concurren activamente a ejercer su derecho a sufragio.

En este sentido, diferentes parlamentarios de esta Cámara hemos impulsado medidas que buscan resolver esta situación, promoviendo la reinstauración del voto obligatorio, la gratuidad en el transporte público el día de la elección y, por cierto, el acercamiento de los locales de votación a los domicilios de los votantes. Sin embargo, junto con la necesidad de establecer la obligatoriedad del voto, los diputados promotores de esta iniciativa creemos que debemos respetar la decisión de quienes no deseen participar en algún proceso eleccionario, permitiendo al votante desinscribirse de alguno en particular, sin tener responsabilidad alguna con él.

Desde allí, los diputados que patrocinamos este proyecto consideramos que los procesos de participación ciudadana deben permitir a las personas ser escuchadas, incluso cuando no desean participar, entregándoles esta herramienta. Frente a ello, la norma plantea que el Servicio Electoral deberá establecer un mecanismo presencial y digital para solicitar la suspensión del proceso electoral de aquel votante que desee hacerlo. Dicha suspensión será de carácter temporal y no permanente, cumpliendo así la doble faz del derecho -carácter temporal y no permanente-, el deber de sufragio, permitiendo incentivar la participación en los procesos electorales.

Para ello, la iniciativa en comento concede un plazo especial, que se entenderá desde el primer día del mes siguiente a la última elección y hasta 30 días antes de la fecha establecida en el artículo 29, esto es, 30 días antes del fin del plazo para el cambio de domicilio.

Señor Presidente, este proyecto y el que se discutió anteriormente van en la línea correcta de entregar a la ciudadanía herramientas suficientes para reforzar la participación ciudadana en nuestro país, dotándola de mejores procesos de legitimidad para ejercer el voto, pero dejando en deuda al Ejecutivo para que haga las gestiones necesarias a fin de brindar algo que venimos pidiendo desde hace mucho desde este Congreso Nacional: transporte gratuito a nivel nacional para las elecciones.

Por ello, y habiendo planteado esta deuda, anuncio mi voto a favor de este proyecto.

Sin duda, nos quedan muchas otras iniciativas para fortalecer la participación electoral. Este es un mecanismo institucional, pero también debemos fortalecer la educación cívica desde la temprana infancia. Al respecto, tenemos la ley N° 20.911, la cual hemos pedido que se articule por las autoridades de educación. Además, existen muchos otros elementos, como la transparencia en todos los procesos, la renovación de candidatos y de candidatas, y el abrir muchos más espacios. Esta es una tarea conjunta entre todos los actores. Esto no solo involucra a los partidos políticos, sino también a los independientes, para que actúen conforme a lo que la ciudadanía está reclamando, esto es, transparencia y probidad en todo el proceso eleccionario, rendición de gastos, presentación de firmas y todo lo que hemos visto el último tiempo. Se reniega del fortalecimiento de esta democracia con malos hechos, con malos actos que perjudican el sistema electoral.

Sin duda, fortalecer la democracia es un desafío. Como país, tenemos muchas prioridades para una reactivación en materia económica y social, pero no podemos soslayar la importancia de cuidar la democracia, especialmente cuando estamos ante un proceso constituyente, que es una oportunidad para Chile, pero también acompañado, en un mismo año electoral, de numerosas elecciones.

Por lo tanto, la Comisión de Gobierno Interior, que me ha tocado presidir -saludo a todos los integrantes de esa instancia-, ha propuesto muchas iniciativas, pero, por desgracia, no siempre hemos tenido el respaldo del Ejecutivo. Pudimos haber hecho mucho más durante estos años para mejorar y fortalecer la democracia, para generar incentivos y mecanismos, pero muchas veces hemos tenido que legislar solos.

Hoy está en el Senado el proyecto que restablece el voto obligatorio. Nosotros ya estamos despachando el mecanismo para hacerlo obligatorio; pero este proyecto también permite dar un espacio a quienes no deseen hacerlo por un proceso eleccionario, de manera temporal.

Por tanto, están las condiciones y vamos a apoyar este proyecto, pero no cabe duda de que aún nos queda un gran camino por seguir.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, cuando cumplí 18 años de edad -probablemente un par de meses antes, pues la ley así lo permitía-, fui abajo del edificio de correos de Arica, que era donde estaba la junta inscriptora. Estaba bastante escondida, pues se debía bajar a un subterráneo, y finalmente me logré inscribir para votar en mi primera elección, en 2005, cuando Michelle Bachelet , la primera mujer en lograr la Presidencia de Chile, resultó electa. Y yo pude aportar, humildemente, con un voto más para que así sucediera.

Pero, lamentablemente, esa no era la práctica general de mi generación en esa época. En esos tiempos no había educación cívica en los liceos y colegios de Chile, porque había sido retirada con una mirada reduccionista, neoliberal de querer entregar más horas a lo que era “útil”. Entonces, se eliminó la educación cívica de los colegios, y solo hace poco volvió a los establecimientos educacionales.

Como dije, en esa época, en 2005, esa no era la tónica en mi generación. Por eso me alegré cuando hace diez años este Congreso -yo no era diputado en ese entonces aprobó el voto voluntario. Fui de los que aplaudieron y se alegraron cuando ello ocurrió, porque significaba la inscripción automática de miles y millones de personas que iban a poder votar por primera vez.

Pero después de diez años, la evidencia es clara: el voto voluntario, a pesar de lo que se quería en su momento, resultó tener un sesgo de clase muy grande: votan los más educados, los más ricos, y no así los más desfavorecidos de esta sociedad.

Por lo tanto, seguir insistiendo hoy en la idea del voto voluntario sería abiertamente contrario a la evidencia, si lo que uno quiere es resguardar la mayor participación posible para que las elecciones y las instituciones sean consideradas legítimas. Por eso, votamos a favor del voto obligatorio hace un tiempo.

