Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y crea Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Para la discusión del proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 85ª de la presente legislatura, en lunes 4 de octubre de 2021. Documentos de la Cuenta N° 4.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Rosas .

El señor ROSAS.-

Señor Presidente, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, así como los distintos elementos que mejoran el pago de las pensiones alimenticias, fueron comentados en la Sala durante el primer trámite constitucional de la iniciativa y constituyen un avance sustancial que miles de mujeres han estado esperando.

Durante la tramitación de los proyectos para el primer y el tercer retiro del 10 por ciento de las AFP, agregamos a las respectivas iniciativas la posibilidad de retención de los fondos por deudas de pensión de alimentos, lo cual sumó miles de millones de pesos.

Por ello, la mayoría de la Cámara de Diputados decidió avanzar para mejorar los procesos en materia de pago de pensiones alimenticias y, de esta forma, cautelar el pago de esas pensiones que se adeudan a los niños y niñas de nuestro país.

Así fue que, con el apoyo transversal de la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobamos por unanimidad el proyecto que modifica la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias y, al mismo tiempo, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, en su primer trámite.

La propuesta incluye varias materias planteadas en diversas mociones sobre el particular en diferentes períodos legislativos, las cuales habían estado durmiendo en el Congreso, así como sugerencias provenientes de la ciudadanía organizada. En ese sentido, cabe destacar la colegislación que debemos mantener siempre con la ciudadanía organizada y la unanimidad que concitó el proyecto en la Cámara de Diputados.

El proyecto contempla que las resoluciones judiciales que ordenen el pago de una pensión alimenticia, provisoria o definitiva, por un trabajador dependiente, o que perciba una pensión de vejez, invalidez o sobreviviencia, establecerán, como modalidad de pago, la retención por parte del empleador o la entidad pagadora de las pensiones. Si se trata de un trabajador independiente, sujeto a contrato a honorarios, el tribunal podrá establecer la retención de sus honorarios si, atendidas las circunstancias concretas, estima que es un medio idóneo para garantizar el cumplimiento íntegro y oportuno de la pensión alimenticia.

La norma define un procedimiento de notificación y exige la creación de un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, instrumento electrónico de acceso remoto, gratuito e inmediato para cualquier persona con interés legítimo en la consulta.

El proyecto es un gran avance de cara a hacer justicia con todas las mujeres que en Chile viven hoy el drama que implica no haber recibido nada por años para criar a sus hijas e hijos, y lo han hecho con todo su esfuerzo.

Por lo tanto, voy a votar a favor de este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Sanhueza .

El señor SANHUEZA.-

Señor Presidente, sin duda, este es un tema que lleva muchos años pendiente y el Estado no ha sido capaz de dar una respuesta eficaz y oportuna.

Me correspondió escuchar muchos testimonios en la Comisión de la Familia y observamos el dolor, la angustia y la frustración de muchas madres que durante años han peregrinado por diferentes tribunales. Dichas madres también nos mostraron fotografías y videos que daban cuenta de la contraparte, y no había ninguna justificación para el no pago. Por ejemplo, nos mostraban a los padres deudores de vacaciones, de viaje en el extranjero, es decir, haciendo una vida absolutamente normal, mientras incumplían un deber básico: el pago de los alimentos para sus hijos. Eso, que parece incomprensible, no tiene una efectiva sanción y, finalmente, en términos de sociedad, de cierta forma termina validándose.

Creo que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, con este proyecto, ha prestado atención al tema. Conversamos varias veces en la Comisión de la Familia la idea de cómo ir cerrando el círculo a estos incumplidores reiterados del pago de pensiones alimenticias.

Cuando se tramitaron los retiros del 10 por ciento de las AFP, se vio el número de deudores y, realmente, es insoportable la sensación de no poder realizar algo concreto para hacer efectivos esos pagos. Que el 86 por ciento de las pensiones impagas sea reiterada, es decir, que correspondan a más de dos o tres meses de incumplimiento, es una vergüenza como país, porque demuestra que no hemos sido capaces de dar apoyo a las familias afectadas.

Por lo tanto, desde ya comprometo mi voto a favor de la iniciativa, porque creo que va en el camino correcto para que, de una vez por todas, terminemos con este peregrinar.

Desde mi punto de vista, el modelo ideal consiste en que el Estado se haga cargo del pago de las pensiones alimenticias y, en consecuencia, las mujeres no deban peregrinar por los tribunales, y que el Estado se ocupe de perseguir a quienes incumplen sus pagos.

No obstante, considero que el presente proyecto es un avance muy importante que permitirá, a través de la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, limitar las opciones a créditos y otros tipos de beneficios que tienen actualmente los incumplidores.

Por eso, debemos avanzar y aprobar el proyecto, el cual contribuye a corregir las justicias que existen en nuestro país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señor Presidente, según datos de la Corte Suprema, solo 16 por ciento de las pensiones de alimentos se paga en tiempo y forma. El resto, es decir, 84 por ciento, cumple de manera parcial o bien, lisa y llanamente, no cumple.

Esta situación violenta muy severamente las posibilidades de desarrollo personal de los alimentarios y la economía familiar de miles de hogares a lo largo y ancho de nuestro país.

Por lo general, son las madres de los alimentarios las que deben cargar con el peso de la mantención y crianza total de sus hijos, sin tener un mínimo de colaboración por parte del padre.

Por ello, hemos impulsado iniciativas legales, por ejemplo, el proyecto que establece como causal de inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos y de representación popular el hecho de ser deudor de pensión de alimentos, para que nunca más en nuestro país tengamos representantes ni personas en cargos públicos de relevancia que no hayan sido capaces de cumplir con un deber tan elemental y básico como dar lo necesario para la mantención de sus hijos.

En la misma línea, en el proyecto del cuarto retiro del 10 por ciento de las AFP, establecimos, a través de una indicación, altas sanciones para las AFP que no cumplan con el pago que por ley corresponde a tantas madres en nuestro país.

Sin duda, lo medular del proyecto es la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, en el que figurarán aquellas personas obligadas al pago de una pensión de alimentos que adeuden, total o parcialmente, al menos tres mensualidades consecutivas de alimentos o cinco discontinuas. A dicho registro tendrá acceso toda persona con interés legítimo en la consulta.

¿Para qué sirve? Por ejemplo, si un deudor de alimentos solicita un crédito de consumo en la banca por 50 o más UF, se consultará previamente el registro; de constatarse deuda, se retendrá el 50 por ciento del dinero solicitado. También otorga la posibilidad de que la madre y los hijos adquieran la calidad de acreedores preferentes en caso de un deudor fallido.

En el caso de los traspasos de bienes sujetos a registro, como vehículos o bienes raíces, la inscripción solo será autorizada una vez que se constate formalmente que el 50 por ciento del dinero correspondiente al precio de venta, o una porción inferior si esta es suficiente para solucionar el total de la deuda, ha sido retenido y pagado a los hijos, o que se han otorgado garantías que aseguran el pago en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados desde la inscripción.

Finalmente, este registro podrá ser de gran utilidad en el caso de aprobarse el proyecto que establece como causal de inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos y de representación popular el hecho de ser deudor de pensión de alimentos.

Llamo a apoyar este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, primero, agradezco el trabajo que realizaron de manera conjunta la Comisión de la Familia y el gobierno, con el cual hemos venido trabajando en estos proyectos hace muchos años.

En verdad, la ley de pensión de alimentos es una deuda que tenemos principalmente con las mujeres de nuestro país, deuda que se traduce finalmente en la postergación de obligaciones que tiene todo padre de familia.

La primera obligación es hacerse cargo y responsable del cuidado y manutención de sus hijos. Eso se traduce en un largo peregrinar de las mujeres por los tribunales de justicia. Ellas postergan la realización de su vida, principalmente, porque deben, con mucho amor, cuidar a sus hijos.

Finalmente, esta irresponsabilidad no tiene el reproche social y moral que debería tener. Este proyecto de ley pone el justo equilibrio; es decir, pone el foco social donde debe ser, visibilizando los casos a través del Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimentos y atacando el patrimonio de los deudores, quienes quedarán en ese registro que va a ser visible para todo el mundo.

Incluso más, cuando ellos se quieran casar o volver a casar, el oficial del Servicio de Registro Civil tendrá la obligación de señalarles que son deudores de alimentos. Asimismo, cuando vayan a comprar una casa, cuando vayan a vender un inmueble, cuando vayan a vender un auto, cuando vayan a pedir un crédito, en todas esas situaciones, van a estar en un sistema donde se les va a descontar cada uno de los pesos que deben por causa de pensiones de alimentos.

Además, se mejoran las órdenes de apremio, pues los deudores incluso serán incorporados en el Registro Nacional de Prófugos. Porque ¿qué pasa? Que los van a notificar a su casa y los mismos deudores salen a decir que la persona que buscan no vive en ese lugar. En verdad, se hace muy difícil la persecución y la notificación. Eso se mejora ostensiblemente, así como también las órdenes de arresto, las órdenes de suspensión de la licencia de conducir y las órdenes de arraigo.

Otro elemento importante tiene que ver con la preferencia de pago, es decir, no se va a necesitar ningún trámite para que estén primeras en la fila las madres que quieran efectuar el cobro a los deudores.

Un elemento fundamental que aprobamos en la Cámara de Diputados es que estos incumplimientos van a ser considerados violencia económica, es decir, van a ser constitutivos de violencia intrafamiliar. Además, incorporamos un nuevo tipo penal de maltrato habitual para el caso de la violencia económica, cuando haya pensiones adeudadas.

Este es un gran proyecto que va a mejorar ostensiblemente la manera de perseguir y de hacer efectivo el cobro de las pensiones de alimentos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señor Presidente, este ha sido un tema recurrente en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, porque, sin duda, es un problema gravísimo al interior de las familias: cómo sostener a los niños y niñas producto de una relación amorosa que, en definitiva, se quiebra, por lo que se complica la mantención y el sostenimiento de su vida cotidiana.

Por eso, aquí hemos hecho muchos intentos por mejorar lo que tiene que ver con las pensiones de alimentos, pero no hemos tenido el resultado en relación con cómo las personas, fundamentalmente las mujeres, pueden obtener los recursos para mantener a sus familias, a sus hijos e hijas.

Por eso, cuando se habla de que existe una violencia económica, constatamos que efectivamente eso es lo que ocurre, con el chantaje permanente de no entregar esos recursos a las mujeres. Incluso, muchas veces se burlan de ellas diciéndoles que no van a pagar la pensión de alimentos.

Hemos sostenido múltiples reuniones y hemos hecho muchos proyectos de acuerdo y proyectos de ley, pero, raya para la suma, eso no se concretaba. Con la posibilidad de los distintos retiros de los fondos previsionales vimos cómo se fue mejorando en esta materia, particularmente en el segundo y el tercero retiro. Así fue posible el pago de las deudas de pensión de alimentos, fundamentalmente para las mujeres y sus familias.

Sin duda, este ha sido el instrumento más potente, incluso con lo que se ha planteado en el cuarto retiro, donde no solo habrá un retiro forzoso para pagar a través del 10 por ciento, como ocurrió en el primer y segundo retiro, sino para pagar la totalidad de la deuda si el deudor tiene los fondos en la AFP.

Desde el punto de vista de la eficiencia de la obtención de los pagos de las pensiones de alimentos, diría que ese mecanismo ha sido el más eficiente. Quizás, no el más rápido ni el que más nos hubiese gustado, pero es muchísimo más rápido que tratar de cobrar una pensión por cinco, seis, siete, diez y hasta doce años.

Permanentemente, recurrimos a frases como “el empobrecimiento tiene rostro de mujer”, a partir de la poca capacidad de entender que aquí se necesitan los recursos para el sustento de la familia.

Vamos a votar favorablemente el proyecto, pero también vamos a monitorear lo que va a ocurrir con las pensiones de alimentos a partir de este registro, de esta notificación, etcétera. Vamos a votar favorablemente, pero tenemos que chequear, porque todo lo que hemos hecho aquí no ha sido suficiente para el cobro de las pensiones.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, hasta ahora, las deudas de los progenitores por alimentos que adeudan a sus hijos y a sus cónyuges, a las madres de ellos, han sido siempre consideradas un asunto entre privados, un asunto al interior de las familias, donde el rol del Estado ha sido bastante distante, pues más bien ha sido para autorizar algunas medidas de apremio para tratar de compeler a los progenitores deudores a que se hagan cargo de su responsabilidad.

Claramente, esa es una mirada y un paradigma que están obsoletos. Por consiguiente, hay que cambiarlos y reconocer que de verdad se trata de un problema sistémico y estructural de la sociedad. El bienestar de los niños, niñas y adolescentes, de los menores de edad, no es un asunto que puede ser entregado a la desigualdad social al interior de las familias, porque es un problema sistémico. La solución a las deudas de alimentos también debería ser una responsabilidad primordial del Estado.

No podemos seguir dejando solas a las madres de los niños, enfrentadas a perseguir de manera humillante, vejatoria, tribunal por tribunal, a los padres de los menores.

Las deudas de pensiones de alimentos son un asunto de Estado, de todas y todos, porque este problema visibiliza algo que todos sabemos: la desigualdad de género, la que además se traduce en que los padres de los niños utilizan esa situación para controlar y ejercer violencia económica en contra de las madres.

