Labor Parlamentaria

El señor PAULSEN (Presidente).-

Esta sesión tiene por objeto analizar las causas del aumento explosivo de la inmigración ilegal y el tráfico de migrantes en el país, considerando particularmente la actual crisis migratoria que se vive en la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá, y las eventuales respuestas del Estado de Chile frente a esta grave situación humanitaria.

A esta sesión han sido invitados los señores Rodrigo Delgado , ministro del Interior y Seguridad Pública; Andrés Allamand , ministro de Relaciones Exteriores; Baldo Prokurica , ministro de Defensa Nacional, y Enrique Paris , ministro de Salud.

Cabe hacer presente que el ministro del Interior y Seguridad Pública se ha comunicado con nosotros para informar que viene en camino. Hemos recibido las excusas de los ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y de Salud.

De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios adoptados el 29 de mayo de 2018, los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deben ser votados en ella solo podrán ser presentados durante los primeros treinta minutos de la sesión.

Los Comités Parlamentarios podrán hacer uso de la palabra hasta por noventa minutos, distribuidos en forma proporcional en los tiempos que se encuentran publicados en sus pupitres digitales y en las pantallas de la Sala de sesiones.

En el tiempo previo, contemplado en el artículo 76 del Reglamento, que corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente y al Comité del Partido Socialista, intervendrá, hasta por diez minutos, el diputado señor Renzo Trisotti , y, con posterioridad, por el mismo tiempo, el diputado señor Rubén Moraga .

A continuación, harán uso de la palabra las señoras y los señores diputados, según los tiempos distribuidos proporcionalmente que correspondan a cada Comité.

Mientras esperamos que llegue el ministro del Interior y Seguridad Pública, recabo la unanimidad para que pueda ingresar a la Sala el subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli .

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Muchas gracias.

Nuevamente, recabo la unanimidad para que pueda ingresar a la Sala el subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli .

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Informo que el ministro de Defensa Nacional está presente en la Sala.

En el tiempo previo, tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, en primer lugar, saludo a los ministros presentes.

Creo firmemente que esta es una nueva oportunidad para expresarles de manera directa y cara a cara el sentir de la ciudad de Iquique y de toda una región especialmente alterada y afectada por los efectos de la migración irregular, desordenada e insegura, donde el Estado de Chile ha actuado de manera centralista, reactiva e ineficiente.

Estas palabras representan el sentir mayoritario de los habitantes de Iquique, que es una ciudad acogedora. Porque los iquiqueños no somos xenófobos; somos una ciudad de turismo y zona franca. A lo largo de nuestra historia, hemos demostrado que hemos convivido de la mejor forma posible con miles de personas que han venido a nuestra región de distintas latitudes.

Somos una ciudad multicultural, donde ha existido una plena integración y una armonía cultural, económica y social, así como también unos pocos desadaptados. Ahora, no tienen el derecho a manchar lo que somos como ciudad de Iquique, porque en ella la violencia se condena siempre y no se matiza.

Pero también tengo que sincerar que la motivación de miles de personas que salieron a la calle no tiene otra causa que ser la reacción de nuestros vecinos al sentirse inseguros y sobrepasados por los retrocesos y la afectación de la calidad de vida de los iquiqueños.

Es evidente y no se puede desmentir la ocurrencia de acciones, insensibilidades, delitos y tomas de espacios públicos que han empeorado la ciudad de Iquique. ¿Y cómo llegamos a esto? No nos podemos abstraer a sus orígenes multicausales, pero, sin duda, la principal causa es la grave crisis política y social que afecta a Venezuela, producto del régimen de Nicolás Maduro, aunque la complicidad de muchos lo relativice o derechamente lo apoye.

Las consecuencias y los efectos de esta crisis los evidenciamos en la Región de Tarapacá desde hace meses. El inicio del año fue muy complejo. Pese a que en muchas oportunidades pedimos ayuda y acciones concretas, estas no llegaron de manera oportuna, lo que derivó en esta nueva crisis migratoria y humanitaria.

Por tanto, estas palabras no serán como muchas otras que se han levantado, como meras acciones políticas oportunistas y panfletarias, tan de moda en los medios de comunicación, sino una voz fuerte para exigir con el único ánimo de que esta grave situación se pueda resolver. La idea es que cada uno, dentro de sus facultades y competencias, logre buscar soluciones y que se entienda que existe una región cansada de ver cómo se pierden, deterioran y afectan sus espacios públicos, y sobre todo una población agotada de evidenciar cómo durante mucho tiempo los kilómetros con Santiago provocaron la falta de una reacción efectiva para enfrentar decididamente y de manera integral el aumento de ingresos clandestinos, considerando que Chile tiene el legítimo derecho a controlar sus fronteras, a saber quiénes están ingresando y, por supuesto, también a las medidas humanitarias que permitan enfrentar este verdadero drama. ¿Era necesario esperar que la molestia popular activara gestiones, recursos y voluntades? Siempre creí que no. Por eso levanté la voz en muchas oportunidades con la fidedigna intención de generar un conjunto de medidas que, sobre la base del control preventivo internacional y, sobre todo, de nuestros límites fronterizos, generaran una disminución de los ingresos clandestinos; advertí que la planificación inicial efectuada a principios de año requería de adecuaciones para optimizar el resultado en condiciones que sabemos son muy complejas para el control fronterizo, y así aumentar su eficacia y eficiencia, pero también para terminar con emplazamientos en numerosos espacios públicos y reemplazarlos por albergues.

Por eso que esta sesión especial, que solicité junto con varios otros miembros de la Cámara de Diputados, tiene por objeto conocer precisamente las acciones que permitan resolver o avanzar, a lo menos, en la búsqueda de soluciones frente a esta crisis, mediante la exposición de las acciones concretas y el cumplimiento de lo ya comprometido de una manera integral y colaborativa.

Fueron meses en que evidenciamos únicamente el hecho de tirarse la pelota unos a otros, sin ningún tipo de solución efectiva y real. Por eso, en esta sesión será muy conveniente conocer la estrategia que se llevará a cabo, todas y cada una de las medidas que se implementarán, por lo que tuvieron la oportunidad de evidenciar en Colchane y en Iquique el día de ayer, con la inclusión de todos los actores relevantes para un trabajo coordinado e informado, que permita generar un camino común y carente de las divergencias que tanto daño han hecho durante este último tiempo y que han perjudicado, en definitiva, el hecho de salir de este conflicto que padecemos en Tarapacá.

Hace semanas planteé que la situación no daba para más y en nombre de los iquiqueños exigí soluciones. Es por eso que solicito que se nos aclare en esta sesión cómo se hará cumplir la ley y se nos indique una estrategia que compense la humanidad con el derecho que nuestros vecinos a poder vivir tranquilos, la que, a lo menos, debe incluir el fortalecer el control fronterizo, el aplicar el proceso de expulsión y medidas de carácter humanitario. También es importante conocer cómo se concentrará cada una de ellas, sus responsables, plazos de implementación y recursos involucrados.

Es importante saber, además, si conocen las razones del cambio evidenciado en nuestros tribunales de justicia, que han generado la aprobación desde hace un tiempo a esta parte de la gran mayoría de recursos de amparo presentados para evitar las expulsiones ya cursadas, como también conocer la disponibilidad del gobierno para patrocinar el proyecto de ley de mi autoría, que presenté hace un tiempo, para modificar el Código Penal en materia del tráfico de migrantes, como también el que permitiría adelantar la aplicación del principio de devolución o reconducción inmediata de inmigrantes que ingresen por pasos clandestinos, mientras no se pueda aplicar la nueva ley ya despachada por este Congreso Nacional y que aún no se puede aplicar por falta de su reglamento. Esto también debe ser aclarado, con plazos aproximados, para su toma de razón por la Contraloría General de la República, como una herramienta que permita un mayor control fronterizo y sancionar a quienes, a través del engaño y la mentira, juegan y afectan a miles de personas.

Por su parte, es necesario no llevar adelante cada una de estas medidas ya anunciadas, sino generar las condiciones y aminorar las declaraciones de algunos actores que hoy derechamente siguen incentivando los ingresos clandestinos a través de ofrecimientos mentirosos de visas, regularizaciones masivas no establecidas en la nueva ley que prontamente comenzará a aplicarse, o la entrega de casas.

Debemos ser todos muy responsables. Las señales equívocas fantasiosas o simplemente ideológicas generan falsos incentivos, y ya hemos evidenciado que nuestra generosidad tiene límites que están dados por nuestras capacidades, que en Iquique claramente ya están sobrepasadas.