Sin embargo, desde el Partido Liberal y Nuevo Trato presentamos un proyecto que fue uno de los que se refundieron en la comisión y que ha permitido que hoy tuviésemos esta discusión. Por eso, creo que el diputado Winter se equivoca cuando señala que esto es blanco o negro: o voto obligatorio a todo evento o voto voluntario a todo evento. A mi juicio, es perfectamente posible hacer un mix entre la necesidad de contar con instituciones legítimas, en donde participe la gran mayoría de la población, y seguir creyendo en el principio de la libertad de conciencia.

Y si hay algún chileno o chilena que en una determinada elección, por razones fundadas, acorde a su propia conciencia, decide no querer participar, me parece completamente legítimo que el Congreso Nacional le ofrezca una puerta de salida; una puerta de salida que no pone en jaque al sistema general o a la norma general del voto obligatorio, pero establece la posibilidad de que alguien, por el derecho a la disidencia, que es un derecho que los liberales defendemos y que siempre hemos defendido, pueda decir: “Prefiero no participar”.

Por eso, es importante cautelar el derecho a la disidencia, el que debe estar consignado en la ley para contar con esa posibilidad. Probablemente, no va a ser la norma general -está bien que no lo sea-, pero debe existir ese derecho si alguien así lo quiere.

Entonces, me parece que lo más justo y lo más democrático es un sistema mixto que integre las dos modalidades. Por eso hemos propuesto esta fórmula, que se aprobó en la comisión, gracias a la diputada Andrea Parra , quien la presidió y quien también fue una de las autoras de otro proyecto de las mismas características, y hoy lo tenemos a la vista, y que se refiere a la desinscripción temporal de los registros electorales. O sea, quien, cumpliendo con los tiempos que la ley establece, decida desinscribirse, lo hace respecto de una elección y se entiende reincorporado al padrón para la siguiente elección.

En la Comisión se produjo un debate acerca de si la desinscripción sería temporal o permanente, pero lo importante es que exista una puerta de salida, porque el derecho a la disidencia debe existir siempre.

Por eso, desde el Partido Liberal y desde el Nuevo Trato, votaremos a favor de este proyecto.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Mario Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a mis distinguidos y distinguidas colegas.

Con el profundo respeto que me merecen los autores de la moción, quiero participar de la discusión, porque encuentro que hay un contrasentido y por eso me hago algunas preguntas.

¿Por qué estamos discutiendo esto? Leí el informe y la verdad es que cuando impulsamos el proyecto que restablece el voto obligatorio, el consenso fue generalizado, pues todos de manera transversal señalaron que el haber implementado el voto voluntario había sido un error, del que formé parte, porque era diputado y lo voté favorablemente, a pesar de que en la discusión en la Sala argumenté que la experiencia comparada -que me di el trabajo de analizar indicaba que era una falacia el que la sola voluntariedad aumentara la participación.

Lamentablemente, como suele ocurrir, pesó el contexto político, las presiones que se generan sobre algo que aparece como popular, al igual que hoy, en que estamos legislando muchas cosas que aparecen como populares y que no necesariamente son la mejor política pública. Luego, los hechos demostraron que en vez de aumentar la participación, esta cayó en picada.

Ya se ha dicho aquí: la baja participación afecta la legitimidad de las autoridades elegidas y causa un profundo daño a nuestro sistema democrático.

Hay que recordar que hace poco aprobamos en esta Sala el proyecto de ley que restablece el voto obligatorio, pero todavía su tramitación no concluye, porque en el Senado aún no lo votan. Entonces, cabe hacerse una pregunta: ¿será posible que se encuentre consagrado para la próxima elección presidencial y parlamentaria del mes de noviembre o vamos a esperar hasta la elección que se debe efectuar en cuatro o cinco años más? Hay incertidumbre al respecto.

Por eso, no entiendo por qué ha surgido la idea de que aprobar el voto obligatorio es posible solo y en cuanto se aprueben lo que sus autores y otros colegas con los que he conversado han llamado leyes complementarias. Algunas de ellas me hacen mucho sentido, como, por ejemplo, la movilización gratuita -¡perfecto!-, la cercanía de los locales de votación al domicilio -¡perfecto!-, pero sinceramente encuentro que es un contrasentido que digamos que ahora, además, vamos a permitir la desinscripción voluntaria para cada elección o plebiscito hasta treinta días antes del cierre del padrón electoral por parte del Servel. Creo que avanzamos en un sentido y retrocedemos en otro. ¡Es obligatorio o no lo es! Realmente no creo que esto contribuya. Esa es mi modesta opinión, con el respeto que siento por quienes piensan que esto podría ayudar.

Si queremos corregir un error -del que me hago cargo en lo personal-, primero tenemos que aprobar el proyecto de ley que restablece el voto obligatorio -que, insisto, no está aprobado y, luego, desde la práctica y de ver cómo funciona, introducir las modificaciones que parezcan convenientes.

Por eso, tengo dudas de que el proyecto que hoy discutimos ayude a corregir un error. El voto obligatorio es la expresión de un deber ciudadano de participación mínima, como es participar de las elecciones de las autoridades a todo nivel.

He dicho.

El señor AUTH (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, voy a continuar con la reflexión que acaba de realizar el diputado Venegas , con quien estuve en el momento en que se votó el establecimiento del voto voluntario. En aquella oportunidad, voté en contra de la idea de que fuera voluntario y así lo conversábamos el otro día con el diputado Longton , cuando recordábamos la historia de esa ley.

No puedo dejar de recordar, como si fuera hoy, a los lobistas que había en cada uno de los sectores, fundamentalmente para que el voto fuera voluntario. La reflexión que se hizo en esa época era acerca de si este era un deber o un derecho. Para algunos -esto lo comparto con el diputado Venegas este es un deber que nació como un derecho, especialmente para nosotras las mujeres, que peleamos constantemente a través de la historia para ejercer este derecho y convertirnos en ciudadanas.