Hoy vamos a avanzar en un proyecto de ley que tiene que ver con las deudas de pensiones de alimentos. Se establece un conjunto de herramientas que van a favorecer la búsqueda de los deudores. Hoy, el 85 por ciento de las pensiones de alimentos que se tramitan en tribunales no se pagan oportunamente y el 90 por ciento de los deudores de pensiones de alimentos son hombres.

Esa es una conducta indignante, permanente y estructural. Un Estado pasivo y permisivo muchas veces toma palco frente a la injusticia.

Este proyecto de ley cambia ese paradigma y establece numerosas herramientas para compeler al pago de estas deudas.

Este es un proyecto que protege indirectamente también a madres y cuidadoras, que son las voceras de los niños y niñas “invisibles”. Como señaló con claridad Silvana Leiva , vecina sambernardina y lideresa del Movimiento Deuda Pensión de Alimentos, las mujeres son las que deben soportar la triple carga de trabajo, en el mercado, en el hogar y en el cuidado de los niños; las mujeres son las que sufren violencia doméstica, económica y psicológica cuando deben soportar los gastos de supervivencia de sus hijos.

Este proyecto establece propuestas muy interesantes, que todos vamos a aprobar, partiendo por el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, una herramienta vital para comenzar con el registro de quienes no paguen y, de esa manera, hacer un cambio cultural respecto de los niños, niñas y adolescentes, que son lo más importante de la sociedad.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Natalia Castillo .

La señora CASTILLO (doña Natalia).-

Señor Presidente, que no se paguen las pensiones en Chile no es algo nuevo. Llevamos mucho tiempo persiguiendo el tema; hemos presentado varias iniciativas en la Comisión de Familia y hemos trabajado esta materia durante todo el período. El proyecto que presenta el gobierno recoge varias de esas iniciativas; debemos reconocerlo. Sin embargo, podríamos haber iniciado el trabajo mucho antes.

Dentro de los aspectos positivos del proyecto cabe mencionar que mejora considerablemente el procedimiento ante los tribunales de familia y facilita las notificaciones, algo que habrá que ir monitoreando a fin de evaluar su desarrollo y determinar si estos cambios son suficientes o si hay que realizar otros. Asimismo, el proyecto mejora el sistema de los apremios, es decir, la suspensión de ciertos documentos públicos, como la licencia de conducir o la cédula de identidad. Además, establece como regla general el cobro por planilla a los deudores de pensión de alimentos. Por último, crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Deber las pensiones de alimentos no es un asunto de la vida privada, como dijo por ahí la vocera de un candidato presidencial, sino algo que debe ser público. No pagar las pensiones de alimentos, deber a sus hijos la manutención mensual es violencia. Ese es uno de los grandes aportes que hace el proyecto: mediante indicaciones parlamentarias se incorpora el establecimiento de un tipo penal especialmente relacionado con el no pago de pensiones de alimentos. No pagar las pensiones de alimentos es violencia, violencia económica, en este caso, que tiene efectos muy agresivos: no solo afecta el patrimonio de quien tiene que mantener a los hijos, que generalmente es la mujer, sino que puede causar daños en otros aspectos fundamentales de la vida de niños, niñas y adolescentes, como son su integridad física, su salud mental, su derecho a acceder a la educación, etcétera. Por eso es tan importante que se haya incorporado en el proyecto que no pagar la pensión de alimentos es constitutivo de maltrato.

¿Qué falta? Falta crear un fondo solidario de pensiones de alimentos en el que el Estado sea el encargado de perseguir a aquellas personas que no pagan las pensiones. La idea es que no tengan que ser las mujeres las que deban andar, como detectives privados, buscando a los deudores, pues el Estado tiene mejores mecanismos para hacerlo.

También falta que el pago de las deudas por pensión de alimentos sea incorporado a los créditos de primera clase. Al respecto existe un proyecto en el Senado, cuya tramitación esperamos que siga avanzando.

Apoyaremos las modificaciones introducidas por el Senado, para que se pueda implementar prontamente…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .

La señorita CARIOLA (doña Karol) .-

Señor Presidente, el derecho a los alimentos está consagrado en varios instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocen el derecho de los niños y niñas a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

Es así como nuestro sistema establece un cuerpo legal que regula la obligación de pagar alimentos respecto de los hijos e hijas.

No obstante, los retiros del 10 por ciento de los fondos de las AFP han dejado de manifiesto una realidad que es impresentable. Vimos filas de mujeres afuera de los tribunales de familia intentando acceder a la devolución de dichos fondos de los padres que deben las pensiones. De acuerdo con cifras del gobierno, correspondientes a 2020, solo el 16 por ciento de deudores de pensión alimenticia se hace responsable de su deuda. Del total de personas que no reciben el pago de pensión de alimentos, el 65 por ciento forma parte de la población de menores ingresos. Asimismo, de cada diez deudores, nueve son hombres.

Me parece que esas cifras son una vergüenza, y se producen por procesos de mediación mal implementados, por falta de herramientas de los tribunales para notificar o determinar la capacidad económica de los demandados o, incluso, por un sistema de apremios que no es eficaz para obtener el pago forzado de lo adeudado.

Tal como dijeron mis colegas que me antecedieron, este es un debate que llevamos dando desde hace bastante tiempo. Soy autora de cuatro proyectos para el pago efectivo de las pensiones de alimentos, los que fueron fusionados en la Comisión de Familia hace varios años.

Valoro que estemos discutiendo este proyecto de ley, pues genera avances importantes al considerar que no pagar las pensiones de alimentos constituye un acto de violencia intrafamiliar. Porque es obvio que es violento. Es violento dejar a un niño, niña o adolescente sin el pago de su pensión alimenticia, porque la persona que está a cargo, sea su madre o su padre -aunque la gran mayoría son madres-, de todas formas se tiene que hacer cargo de entregarle alimentación a su hijo. No le pueden decir que no al desayuno en la mañana, no le pueden decir que no al almuerzo al mediodía; tienen que alimentar a sus hijos, aunque una de las dos partes no pague.

Eso es inaceptable, así como es inaceptable que los deudores queden en la impunidad y que se puedan escapar, incluso con la venia de los propios mecanismos judiciales que tenemos para ello. Las mujeres efectivamente se transforman en verdaderas detectives tratando de dar con el domicilio o el paradero del deudor. Eso no puede ser.

Por consiguiente, apoyamos el proyecto con las modificaciones del Senado. Esperamos que sea ley de la república a la brevedad.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, agradezco al Ejecutivo por esta iniciativa. Es primera vez que este tema se aborda con seriedad, sin perjuicio de que la diputada Karol Cariola y la diputada Francesca Muñoz habían presentado varios proyectos en la misma línea. Al final, lo importante es que se siga avanzando en esta materia y que este proyecto salga adelante. Ojalá produzca el efecto deseado, es decir, que realmente existan inhabilidades. Es impresionante que, a esta altura de la vida, estemos todavía trabajando sobre este tema.

Existe un aspecto cultural muy fuerte en nuestro país. En países europeos, independientemente de que exista una separación de por medio, los hombres no desaparecen ante esta responsabilidad. En cambio, en Chile es muy curioso: las parejas se separan y en muchos casos los hombres desaparecen. Basta con ver las cifras, que son muy elocuentes. Para colmo, cuando la mujer demanda, pasa a ser considerada mala. Por esta razón, muchas veces, además de la violencia que implica no recibir la pensión alimenticia, recibe violencia por parte de la familia del demandado, que considera esa demanda como algo malo. Es un asunto cultural muy complejo, que uno ve diariamente.

Es muy importante que el Estado se haga cargo; incluso, que vaya más allá de este proyecto, porque no existe mejor cobrador que el Estado, sobre todo para las mujeres vulnerables. No puede ser que las mujeres, además de criar a los hijos, con todo lo que ello implica diariamente, vivan violencia económica y física, y tengan que perseguir a la expareja a través de los tribunales.

Lo más insólito es que tenemos un candidato presidencial que está enfrentando en tribunales el mismo problema, pero nadie dice nada. ¡Un candidato presidencial!

Por esa razón, debemos tomar acciones mucho más fuertes y más profundas, incluso, que las que propone este proyecto. Creo que esta situación no se da en ninguna otra parte. No podemos permitir más encubrimientos. Tenemos que hacer, de alguna forma, obligatorio que el tribunal registre toda la información patrimonial y la situación económica del demandado, tanto en su presente como en su pasado. En ese sentido, es importante establecer que cualquier acto o contrato suscrito por el demandado, hasta doce meses antes de la notificación de la demanda, pueda ser revocado.

Espero que este sea el principio de un gran proyecto, porque el no pago de la pensión de alimentos realmente afecta la vida no solo de los niños, sino también de esas mujeres que se llevan una doble carga.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Joanna Pérez .

La señora PÉREZ (doña Joanna).-

Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra de la Mujer y al ministro de Justicia, a mis colegas parlamentarios y a quienes nos ven por televisión.

Creo que esta iniciativa es muy relevante e importante, porque entre todos hemos visibilizado este problema y hemos ayudado a buscar instrumentos y herramientas que permitan hacernos cargo de una situación que muchas veces se ocultaba, pero que era conocida. Todos hemos conocido el dolor de madres, de familias y de niños, niñas y adolescentes que pasan diversas necesidades debido a que no cuentan con los recursos necesarios para su subsistencia.

He visto el problema en mi distrito, en Lota, en Arauco, en Biobío, pero con los retiros del 10 por ciento de las AFP se abrió una luz de esperanza para esas familias.

Por eso, valoro que el Ejecutivo haya presentado a tramitación este proyecto, que fue aprobado en un ambiente de especial interés en la Comisión de la Familia, porque es un complemento a lo que hemos podido lograr en esta materia con los retiros de los fondos previsionales, sin perjuicio de que no es la política pública que más nos gusta.

El costo de la implementación de este proyecto asciende a poco más de 400 millones para el primer año y de 81 millones para el siguiente, hasta reducirse a 67 millones en régimen especial.

De acuerdo con el mensaje, la iniciativa tiene como propósito reforzar la corresponsabilidad parental en el cuidado, la mantención y la crianza de los hijos e hijas, y asegurar que el bienestar de estos sea prioritario a cualquier otra consideración, lo que se ve reforzado con las modificaciones introducidas por el Senado.

La creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos es una medida muy positiva, tal como lo son los cambios que se proponen a otras normas muy importantes en materia de procedimientos y plazos judiciales, ya que son muchas las mujeres que efectúan los trámites para el cobro de pensiones de alimentos para sus hijos que sienten que la justicia no llega o que llega tarde, entre otras cosas, porque no se puede ubicar a los deudores.

Por lo tanto, tenemos que adecuar la legislación para mejorar los procedimientos, con el objeto de que esas madres no sientan que el Estado las abandona, sino que les facilita las cosas para alcanzar el fin último: que todos los niños, niñas y adolescentes puedan contar con los recursos para su subsistencia.

En consecuencia, junto con anunciar que votaré a favor este proyecto, quiero señalar que esperamos que se presenten más iniciativas que tengan por objeto fortalecer la maternidad y la familia.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Andrea Parra .

La señora PARRA (doña Andrea).-

Señor Presidente, resulta impresionante saber que casi nueve de cada diez pensiones de alimentos en Chile están impagas, y lo peor es que lo naturalizamos. Dicha cifra debiera darnos vergüenza, porque constituye un resabio machista y patriarcal, pero sobre todo un abuso y una inconsciencia sin nombre.

De acuerdo con los datos de la encuesta Casen 2017, un total de 580.389 personas recibieron pensiones alimenticias; de ellas, el 87 por ciento son mujeres.

Además, en los primeros tres quintiles se concentra el 75 por ciento del total de pensiones de alimentos. Es decir, son las familias de bajos ingresos las que salen más perjudicadas con el no pago de esta obligación por parte de esos “papitos corazón”, de hombres que muchas veces tienen una mejor situación económica, pero que simplemente decidieron arrancar como ratas y abandonar a sus hijos.

Un claro ejemplo de lo anterior se evidenció con lo ocurrido producto de la ley que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual. De acuerdo con la información que nos proporcionó el Poder Judicial, a diciembre del 2020, se decretaron medidas cautelares en más de 360.000 causas de alimentos, que ordenaban retener el 10 por ciento de los fondos previsionales de deudores de pensiones de alimentos. Y esto último no lo digo yo, sino el mensaje del Presidente de la República cuando presentó este proyecto de ley, mediante el cual el propio gobierno, que por lo demás se ha opuesto a todos los retiros, reconoce la importancia de esta política para visibilizar y entregar una solución, aunque sea parcial, a cientos de miles de mujeres afectadas.

Este proyecto, cuyas enmiendas del Senado estamos debatiendo, que fue presentado a tramitación legislativa el 9 de marzo de 2021, en gran medida es fruto del debate sobre la realidad que abrieron los retiros. Desde esa fecha, las liquidaciones de pensiones de alimentos aumentaron a 485.000, lo que en dinero equivale a 679 millones de dólares recuperados.

Sin embargo, debemos encontrar soluciones definitivas, y este proyecto avanza en esa dirección. La creación del registro de deudores es una buena noticia en ese sentido, porque permitirá establecer una barrera a múltiples transacciones con el fin de obtener el pago adeudado.

Así, entre otras cosas, estas personas no podrán ser admitidas en remates públicos y estarán imposibilitadas de adquirir vehículos o bienes inmuebles. En caso de ponerlos a la venta, les será retenido el 50 por ciento del monto, para pagar las pensiones adeudadas.