Es por eso que por cada uno de los habitantes de nuestra región y por los propios migrantes, hoy exigimos medidas concretas que permitan fortalecer y reformular el plan de control fronterizo, pero también hacerse cargo de la afectación y detrimento de nuestra propia ciudad de Iquique, pero de manera permanente y duradera, no solo como una reacción cada vez que la Región de Tarapacá levanta la voz.

Que los deseos por mejorar mayoritarios se conviertan en la voluntad cierta de ejecutar, dentro de sus competencias, acciones por resolver el problema interno, porque mientras exista la crisis en Venezuela sabemos que esto no disminuirá. Por eso, se requiere reforzar las acciones a priori con los países vecinos, mayor control migratorio y sobre todo la urgente recuperación de nuestra ciudad.

Ministros, ya no existe tiempo, disponibilidad ni paciencia que permitan más retrasos o falta de efectividad en las medidas.

Por eso y por nuestros habitantes, exigimos la acción de la voluntad para restablecer el orden en la ciudad de Iquique, en Tarapacá y en todo el norte del país.

He dicho.

-Aplausos

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Rubén Moraga .

El señor MORAGA.-

Señor Presidente, quisiera agradecer a los Comités Parlamentarios y a la Mesa por poner prontamente esta sesión especial en tabla. También agradezco a los diputados y diputadas patrocinantes de esta sesión especial. Quiero felicitar y agradecer la vasta cantidad de expresiones de solidaridad de los colectivos sociales y ONG que desde hace más de un año prestan ayuda a cientos de seres humanos en las calles y plazas de Iquique, en Huara, en Pozo Almonte, en Colchane, en mi Región de Tarapacá. Ese el Iquique que queremos: el Iquique solidario, el Iquique del buen samaritano.

Las olas migratorias son las que dieron forma al mundo tal como hoy lo conocemos. Desde hace 60.000 años que vivimos entre olas migratorias. El fenómeno migratorio, por tanto, ha sido una constante en nuestra historia universal y, más aún, en la sociedad contemporánea, en que la globalización disipa cada vez más las fronteras. Pero hoy, a diferencia de los tiempos pretéritos, ello se vuelve más problemático, y cuando el problema no es bien atendido, se transforma en crisis, que es lo que estamos viviendo hoy.

Nuestro país no ha estado ajeno a esta situación. Los migrantes persiguen el sueño y el desafío de encontrar la paz, seguridad y surgir en un país extranjero, ajenos al costo de ofrecer a sus hijos e hijas y a sí mismos una alternativa de vida, porque desplazarse y buscarse el destino siempre será mejor a permanecer inmóvil. Por eso la movilidad es un derecho humano, que debe protegerse y atestiguarse mediante la seguridad humana, es decir, se debe garantizar la seguridad personal, la seguridad política, la seguridad en salud y la seguridad alimenticia, liberándonos del miedo, de la miseria y posibilitando vivir con dignidad.

Los países modernos y comprometidos con los derechos humanos y la seguridad humana, países maduros en su evolución política, cada vez más se centran en la seguridad de la persona humana más que en el Estado.

Es mucho más preocupante y urgente atender las condiciones que amenacen la sobrevivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas. Así lo dan por sabido y resuelto decenas de mujeres en Tarapacá, quienes el otro día afirmaban en un medio de prensa: “Si no lo hacemos nosotras, ¿quién? Es difícil la situación, pero alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que ayudar”. Son mujeres que tienen claro que nuestra responsabilidad es con el otro, con el semejante. Ese es el rol del Estado: ante todo ser responsable de la seguridad de las personas sin distinción alguna de raza, de color, de sexo, de idioma, de religión, de opinión política, de origen nacional, de posición económica o de cualquier otra condición.

Tarapacá siempre ha sido cuna de migraciones, desde la ocupación chilena por la guerra del Pacífico. Después, en el siglo XX, hemos tenido grandes migraciones desde Perú , Bolivia , Europa y desde Asia, producto de la zona franca.

En las últimas décadas la búsqueda de oportunidades laborales y la falta de estabilidad política han llevado a que miles de personas en Sudamérica se desplacen y vean a Chile como su destino. Esto no va a cambiar por más medidas represivas que implementemos o por más barreras que pongamos. Nuestra obligación en el circuito de la movilidad humana seguirá siendo altamente demandada.

Ninguna de las potencias de Europa, ni siquiera Estados Unidos, ha resuelto el tema de los procesos migratorios. Por tanto, ¿podemos hacerlo nosotros? Lo que nos queda es tener una respuesta coherente y armónica con los derechos humanos, la seguridad humana, la seguridad pública y el debido proceso.

Nuestro continente sufre una profunda crisis de desplazamiento masivo que ha derivado en un crecimiento explosivo en la migración hacia nuestro país, que no va a tener un pronto término mientras continúen las condiciones que motivan la migración. Esto seguirá ocurriendo y aumentando.

En consecuencia, la cuestión de emigrar requiere que sea asumida, no combatida. Requiere una actividad proactiva y no reactiva. Requiere acciones de coordinación supranacional, nacional y subnacional y no una actuación solitaria y fragmentada desde La Moneda.

El gobierno de Sebastián Piñera ha desarrollado una política migratoria que es la responsable de la profunda crisis actual que tenemos, sin perjuicio de que ninguna política migratoria puede permitir el ingreso de personas con antecedentes penales ni la permanencia de personas que hayan cometido delitos. Pero para realizar un justo proceso deben existir canales y vías regulares, coordinación entre los países y sobre todo la voluntad política y ontológica para entender que el otro es un ser humano.

Está comprobado que la estrategia que trata de contener el fenómeno migratorio mediante medidas represivas o compulsivas siempre ha estado destinada al fracaso, porque en vez de resolver el problema, lo agudiza, lo acrecienta y lo agrava, porque es un estímulo para el ingreso y la permanencia irregular.

El aumento de la cifra de ingresos de no documentados ha dificultado la acción de los servicios públicos y de las policías, provocando un debilitamiento de las acciones de cumplimiento y de respeto de los derechos humanos y de la seguridad pública del país.

El viaje que el Presidente hizo a Cúcuta para realizar esa invitación a los venezolanos y venezolanas para que vinieran a Chile generó un revuelo mediático y generó grandes expectativas. Son las consecuencias que estamos viviendo hoy.

El gobierno es responsable y ha puesto trabas al darse cuenta de esa gran ola que ha venido hacia nuestro país. Ha puesto trabas administrativas y ha puesto trabas en las visas de responsabilidad democrática que prometió. De igual forma, procedió a aumentar los requisitos de ingresos a los migrantes provenientes de Haití mediante la visa consular, por ejemplo.

Estas barreras premigratorias y la amenaza de expulsión han tenido un efecto contraproducente a la declaración de una migración segura, regulada y ordenada, ya que tal como lo ha expresado el Servicio Jesuita a Migrantes, basándose en un informe de la PDI de este año, entre enero y julio de 2021, ha ingresado una cantidad estimada de casi 24.000 personas por pasos no habilitados, lo que en promedio arroja una cifra de 110 personas diarias que ingresan en forma irregular. Esas son las personas que se han autodenunciado. Si consideramos las que no se denuncian, esa cifra se duplica o se triplica, y eso es lo que estamos viviendo en la Región de Tarapacá. Para un migrante esforzado, que apostó todo para llegar a su destino, la amenaza no lo desalienta, pero sí incentiva el tráfico, el desplazamiento irregular, el pago de coyotes, el pago de movilización irregular hacia Iquique . Esos son los efectos que estamos viviendo hoy.

Chile cuenta en estos momentos con los instrumentos para realizar una migración segura, regulada y ordenada, pero las restricciones y el criterio administrativo de limitar su aplicación han tenido este efecto.

Esperamos que se utilicen las herramientas con las que contamos, como la visa de responsabilidad democrática y la visa de reunificación familiar. Pero nos preguntamos: ¿por qué no se ha utilizado la visa de refugio? ¿Por qué no se han utilizado estos instrumentos? ¿Por qué no se ha instalado una comisión en Colchane, para aumentar los funcionarios de Extranjería, a fin de tramitar los visados? ¿Por qué no se ha aumentado la dotación de funcionarios en Iquique? ¿Por qué las medidas que se anunciaron ayer, que son insuficientes, no se realizaron antes?

Todo esto ha llevado a nuestro país a tener la actual situación: una cifra histórica de ingresos de migrantes en situación irregular por pasos no habilitados en la zona norte del país, en particular en Tarapacá. Los mayores varados en condiciones de vulnerabilidad económica, social y sanitaria están en la ciudad de Iquique.