Entonces, ante la disyuntiva entre el deber y el derecho, muchos plantearon que este es un derecho y que debían darse ciertas condicionantes, las que nunca se dieron. Quienes somos diputados y diputadas de sectores rurales veíamos con mayor claridad las deficiencias del sistema y la posibilidad de que las personas pudiesen concurrir con su voto, pero en un contexto en que no existían clases de educación cívica, materia respecto de la que legislamos en este Congreso y que todavía no se concreta.

También es importante que el transporte sea gratuito. Cada vez que hay una elección tenemos que pedir que el mismo sea gratuito. Lamentablemente, es muy arbitraria la forma en que se implementa la movilización por parte de las gobernaciones y los gobiernos de turno, porque eso no necesariamente significa que las personas puedan ejercer el derecho a voto.

Hoy, la cercanía con los lugares de votación es imprescindible. Estamos en conocimiento de cómo se están construyendo demográficamente las ciudades y los sectores rurales, por lo que sabemos que es en los sectores urbanos donde se concentran más las votaciones.

No se dio ninguna de las condicionantes. Una de las más importantes era que el estímulo de los partidos políticos iba a ser tal que las personas, voluntaria y alegremente, y motivadas, concurrirían a votar. Eso fue lo que menos ocurrió.

Por eso, en esos años voté en contra, porque para mí es un deber ir a votar. Además, sabía que esas condicionantes no se iban a dar. Muy pocos votamos en contra, y, además, en ese momento sufrimos el bullying político respectivo.

Hoy, después de un aprendizaje complejo desde el punto de vista de las consecuencias para la democracia o la legitimidad de la representación, debemos subsanar el problema. Sin embargo, al mismo tiempo, ¿cómo damos salida a los que creen que es un derecho? Muchos de nosotros pensamos que votar es un deber, pero -repito-, ¿cómo damos salida a los que creen que sufragar es un derecho? Están en su justa dimensión de creer que es así. En una feria en San Fernando me preguntaron por qué estábamos obligando a la gente a votar.

En esos años, en el marco de la discusión del voto voluntario, también se planteó la posibilidad de que la persona se pudiese desinscribir. Creo que es una alternativa para quienes creen que el voto es un derecho. De esa manera no multaremos a la gente que cree que esto es un derecho y no un deber. Con ello, ampliamos el concepto de diversidad de pensamiento.

Es importante modificar esta ley, la cual analizamos en la discusión del voto voluntario versus el obligatorio; creo que es bueno que se otorgue esta puerta, esta salida para que aquellos que creen que sufragar es un derecho, pero que no quieren ejercerlo.

Vamos a votar favorablemente el proyecto de ley.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, reformamos la ley que terminó con la inscripción voluntaria y el voto simbólicamente obligatorio, porque más del 40 por ciento de la población no estaba inscrita en los padrones y, por tanto, no solo no votaba, sino que no podía votar.

La mayor parte de esa población ausente eran, justamente, los protagonistas de hoy, es decir, los menores de treinta años de edad. Dicho grupo, en la última elección que se realizó con el sistema antiguo, gravitó apenas un 7 por ciento, mientras que hoy ese segmento gravita más del triple o el cuádruple, es decir, lo que efectivamente representa en la pirámide poblacional.

Por supuesto, estamos por avanzar hacia el restablecimiento de la obligatoriedad del voto y está por discutirse qué significa la obligatoriedad. Francamente, creo que así como antes fue simbólica, en el futuro volverá a ser simbólica, porque no veo que vayamos a establecer multas, y si lo hacemos, les aseguro que en una década van a desaparecer.

Por lo tanto, soy contrario a la idea de retroceder respecto del avance fundamental que fue la incorporación de todas las chilenas y de todos los chilenos al padrón electoral. Fue un avance civilizatorio básico. En cuanto a si es un derecho o un deber, hay muchos derechos que se convirtieron en deberes. Por supuesto que creo que el voto es un derecho, pero también comporta un deber, a saber, el deber mínimo de establecer el interés por el colectivo y por el devenir del país.

No creo que no ejercer ese derecho o no cumplir con ese deber deba ser sancionado pecuniariamente. Sí considero que la desinscripción del registro electoral es una señal absolutamente contraria a la que debe dar este Parlamento respecto de la participación electoral, porque significa retroceder en un avance fundamental: que todos los habitantes de Chile mayores de dieciocho años de edad y ciudadanos puedan, en cualquier instante y si la elección les interesa, ejercer el derecho a voto.

Por lo tanto, votaré en contra el proyecto, porque, pese a que algunos dirán que acá se dan dos pasos adelante y un paso atrás, y luego un paso atrás y dos adelante, se trata de señales y no de procedimientos. ¿Queremos que todos los chilenos y todas las chilenas estén en condiciones de votar? Si establecemos la desinscripción voluntaria, vamos a erosionar la base fundamental, es decir, el cuerpo de todos los ciudadanos mayores de dieciocho años de edad en condiciones de ser convencidos de votar por cualquiera de las múltiples alternativas que se les presenten.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señorita CASTILLO (doña Natalia) .-

Señor Presidente, en la Cámara de Diputados hay discusiones de fondo que tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia, con cómo hacemos para que la mayor cantidad de personas se sienta involucrada en el proceso democrático. Aquello, sin duda, no se relaciona solo con el ejercicio del derecho o deber del voto, sino con aspectos mucho más profundos, como volver a tener un sistema educacional que eduque cívicamente, informar a los ciudadanos, participar, con distintas instituciones, en el debate constitucional actual, y con cómo transitamos de una democracia representativa a una mucho más directa, en la cual la ciudadanía pueda involucrarse en los procesos locales y nacionales, y que su opinión no solo sea un elemento decorativo, sino un factor de incidencia.