Asimismo, se establecen sistemas de retención para autoridades electas y designadas en organismos públicos, pero eso no es suficiente, pues ser candidato implica una responsabilidad ética para intentar representar al resto. Que personas inmorales como Parisi puedan ser candidatos es algo que habla muy mal del país que se los permite.

Debemos ir más allá de lo que propone este proyecto de ley y establecer que ningún deudor de alimentos esté facultado para presentar una candidatura; por eso patrociné el proyecto de la diputada Marzán…

El señor PAULSEN (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Jorge Alessandri .

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, primero, quiero saludar a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett , y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín .

Este proyecto de ley tiene por objeto modificar los procedimientos administrativos y judiciales en materia de retención y pago de pensión alimenticia. Crea también el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, cuyo funcionamiento y administración están a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, con el propósito de promover y garantizar el cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias.

Se establece que las conductas que tengan como objeto directo la vulneración de la autonomía y de la subsistencia económica de la mujer y de los hijos constituyen violencia intrafamiliar. ¡Por Dios que es importante esta definición!

La encuesta Cadem , encargada por el ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en noviembre de 2020, señaló que el 46 por ciento de las mujeres no convive con el padre de sus hijos y que el 65 por ciento de ellas no recibe aporte alguno de ese progenitor.

El abandono deliberado de miles de niños y adolescentes por parte de sus padres es un problema grave. El Estado, a su vez, no ha sido capaz de dar las soluciones efectivas para enfrentar ese problema. No obstante, este proyecto viene a dar una luz de esperanza y a constituir un avance en esta materia.

Se señaló en la discusión que una de las principales innovaciones que efectúa la iniciativa legal es que cambia el eje, desde el actual a la vía punitiva judicial, para lograr el pago efectivo de las pensiones de alimentos.

Se busca que ese padre o alimentante tenga un incentivo para ir al tribunal y pagar, es decir, para cumplir con su obligación. Por lo tanto, se migra desde un proceso sancionatorio a uno que generará estímulos e incentivos para el pago de la deuda, lo que hoy recae en muchas mujeres, que deben perseguir judicialmente el pago de la deuda del alimentante. Con la aprobación de este proyecto de ley, será este último el responsable no solo de pagar, sino de ir al tribunal y demostrar que está al día.

Por otra parte, siguiendo en la línea argumental de la diputada Parra , evidentemente que no puede haber un candidato a un cargo de elección popular que tenga deuda de alimentos, pero hago un planteamiento que va más allá: propongo que hagamos una modificación a los pagos que hace el Servel a los candidatos por reembolso de votos, de modo que ningún candidato que tenga deudas de alimentos reciba reembolso en dinero por sus gastos de campaña.

Este Parlamento tiene que dar el ejemplo, y en esta materia, también.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, valoro esta iniciativa, que tiene por objeto que se paguen las pensiones de alimentos a sus beneficiarias, porque este es un tema social muy relevante.

Gran parte de los hogares en nuestro país están en manos de una mujer jefa de hogar, que debe salir adelante sola con la educación y crianza de sus hijos, en muchos casos sin apoyo de sus padres. Esta es una realidad social muy dura, y en el Congreso hemos intentado hacer más eficaz el cobro de las pensiones de alimentos, porque muchas no se pagan a pesar de estar decretadas por los tribunales de justicia.

Esta iniciativa tiene como propósito reforzar la corresponsabilidad parental en el cuidado, la mantención y la crianza de los hijos e hijas, y asegurar que el bienestar de estos sea prioritario a cualquier otra consideración.

En su paso por el Senado, se incorporaron importantes disposiciones tendientes a garantizar el acceso de los menores al cumplimiento de los deberes que sus padres tienen con ellos, además de mantener el valor de las pensiones y las deudas al imponer que su monto se exprese en unidades tributarias mensuales.

Para lograr ese objetivo, se propone una serie de modificaciones de procedimiento destinadas a agilizar los trámites judiciales y a hacer efectivo el pago de las deudas existentes, para lo cual resulta medular la creación de un registro nacional de deudores de pensiones de alimentos.

Además, se hacen modificaciones para asegurar que cualquier ingreso que tenga el deudor sea consultado a este registro y se realicen las retenciones necesarias, estableciendo severas sanciones a quienes no cumplan con este deber y el pago a la cuenta indicada por el tribunal, esto es, multas que van desde el 10 hasta el 50 por ciento de su remuneración, y, eventualmente, la obligación de pagar una multa equivalente al doble del monto adeudado y condicionar el acceso del deudor, como funcionario de organismos públicos beneficiario de ayudas estatales, además de verse gravado en cada una de las operaciones comerciales que realice e impedido de obtener pasaporte o licencia de conducir.

De esa manera avanzaremos en la eficacia en el cobro de las pensiones alimenticias, un problema social muy grave que afecta a los hogares de nuestro país. Con la ley en proyecto estamos dando un paso significativo al crear el citado registro, que permitirá aplicar una serie de medidas para que efectivamente se paguen las pensiones alimenticias a sus beneficiarios.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales .

El señor BERNALES.-

Señor Presidente, los “papitos corazón han hecho la vida imposible a miles de mujeres de la Región de Los Lagos y de todo el país.

El no pago de las pensiones alimenticias en Chile es una forma de violencia que estaba oculta y que esta pandemia dejó en evidencia.

Solo el 16 por ciento -¡solo el 16 por ciento!- de quienes deben pensiones alimenticias las pagan a tiempo y en forma. En tanto, el 84 por ciento restante no cumple o paga a medias. Esas son las duras cifras de esta realidad, que estaba debajo de la alfombra en nuestro país y que se destapó a partir de los retiros del 10 por ciento de los fondos de las AFP.

Por ese motivo, junto con el diputado Vlado Mirosevic presentamos el proyecto que hoy se conoce como de los “papitos corazón”, que permitió la retención de los fondos de los retiros del 10 por ciento de las AFP a quienes debían el pago de la pensión alimenticia. Hoy, las cifras dicen que cerca de 500.000 millones de pesos de los retiros de las AFP han servido para tal efecto.

Pero aún falta por hacer. Por ejemplo, esta semana estuve conversando con Jeanette y Ana en el campamento Futuro Esperanza, en Puerto Montt, quienes me contaron que una de ellas y una hija de ella habían sido beneficiadas con la “ley papitos corazón”, y que gracias a ello habían podido obtener las platas que les debían los respectivos papás.

Por lo tanto, es muy importante seguir avanzando en esta materia, porque las mujeres no pueden seguir persiguiendo solas a los deudores de pensiones de alimentos.

Con este proyecto, el Estado también se hace cargo de la situación, mediante la creación de un registro nacional de deudores de alimentos. Entonces, como los “papitos corazón” les han hecho la vida imposible a miles de mujeres en este país y por muchos años, ahora a ellos les vamos a hacer la vida imposible: van a tener que pagar sus pensiones o, de lo contario, no se les renovarán las licencias de conducir ni los pasaportes, y, además, se creará el citado registro, donde todos podrán saber quiénes deben estos pagos.

Por último, comparto lo que se ha dicho aquí, en la Sala: es un mínimo ético pagar las pensiones alimenticias; por lo tanto, no puede haber autoridades que deban pensiones alimenticias, y muchos menos puede haber candidatos presidenciales, como el señor Parisi , que adeuden esta obligación.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull .

El señor ROCAFULL.-

Señor Presidente, este proyecto, iniciado en moción, fue ampliamente discutido en la Comisión de la Familia. Allí se le agregaron muchas indicaciones; se nutrió. Luego, el Ejecutivo envió una nueva iniciativa, pero la discusión completa sobre el particular ya la habíamos tenido.

Para nosotros este es un tipo de violencia intrafamiliar muy fuerte. El derecho de alimentos de los niños y niñas, de los hijos e hijas, no pueda estar condicionado a la convivencia. ¡Eso es inaceptable! Por lo tanto, dada la situación que ha vivido nuestro país, hoy se hace importantísimo ratificar la existencia de un registro de deudores de pensiones alimenticias. ¡Qué vergüenza! Uno prefiere estar en Dicom u otro registro, pero no en el que se consigna que se debe plata a los hijos. Creo que eso realmente avergüenza a cualquiera.

Hoy, esa es la única manera de controlar aquello, porque, al final, el objetivo que se persigue tiene que ver con asegurar la alimentación de los niños y niñas. ¡Por favor, no perdamos eso de vista!

Ya discutimos este proyecto, en primer trámite constitucional, en esta Cámara. Posteriormente, la iniciativa se despachó al Senado. Al respecto, aplaudo que ellos se hayan demorado mucho menos de lo habitual en su tramitación, porque se viene trabajando en ella desde hace bastantes años. Por lo tanto, me parecen bien las modificaciones propuestas por el Senado, pues incluso mejoran la redacción y la comprensión del proyecto.

Así, considero que la iniciativa hoy está en situación de ser aprobada y no de alargar más su tramitación enviándola a comisión mixta. Ojalá pudiéramos despacharla hoy mediante la ratificación de la propuesta del Senado, para que prontamente se convierta en ley. Eso es lo que están esperando miles de niños y niñas, y mayoritariamente madres que están buscando una alternativa al problema.

Lamentablemente, en este caso hay que recurrir a un registro de deudores. Ojalá nunca se hubiera dado así, pero tiene que hacerse. Lo importante -debe ser la preocupación de este Parlamento y del Ejecutivo- es que al final se consiga el pago de estas pensiones.

Por lo expuesto, solicito a las diputadas y a los diputados que aprueben este proyecto, pues lo hemos estudiado largamente en la Comisión de la Familia, que me tocó presidir, y, por tanto, hoy eso se hace imperativo.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Gael Yeomans .

La señorita YEOMANS (doña Gael) .-

Señor Presidente, yo también creo que este proyecto requiere celeridad en su tramitación.

Cuando se discutió la iniciativa en la Comisión de la Familia, se plantearon distintas salidas y alternativas que permitían modificarlo. Esto no lo propusimos nosotros, sino una organización de deudas de alimentos, pues se hizo una mesa en la que se incorporó su visión.

Respecto de ese punto, y a propósito de los sucesos de los últimos tiempos que motivaron a parlamentarios de esta Cámara a presentar un proyecto de ley para sancionar a quienes tengan deudas de alimentos imposibilitándolos para presentarse a cargos públicos, la discusión también se dio respecto a este mismo proyecto de ley.

Entonces, no esperemos que sucedan ese tipo de actos para recién llegar a la sanción. Por eso estamos llegando tarde. Además, hay que recordar que llegamos a discutir este proyecto en particular porque se descubrió cuál era la deuda existente en materia de pensiones de alimentos, que se dio a conocer luego del retiro y la retención del 10 por ciento de los fondos de pensiones. Ahí se empezó a visibilizar esa tremenda deuda que existía.

Con esa misma motivación, y para lograr que sea el Estado el que garantice la responsabilidad de pagar la deuda de alimentos y no las madres solas, las que, además de hacerse cargo de la crianza de los hijos y de pagar su costo económico, tengan que perseguir al deudor en procedimientos judiciales eternos, en que no se logra ni siquiera notificarlo, se hace necesario avanzar más en la materia.

El registro propuesto permitirá dar ese paso y que podamos avanzar más allá.

Con esa motivación, con la diputada Maite Orsini presentamos un proyecto de ley para que sea el Estado el que asuma esa responsabilidad. La iniciativa también fue motivada a raíz de la discusión que se dio en la mesa de trabajo en la que se incorporaron las organizaciones.

Entonces, no sigamos dilatando medidas que hoy día nos permitirán cubrir una responsabilidad que debe recaer no solo sobre los hombros de esas mujeres y madres trabajadoras, sino sobre los hombros de toda la sociedad y del Estado, ya que no pagar deudas de alimentos es violencia económica. Si el Estado no se hace cargo, es cómplice, y también lo es el Congreso; si el Estado no se hace cargo, es responsabilidad del gobierno.

Simplemente, quiero solicitar a la Cámara de Diputadas y Diputados que estas medidas no lleguen tarde.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Francesca Muñoz .

La señora MUÑOZ (doña Francesca).-

Señor Presidente, la realidad que viven principalmente mujeres en nuestro país debido a las pensiones de alimentos impagas es una problemática que, junto con otros colegas, hemos venido dando a conocer desde hace varios años.

En ese contexto, en la Comisión de la Familia, de forma transversal, trabajamos fuertemente en la idea de crear un registro nacional de deudores de pensiones de alimentos, incluso antes que el gobierno. Eso nos permitió elaborar una propuesta legislativa que fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara.

Por ello, valoro que el gobierno se haya involucrado y que junto con el Parlamento se avance en ese registro para generar un mecanismo que entregue mayores garantías para el pago de la obligación alimenticia, y, por otro lado, corregir los vicios de procedimiento de los tribunales de familia, que han obstaculizado más que facilitado el cobro de las pensiones de alimentos impagas.

Los mecanismos incorporados buscan sancionar el incumplimiento, pero, sobre todo, garantizar el pago de la pensión de alimentos, derecho que se debe resguardar en primer lugar. Así, los efectos de figurar en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos están orientados a que los deudores cumplan su obligación, evitando que puedan distraer sus bienes para evadir dicha obligación.