Posterior a la crisis de febrero de 2021, en la que mil migrantes ocuparon la localidad de Colchane y se desplazaron a pie, caminando, por Huara, por Pozo Almonte y por Iquique, el gobierno anunció el Plan Colchane. ¿Cuáles han sido los resultados de dicho plan? Ni el control fronterizo ni las expulsiones han tenido efecto disuasivo para el ingreso irregular en la Región de Tarapacá; se han incrementado. O sea, se ha producido todo lo contrario, de manera que el Plan Colchane ha tenido cero efecto.

Esta situación ha traído efectos negativos y nocivos para la convivencia y la seguridad pública: hacinamiento en lugares públicos y una situación sanitaria desbordada. Todo eso ha generado malestar social e inseguridad ciudadana, la que desembocó en esa marcha que nos avergüenza a los iquiqueños y tarapaqueños, por los hechos ampliamente difundidos por la prensa internacional.

¿Qué se desprende de esto? Necesitamos saber qué ha hecho el ministro del Interior y Seguridad Pública. Queremos conocer los planes y medidas que el gobierno implementará para enfrentar el fenómeno de la migración irregular y el hacinamiento de las personas extranjeras en situación de calle en la Región de Tarapacá y en los distintos espacios públicos de nuestra región. Queremos conocer cuál será la estrategia humanitaria a nivel supranacional, nacional y subnacional para generar medidas que robustezcan la seguridad fronteriza y la seguridad pública en armonía con el enfoque de derechos humanos que se requiere.

Eso es lo que queremos saber los habitantes de Tarapacá. No se trata solo de ir a Colchane a sacarse fotos y a hacer anuncios por la prensa. Queremos que se implementen medidas claras, que se traduzcan en respuestas y soluciones a la crisis que estamos viviendo en toda la macrozona norte: Arica, Tarapacá , Antofagasta .

Estamos siendo impactados, somos considerados como zona de sacrificio y estamos viviendo solo sobre la base de anuncios, pero con la implementación de cero política que sea adecuada para enfrentar una crisis migratoria como corresponde en el siglo XXI, con una mirada de enfoque humanitario y de integración, y no de persecución ni de criminalización.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Harry Jürgensen .

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a los señores ministros.

Primero, debemos reconocer que nuestro país es una nación de inmigrantes, que ha logrado crecer y desarrollarse con la llegada de extranjeros desde siempre, mediante un proceso migratorio ordenado, positivo y que hasta hoy ha sido fundamental para la construcción de un Chile mejor. Por supuesto que ese tipo de inmigrantes, que respeta nuestras leyes y que está dispuesto a integrarse, cuenta con nuestra bienvenida, con nuestro reconocimiento y con nuestro respeto.

Sin embargo, la inmigración ilegal y descontrolada que se ha producido en el último tiempo, que a estas alturas ya se puede catalogar como una invasión, es algo completamente distinto; es un tremendo problema.

No hablemos de crisis migratoria o de éxodo masivo como si acá la culpa la tuvieran otros, porque la máxima autoridad del presente, como también la ex-Presidenta Bachelet, en complicidad con diversas ONG de izquierda, probablemente con otros propósitos, han hecho un llamamiento para que esta gente venga a nuestro país.

Esta avalancha migratoria ilegal y bien instruida, porque pone un pie en Chile y reclama derechos, nos está generando gravísimos problemas de seguridad, económicos y de convivencia. Tanto es así que a veces da la impresión que no impera la ley civil, sino que la del más fuerte. ¿O alguno de ustedes cree que esto no tiene nada que ver con el aumento de agresiones a las mujeres, con el aumento de agresiones en las calles o con las mafias de comercio ilegal que están matando a miles de nuestros emprendedores?

Perdónenme, pero esto debe tener un límite. Paren de vestirse de héroes para ganarse algún elogio internacional, porque acá la factura de los servicios públicos, de seguridad y de nuestra convivencia es cada vez más abultada. Finalmente, ¿quién va a pagar esta factura? ¿Quién paga el pato? Seamos sinceros, la factura la pagan los chilenos de a pie, que deben trabajar el doble para cobrar lo mismo, para que los inmigrantes ilegales, víctimas o clientes de mafias y de algunas ONG, reciban asistencia en salud y ayuda social inmediata de parte del Estado, por supuesto, a la que tienen tantas dificultades para acceder los chilenos más necesitados.

Por eso, es necesario saber hoy cuál es el catastro de inmigrantes ilegales. ¿Cuánto dinero se gasta, cuánta delincuencia se instala y cuánto dejamos de hacer por nuestros compatriotas?

Estamos enfrentando una crisis económica sin precedentes, partiendo con el estallido de delincuencia, seguido por la pandemia. ¡Basta de esto! Debemos parar de una vez este disparate disfrazado de falsa caridad y proteger de verdad a los chilenos, porque ese es el deber mandatado y para eso hemos sido elegidos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio .

El señor ASCENCIO.-

Señor Presidente, en nombre de la Democracia Cristiana estuve en Iquique hace algunos días, y quiero hacer algunas reflexiones de las tareas que están pendientes allá, por lo cual le solicito al ministro del Interior y Seguridad Pública que me escuche. Si no me escucha no hablo. Porque no tiene sentido hablar al aire.

No voy a discutir sobre quiénes son los responsables, en mayor o menor cantidad, del número de inmigrantes irregulares -no son ilegales- que han ingresado al país. Insisto en que no quiero discutir sobre el porqué. Tenemos un flujo de inmigrantes extraordinariamente importante, un número muy significativo de gente que viene caminando desde Venezuela, huyendo desde Venezuela, pasando muchas veces por Colombia, Ecuador , Perú , dando una vuelta al interior de Bolivia y tratando de entrar por Colchane. Eso es una parte de lo que tenemos allí.

La iglesia, por ejemplo, nos ha dicho que necesitamos que haya más coordinación entre todos: entre las instituciones y también entre las organizaciones de la sociedad civil; queremos organización. Tenemos un problema, puesto que quien debiera implementar la coordinación que se requiere es la seremi de Desarrollo Social. No voy a decir que dicha autoridad es de una entidad menor, pero probablemente hay otra autoridad superior que sí podría hacerlo.

Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos nos ha señalado que estamos en un limbo, tanto jurídico como humanitario.

Al respecto, quiero que me presten atención en lo siguiente. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha señalado que este no es un problema de migrantes, sino de la mala aplicación de la ley que establece disposiciones sobre protección de los refugiados. Dicen que las familias vienen escapando. Todos sabemos de qué vienen escapando y lo hemos dicho. Entonces, ¿por qué no aplicamos la denominada ley de refugiados? Dicho cuerpo legal, en su artículo 2°, número 2, dispone que serán considerados como refugiados aquellos que hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en ese país. Eso es Venezuela. De allá vienen. Entonces, hay que aplicar lo que establece esa ley.

Por otra parte, el artículo 42 del mismo cuerpo legal señala: “Ingreso Masivo de Refugiados. En caso de producirse, como consecuencia de un ingreso masivo de refugiados, un incremento sustancial de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, se podrán implementar procedimientos especiales de determinación, prima facie o por grupos, asegurando la adopción de medidas adecuadas para excluir del régimen de protección a aquellas personas que hubieren cometido alguno de los actos indicados en el artículo 16 de la presente ley.”.

O sea, sí tenemos una ley. La Corte Suprema lo está haciendo. Cuando hay reclamos ante dicho tribunal por el tema de las expulsiones, establece la condición de refugiados. Entonces, la Corte Suprema considera la situación de refugiado, pero se produce el problema de que a esas personas se les suspende la expulsión, y de nuevo quedan en el limbo. Hay que modificar la ley para que cuando la justicia deje sin efecto la orden de expulsión se ordene la regularización. Y aquí no se ordena la regularización, sino que esa gente queda en el aire. No sabemos quiénes son ni dónde están; simplemente hay un fallo judicial que determinó su situación.

Estuve con la gente del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ellos dicen que hay un grave problema con la Visa de Responsabilidad Democrática, una visa que el Presidente Piñera ofreció en Cúcuta, que atrajo a una cantidad importante de gente. Sin embargo, ella no se está utilizando; solo se ha otorgado el 14 por ciento de las visas que se han solicitado en el consulado de Chile en Venezuela. La gente quiere venir, porque entendió la invitación y consideró que aquí puede ser algo mejor. Hay una serie de antecedentes sobre la situación de la cantidad de personas que han solicitado la visa en cuestión.

En el tema humanitario el gobernador regional dice que no tiene ni facultades ni recursos; los alcaldes, que no tienen ni facultades ni recursos. El delegado presidencial obviamente tiene mayores facultades. Pero nos encontramos con que un día antes de que se produjeran estos hechos de violencia que todos condenamos se presentó un recurso de protección y el delegado presidencial dio la orden de desalojo. Al día siguiente se hizo la marcha. Pareciera ser que hay una especie de coordinación; ojalá que no. Está bien, me están diciendo que no hay coordinación. Pero justo se produjeron la orden de desalojo, el recurso de protección contra los que ocupaban las plazas y de inmediato se realizó la marcha, que provocó los efectos que todos señalamos. Entonces, tenemos allí una cantidad bien importante de problemas.