Desde esa perspectiva, hace algún tiempo se estableció la inscripción automática y el voto voluntario, porque se quería fortalecer la democracia; sin embargo, el efecto fue completamente contrario a lo que se esperó en su minuto: la gente, lejos de querer participar más, se ha ido retirando del ejercicio democrático de concurrir a votar. El ejercicio mínimo en una democracia es manifestar el voto por una posición política.

Lo anterior ha ocurrido por diversos factores. Estamos en una crisis institucional de credibilidad y confianza, debido a lo cual muchas personas han dejado de sentirse motivadas para ejercer el voto voluntario y han decidido permanecer en su casa en las elecciones.

Ahora bien, cómo abordamos esta situación. Se postuló volver a instaurar el voto obligatorio, pero se abrió otra disyuntiva, a saber, qué hacer con quienes no van a votar. ¿Los sancionamos? ¿Establecemos sanciones pecuniarias? ¿Les aplicamos multas, arrestos, etcétera? No, no es el camino. El camino es volver a tener interés sobre la base de que, en la medida en que nos involucramos y participamos, sí puede haber cambios.

Sin embargo, no querer votar, no querer participar en un proceso democrático también es una opinión política, la cual hoy no tiene ninguna expresión. No hay mayor certeza de una opinión política, por ejemplo, de rechazo a la institucionalidad que cuando voluntariamente ejerzo el acto de desinscripción.

Esa es una manifestación política que a la hora de tomar decisiones también va a poder ser considerada. Hoy es una opinión política invisible de aquella gente que decide, por una u otra razón, marginarse del proceso democrático.

Por eso, creo que este proyecto busca un camino para que todas aquellas personas que, en el contexto del voto obligatorio, quieran manifestar una opinión política distinta a la de ir a votar por un determinado candidato, por impugnación del modelo democrático, también lo puedan hacer, y por diversas razones. Cada persona puede tener una razón distinta, pero debe existir la libertad individual de manifestar una posición política, marginándose del sistema.

Creo que este proyecto debe seguir avanzando, porque además, en términos legislativos, el proyecto de voto obligatorio está en segundo trámite constitucional en el Senado. Es decir, este proyecto, si logra seguir avanzando, podría incluso fusionarse con esa iniciativa, de manera que tengamos esa discusión de fondo en paralelo con el trabajo que está haciendo la Convención Constitucional.

Lo cierto es que debemos repensar nuestra democracia y la forma en que el poder constituyente y los poderes constituidos podemos colaborar en devolver las instituciones al pueblo de Chile, en devolver la confianza en dichas instituciones, para que cada vez más nos convenzamos de que cuando actuamos colectivamente, con la inteligencia colectiva de nuestro pueblo, Chile avanza mucho mejor.

Por eso, desde el Partido Liberal y la bancada del Nuevo Trato, vamos a apoyar este proyecto. Estamos disponibles a seguir debatiéndolo para poder mejorarlo, porque esta discusión se debe instalar. Fortalecer la democracia no es tema de una agenda corta, sino un trabajo permanente, y para eso seguimos disponibles.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón .

El señor ALARCÓN (vía telemática).-

Señor Presidente, el objetivo de votar es tener autoridades respaldadas y legitimadas por el voto popular. Coherentemente con eso, creo que una votación obligatoria es justa.

Es más, una votación por debajo del 50 por ciento del padrón electoral debería ser rechazada, como debió ser rechazado el actual gobierno, que obtuvo una votación del 26 por ciento del padrón electoral.

Por lo tanto, en esa dirección, rechazo la idea de la desinscripción y recuerdo que también deberían ser obligatorias las clases de educación cívica.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .

El señor MULET (vía telemática).-

Señor Presidente, he querido involucrarme en este debate tan interesante, a propósito de este trabajo y de la línea que respecto de este hemos mantenido desde que se estableció el voto voluntario.

Como recordó recién la diputada Alejandra Sepúlveda , nosotros -yo particularmente en aquella oportunidad votamos por mantener la votación obligatoria. Sin lugar a dudas, fuimos minoría, pero teníamos la razón.

Hoy la hemos ido restableciendo; uno de nuestros proyectos se aprobó para restablecer el voto en calidad de obligatorio.

Ahora, respecto de este proyecto de ley, debo señalar que establecer el derecho a la desinscripción es ponerle letra chica al voto obligatorio; es como decir que el voto es obligatorio, pero no es obligatorio.

Entonces, creo que aquí hay que tener claridad: o establecemos el voto obligatorio siendo un derecho y un deber -las dos cosas absolutamente ligadas-, o, en definitiva, hacemos un retroceso y decimos: “Mire, si usted quiere, se desinscribe”. O sea, que pase a ser voluntario el hecho de votar o no votar.

Si es voluntario el hecho de estar o no estar inscrito, es voluntario el hecho de votar o no votar, porque detrás de la inscripción está la posibilidad de participar o no participar.

No soy partidario de aprobar este proyecto que facilita y permite la desinscripción.

Otra cosa son las multas y la entidad de estas, si se establece el voto obligatorio. Ya veremos ese tema, porque esa es otra discusión. Pero insisto en que establecer el derecho a desinscribirse es poner letra chica al voto obligatorio. Yo, por lo menos, que siempre he creído en el voto obligatorio, que no cometí un error en 2007 o 2008, cuando se aprobó el cambio de voto obligatorio a voluntario, no lo voy a cometer ahora. No estoy dispuesto a apoyar este proyecto de ley.

Creo en el voto como un deber y un derecho, y que es obligación de todos los chilenos y chilenas participar en los procesos electorales cuando se tienen las condiciones para participar. Los electores podrán ir y votar nulo, blanco o por el candidato A, B o C, pero creo que es necesario participar, incluso, votando blanco o nulo. Creo que ese es el camino correcto.

Establecer la libertad y dar la posibilidad de decir “yo no quiero participar” no transforma el voto en obligatorio. No vamos a tener esa discusión hoy. Esta Corporación resolvió restablecer el voto obligatorio, y hoy estamos deshaciendo lo que hicimos hace unos meses, lo que realmente me parece extraño.