Ahora bien, junto con estas modificaciones legales es importante recalcar un punto que ya hemos reiterado en otras oportunidades. Me refiero a la necesidad de orientar la política pública a generar un cambio cultural y de paradigma en que la regla sea el cumplimiento, la corresponsabilidad parental, la crianza responsable, entre otros valores, los que deben ser transversales y promovidos por las instituciones públicas, pues son principios básicos en cualquier sociedad civilizada. De lo contrario, la eficacia de la norma se va a debilitar.

Votaré favorablemente este proyecto, que espero sea pronto ley de la república y que entregue soluciones.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Patricia Rubio .

La señora RUBIO (doña Patricia).-

Señor Presidente, una de las tantas realidades que salieron a la palestra cuando comenzó la discusión de los retiros del 10 por ciento de los fondos de pensiones fue la gran cantidad de hombres que tenían abandonados a sus hijos e hijas al no pagar sus respectivas pensiones de alimentos. La Corte Suprema confirmó que en septiembre de este año se recibieron más de 900.000 solicitudes de retención de los dineros provenientes de los retiros de los fondos de las AFP para cancelar deudas por pensiones de alimentos. ¡Nada más y nada menos que 900.000 solicitudes!

Lo peor de esta vergonzosa realidad es ver a las madres en tribunales pidiendo, casi por favor, que ese “papito corazón” se ponga con el dinero para la crianza del niño o la niña. Ni siquiera son capaces de cumplir con lo ordenado por un juez; se hacen los lesos y eluden a la justicia; no les importa ser arrestados.

Todo eso es una forma de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, y también hacia sus madres, que no duermen tranquilas pensando en cómo hacer rendir el sueldo hasta fin de mes para que nada les falte a sus hijos. En cambio, el progenitor trabaja y duerme tranquilo, e, incluso, en algunos casos piensa en postular a algún cargo político.

¡Se les acabó la fiesta a los “papitos corazón”! ¡Se acabó el abuso y la vida tranquila sin responder a sus responsabilidades! El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos impondrá graves restricciones patrimoniales y de acceso a prestaciones a los morosos, con lo cual se acabará la vulneración de derechos de los niños y niñas sin pensión. Este proyecto viene a hacer justicia con ellos, con sus madres y sus familias.

El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos ya tiene mi voto favorable, y espero que cuente con el apoyo de todos para que lo antes posible comience a regir. Los niños y niñas no pueden esperar más, y tampoco sus madres.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, estos son los temas sobre los que a uno quizá no le gustaría tener que legislar, pero el Estado debe tomar la palabra frente a la irresponsabilidad de muchos hombres. ¿A cuántos de nosotros nos ha tocado evidenciar en las poblaciones cómo subsiste una madre con sus hijos? Y cuando preguntamos por el padre, la respuesta es “desapareció y nunca se ha hecho cargo”.

Este proyecto de ley pretende modificar todos los procedimientos administrativos y judiciales en materia de retención y pago de pensiones de alimentos adeudadas. Además, crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. Se van a facilitar los procedimientos y habrá una mayor coordinación para que durante el proceso judicial se acompañe la información de una serie de instituciones, con el fin de determinar cuál es la capacidad de pago del alimentante, porque muchos no tienen absolutamente nada, se mantienen en la informalidad y no poseen un contrato laboral.

Por lo tanto, ahora habrá una relación con el Servicio de Registro Civil e Identificación, con Previred, con las entidades bancarias, con los conservadores de bienes raíces, con la Tesorería General de la República, con la Superintendencia de Pensiones, con la Comisión para el Mercado Financiero, con las instituciones de salud, con las administradoras de fondos de pensiones y con cualquier otro organismo público o privado que aporte antecedentes útiles para superar una situación que hoy día es dramática, pues el 85 por ciento de los alimentantes no paga oportunamente sus pensiones y el 90 por ciento no cumple con su obligación. Además, cabe señalar que 46 por ciento de las mujeres no convive con el padre del menor y, de ellas, el 65 por ciento no recibe contribución alguna.

Este proyecto pretende cambiar el eje e innovar. Se harán modificaciones de carácter punitivo y judicial para lograr el pago efectivo de la pensión, lo que muchas veces no se logra. Se van a simplificar los procedimientos e incentivar la inclusión de estas personas en el mencionado registro, lo que les causará una serie de impedimentos, por lo que el pago de la pensión será por la razón o la fuerza.

Por lo tanto, por el alto número de pensiones de alimentos que no se pagan y por los miles de niños, niñas y adolescentes de la Región de Tarapacá y de todo Chile que sufren esta situación, aprobaremos con entusiasmo este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Marcela Sandoval .

La señora SANDOVAL (doña Marcela).-

Señor Presidente, en Chile la evasión del pago de las pensiones de alimentos es un problema realmente alarmante, que con frecuencia queda relegado al ámbito privado y frustra a cientos de madres que luego de una peregrinación por distintas instituciones no logran prácticamente nada.

Los retiros del 10 por ciento de los fondos previsionales aprobados por el Congreso Nacional para paliar los efectos económicos de la pandemia dieron visibilidad a esta problemática, cuando muchas mujeres se agolparon en los tribunales de familia para solicitar la retención del retiro de 10 por ciento de los fondos de las AFP de los padres de sus hijos. Recién entonces, como sociedad, pudimos darnos cuenta del drama de miles de madres que deben mantener solas a sus hijos e hijas.

Dos semanas después de que se aprobara el primer retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP se habían ingresado 421.000 solicitudes de retención por deudas de pensiones de alimentos. La situación se repitió con ocasión del segundo retiro. ¿En cuántos casos se pudo concretar efectivamente el pago de lo adeudado? ¿Por qué muchas madres han tenido que esperar una pandemia para obtener el pago de esa deuda?

El Estado, sin duda, tiene una gran deuda con esos miles de niños y niñas, porque, hasta ahora, no ha adoptado medidas efectivas ante esta realidad, que no solo refleja la responsabilidad individual, sino que vulnera gravemente los derechos de la niñez. Aquí lo que está en juego es la necesidad de dar protección y entregar recursos suficientes para el desarrollo de los niños y las niñas, algo que el Estado debe garantizar.

Este proyecto de ley presentado por las diputadas Maite Orsini y Gael Yeomans , del cual también me hice parte, establece un registro público nacional de deudores de pensiones y entrega herramientas para que las pensiones de alimentos se paguen efectivamente. No soluciona el problema; solo ayuda.

El Estado sigue al debe si quienes están a cargo de los niños deben agolparse una y otra vez en los tribunales, frecuentemente colapsados, y las herramientas terminan constituyendo un entramado burocrático difícil de desentrañar.

El país, sin duda, está al debe si sigue considerando normal la no satisfacción de las necesidades alimenticias de hijos e hijas y si se continúa ejerciendo violencia económica hacia las madres al desentenderse de las obligaciones, situación que contribuye también a aumentar las brechas de género.

En este sentido, no es posible seguir considerando el pago de las pensiones de alimentos como un asunto privado. Es urgente que el Estado se haga cargo, entregando señales culturales claras sobre su cumplimiento.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro Hernán Larraín y a la ministra Mónica Zalaquett .

Encuentro lamentable que tengamos que legislar para que los padres se hagan responsables del sustento de sus hijos, y más lamentable es que miles de madres, a lo largo del país y por mucho tiempo, tengan que humillarse frente a los padres que no cumplen con un deber tan fundamental como es entregar el sustento para sus hijos.

Por eso, señor Presidente, valoro esta iniciativa, que, en definitiva, pretende mejorar los procedimientos judiciales y administrativos para que, efectivamente, los padres se hagan responsables del sustento de sus hijos.

También valoro la creación de un Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, que implicará que muchos servicios públicos hagan exigible el deber de los padres de dar el sustento a sus hijos antes de hacer un trámite en esos servicios.

Valoro esta iniciativa, porque creo que es un instrumento real y efectivo que permitirá terminar con la impunidad en que han vivido muchos padres al no entregarles sustento a sus hijos a lo largo de los años. Producto de esto, muchas mujeres han sido víctimas de la irresponsabilidad de los padres que no cumplen con un deber tan fundamental como es asumir la responsabilidad de sus hijos.

Anuncio mi voto a favor. Lo hago con mucho entusiasmo, porque creo que este proyecto da justicia a esas mujeres que han sido víctimas de la insensibilidad de muchos padres a lo largo del país.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .

La señorita ORSINI (doña Maite) .-

Señor Presidente, Chile vive una crisis de cuidados sin precedentes. En medio de una crisis sanitaria, en la mitad de un proceso económico que se recupera, pero que aún es débil, los costos siguen recayendo, mayormente, en nosotras, las mujeres.

Debería espantarnos que, por momentos, la tasa de participación laboral femenina llegó a retroceder diez años y que, muchos meses después, la recuperación del empleo femenino siga rezagada respecto del masculino. Debería espantarnos, porque significa que las mujeres se están quedando en la casa, como durante tanto tiempo han querido que lo hagan las cavernas del patriarcado.

No es casual que las mujeres sean las más afectadas por la crisis, porque ese mismo patriarcado, ese mismo orden social que divide los trabajos y los roles por género, el mismo que nos ha asignado a nosotras las labores de cuidado y a los hombres las labores remuneradas, manda que ante la ausencia de salas cuna o de la ayuda de los abuelos o abuelas, sean las mujeres las que se queden en la casa con los hijos y las hijas. Son años de cultura machista, de prácticas y de instituciones que han enquistado esta división sexual del trabajo.

El posnatal, por ejemplo, podrían tomarlo los hombres en los tres últimos meses, pero en el 99 por ciento de los casos se lo toman las mujeres. No por nada, nueve de cada diez deudores de alimentos son hombres.

Creo que urge que entendamos, desde ya, el contexto de esta discusión y que necesitamos mucho más para llegar a destino.

Es innegable que el pago directo del alimentario en ciertos cargos públicos, o el registro nacional de deudores, son aspectos fundamentales de una nueva manera de cobrar los alimentos. Sin embargo, cuando dos tercios de las mujeres que viven sin el padre de sus hijos enfrentan la crianza sin pensión de alimentos; cuando el 84 por ciento de los demandados por pensión de alimentos no las pagan; cuando menos del 1 por ciento cumple con las medidas de arresto, entonces es obvio que propuestas como esta no bastan.

Por todo esto, con la diputada Gael Yeomans presentamos un proyecto de ley para que la pensión de alimentos sea un derecho garantizado. Si los beneficios de los cuidados son sociales, sus costos deben ser asumidos de la misma forma. Que ningún niño o niña se quede sin pensión y ninguna madre tenga que pasar por el martirio que implica un proceso de cobro en tribunales de familia y civiles. Es el Estado el que debe pagar y es el Estado el que debe cobrar, porque tiene mejores medios y mejor información para hacerlo que cualquier individuo en Chile.

Señor Presidente, voy a aprobar este proyecto, porque es un paso, tibio, pero necesario y en la dirección correcta. Espero que el día de mañana, en un nuevo gobierno, la discusión sobre los cuidados sea distinta y podamos resolver la crisis que nos afecta hoy y desarmemos todas las instituciones y la injusta distribución de los trabajos que sigue pesando sobre nosotras.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Érika Olivera .

La señora OLIVERA (doña Érika).-

Señor Presidente, este es un tema bien importante. Según la encuesta Cadem , realizada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en noviembre de 2020, el 46 por ciento de las mujeres no convive con el padre de sus hijos, y, de estas, el 65 por ciento no recibe contribución alguna de pensión. Se trata de una conducta de incumplimiento, sin duda, indignante, que requiere ser corregida de manera urgente. Este problema debe no solo preocuparnos, sino también ocuparnos.

Valoro el trabajo realizado por diferentes parlamentarias y parlamentarios, quienes, junto con el Ejecutivo, en particular con la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, señora Mónica Zalaquett , han movilizado esfuerzos para lograr que el sistema de pagos funcione de manera efectiva.

El abandono deliberado de miles de niños, niñas y adolescentes por parte de sus padres, en circunstancias de que su primer deber es proteger a sus hijos e hijas y entregarles los cuidados necesarios para su desarrollo, es una situación que no podemos seguir tolerando.

Esta problemática nos indica, además, que como Estado no hemos sido capaces de brindar soluciones efectivas y que es momento de terminar con estas injusticias.

Este proyecto es importante, porque trae como iniciativa la creación de un registro nacional de deudores. Con ello se viene a modificar totalmente la lógica que hasta ahora ha operado en el cobro de las pensiones de alimentos, pasando de un sistema sancionatorio a uno que generará estímulos e incentivos para el pago de esta deuda. Además, se traspasa la responsabilidad, que hoy recae en las mujeres, de perseguir judicialmente el pago de esta deuda, al deudor, quien será el responsable no solo de pagarla, sino también de demostrar ante el tribunal que está al día para salir del registro de deudores.

Señor Presidente, estamos frente a la oportunidad de cambiar una realidad muy dolorosa que no puede ni debe seguir siendo desconocida: el alto número de pensiones de alimentos impagas. Esto no solo es una vulneración de derechos de muchos niños, niñas y adolescentes en nuestro país, sino que también es un tipo de violencia económica y psicológica en contra de las mujeres. Acá se ha hablado de la cultura del incumplimiento en nuestro país, porque, lamentablemente, muchas mujeres han tenido que hacerse cargo de la educación, de la salud y de todo lo que requiere la crianza de un hijo o una hija.

Por lo tanto, llamo a votar a favor el proyecto, para que ojalá pronto se convierta en ley.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo .

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, solo quiero hacer una precisión antes de exponer. Tengo entendido que este proyecto solo fue visto en la Comisión de la Familia, pero escuche a la ministra decir que se había visto en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Reitero, tengo la impresión de que solo se vio en la Comisión de la Familia.

Dicho aquello, me parece importante el paso que estamos dando hoy, porque dentro de los éxitos o de la valoración positiva que se puede hacer de los retiros del 10 por ciento de los fondos de las AFP está el hecho de que dejaron al descubierto este escándalo social que es el no pago de las pensiones de alimentos en el país, situación que era conocida, pero que se mantenía oculta o no se visualizaba en los términos que correspondía. En virtud de aquello, claramente asistíamos a un escándalo social de enorme envergadura.

Lo único que lamento es que el gobierno en lugar de haber patrocinado una iniciativa que impulsamos junto con varios diputados en la Comisión de la Familia, la que tenía por finalidad la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, haya optado una vez más por mandar un mensaje.

Esto me recuerda lo que corrió hace mucho tiempo con un proyecto que impulsamos en la Cámara de Diputados para poner fin a los hijos ilegítimos, situación que el ministro de Justicia y Derechos Humanos debe recordar, porque fue parlamentario. En aquella ocasión, el gobierno de aquella época, en vez de sumarse a la moción que dio inicio a esa iniciativa, estimó conveniente enviar un mensaje y no valorar el trabajo parlamentario.

Desde el 2018, la Comisión de la Familia venía tramitando un proyecto, iniciado en moción, que proponía la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, de manera que uno, como parlamentario, no puede más que expresar su incomodidad cuando el trabajo ya efectuado es reemplazado por otro que es muy parecido o prácticamente idéntico.

Quiero resaltar que si bien es importante este paso que estamos dando con la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, por todas las ventajas que tiene, considero que todavía queda una pega pendiente, la que a este gobierno, por el tiempo que le queda, a lo mejor le será difícil impulsar, pero deja lanzada la idea.

Mientras no creemos en nuestro país una institución estatal que se aboque a la tarea del pago de las pensiones de alimentos, esto siempre va a ser una pata coja. Esa institución estatal debe tener dos aristas: una, que se preocupe de la acción jurídica, porque las madres no tienen plata para pagarla; una segunda acción es que mientras no se paguen las pensiones de alimentos, esa institución del Estado pague las pensiones de alimentos, dinero que puede recuperar después a través de la acción judicial respectiva.

Considero que si logramos establecer aquello podremos tener una mejor ley en favor de las madres y de los hijos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:

El señor PAULSEN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para sancionar al conductor de vehículos motorizados que causare daños o lesiones a quien se traslade en bicicleta u otros ciclos, contenido en el boletín N° 13975-15.

Por acuerdo de los Comités Parlamentarios, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputado o diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor René Alinco .

Antecedentes:

-Moción, sesión 121ª de la legislatura 368ª, en miércoles 23 de diciembre de 2020. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 75ª de la presente legislatura, en martes 7 de septiembre de 2021. Documentos de la Cuenta N° 16.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En reemplazo del diputado René Alinco , rinde el informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones el diputado Mario Venegas .

Tiene la palabra, señor diputado.

El señor VENEGAS (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción de las diputadas Marcela Hernando y Jenny Álvarez , y de los diputados señores René Alinco , Karim Bianchi, Iván Flores , Félix González , Cosme Mellado , Jaime Mulet , José Pérez y Alexis Sepúlveda , sin urgencia, que modifica el decreto con fuerza de ley n° 1, Ley de Tránsito, para establecer sanciones y penas a quien en vehículo motorizado dañare a un ciclista, contenido en el boletín N° 13975-15.

Constancias previas No hay.

Idea matriz o fundamental del proyecto

Establecer sanciones y penas a quien en vehículo motorizado dañare a un ciclista.

Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado No hay.

Trámite de Comisión de Hacienda No precisa.

Aprobación general del proyecto de ley

El proyecto fue aprobado en general por mayoría de votos. Votaron a favor la diputada Jenny Álvarez y los diputados René Alinco , Alejandro Santana, René Manuel García , Félix González , Javier Hernández , Iván Norambuena e Iván Flores. Se abstuvo el diputado Leopoldo Pérez .

Se explicó que las bicicletas y, en general, los ciclos han aumentado exponencialmente en su uso como medio de desplazamiento.

Que en nuestro país, según datos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en 2001 las bicicletas en Santiago representaban el 2,1 por ciento de todos los viajes realizados, porcentaje que en 2019 había aumentado ya al 3,9 por ciento.

Que como menciona también EMOL, en 2019, según el índice de Ciclismo Mundial realizado, Chile aparece con una tasa de crecimiento en el uso de bicicletas que supera el 10 por ciento anual, apareciendo junto a países como Polonia, Suecia , República Checa y Luxemburgo.

Que, asimismo, el ministro del Medio Ambiente de la época sostuvo que más allá de las opiniones, las bicicletas van creciendo mucho en su uso. Precisó que no todos andarán en bicicletas, ni micro, ni metro, ni auto, mas será un balance, donde las bicicletas pueden contribuir sensiblemente a ciudades más amables, saludables y sustentables.

No obstante, se reparó que si bien se ha celebrado el mayor uso de este medio de transporte en nuestro país, han aparecido mayores dificultades para la convivencia vial y el peligro que supone la disparidad que existe entre un medio de transporte motorizado y uno de ciclo.

Se tuvo presente que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en un informe de 2019, titulado “Uso de elementos de seguridad y hábitos de los conductores de bicicleta de la Región Metropolitana”, informó que en 2017, el 53 por ciento de los fallecidos en siniestros de tránsito son los usuarios más vulnerables: peatones, ciclistas y motociclistas.

También se tuvo en consideración que en el período de enero a septiembre del año recién pasado perdieron la vida 85 personas que se transportaban en bicicleta.

De esta manera, los diputados integrantes de la comisión se manifestaron contestes en cuanto a que se mantenga la condición de cuasidelito que el hecho significa, pero que se aumente de manera sustancial el período de suspensión de la licencia según la entidad de la infracción, haciéndolo concordante con lo preceptuado en la ley de convivencia vial y en la denominada “ley Emilia”.

La ley de convivencia vial ya la hemos aprobado con antelación.

La ley de convivencia vial propuso una serie de cambios en la manera como se desarrollan las dinámicas entre diversos vehículos en la vía pública. Es así como se modificaron normativas respecto del uso de veredas, velocidad máxima, uso de ropas reflectantes y zonas de adelantamiento, entre otras. Aunque esas medidas son muy necesarias para regular de mejor manera la convivencia vial, no apuntan al grave problema que significan las lesiones, daños y accidentes fatales en los cuales se ven involucrados ciclistas.

Se trata, entonces, de establecer sanciones que logren disuadir, de manera efectiva, a conductores de vehículos motorizados de la práctica carente de prudencia en el manejo, y se respete a quienes circulan por las calles de nuestro país haciendo uso de otros medios de locomoción, como son los ciclos.

Quien se desplaza en un vehículo motorizado se encuentra en una situación de protección mayor frente a quien lo realiza en una bicicleta u otro ciclo, asimetría y vulneración que se pretende corregir mediante esta iniciativa de ley.

Se concluye, en consecuencia, que esta es una medida clara para concientizar a la población y dar mayor seguridad a los niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores a utilizar el medio de transporte bicicleta u otro ciclo. Que se debe incentivar el uso de este medio de transporte sustentable, que ayuda al desarrollo físico y mental del usuario, procurando avanzar a ciudades más inclusivas y seguras para quienes se encuentren más vulnerables en nuestras calles y ciudades.

Se presentó una indicación sustitutiva al artículo único del proyecto, patrocinada por la diputada Jenny Álvarez y los diputados René Alinco , Alejandro Santana, René Manuel García , Félix González , Iván Norambuena , Leopoldo Pérez e Iván Flores, que, en síntesis, busca aumentar los períodos de suspensión de la licencia de conducir que el juez debe aplicar, de acuerdo con la gravedad del hecho ejecutado.

La indicación sustitutiva fue aprobada por unanimidad.

Votaron a favor la diputada y los diputados mencionados.

Por otra parte, se aumenta la sanción pecuniaria susceptible de ser aplicada por el juez de 3 a 6 unidades tributarias mensuales; de 1,5 a 3 unidades tributarias mensuales; de 1 a 1,5 unidades tributarias mensuales, y de 0,5 a 1 unidad tributaria mensual, según se trate de una infracción gravísima, grave, menos grave o leve, respectivamente.

Tal disposición fue aprobada por mayoría de votos.

Votaron a favor los diputados señores Félix González , Marcos Ilabaca , Jaime Mulet e Iván Flores .

Se abstuvieron los diputados señores René Manuel García e Iván Norambuena . Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando .

La señora HERNANDO (doña Marcela).-

Señor Presidente, honorable Cámara, este proyecto, de mi autoría, que busca ser ley, recibió el apoyo y la contribución de colegas que fortalecieron su espíritu. Además, la iniciativa tuvo el apoyo transversal de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.

Según expuso en la comisión la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), anualmente fallecen alrededor de 1.500 chilenos en accidentes de tránsito, y esto afecta preferentemente a peatones y a conductores de bicicletas, de motocicletas y de vehículos motorizados con carrocerías que los protegen un poco más.

Según Conaset , alrededor del 50 por ciento de estos accidentes fatales corresponden a peatones, ciclistas y motociclistas.

En 2019, según el índice de ciclismo mundial realizado por Eco-Counter NewCities, Chile aparece con una tasa de crecimiento en el uso de bicicletas que supera el 10 por ciento anual.

La ley de convivencia vial sin duda ha sido un avance, pero no suficiente, a la vista de lo ocurrido durante el año 2020, ya que, lamentablemente, el aumento del uso de este medio de transporte ha ido acompañado de un incremento en las cifras de accidentes con resultados fatales.

Esto lo expuso la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) en esta misma Cámara: durante 2020 se registraron 108 muertes de ciclistas, la cifra más alta exhibida desde 2015.

Probablemente en pandemia, y con restricciones de circulación, el aumento de la velocidad por quienes circulaban ha tenido estos efectos negativos. Por eso presentamos el proyecto de ley en comento, el cual fue enriquecido durante su tramitación en la Comisión de Transportes, dentro de lo cual destaco lo siguiente: una modificación al Código Penal, en su artículo 492, para aumentar el tiempo de la suspensión de la licencia de conducir a quienes, en un vehículo motorizado, causaren lesiones o cuasidelito de homicidio; en el decreto con fuerza de ley N° 1, la llamada “Ley de Tránsito”, se agrega en los accidentes de tránsito que constituyen presunción de responsabilidad del conductor el no mantener una distancia razonable y prudente con los vehículos motorizados y ciclos que le anteceden o circulan en la calzada, y se aumentan las penas de multas que se aplicarán a los infractores de los preceptos de la Ley de Tránsito.

Todas esas modificaciones tienen un sentido: proteger a quienes utilizan un medio de transporte amigable con el medio ambiente y que en todos los sentidos es beneficioso para la salud. Es un elemento clave para tener ciudades descongestionadas y una población físicamente activa.

¡Basta de seguir lamentando la muerte de jóvenes y el dolor que eso conlleva! Ya los usuarios lo han dicho fuerte y claro: “¡no más ciclistas muertos!”. Es momento de hacer algo, y este proyecto busca generar mayor respeto y conciencia para evitar seguir lamentando tragedias.

Por ello, llamo a todos los colegas a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Félix González .

El señor GONZÁLEZ (don Félix).-

Señor Presidente, fomentar el uso de la bicicleta es una cuestión de supervivencia, porque estamos enfrentados a una crisis climática y es necesario cambiar la forma en que se transportan las personas en la ciudad, e incluso en los campos.

Los que andamos en bicicleta sabemos que a veces arriesgamos la vida, sobre todo si es en una carretera o en una zona donde hay ripio, etcétera, y hay personas que mueren.

Con la pandemia ha aumentado el delivery y también la muerte de personas que realizan este servicio en bicicleta. Se han aprobado distintos proyectos para la construcción de ciclovías, las cuales han mejorado bastante en los últimos años; sin embargo, para trasladarse desde la casa hasta el lugar al que uno va es necesario pasar por muchas calles donde no hay ciclovías, y la verdad es que no existe respeto hacia quienes andamos en bicicleta.

Últimamente también se ha puesto el acento en la seguridad vial, imponiendo obligaciones a los ciclistas. Entonces, andamos con casco, usamos luces: adelante blanca, atrás roja, y ropa reflectante para hacernos más visibles. Pero este proyecto -agradezco a la diputada Hernando por haberme invitado a firmar la iniciativa- ataca otro problema, cual es que a muchos automovilistas no les importan los ciclistas, no respetan a las personas cuando van en bicicleta, piensan que están estorbando porque van más lento, y tampoco saben, porque no ha habido educación vial para hacer presente con señaléticas -los municipios no las han instalado- que es obligación mantener una distancia de al menos un metro y medio entre el automóvil y el ciclista.

Imagínense que en una carretera -me tocó transitar por la ruta 160 cuando no había ciclovías; ahora hay- los camiones succionan las bicicletas al pasarlas, porque circulan a alta velocidad; se produce una turbulencia que a uno lo empuja hacia afuera, o bien, hacia las ruedas de aquellos.

Entonces, es muy necesario generar conciencia y establecer sanciones en esta materia: que no salga gratis ser imprudente cuando se adelanta a una persona que va en bicicleta.