Hoy, honestamente, no sabemos cuántos extranjeros hay en Chile.

Tenemos la dificultad de que los extranjeros están entrando al país, porque como las fronteras están cerradas, se dan la vuelta y saltan la cerca, y cuando la saltan, los carabineros les dicen; “autodenúnciense”. Así lo hacen, pero con el proceso de autodenuncia se inicia el de expulsión, porque esas personas están aquí en forma irregular.

Sí, pero no sacamos nada con hacer gestos con el hombro, porque tenemos que regularizar, saber lo que haremos al respecto. Eso no corresponde ni a la Cámara de Diputados ni al alcalde, sino a la autoridad. Lo siento mucho, pero es la autoridad la que tiene las facultades para abordar ese asunto. Por tanto, en esa línea tenemos temas importantes y también menores. Los alcaldes y el gobernador necesitan más facultades y mayores recursos.

Hay una idea que no me parece mala, sino que, al contrario, la apoyo, que es para la ley de presupuestos, porque para abordar estos temas, ¿de dónde sacamos recursos? Por ejemplo, del 5 por ciento de emergencia que establece el presupuesto. Pero ese 5 por ciento de emergencia se utiliza por las autoridades nacionales, no lo pueden autorizar, no lo usan las autoridades locales. Por tanto, se dice por qué en la ley de presupuestos no se establece una norma que diga que un porcentaje de ese 5 por ciento lo usará el gobierno nacional cuando ocurra una emergencia y otro porcentaje lo tomará la autoridad local para resolver, por ejemplo, este tipo de problemas.

Así, estamos llenos de temas.

¿Los municipios hacen algo? Los carabineros están entregando leche y pañales, atendiendo en la frontera. Nuestras plazas están ocupadas de la forma como señalamos. Creo que tenemos una opción si nos ponemos de acuerdo en trabajar y avanzar en ir regularizando esta situación: ellos y los hechos mismos.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, no hablaré de Iquique en particular, porque, en verdad, estamos frente a un problema del conjunto del país y no solo de una región, y es muy importante entenderlo así.

Además, creo que no es hora de que el gobierno actual culpe al gobierno pasado ni de que el gobierno futuro culpe al gobierno actual. Estamos frente a un problema de país que debemos resolver bien, porque, de lo contrario, tendremos una crisis de convivencia nacional severa -ya está mostrando señales esa crisis-, como la que han vivido muchos otros países. Me tocó ver muy de cerca esa experiencia.

Y yo digo cómo no vamos a tener acuerdo, primero, en que la inmigración no solo es positiva, sino necesaria para el desarrollo de Chile; segundo, en que no se trata de un problema nacional, menos aún regional, sino de un problema continental que requiere coordinación entre las distintas naciones -frente a un problema equivalente, la Unión Europea definió cuotas por país, porque de otro modo habrían reventado un par de naciones producto de este fenómeno-; tercero, en que es imprescindible el control del flujo migratorio y el Estado no puede perderlo. Nosotros podemos definir cuánto puede acoger Chile y sus distintas regiones de manera digna y conveniente, sin desfasarse de la capacidad de proveer los servicios dignos para que no importemos pobreza, miseria, mendicidad, sino que se aporte al desarrollo para que quienes vienen desde países en derrumbe encuentren aquí una esperanza para construir su futuro y no su hundimiento definitivo.

Por lo tanto, creo que como primera cosa hay que evitar el ingreso ilegal. Y digo “ilegal”, porque cuando se transgreden las leyes, se comete una ilegalidad. Pero eso no se resuelve solo con mejor control de las fronteras, sino también, como decía el diputado Ascencio , facilitando el ingreso legal. Es incomprensible que se acepte una proporción tan baja de venezolanos que solicita el ingreso legal. Entonces, estamos fomentando el ingreso ilegal, y la irregularidad de esa migración obviamente profundiza el problema.

Luego, tenemos que entender que esto es responsabilidad del Estado, primero, de movilizar recursos; segundo, de fomentar la distribución de los migrantes en el conjunto del territorio nacional. Ello, porque la verdad es que cuando uno mira las cifras nacionales de migración, se da cuenta de que son razonables. Pero no es razonable que el 30, el 35, el 40 por ciento de una comuna sean inmigrantes, porque obviamente eso revienta los servicios sociales y daña las posibilidades de convivencia y de integración.

Como me quedan once segundos, señalo: si no tenemos acuerdo nacional respecto de esto, el gobierno que sea se enfrentará a una crisis de proporciones mayores.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, quiero partir diciendo que no hablaré de Iquique, porque aquí hay que incluir también a Arica y Parinacota y a la Región de Antofagasta. Hablé con la diputada Hernando , quien me pidió que hiciera mención expresa de la situación que se está viviendo allá.

Hace pocos minutos aprobamos una interpelación al señor ministro del Interior y Seguridad Pública. La interpelación tiene un puro objetivo: ayudar a construir -eso, a propósito de lo que dijo el diputado Pepe Auth , quien me antecedió en el uso de la palabra- esa política de Estado. Porque si en algo puede servir esta interpelación es en que el gobierno tome acción. Podemos transformar este instrumento -ello, como se ha hecho en el pasado- en una pelea entre oposición y gobierno, pero no tengo ninguna intención de hacerlo, porque mi único interés es que se tomen acciones concretas en contra del abandono que ha sufrido el norte de Chile de manera crónica. Porque en este momento de crisis migratoria y humanitaria se expresa de manera muy nítida el abandono del Estado central hacia territorios que hoy día no tienen la capacidad de enfrentar por sí mismos lo que significa esta ola migratoria.

Las causas de la ola migratoria son bastante evidentes, pues se trata de un problema continental, un problema que nos sobrepasa por completo, que tiene que ver con la experiencia de Haití y con la experiencia del mal gobierno o del pésimo gobierno de Venezuela, que genera que hoy día ese país tenga el éxodo más grande del mundo, incluso por sobre Siria: seis millones de personas. En efecto, seis millones de venezolanos han debido salir de su país, lo que ha significado una crisis en todos los países de América.

¿Cuál es el punto? Primero, lograr un acuerdo para una política de Estado, y, segundo, lograr que la administración a la que le toque gobernar tome acciones concretas. Quedarse en la pelea de si el gobierno anterior hizo o no hizo tal cosa, sinceramente, no es de mi interés.

Hay que tomar acciones concretas en favor de las regiones del norte de Chile. Si no lo hacemos, tendremos problemas de convivencia y se repetirán las imágenes que vimos en la protesta ocurrida en Iquique, que causaron vergüenza mundial. Hay que evitar, a través de acciones concretas, la repetición de hechos que, reitero, causaron vergüenza mundial.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Boris Barrera .

El señor BARRERA.-

Señor Presidente, la reprochable noticia de compatriotas abusando de los derechos de extranjeros que viven en Chile me recuerdan el fascismo vivido en Chile a contar de 1973 y la época de la Alemania nazi, durante la década de los años treinta del siglo pasado, y su obsesión con la comunidad judía.

La historia señala que suele ocurrir que cuando los gobiernos se vuelven xenófobos o promueven discursos de odio, se generan procesos de odio en contra de ciertos grupos. Ese es el resultado buscado con esta política migratoria. La política migratoria del gobierno de Sebastián Piñera sí funcionó de acuerdo a lo que él quería, porque su objetivo es lo que está sucediendo ahora. Por lo tanto, nada de lo que ha pasado es fruto del azar o del desconocimiento.

Cuando se tramitó la ley migratoria dije que lo que iba a hacer ese proyecto era incrementar innecesariamente la irregularidad. Y eso fue lo que ocurrió.

En una intervención anterior a aquello, señalé que las propuestas al proyecto de ley sobre políticas migratorias, en orden a impedir el cambio de estatus migratorio, se iban a traducir en una política de puertas cerradas, lo cual generaría desórdenes e irregularidad. ¿Qué sucedió? Está a la vista.

Rechazamos las expulsiones de haitianos y la discriminación promovida por este gobierno en relación con los migrantes de ciertos países y de ciertas etnias, e indicamos que se promovía el racismo.

Fue una acción directa de este gobierno la que promovió la migración desde Venezuela al crear la Visa de Responsabilidad Democrática; solo basta recordar el fallido show en Cúcuta. Dicha visa va dirigida exclusivamente a los venezolanos, permitiéndoles residir en Chile, y la pueden solicitar desde otro país. Reitero: los únicos que la pueden solicitar son los venezolanos.