Entonces, si hubiese una mayoría para aprobar la desinscripción, estaríamos haciendo un retroceso respecto de lo que aprobamos hace unos meses. No estoy dispuesto a eso. He escuchado los argumentos, pero creo que sería un error.

La historia electoral de Chile, que estudié muy bien hace muchos años, cuando rechacé cambiar el voto de obligatorio a voluntario, es muy clara en este sentido. Además, desde mi punto de vista, ahí existe un sentido político, porque mientras más gente participe no solo es mejor para la democracia y el país, sino que profundiza más la democracia y esta pasa a ser más equilibrada.

En la historia electoral de Chile, desde el voto censitario, en el siglo XIX, hasta la incorporación de la mujer al voto, que costó tanto -tan absurdo ello, pero así fue-, uno ve que cada vez fueron participando más chilenos y chilenas en la medida en que el voto se iba haciendo obligatorio y se iban estableciendo sanciones al hecho de no votar. Esas fueron grandes fiestas democráticas en las cuales participaron muchos chilenos que apostaron por distintos gobiernos y, fundamentalmente, por cambios.

Creo que el voto voluntario o el voto obligatorio con desinscripción, que es lo mismo que el voto voluntario, terminan perjudicando a sectores políticos, sociales y económicos más vulnerables. Empíricamente, eso dice el estudio de la historia electoral chilena.

Por eso, manteniendo la línea del voto obligatorio, que he mantenido desde hace mucho tiempo, creo que hoy no es necesario este proyecto, porque es borrar lo que avanzamos hace algunos meses.

Por lo tanto, voy a votar en contra de la posibilidad de desinscribirse respecto del voto obligatorio, porque, en definitiva, pasará a ser un no voto y no se tendrá el derecho a votar. Creo que ese es un retroceso y, por ende -insisto-, voy a votar en contra.

He dicho.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.502, que Establece Impuestos a Combustibles que Señala, para rebajar en un 50 por ciento el impuesto específico a las gasolinas automotrices y petróleo diésel, en caso de y durante la vigencia de un estado de excepción constitucional, o alguna calamidad pública que afecte o comprometa gravemente el empleo e ingresos de la ciudadanía.

Para su discusión se otorgarán cinco minutos a cada diputada o diputado inscrito.

Antecedentes:

-El debate del proyecto se inició en la sesión 66ª de la presente legislatura, en miércoles 11 de agosto de 2021, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Hacienda.

El señor VENEGAS (Presidente accidental).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, quiero ser categórico al respecto: el impuesto al combustible originalmente fue planteado para la construcción de las carreteras en Chile. Sin embargo, hace muchos años que estas son financiadas por aquellos que circulan por ellas. ¿Por qué no fue derogado ese impuesto? Porque, evidentemente, con el tiempo se transformó en un impuesto, primero, que recauda mucho y, segundo, que tiene un objetivo ambiental muy nítido.

En todos los debates respecto de los mecanismos de amortiguación de la variación de los precios he señalado que no hay justificación alguna para que este impuesto se aplique a los vehículos que circulan por las carreteras y no se aplique a la retroexcavadora de la faena minera, o al camión o al bus del aeropuerto, etcétera, porque desde el punto de vista ambiental provocan exactamente el mismo daño. En consecuencia, a la misma razón, la misma disposición.

Creo que, a estas alturas, es imprescindible pensar no en la eliminación del impuesto, sino más bien en su universalización. Es decir, hay que extender su aplicación a todos aquellos que usan combustible y producen el daño ambiental consiguiente. Eso permitiría mantener la recaudación y, por supuesto, rebajarlo, si es necesario; no soy particularmente partidario de esta medida, pero podría rebajarse un tercio, manteniendo la misma recaudación, porque dos tercios del combustible son consumidos por las diversas actividades industriales. Es preciso que ese combustible sea gravado del mismo modo que lo es el de los vehículos que circulan por las carreteras.

Primero, quedó en evidencia que la eliminación del impuesto es completamente regresiva; que el 80 por ciento del eventual beneficio en la rebaja del precio iría al quintil o al decil con mayores recursos del país.

Segundo, también quedó en evidencia que cualquier rebaja tributaria no se traspasa a precio, como se pretende en la justificación del proyecto, sino muy parcialmente.

Tercero, evidentemente, va en contra de todas las señales y medidas para reducir el impacto de la actividad humana sobre el cambio climático.

En consecuencia, hay innumerables razones de fondo y muy poderosas para votar en contra este proyecto, que es la expresión máxima del populismo de derecha.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Rolando Rentería Moller .

El señor RENTERÍA.-

Señor Presidente, como todos sabemos, el impuesto específico a los combustibles es un gravamen que se instauró en 1985, luego del terremoto de marzo del mismo año, para la reparación de caminos y carreteras que se vieron fuertemente afectadas por el movimiento telúrico. El impuesto en cuestión representa casi el 50 por ciento del precio final que pagan los conductores al momento de cargar los vehículos particulares con bencina.

Con el paso de los años y ante el constante aumento del valor de los combustibles, el Estado ha implementado una serie de mecanismos para amortiguar el impacto que esas alzas pudieran significar para los usuarios. Sin embargo, el valor del dólar y otra serie de factores tienen el precio de las bencinas casi en los 1.000 pesos por litro, y en algunas regiones del país ya ha superado ese valor.

El mencionado impuesto, que iba a ser de carácter transitorio, desafortunadamente se convirtió en un impuesto permanente. Si bien ha sido un aporte importante para la construcción de caminos y carreteras que conectan el país, actualmente, ante la concesión de carreteras, especialmente en la Región Metropolitana, donde los conductores pagan peaje para circular por estas, poca justificación tiene el sostener este gravamen.