Por eso, valoro este proyecto y agradezco a la diputada Hernando por haberlo puesto en discusión en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, donde se tramitó con bastante celeridad. Espero que hoy se pueda aprobar, ojalá por unanimidad, para dar una clara señal de que hay que proteger a las personas cuando van en bicicleta.

Quienes transitamos mayoritariamente en auto, aun cuando hay algunos que hacemos trayectos largos en bicicleta, necesitamos dar esas garantías, porque hay muchas personas dispuestas a andar en bicicleta, pero no lo hacen porque les da miedo. Esa es la realidad.

Finalmente, es importante evitar que sigan muriendo ciclistas. Es impresionante la cantidad de ciclistas que han muerto en mi ciudad por una simple imprudencia. Porque cuando vamos en bicicleta, la carrocería es el cuerpo de nosotros, y cualquier choque, por muy menor que sea, puede significar la muerte de la persona que va pedaleando.

En consecuencia, agradezco y felicito nuevamente a la diputada Hernando por haber impulsado este proyecto.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Brito .

El señor BRITO.-

Señor Presidente, agradezco a la autora y a los autores de este proyecto de ley, porque este tema nos apasiona mucho.

Yo ando en bicicleta menos de lo que quisiera; pero hoy, por ejemplo, me vine en ella al trabajo.

Defiendo el uso de la bicicleta como una postura política frente a la vida y a la sociedad. La entiendo como una forma de relacionarnos con la ciudad y de resistirnos a transitar por ella sin vivirla.

Me enseñaron que andar en bicicleta requiere un grado de conciencia y de compromiso con el entorno, con las personas, con la ciudad y, por supuesto, con uno mismo. Pero moverse en bicicleta -lo que parece muy bueno- es un privilegio para quienes deben sortear enormes distancias geográficas, ya que habitan en sectores periféricos de la ciudad o, como ocurre en Valparaíso, en la punta del cerro, alejados del centro de la ciudad. Por eso, es fundamental que lleguemos a una integración real de la bicicleta con el transporte público, con el cual no hay competencia, sino complementariedad, sobre todo para los viajes largos.

Por eso en el programa de Apruebo Dignidad, con Gabriel Boric , se establece la creación del Plan Nacional de Infraestructura para Movilidad Activa, que generará condiciones necesarias para fomentar la caminata y el uso de la bicicleta. El plan considera la construcción de más de 500 kilómetros de ciclovías y la reposición de 2.000 kilómetros de veredas cada año a lo largo de todo Chile. El costo estimado de estas medidas es de 500 millones de dólares anuales.

Ciclistas de todas las edades y con distintas perspectivas tienen un fin común, que es convertir a la Región Metropolitana, a nuestra Región de Valparaíso y al resto de las regiones de Chile en un espacio donde las bicicletas dejen de ser vistas como un deporte y comiencen a ser vistas como un medio de transporte, de expresión y de forma de vida.

Tal como dije al principio de mi intervención, andar en bicicleta es un acto político, que va más allá de los ejercicios convencionales, pues la bicicleta no paga permiso de circulación, porque no tiene las externalidades negativas que tiene el automóvil: no contamina el aire, no quema hidrocarburos, no genera contaminación acústica; en cambio, el uso del automóvil genera contaminación y tiene un montón de situaciones negativas asociadas y está directamente relacionado con enfermedades modernas como, por ejemplo, la obesidad y el sedentarismo. Nos hemos acostumbrado a ocupar el automóvil para todo y a no caminar ni hacer ejercicios, y eso trae problemas de salud.

La Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset) realizó una presentación en la Cámara de Diputados en marzo de este año e indicó que durante el año pasado se registraron 108 muertes de ciclistas, la cifra más alta desde el 2015. De acuerdo con esa institución, el aumento de los decesos también se vincula con el incremento de las personas que usan la bicicleta, pues si en el 2011 hubo 310.000 viajes en la Región Metropolitana, hoy se tiene registro de que esa cifra supera el millón.

¡No queremos 108 muertes de ciclistas al año! ¡No queremos cien, diez ni un muerto! ¡No queremos más ciclistas muertos! Necesitamos más ciclovías, rutas seguras y educación en convivencia vial. En los caminos rurales, en los que el uso de la bicicleta es aún mayor que en las ciudades, los caminos se siguen construyendo sin bermas ni ciclovías.

Si ha aumentado tanto el uso de la bicicleta, a pesar de las malas condiciones, imaginemos cómo sería si lo hiciéramos bien y facilitáramos su uso. Para contribuir a eso, este proyecto establece que quienes sean responsables de incidentes contra ciclistas podrán quedar inhabilitados de forma perpetua para conducir vehículos motorizados y, además, duplica las multas para quienes resulten responsables de un accidente.

Por eso, aprobaremos este proyecto de ley.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Amaro Labra .

El señor LABRA.-

Señor Presidente, indudablemente, tenemos que agradecer a la diputada Hernando la presentación de este proyecto que pone el foco en la bicicleta y en otros “ciclos”, otro tipo de vehículos similares.

Durante el último tiempo, ha aumentado el uso de bicicletas o ciclos motorizados, lo que impone la necesidad de regular la convivencia vial entre los distintos medios de transporte. En 2019 -la cifra más reciente que tengo-, el 5 por ciento de los fallecidos y fallecidas por accidente de tránsito fueron ciclistas -85 personas- y el número de accidentes de tránsito en los que participaron ciclistas alcanzó a 3.840. De lo anterior, se desprende la necesidad de establecer sanciones que protejan a los ciclistas y las ciclistas de accidentes de tránsito.

Tal como lo hizo el diputado Brito , quiero hacer una reflexión sobre el uso de la bicicleta. Más que un ejercicio físico, andar en bicicleta es un ejercicio político. Si queremos avanzar en un desarrollo sustentable, humano y amable con el medio ambiente, debemos entender que es necesario reducir la cantidad de vehículos motorizados. Un automóvil, que normalmente puede transportar a hasta cuatro personas, tiene tanta fuerza, porque son tantas toneladas en movimiento, está más protegido que una persona que circula en bicicleta.

Lo inteligente -no lo digo en términos peyorativos- sería que los vehículos motorizados y los vehículos de tracción humana pudiesen compartir el mismo espacio, porque, como decía muy bien el diputado Brito , la bicicleta no contamina el medio ambiente.

Compartir las calles en este momento es terriblemente difícil. San José de Maipo y La Florida están llenos de bicicletas blancas pintadas en sus calles, recordando a un ciclista herido o fallecido. Y cada día que paso por ahí siento que esas personas no deberían haber tenido esa suerte.

He conducido automóviles y he andado en bicicleta y sé que es difícil no ser violento cuando se propone castigar a quienes no respetan las leyes.

El ministro Larraín dijo recién, con respecto al proyecto que discutimos en primer lugar de la tabla: “el que no paga va a la cárcel, pero eso no resultó”. En este caso, tampoco se trata solamente de imponer sanciones -está bien que ello se haga-, sino más bien de avanzar en una cultura de respeto hacia un medio de transporte y hacia quienes lo utilizan. Hay que aumentar los transportes colectivos y abrir paso a los que no contaminan.

Agradezco nuevamente a la diputada Marcela Hernando por la presentación del proyecto. Si bien estoy de acuerdo con él, me gustaría que avanzáramos hacia una sociedad más respetuosa, en la que no tuviéramos que imponer este tipo de sanciones, una sociedad mucho más amable, que utilice medios de transporte que respeten el medio ambiente. He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcos Ilabaca .

El señor ILABACA.-

Señor Presidente, en este período, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones se ha caracterizado por estar permanentemente preocupada por la seguridad vial. Hemos intentado generar normativas en orden a lograr ese objetivo. En 2020, nuestro país registró cerca de 64.700 siniestros de tránsito, 21.000 de los cuales ocurrieron por no encontrarse atentos a las condiciones del tránsito. Fallecieron 1.485 personas y 3.840 ciclistas se vieron involucrados en accidentes, de los cuales fallecieron 85 y terminaron lesionados 3.199. Todo esto significa que estamos ante un grave problema sistémico.

La conducta vial en Chile es de irresponsables mayoritariamente. Por eso, esta semana entró a regir otra normativa, de la cual soy autor, que sanciona a los conductores que utilizan permanentemente el teléfono celular cuando están manejando.

Hoy damos un paso importante en mejorar la normativa para sancionar a aquellos que lesionan o provocan accidentes a los ciclistas, proyecto de la diputada Marcela Hernando , a quien aprovecho de felicitar.

Sin embargo, no sacamos nada, aunque elevemos los estándares de la normativa, apliquemos sanciones, parche tras parche, si no somos capaces de generar una cultura vial diferente. Es lo que le he dicho permanentemente a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones y también al subsecretario de Transportes. Necesitamos una cultura y una educación vial mucho más potente, porque la conducta de los conductores es absolutamente irresponsable: se dedican a chatear, no respetan a los ciclistas, manejan por sobre el límite de velocidad. Todavía está pendiente en el Senado el proyecto de ley que despachó la Cámara, que sanciona a aquellas personas que conducen vehículos 20 o 30 kilómetros por hora por sobre el límite de velocidad.

Al final del día, uno se pregunta de qué sirve penalizar conductas que debieran ser normales, porque sancionamos con duras penas a quien maneja bajo la influencia del alcohol, pero los irresponsables siguen causando choques y manejando bajo estado de ebriedad.

Esperamos que con la aprobación de este proyecto disminuyan los atropellos, pero lo cierto es que en Chile no existen las calles adecuadas para que los ciclistas puedan trasladarse sin ningún tipo de peligro. Seguiremos sancionando el uso de celulares al momento de conducir, pero no tenemos la capacidad fiscalizadora para generar este cambio de conductas.

Entonces, ¿qué nos queda? Ahí está el meollo del asunto: implementar fuertemente una campaña de conducta vial responsable desde la más temprana edad. El país, en un tiempo más, no va a dar más en términos de congestión vehicular por la cantidad de autos que ingresan al mercado. Solamente este año ha habido un aumento de 80 por ciento en la venta de vehículos. Todos, en nuestras respectivas comunas, nos podemos dar cuenta de cómo día a día la congestión vial es cada vez más insoportable.

Esta situación requiere de un cambio de paradigma, una política pública que, lamentablemente, hoy está ausente, en orden a, primero, poner al ser humano en el centro y a la educación vial como un elemento importante. Obviamente, esperamos que esta forma de mirar nuestro país y nuestra vida vaya cambiando, y los conductores, ciclistas, motoristas y peatones asuman que la responsabilidad de lo que sucede en nuestro país es de todos. He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, valoro este proyecto que modifica la Ley de Tránsito, en el sentido de sancionar al conductor de un vehículo motorizado que causa el atropello de un ciclista, cuestión que con ese grado de especificidad no se encuentra considerada en la legislación de otras naciones.

Esta moción de la diputada Marcela Hernando , que valoramos, se hace cargo del crecimiento explosivo del uso de bicicletas en las principales ciudades y, también, en el mundo rural, lo que es una buena noticia, puesto que es un medio de transporte mucho más amigable con el medio ambiente y muy positivo para la salud de las personas.

En Santiago, en 20 años, el uso de la bicicleta se ha duplicado, con una tasa de crecimiento anual de 10 por ciento. Como contraparte, desde enero hasta septiembre del año pasado, perdieron la vida 85 personas que se transportaban en ese medio.

Por otra parte, el 48 por ciento del total de los fallecidos en accidentes de tránsito son los denominados usuarios vulnerables, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas. Por ello, este proyecto de ley no solo se hace necesario, sino que también debería considerar de manera especial la situación de los peatones.

El proyecto establece la suspensión de la licencia de conducir por períodos que van desde los 12 meses hasta la suspensión perpetua, dependiendo de la gravedad de las lesiones causadas, y aumenta las multas, duplicándolas en algunos casos, nuevamente dependiendo de la gravedad de la falta.

Es preciso reconocer los importantes esfuerzos desde el Ejecutivo por mejorar la seguridad de ciclistas y peatones. El principal de ellos es la ley de convivencia vial, que aprobamos en esta Sala; pero esos intentos han sido insuficientes y no parece haber más estrategia que endurecer las eventuales sanciones, atendiendo a que existe un evidente desequilibrio entre un vehículo motorizado y una bicicleta que pesa pocos kilos y no tiene dispositivos para aminorar los efectos de los accidentes.

Resulta imprescindible que los poderes colegisladores actúen con mayor proactividad en la elaboración de normas legales que atiendan los cambios de la sociedad, escuchando mejor las propuestas de la ciudadanía. Por eso, como señaló el diputado Brito , se han invertido importantes recursos y se seguirán invirtiendo para tener una infraestructura vial inclusiva para los ciclistas, de manera que puedan tener mayor seguridad.

Este proyecto avanza para visibilizar una realidad que se vive en nuestras carreteras y que año a año cobra la vida de cientos de ciclistas y peatones que transitan por ellas.

Anuncio que vamos a aprobar la iniciativa.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Catalina Pérez .

La señorita PÉREZ (doña Catalina) .-

Señor Presidente, pareciera que cuando se habla de accidentes de ciclistas se hiciera en abstracto. El 25 de septiembre pasado, un conductor en estado de ebriedad atropelló a un grupo de ciclistas -no a uno o dos- en la comuna de Calama, en la calle Ojo de Opache, camino al sector La Cascada. Una de las personas atropelladas falleció a causa del accidente, hecho que causó muchísimo impacto entre los y las ciclistas de la región. Decenas de personas se reunieron el 27 de septiembre en el sector de Topater, en Calama, para manifestarse y despedir a la persona fallecida. Se trataba de una mujer de 34 años de edad. Así como ella, en 2020, en nuestro país fallecieron 207 ciclistas, la cifra más alta de la década según autoridades de gobierno.