Entonces, no nos hagamos los lesos. Perú tiene una política similar a la de Chile, y la tuvo con Cuba en su momento con el mismo objetivo: crear inestabilidad interna en Cuba a través de presiones migratorias.

Los grandes diseñadores de estas propuestas están radicados en Washington, Estados Unidos de América, y emplean sus opiniones políticas sobre gobiernos adversarios para sembrar inestabilidad. En ese sentido, la migración siempre es un instrumento favorable. Lo aprendieron durante la Guerra Fría. Los ejecutores de estas ideas en Latinoamérica son los integrantes del moribundo grupo de Lima -sin Lima, obviamente-, que, escondidos en sus madrigueras, han mantenido silencio cómplice ante toda esta situación.

Sin embargo, el pueblo de Chile es más solidario que el estadounidense; nuestra gente sabe que debe oponerse al fascismo y a la xenofobia, por encima del chovinismo repartido por este gobierno y empleado contra el gobierno de Venezuela por muchos de los acá presentes.

Nosotros pondremos la solidaridad y la unidad de los pueblos por sobre la fragmentación, además de promover políticas regionales para buscar soluciones como pueblos hermanos.

Llamamos a poner fin a la actual política migratoria chovinista de este gobierno y a avanzar hacia una política que respete las decisiones y la soberanía de otros países y pueblos y que propenda al reconocimiento e inclusión de todas las personas.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Luis Rocafull .

El señor ROCAFULL.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero destacar que el problema migratorio se da principalmente en tres regiones del norte del país: la de Antofagasta, la de Tarapacá y la de Arica y Parinacota . ¡Bien por Tarapacá, que está con sus tres diputados en la Sala!

Ahora bien, más allá de todos los análisis que podamos hacer respecto de la causa del problema migratorio, que obviamente es un problema de todo el continente y no solamente de Chile, me parece que ha estado ausente la coordinación y la colaboración entre los diferentes países.

Quiero destacar un problema grave que se está dando en la Región de Arica y Parinacota, a la que represento. Con el diputado Mirosevic estuvimos en la frontera y pudimos apreciar que podrán ubicarse allí diez, veinte, treinta o cuarenta batallones, y la gente va a pasar igual. ¡Con la ley antigua o con la ley actual van a pasar igual!

Hay un problema sanitario, porque no todas las personas que ingresan son controladas o se autodenuncian. Muchas personas -no sabemos cuántas- pasan sin ser detectadas por las autoridades, y comienzan a realizar trabajos informales y a vivir en campamentos, en playas o en bienes nacionales de uso público. ¡Viven en cualquier parte! Esa es la realidad.

Podrán decir que ingresaron 4.000 personas y que las tienen controladas, pero todos los días y a cada rato los ariqueños nos damos cuenta de que están llegando inmigrantes, familias completas.

Además del problema sanitario, hay un desequilibrio, porque no hay una política nacional o una forma de mitigar el tremendo golpe que sufren las regiones del norte del país con la llegada de los inmigrantes. Esas personas son sometidas a un proceso, en el que se determina si las van a deportar o seguirán en el país. Hay que analizar cada caso, y mientras eso ocurre las personas tienen que quedarse en la ciudad, ¡y se quedan en la ciudad!

Arica es una ciudad pequeña, que no tiene mucha oferta laboral ni muchos espacios donde albergar a tanta gente. Por ello, en la ciudad se han expandido, como nunca antes, los campamentos y las tomas.

Por lo tanto, aquí hay un problema sanitario y un problema de convivencia. Entonces, hay que pedir algo, porque esta situación ya es conocida por la gran mayoría. Debido a la cantidad de inmigrantes que recibimos, la situación en Arica es, probablemente, tanto o más grave que la situación de Santiago o de la Región de Tarapacá.

Por otra parte, por lo que está sucediendo en Arica, me gustaría que el ministro del Interior visitara la ciudad, porque solo ha centrado su atención en lo que sucedió hace dos semanas en Iquique, un hecho por cierto condenable desde todo punto de vista. No queremos ni pensamos que vaya a suceder lo mismo en Arica, pero no porque los ariqueños y las ariqueñas se porten bien no los vamos considerar. Es importantísimo ver con atención lo que está pasando en Arica.

Hoy día un alcalde y un gobernador regional se tienen que hacer cargo de la situación de los migrantes, y lo hacen sin medios económicos, sin recursos. Según un estudio de la Universidad de Santiago, Arica es la ciudad más afectada por la ola de contagios, es la ciudad a la que está entrando la mayor cantidad de contagiados.

Entonces, reitero, existe un problema sanitario que afecta también al resto del país, y existe un problema de convivencia que se está dando en nuestra ciudad.

Por su intermedio, señor Presidente, solicito a los señores ministros y subsecretarios que por favor se hagan cargo del problema y vean la manera de descomprimir esta situación, porque no pueden concentrar a todos los inmigrantes en tres regiones, sobre todo en la Región de Arica y Parinacota, que es la región más pequeña. Eso es imposible. Allí, una cantidad mínima de inmigrantes tiene un alto impacto, porque es una población pequeña.

Por lo tanto, señores ministros, solicito que se considere a la Región de Arica y Parinacota para descomprimir esta situación, porque hay problemas de convivencia. Lo primero que nos pregunta la gente en la calle es qué hemos hecho por esto. Sabemos que hay un tremendo problema, pero no podemos mirar hacia el techo y relegar el problema a estas regiones y que el resto del país siga viviendo tranquilo y contento.

Señores ministros, insisto en mi solicitud de que se hagan cargo de la Región de Arica y Parinacota.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Fuenzalida .

El señor FUENZALIDA (don Juan).-

Señor Presidente, hoy por la mañana, los diputados de izquierda hicieron un soberano papelón al no juntar los votos para ratificar la interpelación al ministro Rodrigo Delgado . Recién, en esta sesión, se tuvieron que poner de acuerdo para concurrir a votar a favor de ella. ¿Por qué digo esto? Porque es evidente que el tema migratorio para la izquierda es un tema de campaña electoral, porque no les interesa buscar una política pública adecuada para resolver este problema.

A mayor abundamiento, en la sesión de la mañana, el diputado Boric y sus partidarios votaron en contra un proyecto de resolución que buscaba, primero, combatir el origen del problema, es decir, la dictadura de hambre impuesta por el narcodictador Maduro. ¿Cómo votaron? En contra; quieren que siga Maduro.

Segundo, buscaba que la inmigración tenga una solución global en cooperación con los organismos internacionales de la región. ¿Cómo votaron? En contra. No quieren que el problema se solucione, porque mientras más pobres, mejor.

Tercero, pedir mayor apoyo a las Fuerzas Armadas y las policías para un mejor control de la inmigración irregular. ¿Cómo votaron? En contra. Ellos quieren que entren todos; les da lo mismo la situación que se está viviendo en el norte del país, a raíz de la inmigración ilegal.

Soy un convencido de que el diputado Boric y sus aliados del Parlamento quieren que exista la mayor cantidad de pobreza en el país. De esa forma, su discurso de lucha de clases tendrá el suficiente caldo de cultivo para esparcir su ideología socialista sesentera.

(Manifestaciones en la Sala)

El señor FUENZALIDA (don Juan).-

Aunque no quieran respetar lo que uno dice, a la izquierda le da lo mismo que con ocasión de esta inmigración irregular, amparada por ustedes, se estén dando luchas entre nacionales y extranjeros. Eso es lo que están consiguiendo, y vuelvo a reiterar, eso les gusta, lo quieren así y así lo han planificado.

Para finalizar, exijo al gobierno que utilice todos los recursos administrativos y legales para controlar la inmigración irregular.

Orden y control: inmigrantes que son delincuentes o narcotraficantes, que se vayan de Chile. Los inmigrantes que vienen a aportar, aquí los acogeremos y los integraremos a nuestra sociedad.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ramón Galleguillos .

El señor GALLEGUILLOS.-

Señor Presidente, por su intermedio, saludo a los señores ministros.

En 2011, en Tarapacá, región que represento en el distrito N° 2, que concentra siete comunas, se implementó el plan Frontera Norte Segura, mediante decreto N° 265. Desde esa fecha han transcurrido diez años. Hemos visto que el sistema implementado no funcionó en su integridad; el mismo, incluso, involucraba a la Fuerzas Armadas para el control del narcotráfico, decisión que fue objeto de varias críticas por algunos que pregonaron que las Fuerzas Armadas, constitucionalmente, no estaban para cumplir esa misión.