Si a eso sumamos la grave crisis económica por la que atraviesan las familias chilenas producto de la pandemia por covid-19, por la que muchas personas han perdido sus fuentes de trabajo o han visto disminuidos sus ingresos de manera considerable, es razonable darles una mano a esos millones de chilenos y chilenas reduciendo el impuesto específico a los combustibles. Muchos de ellos utilizan sus vehículos como una forma de surgir en sus emprendimientos, ya que han debido reinventarse para percibir ingresos, ya sea para complementar sus salarios o tener una entrada económica para llevar el pan a la mesa, tener salud, educación y un sinfín de otras cosas, por el bien de sus familias.

Si bien el gobierno anunció hace pocos días una modificación del Mepco para contrarrestar las constantes alzas de los precios de los combustibles, este esfuerzo será efímero, ya que el precio internacional del crudo y el valor del dólar harán que las bencinas sigan subiendo en las próximas semanas, mientras que las familias chilenas seguirán ganando exactamente lo mismo mes a mes.

Por otro lado, si bien el Congreso ha aprobado el ingreso familiar de emergencia, el retiro de fondos previsionales y diversos bonos que van en ayuda de pequeños y medianos empresarios para que puedan sobrellevar de mejor manera la crisis económica por la que atraviesan por culpa de la pandemia, estas ayudas no alcanzan a ser suficientes para un número significativos de familias, que viven con lo justo para llegar a fin de mes.

La iniciativa viene a darles un apoyo a millones de chilenos que, con mucho esfuerzo, han adquirido un automóvil, que hoy necesitan más que nunca para que ellos y sus familias puedan seguir surgiendo y evitar contagiarse de covid-19.

Una reducción del impuesto específico a los combustibles puede, por cierto, marcar una diferencia en la calidad de vida de los chilenos que buscan empleo o tratan de salir adelante por sus propios medios.

Por ello, llamamos a la Sala a votar favorablemente las indicaciones que hemos ingresado, para que los chilenos se vean favorecidos con una reducción significativa del precio de los combustibles y puedan contar con esos recursos para destinarlos a sus hogares y a sus familias.

En consecuencia, espero que este proyecto cuente con el respaldo transversal del hemiciclo.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Félix González Gatica .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, estamos enfrentados a una pandemia, a una crisis sanitaria y a una crisis económica, pero también existe otra crisis: la climática. Incentivar el uso de combustibles fósiles va en el sentido contrario a lo que tenemos que hacer como humanidad para enfrentar esta crisis climática. Por eso, me parece una mala idea rebajar el impuesto específico a los combustibles fósiles. Lo que corresponde hacer es aplicar ese impuesto en mejorar la calidad de vida de las personas. Esto puede ser, atendido el estado de excepción constitucional, para extender el IFE, por ejemplo.

A pesar de que lo que establece el proyecto aplicaría solo en estado de excepción, situación que puede terminar el 30 de septiembre, si es que el gobierno no quiere renovarlo, en tiempos normales el impuesto debiera ocuparse para rebajar el pasaje de la locomoción colectiva, para mejorar el transporte público o para potenciar los trenes en Chile.

Parece ser muy popular rebajar el impuesto a los combustibles, pero no es una buena idea, porque estaríamos dejando un margen para subir los precios a Copec, al grupo Angelini , a Petrobras y a todas las compañías que fijan los precios libremente. No crean que la empresa privada solo rebajará lo que se disminuya en impuestos, puesto que lo que hará será presionar hasta lo que la ciudadanía esté dispuesta a pagar, de manera que dicha disminución no necesariamente se traspasará a precios.

Sin embargo, quiero entrar en otro debate. Cuando la ex-Concertación negoció la vuelta a las elecciones, la vuelta a la democracia, llegó a determinados acuerdos económicos, los que están y estarán en los libros de historia. Uno de esos acuerdos, efectuado con los sectores que venden combustibles, estableció lo siguiente: que la ENAP tendría el monopolio del tratamiento o la refinación de los combustibles, pero que estaría impedida de distribuirlos.

Quiero relevar ese punto, porque es de suma importancia. ¿Por qué la ENAP no puede vender combustible a los automovilistas? ¿Por qué la ENAP, que es una empresa estatal, tiene establecida esa prohibición, pero las empresas distribuidoras tienen el monopolio de la distribución final?

Ello hace que el grupo Angelini , que es dueño de Copec, entre otras empresas, pueda distribuir combustibles, pero la ENAP no. ¿Qué hace Copec? Le compra a la ENAP. ¿Saben a cuánto le compra a la ENAP la gasolina de 97 octanos? Se la compra a 475 pesos; la de 93 octanos, a 386 pesos; la mezcla de las dos es la gasolina 95; el diésel, también a 386 pesos, y si nos saltamos al gas, que no es materia de este proyecto, el precio del gas licuado es de 556 pesos por kilo, o sea, a un poco más de 8.000 pesos el cilindro de 15 kilos. ¿A cuánto lo está pagando la gente? A 21.000 pesos.

En consecuencia, este impedimento que tiene la ENAP para distribuir hace que ese margen gigante se lo queden los privados.

Este proyecto, que fue declarado inadmisible por la Mesa, pero que estamos discutiendo porque esta Sala impugnó esa declaración, podría ser complementado con otra iniciativa, también inadmisible, de modo que si la Mesa la declara de esa forma volveremos a impugnar esa declaración, que tenga por objeto permitir que esta empresa estatal, llamada ENAP, pueda vender combustible a los automovilistas, porque actualmente no puede hacerlo. Al hacer eso estaríamos sincerando el precio.

Para volver al punto inicial y a este proyecto en particular, como ecologista, sé que tenemos una responsabilidad mayor, de carácter planetario, pues no hay economía posible sin el planeta, sin suelo, sin agua, sin que el clima lo permita.

En consecuencia, lo que hoy debemos hacer, responsablemente, es votar en contra este proyecto de ley.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Aracely Leuquén .