Falta infraestructura, inversión en espacios viales seguros, para ciclistas y peatones, quienes, además, son los más vulnerables de sufrir muerte o lesiones por accidentes de tránsito, pero también falta desarrollar una cultura segura para todas las personas que transitan por las calles.

Por eso, nos parece pertinente que se incluya la sanción de suspensión de licencia de conducir a los responsables de cuasidelito de homicidio o lesiones, ejecutados por medio de vehículos a tracción mecánica o animal. También nos parece relevante incluir la presunción de responsabilidad de no mantener una distancia razonable y prudente con las bicicletas y otros vehículos que circulan por las calles.

Es ahora cuando debemos cambiar la forma de transportarnos, porque ahora estamos sintiendo, además, los efectos del calentamiento global por acumulación de CO2 en la atmósfera, y parte importante proviene de vehículos motorizados. Aún estamos a tiempo de mitigar sus efectos. Mañana será demasiado tarde.

El uso de la bicicleta tiene tantos beneficios personales, sociales, económicos, medioambientales, como el que acabo de mencionar. Sorprende que no existan políticas públicas intensivas para fomentar su uso y garantizar una sana y segura convivencia vial. La bicicleta no es el transporte del futuro, sino del presente.

Por eso, tal como ha señalado mi compañero Jorge Brito , vamos a aprobar el proyecto. Esperamos que cundan iniciativas en esta línea que nos permitan favorecer este medio de transporte, y esperamos que la Cámara lo apruebe por amplia mayoría. He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales .

El señor BERNALES.-

Señor Presidente, me he inscrito para hacer uso de la palabra en este proyecto porque quiero recordar a Francisca Rojas, una joven de 25 años que perdió la vida la primera semana de febrero en la entrada de Senda Central, en el sector La Vara, en Puerto Montt. Hoy, en ese lugar, entre La Vara y Alerce, se puede ver una bicicleta blanca anclada en una señalética que recuerda a Francisca.

Evidentemente, Francisca dejó un tremendo vacío en su familia, en sus amigos y, sobre todo, en su pequeño hijo. La joven, de 25 años, falleció por culpa de un conductor irresponsable.

Por ese motivo, evidentemente, voy a respaldar este proyecto. Por personas como Francisca, como Cámara de Diputadas y Diputados tenemos que dar la señal de avanzar en esta iniciativa, y aprovecho de felicitar a su autora: la diputada Marcela Hernando .

Además, debemos incentivar una cultura segura y de óptima convivencia vial en las calles, porque hoy son más los vecinos y vecinas que usan la bicicleta, por sus beneficios medioambientales y económicos. A pesar de que en el sur llueve muchísimo y tenemos pocas ciclovías, uno ve cada día más bicicletas en las calles, justamente, por esos motivos.

Por lo tanto, vamos a aprobar este proyecto. También nos gustaría avanzar en otras materias. Por ejemplo, hace un par de años, con el diputado Vlado Mirosevic , presentamos un proyecto de resolución para que algunas empresas pudieran entregar algún bono a los trabajadores que van a sus trabajos en bicicleta. Hay que seguir incentivando su uso, pero -insisto- dentro de un espacio de convivencia vial que resguarde la seguridad de los ciclistas, a fin de que no tengamos nuevos casos como el de Francisca.

Vamos a apoyar este proyecto como un homenaje para ella.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, este proyecto, que aprobamos en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones hace algunos días, viene a hacer una advertencia para la mejor convivencia en los espacios públicos de quienes conducimos vehículos motorizados y a tracción animal, incluyendo la humana.

En este caso, por falta de civilidad y por falta de afán por una buena convivencia, esa necesaria relación de respeto entre unos y otros, sobre todo pensando en los que tienen desventajas físicas -en este caso, me refiero al tamaño y a la potencia de los vehículos, y, por supuesto, al riesgo que conlleva un accidente descontrapesado entre un vehículo mayor y una bicicleta, que es el tema que hoy nos invita al debate-, claramente tenemos que poner en resguardo la protección del más débil, toda vez que es parte de nuestro deber y de nuestra tarea.

También hay casos de imprudencia dentro del mundo del ciclismo. Principalmente, eso se debe al uso masivo de la bicicleta, pero, a mi juicio, también a que desde hace un par de décadas se dejó de exigir el examen de tránsito para obtener la licencia y la patente para los vehículos a tracción humana, examen que posibilitaba que los conductores supieran cómo comportarse en una vía pública sin riesgo para ellos mismos.

No hablo de cobrar el examen y la patente para una bicicleta, porque, claramente, hay mucha gente que la necesita como herramienta de trabajo, como medio de movilización. Pero hace algunas décadas, durante muchos años, sabíamos que los ciclistas habían pasado un examen de conocimiento básico o mínimo de la Ley de Tránsito. Por lo tanto, sabían lo que podían y lo que no podían hacer, y además sabían cómo hacerlo.

Mi primera bicicleta fue con patente; tuve que dar el examen en la municipalidad, y fue muy simple. Yo sabía exactamente que para doblar tenía que señalizar con la mano, que tenía que circular por el carril derecho, etcétera. Creo que eso debemos recuperarlo, para que los ciclistas sepan, efectivamente, cuáles son las condiciones en las que todos debemos circular.

Por otro lado, y este es el objeto del proyecto, tenemos automovilistas que no solo no respetan, sino que temerariamente hacen uso de la prevalencia de su mayor fortaleza por el hecho de ir en un vehículo motorizado que es cerrado. A veces, por hacerse los graciosos o, sencillamente, porque no les importa, arrinconan a los ciclistas. Tengo familiares directos que han tenido caídas importantes producto de que los ha arrinconado un conductor muerto de la risa; cuando el pedal toca la solera, la caída es inminente.

Ese tipo de cosas, incomprensibles para una persona en su sano juicio, ocurren; ocurren las agresiones y las faltas de respeto. Esos conductores no entienden que quien va arriba de una bicicleta está en su medio de transporte o su herramienta de trabajo, porque para ellos sencillamente es una cosa que tiene que salir de la calzada, porque van apurados o porque son prepotentes.

Por esa razón, hemos apoyado este proyecto, que surge de una moción parlamentaria. Si no es por la buena, tendrá que ser por la mala. Si hay conductores que tienen comportamientos de esa naturaleza, tendrán que entender la gravedad de la consecuencia de un acto de abuso, de displicencia o, sencillamente, de prepotencia contra el conductor de un vehículo altamente delicado, y también asumir las consecuencias de una falta que ya no será común y corriente, porque se ha agravado y será penalizada como corresponde.

Por esa razón, con decisión, voy a apoyar este proyecto que viene de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

No hay más diputados inscritos. Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor SABAG (de pie).-

Señor Presidente, de conformidad con lo establecido en el artículo 222 del Reglamento y lo resuelto por la Sala en la sesión del pasado 4 de mayo, como integrante de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, paso a informar sobre el proyecto ya individualizado, en primer trámite constitucional y primero reglamentario.

Cabe hacer presente que, de acuerdo con la citada disposición reglamentaria, la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación se pronunció sobre el texto aprobado por la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. Al respecto, hay que hacer presente, en primer lugar, que esta moción fue suscrita por un grupo transversal de diputadas y diputados que al momento de ser presentada pertenecían, en su totalidad, a la Comisión de Desarrollo Social.

El texto propuesto originalmente no sufrió ningún cambio sustantivo durante su tramitación en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, ya que en esa instancia solo se innovó en cuanto a la referencia de la ley que se modifica. En efecto, en vez de modificarse la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, se optó por modificar la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad.

En atención a lo expuesto, en la Comisión de Desarrollo Social no se suscitó debate sobre el proyecto sometido a su conocimiento, el cual, por ende, fue aprobado en los mismos términos.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación recomienda a la Sala aprobar este proyecto, que exige a las personas que atiendan al público en instituciones públicas y privadas la utilización de mascarillas transparentes para que la comunidad sorda pueda leer los labios y así tener una mejor comunicación, y, con ello, contribuir al acceso universal y a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

Se discutió en la comisión sobre la competencia de esta instancia y si se requería o no el patrocinio del Ejecutivo, pero se resolvió adecuadamente que no es necesario dicho patrocinio, puesto que los servicios públicos deben contar con todos los implementos para atender a todas las personas, independientemente de su condición.

Por eso, la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación recomienda a la Sala aprobar esta moción.

Es todo cuando puedo informar.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra la diputada Sandra Amar .

La señora AMAR (doña Sandra).-

Señor Presidente, la pandemia de la covid-19 desnudó una serie de falencias en distintas áreas de servicios en nuestro país, problema que desde el Ejecutivo y en este hemiciclo hemos ido atacando para mejorar la calidad de vida de millones de chilenos y de chilenas.

Dentro de las falencias que se han ido descubriendo con el tiempo, toma especial énfasis la atención a personas que presentan algún tipo de discapacidad, específicamente a las personas sordas, pues muchos de ellos y de ellas, a pesar de no poder escuchar y comunicarse con la lengua de señas, han aprendido a leer los labios de las personas que tienen sus cinco sentidos.

Este proyecto de ley viene a facilitar los trámites que realizan las personas sordas al exigir a las personas que atienden en instituciones públicas y privadas emplear mascarillas o elementos de protección transparentes, de manera que permitan la lectura de labios a las personas sordas.

Si bien el uso de mascarillas como las que estamos utilizando hoy en la Cámara o las que utilizan muchas personas para sus quehaceres diarios, como hacer compras, realizar trámites o asistir a una atención médica, permite salvar vidas, también se convierte en una valla difícil de superar al momento de querer comunicarnos con una persona sorda.

Es muy bajo el porcentaje de la población que conoce la lengua de señas. Si bien he conocido del esfuerzo de algunos servicios públicos para que sus funcionarios aprendan esta lengua, no es una obligación, y la única forma de comunicarse con una persona sorda es esperar que esta sepa leer los labios.

La situación descrita, si bien es el resultado incidental de una situación que nadie tenía en mente por la pandemia, es una clara vulneración a la ley que establece medidas contra la discriminación y ha privado, perturbado o amenazado el ejercicio de los derechos fundamentales establecidos en la actual Constitución Política de la República y también en los tratados internacionales que hemos suscrito como país y que se encuentran plenamente vigentes.

Por ello, en este Congreso Nacional debemos establecer justamente los marcos regulatorios necesarios para enfrentar las nuevas dificultades que se presentan en nuestra sociedad y que la pandemia de la covid-19 dejó en evidencia, tal como lo señalé al principio de mi intervención.

Quiero agradecer al diputado Jorge Sabag por haberme invitado a ser patrocinante de una iniciativa que estoy convencida de que tiene un respaldo no solo mayoritario, sino transversal en la Cámara de Diputadas y Diputados, pues entendemos que el objetivo del Estado es facilitar la realización de los trámites, especialmente cuando se trate de una persona que tiene algún grado de discapacidad.

Por ello, hago un llamado a mis colegas a que respaldemos de forma unánime este proyecto de ley, pues si bien hoy ya no vivimos en estado de excepción, el virus de la covid-19 sigue presente y debemos mantener vigentes algunas medidas mientras se mantenga la alerta sanitaria.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Marzán .

La señora MARZÁN (doña Carolina).-

Señor Presidente, este proyecto de ley es aparentemente sencillo; sin embargo, tiene un alcance profundamente significativo que es incorporar el uso obligatorio de dispositivos faciales o mascarillas transparentes para quienes atienden en instituciones públicas, con el objeto de facilitar la comunicación con las personas sordas.

Siento que últimamente hemos tenido un lugar común para legislar muchos proyectos: se llama “pandemia”. Dentro de todo el dolor y la alteración del orden social que esta ha provocado, ha surgido -por decirlo de alguna manera- un contrapeso en esta situación, cual es que ha permitido develar realidades humanas, familiares, sociales, que en otros espacios e historia han permanecido en silencio. Esta última palabra, “silencio”, aparece casi como un juego verbal que envuelve dos realidades: la de nosotros, como sociedad, que muchas veces mira en dirección opuesta a aquella por la que está transitando la vida, y, la otra, la de aquellas personas que tienen que multiplicar, triplicar y amplificar su esfuerzo para tratar de conectarse, de comunicarse, de entenderse con una sociedad que a ratos pareciera que estuviera carente de este vital sentido, el de la audición.

Comunicar es llevar la información y la emoción en un viaje de ida y vuelta; es entre dos. La pandemia y los rostros semicubiertos han hecho de la mirada humana el pasaporte de todos nuestros sentidos. Pero surge la pregunta: ¿qué ha pasado en esta misma vereda y en la de enfrente? Percibimos que el factor visual es sumamente relevante, lo que hoy, más que nunca, ha quedado de manifiesto. Así todo, el uso de la mascarilla nos permite percibir aunque sea un hilo de voz detrás de ella, acción que las personas sordas o con algún grado de hipoacusia no pueden percibir.

Debemos trabajar por una verdadera inclusión, acercarnos, encadenarnos, que esta pandemia nos deje una gran lección y que esta se instale como un buen hábito social y de empatía real; que el uso de mascarillas transparentes sea un apoyo para quienes ven en el movimiento de labios un espacio concreto de entendimiento y comunicación.