En las regiones de Arica y Parinacota , Tarapacá y Antofagasta existen once pasos habilitados, frente a 209 pasos no habilitados: 72 pasos en la frontera con Perú y 137 pasos en la frontera con Bolivia. Desde 2011 a 2014 se entregaron 35.000 millones de pesos para fortalecer la frontera terrestre.

Como no se dieron los resultados esperados durante ese período, en febrero de 2021 -han pasado siete meses a la fecha y es evidente que el plan no ha funcionado debido a la invasión de migrantes que hemos tenido hasta el día de hoy-, se dijo que las Fuerzas Armadas estarían a disposición para apoyar a Carabineros y a la PDI para controlar el ingreso ilegal de migrantes. Como comprenderán, por su intermedio, señor Presidente, todo esto que ha ocurrido en la Región de Tarapacá, que represento, ha alterado la convivencia entre chilenos y extranjeros y ha aumentado la comisión de delitos como homicidio, balaceras, cuerpos quemados, tráfico de droga, comercio sexual infantil, peleas callejeras, porte y tenencia de armas de fuego, etcétera.

Esto establece, claramente, una sensación de inseguridad en los habitantes de la región. Esto lo confirma el informe de Carabineros entregado esta semana que revela que durante el estado de excepción, que se prolonga por aproximadamente un año, a nivel nacional se incautaron, en materia de delincuencia organizada, 31.690 kilos de droga, 3.962 armas de fuego, 1.553 bandas fueron desarticuladas y 27.691 vehículos robados fueron recuperados. Lo que indica esa cifra es que en esos delitos hay gran participación de extranjeros.

Los chilenos de Tarapacá, como del resto del país, queremos vivir en paz, con tranquilidad y con seguridad. Además, queremos competencia absoluta para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para que haga prevalecer esos derechos.

Si los programas para mitigar el problema migratorio no funcionaron al ciento por ciento, esperamos que en esta oportunidad sí funcionen. Este lunes asumieron las tres figuras nuevas que nombró el ministro Delgado: me refiero a los tres directores regionales de migración para las regiones de Arica y Parinacota , Tarapacá y Antofagasta . Espero que funcionen bien y tengan atribuciones, porque eso es lo que quiere la mayoría de los chilenos.

Finalmente, agregaré un detalle no menor.

Cuando se dice que la nueva ley N° 21.325, sobre migraciones, promulgada el 11 de abril de 2021, que abolió la de 1975, no opera, porque no está aprobado el reglamento y debe ser visado por la Contraloría General de la República, ¿eso se explica porque el gobierno se demoró en mandar el reglamento o porque la Contraloría opera lento en su trámite administrativo?

Por tercera vez Tarapacá va a tener estas nuevas disposiciones; por eso, se espera que funcionen al integrar más carabineros y personal de la Fuerzas Armadas y logística. No en vano, recientemente, 5.000 personas se manifestaron en las calles de Iquique para protestar y llamar la atención del gobierno.

Quiero indicar que junto a mi colega Leopoldo Pérez hemos presentado cinco propuestas legislativas para hacer frente al desorden migratorio ilegal y resguardar la integridad de la frontera chilena y, también, bajar los incentivos para el ingreso ilegal a Chile.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Rubén Moraga .

El señor MORAGA.-

Señor Presidente, en este minuto treinta vamos a tratar de condensar algunas ideas.

La premisa es clara: estamos viviendo una situación compleja que requiere soluciones de consenso en donde estén involucrados todos los actores. La política de fronteras abiertas, en donde opera una solución en que se criminaliza o se militariza la frontera, no es la respuesta: se requiere tener un diálogo abierto con la ciudadanía en donde los actores locales, el municipio y el gobierno regional tengan la potestad y los recursos necesarios para ejercer las acciones que se requieren. El gobierno central, el ministro del Interior, debe otorgar las atribuciones que se requieren.

En ese tenor, la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y el Ejército tienen que actuar de acuerdo a los cánones internacionales establecidos para el cuidado de la frontera, y, también, para el orden y seguridad de la Región de Tarapacá. Pero se requiere una política distinta, una política que incluya conversar con nuestros vecinos. No es posible que no conversemos con Colombia, con Ecuador, con Perú, con Bolivia, por donde pasa el corredor por el que llegan a Chile los inmigrantes venezolanos y venezolanas.

Acá se necesita una mirada distinta de cooperación internacional. Ojalá lideremos un foro para establecer estas políticas. Creo que el gobierno que viene es el que tendrá la autoridad y la moral suficiente para enfrentar este problema como corresponde.

He dicho.

El señor PAULSEN (Presidente).-

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Miguel Castro .

El señor CASTRO (don José Miguel).-

Señor Presidente, la verdad es que hablar desde el oficialismo, desde una mirada de derecha o de izquierda da lo mismo; lo importante es hablar desde la mirada de un antofagastino, de este diputado que después de que se bajó del avión para llegar a su distrito, para estar con su señora, se trasladó en auto hasta su casa, pasó por la costanera y por las playas de Antofagasta, y lo único que encontró fueron rucos, es decir, carpas y carpas de migrantes en condiciones deplorables.

Es muy fácil hablar desde la Región de Los Lagos, como, por ejemplo, hace un rato lo hizo un diputado, y decir: “Sí, es una situación complicada; yo viajé a mirar lo que pasa en Iquique”. Es distinto vivir allá. ¡Por Dios que es distinto! Incluso, como soluciones ofrecen campos de ayuda y lugares donde concentrar a los migrantes. ¡Tengámoslos en Santiago o en la Región de Los Lagos! ¡Compartamos la responsabilidad como país! ¡Ese es el problema!

¡Qué fácil es hablar desde la trinchera del Partido Comunista! Por ejemplo, recién escuché la intervención del diputado Boris Barrera , a quien increíblemente le dieron wifi en Caracas. Él fue invitado a cuerpo de rey a la asunción de Nicolás Maduro. ¡Qué fácil es hablar desde esa trinchera!

Qué fácil es hablar desde el gobierno, cuando tenemos un Presidente que fue a ofrecer visas, que hizo un ofrecimiento a puertas abiertas: “¡Vénganse nomás para Chile, si nosotros, en el fondo, vamos a apoyar!”. ¿Y con qué nos encontramos ahora? Con un problema gravísimo que están viviendo todos y cada uno de los antofagastinos.

Entonces, los ofrecimientos han sido del Presidente Sebastián Piñera y ahora de los candidatos presidenciales. Ayer, el candidato Gabriel Boric bajó su programa de gobierno para rearmarlo, pero yo les cuento lo que decía: que se garantizaba el acceso de las personas migrantes, independiente de su situación administrativa, al Banco de Vivienda Protegida y a los programas de vivienda humanitaria. Es decir, independiente de cómo vengan, él les entregará casas. ¿Acaso ese no es un efecto llamada?

Señor ministro -por su intermedio, señor Presidente-, en Antofagasta está la (…), está la grande. Es terrible la situación en que nos encontramos. Fuentes me han informado que tenemos 12 por ciento de positividad de covid-19 en migrantes ilegales. Esa es la verdad de lo que ocurre hoy en Antofagasta.

Entonces, estamos tratando de luchar contra una cuestión sanitaria, pero en Chile tenemos puertas abiertas.

En un principio, abracé el llamado del gobierno a ordenar la casa. Por Dios que lo creí. Pero vayan a Antofagasta, señor ministro y todos ustedes que hablan de la solidaridad, la cual, en muchos casos, comparto.

Por supuesto, no comparto que se quemen coches y pañales -¡por supuesto que no comparto eso!-, pero hablemos desde una solidaridad compartida en todas las regiones, y no solo en el norte de Chile.

He dicho.

-Los puntos suspensivos corresponden a expresiones eliminadas de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado René Alinco .

El señor ALINCO.-

Señor Presidente, pido que se retire del acta el término soez y grosero que utilizó el diputado José Miguel Castro .

He dicho.

La señorita PÉREZ (doña Catalina) .-

Señor Presidente, agradecería que guarden silencio los pocos colegas presentes hoy en la Sala en esta discusión tan importante.

Creo que ya se ha hablado mucho de los hechos de violencia ocurridos el 25 de septiembre en Iquique, que motivaron la petición de esta sesión especial, pero la verdad es que esa situación solo es la punta del iceberg.

La crisis humanitaria está presente en el norte de nuestro país desde hace meses, incluso, diría, años. Es cosa de pasearse por las calles de nuestras ciudades y de poner atención a las más de setecientas personas que están durmiendo en el terminal de buses de Antofagasta, en nuestro terminal de buses.