La señorita LEUQUÉN (doña Aracely) .-

Señor Presidente, las movilizaciones sociales del 2019 y la crisis sanitaria han tenido un fuerte y negativo impacto económico en nuestro país, debido a la pérdida de empleo y a la disminución de ingresos, de manera que se hace necesario adoptar medidas para ayudar a miles de chilenas y chilenos afectados. Son las familias de menores ingresos, que habitan principalmente en zonas extremas de nuestro país, las más impactadas por el freno puesto a la movilidad económica.

Por eso, me parece importante enfocar la discusión de este proyecto pensando en quienes utilizan el combustible como principal insumo de su actividad económica, como el caso de los taxistas, los colectiveros y los transportistas escolares. A lo anterior se debe agregar que en regiones como Aysén y Magallanes el transporte de carga es fundamental.

Todas esas actividades económicas han sido fuertemente afectadas por esta pandemia, sin mencionar las graves consecuencias económicas del llamado, por meses, a no salir de casa, lo que disminuyó considerablemente el ingreso económico familiar.

Si bien este proyecto busca establecer una subvención del 50 por ciento del impuesto específico a las gasolinas automotrices y del petróleo diésel, durante el tiempo que dure la vigencia de un estado de excepción constitucional, medida que apoyo indiscutiblemente, creo que es también la oportunidad para relevar la importancia que esta discusión genera en las zonas aisladas de nuestro país, como la Región de Aysén, que represento.

Aysén es una región extrema y la propuesta de eliminación del impuesto específico a los combustibles es un debate político y legislativo histórico para nuestra gente, que lleva bastante tiempo, tras varias movilizaciones sociales a nivel regional, y que aún no tiene una respuesta. Además, es una medida significativa, dado que este impuesto afecta el precio final de las gasolinas en cerca del 40 por ciento.

El alza de los combustibles para Aysén y Magallanes es todo un descriterio, que no hace justicia con los que hacen soberanía en territorios apartados, quienes intentan hacer milagros para sacar adelante sus actividades económicas y productivas.

Esperamos que el foco y el objetivo de la discusión de este proyecto estén puestos en el fondo del problema, en la desigualdad que afecta a zonas extremas como Aysén, Magallanes , Arica y Parinacota , donde el alza de los combustibles ha afectado gravemente los emprendimientos en distintos rubros, en diferentes actividades económicas.

En consecuencia, votaré a favor este proyecto, por todo lo que implica para el desarrollo de regiones apartadas.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, primero, en un sentido muy general, quiero decir que este proyecto va a contrapelo de todo lo que se necesita hoy.

Hemos recibido la alarmante noticia de que el aumento de la temperatura en la Tierra, en dos grados promedio, no ocurrirá el 2040, sino el 2030, y todos sabemos que un gran contribuyente al calentamiento global es la emisión de CO2, que es lo que se está tratando de abaratar.

Aparte de esto, los promotores del proyecto nos dicen que están inspirados en la buena razón de buscar bajar el precio de los combustibles, por la incidencia que estos tienen en el costo de la vida.

Por otro lado, en la Comisión de Hacienda se invitó a representantes gremiales de quienes se verían beneficiados por esta iniciativa, que aparecen como uno de sus más fervientes promotores. Ante la consulta de cuánto de la rebaja del impuesto específico, que se les transferiría a ellos por la vía de la compra de gasolina, iría en beneficio del bolsillo de los que utilizan medios de transporte como taxis y taxis colectivos, su respuesta fue que nada.

O sea, la rebaja del precio de los combustibles, vía la rebaja del impuesto a los combustibles, no producirá ningún efecto, ni en el usuario ni en la inflación ni en nada. Dejará las cosas igual, con el agravante de que incide en el estímulo al uso de un combustible que contribuye al calentamiento global.

Hoy está operando el mecanismo de estabilización de los precios del combustible y se ha producido el efecto esperado: bajar el precio de los combustibles. Entonces, uno vuelve a preguntar cuál sigue siendo la necesidad de rebajar el impuesto específico a los combustibles si la tendencia en los precios va en el sentido contrario del alza, es decir, va a la baja.

Pero aquí nadie da explicaciones de ninguna especie. Vivimos en un mundo de fantasía; en un mundo irreal.

Pruebas al canto: acabamos de discutir un proyecto de ley para reformar una ley que no existe. ¿Se puede estar más fuera de la realidad? Y después andan todos lloriqueando que no nos quiere la gente, que hay que recuperar el aprecio por el Congreso. No obstante, ¿cómo vas a confiar en un cuerpo que legisla para reformar la nada? ¡No se puede!

Sería más eficaz que, en vez de reducir el precio del combustible vía la rebaja del impuesto, extendiéramos este último a todos los transportes que hoy están exentos: transporte marítimo, transporte aéreo, maquinaria minera, maquinaria agrícola, para desestimular en todos los sectores el uso irracional del combustible, que rebota en el calentamiento global. Eso sería lo racional. Pero ¿cómo se puede pedir racionalidad a una Cámara que discute cómo reformar lo irreformable, porque no existe lo que quieren reformar? Y así va el mundo, dando botes de tumbo en tumbo.

Voy a votar en contra, porque creo que ya quedaron claras mis razones.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi Lavín .

La señora GIRARDI (doña Cristina).-

Señor Presidente, básicamente opino de forma muy similar al diputado Félix González , porque soy parte de los parlamentarios y las parlamentarias que tenemos conciencia sobre el efecto que está teniendo el cambio climático sobre el planeta. Y, obviamente, dentro de esto, los combustibles fósiles es uno de los elementos que más aportan, desde el punto de vista de los gases de efecto invernadero, en alterar el clima en el planeta.

Rebajar el impuesto al combustible diciendo que es por abaratar el precio para que la gente pueda acceder a mejores valores del combustible es incentivar el uso del combustible fósil. Pero, además, esto se hace en el contexto de que hay sectores de la economía que no pagan este impuesto, por ejemplo, las grandes mineras.