Esperamos que en un futuro cercano se pueda complementar con esfuerzos concretos que promuevan el aprendizaje y la difusión de la lengua de señas, no solo en lugares públicos, sino en todos los espacios de nuestra sociedad.

Felicito a las y a los autores de este proyecto que tuvimos oportunidad de discutir y enriquecer en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, porque es una de esas iniciativas que nos conectan. Del mismo modo, con esta propuesta buscamos aportar hacia una real inclusión para derribar las barreras de accesibilidad para todas aquellas personas que detentan esta realidad.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, quiero agradecer a la diputada Carolina Marzán por apoyarnos con este proyecto en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, pues le dio una ágil tramitación, y a todos quienes lo suscribieron.

Debo confesar que este proyecto de ley tiene su origen en Chillán, en un grupo de estudiantes de Derecho, dirigidos por la señora María Isabel Rosas , quienes plantearon esta necesidad en las reuniones que sostenemos habitualmente los parlamentarios. Por eso, también manifiesto que es muy importante el día de mañana contar con la iniciativa popular de ley, de manera que sea la propia ciudadanía la que manifieste sus necesidades.

Este proyecto nació precisamente de la necesidad de la comunidad sorda que acude a efectuar distintos trámites en las reparticiones públicas y en los lugares donde se atiende público en general, la que se ve en una situación de vulnerabilidad y de desigualdad al no poder leer los labios y no poder comunicarse adecuadamente para solicitar dichos trámites. Con ello se produce una discriminación involuntaria, pero real, que afecta a miles y miles de personas que sufren de hipoacusia o de alguna discapacidad auditiva que les impide comunicarse e integrarse adecuadamente a nuestra vida social.

Por eso, cuando Chile suscribió el tratado internacional respectivo sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, se estableció un nuevo paradigma que consiste en que el medio es el que debe cambiar para que las personas con discapacidad se puedan integrar en forma universal a la vida social.

Esta iniciativa apunta a establecer el uso obligatorio de dispositivos faciales transparentes o traslúcidos para quienes atiendan público en instituciones públicas o privadas, a fin de facilitar y permitir la comunicación con la comunidad sorda.

La práctica normal durante la actual emergencia sanitaria ha sido que las personas que atienden, sea en oficinas públicas o en espacios privados, lo hagan con una mascarilla opaca, lo que impide la lectura de labios por quienes tienen discapacidad auditiva o, sin tenerla completamente, padecen alguna discapacidad en ese sentido.

De acuerdo con el último censo y las proyecciones realizadas a partir de los estudios conocidos, se calcula que hay cerca de medio millón de personas con algún tipo de dificultad para escuchar y que necesitan ver el rostro de su interlocutor para comprender lo que les dice.

La iniciativa fue especialmente valorada por el Ejecutivo, así como por las representantes de las diferentes organizaciones que agrupan a la población sorda de nuestro país.

Evidentemente, para ese grupo de personas las mascarillas opacas son un asunto de discriminación, lo cual, además, les resulta más molesto en la medida en que advierten que pocos se preocupan de integrarlos, en circunstancias de que la solución es tan sencilla.

El proyecto, que consta de un artículo único, dispone que durante los períodos en que, por resolución fundada de la autoridad sanitaria y habiéndose dictado el correspondiente estado de excepción constitucional -es decir, no solo durante la actual situación provocada por la covid-19-, se imponga a la población del país o de una determinada localidad la utilización de dispositivos que impidan la transmisión de enfermedades infecciosas. Por su parte, quienes atiendan público en instituciones públicas y privadas deberán emplear elementos de protección transparentes, por lo menos en la zona de la boca, para permitir la lectura de los labios por parte de la población sorda.

Se trata de un proyecto sencillo, pero que la comunidad sorda de nuestro país valora. Por eso, en especial a raíz del nuevo paradigma, necesitamos derribar todas las barreras que impiden la integración social de las personas con discapacidad, ya que siempre ha sido un objetivo de la Cámara integrarlos adecuadamente.

En consecuencia, con la aprobación de esta iniciativa daremos un paso sencillo, pero relevante para miles de personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva. He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

-El diputado Iván Flores , con mascarilla, efectúa gestos sin proferir sonidos audibles.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Señor diputado, no le entiendo.

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, empecé mi intervención con señas, sin emitir sonidos modulados. Lo hice de esa forma para ver su reacción, con el objeto de demostrar exactamente lo que le pasa a una persona sorda cuando un funcionario o una persona que trabaja en una empresa privada, que usa mascarilla, le está dando una respuesta a una consulta.

Cuando eso ocurre, a una persona que no escucha nada le resulta imposible saber qué le están transmitiendo, porque si no hemos sabido, no hemos querido o no hemos podido aprender el lenguaje de señas, la única herramienta que tiene una persona sorda es aprender a leer los labios. Pero cuando usamos este elemento de protección, la mascarilla, lo que acabo de hacer se convierte en una barrera infranqueable para una persona sorda.

Por eso, agradezco que usted haya preguntado qué estaba diciendo, porque lo que quería hacer era justamente demostrar a los colegas que la mascarilla que utilizamos genera una barrera infranqueable para aproximadamente el 20 por ciento de la población nacional, que se encuentra en situación de discapacidad. Repito, del total de la población nacional, el 20 por ciento corresponde a personas en situación de discapacidad: 8 por ciento de discapacidad no compensada y algo más 12 por ciento de discapacidad con algún tipo de compensación. Nuestra población se envejece y, por añadidura, la capacidad corporal se desgasta, con lo que comenzamos a presentar algunos grados de discapacidad motriz, sensorial, auditiva, ocular o de lo que sea.

Por otra parte, cabe tener presente que el 20 por ciento de ese 20 por ciento de la población que mencioné es parte de la comunidad sorda. Por eso, si no sabemos comunicarnos, para ellos es imposible recibir una respuesta o una orientación si es que hay un artefacto opaco, que tapa la boca, entre esa persona sorda y quien está dando esa instrucción.

Lamentablemente, somos muchos los que desconocemos, no empatizamos, no entendemos o no queremos aprender a relacionarnos con personas en situación de discapacidad, sobre todo con quienes han perdido completamente una de sus capacidades sensoriales, como es la visión o la capacidad de oír, y esto último se asocia a la capacidad de hablar.

Sabemos que hay muchísimas formas de discriminación, de ignorancia, de displicencia, de incomprensión frente al mundo de la discapacidad por parte de quienes creemos que no tenemos ninguna situación de discapacidad y no hacemos un esfuerzo para facilitar la vida y el quehacer a cientos de miles de compatriotas que sí tienen una particularidad que les impide comunicarse como frecuentemente lo hacemos. Eso debiera ser un compromiso de esfuerzo para todos. En este caso, las barreras no son solamente físicas, arquitectónicas, sino también culturales y sociales. La exigencia de empatizar con la necesidad del otro se convierte en parte de los imperativos éticos que debemos aprender a asumir.

Por eso, este proyecto, iniciado en moción del diputado Jorge Sabag y la diputada Marcela Hernando , entre otros, tiene por objeto consagrar lo que la ciudadanía necesita: proyectos cortos, simples y efectivos. Esas son las respuestas que la gente necesita. En este caso, se trata de una iniciativa que contempla la obligatoriedad de que, tratándose de una situación sanitaria, que por transmisión por vía respiratoria genera la obligación de utilizar mascarillas de protección para evitar la propagación de los agentes infecciosos, los funcionarios públicos y privados deben usar un artefacto transparente, para que la comunidad sorda, por lo menos, pueda leer los labios. Si no sabemos utilizar lenguaje de señas, por lo menos permitámosles que lean nuestros labios para poder dar una respuesta o una orientación.

En consecuencia, hay que votar a favor este proyecto. Ojalá que podamos promover su rápida tramitación en el Senado.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull .

El señor ROCAFULL.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar y apoyar esta moción tan importante, que nos hace un país mejor.

Claramente, cuando uno determina generalidades no ve lo particular. Por eso, quiero partir mi intervención saludando a un grupo de personas de la Región de Arica y Parinacota, del Consejo de la Discapacidad, porque muchos participamos en varias ollas solidarias. Sin embargo, el Consejo de la Discapacidad se preocupó también de hacer una olla solidaria, pero la gente no concurría a buscar la comida al lugar, sino que había que ir dejarla a sus casas, por la situación de movilidad y por muchos problemas que tienen las personas en situación de discapacidad para desplazarse. Ese trabajo lo hacía el Consejo de la Discapacidad, que está también integrado por personas en situación de discapacidad.

No puedo dejar pasar esta ocasión para agradecer el trabajo que hicieron, porque se movían entre la cocina y preparar las ollas en sillas de ruedas, porque era gente que tiene un montón de problemas para desplazarse. Hicieron las cosas con tanto amor y cariño que muchos nos contagiamos y estuvimos allí con ellos. Es un sentido reconocimiento a ellos, porque, en un momento tan difícil y tan complejo, supieron salir adelante.

En esas circunstancias nos encontramos con varias personas que tienen problemas de sordera y cuando uno les hablaba con la mascarilla puesta, nos decían que nos sacáramos la mascarilla para leer los labios y entender lo que decíamos. Son detalles tan importantes y tan significativos que tienen que ver con la comprensión y el entendimiento que, por ello, este proyecto también incentiva la tramitación de muchos otros proyectos que tienen que ver con la inclusión, con la convivencia y con sentirnos parte de este mundo.

Por eso, quiero dar mi apoyo a esta iniciativa, que espero hoy se apruebe en general y en particular. Sigamos en esta senda, con la presentación de este tipo de proyectos que incluyen e involucran a personas en diferentes situaciones de discapacidad.

Gracias a los mocionantes de esta iniciativa.

Por supuesto, anuncio el apoyo de toda la bancada del Partido Socialista. He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor PAULSEN (Presidente).-

En discusión el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el diputado Iván Flores .

El señor FLORES (don Iván).-

Señor Presidente, algunos colegas se preguntarán cuál es la diferencia entre este proyecto y la realidad de hoy.

Si uno va a Argentina, a Perú o a Estados Unidos y arrienda un auto o va en auto propio, en el caso de una frontera tan extensa como la que tenemos con Argentina -por ejemplo, por trabajo-, hoy podemos conducir sin ningún problema. La diferencia radica en que los acuerdos binacionales permiten una mayor facilidad, no solamente de entendimiento, sino de colaboración, de cooperación, de integración entre países fronterizos. Es muy simple, y por eso el proyecto no debería tener ninguna dificultad para ser aprobado con rapidez.

Desde hace mucho rato que se está intentando habilitar este pase verde del que se hablaba respecto de, por ejemplo, las condiciones en las cuales un vehículo puede circular de allá para acá o de aquí para allá, tratándose de un país como Argentina, con el que tenemos tanta relación.

Desde hace tiempo que se vienen buscando otras condiciones para compartir tecnología, como es el roaming telefónico, que también aprobamos aquí hace un tiempo.

Chile y Argentina no solamente están hermanados en una serie de propósitos, sino que además están obligados a generar esta condición de mayor interacción en nuestra relación, en nuestro comportamiento, en nuestro quehacer cotidiano. Estamos ligados por la historia y también por la necesidad de sumar esfuerzos y facilitar la relación con el país vecino, la República Argentina.

Por esa razón, este proyecto, que no tiene ninguna dificultad ni mayor diferencia con lo que ocurre hoy día, es parte de este paquete de medidas que van colocando en una sintonía virtuosa una relación que tenemos que propiciar tanto con Argentina como con Perú y Bolivia, nuestros países limítrofes.

Somos vecinos, vamos a estar hermanados por mucho tiempo por una condición geográfica, pero recordemos que también tenemos lazos que van mucho más allá de una simple condición fronteriza.

Por lo tanto, vamos a aprobar este proyecto, y espero que lo hagamos por unanimidad. He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga .

El señor UNDURRAGA.-

Señor Presidente, probablemente en las altas esferas de las relaciones internacionales este proyecto puede ser mirado como algo muy pequeño, muy básico, como algo, incluso, para preguntarse por qué lo estamos viendo nosotros acá; pero hemos aprobado un tratado no solo con la República Argentina, sino también con Colombia y otros países. En ellos reconocemos mutuamente el libre tránsito, no solamente para pasar de un país al otro con el carné de identidad, sino también para poder desplazarse en un vehículo, reconociendo el instrumento que nosotros tenemos para que las personas puedan manejar, que es la licencia de conducir.

Por tanto, hago un llamado a todos los parlamentarios presentes en la Sala que nos declaramos en pro de la integración latinoamericana a aprobar este proyecto de acuerdo, que, como señaló el diputado Iván Flores , solucionará el traslado a mucha gente.

De verdad considero muy relevante que este tipo de proyectos, en que se genera inclusión de verdad, sea efectivamente abordado en este Parlamento y tramitado con celeridad.

La Comisión de Relaciones Exteriores, teniendo todos los antecedentes a la vista, como lo declaró el diputado informante, decidió aprobar este proyecto por unanimidad. En ese contexto, hago un llamado a toda la Cámara para que, efectivamente, la integración latinoamericana se viva de verdad. Ojalá que el día de mañana todos y cada uno de los beneficiarios de este tipo de acuerdos podamos trasladarnos por todos los países de Sudamérica, y así poder integrar cultural y socialmente a todos los países.

He dicho.