Quiero que no quepa ninguna duda de que repudiamos absolutamente los actos de discriminación, de violencia y de xenofobia contra las personas migrantes, así como también el discurso populista de este gobierno que usa a esas personas como chivos expiatorios para evadir sus responsabilidades políticas y administrativas, porque esto se lo advertimos al gobierno.

A mí me sorprende cómo algunos parlamentarios hoy se olvidan de la coalición a la que pertenecen y de cómo defendieron al gobierno por una ley de migraciones que sabíamos que iba a ser completamente ineficiente para hacerse cargo del fenómeno migratorio.

Le advertimos al gobierno de su mala política de visas consulares; le dijimos que esto iba a pasar. La ley de migraciones que, con bombos y platillos, anunciaron ni siquiera pasó el filtro del Tribunal Constitucional.

La crisis de gobernanza no es responsabilidad de los migrantes que vienen huyendo de sus países -a los que, por lo demás, el gobierno invitó-, sino de las autoridades de este mal gobierno.

Y resulta que la culpa siempre es del gobierno anterior e, incluso, del gobierno que viene; o la culpa es de Nicolás Maduro, pero no de las malas decisiones que se toman dentro del país.

El gobierno ha sido sumamente negligente en el manejo de la situación migratoria. Como se dice en derecho, es difícil distinguir la culpa gravísima del dolo. ¿Qué pretende este gobierno?

Como diputada del norte de Chile, debo decir que nos sentimos completamente abandonados. ¿Cómo pretendieron limitar el flujo migratorio sin considerar nuestros cientos de kilómetros de frontera? El norte, sus fronteras y sus comunidades están abandonados por este gobierno desde hace muchísimo tiempo, y en términos migratorios esta no es la excepción.

Todos escuchamos al Presidente Sebastián Piñera invitar a los venezolanos y venezolanas a venir a nuestro país. ¿Para qué? Para, luego, suspender la atención en los consulados, para cerrar miles de procesos de solicitud de visa, incluyendo las de reunificación familiar. ¿Qué propiciaron? Esta ola de migración irregular.

Ahora que tenemos a miles de personas migrantes en situación de calle, el gobierno no ha tenido la voluntad de entregarles un mínimo de dignidad en la emergencia y se ha empecinado en discursos y políticas que propician expresiones xenófobas. ¿O cómo podemos considerar una fila de inmigrantes con overoles blancos subiendo a un avión con las manos amarradas, y todo televisado por el gobierno?

Hemos dicho en todos los tonos que la migración debe ser segura, ordenada y regular. A pesar de que el gobierno también lo dice, el problema es que no lo practica. Las consecuencias de ello nos las llevamos nosotros, los vecinos y las vecinas de las regiones que hoy tienen que lidiar con el fenómeno migratorio y con una ausencia completa del Estado.

La migración debe ser segura, ordenada y regular.

Primero, la migración debe ser segura para que no signifique caminar por el desierto más árido del mundo, arriesgando la vida, y para que las comunidades que reciban migrantes no se sientan amenazadas por ese flujo.

Segundo, la migración debe ser ordenada, para saber qué flujo migratorio esperamos, es decir, quién entra y quién sale de nuestro país, y en virtud de aquello adecuar la política pública.

Y tercero, la migración debe ser regular para que ninguna persona sufra la vulneración y los abusos que vienen con la irregularidad migratoria.

¿Cómo se logra todo esto? Con una gestión de fronteras coordinada con las autoridades territoriales, con los alcaldes y los gobernadores; con la promoción de la cooperación internacional, garantizando la seguridad en los Estados, las comunidades y los inmigrantes, pero nada de eso ha ocurrido.

Ayer, invitamos a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización al ministro del Interior y Seguridad Pública, y al jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), a quien he visto harto en televisión, culpando al de enfrente. Lamentablemente, se excusaron.

Por ello, reitero las preguntas que teníamos previsto hacer ayer.

¿Por qué la estrategia del Presidente Sebastián Piñera para recibir ciudadanos venezolanos devino en esta crisis? ¿A cuántas solicitudes de visa de responsabilidad democrática se dio lugar durante la pandemia? ¿Cuántas personas migrantes han ingresado regularmente a nuestro país durante este tiempo?

También queremos saber por qué, en estas circunstancias, el gobierno aún no considera que Chile debe suscribir el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

Asimismo, queremos saber si se han subsanado las irregularidades advertidas por la Contraloría en el Informe Final de Investigación Especial N° 828, de 2019, el cual daba cuenta de la negativa a entregar la condición de refugiados a personas que cumplían los requisitos, y la inexistencia de un procedimiento en el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) para el trámite de esas solicitudes.

También queremos saber cuáles son las estrategias para abordar la crisis humanitaria, específicamente en la Región de Antofagasta, y cómo pretenden regular la situación migratoria, garantizando la seguridad de las vecinas y vecinos, y los derechos fundamentales de chilenos y migrantes.

Porque esta crisis humanitaria no solo afecta a las personas migrantes, sino a todos y todas. Por eso mismo, exigimos las respuestas que, lamentablemente, no se nos han dado hasta el día de hoy.

He dicho.

El señor UNDURRAGA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Ossandón .

La señora OSSANDÓN (doña Ximena).-

Señor Presidente, como se ha dicho, la inmigración regular y ordenada tiene muchos elementos positivos -qué duda cabe-, pues si está bien hecha, ganan todos, hay un intercambio cultural, experiencias de trabajo, mano de obra, etcétera.

No obstante, hay que tener cuidado con que esta experiencia, que puede ser muy positiva, se transforme en una vulneración, en este caso, de los chilenos y chilenas.

La solidaridad siempre es un pilar fundamental en este tema, pero, claramente, la solidaridad no puede ser algo obligado.

Creo que es muy fácil hablar de este tema y de lo que ha sucedido. Efectivamente, la escena se vio fuerte desde Twitter, desde el tecleo, desde Facebook, pero hay que vivirla. Hemos visto cómo muchos barrios en Santiago, incluso en mi distrito, han ido cambiando producto de la migración, algunos en forma positiva y otros, lamentablemente, no. Me ha tocado ver a muchos adultos mayores vivir situaciones complejas, porque han llegado familias con distintas costumbres a vivir al lado de su casa. Ellas, por ejemplo, escuchan música las 24 horas al día. Esos adultos mayores no estaban acostumbrados a eso.

En el tema de la educación inicial, ¿cómo no va a ser frustrante para una familia chilena que los niños extranjeros tengan prioridad frente a un chileno?

Creo que en todas esas cosas hay que tener mucho cuidado, porque, de alguna forma, van introduciendo una semilla que se expresa en estas pequeñas explosiones. Y estas situaciones pueden ser mucho mayores el día de mañana, porque hay gente que no habla del tema, pero lo vive diariamente.

Es un hecho que la inmigración que está llegando -la hemos visto acá- al norte es de población vulnerable, por lo que se trata de personas que requieren de muchos servicios sociales y también de salud. Y la pregunta es si Chile está preparado para eso. Creo que no es fácil que un país que hoy es más frágil que antes -Chile sigue siendo un país frágil y vulnerable- abra sus puertas a una población que muchas veces es más pobre y más vulnerable aún y que además es víctima de sus propios Estados. Por eso, hay que tener mucho cuidado con la forma como se hace el proceso.

Pienso -algunos ya lo han dicho- que sería importante establecer un campo humanitario, algo que sea bueno, que sea digno, para atender las urgencias de esas familias que han caminado kilómetros y kilómetros para llegar a nuestro país, donde se les tramite la documentación. Probablemente, dicho campo podría ser vigilado por Acnur, pero también con recursos internacionales, porque este es un fenómeno de la región. ¿Por qué no con recursos de las Naciones Unidas también? Chile no tiene los recursos para atender una crisis humanitaria de las proporciones que podría darse, ni para proteger responsablemente a todas las familias inmigrantes que están llegando a Chile.

¿Qué pasa con el control de trazabilidad y con los papeles de origen? Tenemos que terminar con esto de la autodenuncia. Tendrán que esperar que el organismo encargado revise la situación de la persona. Creo que en esto el gobierno ha sido muy condescendiente. Se le debería decir al inmigrante: “Usted, señor equis, que viene de otro país, le debe demostrar al Estado de Chile quién es usted, que no tiene antecedentes y que viene a aportar a Chile”. Y, como hemos dicho aquí, el que no aporta, sobre todo si está involucrado en narcotráfico, se va de vuelta a su casa.

Nada de recursos de amparo en esta materia, porque el daño que se les produce a las familias chilenas y a las mismas familias inmigrantes es irrecuperable. Hay cosas que no se deben transar.

He dicho.