Entonces, en vez de rebajar el impuesto a aquellos, si hay efectivamente un problema de recaudación o de acceder de mejor manera a mejores precios, creo que lo importante aquí sería extender este impuesto a aquellos que no lo pagan, y, además, injustificadamente. Uno no entiende por qué las grandes mineras no pagan el impuesto al combustible. Me parece una discriminación brutal contra aquellos que sí lo tienen que pagar, con lo que, obviamente, se favorece a un sector que, además, es depredador del agua y de los suelos, y más encima le perdonamos el impuesto al combustible.

Por tanto, hasta que esos temas se resuelvan, y mientras los países no den señales claras respecto de la supervivencia del planeta, me parece una irresponsabilidad aprobar un proyecto como este. Me parece irresponsable, porque no sé si acá los parlamentarios tendrán hijos, hijas -algunos probablemente tengan nietas y nietos-, pero lo que les estamos dejando a las futuras generaciones es la destrucción absoluta, básicamente por nuestro propio egoísmo: ganar, ganar, ganar; producir, producir, producir. Pan para hoy, hambre y miseria para mañana: eso estamos dejando a las futuras generaciones. Y si no tenemos conciencia respecto de ello y si se aprueba este proyecto, es que claramente este Parlamento tiene cero conciencia respecto de los efectos del cambio climático.

Yo hago una invitación a que no votemos a favor este proyecto y que busquemos otras alternativas para que, efectivamente, las personas no tengan dificultad en el transporte, en la movilización, o en los precios relacionados con los bienes de consumo y los servicios básicos.

No aprobemos un proyecto que incentiva el uso de combustibles fósiles. Ello, en el contexto que estamos viviendo, me parece una contradicción y una hipocresía brutales.

Obviamente, votaré en contra esta iniciativa.

He dicho.

El señor FLORES, don Iván (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto Águila .

El señor CALISTO.-

Señor Presidente, la verdad es que resulta bastante sorprendente escuchar las intervenciones de los honorables diputados y diputadas, quienes, a partir de una mirada desde el centro del país, señalan que este proyecto, que busca eliminar, a lo menos en un porcentaje, el impuesto específico a los combustibles, es equivocado, irracional. La verdad es que eso llama la atención, porque, a mi juicio, representa una desconexión absoluta con la realidad de nuestros territorios.

Entiendo que, desde la comodidad de Santiago, uno pueda decir: “Mira, el impuesto específico está bien, porque contribuye a desincentivar el uso de vehículos y el transporte, y, por ende, a contaminar menos”. Pero cuando un poblador de Villa O’Higgins, quien está a catorce horas por tierra de Coyhaique, tiene que ir a una atención médica, evidentemente estamos frente a una realidad que es totalmente distinta. No es la gente más rica la que usa más combustible y, por ende, hay que cobrarle más impuestos. Piensen ustedes que el impuesto específico representa en el valor de un litro de bencina cerca de trescientos cincuenta pesos. A eso hay que sumarle el IVA. O sea, en algunas regiones como las nuestras; en Chiloé, Palena , Aysén , Magallanes y en el extremo norte de nuestro país, el litro de combustible está llegando a sobre los 1.100 pesos. Y la gente no solo utiliza el combustible en sus vehículos, sino también en sus embarcaciones pesqueras, en el generador que provee de energía en el campo a los pequeños campesinos.

Por lo tanto, pido al Congreso que no solamente pensemos en el discurso Santiago céntrico, como que todo ocurre en Santiago, como que todas las decisiones pasan por ahí, porque Santiago no es Chile. Hay regiones como las nuestras, regiones del extremo sur, que hoy están pagando mil cien pesos por el litro de combustible y donde solamente en impuestos sus habitantes estamos pagando el 50 por ciento de ese precio.

Quiero pedir además a nuestros estimados colegas parlamentarios que al menos podamos revisar este proyecto y aprobarlo para eliminar o rebajar en parte el impuesto específico, que golpea fuertemente a los sectores aún más aislados; es decir, entre más lejos se vive de Santiago, más castigado se es con la aplicación de los impuestos. Imagínense que si en Coyhaique hoy está en mil cien pesos el litro de combustible, en Islas Huichas, en Melinka, en Puerto Gaviota, que son lugares donde la gente realmente hace patria, que no vive en el centro de Santiago o de Valparaíso, ¿sabe a cuánto se está pagando por el litro de combustible? Mil quinientos pesos, porque no llega formalmente.

Después todos hacemos discursos respecto de la soberanía, del territorio, en fin; pero, en la práctica, castigamos a aquellos que viven más lejos. Esa gente no solo está pagando mil quinientos pesos por el litro de combustible, sino también la electricidad más cara de Chile: trescientos ochenta pesos el kilowatt hora, versus Santiago centro, Providencia , Las Condes, que pagan ciento veinte o ciento cuarenta pesos el kilowatt hora. Y si vamos a las condiciones de habitabilidad, ¡estas son las peores que usted se pueda imaginar!

Entonces, pido al Congreso Nacional que cuando hablamos de eliminar el impuesto específico a los combustibles, tenemos que pensar en el medio ambiente, ¡por supuesto!; tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, ¡por supuesto! Si los santiaguinos quieren mantener el impuesto específico, me parece bien. ¿Quién soy yo para recriminar si ellos quieren impuesto específico? Sin embargo, en el caso de las zonas extremas, nosotros queremos eliminar el impuesto específico, porque realmente está afectando nuestra calidad de vida, empobreciendo a nuestras familias y, sobre todo, desde el punto de vista del Estado, estamos castigando a aquellos que viven más lejos de Santiago.

No todo pasa por Santiago; no todo pasa por Valparaíso; no todo pasa por las grandes urbes. También hay regiones que hoy día están abandonadas por el Estado.

Por eso, pedimos y exigimos al Congreso Nacional y al gobierno que elimine el impuesto específico.

He dicho.