Proyecto de resolución N° 1.727, de los diputados Rubén Moraga y Boris Barrera , que en su parte resolutiva señala: La Cámara de Diputados resuelve:

Con el fin de que la actual crisis migratoria tome una senda que tenga como marco de actuación de los órganos del Estado y sus funcionarios los derechos humanos, la seguridad humana, la seguridad pública y sanitaria es que solicitamos a su excelencia del Presidente de la República ordenar las siguiente medidas y acciones para hacerlas efectivas en el corto plazo:

1.Aumento de la dotación de Carabineros de Chile en la subcomisaría de Colchane y de la dotación asignada para el campamento móvil al menos al doble de la asignada recientemente, que corresponde a 50 funcionarios.

2.Instalación de una oficina de Extranjería y Migraciones con personal con experiencia y que cuente con todos los elementos y condiciones de trabajo para iniciar la tramitación de visados y procesos de regularización in situ en la localidad de Colchane, pero especialmente debe garantizar el reconocimiento del principio de no retorno y no devolución declarados en la Convención de Cartagena.

3.Implementación de albergues con capacidad suficiente y en correspondencia con la demanda de ingreso en las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta . Esta medida deberá contemplar albergues especiales y diferenciados para quienes posean niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Estos albergues serán transitorios mientras se resuelva la iniciación de su regularización y las personas estén en condiciones de reiniciar su viaje a su lugar de destino. Los establecimientos deberán garantizar condiciones mínimas de salubridad, alimentación, seguridad y orden.

4.Controlar y perseguir el delito de tráfico de migrantes tanto en el cruce de la frontera como en el traslado oneroso desde Colchane a Iquique. Interponer denuncia en el Ministerio Público para su investigación y que los responsables sean sancionados por nuestro sistema de justicia. Es deber del Estado velar por la protección del derecho a la vida, la integridad física y psíquica de todas las personas, sin distinguir entre chilenos y extranjeros.

5.Impulsar en el nivel supranacional y subcontinental una mesa multilateral de trabajo que integre a los países involucrados y a los distintos organismos internacionales con alguna pertinencia en la solución de la actual crisis migratoria ( Unicef , Acnur , ONU Mujer, PNUD, OIM).

6.Contemplar en la discusión de la ley de presupuestos 2022 glosas para ir en ayuda de los municipios y gobiernos regionales afectados por esta crisis, quienes sufrirán el impacto en diversos ámbitos de su gestión: sanidad, aseo y ornato, traslado, alimentación, actividades educativas extracurriculares, atención a la infancia y al adulto mayor, entre otros.

7.Que el Ejecutivo utilice sus facultades legales y reglamentarias, dictando a la brevedad disposiciones que permitan regularizar a la población migrante que se encuentra en Chile en situación irregular. Válida para todos los casos en que no se cuenten con antecedentes penales en su país de origen ni en Chile y que no clasifiquen en Visa de Responsabilidad Democrática, Visa de Refugio o Visa de Reunificación Familiar. Especial atención y urgencia para la regularización de niños, niñas y adolescentes, así como también a mujeres embarazadas y adultos y adultas mayores.

8.Facilitar la reunificación familiar de las personas venezolanas y de otras nacionalidades que han ingresado por pasos no habilitados, especialmente de niños, niñas y adolescentes, y sobre todo cuando la infancia migrante no está acompañada.

9.Cumplir con el principio de no retorno y no devolución y que se ponga fin a expulsiones colectivas mediante procedimientos administrativos que no consideren la revisión exhaustiva de cada caso particular, tal como lo exige la ley, máxime en el respeto de las garantías constitucionales del debido proceso, consagrado en el artículo 19, Nº 3°, de nuestra Constitución Política y en distintos instrumentos internacionales.

10.Que se apliquen a los migrantes los tiempos de cuarentena y suspensión de la movilidad postoma de PCR y de cuarentena por viaje desde el exterior en los mismos términos que se les aplica a los demás ciudadanos nacionales, residentes y extranjeros que vienen del exterior, sin distinciones ni mayores barreras.

11.Garantizar la integridad física y psíquica de niños, niñas, adolescentes, adultos, adultas y personas de la tercera edad ante la violencia xenófoba y aporófoba de algunos grupos nacionalistas.

12.Investigar si la actuación de Carabineros de Chile en la marcha del 25 de septiembre se ajustó al cumplimiento de los deberes militares, que no reaccionaron ni detuvieron el acoso, violencia, barricadas e incendio en la vía pública.

13.Prohibir y sancionar a las autoridades de los órganos del Estado la promoción de discursos de odio y discriminación o el uso de elementos discursivos que vayan en contra de los principios de igualdad ante la ley y los derechos humanos de un grupo por su nacionalidad, religión, raza o procedencia étnica.

14.Crear de un programa gubernamental dependiente del ministerio de Desarrollo Social en colaboración con el ministerio de Justicia, el INDH, las universidades estatales y la sociedad civil para impulsar campañas de información y sensibilización a funcionarios públicos y población en general sobre la movilidad migratoria, con especial énfasis en el impacto de la discriminación y violencia por xenofobia en la infancia y adolescencia.

Proyecto de resolución N° 1.728, de los diputados Rubén Moraga y Boris Barrera , que en su parte dispositiva señala: La Cámara de Diputados resuelve:

Con el fin de que la actual crisis migratoria tome una senda que tenga como marco de actuación de los órganos del Estado y sus funcionarios los acuerdos internacionales en la materia, los derechos humanos y la seguridad humana, solicitamos a su excelencia el Presidente de la República ordenar la adhesión y firma del Estado de Chile al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.

Proyecto de resolución N° 1.729, de los diputados Renzo Trisotti , Nino Baltolu , Sergio Bobadilla, Juan Antonio Coloma, Juan Fuenzalida, Juan Manuel Masferrer , Javier Macaya , Nicolás Noman , Iván Norambuena y Guillermo Ramírez , que en su parte dispositiva señala:

La Cámara de Diputados resuelve:

1.Que la crisis migratoria no tendrá solución efectiva mientras los organismos internacionales no ejerzan presión en orden a obtener la renuncia del narcodictador Nicolás Maduro , principal causante de los movimientos migratorios actuales. En ese sentido, el restablecimiento de la democracia en Venezuela y el pleno ejercicio de derechos civiles y políticos son esenciales para poner fin a la crisis humanitaria y migratoria que atraviesa la región.

2.Que resulta necesario que el Grupo de Lima adopte procedimientos comunes que permitan la adopción de acuerdos globales, para entregar de forma coordinada entre los distintos países una solución humanitaria a los migrantes.

3.Que el Gobierno de Chile debe adoptar en el breve plazo medidas tendientes a la entrega de recursos económicos y humanos destinados a restablecer condiciones de normalidad en todas aquellas comunas afectadas por la inmigración irregular, especialmente en las localidades del norte de nuestro país.

4.Solicitar a su excelencia el Presidente de la República el despliegue de Fuerzas Armadas y las distintas policías en la frontera de nuestro país, para evitar el ingreso diario e irregular de migrantes por pasos fronterizos no autorizados.

Proyecto de resolución N° 1.730, de los diputados Camilo Morán , Jorge Rathgeb , Ramón Galleguillos , Alejandro Santana y Leopoldo Pérez , que en su parte dispositiva señala:

La Cámara de Diputados resuelve:

Manifestar a su excelencia el Presidente de la República la preocupación de esta Corporación por el desorden migratorio y el ingreso clandestino de miles de migrantes que ponen en peligro sus vidas y hacen uso del espacio público, privando del mismo a miles de chilenos y extranjeros que han hecho de nuestro país un hogar, con apego al marco legal.

En dicho sentido, solicitamos la disposición de urgencias a mociones parlamentarias o el ingreso a trámite legislativo de iniciativas que persigan:

1.Tipificar el delito de ingreso y egreso clandestino en el Código Penal, dotando de reserva legal a estas conductas delictuales, de manera de permitir su sanción y la aprehensión en flagrancia, de forma conciliable con las normas de la nueva ley de migración.

2.Modificar el delito de tráfico de migrantes, con el objeto de prescindir del ánimo de lucro para sancionar a quien facilita la entrada ilegal al país, sancionando con las penas correspondientes al mismo a quienes a sabiendas contratan a sujetos que ingresaron ilícitamente al país en hipótesis de tráfico.

3.Reformar la Constitución con el objeto de autorizar al Presidente de la República a permitir el ejercicio de labores referidas a la seguridad y orden público interior a las Fuerzas Armadas en comunas fronterizas. En efecto, es necesario entregar a las Fuerzas Armadas, por un plazo máximo de 6 meses, prorrogables con acuerdo del Congreso por igual período, la facultad de resguardo de la seguridad y orden público interior, en zonas fronterizas o en comunas adyacentes a la frontera terrestre.